La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.

La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que "ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario.

Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos.

El arroz se suma a la miel y los huevos

La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.

Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.

Un acuerdo de 780 millones de personas

La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.

Entre los bienes exportados figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el primer lugar neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

La miel entrerriana fue la gran protagonista de la semana en el comercio exterior argentino. Una compañía local agotó en cuestión de horas la cuota libre de arancel que la Unión Europea asignó al Mercosur para 2026, horas después de que el acuerdo entrara en vigencia, el pasado 1° de mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó la historia detrás del suceso que, más allá de la transacción en particular, tuvo muy buena prensa entre los mayores empresarios del país, quienes tomaron este caso como ejemplo.

“Empezó a regir el acuerdo con la Unión Europea que logró cerrar Pablo Quirno y que ofrece cupos de acceso sin aranceles a una serie de productos. Nuestros productores de miel coparon toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X. “El personaje central es Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía), que preparó un trámite digital para la auto-certificación de origen el mismo día que el tratado se habilitó, permitiendo a los productores argentinos presentar todo de inmediato y tomar la cuota”.

Sturzenegger explicó que, mientras otros países del Mercosur seguían gestionando certificados de manera tradicional, los argentinos accedieron al beneficio rápidamente: “Presentaron y se llevaron la cuota”. Y cerró: “Es interesante el caso. Porque ilustra la imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles y dejarlo focalizado en lo importante”.

El primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia, Entre Ríos, rumbo a Alemania. El cargamento, de 20.986 kilogramos, fue adquirido por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Antes del acuerdo, la miel argentina pagaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen establece cupos crecientes: para 2026 se asignaron unas 5.000 toneladas exentas de arancel entre mayo y diciembre, con 1.400 toneladas ya colocadas en el primer tramo. El 1° de julio se habilitarán otros dos períodos de 1.800 toneladas cada uno. En 2027, el cupo anual subirá a 15.000 toneladas, y en 2031 alcanzará 45.000 toneladas.

Reconocimiento en el Cicyp

El caso de la exportación de miel tuvo gran relevancia en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado la semana pasada en el Hotel Alvear. El foco del evento, que reunió a los principales empresarios del círculo rojo y a funcionarios como Pablo Quirno, se centró en la capacidad de Argentina para abastecer al mundo, y el caso de la miel fue citado como ejemplo. Un empresario presente afirmó a Infobae: “Esta semana vimos el caso de la miel. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que primerear”.

Crecimiento récord en valor y volumen

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el sector apícola argentino acumuló un crecimiento del 93,7% en valor exportado durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron USD 39 millones, lo que representa un aumento interanual del 122,7%. En volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a 13.638 toneladas de 2025, con un salto del 83,9%. El valor por tonelada también mejoró: pasó de USD 2.330 en 2025 a USD 2.473 en 2026.

Estos datos consolidan una tendencia de expansión sostenida: en 2025 las exportaciones totales alcanzaron USD 211,1 millones, un 13,3% más que en 2024, mientras que el volumen subió un 5,7%, de 85.736 toneladas en 2024 a 90.614 toneladas. Desde 2018 hasta 2022, el promedio anual de exportaciones se situaba en 69.320 toneladas, según el informe de BCBA.

Proyecciones a largo plazo y desafíos tecnológicos y normativos

El acuerdo comercial, cuya negociación demandó más de 25 años, se puso en marcha en mayo y estipula para la miel una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles para 2031. Según proyecciones de la Secretaría de Comercio, las exportaciones argentinas hacia Europa podrían crecer un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en una década. Actualmente, el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de la reducción de aranceles, en un contexto en que la Unión Europea mantiene protecciones con tasas promedio del 12,6 por ciento.

El entramado productivo apícola argentino incluye más de 4 millones de colmenas declaradas y 1.200 salas de extracción habilitadas por SENASA, lo que garantiza la capacidad para suministrar los volúmenes requeridos por el mercado europeo. Entre Ríos figura como una de las provincias más relevantes en la industria apícola nacional por concentración de colmenas y cantidad de productores habilitados.

En este escenario, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó reservas sobre la amplitud de los beneficios, al advertir que factores como el “acotado tamaño de las cuotas, la futura distribución intra-Mercosur, la posibilidad de salvaguardias bilaterales de la UE y la existencia de normativas europeas denominadas barreras no arancelarias” pueden limitar el alcance efectivo del acuerdo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Resolución Mercosur GMC Nº 27/25, que establece el nuevo Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

La medida fue oficializada a través de la publicación de la Disposición N° 2820/2026 en el Boletín Oficial. “Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Mercosur GMC Nº 27/25 “Reglamento Técnico Mercosur sobre lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (modificación de la RES. GMC N° 62/14)”, indicaron.

De acuerdo con lo acordado por el bloque regional a finales de 2025, se resolvió incorporar a la lista de componentes prohibidos a dos sustancias identificadas como óxido de difenil (2, 4, 6-trimetilbenzoil) fosfina; INCI: “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (N° CAS 75980-60-8) y a la N,N-dimetil-p-toluidina (N° CAS 99-97-8).

La decisión se tomó poco después de que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas las clasificara como sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (CMR).

El óxido de difenil (2, 4, 6-trimetilbenzoil) fosfina; INCI: “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” es un fotoiniciador, es decir, una molécula que es capaz de absorber luz visible o de tipo UV y utilizarla para endurecer materiales líquidos. En el área de la cosmética, hasta el momento, solía utilizarse en la fabricación de geles y esmaltes semipermanentes.

Por su parte, la N,N-dimetil-p-toluidina se trata de una amina aromática, que también solía ser utilizada para acelerar el secado de materiales como acrilatos, resinas epoxi, cementos dentales y en la composición de esmaltes de tipo gel y semipermanente.

“Es necesaria la actualización periódica de las listas de sustancias de uso en cosméticos a fin de asegurar la correcta utilización de las materias primas en la fabricación de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes”, argumentaron las autoridades.

Según dispuso el titular de la ANMAT, Luis Fontana, los productos ya regularizados dispondrán de un plazo de 60 días desde la publicación de la medida para adecuarse a la nueva normativa. En este sentido, estas nuevas exigencias afectarán a los fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se encuentren en el mercado nacional.

Esta medida responde a la necesidad de adaptar la normativa nacional a las disposiciones del bloque regional. Tal como se fundamenta en el marco del Protocolo de Ouro Preto y en el artículo 7 de la Decisión N° 20/02 del Consejo del Mercado Común, que exigen la incorporación íntegra de las normas Mercosur a la legislación de los Estados que forman parte del grupo.

De esta manera, la ANMAT busca asegurar la armonización normativa con el Mercosur, al garantizar que las sustancias prohibidas no sean utilizadas en la elaboración o comercialización de dichos productos en el territorio argentino. La medida forma parte de la política de actualización constante de los estándares sanitarios, en línea con los compromisos asumidos en el bloque regional.

La resolución indica que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos intervinieron en el análisis y tramitación de la norma, conforme a sus competencias. Además, se instruyó la comunicación de la disposición al Programa de Relaciones Internacionales de la Dirección de Relaciones Institucionales y a las cámaras sectoriales pertinentes.

La ANMAT reforzó el control de los ingredientes de productos de higiene

La semana pasada la ANMAT actualizó el marco regulatorio para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Esta medida también se enmarcó en la estrategia de armonización de estándares técnicos definida por el acuerdo del Mercosur, con el objetivo de unificar criterios y reforzar la seguridad del consumidor en toda la región.

La decisión, formalizada a través de la Resolución N° 2577/2026, responde a la necesidad de modernizar la regulación vigente sobre determinadas sustancias utilizadas en el sector cosmético. Según se informó, la actualización incorpora cambios específicos en el uso de ingredientes como el Piritionato de Zinc y el Climbazole, empleados principalmente en productos capilares.

Uno de los ejes centrales de la disposición es la modificación de las condiciones de uso del Piritionato de Zinc (Zinc Pyrithione). A partir de la entrada en vigor de la medida, el uso de este agente anticaspa queda restringido al uno por ciento (1%) en productos capilares que se enjuagan, una condición de cumplimiento obligatorio para todos los fabricantes y comercializadores del sector.

Además, se incorporó formalmente al Climbazole (1-(4-clorofenoxi)-1-(1-Imidazolil)-3,3-dimetil-2-butanona) al listado de ingredientes autorizados, estableciendo un límite máximo de uso del dos por ciento (2%) exclusivamente en shampoos que se enjuagan.

Brasil anunció el martes que la Unión Europea (UE) tomó medidas para bloquear sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre, pocos días después de la entrada en vigor, al menos provisional, del acuerdo entre el bloque sudamericano Mercosur y la UE sobre un mercado transatlántico valorado en USD 22 billones.

El acuerdo, actualmente bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enfrenta resistencia por parte de agricultores europeos y organizaciones ecologistas, quienes expresan preocupación por la competencia desleal, el impacto en sus medios de vida, la presión sobre los precios y las normas medioambientales.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura de Brasil manifestó que la decisión europea fue recibida con “sorpresa” y adelantó que el gobierno buscará revertirla. Medios brasileños reportaron que la UE argumentó no haber recibido pruebas de que los productos animales brasileños y de otros países estén libres de sustancias antimicrobianas empleadas para estimular el crecimiento animal.

El jefe de la misión de Brasil ante la Unión Europea tiene previsto reunirse el miércoles con autoridades del bloque responsables de productos de origen animal “para solicitar explicaciones sobre la decisión”, indicó el ministerio.

Según la asociación gubernamental brasileña de productos de origen animal, los países de la Unión Europea representaron el tercer destino más relevante para la carne vacuna brasileña en 2025, solo superados por Estados Unidos y China.

La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) afirmó en un comunicado que Brasil cumple íntegramente todos los requisitos de la Unión Europea, incluidos los relativos a la normativa sobre antimicrobianos. La entidad destacó que el país dispone de “sólidas estructuras sanitarias” y sistemas de control de la producción, con protocolos “estrictos” de trazabilidad, seguimiento veterinario y “uso responsable de medicamentos”, en línea con los estándares internacionales de salud animal y seguridad alimentaria.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) precisó que la suspensión de las exportaciones solo se aplicará si no se presentan, antes de la fecha establecida, las garantías y adaptaciones requeridas por las autoridades europeas. La organización expresó su confianza en evitar la interrupción de los envíos.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur entró en vigor el 1 de mayo. El documento fue firmado el 17 de enero durante una reunión del grupo sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otorgó una aprobación provisional al acuerdo, evitando así el trámite parlamentario en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han presentado impugnaciones ante el poder judicial del bloque. El acuerdo quedará suspendido si el órgano europeo emite un fallo contrario.

Lula destaca el “momento histórico” tras promulgar el acuerdo con la UE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el acuerdo comercial entre Mercosur y el bloque europeo, calificando la firma como “un momento histórico”, tras 25 años de negociaciones.

“Firmamos hoy, tras 25 años de negociación, el decreto de promulgación del acuerdo Mercosur-UE. Con esto, concluimos formalmente la ratificación del tratado por parte de Brasil”, expresó Lula en un mensaje publicado en redes sociales el 28 de abril pasado.

El mandatario destacó que, “en un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo” y afirmó que Brasil envía “al mundo el mensaje de que no hay nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia y en la relación cordial entre las naciones”.

(Con información de Associated Press)

La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas y, desde el 1° de mayo, rige el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. El agro es el principal beneficiado, pero también hay restricciones a los derechos de exportación y nuevas oportunidades de inversión.

Antes de que entrara en vigor cualquier acuerdo, la relación comercial entre Argentina y la Unión Europea ya tenía peso propio. Según datos del Indec citados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2025 las exportaciones argentinas al bloque europeo totalizaron 8.486 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 10.478 millones de dólares. En ese año, la UE concentró el 9,7% de las exportaciones y el 13,8% de las importaciones del país.

El dato que grafica mejor la magnitud del mercado europeo para el empresariado local es otro: “una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo”, señala el informe. Eso la convierte en la segunda región a la que más exportadores argentinos dirigen sus ventas, solo detrás de América Latina.

Los productos que Argentina envía a Europa son variados: harina de soja, biodiesel, minerales de plata, carne bovina y maní, entre otros. Los principales destinos son los Países Bajos —por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada al bloque—, Alemania, España, Italia e Irlanda. Del otro lado, desde Europa llegan a Argentina combustibles, medicamentos, bienes de capital y fertilizantes, con Alemania como quinto proveedor de importaciones del país.

Qué cambió el 1° de mayo

El 1° de mayo de 2026 entró en vigor el Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-UE, que la BCR califica como “el acuerdo de mayor envergadura que el Mercosur logra cerrar en toda su historia”. El tratado vincula a los cuatro países del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— con los 27 de la Unión Europea y crea, según el informe, “el área de libre comercio más grande del mundo, eliminando la discrecionalidad potencial en política comercial”.

En términos concretos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la UE. Para los productos agrícolas que no tienen liberalización total —como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz y maíz— se establecen cuotas de acceso. Otros productos agropecuarios, como hortalizas, frutas y vino, tendrán baja de aranceles sin cuota.

Mirado desde el conjunto de las exportaciones del Mercosur, el 99% ingresa al acuerdo con algún tipo de beneficio. El 74% ya está libre de aranceles desde el momento en que el acuerdo entró en vigor, y un 18% adicional se irá liberando de forma progresiva en los próximos diez años. Solo el 0,3% del total de exportaciones queda fuera del acuerdo.

Para Argentina en particular, la BCR remarca que “el 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consiste en productos del agro”, lo que convierte a la agroindustria en la protagonista del acuerdo. Además, el 15% de las exportaciones de alimentos al bloque europeo son productos altamente diferenciados, una proporción mayor a la que Argentina registra con otros socios comerciales como India o Indonesia.

Las retenciones, en el centro del debate

Uno de los aspectos que genera mayor atención en el sector agroindustrial no es la baja de aranceles de importación europeos, sino las restricciones que el acuerdo impone sobre los derechos de exportación argentinos.

A partir del tercer año de aplicación —es decir, desde el 1° de mayo de 2029— “Argentina no podrá establecer derechos de exportación a exportaciones hacia la UE”, salvo excepciones previstas en el texto. El caso más sensible es el del Complejo Soja. El acuerdo establece un techo de retenciones del 18% al quinto año (mayo de 2031) y del 14% para el décimo año (mayo de 2036). Nada impide, aclara el informe, que las autoridades fijen alícuotas por debajo de esos umbrales.

Pero el impacto va más allá de la soja. “Por sus disposiciones generales el acuerdo llevaría a cero en tres años a los derechos de exportación de los complejos maíz, trigo, sorgo, girasol, carnes, entre otros destacados productos que se envían al bloque europeo”, advierte la BCR. Las excepciones a esa eliminación incluyen 191 posiciones arancelarias detalladas en un anexo específico y la posibilidad de reimplantar retenciones ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca de la moneda local, aunque esa reimplantación no puede ser permanente.

De concretarse la baja generalizada de derechos de exportación para los productos que van al bloque europeo, la BCR estima “un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de 10.529 millones de dólares en 10 años”.

Nivelar el campo de juego

El informe de la BCR pone en perspectiva otro beneficio del acuerdo que suele quedar en segundo plano: la equiparación de condiciones frente a competidores que ya tenían acceso preferencial al mercado europeo. “El acuerdo nivela las condiciones de acceso a un mercado en el que muchos competidores ya tienen un acuerdo de libre comercio”, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

En paralelo, el tratado garantiza estabilidad en las reglas de acceso —algo relevante en un contexto internacional de creciente incertidumbre comercial— y mejora las condiciones de importación de insumos industriales desde Europa.

Inversiones y otros alcances del acuerdo

El acuerdo no se limita al intercambio de bienes. La BCR señala que el Mercosur-UE espera ser también “un catalizador de inversión extranjera directa”. Como ejemplo reciente, el informe cita el anuncio de la Embajada de Alemania de un acuerdo para abastecer dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) a ese país a partir de 2027.

En materia de fondos provenientes del bloque europeo, el acuerdo prevé 1.800 millones de euros para el Mercosur: 400 millones en subvenciones directas y 1.400 millones canalizados a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones. La distribución entre los países del bloque dependerá, según el informe, “del interés, proactividad y capacidad de cada país”.

El acuerdo también incluye compromisos en materia de comercio electrónico, facilitación del comercio y defensa comercial, en línea con los estándares de la Organización Mundial del Comercio. Y contempla un trato preferencial para el Mercosur frente a la normativa europea de deforestación, permitiendo la validación de sistemas de control y datos propios ante las autoridades del bloque.

Para la BCR, el valor del acuerdo excede lo estrictamente arancelario: “Representa la consolidación de un marco institucional que Argentina no tenía. En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo”.

La reciente incorporación al sistema jurídico argentino de la Resolución Mercosur GMC Nº 36/22 marca un cambio relevante para la regulación de alimentos y productos domisanitarios. Según la Resolución 2577/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la decisión responde al compromiso asumido en el Protocolo de Ouro Preto y busca garantizar la uniformidad regulatoria entre los Estados Partes del bloque regional.

La nueva normativa sustituye y deroga las resoluciones GMC Nº 25/96, 26/96, 27/96, 35/99, 56/00 y 24/05, así como disposiciones nacionales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), incluyendo las disposiciones 2320/02, 2316/06 y 1247/15. Además, introduce modificaciones en el marco normativo vigente, particularmente en lo relativo al etiquetado de productos destinados a la industria alimenticia.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución GMC Nº 36/22, la comercialización y control de los productos domisanitarios en Argentina se regirá por un marco común, alineado con el resto de los países miembros del Mercosur. El procedimiento de implementación establece que la norma será aplicable en forma simultánea en todos los países miembro, 30 días después de la notificación oficial de su incorporación por cada país, según lo dispuesto por la Secretaría del Mercosur.

Además, la nueva regulación redefine los requisitos técnicos y administrativos para la fabricación, comercialización y control de productos domisanitarios, es decir, aquellos destinados a la limpieza y desinfección de ambientes y superficies en el hogar y espacios públicos.

El objetivo es actualizar y unificar los estándares de seguridad y calidad de los productos domisanitarios, facilitando el comercio intra-regional y asegurando condiciones homogéneas para los fabricantes y distribuidores de estos productos..

En la tramitación de la disposición participaron la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT, cada una en el ámbito de sus competencias. La medida se adopta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

La adopción del Reglamento Técnico Mercosur para la regulación de estos productos constituye un paso relevante en la actualización del marco normativo nacional y regional, con el objetivo de asegurar estándares uniformes y promover la integración institucional en materia de salud pública y seguridad química.

Nuevas reglas para ingredientes en cosméticos

A través de la Resolución 2576/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dio otro paso hacia la adopción de lo establecido por el acuerdo del Mercosur, al actualizar el marco regulatorio de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, en línea con los acuerdos del Mercosur.

La decisión, formalizada mediante disposición administrativa, responde a la estrategia de armonización de estándares técnicos entre los países del bloque y a la necesidad de actualizar la regulación sobre determinadas sustancias de uso cosmético.

Uno de los ejes centrales de la medida es la modificación de las condiciones de uso para el Piritionato de Zinc (Zinc Pyrithione), una sustancia empleada principalmente como agente anticaspa en productos capilares. A partir de la nueva disposición, su uso queda restringido al uno por ciento (1%) en productos para el cabello que se enjuagan, medida que deberá ser respetada por todos los fabricantes y comercializadores del sector.

De igual manera, se incorpora formalmente la sustancia Climbazole (1-(4-clorofenoxi)-1-(1-Imidazolil)-3,3-dimetil-2-butanona) al listado de ingredientes permitidos, estableciendo un límite de uso del dos por ciento (2%) únicamente en shampoos que se enjuagan. Ambas modificaciones buscan reforzar la seguridad de los consumidores y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la formulación de este tipo de productos.

La nueva normativa modifica y actualiza el Anexo de la Disposición ANMAT N° 6365/12, que contiene la lista de sustancias sujetas a restricciones en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Con la inclusión del Climbazole y la redefinición de los límites para el Piritionato de Zinc, se refuerza el control sobre los ingredientes utilizados por la industria, alineando los criterios nacionales con los consensuados a nivel regional.

Las condiciones de uso para ambas sustancias quedan expresadas en el nuevo anexo aprobado, el cual reemplaza al documento previamente vigente. Esta actualización busca evitar la dispersión normativa y facilitar la fiscalización, tanto en el mercado interno como en el comercio intra-Mercosur.

La implementación del nuevo marco regulatorio involucra a diversas áreas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre ellas la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Gestión de Información Técnica. Estas dependencias participaron en la revisión y adecuación de la normativa, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

En términos concretos, la medida implica la actualización de los procedimientos de registro y control de estos productos, así como la obligación de adaptar las formulaciones y etiquetados a los nuevos límites establecidos para el Piritionato de Zinc y el Climbazole. El objetivo es asegurar la protección de la salud pública y garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares internacionales más recientes.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) comenzó a dar sus primeros frutos concretos para la Argentina. En las últimas horas se emitió el primer certificado que habilita el uso de las cuotas otorgadas por el bloque europeo al Mercosur, y el producto elegido fue miel natural proveniente de Concordia, Entre Ríos. El cargamento partió hacia Europa con un arancel del 0%, cuando hasta el 30 de abril pasado el mismo producto ingresaba al mercado comunitario con un arancel del 17,3 por ciento.

La noticia fue celebrada por el canciller Pablo Quirno, quien la confirmó mientras viajaba a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de la Conferencia Global del Milken Institute. “Recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa”, escribió Quirno en su cuenta de X. Y agregó: “Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur- UE es una realidad federal y está en marcha”.

Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio también celebró el hito con énfasis provincial. “Durante años acompañamos y trabajamos para que el acuerdo Mercosur-UE fuera una realidad. Hoy lo es, y qué alegría enorme que el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0%”, publicó en la misma red social. “Esto recién empieza”, añadió.

De acuerdo con la información que figura en el certificado compartido por Quirno, el envío ya se encuentra en tránsito (salió de Argentina el 3 de mayo). En total se exportaron 64 cartones de miel natural, por un peso de 20.986 kilogramos. El importador fue la empresa Langnese Honig GmbH & Co., de Alemania.

Un sector en plena expansión

La exportación de miel entrerriana no llega a Europa en un momento cualquiera. El sector apícola argentino atraviesa un período de crecimiento sostenido que los datos más recientes muestran con claridad.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el Consejo Agroindustrial Argentino con datos a marzo de 2026, el sector exportó en el primer trimestre del año 73,9 millones de dólares, lo que representa un incremento del 93,7% respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron los 39 millones de dólares, un salto del 122,7% en relación a marzo del año anterior.

En términos de volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a las 13.638 toneladas despachadas en el mismo período de 2025, lo que implica un aumento del 83,9% en cantidad. El valor por tonelada también subió: de 2.330 dólares por tonelada en 2025 a 2.473 dólares por tonelada en 2026.

El contexto de 2025 ya había mostrado una mejora respecto al año anterior. De acuerdo al mismo informe —en su edición de diciembre de 2025—, el sector cerró ese año con exportaciones totales por 211,1 millones de dólares, un 13,3% más que en 2024. En toneladas, las exportaciones de 2025 sumaron 90.614 toneladas de miel natural, contra las 85.736 de 2024, lo que marcó una suba del 5,7% en volumen. En 2024, a su vez, las exportaciones habían crecido apenas un 1,5% respecto a 2023, año en que se habían exportado 75.647 toneladas. El promedio histórico entre 2018 y 2022 se ubicaba en 69.320 toneladas anuales.

El cuadro que emerge es el de un sector que venía creciendo de manera gradual y que en los primeros meses de 2026 experimentó una aceleración pronunciada, en parte anticipando o acompañando la entrada en vigor del acuerdo con la UE.

Un acuerdo con proyecciones de largo plazo

El primer certificado apícola es la expresión más inmediata de un proceso que tardó más de 25 años en cerrarse. El acuerdo Mercosur-UE entró en vigencia de manera provisional y da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas, con la eliminación prevista de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques.

Para la miel, el acuerdo estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles. La primera exportación certificada bajo ese régimen fue argentina, y provino de Entre Ríos, una de las provincias con mayor tradición apícola del país.

La Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y un 122% en diez años. Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección, con aranceles promedio del 12,6%.

Sin embargo, no todas las voces del sector privado comparten el mismo optimismo sin matices. La Cámara de Exportadores (CERA) advirtió que “los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas —que aún restan distribuir intra-Mercosur—, la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

La apicultura argentina, en números

El sector apícola tiene presencia en 22 de las 23 provincias argentinas y genera impacto en las economías locales, dado que los productores desarrollan su actividad en cercanía de donde viven. Según el Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa), hay más de 22.000 apicultores en todo el territorio nacional, que declaran más de 4.000.000 de colmenas. La producción anual estimada supera las 75.000 toneladas de miel, extraídas en más de 1.200 salas de extracción habilitadas por el Senasa.

Entre Ríos es una de las provincias de mayor peso en ese universo productivo. Que el primer certificado emitido bajo el nuevo régimen comercial haya sido entrerriano no es un detalle menor: es la señal concreta de que el acuerdo, después de décadas de negociaciones, empezó a traducirse en operaciones reales.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ya entró en vigencia de manera provisional, tras más de 25 años de negociaciones, y el Gobierno espera un salto exportador de magnitud ante la apertura.

El tratado da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas y prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. Su implementación no será uniforme ni inmediata: mientras algunas reducciones ya están en vigor, otras se aplicarán de manera progresiva.

En ese marco, la Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros 5 años y un 122% en 10 años. En particular, se verán beneficiados los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero.

Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias surgidas del acuerdo, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección y exigencia, con aranceles promedio del 12,6%.

Es en gran medida por ello que el tratado enfrenta resistencias entre países como Francia, donde los productores agropecuarios se manifestaron en reiteradas ocasiones y presionan para evitar su puesta en marcha definitiva. La decisión para su plena vigencia ahora está en manos del Tribunal de Justicia y el Parlamento de la UE.

Respecto a los productos industriales, el acuerdo establece la eliminación del 100% de los aranceles por parte de la UE a las importaciones del Mercosur, con una liberalización inmediata del 80%.

En cuanto a la energía, “la Argentina se posiciona como un socio relevante en sectores estratégicos. La reducción de aranceles, como el 5,5% vigente para el litio, mejora las condiciones de acceso y competitividad de estos productos en el mercado europeo”, señaló la cartera de Comercio.

“El acuerdo permite equiparar la posición del país frente a competidores que ya contaban con ventajas arancelarias, como Chile, Sudáfrica o Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad“, añadió.

Sector por sector

En lo inmediato, las medidas que empezaron a regir la semana pasada para las exportaciones del Mercosur son las siguientes:

• Carne vacuna: se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 7,5%.
• Carne aviar: el acuerdo fijó una cuota de 180.000 toneladas anuales libres de aranceles.
• Azúcar: Brasil dispondrá de una cuota de 180.000 toneladas sin aranceles y Paraguay contará con un cupo adicional de 10.000 toneladas también al 0%.
• Miel: se estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles.
• Huevos: el cupo será de 3.000 toneladas anuales al 0%.
• Limones: la exportación quedará libre de aranceles en un plazo de siete años.
• Naranjas y mandarinas: alcanzarán el arancel cero en diez años.

De todos modos, la Cámara de Exportadores (CERA) afirmó: “Hay que tener en cuenta que los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas (que aún restan distribuir intra-Mercosur), la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

Desde el Ejecutivo resaltaron que Argentina tiene plazo hasta 2041 para liberar casi el 91% del comercio, pudiendo extenderlo, en algunos casos especiales, hasta 2056. “Se acordaron exclusiones y plazos prudentes para la adaptación industrial en favor del Mercosur ya que la UE eliminará los aranceles a las importaciones más rápido”, precisaron.

Por otro lado, según Abeceb, el acuerdo funcionará además como un marco institucional que reducirá el riesgo percibido por los inversores internacionales. La consultora proyectó que los flujos netos anuales de inversión europea hacia la Argentina podrían duplicarse respecto de los niveles actuales y ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones anuales.

Así, el stock acumulado de inversión extranjera directa europea en la Argentina podría alcanzar los USD 92.000 millones hacia el final de la década.

Cabe recordar que la Unión Europea representa cerca del 40% del capital extranjero radicado en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones. En el caso de España, el informe señaló que se ubicó como el segundo mayor inversor individual en la Argentina, con fuerte presencia en infraestructura, banca y energía.

Líderes de la Unión Europea y del Mercosur celebraron este viernes la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial bilateral, tras años de negociaciones y expectativas.

La noticia se confirmó durante una videoconferencia extraordinaria en la que participaron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; António Costa, presidente del Consejo Europeo; y los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El tratado comenzó a aplicarse de manera provisional después de que el Consejo Europeo autorizara a la Comisión a hacerlo tras la primera ratificación de un país del Mercosur, ocurrida el 27 de febrero.

Desde hoy, el acuerdo habilita la liberalización de más del 90% de los aranceles que regían entre ambos bloques económicos, tanto de forma inmediata como gradual, creando un mercado de 700 millones de personas y afectando a más del 91% de las mercancías europeas exportadas al Mercosur.

Entre los productos europeos que se benefician de la reducción o eliminación de aranceles figuran automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva, mientras que el sector agroalimentario prevé un crecimiento de exportaciones del 50% hacia los países del Mercosur, según estimaciones de la Comisión Europea.

Bruselas calcula que las exportaciones anuales europeas a la región podrían alcanzar los 50.000 millones de euros en 2040.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que el inicio de la aplicación provisional del acuerdo trae beneficios tangibles y visibles de inmediato, con la baja de los aranceles y la apertura de nuevos mercados para las empresas europeas.

Además, subrayó que los inversores acceden a un entorno de mayor previsibilidad y que la puesta en marcha del acuerdo permitirá comprobar de manera concreta sus ventajas.

Durante la videoconferencia, António Costa señaló que el tratado representa mucho más que un pacto comercial. Lo definió como una alianza basada en una visión compartida y fundamentada en normas, valores e intereses comunes, y resaltó que la cooperación multilateral se fortalece con acuerdos de este tipo.

Von der Leyen agregó que la colaboración entre los bloques genera prosperidad para todos, y que la voz conjunta de la Unión Europea y el Mercosur resonará con mayor intensidad en el escenario internacional.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la jornada como histórica para el multilateralismo, al recordar las más de dos décadas de negociación que demandó concretar el acuerdo.

Además, precisó que el tratado abarca alrededor de 30 países, cuya población suma 720 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto de 22 billones de dólares.

Entre otros temas, ratificó que la entrada en vigor abrirá nuevas oportunidades para los sectores productivos de Brasil, con más comercio, inversiones y presencia internacional para el país.

Luego, Santiago Peña, presidente de Paraguay, consideró que el acuerdo era hasta hace poco una meta inalcanzable y que ahora trae consigo una promesa concreta de más empleo, acceso a nuevos mercados y mayores posibilidades de crecimiento.

En el caso de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur adquiere una dimensión completamente diferente a nivel internacional.

Esto incluye además medidas de salvaguarda para proteger a los productores europeos ante posibles impactos negativos. La Unión Europea podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias para determinados productos agroalimentarios, como carne de vacuno, pollo, huevos, azúcar y cítricos, si las importaciones aumentan más de un 5% respecto a la media de los últimos tres años y los precios caen por debajo de un 5% del valor en el mercado europeo.

En ese caso, la Comisión Europea deberá abrir una investigación para determinar la necesidad de medidas de protección.

(Con información de Europa Press y EFE)

Tras 25 años de negociaciones, este viernes 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A grandes rasgos, el acuerdo beneficia primero a los productores latinoamericanos, que podrán exportar a los países del bloque europeo sus productos, a bajo coste, ganando cuota de mercado a los productores locales. Por su parte, los europeos esperan entrar en el mercado de los cuatro países que conforman el bloque latinoamericano con bienes y servicios que, hasta hoy, contaban con elevados aranceles.

España se posiciona como la gran ganadora del acuerdo, siendo la puerta de entrada a Europa de los productos del Mercosur por sus lazos históricos con Argentina, Uruguay y Paraguay, así como por sus alianzas comerciales previas. Además, los productores españoles esperan aumentar sus exportaciones de aceites de oliva y vinos, con denominación de origen protegida (DOP), que que irán reduciendo sus impuestos de exportación progresivamente, hasta ser eliminados en 15 años.

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo, que crea un área de libre comercio con más de 720 millones de ciudadanos y el 25% del PIB global. Para Mercosur, supondrá la eliminación del 92% de los aranceles a las exportaciones, mientras que la UE eliminará el 91% de sus impuestos a la exportación. “Frente al proteccionismo la UE y los países del Mercosur apostamos por la apertura, el multilateralismo y por nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible”, ha señalado en su cuenta de X.

Miedo y preocupación en el campo español

Pese a que el acuerdo supone una apertura comercial para todos los sectores europeos, desde el sector primario, encabezado por agricultores y ganaderos, temen una competencia desleal con los productos sudamericanos. La entrada de productos a bajo coste desde el otro lado del Atlántico supone para el campo un nuevo desafío, que se suma a la reducción presupuestaria del Presupuesto Agrario Común (PAC) y el alza de los costes de producción, que se han disparado aún más desde el ataque de Estados Unidos a Irán y el descenso del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los principales sindicatos agrarios han señalado que este acuerdo cuenta con un claro desequilibrio para la Unión Europea. “Aquí en España, en la ganadería, las consecuencias son muy importantes, sobre todo el vacuno, el avícola y el porcino. Además de la producción de miel”, señaló a Infobae Andoni García, responsable de Organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).”

Para García este acuerdo supone una balanza negativa para el sector agrario por el volumen de importaciones y exportaciones, señalando a su vez que este acuerdo beneficia “a las multinacionales, en contra de los agricultores, ganaderos y consumidores”. Además, el responsable de COAG destaca que la eliminación de aranceles abre la puerta a productos a precios más bajos que los propios costes de producción de España.

“Se suman varias cosas, en Europa los costes están condicionados por normativas respecto a medioambiente, seguridad, sanitarios, bienestar animal, y los productos del Mercosur van a entrar sin cumplir con estas normativas”, señala, asegurando que, la diferencia entre el nivel de vida también perjudica al campo europeo, porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pueden enviar productos a bajos costes.

Salvaguardas para proteger a los productores europeos

Las protestas lideradas por los agricultores y ganaderos durante la última semana de febrero dieron sus frutos, rechazando el Parlamento Europeo la entrada en vigor provisional del acuerdo la primera semana de marzo. Tras el rechazo, la Comisión Europea aprobó las salvaguardas exigidas por el campo para proteger los productos agrícolas locales.

Así, Bruselas añadió al acuerdo salvaguardas, fijando umbrales para actuar ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones. En concreto, el umbral se ha fijado en el 5% en el incremento medio de las importaciones desde el Mercosur durante tres años y se realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles, publicando informes periódicos para evaluar la evolución del mercado.

Vino y aceite de oliva, los grandes ganadores

Pese a los problemas que puede conllevar el acuerdo para algunos productores españoles y europeos del sector primario, España se posiciona como el principal ganador del pacto comercial. Según el último informe del Banco de España, hay al menos 1.709 empresas españolas con inversión directa en la región, lo que representa el 37% del total nacional con presencia exterior, destacando en sectores como la banca, energía, infraestructura y telecomunicaciones.

El acuerdo contempla la eliminación de aranceles de hasta el 35% en algunos productos industriales, y para el vino y el aceite de oliva, dos de los principales rubros exportadores españoles, se suprimirán por completo los gravámenes, mientras que el calzado europeo pagará un 5% frente al 25% de sus competidores internacionales.

Además, el informe estima que el 15% de las exportaciones latinoamericanas a la UE tienen como destino España, y que “en torno a dos de cada 100 empleos en los países seleccionados tienen un vínculo directo con las exportaciones a España”, lo que posiciona a nuestro país como el gran beneficiado exportador e importador del acuerdo que, tras 25 años de negociaciones, comienza a funcionar este 1 de mayo.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur entra en vigor de manera provisional este viernes, pese a que sigue pendiente un fallo judicial sobre la legalidad del tratado.

El pacto, destinado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, quedó cerrado en enero tras más de 25 años de negociaciones. Su entrada en vigor cuenta con el respaldo de la mayoría de los países del bloque europeo, en un contexto marcado por la búsqueda de diversificación comercial frente a los desafíos que plantean Estados Unidos y China.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: “Se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora ha llegado el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas cosechen sus beneficios de inmediato”. Además, sostuvo: “Desde el primer día se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

La funcionaria agregó: “Se trata de una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que conseguirán nuevas y valiosas oportunidades de exportación, con la plena protección de los sectores sensibles”.

El acuerdo elimina los aranceles en más del 90% del comercio entre ambas regiones. En ese marco, favorece las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y facilita el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja.

Para marcar la fecha, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantienen conversaciones en línea con los líderes de los países de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En conjunto, la UE y Mercosur representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores, lo que ubica al acuerdo entre los más relevantes a nivel global.

La entrada en vigor provisional del tratado se produce mientras el Parlamento Europeo mantiene abierto un proceso ante el máximo tribunal de la UE, al que remitió el acuerdo en enero para que se pronuncie sobre su legalidad. Ese dictamen sigue pendiente.

El avance del pacto genera divisiones dentro de Europa. Francia encabeza la oposición por la preocupación de sus agricultores, que temen la competencia de productos más baratos procedentes de Sudamérica, en especial de Brasil y países vecinos. El intento francés de bloquear el acuerdo no prosperó y derivó en un enfrentamiento público con Alemania, uno de los principales impulsores del tratado dentro de la Unión Europea.

En paralelo, Bruselas impulsa otros nuevos acuerdos comerciales con socios estratégicos como India, Australia e Indonesia, en línea con su estrategia de ampliar el acceso a todos los mercados internacionales.

La entrada en vigor del acuerdo marca un nuevo paso en la relación comercial entre ambos bloques, mientras persisten las diferencias internas en Europa y la expectativa por el fallo judicial que definirá el marco legal del tratado.

(Con información de AFP y EP)

El Parlasur, órgano deliberativo y consultivo del Mercosur, con sede en Montevideo, se fundó en 2005 y funciona desde 2007. Reúne a 118 parlamentarios de Argentina (43), Brasil (37), Paraguay (18) y Uruguay (18), más representantes de Bolivia con voz pero sin voto. Sus resoluciones, aunque no vinculantes, deben ser debatidas por los parlamentos nacionales en un plazo de 180 días si son aprobadas. El quórum para sesionar es de 38 parlamentarios y el piso para aprobar disposiciones es de 59. Entre sus funciones, tiene mandato expreso de velar por el orden democrático en los países del bloque, en línea con el Protocolo de Ushuaia.

Según señalaron a Infobae fuentes diplomáticas, el Gobierno les pidió a sus representantes que bloqueen el retorno de Venezuela, con un argumento más relacionado a la economía que a la ideología: “La presencia de Venezuela en el bloque podría generar competencia con Vaca Muerta”, señalaron a este medio. “La posición argentina no tiene sentido, porque Chevron –petrolera estadounidense– está en Vaca Muerta y también está en Venezuela”, señaló Gabriel Fuks, parlamentario de Unión por la Patria.

Qué pide Venezuela y cómo reaccionan los legisladores argentinos

La delegación venezolana que viajó a Montevideo estuvo integrada por parlamentarios de distintos sectores de la Asamblea Nacional venezolana, tanto del oficialismo como de la oposición. Ante la Mesa Directiva del Parlasur –presidida por el paraguayo Rodrigo Gamarra–, los legisladores reclamaron la reincorporación al organismo regional.

Fuks, quien participó de esa reunión, explicó que la Mesa Directiva resolvió abrir un proceso de análisis sobre la solicitud. En una sesión anterior, el propio parlamentario argentino había presentado una moción para crear una comisión para estudiar una carta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana dirigida al Parlasur. “El Parlamento decidió iniciar un proceso de análisis sobre esta cuestión, con voces más críticas y muchos actores a favor”, señaló.

Desde La Libertad Avanza, el parlamentario Iván Dubois rechazó de plano cualquier posibilidad de reincorporación. “No corresponde y es un ejemplo más de avance de sectores que solo han perjudicado vidas, economías e incluso bloques económicos”, afirmó a Infobae. Dubois invocó el Protocolo de Ushuaia y argumentó que la democracia exige más que el acto de votar: requiere elecciones libres, competitivas, respeto a las libertades públicas, división de poderes y ausencia de persecución política.

“Por eso Venezuela no puede ingresar ni ser reincorporada mientras mantenga presos políticos, persecución a opositores e instituciones denunciadas por torturas o ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo.

La posición de La Libertad Avanza en el Parlasur es, no obstante, minoritaria. Algunos legisladores del PRO plantearon objeciones al reingreso venezolano, pero tampoco cuentan con peso suficiente para inclinar la balanza. Los bloques nacionales de Paraguay, Uruguay y la bancada de Unión por la Patria conforman una mayoría dentro del organismo.

“Venezuela fue suspendida por dos razones, por no haber incorporado las normas Mercosur, incluido el Protocolo de Ushuaia, dentro de su legislación. Y el segundo, fue en el momento en que se habían producido los ataques a las manifestaciones opositoras. Y en realidad lo que se ha producido es una profundización de la represión, una violación de todas las elecciones a través del fraude. Consecuentemente, no pueden venir gratuitamente de vuelta al Mercosur sin cumplir con lo que establece el artículo 7, que plantea que Venezuela tiene que demostrar la restauración democrática”, indicó la parlamentaria radical Lilia Puig a LT10.

Y agregó: “Nosotros tenemos que defender la cláusula democrática del Mercosur, que además negociamos e impusimos en el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Entonces, no se entiende, decimos que hacemos una cosa con la mano, después borramos con el codo y priman los negocios, negocios del petróleo y otros”.

Escenario regional

El escenario regional también presiona en esa dirección. Paraguay, que ejerce la Presidencia pro tempore del Mercosur hasta julio, anunció el 27 de marzo que propondrá formalmente la reincorporación de Venezuela ante los demás miembros plenos. Desde Unión por la Patria anticipan, además, que Brasil podría hacer algún movimiento diplomático sobre el tema en el corto plazo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ya señaló que la suspensión de Venezuela “será reconsiderada” dado que el país “atraviesa un momento diferente”.

UxP defiende el reingreso venezolano bajo el argumento de que la integración regional puede oxigenar el proceso político en ese país. Fuks aclaró que la reincorporación no implicaría necesariamente voz y voto plenos: “Se está pensando algún tipo de situación intermedia”, dijo. “La única manera de destrabar eso no es aislarlo”, agregó en referencia a Venezuela.

“El proceso está iniciado. Posiblemente en junio el debate se dé en el Parlamento”, sostuvo el legislador. Y amplió: “El único que ha expresado oposición es la Cancillería Argentina porque sigue cuatro kilómetros atrás con la discusión de todo. A lo largo de este año, quizás mucho antes, para mitad de año, esté más en claro el reingreso de Venezuela al Mercosur, que tiene una oportunidad única de volver a ampliarse mucho en esta etapa, en el momento que, además, entra en vigor el acuerdo con la Unión Europea”.

Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática del bloque, en respuesta a la represión de protestas antigubernamentales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que desplazó al Legislativo. El país se había incorporado como miembro pleno en 2012, 11 años después de la creación del bloque en 1991.

Dos décadas y media han hecho falta para cerrar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Su puesta en marcha, el 1 de mayo, levanta dudas y temores entre algunos ciudadanos y productores. A la incertidumbre de si realmente los productos y servicios europeos lograrán penetrar en los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se suma el miedo de ciertos sectores, como el agroalimentario, por competir con importaciones de alimentos con precios más reducidos.

El Dr. VanDyck Silveira, director de Estrategia Global de la UCAM y profesor de estrategia y economía nos aporta su visión sobre el acuerdo sellado entre ambos bloques. De origen brasileño y con amplia experiencia en el ámbito empresarial y de la banca, Silveira destaca la gran oportunidad que supone este tratado para Europa, en un contexto geopolítico que aleja a los grandes polos, Estados Unidos y China, de los intereses de la Unión Europea.

Además, para los productos españoles el acuerdo puede suponer la apertura de nuevos mercados, donde introducir productos con alto valor añadido como el vino y el aceite de oliva. A nivel estatal, España debe cumplir con un rol clave: ser la puerta de entrada a Europa de los productos latinoamericanos.

Pregunta: ¿A quién beneficia el acuerdo, a la UE o a Mercosur?

Respuesta: Los dos se benefician por razones distintas. En el agregado no hay perdedores, pero dentro de cada estructura hay gente que se beneficia mucho y gente que tendrá problemas si no comprende las ventajas comparativas. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, Mercosur tiene superioridad productiva comparado con Europa, pero esta tiene comida de alta calidad, la famosa Denominación de Origen.

P.: ¿Qué papel ha jugado la política interna de países como Francia o Alemania en el bloqueo o impulso del acuerdo?

R.: Hay mucho interés por parte de los países más fuertes. Alemania, Francia, Italia y España están de acuerdo con el tratado. En Bruselas, a puerta cerrada, hay mucha conversación y no veo que Polonia o Irlanda, que son economías más pequeñas con miedo por el vacuno y el trigo, vayan a conseguir descarrilar el proyecto. Además, en este momento Europa está apretada entre la espada y la pared. A un lado tiene la amenaza china de entrar en el mercado y ocupar todo y, por el otro, la incertidumbre de la relación con Estados Unidos.

P.: ¿Crees que este acuerdo se da para reducir la dependencia de la Unión con de estos dos países?

R.: Hay una dependencia muy grande, pero es temporal. En ausencia de un Estados Unidos líder, liberal, que abraza el comercio, la integración global, la interdependencia, en ausencia de quien ha dictado las normas globales en los últimos 85 años, no sabemos lo que va a pasar. Por eso, la alternativa es la expansión y Mercosur es una gran oportunidad para la UE. Trump abrió una caja de Pandora que demanda diversificación y la más objetiva es Mercosur, la India y Australia.

P.: Se habla mucho de la normativa europea ambiental y las exigencias para sus productores internos. ¿Crees que la Comisión Europea ha cedido demasiado en materia ambiental para cerrar el acuerdo?

R.: Esta cuestión lleva mucha ideología detrás y muchas falsas verdades, prejuicios. No podemos valorar una situación por la foto, tenemos que ver la película, que tiene mucho más para entender el entorno. El medio ambiente está en el acuerdo y es posible auditar si los países y empresas están cumpliendo, pero hay miedo a perder por parte muchos gatos gordos de América Latina y Europa.

P.: En cuanto a las exportaciones, ¿qué sectores europeos son los que tienen una mayor oportunidad?

R.: Veo que productores de maquinaria de alta precisión, como los textiles y telares de Italia pueden exportar a Argentina. Lo mismo con los coches, van a mejorar la calidad en Mercosur sin tener que montarlos en Brasil. También es una oportunidad para mejorar las líneas aéreas, si entran las aerolíneas europeas van a ser un éxito. Productos de alta gama, como bolsos o trajes, van a entrar con mejores precios por la bajada de aranceles y coches. No va a ser el Seat León, pero sí el Cupra, el BMW, el coche de alta gama que entre a Latinoamérica.

P.: Una vez aprobado el acuerdo, ¿qué margen tienen los gobiernos nacionales para bloquear o modificar el acuerdo?

R.: Tienen poder, pero creo que hay una relación concreta entre todos los países y es que esto es importante para Europa. No creo que pongan pegas. Fueron más de 20 años de negociaciones, dudo que haga falta debatir más esto, porque se ha debatido hasta la muerte. Además, en este momento hay una urgencia en ser extremadamente pragmático, porque los dos polos más grandes del mundo, China y Estados Unidos, no son los grandes amigos de Europa.

P.: Centrándonos en España, ¿crees que está preparada para competir con productos agroalimentarios del Mercosur?

R.: No tengo dudas. La calidad de los productos españoles es altísima. Por ejemplo, en Murcia han comprendido que es necesario ‘gourmetizar’ y enfocarse en la calidad, porque en cantidad Mercosur te puede destrozar, pero en la calidad es donde hay un añadido de valor de verdad. ¿Cuántos sitios en el mundo pueden producir un queso manchego? Solo España. Exactamente eso es el valor añadido.

P.: ¿Qué comunidades autónomas pueden verse más afectadas o beneficiadas por este acuerdo?

R.: Cataluña va a ser una de las grandes beneficiadas porque tiene mucha producción industrial, que tiene mucho espacio en el acuerdo. También Galicia, por la exportación de pescados, crustáceos, mariscos y la calidad de la comida del mar que hay. Madrid, por la parte de la banca, los servicios, o el País Vasco por la producción de acero y armas. España tiene una de las mejores condiciones para salir bien parada del acuerdo.

