El comercio exterior argentino sumó una nueva herramienta digital para acreditar el origen de las mercaderías exportadas al Mercosur. La Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de las competencias del área de Comercio del Ministerio de Economía, oficializó este jueves la Resolución 247/2026 en el Boletín Oficial.

La norma establece el procedimiento para que productores y exportadores nacionales emitan una Declaración de Origen a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), como vía alternativa para certificar el cumplimiento del Régimen de Origen del bloque regional y acceder al arancel preferencial.

Un trámite más ágil para el exportador

Hasta ahora, la acreditación de origen dependía en gran medida de certificados emitidos por entidades autorizadas, un circuito que implicaba tiempo y costos administrativos adicionales. Con la nueva modalidad, el propio exportador o productor podrá autogestionar el documento en formato electrónico, sin intervención previa de un funcionario público que evalúe o apruebe los datos declarados.

La Declaración de Origen tendrá carácter de declaración jurada y deberá emitirse dentro de los 180 días corridos posteriores a la fecha de la factura comercial vinculada. Su validez se extiende por 12 meses desde la generación del trámite en la plataforma TAD, según el texto oficial publicado.

El respaldo documental de cada declaración deberá conservarse durante cinco años, e incluir información sobre la compra, el costo, el valor y el pago del producto exportado, además de los datos vinculados a los materiales utilizados en su producción y, cuando corresponda, al contrato de tercerización del servicio productivo.

Alcance dentro del bloque regional

El nuevo esquema rige exclusivamente para las operaciones enmarcadas en el Acuerdo de Complementación Económica N° 18, el convenio que regula el comercio preferencial entre los socios del Mercosur. Las disposiciones resultan supletorias y complementarias a la normativa ya vigente en el bloque.

La medida responde a la actualización del Régimen de Origen Mercosur aprobada por el Consejo del Mercado Común en 2023, vigente desde julio de 2024, que buscó modernizar los mecanismos de verificación entre los países miembros y reducir la carga burocrática sobre los operadores comerciales.

La Organización Mundial de Aduanas viene impulsando este tipo de esquemas de autocertificación a nivel global, en línea con el crecimiento sostenido del comercio internacional y la necesidad de simplificar los procedimientos vinculados al origen de las mercaderías.

Los cuatro socios plenos del Mercosur conforman uno de los principales destinos del comercio exterior argentino, y buena parte de las exportaciones industriales y agroindustriales del país depende del tratamiento arancelario preferencial que otorga el bloque regional.

Controles y régimen de sanciones

La resolución también fija un esquema de fiscalización a cargo de la Dirección de Importaciones, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que podrá solicitar documentación adicional y realizar inspecciones a los establecimientos productivos.

Ante incumplimientos formales que afecten la determinación del origen, la sanción prevista es la suspensión para emitir declaraciones por hasta 18 meses. En casos de reiteración de infracciones o actuación fraudulenta, la inhabilitación podrá extenderse hasta cinco años.

El procedimiento sancionatorio contempla un informe técnico preliminar, la posibilidad de presentar descargo dentro de los diez días hábiles y un informe técnico final antes de que la autoridad dicte el acto administrativo correspondiente. El mismo esquema aplica cuando el país importador informa que un producto no califica como originario.

Entrada en vigencia

El nuevo procedimiento comenzará a regir el 26 de septiembre de 2026, plazo que otorga a los exportadores un margen para adecuar sus procesos internos y familiarizarse con la plataforma digital antes de su implementación efectiva.

La iniciativa se suma a otras herramientas de simplificación impulsadas sobre el Sistema de Gestión Documental Electrónica en los últimos años, y apunta a reducir tiempos administrativos en un contexto donde la agilidad logística resulta cada vez más determinante para sostener la competitividad de las exportaciones argentinas hacia la región.

De cara a los próximos meses, el desafío pasa por la adopción efectiva del nuevo trámite por parte de productores y exportadores, así como por la articulación entre la plataforma digital y los controles aduaneros, para que la simplificación anunciada se traduzca en menores costos operativos y mayor previsibilidad para el comercio bilateral dentro del bloque.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó a sus socios del Mercosur mayor flexibilidad para garantizar una “participación equitativa” en las cuotas de exportación hacia la Unión Europea (UE). El acuerdo comercial entre ambos bloques está vigente de forma transitoria desde mayo.

“Cada contenedor que sale del Paraguay carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga. Esa simetría tiene que ser reconocida en el reparto de las cuotas”, afirmó Peña, quien recordó que Paraguay y Bolivia son los únicos países sin litoral de América del Sur.

Durante la inauguración de la Expo Paraguay 2026, el evento ganadero, industrial y comercial más importante del país, el mandatario subrayó que la equidad en los cupos de exportación “es todo lo que el Paraguay pide y todo lo que el Paraguay exige”.

“Me dijeron que la posición paraguaya es inflexible. Flexibilidad la tuvimos nosotros cuando pusimos el hombro para cerrar el acuerdo (con la UE) después de 25 años. La que pedimos ahora es la flexibilidad de ellos”, agregó, en alusión a Argentina, Brasil y Uruguay, los socios plenos del Mercosur.

Para Peña, “una participación equitativa no es un antojo ni un privilegio” ni “mucho menos un capricho”, sino “un derecho”.

En ese contexto, sostuvo que no brindó el voto paraguayo para sellar el acuerdo con la UE el pasado 17 de enero para que “el bloque ganara” y su país “se quedara mirando”.

El 30 de junio, durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la que Asunción transfirió la presidencia rotatoria a Montevideo, Peña reiteró este reclamo ante sus pares de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi; y Bolivia, Rodrigo Paz, cuyo país está en proceso de adhesión plena.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE creó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y casi una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur abre las puertas a una mayor cantidad de productos americanos en los mercados europeos. Uno de ellos, la carne vacuna, está presente en la gastronomía de todos los Estados del bloque. Pero desde el campo a la mesa, es un proceso largo y complejo, en el que intervienen una gran cantidad de actores comerciales para conseguir que la carne sea de la mejor calidad posible. Y es que pasan años desde que nace un ternero en algún lugar de Sudamérica hasta que llega en barco o avión a España. Esta es la historia de ese viaje.

La cadena comienza en el campo argentino con el nacimiento de los terneros. “Pare la vaca y el ternero está al pie de la madre cuatro meses mamando, y cuando tiene más de 140 kilos se hace el destete. Se deja que la madre empiece a descansar, porque esa vaca ya está nuevamente preñada. Se preña a los 60 días de haber parido”, explica Miguel Schiariti, productor ganadero propietario de un campo de casi 800 hectáreas, ubicado en General Alvear, a 250 kilómetros de la capital de Argentina y en el que trabaja con 780 cabezas de ganado de distintas edades.

Después de esos cuatro meses, los animales pasan al proceso de recría, en el que se dejan sueltos en potreros de hasta 20 hectáreas para que coman pasto y empiecen a desarrollarse. Una vez alcanzan los 180 o 200 kilos, se meten en un corral donde se les da alimento balanceado, maíz con algunos aditivos proteicos y vitamínicos. “Ahí permanecen unos 150 días más, dependiendo del peso con el que los quieras sacar. En el corral empiezan ganando 600 gramos por día y, si los llevas hasta los 400 kilos, terminan engordando 1,5 kilogramos por día. Este es el momento en el que los vendemos”, añade Schiariti.

Este proceso, desde que nace hasta que se vende el animal, dura como mínimo 15 meses, según el ganadero, pero puede llegar hasta los 24, ya que “depende del clima durante ese periodo, si llovió lo suficiente y si hizo mucho frío o calor”. Además, Schiariti hace una diferencia entre los animales que cría para la venta en el comercio argentino y los de exportación: en Argentina se consume el “novillo liviano”, mientras que a España llega uno más pesado, que supera los 550 kilos, por lo que su crianza dura más tiempo.

Sobre el acuerdo comercial entre ambos bloques, el ganadero considera que los argentinos están “satisfechos”, “a pesar de que los europeos tardaron más de 20 años en convencerse de que no tenían más alternativa si querían seguir creciendo”. Schiariti añade que, a su parecer, los más reticentes han sido los franceses, ya que “son productores muy malos porque producen un producto muy caro, por la estructura de negocio que tienen montada, que hace que produzcan novillos de buena calidad, de origen inglés, pero con altos costes”. Como principal diferencia, el ganadero destaca que en muchas zonas de Europa el animal está en el establo la mayoría del año y hay que llevarle la comida a la boca, mientras que en Argentina los animales están sueltos.

Los frigoríficos deciden qué animales se exportan

Una vez los novillos alcanzan el peso adecuado para ser exportados al mercado español, estos deben pasar del campo a los frigoríficos, que son quienes se encargan de continuar con la cadena. Según Schiariti, que también es propietario de un frigorífico, este traspaso se puede dar de varias formas: “Una es la venta directa. Tienes dos o tres frigoríficos y les dices: ‘Tengo tantos novillos, te mando un vídeo de cómo son y me dices cuánto me pagas’. Después decides a quién se los das”. La otra forma es la de los mercados concentradores. “Hay 1.500 productores que mandan de lunes a viernes animales al mercado; pueden entrar entre cinco y diez mil cabezas por semana. Ahí los compradores de la industria compran, en remate público, hacienda para su frigorífico”.

En esta cadena, es el frigorífico el que decide si el animal va al consumo interno o se exporta, aunque habitualmente se exportan animales pesados. “Por ejemplo, a China se lleva la vaca de refugio, que estuvo en el campo ocho, diez, 12 años, parió entre ocho y diez terneros y ya tiene 15 años y no es productiva”.

El frigorífico recibe la hacienda (el ganado) y la tiene que dejar descansar 24 horas. Esto se debe a las dimensiones de Argentina, que provocan que en Buenos Aires se faenen animales que salieron de Salta, una de las provincias más al norte. En función de la calidad de la carne se elige el destino, porque cada país tiene sus características para el consumo. España —explica el ganadero— compra animales intermedios de entre 450 y 500 kilos. El Corte Inglés es uno de los principales compradores de carne argentina en el país europeo.

Habitualmente, el viaje de la carne de Argentina a España se hace en barco, pero previamente se madura la carne. Esto consiste en dejarla alrededor de diez días en una cámara a entre -2 y 4 grados centígrados, para que las propias enzimas de la carne la tiernicen. Una vez está madurada, pasa a una mesa de despostar (desarmarlo corte por corte). Todos esos cortes se envasan al vacío y se pasan a cajas de 20 kilos, que se mandan por barco, teniendo en cuenta los distintos puertos a los cuales tienen que llegar, pero sumando 20 días más de maduración porque viajan en cámaras frigoríficas.

Los estándares de la carne importada

Como dueño de un frigorífico, Schiariti reconoce que Europa es un mercado que paga buenos precios, aunque hay requisitos sanitarios muy estrictos para que la UE habilite el frigorífico. “Tengo que pedirle a la Unión Europea que vea cómo trabaja el frigorífico, en qué condiciones está, cuáles son los análisis que se le hacen al animal. Seguimos la normativa, el digesto, que es el manual que dice cómo se tiene que trabajar la carne, cómo se tiene que cuidar, qué temperatura tiene que tener, ya que no puede salir un animal de un frigorífico con menos de siete grados el centro del músculo”. “La Unión va tomando decisiones de acuerdo a cómo está el frigorífico. No es que las inspecciones sean regulares cada dos años. Si vienen hoy y encuentran que un frigorífico está un poco caído, que no está en perfectas condiciones, vuelven en seis meses, si no en dos años. Esas inspecciones, esos veterinarios los paga la industria nacional, los paga Argentina. Traemos veterinarios de países de Europa, les pagas el aéreo, el alojamiento”, se queja el ganadero.

Lo cierto es que, mientras los frigoríficos negocian con los importadores españoles, detrás existe un entramado de requisitos, documentos y sellos que deben completarse en aduanas para poder cruzar la frontera e ingresar a la Unión Europea. Como primer paso, es fundamental que Argentina, como país exportador, y las empresas involucradas cumplan una serie de requisitos legales, sanitarios y de control exigidos por la UE.

En primer lugar, la autoridad veterinaria competente de Argentina debe ser reconocida por la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea. Asimismo, Argentina debe figurar en la lista de países autorizados a exportar carne a la UE. Los establecimientos exportadores (mataderos, salas de despiece y frigoríficos) también deben estar autorizados específicamente tras ser inspeccionados por la autoridad nacional y determinarse que cumplen todos los requisitos comunitarios de higiene y salud pública.

La carne importada también debe ir acompañada de una certificación veterinaria oficial, que asegure el cumplimiento de los estándares europeos de calidad, sanidad animal, higiene, ausencia de residuos de medicamentos y plaguicidas, y bienestar animal. Además, Argentina debe tener en vigor un plan de vigilancia de residuos, aprobado y renovado anualmente por la Comisión Europea, y garantizar un sistema efectivo de control a lo largo de toda la cadena productiva. En el caso de la carne bovina y ovina, se requiere una declaración sobre el estado de Encefalopatía Espongiforme Bovina, basada en una evaluación de riesgo y condiciones para la importación.

Por último, cada envío ingresa por un puesto de inspección fronterizo de la UE, donde se verifica documentalmente, se controla la identidad y, si procede, se realiza una inspección física. Si todo está bien, la carne puede ingresar a España; de lo contrario, el envío se destruye o retorna al país de origen. Este proceso implica una coordinación estrecha entre las autoridades argentinas, la Comisión Europea y las autoridades españolas, asegurando que todos los pasos y documentos requeridos estén completos y vigentes.

Carne argentina, de exótica a familiar

Una vez la carne ingresa a España, se comercializa a través de empresas como Eurocampa, una distribuidora para restaurantes y particulares con 39 años de recorrido y que comenzó con los padres de Yamil Sfeir, quien ahora regenta la empresa. “En ese momento no se consumía tanta carne argentina, se estaba empezando a introducir y a ganar más fama”, destaca. “Hoy el mercado ha cambiado totalmente, al igual que la demanda”.

El argentino, criado en España, explica que la carne que importan siempre ha sido fresca, “nunca congelada”. “Mi padre llegó y estuvo trabajando en Mercamadrid con el pescado. Se le presentó la oportunidad de ir trayendo muy pocas cantidades de carne, por caja más o menos”, indica. Para Sfeir, consumir carne proveniente de Argentina fue un cambio “muy significativo”, aunque hoy ya no se trata de un producto exótico, sino de algo familiar para todo el mundo. “Importamos carne principalmente de Santa Fe y comercializamos aproximadamente 30 toneladas al mes, de la cual la mitad es importada”.

Por otra parte, el comerciante señala que a veces es más interesante para ellos trabajar con proveedores europeos, no por una cuestión económica, sino práctica. “Me resulta mejor pagar más y que todo lo que sea administrativo esté hecho. Te garantizas que no tienes problemas en la importación; una firma que está mal puesta, un sello, cualquier cosa te puede joder un embarque de 40 toneladas. Además, por el tema del tiempo, es mucho más rápido contar con otros distribuidores”.

Sobre los productos importados, Sfeir asegura que ellos realizan una “importación directa”, es decir, sin intermediarios, y tratan “como un socio” al frigorífico porque compran lotes enteros. “No le exigimos, sino que tratamos de crear un equilibrio con las necesidades que tiene el producto”. Respecto al acuerdo UE-Mercosur, el empresario anticipa “comprar más”, pero espera que la retirada de tasas no sea aprovechada en origen para aumentar los precios.

26 años han sido necesarios para que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea salga adelante, lo que beneficiará a los dos bloques -cada uno a su manera-. Para Europa, la eliminación de aranceles a la exportación supone abrir aún más las puertas de un mercado con más de 295 millones de personas a sus productos con denominación de origen, mientras que para Mercosur representa poder ampliar las exportaciones de alimentos como carne o trigo hasta los máximos que permitan las salvaguardas europeas que, para la carne vacuna, serán de 99.000 toneladas, el 1,5% de la producción total de la UE.

Canadá y el Mercosur acordaron intensificar las negociaciones de su Tratado de Libre Comercio, con el objetivo declarado de concluir un texto comercialmente significativo antes de que termine 2026. El anuncio se conoció tras una reunión en San Pablo entre la canciller canadiense, Anita Anand, y su par brasileño, Mauro Vieira, en el marco de una visita oficial que también incluyó encuentros con el sector privado.

El proceso, retomado en 2025 luego de varios años de pausa, ya suma seis rondas de trabajo técnico entre ambas partes. Según explicó Vieira, las conversaciones “avanzan muy bien” aunque todavía restan definir detalles en algunas áreas del acuerdo, sin que las delegaciones precisaran cuáles son los puntos pendientes.

Un vínculo comercial que ya supera los 12.600 millones de dólares

El intercambio de bienes entre el bloque sudamericano y Canadá alcanzó en 2025 los 12.600 millones de dólares, según el Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur. Las exportaciones regionales hacia territorio canadiense totalizaron 8.702 millones, mientras que las compras del bloque sumaron 3.912 millones de dólares.

Brasil concentra la mayor porción de ese flujo comercial: explica el 83,4% de las ventas del Mercosur a Canadá y el 85,9% de las importaciones que el bloque realiza desde ese país. Argentina es el segundo socio en importancia, con el 14,9% de las exportaciones y el 10,7% de las compras regionales a Canadá.

Paraguay y Uruguay participan con porcentajes más acotados, aunque ambos países apuestan a ampliar su presencia en un mercado que podría ofrecer condiciones arancelarias más favorables una vez cerrado el acuerdo. La diversificación de destinos de exportación es, para varios gobiernos del bloque, una prioridad frente a la volatilidad de otros socios comerciales tradicionales.

La logística detrás del intercambio bioceánico

La mayor parte de la carga que circula entre Sudamérica y Canadá se traslada por vía marítima, a través de rutas que conectan puertos como Santos, Buenos Aires y Montevideo con terminales del Atlántico norte. Los tiempos de tránsito y la disponibilidad de espacio en los buques portacontenedores son variables que condicionan el ritmo del comercio bilateral actual.

Un eventual acuerdo comercial podría reconfigurar las cadenas logísticas vigentes, al incentivar mayores volúmenes de carga contenerizada y una mayor previsibilidad en los procesos aduaneros. Esto exigiría inversión adicional en infraestructura portuaria, digitalización documental y mejor coordinación entre operadores marítimos, agentes de carga y autoridades de comercio exterior de ambos lados.

A esto se suma la experiencia reciente del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero y vigente de forma provisional desde mayo, que sirve de referencia sobre los tiempos y la complejidad operativa que puede implicar la puesta en marcha de un tratado de esta magnitud para las cadenas de abastecimiento regionales.

Inversión e impulso en un contexto de tensión arancelaria

En paralelo a las negociaciones, Canadá anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil, canalizada a través de su institución financiera de desarrollo, destinada a dos proyectos de infraestructura sostenible: uno orientado a ampliar el acceso a la energía y otro enfocado en la producción de combustible de aviación sostenible.

El impulso negociador se da en un escenario de mayor tensión comercial con Estados Unidos, que llevó a Canadá a buscar socios alternativos para diversificar su matriz exportadora. Anand adelantó que su país proyecta duplicar los acuerdos comerciales con naciones distintas a su vecino norteamericano durante las próximas décadas, en un giro que también observa de cerca la región sudamericana.

Del lado del Mercosur, el sector agrícola canadiense ya expresó preocupaciones similares a las que en su momento demoraron el pacto con la Unión Europea, vinculadas al ingreso de productos agropecuarios más competitivos en precio. La experiencia europea, que tardó más de dos décadas en cerrarse, es un antecedente que ambas partes buscan evitar repetir en esta nueva ronda de conversaciones.

De concretarse antes de fin de año, el acuerdo entre el Mercosur y Canadá se sumaría al pacto ya alcanzado con la Unión Europea, ampliando el mapa de destinos para las exportaciones sudamericanas y generando nuevas exigencias logísticas para sostener un intercambio bilateral que hoy ya moviliza más de 12.000 millones de dólares al año.

“Hemos acordado intensificar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con el objetivo de concluir un texto comercialmente significativo lo más temprano posible, idealmente antes del final de este año”, sostuvo Anand durante su visita oficial a San Pablo, donde mantuvo un encuentro con su par brasileño, Mauro Vieira, y representantes del sector privado.

Anand subrayó que el acuerdo con el bloque regional representa “oportunidades significativas” y remarcó que Ottawa considera “las preocupaciones” de todos los sectores económicos.

Por el lado brasileño, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, confirmó el avance de las conversaciones, que Brasil lidera en nombre del bloque sudamericano tras la reanudación reciente del diálogo.

“Retomamos la negociación” y “ya tuvimos seis rondas que avanzan muy bien; faltan todavía algunos detalles, faltan algunas áreas”, explicó Vieira.

Durante el encuentro, la ministra de Canadá destacó que las relaciones bilaterales cumplen su 85 aniversario y que, “en este mundo incierto”, Canadá y Brasil siguen apostando por “asociaciones sobre aislamiento, cooperación sobre división y oportunidades sobre conformismo”.

A su vez, Anand anunció una inversión de 89 millones de dólares en Brasil a través de FinDev Canadá, la agencia financiera de desarrollo de su país, destinada a dos proyectos de infraestructura sostenible: uno vinculado a la expansión del acceso a la energía y otro enfocado en la producción de combustible de aviación sostenible.

El comercio de bienes entre el Mercosur y Canadá alcanzó en 2025 los 12.600 millones de dólares, según datos del Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior del mecanismo de integración.

De acuerdo al informe, el Mercosur exportó a Canadá en 2025 por un valor de 8.702 millones de dólares. Brasil representó el 83,4% de esas ventas, Argentina el 14,9%, Paraguay el 0,9% y Uruguay el 0,8%.

En cuanto a las importaciones, el bloque sudamericano adquirió productos por 3.912 millones de dólares: Brasil explicó el 85,9% de esas compras, Argentina el 10,7%, Paraguay el 2,2% y Uruguay el 1,2%.

Con la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-UE, las economías regionales acceden a nuevas oportunidades en un mercado que actualmente representa alrededor del 20% de sus exportaciones. Pero el impacto no es homogéneo y varía según los términos del acuerdo para cada sector y sus características particulares.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que algunas actividades podrían consolidarse como claras “ganadoras” del nuevo acuerdo, mientras que se identifican otras con mayores riesgos a afrontar.

Por caso, la pesca se vería especialmente beneficiada en aquellos productos en los que el sector ya cuenta con una fuerte presencia en el mercado europeo. En particular, el acuerdo favorecería a los langostinos congelados, el principal producto de exportación de la actividad, que hoy enfrentan un arancel de hasta el 18% para ingresar a la Unión Europea.

Ese gravamen se reduciría de manera gradual hasta alcanzar el 0% en un plazo de cuatro años y sin cupos, lo que mejoraría la competitividad y los márgenes del sector.

En la misma línea, el complejo manisero aparece como uno de los casos más representativos de un sector que ya cuenta con una inserción consolidada en el bloque y que podría profundizarla, ya que Argentina es el origen de buena parte del maní que consume Europa.

“Si bien el maní en grano ya ingresaba en condiciones relativamente favorables, el verdadero margen de mejora se concentra en los productos industrializados, como el aceite de maní, el maní tostado y la manteca de maní, donde la desgravación arancelaria progresiva abre la puerta a escalar en valor agregado”, precisó la BCR.

En cuanto a la miel, se trata de un producto que viene mostrando un fuerte dinamismo exportador y cuyas ventas externas se concentran casi exclusivamente en la miel natural, que representa cerca del 98% de las exportaciones del sector.

Dado que la Unión Europea absorbe el 28% de los envíos argentinos, el acuerdo introduce una mejora arancelaria significativa: la miel natural dejaría de tributar el arancel base de 17,3% y podría ingresar con arancel cero dentro de un cupo de 45.000 toneladas para el Mercosur.

En mayo, el sector ya completó el cupo vigente. Sin embargo, mientras el Mercosur continúe negociando la distribución de esa cuota entre los países miembros, el acceso seguirá administrándose bajo el criterio FIFO (“primero en entrar, primero en salir”).

En este contexto, considerando que Argentina exportó unas 90.000 toneladas de miel en 2025, la obtención de una participación relevante dentro del cupo podría traducirse en una oportunidad concreta.

Un caso diferente es el del complejo foresto-industrial. En la actualidad, el sector tiene una participación limitada en el mercado europeo, aunque con un importante potencial de crecimiento.

Si bien sus principales productos de exportación, como la pasta química de madera y la madera aserrada de pino, ya ingresaban libres de arancel, el acuerdo amplía los beneficios para otros bienes, entre ellos la madera contrachapada, los tableros de fibra, el papel y el cartón, que actualmente enfrentan aranceles y pasarán a beneficiarse de un esquema de desgravación gradual.

“El desafío no parece limitarse a la reducción arancelaria, sino a la capacidad del sector para diversificar su oferta exportable y consolidar presencia efectiva en el mercado europeo”, remarcó la BCR.

El complejo vitivinícola, por su parte, combina ventajas con desafíos competitivos. Entre los aspectos favorables, el acuerdo mejora las condiciones de acceso de los vinos argentinos a la UE mediante la reducción y eliminación gradual de aranceles, facilita el reconocimiento de prácticas enológicas y normas de etiquetado, y fortalece la protección de las indicaciones geográficas argentinas, un activo clave para las regiones productoras.

Sin embargo, ”el acuerdo también habilita el ingreso gradual de vinos europeos al mercado del Mercosur lo que podría presionar los márgenes de la industria local justamente en su mercado de exportación más relevante. Esto, teniendo en cuenta que los vinos europeos ya vienen creciendo en términos de presencia comercial en el Mercosur”, destacó la BCR.

El sector lácteo, en tanto, representa un caso de apertura más bien defensiva, donde las oportunidades son más acotadas. Si bien productos como la leche en polvo y distintos tipos de quesos obtienen acceso preferencial al mercado europeo, ese beneficio está sujeto a cupos arancelarios administrados a nivel regional, lo que limita su alcance frente al potencial exportador del complejo argentino.

A esto se suma una doble presión. Por un lado, la elevada competitividad de los lácteos europeos, que ingresarán al mercado regional con una reducción gradual de aranceles en segmentos donde la Unión Europea es líder. Por el otro, la protección de las indicaciones geográficas europeas, que podría requerir adecuaciones comerciales para algunos productos y denominaciones.

No obstante, el acuerdo contempla excepciones y condiciones específicas para determinados usuarios preexistentes, como ocurre con denominaciones vinculadas al Parmigiano Reggiano o al Gruyère.

“En conjunto, estos casos sintetizan la lógica diferenciada que atraviesa al acuerdo para las economías regionales argentinas. En todos ellos, el aprovechamiento efectivo dependerá de las condiciones particulares de cada complejo y de su capacidad para adaptarse a las exigencias del nuevo escenario comercial”, concluyó la BCR.

El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.

Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal —y prácticamente único— mercado de ese producto.

“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.

La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

La soja evitó una clasificación que podía dejar al biodiésel fuera del mercado europeo

La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.

Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.

La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.

Un sector cada vez más expuesto

El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.

Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética. Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe explicó el 58% del total nacional en 2025, con una infraestructura de procesamiento y exportación muy ligada al complejo sojero. En este sentido, muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.

Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.

Panamá reúne condiciones únicas para convertirse en un centro regional de inversión y comercio gracias a su plataforma logística, su conectividad aérea y marítima, su centro financiero y su ubicación estratégica.

No obstante, esas fortalezas deben traducirse en una política de Estado que permita atraer inversión de mayor valor agregado e integrarse con mayor fuerza a las nuevas cadenas globales de valor.

La advertencia parte de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), en un reciente conversatorio sobre Panamá como hub logístico y plataforma de comercio e inversión en el marco del Mercosur.

“El contexto internacional está cambiando rápidamente y Panamá tiene la oportunidad de posicionarse como un puente entre regiones, siempre que actúe con visión estratégica y fortalezca su competitividad”, señaló Giulia De Sanctis, presidenta del gremio.

Durante el conversatorio, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, señaló que la adhesión al bloque amplía el horizonte económico de Panamá, históricamente orientado hacia Estados Unidos y Europa, y fortalece la integración con América del Sur.

Explicó que el siguiente paso debe ser atraer empresas del Mercosur para que establezcan operaciones en el país, aprovechen su conectividad y utilicen a Panamá como plataforma para atender otros mercados.

Desde 2024 Panamá mantiene la condición de Estado Asociado del Mercosur, que en determinados casos puede representar un paso previo hacia una eventual incorporación como miembro pleno.

Al convertirse en Estado Asociado del bloque comercial y económico del Mercosur, al país se le abren grandes oportunidades comerciales para atraer inversión, fortalecer la producción nacional y ampliar el acceso a un mercado de 271 millones de habitantes.

Se trata del primer país fuera de la región de Suramérica en adquirir la condición de Estado Asociado del Mercosur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que juntos representan la quinta economía más grande del mundo con un mercado de 271 millones de habitantes. El Mercosur fue creado en 1991 por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

“Nuestro reto es convertir esta integración en inversión, producción y empleo”, señaló Hoyos, al destacar que Panamá debe aumentar su participación en las cadenas regionales y globales de valor mediante el fortalecimiento de su capacidad industrial y productiva.

El viceministro recordó que en 2025 las exportaciones panameñas de servicios alcanzaron $20,194 millones, un crecimiento interanual de 9.8%, mientras que las exportaciones de bienes sumaron $1,292.6 millones.

De igual manera, destacó que Panamá es el mayor exportador de servicios per cápita del continente americano y el cuarto país de América Latina en exportaciones totales de servicios, solo por detrás de Chile, Brasil y México.

El conversatorio, informó la Apede, forma parte de la agenda preparatoria de la Cena Anual por la Libertad Económica 2026, que el gremio celebrará próximamente y que contará con la conferencia magistral de Nicolás Albertoni, investigador del Georgetown University Americas Institute.

Albertoni analizará cómo los cambios geopolíticos están redefiniendo el comercio internacional y las oportunidades que estos representan para Panamá en su relación con el Mercosur.

La posición geográfica de Panamá, sumada a su conectividad aérea, marítima y logística, le permite convertirse en un actor clave dentro de la integración regional y en una plataforma ideal para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro internacionales, había dicho con anterioridad Ricardo Partal, exasesor del Mercosur y presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, durante un conversatorio organizado por la Apede en mayo pasado.

Partal detalló ventajas competitivas del país, como el Canal de Panamá, el hub aéreo de Tocumen, los servicios logísticos y financieros, además de regímenes especiales como SEM y EMMA, herramientas que, según dijo, fortalecen el posicionamiento del país como destino atractivo para empresas internacionales.

La reciente cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Buenos Aires, dejó para Panamá mucho más que una participación protocolar.

El Gobierno aprovechó su condición de Estado asociado para sostener reuniones bilaterales con socios estratégicos, abrir formalmente las negociaciones comerciales con Brasil y promover al país como centro logístico para empresas interesadas en expandirse hacia América Latina.

El ministro Julio Moltó, quien acompañó al canciller en representación del presidente José Raúl Mulino, calificó el encuentro muy productivo y destacó que ocupar un asiento dentro del bloque regional permite a Panamá participar directamente en las discusiones económicas comerciales de una de las zonas de integración más importantes del continente.

Estar sentado en esa mesa le permite a Panamá tener voz, tener acceso a muchísima información, sobre todo de un área tan poderosa como es el Mercado Común del Sur", afirmó el ministro.

Panamá fue aceptado como Estado asociado del Mercosur en diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en alcanzar ese estatus. La reunión realizada en Brasil correspondió al segundo encuentro del bloque al que asiste el país bajo esta nueva condición.

La primera participación estuvo encabezada por el presidente Mulino, mientras que en esta ocasión la representación oficial recayó en la Cancillería y el Ministerio de Comercio e Industrias.

El Mercosur está integrado como miembros plenos por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, mientras que Panamá comparte la categoría de Estado asociado con países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.

Aunque los asociados no participan en la unión aduanera ni en el arancel externo común, sí pueden asistir a las reuniones, desarrollar acuerdos comerciales y fortalecer la cooperación económica con el bloque.

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Moltó fue el inicio formal de las negociaciones comerciales con Brasil, la mayor economía de América Latina.

El ministro explicó que el siguiente paso será trabajar junto con el sector privado y los productores nacionales para identificar los bienes con mayor potencial de exportación que podrían incorporarse a un futuro acuerdo.

“Anunciamos el lanzamiento formal de las negociaciones con Brasil y comenzaremos a trabajar de la mano de la empresa privada y del sector productivo para definir qué productos podemos incluir dentro de estos acuerdos", señaló.

Brasil representa un mercado de más de 210 millones de consumidores y constituye uno de los principales socios comerciales de Panamá dentro de Sudamérica.

La agenda panameña también incluyó encuentros con autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Paraguay. Según Moltó, los representantes emiratíes manifestaron interés en explorar oportunidades de inversión relacionadas con los proyectos estratégicos que impulsa el Canal de Panamá, así como otras iniciativas de infraestructura nacional.

“Hemos hablado con Emiratos de diferentes rubros. Están muy interesados en las inversiones, sobre todo en los proyectos que tiene el Canal de Panamá y en proyectos de infraestructura“, explicó.

El ministro añadió que también sostuvo conversaciones con su homólogo paraguayo como parte de la estrategia para estrechar los vínculos económicos entre Panamá y los países del Mercosur.

Más allá de los futuros acuerdos comerciales, el objetivo del Gobierno consiste en aprovechar la posición geográfica y logística del país para atraer empresas del Cono Sur interesadas en establecer centros regionales de distribución.

Moltó explicó que la participación en el Mercosur permite presentar directamente las ventajas competitivas del país ante gobiernos e inversionistas.

“Estas reuniones van acercando a las empresas y nos permiten exponer las bondades que tiene Panamá para que sea utilizado como plataforma y complemento para que compañías del Mercado Común del Sur se establezcan en nuestro país“, sostuvo.

Panamá busca capitalizar activos como el Canal, la Zona Libre de Colón, los puertos en ambos océanos, el centro bancario internacional y la conectividad aérea para consolidarse como un centro regional de comercio y servicios.

Durante su intervención, Moltó recordó que Panamá también mantiene avances con Argentina. Aunque el ministro no detalló los sectores específicos que formarán parte de las negociaciones, indicó que la definición se realizará conjuntamente con el sector privado, priorizando aquellas actividades con mayor potencial exportador y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece uno de los bloques económicos más relevantes del hemisferio.