P.: También se hablaba de lo beneficiosos que puede ser para sectores como el vino o el aceite de oliva. ¿Crees que esto es real o a la hora de la verdad introducirse en estos mercados es más complicado?

R.: En todos los países latinoamericanos hay mucha demanda de aceite de oliva, especialmente el español. En Brasil, con la preocupación de la salud, el consumo de aceite de oliva aumentó y la gente tiene el aceite de oliva español como referencia. El vino español también tiene mucho espacio, porque es muy desconocido en América Latina. Con la calidad y el precio que tiene va a ser una revolución de consumo.

P.: ¿El acuerdo abrirá oportunidades para las pymes españolas que quieran internacionalizarse o solo a las grandes empresas?

R.: Las pymes son las que más se benefician, porque las grandes empresas ya están allí, Fiar, Mapfre, Santander. Las pymes, especialmente las especializadas y enfocadas en productos de alta calidad, van a salir beneficiadas. Además, muchas empresas de Europa y España van a hacer proyectos de compraventa y uniones con empresas de América Latina.

P.: ¿España puede actuar como puente estratégico entre la UE y el Mercosur o ese rol está sobreestimado?

R.: España es el punto principal de entrada de Mercosur a Europa. Es el puente, el aeropuerto y el puerto. Va a ser el embajador de esta unión comercial.

P.: ¿Qué errores no debería cometer España para aprovechar este acuerdo?

Tiene que mantener la relación, independientemente del Gobierno que entre o salga. Tiene que ser algo que no tenga marcas. Lo peor que puede pasar es meter la pata por intentar crear una marca propia. Esto no es una labor de Pedro Sánchez. Ha sido una labor de 20 años de presidentes y parlamentos. Transformar eso en una marca personal puede ser el un error muy grande.

A raíz del acuerdo comercial firmado con el Mercosur, las inversiones de la Unión Europea (UE) en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, mientras que las exportaciones hacia ese destino se duplicarían, alcanzando los USD 15.100 millones.

Así surge de estimaciones de la consultora Abeceb, que analizó el impacto del tratado, dado que este viernes entra en vigor, de manera provisional, la primera baja de aranceles prevista.

De este modo, se crea un mercado de 700 millones de personas, que representa el 30% del PBI global y cerca del 35% del comercio mundial.

La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones, equivalente a cerca del 40% del total.

“El nuevo marco institucional que aporta el acuerdo, sumado a los nuevos regímenes locales de incentivo a la inversión de capital, permite proyectar una aceleración en la dinámica de esos ingresos”, señaló Abeceb.

En ese sentido, Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, dijo: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”. Igualmente, advirtió que “uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”.

Se calcula que los flujos netos anuales de inversión europea a Argentina se elevarían desde USD 1.800 millones hasta un rango de USD 3.500 a USD 4.000 millones, lo que implicaría un incremento acumulado adicional de entre USD 15.000 y USD 20.000 millones durante el período 2026-2030.

El informe sostiene que, a diferencia de ciclos previos, el destino de esos capitales no se orientará al mercado interno, sino que apuntará al desarrollo de capacidades exportadoras.

“La certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”, destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

El potencial exportador

En cuanto a las exportaciones, se proyecta que pasen de USD 8.499 millones en 2025 a aproximadamente USD 15.100 millones en 2030, lo que implica una suba del 79% en términos de valor.

“Esa cifra combina dos efectos. El primero es el crecimiento natural de la demanda de nuestros nuevos socios: la UE importa de terceros países alrededor de USD 2.800.000 millones por año en bienes, y esa masa crece con su economía. El segundo es la ganancia de participación que habilita el acuerdo: Argentina captura hoy el 0,30% de ese flujo; el escenario central implica llegar al 0,50% para 2030, un incremento de 66% en market share”, precisó Abeceb.

Los complejos que explicarían esa expansión son el sojero, ganadero y manicero, seguidos por aceites vegetales, maíz y miel. En manufactura, autopartes y vinos del segmento premium tienen potencial real de escalar.

En otro orden, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) mostró preocupación por el endurecimiento de las cláusulas bilaterales de salvaguardias agrícolas por parte de la UE.

La entidad indicó que, de tener que identificar los sectores exportadores argentinos con mayor probabilidad de enfrentar objeciones, se destacan la carne bovina —tanto refrigerada como congelada—, el biodiésel y otros combustibles derivados de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Otros acuerdos en marcha

También cabe mencionar que están en curso procesos para la firma de nuevos acuerdos comerciales, los cuales contribuirían a impulsar aún más los envíos al exterior. Según el informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, estos son:

• MERCOSUR-Singapur: firmado en 2023, el pacto ya entró en vigor para algunos miembros del bloque. En el caso argentino, se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-EFTA: tras la suscripción realizada en septiembre de 2025, se encuentra actualmente en la fase de los preparativos tendientes a la aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos: se trata de una negociación, en estado avanzado, para firmar un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-El Salvador: en diciembre de 2024, se suscribieron los términos de referencia para la negociación
• MERCOSUR-Vietnam: las negociaciones se lanzaron en diciembre de 2025. El Gobierno resaltó que se trata de un mercado estratégico que forma parte del proceso de acercamiento al sudeste asiático
• MERCOSUR-Canadá: con negociaciones avanzadas, se busca un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-India: hay conversaciones para ampliar el Acuerdo de Preferencias Arancelarias existente a mayor cantidad de sectores y productos

Además, desde el Ejecutivo aseguraron que el bloque sudamericano mantiene diálogos exploratorios con Japón, Ecuador, Indonesia y Corea del Sur.

A nivel bilateral, Argentina y Panamá iniciaron tratativas bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 76 y ya establecieron los términos básicos para un tratado de alcance parcial.

Con México, se intenta ampliar el ACE 6 a más productos y revisar las cuotas y condiciones del ACE 55, que corresponde al sector automotor.

Tras más de veinticinco años de negociaciones, el Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, el acuerdo es jurídicamente operativo: genera derechos y obligaciones para las partes aunque no haya sido plenamente ratificado por el lado de la UE, donde el Parlamento europeo aún no se pronunció y el proceso requiere la aprobación de los veintisiete parlamentos nacionales. Algo significativo en áreas como la política comercial, que es de competencia exclusiva de la Unión.

El inicio de la aplicación provisional marca un punto de inflexión en la relación birregional. No se trata solo de un paso jurídico: es una decisión política que anticipa efectos concretos de un acuerdo aún parcialmente vigente y que abre simultáneamente oportunidades y tensiones. Este movimiento ocurre además en un contexto internacional profundamente distinto al que dio origen a las negociaciones. Hoy, el sistema global ya no se organiza exclusivamente en torno al libre comercio, sino en torno a la competencia geopolítica, la seguridad económica y la disputa tecnológica. La política industrial ha vuelto al centro de la escena, tanto en Europa como en otras potencias, mientras el multilateralismo clásico muestra signos de fragmentación acelerada.

En ese marco, el Acuerdo UE–MERCOSUR adquiere una doble dimensión. Por un lado, representa una señal de continuidad del orden internacional basado en reglas y cooperación. Por otro, refleja tensiones estructurales entre dos bloques con asimetrías económicas, productivas y regulatorias profundas que el texto del acuerdo amortigua pero no elimina.

La asimetría en la implementación

La aplicación provisional acelera esa tensión de una manera específica: permite que el capítulo comercial comience a desplegar efectos concretos mientras el pilar político y de cooperación —aún no firmado— permanece incierto y sin financiamiento claro. Esta asimetría no es menor. Implica que los costos de ajuste pueden adelantarse mientras que los instrumentos de compensación llegan tarde o, en algunos casos, no se materializan. Las empresas europeas acceden a preferencias arancelarias crecientes desde el primer día; los programas de cooperación tecnológica, reconversión industrial y apoyo a PyMEs de los que el MERCOSUR podría beneficiarse dependen de un pilar político cuya firma no tiene fecha confirmada.

Desde la perspectiva del MERCOSUR, esto obliga a un cambio de enfoque. La discusión ya no puede limitarse a la dicotomía entre buen acuerdo o mal acuerdo. El desafío es cómo gestionarlo políticamente. Y en esa gestión, dos cuestiones que han recibido poca atención pública merecen estar en el centro del debate: la distribución interna de las cuotas de acceso que la UE ofreció al bloque y el estado de preparación normativa e institucional de cada Estado Parte para ejercer los derechos que el propio acuerdo les reconoce.

El problema de las cuotas: la negociación que no termina

Uno de los aspectos más críticos y menos debatidos del Acuerdo es que las cuotas arancelarias preferenciales que la UE ofreció al MERCOSUR —particularmente en carne bovina, azúcar, etanol, aves y otros productos sensibles— fueron negociadas para el bloque como totalidad, no para cada Estado Parte individualmente. Esto significa que el MERCOSUR tiene una cuota global, pero internamente no existe un mecanismo acordado de distribución entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Este es un mandato parlamentario urgente: los parlamentos nacionales del MERCOSUR, a través del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), deberían impulsar un acuerdo político intrazona sobre criterios de distribución de cuotas antes de que los flujos comerciales del primer año generen posiciones consolidadas. No se trata de impugnar el Acuerdo con la UE: se trata de completar la arquitectura interna del MERCOSUR que la negociación externa dejó pendiente.

Los temas pendientes del lado argentino

Argentina llegó al 1 de mayo de 2026 con tres déficits institucionales que hacen que el país entre al Acuerdo en condiciones desiguales respecto de sus propios socios en el MERCOSUR y de la contraparte europea.

El primero es la ausencia de un régimen interno de salvaguardias bilaterales. El Acuerdo otorga a cada parte el derecho de activar medidas de protección cuando las importaciones preferenciales causen daño grave a su industria. Brasil reglamentó ese derecho el mismo día que ratificó el Acuerdo, mediante el Decreto 12.866 del 4 de marzo de 2026. Argentina no lo hizo. El procedimiento por analogía con el Decreto 1.059/96 —que regula salvaguardias globales bajo estándares OMC distintos a los del Acuerdo— genera inseguridad jurídica: cualquier medida argentina podría ser impugnada exitosamente por vicios procesales. Esta laguna puede cubrirse por decreto, por ley o por ambos instrumentos combinados; lo que no puede hacerse es ignorarla.

El segundo es la falta de capacidad técnica instalada para participar en la arquitectura de gobernanza continua del Acuerdo. El texto crea un Consejo de Asociación, un Comité de Comercio y al menos diez subcomités temáticos especializados donde se tomarán decisiones sobre acceso de productos agropecuarios, biotecnología, bienestar animal, indicaciones geográficas, reglas de origen y estándares ambientales. Son micro-negociaciones permanentes. La Unión Europea llega a cada una de esas instancias con la Dirección General de Comercio (DG Trade), equipos técnicos sectoriales consolidados y mecanismos de consulta previa con su industria. Argentina no tiene, a la fecha, una estructura equivalente ni un mandato legal que obligue al Ejecutivo a preparar posiciones técnicas ni a rendir cuentas al Congreso sobre lo que se decide en esos espacios.

El tercero es la ausencia de un mecanismo de seguimiento parlamentario del Acuerdo. El Parlamento Europeo recibe informes semestrales de la Comisión sobre el estado de implementación y puede convocar audiencias. El Congreso argentino no tiene ningún instrumento equivalente. Sin monitoreo, los impactos sectoriales —positivos y negativos— solo se conocen cuando ya están consolidados, y la capacidad de corrección se reduce.

La agenda legislativa argentina debería abordar simultáneamente estos tres déficits. No como actos de resistencia al Acuerdo —que ya es derecho interno con rango supralegal— sino como condición mínima para implementarlo con seriedad institucional.

El mapa desigual de impactos y la necesidad de políticas diferenciadas

Los impactos del Acuerdo no serán homogéneos ni dentro de Argentina ni entre los socios del MERCOSUR. En Argentina, los sectores industriales —automotriz, metalmecánico, textil, químico— enfrentan riesgos de mayor competencia externa en un contexto de brechas de productividad que el acuerdo no resuelve. La agroindustria puede encontrar oportunidades, aunque condicionadas por cuotas, estándares ambientales exigentes y el riesgo de que reglamentos como el EUDR (Reglamento de Deforestación) o el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) operen en la práctica como barreras al comercio.

En Brasil, la industria manufacturera también aparece expuesta en segmentos de mayor valor agregado, mientras el agronegocio refuerza su inserción exportadora. En Uruguay y Paraguay, la especialización agroexportadora puede consolidarse, pero con el riesgo de limitar la diversificación. El lácteo uruguayo, en particular, enfrenta presión tanto desde las indicaciones geográficas del Acuerdo como desde la competencia de productos europeos con alta escala de producción subsidiada.

Este mapa desigual exige respuestas diferenciadas. No alcanza con celebrar el acceso a mercados: es imprescindible diseñar políticas de transición productiva, financiamiento específico para PyMEs exportadoras, sistemas de certificación que permitan cumplir los estándares europeos a empresas medianas, y estrategias de agregación de valor que eviten que el Acuerdo consolide un patrón de inserción primario-exportador.

El pilar de cooperación y la diplomacia parlamentaria birregional

Si la aplicación provisional del capítulo comercial avanza —como está ocurriendo— es necesario que en paralelo se active con la misma intensidad el pilar de cooperación. Esto requiere una agenda parlamentaria birregional que movilice recursos, programe la cooperación tecnológica y fije criterios de inversión en transición energética, desarrollo industrial y reducción de brechas productivas. El vínculo entre el PARLASUR y el Parlamento Europeo puede desempeñar aquí un rol estratégico que hasta ahora ha permanecido subaprovechado.

El PARLASUR como actor y no como espectador

El Parlamento del MERCOSUR fue creado en 2005 como órgano representativo del proceso de integración regional. En veinte años, su rol ha sido principalmente declarativo: emite resoluciones, recomienda, aprueba. El Acuerdo con la UE ofrece una oportunidad concreta para que el PARLASUR asuma una función sustantiva en la vida del bloque, articulando tres mandatos que ningún parlamento nacional puede ejercer de manera individual.

El primero es impulsar el acuerdo intrazona sobre distribución de cuotas, mediante una resolución que fije criterios de negociación y llame a los parlamentos nacionales a pronunciarse sobre el mecanismo antes del cierre del primer año de aplicación provisional.

El segundo es constituirse en el espacio de coordinación legislativa para la implementación del Acuerdo: no basta con que cada parlamento nacional legisle sobre salvaguardias, monitoreo o gobernanza de manera desarticulada. Si Argentina tiene un régimen de salvaguardias bilaterales distinto al de Brasil, y Brasil uno distinto al de Uruguay, la UE puede activar estrategias de divide y vencerás en los subcomités técnicos que debiliten la posición del bloque. La armonización legislativa mínima es una condición de eficacia negociadora.

El tercero es fortalecer el vínculo con el Parlamento Europeo en el marco de la Comisión Parlamentaria Mixta, que el Acuerdo fortalece institucionalmente. Ese vínculo puede servir para presionar por la activación del pilar de cooperación, para monitorear la implementación del Reglamento 2026/687 de salvaguardias y para alertar cuando las micro-negociaciones en los subcomités produzcan resultados asimétricos.

La institucionalidad pendiente del MERCOSUR

Hay una verdad incómoda que el Acuerdo con la UE volvió a poner sobre la mesa: el MERCOSUR enfrenta la mayor apertura comercial de su historia como bloque con una institucionalidad severamente subdesarrollada. El Tratado de Asunción cumple treinta y cinco años con una Secretaría técnica pequeña, un PARLASUR sin capacidad legislativa vinculante, un Tribunal Permanente de Revisión subutilizado, y una Decisión CMC 32/00 sobre negociación conjunta que nunca fue plenamente internalizada ni jurídicamente exigible.

La UE negoció este Acuerdo con una contraparte que es política e institucionalmente asimétrica respecto de ella misma. La Comisión Europea tiene poder de iniciativa legislativa, presupuesto propio, cuerpo diplomático unificado y capacidad de implementación coercitiva. El MERCOSUR negocia por consenso de cuatro gobiernos nacionales, no tiene presupuesto operativo significativo ni capacidad técnica centralizada.

Esta asimetría institucional se va a manifestar en cada reunión de cada subcomité del Acuerdo. La delegación europea llegará con posición única, documentos de posición elaborados por DG Trade, y mandato claro. Las delegaciones del MERCOSUR llegarán con posiciones nacionales que pueden coincidir o no, sin coordinación garantizada y con capacidades técnicas desiguales entre países.

La solución no puede ser solo más reuniones del GRELEX o más declaraciones del GMC. Requiere decisiones políticas concretas: dotar a la Secretaría del MERCOSUR de capacidad técnica sectorial para asistir a las delegaciones nacionales en los subcomités del Acuerdo; establecer un mecanismo de posición común vinculante para las reuniones del Comité de Comercio bilateral; y otorgar al Parlasur capacidad de iniciativa en las materias reguladas por el Acuerdo, comenzando por la propuesta de distribución de cuotas y la coordinación de los regímenes nacionales de salvaguardias.

El Acuerdo con la UE no es un punto de llegada sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que la clave no será solo cuánto se comercia, sino cómo ese comercio se transforma en desarrollo, empleo y capacidades productivas. Y en esa transformación, la política —y en particular los parlamentos, en todos sus niveles— no puede ser espectadora de lo que negoció el Ejecutivo. Tiene que ser protagonista activa de cómo se implementa, cómo se monitorea y cómo se corrige cuando los resultados no sean los prometidos.

La ventana de oportunidad está abierta. La aplicación provisional sin ratificación plena del lado europeo mantiene un margen político real para incidir en la implementación. Pero ese margen se cierra con el tiempo y con los hechos consumados. Lo que no se construya institucionalmente en el primer año del Acuerdo será mucho más difícil de construir cuando los flujos comerciales hayan consolidado sus propias inercias.

El Gobierno nacional reglamentó las condiciones de acceso a los contingentes arancelarios establecidos en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La instrumentación fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante las resoluciones 50/2026 y 53/2026, que fijan las pautas para que empresas argentinas puedan acceder a los beneficios derivados de los cupos negociados con el bloque europeo.

En el acuerdo, la Unión Europea concedió al Mercosur un total de 21 cuotas arancelarias para distintos productos agroindustriales, lo que representa una nueva ventana de expansión para las exportaciones regionales. Para la Argentina, esto significa mayores posibilidades de colocar productos de alto valor agregado en un destino estratégico, consolidando además la presencia de empresas nacionales ya integradas en ese circuito comercial.

Entre los rubros alcanzados por estas cuotas se destacan la carne bovina fresca y congelada, carne aviar y carne porcina —aunque en este último caso la apertura sanitaria todavía continúa en negociación—, además de ajos, ovoproductos, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol y productos lácteos. Se trata de una canasta exportadora amplia, con fuerte peso de las economías regionales y de las cadenas agroindustriales de mayor competitividad internacional.

En sentido inverso, el Mercosur otorgó a la Unión Europea 11 contingentes arancelarios. De ese total, cuatro tendrán carácter permanente —quesos, ajos, leche maternizada y leche en polvo—, mientras que otros siete productos, entre ellos chocolates y tomates envasados, pasarán a un esquema de libre comercio una vez transcurridos períodos de 10 a 14 años, según el cronograma previsto en el entendimiento. Además, el ingreso de esos bienes al mercado argentino quedará sujeto a un sistema de licenciamiento previo.

El acuerdo entre ambos bloques es considerado un punto de inflexión para el comercio bilateral tras más de dos décadas de negociaciones, ya que establece un marco regulatorio común orientado a brindar estabilidad y previsibilidad a largo plazo. En términos concretos, contempla la liberalización del 84% de los aranceles que gravan las exportaciones agroindustriales del Mercosur hacia Europa y fija cuotas o preferencias para la mayoría de los productos restantes, mejorando sustancialmente las condiciones de acceso al mercado europeo para la producción argentina.

“Nos sentimos defraudados”. Esa ha sido la respuesta del campo español a lo acontecido este martes en el Parlamento Europeo. Con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, Bruselas ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, un mecanismo comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos al bloque europeo con aranceles reducidos durante la próxima década, una medida que ataca directamente al trabajo de los productores de arroz españoles.

Según explicaron desde el parlamento, el acuerdo tiene como objetivo apoyar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de estos Estados aunque, desde el lado comercial, pondrá a competir a los agricultores de arroz españoles con las importaciones procedentes de países como Camboya o Myanmar. “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión. Si creemos en una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, han lamentado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

En la votación, los eurodiputados españoles apoyaron al sector, pero no fue suficiente para convalidar las exigencias de países productores, como la aprobación de cláusulas de salvaguarda más intensas. Además, desde las asociaciones agrarias españolas ha lamentado que “los países no productores hayan actuado con una actitud egoísta” con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio.

En concreto, el campo español reclamó un umbral de salvaguarda del 20%, “una medida mínima para poder reaccionar a tiempo ante el crecimiento de las importaciones, especialmente desde países beneficiarios del programa Todo menos armas”, han indicado desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Según la asociación, los niveles actuales de entrada de arroz ya han provocado una saturación del mercado y caídas significativas en los precios en origen, con un impacto directo en los productores españoles.

Unas salvaguardias más laxas que en el acuerdo con Mercosur

Pese a que los productores españoles exigían clausulas más duras, el parlamento Europeo terminó por convalidar salvaguardas para el arroz cuando las importaciones hayan aumentado un 45% comparado con la media de una década. según ha explicado UPA, esto supone que se activará cuando se pasen las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, lo que consideran “inútil” ya que a partir de las 200.000 toneladas “ya se producen efectos negativos en el mercado”.

Ante esta situación, los agricultores han señalado que Bruselas ha dado el visto bueno a unas clausulas que difieren mucho de las aprobadas para el acuerdo comercial con Mercosur, donde las salvaguardias se activan a partir del 5% de variación de precios, lo que pone en relieve “la desprotección que sufrirán los productores de arroz”, que también verán como las importaciones aumentan desde Mercosur y Australia.

Desde Asaja han lamentado que a las nuevas importaciones procedentes de estos 65 países resta sumarles las cerca de 60.000 toneladas procedentes del Mercosur, que incrementará de forma significativa la presión sobre el mercado, y otras 8.500 toneladas procedentes de Australia, donde se incluyen arroz integral y preparado y supondrá un nuevo factor de competencia directa para el sector europeo.

La organización de jóvenes agricultores ha señalado que la suma de todos estos factores -a los que se deben añadir los sobrecostes provocados por la guerra en Oriente Medio- junto con la posible alta de la producción en la próxima campaña de España, puede provocar un escenario de “grave desequilibrio entre oferta y demanda”, por lo que han reclamado una revisión “urgente” de las políticas comerciales europeas para garantizar “una competencia justa” y evitar el “deterioro irreversible” del sector arrocero español.

Además, desde UPA han exigido al Gobierno “que auspicie un plan de protección al sector productor de arroz español, cuyo futuro está en serio peligro por estas importaciones masivas a bajo precio y protegidas por cláusulas inútiles en la práctica y un etiquetado que oculta a los consumidores el origen del producto”. Junto a estas exigencias han señalado que la industria envasadora de arroz está “jugando de forma irresponsable, hundiendo el porvenir de los agricultores que le proporcionan las materias primas”.

“Hoy hemos sostenido una importante reunión con el presidente del Parlasur (Rodrigo Gamarra) y con la mesa directiva para plantear de lleno nuestra aspiración de incorporarnos como miembros plenos del Parlamento del Mercosur”, declaró el diputado Saúl Ortega en un video difundido por la Asamblea Nacional en la red social X.

La delegación venezolana estuvo compuesta por Ortega, el también oficialista Francisco Torrealba, y los opositores Pablo Pérez y José Gregorio Correa.

Ortega calificó la reunión como muy relevante, ya que se presentaron los argumentos del bloque venezolano y, según aseguró, la directiva del Parlasur manifestó su disposición para que “pronto” Venezuela pueda reincorporarse al organismo.

“Así que con la carga de Venezuela, con el sentimiento de nuestro pueblo, aquí estamos y esperamos que más pronto que tarde podamos estar con nuestra bancada expresando nuestra voz, la voz de Venezuela”, agregó.

El 27 de marzo, el Gobierno de Paraguay, que ostenta la Presidencia pro tempore del Mercosur, anunció que propondrá ante los demás miembros plenos la reincorporación de Venezuela.

El Mercosur fue creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se integró como miembro pleno en 2012, pero en 2017 el bloque aplicó su “cláusula democrática” para suspender al país debido a la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces dictador Nicolás Maduro y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que asumió las funciones del Legislativo.

En enero pasado, el bloque latinoamericano firmó un acuerdo histórico de libre comercio con la Unión Europea, estableciendo así un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Marco Riquelme llegó a Rosario con agenda de trabajo y un diagnóstico bajo el brazo. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay acaba de terminar una recorrida por puertos y reuniones con empresarios argentinos cuando habló con Infobae. Su mensaje es simple: Paraguay quiere dejar de ser un socio comercial pasivo dentro del Mercosur y convertirse en un eslabón activo de la cadena productiva regional.

Riquelme, nombrado por el presidente Santiago Peña al frente de la cartera económica en febrero de este año, delineó los ejes centrales del programa paraguayo en economía, comercio e industria, y evaluó los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el Mercosur, así como ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Estamos convencidos de que tenemos que formar parte del encadenamiento productivo de Argentina y Brasil. Hoy la balanza comercial de Paraguay con el Mercosur es positiva en 1.300 millones de dólares. Pero si uno mira la balanza de productos manufacturados, sacando soja y energía eléctrica, es negativa en 3.000 millones de dólares. Eso no condice con la realidad: el tamaño del mercado está por fuera de Paraguay”, describió.

Entre los incentivos, destacó el régimen de maquila, que grava solo un 1% la generación de valor agregado para exportación; el régimen de inversiones, que habilita la importación de maquinaria sin aranceles ni IVA; y la ley de ensamblaje de bienes tecnológicos, que permite importar componentes asiáticos para ensamblar productos con origen Mercosur.

La estabilidad macroeconómica constituye uno de los pilares centrales de la política paraguaya. Según Riquelme, “Paraguay tuvo una inflación promedio del 4% en los últimos cuatro años; el año pasado crecimos casi el 7%. La estabilidad del tipo de cambio también es destacable: tenemos el mismo tipo de cambio con el dólar que hace veinte años”. El ministro agregó que durante la gestión de Santiago Peña el gobierno logró reducir la pobreza total del 24,5% al 16% y la pobreza extrema del 5% al 2,4%.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”, agregó.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”. agregó.

El enfoque de atracción de inversiones es segmentado: Paraguay divide Argentina y Brasil en provincias y estados, considerando que su tamaño y PIB los convierten en mercados diferenciados para la oferta industrial local. El ministro sostuvo que esta política regionalizada busca establecer una base de crecimiento inicial y, posteriormente, expandirse hacia otros mercados.

Tres pilares para la industrialización

El plan de industrialización del gobierno se apoya en tres ejes. El primero es el financiamiento: buscan que el sistema bancario —que definió como “sólido pero conservador”— amplíe plazos y baje costos para canalizar el ahorro local hacia la industria a través de crédito blando. “Estamos trabajando muy de cerca con el sector privado para hackear el sistema financiero”, graficó Riquelme.

El segundo es la capacitación técnica. “Paraguay tiene cien mil personas que entran a la población económicamente activa todos los años”, explicó el ministro, y adelantó que el objetivo es vincularlas de forma gratuita e inmediata a formación técnica articulada con la demanda real de las industrias instaladas o por instalarse.

El tercero es el ordenamiento territorial. Solo 40 de los 262 municipios del país tienen zonas industriales identificadas. El gobierno trabaja en diseñar corredores logísticos con nodos industriales y clusters sectoriales conectados a institutos de formación profesional. “Argentina ya lo hizo y lo hizo muy bien”, reconoció Riquelme, señalando al país vecino como referencia del modelo que Paraguay busca replicar.

Estrategias de apertura y diversificación de mercados

Además de profundizar la integración regional, Paraguay impulsa la diversificación de mercados, apuntando a Asia y Estados Unidos. En Asia, el país ha conseguido habilitaciones para exportar proteína vacuna, porcina y aviar a Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia y Singapur.

“También estamos trabajando en aprovechar la relación Mercosur-Unión Europea, desarrollando una política nacional de calidad y un sistema de trazabilidad para estar a la altura de las exigencias del mercado europeo”, dijo Riquelme.

Con Estados Unidos, Paraguay avanza en proyectos vinculados a minería de datos y explotación de recursos naturales. Según Riquelme, el país está por iniciar una revolución minera, con interés estadounidense en acompañar ese proceso.

“Paraguay va a tener un salto importante en el porcentaje del PIB que representa la industria. Hoy ese porcentaje es del 19% y tiene que crecer un 50% en los próximos cinco años. Hicimos un proyecto con McKinsey para duplicar la economía en diez años, y detectamos cuatro sectores donde Paraguay tiene lo que llamamos el “derecho a ganar”: recursos naturales —soja, carne, arroz—, industria alimenticia, metalurgia, forestal y textil", detalló.

Innovación, tecnología y desafíos estructurales

Un elemento novedoso de la estrategia paraguaya es el impulso a la economía del dato y a la inteligencia artificial, aprovechando el excedente de energía eléctrica. Paraguay está redactando una ley de incentivos para industrias tecnológicas, que incluye garantías en propiedad intelectual y protección de datos, con el fin de atraer empresas globales.

Riquelme reconoció que la industrialización demanda un proceso de largo plazo, con avances en educación, capacitación y ordenamiento territorial. Además, destacó que, pese a la escala geográfica comparada con otros países de la región, Paraguay aspira a convertirse en un motor industrial, aunque subrayó la necesidad de transitar este camino con responsabilidad institucional.

La relación con Argentina y el Mercosur

El vínculo entre Paraguay y Argentina atraviesa un momento de sintonía política y oportunidades económicas. En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei visitó Asunción para reunirse con Santiago Peña, abordando la agenda bilateral y la cooperación en el Mercosur.

“Por un lado, la apertura que vemos hoy de Argentina hacia el Mercosur es algo que no habíamos visto en los últimos veinte años. Para nosotros es estratégico y clave que Argentina continúe con esta política de apertura comercial hacia sus socios del bloque”, explicó.

El interés del empresariado argentino en asociarse con Paraguay ha crecido, según Riquelme, no con el objetivo de trasladar empresas, sino de optimizar costos mediante el encadenamiento productivo.

“Dentro del Mercosur, creemos que Paraguay debería ser el socio más estratégico de Argentina, y Argentina el de Paraguay. Esa previsibilidad de un mercado argentino abierto es muy importante para la evolución de la industria paraguaya, y la previsibilidad es el mejor amigo de la inversión y los empresarios”, agregó.

Proyecciones de la industrialización

El ministro subrayó que alcanzar esas metas exige políticas sostenidas en educación, capacitación, ordenamiento territorial y distribución eficiente de energía eléctrica —porque, aclaró, una alta capacidad de generación no implica eficiencia en la distribución. Y planteó una condición que considera indispensable: que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de administración.

“Nunca vamos a ser competencia de una potencia como Argentina, pero sí tenemos la capacidad de ser un complemento muy importante y estratégico a largo plazo para este país que tanto orgullo nos genera como vecino”, cerró Riquelme.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su optimismo respecto al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al afirmar que la relación entre ambos bloques debe entenderse como una “política de complementariedad” y no como una competencia destructiva.

Lula adelantó que, a pocos días de la aplicación provisional del pacto prevista para el 1 de mayo, Brasil ya cuenta con una “bandeja” de 540 productos listos para el mercado europeo.

Durante un evento de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el mandatario sostuvo que “es necesario convencer a la justicia de la Unión Europea de que el acuerdo no busca destruir sus productos, sino hacer una política de complementariedad”. El mandatario brasileño afirmó que “ellos (la UE) producen cosas diferentes a las nuestras“. ”Nosotros queremos comprar de ellos, y que ellos nos compren a nosotros”, agregó.

A su vez, Lula subrayó la calidad y diversidad de los productos brasileños y expresó su confianza en el papel que Brasilia puede desempeñar a nivel global. “Nadie tiene la cantidad de productos que Brasil tiene para ofrecer al mundo. Pero es necesario más investigación y calidad”, aclaró.

El acuerdo entre el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— y la UE fue firmado en enero y crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas y cerca de una cuarta parte del PIB global.

El pacto entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos del Mercosur. La plena vigencia dependerá de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, declaró a inicios de abril que el acuerdo comercial representa un punto de inflexión que transformará la relación económica entre ambos bloques y abrirá una nueva etapa de crecimiento: “Estamos convencidos de que este acuerdo implica un salto cualitativo para nuestras economías” aseguró en diálogo con EFE.

Desde el viejo continente, Francia solicitó el jueves a la Comisión Europea que concrete el compromiso asumido sobre las garantías asociadas a la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y el Mercosur, prevista para el 1 de mayo.

El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores, Glenn Salic, afirmó que el país será “intratable en la concreción rápida” de ese compromiso, con el objetivo de que se incluyan dichas garantías.

Salic recordó en rueda de prensa que estas garantías contemplan las denominadas cláusulas de salvaguarda, que podrían activarse en caso de una llegada extraordinaria de productos agrícolas procedentes de los países del Mercosur.

También mencionó las llamadas cláusulas espejo, que buscan impedir el ingreso al mercado europeo de productos agroalimentarios sudamericanos que no cumplan las mismas normas sanitarias o ecológicas exigidas a los productores de la UE, así como un refuerzo de los controles sanitarios.

Ante la consulta sobre posibles medidas de Francia frente a la entrada en vigor provisional del acuerdo desde el 1 de mayo, el portavoz evitó pronunciarse sobre acciones concretas y reiteró la oposición del país al texto en su forma actual.

Francia intentó frenar el compromiso UE-Mercosur desde el inicio de las negociaciones, que se extendieron por más de veinte años, argumentando que algunos sectores agrícolas franceses, en especial los productores de carne de vacuno, pollo y azúcar, resultarían especialmente afectados.

La aplicación provisional del pacto, criticada por París, fue decidida por la Comisión Europea a fines de febrero tras la ratificación de varios países sudamericanos miembros del Mercosur.

(Con información de EFE)

Paraguay, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, propuso a los miembros plenos del bloque —Argentina, Brasil y Uruguay— realizar el 30 de junio en Asunción la próxima cumbre de gobernantes. Así lo informó el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

“La fecha que estamos proponiendo a nuestras contrapartes es para el próximo 30 de junio, en la ocasión que van a asistir los presidentes”, expresó Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial de Paraguay.

Ramírez indicó que está previsto que, un día antes de la cumbre presidencial, se reúnan los jefes de las carteras de Exteriores y Economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay constituyeron el Mercosur en marzo de 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción, con la intención de crear un mercado común que facilitara el comercio y la inversión entre los países miembros.

En enero, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que estableció una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando un mercado de más de 700 millones de consumidores y alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este convenio comenzará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se incorporó al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa una fase de transición para adaptar su legislación y sistema arancelario a las normas del bloque.

Venezuela, que ingresó en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, luego de que el Mercosur invocara el ‘Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático’ tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro quebrantó el orden democrático al instaurar una Asamblea Constituyente en el país.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este domingo una visita de dos días a Alemania en la que el foco está puesto en la economía, algo que quedó reflejado con su presencia en la inauguración de la Feria de Hannover junto al canciller germano, Friedrich Merz.

Los dos líderes se reunieron en el neobarroco Palacio de Herrenhausen de Hannover después de que el brasileño y su esposa, Janja Lula da Silva, fueran recibidos en un acto con honores militares.

Ambos tomaron el pulso a la relación de sus países con una reunión bilateral y pusieron rumbo después al recinto ferial que alberga la Feria de Hannover.

Allí, Merz puso de relieve el papel de Brasil, “país invitado” de la feria, y de Sudamérica en general, en vista de que con la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur el 1 de mayo, europeos y sudamericanos entrarán en “una nueva fase” de sus relaciones.

“Tras más de 25 años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores”, abundó en alusión al pacto UE-Mercosur.

En este sentido, Merz destacó que “es una buena señal” verse en Hannover con Brasil.

Merz y Lula asistieron a la apertura de una 79ª edición con acento brasileño, pues, como “país invitado” del evento, la nación sudamericana cuenta allí con unos 2.700 metros cuadrados.

Brasil está representado en la Feria de Hannover a través de 300 empresas brasileñas y unos 140 estands.

Los emprendedores brasileños acuden bajo el lema “la industria del presente”, un mensaje que anima a mirar los aspectos industriales y tecnológicos de la potencia económica sudamericana, por encima de otros sectores relevantes en Brasil, como la agricultura, la ganadería o las materias primas.

Jornadas germano-brasileñas

Tras la visita a la feria, ambos líderes tenían previsto este domingo participar en una cena de trabajo con representantes del sector empresarial de ambas naciones.

El lunes, dentro del recinto ferial, se desarrollará la 42ª edición de las jornadas germano-brasileñas en presencia de Merz y Lula.

Ese evento constituye “la mayor conferencia bilateral con Brasil” y ofrece a las compañías una “plataforma ideal” para hallar nuevos socios y oportunidades, además de fortalecer los vínculos entre emprendedores en áreas como la automatización, la inteligencia artificial, la seguridad, la minería o el aeroespacial, según los organizadores.

Consultas junto a la feria

También el lunes, tras esos encuentros de carácter económico, los Gobiernos de Alemania y Brasil mantendrán sus terceras consultas, una cita en la que Berlín espera firmar acuerdos con los que profundizar la relación bilateral.

El Gobierno alemán ha indicado que, entre los temas que se abordarán, figuran el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, las materias primas, la cooperación en defensa, la digitalización y la innovación.

El lema de las consultas ya indica el interés económico, aunque también geopolítico, de la reunión: “Brasil y Alemania. Juntos por el crecimiento, el empleo, la paz y la seguridad”.

Las reuniones regulares entre los Gobiernos de Alemania y Brasil comenzaron en tiempos de la canciller Ángela Merkel y de la presidenta Dilma Rousseff, en 2014.

Aunque estos encuentros se suspendieron durante los años de la gestión de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, con Lula en la Presidencia de Brasil y Olaf Scholz en la Cancillería Federal se retomaron las consultas en 2023.

Para Alemania, Brasil es el socio comercial más importante en Sudamérica, y el país centroeuropeo es el principal proveedor de la economía brasileña dentro de la Unión Europea.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

(Con información de EFE)

Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.

Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:

Umbrales más estrictos para activar investigaciones

Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.

Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.

Monitoreo permanente y mayor control

El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.

Medidas contra la elusión comercial

Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.

Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC

Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.

“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.

“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.

En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Panamá empezó a mover en Argentina y Paraguay una agenda enfocada en comercio, logística y apertura de mercados, en medio de su nueva etapa como Estado Asociado del Mercosur.

Las gestiones incluyen, por un lado, la llegada de café panameño al mercado argentino y, por otro, conversaciones en Asunción para que exportadores paraguayos utilicen la infraestructura panameña como punto de conexión hacia Centroamérica, el Caribe y Asia.

Se trata de dos movimientos distintos, pero ligados por un mismo objetivo: ampliar el alcance comercial de Panamá dentro del bloque sudamericano.

En Buenos Aires, la visita oficial del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dejó como resultado una alianza con Cabrales S.A., empresa reconocida del sector en Argentina, para la importación y comercialización de café panameño.

El acuerdo contempla la incorporación de grano de Santuario Estate Coffee, una finca ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí, especializada en café de altura. El paso se produce mientras la firma argentina avanza en la diversificación de su portafolio con cafés de origen y suma a Panamá como nuevo proveedor.

El movimiento ocurre sobre una relación comercial que hasta ahora ha sido limitada y desigual. Las exportaciones panameñas hacia Argentina han sido modestas en volumen y concentradas en pocos rubros.

Entre los productos colocados en ese mercado figuran cacao y preparaciones de cacao, con cerca de $159,000 en 2024, además de productos químicos, instrumentos médicos y ópticos y algunas manufacturas de hierro o acero.

Del otro lado, las ventas argentinas a Panamá alcanzaron alrededor de $271 millones en 2024, impulsadas sobre todo por vehículos, petróleo crudo y aceite de soja.

Ese contraste explica por qué la apuesta oficial no se limita al café. Las autoridades panameñas han identificado espacio para ampliar la oferta hacia Argentina en rubros como pescados, crustáceos, cerveza, preparaciones alimenticias y también en servicios logísticos y financieros.

La intención es que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado no quede reducida a un gesto político, sino que abra rutas concretas para productos y servicios con mayor valor agregado, en un mercado donde hasta ahora la presencia panameña ha sido reducida.

En Paraguay, la agenda tomó otro rumbo. Allí el foco estuvo en la posibilidad de utilizar a Panamá como plataforma para exportar y reexportar mercancías. Durante una reunión en Asunción, la Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó interés en aprovechar la conectividad global panameña y su infraestructura logística.

El encuentro se dio en el marco de la visita del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien también se reunió con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para revisar la agenda bilateral.

Tras esos encuentros, ambos cancilleres suscribieron un comunicado conjunto en el que destacaron las fortalezas de los dos países. El texto reconoce a Panamá como centro de logística, comercio y conectividad, mientras subraya la capacidad productiva de Paraguay.

Además, plantea la intención de generar mejores condiciones para aumentar y diversificar el intercambio comercial, con una participación más activa del sector privado. La propuesta panameña incluyó incluso la posibilidad de que exportadores paraguayos cuenten con una zona franca en territorio panameño.

La reunión con la UIP tuvo un peso particular por el alcance del gremio, que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia.

En ese encuentro, Martínez-Acha puso sobre la mesa la opción de construir una alianza empresarial que permita canalizar productos paraguayos hacia otros mercados desde Panamá. Entre las posibilidades mencionadas aparecen centros de acopio y frigoríficos, pensados para acelerar la reexportación de mercancías y reducir tiempos logísticos.

El interés paraguayo no surge en el vacío. Ese país ha fortalecido su perfil exportador durante la última década y figura entre los principales productores mundiales de soya, carne vacuna, arroz, químicos industriales y bioenergía.

Según lo planteado durante la visita, los industriales paraguayos han identificado 24 sectores estratégicos con potencial de exportación. En ese contexto, la ventaja panameña no está en competir en producción agroindustrial, sino en ofrecer una red de puertos, zonas francas, conectividad marítima y aérea, además de acceso a mercados regionales.

Las cifras del intercambio también muestran diferencias frente al caso argentino. Las exportaciones de Panamá hacia Paraguay sumaron aproximadamente $21.7 millones en 2024.

La canasta estuvo encabezada por petróleo refinado, con $7.34 millones, seguido de amino-resinas y plásticos, manufacturas de madera y medicamentos.

A su vez, Paraguay mantiene una presencia importante en el mercado panameño con bienes vinculados a su sector agropecuario, como maíz, soja y carne bovina, en una relación más complementaria que la observada con Argentina.

El Gobierno español ha movilizado ya más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para respaldar a las empresas expuestas a amenazas arancelarias de Estados Unidos, según informó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

La estrategia oficial, aprobada en mayo del año pasado y consolidada a través de un decreto ley, ha activado un total de 7.720 millones de euros en avales y créditos dirigidos a empresas.

El plan español incluyó una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense.

130 millones en avales ICO y 1.500 millones del Plan de Recuperación

De la línea de avales ICO se han solicitado, hasta el 30 de marzo de 2026, cerca de 130 millones de euros que han permitido movilizar 173 millones en inversión para las empresas españolas. El 63% de estas operaciones las han suscrito pymes y el 85% han sido del sector del automóvil.

Cuerpo ha subrayado que se han formalizado 1.500 millones de fondos del Plan de Recuperación destinados a la protección de las amenazas arancelarias, donde se incluyen diferentes instrumentos como las líneas ICO Emprendedores, ICO Verde, el Fondo de Coinversión o el Fondo de Resiliencia Autonómica.

Asimismo, se han aprobado acuerdos con pymes por un valor de 1.161 millones de euros para ayudarlas a “navegar” en el contexto geopolítico. Dentro de la línea ICO-Crecimiento Aranceles, que es de financiación directa por parte del ICO y que está en marcha desde inicios de este año, Cuerpo ha apuntado que se han solicitado 47 operaciones de financiación, con un importe que asciende a 73,4 millones de euros.

De las 52 pólizas de Cesce a los 400 millones del plan ICEX 500+

En cuanto a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), el ministro de Economía ha informado de que ha emitido 52 pólizas a favor de empresas afectadas por los aranceles por valor de 1.578 millones de euros, que amparan contratos comerciales e inversiones que pueden llegar a estar por encima de los 10.500 millones de euros. La aseguradora estudia otras 14 solicitudes que estaría cerca de los 800 millones de euros adicionales.

Respecto a lo movilizado por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y por Fonpyme para apoyar financieramente las inversiones de empresas españolas en el exterior se han alcanzado los 665 millones en financiación autorizado, el 90% del límite anual presupuestario de 700 millones de euros. Sólo en 2025 se apoyaron 47 operaciones por valor de 360 millones.

En cuanto al Plan Moves III de ayuda a la movilidad, Cuerpo ha explicado que se han puesto 400 millones de euros “sobre la mesa”. También ha destacado el plan ICEX 500+, con el que el Gobierno ha contactado con 1.649 empresas exportadoras para conocer su situación y la puesta en marcha de futuras iniciativas, como un programa de crecimiento en excelencia para startups y scaleups.

Caen las exportaciones a EEUU

Cuerpo también ha ofrecido datos sobre las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos y, aunque ha admitido una caída generalizada de las exportaciones al país de Donald Trump, exceptuando las de productos como bienes de equipo o aceite de oliva, el ministro ha matizado que 2024 fue un año “especialmente bueno” en lo que a exportaciones se refiere al país norteamericano, por lo que la comparativa interanual se presta “particularmente ambiciosa”.

En este escenario, Cuerpo ha reconocido que al igual que ha pasado con España, casi todas las grandes economías europeas como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal, han reducido sus exportaciones al gigante norteamericano.

El vicepresidente primero del Gobierno también ha dado a conocer las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2018 y 2025, incidiendo en que España se ha consolidado en ese período como el sexto país del mundo que más proyectos inversores recibe y el segundo si se observan los proyectos de energía renovable. En materia de I+D España ha sido la cuarta economía global y la quinta en proyectos de Inteligencia Artificial.

Mercosur, la gran oportunidad para los sectores del automóvil y el aceite de oliva

El ministro de Economía ha destacado las oportunidades económicas que ofrece el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente para sectores como el del aceite de oliva o el del automóvil.

Sobre este último, el vicepresidente ha señalado que en la actualidad está sufriendo una caída en su nivel exportador por causas que no atienden sólo al momento coyuntural, sino que hay motivos “estructurales”. Sin embargo, ha asegurado que el acuerdo de Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los aranceles del 35% que los vehículos europeos tienen en Mercosur.

A su juicio, “el sector se va a ver beneficiado además por una mayor convergencia regulatoria y por el acuerdo sobre reglas de origen que va a permitir una intensificación, una mayor exportación de nuestros automóviles a la zona de Mercosur”.

Cuerpo considera que el acuerdo de libre comercio también supondrá una “oportunidad excepcional” para el sector agroalimentario al ser España una potencia exportadora en este sector y eliminarse los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. Europa, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones procedentes de Mercosur.

Un ahorro de 500 millones en aranceles

El titular de Economía ha recordado que el 1 de mayo entrará en vigor de forma provisional el acuerdo comercial interino que suprimirá más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, al tiempo que ha enfatizado que para España el ahorro estimado de este acuerdo son unos 500 millones de euros anuales en aranceles.

En cuanto al impacto de este acuerdo, el vicepresidente primero ha destacado que en otros países con los que España ha firmado acuerdos de libre comercio las exportaciones han crecido, de forma significativa en el caso de Chile y Canadá.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, removió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, como parte de los cambios implementados en el Gobierno tras completar la mitad de su mandato de cinco años y en medio de la aplicación de ajustes fiscales bajo un plan de “economía de guerra”.

El jefe del Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, informó en conferencia de prensa que Juan José Galeano, actual asesor económico presidencial, asumirá como ministro interino.

“El presidente de la República, Santiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró Giménez en una rueda de prensa televisada.

El portavoz destacó que el ministro saliente “hizo un trabajo extraordinario” y que, durante su gestión, la economía del país creció 4,2 % en 2024 y 6,6 % en 2025.

Giménez explicó que el “segundo tiempo” de la administración requiere habilidades y competencias “muy específicas” en el área económica, razón por la cual el mandatario tomó la decisión.

Añadió que el mandatario Peña se tomará los días de Semana Santa para seleccionar, de una lista de hasta cinco candidatos, a un nuevo ministro de Economía. Tras el anuncio, Fernández Valdovinos publicó en la red social X: “Misión Cumplida!!! Todo por mi querido Paraguay”.