Con esta estrategia, el Gobierno busca que la incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercosur trascienda el ámbito diplomático y se traduzca en nuevos acuerdos comerciales, mayores inversiones y una utilización más intensiva de la plataforma logística panameña por parte de empresas sudamericanas.

El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal que obliga a identificar el contenido de nutrientes críticos en los envases de alimentos. El debate enfrenta a sectores que rechazan la eliminación de los octógonos negros. El futuro del sistema de advertencia y las posibles nuevas regulaciones generan incertidumbre sobre cómo se informará a los consumidores, qué cambios podrían ocurrir en la industria y cuáles serán los próximos pasos a nivel legislativo y regional.

La presidenta de la Comisión Directiva de COPAL, Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial durante una entrevista con Infobae en Vivo: “La industria de alimentos y bebidas nunca estuvo en contra del objetivo de la ley, sino de la herramienta que se eligió”.

Martín aclaró que la organización acompaña la iniciativa legislativa para derogar la norma vigente. Definió que el núcleo del reclamo radica en el modo de informar al consumidor y en los inconvenientes que, aseguran, genera el actual sistema de etiquetado.

El sistema de octógonos negros, implementado para advertir sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, se encuentra en el centro de la discusión. Martín argumentó que “es importante informar de forma clara y comprensible”, pero sostuvo que el mecanismo actual “genera muchísimos inconvenientes para tomar decisiones informadas” y no facilita una dieta variada y equilibrada.

Críticas de la industria alimenticia al etiquetado frontal

Para la entidad empresaria, los octógonos negros no logran diferenciar productos con distintos valores nutricionales dentro de una misma categoría. Martín ejemplificó: “Hay galletitas con una diferencia del 40% en grasas saturadas, pero el octógono es igual en ambos paquetes”. Sostuvo que el sistema no permite reflejar esas diferencias y que “no hay posibilidad de traducirlas al consumidor”.

Ante la pregunta sobre por qué no mejorar el sistema en vez de derogarlo, Martín explicó que “la ley ya establece la fórmula para calificar los nutrientes y no deja espacio para modificaciones”. Según su visión, la única alternativa viable es derogar la ley vigente para poder discutir una herramienta diferente que oriente mejor a la población.

Martín reconoció que la presencia de advertencias en las gaseosas, como la frase “no recomendada para niños”, cumple una función informativa. Sin embargo, enfatizó que “el problema de base es cómo se evalúan los nutrientes”, y que la herramienta no incentiva a la industria a mejorar las fórmulas de los productos porque los umbrales resultan demasiado altos.

Impacto sobre el consumo y percepciones sociales

La polémica por la ley incluye el análisis de su eficacia para modificar los hábitos de consumo. De acuerdo con Martin, “el 62% de las personas no toma sus decisiones en base al sistema de etiquetado”. Según la presidenta de COPAL, la herramienta actual “no sirve para orientar las decisiones de dieta ni para transformar los hábitos de consumo”.

La dirigente empresarial también destacó que “el primer driver que identifica la población para cambiar hábitos es la educación alimentaria y el segundo, el acceso económico”. Así, sostuvo que la etiqueta de precios tiene mayor peso en la elección de productos que los octógonos negros.

COPAL remarcó que, antes de la sanción de la ley, la industria ya venía trabajando en la reducción de nutrientes y en la autorregulación de la publicidad, en articulación con el Ministerio de Salud. Martín afirmó: “Esta industria ya estaba comprometida con la agenda de sobrepeso, obesidad, desnutrición y malnutrición, incluso antes del etiquetado frontal”.

Propuestas de la industria y alternativas regionales

COPAL impulsa una regulación armonizada en el Mercosur. Martín subrayó: “Para nosotros es importante aspirar a una herramienta superadora que oriente mejor al consumidor y permita proyectar una dieta equilibrada”. Destacó que el bloque regional es el principal destino de las exportaciones argentinas y que “no es lógico convivir con distintos sistemas que obligan a reetiquetar productos”.

La entidad mencionó el sistema brasileño como modelo alternativo. Martín valoró que “Brasil logró superar distorsiones del mercado y estableció una resolución después de años de construcción de evidencia”. Según COPAL, una convergencia regulatoria permitiría superar las dificultades que presenta la fórmula de cálculo del sistema argentino.

Martín reconoció que existen más de 60 modelos de etiquetado frontal en el mundo y que “no hay consenso internacional sobre cuál es la mejor herramienta”. Aclaró que, en el Mercosur, todos los países implementan sistemas de advertencia, aunque con diferencias sustanciales en la metodología.

Escenario legislativo y transición normativa

La discusión legislativa incluye proyectos en el Senado y en Diputados, mientras avanza una agenda de negociaciones en el Mercosur. Martín advirtió que “coexisten dos instancias: una discusión local y otra regional”, y consideró fundamental “coordinar los plazos para evitar un vacío regulatorio si se deroga la ley antes de tener una nueva norma”.

El Gobierno participa de negociaciones en el bloque sudamericano, donde recientemente se acordaron aspectos del rotulado nutricional, aunque el etiquetado frontal sigue pendiente de armonización. Martín expresó la expectativa de que la transición hacia un nuevo sistema “genere certezas y permita converger en una regulación clara”.

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Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, José Antonio Kast, reafirmaron el miércoles su compromiso de trabajar juntos contra el crimen organizado transnacional y profundizar la integración económica en América Latina. Ambos mandatarios mantuvieron un encuentro de cerca de una hora en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo, durante la visita oficial de Kast a Uruguay y Paraguay.

El jefe de Estado uruguayo destacó que este diálogo constituye parte de un proceso iniciado desde la asunción de Kast y subrayó que la presidencia uruguaya del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) sitúa a Montevideo en una posición clave para la articulación regional.

Por su parte, el presidente chileno advirtió que la soberanía de los países se encuentra “vulnerada por el crimen organizado transnacional” e insistió en que esta problemática “puede ser extirpada de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones”.

Kast valoró que Uruguay y Paraguay hayan decidido sumarse al “Acuerdo de Santiago”, una iniciativa de la Cancillería chilena destinada a coordinar la lucha contra el crimen organizado a nivel regional. “Usted nos hace un llamado a todos a unirnos y generar una sinergia positiva”, expresó a su par uruguayo, y remarcó que, pese a las diferencias políticas, ambos países comparten el valor de la democracia y la búsqueda del bienestar ciudadano.

“Tanto Paraguay como Uruguay se pueden sumar a este acuerdo (...) porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo”, sostuvo Kast en una declaración conjunta, sin aceptar preguntas de la prensa.

Kast llegó a la presidencia chilena con el compromiso de enfrentar el aumento de la delincuencia, marcado por el crecimiento de los homicidios y secuestros tras la irrupción del Tren de Aragua en su país. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios en Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que una década atrás pero aún por debajo de los 10,3 registrados en Uruguay.

Durante el encuentro, Kast también reconoció la “situación crítica en temas de desempleo y crecimiento” que atraviesa Chile y elogió la estabilidad uruguaya. “Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, instalaron una marca en el mundo”, afirmó.

Como parte de esta agenda bilateral, los gobiernos firmaron dos acuerdos entre las respectivas Cancillerías, orientados a la cooperación entre escuelas diplomáticas y al reconocimiento de la firma digital. Además, Orsi anticipó que en los próximos meses se concretarán nuevos memorandos en materia de seguridad e infraestructura. Kast arribó este miércoles a Montevideo tras su paso por Paraguay y tiene previsto disertar este jueves en un encuentro empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del país oriental.

Uruguay usará vehículos militares para “redoblar el combate contra el crimen organizado”

El gobierno de Uruguay desplegará vehículos del Ejército Nacional en el patrullaje de varios barrios de Montevideo con el objetivo de “redoblar el combate contra el crimen organizado”, según anunció el presidente Yamandú Orsi el pasado 22 de junio.

La decisión se adoptó tras una reunión con los titulares de Defensa, Interior y Economía, instancia en la que se resolvió orientar la infraestructura de seguridad nacional a este propósito.

“Resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, comunicó Orsi a través de su cuenta de X.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso avanzar hacia una mayor integración económica entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN) mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias que, según sostuvo, limitan el comercio entre los países de ambos bloques. El planteamiento fue presentado durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en Asunción, Paraguay, donde el mandatario ecuatoriano llamó a modernizar los mecanismos de integración comercial vigentes y a facilitar el intercambio de bienes e inversiones en la región.

Durante su intervención ante los presidentes y representantes de los países miembros y asociados del Mercosur, Noboa afirmó que América del Sur enfrenta el desafío de fortalecer su integración económica en un contexto internacional marcado por transformaciones en el comercio global. En ese escenario, señaló que la región debe avanzar hacia un mercado más dinámico y competitivo que permita aprovechar las capacidades productivas de cada país y aumentar el intercambio intrarregional.

Como parte de esa propuesta, el presidente ecuatoriano planteó la actualización del Acuerdo de Complementación Económica N.º 59 (ACE 59), instrumento que regula las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y el Mercosur. Según explicó, la modernización de ese acuerdo permitiría ampliar las oportunidades comerciales, simplificar procedimientos y reducir restricciones que actualmente afectan el flujo de mercancías entre los países participantes.

Noboa sostuvo que es necesario derribar las barreras arancelarias y resolver también los obstáculos no arancelarios que continúan dificultando el comercio entre ambas organizaciones regionales. Entre esos factores mencionó los altos costos logísticos, las diferencias regulatorias y los requisitos sanitarios y aduaneros que, a su juicio, incrementan los costos para exportadores e importadores y reducen la competitividad de las economías sudamericanas.

El mandatario manifestó que Ecuador busca impulsar un espacio económico común que favorezca el comercio y la inversión entre los países sudamericanos. Añadió que su Gobierno considera que una mayor integración regional permitirá fortalecer las cadenas de valor, incrementar las oportunidades para los sectores productivos y generar un entorno más favorable para el crecimiento económico.

En su discurso también señaló que Ecuador está preparado para ampliar su intercambio comercial con los países del Mercosur y destacó el potencial de productos ecuatorianos como el banano, el cacao, el atún y diversas manufacturas, que actualmente forman parte de la oferta exportable del país hacia los mercados de la región. De acuerdo con el Gobierno ecuatoriano, las exportaciones nacionales superan los USD 8.400 millones, aunque parte de ese comercio enfrenta limitaciones derivadas de requisitos técnicos, regulatorios y logísticos.

La propuesta fue presentada durante una cumbre regional en la que también se abordaron estrategias para ampliar la apertura comercial del Mercosur hacia otros mercados internacionales. En el encuentro, los países miembros analizaron mecanismos para fortalecer la integración económica y avanzar en nuevas negociaciones comerciales con socios extrarregionales, dentro de una agenda orientada a diversificar las relaciones económicas del bloque.

Además del componente económico, Noboa reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad. El presidente señaló que el crimen organizado transnacional representa un desafío común para los países sudamericanos y sostuvo que la integración también debe incluir mecanismos de coordinación para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y otras actividades delictivas que operan a través de las fronteras.

La participación del mandatario ecuatoriano en la cumbre formó pare de una agenda oficial desarrollada en Paraguay, donde mantuvo reuniones con otros jefes de Estado y autoridades regionales. Durante su visita, el Gobierno ecuatoriano indicó que uno de los principales objetivos era impulsar iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación económica y la seguridad regional.

Ecuador participa en el Mercosur en calidad de Estado Asociado y mantiene sus relaciones comerciales con el bloque a través del Acuerdo de Complementación Económica N.º 59, suscrito entre el Mercosur y la Comunidad Andina. La propuesta presentada por Noboa busca actualizar ese instrumento para ampliar el acceso a mercados, facilitar el comercio y adaptar el acuerdo a las condiciones actuales del intercambio regional.

La iniciativa deberá ser discutida por los países integrantes de ambos bloques en el marco de los mecanismos establecidos para la negociación de acuerdos comerciales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hizo referencia a los “intentos de desestabilización” de su Gobierno y llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación para enfrentar amenazas al sistema democrático.

Durante su intervención en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en Paraguay, el mandatario sostuvo que la reciente crisis social que atravesó su país pone en evidencia que la defensa de la democracia requiere una respuesta coordinada entre los países sudamericanos.

“Cuando una democracia es amenazada, toda la región debe reaccionar. Todas las democracias están amenazadas, tocan a una y tocan a todas”, afirmó Paz y advirtió sobre el riesgo de que el continente enfrente escenarios similares a los de la “Primavera Árabe”, en referencia a la ola de protestas contra regímenes autoritarios que comenzó en Oriente Medio y el norte de África en 2010.

“Cuidado, y lo digo con el mayor de los respetos, pero también con la mayor firmeza. Se nos está convirtiendo de a poco, por causas externas, en una suerte de Primavera Árabe en nuestro continente”, afirmó el mandatario, al sostener que la experiencia reciente de Bolivia debe servir como una señal de alerta para el resto de la región.

“La seguridad hemisférica en nuestras democracias tiene que ser una prioridad de nuestras naciones”, remarcó Paz y afirmó que ningún país podrá enfrentar por sí solo los desafíos actuales.

El pronunciamiento se produjo después de casi siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron gran parte de Bolivia. Los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de inconsistencias en su gestión y de traicionar a quienes le dieron el voto en octubre del año pasado cuando ganó la elección presidencial con el 55%.

Los bloqueos de carreteras, que iniciaron el 6 de mayo y concluyeron el 22 de junio, fueron encabezados por la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) y la Central Obrera Boliviana. En los momentos más álgidos de la protesta se llegaron a registrar hasta 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos del país.

En el día 44 de bloqueos, el Gobierno logró un acuerdo con los sindicatos obreros y horas más tarde decretó un estado de excepción que le permite desplegar a las Fuerzas Armadas para intervenir en los piquetes. La medida desincentivó las protestas y provocó el repliegue de los demás sectores.

Aunque no hay una cifra consolidada de las pérdidas económicas a causa de los bloqueos, instituciones de comercio exterior e industria estiman un daño de hasta 3.000 millones de dólares, lo que equivale al 5% del Producto Interno Bruto (PIB). La medida de presión también supuso perjuicios para la población, especialmente de la ciudad de La Paz, donde hubo desabastecimiento de alimentos, de combustible y de otros insumos básicos cuyos precios se dispararon a causa de la escasez.

A más de una semana de haber restablecido el tránsito en las carreteras del país, el Gobierno enfrenta reclamos para sancionar a los responsables de la medida de presión a la vez que impulsa “mesas de trabajo” con los sindicatos obreros para dar curso a sus acuerdos, entre ellos “no perseguir judicialmente” a los dirigentes de las protestas.

Durante su discurso en la cumbre, Paz agradeció las expresiones de respaldo de los países miembros del Mercosur durante el prolongado conflicto social en Bolivia.

Los presidentes del Mercosur reafirmaron este martes su respaldo al Gobierno del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, y rechazaron toda conducta que pueda comprometer la estabilidad democrática, el Estado de Derecho o la convivencia pacífica en Bolivia. La postura quedó plasmada en la declaración aprobada durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque, celebrada en la ciudad de Luque, Paraguay.

El documento, suscrito también por los jefe de Estados de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Chile, José Antonio Kast, expresa “profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia”, país que enfrentó 50 días de conflicto social y manifestaciones que reclamaban la salida de Paz del poder.

El canciller argentino, Pablo Quirno, firmó la declaración en representación del presidente Javier Milei, ausente en la cumbre tras cancelar su asistencia.

Según la declaración difundida por el Gobierno paraguayo, los jefes de Estado de la región “rechazaron toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica” en Bolivia. El texto ratifica la “necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional” de Bolivia, liderado por Rodrigo Paz, en funciones desde hace poco más de siete meses.

Además, los mandatarios exhortaron a “todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo”, el respeto, el “pleno reconocimiento” de las instituciones democráticas y la preservación de la paz social.

El conflicto boliviano, iniciado el 6 de mayo, provocó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna a raíz de los bloqueos. En el cierre de la cumbre, Uruguay recibió de Paraguay la presidencia semestral del bloque regional.

Por su parte, en la antesala a la reunión, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, vinculó la reciente amenaza de paro de jueces con las prácticas del Movimiento al Socialismo (MAS) y remarcó que el diálogo es la única vía legítima para resolver los conflictos institucionales. Durante un encuentro con periodistas en Asunción, cuestionó el recurso de la presión y convocó a las autoridades judiciales a dejar de lado las estrategias de bloqueo y paro, asociadas, según él, a la dinámica política de las últimas dos décadas.

“Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo, aquí amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS), bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”, sostuvo Paz, al referirse a la advertencia del Órgano Judicial, que planteó la posibilidad de suspender funciones si el Ejecutivo y el Parlamento no atendían sus demandas presupuestarias y legislativas.

El lunes, representantes del Órgano Judicial se reunieron en Sucre y aprobaron una resolución para solicitar un incremento presupuestario y la aprobación de leyes pendientes en la Asamblea Legislativa. Como medida de presión, advirtieron con iniciar un paro si no recibían una respuesta favorable.

El vocero presidencial, José Luis Galvez, calificó la amenaza de “inaudita” y acusó a los magistrados de actuar como “sindicateros” al recurrir a la paralización como herramienta de protesta. “El vocero presidencial acusó a los jueces de actuar como ‘sindicateros’ por recurrir a la paralización”, se informó tras la reunión. Paz recordó además el “gran acuerdo nacional” sellado en Cochabamba, del que surgieron una serie de normas que permanecen pendientes de tratamiento en el Parlamento.

(Con informacion de EFE)

El Mercosur dio inicio formal a las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un paso que abre un proceso destinado a crear una zona de libre comercio entre el bloque sudamericano y una de las principales potencias económicas de Asia.

El anuncio se realizó durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en Asunción, donde la delegación japonesa y los países miembros del organismo regional confirmaron el lanzamiento de las conversaciones para diseñar un entendimiento de alcance comercial y estratégico.

Durante la LXVIII cumbre en Asunción, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a representantes de Bolivia, en la etapa final de adhesión al bloque, respaldaron avanzar en un acuerdo orientado a ampliar el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, además de incentivar la cooperación y las inversiones recíprocas entre ambas regiones.

La iniciativa busca integrar cadenas de valor y fortalecer los lazos económicos, comerciales y humanos ya existentes entre los países sudamericanos y Japón, que cuenta con una de las mayores comunidades de descendientes fuera de su territorio.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el carácter histórico de la apertura de negociaciones y consideró que el movimiento posiciona al Mercosur ante un nuevo escenario de oportunidades en Asia.

“Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque. Les pido que podamos avanzar con ellos”, agregó.

Las bases de este acercamiento se establecieron en diciembre de 2025, cuando ambas regiones firmaron el Marco de Asociación Estratégica Mercosur–Japón. En ese contexto, se realizaron dos rondas de reuniones técnicas: una en Asunción, en enero, y otra en Yaundé, en marzo. Allí, los equipos negociadores exploraron temas de interés y coincidieron en la importancia de profundizar la relación bilateral ante un escenario internacional marcado por la inestabilidad y la necesidad de asegurar la seguridad económica y alimentaria.

La meta común es crear un área de libre comercio que abarcaría a unas 400 millones de personas y un producto interno bruto combinado de 7 billones de dólares. Japón figura entre los diez principales socios comerciales del Mercosur, con un intercambio que alcanzó los USD 13.700 millones en 2025. Los gobiernos involucrados coincidieron en que el acuerdo debe adoptar un enfoque integral, abarcar todos los temas vinculados al comercio y la inversión, y contemplar las sensibilidades de cada parte para alcanzar un resultado equilibrado y mutuamente beneficioso.

Durante la cumbre, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró el objetivo del Mercosur de consolidar su presencia en Asia y anticipó la intención de abrir negociaciones comerciales con China en el corto plazo. Además, el bloque mantiene conversaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, el Reino Unido, Indonesia y Malasia, y busca ampliar su acuerdo de preferencias arancelarias con India.

El comunicado conjunto difundido tras el encuentro indicó que Japón y el Mercosur comparten valores democráticos y principios vinculados al multilateralismo, lo que refuerza la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una mayor integración económica. En las rondas previas, los equipos negociadores intercambiaron información sobre áreas de interés y acordaron mantener un diálogo fluido para abordar las particularidades de cada economía, con el objetivo de diversificar las cadenas de suministro y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos.

(Con información de EFE)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Paraguay para participar en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, un encuentro que reúne a mandatarios de Sudamérica para discutir temas de integración, comercio y cooperación regional. En el marco de su visita oficial, el mandatario ecuatoriano sostuvo una reunión bilateral con el presidente paraguayo, Santiago Peña, con quien acordó fortalecer el trabajo conjunto en áreas como seguridad, economía, comercio e integración.

Noboa arribó la noche del 29 de junio al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, donde fue recibido por autoridades paraguayas antes de iniciar la agenda oficial prevista para el 30 de junio. Su desplazamiento fue autorizado mediante el Decreto Ejecutivo 432, firmado el 27 de junio, que declaró en comisión de servicios a la delegación ecuatoriana para asistir a la cumbre.

El primer acto de la agenda presidencial fue el encuentro con Santiago Peña, realizado antes de la sesión plenaria del Mercosur. De acuerdo con la Presidencia de Ecuador, ambos jefes de Estado ratificaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar iniciativas orientadas al bienestar de los ciudadanos de ambos países.

Según informó la Presidencia ecuatoriana, durante la reunión se fortaleció el compromiso de cooperación bilateral en cinco áreas prioritarias: seguridad, comercio, economía, temas sociales e integración regional. La cita también sirvió para revisar el estado de la relación entre Ecuador y Paraguay y explorar nuevas oportunidades de colaboración.

En las fotografías difundidas por el Gobierno ecuatoriano se observa a ambos mandatarios durante una reunión privada y posteriormente acompañados por integrantes de sus delegaciones. Por parte de Ecuador participó también el canciller Roberto Kury, quien integra la comitiva oficial que acompaña al presidente durante la visita.

La reunión bilateral se produjo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en Luque, ciudad donde se desarrolla la cumbre regional. Posteriormente, Noboa tenía previsto incorporarse a las actividades oficiales junto a los demás jefes de Estado y representantes de los países miembros y asociados del bloque.

Ecuador participa en el Mercosur como Estado asociado, condición que le permite intervenir en las reuniones políticas y de cooperación del organismo, aunque sin formar parte del mercado común como miembro pleno. La asistencia de Noboa busca mantener la presencia diplomática ecuatoriana en uno de los principales mecanismos de integración sudamericana y fortalecer los vínculos con los gobiernos de la región.

La agenda oficial también contempla reuniones bilaterales con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, en las que se espera abordar temas relacionados con cooperación, comercio e integración regional.

La cumbre tiene como anfitrión al presidente paraguayo, Santiago Peña, y reúne a los mandatarios y representantes de los países que conforman el Mercosur y de los Estados asociados. Entre los principales temas de discusión figuran el fortalecimiento de la integración regional, el impulso al comercio intrarregional y el avance de las negociaciones comerciales del bloque con otros mercados.

Uno de los asuntos de mayor relevancia en la agenda es la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la distribución de cuotas de exportación hacia el mercado europeo. También se prevé analizar el estado de las negociaciones con otros socios comerciales, entre ellos Canadá y Japón.

El Decreto Ejecutivo que autorizó el viaje establece que los gastos derivados de la participación de la delegación serán cubiertos con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenecen sus integrantes, conforme a la normativa vigente. Asimismo, el desplazamiento fue comunicado a la Asamblea Nacional, como dispone la Constitución para las salidas oficiales del presidente de la República.

La visita representa la primera ocasión en que Daniel Noboa realiza un viaje oficial a Paraguay desde que asumió la Presidencia de Ecuador y forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar las relaciones diplomáticas con los países sudamericanos mediante encuentros bilaterales y la participación en foros regionales.

Los cancilleres del Mercosur expresaron el lunes un firme respaldo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y condenaron los bloqueos de rutas y los hechos de violencia registrados en Bolivia durante las últimas semanas, en la antesala de la 68.ª Cumbre de Jefes de Estado del bloque que se celebrará este martes en Asunción. El pronunciamiento se produjo durante la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, encabezada por el canciller paraguayo Rubén Ramírez, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del bloque.

En la apertura del encuentro, Ramírez sostuvo que “el sistemático bloqueo de rutas y la continua violencia en las calles afectando gravemente la vida cotidiana de la población y pretendiendo subvertir el orden constitucional de la República de Bolivia, son inaceptables”. El canciller paraguayo vinculó la situación boliviana con la defensa de los principios fundacionales del bloque regional y pidió preservar la institucionalidad democrática.

Ramírez también afirmó que “no debemos olvidar jamás que la estabilidad democrática y el orden constitucional de cada uno de nuestros países constituye un interés común y un principio rector del Mercosur”, al remarcar la posición compartida por los países miembros frente a la crisis política que atraviesa Bolivia.

El respaldo del Mercosur llegó después de siete semanas de protestas y bloqueos de rutas en distintas regiones de Bolivia. La medida provocó escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades del país. Las manifestaciones incluyen pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, impulsados por sindicatos, organizaciones indígenas y sectores cocaleros en medio de una crisis económica considerada la más profunda de las últimas cuatro décadas.

La reunión de cancilleres antecede a la cumbre presidencial prevista para este martes en el Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en las afueras de la capital paraguaya. Durante ese encuentro, los mandatarios del Mercosur darán inicio a las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con Japón, una iniciativa que el bloque considera estratégica para ampliar su agenda comercial.

Según un comunicado del Mercosur, el comienzo de esas negociaciones llega después de dos reuniones celebradas en enero y marzo de este año, en las que representantes de Japón y de los países miembros —Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia— “intercambiaron información sobre áreas de interés y sensibilidades mutuas” como paso previo a la apertura formal de las conversaciones.

El futuro acuerdo con Japón tendrá un formato similar al de un tratado de libre comercio y formará parte de la agenda económica que discutirán los presidentes durante la cumbre. El encuentro también marcará el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, que dejará Paraguay para pasar a manos de Uruguay durante el próximo semestre.

La convocatoria presidencial contará con la presencia de varios líderes de la región. El canciller paraguayo confirmó la semana pasada la asistencia de siete jefes de Estado, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. En tanto, la participación del mandatario argentino, Javier Milei, permanecía en duda debido a la situación política interna de Argentina tras la renuncia, el domingo, de su jefe de Gabinete.

Además de los mandatarios de los países miembros, también está prevista la participación del chileno José Antonio Kast y del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quienes asistirán como invitados a la reunión que se desarrollará en Asunción.

Durante el semestre en que Paraguay ejerció la presidencia pro tempore, el Mercosur concretó la firma de un acuerdo con la Unión Europea, resultado de más de 25 años de negociaciones entre ambas partes. El tratado quedó suscripto en enero, aunque su entrada en vigor todavía depende del proceso de ratificación dentro del bloque europeo.

En su discurso, Ramírez también se refirió a ese entendimiento y reclamó que los beneficios derivados del acuerdo alcancen de manera equilibrada a todos los integrantes del Mercosur. El canciller sostuvo que el bloque debe garantizar una distribución equitativa de las oportunidades que surjan de ese tratado mientras continúa el proceso de aprobación por parte de la Unión Europea.

(Con información de AFP)

Ya de regreso en la Argentina luego de un viaje fugaz a España, el presidente Javier Milei tomó la decisión que desde hacía algunos días se rumoreaba y le aceptó la renuncia al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para luego designar en su lugar a Diego Santilli, comenzando así un proceso de reordenamiento dentro del Gobierno.

Con estas medidas ya anunciadas, ahora el mandatario analiza cómo continuará con la agenda internacional que tenía programada, en un momento en el que intentará también recuperar el control del Congreso.

El libertario confirmó que le tomará juramento a su flamante ministro coordinador el martes, a las 16:00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Ese mismo día, pero por la mañana, se llevará adelante la cumbre de líderes del Mercosur en Asunción, Paraguay, con un intenso cronograma de actividades.

El encuentro se llevará adelante en medio de algunas tensiones políticas todavía no resueltas en la región, pero también después de que se aprobara el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Además, se espera que durante la jornada se debata sobre las negociaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica —anunciado por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra nipona Sanae Takaichi durante el reciente G7 en Francia— y los avances con Canadá y Singapur para medidas similares, tal como anticipó Infobae.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio, el Presidente argentino todavía no tiene totalmente definido si va a participar de ese evento o si la representación del país quedará en manos del canciller, Pablo Quirno.

Los jefes de Estado que asistan tienen que llegar al Centro de Convenciones de la CONMEBOL a las 8:00 y dos horas más tarde comenzará la sesión plenaria, que se extenderá hasta las 13:15.

Si al finalizar, Milei regresa inmediatamente a Buenos Aires, podría llegar justo a tiempo para tomarle juramento a Santilli, que ya comenzó a prepararse para su nuevo rol.

El hasta ahora ministro del Interior se reunirá este lunes con Ignacio Devitt, quien será su vicejefe de Gabinete, para ordenar la estructura de esta nueva área.

El miércoles, los dos empezarán formalmente con sus tareas cuando reciban en Balcarce 50 a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, con el objetivo de fijar las metas para adelante.

La cúpula del Poder Ejecutivo quiere dejar atrás las internas y, sobre todo, la polémica en torno a Adorni, a quien el Presidente volvió a respaldar, a pesar de haberle aceptado la renuncia.

“Yo sigo confiando en la inocencia de Manuel. Es una persona honesta”, remarcó el mandatario nacional en declaraciones al canal LN+.

En el encuentro con los legisladores va a estar el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero también la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien fue de las más críticas del ahora ex funcionario.

Incluso, cuando se concretó la salida del Jefe de Gabinete, compartió un mensaje en las redes sociales en el que remarcó que “la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio”.

Las indirectas se trasladaron también al grupo de Whatsapp que tiene con sus compañeros de banca, en el que recientemente agregaron a la secretaria general, Karina Milei.

Luego de que la Selección Argentina venciera por 3 a 1 a la de Jordania y cerrara con un invicto la primera fase del Mundial, uno de los senadores envió un mensaje a ese canal en el que puso: “Festejen. Brinden. Pasamos de ronda. Ahora se vienen las eliminatorias”.

Unos minutos después, Bullrich tomó ese comentario casi de manera calcada, pero le agregó un “todas buenas” y el recordatorio de que por delante hay “partidos importantes”.

Aunque no dijo nada más, en ese momento todos los que la leyeron comprendieron que la integrante de la mesa política no se estaba refiriendo solamente al fútbol, sino también a la situación del Gobierno tras la partida de Adorni.

Cómo si no bastara, la ex ministra de Seguridad luego repitió la frase en un posteo en su cuenta de X, junto a una foto de ella festejando con una camiseta de la Selección.

Es justamente por estas tensiones que surgieron en el último tiempo que la secretaria general de la Presidencia busca tener más influencia en las negociaciones parlamentarias.

Al igual que con los senadores, Menem hizo lo propio al agregarla a Karina Milei también al grupo de WhatsApp que tenía con los diputados, por lo que la funcionaria ahora está más cerca de las conversaciones del bloque en ambas Cámaras.

Por otra parte, también confía en Santilli y Devitt, quienes reconocen que tienen línea directa con ella a la hora de acordar con los legisladores o gobernadores, según precisaron en el entorno de ambos.

De hecho, el ahora jefe de Gabinete fue confirmado en el cargo luego de una reunión en la Quinta de Olivos con Milei y su hermana, a los que les agradeció por las redes sociales.

A fines de esta semana, el líder libertario volverá a viajar, pero esta vez lo hará a los Estados Unidos, con motivo del aniversario 250 de la independencia de ese país.

El mandatario tenía previsto despegar el viernes con rumbo a Washington, pero podría adelantar un día su salida si finalmente decide también asistir a un acto previo que su par norteamericano, Donald Trump, encabezará el 3 de julio.

Los países del Mercosur inician este lunes la etapa política de su cumbre en Paraguay con el objetivo de cerrar las diferencias internas sobre el reparto de las cuotas de exportación libres de aranceles previstas en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE). El bloque también prevé anunciar el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón, además de avanzar en otros frentes comerciales con India y Vietnam.

La 68.ª reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Jefes de Estado se desarrollarán entre este lunes y martes en Paraguay, que concluirá su presidencia pro tempore del bloque y la transferirá a Uruguay. Las actividades comenzaron el sábado en la ciudad de Luque, cercana a Asunción, con reuniones técnicas y reservadas sobre asuntos vinculados con el comercio, la migración y otros temas de integración entre los cinco miembros plenos: Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Uno de los principales asuntos de la agenda será la distribución de los cupos de exportación sin aranceles hacia la Unión Europea, un mecanismo previsto dentro del acuerdo comercial firmado entre ambos bloques en enero pasado y cuyo pilar comercial entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo.

Paraguay pretende obtener el 25% de las cuotas de exportación en todos los rubros posibles, incluso en sectores donde su producción todavía resulta limitada, como la carne de pollo. El Gobierno paraguayo considera que un reparto previo entre los socios evitará que algunos países concentren rápidamente los beneficios comerciales.

El viceministro de Comercio y Servicios de Paraguay, Alberto Sborovsky, sostuvo que este punto “es una cuestión de prioridad” porque impediría que dentro del Mercosur prevalezca “la ley de la selva”, donde “el primero llegado es el primero servido”.

Las preocupaciones paraguayas cobraron fuerza tras la entrada en vigor provisional del acuerdo con la UE. Argentina envió al mercado europeo un primer cargamento de miel natural apenas una semana después de ratificar el tratado. Posteriormente, los exportadores argentinos solicitaron permisos que agotaron en pocas semanas las cuotas preferenciales asignadas al Mercosur para la miel, además de las correspondientes a los huevos y el arroz.

Ese escenario reforzó la discusión sobre la necesidad de establecer un mecanismo de distribución entre los socios antes de que cada país acceda individualmente a los cupos disponibles.

La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, explicó que el debate dejó de responder únicamente a criterios técnicos y adquirió un carácter político. Según afirmó, los cuatro países mantienen posiciones diferentes con el objetivo de maximizar sus beneficios y evitar un “fracaso absoluto” en la implementación del sistema de cuotas.

Además del tratamiento del acuerdo con la Unión Europea, la cumbre servirá para ampliar la agenda de apertura comercial del bloque. Al término del encuentro, el Mercosur prevé informar el inicio de negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, un mercado de más de 120 millones de consumidores.

El anuncio llega pocos días después del encuentro que mantuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, donde ambas partes abordaron la posibilidad de iniciar conversaciones formales.

En paralelo, Uruguay también impulsa la profundización del acuerdo comercial vigente con India y la apertura de negociaciones oficiales con Vietnam. La vicecanciller Valeria Csukasi indicó a EFE que esos procesos forman parte de la estrategia de diversificación de mercados promovida durante la presidencia uruguaya.

La reunión en Paraguay congregará a unas 800 personas pertenecientes a 12 delegaciones, además de representantes de organismos multilaterales y parlamentarios de distintos países, según informó el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, durante una conferencia de prensa.

Para la Cumbre de Presidentes se espera la participación de los mandatarios de los cinco Estados parte del Mercosur: Javier Milei por Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva por Brasil, Rodrigo Paz por Bolivia, Santiago Peña por Paraguay y Yamadú Orsi por Uruguay.

También asistirán los presidentes José Antonio Kast, de Chile, y Daniel Noboa, de Ecuador. A ellos se sumarán los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, países asociados al Mercosur.

Paraguay cerrará su presidencia temporal del bloque con el antecedente de haber sido sede de la firma del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo negociado durante más de veinticinco años y que comenzó a aplicarse de forma provisional el pasado 1 de mayo. La resolución del reparto de las cuotas de exportación constituirá uno de los pasos clave para la implementación del componente comercial del pacto y marcará el cierre de la agenda de la cumbre.

(Con información de EFE)

Tras una visita fugaz por la ciudad de Madrid, la capital de España, Javier Milei participará de la cumbre de los jefes de Estado que integran el Mercosur que se realizará entre este lunes y el martes en Asunción, Paraguay. Y lo hará en el marco de una serie de tensiones políticas sin resolver que amenazan con opacar los avances del bloque, más allá del acuerdo comercial con la Unión Europea.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, confirmó el pasado jueves la presencia de siete mandatarios: los cinco miembros del bloque (además de Argentina y Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, con estatus de miembro pleno, pero que atraviesa por un periodo de adaptación de su marco legal), más el presidente chileno José Antonio Kast y el ecuatoriano Daniel Noboa.

Los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá también asistirán como representantes de estados asociados, junto a invitados especiales de Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Trinidad y Tobago y Uzbekistán, además de una delegación de 30 empresarios.

La agenda oficial incluye los avances del tratado con la UE, las negociaciones con Japón para un Acuerdo de Asociación Económica —anunciadas por el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante el reciente G7 en Francia— y los avances con Canadá y Singapur.

La posible reincorporación de Venezuela, suspendida del bloque regional, no figura en esa lista, pero es una discusión que circulaba por lo bajo en los pasillos diplomáticos, por lo menos hasta los trágicos terremotos que sacudieron a Caracas y sus alrededores, y que dejaron hasta el momento más de 1400 muertos.

El acuerdo que Brasil llama “distorsión”

El foco de tensión más relevante siguen siendo las diferencias ideológicas y políticas entre Milei y Lula da Silva. Según se informó, el gobierno brasileño espera que Argentina aproveche la cumbre para aclarar los alcances del acuerdo comercial que se firmó con Washington en febrero (con eliminación de aranceles para 1.675 productos), ante el temor de que pueda generar “distorsiones” en el bloque.

Según informó la agencia EFE, esos temores fueron manifestados formalmente por la delegación brasileña en la reunión del Grupo Mercado Común de marzo en Asunción, la instancia preparatoria de la cumbre. Brasilia considera que cualquier acuerdo comercial o estratégico con Washington debe ser compatible con las obligaciones asumidas por Argentina dentro del bloque y con el tratado de libre comercio con la UE vigente desde el 1° de mayo.

Para Ignacio Bartesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), la tensión responde a una lógica que el país vecino mantiene desde hace décadas. “Brasil siempre ha querido tener atada a Argentina en la política comercial común. Siempre está Brasil diciendo: no pueden ustedes negociar por separado”, señaló en diálogo con Infobae.

El analista apuntó a la disputa de liderazgo regional como motor del conflicto: “Brasil se siente incómodo con el liderazgo que ha querido tener Milei con Trump. Ese vínculo no lo tiene Lula. Esa puja por el liderazgo es teoría de Itamaraty clásico”, sostuvo.

Esa tensión tendrá un capítulo simbólico antes de que Milei llegue a Paraguay. Este lunes —el mismo día que arranca la cumbre— el presidente se reunirá en Buenos Aires con el senador brasileño Flavio Bolsonaro, principal candidato opositor a Lula en las elecciones presidenciales de octubre, en el marco de una conferencia de la Israel Allies Foundation. Cerca del gobierno argentino no ocultan sus preferencias por una derrota electoral del líder brasileño, según pudo saber Infobae.

Otras diferencias internas

Este mes, el canciller argentino Pablo Quirno formalizó ante Nueva Zelanda —país depositario del tratado— la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El bloque reúne a doce economías —entre ellas Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú y el Reino Unido— que en conjunto representan cerca del 13% del producto bruto mundial y alrededor del 15% del comercio global.

Según datos oficiales, durante 2025 las exportaciones argentinas hacia esos países alcanzaron los 16.329 millones de dólares y generaron un superávit comercial de 8.930 millones de dólares. Uruguay avanzó en paralelo con un pedido similar.

La decisión abrió un interrogante político sin respuesta pública: si Argentina concreta la adhesión, será el primer acuerdo comercial internacional en el que el país estará como par con el Reino Unido, con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas vigente y actualizado. El jueves pasado, el canciller exigió a Reino Unido que acepte negociar la soberanía en la última audiencia del Comité de Descolonización de la ONU.

Para Bartesaghi, la jugada de Lula de anunciar negociaciones Mercosur-Japón en el G7 no es casual: “¿Vos te creés que es casualidad que Lula apuró el anuncio de un acuerdo Mercosur-Japón cuando Japón es el principal país del CPTPP? Lo que está haciendo Lula es mover jugadas para decir después: ¿para qué quieren ir al CPTPP si ya estamos cerrando Mercosur-Japón?”, dijo el analista. La estrategia de Brasilia, según Bartesaghi, apunta también a convencer a Japón de que no apoye el ingreso individual de Uruguay o Argentina al tratado transpacífico.

Venezuela en discusión

Las cancillerías de Paraguay y Uruguay prefirieron el silencio cuando fueron consultadas por este medio sobre si el reingreso de Venezuela al bloque figurará en la agenda de la cumbre. “No tenemos comentarios sobre el tema”, respondieron fuentes de Asunción. Desde Montevideo, la respuesta fue similar. Tampoco está en la agenda oficial, hasta el momento, alguna acción concreta o pronunciamiento sobre los sismos golpearon al país caribeño el pasado miércoles. “Quizá surja”, señalaron fuentes diplomáticas.

Sí hubo un comunicado de la CELAC, que actualmente preside Uruguay. “La CELAC lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas, transmite sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y extiende su solidaridad a las personas y familias afectadas. La CELAC manifiesta su pleno apoyo a los ingentes esfuerzos de rescate, asistencia y recuperación en curso, y expresa el deseo de sus Estados Miembros de colaborar en todo lo que esté a su alcance de manera individual y colectiva en dichos esfuerzos”, se afirmó en el texto.

El contraste con las declaraciones previas es llamativo. En marzo, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia paraguaya, Javier Giménez, declaró públicamente que su gobierno está “plenamente de acuerdo” con la reincorporación venezolana y que la plantearía durante su presidencia pro tempore, según consignó ABC, al igual que un pedido similar por parte de Colombia. Ese período finalizará en la cumbre, cuando la presidencia se traslade a Uruguay.

En esta línea, el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin fue explícito a finales de abril: “Venezuela se incorporó al Mercosur, fue suspendida y, al entrar en un momento distinto, eso será rediscutido”, declaró en Brasilia a periodistas, según informó Bloomberg y replicó O Globo.

Para Bartesaghi, el impulso detrás del pedido tiene un origen claro: “Este es un interés más de Brasil que de Paraguay. Brasil siempre quiso una ampliación del Mercosur, porque para Brasil el Mercosur tiene que ser América del Sur”. Y advierte sobre los riesgos de esa lógica ampliacionista aplicada simultáneamente a Venezuela, Colombia y Panamá: “Es una gran familia que está en crisis y decide tener más hijos para solucionar sus problemas”, graficó.

Argentina ejerce el veto.

Para que Venezuela recupere la membresía plena se requiere el consenso de los cuatro países fundadores, y Buenos Aires no tiene intención de ceder. Las razones que esgrimen fuentes diplomáticas argentinas son precisas: Venezuela fue suspendida del Mercosur por dos motivos distintos y ambos siguen vigentes. El primero es el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Protocolo de adhesión al bloque —adoptar normas, políticas y disciplinas comerciales comunes—, que nunca se concretó. El segundo es la violación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. “A la fecha, lo primero no tuvo ningún avance y lo segundo sigue ocurriendo”, señalaron a este medio.

Es más, hasta la reactivación del diálogo entre Buenos Aires y Caracas para coordinar el envío de ayuda humanitaria a las víctimas de los terremotos, la relación estaba rota. De hecho, la Argentina sigue sin representación diplomática, denunció en casi todos los foros regionales las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen chavista y reclamó la liberación de los presos políticos. Hasta la fecha, permanece privado de su libertad el abogado Germán Giuliani.

“Es una violación flagrante del Protocolo de Ushuaia. La cláusula democrática es clarísima: tiene que haber una recuperación del orden democrático. Y acá no hay ninguna”, afirmó Bartesaghi. Sobre el argumento de que la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero cambió el escenario, el analista es tajante: “¿Cuál es el cambio? ¿El apoyo de Estados Unidos y que no está Maduro? El entendimiento de Trump con Delcy Rodríguez no supone que ella esté en un proceso democrático. Eso recién se va a dar cuando se lleven adelante elecciones transparentes y justas".

En tanto, fuentes argentinas en el Parlasur fueron más cautelosas: “Me resulta difícil que pueda pasar con la elección de Brasil tan peleada y los senadores paraguayos en contra, pero hoy en día todo es posible”.

Hay, además, un antecedente parlamentario que podría complicar el proceso desde adentro de Paraguay. Cuando Venezuela ingresó al Mercosur en 2012, lo hizo durante un receso parlamentario paraguayo —aprovechando la suspensión de ese país tras el juicio político al expresidente Fernando Lugo— y sin el voto de aceptación del Senado paraguayo, que históricamente se había opuesto. Para sectores del Congreso paraguayo, esa membresía careció de legitimidad desde el punto de vista del derecho interno.

"Lo que se está discutiendo es sentarla de vuelta en el asiento de toma de decisiones del Mercosur, poner a Rodríguez en la foto de familia del bloque. Esa es una imagen de proyección internacional muy mala”, finalizó Bartesaghi.

Desde Bruselas, la cuestión no genera alarma inmediata: una fuente diplomática de la UE en Buenos Aires señaló a este medio que el posible reingreso “no modifica la dinámica de la relación” con el Mercosur y precisó que, en caso de que se avace en este sentido, “no significa que automáticamente ingrese al acuerdo”.

La distinción fue entregada en reconocimiento a “su relevante papel como economista y docente; a su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y a su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de la República Argentina", según precisó la propia institución universitaria.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó del acto y subrayó los lazos entre ambos países. "Madrid es una ciudad abierta al mundo y especialmente a Iberoamérica. Argentina y España comparten una historia, una cultura y unos vínculos que seguimos fortaleciendo desde ambos lados del Atlántico“, señaló el jefe comunal.

Durante su discurso ante el auditorio, Milei defendió los resultados económicos de su gestión. El presidente argentino señaló que la inflación, que al inicio de su mandato rondaba el 211% en minoristas y el 300% en mayoristas —con una dinámica proyectada hacia el 15.000%—, se ubica actualmente entre el 25% y el 30%. “Lo hicimos sin violar los derechos de propiedad, devolviéndole la libertad a los argentinos”, afirmó.

La visita a Madrid se extenderá hasta el sábado e incluirá reuniones con empresarios para fomentar inversiones en Argentina. Según informó la agencia EFE, esos encuentros incluirán directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otras compañías. Antes de regresar, Milei también tenía planificada una reunió también con Santiago Abascal, líder de Vox.

De regreso en Buenos Aires, el mandatario tiene previsto viajar el martes próximo a Asunción para participar en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, la primera desde la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano y la Unión Europea (UE). Esa misma semana viajará a Estados Unidos para asistir el 4 de julio a las celebraciones por el Día de la Independencia.

Según consignó El Mundo, al acto en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo asistieron, además de Martínez-Almeida, el diputado de Vox José María Figaredo; el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia; y el canciller Pablo Quirno.

Durante su intervención, cuestionó los modelos económicos en Europavigentes en el Viejo Continente, señalando de forma directa que "Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones“. El mandatario argentino advirtió que la obsesión por corregir supuestos “fallos de mercado” mediante la intervención estatal solo consigue “matar el crecimiento económico”.

“Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica”, afirmó el mandatario en referencia al gasto público descontrolado, el ataque a la propiedad privada y las regulaciones en nombre de la “justicia social”.

Al repasar los números de su gestión ante el auditorio madrileño,señaló que la pobreza cayó del 57% al 28%, lo que equivale a 14 millones de argentinos que dejaron de ser pobres. La indigencia, que rondaba el 20%, bajó a menos del 7%. Y citó cifras de UNICEF para el caso de la infancia: "La pobreza infantil, que estaba en el 70%, hoy es del 42. Sacamos casi un tercio de los chicos de la pobreza“, afirmó, antes de agregar con ironía: “¿Qué es lo que informan los medios? La pobreza en Argentina se ubicó en el 42%. Veníamos del 70”.

Sobre el manejo de la deuda externa, el presidente destacó un hecho que presentó como inédito en la historia argentina: la reducción de los pasivos soberanos sin recurrir a expropiaciones ni aumentos impositivos. "Por primera vez en la historia argentina la deuda pasó de 550.000 millones de dólares a 500.000 millones de dólares. Es decir, pagamos cash 50.000 millones de dólares“, subrayó. Para Milei, financiar el déficit con deuda es “profundamente inmoral” porque “la fiesta de hoy la pagan las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, personas que aún no nacieron”.

El mandatario también defendió la decisión de recortar el gasto público frente a quienes predijeron un colapso económico. "Hicimos un ajuste fiscal de cinco puntos del PBI en un mes. Redujimos a casi un tercio la cantidad de ministerios. Bajamos el gasto público 30% en términos reales“, enumeró. Recordó que sus críticos aseguraban que ese camino hundiría al país en una gran depresión, pero señaló que desde su asunción la economía acumula un crecimiento del 11% en el índice mensual de actividad, con un ritmo del 5% anual frente al 1% de los cien años anteriores.

Milei, por otro lado, recurrió a una metáfora futbolística para explicar su decisión de abandonar el rol de analista y lanzarse a la política. Describió cómo, durante años, criticaba a los gobiernos “desde la comodidad de la tribuna”, al igual que el público argentino que llena los estadios. "Ustedes ponen el balón en el centro de la cancha y por más que griten, por más que digan cualquier cosa, no se mueve; el que hace los goles es Messi“, afirmó. Esa convicción lo llevó a ingresar a la política al cumplir 50 años, en 2020, a convertirse en diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2021 y a llegar a la Presidencia de la Nación en 2023.

El mandatario anticipó además que, al término de su mandato, no tiene intención de seguir en la arena pública. "Cuando termine mi mandato me voy a alejar de la política y me voy a ir al campo con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias“, aseguró. Agregó que sería “desatinado e impertinente” dar recomendaciones a futuros sucesores, dado que quien ocupa el poder enfrenta restricciones institucionales y políticas que desde afuera resultan invisibles.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo el jueves una reunión en Asunción con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el jefe de misión, Fabián Valencia, a pocos días de la cumbre del Mercosur que se realizará en la ciudad de Luque. En el encuentro, el FMI manifestó la resiliencia y la fortaleza de la economía paraguaya frente a desafíos externos.

Según informó la Presidencia a través de un comunicado, la organización mundial afirmó: “La solidez de la economía paraguaya se ve reflejada claramente en los números macroeconómicos de esta nación”. Las partes también discutieron los principales objetivos del Gobierno para los próximos años en los ámbitos económico, social y fiscal, según detalló el comunicado.

Durante la reunión, Peña y los representantes del FMI evaluaron el compromiso de Paraguay con su desarrollo. “Además, aprovecharon la ocasión para conversar sobre los grandes objetivos que se tienen desde el Gobierno del Paraguay en materia económica, social y fiscal para los próximos años, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del país”, señaló la nota difundida por la Presidencia.

Participaron junto a Valencia el representante residente del FMI en la capital, Maximiliano Appendino, y el ministro de Economía de Paraguay, Oscar Lovera. El diálogo se produjo en la antesala de la cumbre del Mercosur, en la que Peña ejercerá la presidencia pro tempore del bloque regional.

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, anunció el jueves que siete presidentes latinoamericanos confirmaron su presencia en la próxima Cumbre del Mercosur, entre ellos los jefes de Estado de los países fundadores y mandatarios invitados de la región.

Durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, Ramírez precisó: “Confirmaron su presencia 7 jefes de Estado: los 5 de los estados parte del Mercosur, más el presidente José Antonio Kast de Chile y el presidente Daniel Noboa de Ecuador”.

A la cita en la ciudad de Luque asistirán Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), el anfitrión Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), quien representa a una nación en proceso de adaptación legal como miembro pleno del Mercosur. Además, participarán José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador, de acuerdo con lo informado por el canciller.

La agenda de la Cumbre también incluye la presencia de los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, estos últimos en calidad de estados asociados al bloque regional. Ramírez añadió: “Participarán, además, como invitados especiales, el ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago (Sean Sobers), el ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania (Johann Wadephul) y el primer vicepresidente del Senado de Uzbekistán (Sodiq Safoyev)”.

En el marco de la Cumbre, Paraguay transferirá la Presidencia pro tempore del Mercosur a Uruguay. El evento contará también con la presencia de una delegación de 30 empresarios provenientes de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Chile, quienes evaluarán oportunidades comerciales y de inversiones en el país anfitrión, según detalló el ministro Ramírez.

La ratificación final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupará un lugar central en la agenda de la cumbre del bloque sudamericano, que se celebrará el 30 de junio en Asunción, donde Paraguay transferirá la presidencia semestral a Uruguay. El debate estará marcado por la necesidad de resolver temas pendientes, como las cuotas de exportación de carne, aves y azúcar hacia el mercado europeo.

A dos meses de la entrada provisional del pacto, los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— no han alcanzado consenso sobre la distribución de los cupos de exportación correspondientes a cada socio. La discusión, según fuentes oficiales, se complica por las diferencias económicas entre los miembros, lo que dificulta la aplicación de criterios uniformes.

Uno de los puntos críticos será el reparto de la cuota de exportación de carne de pollo, fijada por la Unión Europea en 180.000 toneladas. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, explicó semanas atrás que el país reclamará su 25 % de ese cupo, aunque admitió que actualmente no dispone de la capacidad para realizar envíos de 45.000 toneladas al año.

La definición de los porcentajes de exportación se mantiene como un eje de negociación clave entre los socios del Mercosur, en el marco de las asimetrías productivas y comerciales que caracterizan al bloque regional.

(Con información de EFE)

Desde su asunción en febrero de este año, la conducción de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, asumió un desafío que trasciende la mera rutina parlamentaria: imprimirle dinamismo, velocidad y pragmatismo a un área clave que arrastraba años de parálisis. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha planteado un giro drástico y decidido en la política internacional del país, el ritmo de trabajo legislativo demostró que la diplomacia comercial no puede ser rehén de las dilaciones burocráticas.

La nueva doctrina geopolítica de la Casa Rosada, nítidamente alineada con las democracias occidentales y enfocada en la apertura económica, exige un correlato normativo que le dé sustentabilidad. Ahí radica el valor estratégico de la comisión. El logro más contundente de estos meses ha sido el desbloqueo de una agenda histórica: la decisión de “desempolvar” un volumen monumental de expedientes, acuerdos de cooperación internacional y tratados bilaterales que yacían encajonados, algunos de ellos insólitamente desde la década del 90. Poner al día estos compromisos no es un mero trámite administrativo; es la base jurídica para devolverle la previsibilidad al país ante los inversores globales.

Esta reactivación se sostuvo en una gimnasia parlamentaria previsible y eficiente. Con reuniones habituales los días miércoles, la comisión logró emitir dictámenes en paquetes de proyectos que abarcan desde convenios tributarios —esenciales para evitar la doble imposición y atraer capitales— hasta acuerdos de seguridad y servicios aéreos basados en políticas de cielos abiertos. Esta proactividad técnica es la que hoy permite que instrumentos cruciales para la reinserción de la Argentina en las cadenas globales de valor estén listos para su tratamiento definitivo en el recinto, acortando la brecha entre el rumbo macroeconómico y los tiempos del Congreso.

Bajo este liderazgo, la agenda parlamentaria acompañó de cerca las prioridades estratégicas del Ejecutivo. Esto incluye el seguimiento del acuerdo estratégico Mercosur-Unión Europea y el impulso de debates orientados a potenciar la desregulación, maximizar las oportunidades de exportación del sector privado y facilitar la llegada de nuevas tecnologías para modernizar el aparato productivo nacional.

Lograr avanzar con esta agenda transformadora en el escenario político actual exige una notable capacidad de articulación. La búsqueda de consensos racionales y la integración de diferentes sectores políticos en el tratamiento de estos temas demostraron que, cuando se trata de la inserción de la Argentina en el mundo, la política exterior puede y debe consolidarse como una verdadera cuestión de Estado.

La experiencia de estos meses en la comisión deja una lección valiosa para el debate público: cuando hay decisión política, enfoque técnico y sintonía con un rumbo claro, es posible destrabar en semanas lo que permaneció paralizado durante décadas. La modernización y la libertad económica de la Argentina no se declaman solo en los foros internacionales; se construyen y se consolidan en la agilidad de sus leyes.

*La autora es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara de Diputados

La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea desde el pasado 1° de mayo volvió a poner en primer plano la histórica relación comercial entre Santa Fe y el bloque europeo. Según un informe elaborado por los economistas Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la provincia mantiene un papel estratégico en el comercio exterior argentino y se posiciona como uno de los principales beneficiarios potenciales de una mayor integración económica entre ambas regiones.

“La Unión Europea constituye uno de los mercados más importantes para las exportaciones argentinas”, señalaron los especialistas de la BCR. En 2025, el bloque se ubicó como el segundo destino de las ventas externas del país, concentrando cerca del 10% de las exportaciones nacionales. A pesar de las fluctuaciones económicas que atraviesa Europa, el mercado comunitario sigue siendo la tercera economía del planeta y mantiene una elevada demanda de alimentos, energía y productos industriales.

En ese escenario, Santa Fe ocupa un lugar de privilegio. La provincia concentra el 80% de la capacidad de procesamiento de oleaginosas de la Argentina gracias al entramado industrial y portuario del Gran Rosario, considerado el principal nodo agroexportador del mundo. Desde allí parten embarques de harina de soja, biodiésel, carnes y otros productos agroindustriales que tienen a la Unión Europea como uno de sus principales destinos.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca un dato contundente: entre 2002 y 2025, el 33% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea fueron generadas en Santa Fe. “Uno de cada tres dólares exportados a la UE consistió en producción santafesina”, subrayaron los autores del estudio. El pico de participación se registró en 2009, cuando la provincia explicó el 44% de las ventas argentinas al bloque, mientras que en 2022 volvió a acercarse al 39%.

Aunque la participación santafesina se redujo hasta el 25% en 2025, la provincia continúa siendo un actor central en el vínculo comercial con Europa. De hecho, el año pasado se ubicó como la segunda jurisdicción argentina con mayores exportaciones al bloque, solo detrás de Buenos Aires, luego de haber liderado el ranking nacional de manera sostenida hasta 2022.

El estudio también pone de relieve la relevancia de Europa dentro de la matriz exportadora santafesina. En 2025, la Unión Europea fue el segundo destino de las exportaciones provinciales, únicamente superada por India. Ese mismo año se alcanzó un récord histórico en las exportaciones de carne bovina santafesina al bloque europeo y también se registraron máximos en los envíos de harina de girasol. “Con el acuerdo vigente, hay aún mejores condiciones para ampliar la inserción santafesina de carnes en la UE”, remarcaron desde la BCR.

No obstante, el complejo sojero enfrenta un escenario menos favorable. La menor demanda europea de harina de soja y biodiésel argentino redujo el peso de estos productos en las exportaciones hacia el bloque. Según los economistas de la Bolsa rosarina, esta situación impacta especialmente en Santa Fe debido a su fuerte protagonismo en la industrialización de la soja. Aun así, más del 85% de las exportaciones argentinas destinadas a la Unión Europea siguen correspondiendo a productos agroindustriales.

La magnitud del vínculo comercial queda aún más en evidencia al comparar a Santa Fe con otros socios del Mercosur. “Santa Fe genera sistemáticamente más exportaciones al bloque europeo que Uruguay y Paraguay juntos”, sostiene el informe. En 2025, las ventas externas de la provincia hacia la UE alcanzaron los US$ 1.883 millones, superando ampliamente los US$ 1.058 millones exportados por Uruguay y los US$ 399 millones de Paraguay. Incluso durante la sequía histórica de 2023, Santa Fe mantuvo exportaciones superiores a las de ambos países combinados.

Pese al potencial que ofrece el nuevo escenario de integración, la Bolsa de Comercio de Rosario advierte sobre algunos riesgos que podrían limitar el acceso de la producción santafesina al mercado europeo. Entre ellos, menciona la posibilidad de que la Comisión Europea clasifique a la soja como un cultivo de alto riesgo por el denominado “cambio indirecto del uso del suelo” (iLUC), lo que afectaría particularmente a las exportaciones de biodiésel y aceite de soja producidos en la provincia. Asimismo, las salvaguardias agrícolas incorporadas por la UE tras el cierre de las negociaciones son seguidas de cerca por su eventual impacto sobre el comercio bilateral. En este contexto, Santa Fe aparece como uno de los territorios con mayor capacidad para capitalizar el acuerdo Mercosur-UE, aunque también como uno de los más expuestos a los desafíos regulatorios que aún persisten.

Japón y el Mercosur acordaron este martes iniciar las negociaciones formales para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), equivalente a un tratado de libre comercio. El anuncio fue realizado durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, tras una reunión bilateral entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La formalización está prevista para la 68° Cumbre del Mercosur, que se celebrará en Asunción a finales de junio.

El acuerdo involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión al bloque. Desde la perspectiva japonesa, el interés está impulsado por dos factores estructurales: la reducción de aranceles al sector automotriz y la diversificación de fuentes de aprovisionamiento de petróleo y minerales críticos.

Japón importa alrededor del 90% de su crudo desde Oriente Medio, y las recientes interrupciones en el estrecho de Ormuz obligaron a las autoridades a liberar reservas estratégicas para sostener el abastecimiento interno. Esa vulnerabilidad energética convierte a los países del Mercosur en socios de alto valor para la seguridad de suministro nipona.

Un bloque con peso económico y vínculos históricos

La principal patronal empresarial de Japón, Keidanren, celebró el anuncio y destacó que en los países del Mercosur reside la mayor comunidad japonesa del mundo fuera del archipiélago. El organismo subrayó que el bloque sudamericano concentra una población de aproximadamente 300 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de alrededor de 3 billones de dólares, lo que lo convierte en un mercado con alto potencial y relevancia estratégica para las próximas décadas.

Keidanren se comprometió a contribuir activamente en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alta calidad, y recordó que el Mercosur ya mantiene tratativas paralelas con Corea del Sur, además del tratado de libre comercio firmado con la Unión Europea en enero de 2026. Ese contexto refuerza la lectura de que el bloque sudamericano atraviesa un período de apertura comercial acelerada, con múltiples frentes de negociación activos de manera simultánea.

El camino hacia este anuncio tiene antecedentes concretos: en diciembre de 2025, Japón y el Mercosur alcanzaron un Marco de Asociación Estratégica que sentó las bases para el avance hacia un acuerdo más profundo. Ese paso previo fue clave para generar las condiciones diplomáticas y técnicas que permitieron llegar al anuncio del G7.

Implicancias para las cadenas de suministro regionales

Desde una perspectiva logística y de comercio exterior, un AAE entre Japón y el Mercosur tendría efectos sobre múltiples cadenas de suministro. La reducción arancelaria en el sector automotriz facilitaría el acceso de vehículos y autopartes japonesas a los mercados del bloque, mientras que los productos agropecuarios, minerales y energéticos de la región ganarían condiciones preferenciales de acceso al mercado nipón. Esto podría traducirse en mayores volúmenes de carga en rutas transpacíficas y en ajustes en la planificación logística de importadores y exportadores de ambas regiones.

La diversificación energética que busca Japón también abre una ventana para el sector de hidrocarburos y recursos estratégicos de países como Argentina y Brasil, que ya son proveedores relevantes en algunos segmentos. En paralelo, la demanda japonesa de minerales como litio, cobre y níquel es una oportunidad directa para las economías del bloque con reservas en esos materiales.

Japón amplía su presencia comercial en América Latina

El acuerdo con el Mercosur no es el único movimiento de Japón en la región. El mismo martes 16 de junio, Ecuador y Japón firmaron un memorando de entendimiento para la creación de un Comité Económico y Comercial, orientado a profundizar la cooperación bilateral y avanzar hacia un eventual acuerdo de libre comercio. El documento fue suscrito en Quito por los representantes de ambos gobiernos, quienes destacaron el valor del comité como espacio de diálogo permanente.

En 2025, las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia Japón alcanzaron 389,4 millones de dólares, con un crecimiento del 17,2% respecto al año anterior. Los principales productos exportados incluyeron camarón, banano y cacao, mientras que las importaciones desde Japón se concentraron en vehículos, maquinaria y autopartes. Además, se anunció que una delegación de Keidanren visitará Ecuador el próximo 9 de julio, señal del interés del sector privado nipón en consolidar vínculos con el país andino.

Este conjunto de movimientos diplomáticos y comerciales configura una tendencia clara: Japón está expandiendo activamente su red de acuerdos en América Latina, con foco en asegurar acceso a recursos estratégicos, diversificar proveedores y ampliar mercados para sus exportaciones industriales. El inicio formal de las negociaciones con el Mercosur en Asunción marcará el comienzo de una etapa técnica que, según los antecedentes regionales, podría extenderse varios años antes de alcanzar un texto definitivo.

Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo de comercio entre la nación asiática y el Mercosur, según una nota conjunta divulgada por la cancillería brasileña tras una reunión de los mandatarios de ambos países en el G7 en Francia.

El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado tratados entre el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y socios externos como la Unión Europea, que firmó en enero un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

El izquierdista Lula se reunió este martes con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante la cumbre de líderes del G7 a la que Brasil fue invitado.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón“, indicó la nota conjunta.

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio.

“Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur”, declaró Lula durante la reunión con Takaichi.

“Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias”, agregó.

Brasil, un país de perfil exportador, ha enfrentado desde 2025 amenazas arancelarias del gobierno estadounidense de Donald Trump, un aliado de la oposición de derecha a Lula.

Las declaraciones del presidente brasileño se producen después de que el Gobierno japonés manifestara en mayo su interés en iniciar negociaciones con el Mercado Común del Sur (Mercosur) para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica, equivalente a un tratado de libre comercio.

Según informó entonces el diario económico Nikkei, Tokio pretende centrar las conversaciones en la reducción de aranceles para automóviles y en el fortalecimiento de la cooperación energética y minera con los países del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión.

La iniciativa supondría el primer gran acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de Takaichi, que asumió el poder en octubre del año pasado con el objetivo de reactivar la economía japonesa.

Actualmente, el Mercosur figura entre las principales economías con las que Japón aún no mantiene un acuerdo comercial.

En diciembre pasado, ambas partes formalizaron un Marco de Asociación Estratégica para ampliar la cooperación en áreas como comercio, inversiones, transición energética y seguridad económica.

Brasil alberga a la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, mientras que cientos de miles de brasileños residen actualmente en el país asiático.

Además de las negociaciones comerciales, los líderes abordaron asuntos de la agenda económica bilateral, entre ellos la posibilidad de ampliar las exportaciones brasileñas de petróleo al mercado japonés, un tema que ya había sido discutido en recientes encuentros entre las autoridades de ambos países.

El encuentro marcó la primera reunión de Lula con Takaichi, quien en octubre del año pasado se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado interrupciones en su suministro que han obligado a las autoridades a sacar al mercado millones de barriles de sus reservas estratégicas, entre otras medidas.

Japón y el Mercosur llevan años avanzando la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio. El pasado diciembre, ambas partes acordaron fortalecer sus relaciones bilaterales al alcanzar un Marco de Asociación Estratégica.

(Con información de AFP y EFE)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciaron este martes el inicio formal de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón. El anuncio se produjo en los márgenes de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia, donde Brasil participó como país invitado, y quedó plasmado en una declaración conjunta divulgada por la cancillería brasileña.

“Con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón”, señala el comunicado. Lula apuntó a la cumbre del Mercosur del 30 de junio en Paraguay como el próximo momento clave del proceso.

El encuentro entre Lula y Takaichi fue el primero entre ambos mandatarios. La primera ministra japonesa llegó al poder en octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar el gobierno de Japón, con una agenda centrada en la reactivación económica y la diversificación de las cadenas de suministro. Según el diario económico nipón Nikkei, las negociaciones se proyectan en torno a tres ejes: reducción de aranceles para automóviles, acceso a fuentes de energía alternativas y aprovisionamiento de minerales críticos.

El anuncio no surgió de la improvisación. Funcionarios de ambos países ya habían celebrado dos encuentros exploratorios antes del G7, según confirmaron a Reuters fuentes brasileñas. La unidad de comunicaciones del Mercosur precisó que las reuniones preliminares comenzaron en enero de 2026 en Asunción, en el marco del Marco de Asociación Estratégica establecido en diciembre de 2025, y continuaron en marzo durante la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Camerún.

La urgencia japonesa responde a una vulnerabilidad estructural. Japón importa alrededor del 90% de su crudo desde Medio Oriente, y el cierre del estrecho de Ormuz derivado del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó interrupciones que obligaron a Tokio a liberar reservas estratégicas. El Mercosur ofrece alternativas difíciles de encontrar en otra región: petróleo, litio —Argentina figura entre los mayores productores mundiales— y minerales críticos. Brasil concentra aproximadamente 21 millones de toneladas de tierras raras indispensables para la industria digital y la defensa, según Reuters y Nikkei.