A mediados de marzo, Fernández Valdovinos anunció que el país aplicaría una “economía de guerra” en materia fiscal ante la caída de ingresos tributarios e instó a las instituciones del Estado a “apretarse los cinturones”.

Paraguay prevé un crecimiento económico del 4,2 % este año, con una deuda pública que ascendía en enero a USD 20.522,7 millones —el 36,4% del PIB— y un déficit fiscal de USD 1.047 millones en 2025, equivalente al 2,0 % del PIB, según datos oficiales.

A mediados de mes, Fernández Valdovinos enfrentó un revés cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocida como la “caja fiscal”, que flexibilizó la propuesta de su despacho en medio de protestas de funcionarios estatales y manifestaciones convocadas por gremios de maestros.

Hace dos semanas, el ex funcionario dijo que no pensaba renunciar mientras anunciaba un plan de ajuste. Bajo la administración Fernández, la economía paraguaya creció de forma sostenida con una inflación controlada y el país recibió dos calificaciones de grado de inversión de las agencias Moody’s y Standard & Poor’s.

Por otra parte, Peña nombró este martes a César Riveros como nuevo director general del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), tras la renuncia de Lira Giménez.

En materia económica, el presidente paraguayo promulgó el lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando así el proceso de adhesión por parte de los cuatro países fundadores del bloque. La firma permite que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el 23 de marzo.

“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras la firma. El mandatario señaló que el acuerdo facilitará el acceso de los productos paraguayos a uno de los mercados más grandes del mundo y promoverá la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación se realizó trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con 57 legisladores presentes. Paraguay se convirtió en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999.

Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada cercana a USD 22 mil millones, equivalentes al 30% del PIB mundial. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

Para Paraguay, el tratado establece condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, calificó el acuerdo como “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó el 5,9% del comercio total de Paraguay, con exportaciones de USD 431 millones e importaciones por 1.233 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

(Con información de EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando el proceso de adhesión en los cuatro países fundadores del bloque. La firma despeja el camino para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el pasado 23 de marzo.

“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras estampar su firma. El mandatario destacó que el acuerdo abrirá a los productos paraguayos las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y facilitará la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación llega trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con los 57 legisladores presentes votando a favor. Paraguay se convirtió así en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999. Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada estimada en 22 billones de dólares, equivalentes al 30% del PIB mundial. Prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

Para Paraguay, el tratado incluye condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos más extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló a AFP que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó apenas el 5,9% del comercio total de Paraguay: exportaciones de 431 millones de dólares frente a importaciones por 1.233 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

El acuerdo enfrenta en Europa un recorrido incierto. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó por diez votos —334 a favor, 324 en contra— remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, consulta que suele demorar entre 18 y 24 meses. La iniciativa, impulsada por grupos de izquierda, contó también con el respaldo de Francia, que lidera la resistencia al pacto por el impacto que teme sobre su agricultura y ganadería.

La Comisión sorteó ese impasse estructurando el acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados: un pilar comercial de competencia exclusiva europea y otro político y de cooperación. Esa arquitectura permite aplicar provisionalmente el capítulo de libre comercio sin esperar el voto de la Eurocámara. El abogado general del Tribunal de Justicia emitió recientemente un dictamen favorable a ese diseño, lo que reduce el riesgo de que la corte bloquee la vigencia provisional del pacto.

Asunción ejerce además la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma del tratado fundacional del bloque en 1991. Treinta y cinco años después, la misma capital cierra el proceso de ratificación suramericano de un acuerdo que todavía aguarda el veredicto de Luxemburgo para consolidarse de forma definitiva.

El futuro de la planta industrial de Solvay en Barreda y los criterios que emplea el Ejecutivo cántabro para garantizar su continuidad se encuentran entre los temas que serán foco de atención en la sesión plenaria que celebrará este lunes el Parlamento de Cantabria. Además, la agenda del Pleno incluye iniciativas sobre sanidad, relaciones comerciales internacionales, la política fiscal para trabajadores autónomos y el abordaje de la dependencia, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la sesión, prevista para comenzar a las 13:00, incluirá el debate de una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) centrada en la adopción de medidas para mitigar los efectos derivados del aumento de los costos del carburante. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos de las cuales estarán vinculadas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este sentido, el partido Vox presentará una iniciativa que busca rechazar cualquier medida asociada al acuerdo que pueda resultar perjudicial para los productores cántabros, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitará protección para el sector pesquero regional ante el impacto de ese tratado.

El Partido Popular (PP), por su parte, llevará a debate una proposición para pedir el cumplimiento de la normativa europea que permitiría establecer el sistema de IVA franquiciado para los trabajadores autónomos en Cantabria. Esta medida fiscal pretende favorecer a los pequeños empresarios y profesionales independientes, según reportó Europa Press. El PRC también agregará a la sesión una iniciativa que plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica dirigido al próximo curso escolar.

En la misma sesión, el Gobierno del PP tendrá que responder a tres interpelaciones presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Los regionalistas demandarán una explicación sobre los procedimientos y criterios adoptados para asegurar el futuro de la planta industrial de Solvay, ubicada en Barreda, cuya situación ha motivado preocupación sobre la viabilidad y el empleo en la zona. Según publicó Europa Press, las preguntas buscarán aclarar qué pasos está dando la administración para mantener la actividad y los puestos de trabajo en ese enclave industrial.

El PSOE y Vox orientarán sus interpelaciones hacia el sistema de atención a la dependencia. En el caso de los socialistas, se busca que el ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga explique los motivos que han llevado a Cantabria a estar entre las comunidades con menor calificación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, lo que sugiere un bajo nivel de satisfacción y seguridad en el acceso a servicios esenciales para personas dependientes. Por parte de Vox, la solicitud al Gobierno está referida al grado de cumplimiento de una moción previamente aprobada en el Parlamento, en la que se instaba a realizar un estudio para identificar con precisión las necesidades actuales en materia de dependencia en la comunidad autónoma.

Varios temas relacionados con la sanidad ocuparán también el debate parlamentario, según consignó Europa Press. Entre ellos, figuran el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio poblacional de referencia, las agresiones al personal sanitario, las demoras en la Atención Primaria y cuestiones relacionadas con infraestructuras de salud como el centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales. El PRC, en concreto, solicitará información sobre el contenido y los términos del convenio que permitiría a Cohorte Cantabria poner a disposición de una farmacéutica estadounidense los datos de 50.000 cántabros. Esta cuestión suscita interrogantes acerca de la protección de información personal y de los usos previstos para estos datos en investigaciones médicas o farmacológicas.

El PSOE, además, cuestionará al Ejecutivo respecto a los episodios de agresiones reportadas por el personal sanitario y pedirá información sobre los avances y planificación del centro de salud y hospital de Castro Urdiales, infraestructura clave para la atención en esa área geográfica. Vox, por su parte, formulará preguntas relativas al programa ZIUR, orientado a la prevención de conductas suicidas, y a la situación de las listas de espera en la Atención Primaria, un asunto recurrente de preocupación entre la población y los profesionales sanitarios.

Según informó Europa Press, la diferencia de posiciones entre los partidos políticos marcará el desarrollo de la sesión. Los debates reflejarán la diversidad de intereses y prioridades del arco parlamentario cántabro, desde la preocupación por el futuro industrial y las políticas de empleo, hasta los retos que plantea la sostenibilidad del sistema sanitario y la protección fiscal de los profesionales autónomos. Además, los representantes regionales abordarán el impacto local de acuerdos internacionales, especialmente en sectores económicos considerados estratégicos para la región, como la pesca y la producción agrícola.

El Pleno se configura así como un espacio para la confrontación y el contraste de propuestas ante las principales inquietudes sociales, laborales y económicas de Cantabria, detalló Europa Press. La jornada prevé exposiciones y debates sobre la sanidad pública, las relaciones comerciales, la fiscalidad y la gestión de servicios sociales, con la expectativa por parte de los distintos grupos de exponer sus posiciones, estrategias y medidas concretas ante cada uno de los retos en agenda.

Canadá y el bloque sudamericano del Mercosur avanzan hacia un acuerdo de libre comercio que podría firmarse a finales de año, con otra ronda de negociaciones prevista para el próximo mes en Brasilia, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Los funcionarios gubernamentales de Canadá, Argentina y Brasil declararon a Reuters que esperan que el acuerdo se cierre en 2026, y uno de ellos señaló que las conversaciones avanzaban a buen ritmo y podrían concluir antes de septiembre.

El funcionario del Gobierno argentino afirmó que se espera que el acuerdo se firme en septiembre u octubre, lo que supondría aproximadamente un año desde que se reanudaron formalmente las negociaciones.

Otro diplomático, destinado en Brasil, también declaró a Reuters que las negociaciones avanzan a una velocidad récord y muy bien, confirmando que los países probablemente llegarán a un acuerdo este año.

Se espera que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visite Brasil en el próximo trimestre, según esta fuente. Aunque ninguno de los dos gobiernos tiene previsto anunciar un acuerdo durante la visita, esta podría servir de impulso para cerrarlo lo antes posible, señaló la fuente.

La oficina del Mercosur en Montevideo y el Ministerio de Comercio de Canadá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Este renovado impulso llega tras meses de intercambios técnicos, después de que Canadá y el Mercosur acordaran el año pasado relanzar las conversaciones que llevaban estancadas desde 2021.

El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se espera que Bolivia se convierta en miembro de pleno derecho en 2028.

Canadá ha intensificado sus esfuerzos por diversificar el comercio en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Sudamérica, especialmente Brasil, es, según esta fuente, un socio comercial del que Canadá no puede prescindir.

Para el Mercosur, un importante exportador de carne de vacuno, soja y minerales, un acuerdo con Canadá ampliaría el acceso a los mercados desarrollados y ayudaría a atraer inversiones en sectores clave como la minería.

A principios de marzo, funcionarios comerciales de Ontario, una provincia fundamental para la economía de Canadá, visitaron Argentina y Uruguay como parte de los esfuerzos por sentar las bases de un futuro acuerdo y mostrar su apoyo al aumento del comercio bilateral.

El ministro de Desarrollo Económico, Creación de Empleo y Comercio de Ontario, Victor Fedeli, se reunió con representantes de los sectores tecnológico y minero durante el viaje, dando continuidad a una visita a Brasil a finales del año pasado.

Fedeli afirmó que Ontario estaba intensificando sus contactos con Sudamérica, en parte debido a lo que denominó el efecto de la ‘aceleración de Trump’, y señaló que aproximadamente el 80% del comercio de la provincia se realiza con Estados Unidos.

“Estamos aprovechando ese impulso”, declaró Fedeli en una entrevista con Reuters en Montevideo. “El Gobierno canadiense se toma muy en serio la diversificación fuera de Estados Unidos y está trabajando para abrir nuevas oportunidades de comercio, colaboración e inversión”, añadió.

Las conversaciones con Canadá se producen después de que el Mercosur firmara un acuerdo comercial con la Unión Europea en enero, tras 25 años de negociaciones.

A principios de este mes, la Comisión Europea anunció que los elementos comerciales clave del acuerdo, que ha resultado polémico en Europa, se aplicarán de forma provisional a partir del 1 de mayo.

La preocupación por el futuro de los ingredientes tradicionales empleados en las recetas españolas ha tomado relevancia en el debate público de Valladolid. Según detalló el medio, Irene Carvajal, portavoz de Vox y responsable de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, subrayó el riesgo que representa el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur para la producción local de alimentos fundamentales en la elaboración de dulces típicos, como las torrijas, especialmente consumidas durante la Cuaresma y la Semana Santa.

Tal como publicó la fuente, Carvajal recurrió a la red social X para difundir su inquietud, acompañando su mensaje con una imagen de una bandeja de torrijas, postre emblemático en la tradición culinaria española vinculado a celebraciones religiosas. Citando sus palabras, la portavoz afirmó: “Con leche, huevos, pan y azúcar de calidad, de nuestro campo, disfrutábamos de las torrijas. Estos productos y nuestra cocina tradicional están en peligro por Mercosur”. El acuerdo entre el bloque europeo y los países sudamericanos comprende la apertura comercial de productos agroalimentarios, lo que, según Carvajal, podría afectar tanto la disponibilidad como la calidad de los ingredientes locales.

El medio informó que Carvajal vinculó la situación con la conservación de costumbres y recetas transmitidas entre generaciones, indicando que “Semana Santa es época de tradiciones culinarias, heredadas de nuestras abuelas”. La representante municipal insistió en que la posible entrada masiva de productos procedentes de Sudamérica pondría en riesgo la posición de los productores nacionales, amenazando la continuidad de la agricultura y la ganadería locales de calidad.

De acuerdo con la publicación, la dirigente de Vox en Valladolid incluyó en su intervención el debate sobre el impacto económico y cultural de estos tratados internacionales, aludiendo a la necesidad de proteger tanto la labor de los agricultores de la zona como la permanencia de las tradiciones gastronómicas que caracterizan a las festividades religiosas. A criterio de Carvajal, los ingredientes como la leche, los huevos, el pan y el azúcar, todos provenientes del entorno rural español, resultan esenciales en la preservación del patrimonio culinario, por lo que ve en el pacto con Mercosur una amenaza directa.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha despertado distintas reacciones en el sector agrícola y ganadero de España. Según consignó la fuente, los términos del tratado abren las fronteras a importaciones de materias primas a precios potencialmente inferiores a los de producción nacional, generando preocupaciones sobre la capacidad de los productores españoles para competir en el nuevo escenario. La opinión expresada por Carvajal se une a la de otros sectores que abogan por la salvaguarda de la producción local y la autonomía alimentaria frente a la globalización de los mercados.

El centro de la argumentación presentada por la portavoz de Vox reside en la vinculación entre el acuerdo internacional y la identidad cultural local. Tal como informó el medio, la defensa de los ingredientes autóctonos no solo apunta a razones económicas, sino a la conservación de celebraciones y hábitos que forman parte del acervo común de la sociedad, en particular durante períodos como la Semana Santa. Carvajal ha difundido este mensaje en redes sociales coincidiendo con la proximidad de las festividades, en un intento de llamar la atención sobre las posibles consecuencias del pacto entre bloques.

De esta manera, la representante municipal de Vox ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de la producción alimentaria regional y su relación con las políticas de apertura internacional. El mensaje difundido en la red social X, reseñado por el medio, anuncia el riesgo que visualiza para los productos de calidad de la despensa española, aludiendo a la pérdida potencial de tradiciones y al impacto económico y social para los productores y consumidores locales frente a los cambios que podría traer la implantación definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

España busca ampliar la presencia de sus productos agroalimentarios en mercados de Asia y América Latina, según declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, previas a la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es'. En ese contexto, Planas se refirió al reciente pacto comercial alcanzado por la Comisión Europea con Mercosur, valorándolo como una "gran noticia" que favorecerá tanto al sector agroalimentario español como al resto de socios europeos. Según detalló el medio, la Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor provisional de este acuerdo a partir del 1 de mayo.

De acuerdo con la información publicada, Planas consideró que el pacto con Mercosur no solo trae consigo la expansión de mercados para la producción nacional, sino que facilita también el abastecimiento de materias primas esenciales, destacando el caso de la soja, vital para la alimentación del ganado. España, como importadora de este producto, se beneficiará de la condición exportadora que tienen los países miembros de Mercosur. El medio consignó adicionalmente que Planas mencionó otros acuerdos recientes suscritos con India e Indonesia, además de la actualización del pacto comercial con México. El ministro resaltó el potencial de estos mercados para la agroindustria española, enfocándose especialmente en el objetivo de posicionar productos españoles en regiones de alto crecimiento demográfico como India, país con 1.400 millones de habitantes y donde la presencia de productos alimentarios españoles es todavía limitada.

La apertura del congreso también contó con la participación del conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, así como del presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens. El medio reportó que durante el evento se aludió al contexto global como un periodo de transformaciones y oportunidades para el sector alimentario.

Planas detalló ante la prensa que la agroindustria enfrenta actualmente cuatro grandes retos: el geopolítico, referido a tensiones internacionales; el comercial, vinculado a la apertura de nuevos mercados; el climático, por los efectos de las altas temperaturas, disminución de lluvias y aumento de fenómenos extremos; y la digitalización, que incluye la incorporación de inteligencia artificial en la cadena de valor. El ministro abordó el potencial de la inteligencia artificial en el control de calidad, predicciones y análisis de datos en el sector. "Si, por desgracia, en estos momentos la IA está sirviendo para destruir y para matar, yo soy optimista y quiero pensar que también si está debidamente regulada podrá servir para el futuro de nuestra humanidad como ya está sirviendo en muchos sectores", expresó Planas según informó el medio.

El conseller Óscar Ordeig subrayó la necesidad de producir más alimentos con menos recursos, garantizando la oferta de productos saludables tanto en Catalunya, como en España y Europa. Ordeig se manifestó sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos, describiéndolas como una muestra de egoísmo y exclusión, y señaló la importancia de dialogar, cooperar y alcanzar acuerdos "con generosidad y con ambición de futuro". El medio relató que Ordeig también aludió al impacto de crisis sanitarias recientes en el sector agroalimentario y afirmó que la Generalitat y el Gobierno dedicarán los recursos necesarios para la defensa de la ganadería, el sector porcino, las exportaciones y la estructura alimentaria local.

En el marco de la cumbre, las autoridades repasaron los esfuerzos realizados para enfrentar el impacto de conflictos internacionales. Antes del inicio oficial del evento, Planas se refirió al paquete de 80 medidas que el Gobierno ha aprobado para mitigar los efectos de la guerra en Irán, calificándolo, según la cobertura del medio, como "el paquete más potente que a nivel de los 27 Estados miembro de la Unión Europea que se ha aprobado". El plan prevé movilizar 5.000 millones de euros e incluye ayudas para amortiguar el alza de precios de la gasolina y el gasóleo, más de 500 millones para la compra de fertilizantes, y líneas de financiación específicas para sectores agroalimentario y pesquero, a través de ICO, MAPA y SAECA.

Durante la inauguración, el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, valoró el carácter histórico de la edición, señalando que coincide con el quincuagésimo aniversario del evento y con un momento decisivo para el sector alimentario. Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona, consideró el escenario actual determinante para el futuro de la alimentación. Por su parte, José Luis Bonet, de la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio de España, defendió la colaboración entre sectores público y privado como un motor para el desarrollo, según puntualizó el medio.

Este cruce de perspectivas, recogidas en la cobertura del medio, muestra cómo la política comercial, la cooperación institucional y la incorporación de nuevas tecnologías representan algunos de los elementos estratégicos presentes en los desafíos y las iniciativas del sector agroalimentario español y europeo.

Argentina, Brasil y Uruguay enviaron ya la notificación final que les permite participar en la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur desde el 1 de mayo, de acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press. Según la misma fuente, sólo resta que Paraguay remita este requisito formal para cerrar el proceso del bloque sudamericano, aunque desde Bruselas se indica que ese trámite podría concretarse en breve.

Tal como informó Europa Press, la Unión Europea notificó este lunes a los países del Mercosur acerca de la utilización del instrumento de aplicación provisional para el Acuerdo interino de Comercio entre ambos bloques. De acuerdo con el procedimiento, la Comisión Europea —que actúa como interlocutor de los veintisiete Estados miembros en cuestiones de comercio— envió una “nota verbal” a Paraguay, país que ocupa actualmente la presidencia pro témpore de Mercosur, en la que comunica oficialmente este paso. El acuerdo, tras años de negociaciones, podrá activarse de manera interina mientras se completa el proceso de ratificación definitivo en las instituciones europeas.

El pacto de libre comercio se empezará a aplicar transitoriamente a partir del 1 de mayo únicamente en aquellos Estados que hayan completado no solo la ratificación del acuerdo sino también la notificación oficial a las autoridades competentes de la Unión Europea antes de que finalice marzo, puntualizó Europa Press. Según los servicios comunitarios europeos, los cuatro miembros originarios de Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— han finalizado los respectivos procesos internos de ratificación del acuerdo. Sin embargo, hasta el lunes sólo tres países habían cumplido con el trámite adicional de comunicar formalmente esta decisión a la Unión Europea, requisito imprescindible para la entrada en vigor provisional en sus territorios.

El proceso institucional en Europa continúa en paralelo y todavía requiere varios permisos para la adopción definitiva del acuerdo. Según detalló Europa Press, el pacto comercial —junto con el acuerdo de asociación y el componente político— solo entrará en vigencia plena una vez cumpla el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, este punto permanece en situación de indefinición, ya que la Eurocámara ha optado por impugnar la base jurídica del acuerdo presentando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que imposibilita que los eurodiputados voten sobre el tema hasta que el alto tribunal publique su dictamen.

El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, expresó su valoración sobre el avance del acuerdo a través de un comunicado reproducido por Europa Press. “Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave”, señaló el funcionario europeo, quien expresó su confianza en que el pacto “alcance su máximo potencial, fortaleciendo la economía europea y reforzando su posición en el comercio mundial, mientras (la UE) completa todos los procedimientos democráticos”.

Además de las complejidades legales e institucionales, el acuerdo deberá superar el escrutinio de las autoridades de cada país europeo, ya que la ratificación final exige que los veintisiete parlamentos nacionales completen sus procedimientos internos. De acuerdo con Europa Press, el avance del pacto se produce tras años de negociaciones, debates y revisiones, en un contexto marcado por reclamaciones políticas y objeciones jurídicas provenientes de diversos actores en el espacio europeo e internacional.

La decisión de activar la aplicación provisional responde a que tanto las instituciones comunitarias como los socios sudamericanos buscan que los beneficios del libre comercio y la asociación política se materialicen antes de la conclusión de los trámites jurídicos definitivos. De acuerdo con el comunicado de la Comisión Europea citado por Europa Press, la activación interina implicará la implementación inmediata de las disposiciones comerciales acordadas, siempre que el país sudamericano correspondiente haya cumplido con las obligaciones previas de ratificación y notificación.

El pacto UE-Mercosur, negociado después de varios años y sujeto a distintos aplazamientos, implica la creación de una de las mayores áreas de libre comercio a nivel global. Según Europa Press, la puesta en marcha provisional del acuerdo permitirá iniciar la apertura de los mercados, el establecimiento de nuevas reglas para el intercambio de bienes y servicios, y la consolidación de la cooperación política entre las dos regiones, con la expectativa de avanzar hacia la consolidación definitiva cuando los órganos europeos completen los trámites pendientes.

El presidente de la Unión Agraria de la Región de Murcia (UARM), Antonio Martínez, destacó la preocupación por la falta de relevo generacional en el sector agrario y el cierre sostenido de explotaciones en la comarca, subrayando que estas situaciones generan una incertidumbre creciente para la viabilidad futura de las actividades agrícolas y ganaderas. Según informó la UARM, la organización ha nacido para hacer frente a lo que considera “recortes” sistemáticos en la Política Agraria Común (PAC), las consecuencias adversas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como los persistentes problemas de acceso al regadío que afectan al campo murciano.

La formalización de la UARM tuvo lugar recientemente en Jumilla, y el medio oficial de la UARM detalló que la entidad busca posicionarse como una alternativa independiente dentro de la estructura nacional de Unión de Uniones. Según reportó el organismo, uno de los reclamos centrales pasa por la convocatoria de elecciones al campo, un ejercicio democrático que, según denunció la UARM, no se ha realizado en la Región de Murcia desde hace más de dos décadas. La agrupación sostiene que es prioritario que sean los propios agricultores y ganaderos murcianos quienes elijan a sus representantes.

Tal como publicó la UARM, la organización rechaza de manera explícita la reducción en las ayudas procedentes de fondos europeos y advierte sobre un riesgo inminente para la estabilidad del sector de frutas y hortalizas en caso de desaparecer la Intervención Sectorial. Según consigna el colectivo, este escenario amenaza especialmente al sector vitivinícola murciano, pues la región ha experimentado una disminución del 56% en la superficie cultivada de viñedo en los últimos 25 años. Las consecuencias directas de esta pérdida, de acuerdo a la agrupación, reflejan la precarización progresiva que vive el territorio rural murciano.

El medio oficial de la UARM informó también que la nueva plataforma exige una gestión justa de los recursos hídricos para los cultivos murcianos, reclamando políticas que eliminen la competencia entre regiones. Según puntualizó UARM, el sector hortofrutícola regional genera un volumen de negocio superior a los 37.000 millones de euros y depende de un acceso al agua suficiente y estable para su supervivencia. Esta realidad, según indica la agrupación, exige una respuesta institucional que priorice la sostenibilidad de la actividad agrícola.

Sobre el impacto internacional, la organización ha puesto el foco en el conflicto en Oriente Medio como un factor determinante en el encarecimiento de los insumos necesarios para el sector primario. Según trasladó UARM, existe una necesidad urgente de combatir la especulación en estos insumos. Para tal fin, la entidad, a través de la red Unión de Uniones, ha presentado propuestas directamente ante el Ministerio y los partidos políticos, solicitando medidas efectivas para mitigar el efecto de la subida de precios.

En cuanto a la representatividad del sector, UARM subrayó que su constitución responde a la carencia de espacios democráticos reales dentro del campo murciano, situación que —señaló la organización— se agrava por la ausencia de comicios para elegir a quienes defienden los intereses de agricultores y ganaderos. La agrupación reiteró que su objetivo principal consiste en “defender al campo murciano” desde una posición autónoma, reivindicando mecanismos de participación abiertos y transparentes para todos los implicados en el sector agroalimentario.

El comunicado difundido por la UARM recuerda que los retos a los que se enfrenta el sector murciano no sólo obedecen a decisiones administrativas en materia de ayudas y fondos, sino que se ven agravados por elementos externos como acuerdos comerciales internacionales, condiciones adversas para el riego y la gestión del agua, o los efectos globales de conflictos armados. Frente a este escenario, la organización aseguró que mantendrá activa su agenda de reivindicaciones y propuestas para procurar la continuidad y viabilidad de la agricultura y ganadería de la Región de Murcia.

En un escenario global incierto ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina e India impulsan la ampliación del acuerdo comercial vigente con el Mercosur, firmado en 2004, llevando de 450 a 3.000 la cantidad de productos con preferencias arancelarias.

Se trata de una oportunidad enorme en términos de exportaciones, considerando que el mercado indio reúne a más de 1.470 millones de personas y que el comercio bilateral ya se aproxima a los USD 7.000 millones anuales.

Durante la Cumbre Empresarial India Argentina, realizada en la Bolsa de Cereales, el embajador Ajaneesh Kumar remarcó la importancia de dicho pacto para dinamizar las relaciones económicas, a la vez que mencionó algunos puntos clave en los que hay que trabajar conjuntamente para potenciar la alianza estratégica entre ambos países.

En primer lugar, destacó la necesidad de expandir el acceso al mercado, lo que permitiría diversificar el comercio y fortalecer las cadenas de suministro. En la misma línea, el diplomático cree que es fundamental abordar las barreras no arancelarias para evitar obstáculos administrativos y normativos en el intercambio.

“También deberíamos garantizar que las medidas de defensa comercial, incluidas las acciones antidumping, se apliquen de forma transparente, previsible y justa, de modo que no se conviertan en barreras involuntarias”, señaló Kumar.

Al mismo tiempo, propuso avanzar en la agilización de los trámites de visado, a fin de promover los viajes y la actividad empresarial, e invitó a la creación de más espacios de diálogo, reuniones de negocios y eventos.

Por otro lado, en un marco de déficit de infraestructura, el embajador abrió la puerta a una mayor cooperación en este ámbito, al subrayar la vasta experiencia de la India en el desarrollo de obras y soluciones aplicadas a operaciones mineras, proyectos energéticos, puertos y maquinaria pesada, sectores especialmente relevantes para Argentina.

A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, resaltó: “La India se encamina a convertirse este año en la cuarta economía del mundo, superando a Japón, y las proyecciones indican que hacia 2030 dejará atrás a Alemania, para ubicarse como la tercera potencia global. Si se analiza la evolución del PBI dentro del G20, muestra en los últimos tres años el mayor dinamismo, con un promedio de crecimiento cercano al 7%”.

“Por eso, más que una política de Estado, debemos avanzar hacia una estrategia empresarial que entienda que apostar por este mercado es apostar por el futuro”, agregó.

Recordó que el 85% de las exportaciones locales a India corresponden a la industria aceitera, lo que implica que uno de cada dos aceites importados que llegaron a la mesa de las familias de ese país fue de origen argentino.

Idígoras enfatizó que un acuerdo comercial Mercosur- India más amplio elevaría significativamente las ventas de alimentos y las inversiones.

El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Fernando Brun, sostuvo que la Argentina se encuentra en un escenario internacional que obliga a replantear alianzas y a dejar de pensar solo en complementariedad, para avanzar hacia la integración de cadenas de valor.

Esto, dijo el diplomático, requiere negociaciones y una profundización de los acuerdos comerciales, ya sea a nivel bilateral o a través del Mercosur.

En ese camino, consideró que se presenta una oportunidad única con la India: pasar de un pacto limitado a uno mucho más ambicioso, que contemple no menos de 3.000 posiciones arancelarias.

Brun aludió a las actuales problemáticas para diversificar la oferta exportable, al solamente poder colocar dos nuevos productos por año en el mercado indio, dado los tiempos y complejidades existentes para su ingreso.

Contó que se mantienen conversaciones con las provincias para identificar aquellas economías regionales que requieren más apoyo, con la intención de incorporarlas a una eventual nueva canasta de preferencias arancelarias, que podría definirse este año. Ese enfoque estará contemplado asimismo en las negociaciones en marcha para rubricar nuevos acuerdos comerciales con Vietnam, Panamá y Japón.

En su discurso, Brun afirmó que “la transformación de la Argentina pasa por convertir sus recursos en motores del crecimiento. Para ello, se requieren pilares sólidos que abarcan la macroeconomía, las políticas regulatorias y la apertura de mercados, pero también la ejecución de proyectos logísticos vinculados a rutas, ferrocarriles, la hidrovía y los puertos. Esa es la agenda que el país tiene con la India”.

Por último, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestó: “El mundo atraviesa una reconfiguración profunda de sus cadenas de valor en energía, alimentos y tecnología; y los países que sepan anticiparse a ese proceso y construir alianzas serán los que lideren la próxima etapa. En este contexto, la India ha definido una estrategia clara para asegurarse minerales críticos fundamentales”.

Cabe mencionar que JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) firmaron en 2020 un Memorándum de Entendimiento que incluye la exploración y producción de minerales, así como el desarrollo científico y tecnológico en el sector.

En suma, el mandatario provincial señaló que mantiene contacto con otras empresas indias interesadas en concretar nuevos proyectos mineros en Jujuy, que, aparte de litio, produce cobre, plata, oro y zinc, y tiene un gran potencial en tierras raras.

En otro orden de cosas, Sadir anunció que están explorando la posibilidad de avanzar en acuerdos para la importación de medicamentos desde la India, “siguiendo las experiencias exitosas de otras provincias”.

“Es una alternativa que puede contribuir a mejorar el acceso y la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública, a través de la incorporación de insumos de calidad a costos competitivos”, apuntó.

Durante su intervención en la Conferencia Global Synergy 2026 en Bruselas, Alberto Núñez Feijóo subrayó que el problema principal del sector agrícola y ganadero europeo no se deriva del acuerdo con Mercosur, sino de desafíos internos ya presentes en la Unión Europea. El líder del Partido Popular explicó que, hasta el momento, el acuerdo de asociación con Mercosur aún no ha entrado en vigor, por lo que las preocupaciones actuales del sector no responden a la implementación de este tratado comercial. Presentó este argumento en el contexto de los debates sobre la aplicación de las salvaguardas de protección incluidas en el pacto, según informó Europa Press.

Feijóo instó a la Comisión Europea a responsabilizarse no solo de la firma de acuerdos internacionales, sino también de garantizar su estricto cumplimiento y el de las salvaguardas destinadas a proteger al sector primario europeo. Según Europa Press, el dirigente popular fue claro al señalar que “el contenido del tratado y las salvaguardas que hemos aprobado antes de que entre en vigor Mercosur, si se cumplen, los agricultores y los ganaderos europeos pueden estar tranquilos. Si no se cumplen, no. Pero eso ya es responsabilidad de la Comisión Europea”. El presidente del PP sostuvo que los agricultores y ganaderos europeos pueden confiar en la protección siempre que se haga una aplicación rigurosa de los mecanismos previstos para evitar desequilibrios en la competencia.

Durante su participación en la conferencia organizada por el Centro Wilfried Martens bajo el título ‘Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global’, Feijóo destacó que, desde la perspectiva del Partido Popular, los acuerdos comerciales son una herramienta necesaria para el futuro de Europa y su relación con el resto del mundo. Consideró que la apertura al mercado latinoamericano supone nuevas oportunidades que, si no son aprovechadas por la UE, quedarán en manos de actores como China. Según reportó Europa Press, Feijóo advirtió que la ausencia europea en este tipo de pactos podría facilitar la consolidación de otras potencias en esos mercados estratégicos.

La preocupación del sector primario respecto al acuerdo con Mercosur se ha incrementado tras las recientes protestas del campo, que exigen garantías para que los productos europeos puedan competir en condiciones justas con lo importado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El líder del PP reconoció que agricultores y ganaderos muestran reticencias porque han sufrido las consecuencias de acuerdos previos en materia de agricultura, ganadería y pesca, los cuales, según sus palabras, han generado perjuicios para el sector primario en beneficio de otros intereses.

Sin embargo, Feijóo matizó que Mercosur aún no ha comenzado a funcionar como tratado, por lo que descartó atribuirle la responsabilidad de las dificultades que enfrenta el campo europeo. “Comprendo estas dudas pero lo que no podemos es echarle la culpa a un acuerdo que no ha entrado en vigor”, sostuvo, según consignó Europa Press. Añadió que la Unión Europea está importando productos de Latinoamérica en volúmenes superiores a los previstos en Mercosur, y sin la aplicación de aranceles, lo cual agrava la situación existente.

El líder del PP añadió que, en gran medida, corresponde a la Comisión Europea la vigilancia y ejecución de los acuerdos para evitar que se repitan problemas observados en otros tratados anteriores, como el de Marruecos. Según publicó Europa Press, Feijóo afirmó que Bruselas ha desatendido su responsabilidad durante la inspección de pactos previos, por lo que exigió un mayor compromiso para hacer efectivas las previsiones de Mercosur una vez se ponga en marcha. Sostuvo que el texto actualizado del acuerdo cuenta con la experiencia acumulada de anteriores negociaciones y que la prioridad debe ser el cumplimiento efectivo de las normas establecidas.

Feijóo defendió el papel del Partido Popular como garante de los intereses de los agricultores, ganaderos y del conjunto del sector primario. Hizo hincapié en la importancia de mantener el apoyo electoral en áreas rurales y del campo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias electorales de descuidar las demandas de estos colectivos. “Después no nos quejemos en el resultado electoral”, afirmó, insistiendo en que abandonar a este sector es arriesgar su respaldo político.

Durante su intervención, el líder del PP mencionó la necesidad de asegurar condiciones equitativas en la producción y comercialización. Según destacó Europa Press, Feijóo remarcó que los productores europeos reclaman igualdad de condiciones, especialmente en materia de trazabilidad, controles higiénico-sanitarios e inspecciones. Subrayó que la competencia solo puede considerarse leal si los socios comerciales cumplen los mismos estándares que la UE exige a sus propios actores. “Uno de los valores que inspira a la Unión Europea es la competencia leal, no la competencia desleal”, remató.

En relación a los detractores del tratado, y en referencia implícita a Vox, Feijóo cuestionó qué resultados han obtenido aquellos que expresan su rechazo al pacto con Mercosur. Según textualmente recogió Europa Press, preguntó: “Entonces, todos los que están en contra de Mercosur, al final, ¿qué han conseguido?”. Añadió que fue el Partido Popular Europeo quien logró la inclusión de salvaguardas en el acuerdo y el compromiso de añadir 45.000 millones más a la política agraria común, calificando este avance como una respuesta concreta a las demandas del sector.

Respecto al contexto político, Feijóo planteó que la discusión en torno al acuerdo con Mercosur se inserta en un debate más amplio sobre la orientación de la política agraria y comercial de la UE, así como sobre la protección de los estándares y la viabilidad del sector. Señaló que las preocupaciones del campo europeo son legítimas a la luz de la experiencia pasada, pero insistió en enfocar la responsabilidad en la capacidad de Bruselas para hacer respetar los compromisos asumidos, resumiendo así su llamada a la vigilancia activa y efectiva del cumplimiento del acuerdo por parte de las autoridades comunitarias.

Europa Press recordó que, dentro de los materiales disponibles sobre estas declaraciones y la intervención de Feijóo en Bruselas, pueden consultarse imágenes y recursos audiovisuales a través de sus canales oficiales para seguimiento periodístico.

El presidente de la patronal del gran consumo en España, Ignacio González, expuso que entre 2023 y 2030 se prevé la jubilación de cinco millones de personas, de las cuales solo uno coma cinco millones serán reemplazadas, lo que provocará una brecha de tres coma cinco millones de trabajadores que requerirá una migración ordenada. Con este análisis demográfico, González abordó la urgencia de tomar medidas estructurales y situó la apertura de nuevos mercados internacionales como prioridad ante la actual incertidumbre global y el cierre o riesgo de cierre de destinos relevantes para las exportaciones, como Estados Unidos, según publicó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, durante su intervención en el foro 'El sector agroalimentario en España 20 años de transformación', organizado por Pascual y la propia agencia, González afirmó que la búsqueda de "mercados alternativos" es imprescindible, señalando en particular a Mercosur como una oportunidad estratégica. El presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) sostuvo que el contexto geopolítico global, afectado por el conflicto en Oriente Medio, exige diversificación de destinos para los productos españoles y la revisión a fondo de las barreras de acceso a mercados latinoamericanos, a la vez que pidió mejoras concretas para lograr la apertura efectiva de estos mercados.

El dirigente de Aecoc también reclamó un compromiso político decidido. Solicitó a los representantes de todas las formaciones políticas que prioricen la “preparación y altura de miras” y posterguen las disputas partidistas para articular un autodenominado “plan país” que atienda los retos comunes, más allá del sector específico, y represente los intereses sociales reales. Argumentó que los problemas que atraviesa el sector agroalimentario, como la disponibilidad de mercados y la transformación laboral, deben abordarse como desafíos nacionales.

La situación económica fue otro de los ejes del análisis de González, quien describió la diferencia entre la coyuntura macroeconómica favorable y la realidad de los hogares. El presidente de Aecoc indicó que, de acuerdo con los datos de enero, el gran consumo en España está experimentando un crecimiento del 4,5 por ciento. Además, explicó que la inversión nacional se mantiene en buen estado y que hasta hace poco la inflación se encontraba controlada. Reconoció que el desempleo estructural sigue siendo elevado en términos comparativos, aunque en uno de los mejores registros de la última década y media.

No obstante, González señaló que la renta disponible de las familias permanece estancada desde 2019, por lo que la situación económica en el plano micro presenta un panorama diferente al de las cifras macroeconómicas. Atribuyó parte de ello al aumento de la recaudación impositiva: mientras que en 2006 el Estado ingresaba 170.000 millones de euros por impuestos, en 2023 esa cifra llegó a 300.000 millones, casi el doble. Según expuso, este incremento en la presión fiscal podría explicar el escaso avance en los ingresos familiares.

Según difundió Europa Press, González expuso también los desafíos internos del sector en relación con el mercado laboral. El absentismo empresarial, según las estadísticas oficiales, se sitúa en el 7,5 por ciento, aunque desde su perspectiva la cifra se acerca más al 10 por ciento, mientras que en 2006 se encontraba en el 4,5 por ciento. Advirtió del alto coste que supone este fenómeno para la competitividad de las empresas y recalcó la vulnerabilidad que podría incrementar si no se implementan medidas para ordenar el relevo generacional y la atracción de nuevos perfiles laborales mediante la migración.

El presidente de Aecoc subrayó que el sector tiene un papel relevante en mejorar el poder adquisitivo de los consumidores, facilitando el acceso a los productos de gran consumo especialmente para personas de clase media y media-baja, con la meta de “democratizar” los productos. Pidió que la sostenibilidad se concilie con la competitividad, de manera que las nuevas exigencias regulatorias y ambientales no afecten la capacidad de las empresas para competir.

En la revisión de las tendencias demográficas y de cambio social, González apuntó que la sociedad española afronta un descenso de la natalidad, un aumento de hogares unipersonales y de menor tamaño, el envejecimiento poblacional y una creciente importancia de las personas mayores y los inmigrantes en el consumo. De acuerdo con Europa Press, estas transformaciones impulsan nuevas pautas de consumo y obligan al sector a adaptarse en el diseño y oferta de productos, así como en las estrategias de distribución y atención al cliente.

En su intervención, González abogó por intensificar el diálogo con las administraciones públicas y solicitó que el sector del gran consumo sea escuchado en la toma de decisiones, señalando el peso económico que representa y su conocimiento del comportamiento de los consumidores. “Queremos lo mejor para este país, con lo cual los fines son comunes, lo que tenemos es que trabajar juntos”, manifestó el presidente de Aecoc, según recogió Europa Press.

En suma, el portavoz de la patronal del gran consumo español enfatizó la importancia de anticiparse a los cambios del entorno internacional diversificando las exportaciones, gestionar el relevo generacional con políticas eficaces de migración ordenada y diseñar un marco político y fiscal orientado a aumentar la renta disponible y la competitividad de las empresas del sector.

Paraguay ejercerá su presidencia 'pro tempore' del Mercosur teniendo ya aprobada la ratificación interna al tratado de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea. Tal como publicó Europa Press, el Congreso paraguayo aprobó este martes el acuerdo, convirtiéndose en el último de los países miembros del Mercosur en completar el proceso legislativo necesario. Con esta decisión, el tratado ha obtenido la aprobación en todas las naciones que integran el bloque regional: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. El acuerdo persigue ampliar las oportunidades de comercio entre ambos mercados, en especial para productos paraguayos, aunque todavía requiere el visto bueno final de la Unión Europea para su entrada en vigor.

De acuerdo con Europa Press, la Cámara de Diputados del Parlamento paraguayo señaló en un comunicado que, luego de una ronda de argumentaciones, el proyecto de ratificación resultó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación formal. El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, calificó la aprobación como una apertura comercial hacia una población de más de 400 millones de personas en Europa, considerada la de mayor poder adquisitivo en el mundo. Por su parte, el propio comunicado del Poder Legislativo destacó que el acuerdo ofrece ventajas específicas para Paraguay, como cuotas de exportación exclusivas con arancel cero para ciertos productos, normas de origen adaptadas para facilitar el ingreso de exportaciones hacia el continente europeo, y períodos más extensos para ajustarse a regulaciones sanitarias.

El proceso de aprobación en Paraguay culmina la ratificación interna del tratado en el Mercosur, tras los votos favorables alcanzados previamente en los parlamentos de Uruguay, Argentina y Brasil. El medio Europa Press consignó que este martes también se conoció en Brasil la promulgación del decreto legislativo que ratifica el acuerdo, procedimiento que complementa la doble aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado brasileño a principios de este año. Una vez completadas estas etapas nacionales, el bloque avanza formalmente en la dirección pactada en Asunción el 17 de enero pasado, fecha en que se firmó el acuerdo final.

Según Europa Press, el Parlamento paraguayo puso énfasis en que la ratificación representa un "hito histórico" para América del Sur y Europa, anticipando una transformación en las relaciones comerciales. Para Paraguay, las condiciones específicas negociadas incluyen reglas de origen flexibles y plazos de adecuación extendidos, elementos que buscan incentivar la participación de productos locales y pequeñas y medianas empresas paraguayas en el mercado europeo. Estas disposiciones forman parte de un conjunto de compromisos asumidos en el texto del acuerdo, que contiene además esquemas graduales para la eliminación de obstáculos comerciales y el establecimiento de normas sanitarias compatibles para facilitar el flujo de bienes.

El siguiente paso en el proceso corresponde a la Unión Europea. El medio Europa Press reportó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó a finales de febrero el inicio de las gestiones para la aplicación provisional del tratado comercial. La Comisión lleva adelante el trámite requerido para la confirmación definitiva, que involucra tanto la revisión interna de los Estados miembros europeos como el aval del propio Parlamento Europeo.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido resultado de negociaciones multilaterales prolongadas durante años y, según detalló Europa Press, contempla la liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, así como la protección recíproca de inversiones y un marco para la cooperación técnica y regulatoria entre ambas regiones. Entre los productos favorecidos por las cuotas exclusivas y los aranceles reducidos se encuentran principalmente bienes de la agroindustria y otros sectores priorizados por los países sudamericanos.

Europa Press subrayó además que la entrada en vigencia del pacto podría implicar modificaciones importantes en las cadenas de exportación, logística y competitividad para los exportadores del Mercosur. Las reglas diferenciadas acordadas para Paraguay también reflejan intentos de equilibrar las diferencias de desarrollo económico dentro del propio bloque sudamericano, procurando que los beneficios del acuerdo alcancen por igual a todos los socios.

El Gobierno brasileño expresó mediante comunicado legislativo su proyección de que el acuerdo podría entrar en vigor durante este semestre, sujeto al avance de la ratificación europea. Por su parte, los legisladores paraguayos destacaron en declaraciones difundidas por Europa Press el impacto potencial del tratado en el acceso a nuevos mercados y la creación de oportunidades para sectores empresariales que tradicionalmente han tenido dificultades para ingresar al contexto europeo.

El texto aprobado establece cláusulas para salvaguardias comerciales y mecanismos de solución de diferencias, elementos que buscan garantizar la transparencia y estabilidad de la relación comercial bilateral. La integración regional sudamericana y el fortalecimiento de los lazos con Europa constituyen, según Europa Press, los objetivos de fondo que animan este proceso.

Europa Press también indicó que la aprobación paraguaya y la ratificación conjunta del Mercosur reavivan el debate en Europa acerca de los compromisos ambientales, laborales y regulatorios que acompañan la liberalización comercial con países extracomunitarios. Estos aspectos forman parte de las negociaciones internas que la Unión Europea llevará a cabo antes de la aplicación final del acuerdo, según consta en los comunicados oficiales citados por el medio.

En el contexto sudamericano, la culminación de la ratificación se produce bajo la presidencia 'pro tempore' de Paraguay, lo que confiere al gobierno de ese país un rol central en la coordinación diplomática y administrativa de los pasos siguientes. La expectativa de que las exportaciones paraguayas se beneficien con las cuotas arancelarias y las reglas de origen adaptadas es uno de los componentes estratégicos para el país, tal como detalló Europa Press.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyos términos generales incluyen un universo de más de 400 millones de consumidores europeos, representa una de las mayores zonas de libre comercio potenciales a nivel global. Tras la aprobación sudamericana, el foco se desplaza a Bruselas, donde la Unión Europea deberá dar el paso definitivo para la aplicación provisional y posterior entrada en vigor del tratado, procedimiento que podría culminar en unos meses si se cumple el cronograma previsto.

El Congreso de Brasil y la Cámara de Diputados de Paraguay aprobaron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, completando el proceso de ratificación por parte de los países fundadores del bloque sudamericano.

Con esta decisión, todas las naciones de Mercosur dieron el visto bueno, finalizando el proceso requerido dentro del bloque sudamericano.

Para que el acuerdo empiece a aplicarse provisionalmente, la UE y los países del Mercosur deben completar un procedimiento formal que incluye el intercambio de notas diplomáticas.

La decisión se adoptó tras sesiones parlamentarias en ambos países, donde legisladores y autoridades destacaron la rapidez y el alcance de un tratado considerado uno de los más relevantes para ambos continentes.

En el caso de Brasil, la promulgación se realizó durante una sesión solemne con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, junto al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

En tanto, Paraguay respaldó el acuerdo por unanimidad entre los 58 legisladores presentes, cerrando la última instancia parlamentaria requerida en el bloque sudamericano.

El proceso incluyó más de nueve horas de debate parlamentario, donde representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en la oportunidad que representa el acuerdo para ambas regiones.

Brasil y Paraguay se sumaron a la ratificación de países como Argentina y Uruguay. El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción tras casi 30 años de negociaciones, abarca un mercado conjunto de aproximadamente 718 millones de personas y un producto interior bruto combinado de USD 22 billones, según datos oficiales.

Con la aprobación, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente en mayo, siempre que el proceso europeo continúe según lo previsto.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea establece un área de libre comercio que integrará los mercados de Europa y Sudamérica bajo un marco común de reglas, reducción de aranceles y apertura de oportunidades para bienes y servicios.

El vicepresidente Geraldo Alckmin confirmó que el gobierno brasileño notificó a la Unión Europea sobre la promulgación, un paso necesario para la entrada en vigor provisional del pacto.