El sector automotriz es otro incentivo de peso. Toyota, Honda y Nissan enfrentan aranceles elevados en Brasil y Argentina que encarecen sus productos frente a competidores europeos, una desventaja que se profundizó tras la firma, en enero de 2026, del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un tratado con Japón permitiría a esas compañías competir en igualdad de condiciones en uno de los mayores mercados automotrices de la región.

El camino no estuvo libre de obstáculos históricos. Durante décadas, el principal freno fue el lobby agrícola japonés —en especial el sector ganadero—, que temía la competencia de la carne bovina brasileña y argentina. Brasil es el mayor productor mundial de carne vacuna, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El cambio en el cálculo político quedó visible en semanas recientes: legisladores japoneses expresaron su disposición a avanzar, con la condición de que se dé “la debida consideración a la carne bovina”, según reportó Nikkei.

Para el Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia en la fase final de adhesión—, el acuerdo con Japón se inscribe en una estrategia de apertura que Lula impulsa desde el inicio de su mandato. Brasil enfrenta además presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump, lo que convirtió la diversificación de mercados en una prioridad de Estado. Un tratado con la cuarta economía del planeta consolidaría esa apuesta por reducir la dependencia comercial de Washington.

La Unión Europea excluyó a Brasil de su listado de compliance regulatorio para importaciones de carne vacuna a partir del 3 de septiembre de 2026, una medida que abre una ventana de exportación para la Argentina en uno de los mercados de mayor valor del mundo. La decisión, confirmada por el bloque esta semana, se origina en irregularidades sanitarias: Brasil declaró que no utiliza estimuladores de crecimiento en su ganadería, pero los controles europeos detectaron residuos de esas sustancias en la carne exportada.

“Brasil está diciendo que no utiliza estimuladores de crecimiento y sí los usa. Pero no solo los usa, sino que además los deja de usar mucho tiempo después de lo que debería hacerlo, y entonces quedan rastros en la carne”, dijo a Infobae Miguel Schiariti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

La posición argentina en ese punto es diametralmente opuesta: el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales destinados al consumo está prohibido en el país, lo que le otorga una ventaja sanitaria concreta frente a las exigencias del mercado europeo.

Según datos del Ministerio de Agricultura del país vecino relevados por el portal brasileño O Globo, la Unión Europea es el cuarto principal destino de su carne vacuna, con 129.000 toneladas anuales por un total de USD 1.090 millones. Las estimaciones del sector elevan el impacto total de la sanción a USD 1.800 millones.

La exclusión, sin embargo, no es definitiva. El país vecino tiene plazo hasta el 3 de septiembre para rectificar las observaciones de Bruselas y ser rehabilitado. En el ínterin, los compradores europeos aumentarán sus compras al país sudamericano para cubrirse antes de que la medida entre en vigor, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto sobre la oferta disponible en ese mercado.

El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el efecto directo sobre la Cuota Hilton, el cupo de carne enfriada de alta calidad que la UE otorga a países seleccionados, como la Argentina: “No veo que modifique el negocio local con la UE porque poseemos el 55% del total de la Cuota Hilton, pero seguramente pondrá más avidez a los europeos”. Tonelli también marcó una diferencia estructural entre los dos competidores: "Brasil compite en volumen, pero no en calidad".

La asimetría de escala entre ambos países es pronunciada. Brasil cuenta con un rodeo de aproximadamente 150 millones de cabezas; la Argentina, por su parte, cuenta con entre 53 y 55 millones. Uruguay, otro exportador de la región, tiene apenas 3 millones, lo que lo deja sin capacidad para cubrir el espacio que eventualmente dejaría el gigante vecino. “La pasada a Uruguay no sería tan relevante; Uruguay no tiene stock”, señaló Schiariti.

El impacto sobre las exportaciones argentinas podría ser sustancial. En los últimos tres meses, las ventas externas de carne vacuna crecieron casi 40% en dólares, según datos que maneja el sector. Schiariti proyectó que, si Brasil no resuelve rápidamente su situación ante la UE, “las exportaciones de carne del segundo semestre van a ser realmente espectaculares”.

A su vez, el escenario se potencia aún más por la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur, que habilitó un cupo adicional de 500.000 toneladas de carne desde el bloque regional hacia Europa, y por la mayor demanda de Estados Unidos, donde una sequía en el norte del país redujo la oferta local de carne magra para hamburguesas y llevó a ampliar las compras a Argentina, Brasil e India.

Schiariti advirtió, no obstante, que el escenario tiene condicionantes. El conflicto en el estrecho de Ormuz encareció el petróleo y, con él, los costos de flete y logística. “El famoso estrecho nos tiene locos”, dijo. A eso se suma la variable climática: la Argentina perdió casi 500.000 terneros en 2023 por la fuerte sequía de aquel año que se extendió por más de cuatro meses, y en 2024 y 2025 sufrió inundaciones sobre 3 y 5 millones de hectáreas respectivamente. “Este año daría la sensación de que las condiciones van a ser mejores, pero vemos qué pasa”, señaló.

Los precios se estabilizan en el mercado interno

El contexto exportador contrasta con la dinámica del mercado local. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el precio promedio del kilo de carne vacuna registró en mayo de 2026 una variación de apenas 0,1% respecto al mes anterior, con un precio promedio de $18.569 por kilo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La variación interanual, en tanto, acumula 57,9%, muy por encima de la inflación general (33,2%). En Córdoba, por ejemplo, el promedio mensual fue negativo en un 0,5%. El consumidor, que ya absorbió subas acumuladas de esa magnitud, dejó de convalidar nuevos aumentos.

Esa presión sobre el bolsillo se refleja también en la relación entre proteínas. Un kilo de asado equivale hoy a 3,8 kilos de pollo, un 20,8% más que en el mismo período de 2025, según el IPCVA. La relación asado/cerdo también se amplió: con un kilo de asado se compran 2,02 kilos de pechito de cerdo, 35% más que el año anterior.

Al mismo tiempo, según el último estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones acumularon hasta abril un volumen 10% superior al registrado en igual período del año anterior, lo que implica, según la entidad, “una menor disponibilidad de carne para el consumo interno” con un recorte cercano al 12% interanual en el primer cuatrimestre. Pese a esa contracción de la oferta, los precios en los mostradores no registraron aumentos en los últimos dos meses y, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista.

La producción del sector también muestra señales de contracción. En mayo de 2026, la faena total fue de aproximadamente 1,001 millones de cabezas, un 11,3% menos que en mayo de 2025, según el informe mensual del Consorcio ABC. La producción de carne bovina alcanzó las 239.800 toneladas res con hueso, con una caída interanual de 8,5%. En el acumulado enero-mayo, la producción sumó 1,167 millones de toneladas, un 7,3% por debajo del mismo período del año anterior.

Antes de su viaje a Estados Unidos previsto para el 4 de julio, donde participará en la celebración del gobierno de Donald Trump de un nuevo aniversario de la Independencia de ese país, el presidente Javier Milei tiene confirmada una apretada agenda internacional que arrancará el miércoles 24 de junio en Madrid.

La primera parada es la capital española, donde Milei permanecerá hasta el sábado 27 de junio. La agenda incluye una conferencia y un encuentro con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, institución privada y católica que, según trascendió, también prepara la entrega de una medalla al mandatario. Será el sexto viaje del presidente a España desde que asumió en diciembre de 2023. En visitas anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca tuvo encuentros con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La última presencia del mandatario en suelo español fue en el Madrid Economic Forum, un foro liberal promovido por Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine.

El viaje a España se producirá el mismo día de la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición busca aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De regreso de Madrid, Milei deberá estar el 30 de junio en Asunción para la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea el 1 de mayo. Ese acuerdo fue firmado en la capital paraguaya el 17 de enero junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En esa reunión, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, traspasará la presidencia pro témpore del bloque al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El formato final del encuentro aún no está definido y tampoco se conoce qué mandatarios confirmarán su presencia, aunque Milei ya expresó su intención de asistir.

Cerrada la escala en Asunción, el presidente emprenderá rápidamente un nuevo viaje al exterior: Nueva York será la primera parada confirmada en territorio estadounidense, adonde llegará el 4 de julio, día en que ese país celebra su independencia. Desde la Casa Rosada no descartaron que luego se traslade a otras ciudades. Con este viaje, Milei acumulará 18 desplazamientos a territorio estadounidense desde que asumió la presidencia.

La presencia del mandatario en los actos del 4 de julio no responde a una conmemoración ordinaria: Donald Trump busca dar relieve a los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, y funcionarios de la Casa Blanca impulsan incluso la emisión de un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente estadounidense. Según el entorno presidencial, la agenda en suelo norteamericano —que se extenderá hasta el 7 de julio— se enfocará en consolidar el alineamiento político con Trump y en atraer inversiones. Milei no tiene previsto asistir a partidos del Mundial 2026, pese a que su estadía coincidirá con el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La relación bilateral entre Buenos Aires y Washington se despliega en múltiples planos. A fines de abril, Milei participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata y visitó el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Nimitz. En marzo, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, estuvo en la sede central de la CIA en Langley con su director John Ratcliffe. El presidente también recibió en Casa Rosada a integrantes del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al embajador Peter Lamelas, en una delegación encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart.

La última visita de Milei a ese país fue a comienzos de mayo, cuando disertó en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Tras la gira de julio, el canciller viajará el 25 de junio a Nueva York para comparecer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y defender la posición argentina sobre las islas Malvinas. El presidente, a su vez, prepara su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y trabaja junto con Federico Pinedo en su presentación para la cumbre del G20, que este año se realizará en Mar-a-Lago.

Con un crecimiento económico proyectado del 4 % para el año en curso, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, Panamá se ubica por encima del promedio regional del 2,2 %. En el plano logístico y comercial, el Canal interoceánico ha absorbido un aumento del 8 % interanual en el tránsito de naves, a raíz del cierre del estrecho de Ormuz. “El promedio de 36 buques diarios se ha llegado a incrementar hasta 43”, puntualizó, en diálogo con DEF, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, quien destacó la flexibilidad con la que opera esta estratégica vía navegable.

Por el canal de Panamá, pasa el 6 % del comercio mundial, y el desarrollo de la infraestructura portuaria tanto en las costas del Caribe como del Pacífico convierte este sistema en uno de los más eficientes del mundo. A su vez, las zonas francas y los servicios asociados al sector financiero y de reaseguros son altamente atractivos para los inversores internacionales.

Las ventajas competitivas de Panamá

-¿Cómo caracterizaría la economía de Panamá?

-Panamá se ha dedicado a desarrollar las ventajas competitivas de su posición geográfica. Desde los tiempos de la colonia, era un territorio de tránsito por el que se trasegaba el oro que venía del Imperio inca. El canal de Panamá, inaugurado en 1914, permitió que el país fuera evolucionando en la consolidación de su centro logístico y multimodal de transporte, con el desarrollo de toda una infraestructura compuesta por un moderno sistema de puertos y las principales zonas francas del continente. Actualmente, cerca del 76 % del PBI panameño es generado por el sector de los servicios.

-¿Cuáles son las claves que explican la estabilidad y el crecimiento de su economía?

-Afortunadamente, tener el dólar como moneda ha permitido que, a lo largo de los últimos 80 años, el promedio anual de la inflación de Panamá nunca haya sido superior al 3 %. Eso, de por sí, ayuda a la economía porque el valor del dinero no se deprecia por fluctuaciones en la moneda. Otro factor clave es que Panamá nunca ha interrumpido los flujos de capitales, y eso les ha dado a los inversores extranjeros la seguridad jurídica y la confianza, lo que ha convertido al país en una plataforma segura para invertir.

-¿Cuál es la importancia de las zonas francas?

-La primera de ellas, la Zona Libre de Colón, en el Caribe, fue fundada en 1948 y hoy es la segunda más grande del mundo detrás de la de Hong Kong. En 2025, tuvo un volumen de importaciones y exportaciones de cerca de 29.000 millones de dólares. También se ha desarrollado otra gran zona libre en la otra costa, Panamá Pacífico, además de otras zonas francas privadas. En su conjunto, ofrecen al mundo una plataforma para instalarse, con condiciones fiscales muy atractivas, para que los inversores no paguen impuestos por la instalación de sus equipos ni de sus productos. El negocio es “reexportar”. Si sumamos los cinco puertos y las autopistas que conectan el Pacífico y el Caribe, se ha generado una gran infraestructura al servicio del comercio exterior.

El canal de Panamá, una vía navegable clave

-¿Cuál es el aporte que hace el canal de Panamá a la economía?

-A raíz del canal de Panamá, el país ha desarrollado un importante sistema portuario. En términos económicos, tenemos más de 10.000 trabajadores panameños muy calificados que trabajan allí y el Canal aporta alrededor del 5 % del PBI a precios constantes. También hay que considerar lo que aporta esta vía navegable al Estado, que el año pasado estuvo en el orden de los 2900 millones de dólares. Casi el 50 % de lo que genera el Canal se le retribuye al Estado; y esos fondos se utilizan para obras que tienen un impacto social.

-Luego de tomar posesión de su segundo mandato, el presidente de EE. UU., Donald Trump, cuestionó la presencia de China en el Canal.

-La posición política de Panamá ha sido explicar, comunicar y dialogar con EE.UU. para que entendiera que China no estaba operando el Canal. Lo que existía era una concesión a una empresa de Hong Kong, CK Hutchison. Cuando China recuperó la soberanía de Hong Kong, ella pasó a formar parte de un grupo empresario estatal semiprivado. Debemos recordar que la primera visita que hizo al exterior el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue a Panamá; y lo mismo ocurrió con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Con respecto al Comando Sur, en virtud del Tratado de Neutralidad firmado con EE. UU., todos los años se desarrollan maniobras conjuntas destinadas a garantizar la defensa del Canal. El tema se ha manejado muy bien y podemos manifestar que nuestras relaciones son fluidas y muy buenas, recordando que EE. UU. es nuestro principal socio comercial.

-La Corte Suprema de Panamá declaró la inconstitucionalidad de ese contrato de concesión a CK Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal. ¿Cuáles han sido las decisiones que adoptó el gobierno panameño?

-Antes de asumir, el actual presidente, José Raúl Mulino, se había iniciado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente encontró violaciones en algunos de los artículos y declaró inconstitucional el contrato. Temporalmente, Panamá ha asumido la operación a través de dos grandes operadores, que también son usuarios del Canal: MSC y Maersk. Panamá va a convocar a una licitación internacional para que participen los operadores portuarios más importantes del mundo.

-¿Cuáles son las inversiones previstas en el Canal de cara al futuro?

-La Autoridad del Canal ha planificado inversiones por 13.500 millones de dólares para sumar dos puertos adicionales, uno en el Caribe y otro en el Pacífico. A partir de 2030, la capacidad instalada actual podría estar llegando a su punto de saturación, y estos puertos le van a dar al Canal capacidad de crecimiento. Además, cuando se amplió el Canal, muchos de los buques neo panamax de transporte de gas natural licuado (GNL) comenzaron a utilizar la nueva ruta. Ahora se ha aprobado una estructura de gasoductos que van del Pacífico hacia el norte del Caribe y del norte del Caribe hacia el Pacífico. Por otro lado, se iniciarán las obras de construcción de un nuevo acueducto, de 40 kilómetros, que nos permitirá conectar con el río Indio, un curso fluvial de gran calado, que va a suministrar agua al lago Gatún, lo que nos va a permitir garantizar la operación del Canal en el futuro.

La apuesta por el Mercosur y la agenda bilateral con Argentina

-¿Qué impacto tiene el reciente ingreso de Panamá en el Mercosur como Estado asociado?

-El presidente Mulino entendió que había que mirar hacia el sur. Tras su toma de posesión en julio de 2024, en diciembre de ese año, Panamá formalizó su ingreso como Estado asociado del Mercosur. Este estatus le permite a Panamá negociar de manera bilateral con cada uno de los socios del bloque. Puedo decir, con satisfacción, que estamos en plena negociación de un tratado comercial con Argentina. El ministro de Comercio de Panamá, Julio Moltó, y el canciller argentino Pablo Quirno han firmado los términos de referencia. Ahora, estamos intercambiando la lista de productos por incluir. El siguiente paso sería quitar las barreras arancelarias para que se fomente el comercio, bajo el entendimiento de que habrá algunas categorías de productos que Argentina y Panamá van a querer proteger. El espíritu de la negociación se está llevando adelante con altura, con una comunicación franca y abierta, y eso refleja las excelentes relaciones que tienen ambos gobiernos. Hay mucha compatibilidad entre nuestros países en el plano comercial.

-¿Cuáles son los productos que Panamá quisiera apuntalar en sus exportaciones a Argentina?

-Queremos apuntalar el café, el cacao, el banano y otros productos agrícolas. Durante la visita oficial del ministro Moltó, se firmó un acuerdo entre Café Cabrales y un productor panameño para traer a Argentina, a partir de octubre, un café de alta calidad con la marca país de Panamá. El producto de esta negociación está dando frutos. Y así como Cabrales, hay una gran cantidad de empresas argentinas que están mirando a Panamá para instalarse en nuestras zonas francas.

-También se han firmado acuerdos bilaterales en los ámbitos de la seguridad y el combate al crimen organizado. ¿Qué puede decirnos al respecto?

-El crimen organizado es un fenómeno multinacional que atraviesa las fronteras. En 2025, el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Abrego, visitó Argentina en dos ocasiones. Tuvimos muy buenas reuniones bilaterales con la entonces ministra Patricia Bullrich. Se firmaron acuerdos para fortalecer la cooperación y el intercambio de información. Actualmente, hay 56 cadetes panameños que están siendo entrenados y están estudiando en Argentina. Nuestros jefes policiales y de seguridad siempre destacan el alto nivel profesional de los egresados de las academias argentinas. Agradecemos mucho la oportunidad que se les brinda.

El lunes 8 de junio de 2026, el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) colocó deuda por u$s100 millones en Nueva York con una tasa de 4,25 %. Mejoró así la tasa obtenida por banca privada y pública gestionada en el último año.

Los otorgantes tuvieron que analizar los números de la Provincia, su superávit fiscal y sus perspectivas de repago.

Pero lo hicieron en el contexto de la situación financiera nacional, el apoyo del Tesoro Norteamericano, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas y privadas.

Más allá de los conflictos políticos locales, Argentina es una sola.

Si el riesgo país fuera de 2000 puntos y la inflación superara el 300 % —como lo era 2 años atrás— esta operación hubiera sido imposible.

Nosotros transitamos una grieta que no nos permite inscribirnos en el panorama político y económico global.

Podemos mirar cerca —en Chile, un espectro electoral que va de Borich a Kast, en Brasil, de Bolsonaro a Lula o en Uruguay, de la alianza entre los conservadores Blancos y Colorados hasta el izquierdista Frente Amplio—.

Si miramos más lejos, vemos las profundas diferencias políticas, ideológicas y regionales que dividen a los países europeos —catalanes y vascos con el resto de España, valones y flamencos en Bélgica, el conflicto del Tirol en el norte de Italia y las diferencias con el sur napolitano o siciliano, el debate entre izquierdas y derechas en Alemania o Francia.

Ni hablar del debate actual en los EEUU ligado a la más que cuestionada gestión del Presidente Trump.

Todas las Naciones arrastran conflictos históricos y diferencias que muchas veces parecen irreconciliables, sin embargo, la democracia y las Instituciones Republicanas nos permiten conciliarlas con alternancia y diversidad.

En todos los casos expuestos, hemos visto sucederse a administraciones de uno u otro signo sin que el rumbo de las naciones se altere sustancialmente. Porque los gobiernos cambian pero la nación se caracteriza por la continuidad. Y sin continuidad no hay credibilidad.

La credibilidad argentina sería que en el 2027 —y en el futuro— pudieran gobernar Milei o Kiciloff, o Macri o Bullrich, o cualquier otro/a que decidiera la ciudadanía, sin alterar la media docena de prioridades que cimentan una Nación estable.

Las prioridades son:

1. equilibrio fiscal
2. independencia del Poder Judicial
3. independencia del Banco Central
4. educación obligatoria y gratuita de los 5 a los 15 años y becas que garanticen la educación de los más calificados para terminar la educación secundaria y la universitaria
5. eliminación progresiva de las retenciones
6. fortalecimiento del Federalismo y la Integración Regional (Mercosur + Chile)

No importa quién gobierne, el fortalecimiento de estos 6 ejes daría estabilidad para que propios y extraños sepan a qué atenerse en el mediano y largo plazo.

Lo único que necesitamos es la voluntad política de hacerlo.

Por supuesto que, alrededor de estos temas centrales, se estructuran una red de otros que los complementan y perfeccionan, dentro del marco de nuestra Constitución Nacional, votada por unanimidad en 1994.

Estamos más cerca de lograrlo de lo que percibimos en la actualidad. Los gritos altisonantes, la soberbia autorreferencial y la falta de una visión estratégica compartida nos obnubilan y nos perturban.

Solo mirando a nuestros vecinos Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, es suficiente para inspirarnos y ver cómo es posible sostener con pasión nuestras convicciones y mantener el rumbo que nos contenga a todos.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, lo que crea un mercado de 300 millones de personas.

El acuerdo, firmado en septiembre en Río de Janeiro por los países miembros, involucra a ocho países con un PIB conjunto de 4,3 billones de dólares. Ahora queda pendiente la aprobación del Senado, paso necesario antes de que el Congreso brasileño lo promulgue.

La implementación del tratado depende de la ratificación parlamentaria en todos los países involucrados. Una vez en vigor, el Mercosur—integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—tendrá acuerdos de libre comercio con casi toda Europa.

Esto se debe a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se aplica provisionalmente desde el 1 de mayo, aunque requiere todavía la aprobación del Parlamento Europeo, tras su firma en Asunción el 17 de enero.

El acuerdo con la EFTA abarca comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias. Además, incluye un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

El tratado beneficiará a más del 97% de las exportaciones de ambos bloques.

Cuando el acuerdo entre en vigencia, la EFTA eliminará por completo los aranceles para importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del Mercosur. También se prevén descuentos, exenciones arancelarias inmediatas y cuotas específicas para productos que ingresarán sin pagar impuestos de importación, entre ellos algunos productos agrícolas clave para el Mercosur como café, carnes de vacuno, ave y cerdo, etanol y vino.

Por su parte, el Mercosur dispondrá de hasta 15 años para llevar a cabo un proceso escalonado de reducción arancelaria sobre las importaciones industriales procedentes de la EFTA.

La Argentina registró niveles récord en exportaciones de carne porcina y huevos durante el primer cuatrimestre de 2026. El crecimiento en los envíos al exterior se da en un contexto de fuerte demanda internacional de proteínas animales, normalización de las liquidaciones tras la unificación cambiaria y la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el primer cuatrimestre del año, consignó la cartera que dirige Sergio Iraeta, las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% interanual en valor, hasta alcanzar los USD 6 millones. En tanto, en volumen, el avance fue de 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

Los principales destinos de la carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles argentinos fueron Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. El organismo oficial agregó que ya son 54 los mercados abiertos para la producción porcina, a la vez que continúa la gestión para ampliar ese número.

Récord en exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura también informó que las exportaciones de ovoproductos subieron 28,5% en valor en el primer cuatrimestre de 2026, hasta USD 10,8 millones. En volumen, las ventas llegaron a 1.312 toneladas, un 8% más que en el mismo período del año pasado.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. El resto de las colocaciones se distribuyó entre Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México. Entre los productos exportados en 2026 se destacaron huevo entero, yema y albúmina en polvo, destinados a la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados.

La producción de huevos en el país se distribuye principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta.

El acuerdo con Europa

Este incremento en las exportaciones tiene un precedente clave: el sector logró, a pocos días de oficializado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cubrir todo el cupo asignado al bloque sudamericano para todo el periodo.

Este hecho se dio luego de que los exportadores de miel agotaran el primer cupo sin aranceles durante las primeras horas de vigencia del acuerdo. Esta situación inspiró a los mayores empresarios del país, quienes destacaron la iniciativa en diferentes apariciones públicas y resaltaban el diferencial argentino: “Hay que aprender de ellos. Hay que primerear”, comentaban.

Mientras el acuerdo entró en vigor el 1 de mayo pasado, dos días mas tarde, salió desde Concordia el primer cargamento argentino hacia Alemania, con 20.986 kilogramos adquiridos por Langnese Honig GmbH & Co.. Antes del nuevo acuerdo, la miel argentina enfrentaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen para ese producto prevé cupos crecientes: entre mayo y diciembre de 2026 se asignaron 5.000 toneladas libres de arancel, de las cuales 1.400 ya se exportaron en la primera etapa. Desde el 1° de julio estarán disponibles dos nuevos cupos de 1.800 toneladas cada uno; para 2027 el límite anual subirá a 15.000 toneladas y en 2031 llegará a 45.000 toneladas, según el texto fuente.

Días después, Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026, de acuerdo con el texto fuente. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario y Uruguay tomó el 63 por ciento.

De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría empezar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. En tanto, el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

Entre los bienes exportados hacia ese mercado figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el liderazgo neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

El Gobierno de Brasil presentó una propuesta en debate con Argentina, Paraguay y Uruguay para establecer una zona de libre vuelo destinada a las aerolíneas nacionales del Mercosur y de países asociados como Chile y Perú. El objetivo es promover la integración regional.

Según el ministro de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, “esto significa que una empresa chilena podría realizar vuelos domésticos en Brasil; una empresa argentina podría operar vuelos domésticos en Chile y en Brasil; y una compañía aérea brasileña también los podría realizar”.

En una entrevista con el programa “Buenos Días, Ministro” de la radio estatal brasileña, Franca subrayó los beneficios para la población, “que tendrá más opciones de vuelos, mayor conectividad” entre ciudades de la región. Esto favorecería la competitividad comercial y contribuiría a la reducción de los precios de los billetes.

El ministro también adelantó que el Gobierno busca facilitar la llegada de vuelos de bajo coste dentro de Brasil, un modelo ampliamente adoptado en Europa y que Chile ha implementado con dos aerolíneas propias, operando rutas internacionales cercanas, como en Argentina y Uruguay.

Durante la entrevista, Franca informó sobre los avances del programa Ampliar, que transfiere la administración de terminales brasileñas a empresas privadas mediante subastas, con el fin de “asegurar inversiones en infraestructura de aeropuertos estratégicos por la ubicación y potencial”.

Franca detalló que “en esta primera etapa, hemos incorporado 13 aeropuertos, ubicados en las regiones noreste y norte”, apuntando hacia una estrategia que conecta con el Caribe y otros destinos de las Américas.

A la fecha, 72 terminales de pasajeros han sido subastadas, hay seis procesos en negociación y el Gobierno prevé sumar diez más antes de fin de año.

Paraguay y Alemania hablaron sobre los beneficios del acuerdo Mercosur-UE

En otro orden, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habló este martes con su par alemán, Johann Wadephul, sobre los beneficios del acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea (UE) y el Mercosur en enero de este año y que entró en vigor el 1 de mayo pasado.

En un comunicado, la Cancillería en Asunción indicó que Ramírez y Wadephul destacaron durante una llamada telefónica la importancia del acuerdo entre ambos bloques, que creó el mayor mercado del mundo con más de 700 millones de consumidores, especialmente en materia de comercio, inversiones y cooperación.

Durante la charla, Ramírez invitó a las autoridades alemanas a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur (integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena), que tendrá lugar en Asunción el próximo 30 de junio.

Además, los diplomáticos abordaron “temas de interés común” y la cooperación estratégica entre ambos países, cuyas relaciones datan de 1860.

En ese contexto, los cancilleres destacaron “el excelente estado de las relaciones entre Paraguay y Alemania” y las oportunidades para “profundizar la colaboración en áreas clave” como la transferencia de tecnología, la innovación, el conocimiento y la educación.

El 3 de marzo de 2025, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió en Asunción a su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en la segunda parada de un viaje que hizo por Sudamérica, que incluyó Uruguay y Chile.

El canciller Pablo Quirno anunció ayer que la Argentina presentará formalmente su adhesión al Tratado Transpacífico este miércoles, en el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. La decisión implica sumarse a un bloque de 12 países que representa el 13% del PBI mundial y fue formalizada ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay.

“Mañana vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye 12 países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial“, afirmó Quirno en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El Tratado Transpacífico (CPTPP) busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales. Para Argentina, la adhesión implicaría acceso preferencial a mercados de Asia, Oceanía y América del Norte.

Desde Cancillería, y ante la consulta de Infobae, señalaron que el acuerdo implica ingresar a “uno de los procesos de integración económica más amplios, modernos y relevantes a nivel global, tanto por su alcance como por su dinamismo y sus reglas y estándares internacionales de última generación. Está integrado por doce economías: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. El bloque representa un PIB nominal agregado de USD 12,2 billones (aproximadamente 13 % del PIB mundial) y cerca del 15 % del comercio mundial de bienes”.

“La adhesión al CPTPP permitirá a la Argentina integrarse a un mercado de 514 millones de personas (6,4 % de la población mundial). El comercio actual con los países del CPTPP ya es significativo: en 2025, las exportaciones argentinas al bloque alcanzaron USD 16.329 millones, con un superávit de USD 8.930 millones, lo que evidencia el potencial de profundizar estos lazos”, detallaron.

El anuncio llega en un contexto de aceleración de la apertura comercial. En paralelo al anuncio del gobierno libertario, el Mercosur, como recopiló este medio el pasado domingo, viene de cerrar una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, que podría concretarse entre septiembre y octubre. El acuerdo abriría un mercado de 41 millones de personas y permitiría que el 80% de las exportaciones industriales ingresen con arancel cero. Argentina busca cuotas para productos como queso, leche en polvo, miel, carnes y granos.

En paralelo, el tratado con Singapur ya fue aprobado en el Senado y, una vez ratificado, permitirá el ingreso del 100% de las exportaciones argentinas con arancel cero. Además, el gobierno japonés anunciará pronto el inicio de negociaciones de un acuerdo económico con el Mercosur, con la industria automotriz y la demanda de litio argentino como motores clave.

Otros dos acuerdos ya están en vigor: el tratado entre Mercosur y Unión Europea (UE) —que elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque— y el acuerdo bilateral con Estados Unidos, que aguarda ratificación final parlamentaria. En paralelo, pero por afuera del convenio, el gobierno de Donald Trump amplió la cuota de carne vacuna argentina con arancel cero a 100.000 toneladas.

A su vez, el acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU)y Panamá.

Ayer, en su primera intervención ante la OCDE, Quirno defendió el giro aperturista de la gestión de Javier Milei. “Argentina durante años vivió en una economía cerrada, mirándose el ombligo, donde los productores estaban protegidos con pocos productos y caros”, señaló. El canciller remarcó que el país “tiene todas las aptitudes para poder competir en el mundo” y vinculó la inserción internacional a la estabilidad macroeconómica y las reformas de déficit fiscal y desregulación.

La agenda del canciller en París incluye reuniones bilaterales con funcionarios de Israel, Suiza, Singapur, Corea del Sur, Finlandia y Canadá. La cita con el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, tendrá lugar en un contexto global marcado por la escalada bélica en Oriente Medio, con operaciones militares en Gaza y Líbano y negociaciones de paz impulsadas por Trump en la región.

Para mañana, jueves, Quirno tiene previsto reunirse con Alexandre de Rothschild, CEO del Banco Rothschild, y con el CEO de Veolia. El viernes, antes de regresar a Argentina, mantendrá un encuentro con el presidente de Exploración y Upstream y CEO para las Américas de TOTAL.

El canciller Pablo Quirno anunció que Argentina formalizará este miércoles en París su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una decisión que, según dijo durante el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), busca ampliar la inserción internacional del país sobre la base de la estabilidad macroeconómica y de una estrategia de apertura comercial.

El bloque reúne a 12 economías y representa el 13% del PBI mundial, según indicó Quirno durante su exposición realizada este mediodía. El acuerdo alcanza a casi 600 millones de personas y la integran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Quirno precisó que la presentación de la adhesión será entregada en París al ministro de Comercio y Asuntos del Consumidor de Nueva Zelanda, Cameron Brewer.

El CPTPP propone una política de libre comercio entre las regiones que lo conforman y tiene entre sus objetivos la integración económica, la creación de marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del intercambio regional.

Durante su exposición de esta jornada, Quirno sostuvo que la economía argentina se mantuvo durante años entre las más cerradas y que esa dinámica llevó al país a “mirarse el ombligo”. En ese diagnóstico, cuestionó que “los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros”.

El funcionario defendió la orientación económica de la gestión de La Libertad Avanza y puso la estabilidad macroeconómica como condición para mejorar la credibilidad externa: “La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones”.

Ese es el núcleo del anuncio: la Argentina buscará integrarse a un acuerdo de libre comercio con países de la cuenca del Pacífico para facilitar inversiones y transacciones con esos mercados. Dentro del grupo, México, Chile y Perú son los países latinoamericanos ya adheridos, de acuerdo con ese medio.

Minutos después de exponer, Quirno publicó en sus redes el siguiente mensaje: “En mi intervención en el 43° Congreso Anual del IAEF desde París, tuve la oportunidad de anticipar la intención de Argentina de sumarse al Tratado Transpacífico (CPTPP), un acuerdo de libre comercio que incluye a 12 países que representan el 13% del PBI Mundial. Más comercio. Más exportaciones. Más trabajo argentino. La Argentina será próspera“. El mensaje fue compartido luego por el presidente Javier Milei con la consigna “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez”.

Quirno también describió su tarea al frente de la Cancillería como un esfuerzo de promoción económica externa. “Tengo 32 viajes internacionales porque mi rol principal es salir con mi valijita a vender la Argentina al mundo”, dijo.

En la misma línea, el canciller afirmó ante empresarios: “Revertir décadas de estancamiento, de alta inflación, de déficit fiscal, nos ha llevado a no poder generar esas condiciones para aprovechar los recursos naturales y el capital humano. Queremos generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. El mercado de la Argentina es el mundo, no solamente Argentina, y hacia allá vamos”.

Por último, Quirno sostuvo además que “la Argentina tiene lo que el mundo necesita” y mencionó los recursos naturales en minería y el capital humano disponible para desarrollarlos. Según ese medio, atribuyó al equipo económico y al presidente Javier Milei el trabajo de estabilización y reducción del déficit fiscal que, a su juicio, permite crear las condiciones para el desarrollo económico.

La adhesión argentina al pacto se suma a otros acuerdos comerciales mencionados por Quirno. El canciller vinculó ese paso con el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado con Estados Unidos en febrero y con el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Ese entendimiento con Estados Unidos incluyó la quita de aranceles a productos argentinos y la ampliación del cupo de carne vacuna argentina con acceso preferencial al mercado estadounidense. En tanto, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea fue negociado durante 26 años y aprobado de manera parlamentaria en febrero de este año.

“Nosotros fuimos muy relevantes en terminar de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En enero se aprobó en Asunción y, cuando la UE parecía que ponía trabas en la rueda, nosotros sabíamos que teníamos que acelerar la firma del acuerdo porque había una cláusula que indicaba que, en la medida en que un país del Mercosur aprobara en el Congreso el acuerdo, la UE tenía la potestad de hacerlo efectivo”, dijo Quirno en la alocución en IAEF.

Quirno también recordó las negociaciones del Mercosur con Singapur y con Canadá, y planteó la búsqueda de mayor flexibilidad dentro del Mercosur para profundizar otros vínculos bilaterales y atraer inversiones. El año pasado, el bloque regional firmó un principio de entendimiento con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio.

Sobre esta última hubo novedades en las últimas horas, ya que el canciller uruguayo Mario Lubetkin informó que buscará aprobar de manera legislativa ese tratado para que su país sea el primero en suscribir formalmente en todo el Mercosur.

Las exportaciones uruguayas en mayo totalizaron los USD 1.142 millones, lo que significa que se redujeron un 3% en comparación al mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por la oficina de promoción Uruguay XXI. La carne vacuna, la celulosa y la soja fueron los principales productos del país colocados en el exterior.

Es el segundo mes consecutivo en el que hay una caída interanual de las exportaciones.

Pese a la baja de mayo, en el acumulado de 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, aumentaron un 3%: en lo que va del año totalizaron USD 5.271 millones.

En el acumulado del año, la carne bovina alcanzó los USD 1.054 millones, un comportamiento “apenas por debajo al del año pasado”. La celulosa aparece en segundo lugar, con USD 931 millones, seguida de los productos lácteos (USD 346 millones). El top cinco lo completaron la soja y los concentrados de bebidas.

En mayo, la carne fue el principal producto exportado. Las ventas fueron por USD 220 millones, lo que representó un 19% del total exportado y una caída del 14%. Las ventas hacia China, Estados Unidos y la Unión Europea cayeron y, en contraste, se destacó el crecimiento de mercados alternativos como Israel.

“Durante los primeros meses de 2026 se observaron caídas en los niveles faena total bovina (-18% hasta mayo en términos interanuales), lo que repercutió directamente en los volúmenes exportados. Esto sucedió mientras los precios de exportación aumentaron en promedio 37% en términos interanuales”, explica el informe de Uruguay XXI.

La celulosa fue el segundo producto mayor exportado aunque también registró una caída del 7%.

La soja completó el podio y registró un crecimiento del 45% interanual: las colocaciones llegaron a USD 180 millones. “Este desempeño reflejó los primeros movimientos relevantes de la nueva zafra, dado que la cosecha comenzó a tomar ritmo desde mediados de abril y mayo concentra parte de la salida inicial de la producción hacia la demanda externa”, señala Uruguay XXI. En el caso de las exportaciones de soja, Egipto apareció como un “destino importante” en el mes.

En cuanto a los destinos en general, China sigue siendo el principal lugar en el que los uruguayos colocan sus exportaciones: representó el 27% del total exportado y un incremento interanual del 12%. Las ventas hacia allí estuvieron concentradas principalmente en soja, celulosa y carne bovina.

La Unión Europea, en tanto, se ubicó en el segundo lugar en el primer mes de vigencia del acuerdo con el Mercosur. Las colocaciones fueron por USD 172 millones, equivalente al 16% del total y con una caída del 20% en comparación a mayo de 2025. “La contracción respondió principalmente a menores ventas de celulosa, carne bovina y arroz, parcialmente compensadas por el crecimiento de madera y productos de madera”, dice el informe de Uruguay XXI.

Este instituto destaca además que durante el primer mes de entrada en vigencia del acuerdo se registraron solicitudes de cupo para tres productos: la carne, el arroz y la miel. En el caso del arroz, Uruguay celebró haberse quedado con el 63% de la cuota de ese producto.

“Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias”, celebró en la red social X el presidente Yamandú Orsi.

Brasil, en tanto, se ubicó como el tercer destino de exportación de Uruguay (con un crecimiento del 1%), seguido de Estados Unidos (-10%) y Egipto, lo que se explica principalmente por la venta de soja.

“Este desempeño permitió que Egipto superara a Argentina entre los principales destinos del mes y se posicionara como una demanda relevante para la soja uruguaya en el inicio de la zafra comercial”, señaló.

El Gobierno nacional aprobó la finalización de las obras iniciales de rehabilitación ejecutadas sobre 203 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo que conecta Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con Gualeguaychú, en Entre Ríos.

Se trata de uno de los corredores logísticos más importantes del país, utilizado de manera intensiva por el transporte de cargas vinculado al comercio exterior y al intercambio regional dentro del Mercosur.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 717/2026 y marca uno de los primeros hitos dentro del nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional, que contempla inversiones privadas para la puesta en valor y modernización de la infraestructura vial.

Las rutas 12 y 14 constituyen un eje estratégico para la circulación de mercancías entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A través de este corredor transita una parte significativa del transporte terrestre internacional, además de cargas vinculadas a la actividad industrial, agroexportadora y de distribución nacional.

Un corredor clave para el comercio y las cadenas de suministro

Las obras finalizadas abarcaron tareas de bacheo, reemplazo de losas de hormigón, recalce de banquinas, renovación de señalización horizontal y vertical, y reparación de sistemas de iluminación.

El objetivo principal fue recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad sobre un corredor que cumple un papel central dentro de las cadenas de suministro regionales y de la logística terrestre asociada al comercio internacional.

Según la información oficial, los trabajos estaban originalmente previstos para completarse durante el primer año de concesión. Sin embargo, la ejecución se realizó en un plazo menor al inicialmente proyectado.

La importancia logística de este corredor radica no solo en su función como vínculo entre distintos centros productivos del país, sino también en su rol como acceso terrestre hacia pasos fronterizos y conexiones comerciales con los principales socios del Mercosur.

Más de 740 kilómetros en ejecución

Además de los 203 kilómetros ya rehabilitados, continúan desarrollándose trabajos sobre otros 540 kilómetros que forman parte de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones.

De acuerdo con la planificación oficial, la totalidad de los más de 740 kilómetros incluidos en esta fase alcanzará condiciones óptimas de circulación durante los próximos meses.

La mejora de estos corredores aparece como un factor relevante para reducir costos operativos, mejorar tiempos de tránsito y aumentar la previsibilidad logística, aspectos que impactan directamente sobre la competitividad del transporte terrestre y de las actividades vinculadas al comercio exterior.

Un plan de mayor alcance

Las intervenciones realizadas forman parte de un programa más amplio que busca modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales mediante contratos de concesión financiados con inversión privada.

Dentro de este esquema, los contratos contemplan tres tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor destinadas a recuperar la transitabilidad, obras obligatorias previstas contractualmente y trabajos de rehabilitación orientados a garantizar la calidad de calzadas y banquinas durante la vigencia de las concesiones.

Desde la perspectiva logística, la evolución de este tipo de corredores viales resulta especialmente relevante debido a su incidencia sobre la circulación de cargas, la integración regional y el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento.

En un contexto donde la eficiencia del transporte terrestre continúa siendo uno de los factores determinantes para la competitividad de las exportaciones y de la producción nacional, las inversiones en infraestructura vial mantienen un papel central dentro de la agenda logística argentina.

Argentina apuesta a operar en un mercado global radicalmente distinto al de hace años atrás. El Mercosur cerró esta semana una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Canadá, mientras avanza con Japón, Singapur y Corea del Sur. Además, ya tiene en vigor el tratado con la Unión Europea (UE), al tiempo que aguarda la ratificación parlamentaria del acuerdo con Estados Unidos. Para el Gobierno, estos movimientos representan el acceso preferencial a mercados que concentran una porción sustancial del consumo y la inversión globales.

El último avance en este sentido se informó este sábado, cuando los gobiernos de Brasil y Paraguay difundieron comunicados sobre la décima ronda negociadora del acuerdo Mercosur–Canadá, celebrada entre el 25 y el 29 de mayo en Toronto, donde se discutió sobre comercio de bienes y servicios, reglas de origen, propiedad intelectual, salvaguardas bilaterales y desarrollo sostenible.

Para Argentina, abriría un mercado de 41 millones de personas con un producto bruto interno de aproximadamente 2,2 billones de dólares e importaciones totales del orden de 541.000 millones de dólares anuales. El acuerdo permitiría que el 80% de las exportaciones industriales del Mercosur ingresen a Canadá con arancel cero. En las negociaciones, Argentina busca cuotas de exportación para queso y leche en polvo, además de condiciones preferenciales para miel, carnes y granos.

Según tres fuentes gubernamentales de Argentina, Brasil y Canadá consultadas por la agencia Reuters en marzo de 2026, la firma podría concretarse entre septiembre y octubre de este año.

Por otro lado, el acuerdo con Singapur es el más avanzado del frente asiático y el que más cerca está de generar beneficios concretos para los exportadores argentinos. El Senado lo aprobó por unanimidad el 14 de mayo y lo remitió a Diputados para su sanción definitiva. Una vez ratificado, el 100% de las exportaciones argentinas ingresarán al mercado singapurense con arancel cero, según precisó el canciller Pablo Quirno al celebrar la media sanción.

El tratado, firmado en diciembre de 2023, ya está en vigor para Paraguay y Uruguay. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, lo presentó ante el Senado como una puerta de entrada estratégica al sudeste asiático: “servirá para poder negociar con Japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”, afirmó.

A su vez, el vínculo con Japón dio un salto en los últimos días. Según reportó la agencia Kyodo News el 26 de mayo, confirmado por Reuters y la agencia Jiji Press, el gobierno japonés anunciará formalmente el inicio de negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Mercosur en el marco de una cumbre entre la primera ministra Sanae Takaichi y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al margen de la reunión del G7 en Francia, prevista para mediados de junio.

El anuncio coronaría un proceso que arrancó en diciembre de 2025 con la firma del “Marco de Asociación Estratégica” y tuvo dos reuniones formales en enero y marzo de 2026, la segunda al margen de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Yaundé, Camerún.

Para Argentina, el acuerdo abriría el acceso preferencial a un mercado que hoy recibe principalmente pescados, crustáceos, aluminio, minerales y cereales del país. Tokio, a su vez, apunta a las reservas de litio y minerales críticos argentinos para sus cadenas de producción de vehículos eléctricos. La industria automotriz japonesa impulsa el acuerdo, aunque persiste en Japón la preocupación por una eventual entrada masiva de productos agrícolas, en particular carne vacuna.

El acuerdo con Corea del Sur atraviesa su propio proceso de reactivación. Las negociaciones se lanzaron en 2018, se suspendieron en 2021 —en parte por la resistencia del sector industrial argentino a la apertura— y volvieron a la agenda el 23 de febrero de 2026, tras una cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y Lula da Silva.

Ambos líderes elevaron la relación bilateral al rango de “asociación estratégica” y firmaron diez memorandos de entendimiento en minerales críticos, inteligencia artificial, defensa y agricultura. Las partes acordaron además constituir grupos técnicos de trabajo con el objetivo de presentar un primer marco negociador antes de fin de año. Corea del Sur no figura aún en la lista de negociaciones activas de la Cancillería argentina.

Dos acuerdos sí ya están en vigor o en aplicación parcial. El Mercosur–UE, firmado el 17 de enero de 2026 tras 27 años de negociaciones, entró en aplicación provisional el 1° de mayo: elimina aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque y deja alcanzado al 99% de las exportaciones agrícolas argentinas.

El acuerdo bilateral Argentina–Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos y aguarda ratificación del Congreso argentino para entrar en vigor pleno.

Por fuera de ese acuerdo, el presidente Donald Trump firmó el 6 de febrero una orden ejecutiva que amplió de 20.000 a 100.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel cero, distribuida en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas. La medida aplica específicamente a recortes magros —piezas de bajo contenido graso destinadas principalmente a la elaboración de carne picada y hamburguesas— y tiene vigencia durante 2026. En 2025, Argentina exportó 44.300 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos por un valor de 341,5 millones de dólares, según datos del Consorcio ABC.

Con el nuevo esquema, el sector estima ingresos adicionales de más de 700 millones de dólares en divisas durante el año. El sector advierte, no obstante, que la cuota es temporal y que será necesario incorporarla de forma permanente al acuerdo para garantizar su continuidad más allá de 2026.

La agenda no se agota allí. El acuerdo Mercosur–Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), firmado en septiembre de 2025 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, aguarda aprobación parlamentaria. Las tratativas con los Emiratos Árabes Unidos acumulan cuatro rondas. Las negociaciones con Vietnam —lanzadas el 20 de diciembre de 2025— y con El Salvador aún no tienen fecha para sus primeras rondas formales. En el plano regional, el bloque mantiene acuerdos vigentes con Chile, Bolivia, Colombia, Perú, la Comunidad Andina, Cuba, Israel, Egipto, India, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) y Panamá.

En su informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, el jefe de Gabinete Manuel Adorni afirmó que “Argentina le está mostrando a la región que el camino es el libre comercio”. El sitio oficial de la Cancillería lista actualmente nueve escenarios negociadores activos o en proceso de ratificación parlamentaria, frente a los cuatro acuerdos extrarregionales en vigor con los que contaba el Mercosur al inicio de la gestión.

La Unión Europea ha movido sus fichas sobre el tablero geopolítico y las ha situado sobre el continente americano, que afronta a su manera las relaciones con China y Estados Unidos, cada una con sus intereses propios en la región. El bloque europeo ha dedicado los últimos años a afianzar relaciones comerciales que lo liberen de la dependencia estadounidense y china, llegando a firmar acuerdos con la India, Australia o Nueva Zelanda.

En el continente americano, el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras más de 26 años de negociaciones ha sellado una relación que para España va más allá de lo económico, con similitudes culturales e idiomáticas. El pacto entró en vigor -de manera provisional- el 1 de mayo de 2026, con reducción de aranceles, acceso a servicios y contratación pública.

De manera general, el acuerdo facilita a las empresas europeas el acceso a un mercado de 273 millones de consumidores, donde los Estados de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) liberalizarán el 91% de sus importaciones desde la UE y la Unión hará lo mismo con el 92% de sus importaciones desde Mercosur. Además, se estima que el ahorro arancelario para las exportaciones europeas ascienda hasta los 4.000 millones de euros, de los cuales 500 millones corresponderán a España.

Además, el acuerdo comercial ofrece beneficios arancelarios que favorecen a los sectores agroalimentarios e industriales europeos, para los que se han establecido mecanismos de salvaguardias y un apoyo de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. También se protegen un total de 59 indicaciones Geográficas españolas para garantizar la diferenciación comercial y el valor añadido en un mercado exigente.

Un acuerdo histórico con Mercosur

Para el sector agroalimentario, el pacto representa una oportunidad que beneficiará principalmente a España con ventajas para productos de gran importancia para la nación, como el aceite de oliva, el vino, productos porcinos, frutos u hortalizas. En concreto,. el aceite de oliva eliminará progresivamente sus aranceles en 15 años, registrando actualmente un gravamen del 9% en Brasil, Uruguay y Paraguay y un 31,5% en Argentina.

El vino embotellado, que actualmente tiene un gravamen del 20% al 35% quedará liberado en un periodo de ocho años. Los productos porcinos, que cuentan con impuestos del 10%, quedarán liberados desde la entrada en vigor del acuerdo, al igual que las frutas y la cebolla. El queso, por su parte, que cuenta con aranceles de entre 16% y 28%, aumentará su exportación hasta las 10.000 toneladas, eliminando sus aranceles en un periodo de diez años.

Del otro lado, el acuerdo comercial recoge un aumento en las exportaciones de vacuno del Mercosur de hasta 99.000 toneladas al año, en un periodo de seis años. Para ave de corral esta exportación subirá hasta las 180.000 toneladas, mientras que también aumentan las exportaciones de productos como el azúcar de Brasil, el arroz, el etanol o la miel.

América Latina como potencia de recursos verdes

La transición hacia energías limpias y la digitalización intensiva han creado un nuevo tipo de dependencia: la de los minerales críticos. Informes de la Agencia Internacional de Energía y centros de estudio europeos prevén que, de aquí a 2035, la demanda de cobre supere la oferta en alrededor de un 30% y la de litio lo haga en torno a un 40%, impulsada por el despliegue masivo de vehículos eléctricos, almacenamiento energético y redes eléctricas inteligentes. La llamada “economía verde” es, en realidad, intensiva en minería: requiere grandes volúmenes de litio, cobalto y níquel para baterías, cobre para infraestructuras eléctricas, tierras raras para imanes de turbinas eólicas y motores de alta eficiencia, y otros metales para componentes electrónicos.

En este mapa, América Latina se sitúa como uno de los principales reservorios mundiales de estos insumos. El llamado triángulo del litio, formado por Argentina, Bolivia y Chile, concentra más de la mitad de las reservas conocidas de este mineral, mientras que Chile y Perú aportan juntos aproximadamente un tercio de la producción mundial de cobre, un metal que tanto la UE como Estados Unidos clasifican ya como crítico para la transición energética. Brasil, por su parte, dispone de las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, solo por detrás de China y Vietnam, además de importantes depósitos de niobio y otros minerales estratégicos.

Esta abundancia, sin embargo, no se ha traducido históricamente en una posición ventajosa en las cadenas globales de valor. Estudios recientes muestran que alrededor del 80% de las exportaciones latinoamericanas a China son materias primas y productos de bajo procesamiento, mientras que la región importa de Pekín sobre todo manufacturas de tecnología media y alta. Algo similar ocurre, aunque en menor medida, con Estados Unidos y la UE. América Latina sigue ocupando principalmente el rol de proveedor de commodities en cadenas dominadas por actores externos, que capturan la mayor parte del valor añadido en las fases de procesamiento, manufactura y diseño tecnológico.

La novedad es que, con la urgencia climática y la carrera tecnológica, ese rol periférico adquiere ahora un peso geopolítico extraordinario. La disputa por el control de los minerales críticos ha convertido a América Latina en un “tablero geoeconómico” donde se cruzan inversiones, diplomacia y estrategias de seguridad nacional, como sintetiza un análisis publicado en la prensa chilena. La cuestión clave para la próxima década será si la región logra traducir su ventaja geológica en una ventaja estratégica, con más valor agregado, diversificación de socios y mejores estándares socioambientales, o si se consolida un nuevo ciclo de atractivísimo intensivo bajo la presión combinada de China, Estados Unidos y, ahora también, la Unión Europea.

Europa, adicta a los minerales chinos

La posición de la UE es más frágil que la estadounidense y la china desde el punto de vista de recursos naturales. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo describe a Europa como “adicta” a los minerales chinos: el gigante asiático suministra el 97% de las tierras raras que importa la UE, además de dominar el refinado de una amplia gama de materias críticas necesarias para la transición energética. La mayoría de los minerales esenciales para los objetivos climáticos y digitales europeos se extraen y procesan fuera del bloque, y el suministro se concentra a menudo en uno o pocos países, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a shocks geopolíticos o comerciales.

En respuesta, Bruselas ha situado la seguridad de las materias primas fundamentales en el centro de su política industrial y energética. América Latina ocupa un lugar destacado en esta agenda, tanto por su dotación de cobre, litio y tierras raras como por sus afinidades políticas y normativas con Europa. Este giro se traduce en dos grandes líneas de actuación. La primera es el cierre de acuerdos comerciales que mejoren el acceso a mercados y creen marcos de cooperación sobre desarrollo sostenible, clima y derechos laborales.

La segunda línea es la creación de asociaciones estratégicas específicas sobre cadenas de valor de materias primas críticas, que combinan compromisos políticos, cooperación técnica y apoyo financiero para desarrollar proyectos mineros y de procesamiento bajo estándares ambientales elevados. El Memorando de Entendimiento entre la UE y Chile sobre cadenas de valor sostenibles de materias primas, firmado en 2023 y operacionalizado mediante una hoja de ruta con proyectos lanzados en 2024 y 2025, es el ejemplo más avanzado de esta aproximación.

Lazos comerciales con América Latina y el Caribe

Según la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, la UE mantiene acuerdos de asociación, comerciales, políticos y de cooperación con 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe, lo que convierte esta relación en una de las redes más densas de acuerdos birregionales del mundo. Estos instrumentos incluyen acuerdos de asociación con México, Chile, la Comunidad Andina (a través del acuerdo multipartes con Colombia, Perú y Ecuador), Centroamérica y el Caribe, así como acuerdos de libre comercio con países individuales como Costa Rica (en el marco centroamericano) o tratados de inversiones con otros socios.

En el caso de México, desde el año 2000 existe una zona de libre comercio con la UE que abarca actualmente cerca de 600 millones de personas, y que se enmarca en un Acuerdo Global de naturaleza amplia, con pilares comerciales, políticos y de cooperación. Con Chile, la UE firmó en 2002 un Acuerdo de Asociación que incluye un componente comercial robusto, posteriormente complementado por memorandos de entendimiento y, más recientemente, por una Asociación Estratégica sobre materias primas críticas firmada en 2023. En el ámbito andino, el Acuerdo Comercial multipartes con Colombia y Perú se negoció en 2010, se aplica provisionalmente desde 2013 y se amplió a Ecuador en 2017, configurando un espacio de libre comercio progresivo con estos tres países.

Centroamérica, por su parte, está vinculada a la UE a través de un Acuerdo de Asociación región a región que se firmó en 2012 y cuyo pilar comercial se aplica desde 2013; este acuerdo se convirtió en pleno en 2024, al entrar en vigor todos sus pilares, incluido el de diálogo político y cooperación. Además, la UE mantiene un Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con el Caribe y un conjunto de acuerdos de alcance parcial o preferencias unilaterales con otros países latinoamericanos, aunque estos últimos no son el foco principal en la fase 2025–2026.

Christina Beinhoff pasó buena parte de su carrera en los pasillos donde se decide la seguridad de Alemania: la Cancillería Federal, el Ministerio de Defensa, la Embajada en Estocolmo durante el ingreso de Suecia a la OTAN. Desde el verano pasado, sin embargo, conduce un territorio distinto, el de la cultura, la educación y la ciencia que Berlín proyecta hacia el mundo. La transición no le resulta una rareza, sino una continuidad: en su lectura, el llamado poder blando no es un complemento amable de la diplomacia, sino una de sus piezas estratégicas. “El poder blando es parte integral de la política exterior alemana”, resume, en una entrevista con Infobae mantenida en la Embajada de Alemania en Buenos Aires, durante una visita oficial a la Argentina.

La diplomática, directora general de Cultura y Sociedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, llega a la región en un momento que ella misma describe como de cambio de orden: competencia entre grandes potencias, un eje desplazado entre Washington y Beijing, y una Europa obligada a redefinir su lugar. En ese tablero, Alemania mira a la Argentina como un socio antiguo y previsible —“compartimos los mismos valores”, dice—, sostenido por décadas de vínculos: una red de colegios alemanes, más de 300 colaboraciones universitarias, institutos como el IBioBA, único instituto partner de la Sociedad Max Planck en América Latina. Su agenda en el país incluye una reunión con los agregados culturales alemanes, un encuentro con estudiantes sobre el acuerdo UE-Mercosur y la inauguración de un instituto cultural franco-alemán en Córdoba.

—Usted viene de la política exterior y de seguridad, y ahora dirige el poder blando alemán. ¿Qué papel juegan la cultura y la ciencia como espacios de diálogo en un mundo de tensiones crecientes?

—En el sistema alemán, la diplomacia científica y cultural es parte integral de la política exterior; por eso depende del Ministerio de Exteriores. No financiamos a las instituciones culturales para que hagan lo que quieran: esos instrumentos responden a las prioridades de la política exterior, que bajo este gobierno son tres: seguridad, libertad y prosperidad. Un proyecto de teatro o de danza puede mostrar la libertad del arte y la libertad de expresión. Promover el idioma alemán puede abrirles a jóvenes calificados la puerta a formarse y trabajar en Alemania. Mi trasfondo era la política de seguridad y ahora tengo otra herramienta, el poder blando. Se trata de desarrollar proyectos, conocer actores, mantener una relación de largo plazo por fuera del contacto de gobierno a gobierno. Eso permite conservar interlocutores confiables también en tiempos de crisis: si las relaciones entre gobiernos no son buenas, uno todavía tiene con quién hablar y recibir una devolución de lo que está pasando.

—Llega a América Latina en plena competencia entre China y Estados Unidos. ¿Qué busca hoy Alemania en su relación con la Argentina y con la región? ¿Estamos ante una transición?

—El orden mundial está cambiando. No es el que amábamos y cuidábamos. Hay nuevos centros de gravedad, múltiples potencias, competencia entre grandes potencias, y Europa necesita encontrar su posición. Alemania tomó decisiones de fondo: invertir masivamente en defensa para ser un pilar europeo más fuerte dentro de la OTAN. No se trata de autonomía estratégica, sino de robustecer ese pilar. La otra cara es que Alemania siempre fue un país exportador, y su prosperidad depende de un orden previsible, con reglas. Por eso necesitamos diversificar relaciones y no mirar solo a Estados Unidos. La Argentina siempre estuvo muy cerca de nosotros; compartimos valores y miramos las cosas de manera parecida. Por eso queremos fortalecer esos lazos.

—¿Qué puede hacer el poder blando occidental, y el alemán en particular, para contrabalancear las narrativas de Rusia y China y el avance de la desinformación?

—Lo primero es la capacidad de detectar la desinformación y luego reaccionar; la respuesta cambia según el caso. En el pasado descubrimos, junto con otros socios europeos, una campaña de desinformación rusa contra Alemania, y la hicimos pública. Pero nuestros medios son limitados. Es clave aumentar la alfabetización mediática en otros países, mantenerse alerta y usar nuestros canales para difundir los hechos, para no cederles el terreno a quienes quieren dividirnos. Porque lo que Rusia y China quieren es dividir a Europa, sembrando rumores.

—Y disponen de enormes recursos para esas campañas.

—Sin duda. Por eso buscamos cooperar con socios afines, dentro y fuera de Europa. Y aquí entran la ciencia y la educación: cuando uno coopera con otro país y conoce a su juventud, comprende que los problemas son más complejos y no se pueden reducir a respuestas fáciles. Ampliar la mirada a través de la educación o de proyectos culturales, ponerse en los zapatos del otro, prepara a las personas para ser críticas, para preguntar antes de opinar. Esa es una buena manera de no caer víctima de la desinformación.

—Hablará con estudiantes sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que se aplica de forma provisional desde el 1 de mayo pero todavía despierta resistencias en Europa, como en Francia. ¿Qué espera de este momento?

—Alemania apoyó con fuerza cerrar esto después de veinticinco años. Sé que lo vemos quizá de un modo distinto que Francia, pero nos alegró mucho llegar a esta conclusión. También en la Argentina hubo quienes se preguntaban si el acuerdo sería equitativo, si el país se beneficiaría. Lo esencial es que funcione para ambas partes y que lo implementemos como socios. Puedo asegurar que Alemania estará muy atenta a que sea un buen acuerdo también para la Argentina.

—La cooperación científica entre ambos países se construyó durante décadas. Hoy hay un debate intenso en la Argentina sobre el financiamiento del sistema científico. ¿Cómo ve Alemania la sostenibilidad de esos vínculos?

—Llegué hoy y no conozco los detalles, pero para nosotros la cooperación científica es muy importante. El presupuesto alemán también necesita ajustarse, y yo misma debo justificar recortes en el ámbito cultural. Hay que diferenciar. Nadie recibe siempre más dinero; también hay que repriorizar, enfocar y generar sinergias para que las instituciones que reciben fondos estén mejor coordinadas. Creo que hay margen para un sistema más ágil, con quizá menos recursos, sin perder calidad. Lo que es seguro es que la cooperación científica es una inversión en el futuro. No se trata de gastar dinero inútil, sino de invertir en el futuro de nuestro país y de los científicos. No lo veo en blanco y negro.

—¿La ciencia debería estar regida por el Estado? El gobierno argentino suele promover que el Estado se retire de ciertas áreas.

—En Alemania lo hacemos distinto. El Estado también financia investigación y desarrollo. Aunque la mayor parte del monto proviene del sector privado, el Estado complementa e invierte mucho.

—El Centro Universitario Argentino-Alemán solo se compara en importancia con el que Alemania mantiene con Francia. ¿Por qué la Argentina ocupa ese lugar?

—Sigo aprendiendo. Pero, por lo que entiendo, se debe a esa importante migración alemana que se remonta a muchos años atrás: hay un conocimiento profundo y un gran interés por lo que ocurre en Alemania, tanto en el arte como en la ciencia. Percibo aquí una suerte de placer en trabajar con Alemania, porque tenemos buena reputación, somos confiables, innovadores. La Argentina conserva lazos tradicionalmente estrechos y un buen sistema educativo, y ese es un terreno perfecto para la cooperación.

La fiscal paraguaya Irma Llano recibirá este domingo la Orden de la Estrella de Italia, una distinción otorgada por el Estado italiano a personalidades extranjeras que han contribuido al fortalecimiento de la cooperación entre países.

El reconocimiento será entregado en Asunción durante un acto oficial previsto en la Plaza Italia de la capital paraguaya, en el marco de la conmemoración del Día de la República Italiana.

“La fiscal Llano es un actor muy importante para Italia en el desarrollo de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros crímenes internacionales”, afirmó el embajador de Italia en Asunción, Marcello Fondi, en entrevista con Infobae.

“Entre Italia y Paraguay hay un marco jurídico de cooperación que prevé varias actividades desarrolladas en común: desde la capacitación entre oficiales y fiscales de los dos países, hasta la realización de actividades conjuntas de carácter investigativo y la cooperación en la parte judicial, ya que en muchos casos el crimen internacional involucra a ciudadanos italianos también en Latinoamérica, incluso en Paraguay”, detalló.

La ceremonia será encabezada por Fondi y contará con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.

“Cada año, Italia escoge un grupo de ciudadanos extranjeros que tanto contribuyeron al desarrollo de la cooperación bilateral, también en este marco que es tan delicado”, agregó el embajador.

Llano ocupa desde 2018 funciones como representante designada por la Fiscalía General del Estado al frente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público. En ese rol, actúa también como punto de contacto institucional para la cooperación internacional en materia de cibercrimen, a través de redes como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa, y participa en el intercambio y coordinación de investigaciones con agencias como el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El reconocimiento que recibirá este domingo corresponde al grado inicial dentro de la orden, denominado Caballero, la primera de cinco categorías previstas en el sistema de condecoraciones, por debajo de Oficial, Comendador, Gran Oficial y la Gran Cruz.

Qué es la Orden de la Estrella de Italia

La Orden de la Estrella de Italia es una condecoración estatal creada originalmente en 1947 y reformulada mediante la Ley N.º 13 del 3 de febrero de 2011. Es otorgada por el presidente de la República a propuesta del canciller italiano y busca reconocer aportes en la promoción de relaciones de cooperación, amistad o intercambio entre Italia y otros países, en ámbitos que incluyen la actividad profesional, institucional, científica o económica.

De acuerdo con Fondi, el reconocimiento no se limita a ciudadanos italianos, sino que está dirigido también a extranjeros que hayan tenido un rol relevante en el fortalecimiento de esos vínculos.

“Es una condecoración reservada no solamente a los ciudadanos italianos, sino también a ciudadanos extranjeros que se distinguieron en sus actividades profesionales o culturales para fortalecer el enlace de amistad entre Italia y Paraguay, en todos los campos: las profesiones, la industria, el comercio”, explicó.

“El presidente de la República Italiana, quien es el que otorga este tipo de condecoración, decidió aprovechar el Día de la Nación para reconocer los altos méritos de ciudadanos extranjeros en distintos sectores”, señaló el embajador.

El acto de este domingo en la Plaza Italia de Asunción será abierto al público.

“Va a ser un evento abierto a toda la ciudadanía, porque para nosotros es importante tener buenas relaciones con todos los paraguayos”, agregó.

Por qué Italia eligió a Irma Llano

En el caso de Llano, la distinción se vincula principalmente a su participación en mecanismos de cooperación internacional en materia de cibercrimen. Según la representación diplomática, su rol fue relevante en la articulación de acciones conjuntas entre fiscales y fuerzas de seguridad de distintos países, así como en programas de capacitación e intercambio técnico.

También se destacó su intervención en procesos vinculados a la adhesión de Paraguay a la Convención de Budapest sobre Cibercrimen, uno de los principales instrumentos internacionales en la materia impulsado por el Consejo de Europa.

En su trayectoria dentro del Ministerio Público, participó en investigaciones sobre delitos informáticos de alcance transnacional y en operativos conjuntos con agencias extranjeras, además de recibir reconocimientos previos de la embajada alemana y de la Policía Federal Argentina por cooperación en causas vinculadas a delitos digitales.

Cooperación contra el cibercrimen

La cooperación entre Italia y Paraguay en este campo comenzó a intensificarse en los últimos años, en paralelo al aumento de los delitos informáticos a nivel global.

“El cibercrimen se está volviendo cada día más peligroso e importante para todos los países, y el volumen del crimen transnacional de origen cibernético aumenta cada día. Es un crimen que, más que la droga o la trata de menores, no tiene fronteras”, afirmó Fondi.

Según la visión de la embajada italiana, este tipo de criminalidad requiere mecanismos permanentes de intercambio de información y coordinación operativa entre países debido a su carácter transfronterizo.

“Hay que facilitar el intercambio de información, que no es algo dado: hay que construirlo diariamente, porque el carácter de las informaciones del cibercrimen es muy confidencial, y no se refiere solamente a los bancos de datos de las instituciones financieras, sino también a los ciudadanos particulares”, explicó el embajador.

Fondi señaló que la legislación italiana en la materia deriva de directivas de la Unión Europea que buscan compatibilizar la lucha contra el cibercrimen con la protección de datos personales, y que Paraguay avanza en esa adecuación.