Varias de las disposiciones comerciales se aplicarán de inmediato, mientras que otras lo harán en etapas hasta su implementación definitiva.

Dos semanas antes, el Senado paraguayo había dado su aval y la promulgación ejecutiva quedó pendiente a la firma del presidente Santiago Peña.

Durante la sesión, el diputado Rodrigo Gamarra, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), subrayó la dimensión del mercado integrado tras la ratificación de los cuatro miembros fundadores.

El diputado Juanma Añazco lo definió como “el puente hacia la plena integración”, mientras que Alejandro Aguilera destacó el extenso trayecto de negociaciones y el significado histórico de su concreción.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 26 de febrero la disposición del bloque europeo para iniciar la implementación temporal del tratado.

Además, señaló que la aplicación provisional es un paso intermedio y recordó que la ratificación definitiva requiere la aprobación del Parlamento Europeo. El cuerpo legislativo europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, procedimiento que podría demorar varios meses.

(Con información de EFE)

Panamá y Argentina dieron un paso clave para profundizar su relación económica al acordar avanzar en los términos de referencia que permitirán iniciar conversaciones formales de un acuerdo comercial con el Mercosur, bloque al que Panamá se incorporó como Estado Asociado en 2025.

La decisión se produjo en el marco de la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas celebrada en Buenos Aires, donde ambas delegaciones coincidieron en que este proceso podría marcar un punto de inflexión en el intercambio bilateral.

La reunión fue encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y por el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Manuel Navarro.

El avance busca reducir barreras, facilitar el comercio y ampliar oportunidades para el sector privado panameño en el Cono Sur.

El interés de Panamá en este acercamiento responde a una estrategia más amplia de integración regional. La adhesión al Mercosur como Estado Asociado abrió la puerta a un mercado ampliado, donde Argentina representa un socio relevante por su tamaño y capacidad productiva.

El inicio de estas conversaciones técnicas permitirá definir las reglas del juego para un eventual acuerdo, incluyendo condiciones arancelarias, acceso a mercados y cooperación económica. Para Panamá, esto implica diversificar destinos de exportación y fortalecer su posición como plataforma logística regional.

Los datos recientes reflejan un movimiento todavía limitado, pero con señales de crecimiento. Entre enero de 2025 y enero de 2026, las exportaciones panameñas hacia Argentina crecieron 51.1% en términos mensuales comparativos, pasando de $31,300 a $47,300. A pesar de este incremento, el intercambio comercial sigue siendo deficitario para Panamá, ya que las importaciones desde Argentina superan los $13 millones mensuales, impulsadas principalmente por camiones, aceite de soja y medicamentos.

El reto, por tanto, no solo es crecer, sino equilibrar la balanza comercial en el mediano plazo.

En cuanto a la oferta exportable, Panamá mantiene una canasta relativamente concentrada. Los poliacetales se posicionan como el principal producto de exportación hacia Argentina, con valores cercanos a los $40,800 a inicios de 2026.

A esto se suman productos químicos y técnicos, así como bienes tradicionales como cacao y tabaco, identificados como oportunidades por el Ministerio de Comercio e Industrias.

La eventual negociación con el Mercosur podría ampliar esta base exportadora, siempre que se logre mejorar la competitividad y el acceso a ese mercado.

Más allá del componente comercial, la reunión bilateral permitió avanzar en otros frentes de cooperación. En materia de seguridad, ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación frente a amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, promoviendo además el intercambio de inteligencia y formación policial.

Este eje refleja una agenda compartida que va más allá del comercio, incorporando desafíos regionales que requieren respuestas conjuntas.

En el ámbito científico y tecnológico, Argentina presentó sus capacidades en áreas como el desarrollo nuclear aplicado a la salud y la producción de radioisótopos.

Panamá manifestó interés en aprovechar estas experiencias para fortalecer su hub farmacéutico, en línea con su estrategia de convertirse en un centro regional de innovación y servicios de salud.

Este tipo de cooperación apunta a transferir conocimiento y generar valor agregado, más allá de los intercambios comerciales tradicionales.

El sector agropecuario también formó parte de la agenda. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de reactivar la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, con el objetivo de impulsar la modernización del campo, la transferencia tecnológica y el aumento de la productividad.

Argentina, con amplia experiencia en producción agrícola, se perfila como un aliado clave para Panamá en este proceso, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria cobra mayor relevancia.

Otro de los puntos abordados fue la seguridad marítima y la gestión de los recursos oceánicos. Se propuso avanzar en un mecanismo bilateral de diálogo sobre políticas oceánicas, enfocado en la lucha contra la pesca ilegal, el monitoreo satelital de flotas y el intercambio de información.

Este componente resulta estratégico para Panamá, considerando su posición geográfica y su rol como país marítimo y logístico.

En materia humanitaria, ambas naciones exploraron oportunidades de colaboración con el programa argentino Cascos Blancos. El enfoque incluye asistencia ante emergencias, gestión de riesgos y capacitación técnica, destacando el papel del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá.

Esta plataforma ha ganado relevancia en la región como punto de respuesta ante desastres, lo que abre nuevas posibilidades de cooperación operativa.

El avance hacia un eventual acuerdo con el Mercosur se da en un contexto en el que Panamá busca consolidar su papel como hub regional. En 2025, el país cerró con exportaciones de bienes por $980.1 millones, con un crecimiento interanual de 1.6%, reflejando un desempeño moderado en el comercio global.

La apuesta por acuerdos como el que se negocia con el bloque sur busca precisamente dinamizar ese crecimiento, ampliando mercados y fortaleciendo la inserción internacional de la economía panameña.

El debate sobre la gestión y el funcionamiento del Patronato de Recaudación Provincial, afectado por cambios en su programa informático desde 2024 y cuyas incidencias persisten, se entrelaza con la discusión urgente sobre el impacto del acuerdo comercial con Mercosur en el sector agroalimentario andaluz. En este contexto, el pleno de la Diputación de Málaga, previsto para este miércoles, centra su atención en iniciativas de los principales grupos políticos que buscan exigir soluciones ante retrasos en obras de infraestructura ferroviaria, el colapso de la recaudación provincial y el riesgo para la agricultura local. Según ha publicado la agencia Europa Press, las propuestas abordan simultáneamente los problemas derivados de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, las dificultades técnicas y organizativas del sistema recaudatorio y la oposición al tratado con Mercosur.

De acuerdo con la información detallada por Europa Press, la moción urgente del Partido Popular se focaliza en los efectos económicos negativos causados por la paralización de la conexión directa del AVE. Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación y portavoz provincial de este grupo, argumenta que la demora en la reanudación del servicio genera “grave preocupación en los sectores estratégicos de la economía provincial”, en especial en el ámbito turístico. Ortega señala que las labores para restablecer la línea “no responden al ritmo que necesita la provincia” y sostiene que las previsiones hechas públicas por el presidente de Adif establecen que, hasta finales de abril, no se retomará la circulación de trenes, con una normalización total prevista solo hacia finales de año.

En su intervención, Ortega indica que la situación implica consecuencias económicas relevantes en uno de los periodos de mayor actividad turística para Málaga. El portavoz sostiene que estos retrasos constituyen un impacto directo sobre la economía y el desarrollo regional. Según publicó Europa Press, la moción del PP insta al Ejecutivo central a implementar “todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa entre Málaga y Madrid con todas las garantías de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores”. La iniciativa pide además que el Gobierno informe de manera periódica y transparente sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos, así como sobre un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria y refuerzo para el mantenimiento adecuado de las vías.

Por su parte, Antonio Luna, portavoz provincial de Vox, incide en la necesidad de que el Gobierno central adopte “medidas urgentes de compensación” para los sectores económicos perjudicados por la interrupción de la línea de alta velocidad. Luna enumera los daños sufridos en términos de empleo y actividad económica, asegurando que la situación ocasiona pérdidas superiores a 1.300 millones de euros, la destrucción de más de 1.300 puestos de trabajo y dificultades para otras tantas familias durante la Semana Santa. Acusa a las autoridades de negligencia y exige la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Vox reclama también compensaciones inmediatas y beneficios fiscales para las empresas y trabajadores afectados.

En relación con el Patronato de Recaudación Provincial, la moción urgente del PSOE, expuesta por el diputado Miguel Espinosa, aborda lo que califica como una “situación de caos organizativo” derivada de la implantación de un nuevo sistema informático a inicios de 2024. Según reportó Europa Press, Espinosa subraya que el problema persiste dos años después y afecta la reputación y el rendimiento del Patronato. El grupo socialista solicita a la presidenta del Patronato y al equipo de gobierno de la Diputación que informen con urgencia a los ayuntamientos sobre la naturaleza de las incidencias, las soluciones implementadas y el calendario previsto para normalizar el servicio. Además, el PSOE cuestiona la externalización de parte del servicio y demanda acelerar las acciones correctivas.

La defensa del sector agroalimentario frente al acuerdo comercial con Mercosur figura como otro de los puntos centrales. Según explicó el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, la moción urgente de su grupo considera que este tratado supone una amenaza directa para el sector primario andaluz y los principios democráticos comunitarios. Márquez señala que la entrada en vigor provisional del acuerdo sin que exista un pronunciamiento del Tribunal ni ratificación de la Eurocámara haría a los productores locales competir en condiciones desiguales. Por ello, entre las demandas de su grupo se incluyen la ratificación de la oposición al acuerdo, el impulso de una política agraria común con límites máximos que amparen pequeños y medianos productores, y el rechazo a actuaciones que puedan acelerar la despoblación rural. Conforme lo publicó Europa Press, Márquez puntualiza que “defender el campo es defender a Málaga, su economía y su futuro”.

El bloque popular también plantea la instauración de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en línea con la directiva de la Unión Europea 2020/285. Según informó el diputado Luis Rodríguez, la medida busca reducir la carga administrativa y fiscal para autónomos y pequeños negocios. Rodríguez aclara que esta iniciativa no representa una irregularidad fiscal sino el cumplimiento de una obligación comunitaria que evitaría comparaciones desfavorables con otros países de la Unión. La moción pide al Gobierno que ejecute este régimen mediante procedimientos ágiles y claros para los contribuyentes afectados.

Por otro lado, la diputada del PSOE, Toñi García, ha presentado una moción referida al proyecto “La Joya H2”, destinado a la zona sur del Torcal de Antequera. Este proyecto se rechaza por considerárselo incompatible con la protección ambiental, patrimonial e hídrica del entorno. García sostiene la necesidad de que la transición energética se realice de modo planificado, compatible con la preservación del patrimonio natural y cultural, conforme indicó Europa Press.

Dentro de las iniciativas presentadas por Vox en el pleno, destaca otra moción destinada a prohibir el acceso con el rostro cubierto a todos los edificios e instalaciones de la Diputación de Málaga. Según la justificación del grupo, esta medida busca establecer una norma general para garantizar la seguridad en estos espacios.

El pleno de la Diputación, según consignó Europa Press, abordará así una agenda marcada por la urgencia de resolver tres problemas interrelacionados: el restablecimiento de la conexión de alta velocidad con Madrid, la solución al contexto de desajustes en el Patronato de Recaudación y medidas de protección para la agricultura local ante tratados internacionales, además de cuestiones relativas a la presión fiscal sobre autónomos y la gestión de proyectos energéticos y de seguridad en instalaciones públicas.

Los presidentes de Brasil y Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Rodrigo Paz, acordaron este lunes estrechar las relaciones económicas de ambos países dejando al margen las diferencias ideológicas, en la primera visita oficial a Brasilia del gobernante del país andino.

Los mandatarios de los dos países suramericanos firmaron dos acuerdos económicos, en áreas como interconexión eléctrica y turismo, y otro centrado en la cooperación contra el crimen organizado transfronterizo.

Tanto Lula, de tendencia progresista, como Paz, de centroderecha, coincidieron en que la integración regional debe centrarse en los intereses económicos y no políticos.

“La política de ideología no da de comer. Lo que da alimentos es producir y crecer”, dijo Paz, invitando al país vecino a colaborar con Bolivia para impulsar su desarrollo económico.

En la misma línea, Lula recalcó que la integración regional “no es proyecto ideológico, sino una necesidad histórica” y subrayó que ningún país que se mantenga aislado prosperará en un mundo “cada vez más competitivo”.

En ese contexto, celebró la adhesión de Bolivia al Mercosur, proceso que aún no ha concluido, como un “paso histórico” con el que el bloque comercial se “fortalece” y expande sus fronteras más allá del Cono Sur.

Integración eléctrica y en turismo

El acuerdo económico más importante firmado en la visita prevé la conexión eléctrica entre las regiones de Santa Cruz, en Bolivia, y Mato Grosso do Sul, en Brasil, por medio de la construcción de una línea de transmisión de 500 kilovatios.

Esa línea permitirá tanto a Brasil como a Bolivia la venta de excedentes de producción eléctrica al país vecino, con una capacidad aproximada de 420 megavatios.

Un segundo acuerdo prevé la colaboración de ambos Gobiernos para impulsar el flujo de turistas entre los dos países, para llevar a los brasileños a la Copacabana boliviana, a orillas del lago Titicaca, y a los bolivianos a la playa de Copacabana en Río de Janeiro, según expresaron ambos presidentes.

Entre otros puntos, ese memorando impulsará la cooperación entre Brasil y Bolivia en programas de formación, en el intercambio de expertos, buenas prácticas y asistencia técnica en turismo.

También en materia económica, Lula y Paz conversaron sobre las obras en curso para mejorar la integración por carretera entre ambos países, proyectos con miras a ofrecer a Brasil de una salida al océano Pacífico, así como para incrementar los flujos de comercio bilaterales.

Paz hizo hincapié en este proyecto y aseguró que su país tiene capacidad de servir como una “conexión bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Colaboración contra el crimen

Al margen de la economía, se firmó un acuerdo que prevé el estrechamiento de la cooperación para el combate al crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas, delitos cibernéticos y ambientales.

La cooperación abarca el intercambio de información e inteligencia en el combate a las bandas y la colaboración policial para detener a sospechosos.

El acuerdo toma mayor relevancia en momentos en los que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las mayores bandas narcotraficantes de Brasil, están en pleno crecimiento y en expansión en Suramérica.

Paz concluirá su visita a Brasil este martes en São Paulo, la mayor ciudad del país, donde presidirá un foro empresarial en la sede de la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), en el que participarán al menos 80 representantes de compañías bolivianas.

(Con información de EFE)

Durante la última edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana, la diversificación de productos derivados de la miel ha captado la atención tanto del público como de los participantes. Según reportó Europa Press, el sector apícola de La Alcarria ha optado por innovar con nuevos formatos y productos, como cremas, licores, cosméticos y otros derivados, ante la presión de factores externos como los acuerdos comerciales internacionales y las tensiones geopolíticas que afectan la economía rural española.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, expuso a Europa Press que la celebración de la feria, en su edición número 45, representa un motivo de esperanza y una plataforma esencial para un sector sometido a incertidumbre. Marco subrayó que, más allá de expositores, la feria incluyó decenas de actividades paralelas, resultado del esfuerzo colectivo por proteger y revitalizar la apicultura local. Entre los desafíos enumerados por el dirigente figura el acuerdo con Mercosur, el cual, según sus palabras, “va a afectar bastante a la apicultura” porque permite la entrada de productores potentes de miel, como Brasil, capaces de competir a gran escala y con precios ajustados. Marco indicó que la situación se agrava con el aumento en los costes del gasóleo, recordando que “no tenemos las colmenas en la puerta de casa”, lo que incrementa la presión sobre los productores.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, los asistentes a la feria han evidenciado la capacidad del sector para reinventarse ante la coyuntura adversa. Productores como Javier Ramiro, de Apícola Alcarreña, presentaron miel en crema, logrando una textura untable mediante un proceso natural de cristalización, producto que suscitó interés entre los visitantes del evento. Por su parte, Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, exhibió licores de miel tales como vermú, así como cerveza, hidromiel, vinagres y la novedad de queso infusionado con miel. Iván Moreno, de Mielería Alcarreña, comercializó tanto miel como caramelos y cremas cosméticas, afirmando que “se puede aprovechar todo lo que da la abeja”.

La diversificación también se reflejó en la oferta de Alcarria Natura, donde Deisy Marías ofreció desde licores hasta productos de higiene y cosmética, incluyendo chocolate elaborado con miel de lavanda. Este abanico de propuestas aspira a fortalecer la resistencia del sector frente a la competencia exterior y la volatilidad comercial.

El evento ha generado un flujo continuo de visitantes desde el viernes hasta el domingo, según explicó el concejal de Turismo, Daniel Cano, a Europa Press. Cano resaltó que la feria ha aportado beneficios tangibles más allá del ámbito apícola, ya que la hostelería, el comercio local y la imagen de Pastrana experimentaron un impulso durante el desarrollo de la feria. El edil detalló que la edición actual se desarrolló en el Palacio Ducal de Covarrubias debido a la rehabilitación del Convento de San Francisco, el cual en el futuro albergará el Museo de la Miel, circunstancia que se espera incremente el atractivo y la relevancia del evento en años próximos.

El cambio de sede, según informó el Ayuntamiento de Pastrana, ha supuesto la adaptación del formato expositivo, lo que se tradujo en una organización centralizada de actividades, ponencias y exposición en un solo espacio. Esta reestructuración, según la directora de la Feria, Raquel Isidro, ha reforzado el ambiente del certamen e intensificado la experiencia para visitantes y expositores.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, enfatizó durante la feria la importancia del evento como referencia en el panorama internacional y recalcó que la cita ha fomentado el diálogo sobre temas cercanos a la miel, la biodiversidad, la ciencia y el futuro del ámbito rural. Largo puso en valor el trabajo conjunto de expositores, investigadores, organización y trabajadores municipales, remarcando que la Feria Apícola ilustra la capacidad del mundo rural para desarrollar oportunidades sobre la base del conocimiento y el esfuerzo colectivo.

La organización destacó el carácter dinámico que ha adquirido la edición reciente, que se consolidó como una de las más activas de los últimos años según las valoraciones de los participantes. Tanto expositores como el público han transmitido a los organizadores su satisfacción por el nuevo escenario del certamen y su efecto en la experiencia general de la feria. Europa Press puntualizó que este tipo de encuentros reactiva no solo la industria apícola, sino también el tejido económico y social de Pastrana y su entorno, en un contexto en el que las amenazas internacionales y el alza de costes obligan al sector a buscar alternativas innovadoras para sostener su actividad y garantizar su futuro.

La reciente edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana ha tenido lugar en el Palacio Ducal de Covarrubias, ocupando este espacio de forma excepcional por las obras de rehabilitación en el Convento de San Francisco, que se convertirá en el futuro Museo de la Miel. Según consignó Europa Press, la feria en su 45 edición ha evidenciado la capacidad de adaptación del sector apícola ante desafíos globales, mostrándose como un punto de encuentro en el que la miel de La Alcarria ha diversificado sus productos y ha respondido con innovación a los retos del acuerdo con Mercosur y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El contexto internacional plantea riesgos considerables para los apicultores españoles. El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, explicó a Europa Press que la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur supone una amenaza directa, ya que permite la importación de miel de países con alta capacidad productiva, como Brasil. Marco alertó de una posible afectación seria al sector, tanto por la competencia de productores latinoamericanos como por otros factores como el aumento del precio del gasoil, lo que incrementa los costes de operación en explotaciones alejadas de los núcleos urbanos. Marco señaló ante Europa Press la importancia de la feria de Pastrana y la necesidad de mantener este tipo de eventos en el entorno rural, subrayando el esfuerzo colectivo que implica su organización y destacando la trayectoria y el compromiso histórico con el sector apícola.

Según detalló Europa Press, los productores participantes presentaron este año una amplia variedad de propuestas. Javier Ramiro, representante de Apícola Alcarreña, mostró una miel en crema cristalizada, cuyo formato untable ha recibido una elevada demanda durante la feria. Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, llevó al evento licores derivados de la miel, además de innovaciones como vermú, cerveza, hidromiel, vinagres y queso a la miel. Desde Mielería Alcarreña, Iván Moreno puso en el centro de su oferta caramelos y productos cosméticos fabricados con subproductos de la colmena. Alcarria Natura, a cargo de Deisy Marías, ofreció múltiples alternativas realizadas con miel de lavanda, desde licores hasta productos de higiene personal, pasando por chocolates.

El evento, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, registró un flujo constante de asistentes desde el viernes, con picos de participación durante el fin de semana. El concejal de Turismo de Pastrana, Daniel Cano, remarcó el impacto de la feria sobre la economía local, al generar actividades y consumo tanto en establecimientos del municipio como en su entorno. Cano valoró que la afluencia no solo benefició al sector apícola, sino también al turismo, la hostelería, el comercio y la proyección externa de Pastrana.

El cambio de sede a Palacio Ducal, motivado por los trabajos en el Convento de San Francisco, implicó una adaptación en el modelo de exposición del certamen. Según publicó Europa Press, el nuevo espacio concentró la totalidad de actividades, presentaciones y expositores en un solo enclave, lo que permitió reforzar el ambiente y la experiencia de los visitantes, tanto para el público general como para los productores y profesionales.

Carlos Largo, alcalde de Pastrana, señaló el papel de la cita como referente internacional, permitiendo la discusión no solo sobre la colmena, sino también sobre agricultura, biodiversidad y perspectivas para las zonas rurales. Largo agradeció la implicación de todos los actores participantes, desde expositores e investigadores hasta el personal municipal y los profesionales del sector hostelero, expresando que la feria evidencia el potencial innovador y la capacidad de generar oportunidades en el mundo rural.

Por su parte, la directora de la feria, Raquel Isidro, valoró positivamente la respuesta tanto de asistentes como de productores ante los cambios de esta edición. Destacó ante Europa Press que la concentración de celebraciones y zonas expositivas dentro del Palacio Ducal contribuyó a reforzar la cohesión e intensidad del evento, consolidando esta convocatoria como una de las más activas de los últimos años.

La edición de 2026 proyecta un regreso al Convento de San Francisco, convertido ya en Museo de la Miel, involucrando así un nuevo atractivo cultural y turístico para futuras convocatorias. Según dieron a conocer las autoridades a Europa Press, se espera que esta nueva infraestructura favorezca la consolidación de la feria como un referente aún mayor tanto para la economía local como para la proyección internacional del sector apícola.

El ambiente vivido durante la cita y las iniciativas presentadas por los fabricantes revelan la transformación de la apicultura regional frente a los desafíos del mercado global, en tanto que el efecto dinamizador de la feria en la economía rural ha quedado patente a través de la participación de visitantes, emprendedores y actores turísticos y comerciales del municipio, como reportó Europa Press.

El desarrollo de una iniciativa para la doble nacionalidad entre Colombia y Venezuela figura como uno de los puntos destacados de la nueva agenda bilateral. El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó que este mecanismo permitiría que ciudadanos de ambos países accedan a plenos derechos en cada territorio, sobre la base del reconocimiento de que la zona fronteriza pertenece a sus habitantes y es clave para fortalecer la integración. A partir de este planteamiento, el mandatario vinculó la propuesta con el proceso de acercamiento regional y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.

Según informó Caracol Radio y otros medios regionales, después de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Gustavo Petro anunció que tanto Colombia como Venezuela presentarán oficialmente su solicitud para integrarse al Mercosur como miembros plenos. Petro declaró a través de sus redes sociales que pedirán “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur”. Esta decisión proviene de la llamada “supremamente exitosa reunión binacional” que se realizó recientemente entre delegaciones de ambos países.

Tal como publicó Caracol Radio, durante el encuentro de alto nivel se definieron compromisos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza. Autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe. En la agenda inmediata figura una reunión específica de la zona binacional, programada para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, Venezuela, donde se abordarán asuntos energéticos y otros temas de la agenda bilateral.

La ministra colombiana de Exteriores, Rosalía Landa Villavicencio, resaltó que el acercamiento entre los dos gobiernos confirma un espíritu de integración y promoción de la paz en la región. “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, aseguró la funcionaria, quien también mencionó que los avances buscan facilitar la libre circulación y el desarrollo de proyectos económicos y sociales conjuntos.

Colaboración entre Venezuela y Colombia en la zona de frontera

El encuentro celebrado en Caracas permitió a los equipos de seguridad y defensa de ambos países diseñar dos líneas estratégicas de acción, según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, a través de sus cuentas en redes sociales. La primera consiste en el intercambio permanente de información sobre amenazas en la zona de frontera. La segunda estrategia se basa en la coordinación de “operaciones espejo” dirigidas a desmontar el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales asociadas a estos delitos.

Pedro Sánchez escribió que “la criminalidad transnacional utiliza las fronteras como corredores para el narcotráfico y otras economías ilícitas, por lo que la cooperación entre Estados es clave para cerrarle esos espacios”. El ministro insistió en que durante la reunión, los representantes de ambos países acordaron que “la amenaza no son las naciones, sino el crimen organizado transnacional”, que afecta la vida y el bienestar de las comunidades fronterizas. Sánchez sentenció: “El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancia con los cárteles del narcotráfico y la violencia”.

El presidente Petro hizo alusión a que este nuevo marco de cooperación binacional se traducirá en una “actividad coordinada íntegramente” orientada a expulsar a los grupos armados y organizaciones delictivas de la frontera, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo en la zona. Según consignó Caracol Radio, el presidente colombiano afirmó que la región fronteriza representa uno de los pilares centrales para la integración real de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

Este proceso de acercamiento bilateral ocurre después de la cancelación de un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que se iba a realizar originalmente en la frontera común el viernes pasado. No obstante, el diálogo siguió a nivel de delegaciones y permitió la suscripción de nuevos compromisos en materia de integración, seguridad y derechos ciudadanos.

Las solicitudes de ingreso pleno al Mercosur por parte de Colombia y Venezuela se presentan en un escenario de reactivación de las relaciones bilaterales, con un enfoque en la integración regional y el desarrollo conjunto de políticas de seguridad y economía. Las autoridades de ambos países han enfatizado que la mayor colaboración ayudará a abordar los desafíos fronterizos, potenciar la cooperación militar y avanzar en mecanismos que faciliten proyectos sociales y económicos para las poblaciones de la región.

Representantes de alto nivel del sector agroalimentario latinoamericano y español se reunirán en Barcelona los días 23 y 24 de marzo para analizar las repercusiones del acuerdo reciente entre la Unión Europea y Mercosur. El encuentro, convocado por la Fundación Dieta Mediterránea y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, se enmarca en la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona, tal como detalla la organización en un comunicado divulgado este viernes. Según informó la organización, la cumbre se desarrollará dentro de las actividades del salón Alimentaria 2026, que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El medio organizador precisó que la mesa redonda contará con la participación de ministros y altos funcionarios de los sectores agrícola y ganadero de varios países latinoamericanos. Entre los confirmados figuran Carlos Alcibiades Giménez, titular de Agricultura y Ganadería de Paraguay; Martha Viviana Carvajalino, a cargo de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia; Felipe César Meza Millán, ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú; Matías Carámbula, viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay; y Dora Solís, quien se desempeña como viceministra de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Ministerio de Agricultura de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, la cumbre brindará un espacio de diálogo destinado a que los representantes institucionales de América Latina y España examinen con detalle las consecuencias del reciente tratado firmado entre la Unión Europea y Mercosur. El principal eje de discusión girará en torno a las implicaciones para el sector agroalimentario, con atención especial a los desafíos y oportunidades que el acuerdo plantea para los países involucrados en términos de producción, exportación y regulaciones sanitarias.

La apertura de la cumbre estará a cargo del ministro español de Agricultura, Luis Planas. Según publicó la organización del evento, en la sesión inaugural también participarán Òscar Ordeig, presidente del conseller de Agricultura de la Generalitat; José Luis Bonet, presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España; Pau Relat, al frente de la presidencia de Fira de Barcelona; Antoni Llorenç, presidente de Alimentaria; y Raquel Gil, ocupando el cargo de quinta teniente de alcaldía de Barcelona.

El programa contemplado para la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona prevé debates centrados en aspectos normativos, económicos y comerciales que derivan del tratado recién suscrito, según consignó la organización. Las sesiones buscarán crear un espacio de evaluación técnica y política, en el que los países latinoamericanos y España puedan compartir inquietudes y estrategias ante el nuevo marco regulatorio generado por el acuerdo entre la UE y Mercosur.

El evento se perfila como una plataforma para intercambiar experiencias y coordinar acciones entre los responsables del sector agrícola de distintas naciones, según resaltó la Fundación Dieta Mediterránea en el anuncio oficial. De acuerdo con la información publicada por la organización, la cumbre espera facilitar el diálogo constructivo sobre las particularidades del comercio agroalimentario entre América Latina y Europa, incidiendo especialmente en la creación de nuevos escenarios para la cooperación y la adaptación a los estándares europeos.

La cita, que coincide con el desarrollo de la feria Alimentaria 2026, reunirá a autoridades gubernamentales y representantes institucionales vinculados a la agricultura y la alimentación, de acuerdo con el comunicado. El evento suma de este modo un enfoque transversal, integrando tanto a los productores latinoamericanos como a los actores clave del sector en España y la Unión Europea, en un contexto definido por la reciente actualización de las relaciones comerciales bilaterales.

Juan Bravo, representante del Partido Popular y vicesecretario de Economía, planteó la necesidad de activar alternativas para el abastecimiento de petróleo en un contexto internacional marcado por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán. Bravo destacó en un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) que la economía española enfrenta dificultades añadidas por el incremento en los precios de los combustibles, situación que, según sus palabras, “ha supuesto un coste extra de más de 3.000 millones de euros desde el inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, ocurrido el sábado 28 de febrero”, tal como consignó la fuente original.

De acuerdo con lo informado por el medio, Bravo subrayó que “no hace falta ni siquiera ir a Rusia” para suplir las necesidades energéticas, considerando que España podría explorar otras rutas como la venezolana, según el dirigente, porque “además están empresas españolas en ese país”. El representante económico del PP explicó que corresponde a los técnicos decidir cuál es la mejor vía ante el riesgo de desabastecimiento, aunque remarcó que es urgente preparar un “plan B y plan C” ante eventuales agravantes del conflicto en Oriente Medio.

Según publicó la fuente, Bravo recordó la reciente decisión de 32 países de liberar sus reservas de petróleo ante la emergencia, precisando que en el caso español esas existencias garantizarían el suministro durante 90 días. Utilizó ese marco temporal para pedir que no se demoren las decisiones estratégicas hasta el último momento; su recomendación fue concreta: “no esperar al día 89 para pensar qué hacer”, insistió el vicesecretario económico del Partido Popular.

En este contexto, el dirigente pidió actuar antes de que las circunstancias impidan reaccionar, abogando por anticipar respuestas que eviten una situación de desabastecimiento si el conflicto bélico se agrava. Bravo, según detalló la fuente, también expresó su deseo de que la violencia en la región finalice pronto y con el menor daño posible.

Al ser consultado sobre las medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos económicos derivados del ataque a Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz, Bravo afirmó que todavía no se conocen las decisiones específicas que tomará el Ejecutivo español. En contraste, señaló que otros países europeos, como Portugal e Italia, ya han implementado acciones concretas ante el aumento de los precios y la inestabilidad en el abastecimiento energético, de acuerdo con lo manifestado por el propio dirigente y recogido por la fuente original.

Bravo criticó que el aumento del precio de los combustibles implique mayores ingresos fiscales para el Estado español a través del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según reportó el medio, para él resulta cuestionable que la subida de precios beneficie a la recaudación del Gobierno, lo que afecta a los ciudadanos y al tejido productivo.

El dirigente del Partido Popular aludió también al impacto diferencial del encarecimiento del petróleo en sectores económicos como el agrícola y el olivarero en la provincia de Jaén. Al describir la situación, Bravo advirtió que algunos agricultores y ganaderos han tenido que interrumpir tareas porque no pueden costear el llenado de sus depósitos, que se ha encarecido hasta los 300 euros, según sus declaraciones recogidas por la fuente.

En relación con el acuerdo comercial Mercosur, Bravo indicó que se ha prometido al sector 45.000 millones de euros en apoyo, junto a la reducción de las cargas administrativas y burocráticas. Explicó que, aunque dicho acuerdo ofrece oportunidades, para él sólo resulta positivo si incorpora estas ayudas y si se fortalecen los controles fronterizos que garanticen condiciones de competencia equitativas para los productores españoles. Según mencionó el vicesecretario económico, “hasta el día de hoy eso no se está produciendo”, en alusión a la falta de avances en esas promesas y condiciones.

El medio destacó que todas estas declaraciones y propuestas se produjeron en un contexto de incertidumbre global sobre el flujo de petróleo debido a la situación en Oriente Medio. La intervención de Bravo precisamente busca llamar la atención sobre la importancia de definir alternativas sólidas para España ante un posible corte en el suministro energético, explorando opciones como Venezuela y evitando depender exclusivamente de mercados como el ruso, según relató la fuente original.

La preocupación por el impacto económico que genera la reciente escalada bélica tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha quedado reflejada en sectores como el agrícola y olivarero, especialmente en regiones como Jaén, donde agricultores y ganaderos enfrentan dificultades para asumir el coste de combustible, que ha alcanzado cifras cercanas a 300 euros por depósito. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, argumenta que este escenario ha provocado que muchas explotaciones hayan pospuesto las labores habituales, advirtiendo que el golpe para la economía española tras el cierre del Estrecho de Ormuz supera los 3.000 millones de euros, según recoge Europa Press en declaraciones realizadas por el dirigente durante un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ).

Según publicó Europa Press, Bravo expuso que, ante la posibilidad de que el Gobierno de España recurra a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para acordar la compra de crudo en otros mercados, España cuenta con la ventaja estratégica de tener a una cordobesa al frente de la Dirección General de Energía de la Unión Europea. El dirigente popular subrayó la relevancia de “apoyar a los técnicos en las decisiones”, dejando claro que la orientación técnica debería primar en la toma de decisiones energéticas ante escenarios críticos.

De acuerdo con la misma fuente, Bravo planteó abiertamente dudas sobre las mejores fórmulas para asegurar el suministro de petróleo en el contexto actual, marcado por la crisis en el Estrecho de Ormuz. Frente a la posibilidad de retomar la compra a Rusia, sostenida por la propuesta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicesecretario defendió la necesidad de considerar múltiples alternativas, incluyendo la “vía Venezuela” como un "plan B", ya que en ese país operan empresas españolas con capacidad de aportar soluciones. Bravo insistió en que la decisión final debe recaer sobre especialistas, por lo que propuso que España prepare no sólo un plan alternativo, sino también un tercer escenario de contingencia.

El medio Europa Press detalló que el dirigente del PP resaltó la reciente resolución adoptada por 32 países para liberar reservas de petróleo como respuesta a la incertidumbre del suministro global. En esa línea, Bravo recordó el anuncio gubernamental de que España dispone de reservas estratégicas de petróleo suficientes para 90 días, aunque instó a la administración a no aguardar a que se agote ese plazo antes de activar mecanismos alternativos. “Hay que tener el plan B”, reiteró Bravo durante su intervención.

En el plano político, Bravo consideró que la situación actual exige actuar con previsión y “abrir expectativas” para evitar que una posible intensificación del conflicto deje al país sin respuestas. También expresó el deseo del Partido Popular de que las hostilidades concluyan de manera rápida y con el menor coste en términos de daños, según informó Europa Press.

Consultado sobre las medidas concretas que podría estar valorando el Gobierno para mitigar los efectos económicos del conflicto, Bravo respondió que solo podía exponer las propuestas del Partido Popular y referirse a iniciativas puestas en marcha en países como Portugal e Italia. Señaló no conocer en detalle las propuestas del Ejecutivo español, aunque sí criticó el incremento en la recaudación fiscal derivado de la subida del precio de los combustibles, lo que implica un mayor pago de IVA por parte de los consumidores.

Según destacó Europa Press, el representante popular advirtió sobre el impacto generalizado que el incremento de costes acarrea para el conjunto de la ciudadanía y el tejido empresarial español, subrayando que estos gastos se transmiten a los consumidores finales. Bravo incluyó dentro de sus argumentos la conclusión de un estudio que cifra en más de 3.000 millones de euros el coste para la economía nacional desde el inicio de la ofensiva militar.

Europa Press consignó que, además del sector energético, la crisis afecta de manera directa al sector primario. Bravo puntualizó que el sector agrario, especialmente el olivarero en zonas como Jaén, enfrenta dificultades adicionales como consecuencia tanto de los elevados precios en el suministro de gasóleo como de la incertidumbre que genera la posible entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Bravo recalcó que el Partido Popular se ha comprometido al impulso de ayudas por valor de 45.000 millones de euros, además de propuestas para reducir cargas administrativas y reforzar los controles en frontera, medidas consideradas esenciales para equilibrar la competitividad del sector frente a los productos importados.

El medio Europa Press recogió la apreciación de Bravo de que Mercosur podría representar una oportunidad para el sector nacional, aunque solo si va respaldado por estos incentivos económicos y una reducción real de los trámites burocráticos, condiciones que el dirigente considera que actualmente no se cumplen.

Bravo resumió que, mientras se mantiene la incertidumbre sobre las iniciativas que impulsa el Gobierno, el Partido Popular ratifica su apuesta por la intervención de empresas nacionales en la emergencia energética, la protección del sector agrícola y la exploración de alianzas que permitan diversificar el origen del crudo, descartando centrarse únicamente en Rusia y abriendo la posibilidad a acuerdos con países como Venezuela donde España dispone de presencia empresarial.

La decisión del Parlamento de Andalucía se cimentó en la inquietud ante la "aplicación provisional" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur y la incertidumbre existente sobre la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo remitiera al tribunal una solicitud de dictamen. Según informó el medio de comunicación, la Cámara autonómica enfatizó la necesidad de que tanto el Estado como la Junta de Andalucía refuercen los recursos, personal y equipamiento destinados a los controles de inspección alimentaria y a la trazabilidad de los productos agrícolas importados. Esta medida busca garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de las mercancías procedentes de países terceros ante las inquietudes surgidas tras la adopción del nuevo acuerdo birregional.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la votación en el Pleno del Parlamento de Andalucía resultó en la aprobación, de manera unánime, de un único punto de una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Por Andalucía. Este punto respalda la exigencia de mayores controles en la importación de productos agrícolas y alimentarios, así como el monitoreo sistemático de la cadena de suministro, con énfasis en aquellos alimentos que ingresan desde países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, integrantes de Mercosur. El Parlamento andaluz pretende con esta exigencia salvaguardar la agricultura y la ganadería regionales, así como la protección de la soberanía alimentaria, los derechos laborales y las normas medioambientales.

El medio detalló que las otras siete exigencias incluidas en la PNL fueron rechazadas, una decisión adoptada mayoritariamente con los votos en contra del Grupo Popular, y en algunos apartados con el respaldo adicional de PP-A y PSOE. Entre las propuestas que no prosperaron se encontraba la petición de instar a la Junta de Andalucía a liderar una postura común de rechazo a la aplicación provisional del acuerdo comercial, así como que la Administración autonómica promoviera en el Comité Europeo de las Regiones una reunión extraordinaria para emitir un pronunciamiento o dictamen contrario al acuerdo, tanto en lo político como respecto a la ejecución provisional.

La iniciativa debatida contó con la defensa de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Según publicó el medio, Nieto insistió en que el Parlamento autonómico debía articular un movimiento coordinado que buscara la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta plataforma funciona como un mecanismo de interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y el objetivo planteado era que Andalucía impulsase una posición unificada del Estado que manifestara desacuerdo con el Tratado UE-Mercosur a nivel nacional y europeo.

El texto fuente recogió que la proposición impulsada por Por Andalucía abogaba también por reforzar la Política Agraria Común (PAC) y dotarla de mayores fondos, reclamando un modelo de reparto más equitativo que estableciera límites máximos por explotación para asegurar la llegada de recursos a pequeños y medianos productores, quienes, argumentan, representan el núcleo de la agricultura y ganadería social y tradicional en la región.

El medio reportó que la formación política autora de la iniciativa señaló una "orientación belicista" en el presupuesto europeo, adjudicando a una estrategia de rearme impulsada por partidos como el Partido Popular y Vox, el recorte en los fondos destinados a la PAC. Según la PNL, esta situación afecta directamente a los sectores agropecuario y rural, debilitando la cohesión territorial y el desarrollo sostenible, y comprometiendo la protección ambiental y la soberanía alimentaria.

Según lo recogido por el medio, la PNL incluía también la exigencia de coherencia entre la política comercial europea y sus estrategias internas en materia de sostenibilidad y agroecología, citando como ejemplo los objetivos de la hoja de ruta ‘De la Granja a la Mesa’. De acuerdo con la posición del Grupo Por Andalucía, la falta de alineación entre los tratados comerciales y las estrategias internas supone un riesgo para los objetivos de seguridad alimentaria, transición ecológica y derechos sociales en el sector primario.

En el plano internacional, la proposición defendida pedía a la Junta y al Gobierno español que promovieran el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) en las políticas comerciales y agrícolas europeas y nacionales, así como la suspensión de la ratificación y aplicación del Acuerdo UE-Mercosur hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen sobre su legalidad y sus implicaciones.

El medio explicó que, entre los puntos desestimados, figuraba también la propuesta de desarrollar un complemento autonómico a la PAC, dirigido especialmente a subsanar deficiencias en el actual modelo de distribución de ayudas y focalizar el apoyo económico en favor de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, a fin de consolidar el tejido rural y garantizar la viabilidad de las formas de producción social y tradicional.

Con la aprobación del punto defendido en la sesión parlamentaria, el Parlamento andaluz manifestó una posición de alerta respecto al impacto de tratados como el acuerdo UE-Mercosur en la seguridad alimentaria y el modelo productivo regional. Según recogió el medio, la Cámara espera que el refuerzo de la inspección y la trazabilidad en la cadena de suministro agrícola importada contribuya a proteger la calidad, la sostenibilidad y los intereses socioeconómicos del sector rural en Andalucía.

Luego de una jornada diplomática entre las cancillerías de Colombia y Venezuela, ambos países anunciaron la realización de una reunión binacional de buena vecindad que tendrá lugar el 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo.

El pacto entre naciones tiene como objetivo reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

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Tras la reunión, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para afirmar que las conversaciones entre naciones han sido un éxito.

A la par, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Cabe recordar que el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012. Sin embargo, en 2017 el bloque suspendió al vecino país por violar la ‘cláusula democrática’, por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Petro también mencionó que tiene como objetivo trabajar de manera conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

En materia de integración, propuso establecer la doble nacionalidad con plenos derechos para los colombianos residentes en Venezuela y los venezolanos en Colombia, junto con la eliminación total de aranceles en el comercio binacional y la adopción de una integración energética priorizando fuentes limpias.

“La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela. Propongo arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”.

Así funcionará la zona franca en la frontera con Venezuela

Colombia y Venezuela avanzaron en el restablecimiento de su relación económica con la aprobación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, que se ubicará en El Zulia, Norte de Santander, y se constituye como la primera zona franca binacional entre ambos países. El proyecto fue anunciado en Caracas durante una visita oficial de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, según informó el Gobierno colombiano.

Durante los encuentros bilaterales, Morales Rojas destacó que la zona franca busca que los territorios de frontera, afectados históricamente por abandono estatal, cierre de pasos fronterizos y economías informales, se conviertan en espacios de generación de empleo, inversión y oportunidades para sus comunidades.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio colombiano, el principal objetivo es transformar la dinámica económica y mejorar las condiciones de vida en la zona, apoyando la integración productiva de los dos países.

El proyecto pretende fortalecer actividades agroindustriales, logísticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, así como facilitar el comercio binacional y atraer inversión privada. Además, se otorgarán beneficios tributarios y aduaneros a las empresas instaladas en la zona, lo que, según la cartera de Comercio, permitirá impulsar nuevas cadenas productivas y crear empleo formal en Norte de Santander.

La región tiene una fuerte tradición agrícola y ganadera, por lo que se espera que la zona franca ayude a transformar materias primas en productos con mayor valor agregado.

La próxima reunión binacional entre Colombia y Venezuela, prevista para el 23 y 24 de abril de 2026 en Maracaibo, representa el relanzamiento formal de la cooperación en la conflictiva frontera tras la cancelación de la cumbre presidencial.

El anuncio llegó al cierre de una jornada diplomática de alto nivel entre ambos gobiernos, que priorizaron la seguridad y la integración económica de la región limítrofe al delegar su agenda bilateral en las respectivas cancillerías.

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En el transcurso de la sesión encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, junto a Yván Gil, canciller de Venezuela, las delegaciones oficiales certificaron el compromiso conjunto de mantener un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera.

Este acuerdo persigue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

Tras la reunión, el jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la reunión había sido un éxito. A propósito, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Petro mencionó que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

La polémica en torno a la articulación entre ejércitos de Colombia y Venezuela

El jefe de Estado pidió que se efectúe la articulación de las Fuerzas Armadas colombianas con las venezolanas. El 29 de septiembre de 2025, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario hizo la solicitud directa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo esa unión.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, precisó Gustavo Petro.

La decisión ha generado controversia debido a que el dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, es señalado de tener nexos con el narcotráfico y de liderar el cartel de los Soles, una organización criminal de Venezuela. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y llevarlo ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En reacción a la propuesta de Petro, la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos (Vicky Dávila) solicitó públicamente a las Fuerzas Militares de Colombia que desobedezcan órdenes del presidente Gustavo Petro relacionadas con la cooperación con fuerzas armadas de Venezuela. El pronunciamiento se realizó en una calle de Sabaneta (Valle de Aburrá, Antioquia), donde Dávila instó a los militares a guiarse exclusivamente por la Constitución, en respuesta a la decisión presidencial de coordinar acciones de seguridad con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, la precandidata describió la medida de Petro como una instrucción para trabajar de forma conjunta con el cartel de los Soles y con lo que calificó como la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, señalando también supuestos vínculos entre el mandatario venezolano, el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína”, afirmó Dávila ante los presentes.

El próximo mes de noviembre, Madrid será sede de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, evento en el que CEOE, CEIB y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) programarán el Encuentro Empresarial Iberoamericano. Dentro de este marco, ha cobrado protagonismo la necesidad de reforzar la cooperación entre los bloques regionales y fomentar la innovación en la región.

Según informó la agencia Europa Press, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de la CEOE, destacó en el 34º Encuentro Internacional de Soft Landing la importancia de intensificar la colaboración entre los ecosistemas empresariales de Europa y Latinoamérica. Durante su intervención en el evento organizado por SoftLanding World y el Ayuntamiento de Madrid, Casado remarcó que la coyuntura internacional marcada por transformaciones tecnológicas y movimientos geopolíticos convierte esta cooperación en una prioridad inaplazable.

El dirigente sostuvo que Iberoamérica se articula a través de las empresas, las instituciones y los emprendedores, e insistió en que el mundo empresarial percibe oportunidades allí donde otras ven fronteras. Casado hizo hincapié en el papel central de los jóvenes emprendedores y las empresas emergentes para construir una Iberoamérica más innovadora, sostenible y cohesionada. En su análisis, cuidar y potenciar el talento joven constituye un factor clave en el desarrollo de nuevas iniciativas que impulsen la competitividad y la integración regional.

Tal como publicó Europa Press, Casado también resaltó el posicionamiento estratégico de España, y especialmente de Madrid, como punto de unión entre Europa y América Latina. Madrid ha consolidado su estatus como uno de los principales centros de negocios del continente europeo, actuando como canalizador de inversiones, talento e innovación, lo que la convierte en una ciudad referente para establecer contactos y generar nuevas oportunidades en ambos lados del Atlántico.

El secretario permanente del CEIB puso en valor la función de las organizaciones empresariales como espacios privilegiados de diálogo. Según explicó, estos organismos tienen la capacidad de impulsar y modificar políticas públicas orientadas al crecimiento económico y social. Destacó en este punto que las empresas crean riqueza no solo en términos económicos, sino también al ofrecer oportunidades y favorecer la movilidad social.

Durante su intervención, Casado animó a avanzar en la concreción de acuerdos que brinden seguridad jurídica y faciliten los intercambios económicos. Se refirió específicamente a la cooperación y los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur, sosteniendo que estos marcos ofrecen un contexto favorable para fortalecer vínculos comerciales y empresariales. Europa Press reportó que Casado subrayó la importancia de que estos acuerdos promuevan condiciones estables y predecibles, esenciales para el desarrollo y la expansión de las empresas en la región.

La agencia Europa Press detalló que la celebración de la Cumbre Iberoamericana en Madrid ofrecerá una plataforma relevante para impulsar estas propuestas. El Encuentro Empresarial Iberoamericano que se organizará en paralelo contará con la participación de líderes empresariales, representantes institucionales y actores clave del sector privado, lo que favorecerá el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias para responder a los retos globales.