“Considerando el desarrollo muy rápido de la economía de Paraguay en el sector financiero, ese es un dato muy importante para este país, que coopera de todo modo muy activamente con las autoridades italianas y también europeas en la lucha contra el cibercrimen”, indicó.

La relación bilateral más allá de la seguridad

La relación bilateral no se limita al área de seguridad. Italia impulsó en los últimos años la expansión de los vínculos comerciales con Paraguay en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, con especial interés en sectores industriales y de producción primaria.

“El sistema de exportación de los dos países es complementario. Paraguay es un gran país productor de materias primas, no solamente agrícolas, y muy pronto será un exportador neto también de materia prima de origen minero. Este es un sector donde Italia necesita mucho producto del exterior”, explicó Fondi.

“Italia puede ser muy cooperativa con Paraguay, proponiendo sus productos de maquinaria industriales para fortalecer el desarrollo industrial del país”, indicó el embajador. En 2023, ambos países suscribieron un Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas y un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación diplomática.

Otro elemento destacado en la relación es la presencia de la comunidad de origen italiano en Paraguay, que según estimaciones diplomáticas representa cerca del 20% de la población y funciona como un factor de conexión histórica entre ambos países.

“La presencia de la diáspora italiana en Paraguay es un activo”, afirmó Fondi. No obstante, aclaró que Italia no circunscribe su mirada a esa comunidad: “Lo importante es hablar con todos. Por esa razón, el Día de la República Italiana se va a celebrar este año en la Plaza Italia de Asunción, en un lugar público y abierto, porque para nosotros es importante tener buenas relaciones con todos los paraguayos”.

Japón y los países miembros del Mercosur habrían iniciado conversaciones para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial, informaron a la agencia Reuters dos fuentes brasileñas vinculadas a las negociaciones. Por su parte, el diario económico japonés Nikkei también reportó la búsqueda del tratado.

Funcionarios de Brasil y Japón ya celebraron dos encuentros exploratorios y prevén anunciar oficialmente el inicio del diálogo durante las reuniones del Grupo de los Siete (G7) que se celebrarán en Francia el mes próximo, señalaron las fuentes.

La unidad de comunicaciones de Mercosur confirmó que las reuniones preliminares con Japón se realizaron en enero, incluyendo sesiones en Paraguay y encuentros en el marco de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Camerún durante marzo.

A su vez, la agencia japonesa Kyodo había informado antes sobre la inminencia de estas negociaciones.

Se espera que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mantengan un encuentro en el contexto de la cumbre del G7 en Francia. Durante la cumbre del Mercosur realizada el año pasado en Buenos Aires, Lula subrayó la necesidad de que el bloque sudamericano refuerce sus vínculos con países asiáticos, entre ellos Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia.

Actualmente, Japón importa cerca del 90% de su crudo desde Medio Oriente, una dependencia que quedó en evidencia tras el cierre del estrecho de Ormuz debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta situación obligó a las autoridades japonesas a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas para paliar las interrupciones en el suministro. En este contexto, el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa, identificó a Brasil como una posible fuente alternativa de crudo durante una reunión con su par brasileño en Tokio la semana pasada.

El archipiélago japonés también procura diversificar proveedores de minerales críticos como las tierras raras, de las cuales depende mayoritariamente de China.

Japón y Mercosur exploran desde hace años la posibilidad de un tratado de libre comercio.

En diciembre pasado, ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral mediante la firma de un Marco de Asociación Estratégica. Asunción fue sede el pasado 27 de enero de la primera reunión del mecanismo acordado durante la cumbre del bloque sudamericano en Foz de Iguazú, Brasil.

El encuentro marcó el primer avance concreto hacia un eventual tratado de libre comercio, prioridad destacada para Paraguay durante su presidencia pro tempore del Mercosur.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, mantuvo conversaciones con el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize, quien realizó su primera visita oficial a la región. Las autoridades analizaron cuestiones comerciales y las negociaciones para forjar un acuerdo de libre comercio que suprima barreras arancelarias entre Mercosur y la cuarta economía mundial.

La reunión técnica contó con la presencia de la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos. Ambas delegaciones intercambiaron perspectivas sobre la complementariedad entre las economías del bloque sudamericano y Japón. Entre los temas centrales figuraron la integración de cadenas de valor, la transición energética y la economía digital, áreas identificadas con alto potencial de cooperación.

El Marco de Asociación Estratégica fue suscrito el 21 de diciembre en Foz de Iguazú, al término de la última cumbre semestral del Mercosur. El acuerdo refleja la intención de ambas partes de profundizar los lazos en comercio, inversión, resiliencia en cadenas de suministro y transición energética. Hasta la fecha, las relaciones comerciales entre Mercosur y Japón se mantuvieron por debajo de su potencial, a pesar de que existe un diálogo institucional desde hace más de veinte años.

(Con información de Reuters)

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.

La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que "ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto".

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social.

Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X.

La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario.

Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos.

El arroz se suma a la miel y los huevos

La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.

Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.

Un acuerdo de 780 millones de personas

La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras.

Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991.

El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.

Entre los bienes exportados figuran harina de soja, biodiésel, minerales de plata, carne bovina y maní, según el texto fuente. Los principales destinos son Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda, aunque el primer lugar neerlandés se explica por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada para mercadería que luego sigue hacia otros mercados europeos.

La miel entrerriana fue la gran protagonista de la semana en el comercio exterior argentino. Una compañía local agotó en cuestión de horas la cuota libre de arancel que la Unión Europea asignó al Mercosur para 2026, horas después de que el acuerdo entrara en vigencia, el pasado 1° de mayo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contó la historia detrás del suceso que, más allá de la transacción en particular, tuvo muy buena prensa entre los mayores empresarios del país, quienes tomaron este caso como ejemplo.

“Empezó a regir el acuerdo con la Unión Europea que logró cerrar Pablo Quirno y que ofrece cupos de acceso sin aranceles a una serie de productos. Nuestros productores de miel coparon toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas”, publicó Sturzenegger en su cuenta de X. “El personaje central es Pablo Lavigne (Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía), que preparó un trámite digital para la auto-certificación de origen el mismo día que el tratado se habilitó, permitiendo a los productores argentinos presentar todo de inmediato y tomar la cuota”.

Sturzenegger explicó que, mientras otros países del Mercosur seguían gestionando certificados de manera tradicional, los argentinos accedieron al beneficio rápidamente: “Presentaron y se llevaron la cuota”. Y cerró: “Es interesante el caso. Porque ilustra la imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles y dejarlo focalizado en lo importante”.

El primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia, Entre Ríos, rumbo a Alemania. El cargamento, de 20.986 kilogramos, fue adquirido por la importadora alemana Langnese Honig GmbH & Co. Antes del acuerdo, la miel argentina pagaba un arancel del 17,3 por ciento.

El régimen establece cupos crecientes: para 2026 se asignaron unas 5.000 toneladas exentas de arancel entre mayo y diciembre, con 1.400 toneladas ya colocadas en el primer tramo. El 1° de julio se habilitarán otros dos períodos de 1.800 toneladas cada uno. En 2027, el cupo anual subirá a 15.000 toneladas, y en 2031 alcanzará 45.000 toneladas.

Reconocimiento en el Cicyp

El caso de la exportación de miel tuvo gran relevancia en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado la semana pasada en el Hotel Alvear. El foco del evento, que reunió a los principales empresarios del círculo rojo y a funcionarios como Pablo Quirno, se centró en la capacidad de Argentina para abastecer al mundo, y el caso de la miel fue citado como ejemplo. Un empresario presente afirmó a Infobae: “Esta semana vimos el caso de la miel. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que primerear”.

Crecimiento récord en valor y volumen

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el sector apícola argentino acumuló un crecimiento del 93,7% en valor exportado durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron USD 39 millones, lo que representa un aumento interanual del 122,7%. En volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a 13.638 toneladas de 2025, con un salto del 83,9%. El valor por tonelada también mejoró: pasó de USD 2.330 en 2025 a USD 2.473 en 2026.

Estos datos consolidan una tendencia de expansión sostenida: en 2025 las exportaciones totales alcanzaron USD 211,1 millones, un 13,3% más que en 2024, mientras que el volumen subió un 5,7%, de 85.736 toneladas en 2024 a 90.614 toneladas. Desde 2018 hasta 2022, el promedio anual de exportaciones se situaba en 69.320 toneladas, según el informe de BCBA.

Proyecciones a largo plazo y desafíos tecnológicos y normativos

El acuerdo comercial, cuya negociación demandó más de 25 años, se puso en marcha en mayo y estipula para la miel una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles para 2031. Según proyecciones de la Secretaría de Comercio, las exportaciones argentinas hacia Europa podrían crecer un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en una década. Actualmente, el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de la reducción de aranceles, en un contexto en que la Unión Europea mantiene protecciones con tasas promedio del 12,6 por ciento.

El entramado productivo apícola argentino incluye más de 4 millones de colmenas declaradas y 1.200 salas de extracción habilitadas por SENASA, lo que garantiza la capacidad para suministrar los volúmenes requeridos por el mercado europeo. Entre Ríos figura como una de las provincias más relevantes en la industria apícola nacional por concentración de colmenas y cantidad de productores habilitados.

En este escenario, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) manifestó reservas sobre la amplitud de los beneficios, al advertir que factores como el “acotado tamaño de las cuotas, la futura distribución intra-Mercosur, la posibilidad de salvaguardias bilaterales de la UE y la existencia de normativas europeas denominadas barreras no arancelarias” pueden limitar el alcance efectivo del acuerdo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de la Resolución Mercosur GMC Nº 27/25, que establece el nuevo Reglamento Técnico MERCOSUR sobre la lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

La medida fue oficializada a través de la publicación de la Disposición N° 2820/2026 en el Boletín Oficial. “Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Mercosur GMC Nº 27/25 “Reglamento Técnico Mercosur sobre lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes (modificación de la RES. GMC N° 62/14)”, indicaron.

De acuerdo con lo acordado por el bloque regional a finales de 2025, se resolvió incorporar a la lista de componentes prohibidos a dos sustancias identificadas como óxido de difenil (2, 4, 6-trimetilbenzoil) fosfina; INCI: “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (N° CAS 75980-60-8) y a la N,N-dimetil-p-toluidina (N° CAS 99-97-8).

La decisión se tomó poco después de que el Comité de Evaluación del Riesgo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas las clasificara como sustancias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (CMR).

El óxido de difenil (2, 4, 6-trimetilbenzoil) fosfina; INCI: “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” es un fotoiniciador, es decir, una molécula que es capaz de absorber luz visible o de tipo UV y utilizarla para endurecer materiales líquidos. En el área de la cosmética, hasta el momento, solía utilizarse en la fabricación de geles y esmaltes semipermanentes.

Por su parte, la N,N-dimetil-p-toluidina se trata de una amina aromática, que también solía ser utilizada para acelerar el secado de materiales como acrilatos, resinas epoxi, cementos dentales y en la composición de esmaltes de tipo gel y semipermanente.

“Es necesaria la actualización periódica de las listas de sustancias de uso en cosméticos a fin de asegurar la correcta utilización de las materias primas en la fabricación de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes”, argumentaron las autoridades.

Según dispuso el titular de la ANMAT, Luis Fontana, los productos ya regularizados dispondrán de un plazo de 60 días desde la publicación de la medida para adecuarse a la nueva normativa. En este sentido, estas nuevas exigencias afectarán a los fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se encuentren en el mercado nacional.

Esta medida responde a la necesidad de adaptar la normativa nacional a las disposiciones del bloque regional. Tal como se fundamenta en el marco del Protocolo de Ouro Preto y en el artículo 7 de la Decisión N° 20/02 del Consejo del Mercado Común, que exigen la incorporación íntegra de las normas Mercosur a la legislación de los Estados que forman parte del grupo.

De esta manera, la ANMAT busca asegurar la armonización normativa con el Mercosur, al garantizar que las sustancias prohibidas no sean utilizadas en la elaboración o comercialización de dichos productos en el territorio argentino. La medida forma parte de la política de actualización constante de los estándares sanitarios, en línea con los compromisos asumidos en el bloque regional.

La resolución indica que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos intervinieron en el análisis y tramitación de la norma, conforme a sus competencias. Además, se instruyó la comunicación de la disposición al Programa de Relaciones Internacionales de la Dirección de Relaciones Institucionales y a las cámaras sectoriales pertinentes.

La ANMAT reforzó el control de los ingredientes de productos de higiene

La semana pasada la ANMAT actualizó el marco regulatorio para productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Esta medida también se enmarcó en la estrategia de armonización de estándares técnicos definida por el acuerdo del Mercosur, con el objetivo de unificar criterios y reforzar la seguridad del consumidor en toda la región.

La decisión, formalizada a través de la Resolución N° 2577/2026, responde a la necesidad de modernizar la regulación vigente sobre determinadas sustancias utilizadas en el sector cosmético. Según se informó, la actualización incorpora cambios específicos en el uso de ingredientes como el Piritionato de Zinc y el Climbazole, empleados principalmente en productos capilares.

Uno de los ejes centrales de la disposición es la modificación de las condiciones de uso del Piritionato de Zinc (Zinc Pyrithione). A partir de la entrada en vigor de la medida, el uso de este agente anticaspa queda restringido al uno por ciento (1%) en productos capilares que se enjuagan, una condición de cumplimiento obligatorio para todos los fabricantes y comercializadores del sector.

Además, se incorporó formalmente al Climbazole (1-(4-clorofenoxi)-1-(1-Imidazolil)-3,3-dimetil-2-butanona) al listado de ingredientes autorizados, estableciendo un límite máximo de uso del dos por ciento (2%) exclusivamente en shampoos que se enjuagan.

Brasil anunció el martes que la Unión Europea (UE) tomó medidas para bloquear sus exportaciones de productos de origen animal a partir de septiembre, pocos días después de la entrada en vigor, al menos provisional, del acuerdo entre el bloque sudamericano Mercosur y la UE sobre un mercado transatlántico valorado en USD 22 billones.

El acuerdo, actualmente bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, enfrenta resistencia por parte de agricultores europeos y organizaciones ecologistas, quienes expresan preocupación por la competencia desleal, el impacto en sus medios de vida, la presión sobre los precios y las normas medioambientales.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura de Brasil manifestó que la decisión europea fue recibida con “sorpresa” y adelantó que el gobierno buscará revertirla. Medios brasileños reportaron que la UE argumentó no haber recibido pruebas de que los productos animales brasileños y de otros países estén libres de sustancias antimicrobianas empleadas para estimular el crecimiento animal.

El jefe de la misión de Brasil ante la Unión Europea tiene previsto reunirse el miércoles con autoridades del bloque responsables de productos de origen animal “para solicitar explicaciones sobre la decisión”, indicó el ministerio.

Según la asociación gubernamental brasileña de productos de origen animal, los países de la Unión Europea representaron el tercer destino más relevante para la carne vacuna brasileña en 2025, solo superados por Estados Unidos y China.

La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) afirmó en un comunicado que Brasil cumple íntegramente todos los requisitos de la Unión Europea, incluidos los relativos a la normativa sobre antimicrobianos. La entidad destacó que el país dispone de “sólidas estructuras sanitarias” y sistemas de control de la producción, con protocolos “estrictos” de trazabilidad, seguimiento veterinario y “uso responsable de medicamentos”, en línea con los estándares internacionales de salud animal y seguridad alimentaria.

Por su parte, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) precisó que la suspensión de las exportaciones solo se aplicará si no se presentan, antes de la fecha establecida, las garantías y adaptaciones requeridas por las autoridades europeas. La organización expresó su confianza en evitar la interrupción de los envíos.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur entró en vigor el 1 de mayo. El documento fue firmado el 17 de enero durante una reunión del grupo sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, otorgó una aprobación provisional al acuerdo, evitando así el trámite parlamentario en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados han presentado impugnaciones ante el poder judicial del bloque. El acuerdo quedará suspendido si el órgano europeo emite un fallo contrario.

Lula destaca el “momento histórico” tras promulgar el acuerdo con la UE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó el acuerdo comercial entre Mercosur y el bloque europeo, calificando la firma como “un momento histórico”, tras 25 años de negociaciones.

“Firmamos hoy, tras 25 años de negociación, el decreto de promulgación del acuerdo Mercosur-UE. Con esto, concluimos formalmente la ratificación del tratado por parte de Brasil”, expresó Lula en un mensaje publicado en redes sociales el 28 de abril pasado.

El mandatario destacó que, “en un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo” y afirmó que Brasil envía “al mundo el mensaje de que no hay nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia y en la relación cordial entre las naciones”.

(Con información de Associated Press)

La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas y, desde el 1° de mayo, rige el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. El agro es el principal beneficiado, pero también hay restricciones a los derechos de exportación y nuevas oportunidades de inversión.

Antes de que entrara en vigor cualquier acuerdo, la relación comercial entre Argentina y la Unión Europea ya tenía peso propio. Según datos del Indec citados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2025 las exportaciones argentinas al bloque europeo totalizaron 8.486 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 10.478 millones de dólares. En ese año, la UE concentró el 9,7% de las exportaciones y el 13,8% de las importaciones del país.

El dato que grafica mejor la magnitud del mercado europeo para el empresariado local es otro: “una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo”, señala el informe. Eso la convierte en la segunda región a la que más exportadores argentinos dirigen sus ventas, solo detrás de América Latina.

Los productos que Argentina envía a Europa son variados: harina de soja, biodiesel, minerales de plata, carne bovina y maní, entre otros. Los principales destinos son los Países Bajos —por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada al bloque—, Alemania, España, Italia e Irlanda. Del otro lado, desde Europa llegan a Argentina combustibles, medicamentos, bienes de capital y fertilizantes, con Alemania como quinto proveedor de importaciones del país.

Qué cambió el 1° de mayo

El 1° de mayo de 2026 entró en vigor el Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-UE, que la BCR califica como “el acuerdo de mayor envergadura que el Mercosur logra cerrar en toda su historia”. El tratado vincula a los cuatro países del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— con los 27 de la Unión Europea y crea, según el informe, “el área de libre comercio más grande del mundo, eliminando la discrecionalidad potencial en política comercial”.

En términos concretos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la UE. Para los productos agrícolas que no tienen liberalización total —como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz y maíz— se establecen cuotas de acceso. Otros productos agropecuarios, como hortalizas, frutas y vino, tendrán baja de aranceles sin cuota.

Mirado desde el conjunto de las exportaciones del Mercosur, el 99% ingresa al acuerdo con algún tipo de beneficio. El 74% ya está libre de aranceles desde el momento en que el acuerdo entró en vigor, y un 18% adicional se irá liberando de forma progresiva en los próximos diez años. Solo el 0,3% del total de exportaciones queda fuera del acuerdo.

Para Argentina en particular, la BCR remarca que “el 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consiste en productos del agro”, lo que convierte a la agroindustria en la protagonista del acuerdo. Además, el 15% de las exportaciones de alimentos al bloque europeo son productos altamente diferenciados, una proporción mayor a la que Argentina registra con otros socios comerciales como India o Indonesia.

Las retenciones, en el centro del debate

Uno de los aspectos que genera mayor atención en el sector agroindustrial no es la baja de aranceles de importación europeos, sino las restricciones que el acuerdo impone sobre los derechos de exportación argentinos.

A partir del tercer año de aplicación —es decir, desde el 1° de mayo de 2029— “Argentina no podrá establecer derechos de exportación a exportaciones hacia la UE”, salvo excepciones previstas en el texto. El caso más sensible es el del Complejo Soja. El acuerdo establece un techo de retenciones del 18% al quinto año (mayo de 2031) y del 14% para el décimo año (mayo de 2036). Nada impide, aclara el informe, que las autoridades fijen alícuotas por debajo de esos umbrales.

Pero el impacto va más allá de la soja. “Por sus disposiciones generales el acuerdo llevaría a cero en tres años a los derechos de exportación de los complejos maíz, trigo, sorgo, girasol, carnes, entre otros destacados productos que se envían al bloque europeo”, advierte la BCR. Las excepciones a esa eliminación incluyen 191 posiciones arancelarias detalladas en un anexo específico y la posibilidad de reimplantar retenciones ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca de la moneda local, aunque esa reimplantación no puede ser permanente.

De concretarse la baja generalizada de derechos de exportación para los productos que van al bloque europeo, la BCR estima “un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de 10.529 millones de dólares en 10 años”.

Nivelar el campo de juego

El informe de la BCR pone en perspectiva otro beneficio del acuerdo que suele quedar en segundo plano: la equiparación de condiciones frente a competidores que ya tenían acceso preferencial al mercado europeo. “El acuerdo nivela las condiciones de acceso a un mercado en el que muchos competidores ya tienen un acuerdo de libre comercio”, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

En paralelo, el tratado garantiza estabilidad en las reglas de acceso —algo relevante en un contexto internacional de creciente incertidumbre comercial— y mejora las condiciones de importación de insumos industriales desde Europa.

Inversiones y otros alcances del acuerdo

El acuerdo no se limita al intercambio de bienes. La BCR señala que el Mercosur-UE espera ser también “un catalizador de inversión extranjera directa”. Como ejemplo reciente, el informe cita el anuncio de la Embajada de Alemania de un acuerdo para abastecer dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) a ese país a partir de 2027.

En materia de fondos provenientes del bloque europeo, el acuerdo prevé 1.800 millones de euros para el Mercosur: 400 millones en subvenciones directas y 1.400 millones canalizados a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones. La distribución entre los países del bloque dependerá, según el informe, “del interés, proactividad y capacidad de cada país”.

El acuerdo también incluye compromisos en materia de comercio electrónico, facilitación del comercio y defensa comercial, en línea con los estándares de la Organización Mundial del Comercio. Y contempla un trato preferencial para el Mercosur frente a la normativa europea de deforestación, permitiendo la validación de sistemas de control y datos propios ante las autoridades del bloque.

Para la BCR, el valor del acuerdo excede lo estrictamente arancelario: “Representa la consolidación de un marco institucional que Argentina no tenía. En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo”.

La reciente incorporación al sistema jurídico argentino de la Resolución Mercosur GMC Nº 36/22 marca un cambio relevante para la regulación de alimentos y productos domisanitarios. Según la Resolución 2577/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la decisión responde al compromiso asumido en el Protocolo de Ouro Preto y busca garantizar la uniformidad regulatoria entre los Estados Partes del bloque regional.

La nueva normativa sustituye y deroga las resoluciones GMC Nº 25/96, 26/96, 27/96, 35/99, 56/00 y 24/05, así como disposiciones nacionales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), incluyendo las disposiciones 2320/02, 2316/06 y 1247/15. Además, introduce modificaciones en el marco normativo vigente, particularmente en lo relativo al etiquetado de productos destinados a la industria alimenticia.

A partir de la entrada en vigor de la Resolución GMC Nº 36/22, la comercialización y control de los productos domisanitarios en Argentina se regirá por un marco común, alineado con el resto de los países miembros del Mercosur. El procedimiento de implementación establece que la norma será aplicable en forma simultánea en todos los países miembro, 30 días después de la notificación oficial de su incorporación por cada país, según lo dispuesto por la Secretaría del Mercosur.

Además, la nueva regulación redefine los requisitos técnicos y administrativos para la fabricación, comercialización y control de productos domisanitarios, es decir, aquellos destinados a la limpieza y desinfección de ambientes y superficies en el hogar y espacios públicos.

El objetivo es actualizar y unificar los estándares de seguridad y calidad de los productos domisanitarios, facilitando el comercio intra-regional y asegurando condiciones homogéneas para los fabricantes y distribuidores de estos productos..

En la tramitación de la disposición participaron la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT, cada una en el ámbito de sus competencias. La medida se adopta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

La adopción del Reglamento Técnico Mercosur para la regulación de estos productos constituye un paso relevante en la actualización del marco normativo nacional y regional, con el objetivo de asegurar estándares uniformes y promover la integración institucional en materia de salud pública y seguridad química.

Nuevas reglas para ingredientes en cosméticos

A través de la Resolución 2576/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dio otro paso hacia la adopción de lo establecido por el acuerdo del Mercosur, al actualizar el marco regulatorio de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, en línea con los acuerdos del Mercosur.

La decisión, formalizada mediante disposición administrativa, responde a la estrategia de armonización de estándares técnicos entre los países del bloque y a la necesidad de actualizar la regulación sobre determinadas sustancias de uso cosmético.

Uno de los ejes centrales de la medida es la modificación de las condiciones de uso para el Piritionato de Zinc (Zinc Pyrithione), una sustancia empleada principalmente como agente anticaspa en productos capilares. A partir de la nueva disposición, su uso queda restringido al uno por ciento (1%) en productos para el cabello que se enjuagan, medida que deberá ser respetada por todos los fabricantes y comercializadores del sector.

De igual manera, se incorpora formalmente la sustancia Climbazole (1-(4-clorofenoxi)-1-(1-Imidazolil)-3,3-dimetil-2-butanona) al listado de ingredientes permitidos, estableciendo un límite de uso del dos por ciento (2%) únicamente en shampoos que se enjuagan. Ambas modificaciones buscan reforzar la seguridad de los consumidores y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales en la formulación de este tipo de productos.

La nueva normativa modifica y actualiza el Anexo de la Disposición ANMAT N° 6365/12, que contiene la lista de sustancias sujetas a restricciones en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. Con la inclusión del Climbazole y la redefinición de los límites para el Piritionato de Zinc, se refuerza el control sobre los ingredientes utilizados por la industria, alineando los criterios nacionales con los consensuados a nivel regional.

Las condiciones de uso para ambas sustancias quedan expresadas en el nuevo anexo aprobado, el cual reemplaza al documento previamente vigente. Esta actualización busca evitar la dispersión normativa y facilitar la fiscalización, tanto en el mercado interno como en el comercio intra-Mercosur.

La implementación del nuevo marco regulatorio involucra a diversas áreas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre ellas la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Gestión de Información Técnica. Estas dependencias participaron en la revisión y adecuación de la normativa, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

En términos concretos, la medida implica la actualización de los procedimientos de registro y control de estos productos, así como la obligación de adaptar las formulaciones y etiquetados a los nuevos límites establecidos para el Piritionato de Zinc y el Climbazole. El objetivo es asegurar la protección de la salud pública y garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares internacionales más recientes.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) comenzó a dar sus primeros frutos concretos para la Argentina. En las últimas horas se emitió el primer certificado que habilita el uso de las cuotas otorgadas por el bloque europeo al Mercosur, y el producto elegido fue miel natural proveniente de Concordia, Entre Ríos. El cargamento partió hacia Europa con un arancel del 0%, cuando hasta el 30 de abril pasado el mismo producto ingresaba al mercado comunitario con un arancel del 17,3 por ciento.

La noticia fue celebrada por el canciller Pablo Quirno, quien la confirmó mientras viajaba a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de la Conferencia Global del Milken Institute. “Recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa”, escribió Quirno en su cuenta de X. Y agregó: “Más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo Mercosur- UE es una realidad federal y está en marcha”.

Desde Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio también celebró el hito con énfasis provincial. “Durante años acompañamos y trabajamos para que el acuerdo Mercosur-UE fuera una realidad. Hoy lo es, y qué alegría enorme que el primer certificado emitido sea entrerriano: miel de Concordia llegando a Europa con arancel 0%”, publicó en la misma red social. “Esto recién empieza”, añadió.

De acuerdo con la información que figura en el certificado compartido por Quirno, el envío ya se encuentra en tránsito (salió de Argentina el 3 de mayo). En total se exportaron 64 cartones de miel natural, por un peso de 20.986 kilogramos. El importador fue la empresa Langnese Honig GmbH & Co., de Alemania.

Un sector en plena expansión

La exportación de miel entrerriana no llega a Europa en un momento cualquiera. El sector apícola argentino atraviesa un período de crecimiento sostenido que los datos más recientes muestran con claridad.

Según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el Consejo Agroindustrial Argentino con datos a marzo de 2026, el sector exportó en el primer trimestre del año 73,9 millones de dólares, lo que representa un incremento del 93,7% respecto al mismo período de 2025. Solo en marzo de 2026 las exportaciones alcanzaron los 39 millones de dólares, un salto del 122,7% en relación a marzo del año anterior.

En términos de volumen, entre enero y marzo de 2026 se exportaron 29.887 toneladas de miel natural, frente a las 13.638 toneladas despachadas en el mismo período de 2025, lo que implica un aumento del 83,9% en cantidad. El valor por tonelada también subió: de 2.330 dólares por tonelada en 2025 a 2.473 dólares por tonelada en 2026.

El contexto de 2025 ya había mostrado una mejora respecto al año anterior. De acuerdo al mismo informe —en su edición de diciembre de 2025—, el sector cerró ese año con exportaciones totales por 211,1 millones de dólares, un 13,3% más que en 2024. En toneladas, las exportaciones de 2025 sumaron 90.614 toneladas de miel natural, contra las 85.736 de 2024, lo que marcó una suba del 5,7% en volumen. En 2024, a su vez, las exportaciones habían crecido apenas un 1,5% respecto a 2023, año en que se habían exportado 75.647 toneladas. El promedio histórico entre 2018 y 2022 se ubicaba en 69.320 toneladas anuales.

El cuadro que emerge es el de un sector que venía creciendo de manera gradual y que en los primeros meses de 2026 experimentó una aceleración pronunciada, en parte anticipando o acompañando la entrada en vigor del acuerdo con la UE.

Un acuerdo con proyecciones de largo plazo

El primer certificado apícola es la expresión más inmediata de un proceso que tardó más de 25 años en cerrarse. El acuerdo Mercosur-UE entró en vigencia de manera provisional y da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas, con la eliminación prevista de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques.

Para la miel, el acuerdo estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles. La primera exportación certificada bajo ese régimen fue argentina, y provino de Entre Ríos, una de las provincias con mayor tradición apícola del país.

La Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y un 122% en diez años. Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección, con aranceles promedio del 12,6%.

Sin embargo, no todas las voces del sector privado comparten el mismo optimismo sin matices. La Cámara de Exportadores (CERA) advirtió que “los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas —que aún restan distribuir intra-Mercosur—, la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

La apicultura argentina, en números

El sector apícola tiene presencia en 22 de las 23 provincias argentinas y genera impacto en las economías locales, dado que los productores desarrollan su actividad en cercanía de donde viven. Según el Registro Nacional de Productores Apícolas (Renapa), hay más de 22.000 apicultores en todo el territorio nacional, que declaran más de 4.000.000 de colmenas. La producción anual estimada supera las 75.000 toneladas de miel, extraídas en más de 1.200 salas de extracción habilitadas por el Senasa.

Entre Ríos es una de las provincias de mayor peso en ese universo productivo. Que el primer certificado emitido bajo el nuevo régimen comercial haya sido entrerriano no es un detalle menor: es la señal concreta de que el acuerdo, después de décadas de negociaciones, empezó a traducirse en operaciones reales.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur ya entró en vigencia de manera provisional, tras más de 25 años de negociaciones, y el Gobierno espera un salto exportador de magnitud ante la apertura.

El tratado da origen a un mercado integrado de más de 700 millones de personas y prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. Su implementación no será uniforme ni inmediata: mientras algunas reducciones ya están en vigor, otras se aplicarán de manera progresiva.

En ese marco, la Secretaría de Comercio proyecta que las exportaciones nacionales hacia la UE aumentarán un 76% en los primeros 5 años y un 122% en 10 años. En particular, se verán beneficiados los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero.

Fuentes oficiales remarcaron que el 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficiarán de las reducciones arancelarias surgidas del acuerdo, en un contexto donde el bloque europeo ha mantenido históricamente altos niveles de protección y exigencia, con aranceles promedio del 12,6%.

Es en gran medida por ello que el tratado enfrenta resistencias entre países como Francia, donde los productores agropecuarios se manifestaron en reiteradas ocasiones y presionan para evitar su puesta en marcha definitiva. La decisión para su plena vigencia ahora está en manos del Tribunal de Justicia y el Parlamento de la UE.

Respecto a los productos industriales, el acuerdo establece la eliminación del 100% de los aranceles por parte de la UE a las importaciones del Mercosur, con una liberalización inmediata del 80%.

En cuanto a la energía, “la Argentina se posiciona como un socio relevante en sectores estratégicos. La reducción de aranceles, como el 5,5% vigente para el litio, mejora las condiciones de acceso y competitividad de estos productos en el mercado europeo”, señaló la cartera de Comercio.

“El acuerdo permite equiparar la posición del país frente a competidores que ya contaban con ventajas arancelarias, como Chile, Sudáfrica o Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad“, añadió.

Sector por sector

En lo inmediato, las medidas que empezaron a regir la semana pasada para las exportaciones del Mercosur son las siguientes:

• Carne vacuna: se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel preferencial del 7,5%.
• Carne aviar: el acuerdo fijó una cuota de 180.000 toneladas anuales libres de aranceles.
• Azúcar: Brasil dispondrá de una cuota de 180.000 toneladas sin aranceles y Paraguay contará con un cupo adicional de 10.000 toneladas también al 0%.
• Miel: se estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres de aranceles.
• Huevos: el cupo será de 3.000 toneladas anuales al 0%.
• Limones: la exportación quedará libre de aranceles en un plazo de siete años.
• Naranjas y mandarinas: alcanzarán el arancel cero en diez años.

De todos modos, la Cámara de Exportadores (CERA) afirmó: “Hay que tener en cuenta que los beneficios en el comercio podrían ser matizados por una serie de factores, tales como la magnitud acotada de las cuotas (que aún restan distribuir intra-Mercosur), la introducción de una salvaguardia bilateral europea para diversos productos agrícolas, y ciertas normativas europeas que podrían configurarse como barreras no arancelarias”.

Desde el Ejecutivo resaltaron que Argentina tiene plazo hasta 2041 para liberar casi el 91% del comercio, pudiendo extenderlo, en algunos casos especiales, hasta 2056. “Se acordaron exclusiones y plazos prudentes para la adaptación industrial en favor del Mercosur ya que la UE eliminará los aranceles a las importaciones más rápido”, precisaron.

Por otro lado, según Abeceb, el acuerdo funcionará además como un marco institucional que reducirá el riesgo percibido por los inversores internacionales. La consultora proyectó que los flujos netos anuales de inversión europea hacia la Argentina podrían duplicarse respecto de los niveles actuales y ubicarse entre USD 3.500 millones y USD 4.000 millones anuales.

Así, el stock acumulado de inversión extranjera directa europea en la Argentina podría alcanzar los USD 92.000 millones hacia el final de la década.

Cabe recordar que la Unión Europea representa cerca del 40% del capital extranjero radicado en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones. En el caso de España, el informe señaló que se ubicó como el segundo mayor inversor individual en la Argentina, con fuerte presencia en infraestructura, banca y energía.

Líderes de la Unión Europea y del Mercosur celebraron este viernes la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial bilateral, tras años de negociaciones y expectativas.

La noticia se confirmó durante una videoconferencia extraordinaria en la que participaron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; António Costa, presidente del Consejo Europeo; y los mandatarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El tratado comenzó a aplicarse de manera provisional después de que el Consejo Europeo autorizara a la Comisión a hacerlo tras la primera ratificación de un país del Mercosur, ocurrida el 27 de febrero.

Desde hoy, el acuerdo habilita la liberalización de más del 90% de los aranceles que regían entre ambos bloques económicos, tanto de forma inmediata como gradual, creando un mercado de 700 millones de personas y afectando a más del 91% de las mercancías europeas exportadas al Mercosur.

Entre los productos europeos que se benefician de la reducción o eliminación de aranceles figuran automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva, mientras que el sector agroalimentario prevé un crecimiento de exportaciones del 50% hacia los países del Mercosur, según estimaciones de la Comisión Europea.

Bruselas calcula que las exportaciones anuales europeas a la región podrían alcanzar los 50.000 millones de euros en 2040.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que el inicio de la aplicación provisional del acuerdo trae beneficios tangibles y visibles de inmediato, con la baja de los aranceles y la apertura de nuevos mercados para las empresas europeas.

Además, subrayó que los inversores acceden a un entorno de mayor previsibilidad y que la puesta en marcha del acuerdo permitirá comprobar de manera concreta sus ventajas.

Durante la videoconferencia, António Costa señaló que el tratado representa mucho más que un pacto comercial. Lo definió como una alianza basada en una visión compartida y fundamentada en normas, valores e intereses comunes, y resaltó que la cooperación multilateral se fortalece con acuerdos de este tipo.

Von der Leyen agregó que la colaboración entre los bloques genera prosperidad para todos, y que la voz conjunta de la Unión Europea y el Mercosur resonará con mayor intensidad en el escenario internacional.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la jornada como histórica para el multilateralismo, al recordar las más de dos décadas de negociación que demandó concretar el acuerdo.

Además, precisó que el tratado abarca alrededor de 30 países, cuya población suma 720 millones de habitantes y un producto interno bruto conjunto de 22 billones de dólares.

Entre otros temas, ratificó que la entrada en vigor abrirá nuevas oportunidades para los sectores productivos de Brasil, con más comercio, inversiones y presencia internacional para el país.

Luego, Santiago Peña, presidente de Paraguay, consideró que el acuerdo era hasta hace poco una meta inalcanzable y que ahora trae consigo una promesa concreta de más empleo, acceso a nuevos mercados y mayores posibilidades de crecimiento.

En el caso de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que con la entrada en vigor del acuerdo, el Mercosur adquiere una dimensión completamente diferente a nivel internacional.

Esto incluye además medidas de salvaguarda para proteger a los productores europeos ante posibles impactos negativos. La Unión Europea podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias para determinados productos agroalimentarios, como carne de vacuno, pollo, huevos, azúcar y cítricos, si las importaciones aumentan más de un 5% respecto a la media de los últimos tres años y los precios caen por debajo de un 5% del valor en el mercado europeo.

En ese caso, la Comisión Europea deberá abrir una investigación para determinar la necesidad de medidas de protección.

(Con información de Europa Press y EFE)

Tras 25 años de negociaciones, este viernes 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A grandes rasgos, el acuerdo beneficia primero a los productores latinoamericanos, que podrán exportar a los países del bloque europeo sus productos, a bajo coste, ganando cuota de mercado a los productores locales. Por su parte, los europeos esperan entrar en el mercado de los cuatro países que conforman el bloque latinoamericano con bienes y servicios que, hasta hoy, contaban con elevados aranceles.

España se posiciona como la gran ganadora del acuerdo, siendo la puerta de entrada a Europa de los productos del Mercosur por sus lazos históricos con Argentina, Uruguay y Paraguay, así como por sus alianzas comerciales previas. Además, los productores españoles esperan aumentar sus exportaciones de aceites de oliva y vinos, con denominación de origen protegida (DOP), que que irán reduciendo sus impuestos de exportación progresivamente, hasta ser eliminados en 15 años.

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo, que crea un área de libre comercio con más de 720 millones de ciudadanos y el 25% del PIB global. Para Mercosur, supondrá la eliminación del 92% de los aranceles a las exportaciones, mientras que la UE eliminará el 91% de sus impuestos a la exportación. “Frente al proteccionismo la UE y los países del Mercosur apostamos por la apertura, el multilateralismo y por nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible”, ha señalado en su cuenta de X.

Miedo y preocupación en el campo español

Pese a que el acuerdo supone una apertura comercial para todos los sectores europeos, desde el sector primario, encabezado por agricultores y ganaderos, temen una competencia desleal con los productos sudamericanos. La entrada de productos a bajo coste desde el otro lado del Atlántico supone para el campo un nuevo desafío, que se suma a la reducción presupuestaria del Presupuesto Agrario Común (PAC) y el alza de los costes de producción, que se han disparado aún más desde el ataque de Estados Unidos a Irán y el descenso del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los principales sindicatos agrarios han señalado que este acuerdo cuenta con un claro desequilibrio para la Unión Europea. “Aquí en España, en la ganadería, las consecuencias son muy importantes, sobre todo el vacuno, el avícola y el porcino. Además de la producción de miel”, señaló a Infobae Andoni García, responsable de Organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).”

Para García este acuerdo supone una balanza negativa para el sector agrario por el volumen de importaciones y exportaciones, señalando a su vez que este acuerdo beneficia “a las multinacionales, en contra de los agricultores, ganaderos y consumidores”. Además, el responsable de COAG destaca que la eliminación de aranceles abre la puerta a productos a precios más bajos que los propios costes de producción de España.

“Se suman varias cosas, en Europa los costes están condicionados por normativas respecto a medioambiente, seguridad, sanitarios, bienestar animal, y los productos del Mercosur van a entrar sin cumplir con estas normativas”, señala, asegurando que, la diferencia entre el nivel de vida también perjudica al campo europeo, porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pueden enviar productos a bajos costes.

Salvaguardas para proteger a los productores europeos

Las protestas lideradas por los agricultores y ganaderos durante la última semana de febrero dieron sus frutos, rechazando el Parlamento Europeo la entrada en vigor provisional del acuerdo la primera semana de marzo. Tras el rechazo, la Comisión Europea aprobó las salvaguardas exigidas por el campo para proteger los productos agrícolas locales.

Así, Bruselas añadió al acuerdo salvaguardas, fijando umbrales para actuar ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones. En concreto, el umbral se ha fijado en el 5% en el incremento medio de las importaciones desde el Mercosur durante tres años y se realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles, publicando informes periódicos para evaluar la evolución del mercado.

Vino y aceite de oliva, los grandes ganadores

Pese a los problemas que puede conllevar el acuerdo para algunos productores españoles y europeos del sector primario, España se posiciona como el principal ganador del pacto comercial. Según el último informe del Banco de España, hay al menos 1.709 empresas españolas con inversión directa en la región, lo que representa el 37% del total nacional con presencia exterior, destacando en sectores como la banca, energía, infraestructura y telecomunicaciones.

El acuerdo contempla la eliminación de aranceles de hasta el 35% en algunos productos industriales, y para el vino y el aceite de oliva, dos de los principales rubros exportadores españoles, se suprimirán por completo los gravámenes, mientras que el calzado europeo pagará un 5% frente al 25% de sus competidores internacionales.

Además, el informe estima que el 15% de las exportaciones latinoamericanas a la UE tienen como destino España, y que “en torno a dos de cada 100 empleos en los países seleccionados tienen un vínculo directo con las exportaciones a España”, lo que posiciona a nuestro país como el gran beneficiado exportador e importador del acuerdo que, tras 25 años de negociaciones, comienza a funcionar este 1 de mayo.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur entra en vigor de manera provisional este viernes, pese a que sigue pendiente un fallo judicial sobre la legalidad del tratado.

El pacto, destinado a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, quedó cerrado en enero tras más de 25 años de negociaciones. Su entrada en vigor cuenta con el respaldo de la mayoría de los países del bloque europeo, en un contexto marcado por la búsqueda de diversificación comercial frente a los desafíos que plantean Estados Unidos y China.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: “Se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora ha llegado el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas cosechen sus beneficios de inmediato”. Además, sostuvo: “Desde el primer día se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

La funcionaria agregó: “Se trata de una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que conseguirán nuevas y valiosas oportunidades de exportación, con la plena protección de los sectores sensibles”.

El acuerdo elimina los aranceles en más del 90% del comercio entre ambas regiones. En ese marco, favorece las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, y facilita el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne de vacuno, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja.

Para marcar la fecha, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mantienen conversaciones en línea con los líderes de los países de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En conjunto, la UE y Mercosur representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores, lo que ubica al acuerdo entre los más relevantes a nivel global.

La entrada en vigor provisional del tratado se produce mientras el Parlamento Europeo mantiene abierto un proceso ante el máximo tribunal de la UE, al que remitió el acuerdo en enero para que se pronuncie sobre su legalidad. Ese dictamen sigue pendiente.

El avance del pacto genera divisiones dentro de Europa. Francia encabeza la oposición por la preocupación de sus agricultores, que temen la competencia de productos más baratos procedentes de Sudamérica, en especial de Brasil y países vecinos. El intento francés de bloquear el acuerdo no prosperó y derivó en un enfrentamiento público con Alemania, uno de los principales impulsores del tratado dentro de la Unión Europea.

En paralelo, Bruselas impulsa otros nuevos acuerdos comerciales con socios estratégicos como India, Australia e Indonesia, en línea con su estrategia de ampliar el acceso a todos los mercados internacionales.

La entrada en vigor del acuerdo marca un nuevo paso en la relación comercial entre ambos bloques, mientras persisten las diferencias internas en Europa y la expectativa por el fallo judicial que definirá el marco legal del tratado.

(Con información de AFP y EP)

El Parlasur, órgano deliberativo y consultivo del Mercosur, con sede en Montevideo, se fundó en 2005 y funciona desde 2007. Reúne a 118 parlamentarios de Argentina (43), Brasil (37), Paraguay (18) y Uruguay (18), más representantes de Bolivia con voz pero sin voto. Sus resoluciones, aunque no vinculantes, deben ser debatidas por los parlamentos nacionales en un plazo de 180 días si son aprobadas. El quórum para sesionar es de 38 parlamentarios y el piso para aprobar disposiciones es de 59. Entre sus funciones, tiene mandato expreso de velar por el orden democrático en los países del bloque, en línea con el Protocolo de Ushuaia.

Según señalaron a Infobae fuentes diplomáticas, el Gobierno les pidió a sus representantes que bloqueen el retorno de Venezuela, con un argumento más relacionado a la economía que a la ideología: “La presencia de Venezuela en el bloque podría generar competencia con Vaca Muerta”, señalaron a este medio. “La posición argentina no tiene sentido, porque Chevron –petrolera estadounidense– está en Vaca Muerta y también está en Venezuela”, señaló Gabriel Fuks, parlamentario de Unión por la Patria.

Qué pide Venezuela y cómo reaccionan los legisladores argentinos

La delegación venezolana que viajó a Montevideo estuvo integrada por parlamentarios de distintos sectores de la Asamblea Nacional venezolana, tanto del oficialismo como de la oposición. Ante la Mesa Directiva del Parlasur –presidida por el paraguayo Rodrigo Gamarra–, los legisladores reclamaron la reincorporación al organismo regional.

Fuks, quien participó de esa reunión, explicó que la Mesa Directiva resolvió abrir un proceso de análisis sobre la solicitud. En una sesión anterior, el propio parlamentario argentino había presentado una moción para crear una comisión para estudiar una carta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana dirigida al Parlasur. “El Parlamento decidió iniciar un proceso de análisis sobre esta cuestión, con voces más críticas y muchos actores a favor”, señaló.

Desde La Libertad Avanza, el parlamentario Iván Dubois rechazó de plano cualquier posibilidad de reincorporación. “No corresponde y es un ejemplo más de avance de sectores que solo han perjudicado vidas, economías e incluso bloques económicos”, afirmó a Infobae. Dubois invocó el Protocolo de Ushuaia y argumentó que la democracia exige más que el acto de votar: requiere elecciones libres, competitivas, respeto a las libertades públicas, división de poderes y ausencia de persecución política.

“Por eso Venezuela no puede ingresar ni ser reincorporada mientras mantenga presos políticos, persecución a opositores e instituciones denunciadas por torturas o ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo.

La posición de La Libertad Avanza en el Parlasur es, no obstante, minoritaria. Algunos legisladores del PRO plantearon objeciones al reingreso venezolano, pero tampoco cuentan con peso suficiente para inclinar la balanza. Los bloques nacionales de Paraguay, Uruguay y la bancada de Unión por la Patria conforman una mayoría dentro del organismo.

“Venezuela fue suspendida por dos razones, por no haber incorporado las normas Mercosur, incluido el Protocolo de Ushuaia, dentro de su legislación. Y el segundo, fue en el momento en que se habían producido los ataques a las manifestaciones opositoras. Y en realidad lo que se ha producido es una profundización de la represión, una violación de todas las elecciones a través del fraude. Consecuentemente, no pueden venir gratuitamente de vuelta al Mercosur sin cumplir con lo que establece el artículo 7, que plantea que Venezuela tiene que demostrar la restauración democrática”, indicó la parlamentaria radical Lilia Puig a LT10.

Y agregó: “Nosotros tenemos que defender la cláusula democrática del Mercosur, que además negociamos e impusimos en el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Entonces, no se entiende, decimos que hacemos una cosa con la mano, después borramos con el codo y priman los negocios, negocios del petróleo y otros”.

Escenario regional

El escenario regional también presiona en esa dirección. Paraguay, que ejerce la Presidencia pro tempore del Mercosur hasta julio, anunció el 27 de marzo que propondrá formalmente la reincorporación de Venezuela ante los demás miembros plenos. Desde Unión por la Patria anticipan, además, que Brasil podría hacer algún movimiento diplomático sobre el tema en el corto plazo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ya señaló que la suspensión de Venezuela “será reconsiderada” dado que el país “atraviesa un momento diferente”.

UxP defiende el reingreso venezolano bajo el argumento de que la integración regional puede oxigenar el proceso político en ese país. Fuks aclaró que la reincorporación no implicaría necesariamente voz y voto plenos: “Se está pensando algún tipo de situación intermedia”, dijo. “La única manera de destrabar eso no es aislarlo”, agregó en referencia a Venezuela.

“El proceso está iniciado. Posiblemente en junio el debate se dé en el Parlamento”, sostuvo el legislador. Y amplió: “El único que ha expresado oposición es la Cancillería Argentina porque sigue cuatro kilómetros atrás con la discusión de todo. A lo largo de este año, quizás mucho antes, para mitad de año, esté más en claro el reingreso de Venezuela al Mercosur, que tiene una oportunidad única de volver a ampliarse mucho en esta etapa, en el momento que, además, entra en vigor el acuerdo con la Unión Europea”.

Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática del bloque, en respuesta a la represión de protestas antigubernamentales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que desplazó al Legislativo. El país se había incorporado como miembro pleno en 2012, 11 años después de la creación del bloque en 1991.

Dos décadas y media han hecho falta para cerrar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Su puesta en marcha, el 1 de mayo, levanta dudas y temores entre algunos ciudadanos y productores. A la incertidumbre de si realmente los productos y servicios europeos lograrán penetrar en los mercados de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se suma el miedo de ciertos sectores, como el agroalimentario, por competir con importaciones de alimentos con precios más reducidos.

El Dr. VanDyck Silveira, director de Estrategia Global de la UCAM y profesor de estrategia y economía nos aporta su visión sobre el acuerdo sellado entre ambos bloques. De origen brasileño y con amplia experiencia en el ámbito empresarial y de la banca, Silveira destaca la gran oportunidad que supone este tratado para Europa, en un contexto geopolítico que aleja a los grandes polos, Estados Unidos y China, de los intereses de la Unión Europea.

Además, para los productos españoles el acuerdo puede suponer la apertura de nuevos mercados, donde introducir productos con alto valor añadido como el vino y el aceite de oliva. A nivel estatal, España debe cumplir con un rol clave: ser la puerta de entrada a Europa de los productos latinoamericanos.

Pregunta: ¿A quién beneficia el acuerdo, a la UE o a Mercosur?

Respuesta: Los dos se benefician por razones distintas. En el agregado no hay perdedores, pero dentro de cada estructura hay gente que se beneficia mucho y gente que tendrá problemas si no comprende las ventajas comparativas. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, Mercosur tiene superioridad productiva comparado con Europa, pero esta tiene comida de alta calidad, la famosa Denominación de Origen.

P.: ¿Qué papel ha jugado la política interna de países como Francia o Alemania en el bloqueo o impulso del acuerdo?

R.: Hay mucho interés por parte de los países más fuertes. Alemania, Francia, Italia y España están de acuerdo con el tratado. En Bruselas, a puerta cerrada, hay mucha conversación y no veo que Polonia o Irlanda, que son economías más pequeñas con miedo por el vacuno y el trigo, vayan a conseguir descarrilar el proyecto. Además, en este momento Europa está apretada entre la espada y la pared. A un lado tiene la amenaza china de entrar en el mercado y ocupar todo y, por el otro, la incertidumbre de la relación con Estados Unidos.

P.: ¿Crees que este acuerdo se da para reducir la dependencia de la Unión con de estos dos países?

R.: Hay una dependencia muy grande, pero es temporal. En ausencia de un Estados Unidos líder, liberal, que abraza el comercio, la integración global, la interdependencia, en ausencia de quien ha dictado las normas globales en los últimos 85 años, no sabemos lo que va a pasar. Por eso, la alternativa es la expansión y Mercosur es una gran oportunidad para la UE. Trump abrió una caja de Pandora que demanda diversificación y la más objetiva es Mercosur, la India y Australia.

P.: Se habla mucho de la normativa europea ambiental y las exigencias para sus productores internos. ¿Crees que la Comisión Europea ha cedido demasiado en materia ambiental para cerrar el acuerdo?

R.: Esta cuestión lleva mucha ideología detrás y muchas falsas verdades, prejuicios. No podemos valorar una situación por la foto, tenemos que ver la película, que tiene mucho más para entender el entorno. El medio ambiente está en el acuerdo y es posible auditar si los países y empresas están cumpliendo, pero hay miedo a perder por parte muchos gatos gordos de América Latina y Europa.

P.: En cuanto a las exportaciones, ¿qué sectores europeos son los que tienen una mayor oportunidad?

R.: Veo que productores de maquinaria de alta precisión, como los textiles y telares de Italia pueden exportar a Argentina. Lo mismo con los coches, van a mejorar la calidad en Mercosur sin tener que montarlos en Brasil. También es una oportunidad para mejorar las líneas aéreas, si entran las aerolíneas europeas van a ser un éxito. Productos de alta gama, como bolsos o trajes, van a entrar con mejores precios por la bajada de aranceles y coches. No va a ser el Seat León, pero sí el Cupra, el BMW, el coche de alta gama que entre a Latinoamérica.

P.: Una vez aprobado el acuerdo, ¿qué margen tienen los gobiernos nacionales para bloquear o modificar el acuerdo?

R.: Tienen poder, pero creo que hay una relación concreta entre todos los países y es que esto es importante para Europa. No creo que pongan pegas. Fueron más de 20 años de negociaciones, dudo que haga falta debatir más esto, porque se ha debatido hasta la muerte. Además, en este momento hay una urgencia en ser extremadamente pragmático, porque los dos polos más grandes del mundo, China y Estados Unidos, no son los grandes amigos de Europa.

P.: Centrándonos en España, ¿crees que está preparada para competir con productos agroalimentarios del Mercosur?

R.: No tengo dudas. La calidad de los productos españoles es altísima. Por ejemplo, en Murcia han comprendido que es necesario ‘gourmetizar’ y enfocarse en la calidad, porque en cantidad Mercosur te puede destrozar, pero en la calidad es donde hay un añadido de valor de verdad. ¿Cuántos sitios en el mundo pueden producir un queso manchego? Solo España. Exactamente eso es el valor añadido.

P.: ¿Qué comunidades autónomas pueden verse más afectadas o beneficiadas por este acuerdo?

R.: Cataluña va a ser una de las grandes beneficiadas porque tiene mucha producción industrial, que tiene mucho espacio en el acuerdo. También Galicia, por la exportación de pescados, crustáceos, mariscos y la calidad de la comida del mar que hay. Madrid, por la parte de la banca, los servicios, o el País Vasco por la producción de acero y armas. España tiene una de las mejores condiciones para salir bien parada del acuerdo.

P.: También se hablaba de lo beneficiosos que puede ser para sectores como el vino o el aceite de oliva. ¿Crees que esto es real o a la hora de la verdad introducirse en estos mercados es más complicado?

R.: En todos los países latinoamericanos hay mucha demanda de aceite de oliva, especialmente el español. En Brasil, con la preocupación de la salud, el consumo de aceite de oliva aumentó y la gente tiene el aceite de oliva español como referencia. El vino español también tiene mucho espacio, porque es muy desconocido en América Latina. Con la calidad y el precio que tiene va a ser una revolución de consumo.

P.: ¿El acuerdo abrirá oportunidades para las pymes españolas que quieran internacionalizarse o solo a las grandes empresas?

R.: Las pymes son las que más se benefician, porque las grandes empresas ya están allí, Fiar, Mapfre, Santander. Las pymes, especialmente las especializadas y enfocadas en productos de alta calidad, van a salir beneficiadas. Además, muchas empresas de Europa y España van a hacer proyectos de compraventa y uniones con empresas de América Latina.

P.: ¿España puede actuar como puente estratégico entre la UE y el Mercosur o ese rol está sobreestimado?

R.: España es el punto principal de entrada de Mercosur a Europa. Es el puente, el aeropuerto y el puerto. Va a ser el embajador de esta unión comercial.

P.: ¿Qué errores no debería cometer España para aprovechar este acuerdo?

Tiene que mantener la relación, independientemente del Gobierno que entre o salga. Tiene que ser algo que no tenga marcas. Lo peor que puede pasar es meter la pata por intentar crear una marca propia. Esto no es una labor de Pedro Sánchez. Ha sido una labor de 20 años de presidentes y parlamentos. Transformar eso en una marca personal puede ser el un error muy grande.

A raíz del acuerdo comercial firmado con el Mercosur, las inversiones de la Unión Europea (UE) en Argentina podrían llegar a los USD 92.000 millones, mientras que las exportaciones hacia ese destino se duplicarían, alcanzando los USD 15.100 millones.

Así surge de estimaciones de la consultora Abeceb, que analizó el impacto del tratado, dado que este viernes entra en vigor, de manera provisional, la primera baja de aranceles prevista.

De este modo, se crea un mercado de 700 millones de personas, que representa el 30% del PBI global y cerca del 35% del comercio mundial.

La UE ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, con un stock acumulado de USD 75.000 millones, equivalente a cerca del 40% del total.

“El nuevo marco institucional que aporta el acuerdo, sumado a los nuevos regímenes locales de incentivo a la inversión de capital, permite proyectar una aceleración en la dinámica de esos ingresos”, señaló Abeceb.

En ese sentido, Erik Høeg, embajador de la UE en Argentina, dijo: “El acuerdo con el Mercosur es una señal muy fuerte, le da previsibilidad al inversor”. Igualmente, advirtió que “uno de los mayores obstáculos actualmente es el riesgo país, que sigue siendo elevado”.

Se calcula que los flujos netos anuales de inversión europea a Argentina se elevarían desde USD 1.800 millones hasta un rango de USD 3.500 a USD 4.000 millones, lo que implicaría un incremento acumulado adicional de entre USD 15.000 y USD 20.000 millones durante el período 2026-2030.

El informe sostiene que, a diferencia de ciclos previos, el destino de esos capitales no se orientará al mercado interno, sino que apuntará al desarrollo de capacidades exportadoras.

“La certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”, destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

El potencial exportador

En cuanto a las exportaciones, se proyecta que pasen de USD 8.499 millones en 2025 a aproximadamente USD 15.100 millones en 2030, lo que implica una suba del 79% en términos de valor.

“Esa cifra combina dos efectos. El primero es el crecimiento natural de la demanda de nuestros nuevos socios: la UE importa de terceros países alrededor de USD 2.800.000 millones por año en bienes, y esa masa crece con su economía. El segundo es la ganancia de participación que habilita el acuerdo: Argentina captura hoy el 0,30% de ese flujo; el escenario central implica llegar al 0,50% para 2030, un incremento de 66% en market share”, precisó Abeceb.

Los complejos que explicarían esa expansión son el sojero, ganadero y manicero, seguidos por aceites vegetales, maíz y miel. En manufactura, autopartes y vinos del segmento premium tienen potencial real de escalar.

En otro orden, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) mostró preocupación por el endurecimiento de las cláusulas bilaterales de salvaguardias agrícolas por parte de la UE.

La entidad indicó que, de tener que identificar los sectores exportadores argentinos con mayor probabilidad de enfrentar objeciones, se destacan la carne bovina —tanto refrigerada como congelada—, el biodiésel y otros combustibles derivados de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Otros acuerdos en marcha

También cabe mencionar que están en curso procesos para la firma de nuevos acuerdos comerciales, los cuales contribuirían a impulsar aún más los envíos al exterior. Según el informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, estos son:

• MERCOSUR-Singapur: firmado en 2023, el pacto ya entró en vigor para algunos miembros del bloque. En el caso argentino, se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-EFTA: tras la suscripción realizada en septiembre de 2025, se encuentra actualmente en la fase de los preparativos tendientes a la aprobación parlamentaria
• MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos: se trata de una negociación, en estado avanzado, para firmar un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-El Salvador: en diciembre de 2024, se suscribieron los términos de referencia para la negociación
• MERCOSUR-Vietnam: las negociaciones se lanzaron en diciembre de 2025. El Gobierno resaltó que se trata de un mercado estratégico que forma parte del proceso de acercamiento al sudeste asiático
• MERCOSUR-Canadá: con negociaciones avanzadas, se busca un acuerdo de libre comercio
• MERCOSUR-India: hay conversaciones para ampliar el Acuerdo de Preferencias Arancelarias existente a mayor cantidad de sectores y productos

Además, desde el Ejecutivo aseguraron que el bloque sudamericano mantiene diálogos exploratorios con Japón, Ecuador, Indonesia y Corea del Sur.

A nivel bilateral, Argentina y Panamá iniciaron tratativas bajo el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 76 y ya establecieron los términos básicos para un tratado de alcance parcial.

Con México, se intenta ampliar el ACE 6 a más productos y revisar las cuotas y condiciones del ACE 55, que corresponde al sector automotor.

Tras más de veinticinco años de negociaciones, el Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera provisional el 1 de mayo de 2026. A partir de esa fecha, el acuerdo es jurídicamente operativo: genera derechos y obligaciones para las partes aunque no haya sido plenamente ratificado por el lado de la UE, donde el Parlamento europeo aún no se pronunció y el proceso requiere la aprobación de los veintisiete parlamentos nacionales. Algo significativo en áreas como la política comercial, que es de competencia exclusiva de la Unión.

El inicio de la aplicación provisional marca un punto de inflexión en la relación birregional. No se trata solo de un paso jurídico: es una decisión política que anticipa efectos concretos de un acuerdo aún parcialmente vigente y que abre simultáneamente oportunidades y tensiones. Este movimiento ocurre además en un contexto internacional profundamente distinto al que dio origen a las negociaciones. Hoy, el sistema global ya no se organiza exclusivamente en torno al libre comercio, sino en torno a la competencia geopolítica, la seguridad económica y la disputa tecnológica. La política industrial ha vuelto al centro de la escena, tanto en Europa como en otras potencias, mientras el multilateralismo clásico muestra signos de fragmentación acelerada.

En ese marco, el Acuerdo UE–MERCOSUR adquiere una doble dimensión. Por un lado, representa una señal de continuidad del orden internacional basado en reglas y cooperación. Por otro, refleja tensiones estructurales entre dos bloques con asimetrías económicas, productivas y regulatorias profundas que el texto del acuerdo amortigua pero no elimina.

La asimetría en la implementación

La aplicación provisional acelera esa tensión de una manera específica: permite que el capítulo comercial comience a desplegar efectos concretos mientras el pilar político y de cooperación —aún no firmado— permanece incierto y sin financiamiento claro. Esta asimetría no es menor. Implica que los costos de ajuste pueden adelantarse mientras que los instrumentos de compensación llegan tarde o, en algunos casos, no se materializan. Las empresas europeas acceden a preferencias arancelarias crecientes desde el primer día; los programas de cooperación tecnológica, reconversión industrial y apoyo a PyMEs de los que el MERCOSUR podría beneficiarse dependen de un pilar político cuya firma no tiene fecha confirmada.

Desde la perspectiva del MERCOSUR, esto obliga a un cambio de enfoque. La discusión ya no puede limitarse a la dicotomía entre buen acuerdo o mal acuerdo. El desafío es cómo gestionarlo políticamente. Y en esa gestión, dos cuestiones que han recibido poca atención pública merecen estar en el centro del debate: la distribución interna de las cuotas de acceso que la UE ofreció al bloque y el estado de preparación normativa e institucional de cada Estado Parte para ejercer los derechos que el propio acuerdo les reconoce.

El problema de las cuotas: la negociación que no termina

Uno de los aspectos más críticos y menos debatidos del Acuerdo es que las cuotas arancelarias preferenciales que la UE ofreció al MERCOSUR —particularmente en carne bovina, azúcar, etanol, aves y otros productos sensibles— fueron negociadas para el bloque como totalidad, no para cada Estado Parte individualmente. Esto significa que el MERCOSUR tiene una cuota global, pero internamente no existe un mecanismo acordado de distribución entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Este es un mandato parlamentario urgente: los parlamentos nacionales del MERCOSUR, a través del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), deberían impulsar un acuerdo político intrazona sobre criterios de distribución de cuotas antes de que los flujos comerciales del primer año generen posiciones consolidadas. No se trata de impugnar el Acuerdo con la UE: se trata de completar la arquitectura interna del MERCOSUR que la negociación externa dejó pendiente.

Los temas pendientes del lado argentino

Argentina llegó al 1 de mayo de 2026 con tres déficits institucionales que hacen que el país entre al Acuerdo en condiciones desiguales respecto de sus propios socios en el MERCOSUR y de la contraparte europea.

El primero es la ausencia de un régimen interno de salvaguardias bilaterales. El Acuerdo otorga a cada parte el derecho de activar medidas de protección cuando las importaciones preferenciales causen daño grave a su industria. Brasil reglamentó ese derecho el mismo día que ratificó el Acuerdo, mediante el Decreto 12.866 del 4 de marzo de 2026. Argentina no lo hizo. El procedimiento por analogía con el Decreto 1.059/96 —que regula salvaguardias globales bajo estándares OMC distintos a los del Acuerdo— genera inseguridad jurídica: cualquier medida argentina podría ser impugnada exitosamente por vicios procesales. Esta laguna puede cubrirse por decreto, por ley o por ambos instrumentos combinados; lo que no puede hacerse es ignorarla.

El segundo es la falta de capacidad técnica instalada para participar en la arquitectura de gobernanza continua del Acuerdo. El texto crea un Consejo de Asociación, un Comité de Comercio y al menos diez subcomités temáticos especializados donde se tomarán decisiones sobre acceso de productos agropecuarios, biotecnología, bienestar animal, indicaciones geográficas, reglas de origen y estándares ambientales. Son micro-negociaciones permanentes. La Unión Europea llega a cada una de esas instancias con la Dirección General de Comercio (DG Trade), equipos técnicos sectoriales consolidados y mecanismos de consulta previa con su industria. Argentina no tiene, a la fecha, una estructura equivalente ni un mandato legal que obligue al Ejecutivo a preparar posiciones técnicas ni a rendir cuentas al Congreso sobre lo que se decide en esos espacios.

El tercero es la ausencia de un mecanismo de seguimiento parlamentario del Acuerdo. El Parlamento Europeo recibe informes semestrales de la Comisión sobre el estado de implementación y puede convocar audiencias. El Congreso argentino no tiene ningún instrumento equivalente. Sin monitoreo, los impactos sectoriales —positivos y negativos— solo se conocen cuando ya están consolidados, y la capacidad de corrección se reduce.

La agenda legislativa argentina debería abordar simultáneamente estos tres déficits. No como actos de resistencia al Acuerdo —que ya es derecho interno con rango supralegal— sino como condición mínima para implementarlo con seriedad institucional.

El mapa desigual de impactos y la necesidad de políticas diferenciadas

Los impactos del Acuerdo no serán homogéneos ni dentro de Argentina ni entre los socios del MERCOSUR. En Argentina, los sectores industriales —automotriz, metalmecánico, textil, químico— enfrentan riesgos de mayor competencia externa en un contexto de brechas de productividad que el acuerdo no resuelve. La agroindustria puede encontrar oportunidades, aunque condicionadas por cuotas, estándares ambientales exigentes y el riesgo de que reglamentos como el EUDR (Reglamento de Deforestación) o el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) operen en la práctica como barreras al comercio.

En Brasil, la industria manufacturera también aparece expuesta en segmentos de mayor valor agregado, mientras el agronegocio refuerza su inserción exportadora. En Uruguay y Paraguay, la especialización agroexportadora puede consolidarse, pero con el riesgo de limitar la diversificación. El lácteo uruguayo, en particular, enfrenta presión tanto desde las indicaciones geográficas del Acuerdo como desde la competencia de productos europeos con alta escala de producción subsidiada.

Este mapa desigual exige respuestas diferenciadas. No alcanza con celebrar el acceso a mercados: es imprescindible diseñar políticas de transición productiva, financiamiento específico para PyMEs exportadoras, sistemas de certificación que permitan cumplir los estándares europeos a empresas medianas, y estrategias de agregación de valor que eviten que el Acuerdo consolide un patrón de inserción primario-exportador.