El papel de España como nexo de unión y promotor de iniciativas innovadoras en el espacio iberoamericano también se verá reforzado en este contexto, según consignó Europa Press, dada su capacidad para conectar intereses y generar sinergias entre los principales agentes económicos de ambas regiones. La colaboración entre las organizaciones empresariales, las instituciones públicas y el sector privado se perfila así como un elemento fundamental para encarar desafíos compartidos y potenciar la innovación iberoamericana frente al cambiante escenario internacional.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lanza dos nuevas maestrías virtuales y de corta duración, dirigidas a profesionales que buscan especializarse en el cambiante mundo de los negocios internacionales tras los recientes acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estas propuestas académicas, altamente orientadas a la demanda laboral, abordan las transformaciones del comercio exterior y las inversiones que surgen a partir de la evolución de las políticas comerciales globales y la reconfiguración de los escenarios económicos, según informó la UBA.

Las nuevas maestrías —Procesos de Integración Regional y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales— abordan el análisis de los factores económicos que inciden en la región, el impacto de los acuerdos internacionales y el manejo de instrumentos técnicos para la inversión inteligente en un mercado dinámico. Estas propuestas están orientadas tanto a quienes se desempeñan en el sector público como en el privado.

El plan de estudios incluye herramientas teóricas, marcos regulatorios y metodologías aplicables al planeamiento estratégico de empresas con proyección internacional, enfocándose en la adaptación a los nuevos marcos normativos y las tendencias dominantes en el comercio global. Las maestrías y especializaciones pueden cursarse íntegramente en formato virtual, con una duración de dos años y un inicio previsto para el lunes 30 de marzo de 2026.

Los acuerdos internacionales reconfiguran la economía argentina

En este nuevo escenario global se insertan los recientes tratados internacionales firmados por la Argentina. Adriana Rodríguez, subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional resaltó que el Mercosur acaba de lanzar el Acuerdo de Comercio e Inversiones con la Unión Europea. Paralelamente, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos se suscribió el 5 de febrero de 2026, estableciendo nuevas reglas para el intercambio y abriendo el terreno a estrategias económicas innovadoras.

Guillermo Toranzos Torino, director de la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales, advirtió sobre la magnitud de estos movimientos: “Es probable que estemos ante un cambio de época que implica posiblemente un nuevo orden mundial. De hacerse efectivo, el acuerdo económico entre nuestro país y Estados Unidos producirá un cambio estructural en la economía argentina. A su vez, abrirá nuevas oportunidades de negocios estratégicos, como ocurre con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

El crecimiento del comercio mundial supera al PBI global desde 1995

En tanto, Rodríguez explicó que “el comercio de bienes y servicios comerciales, desde la aparición de la OMC en 1995 hasta 2024, creció 5,16 veces, en tanto que el PBI mundial aumentó 2,39 veces en ese mismo período”.

La subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional detalló cifras clave del proceso de integración global: en 2024, los países con Acuerdos de Complementación Económica (ACP) representaron el 66 % del comercio mundial, frente al 54 % en 2016 y el 38 % en 1995. Del mismo modo, el regionalismo, medido por la cantidad de ACP informadas a la OMC, alcanzó la cifra de 348 áreas activas en 2021.

La especialista sostuvo que hubo un auge del regionalismo entre 1995 y 2005, seguido por una fase de globalización acelerada entre 2005 y 2020. Sin embargo, la llegada de Joe Biden en enero de 2021 marcó —según Rodríguez— “el final de la hiperglobalización”, con un retorno a la política industrial en Estados Unidos y el inicio de un cambio de paradigma global.

También subrayó que la administración de Donald Trump alteró las directrices adoptadas por Biden y fracturó estructuras geopolíticas y comerciales previas: “Los aranceles de dos dígitos que Trump impuso a diversos países torpedearon el multilateralismo tal como se lo conoció desde 1995”.

Más información sobre los programas se encuentra disponible en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En medio de las negociaciones por el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una nueva regulación ambiental del bloque podría golpear a una industria clave del complejo agroindustrial argentino. Si se aprueba una norma que ya circula como borrador en la Comisión Europea, la Argentina podría perder su principal y prácticamente único mercado para el biodiésel.

El documento, que fue puesto en consulta pública por el organismo ejecutivo de la Unión Europea, propone revisar qué materias primas deben ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC por sus siglas en inglés.

El concepto refiere al impacto ambiental que puede generar la expansión de ciertos cultivos destinados a biocombustibles. Según el criterio europeo, cuando aumenta la demanda global de una materia prima para producir energía, puede incentivarse indirectamente la expansión de la frontera agrícola en otras regiones del mundo, con posibles efectos sobre bosques o ecosistemas naturales.

En ese esquema, la soja quedó incluida dentro de los cultivos catalogados como de “alto riesgo”.

Entonces, en caso de que la regla avance en los términos planteados, hacia 2030 el biodiésel argentino -elaborado mayormente a partir de soja- no podría ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque. En la práctica, esto dejaría fuera del sistema al producto local.

Impacto significativo

Según explica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el impacto potencial es significativo, ya que la Unión Europea concentró en los últimos años prácticamente todas las exportaciones argentinas de biodiésel. Entre 2018 y 2025 el bloque representó en promedio el 97% de los envíos al exterior, mientras que, el año pasado, el 100% del biodiésel exportado por la Argentina tuvo como destino la Unión Europea, lo que generó ingresos por USD 322 millones.

Se trata de un sector, no obstante, que en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

En el sector agroindustrial argentino señalan que este tipo de inconveniente no es nuevo en la política comercial europea. A lo largo de los años, el bloque implementó herramientas para-arancelarias vinculadas a estándares ambientales, sanitarios o de trazabilidad, que, sin ser aranceles directos, terminan encareciendo los procesos productivos y reduciendo la competitividad de los exportadores.

En este sentido, la Unión Europea también avanza con nuevas exigencias para productos como la carne y la soja provenientes de América del Sur, que deberán demostrar que no están asociados a procesos recientes de deforestación. Desde el sector advierten que cumplir con esos estándares implica mayores costos productivos, sin que necesariamente el mercado europeo esté dispuesto a pagar un precio más alto por ellos.

Dependencia de Europa

La dependencia del mercado europeo es estructural. Entre 2008 y 2022 cerca del 65% de la producción argentina de biodiésel se destinó a exportaciones. Sin embargo, con el cierre progresivo de distintos destinos externos —en parte porque muchos países comenzaron a desarrollar producción propia de biocombustibles— esa participación fue cayendo en los últimos años: en 2023 y 2024 las ventas externas representaron alrededor del 33% de la producción total y en 2025 descendieron a apenas el 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

Esta caída en los envíos al exterior se suma, además, a otras presiones regulatorias que el sector enfrenta en Europa. Los aranceles que aplica la Unión Europea al biodiésel importado se ubican actualmente entre el 25% y el 33%. Al mismo tiempo, el bloque impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética, lo que dificulta la competitividad del producto argentino en el exterior.

Aunque no se trata de un impuesto directo, el nuevo esquema regulatorio obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo, lo que en la práctica reduce aun mas la competitividad frente a los biocombustibles producidos dentro de la propia Unión Europea.

Presión sobre una industria exportadora

El posible cierre del mercado europeo ocurre en un contexto complejo para el sector. En Argentina, la última regulación redujo la tasa de corte obligatorio de biodiésel en el gasoil de 12,5% a 7,5%, lo que provocó una menor demanda interna. En 2025, mientras las ventas locales de gasoil y diésel subieron cerca de 2,5%, la comercialización de biodiésel retrocedió cerca de 10%. Además, el consumo total de combustibles fósiles permanece por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que achica aún más la base sobre la que se aplica el corte.

La mayor parte de la producción nacional de biodiésel se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe representó el 58% del total nacional en 2025, con infraestructura de procesamiento y exportación vinculada al complejo sojero. El sector se orientó desde sus inicios al mercado externo: muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación local reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras enfocaron su producción en el exterior. Este esquema dejó al sector vulnerable a regulaciones extranjeras. A lo largo de los años, varios destinos fueron restringiendo el acceso al biodiésel argentino: primero Estados Unidos, después Perú y, más tarde, la Unión Europea, que avanzó con limitaciones progresivas.

La afirmación de que la situación actual en provincias como Segovia, Ávila, Soria y Zamora impulsa el éxodo juvenil hacia Madrid y otras áreas económicas por la falta de oportunidades laborales sirvió de base para la propuesta de Vox de una transformación profunda del modelo productivo y social en Castilla y León. Según informó el medio al presentar los detalles del programa económico y de vivienda en Segovia, el partido considera que esta dinámica solo puede detenerse mediante políticas que reactiven el sector agropecuario y eliminen barreras a la vivienda para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la publicación, José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, defendió la necesidad de implementar un "giro de 180 grados" en las políticas vigentes, tanto en el sector de la vivienda como en el agroindustrial. Durante su visita a Segovia, acompañado del diputado nacional y portavoz de vivienda Carlos H. Quero y de la candidata Susana Suárez, Figaredo argumentó que la pérdida de una industria agropecuaria robusta ha privado a la juventud de opciones para permanecer en sus lugares de origen, intensificando el despoblamiento rural.

Tal como consignó el medio, Figaredo destacó que Vox se propone recuperar un entorno donde sea posible desarrollar proyectos de vida y formar familias fuera de las grandes ciudades. Para ello, planteó que la revitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas resulta esencial, identificándolas como elementos clave para el bienestar nacional. En este contexto, criticó los acuerdos comerciales externos, en especial el tratado Mercosur, al considerar que amenaza la soberanía alimentaria al reducir la capacidad de controlar los costes y la producción nacional de alimentos y exponer al país a vulnerabilidades derivadas de la competencia internacional.

El medio reportó que Figaredo vinculó también la evolución reciente en políticas energéticas con el declive industrial y agrario, mencionando el cierre de infraestructuras energéticas como la central nuclear de Garoña o varias centrales térmicas. Sostuvo que la decisión de clausurarlas responde, según Vox, a posturas dogmáticas ligadas al clima que, a su juicio, repercuten negativamente en la competitividad y desarrollo regional.

En cuanto a posibles escenarios de gobernabilidad en Castilla y León, Vox trasladó la responsabilidad al Partido Popular. Según publicó el medio, el partido afirmó que está dispuesto a colaborar únicamente si existen garantías de ver cambios sustanciales en las políticas actuales, advirtiendo que si el PP mantiene "políticas socialistas", debería buscar alianzas con el PSOE.

En el área de vivienda, el análisis presentado situó la problemática del encarecimiento de los alquileres para los jóvenes en el centro del debate. Figaredo expuso que las leyes aprobadas por distintos gobiernos han generado un aumento del 16 por ciento en el precio de la vivienda en Segovia en el último año. Según Vox, estas modificaciones legales han reducido la oferta e impulsado una escalada automáticas de los precios, perjudicando directamente a la población joven.

El medio señaló que, entre las causas consideradas responsables de esta situación, Vox incluyó el impacto de los flujos migratorios desde África y América, asociando la presión sobre determinados segmentos del mercado inmobiliario a la llegada de personas con bajos recursos que compiten por vivienda pública o comparten inmuebles en condiciones poco adecuadas. Al mismo tiempo, denunciaron que la presencia de grandes inversores internacionales con ventajas fiscales facilita el acceso a inmuebles en las áreas más demandadas, dejando a la clase media española “emparedada” en un mercado de difícil acceso y desplazando a los trabajadores de sus zonas de residencia habituales.

Según informó la publicación, Vox propuso una política proactiva de construcción de vivienda y, a la vez, criticó lo que denominó "tres décadas de gestión corrupta" en el sector inmobiliario de la zona. Para la formación, el restablecimiento del acceso a la vivienda para los jóvenes y el reimpulso del sector agropecuario son fundamentales para frenar el despoblamiento y recuperar la capacidad de autoabastecimiento alimentario.

En lo concerniente al sector primario, el partido denunció la pérdida de competitividad debida al acceso preferente de productos procedentes de terceros países como Marruecos, que ha incrementado su presencia en mercados nacionales con productos como tomates y arándanos. Vox atribuyó estos cambios a las decisiones tomadas en las últimas décadas, considerándolas responsable del deterioro del tejido productivo nacional.

El análisis presentado en Segovia sintetiza la estrategia de Vox para las elecciones autonómicas en Castilla y León, situando la revitalización rural, la recuperación industrial y la transformación del mercado de vivienda como elementos centrales para modificar la tendencia demográfica y económica de la región, según detalló el medio.

La posibilidad de una entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin la culminación de todos los procesos de ratificación genera inquietud en el sector agrario europeo, que reclama cautela ante eventuales riesgos no contemplados en el texto principal del tratado. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos subraya que la reciente medida adoptada por el Consejo de la Unión Europea, destinada a incluir una cláusula bilateral de salvaguardia para productos originarios de Mercosur, no aparece reflejada en el propio acuerdo y que esta omisión añade un elemento adicional de incertidumbre para los productores comunitarios. Según informó el propio colectivo a través de un comunicado, este escenario incrementa la preocupación por la posibilidad de afrontar desventajas competitivas si se avanza hacia la apertura comercial sin asegurar normas equivalentes para todos los actores.

De acuerdo con el comunicado difundido por Unión de Uniones, la organización sostiene que la introducción de cláusulas de salvaguardia específicas no resuelve el problema central, ya que se centran en reacciones posteriores a las perturbaciones del mercado y no en la prevención activa de situaciones de competencia desigual. El grupo agrario expuso ante medios como Europa Press que tanto la decisión reciente del Consejo de la UE como las declaraciones institucionales de las autoridades europeas dejan en evidencia que existe un reconocimiento de los impactos negativos que el acuerdo comercial con Mercosur puede tener sobre el sector agrícola del continente. Destacaron que los mecanismos previstos permitirían intervenir una vez que el daño ya se haya producido en los mercados internos, sin ofrecer garantías en materia de reciprocidad o igualdad de condiciones.

Según detalló Unión de Uniones, la Comisión Europea ha presentado de forma paralela a la discusión del reglamento una declaración política en la que manifiesta su voluntad de fortalecer los controles a las importaciones. Esta declaración incluye el objetivo de avanzar hacia una convergencia mayor de los estándares de producción exigidos a los productos agroalimentarios procedentes de países extraeuropeos, con énfasis en aspectos como el uso de fitosanitarios, el bienestar animal y las condiciones sanitarias y fitosanitarias. El medio Europa Press reportó que aunque la organización considera estas directrices como una señal positiva en el sentido de brindar más protección al sector, persisten dudas sobre la implementación concreta y la efectividad de los controles, subrayando que no basta con reforzar la supervisión de manera teórica si no se destinan los recursos necesarios para llevarla a cabo de forma efectiva.

Unión de Uniones incidió en que la salvaguarda aprobada por el Consejo de la Unión Europea constituye solo un instrumento correctivo, útil únicamente en situaciones graves una vez producidas, pero insuficiente para prevenir distorsiones o desigualdades que puedan derivarse de una apertura comercial sin condiciones de equilibrio. "Las salvaguardias pueden ayudar a corregir situaciones graves cuando ya se han producido, pero lo que el sector necesita es prevenir esas distorsiones. Y eso solo se consigue con reciprocidad en los estándares", declaró Unión de Uniones, citada por Europa Press. A juicio de la organización, resulta fundamental incorporar en el proceso de negociación garantías vinculantes para que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los que se imponen a la producción europea, asegurando así condiciones equitativas para todos los operadores.

Otra de las preocupaciones expresadas por Unión de Uniones gira en torno a las manifestaciones públicas efectuadas por representantes clave de países incluidos en el bloque Mercosur. Según consignó Europa Press, tanto el Presidente de Paraguay en su momento como la senadora Tereza Cristina, designada relatora del acuerdo en Brasil, han mostrado reservas sobre la aplicación de salvaguardias europeas. Desde su perspectiva, si la Unión Europea llegara a restringir el acceso de productos sudamericanos amparándose en estas medidas, los países del Mercosur podrían activar mecanismos de réplica que afectarían las exportaciones europeas. En este sentido, la organización agraria española considera fundamental que las autoridades europeas defiendan el interés de su sector agrícola con el mismo nivel de determinación exhibido por los representantes sudamericanos.

Dentro del análisis sobre las medidas orientadas a reforzar el control de importaciones y equiparación de estándares, Unión de Uniones precisó que la simple existencia de compromisos declarativos no ofrece garantías sólidas ni certeza para los productores. "No es lo mismo hablar de reforzar controles sobre el papel que garantizar verdaderamente que existen medios para realizarlos efectivamente y con eficacia", expresó la organización, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Además, advierten que la posible entrada en vigor provisional del acuerdo, sin que hayan concluido todos los trámites y procesos de ratificación, introduce nuevos elementos de inseguridad jurídica que podrían acarrear consecuencias no deseadas para el sector agrícola europeo.

Según publicó Europa Press, Unión de Uniones reclama que el acuerdo solo podrá alcanzar un carácter equilibrado si incorpora no solo mecanismos reactivos como las salvaguardias sino, sobre todo, garantías efectivas de reciprocidad. Solo bajo estas condiciones se lograría evitar distorsiones y competir bajo las mismas reglas, previniendo que la liberalización comercial se traduzca en una transferencia de costes y desventajas estructurales para el sector agrario de la Unión Europea que no se exijan por igual a todos los operadores presentes en el mercado comunitario.

La organización concluye que la actual configuración del marco normativo y del proceso negociador sigue dejando expuestos a los agricultores y ganaderos europeos ante posibles amenazas que derivarían de la desigualdad en las exigencias regulatorias entre los productores internos y los países socios del Mercosur. Según Europa Press, Unión de Uniones mantiene su exigencia de adoptar medidas preventivas que eviten que la apertura a productos foráneos se produzca sin el respaldo de garantías comprobables de igualdad en las condiciones de producción y control, reiterando que la defensa del interés sectorial europeo debe guiar las decisiones institucionales hasta la ratificación final del acuerdo.

Según detalló Europa Press, Ángel Alda, portavoz de Vox en La Rioja, expuso que la iniciativa se orienta no solo a rechazar la ratificación provisional de Mercosur, sino también a instar al Ejecutivo autonómico para que presione al Gobierno central en la defensa de los intereses de los productores nacionales. Alda subrayó que la propuesta servirá para evidenciar la postura de otros partidos, en especial el Partido Popular, al expresar que “dice una cosa y luego hace la contraria”, refiriéndose a la posición de los populares respecto al acuerdo, ya que votaron a favor en Bruselas junto al Partido Socialista, mientras argumentan estar en contra dentro del territorio riojano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el portavoz de Vox sostuvo que la entrada en vigor de Mercosur “podría traer consigo gravísimas consecuencias para el sector primario español y para nuestro campo”. Alda aseguró que los agricultores españoles se verían en desventaja ante productos sudamericanos, puesto que estos afrontan “requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales mucho más laxos”, lo que en su opinión fomenta una competencia desigual para el sector agrícola nacional.

Europa Press reportó que, aunque Vox y el grupo Patriots han conseguido trasladar el acuerdo de Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de poner en marcha su aplicación provisional si al menos uno de los países integrantes de Mercosur está preparado para proceder con la implementación. Según lo indicado por el portavoz de Vox, correspondería al Tribunal europeo la facultad de suspender esa aplicación provisional si así lo solicita algún estado miembro de la Unión Europea.

En la moción registrada, Vox pide que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional, presidido por Gonzalo Capellán, a pedir al Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que rechace toda disposición de Mercosur que resulte perjudicial para los intereses de los productores españoles, así como que descarte cualquier proceso de aplicación provisional del acuerdo. Alda precisó que dentro de la propuesta también se reclama el impulso de una consulta popular a nivel nacional que permita a la ciudadanía pronunciarse al respecto.

La iniciativa divulgada por Europa Press se suma a otras expresiones políticas que cuestionan los efectos potenciales de los acuerdos comerciales internacionales sobre sectores productivos específicos. Las acciones impulsadas por Vox y Patriots en los tribunales europeos han provocado que la entrada en vigor del acuerdo se retrase hasta que el alto tribunal se pronuncie, pero el margen de maniobra sigue abierto debido a las posibilidades de actuación que conserva la Comisión Europea.

A lo largo de su intervención, Alda reiteró la preocupación por la competitividad del campo español, reiterando que las diferencias regulatorias entre la Unión Europea y los países de Mercosur podrían traducirse en desventajas para los productores de España. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el portavoz de Vox insitió en que la consulta pública propuesta es “por su indudable trascendencia para nuestro sector primario, así como para el interés nacional.”

El debate sobre Mercosur abordado por Vox en el Parlamento de La Rioja marca un episodio más de la discusión sobre la protección de los sectores agrarios frente a acuerdos internacionales. Europa Press detalló que la capacidad del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea para acelerar o frenar la aplicación estatal provisional del tratado continúa siendo un aspecto central en el desarrollo del proceso.

El grupo liderado por Santiago Abascal señaló que, a pesar de las dudas jurídicas que rodean al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la Comisión Europea reiteró su intención de ponerlo en marcha de forma provisional cuando al menos uno de los países sudamericanos complete el proceso de ratificación. Según publicó Europa Press, la formación considera que esta decisión podría debilitar el control democrático del Parlamento Europeo al rebajarlo a un papel consultivo y generar consecuencias económicas para el sector agrícola español, que se calificarían de irreversibles.

De acuerdo con Europa Press, Vox presentó en el Congreso una iniciativa que solicita al Ejecutivo español rechazar la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en aquellos aspectos que resulten perjudiciales para los productores del país. El partido exige que se frene la entrada en vigor provisional del tratado y que se convoque una consulta popular en los términos del artículo 92 de la Constitución, argumentando la trascendencia nacional que tendría este compromiso internacional para la agricultura y la economía rural españolas.

La propuesta, según detalló Europa Press, defiende que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más amplios suscritos por la Unión en las últimas décadas y que repercutiría directamente en el sector primario español, así como en la estructura productiva y social de la España rural. La iniciativa sostiene que los agricultores y ganaderos nacionales se verían perjudicados al enfrentarse a productos agroalimentarios provenientes de América del Sur, que según Vox, se producen bajo reglamentos fitosanitarios, medioambientales y laborales "mucho más laxos" que los exigidos en la Unión Europea.

El texto registrado por Vox en el Congreso advierte que el posible impacto negativo del acuerdo comercial no solo afectaría a España, sino que representa una preocupación compartida en toda Europa. Europa Press informó que el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta una propuesta del grupo Patriots —del que forma parte Vox—, acordó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la obtención de un dictamen legal. Esta decisión obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que abrió un proceso de revisión del texto por parte del máximo tribunal europeo.

Este procedimiento, reportó Europa Press, implica que la vigencia del acuerdo permanece suspendida hasta que el TJUE aclare aspectos clave como la validez, el alcance competencial o la regularidad en el procedimiento de aprobación. El dictamen podría llegar a retrasar hasta dos años la entrada en vigor del tratado y, si resultara negativo, impediría su aplicación.

No obstante, Vox manifestó su preocupación ante la postura de la Comisión Europea, afirmando que la voluntad de activar la aplicación provisional "tan pronto como uno de los Estados del bloque sudamericano complete su proceso de ratificación" podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Según la postura de organizaciones agrarias españolas citada por Vox, la puesta en marcha provisional precipitada del tratado conduciría a un debilitamiento del control democrático del Parlamento Europeo, al mismo tiempo que tendría efectos económicos inmediatos para el sector agrícola y rural, que podrían ser difíciles de revertir.

La proposición no de ley también recuerda, según añadió Europa Press, que la aplicación provisional del acuerdo podría suspenderse si alguno de los Estados miembros así lo solicita. Además, el TJUE dispone de la facultad de supervisar la legalidad de las decisiones de la Unión Europea, con la posibilidad de ordenar medidas cautelares o suspender actos impugnados relacionados con el tratado.

Vox instó a que el Gobierno emplee todas las herramientas institucionales y legales disponibles para frenar la aplicación provisional del acuerdo antes de que se dicte el fallo definitivo del TJUE y se convoque la consulta nacional solicitada. La formación denuncia que permitir la entrada en vigencia del acuerdo sin cumplir estos requisitos podría poner en riesgo la supervivencia del sector primario y afectar de manera profunda el tejido socioeconómico de las comunidades rurales españolas, tal como informó Europa Press.

La cifra de exportaciones agroalimentarias españolas en 2023 alcanzó un máximo histórico de 78.000 millones de euros, con un saldo positivo de 18.300 millones, en el marco de una diversificación de mercados que incluye operaciones en más de 190 países. Esta realidad adquiere relevancia en el contexto de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció un posible bloqueo comercial a España tras la negativa del Gobierno español a emplear las bases de Morón de la Frontera y Rota para operaciones militares en Irán, según detalló Europa Press. Ante este escenario, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ratificó su visión "optimista de cara al futuro", aunque destacó la necesidad de mantener cautela.

De acuerdo con el medio Europa Press, Planas se refirió a los acontecimientos internacionales y sus posibles repercusiones en el sector agroindustrial español durante su intervención en las XXXI Jornadas Técnicas de Covap, celebradas en Pozoblanco, Córdoba. El ministro expuso que la coyuntura generada por las declaraciones de la administración estadounidense requiere atención y vigilancia constante sin que exista, a su juicio, "preocupación extraordinaria en relación con esta situación, a pesar de que realmente lo que está ocurriendo en relación con Irán, Israel y Estados Unidos es muy peligroso". Enfatizó la importancia de responder con serenidad y destacó la existencia de mecanismos de defensa tanto europeos como nacionales en caso de que se implementen medidas adversas.

Planas subrayó que el 4,2% de las exportaciones agroalimentarias españolas tienen como destino Estados Unidos, lo que representa aproximadamente 3.200 millones de euros. Expuso que la relación comercial se basa en el respeto de las normas internacionales y en el cumplimiento de derechos y obligaciones que exige el comercio internacional. "Nosotros queremos tener buenas relaciones con todo el mundo, incluido Estados Unidos, y las tenemos, desde un punto de vista de respeto de las normas comerciales y del cumplimiento de los derechos y obligaciones que corresponden a una relación comercial normal", afirmó, según publicó Europa Press.

Al ser consultado por las herramientas de respuesta ante un eventual bloqueo, Planas recordó que España actúa dentro del marco de la Unión Europea. Aseguró que cualquier posible acción comercial hostil por parte de Estados Unidos "no se materialice" o, en ese caso, se respondería con los "instrumentos defensivos de la Unión Europea y los propios del Gobierno de España". Citó al ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, quien recientemente declaró que España cuenta con recursos para protegerse ante este tipo de contingencias, consignó Europa Press.

En materia de apertura de mercados, Planas destacó los avances logrados con la reciente firma de acuerdos con bloques y países como Mercosur, India e Indonesia, lo que refuerza la estrategia de diversificación de mercados. A su juicio, "tenemos la gran suerte de que ahora acabamos de firmar Mercosur, India e Indonesia". Añadió que, en caso de no existir estos acuerdos, resultaría urgente su negociación para asegurar la estabilidad del sector exportador.

Frente a la posibilidad de un embargo norteamericano o restricciones adicionales, el titular de Agricultura prefirió abstenerse de realizar hipótesis, abogando por la actuación responsable y atenta a la evolución de la situación. "Cada uno tiene que actuar de forma responsable en la vida y también en la política y, por tanto, tenemos que ver qué pasa a continuación, qué pasos hay y en función de eso responder", sostuvo Planas según reportó Europa Press. Remarcó que el sector agroalimentario y la economía exportadora nacional disponen de la preparación suficiente para afrontar eventualidades derivadas del contexto internacional.

En relación a posibles restricciones de visados estadounidenses por la posición española respecto a las bases militares, Planas argumentó que España actúa con seriedad y responsabilidad, ejerciendo la soberanía en la toma de decisiones tanto en el ámbito europeo como en el marco de la OTAN, reportó Europa Press. Agregó que la colaboración y el compromiso con las organizaciones internacionales continúan firmes, pero que cualquier actuación militar carente de respaldo de la ONU puede desencadenar consecuencias que deben ser evaluadas por quienes las toman.

Sobre un hipotético impacto en el empleo derivado de una escalada del conflicto comercial, Planas consideró que las consecuencias, de haberlas, deberían ser acotadas. Destacó los posibles impactos indirectos en la economía española y europea, en particular aquellos derivados de variaciones en los precios del petróleo y el gas, fenómenos que pueden afectar al sector primario por el encarecimiento de insumos como los fertilizantes. Pese a la situación de alerta, Planas aseguró que se mantiene el monitoreo de estos factores y que las circunstancias actuales distan de las vividas al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, según destacó Europa Press.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay esperan al Parlamento Europeo para comenzar a implementar el acuerdo comercial UE-Mercosur. Después de 26 años de negociación, el convenio parecía ver la luz, una idea que se reforzó con la firma del tratado entre la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y los presidentes del bloque sudamericano en Paraguay, el pasado 17 de enero.

Tras el rechazo del Parlamento Europeo y la indignación de los agricultores y ganaderos europeos, que veían un acuerdo desigual por los precios más bajos de los productos americanos y la menor regulación y control sanitario, la Comisión Europea ha aprobado este jueves las salvaguardas exigidas por el campo para proteger a los productos agrícolas del bloque.

La norma aprobada por la CE permite a la Unión Europea actuar con mayor rapidez ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones. Estas salvaguardas ya existían dentro de la Unión, pero esta norma introduce procedimientos más ágiles y simplifica los umbrales necesarios para abrir expedientes cuando se detecten riesgos para determinados productos considerados sensibles.

El umbral fijado por la Comisión es del 5% del incremento medio durante tres años para iniciar una investigación, que deberá completarse en un plazo máximo de cuatro meses, mientras que en situaciones urgentes podrán adoptarse medidas provisionales en apenas 21 días. Además, se realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles y se publicarán informes periódicos para evaluar la evolución del mercado.

La normativa se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después, aplicándose en una primera medida en el acuerdo interino y manteniéndose vigente cuando el Acuerdo de Asociación entre ambas partes sea plenamente ratificado por el Parlamento Europeo.

Industria y campo: dos visiones alejadas del acuerdo

La activación provisional del acuerdo ha dejado en evidencia las diferencias entre la industria europea y los agricultores y ganaderos. los primeros ven en el tratado comercial una oportunidad de ampliar su negocio, mientras que los segundos ven como un peligro la entrada de productos alimentarios desde América, con menores costes y menos controles que competirían con ventaja respecto a los europeos.

Por su parte, las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España apuntan al potencial de este tratado para abrir la mayor área de libre comercio del mundo, que involucra a más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.

Por el contrario, desde el campo, los principales sindicatos no tienen estas valoraciones tan claras. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, indicó con la implementación parcial del acuerdo que “se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, subrayando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el campo sigue siendo “moneda de cambio”.

Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha acusado a la Comisión Europea de mostrar “un desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores”, tachando la decisión de “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.

Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox, insistió en que el Partido Popular debe mostrar “prudencia al hablar y coherencia al actuar” durante las negociaciones abiertas entre ambas formaciones en Extremadura, reiterando la disposición de Vox a establecer gobiernos sólidos. Según detalló el medio Europa Press, Buxadé enfatizó en sus declaraciones la conveniencia de mantener la discreción en los diálogos entre las dos fuerzas políticas para evitar filtraciones o repercusiones mediáticas que puedan obstaculizar el proceso.

Tal como publicó Europa Press, Buxadé se expresó durante una visita a Burgos, donde recalcó la política de “mano tendida” de su formación. Explicó que Vox mantiene abierta la opción de cooperar en la conformación de ejecutivos autonómicos que sustenten su programa, pero aclaró que esas alianzas deben basarse en una negociación cautelosa y sin exponer detalles públicamente. De acuerdo con el dirigente de Vox, la formación prioriza el objetivo de “cambiar las políticas” previamente establecidas en Extremadura y ve imperativo que las conversaciones no aparezcan reflejadas en los medios hasta que existan acuerdos tangibles.

Europa Press informó que Buxadé evitó revelar pormenores sobre el estado o el contenido de los diálogos con el Partido Popular, remitiéndose a la afirmación de que Vox permanece dispuesto a colaborar siempre que se pueda garantizar la formación de gobiernos robustos. El político especificó que Vox mantiene constante esta actitud en los procesos autonómicos, condicionando su apoyo a la composición de mayorías estables que respalden una transformación política en la región.

Según publicó Europa Press, Buxadé introdujo críticas hacia la actuación del Partido Popular a nivel europeo. En su intervención, instó al PP a reconsiderar sus alianzas y verlo como un paso necesario si aspiran a contar con el apoyo de Vox en la región. Argumentó que la línea adoptada por los populares en el Parlamento Europeo, especialmente en relación con otras fuerzas europeas y en votaciones significativas, se distancia de las expectativas de Vox. Remarcó que “el PP tendrá que cambiar de aliado”, en referencia a colaboraciones recientes o permanentes que, a su juicio, comprometen la coherencia exigida para cerrar acuerdos en España.

El portavoz de Vox también criticó decisiones recientes del Partido Popular en votaciones clave del Parlamento Europeo, según consignó Europa Press. Acusó a los populares de “votar junto a fuerzas de la izquierda” y de mantener el respaldo al acuerdo comercial de Mercosur, un tratado internacional entre la Unión Europea y países sudamericanos que genera divisiones entre los grupos parlamentarios españoles. A esto sumó su descontento ante el respaldo continuado del Partido Popular a la Agenda 2030, un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible promovido por la ONU y asumido por la Unión Europea y los Estados miembros.

En sus mensajes públicos recogidos por Europa Press, Buxadé reafirmó que la postura de Vox está orientada hacia la conformación de gobiernos que puedan garantizar la aplicación de políticas diferentes a las actuales en la comunidad extremeña y en otras regiones donde exista la posibilidad de alcanzar pactos. Reiteró la oferta de colaboración por parte de su partido, aunque subrayó la necesidad de que el Partido Popular muestre claridad en sus alianzas internacionales y en la coherencia de su acción política, tanto en España como en el ámbito europeo.

El dirigente de Vox subrayó que un cambio en la relación entre ambas formaciones debería acompañarse de un alejamiento de los populares respecto a las políticas impulsadas conjuntamente con otros grupos parlamentarios en Europa, según los detalles divulgados por Europa Press. Para Vox, la divergencia entre las decisiones tomadas en Bruselas y las expectativas de sus votantes en España es una de las principales razones para exigir una revisión de los compromisos del Partido Popular antes de formalizar cualquier acuerdo de gobernabilidad.

Luis Planas se refirió a la reciente firma de acuerdos comerciales con socios como Mercosur, India e Indonesia al destacar que la diversificación internacional del sector agroalimentario español ofrece una alternativa estratégica ante posibles tensiones con Estados Unidos. Según consignó el medio original, el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación precisó que tales aperturas de mercado resultan esenciales en el actual contexto de incertidumbre, luego de los anuncios de sanciones comerciales impulsados por la administración de Donald Trump tras la negativa española a ceder las bases de Morón de la Frontera y Rota para operaciones militares vinculadas al conflicto con Irán.

De acuerdo con lo publicado, Planas manifestó sentir simultáneamente cautela y optimismo ante el futuro del sector. Expuso que, si bien la situación internacional presenta riesgos tangibles debido al deterioro de las relaciones entre Irán, Israel y Estados Unidos, corresponde mantener la vigilancia sin caer en alarmismos innecesarios. El ministro indicó a los periodistas, en el marco de las XXXI Jornadas Técnicas de Covap celebradas en Pozoblanco (Córdoba), que la prioridad radica en seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y, si resulta necesario, recurrir a los mecanismos de respuesta disponibles tanto en el seno del Gobierno español como en la Unión Europea.

El medio original detalló que Planas subrayó la importancia del mercado estadounidense, destino del 4,2 % de las exportaciones agroalimentarias españolas, lo que equivale aproximadamente a 3.200 millones de euros anuales. Reconoció el deseo de mantener relaciones comerciales positivas con todos los países, incluida Norteamérica, siempre dentro del respeto a las normas y compromisos internacionales. Para el ministro es fundamental preservar una relación basada en el respeto mutuo y confía en que cualquier medida restrictiva por parte de Estados Unidos no llegue a implementarse.

El ministro recordó que, en caso de requerirse una acción defensiva frente a eventuales sanciones, España cuenta con instrumentos legales propios y con el respaldo de la Unión Europea. Mencionó que el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ya se ha pronunciado sobre la capacidad de las autoridades españolas para proteger los intereses del país frente a posibles amenazas comerciales.

Según publicó el medio original, Planas enfatizó que la economía española y el sector agroalimentario en particular están preparados para afrontar situaciones adversas debido a la amplitud de su base exportadora, que en 2023 alcanzó los 78.000 millones de euros en ventas al exterior, con un superávit de 18.300 millones de euros. Sostuvo que la estrategia de diversificación permite reducir la dependencia de mercados específicos y que la apertura a más de 190 países sirve como factor de estabilidad frente a crisis geopolíticas.

En relación con el riesgo de embargos y bloqueos comerciales, el ministro consideró improcedente hacer previsiones hipotéticas y abogó por mantener la responsabilidad y la serenidad ante cualquier escenario. Indicó que las decisiones se adoptarán de acuerdo con la evolución de los hechos y recalcó que el sector agroalimentario español posee la capacidad de adaptarse a coyunturas complejas sin mayores dificultades.

Respecto a la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las condiciones para la emisión de visados, Planas defendió la postura española como país soberano y alineado con los principios de la Unión Europea y la OTAN. A su juicio, España ejerce responsabilidades plenamente, decidiendo de forma independiente en todos los ámbitos y participando activamente en organismos multilaterales. Consideró también que quienes desarrollen acciones fuera del marco y de los principios de Naciones Unidas deben asumir las consecuencias de sus actos.

Consultado sobre el posible impacto en el empleo de una escalada del conflicto con Estados Unidos, Planas respondió que el efecto dependería de la situación interna y que, de producirse, debería mantenerse en un rango contenido. Destacó además que el aumento de precios del petróleo y del gas afecta al conjunto de las economías occidentales, tanto a España como a los demás miembros de la Unión Europea, y reiteró la necesidad de hacer un seguimiento de esta variable dado su impacto en costes para la producción agrícola.

El ministro expresó especial interés en la evolución de los costes de los fertilizantes dentro del sector primario, aunque puntualizó que la situación actual dista de la vivida tras el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Insistió en que el Gobierno mantiene una observación continua sobre estos factores para garantizar la estabilidad productiva y exportadora del campo español.

Tal como detalló el medio, la comparecencia de Planas en Córdoba coincidió con un momento de fuerte volatilidad internacional, en el que el sector agroalimentario busca consolidar su posición global aprovechando los recientes avances en la apertura de mercados asiáticos y sudamericanos. El ministro reiteró que la política de diversificación continuará siendo un pilar estratégico para el comercio exterior español y que la cooperación con la Unión Europea será fundamental ante cualquier desafío en el ámbito internacional.

España ha registrado exportaciones agroalimentarias hacia Estados Unidos valoradas en aproximadamente 3.200 millones de euros, lo que representa el 4,2% de las ventas exteriores del sector. Esto sucede en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un bloqueo comercial a raíz de la negativa de España a autorizar el uso de las bases de Morón de la Frontera y Rota para la operación militar contra Irán. Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado tanto confianza en el futuro como cautela frente a las implicaciones de las tensiones diplomáticas, según consignó el medio.

Durante su intervención ante periodistas en Pozoblanco (Córdoba), Planas destacó la importancia de mantener la serenidad y vigilancia frente al desarrollo de los acontecimientos. De acuerdo con lo señalado por el medio, el ministro puso énfasis en el carácter peligroso del contexto relacionado con Irán, Israel y Estados Unidos, aunque recalcó que no sugiere una preocupación extraordinaria. Planas remarcó la necesidad de atención continuada ante las recientes declaraciones procedentes de la administración norteamericana en las últimas 48 horas y aseguró que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea disponen de instrumentos para responder si resulta necesario.

El ministro defendió la solidez de la relación comercial con Estados Unidos, subrayando la disposición del Gobierno español a respetar las normas internacionales y a exigir reciprocidad en el cumplimiento de derechos y obligaciones en el intercambio comercial. Según publicó el medio, Planas recordó que, como miembro de la Unión Europea, España contaría con la capacidad de activar mecanismos defensivos comunitarios y nacionales en caso de concretarse medidas restrictivas. Precisó que el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ya ha anunciado la existencia de herramientas de defensa ante posibles situaciones adversas.

Respecto a la diversificación de mercados, Planas evaluó positivamente la reciente apertura de nuevos destinos comerciales para los productos agroalimentarios españoles. El medio detalló que el titular de Agricultura aludió a la reciente firma de acuerdos con bloques y países como Mercosur, India e Indonesia, lo que permitiría ampliar la presencia internacional del sector. En 2023, las exportaciones de alimentos y bebidas de España alcanzaron los 78.000 millones de euros, con un saldo positivo de 18.300 millones, según informó la publicación. Planas sostuvo la importancia estratégica de continuar expandiendo el abanico de mercados y señaló que, en caso de no haberse firmado los referidos acuerdos, resultaría prioritario negociar rápidamente alternativas para mantener la diversificación.

Interrogado sobre el impacto potencial de un embargo comercial, Planas optó por no especular y prefirió centrarse en la necesidad de actuar con responsabilidad según la evolución de la situación. Añadió que el sector exportador, con especial mención al agroalimentario, se encuentra preparado y no enfrenta, en su evaluación, problemas insalvables frente a eventuales restricciones. Así lo consignó la fuente.

Sobre las limitaciones a los visados que pueda imponer Estados Unidos por la negativa española a colaborar en el uso de bases militares, el ministro defendió la autonomía y responsabilidad de España en la toma de decisiones, tanto en el marco de la Unión Europea como de la OTAN. Según detalló el medio, Planas afirmó que España mantiene un compromiso pleno y cooperación con sus aliados, pero también ejerce su soberanía en la toma de decisiones estratégicas.

En relación con el empleo, Planas consideró que cualquier efecto adverso derivado de una escalada en la confrontación sería limitado, aunque recordó que la economía de todos los países de la Unión Europea y del ámbito occidental puede verse influida por variaciones en los precios internacionales del petróleo y del gas. El ministro apuntó particularmente la cuestión de los fertilizantes dentro del sector primario, advirtiendo que, si bien se monitorea la situación cuidadosamente, el escenario actual dista del observado al inicio de la invasión rusa a Ucrania.

Durante las XXXI Jornadas Técnicas de Covap, Planas reiteró la postura de mantener la atención y el seguimiento de la evolución internacional sin incurrir en alarmismos. Según reportó la fuente, subrayó que la apertura de mercados y el equilibrio en las relaciones internacionales representan puntos centrales para garantizar la estabilidad y el crecimiento continuado del sector agroalimentario español.

El decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva introduce un mecanismo que permite la adopción de salvaguardias para proteger a los productores nacionales de Brasil cuando el aumento de importaciones amparadas por el acuerdo cause o amenace con causar un daño grave en la industria local. Esta regulación, recogida por la Agencia Brasil, también prevé que estas medidas puedan trasladarse tanto al sector industrial como al agrícola y permite la suspensión de los beneficios arancelarios negociados en el tratado si así lo requiere la protección del mercado interno. La Cámara de Comercio Exterior tendrá la responsabilidad de decidir acerca de la activación de estas salvaguardias, mientras que tanto la industria como la Secretaría de Comercio Exterior podrán solicitar investigaciones específicas sobre el impacto de las importaciones dentro del marco del acuerdo.

El Senado de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, un paso que sigue a la aprobación previa de la Cámara de Diputados y a la de los parlamentos de Buenos Aires y Montevideo, según informó la Agencia Brasil. El Congreso paraguayo y las instituciones europeas aún no han completado la ratificación, aunque Bruselas ya ha anunciado el inicio del proceso para aplicar provisionalmente el tratado, reportó el mismo medio.

El acuerdo establece la formación de una zona de libre comercio que abarca a más de 720 millones de habitantes y contempla una reducción gradual de aranceles, detalló la Agencia Brasil. El Mercosur realizará una rebaja del 91% a los gravámenes para productos europeos en un plazo de quince años, mientras que Bruselas disminuirá en un 95% los aranceles para las exportaciones del bloque sudamericano en un período de doce años.

El proceso parlamentario de Brasil está a solo un paso de completarse, pues falta únicamente la promulgación del acuerdo por parte del presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, para que los mecanismos previstos empiecen a operar en el país. La Agencia Brasil informó que, con esta ratificación y las de Argentina y Uruguay, el lado latinoamericano del tratado estaría casi completo, restando únicamente la confirmación final del Congreso de Paraguay.

Desde el punto de vista europeo, aunque el proceso en Bruselas aún no ha concluido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó recientemente el inicio de los trámites para aplicar el acuerdo en forma provisional, según consignó la Agencia Brasil.

El tratado presta especial atención a la protección de los sectores productivos nacionales frente a posibles efectos adversos de la liberalización comercial. El decreto presidencial brasileño especifica que la salvaguardia podrá implementarse cuando las condiciones del mercado muestren incrementos significativos de importaciones que puedan comprometer la estabilidad de los sectores afectados. Además, regula que la decisión de establecer una salvaguardia recaerá en la Cámara de Comercio Exterior, y detalla que su aplicación podrá derivar en la suspensión temporal de los beneficios arancelarios acordados entre las partes.

El documento publicado por el Ejecutivo brasileño subraya que, ante condiciones excepcionales, también la Secretaría de Comercio Exterior tendrá capacidad de iniciar investigaciones de salvaguardias bilaterales, siempre respetando los procedimientos establecidos. El objetivo de estos mecanismos es mitigar cualquier daño severo a la industria local que pudiera derivarse de los flujos comerciales fomentados por el acuerdo.

La Agencia Brasil remarcó que la ratificación brasileña se produce en un contexto de avances desiguales entre los países integrantes del Mercosur y la Unión Europea. Montevideo y Buenos Aires ya finalizaron sus trámites legislativos, mientras que Paraguay y Bruselas mantienen abiertos sus respectivos procesos. A pesar de estas diferencias, tanto representantes latinoamericanos como europeos han manifestado voluntad de avanzar hacia la implementación total del tratado.

Este acuerdo de libre comercio representa uno de los tratados internacionales más amplios firmados por ambas regiones, abarcando cuestiones arancelarias, salvaguardias y procedimientos para posibles revisiones o suspensiones de beneficios, en función de las condiciones del mercado. Según el texto difundido por la Agencia Brasil, el instrumento busca la integración de mercados y la reducción de barreras al comercio, al tiempo que ofrece recursos legales para responder ante impactos negativos sobre la producción nacional.

El acompañamiento parlamentario registrado en Brasil refleja una tendencia de apoyo mayoritario entre los países del Cono Sur, aunque el tratado todavía requiere completar su recorrido institucional tanto en Paraguay como en la propia Unión Europea. Una vez promulgado por el presidente del Congreso brasileño, el acuerdo estará en condiciones de entrar en vigor en el país e iniciar su fase de implementación concreta, concluyó la Agencia Brasil en su cobertura sobre el proceso.

El Senado de Brasil aprobó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano Mercosur y la Unión Europea (UE), creando una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.

La votación se realizó tras años de negociaciones y representa un paso crucial en la integración económica entre ambos bloques, que en conjunto suman más de 700 millones de consumidores y cerca del 30 % del producto interior bruto (PIB) mundial.

El tratado elimina aranceles en más del 90% del comercio bilateral, lo que permitirá que productos como automóviles, vino y queso de Europa ingresen con mayor facilidad a Sudamérica. A su vez, carnes bovina y aviar, azúcar, arroz, miel y soja de países como Brasil podrán acceder al mercado europeo con menos restricciones. Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo.

El acuerdo fue firmado en enero en Asunción, Paraguay, tras veinticinco años de negociaciones complejas. Recibió un nuevo impulso por el aumento de medidas proteccionistas globales durante el gobierno de Donald Trump, que llevó a ambos bloques a buscar nuevas alianzas comerciales.

La Comisión Europea anunció la semana pasada que implementará provisionalmente el acuerdo, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revisa su legalidad. Países como España y Alemania han manifestado su respaldo al pacto, que beneficiará a las exportaciones europeas de maquinaria y licores hacia el Mercosur.

La decisión del Senado brasileño se suma a la ratificación previa por parte de Argentina y Uruguay. En Paraguay, la Cámara de Senadores aprobó el acuerdo por unanimidad y ahora el texto será revisado por la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que el capítulo comercial del tratado ya está en vigor provisionalmente tras las ratificaciones en los parlamentos de Argentina, Uruguay y Brasil.

En Europa, la aprobación ha generado protestas en el sector agrícola. Agricultores de países como Francia, Bélgica y Polonia han manifestado su preocupación por la posible competencia de productos sudamericanos, que consideran llegan con estándares diferentes y el uso de pesticidas prohibidos en la UE. Francia, en particular, intentó sin éxito bloquear el acuerdo.

La senadora brasileña Tereza Cristina destacó durante el debate parlamentario que “el mundo hoy está más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Esto hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más relevante y necesario”.

Desde Paraguay, la senadora Celeste Amarilla señaló que el sector agrícola es clave para la economía del país, mientras el legislador opositor Rafael Filizzola llamó a trazar una hoja de ruta para maximizar los beneficios del tratado.

El acuerdo UE-Mercosur solo requiere, para su entrada en vigor definitiva, la aprobación final en la Cámara de Diputados de Paraguay y la resolución judicial en Europa. Las autoridades de ambos bloques destacan que la apertura de este mercado representa una oportunidad geopolítica significativa para sus economías.

(Con información de EFE y AFP)

Durante su visita a la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en Fuentes de Andalucía, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, enfatizó que "cuidar el campo andaluz significa garantizar la vida en los pueblos y ciudades de Andalucía". Utilizando esta afirmación como eje, Maíllo destacó la necesidad de medidas urgentes ante la situación actual de la agricultura en la región, señalando una serie de amenazas y solicitando una respuesta firme por parte del Gobierno andaluz.

Según informó el medio, Maíllo reclamó al Ejecutivo autonómico la implementación de una política efectiva de control de precios con el objetivo de proteger la agricultura andaluza. El candidato argumentó que la causa principal del encarecimiento reside en la "concentración excesiva de los grandes distribuidores", a los que responsabilizó de fijar precios superiores al índice de precios al consumo (IPC) y de deteriorar la viabilidad de las explotaciones locales. Ante esta situación, Maíllo demandó del Gobierno andaluz impulsos concretos para actuar frente al poder de estas compañías distribuidoras, cuya influencia estaría determinando las condiciones del mercado.

De acuerdo con lo publicado por las fuentes, Maíllo no limitó sus críticas al ámbito regional. Calificó de “absolutamente perjudicial” la política de aranceles impulsada por la administración de Donald Trump, que afecta negativamente a la agricultura europea y, en particular, a la andaluza. Además, subrayó que el sector primario enfrenta desafíos añadidos, como el recorte del veintidós por ciento en la Política Agraria Común (PAC), lo que, en su opinión, merma las posibilidades de sostenibilidad para los agricultores y trabajadores del campo en la comunidad.

El dirigente de Izquierda Unida también arremetió contra la actitud del Gobierno andaluz, y especialmente la del presidente Juanma Moreno, respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). En opinión de Maíllo, la Junta “mira para otro lado” frente a este acuerdo, que a su juicio representa “un ataque al campo andaluz”. Aseguró que quienes apoyen el tratado “están en contra de los intereses del campo andaluz”, y apuntó que Moreno “demuestra siempre que está más sometido a los dictámenes de los intereses de Feijóo que a los intereses del pueblo andaluz”, remitiéndose a la postura del presidente autonómico respecto a los aranceles y al pacto comercial UE-Mercosur.

Durante su intervención con medios de comunicación, Maíllo también criticó la posición del Partido Popular (PP) en este asunto, considerando “hipócrita” que la formación vote a favor de Mercosur en el Parlamento Europeo y, sin embargo, exprese su rechazo al acuerdo en Andalucía. Según reportó la fuente, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta insistió en que la defensa del sector agrícola andaluz es incompatible con el respaldo al acuerdo con Mercosur.

La intervención y ayudas al sector agrario, afirmó Maíllo, constituyen una prioridad para su formación política. Explicó que la fijación de la población en los pueblos y la garantía de un futuro sostenible pasan por el apoyo decidido a la agricultura. Solicitó al Gobierno andaluz que despliegue soluciones que permitan ayudar tanto a los agricultores como a los jornaleros del campo en contextos de amenazas económicas o geopolíticas, incluidas las que puedan derivar de conflictos armados que compliquen el desarrollo de actividades agrarias.

El medio detalló que estas declaraciones formaron parte del itinerario de Maíllo en Fuentes de Andalucía, donde buscó poner el foco en la supervivencia de las explotaciones locales y la conservación de los empleos rurales, exigiendo acciones tangibles por parte de la Junta de Andalucía para frenar el deterioro del sector y asegurar la vida económica y social de las áreas agrarias de la comunidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señaló que España ha realizado gestiones directas con más de 1.600 empresas que mantienen actividades comerciales e inversiones en Estados Unidos para ofrecerles apoyo en el actual entorno de incertidumbre internacional. Así lo informó Europa Press citando las declaraciones de Cuerpo, quien insistió en que, en la actualidad, ninguna medida restrictiva se encuentra activa tras los recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible ruptura de relaciones comerciales con España.

Según detalló Europa Press, Cuerpo transmitió un mensaje de calma debido a que la política comercial española se encuentra alineada con la de la Unión Europea, donde la normativa y los acuerdos suscritos aplican de manera conjunta para todos los Estados miembros. El ministro explicó en una entrevista para el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta, recogida por Europa Press, que todas las disposiciones comerciales entre España y Estados Unidos continúan regidas por los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Durante la entrevista, Carlos Cuerpo puntualizó que España opera en el marco de un bloque económico, lo que implica que cualquier decisión o consecuencia derivada de la situación con Estados Unidos afecta de igual forma a los demás países de la Unión Europea. Europa Press reportó que el funcionario remarcó la vigencia del acuerdo comercial con Estados Unidos como una herramienta que permite estabilidad y previsibilidad para las empresas españolas que mantienen negocios e inversiones en ese país.

Cuerpo remarcó que tanto España como Estados Unidos, así como la propia Unión Europea respecto al país norteamericano, mantienen una relación que calificó de estratégica e histórica, con vínculos comerciales y de inversión catalogados entre los más importantes a nivel mundial. En ese sentido, reiteró que el interés de España es conservar dichas conexiones y avanzar en la integración de relaciones comerciales bilaterales.

El ministro aseguró a Europa Press que la situación geopolítica internacional presenta niveles de incertidumbre elevados y que el Gobierno español hace más de un año se ha dedicado a fortalecer la capacidad de las empresas nacionales para adaptarse a este contexto. Como parte de este esfuerzo, se ha establecido contacto permanente con empresas afectadas o expuestas a cambios en el comercio exterior con Estados Unidos.

En relación a otros actores europeos, Cuerpo indicó que ha mantenido intercambio directo con su homólogo alemán, el ministro de Finanzas, con el objetivo de coordinar posturas en favor de la unidad dentro de la Unión Europea. Luego del reciente encuentro entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente estadounidense, durante el cual se produjeron comentarios críticos hacia España, el ministro español prefirió centrarse en la declaración posterior de Merz, quien destacó la relevancia de mantener la cohesión dentro del bloque europeo.

Europa Press añadió que, aunque Cuerpo no ha sostenido contacto directo con representantes estadounidenses tras las declaraciones de Trump, sí ha continuado el diálogo con autoridades de la Unión Europea para reforzar la postura común ante posibles escenarios adversos. Manifestó la intención del Gobierno español de mantener abiertas las vías de colaboración y progreso en la integración de las relaciones transatlánticas.

Parte del trabajo del Ministerio, como expuso Cuerpo, implica promover la diversificación de mercados para las empresas españolas. Mencionó el caso del aceite de oliva, que ha sido uno de los sectores más impactados por los aranceles estadounidenses. Ante esta situación, el acuerdo comercial con Mercosur representa, en palabras del ministro según Europa Press, un paso relevante para facilitar el aumento de exportaciones en ese sector.

El titular del gabinete económico español destacó el esfuerzo a nivel europeo por responder de manera unificada a los retos comerciales actuales, subrayando que “todo lo que aplica a este bloque aplica a cada uno de los Estados miembros por separado”. Según publicó Europa Press, reiteró que las medidas de protección y respaldo se diseñan y aplican en coordinación con la Comisión Europea para salvaguardar los intereses nacionales dentro del marco europeo.

El escenario actual, de acuerdo con las manifestaciones de Cuerpo recogidas por Europa Press, exige que se continúe priorizando el acompañamiento a las empresas frente a la volatilidad internacional. El ministro se refirió específicamente a que cualquier nueva medida o ajuste en la política comercial con Estados Unidos será evaluada y gestionada conjuntamente en el ámbito de la Unión Europea, reiterando en diferentes ocasiones que hasta la fecha no se han concretado cambios materiales en la relación bilateral tras las declaraciones de Trump.

Finalmente, Carlos Cuerpo reiteró ante la prensa, según la cobertura de Europa Press, la voluntad del Gobierno español de mantener la cooperación comercial con Estados Unidos y su firme apuesta por el multilateralismo y el trabajo conjunto en el seno de la Unión Europea para afrontar los desafíos económicos globales.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur obtuvo este martes el aval para que inicie su tratamiento parlamentario en Paraguay, tras la recomendación favorable de las comisiones de Exteriores y Asuntos Constitucionales en el Senado.

Ambas comisiones aprobaron el texto de manera unánime en una reunión a la que asistieron el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, y el canciller Rubén Ramírez.

Con este respaldo, se prevé que el Senado sancione el acuerdo en la próxima sesión, y posteriormente pase a revisión de la Cámara de Diputados.

Durante la reunión en el Senado, el senador Rafael Filizzola afirmó que el convenio representa una oportunidad para Paraguay, aunque subrayó la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la industria nacional para asegurar que el país pueda beneficiarse de las nuevas condiciones introducidas por el acuerdo.

Por su parte, el senador Líder Amarilla expresó su preocupación ante la brecha competitiva que podría generarse entre productores europeos y del Mercosur, advirtiendo sobre el riesgo de competencia desleal en determinados sectores.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, defendió la postura del Gobierno y destacó que los productores paraguayos accederán a cuotas especiales de exportación hacia el mercado europeo.

Además, precisó que las salvaguardas aplicadas al sector agrícola europeo no serán implementadas para Paraguay, sino solo para Argentina, Brasil y Uruguay, siempre que se demuestre que Paraguay no participó en el incremento de exportaciones que podría activar esas medidas de protección.

El acuerdo, rubricado el 17 de enero en Asunción entre los países del Mercosur y los 27 miembros de la Unión Europea, abarca un mercado potencial de 700 millones de consumidores y representa el 25% del Producto Interno Bruto mundial.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el pasado viernes, que el pilar comercial del tratado entró en vigor provisionalmente tras la ratificación parlamentaria por parte de Argentina y Uruguay.

“Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico”, agregó.

Además, afirmó que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más relevantes de las últimas décadas y subrayó que se alcanzó entre socios que comparten la convicción de que el comercio abierto y regulado genera beneficios para todas las partes.

El tratado contempla la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la armonización de regulaciones en inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.

Para el Mercosur, el acuerdo brinda acceso preferencial a uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del mundo, lo que potenciaría especialmente a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias.

(Con información de EFE)

Durante una visita a Mazagón, en la provincia de Huelva, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, destacó que muchos cultivos y sectores productivos andaluces podrían enfrentar dificultades por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Gavira recurrió a este argumento para presentar la postura de su partido sobre el tratado internacional y comunicó la intención de Vox de promover un referéndum nacional sobre el pacto con Mercosur si Santiago Abascal llega al Gobierno español. Según informó Europa Press, Gavira defendió que la ratificación de este acuerdo debe someterse a consulta popular por su impacto sobre el sector primario nacional.

El portavoz de Vox en Andalucía criticó la orientación que el Partido Popular de Juanma Moreno ha mostrado hacia una aplicación inmediata del acuerdo, postura que, según detalló Europa Press, también respaldó la anterior consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Gavira argumentó que PP y PSOE no han apoyado una revisión jurídica del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Manifestó que, pese a la reciente ratificación del acuerdo con Mercosur por parte de los parlamentos de Argentina y Uruguay, ni el Parlamento español ni el europeo han dado pasos similares.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gavira advirtió que los sectores de los cítricos, la ganadería y la producción de carne en Huelva verán consecuencias negativas derivadas de la entrada en vigor del acuerdo. Afirmó además que otros productos agrícolas como la fresa, la frambuesa y los frutos rojos pueden experimentar problemas, incluso si esas consecuencias no se presentan de manera inmediata.

Manuel Gavira utilizó también su intervención para poner el foco sobre las actuaciones del Gobierno andaluz tras los recientes episodios de temporales que han afectado a las costas. Criticó que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista recurren a argumentos sobre la colaboración institucional y el cambio climático para "ocultar sus acciones". Europa Press consignó que, para Gavira, la referencia al cambio climático por parte de estas formaciones pretende desviar la atención sobre los efectos reales de las políticas en las zonas afectadas.

El portavoz precisó que Vox había respaldado en el Parlamento andaluz una propuesta del Partido Popular centrada en la rehabilitación de las zonas costeras deterioradas, aunque lamentó que los populares rechazaran incluir, como propuso Vox, ayudas destinadas al comercio, la hostelería y a los propios vecinos afectados. Gavira sostuvo que el objetivo del Partido Popular con esa iniciativa se limitaba a obtener repercusión mediática y no a ofrecer soluciones reales para quienes sufren las consecuencias de los daños costeros.

Al referirse a la respuesta institucional ante la erosión de las costas, Gavira reiteró la demanda histórica de Vox por obras e infraestructuras destinadas a prevenir y reducir los riesgos de futuros temporales. Mencionó que estos trabajos permitirían una mayor prevención y mitigación de los impactos, además de proporcionar ayudas económicas a los habitantes afectados.

En relación con el sector pesquero, Gavira respondió a preguntas de los medios señalando que la flota pesquera se encuentra amarrada desde hace tiempo debido a los temporales. Según publicó Europa Press, responsabilizó tanto a las políticas europeas como a las nacionales y autonómicas de lo que definió como un progresivo abandono del sector, lo que, trasladó, podría llevar a la desaparición de la actividad pesquera en zonas tradicionales como Huelva.

A lo largo de su intervención, Gavira subrayó que las iniciativas propuestas por Vox buscan asegurar que la población tenga mayor poder de decisión sobre acuerdos internacionales de gran calado, y que las infraestructuras y ayudas locales respondan a los intereses directos de los habitantes y sectores afectados por fenómenos meteorológicos y acuerdos económicos. Vox insistió en la consulta directa a la ciudadanía como vía para definir la aplicación futura de pactos internacionales, en este caso el relativo a Mercosur, al considerar que su impacto excede las capacidades de decisión de las instituciones representativas corrientes.

La apertura efectiva del mercado de más de 260 millones de consumidores vinculados al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur marca el inicio de una nueva fase para los productos gallegos, bajo un entorno regulado y con estrictas garantías. Según informó la agencia Europa Press, la viceportavoz parlamentaria y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, remarcó que este acuerdo contempla cuotas limitadas en las importaciones, cláusulas de salvaguarda para activar en caso de riesgo y exigencias sanitarias y fitosanitarias rigurosas. Con la entrada en vigor provisional del acuerdo, Méndez trasladó que Galicia enfrenta el reto de posicionarse ante esta oportunidad comercial.

El medio Europa Press detalló que la representante socialista exigió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adoptar un rol activo y liderazgo desde Galicia para acompañar a los sectores productivos y reforzar la promoción exterior de la calidad de los productos locales. Durante una rueda de prensa, Méndez solicitó a Rueda abandonar lo que denominó el “teatrillo” en Bruselas y asumir la responsabilidad de fomentar la apertura de mercados, subrayando que esta etapa requiere algo más que declaraciones por parte de las autoridades autonómicas.

Entre las solicitudes específicas al gobierno gallego, el PSdeG planteó la necesidad de un seguimiento público y transparente tanto de los precios como de los volúmenes importados, además de la activación inmediata de cláusulas de salvaguarda cuando exista riesgo para los productores gallegos. También insistió en el impulso al consumo de producto gallego, así como a las denominaciones de origen, y la implementación de medidas de acompañamiento que garanticen estabilidad e ingresos para las explotaciones del rural.

De acuerdo con Europa Press, Méndez argumentó que esta oportunidad para Galicia dependerá de la existencia de control efectivo, rigor y una defensa activa de los intereses de su sector agroalimentario. Subrayó que el acuerdo “no es una barra libre”, ya que no elimina controles ni estándares ni deja en desprotección al rural gallego. Señaló que se establecen límites precisos y programados a las importaciones, así como mecanismos de evaluación y sistemas de seguimiento permanente.

El medio Europa Press reportó que, a juicio de Méndez, la respuesta política ante el acuerdo debería centrarse en el liderazgo institucional y no en discursos que, según lo expresado, apelan al miedo o a la alarma. En este sentido, criticó tanto al BNG como al PP, sosteniendo que ambos repiten narrativas negativas respecto a la apertura comercial, y cuestionó que el Partido Popular mantenga posturas diferentes según se encuentre en Bruselas o en Galicia. “No se puede votar una cosa allí e insinuar otra distinta aquí”, manifestó Méndez según recogió Europa Press, señalando la necesidad de coherencia.

Por otra parte, la viceportavoz socialista recordó que el PSdeG lleva tiempo trabajando en Bruselas, dando soporte a la inclusión de cláusulas de salvaguarda y defendiendo intereses gallegos. Destacó la labor del eurodiputado Nicolás González Casares y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien habría realizado gestiones durante los últimos meses ante las instituciones europeas. Méndez mencionó que la influencia debe ejercerse desde el principio en la definición de este tipo de acuerdos, valorando positivamente el trabajo iniciado por el grupo socialista a diferencia de otros actores políticos que, según indicó, han centrado su labor en reuniones puntuales con representantes comunitarios.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, Méndez hizo hincapié en que la Unión Europea mantiene su soberanía regulatoria, así como los estándares ambientales, laborales y en materia de seguridad alimentaria, exigiendo requisitos específicos a las importaciones para salvaguardar las condiciones del mercado interno. Al referirse a la dimensión histórica, cultural y humana de la relación entre Galicia y los países del Mercosur, Méndez remarcó que este no constituye un mercado ajeno para los gallegos, sino un espacio con lazos consolidados desde hace generaciones.

Europa Press también recogió que, entre las preocupaciones actuales del sector, Méndez alertó sobre la posibilidad de recortes en la Política Agraria Común, un tema que situó como prioritario en la actualidad de Bruselas y que, según sus declaraciones, afectaría directamente a las explotaciones gallegas, llamando a una firme defensa ante estos desafíos.

Las reivindicaciones del PSdeG incluyen el establecimiento de sistemas de control estrictos para garantizar la protección de los productores gallegos frente a los nuevos escenarios comerciales. El grupo socialista subraya que el éxito del acuerdo dependerá de la rapidez y eficacia con que se activen las protecciones previstas ante riesgos para el rural gallego, así como de la capacidad para potenciar interna y externamente la imagen de calidad de los productos de Galicia.

En la información publicada por Europa Press, la postura de Méndez subraya que, si bien el acuerdo abre posibilidades de negocio y expansión para los sectores gallegos, solo el ejercicio de un liderazgo desde la administración autonómica permitirá transformar la oportunidad en beneficio real, sin que ello suponga la pérdida de competitividad o seguridad para las explotaciones locales.

Al hacer referencia a las decisiones adoptadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas, Carlos Pollán lamentó que los acuerdos entre ambos partidos transcurran “a espaldas de los ganaderos y de todos los españoles” y se refirió específicamente al reciente pacto sobre Mercosur. Pollán consideró que dicho acuerdo compromete la actividad del sector primario y advirtió sobre el impacto negativo que tendrá en la agricultura y la ganadería local. Estas declaraciones fueron realizadas durante una visita en Segovia, donde Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, expuso su visión sobre los principales temas de debate electoral. En este contexto, señaló que las propuestas de su partido están dirigidas a todo el electorado de la comunidad autónoma sin distinción.

Según informó Europa Press, Carlos Pollán subrayó que el programa electoral de Vox recoge “soluciones de sentido común que cualquiera puede votar”, independientemente de la preferencia política que cada ciudadano haya expresado en ocasiones anteriores. Remarcó que las medidas que propone su formación buscan atender las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla y León, y sostuvo que el contenido del programa responde a las preocupaciones de la sociedad en su conjunto.

Durante su intervención, el candidato de Vox insistió en que los acuerdos que adoptan el PP y el PSOE a nivel nacional suelen situarse en contradicción con lo que votan conjuntamente en las instituciones europeas. Según publicó Europa Press, Pollán consideró que la imagen pública de desacuerdo entre ambos partidos en el Congreso de los Diputados y en las Cortes autonómicas contrasta con los pactos logrados en el ámbito comunitario. Mencionó el acuerdo sobre Mercosur como ejemplo de decisiones tomadas sin contar con el consenso de los sectores afectados, en especial el rural.

El medio Europa Press recogió también las críticas de Pollán hacia el Partido Popular por su manejo de la Ley de Memoria Histórica. Pollán se refirió a declaraciones recientes de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, quien en una entrevista expuso su intención de derogar dicha ley en caso de acceder al Gobierno. El candidato de Vox sugirió que estas aseveraciones difieren con los hechos en Castilla y León, ya que, según relató, existe un decreto impulsado por el propio Partido Popular relacionado con la memoria histórica que no ha sido revocado tras la salida de Vox del Gobierno autonómico.

En su encuentro con los medios locales, Pollán explotó la cuestión de la “estafa” política, término que utilizó para referirse al incumplimiento de compromisos por parte del Partido Popular en relación a leyes históricas. Dijo, según consignó Europa Press, que los populares no han impulsado la derogación de normativas una vez que Vox dejó de formar parte del Ejecutivo regional, pese a las promesas formuladas antes de su marcha.

La defensa del programa electoral y el alcance de sus medidas centraron buena parte de las declaraciones de Pollán en Segovia. El candidato señaló que las propuestas de Vox pretenden ser inclusivas y aseguró que están diseñadas para ser apoyadas por cualquier votante de la comunidad, sin importar sus antecedentes políticos o partidos preferidos en procesos electorales previos. Detalló que los objetivos de Vox en Castilla y León giran en torno a la adopción de iniciativas que respondan a la realidad cotidiana del territorio.

Según detalló Europa Press, la campaña electoral de Vox en la comunidad autónoma pone énfasis en la exposición de diferencias con los partidos que han protagonizado el bipartidismo en las últimas décadas. Pollán argumentó que el comportamiento de los partidos tradicionales no siempre responde a los intereses de la ciudadanía local, y criticó la falta de cumplimiento de sus compromisos una vez que asumen el poder o cuando intervienen en decisiones comunitarias.

Pollán cerró sus declaraciones sugiriendo que el electorado de Castilla y León requiere alternativas que no estén supeditadas a decisiones externas o que no dependen, según sus palabras, de “teatrillos” en las sedes parlamentarias nacionales o autonómicas. El candidato insistió en que Vox aspira a ser una opción para todos los ciudadanos y reiteró que las soluciones propuestas buscan restaurar la confianza en la administración pública y en la protección de sectores como el agrícola y el ganadero, afectados por políticas recientes acordadas fuera de la comunidad.

Según recalcó Ana Pontón, líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la posible bajada de precios derivada del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur podría determinar la supervivencia o desaparición de numerosos productores gallegos. Pontón señaló que esta situación afecta con especial intensidad a la producción de carne en Galicia, ya que, bajo su perspectiva, el tratado plantea una competencia desigual que deja en situación de desventaja a los ganaderos de la región. La portavoz nacional del BNG tiene previsto exponer estos argumentos esta semana ante el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, durante una reunión en Bruselas programada para el 3 de marzo, de acuerdo con lo informado por el medio de comunicación facilitado.

El encuentro, que se celebrará en la sede de la Comisión Europea, contará también con la presencia de la eurodiputada Ana Miranda. La delegación del BNG transmitirá a Hansen el rechazo frontal de la formación nacionalista al tratado de libre comercio con Mercosur, argumentando que sus repercusiones para el sector agroganadero gallego resultan perjudiciales y generan condiciones de indefensión para los productores y productoras del territorio. El BNG sostiene que la producción en los países del Mercosur opera bajo estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal que consideran menos rigurosos que los exigidos en la Unión Europea, lo que, en su visión, permite a esos productores reducir costes y ofrecer precios más bajos, tal como recogió la fuente citada.

A través de un comunicado, la líder del BNG enfatizó que la competencia desleal provocada por estas diferencias normativas puede desembocar en un descenso de los precios de los productos gallegos, comprometiendo así la viabilidad de las explotaciones locales. La formación nacionalista recalca que este riesgo afecta a un sector estratégico para la economía y la identidad gallega, motivo por el cual ha manifestado su desacuerdo con el tratado tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso y la Eurocámara, según detalló la propia Pontón en comunicaciones recogidas por el medio.

El BNG ha señalado que, durante la votación en la Eurocámara, se opuso al acuerdo de Mercosur y ha recordado que los principales partidos estatales, Partido Popular y Partido Socialista, no adoptaron la misma postura. Pontón subrayó que la postura de su formación se basa en la coherencia con las demandas y preocupaciones expresadas por el sector agroganadero de Galicia, que ha mostrado su inquietud ante las consecuencias que el tratado podría acarrear, según publicó la fuente.

En relación al posicionamiento de las autoridades gallegas y nacionales, Pontón reclamó que tanto el Gobierno de la Xunta como el Ejecutivo estatal reviertan su actitud y respalden activamente a los productores gallegos, un colectivo que considera clave para el desarrollo de la comunidad. En sus declaraciones, también diferenciaba entre la posición que adjudica de “brazos cruzados” al Gobierno de Alfonso Rueda y la línea de actuación “clara e inequívoca” que atribuye al BNG, a quien reconoce un papel relevante en el proceso que llevó al Parlamento Europeo a elevar el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A lo largo de su estancia en Bruselas, la agenda de Pontón incluirá, además del encuentro con el comisario Hansen, una reunión con el Grupo Alianza Libre Europa (HALE), grupo parlamentario europeo en el que el BNG participa. Según recopiló el medio de referencia, la formación nacionalista pretende continuar fortaleciendo sus alianzas a nivel europeo para defender la posición de Galicia en relación con este y otros tratados comerciales.

Alfonso Rueda destacó que las ayudas europeas han impulsado la modernización y la competitividad del sector agrícola y pesquero en Galicia, y recalcó que la continuidad de estos recursos resulta esencial para el desarrollo y el relevo generacional en el campo gallego. Así lo manifestó el mandatario autonómico, quien se encuentra ultimando los detalles de su visita a Bruselas, donde llevará sus demandas a las autoridades de la Unión Europea ante la inminente entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre Mercosur y la UE.

Según informó el medio, tras participar en un acto en Baiona, Rueda anunció que expondrá ante el comisario europeo de Agricultura la necesidad de que los controles y medidas de salvaguarda funcionen de manera eficaz desde el inicio de la aplicación del tratado con Mercosur. Entre las principales preocupaciones de la Xunta figura el refuerzo de las auditorías tanto en el país de origen como en las fronteras españolas, responsabilidad del Gobierno central, para verificar que todos los productos cumplan las condiciones pactadas en el acuerdo.

El presidente gallego subrayó que la Xunta asume su compromiso en las labores de inspección de consumo y en materia de salud pública, pero reiteró que es imprescindible “que la entrada en vigor de Mercosur no se convierta en ningún caso en un perjuicio ni en ninguna amenaza” para los sectores afectados en Galicia. De acuerdo con las declaraciones recogidas, pondrá el foco en reclamar una supervisión estricta para impedir la entrada de productos que no respeten las normas europeas, evitando así posibles daños a la producción local.

Según detalló el medio, Rueda prevé trasladar asimismo a los responsables comunitarios la exigencia de que no se reduzcan los fondos orientados a la agricultura, la política agraria común y la pesca, adaptando las ayudas a la nueva coyuntura derivada del marco económico europeo. Considera "fundamental" la preservación de estos fondos, ya que han sido determinantes para la transformación y modernización del sector en Galicia, potenciando su competitividad y facilitando la incorporación de nuevas generaciones al ámbito rural.

El mandatario insistió en la importancia de mantener el flujo de fondos europeos y solicitó, además, que se agilice y simplifique la gestión de las subvenciones para garantizar que los beneficiarios accedan a ellas de forma más sencilla y rápida. Rueda afirmó que uno de sus principales objetivos será asegurar ante el comisario europeo que la situación de Galicia reciba la atención que le corresponde dada su relevancia dentro del contexto agrario y pesquero europeo.

Según publicó el medio, Rueda señaló que la reunión cobra especial significado, ya que no es habitual que un comisario europeo reciba a un presidente autonómico en vísperas de decisiones de gran trascendencia para el sector. Considera que esta cita representa una oportunidad para reivindicar de forma directa la posición y las necesidades de Galicia ante las autoridades europeas, en un momento crucial para el futuro del campo y la pesca regionales con la apertura comercial hacia los países del Mercosur.

La postura del presidente de la Xunta responde a la inquietud existente entre agricultores y pescadores gallegos por el posible impacto de la entrada de productos provenientes de fuera de la UE, que podrían competir con los producidos bajo las estrictas regulaciones comunitarias. De acuerdo con la información del medio, la Xunta mantendrá como prioridad la defensa de los intereses autonómicos en el nuevo escenario que se abrirá tras la ratificación provisional del acuerdo con el bloque suramericano, centrando sus esfuerzos tanto en la protección de los sectores estratégicos como en la sostenibilidad del desarrollo rural gallego.

Durante una visita a Guardo, en la provincia de Palencia, Santiago Abascal remarcó que su formación impulsará que se aborde el posible referéndum sobre el acuerdo de Mercosur desde la Presidencia de la Junta de Castilla y León, tomando como referencia las próximas elecciones. El líder de Vox dijo que este referéndum permitiría que los ciudadanos españoles decidan sobre un tratado que, en su opinión, se aprobó sin consultarles. Según informó el medio de comunicación, Abascal cuestionó abiertamente la manera en que Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habrían pactado el acuerdo, señalando que se realizó "a espaldas de los españoles".

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Abascal vinculó la responsabilidad directa de la aprobación del acuerdo de Mercosur al PP europeo liderado por Ursula von der Leyen, acusándolo de haber avanzado en una medida perjudicial para el sector agrícola y ganadero en España. En sus palabras, “El PP de Ursula von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español y la soberanía alimentaria de España”, afirmación que utilizó para ilustrar su posición crítica respecto al futuro del mercado nacional tras el acuerdo.

Según publicó el medio, el líder de Vox aseguró que, para su partido, el acuerdo con Mercosur representa un "desastre", y se comprometió a combatirlo. Argumentó que, a partir de la firma, los alimentos ofrecidos en los comercios nacionales experimentarán una merma de calidad y una “competencia brutal” con productos extranjeros, lo que para Vox implicaría la destrucción de las explotaciones ganaderas en España. En opinión de Abascal, este escenario pondría en riesgo la viabilidad del campo español y la producción nacional, elementos que considera estratégicos para la soberanía alimentaria del país.

Santiago Abascal también hizo referencia a declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente había pedido, durante un acto político celebrado en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (Salamanca), “no dividir el voto para poder echar a los socialistas”, aludiendo a la importancia de la unión del electorado conservador, aunque estimaba que no hay posibilidad de que los socialistas sumen una mayoría en los próximos comicios autonómicos. Por su parte, Abascal expresó coincidencia puntual con Feijóo al afirmar que “no hay que dividir el voto de los españoles que están en contra de Mercosur”, pero reiteró que la decisión de apoyar ese tratado fue impuesta por PP y PSOE.

El medio consignó que el presidente de Vox defendió la posición de su partido como única alternativa, diferenciándose del resto del arco parlamentario al señalar que Vox es el único partido nacional que no tiene acuerdos con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y líder del PSOE, a quien Abascal acusa de encabezar una “mafia criminal corrupta”. A su juicio, el acuerdo con Mercosur habría sido “un acto tiránico”, adoptado al margen de la voluntad ciudadana y de los intereses de los sectores productivos perjudicados.

Según consignó el medio, Abascal lamentó el hecho de que las principales decisiones relativas a los intereses nacionales, tales como el acuerdo con Mercosur, se tomen fuera de España, en lo que denominó “oscuros despachos” y bajo la influencia de “burócratas que nadie ha elegido”. Con este señalamiento, volvió a incidir sobre la falta de transparencia y participación en el proceso de negociación y aprobación del tratado.

A lo largo de sus intervenciones, y de acuerdo con la cobertura del medio, Abascal insistió en que la consulta popular que propone su formación serviría para involucrar a la ciudadanía en una decisión que, hasta ahora, considera, se ha tomado a espaldas de los afectados directos: agricultores, ganaderos y consumidores españoles. Para Vox, el referéndum se plantea como un mecanismo para legitimar o rechazar, desde una consulta democrática, la participación de España en el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

Tanto las declaraciones de Santiago Abascal como las posiciones defendidas por Vox se contextualizan, según las informaciones publicadas, dentro del debate surgido por las consecuencias económicas y sociales del tratado. Las inquietudes del partido se centran en el posible impacto negativo para la agricultura y la ganadería nacionales ante la apertura del mercado a productos provenientes de países de Mercosur, así como en la pérdida percibida de control sobre la calidad alimentaria y la capacidad de autodecisión del país frente a decisiones adoptadas en el ámbito europeo.

El líder de la formación, señaló el medio, reiteró su denuncia de que tanto el PSOE como el PP han tomado iniciativas sobre este tratado sin el apoyo explícito de la ciudadanía y al margen de los intereses nacionales, lo que ha motivado su propuesta de consulta. Con ello, Vox busca posicionarse como la única alternativa nacional a las formaciones que, según sus palabras, han pactado el acuerdo unilateralmente.

El debate sobre la reforma laboral argentina se reactivó en el Senado cuando la oposición, liderada por el peronismo, intentó frenar la discusión argumentando que la normativa violaba disposiciones constitucionales y acuerdos internacionales, según consignó el diario La Nación. Con 42 votos a favor, 28 votos en contra y dos abstenciones, la Cámara alta aprobó la versión modificada del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, después de que la Cámara de Diputados eliminara el artículo que permitía la reducción salarial durante las ausencias médicas. Según reportó La Nación, la sesión se centró en decidir si aceptar el texto aprobado por los diputados o mantener la versión original del Senado.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, esta reforma laboral, que abarca más de doscientos artículos, introduce modificaciones sustanciales en los derechos laborales, normativas de despido, horarios y vacaciones. Entre las principales novedades se encuentra la eliminación definitiva de la reducción salarial durante las bajas médicas, tras la supresión del artículo 44 por parte de la Cámara de Diputados. El gobierno de Milei presentó la normativa como una modernización necesaria del mercado laboral. El presidente escribió en redes sociales que se trataba de un hecho “histórico”, mientras la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, argumentó que la ley busca corregir “una estafa moral” que, según ella, condujo a millones de personas a la informalidad.

Bullrich, quien también es una de las principales colaboradoras del mandatario y exministra de Seguridad, defendió la iniciativa alegando que la reforma proporcionará previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas, estimulando la creación de empleo y flexibilizando el mercado, según publicó La Nación. En palabras de Bullrich, durante años muchos trabajadores fueron enviados a la informalidad “en nombre de los trabajadores”. Esa situación, sostuvo, necesita ser corregida, y por eso el bloque oficialista defendió la sanción de la normativa.

Por otra parte, el senador del Partido Judicialista Jorge Capitanich manifestó en su intervención, recogida por La Nación, que la reforma tendrá un impacto negativo en el empleo al precarizar las condiciones laborales y debilitar la protección salarial. Capitanich remarcó que la legislación vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece garantías para los derechos de los trabajadores.

Según informó La Nación, la aprobación del texto final se produjo luego de que la Cámara de Diputados quitara del proyecto original la disposición más controvertida: el recorte salarial en casos de baja médica. Esto obligó al Senado a reconsiderar el articulado y votar la reforma con los cambios introducidos, dejando a la oposición peronista con opciones limitadas para revertir el avance de la ley. La moción opositora para frenar el debate no prosperó, pese a los argumentos sobre su posible incompatibilidad con el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur.

El nuevo marco laboral implica una reforma profunda del régimen de despidos, estableciendo una reducción en los cálculos de indemnización para los empleados cesados. Además, se legaliza la posibilidad de fraccionar los períodos vacacionales, permitiendo a los empleadores y trabajadores pactar esquemas más flexibles, publicó La Nación. En cuanto a la gestión de horas de trabajo, la normativa incorpora la opción de un banco de horas como alternativa al pago de horas extraordinarias, lo cual altera la lógica tradicional de compensación por tiempo extra laborado.

Tan pronto como se conoció la aprobación, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para destacar la trascendencia de la jornada legislativa. Entre los detalles más significativos, la ley autoriza la ampliación de la jornada laboral diaria, que ahora podrá extenderse de ocho a doce horas, siempre respetando un descanso obligatorio de 12 horas entre cada día trabajado. Esta flexibilización del régimen horario forma parte de la apuesta oficialista para dinamizar la contratación de personal y dar a las empresas mayores herramientas de organización, según argumentó la presidenta del Senado.

Otra de las modificaciones incluidas en la legislación, según reportó La Nación, es la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo. El sistema judicial encargado tradicionalmente de dirimir disputas laborales dejará de existir en su forma actual, lo que se espera que altere la manera en que se tramitan los conflictos entre empleados y empleadores.

El texto también incluye restricciones importantes al derecho de huelga, detalló La Nación. La nueva normativa limita las condiciones en las que los sindicatos pueden convocar paros y regula con mayor precisión los mecanismos de protesta y negociación colectiva. En ese sentido, los acuerdos alcanzados a nivel de empresa o regiones ganan preeminencia sobre los convenios sectoriales, modificando así la arquitectura de la negociación colectiva en Argentina.

La reforma implica, además, que se amplíen las opciones de negociación directa entre partes individuales o regionales, por encima de las soluciones alcanzadas en mesas sectoriales de negociación, lo que tiende a descentralizar y diversificar las formas de acuerdo laboral, de acuerdo con lo publicado por La Nación.

Durante el proceso legislativo, la iniciativa generó un debate polarizado, con sindicatos y bloques opositores advirtiendo sobre potenciales deterioros en las garantías de los trabajadores, mientras que el oficialismo mantuvo su argumento de que estas modificaciones buscan romper con viejas estructuras que, a su juicio, limitaron la creación de empleo formal en el país. La discusión sobre la constitucionalidad de algunos artículos y el impacto previsto en el mercado laboral se mantuvo en el centro del debate hasta el momento mismo de la votación, reflejando el nivel de controversia que la ley genera en la sociedad argentina, según recogió La Nación.

Así, tras el proceso de revisión, el Senado ratificó la reforma laboral con los cambios propuestos por Diputados, estableciendo un nuevo escenario regulatorio para las relaciones laborales en Argentina. Con la promulgación de esta ley, el gobierno despliega una de sus apuestas centrales en materia de política económica y empleo, de acuerdo con lo reflejado por La Nación a lo largo de la jornada.

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias, advirtió que las medidas de salvaguarda propuestas en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no tendrían efectos preventivos y que estos mecanismos, además, no gozan de reconocimiento por parte de los países miembros de Mercosur. Según sus declaraciones, citadas por el medio Europa Press, el sector agroganadero podría verse afectado por periodos de incertidumbre mientras se justifican posibles daños, lo que, en su opinión, implicaría el riesgo de cierre de explotaciones locales antes de que las salvaguardas puedan operar.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, López criticó duramente la decisión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo, por dar su visto bueno a la aplicación provisional del pacto comercial con Mercosur. Remarcó que, tras la aprobación, el Partido Popular Europeo celebró la medida y la definió públicamente como una decisión positiva, algo que la dirigente de Vox rechazó, calificando la maniobra como una “auténtica estafa que traiciona a todo el sector primario”. López consideró que la postura adoptada por la máxima responsable del órgano ejecutivo comunitario y la formación europea equivale a ignorar las necesidades de los productores agrícolas y ganaderos europeos, en especial los españoles.

López señaló también que los impulsores del acuerdo ahora presentarán las salvaguardas como el elemento que supuestamente protege al sector primario, aunque subrayó que ninguna de estas disposiciones actúa a modo de prevención y que, además, los países de Mercosur no las reconocen. Según la dirigente asturiana, incluso en el caso de que alguno de los mecanismos se llegase a aplicar, su activación está condicionada a la justificación previa del daño ocasionado por la entrada en vigor del acuerdo. Este proceso de justificación, alertó López, puede prolongarse durante meses, lo que generará inseguridad para los profesionales del campo y pondrá en peligro la viabilidad de múltiples explotaciones ganaderas.

Durante su intervención, según recogió Europa Press, López encuadró la aplicación del tratado como un ejemplo de políticas europeas desconectadas de la realidad del campo, acusando a los promotores del pacto de actuar “de espaldas” a las demandas y preocupaciones de los trabajadores del sector primario. Añadió que el sector vive desde hace años una situación de “agonía” debido a lo que definió como políticas restrictivas por parte de las autoridades europeas, considerando que no se toma en cuenta la voz de quienes desarrollan su labor en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La líder regional de Vox manifestó que alguno de los principales afectados serían los ganaderos y agricultores que producen alimentos bajo estrictas regulaciones en la Unión Europea, y que la competencia de productos importados amparados por el acuerdo podría agravar la situación de los productores comunitarios. Según consignó Europa Press, López afirmó que las decisiones adoptadas desde Bruselas no aportan soluciones efectivas, sino que generan más obstáculos a las explotaciones españolas.

En sus comentarios finales, López recalcó que desde Vox planean continuar su apoyo al sector primario y que mantendrán su defensa de los intereses de los productores rurales. Sostuvo que el trabajo del sector es esencial para la alimentación y que merece respaldo frente a las decisiones tomadas a nivel europeo, según reportó Europa Press.

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias y portavoz parlamentaria en el Principado, denunció que el protocolo de salvaguardas contemplado en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur no conseguirá protección efectiva para los productores agropesqueros europeos, y advirtió sobre los riesgos de cierres en explotaciones ganaderas como consecuencia directa de la aplicación provisional del pacto. De acuerdo con lo publicado por el medio original, López cuestionó que las supuestas medidas de protección solo pueden activarse tras demostrarse un daño ya causado, lo que según su visión, expone al sector a largos periodos de indefensión.

Según informó el medio, López calificó la implementación provisional del acuerdo como "una auténtica estafa" y dirigió su crítica directamente contra Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, y contra el propio grupo parlamentario europeo. La dirigente acusó tanto a la Comisión Europea como a los partidos que avalan el entendimiento comercial de traicionar los intereses del sector primario. López señaló que lejos de ofrecer una protección preventiva y automática, las salvaguardas incluidas requieren, en primer lugar, que un Estado miembro demuestre un perjuicio evidente dentro de sus fronteras para poder activar mecanismos de defensa, un proceso que, afirmó, puede prolongarse durante varios meses.

La portavoz de Vox alertó de que durante ese lapso, mientras se examinan y justifican los daños ante la Comisión, numerosas explotaciones ganaderas podrían cesar su actividad debido a la competencia desleal favorecida por la entrada de productos procedentes de países de Mercosur. "Mientras que se justifica y no, pueden pasar meses y durante esos meses se provocará el cierre de muchas explotaciones ganaderas", expresó López según consignó el medio.

Crítica a la postura europea, López destacó que, a su juicio, ninguno de los socios del Mercosur reconoce la validez de dichas salvaguardas ni tienen intención de aplicarlas, lo que añade incertidumbre sobre la utilidad real de esos mecanismos. Señaló que los promotores del acuerdo —a quienes califica de "traidores"— continúan defendiendo políticas comerciales y normativas restrictivas de la producción europea sin considerar las demandas ni la experiencia de los profesionales del campo.

El medio detalló que López reiteró su postura de defensa del sector primario, al manifestar el compromiso de Vox de continuar respaldando tanto a trabajadores agrícolas como ganaderos, a quienes considera esenciales para la alimentación y la economía regional. Finalizó declarando la disposición del partido a situarse "al lado del sector primario, al lado de todos los profesionales que trabajan duramente para que todos estemos bien alimentados".

Según lo indicado por la representante asturiana, las sucesivas decisiones de las instituciones europeas han dejado al sector dependiendo de un marco regulador que, en su opinión, perjudica la viabilidad de las explotaciones familiares. Remarcó que el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur se percibe en buena parte del rural asturiano como una imposición tomada "de espaldas al campo" y sin escuchar a quienes, afirma, experimentan a diario las consecuencias de estos acuerdos en los precios y condiciones de producción.

Para la presidenta de Vox en Asturias, la aplicación provisional del pacto entre la Unión Europea y Mercosur no solo representa una amenaza inmediata para la estabilidad del sector, sino también el reflejo de la falta de interlocución del campo en los procesos de decisión europeos. La dirigente asturiana concluyó que las políticas actuales han sumido al sector en una situación insostenible motivada por criterios ajenos a la realidad de quienes cultivan la tierra o crían ganado, según recogió el medio en sus declaraciones.

El viaje que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene previsto realizar a Bruselas la próxima semana estará marcado por la defensa de los intereses del sector primario gallego ante el debate sobre los fondos europeos y la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según detalló el medio Europa Press, Rueda utilizará su cita con las autoridades europeas para reclamar la continuidad de los fondos destinados a agricultura y pesca y para exigir garantías estrictas respecto a la importación de productos procedentes de países sudamericanos, con el objetivo de proteger la producción gallega y española.

El propio Alfonso Rueda anunció estos planes durante una visita a la cooperativa agroalimentaria Aira, ubicada en Taboada (Lugo), acompañado de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. En este acto, el mandatario subrayó la necesidad de que los fondos europeos para el sector rural, la agricultura y la pesca se mantengan en el nuevo periodo presupuestario, destacando el impacto positivo que tienen en la rentabilidad y modernización de las explotaciones locales. Tal como informó Europa Press, Rueda explicó que "tenemos ejemplos perfectos de los beneficios que trae emplear ese dinero bien y de cómo se puede incidir en la modernización y en el aumento de rentabilidad y de la productividad de las explotaciones", antes de confirmar la exigencia que trasladará en Bruselas.

En relación al acuerdo comercial provisional entre la UE y Mercosur, el presidente gallego recalcó que resulta imprescindible asegurarse de que los productos importados cumplan las mismas condiciones y estándares de calidad requeridas a los productores locales, defendiendo que dichas salvaguardas evitarán que se generen perjuicios a los sectores gallego y español. Según publicó Europa Press, Rueda aseguró: "Seremos especialmente exigentes y firmes para que se cumplan las salvaguardas que garanticen que no haya perjudicados y que lo que entra aquí tenga el mismo tratamiento y estándares de calidad".

Durante su intervención en la cooperativa Aira, Alfonso Rueda se refirió a la importancia del cooperativismo para la modernización y diversificación del sector ganadero en Galicia, valorando el papel de iniciativas como la mencionada cooperativa, que cuenta con la mayor fábrica de pienso para vacuno lechero de España. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el presidente de la Xunta indicó que este tipo de proyectos son un ejemplo de la transformación del medio rural gallego, en el que el uso de tecnología y la adaptación a las necesidades de cada explotación han favorecido una evolución hacia una mayor rentabilidad y calidad de vida.

Rueda también incidió en la relevancia económica, social y cultural del medio rural, ratificando el compromiso de la Xunta con iniciativas orientadas a garantizar su futuro. Entre las medidas en marcha citó las ayudas para facilitar el relevo generacional, programas para apoyar la transformación y comercialización de productos, la creación de un banco de explotaciones y el desarrollo de un banco de tierras, según consignó Europa Press. El mandatario explicó que estos esfuerzos buscan atraer y retener a profesionales, mejorando las condiciones laborales en las granjas, incorporando innovaciones tecnológicas y favoreciendo una mayor conciliación entre el trabajo y el tiempo libre.

En cuanto al sector lácteo, Galicia se posiciona como la principal productora de leche en España, generando el 42% del total nacional y transformando en la comunidad gallega el 75% de esa producción, según puntualizó Rueda durante su intervención recogida por Europa Press. El presidente insistió en que las cooperativas juegan un papel fundamental en el desarrollo rural y en el agro gallego, razón por la cual la Xunta mantiene su respaldo a estas entidades y a las actividades que contribuyen a dinamizar el entorno rural y a fijar población mediante la generación de empleo y oportunidades.

Rueda destacó que la labor de cooperativas como Aira contribuye a la dinamización del medio rural y a combatir la despoblación. Según recordó el dirigente autonómico conforme lo publicó Europa Press, este tipo de iniciativas suponen un trabajo constante que requerirá seguir desarrollándose con el tiempo, aunque valoró los avances obtenidos gracias a ejemplos como el de la cooperativa visitada en Lugo. De esta forma, tanto las demandas a Europa como el apoyo a las cooperativas resumen la estrategia del gobierno gallego para fortalecer el sector primario en un contexto europeo marcado por negociaciones comerciales internacionales y revisiones presupuestarias.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias, Abascal calificó el acuerdo de Mercosur como un “acto tiránico”, afirmando que este pacto se ha llevado a cabo “a espaldas de los españoles” y de los sectores afectados. El presidente de Vox criticó que muchas decisiones que influyen en el futuro de España se toman fuera del país, en lo que denominó “oscuros despachos” y por “burócratas que nadie ha elegido”. Según detalló el medio, Abascal sostuvo que esta situación es consecuencia directa de la actuación de “políticos y élites traidoras”, responsables, a su criterio, de que España haya perdido soberanía durante las últimas décadas.

Durante su intervención, el dirigente de Vox también se refirió al modo en que asuntos de relevancia para el interés nacional, como las políticas migratorias, energéticas y la regulación del sector agrícola, se han decidido sin consultar a la población. Abascal denunció que estos temas se han “impuesto a machamartillo”, sin que la ciudadanía haya tenido oportunidad de expresarse o participar en el proceso de toma de decisiones. Esta crítica a la falta de consulta popular fue uno de los ejes de su discurso, según consignó el medio, y se extendió a otros ámbitos de gestión pública considerados esenciales.

En esta línea, Abascal enfatizó que desde Vox buscan “devolver la voz a los españoles” en la definición de asuntos trascendentes, y defendió la posibilidad de trabajar en favor del país reafirmando “la grandeza de España” al mismo tiempo que se cuestionan las “miserias del gobierno” y se atienden los problemas que afectan a la población. El líder político aseguró ante los asistentes que España y sus ciudadanos “no van a ser derrotados ni por los corruptos, ni por los criminales, ni por unos políticos que han vendido su soberanía”.

Tal como publicó el medio presente en el mitin, las declaraciones de Abascal se centraron en subrayar la pérdida de competencias nacionales en beneficio de actores internacionales y organismos externos, reiterando la denuncia hacia lo que considera una desconexión entre la voluntad popular y las decisiones políticas. A lo largo del evento en Tordesillas, el presidente de Vox insistió en la necesidad de fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión interna, como parte de una estrategia para afrontar lo que interpreta como desafíos a la integridad nacional y la representación democrática.

El acto formó parte de la campaña emprendida por Vox en la región y tuvo como marco el simbolismo histórico de la localidad, enlazando la época en que España jugaba un papel central en la toma de decisiones globales con el panorama actual, donde según Abascal, impera una pérdida progresiva de control sobre los principales asuntos estatales. Estos argumentos, reportó el medio, acompañaron su discurso durante la jornada, orientando el mensaje a reforzar la idea de que el país debe retomar el control perdido para defender los intereses y demandas de la ciudadanía.

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), ha destacado un hecho inédito en el contexto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur: la propia Comisión Europea, responsable de negociar y presionar para la aplicación del pacto, ha plasmado en un informe oficial las deficiencias graves en el control sanitario de la carne proveniente de Brasil. Según informó la COAG a través de un comunicado citado por la agencia EFE, esta circunstancia representa una situación sin precedentes dentro de las negociaciones comerciales entre ambos bloques. El sindicato agrario considera que la decisión de la Comisión Europea de proceder con la aplicación provisional del tratado —anunciada este viernes— implica un riesgo directo para la salud de los aproximadamente 500 millones de consumidores europeos.

De acuerdo con la información publicada por EFE, la COAG ha calificado la medida como una "grave irresponsabilidad" por parte de la Comisión Europea, la cual ha decidido implementar de forma provisional el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras la reciente ratificación en Argentina y Uruguay. En su comunicado, la organización agraria ha manifestado su rechazo absoluto e innegociable a la entrada en vigor del acuerdo antes de completar los cauces legislativos previstos, al tiempo que ha solicitado tanto al Parlamento Europeo como al Consejo de la UE que bloqueen cualquier avance hacia la ratificación definitiva del pacto. La organización fundamenta su oposición principalmente en riesgos para la seguridad alimentaria, a raíz de los hallazgos identificados en el último informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241 de la Comisión Europea.

Según detalló COAG, la auditoría oficialmente elaborada por los técnicos de la Comisión tras una inspección realizada entre el 14 y el 31 de octubre de 2025, concluyó que el sistema de control en Brasil sobre residuos hormonales —y concretamente sobre estradiol, una hormona cuyo uso como promotor de crecimiento está prohibido en la UE desde 2003— presenta carencias en la mayor parte de sus etapas. La organización subrayó que la gravedad de esta situación radica en que las deficiencias no han sido denunciadas únicamente por representantes del sector agrícola europeo, sino que se reflejan en documentos procedentes de la misma institución comunitaria que defendió y negoció el tratado. "La misma institución que ha negociado y presionado para aplicar este acuerdo es la que ha puesto por escrito que el sistema de control de la carne brasileña presentaba fallos estructurales graves. Eso no tiene precedentes", afirmó Padilla según recogió la agencia EFE.

En cuanto a los procedimientos institucionales, COAG denunció que la Comisión Europea ha optado por prescindir del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, al avanzar en la aplicación provisional del pacto antes de que este órgano se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario. La organización también apunta que la determinación comunitaria ignora el rechazo manifestado en los últimos meses por la mayoría del sector agrícola europeo —que ha protagonizado diversas movilizaciones— y por varios gobiernos europeos, entre ellos Francia y Polonia, especialmente críticos respecto al tratado.

El medio EFE detalló que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comunicó formalmente este viernes la puesta en marcha del proceso para activar de forma provisional el acuerdo comercial negociado entre la UE y los países del bloque Mercosur. Von der Leyen argumentó que esta decisión persigue objetivos de resiliencia económica, crecimiento y fortalecimiento de la soberanía europea respecto a relaciones exteriores y comerciales, una postura expresada en una breve declaración institucional en la sede de Bruselas. Señaló que los gobiernos del Consejo de la UE ya habían dado luz verde en enero para la aplicación temporal del pacto, pendiente de las ratificaciones necesarias en el seno de los países sudamericanos miembros del Mercosur.

La presidenta del Ejecutivo comunitario reconoció que su decisión surge tras semanas de debate con las capitales y los eurodiputados y puntualizó que la entrada en vigor provisional del tratado resulta, por definición, transitoria. Según fuentes de la Comisión citadas por EFE, aunque no se ha precisado una fecha concreta, el proceso administrativo podría completarse en unos dos meses. A partir de la notificación oficial por parte de la Comisión a Argentina y Uruguay —que han culminado sus respectivos procedimientos internos de ratificación—, ambas partes intercambiarán notas verbales para formalizar la voluntad de aplicar el acuerdo en modo interino. Una vez hecho ese intercambio, comenzará la cuenta regresiva de dos meses estipulada para su entrada en vigor provisional.

El acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que cierra casi 26 años de negociaciones entre ambas regiones, contempla que la parte comercial del tratado —materia de competencia exclusiva de la Unión Europea— puede activarse de forma provisional desde que uno o más miembros del Mercosur hayan ratificado el texto. No obstante, para que el acuerdo adquiera carácter definitivo, es obligatorio agotar el proceso completo de ratificación que incluye la adopción unánime por parte de los veintisiete Estados miembros de la UE y el consentimiento expreso del Parlamento Europeo.

Actualmente, la ratificación definitiva permanece en pausa, dado que el Parlamento Europeo ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando que aclare si el texto negociado respeta el marco legal comunitario. El recurso ante el TJUE impide a la Eurocámara avanzar en la ratificación, dado que el voto sobre el acuerdo queda en suspenso hasta el pronunciamiento judicial. El voto parlamentario será definitivo para la aprobación o el rechazo del tratado, aunque ya no sería posible en ese punto introducir enmiendas al texto negociado.

COAG ha subrayado que, “lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos, sino que la formula la propia Comisión Europea a través de sus auditores”, recordando que “la misma institución que ha negociado y presionado para aplicar este acuerdo es la que ha puesto por escrito que el sistema de control de la carne brasileña presentaba fallos estructurales graves. Eso no tiene precedentes”, como figura en las declaraciones de Padilla recogidas por EFE.

La preocupación central transmitida por la COAG se basa en la seguridad alimentaria europea. El sindicato señala que el sistema brasileño, según la auditoría citada, no puede garantizar que carne con residuos hormonales no llegue al mercado europeo. Este riesgo afecta a los casi 500 millones de potenciales consumidores del bloque, una cifra que la organización utiliza para dimensionar la relevancia de la amenaza y su alcance dentro del espacio comunitario.

En el trasfondo se encuentra también el procedimiento político y judicial en el que se inserta el acuerdo. El paso de la Comisión Europea se produce en un contexto de cuestionamientos desde sectores agrarios y medios gubernamentales, así como de movilizaciones en diversos puntos de Europa, donde las protestas han reflejado el nivel de rechazo a la entrada en vigor de este tipo de tratados comerciales. La espera del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión y el recurso presentado por los eurodiputados muestran el grado de controversia que suscita el acuerdo.

En relación con la dimensión internacional, el pacto firmado el pasado enero prevé un nuevo marco de relaciones económicas, comerciales y políticas entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur. El acuerdo sale adelante pese a la oposición de varios países miembros y ante la presión ejercida por una parte significativa del sector agrícola europeo, que considera que el tratado perjudica la producción europea y no garantiza la protección adecuada de la salud pública. El proceso previsto contempla que, mientras la parte comercial entre en vigor provisionalmente, los acuerdos integrales quedan condicionados a la aprobación parlamentaria y estatal.

Fuentes comunitarias indicaron a EFE que, con la entrada en vigor provisional, los mecanismos de control y verificación de productos de origen animal importados tendrían que aplicarse conforme a los actuales estándares europeos, aunque el informe de auditoría revela déficits en el sistema de origen. Frente a la entrada en vigor temporal, COAG mantiene su exigencia de que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE rechacen la ratificación definitiva, señalando que la seguridad alimentaria debe primar por encima de los intereses comerciales o políticos.

La preocupación por la posible entrada al mercado europeo de carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas figura entre los principales argumentos utilizados por asociaciones agrícolas para frenar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Según publicó la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), el informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea señala que Brasil no ha podido acreditar que su carne bovina exportada a la UE se produce sin oestradiol, una hormona cuyo uso no está permitido en el marco europeo. Ante esta situación, Asaja instó al Gobierno español a interponer un recurso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para detener de forma provisional la activación del acuerdo, con el objetivo de salvaguardar a los productores del país.

Tal como informó Asaja a través de un comunicado, la organización mostró su rechazo a la reciente decisión de la Comisión Europea de activar provisionalmente el tratado comercial conocido como Mercosur, a pesar de las preocupaciones expuestas en el propio informe de auditoría elaborado por la Comisión. Para el colectivo agrario, el incumplimiento por parte de Brasil en el control de las sustancias hormonales empleadas en su producción cárnica representa un riesgo para la salud de los consumidores y coloca en desventaja a los productores europeos, obligados a respetar normativas más estrictas.

De acuerdo con la información publicada por Asaja, la asociación exhortó al Ejecutivo de España a seguir el ejemplo de Hungría y Polonia, que ya presentaron recursos legales contra la aplicación del acuerdo. El objetivo central, según detalló Asaja, sería que el Gobierno español pida una suspensión cautelar del tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mientras se resuelven las dudas jurídicas existentes respecto a la seguridad de las importaciones.

El medio recordó que, aunque el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur cuenta con una aprobación provisional, su aplicación definitiva depende de varios pasos institucionales. Tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre los recursos presentados, el Parlamento Europeo deberá votar la ratificación del pacto. Según consignó Asaja, este recorrido legal e institucional es clave para determinar el futuro de un acuerdo que afecta de manera directa al sector agrícola europeo.

En sus declaraciones recogidas por distintos medios, Asaja subrayó que la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos españoles debe basarse en la exigencia de que los productos importados cumplan los mismos estándares sanitarios y de calidad que se aplican a los nacionales. La organización argumentó que permitir la entrada de carne tratada con hormonas prohibidas supondría una competencia desigual y podría repercutir en la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas.

El informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria citado por Asaja revela que Brasil aún no implementa garantías suficientes para excluir de la exportación a la Unión Europea la carne procedente de bovinos que hayan recibido tratamientos hormonales no autorizados dentro del bloque. Este aspecto fue especialmente destacado por la organización como una de las principales razones para solicitar la intervención judicial.

Además, Asaja denunció que continuar adelante con la activación provisional del acuerdo Mercosur a pesar de estos informes técnicos crearía un precedente que debilita la credibilidad de las medidas de seguridad alimentaria europeas. El colectivo recordó que el empleo de oestradiol y otras hormonas está expresamente prohibido en la producción animal destinada al consumo dentro del territorio de la UE debido a sus posibles efectos sobre la salud.

Asaja concluyó que la ratificación definitiva del acuerdo Mercosur por parte del Parlamento Europeo solo debería producirse cuando se hayan despejado todas las incógnitas jurídicas y sanitarias detectadas en los informes técnicos. Mientras tanto, reiteró la importancia de un recurso legal como vía para proteger tanto la seguridad alimentaria como el tejido productivo de agricultores y ganaderos en España y en el resto de Europa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha comunicado este viernes la puesta en marcha de la aplicación provisional del acuerdo tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay. Las declaraciones tanto del Ejecutivo comunitario como del Gobierno de España apuntan al potencial de este tratado para abrir la mayor área de libre comercio del mundo, que involucra a más de 700 millones de personas y representa aproximadamente el 25% del PIB global.

Desde el ámbito agrario, las reacciones han sido mayoritariamente negativas. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, ha indicado que “hoy se confirma una nueva traición por parte de Europa al sector agroalimentario”, subrayando que el acuerdo es solo una “ratificación temporal” y que el campo sigue siendo “moneda de cambio”. Por su parte, Andoni García, responsable de Organización de COAG, ha acusado a la Comisión Europea de mostrar “un desprecio profundo al Parlamento Europeo y a la posición mayoritaria de los agricultores”, tachando la decisión de “atropello democrático” que perjudica “los intereses” del sector primario.

Aunque desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano ha reconocido que la aplicación provisional era previsible, ha señalado como positivo la inclusión de cláusulas de salvaguardia recientemente aprobadas, “que no son ni mucho menos papel mojado”. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha lamentado la activación “exprés” del acuerdo y ha anunciado que su organización analizará posibles medidas legales, argumentando que no se ha respetado la legalidad, al no haber ratificación por parte de la Eurocámara y por los perjuicios tanto para agricultores como para consumidores.

A continuación, COAG ha calificado de “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión, solicitando al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que rechacen su ratificación definitiva debido a la amenaza que representa para la seguridad alimentaria de la UE. COAG sustenta su posición en los resultados del informe de auditoría DG(SANTE) 2025-0241, el cual concluye que el sistema de control de residuos hormonales en Brasil, incluyendo el estradiol –prohibido en la UE desde 2003–, es deficiente en todas sus fases.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha afirmado que “lo que hace diferente esta denuncia a todas las anteriores es que no la formulamos los representantes de los agricultores y ganaderos, sino que la formula la propia Comisión Europea a través de sus auditores”. Padilla ha remarcado que el mismo organismo que ha negociado y presionado para la aplicación del acuerdo ha reconocido por escrito fallos estructurales graves en el control de la carne brasileña, formando, dice, un hecho sin precedentes.

En la misma línea, la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) ha pedido al Gobierno de España que siga el ejemplo de Hungría y Polonia y presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE para suspender temporalmente el acuerdo. Asaja se ha referido también al informe de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, cuyo contenido pone en entredicho la capacidad de Brasil para garantizar la ausencia de hormonas prohibidas en la carne exportada a Europa.

Respaldo oficial y visión desde la industria alimentaria

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han reiterado el apoyo de España al acuerdo, recalcando la dimensión del nuevo espacio comercial y las oportunidades que representa para empresas y trabajadores españoles. El ministro Carlos Cuerpo ha declarado que “en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”.

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha valorado el momento como “oportuno” dada la inestabilidad internacional, haciendo hincapié en la necesidad de proteger a los sectores más sensibles, según ha trasladado la patronal. FIAB ha advertido sobre la importancia de que los productos de Mercosur que lleguen a Europa cumplan los mismos estándares de calidad y seguridad sanitaria y medioambiental. Según los datos presentados por la patronal, en 2024 el valor de las ventas al bloque Mercosur ha alcanzado los 329 millones de euros, frente a unas importaciones de más de 2.200 millones.

Rafael Pico, director de Asoliva, asociación que agrupa a los envasadores de aceite de oliva, ha celebrado la aplicación del tratado, al entender que es “favorable y conveniente” para el sector español. No obstante, Pico ha señalado que el acuerdo, a pesar de liberalizar de inmediato las exportaciones de aceite de oliva desde Mercosur a la UE, estipula que la desescalada arancelaria para el aceite europeo se extenderá a lo largo de 15 años.

La Organización Interprofesional del Vino de España y la Federación Española del Vino (FEV) han mostrado su respaldo, apuntando a las oportunidades que se abren especialmente en mercados como Brasil, cruciales en un contexto de caída de consumo.

Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) se respalda la aplicación provisoria, siempre que se den mecanismos efectivos de seguimiento y salvaguardia para evaluar y corregir el impacto en el mercado. Anice ha destacado las “potenciales oportunidades” que brinda el acuerdo en apertura de mercados y fortalecimiento de relaciones comerciales, siempre bajo el principio de reciprocidad normativa, sanitaria y medioambiental.

En el ámbito hortofrutícola, Ignacio Antequera, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), ha reconocido también el potencial de crecimiento, remarcando, sin embargo, la necesidad de que se respeten las salvaguardas establecidas.

Desarrollo y futuro del acuerdo

La Comisión Europea ha señalado que la parte comercial del acuerdo puede aplicarse provisionalmente desde que, al menos, un país del bloque Mercosur efectúe su ratificación, como ha sucedido con Argentina y Uruguay. Sin embargo, la aplicación definitiva requiere la aprobación de los Estados miembros y el consentimiento del Parlamento Europeo, condicionado en la actualidad por el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE para clarificar la compatibilidad del acuerdo con el Derecho comunitario, lo que ha congelado su ratificación.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido que la entrada en vigor es por definición una medida temporal y ha explicado que las capitales y los eurodiputados han estado debatiendo intensamente el asunto durante las últimas semanas. Von der Leyen ha indicado que el proceso de tramitación tras la notificación a los socios de Mercosur llevará aproximadamente dos meses, si bien la fecha exacta permanece aún por confirmar.

El proceso de aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur requerirá, según un portavoz de la Comisión Europea citado por diversos medios, un periodo aproximado de dos meses antes de su implementación formal. La entrada en vigor temporal de este pacto ha sido posible tras la ratificación por parte de Argentina y Uruguay, mientras continúan pendientes los trámites internos en otros países sudamericanos y persisten interrogantes jurídicos y políticos en el seno de la Unión Europea. Según consignan distintas fuentes, la Comisión Europea ha iniciado este proceso al considerar las ratificaciones de ambos países sudamericanos como un avance clave tras más de dos décadas de negociaciones entre las partes.

De acuerdo con lo publicado por medios internacionales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó este viernes en Bruselas que se ha puesto en marcha el proceso que permitirá la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Von der Leyen explicó que la decisión llega después de que los gobiernos de Argentina y Uruguay completaran sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas, permitiendo así a la Comisión Europea iniciar la tramitación prevista. La presidenta subrayó que la apertura de esta etapa responde tanto a la resiliencia y el crecimiento como a la necesidad de Europa de definir su propio futuro en la esfera del comercio mundial.

Durante una declaración ante la prensa, Von der Leyen recordó que el Consejo de la Unión Europea otorgó autorización a su equipo en enero para proceder a la aplicación temporal del acuerdo cuando las circunstancias lo permitieran. La funcionaria reiteró que la disposición de la Comisión se mantuvo clara desde la firma del pacto: “cuando ellos estuvieran listos, nosotros estaríamos listos”. El ritmo alcanzado por las ratificaciones en los países del Mercosur permitió al órgano ejecutivo activar este proceso desde el lado europeo, aunque no se precisó una fecha concreta para la entrada en vigor efectiva del acuerdo.

El texto del acuerdo establece que la parte comercial, al ser de competencia exclusiva de la Unión Europea, puede implementarse de manera interina tan pronto como al menos un país miembro del Mercosur complete el trámite de ratificación. Este umbral se alcanzó con la confirmación de Uruguay y Argentina. A partir de este punto, informó la Comisión Europea según lo citado por los medios, las partes intercambiarán notas verbales para formalizar su voluntad de aplicar el acuerdo temporalmente, lo que activará la cuenta regresiva de aproximadamente dos meses para su ejecución.

El pacto negociado entre Bruselas y Mercosur fue firmado a comienzos de este año y culmina cerca de 26 años de negociaciones. El acuerdo incorpora tanto aspectos políticos como comerciales y establece un nuevo marco para la relación bilateral, con impacto en un mercado estimado de 720 millones de personas. Según detalló la Comisión, esto implicará la apertura de oportunidades para los operadores económicos de ambos bloques, con la reducción progresiva de miles de millones de euros en aranceles. El acuerdo enfrenta, no obstante, una oposición significativa por parte del sector agrícola europeo y de algunos gobiernos nacionales, como Francia y Polonia, que han mostrado su rechazo por motivos económicos y medioambientales.

Aunque la Comisión Europea avanza en la aplicación provisional, la ratificación definitiva requiere que los Veintisiete adopten el acuerdo y que el Parlamento Europeo otorgue su consentimiento. La Eurocámara, sin embargo, se encuentra dividida respecto al pacto y ha elevado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para esclarecer la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario. Como resultado, el proceso de ratificación se considera paralizado hasta que el tribunal emita una resolución al respecto.

En su intervención, Von der Leyen puso énfasis en el valor estratégico del acuerdo para Europa. Afirmó que este pacto “es una plataforma para un compromiso político profundo con socios que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, la colaboración y la buena fe”, añadiendo que la confianza demostrada por Uruguay y Argentina en la rápida ratificación del acuerdo refuerza la relación entre ambas regiones. La presidenta manifestó su expectativa de que Brasil y Paraguay completen sus procesos de ratificación en el futuro cercano, lo que consolidaría aún más la puesta en marcha del acuerdo en su totalidad.

El medio que cubrió estas declaraciones enfatizó que las diferencias políticas dentro de la Unión Europea respecto al acuerdo han provocado un ambiente de incertidumbre, en particular debido a los filtros que aún debe superar el pacto en el Parlamento Europeo y a las preocupaciones sobre las consecuencias medioambientales y sociales del tratado. El sector agrícola de diversos países europeos mantiene críticas ante el temor de una mayor competencia de productos sudamericanos con estándares regulatorios distintos. Por su parte, la Comisión Europea defiende que el tratado impulsará la cooperación económica y política entre ambas regiones.

La entrada en vigor del acuerdo se produce en un contexto en que la Unión Europea busca fortalecer sus lazos políticos y comerciales con bloques estratégicos en el ámbito internacional, en el marco de un escenario global caracterizado por una mayor competencia y la necesidad de garantizar cadenas de suministro resilientes. Tal como reportó la fuente original, Von der Leyen concluyó su declaración manifestando la intención del Ejecutivo comunitario de mantener una colaboración estrecha con las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y todas las partes interesadas, a fin de asegurar un proceso transparente y sin sobresaltos en los próximos meses.

Para implementar de forma interina la parte comercial de competencia exclusiva de la UE del acuerdo, que abriría un mercado de 720 millones de personas, las autoridades comunitarias necesitaban que al menos uno de los países del bloque latinoamericano hubiese aprobado el texto, una condición que quedó cumplida este jueves con la culminación del proceso de validación en Argentina y Uruguay. Sobre la predisposición de los estados comunitarios, la jefa del Ejecutivo europeo recuerda que ya habían adelantado que la Unión Europea “estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran” para la aplicación del acuerdo tras más de 25 años de negociaciones.

Tras el anuncio, que la presidenta ha efectuado a través de una breve intercvención sin preguntas desde la capital belga, Von der Leyen ha asegurado de que la aplicación provisional del tratado comercial supone un paso para que Europa “forje su propio futuro”. Al mismo tiempo, ha recordado que el Consejo de la Unión Europea ya dio su ‘sí’ a la entrada en vigor transitoria lo antes posible mientras las autoridades comunitarias quedan a la espera de la validación definitiva del acuerdo.

A la espera del visto bueno del Parlamento

Pese a este nuevo avance, el futuro próximo del pacto de asociación entre los dos bloques sigue siendo incierto después de que el Parlamento Europeo decidiese detener el proceso de ratificación a la espera de una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre un recurso presentado por parte de eurodiputados que cuestionan la compatibilidad del tratado con el Derecho comunitario. En esta línea, la mandataria de origen alemán ha recordado que “la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional” y que “el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

Pese a las diferencias en las negociaciones, la presidenta de la Comisión Europea ha asegurado que el organismo “segugirá colaborando estrechamente” con el resto de instituciones comunitarias para progresar en el camino hacia la aprobación definitiva del acuerdo.

España respalda la decisión de Bruselas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa español ha celebrado la decisión de seguir adelante con un acuerdo que presenta “grandes oportunidades” para empresas y trabajadores del sector en Europa. Así, la cartera dirigida por Carlos Cuerpo respalda la implementación provisional de la que será “la mayor área de libre comercio del mundo”. Fuentes del Ministerio destacan el papel “fundamental” del Ejecutivo español en la tramitación del tratado, al mismo tiempo que recuerdan la “importancia estratégica” de aplicar el acuerdo comercial asegurando “garantías para la protección de los sectores sensibles”.

Por su parte, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha criticado el anuncio de la Comisión Europea por considerarlo “muy perjudicial” para las agricultores e instituciones comunitarios. En declaraciones a la prensa durante la mañana de este viernes, Genevard ha lamentado que Bruselas haya dado comienzo al proceso de aplicación provisional sin esperar al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al recurso de la Eurocámara.

El acuerdo avanza pese a la oposición del campo

La Unión Europea y los países del Mercosur firmaron en enero pasado el acuerdo pese a las protestas generalizadas entre los agricultores y ganaderos europeos, que muestran preocupación por una potencial perdida de competencia por la entrada masiva de productos originarios de países del Cono Sur con controles de calidad y normativas sobre pesticidas menos estrictos. A la oposición del sector agrícola se han unido países como Francia y Polonia, que se alinearon con el campo en su exigencias de mejores salvaguardas contra posibles efectos adversos.

No obstante, la entrada en vigor definitiva de todos los acuerdos requiere un proceso de ratificación más complejo, que implica la aprobación por parte de los Veintisiete y el consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aceptarlo o rechazarlo, aunque ya no tiene facultad para modificarlo. En cuanto a la Eurocámara, esa votación sigue pendiente hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso presentado por los eurodiputados.

El sector agrario catalán se enfrenta este viernes a una cita electoral marcada por la preocupación ante la expansión de la peste porcina africana más allá de las áreas inicialmente afectadas, el impacto que puede tener el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y las dificultades para asegurar el relevo generacional en el campo. Según informó Europa Press, agricultores y ganaderos de toda Cataluña acuden a las urnas para elegir la representación de sus organizaciones agrarias, en un contexto donde tanto el Gobierno autonómico como las principales candidaturas buscan incentivar una participación superior a la registrada en los comicios anteriores.

La Generalitat y las agrupaciones que participan en estas elecciones, entre las que se encuentran Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y la recién incorporada Assemblea Pagesa, tienen como reto movilizar a un total de 21.374 electores. Las urnas estarán abiertas entre las 9 y las 19 horas, distribuidas en 430 mesas a lo largo del territorio catalán. De este total, cincuenta se sitúan en dependencias del Departamento de Agricultura —oficinas comarcales o escuelas agrarias—, mientras que el resto dependen de la colaboración de los ayuntamientos, según detalló Europa Press.

En las últimas elecciones agrarias de 2021, Unió de Pagesos resultó la opción más votada con un 55,04% de los sufragios y seis representantes; le siguieron Jarc con un 30,15% y cuatro representantes, Asaja que obtuvo un 11,12%, y UPA con un 2,57%. La jornada de este viernes incorpora una novedad: la primera participación de Assemblea Pagesa tras 24 años de historia, en tanto que Revolta Pagesa no concurre en esta ocasión y ha solicitado el voto nulo de forma pública en las últimas semanas.

El llamado a las urnas ha coincidido con una serie de retos señalados por representantes del sector. Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos, expuso a Europa Press que el campo catalán exige "precios justos y costes asumibles para el sector, un mayor control de la fauna cinegética y evidenciar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en el campesinado catalán". Joan Carles Massot, presidente de Jarc, identificó el relevo generacional como prioridad y sugirió políticas fiscales dirigidas a los jóvenes que se inician en la agricultura: "Proponemos reducir a cero la fiscalidad de los jóvenes que empiezan y aplicar un modelo de libre amortización inspirado en el País Vasco", recogió Europa Press.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, relacionó el clima actual de las elecciones con las movilizaciones que tuvieron lugar hace dos años, cuando agricultores y ganaderos bloquearon las principales ciudades españolas en protesta. Roqué recordó que el 6 de febrero de 2024 accedieron con tractores en señal de protesta porque "sin nosotros no hay comida en la mesa", recordó Europa Press. Roqué también aludió a las preocupaciones generalizadas acerca del acuerdo entre la UE y Mercosur, subrayando las diferencias en la normativa entre las regiones y la incertidumbre respecto a la protección garantizada por los mecanismos de salvaguarda europeos.

Por parte de UPA Catalunya, Joan Montesó defendió la necesidad de mantener la agricultura familiar, resaltando el papel del arraigo local y la producción de alimentos de proximidad y calidad, según publicó Europa Press. En ese mismo sentido, Ramon Minguet, portavoz de Assemblea Pagesa, cuestionó ante el mismo medio el modelo actual del sector al argumentar que el sistema "está pervertido" y tiende a equiparar la situación de pequeños agricultores con la de grandes corporaciones. Minguet relacionó la falta de relevo generacional con el fenómeno de acaparamiento de tierras, que perjudica a las explotaciones familiares y pequeñas.

En el episodio electoral de este viernes, se otorga especial atención al nivel de participación. Los últimos comicios agrarios en Cataluña solo alcanzaron una participación del 35,82%, cifra que organizaciones y autoridades esperan superar. A las 21 horas de la jornada electoral, la secretaria general de Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot, tiene previsto anunciar los resultados de estos comicios en una rueda de prensa, según anunció Europa Press.

Las preocupaciones derivadas de la expansión de la peste porcina africana y sus repercusiones sobre el sector ganadero se suman a los temores por los posibles efectos del acuerdo entre la UE y Mercosur en los márgenes de beneficio y la viabilidad de las explotaciones catalanas. La respuesta de las organizaciones se centra en reclamar medidas para garantizar que los productos importados cumplan los mismos estándares exigidos a los productores locales, tal y como consignó Europa Press. Al conflicto normativo y comercial se añade la preocupación por la falta de relevo generacional, señalada como un obstáculo que pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones familiares.

Una de las características de esta jornada electoral es la ampliación de la infraestructura destinada a posibilitar el voto, con una red de mesas electorales facilitada en colaboración entre el Departamento de Agricultura y los ayuntamientos. Este despliegue busca favorecer la accesibilidad y el ejercicio del derecho al voto en todo el territorio, un aspecto que tanto la Generalitat como las organizaciones participantes han destacado al llamar a una mayor implicación de los electores.

En el ciclo político y económico actual, productores y representantes agrarios hacen especial hincapié en la necesidad de que el gobierno actúe para proteger los intereses del campo, considerando tanto los desafíos inmediatos como las transformaciones estructurales que enfrentan los agricultores y ganaderos catalanes, información que recogió Europa Press en su cobertura sobre la jornada electoral.

Después de 26 años de negociación, este jueves el Senado de la Nación finalmente ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que permitirá el intercambio comercial entre ambos bloques. Tras la aprobación del proyecto, ahora el Gobierno deberá reglamentarlo y publicarlo en el Boletín Oficial.

En ese sentido, la medida recibió casi todo el aval de la Cámara con 69 votos a favor y tan solo 3 en contra. El bloque de La Libertad Avanza respaldó la medida en su totalidad y la mayoría del peronismo acompañó la decisión.

Los únicos en rechazar la medida fueron los bonaerenses Juliana Di Tullio y su coterráneo Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.

Desde la Oficina del Presidente celebraron la medida y consideraron que es “un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”

“Este Acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, remarcó el comunicado.

Y siguió: “Asimismo, constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la Nación”.

En tanto, el Presidente agradeció a los parlamentarios que “acompañaron esta sanción y expresa su deseo de que los Congresos de los demás países miembros avancen en su aprobación con la misma celeridad”. Y cerró: “La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”.

Justamente, uno de los primeros en salir a celebrar la ratificación del acuerdo fue el canciller Pablo Quirno, quien en sus redes sociales resaltó: “Nos comprometimos a tratarlo y aprobarlo en extraordinarias. Cumplimos. Felicitaciones y agradecimiento a nuestro equipo en el Congreso liderado por Martín Menem y Patricia Bullrich”.

“La Unión Europea y el MERCOSUR consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares. Con esta ratificación, la Comisión Europea contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, agregó.

Por último, enfatizó: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera”.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje y lanzó un breve mensaje: “APERTURA = PROSPERIDAD. VLLC!”. Además, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo también retuiteó el posteo de Quirno y añadió: “TMAP”, en relación con la sigla que utilizan los libertarios en referencia a “todo marcha acorde al plan”.

En esa línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló: “Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”.

Asimismo, otra de las voces del oficialismo que celebró la medida, con un video, fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien sintetizó: “Argentina y sus provincias entran a un mercado enorme y con miles de oportunidades. Presidente @JMilei, ¡estamos cambiando la historia para siempre!“.

El ex ministro de Defensa y actual diputado de la Nación, Luis Petri, escribió: “El Congreso aprobó el acuerdo MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA: el mayor tratado comercial a nivel mundial. Día histórico para la libertad, integración y apertura de Argentina al mundo. De la mano del Presidente".

Y el ministro de Interior, Diego Santilli, continuó en esa línea: “Aprobado el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Un paso más hacia una Argentina integrada al mundo, con más comercio y más inversión, de la mano de @JMilei”.

En ese marco, la noticia también resonó con fuerza en el PRO. La aprobación fue celebrada como un paso estratégico para el país y, al mismo tiempo, reconocida como resultado de un proceso de largo aliento. El secretario de Relaciones Internacionales del partido, Fulvio Pompeo, lo expresó con claridad: “Hoy el Congreso aprobó el Acuerdo con la Unión Europea, clave para ampliar mercados y generar oportunidades. Durante la presidencia de Mauricio Macri lo impulsamos como prioridad estratégica, destrabando una negociación estancada por décadas. Esta visión de país integrado y protagonista en el mundo ha sido siempre uno de los principios guía del PRO, y por lo cual seguiremos trabajando con el fin de generar más oportunidades para los argentinos”.

La fuerza política destacó que la ratificación legislativa refuerza la visión integracionista y aperturista que el PRO promueve desde hace años: una Argentina conectada al mundo, competitiva y orientada a nuevas posibilidades de desarrollo. El compromiso, subrayaron, es transformar este acuerdo en empleo de calidad, inversión extranjera y expansión para todas las regiones del país.

Un dato no menor fue que, mientras se realizó el debate, el oficialismo miraba el reloj y seguía de cerca lo que sucedía en Uruguay, en donde el parlamento estaba haciendo el mismo trámite. La carrera estaba lanzada.

La idea de la Casa Rosada de ser los primeros en ratificarlo estuvo recorriendo todo el debate. Tanto es así que el oficialismo cambió el día del debate; iba a ser mañana viernes, cuando se enteró de que Uruguay lo iba a tratar hoy jueves. La orden de Milei era ser los primeros. Es por eso, cuando se conoció la lista de oradores, el oficialismo, aprovechando que había consenso para aprobarlo, intentó apurar la votación.

La estrategia fue que, en el medio de la lista de oradores, y luego de varias idas y vueltas de Bullrich en conversación con los referentes de los diferentes bloques, se pidiera votar y luego continuar con la lista de oradores. Esto fue lo que pidió el senador radical Maximiliano Abad, quien antes de tomar la palabra mocionó votarlo.

Sin embargo, esto generó un fuerte cruce en donde el peronismo se quejó de la intención “constante” de LLA de hacer “lo que se les canta las pelotas” con el reglamento. “No se puede hacer cualquier cosa. si votamos que usted se baje los pantalones y somos mayoría se los baja?” le dijo el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, al libertario Bartolomé Abdala que estaba presidiendo la sesión.

Ahora queda la “carrera” por promulgarlo, reglamentarlo y enviarlo a Paraguay, y puede ser que el estado argentino le gane a su par uruguayo en ese trámite, pero para la historia -y para el discurso del domingo 1 de mayo de Milei- quedará que la República Oriental del Uruguay fue el primer país de todos los que forman parte del acuerdo comercial en que su parlamento lo sancione con fuerza de ley.

Paraguay se encuentra en la antesala de sumarse a la ratificación del pacto comercial birregional entre el Mercosur y la Unión Europea, siguiendo el reciente respaldo que ha recibido este acuerdo en Uruguay y Argentina. Según informó el medio, el Senado argentino aprobó el acuerdo horas después de la validación por parte de la Cámara de Representantes uruguaya, consolidando así el respaldo institucional sudamericano al tratado que busca dar origen al mayor mercado de libre comercio en el mundo.

El medio detalló que el Senado de Argentina avaló el pacto por 69 votos a favor y 3 en contra, lo que posicionó al país como el segundo miembro del Mercosur en proceder con la ratificación, inmediatamente después de Uruguay. Solo queda pendiente la ratificación por parte de Paraguay, programada para la próxima semana, y el trámite final en Brasil, donde la Cámara de Diputados ha dado su aval y se espera la resolución del Senado. El acuerdo debe recibir la aprobación de todos los congresos nacionales que conforman el Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— para luego completar el proceso con la ratificación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

De acuerdo con la fuente, este tratado, resultado de más de 25 años de negociaciones, tiene la particularidad de unir a dos grandes bloques económicos y políticos, abarcando un mercado de aproximadamente 700 millones de personas. El pacto prevé la eliminación gradual del 91% de los aranceles que el Mercosur impone actualmente a los productos procedentes de la Unión Europea. A la vez, establece la supresión progresiva del 92% de los gravámenes aplicados por la UE a las importaciones de países sudamericanos.

Tal como consignó el medio, la entrada en vigor del acuerdo comercial está supeditada también a la aprobación previa del Parlamento Europeo respecto a las salvaguardias incluidas para proteger la agricultura europea, lo cual constituye uno de los puntos de mayor sensibilidad para los países integrantes de la UE. Una vez superado este proceso legislativo, el área de libre comercio creada establecería nuevas condiciones para el intercambio, ampliando las oportunidades tanto para los exportadores como para los consumidores de ambos bloques.

El acuerdo UE-Mercosur se presenta como el más ambicioso de su tipo, según publicó el medio, debido al volumen de intercambio y la magnitud de ambos mercados. Con la reducción sustancial de barreras comerciales, se espera un aumento del flujo de bienes y servicios entre las partes, así como un acceso ampliado a nuevas oportunidades en sectores como la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios y la tecnología.

Según reportó el medio, el proceso de ratificación de este acuerdo ha tenido momentos de estancamiento, marcado por debates internos en los países del Mercosur y las preocupaciones expresadas por Estados miembros de la UE respecto a normas ambientales y la protección de la producción agrícola nacional. Los gobiernos han negociado la inclusión de cláusulas para resguardar los intereses vulnerables, especialmente en los sectores agrícolas europeos, tema crucial de cara a la aprobación definitiva por el bloque europeo.

El medio recordó que la eliminación de aranceles impactará directamente en la competitividad de las exportaciones y la reducción de precios para los consumidores finales. El tratado abarca no solo mercancías, sino también normas relativas a servicios, inversiones, compras públicas, competencia y propiedad intelectual. De concretarse los pasos pendientes y validarse en todas las instancias legislativas, el pacto alterará el panorama comercial global al consolidar una de las zonas económicas integradas de mayor escala internacional.

A lo largo de los años, según consignó el medio, diversas administraciones han intentado alcanzar un consenso sobre el texto definitivo. Disputas sobre temas ambientales, regulaciones fitosanitarias, estándares laborales y el acceso a mercados sensibles ralentizaron el avance durante varios periodos de negociación. Solo en los últimos años se logró un acercamiento suficiente para someter el texto final a consideración de los parlamentos nacionales y posteriormente de los órganos comunitarios de la UE.

El acuerdo, según recordó el medio, establece etapas de desgravación paulatina en función de los sectores económicos involucrados. Algunos productos contarán con salvaguardas específicas o plazos de adaptación más extensos, en particular, los que son considerados de relevancia estratégica o susceptibles a los cambios en las condiciones de competencia internacional.

La votación en el Senado argentino formó parte de una estrategia coordinada entre los países miembros para avanzar con la puesta en funcionamiento del tratado. La ratificación acelerada por parte de Uruguay y Argentina puso presión sobre Paraguay y Brasil, que tienen procesos legislativos en curso para alcanzar la unanimidad necesaria dentro del bloque sudamericano. Según publicó el medio, la respuesta de los socios latinoamericanos marcará el ritmo del proceso y podría influir en la voluntad política dentro de la Unión Europea para concluir el proceso de ratificación.

El medio puntualizó que la implementación del tratado no solo implica beneficios comerciales, sino también obligaciones en materia de estándares de calidad, cumplimiento de normativas ambientales y adopción de prácticas comerciales transparentes. Los Estados firmantes deberán adaptar su legislación interna para asegurar un marco normativo compatible y evitar conflictos regulatorios que dificulten el comercio.

Para la Unión Europea, el acuerdo representa la expansión de su presencia económica y política en América del Sur, además de una alternativa estratégica para el suministro de recursos y la diversificación de mercados frente a tensiones comerciales globales. De acuerdo con la fuente, los sectores empresariales de ambos lados han destacado el potencial del acuerdo para impulsar la inversión, la colaboración tecnológica y la integración de cadenas de valor entre los dos continentes.

El medio también destacó que, pese al amplio apoyo institucional en Argentina y Uruguay, en algunos sectores se mantienen protestas y demandas por ajustes en el texto, especialmente entre representantes del sector agrícola y organizaciones ambientalistas. Dichas voces exigen garantías claras para la protección del empleo, los recursos naturales y el cumplimiento de las metas de sostenibilidad pactadas en los acuerdos internacionales firmados por los países involucrados.

El futuro del tratado depende ahora de las decisiones que tomen los parlamentos restantes y de la capacidad de los gobiernos en atender las demandas sociales y económicas relacionadas con la liberalización comercial. El pacto UE-Mercosur continuará siendo objeto de escrutinio tanto en Sudamérica como en Europa en los próximos meses, mientras se completan los procedimientos legales y políticos requeridos para su entrada en vigor, según informaron varias veces los medios consultados.

El Parlamento uruguayo respaldó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea con una abrumadora mayoría, posicionando a Uruguay como el primer integrante del bloque sudamericano en completar la ratificación del tratado. Según consignó el medio de comunicación, la votación en la Cámara de Representantes resultó en el apoyo de 91 de los 93 diputados, tras la previa aprobación del texto en la Cámara de Senadores. Con este nuevo paso, Uruguay se adelanta a sus socios del bloque en el proceso de ratificación de un pacto que busca instaurar la zona de libre comercio más extensa a nivel global.

De acuerdo con la información publicada, el acuerdo comercial requiere la ratificación de los otros tres países del Mercosur: Argentina, Brasil y Paraguay. Argentina mantenía en paralelo el debate legislativo en su Senado el mismo jueves en que Uruguay completó el proceso, mientras que fuentes oficiales señalaron que Paraguay prevé abordar la aprobación en el transcurso de la próxima semana. En Brasil, la Cámara de Diputados ha aprobado el texto, quedando pendiente el pronunciamiento del Senado.

Según detalló la fuente, la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea depende igualmente del aval de los 27 países que conforman la UE, responsabilidad que corresponde a sus respectivos poderes legislativos o ejecutivos de cada Estado miembro. El Parlamento Europeo ya ha emitido su aprobación, centrando la atención en las medidas de salvaguarda propuestas para proteger a los productores agrícolas europeos ante la competencia extranjera.

El objetivo principal del tratado, negociado durante más de un cuarto de siglo, reside en la creación de un espacio económico sin precedentes, con un mercado conjunto de aproximadamente 700 millones de personas. La estructura del acuerdo prevé la supresión gradual de la mayoría de los aranceles existentes: el 91% de los gravámenes que el Mercosur impone actualmente sobre productos europeos desaparecerán, así como el 92% de las tasas que la UE aplica sobre importaciones procedentes del bloque sudamericano.

Tal como publicó el medio, la aprobación uruguaya refuerza el impulso político del pacto que busca reconfigurar los flujos comerciales, ampliando las oportunidades de intercambio entre ambas regiones. Los debates legislativos en los países restantes del Mercosur y en los Estados miembros de la Unión Europea definirán el ritmo de avance hacia la implementación efectiva del tratado.

El acuerdo destaca por su ambición de eliminar las principales barreras comerciales a través de una reducción escalonada de aranceles, lo que supondrá un cambio significativo en la dinámica de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Según reportó el medio, además de los efectos esperados en el comercio agrícola, la apertura del mercado afectará sectores industriales y de servicios, generando nuevos escenarios para empresas de ambos lados del Atlántico.

La negociación del acuerdo, iniciada hace más de 25 años, enfrentó diversos obstáculos, en particular en lo referente a los intereses de los agricultores europeos y la preocupación por la protección de la producción local en ambos bloques. El medio enfatizó que las medidas de salvaguarda y los mecanismos de adaptación incluidos en el texto buscan responder a estos desafíos, estableciendo procedimientos de revisión periódica y posible ajuste en función de las condiciones del mercado.

El tratado contempla también capítulos sobre cooperación, estándares ambientales y sociales, así como disposiciones específicas sobre protección a la inversión y resolución de controversias. Según reportó la fuente, la necesidad de aprobación en instancias nacionales y supranacionales obedece a la magnitud y profundidad de los compromisos asumidos, que modifican marcos regulatorios y comerciales preexistentes.

En el contexto regional, la ratificación uruguaya representa un paso estratégico en la agenda exterior del país. El medio informó que esta decisión deriva de la apuesta gubernamental por el multilateralismo y la inserción internacional, en un momento en que las economías sudamericanas buscan diversificar mercados y atraer inversión extranjera.

La dimensión política del acuerdo también se refleja en la coordinación y disputas internas dentro del Mercosur respecto a las condiciones de acceso y los tiempos de implementación. El medio precisó que la culminación del proceso en cada país socio dependerá de los respectivos calendarios legislativos y del consenso político en torno a los beneficios y riesgos percibidos de la liberalización comercial.

La aprobación en Uruguay añade presión sobre los otros miembros del bloque para acelerar sus propios procedimientos, siendo Argentina y Brasil las principales economías del Mercosur con impacto directo en los volúmenes de comercio hacia la Unión Europea. El desenlace de los debates parlamentarios en estas naciones definirá el calendario para la puesta en marcha de la zona de libre comercio prevista por el acuerdo.

En cuanto a la repercusión europea, la ratificación por parte de los países miembros de la UE requerirá evaluaciones adicionales sobre el alineamiento del acuerdo con los compromisos ambientales y sociales del bloque, así como la implementación de salvaguardas agrícolas y laborales. El medio concluyó que la complejidad del proceso refleja tanto las oportunidades como los desafíos inherentes a una integración birregional de esta magnitud.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que España ha logrado contener y erradicar los recientes brotes de peste porcina africana (PPA), subrayando que todos los casos detectados han estado vinculados a la fauna salvaje, especialmente a jabalíes, y que “ninguna explotación se ha visto afectada”.

“Cruzo los dedos como ustedes para que no la tengamos”, ha afirmado el ministro, quien ha advertido de que España no puede bajar la guardia frente a una enfermedad que supone una seria amenaza para el sector porcino europeo, según recoge Europa Press.

Planas ha puesto en valor la gestión realizada por las autoridades sanitarias y el sector, destacando que la rápida actuación ha permitido proteger las granjas y preservar la reputación internacional del país. En este sentido, ha recalcado que España continúa exportando el 80% del volumen que vendía al exterior antes de los brotes y mantiene abierto el 82% de los certificados sanitarios internacionales.

“Somos un país tan serio, tan riguroso y con tanta reputación a nivel internacional que, a pesar de tener un brote de peste porcina, seguimos exportando con normalidad”, ha defendido el ministro, quien ha considerado estos datos una prueba de la confianza de los mercados exteriores en los controles sanitarios españoles. Se ha comprometido a trabajar para que España recupere “cuanto antes” el estatus oficial de país libre de peste porcina africana, un reconocimiento clave para reforzar aún más la posición del porcino español en los mercados internacionales.

Concesiones de la PAC

Luis Planas también ha avanzado que la Comisión Europea ha realizado “algunas concesiones parciales” en el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC), aunque ha pedido prudencia hasta verlas reflejadas “en cifras y en el resultado final”.

Ha advertido de que se trata de una “discusión muy dura” que se prolongará previsiblemente hasta el primer trimestre de 2027, si bien se ha mostrado convencido de que España logrará “un buen resultado” en una negociación clave para el futuro del campo.

Unidad total frente a la renacionalización

El ministro ha dejado claro que el Gobierno rechaza la propuesta inicial de Bruselas y, especialmente, cualquier intento de renacionalizar la PAC que, a su juicio, pueda esconder un recorte indirecto de fondos. “No nos gusta la propuesta de la Comisión Europea, pero estamos todos unidos”, ha subrayado, en referencia al respaldo conjunto del Ejecutivo, las 17 comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y cooperativas.

Planas ha ironizado sobre la posibilidad de que la Comisión traslade a los Estados miembros la responsabilidad de ajustar los presupuestos: “Dice, yo no recorto, usted haga el recorte a medida”. Y ha sido tajante: “El sector agroalimentario no debe sufrir ningún recorte en la próxima PAC”.

Durante su intervención en Valladolid en un encuentro organizado por El Norte de Castilla, el ministro ha anunciado que el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas destinar el 10% de los fondos de la nueva PAC a la incorporación de jóvenes al sector primario. También se ha mostrado partidario de mantener la ayuda acoplada a la remolacha y ha recogido la preocupación del sector ovino, para el que plantea un programa específico en la próxima PAC que refuerce al ovino-caprino.

Mercosur, India e Indonesia

En paralelo a la negociación europea, Planas ha defendido los acuerdos comerciales con Mercosur, India, Indonesia y la posible incorporación de Australia, asegurando que representan oportunidades para el sector agroalimentario español.

Según datos avanzados por el ministro, España habría cerrado 2025 con más de 78.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, un 80% más que en 2018, con un saldo positivo de 18.300 millones, lo que sitúa al país como uno de los grandes motores agroexportadores de la Unión Europea.

Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, sostuvo que se prevé la creación de un centro en Salamanca con más de 400 plazas para acoger a “supuestos inmigrantes”, y aseguró que más de la mitad son mayores de edad pese a presentarse como menores e incluso agregó que muchos estarían en edad militar. Planteó que esta situación pone en cuestión la seguridad, indicando un efecto amplio en las localidades de Castilla y León. Estas declaraciones se dieron durante su comparecencia junto a Carlos Menéndez, candidato de Vox por Salamanca, según informó Europa Press.

Tal como consignó Europa Press, Buxadé señaló que “más del 50 por ciento de esos supuestos menores” llegados a Canarias resultan ser adultos tras la realización de pruebas de edad, y denunció que sus países de origen no aceptan la repatriación pese a existir órdenes de deportación. El eurodiputado atribuyó a este fenómeno lo que describió como un “agujero negro” en la frontera canaria y denunció la gestión de la migración que afecta tanto a la región como al resto del territorio español.

En sus declaraciones, reproducidas por Europa Press, Buxadé atribuyó también responsabilidades a Coalición Canaria y al Partido Popular, partidos que gobiernan en el archipiélago, acusándolos de contribuir a un gasto que, en su opinión, afecta a los españoles al participar en la gestión y traslado de migrantes. Catalogó a Canarias como un “mero centro logístico” para la acumulación y posterior traslado de extranjeros a la península en aviones fletados por el gobierno. Sostuvo que tanto el PSOE, como Coalición Canaria y el PP, estaban al tanto de la magnitud del flujo migratorio y de la admisión de las personas que definió como “falsos menores” y “falsos refugiados”.

Buxadé subrayó, según publicó Europa Press, que las consecuencias de esta política migratoria, a su juicio, se extienden a municipios de Castilla y León, donde ya se prepara un centro para acoger a quienes llegan desde Canarias. El dirigente vinculó este proceso con la seguridad y aludió a la preocupación por el perfil de parte de los migrantes que, según sus datos, superarían la mayoría de edad y pertenecerían a franjas de edad militar.

Además, durante su intervención, Buxadé abordó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Calificó este acuerdo como una “amenaza de ruina definitiva” para el sector primario y muy especialmente para la ganadería en Castilla y León. Aseguró, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, que Vox mantendrá su apoyo a los sectores afectados. Explicó igualmente que PP y PSOE “siguen promoviendo la aplicación provisional” de este tratado a pesar de que el Parlamento Europeo espera la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo.

Por otra parte, la seguridad vial fue otro de los puntos destacados por el eurodiputado. Citó el informe de la Asociación de Carreteras de España, indicando que el 50% de las carreteras nacionales, provinciales o regionales presenta carencias de mantenimiento. Se refirió a un déficit de inversión de 14.000 millones de euros en esta materia, cifra consignada por Europa Press a partir de sus declaraciones. Buxadé responsabilizó a la gestión del gobierno central y al estado autonómico, acusando a las administraciones públicas de destinar fondos públicos a cuestiones irrelevantes según su perspectiva, en detrimento de las infraestructuras viales.

Como reacción ante el estado de las carreteras, Buxadé anunció la próxima presentación de una propuesta de Vox en ayuntamientos, el Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos. Dicho plan contempla medidas de inversión prioritaria, auditorías y controles periódicos y constantes sobre la red viaria, con el fin de corregir el déficit de infraestructuras. Europa Press reportó que Buxadé criticó la reciente imposición de la baliza lumbar V-16 al considerarla una medida insuficiente y meramente recaudatoria dentro de un contexto de falta de inversiones reales.

Las intervenciones de Buxadé en Salamanca, recogidas por Europa Press, se centraron en responsabilizar a los partidos mayoritarios por la situación migratoria en Canarias y sus efectos en otras regiones, por la gestión de los tratados comerciales internacionales y por el estado de las infraestructuras públicas. Expuso la postura de Vox sobre la migración, la economía y la seguridad, anunciando acciones en las instituciones para modificar las políticas vigentes.

A raíz de la aprobación por parte de la representación brasileña en el Parlamento del Mercosur, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano cobró impulso en la Cámara de Diputados de Brasil, que aprobó el proyecto el miércoles y lo remitió al Senado para su análisis. De acuerdo con la Agencia Brasil de noticias, esta decisión se produce mientras los Congresos de los demás países socios del Mercosur —Uruguay, Paraguay y Argentina— no han completado aún el proceso de ratificación del tratado.

Tal como publicó Agencia Brasil, la iniciativa contó con el apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, donde solo la alianza PSOL-REDE, conformada por 15 parlamentarios de un total de 513, votó en contra. El acuerdo establece una zona de libre comercio que abarca a más de 720 millones de personas y prevé una reducción arancelaria progresiva. El bloque sudamericano, Mercosur, disminuye en un 91% los aranceles sobre productos provenientes de la Unión Europea durante un plazo de quince años, mientras que Bruselas rebajará en un 95% los gravámenes a las importaciones del Mercosur en un periodo de doce años.

Según consignó Agencia Brasil, este avance legislativo ocurre en paralelo a la discusión sobre un decreto relativo a salvaguardias, mecanismo central en el acuerdo que contempla medidas para proteger la producción nacional en ambos bloques. Las salvaguardias pueden ser empleadas ante aumentos inesperados y significativos en las importaciones, o en respuesta a sanciones impuestas por organismos europeos sobre exportaciones sudamericanas. Entre las herramientas previstas figuran la imposición de cuotas de importación, la suspensión temporal de la reducción de aranceles y el restablecimiento de los gravámenes originales antes de la entrada en vigor del tratado.

El debate sobre las salvaguardias adquirió mayor relevancia tras la decisión de la Eurocámara, que a finales de 2025 aprobó una normativa más estricta para las importaciones agrícolas relacionadas con el acuerdo UE-Mercosur. La eventual aplicación de estas normas responde al interés de mitigar posibles daños significativos para los productores agrícolas europeos, según reportó Agencia Brasil.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio oficial, el vicepresidente de Brasil y titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, indicó que “siempre existe preocupación en algunos sectores”. Por tal motivo, especificó que fue presentada la propuesta de decreto sobre salvaguardias, la cual está destinada a revisión por los ministerios competentes. El texto será remitido a la Casa Civil, el órgano que realiza el análisis jurídico previo a su publicación. Este proceso podrá incluir consultas con otras carteras, como el Ministerio de Hacienda, antes de enviar la versión final al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su firma.

Mientras tanto, el Senado brasileño deberá deliberar sobre la ratificación definitiva del acuerdo, en una etapa que marca el impacto que tendrán las decisiones adoptadas tanto por instancias legislativas brasileñas como por el Ejecutivo. Según detalló Agencia Brasil, la ratificación y la reglamentación de las salvaguardias constituyen pasos cruciales para la entrada en vigencia de los compromisos asumidos con la Unión Europea. El resultado del proceso parlamentario en Brasil podría influir en la dinámica de ratificación del tratado en otros países sudamericanos, que mantienen pendiente la aprobación legislativa del acuerdo comercial y de los mecanismos de protección asociados a la producción nacional frente al nuevo escenario comercial.

A la espera del tratamiento de mañana sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el pleno del Senado realizará hoy su penúltima sesión extraordinaria para sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y aprobar las modificaciones a la vigente ley de glaciares, la cual deberá ser girada luego a Diputados.

El encuentro, citado para las 11, comenzará con la discusión del pliego que propone al exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador -político- argentino en Bélgica y la Unión Europea. Previo a ello no se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición y, como suele ocurrir, algún homenaje.

Bajo un juego que rozó el secretismo durante varias semanas, el dictamen de mayoría -firmado en diciembre pasado- sobre la ley de glaciares es el que presenta más interrogantes a la hora de la votación. Según un sondeo realizado por Infobae, hasta anoche proyectaba que varias bancadas se dividirán, llegado el momento de la definición.

Algo que sí podría derivar en curioso e interesante, ante un eventual empate, es que tuviera que inclinar la balanza la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, siempre y cuando esté presente en el recinto. “Creemos que eso, por suerte, no ocurrirá”, respondieron a este medio desde La Libertad Avanza. En algunas horas se comprobará.

Un artículo observado por algunos espacios es el séptimo del despacho, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, que estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno libertario para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas. Y, en las últimas horas, insistieron en otro punto: el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea.

A diferencia de otras iniciativas, el tratado entre el Mercosur y la UE no puede sufrir modificaciones. Debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión. Cuando el Poder Ejecutivo lo sumó al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo parlamentariamente para aventajar a sus socios regionales.

Esto se debe a que el mismo se divide en una parte política y otra económica. La primera quedó frenada, debido a que el Parlamento Europeo lo remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los convenios comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés, ya que se deberá aguardar hasta que dichos magistrados lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y éste comenzaría a negociar con las naciones que ratifiquen el tratado, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne. Tanto Brasil como Uruguay enviaron todo al Congreso y aceleran también para llegar activar, cuanto antes, los beneficios del nuevo sistema.

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea atravesó este miércoles una jornada decisiva en su proceso de ratificación. La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde al tratado con respaldo casi unánime —solo la alianza izquierdista PSOL-REDE, con 15 de los 513 escaños, votó en contra, según informó la Agencia Brasil— y lo remitió al Senado. En simultáneo, el Senado uruguayo lo aprobó por unanimidad al cabo de ocho horas de debate: los 31 senadores en sala levantaron la mano a favor, con los votos del oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional y Partido Colorado. El texto pasó a la Cámara de Diputados, donde será votado el jueves.

El presidente de la Cámara de Diputados brasileña, Hugo Motta, celebró la aprobación con énfasis. Según EFE, afirmó que Brasil, “como principal economía de América del Sur, será la gran protagonista de los beneficios” del acuerdo. Motta había identificado la aprobación del tratado como una prioridad legislativa, especialmente tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de la administración estadounidense, que reforzó la urgencia de diversificar alianzas comerciales. El texto irá ahora al Senado brasileño, donde se espera su ratificación en los próximos días.

En Montevideo, el debate parlamentario tomó un tono histórico. El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, coordinador de la bancada oficialista, calificó el acuerdo como “el más importante en materia comercial que va a estar aprobando el Parlamento Nacional a lo largo de su historia” y afirmó que permitirá al país “dar un salto en la calidad del desarrollo productivo”. El senador colorado Andrés Ojeda subrayó que “Uruguay necesita abrirse al mundo” y que el tratado es “el mayor acuerdo comercial negociado por el Mercosur en la historia”. El texto pasó a Diputados con el objetivo de que la ratificación quede completada antes del fin de semana.

Uruguay aspira a convertirse en el primer Estado —de cualquiera de las partes del acuerdo— en completar el proceso legislativo íntegro. El Gobierno entregó el proyecto al Parlamento el 10 de febrero, el último de los socios del bloque en hacerlo, pero el consenso político transversal permitió acelerar el trámite hasta concentrarlo en una sola semana. Ese hito tiene peso estratégico: según el texto del tratado, la aplicación provisional podría comenzar con el primer país del Mercosur que notifique a la UE la finalización de sus procedimientos internos, lo que convertiría a Montevideo en el detonante del inicio efectivo del acuerdo.

El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, cerrando más de 25 años de negociaciones iniciadas en 1999. Crea una zona de libre comercio que abarca más de 720 millones de personas. Los términos incluyen una reducción arancelaria del 91% sobre productos de la UE en el Mercosur en 15 años, y del 95% sobre importaciones del bloque sudamericano en 12 años, según informó la Agencia Brasil. Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió el texto al Congreso el 2 de febrero, el primer día de sesiones legislativas del año, como señal política de que el proceso no admitiría demoras.

Del lado europeo, el camino es más sinuoso. El Parlamento Europeo remitió el documento al Tribunal de Justicia de la UE a finales de 2025 para que dictamine si es compatible con los tratados comunitarios, lo que frena la ratificación formal mientras el tribunal no se pronuncie. Francia encabeza el bloque de países europeos con reservas, fundamentalmente por el impacto que el acuerdo podría tener sobre su agricultura y ganadería. No obstante, la Comisión Europea tiene la potestad de aplicar el tratado de forma provisional sin esperar ni al tribunal ni a la Eurocámara, y el propio texto establece ese mecanismo de entrada en vigor anticipada en cuanto al menos un país de cada parte notifique la finalización de sus trámites internos.

El campo madrileño ha vuelto a alzar la voz en el corazón de la capital. Las principales organizaciones de productores del sector primario de la Comunidad de Madrid han congregado este miércoles agricultores y ganaderos en la céntrica Puerta del Sol para protestar por las condiciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como por las políticas agrarias a nivel nacional.

En el simbólico kilómetro cero de las carreteras españolas, y bajo la mirada de la estatua del oso y el madroño, representantes de Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA y Cooperativas Agrarias desplegaron pancartas y leyeron un manifiesto conjunto. La protesta estaba prevista para finales de enero, pero tuvo que ser suspendida por las inclemencias meteorológicas. Esta vez, con dos tractores presidiendo la concentración, el mensaje fue claro: el sector primario exige cambios urgentes, según recoge Europa Press.

Mientras en un lateral del escenario se repartían miles de raciones de potaje madrileño elaborado con productos de la región, los agricultores y ganaderos denunciaban que el acuerdo con Mercosur no contempla los mismos controles sanitarios para los productos importados que para los nacionales.

“Sordera” institucional y desigualdad de condiciones

Las principales demandas del campo corrieron a cargo del presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, quien puso el foco en la desigualdad de condiciones que, a su juicio, lleva aparejado el acuerdo, al tiempo que rechazó el aumento de las exigencias burocráticas para el sector.

En la misma línea se expresó el máximo representante de Ugama, Alfredo Berrocal, quien lamentó que los agricultores y ganaderos españoles son los “pagafantas” de un acuerdo que beneficia a otros sectores “pero desde luego al campo no”. A su juicio, el pacto comercial podría desembocar en el “abandono” del campo, agravando un problema estructural que ya afecta a numerosas explotaciones.

Las organizaciones agrarias también exigieron que el Gobierno deje de estar “sordo” ante sus reivindicaciones. Durante la lectura del manifiesto, insistieron en que las políticas agrarias deben tener más en cuenta los intereses del sector primario, especialmente en un contexto de aumento de costes, exigencias normativas y competencia internacional.

El recorte del 22% de la PAC y el relevo generacional

Además del acuerdo con Mercosur, otra de las grandes preocupaciones del sector es el recorte del 22% de la Política Agraria Común (PAC) en la nueva reforma. Así lo subrayó la secretaria general de AGIM-COAG, Ivana Martínez, que advirtió del impacto directo que esta reducción tendrá sobre la viabilidad de muchas explotaciones.

Martínez también puso el acento en los problemas para garantizar el relevo generacional en el campo madrileño, una cuestión clave para asegurar la continuidad de la actividad agraria en la región. Sin jóvenes que asuman el testigo, alertan, el riesgo de despoblación rural y abandono de tierras se multiplica.

Por su parte, el secretario general de UPA Madrid, Jesús Anchuelo, reclamó acciones concretas para controlar el “grandísimo problema” de la fauna silvestre, que afecta a los cultivos madrileños, así como las manadas de lobos que amenazan las explotaciones ganaderas. Según explicó, los daños provocados por estas especies suponen un sobrecoste difícil de asumir para muchos profesionales del sector.

“Las palabras no nos sirven, queremos hechos”

La concentración también sirvió para recordar que los representantes del campo madrileño ya se reunieron a finales de enero —el día de la convocatoria frustrada por la nevada— con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle sus demandas. De aquel encuentro salieron con la promesa de una propuesta, pero ahora exigen medidas concretas.

“Palabras ya no nos valen, queremos hechos. Las palabras son muy bonitas, salimos de las reuniones y nos dicen claramente lo que queremos oír. Pero de eso ya estamos hartos, queremos hechos”, remachó Anchuelo ante los medios, en una de las frases más contundentes de la jornada.

El malestar del sector no es nuevo, pero sí creciente. Las organizaciones consideran que el campo está soportando una carga desproporcionada en términos regulatorios y económicos, mientras compite con productos de terceros países que, aseguran, no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales.

Empresas pequeñas y medianas han tenido que tomar decisiones significativas a raíz de los constantes cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, incluyendo el desvío de exportaciones o la búsqueda de mercados alternativos, de acuerdo con declaraciones de la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Tal como informó RTVE y recogió Europa Press, De Miguel destacó que la reciente introducción de nuevas tasas del 15 % por parte de la Casa Blanca, adoptada tras la revocación de numerosos aranceles establecidos por la administración Trump, intensifica la incertidumbre y complica considerablemente la planificación y adaptación de las pymes españolas interesadas en acceder al comercio exterior estadounidense.

De Miguel explicó a RTVE que estas modificaciones en la política comercial estadounidense dificultan a las pequeñas y medianas empresas la elaboración de una estrategia a largo plazo. Según consignó el medio, la dirigente señaló que los cambios frecuentes y la falta de previsibilidad en las decisiones arancelarias impiden a las pymes reaccionar con la misma agilidad que demuestran las grandes compañías internacionales, que suelen contar con recursos y estructuras que les permiten afrontar este tipo de fluctuaciones normativas.

La presidenta de Cepyme remarcó que el reciente fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., que anuló una parte sustancial de los gravámenes implementados por la anterior administración, desencadenó la reacción de la Casa Blanca al presentar un nuevo paquete de tarifas globales del 15 %. Según publicó Europa Press, De Miguel subrayó que este contexto genera “muchísima complicación” para las pymes, que frecuentemente carecen de la capacidad de respuesta necesaria para afrontar repentinos cambios regulatorios en mercados internacionales clave.

En la misma entrevista, se le consultó si las empresas españolas estarían dispuestas a solicitar compensaciones a Estados Unidos por las pérdidas económicas derivadas de la política arancelaria previa. La líder de Cepyme reconoció que esta medida representa “una alternativa más”, aunque puntualizó que aún es necesario esperar a la evolución de los procesos legales en territorio norteamericano. RTVE recogió su afirmación de que algunas grandes empresas probablemente actúen en este sentido, dado que muchas suelen liderar esta clase de iniciativas, pero también reconoció la posible utilidad de esa vía para numerosas pymes españolas que ya se han visto obligadas a redirigir operaciones, o directamente interrumpir sus exportaciones a dicho país.

Al mismo tiempo, De Miguel recordó que la Unión Europea se encuentra en el proceso de identificar y establecer nuevos mercados alternativos ante la dificultad creciente de acceder a Estados Unidos. Entre los destinos destacados figuran India y los países que integran el bloque Mercosur. Según detalló el medio RTVE, la dirigente empresarial remarcó que el acuerdo con Mercosur representa una “oportunidad” para las pymes, aunque enfatizó la importancia de negociar las denominadas “cláusulas espejo”. De Miguel precisó que estas condiciones resultan clave para garantizar que las empresas europeas y de Mercosur compitan bajo reglas equiparables en aspectos sociales, medioambientales y regulatorios.

Cepyme, bajo el liderazgo de De Miguel, ha mantenido un seguimiento de las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas al interactuar con mercados sujetos a cambios legislativos y comerciales abruptos. Según lo recogido por Europa Press, la organización ha destacado la importancia de construir redes de comercio internacional resistentes a fluctuaciones normativas y económicas, reforzando las capacidades de las pymes para diversificar destinos de exportación y reducir el impacto de alteraciones regulatorias externas.

Por otra parte, la presidenta de Cepyme advirtió que la complejidad regulatoria y la falta de estabilidad en los mercados estratégicos pueden llevar a la reducción de oportunidades de expansión y al aumento de costes para las empresas de menor tamaño. De Miguel explicó a RTVE que las pymes deben afrontar cargas administrativas y costes adicionales cuando se producen variaciones en los aranceles, alteraciones que, en muchos casos, afectan directamente su viabilidad en el mercado internacional.

Así, la organización empresarial insiste en la necesidad de reforzar el marco de negociación comercial a nivel comunitario, de modo que las pequeñas y medianas empresas puedan encontrar alternativas viables para compensar la volatilidad en plazas extranjeras. RTVE y Europa Press señalaron los esfuerzos de la Unión Europea para concretar acuerdos como el de Mercosur, mientras se mantiene la incertidumbre por el impacto futuro de las nuevas tarifas estadounidenses y la posibilidad de litigios internacionales en busca de compensación por las pérdidas sufridas por las empresas españolas.

El Senado se apresta a terminar esta semana las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo hasta finales del corriente mes, con dos encuentros en el recinto y un objetivo central dentro del combo de iniciativas a tratar: sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados.

Los convites en cuestión ya fueron solicitados para jueves y viernes. Esto tiene una explicación. A diferencia de la Cámara baja, la alta tiene un freno reglamentario que apunta a que, si desde la firma de un dictamen no se consiguen dos tercios para habilitarlo al día siguiente sobre tablas -por citar un ejemplo-, el despacho debe aguardar siete días. Es lo que ocurre con la ley de trabajo, que se discutió el viernes último en plenario de comisiones.

Como hay varios proyectos en danza, el oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), avanzó junto a fuerzas dialoguistas con el pedido de dos sesiones extraordinarias que aún no fueron convocadas de manera oficial, lo que ocurrirá en las próximas horas.

La primera, para las 11 de jueves, incluye el pliego del ex diputado mileísta Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que entre sus puntos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ambos se dictaminaron días atrás.

En cuanto al Régimen Penal Juvenil, si bien se estima un consenso generalizado entre libertarios y aliados, persisten dudas en ciertos bloques -como la Unión Cívica Radical- que amagaron con firmar en disidencia el despacho y, sin embargo, se sumaron sin chistar al oficialismo.

Con volteretas más delicadas se hallan los cambios a la ley de glaciares, que también aparece en la nota presentada para sesionar el jueves. La lupa vuelve a dirigirse hacia un legislador de la UCR muy interesado en el tema y que, a esta altura, no se sabe bien a qué juega, aunque arrastra al resto.

Para el viernes, los legisladores buscan el mismo horario para iniciar la actividad en el recinto y, junto a lo laboral, se intentará sancionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, texto que supone una nueva división entre kirchneristas y peronistas.

Uno de esos bloques es el de Convicción Federal, que preside el puntano Fernando Salino. Son cinco votos -Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza completan dicho “team”- que dicen ser justicialistas según la época y amenazan, desde hace larguísimos e interminables meses, con despegarse del cristinismo. El año pasado, algunos de ellos salieron con mensajes emotivos en defensa de la ex mandataria, quien continúa con el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Hoy, es su peor enemiga. Mientras la novela suma capítulos y “feroces” peleas con cebita en redes sociales -que cada vez interesan menos a sus militantes-, estos senadores juegan gratis, sin importar consecuencias y, por momentos, creen ser los más rápidos del condado. No lo son.

Más allá de esto, ya es un secreto a voces que, en caso de ruptura, un par de legisladores se quedaría bajo el techo con goteras -más sopa fría- que ofrece el kirchnerismo, lo que derivaría en un nuevo papelón para el arco justicialista. El líder del cristinismo en la Cámara alta es el formoseño José Mayans. Hasta la noche del jueves, no se había mostrado por el Congreso y dejó a sus soldados sin instrucciones y preocupados. El desconcierto fue total.

Hay un convite más para esta semana que no será extraordinario, sino que forma parte de lo que ocurre los 24 de febrero: la sesión preparatoria de mañana, donde se prevé la confirmación de varias autoridades -secretarías estratégicas, como la parlamentaria y administrativa- y al titular provisional del Cuerpo -segundo escalafón en sucesión presidencial-, hoy en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala. No obstante, siempre está el temor de un teléfono rojo desde la Casa Rosada que dé vuelta todo. En cuanto a las vices, el sector K impulsaría para la principal a la catamarqueña Lucía Corpacci y evitaría dejar el lugar vacante.

Seguido a la preparatoria -por ahora, lo más probable- o entre jueves y viernes se agregaría, a la intensa actividad, la votación de los representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -y posterior- de los gastos del Estado.

Infobae contó, el 25 de enero pasado, la búsqueda de una resolución sobre la AGN para esta época. Luego, quedó en “stand by” y volvió a tomar forma durante el fin de semana. Son tres butacas en pugna: una quedará para LLA, mientras que las otras dos irán a parar al kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR).

El inicio del año 2026 ratificó la persistencia del desequilibrio comercial que la Argentina mantiene con sus socios regionales. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la balanza comercial con el Mercosur registró un déficit de USD 140 millones durante enero. Este resultado se da en un contexto donde, a nivel global, el país logró un superávit comercial total de USD 1.987 millones.

Las cifras del primer mes del año muestran que las exportaciones hacia el bloque regional sumaron USD 936 millones, mientras que las importaciones provenientes de la zona ascendieron a USD 1.076 millones. La dinámica con el Mercosur contrasta con el desempeño general de las ventas externas argentinas, que en enero crecieron un 19,3% interanual.

Se mantiene la tendencia negativa de 2025

El saldo deficitario de enero no representa un hecho aislado, sino que profundiza la tendencia observada durante el ejercicio anterior. En 2025, el intercambio con Mercosur tuvo un déficit de USD 5.546 millones. Durante ese año, las exportaciones sumaron USD 16.467 millones y disminuyeron 4,2% respecto de igual período de 2024. Por su parte, las importaciones fueron de USD 22.013 millones, con un aumento de 19,1%.

El peso del bloque en la estructura comercial argentina fue significativo durante el año pasado: el comercio con el Mercosur concentró el 18,9% de las ventas totales de bienes al exterior y el 29,0% de las compras. Dentro del bloque se destacó la participación de Brasil que, con USD 12.771 millones, absorbió el 77,6% de las exportaciones a la región, lo que representa 14,7% del total exportado y proveyó el 83,7% de las importaciones del Mercosur, que corresponde al 24,3% del total.

El resultado por país

En enero de 2026, Brasil se mantuvo como el actor principal dentro del bloque, aunque con cifras que reflejan una contracción en el flujo bilateral. Las exportaciones hacia el principal socio comercial fueron de USD 651 millones, lo que implicó una caída del 16,2% en comparación con enero de 2025. En el mismo período, las importaciones desde Brasil totalizaron USD 944 millones, registrando una baja interanual del 25,7%. A pesar de la caída en ambos sentidos, el saldo individual con Brasil fue negativo en USD 293 millones.

En el caso de Paraguay, las importaciones sumaron USD 75 millones en enero, mientras que las exportaciones a ese país totalizaron los USD 109 millones, de donde se desprende que, con ese mercado en particular, Argentina registró un saldo a favor de USD 34 millones.

También con Uruguay hubo saldo positivo. Los números del Indec muestran que en enero nuestro país realizó exportaciones por USD 159 millones a ese destino, mientras que importó el equivalente a USD 57 millones. El saldo comercial en ese caso fue de USD 102 millones positivos.

En el balance, analizando los tres países en forma conjunta, se concluye fácilmente que el déficit registrado con el Mercosur se explica exclusivamente por lo ocurrido en la relación comercial con Brasil.

Contraste con el saldo global

El déficit con el Mercosur resalta frente al superávit general de USD 1.987 millones que obtuvo el país en el primer mes del año. Mientras que el intercambio con los socios regionales resta dólares a la balanza, otros mercados compensan el resultado. Por ejemplo, el comercio con Chile arrojó un superávit de USD 230 millones y con la India un saldo positivo de USD 331 millones.

A nivel general, el Indec informó que el crecimiento de las exportaciones totales (19,3%) “fue impulsado por un incremento de 18,5% en las cantidades exportadas, y 0,7% en los precios”. En cambio, las importaciones totales cayeron 11,9%, una baja que “se atribuyó a la disminución de 12,1% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 0,2%”.

Pese a esta mejora en la balanza comercial global, explicada principalmente por la asimetría entre el aumento de las cantidades vendidas y la caída de las compradas, la relación con el Mercosur sigue evidenciando una dificultad estructural para alcanzar el equilibrio, manteniendo el signo negativo tanto en el acumulado anual de 2025 como en el inicio del presente ciclo.

Luiz Inacio Lula da Silva destacó que el periodo de quince años sin visitas presidenciales brasileñas a Corea del Sur no alineaba con la relevancia de los lazos entre ambos países, señalando que su estadía en Seúl cerraba una etapa clave en la política exterior de Brasil hacia Asia. La visita incluyó la firma de una alianza estratégica y el compromiso de ambas naciones para fortalecer su cooperación en varios sectores, con especial énfasis en economía, defensa e industrias tecnológicas. Según informó la agencia surcoreana Yonhap, el presidente Lee Jae Myung y su homólogo brasileño plasmaron estos acuerdos en un plan de acción de cuatro años, acompañado por la suscripción de aproximadamente diez memorandos de entendimiento.

La cumbre celebrada en Seúl formalizó la creación de una asociación estratégica, cuya implementación se sustentará en un conjunto de acuerdos vinculados a comercio, inversiones, ciencia, agricultura, sanidad, alimentación y seguridad, tal como publicó Yonhap. Entre los puntos principales se encuentra el impulso de intercambios políticos y económicos, así como el desarrollo de cooperación práctica que, según los mandatarios, traerá beneficios para ambas partes. El presidente surcoreano hizo énfasis en las oportunidades que representa la colaboración bilateral en los sectores espacial y de industria de defensa, a los que identificó como áreas “prometedoras” para una futura cooperación más estrecha.

La reunión también sirvió como escenario para que el presidente Lee instara a la reactivación de las negociaciones iniciadas en 2018 entre Corea del Sur y los países del Mercosur respecto a un acuerdo comercial. Lula respaldó la propuesta al calificar ese tratado como una “tarea urgente”, reflejando la prioridad que Brasil otorga a este tipo de alianzas para el desarrollo económico. El medio Yonhap indicó que ambos gobiernos destacaron la importancia de expandir la cooperación económica de manera beneficiosa para ambas partes, cubriendo desde comercio internacional hasta la participación conjunta en nuevas tecnologías.

En declaraciones posteriores en redes sociales, el presidente Lula señaló el inicio de un “nuevo ciclo de desarrollo y prosperidad compartida” entre Corea del Sur y Brasil, idea que refuerza la vocación de ambos países por mantener y aumentar los vínculos existentes. El mandatario brasileño añadió que la reciente gira por países asiáticos, la cual incluyó escalas en China, India, Indonesia, Japón, Malasia y Vietnam, fortalece el acercamiento con una región que definió como epicentro de la economía global. Lula remarcó la importancia de Corea del Sur como referente internacional en áreas de tecnología, innovación y cultura.

El medio Yonhap consignó que los líderes también abordaron los efectos de la estabilidad en la península coreana sobre la seguridad y la paz mundial. Lee Jae Myung sostuvo que la pacificación en la región no solo afectaría a Asia nororiental, sino que tendría un impacto a nivel planetario. Lula y Lee coincidieron en la necesidad de fomentar el crecimiento inclusivo y la adopción de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, así como el fortalecimiento de políticas de investigación, subrayando la alineación de sus visiones en estos ejes.

Las discusiones incluyeron una revisión de la agenda bilateral, que contempla el desarrollo de nuevas colaboraciones en minerales críticos y otros ámbitos estratégicos, según detalló Yonhap. Los intercambios formarán parte de las políticas a ejecutar en los próximos cuatro años, con la intención de que los acuerdos firmados permitan no solo profundizar el diálogo político, sino también incrementar los flujos comerciales y de inversión. El presidente Lee recalcó la importancia de avanzar en negociaciones mientras subrayaba la voluntad de ambas partes para ampliar el alcance de los pactos ya establecidos.

En materia de defensa, los gobiernos acordaron explorar posibilidades conjuntas para el desarrollo de tecnología y estrategias destinadas a la explotación pacífica del espacio y la mejora de la seguridad internacional, según reportó Yonhap. Además, los compromisos se extienden a sectores agrícolas y de salud, procurando modernizar estándares y compartir investigaciones para elevar la seguridad alimentaria y la capacidad de respuesta sanitaria bilateral.

La cumbre en Seúl marcó, según Lula, la culminación de un proceso iniciado con el fortalecimiento de lazos con Asia, región estratégica en sus políticas recientes. El mandatario brasileño recordó su participación en la Cumbre de la ASEAN y reafirmó el papel de Corea del Sur en el ámbito global debido a su liderazgo en tecnología y cultura. Tanto Lee como Lula reafirmaron el interés de sus países en dinamizar el intercambio de bienes, servicios y conocimiento, previendo que la cooperación acordada pueda traducirse en nuevas oportunidades para ambos pueblos.

Ramon Minguet, portavoz de la Assemblea Pagesa, ha denunciado que el sistema de representación agraria en Cataluña equipara de manera injusta a pequeños agricultores con grandes corporaciones, lo que, según su valoración, dificulta el relevo generacional debido al acaparamiento de tierras y pone en peligro la supervivencia de las explotaciones familiares. De acuerdo con Europa Press, este viernes 27 de febrero el sector agrícola catalán celebrará elecciones para elegir a sus representantes en un contexto marcado por la extensión de la peste porcina africana (PPA), las discusiones en torno al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y la necesidad de impulsar un cambio generacional en el campo, factores que se suman a las críticas sobre el propio sistema de representatividad y a la baja participación en anteriores comicios.

Cinco organizaciones presentarán candidaturas en estos comicios: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y Assemblea Pagesa, según detalló Europa Press. Una característica de esta convocatoria será el regreso a la modalidad presencial, con 430 mesas electorales distribuidas en el territorio, después de que en las elecciones anteriores de 2021, celebradas únicamente en formato electrónico por la pandemia, acudiera el 35,82% del censo. El objetivo actual es elevar la participación hasta alcanzar la mitad de los 21.374 electores con derecho a voto.

El medio Europa Press reportó que, en la actualidad, la Taula Agrària –el órgano consultivo que reúne a representantes agrarios y al Govern– cuenta con 6 miembros de Unió de Pagesos y 4 de Jarc, tras los resultados de la última elección en los que UP obtuvo el 55,04% de los votos, seguida por Jarc (30,15%), Asaja (11,12%) y UPA (2,57%). En esta ocasión, Revolta Pagesa ha decidido no concurrir, apostando en cambio por el voto nulo y reivindicando una reforma del sistema para que puedan integrarse más organizaciones agrarias.

Unió de Pagesos, de acuerdo con declaraciones de su coordinadora nacional Raquel Serrat citadas por Europa Press, plantea como prioridades la defensa de precios adecuados y costes asumibles para los productores, un mayor control sobre la fauna silvestre y la denuncia de las posibles consecuencias que el acuerdo UE-Mercosur podría tener para los campesinos catalanes. La dirigente explicó que la entidad insistirá en llevar propuestas legislativas al Parlament, como la ley de gestión de fauna cinegética, cuya tramitación se interrumpió la pasada legislatura. Serrat expresó su sorpresa por la ausencia de Revolta Pagesa y consideró que la apuesta por el voto nulo afecta negativamente a la reivindicación agraria.

En el caso de Jarc, su presidente Joan Carles Massot apuntó la necesidad de establecer un modelo basado en la “agricultura profesional” y el impulso del relevo generacional en la gestión de explotaciones rurales. Según consignó Europa Press, Massot propuso reducir a cero la fiscalidad para los jóvenes que se incorporen al sector y crear una política de libre amortización similar a la vigente en el País Vasco. Sobre la política comercial, Massot mostró escepticismo respecto a la efectividad de las salvaguardias prometidas en acuerdos como el de Mercosur, advirtiendo que experiencias previas como el acuerdo con Marruecos no se tradujeron en mejoras reales, e indicó que futuras negociaciones con socios como India o Australia añadirán presión competitiva frente a actores como China y Estados Unidos.

Por su parte, el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, evocó la protesta del 6 de febrero de 2024 cuando tractores bloquearon grandes ciudades españolas para resaltar la importancia del sector, afirmando: “Sin nosotros no hay comida en la mesa”, según publicó Europa Press. Roqué criticó con firmeza el acuerdo de Mercosur debido a la falta de equivalencia en las normativas, señalando que en Brasil se utilizan hormonas de crecimiento prohibidas en la Unión Europea desde hace tres décadas. Advirtió, además, que el recorte del 20% en los fondos europeos asignados a España para los programas de la Política Agraria Común podría suponer el cierre de muchas explotaciones en Cataluña, en un contexto en el que, según su valoración, Europa desatiende a sus agricultores en la negociación de acuerdos como el establecido con Mercosur.

El secretario general de UPA Catalunya, Joan Montesó, incidió en la importancia de mantener la “agricultura familiar” y el enraizamiento del sector en el territorio, apostando por productos de proximidad y calidad. Europa Press informó que Montesó destacó el desafío sanitario que plantea la peste porcina africana, señalando que la situación coloca a la industria porcina en una posición comprometida, agravada por la sobrepoblación de determinadas especies. En cuanto al comercio exterior, Montesó reclamó que toda importación derivada de los acuerdos comerciales cumpla con los mismos estándares exigidos a los productores europeos, asegurando que el pacto con Mercosur puede ser una oportunidad para algunos exportadores, aunque también perjudica a varios sectores, ya que muchos productos no cumplirían esos requisitos.

En la intervención de Ramon Minguet, según recogió Europa Press, la Assemblea Pagesa volvió a expresar su rechazo al modelo actual, al que califica como “pervertido”, al igualar a pequeños y grandes productores, y responsabiliza al acaparamiento de tierras del freno al relevo generacional. Minguet planteó que el campesinado trasciende la economía, reivindicando su papel en la vida local y la sostenibilidad ambiental. Además, advirtió que si la organización logra representatividad en la Taula Agrària, podría optar por ausentarse como forma de protesta ante lo que consideran una destrucción del sector agrícola desde las instituciones. También reiteró su objeción al acuerdo comercial con Mercosur, indicando que estos tratados enfrentan a pequeños productores de ambas regiones mientras que los beneficios quedan en manos de las grandes empresas.

Las elecciones del viernes se celebrarán en un momento en el que el campo catalán sigue afrontando el avance de la peste porcina africana fuera de las áreas inicialmente afectadas, el impacto potencial del acuerdo UE-Mercosur y el reto de facilitar el acceso de las nuevas generaciones, según detalló Europa Press. Las cinco organizaciones que concurren coinciden en que, pese a la diversidad de propuestas, se requiere un cambio de modelo que permita mayor transparencia y efectividad en la representación de los intereses rurales. Estas demandas toman fuerza ante la baja participación registrada en comicios previos y el debate sobre la legitimidad del sistema, que algunos colectivos consideran alejado de la realidad de buena parte del sector agrario catalán.

“Ponemos a disposición la colaboración de nuestros Cascos Blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación como el del presidente Trump. Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos no negociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda”, sostuvo Milei en EEUU.

Cascos Blancos, la comisión de asistencia humanitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, se consolidó desde 1994 como la principal herramienta estatal para la gestión de emergencias, desastres y cooperación internacional. Integrada por equipos voluntarios civiles, intervino hasta el momento en más de 400 proyectos y misiones en 81 países de los cinco continentes, además de realizar acciones en territorio nacional, según los últimos informes de gestión publicados de manera oficial.

El organismo lo dirige Eduardo Porretti, diplomático de carrera que cumplió funciones en Bogotá, La Habana, Nueva York y Caracas, donde condujo la embajada argentina en Venezuela como encargado de negocios durante la gestión de Mauricio Macri. En su rol de escritor, a finales de 2024 publicó su primera novela de ficción titulada “La forma exacta de Caracas”. En enero de 2025, fue designado como encargado de temas humanitarios en Venezuela.

Cascos Blancos fue reorganizado en marzo de 2022 mediante el Decreto 143/2022. Esta reestructuración le otorgó autonomía operativa y reconocimiento ante organismos internacionales, como Naciones Unidas, la OEA y el MERCOSUR. Además, implementó una estructura jerarquizada que articula tareas de asistencia humanitaria, gestión integral del riesgo de desastres y cooperación técnica para el desarrollo sostenible.

El gobierno aún no determinó el número de agentes que pondrá a disposición de la Junta de Paz para Gaza. Se trata de personal voluntario que recibe capacitación anual para intervenir en determinadas situaciones. Son profesionales de la salud, asistentes sociales y psicólogos y no conforman un cuerpo fijo.

Cómo funciona

El accionar de Cascos Blancos se activa en respuesta a pedidos de países afectados por catástrofes, situaciones de emergencia nacional o solicitudes multilaterales. En este marco, la agencia moviliza y despliega equipos médicos y logísticos, organiza el envío de insumos y gestiona donaciones.

En este caso puntual, la asistencia humanitaria a Gaza fue propuesta por el propio gobierno argentino. Para Gabriel Fuks, actual legislador del Parlasur, exembajador en Ecuador y extitular de Cascos Blancos durante más de 11 años en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, Milei está “mal asesorado”. “La participación de Cascos Blancos es complementaria, pero no como herramienta en operaciones de paz; en estos casos corresponde la intervención de Cascos Azules”, señaló a Infobae. Este cuerpo, militar y civil, ya no depende de Cancillería sino del Ministerio de Defensa.

“Para actuar en el terreno, vos no caés como paracaidista, llevando un termo y yerba. Tenés que estar complementado y tener capacitación para complementarte con las agencias que trabajan en el terreno”, agregó, y sostuvo: “Lo hace para blanquear un intervencionismo y habiendo desactivado las políticas humanitarias de la Argentina”.

Según el presupuesto 2026, publicado de manera oficial por el ministerio de Economía, el programa específico para Cascos Blancos tiene una asignación de $1.139 millones de pesos.

No es la primera intervención en esa conflictiva región de Medio Oriente. Entre las áreas prioritarias que regulan su funcionamiento figuran la asistencia humanitaria, la reconstrucción y rehabilitación de comunidades, el fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos y la promoción de estrategias ambientales y sociales.

Durante el periodo 2021-2023, Cascos Blancos protagonizó misiones internacionales de relevancia, como la asistencia a personas desplazadas por la guerra en Ucrania, el despliegue de ayuda ante los terremotos en Turquía y simulacros de gestión de desastres en Kenia y Ecuador. Además, coordinó proyectos sanitarios en Mozambique, acciones nutricionales y educativas en Haití y donaciones humanitarias dirigidas a Gaza y Armenia, muchas veces en colaboración con agencias de Naciones Unidas, la CELAC y organismos regionales.

También interviene en el ámbito nacional. Cascos Blancos brindó asistencia ante emergencias como los incendios forestales en Corrientes, sostuvo dispositivos sanitarios en eventos masivos y solidarios, apoyó campañas de vacunación frente a la pandemia y promovió jornadas de voluntariado ambiental en parques nacionales.

El reconocimiento internacional se evidenció en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y de la OEA, que destacaron su aporte a la cooperación internacional, la rehabilitación y la respuesta humanitaria. Entre 2021 y 2023, el organismo argentino encabezó y participó en foros y plataformas regionales, integró protocolos del MERCOSUR para la asistencia en desastres y fortaleció alianzas técnicas con gobiernos y entidades multilaterales, según fuentes institucionales.

Las estimaciones difundidas en Bruselas sobre el efecto de la no aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur desde 2021 han puesto de relieve pérdidas cercanas a los 300.000 millones de euros en producto interior bruto para el bloque europeo, junto a más de 200.000 millones de euros en oportunidades de exportación. Según informó el medio, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, aportó estas cifras tras una reunión informal de ministros de Comercio de la UE desarrollada en Nicosia, Chipre, enfatizando el impacto directo que la demora en la ratificación de acuerdos estratégicos tiene sobre la economía del bloque.

De acuerdo con el reporte, Sefcovic detalló que "hemos perdido casi 300.000 millones de euros por no tener en vigor el acuerdo con Mercosur desde 2021, si lo medimos en términos de PIB, y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación". Estas declaraciones, formuladas en una rueda de prensa tras el encuentro ministerial, ilustran los efectos ligados a la distancia temporal entre la conclusión de negociaciones comerciales y la entrada en vigor efectiva de los pactos.

El comisario eslovaco también transmitió un mensaje de urgencia a los Estados miembro y las instituciones europeas para acelerar los procedimientos internos que frenan la implementación de acuerdos una vez finalizadas las negociaciones. Sefcovic advirtió que las empresas europeas se ven imposibilitadas de invertir y exportar con previsibilidad cuando los trámites burocráticos obligan a esperar más de dos años para la aplicación de los tratados. "No creo que podamos operar en este entorno con ese calendario", expresó en sus declaraciones, citadas por el medio.

La petición de Sefcovic se orienta a revisar y reducir estos plazos, proponiendo como objetivo situar la entrada en vigor de los acuerdos en torno a un año tras la conclusión de las conversaciones formales. "Creo que todos tenemos que acortarlos lo máximo posible para tener un marco temporal razonable", sostuvo, señalando que los ciclos económicos experimentan cambios acelerados y que las condiciones que originaron la negociación pueden variar notablemente en uno o dos años.

El medio también consignó que esta posición se inserta en una estrategia más amplia, dirigida a robustecer la red de acuerdos comerciales de la Unión Europea, la cual sobrepasa el caso de Mercosur e incluye pactos ya cerrados o en etapas avanzadas con países como India e Indonesia, así como negociaciones abiertas con Australia y Emiratos Árabes Unidos.

El ejemplo de la demora en la ratificación e implementación del acuerdo con Mercosur, explicó Sefcovic ante los ministros reunidos en Nicosia, pone en evidencia la magnitud del coste económico derivado de estos retrasos y respalda la necesidad de dotar de agilidad al proceso para no perder acceso a mercados clave o ventajas competitivas frente a otras potencias. "Este es solo un ejemplo de que en el mundo actual no podemos perder el tiempo", manifestó el comisario, citado en la cobertura del medio.

Las cifras comunicadas por la Comisión se presentaron en el contexto de la revisión interna de los procedimientos europeos, donde diversas voces en el seno comunitario han subrayado la importancia estratégica de sellar acuerdos comerciales antes de que los cambios en la coyuntura económica o política alteren el equilibrio de intereses que dio origen a dichos pactos.

Según publicó el medio, Sefcovic insistió durante su comparecencia ante la prensa en que esa urgencia es esencial para evitar más costes económicos y para capitalizar oportunidades en sectores exportadores dinámicos, en especial en mercados mundiales de rápido crecimiento.

Por otra parte, tanto el acuerdo con Mercosur como los avances registrados en las negociaciones con India e Indonesia forman parte de una agenda prioritaria delineada para reforzar la posición global de la Unión Europea en materia de comercio e inversión, según consignó la cobertura. La presión por reducir los plazos de ratificación y entrada en vigor se presenta como una respuesta a la necesidad de adaptarse a la evolución de los mercados y al ritmo de la competencia internacional.