El pilar de cooperación y la diplomacia parlamentaria birregional

Si la aplicación provisional del capítulo comercial avanza —como está ocurriendo— es necesario que en paralelo se active con la misma intensidad el pilar de cooperación. Esto requiere una agenda parlamentaria birregional que movilice recursos, programe la cooperación tecnológica y fije criterios de inversión en transición energética, desarrollo industrial y reducción de brechas productivas. El vínculo entre el PARLASUR y el Parlamento Europeo puede desempeñar aquí un rol estratégico que hasta ahora ha permanecido subaprovechado.

El PARLASUR como actor y no como espectador

El Parlamento del MERCOSUR fue creado en 2005 como órgano representativo del proceso de integración regional. En veinte años, su rol ha sido principalmente declarativo: emite resoluciones, recomienda, aprueba. El Acuerdo con la UE ofrece una oportunidad concreta para que el PARLASUR asuma una función sustantiva en la vida del bloque, articulando tres mandatos que ningún parlamento nacional puede ejercer de manera individual.

El primero es impulsar el acuerdo intrazona sobre distribución de cuotas, mediante una resolución que fije criterios de negociación y llame a los parlamentos nacionales a pronunciarse sobre el mecanismo antes del cierre del primer año de aplicación provisional.

El segundo es constituirse en el espacio de coordinación legislativa para la implementación del Acuerdo: no basta con que cada parlamento nacional legisle sobre salvaguardias, monitoreo o gobernanza de manera desarticulada. Si Argentina tiene un régimen de salvaguardias bilaterales distinto al de Brasil, y Brasil uno distinto al de Uruguay, la UE puede activar estrategias de divide y vencerás en los subcomités técnicos que debiliten la posición del bloque. La armonización legislativa mínima es una condición de eficacia negociadora.

El tercero es fortalecer el vínculo con el Parlamento Europeo en el marco de la Comisión Parlamentaria Mixta, que el Acuerdo fortalece institucionalmente. Ese vínculo puede servir para presionar por la activación del pilar de cooperación, para monitorear la implementación del Reglamento 2026/687 de salvaguardias y para alertar cuando las micro-negociaciones en los subcomités produzcan resultados asimétricos.

La institucionalidad pendiente del MERCOSUR

Hay una verdad incómoda que el Acuerdo con la UE volvió a poner sobre la mesa: el MERCOSUR enfrenta la mayor apertura comercial de su historia como bloque con una institucionalidad severamente subdesarrollada. El Tratado de Asunción cumple treinta y cinco años con una Secretaría técnica pequeña, un PARLASUR sin capacidad legislativa vinculante, un Tribunal Permanente de Revisión subutilizado, y una Decisión CMC 32/00 sobre negociación conjunta que nunca fue plenamente internalizada ni jurídicamente exigible.

La UE negoció este Acuerdo con una contraparte que es política e institucionalmente asimétrica respecto de ella misma. La Comisión Europea tiene poder de iniciativa legislativa, presupuesto propio, cuerpo diplomático unificado y capacidad de implementación coercitiva. El MERCOSUR negocia por consenso de cuatro gobiernos nacionales, no tiene presupuesto operativo significativo ni capacidad técnica centralizada.

Esta asimetría institucional se va a manifestar en cada reunión de cada subcomité del Acuerdo. La delegación europea llegará con posición única, documentos de posición elaborados por DG Trade, y mandato claro. Las delegaciones del MERCOSUR llegarán con posiciones nacionales que pueden coincidir o no, sin coordinación garantizada y con capacidades técnicas desiguales entre países.

La solución no puede ser solo más reuniones del GRELEX o más declaraciones del GMC. Requiere decisiones políticas concretas: dotar a la Secretaría del MERCOSUR de capacidad técnica sectorial para asistir a las delegaciones nacionales en los subcomités del Acuerdo; establecer un mecanismo de posición común vinculante para las reuniones del Comité de Comercio bilateral; y otorgar al Parlasur capacidad de iniciativa en las materias reguladas por el Acuerdo, comenzando por la propuesta de distribución de cuotas y la coordinación de los regímenes nacionales de salvaguardias.

El Acuerdo con la UE no es un punto de llegada sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que la clave no será solo cuánto se comercia, sino cómo ese comercio se transforma en desarrollo, empleo y capacidades productivas. Y en esa transformación, la política —y en particular los parlamentos, en todos sus niveles— no puede ser espectadora de lo que negoció el Ejecutivo. Tiene que ser protagonista activa de cómo se implementa, cómo se monitorea y cómo se corrige cuando los resultados no sean los prometidos.

La ventana de oportunidad está abierta. La aplicación provisional sin ratificación plena del lado europeo mantiene un margen político real para incidir en la implementación. Pero ese margen se cierra con el tiempo y con los hechos consumados. Lo que no se construya institucionalmente en el primer año del Acuerdo será mucho más difícil de construir cuando los flujos comerciales hayan consolidado sus propias inercias.

El Gobierno nacional reglamentó las condiciones de acceso a los contingentes arancelarios establecidos en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La instrumentación fue oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante las resoluciones 50/2026 y 53/2026, que fijan las pautas para que empresas argentinas puedan acceder a los beneficios derivados de los cupos negociados con el bloque europeo.

En el acuerdo, la Unión Europea concedió al Mercosur un total de 21 cuotas arancelarias para distintos productos agroindustriales, lo que representa una nueva ventana de expansión para las exportaciones regionales. Para la Argentina, esto significa mayores posibilidades de colocar productos de alto valor agregado en un destino estratégico, consolidando además la presencia de empresas nacionales ya integradas en ese circuito comercial.

Entre los rubros alcanzados por estas cuotas se destacan la carne bovina fresca y congelada, carne aviar y carne porcina —aunque en este último caso la apertura sanitaria todavía continúa en negociación—, además de ajos, ovoproductos, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol y productos lácteos. Se trata de una canasta exportadora amplia, con fuerte peso de las economías regionales y de las cadenas agroindustriales de mayor competitividad internacional.

En sentido inverso, el Mercosur otorgó a la Unión Europea 11 contingentes arancelarios. De ese total, cuatro tendrán carácter permanente —quesos, ajos, leche maternizada y leche en polvo—, mientras que otros siete productos, entre ellos chocolates y tomates envasados, pasarán a un esquema de libre comercio una vez transcurridos períodos de 10 a 14 años, según el cronograma previsto en el entendimiento. Además, el ingreso de esos bienes al mercado argentino quedará sujeto a un sistema de licenciamiento previo.

El acuerdo entre ambos bloques es considerado un punto de inflexión para el comercio bilateral tras más de dos décadas de negociaciones, ya que establece un marco regulatorio común orientado a brindar estabilidad y previsibilidad a largo plazo. En términos concretos, contempla la liberalización del 84% de los aranceles que gravan las exportaciones agroindustriales del Mercosur hacia Europa y fija cuotas o preferencias para la mayoría de los productos restantes, mejorando sustancialmente las condiciones de acceso al mercado europeo para la producción argentina.

“Nos sentimos defraudados”. Esa ha sido la respuesta del campo español a lo acontecido este martes en el Parlamento Europeo. Con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones, Bruselas ha aprobado el Sistema de Preferencias Generalizadas, un mecanismo comercial que permitirá a 65 países exportar sus productos al bloque europeo con aranceles reducidos durante la próxima década, una medida que ataca directamente al trabajo de los productores de arroz españoles.

Según explicaron desde el parlamento, el acuerdo tiene como objetivo apoyar la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de estos Estados aunque, desde el lado comercial, pondrá a competir a los agricultores de arroz españoles con las importaciones procedentes de países como Camboya o Myanmar. “Europa debe proteger a sus sectores en toda la Unión. Si creemos en una verdadera soberanía alimentaria estratégica del continente no tiene sentido que hundamos a sectores estratégicos”, han lamentado desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

En la votación, los eurodiputados españoles apoyaron al sector, pero no fue suficiente para convalidar las exigencias de países productores, como la aprobación de cláusulas de salvaguarda más intensas. Además, desde las asociaciones agrarias españolas ha lamentado que “los países no productores hayan actuado con una actitud egoísta” con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio.

En concreto, el campo español reclamó un umbral de salvaguarda del 20%, “una medida mínima para poder reaccionar a tiempo ante el crecimiento de las importaciones, especialmente desde países beneficiarios del programa Todo menos armas”, han indicado desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja). Según la asociación, los niveles actuales de entrada de arroz ya han provocado una saturación del mercado y caídas significativas en los precios en origen, con un impacto directo en los productores españoles.

Unas salvaguardias más laxas que en el acuerdo con Mercosur

Pese a que los productores españoles exigían clausulas más duras, el parlamento Europeo terminó por convalidar salvaguardas para el arroz cuando las importaciones hayan aumentado un 45% comparado con la media de una década. según ha explicado UPA, esto supone que se activará cuando se pasen las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, lo que consideran “inútil” ya que a partir de las 200.000 toneladas “ya se producen efectos negativos en el mercado”.

Ante esta situación, los agricultores han señalado que Bruselas ha dado el visto bueno a unas clausulas que difieren mucho de las aprobadas para el acuerdo comercial con Mercosur, donde las salvaguardias se activan a partir del 5% de variación de precios, lo que pone en relieve “la desprotección que sufrirán los productores de arroz”, que también verán como las importaciones aumentan desde Mercosur y Australia.

Desde Asaja han lamentado que a las nuevas importaciones procedentes de estos 65 países resta sumarles las cerca de 60.000 toneladas procedentes del Mercosur, que incrementará de forma significativa la presión sobre el mercado, y otras 8.500 toneladas procedentes de Australia, donde se incluyen arroz integral y preparado y supondrá un nuevo factor de competencia directa para el sector europeo.

La organización de jóvenes agricultores ha señalado que la suma de todos estos factores -a los que se deben añadir los sobrecostes provocados por la guerra en Oriente Medio- junto con la posible alta de la producción en la próxima campaña de España, puede provocar un escenario de “grave desequilibrio entre oferta y demanda”, por lo que han reclamado una revisión “urgente” de las políticas comerciales europeas para garantizar “una competencia justa” y evitar el “deterioro irreversible” del sector arrocero español.

Además, desde UPA han exigido al Gobierno “que auspicie un plan de protección al sector productor de arroz español, cuyo futuro está en serio peligro por estas importaciones masivas a bajo precio y protegidas por cláusulas inútiles en la práctica y un etiquetado que oculta a los consumidores el origen del producto”. Junto a estas exigencias han señalado que la industria envasadora de arroz está “jugando de forma irresponsable, hundiendo el porvenir de los agricultores que le proporcionan las materias primas”.

“Hoy hemos sostenido una importante reunión con el presidente del Parlasur (Rodrigo Gamarra) y con la mesa directiva para plantear de lleno nuestra aspiración de incorporarnos como miembros plenos del Parlamento del Mercosur”, declaró el diputado Saúl Ortega en un video difundido por la Asamblea Nacional en la red social X.

La delegación venezolana estuvo compuesta por Ortega, el también oficialista Francisco Torrealba, y los opositores Pablo Pérez y José Gregorio Correa.

Ortega calificó la reunión como muy relevante, ya que se presentaron los argumentos del bloque venezolano y, según aseguró, la directiva del Parlasur manifestó su disposición para que “pronto” Venezuela pueda reincorporarse al organismo.

“Así que con la carga de Venezuela, con el sentimiento de nuestro pueblo, aquí estamos y esperamos que más pronto que tarde podamos estar con nuestra bancada expresando nuestra voz, la voz de Venezuela”, agregó.

El 27 de marzo, el Gobierno de Paraguay, que ostenta la Presidencia pro tempore del Mercosur, anunció que propondrá ante los demás miembros plenos la reincorporación de Venezuela.

El Mercosur fue creado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se integró como miembro pleno en 2012, pero en 2017 el bloque aplicó su “cláusula democrática” para suspender al país debido a la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces dictador Nicolás Maduro y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que asumió las funciones del Legislativo.

En enero pasado, el bloque latinoamericano firmó un acuerdo histórico de libre comercio con la Unión Europea, estableciendo así un mercado de más de 700 millones de consumidores.

Marco Riquelme llegó a Rosario con agenda de trabajo y un diagnóstico bajo el brazo. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay acaba de terminar una recorrida por puertos y reuniones con empresarios argentinos cuando habló con Infobae. Su mensaje es simple: Paraguay quiere dejar de ser un socio comercial pasivo dentro del Mercosur y convertirse en un eslabón activo de la cadena productiva regional.

Riquelme, nombrado por el presidente Santiago Peña al frente de la cartera económica en febrero de este año, delineó los ejes centrales del programa paraguayo en economía, comercio e industria, y evaluó los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el Mercosur, así como ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea.

“Estamos convencidos de que tenemos que formar parte del encadenamiento productivo de Argentina y Brasil. Hoy la balanza comercial de Paraguay con el Mercosur es positiva en 1.300 millones de dólares. Pero si uno mira la balanza de productos manufacturados, sacando soja y energía eléctrica, es negativa en 3.000 millones de dólares. Eso no condice con la realidad: el tamaño del mercado está por fuera de Paraguay”, describió.

Entre los incentivos, destacó el régimen de maquila, que grava solo un 1% la generación de valor agregado para exportación; el régimen de inversiones, que habilita la importación de maquinaria sin aranceles ni IVA; y la ley de ensamblaje de bienes tecnológicos, que permite importar componentes asiáticos para ensamblar productos con origen Mercosur.

La estabilidad macroeconómica constituye uno de los pilares centrales de la política paraguaya. Según Riquelme, “Paraguay tuvo una inflación promedio del 4% en los últimos cuatro años; el año pasado crecimos casi el 7%. La estabilidad del tipo de cambio también es destacable: tenemos el mismo tipo de cambio con el dólar que hace veinte años”. El ministro agregó que durante la gestión de Santiago Peña el gobierno logró reducir la pobreza total del 24,5% al 16% y la pobreza extrema del 5% al 2,4%.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”, agregó.

“El desempleo está en 3,5%, prácticamente empleo pleno. Y contamos con dos grados de inversión —uno de Moody’s y otro de Standard & Poor’s— que validan esa estabilidad a nivel internacional y dan confiabilidad al inversor extranjero”. agregó.

El enfoque de atracción de inversiones es segmentado: Paraguay divide Argentina y Brasil en provincias y estados, considerando que su tamaño y PIB los convierten en mercados diferenciados para la oferta industrial local. El ministro sostuvo que esta política regionalizada busca establecer una base de crecimiento inicial y, posteriormente, expandirse hacia otros mercados.

Tres pilares para la industrialización

El plan de industrialización del gobierno se apoya en tres ejes. El primero es el financiamiento: buscan que el sistema bancario —que definió como “sólido pero conservador”— amplíe plazos y baje costos para canalizar el ahorro local hacia la industria a través de crédito blando. “Estamos trabajando muy de cerca con el sector privado para hackear el sistema financiero”, graficó Riquelme.

El segundo es la capacitación técnica. “Paraguay tiene cien mil personas que entran a la población económicamente activa todos los años”, explicó el ministro, y adelantó que el objetivo es vincularlas de forma gratuita e inmediata a formación técnica articulada con la demanda real de las industrias instaladas o por instalarse.

El tercero es el ordenamiento territorial. Solo 40 de los 262 municipios del país tienen zonas industriales identificadas. El gobierno trabaja en diseñar corredores logísticos con nodos industriales y clusters sectoriales conectados a institutos de formación profesional. “Argentina ya lo hizo y lo hizo muy bien”, reconoció Riquelme, señalando al país vecino como referencia del modelo que Paraguay busca replicar.

Estrategias de apertura y diversificación de mercados

Además de profundizar la integración regional, Paraguay impulsa la diversificación de mercados, apuntando a Asia y Estados Unidos. En Asia, el país ha conseguido habilitaciones para exportar proteína vacuna, porcina y aviar a Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia y Singapur.

“También estamos trabajando en aprovechar la relación Mercosur-Unión Europea, desarrollando una política nacional de calidad y un sistema de trazabilidad para estar a la altura de las exigencias del mercado europeo”, dijo Riquelme.

Con Estados Unidos, Paraguay avanza en proyectos vinculados a minería de datos y explotación de recursos naturales. Según Riquelme, el país está por iniciar una revolución minera, con interés estadounidense en acompañar ese proceso.

“Paraguay va a tener un salto importante en el porcentaje del PIB que representa la industria. Hoy ese porcentaje es del 19% y tiene que crecer un 50% en los próximos cinco años. Hicimos un proyecto con McKinsey para duplicar la economía en diez años, y detectamos cuatro sectores donde Paraguay tiene lo que llamamos el “derecho a ganar”: recursos naturales —soja, carne, arroz—, industria alimenticia, metalurgia, forestal y textil", detalló.

Innovación, tecnología y desafíos estructurales

Un elemento novedoso de la estrategia paraguaya es el impulso a la economía del dato y a la inteligencia artificial, aprovechando el excedente de energía eléctrica. Paraguay está redactando una ley de incentivos para industrias tecnológicas, que incluye garantías en propiedad intelectual y protección de datos, con el fin de atraer empresas globales.

Riquelme reconoció que la industrialización demanda un proceso de largo plazo, con avances en educación, capacitación y ordenamiento territorial. Además, destacó que, pese a la escala geográfica comparada con otros países de la región, Paraguay aspira a convertirse en un motor industrial, aunque subrayó la necesidad de transitar este camino con responsabilidad institucional.

La relación con Argentina y el Mercosur

El vínculo entre Paraguay y Argentina atraviesa un momento de sintonía política y oportunidades económicas. En septiembre de 2025, el presidente Javier Milei visitó Asunción para reunirse con Santiago Peña, abordando la agenda bilateral y la cooperación en el Mercosur.

“Por un lado, la apertura que vemos hoy de Argentina hacia el Mercosur es algo que no habíamos visto en los últimos veinte años. Para nosotros es estratégico y clave que Argentina continúe con esta política de apertura comercial hacia sus socios del bloque”, explicó.

El interés del empresariado argentino en asociarse con Paraguay ha crecido, según Riquelme, no con el objetivo de trasladar empresas, sino de optimizar costos mediante el encadenamiento productivo.

“Dentro del Mercosur, creemos que Paraguay debería ser el socio más estratégico de Argentina, y Argentina el de Paraguay. Esa previsibilidad de un mercado argentino abierto es muy importante para la evolución de la industria paraguaya, y la previsibilidad es el mejor amigo de la inversión y los empresarios”, agregó.

Proyecciones de la industrialización

El ministro subrayó que alcanzar esas metas exige políticas sostenidas en educación, capacitación, ordenamiento territorial y distribución eficiente de energía eléctrica —porque, aclaró, una alta capacidad de generación no implica eficiencia en la distribución. Y planteó una condición que considera indispensable: que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado capaces de sobrevivir a los cambios de administración.

“Nunca vamos a ser competencia de una potencia como Argentina, pero sí tenemos la capacidad de ser un complemento muy importante y estratégico a largo plazo para este país que tanto orgullo nos genera como vecino”, cerró Riquelme.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su optimismo respecto al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al afirmar que la relación entre ambos bloques debe entenderse como una “política de complementariedad” y no como una competencia destructiva.

Lula adelantó que, a pocos días de la aplicación provisional del pacto prevista para el 1 de mayo, Brasil ya cuenta con una “bandeja” de 540 productos listos para el mercado europeo.

Durante un evento de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el mandatario sostuvo que “es necesario convencer a la justicia de la Unión Europea de que el acuerdo no busca destruir sus productos, sino hacer una política de complementariedad”. El mandatario brasileño afirmó que “ellos (la UE) producen cosas diferentes a las nuestras“. ”Nosotros queremos comprar de ellos, y que ellos nos compren a nosotros”, agregó.

A su vez, Lula subrayó la calidad y diversidad de los productos brasileños y expresó su confianza en el papel que Brasilia puede desempeñar a nivel global. “Nadie tiene la cantidad de productos que Brasil tiene para ofrecer al mundo. Pero es necesario más investigación y calidad”, aclaró.

El acuerdo entre el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— y la UE fue firmado en enero y crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas y cerca de una cuarta parte del PIB global.

El pacto entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos del Mercosur. La plena vigencia dependerá de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, declaró a inicios de abril que el acuerdo comercial representa un punto de inflexión que transformará la relación económica entre ambos bloques y abrirá una nueva etapa de crecimiento: “Estamos convencidos de que este acuerdo implica un salto cualitativo para nuestras economías” aseguró en diálogo con EFE.

Desde el viejo continente, Francia solicitó el jueves a la Comisión Europea que concrete el compromiso asumido sobre las garantías asociadas a la entrada en vigor del acuerdo entre la UE y el Mercosur, prevista para el 1 de mayo.

El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores, Glenn Salic, afirmó que el país será “intratable en la concreción rápida” de ese compromiso, con el objetivo de que se incluyan dichas garantías.

Salic recordó en rueda de prensa que estas garantías contemplan las denominadas cláusulas de salvaguarda, que podrían activarse en caso de una llegada extraordinaria de productos agrícolas procedentes de los países del Mercosur.

También mencionó las llamadas cláusulas espejo, que buscan impedir el ingreso al mercado europeo de productos agroalimentarios sudamericanos que no cumplan las mismas normas sanitarias o ecológicas exigidas a los productores de la UE, así como un refuerzo de los controles sanitarios.

Ante la consulta sobre posibles medidas de Francia frente a la entrada en vigor provisional del acuerdo desde el 1 de mayo, el portavoz evitó pronunciarse sobre acciones concretas y reiteró la oposición del país al texto en su forma actual.

Francia intentó frenar el compromiso UE-Mercosur desde el inicio de las negociaciones, que se extendieron por más de veinte años, argumentando que algunos sectores agrícolas franceses, en especial los productores de carne de vacuno, pollo y azúcar, resultarían especialmente afectados.

La aplicación provisional del pacto, criticada por París, fue decidida por la Comisión Europea a fines de febrero tras la ratificación de varios países sudamericanos miembros del Mercosur.

(Con información de EFE)

Paraguay, que ostenta la presidencia pro témpore del Mercosur, propuso a los miembros plenos del bloque —Argentina, Brasil y Uruguay— realizar el 30 de junio en Asunción la próxima cumbre de gobernantes. Así lo informó el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

“La fecha que estamos proponiendo a nuestras contrapartes es para el próximo 30 de junio, en la ocasión que van a asistir los presidentes”, expresó Ramírez durante una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial de Paraguay.

Ramírez indicó que está previsto que, un día antes de la cumbre presidencial, se reúnan los jefes de las carteras de Exteriores y Economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay constituyeron el Mercosur en marzo de 1991 mediante la firma del Tratado de Asunción, con la intención de crear un mercado común que facilitara el comercio y la inversión entre los países miembros.

En enero, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que estableció una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, abarcando un mercado de más de 700 millones de consumidores y alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Este convenio comenzará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo, tras la ratificación en los Parlamentos del Mercosur.

Bolivia, que se incorporó al Mercosur en 2015, es miembro pleno desde 2024 y atraviesa una fase de transición para adaptar su legislación y sistema arancelario a las normas del bloque.

Venezuela, que ingresó en 2006, fue suspendido de manera indefinida en agosto de 2017, luego de que el Mercosur invocara el ‘Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático’ tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro quebrantó el orden democrático al instaurar una Asamblea Constituyente en el país.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició este domingo una visita de dos días a Alemania en la que el foco está puesto en la economía, algo que quedó reflejado con su presencia en la inauguración de la Feria de Hannover junto al canciller germano, Friedrich Merz.

Los dos líderes se reunieron en el neobarroco Palacio de Herrenhausen de Hannover después de que el brasileño y su esposa, Janja Lula da Silva, fueran recibidos en un acto con honores militares.

Ambos tomaron el pulso a la relación de sus países con una reunión bilateral y pusieron rumbo después al recinto ferial que alberga la Feria de Hannover.

Allí, Merz puso de relieve el papel de Brasil, “país invitado” de la feria, y de Sudamérica en general, en vista de que con la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur el 1 de mayo, europeos y sudamericanos entrarán en “una nueva fase” de sus relaciones.

“Tras más de 25 años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores”, abundó en alusión al pacto UE-Mercosur.

En este sentido, Merz destacó que “es una buena señal” verse en Hannover con Brasil.

Merz y Lula asistieron a la apertura de una 79ª edición con acento brasileño, pues, como “país invitado” del evento, la nación sudamericana cuenta allí con unos 2.700 metros cuadrados.

Brasil está representado en la Feria de Hannover a través de 300 empresas brasileñas y unos 140 estands.

Los emprendedores brasileños acuden bajo el lema “la industria del presente”, un mensaje que anima a mirar los aspectos industriales y tecnológicos de la potencia económica sudamericana, por encima de otros sectores relevantes en Brasil, como la agricultura, la ganadería o las materias primas.

Jornadas germano-brasileñas

Tras la visita a la feria, ambos líderes tenían previsto este domingo participar en una cena de trabajo con representantes del sector empresarial de ambas naciones.

El lunes, dentro del recinto ferial, se desarrollará la 42ª edición de las jornadas germano-brasileñas en presencia de Merz y Lula.

Ese evento constituye “la mayor conferencia bilateral con Brasil” y ofrece a las compañías una “plataforma ideal” para hallar nuevos socios y oportunidades, además de fortalecer los vínculos entre emprendedores en áreas como la automatización, la inteligencia artificial, la seguridad, la minería o el aeroespacial, según los organizadores.

Consultas junto a la feria

También el lunes, tras esos encuentros de carácter económico, los Gobiernos de Alemania y Brasil mantendrán sus terceras consultas, una cita en la que Berlín espera firmar acuerdos con los que profundizar la relación bilateral.

El Gobierno alemán ha indicado que, entre los temas que se abordarán, figuran el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, las materias primas, la cooperación en defensa, la digitalización y la innovación.

El lema de las consultas ya indica el interés económico, aunque también geopolítico, de la reunión: “Brasil y Alemania. Juntos por el crecimiento, el empleo, la paz y la seguridad”.

Las reuniones regulares entre los Gobiernos de Alemania y Brasil comenzaron en tiempos de la canciller Ángela Merkel y de la presidenta Dilma Rousseff, en 2014.

Aunque estos encuentros se suspendieron durante los años de la gestión de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, con Lula en la Presidencia de Brasil y Olaf Scholz en la Cancillería Federal se retomaron las consultas en 2023.

Para Alemania, Brasil es el socio comercial más importante en Sudamérica, y el país centroeuropeo es el principal proveedor de la economía brasileña dentro de la Unión Europea.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

(Con información de EFE)

Luego de la sanción del acuerdo de libre comercio Mercosur- Unión Europea en los Congresos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; el bloque europeo endureció las cláusulas bilaterales del salvaguardias agrícolas, lo que podría afectar las exportaciones de varios sectores argentinos.

Las modificaciones reflejan una estrategia más cautelosa y protectora por parte de la Unión Europea frente a la apertura comercial que implica el tratado. El endurecimiento de los umbrales, el monitoreo permanente y la ampliación de facultades de la Comisión Europea configuran un esquema más estricto para responder a eventuales impactos negativos en el agro europeo.

Según detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el texto definitivo introduce cambios sustanciales respecto del borrador presentado en octubre:

Umbrales más estrictos para activar investigaciones

Una de las principales diferencias radica en el endurecimiento de los criterios que permiten iniciar investigaciones. Mientras que el borrador contemplaba umbrales del 10% en variables como el aumento de importaciones, la caída de la producción local o la brecha de precios, el reglamento final reduce esos parámetros al 5%.

De este modo, podrán activarse investigaciones cuando se verifique un incremento superior al 5% en el volumen importado respecto del promedio de los últimos tres años, acompañado de precios de importación al menos un 5% inferiores a los nacionales.

También se contemplan escenarios en los que los precios de importación caigan más de un 5% frente al promedio trienal y se mantengan por debajo de los precios internos.

Además de reducir los umbrales, se sustituye la comparación interanual por un promedio de tres años, lo que amplía la base de cálculo. A ello se suma una cláusula que otorga mayor discrecionalidad a la Comisión Europea, que podrá iniciar investigaciones aun sin alcanzar dichos umbrales si detecta indicios claros de deterioro económico o caídas sostenidas de precios.

Monitoreo permanente y mayor control

El reglamento también refuerza el sistema de seguimiento del mercado. El control, que en el borrador era semestral, pasa ahora a ser “constante y proactivo”, apoyado en los observatorios de mercado de la Unión Europea como fuentes oficiales de datos sobre precios y volúmenes.

En este marco, se introduce una herramienta clave: la posibilidad de que la Comisión Europea modifique la lista de productos sensibles. Esta decisión podrá adoptarse tanto por iniciativa propia como a pedido de sectores productivos europeos, siempre que exista una justificación fundada.

Medidas contra la elusión comercial

Otra novedad relevante es la incorporación de disposiciones anti-elusión. La normativa faculta a la Comisión a intervenir cuando detecte desvíos en las rutas comerciales destinados a evitar la aplicación de salvaguardias. En tales casos, podrá reforzar los controles aduaneros para impedir estas prácticas.

Ajustes jurídicos para evitar conflictos en la OMC

Más allá de los cambios operativos, el reglamento introduce modificaciones terminológicas con implicancias jurídicas. En particular, se reemplaza el concepto de “industria de la Unión” por el de “rama de la producción de la Unión”, alineándose con las categorías reconocidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este ajuste busca prevenir eventuales disputas por parte de países del Mercosur ante dicho organismo.

“Es el caso de la desaparición de ‘la industria de la Unión’ del borrador y su reemplazo por ‘la rama de la producción de la Unión’ en el texto definitivo, más específicamente en los artículos sobre el seguimiento de productos sensibles o los procesos de investigación. Lo positivo de esta reforma es que, de alguna manera, circunscribe la investigación y la presentación de pruebas de daño a los productores de un bien específico y no lo amplía a la cadena de valor, como hubiera sido el caso de utilizar un término mucho más amplio como ‘industria’”, remarcó la BCR.

Por otra parte, el reglamento establece que para pedir la salvaguardia debe existir una representatividad de la rama de la producción de “más del 50%” de la producción de todo el bloque -o un mínimo de 25% en casos excepcionales-.

“A todo esto, dichos porcentajes no se encuentran expresados en el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, en donde expresa que debe representar ‘una parte sustancial de la producción’”, remarcó la BCR.

En este contexto, la entidad señaló que si se tuviera que identificar cuáles son los sectores exportados por Argentina con mayor riesgo de enfrentar presiones u objeciones de parte de los productores europeos, podría señalarse que la carne bovina refrigerada y congelada, el biodiesel y otros combustibles a base de aceites vegetales.

En suma, “las oportunidades que el acuerdo genera para el arroz (especialmente el elaborado), los quesos y la leche en polvo también los hacen potenciales objetivos de presiones por la gran competitividad argentina y la arbitrariedad de las salvaguardas impuestas”, planteó la BCR.

Panamá empezó a mover en Argentina y Paraguay una agenda enfocada en comercio, logística y apertura de mercados, en medio de su nueva etapa como Estado Asociado del Mercosur.

Las gestiones incluyen, por un lado, la llegada de café panameño al mercado argentino y, por otro, conversaciones en Asunción para que exportadores paraguayos utilicen la infraestructura panameña como punto de conexión hacia Centroamérica, el Caribe y Asia.

Se trata de dos movimientos distintos, pero ligados por un mismo objetivo: ampliar el alcance comercial de Panamá dentro del bloque sudamericano.

En Buenos Aires, la visita oficial del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dejó como resultado una alianza con Cabrales S.A., empresa reconocida del sector en Argentina, para la importación y comercialización de café panameño.

El acuerdo contempla la incorporación de grano de Santuario Estate Coffee, una finca ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí, especializada en café de altura. El paso se produce mientras la firma argentina avanza en la diversificación de su portafolio con cafés de origen y suma a Panamá como nuevo proveedor.

El movimiento ocurre sobre una relación comercial que hasta ahora ha sido limitada y desigual. Las exportaciones panameñas hacia Argentina han sido modestas en volumen y concentradas en pocos rubros.

Entre los productos colocados en ese mercado figuran cacao y preparaciones de cacao, con cerca de $159,000 en 2024, además de productos químicos, instrumentos médicos y ópticos y algunas manufacturas de hierro o acero.

Del otro lado, las ventas argentinas a Panamá alcanzaron alrededor de $271 millones en 2024, impulsadas sobre todo por vehículos, petróleo crudo y aceite de soja.

Ese contraste explica por qué la apuesta oficial no se limita al café. Las autoridades panameñas han identificado espacio para ampliar la oferta hacia Argentina en rubros como pescados, crustáceos, cerveza, preparaciones alimenticias y también en servicios logísticos y financieros.

La intención es que la incorporación de Panamá al Mercosur como Estado Asociado no quede reducida a un gesto político, sino que abra rutas concretas para productos y servicios con mayor valor agregado, en un mercado donde hasta ahora la presencia panameña ha sido reducida.

En Paraguay, la agenda tomó otro rumbo. Allí el foco estuvo en la posibilidad de utilizar a Panamá como plataforma para exportar y reexportar mercancías. Durante una reunión en Asunción, la Unión de Industriales de Paraguay (UIP) expresó interés en aprovechar la conectividad global panameña y su infraestructura logística.

El encuentro se dio en el marco de la visita del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez, quien también se reunió con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para revisar la agenda bilateral.

Tras esos encuentros, ambos cancilleres suscribieron un comunicado conjunto en el que destacaron las fortalezas de los dos países. El texto reconoce a Panamá como centro de logística, comercio y conectividad, mientras subraya la capacidad productiva de Paraguay.

Además, plantea la intención de generar mejores condiciones para aumentar y diversificar el intercambio comercial, con una participación más activa del sector privado. La propuesta panameña incluyó incluso la posibilidad de que exportadores paraguayos cuenten con una zona franca en territorio panameño.

La reunión con la UIP tuvo un peso particular por el alcance del gremio, que agrupa a 100 organizaciones y 1,500 empresas de sectores como alimentos, confección, construcción, salud, plásticos y metalurgia.

En ese encuentro, Martínez-Acha puso sobre la mesa la opción de construir una alianza empresarial que permita canalizar productos paraguayos hacia otros mercados desde Panamá. Entre las posibilidades mencionadas aparecen centros de acopio y frigoríficos, pensados para acelerar la reexportación de mercancías y reducir tiempos logísticos.

El interés paraguayo no surge en el vacío. Ese país ha fortalecido su perfil exportador durante la última década y figura entre los principales productores mundiales de soya, carne vacuna, arroz, químicos industriales y bioenergía.

Según lo planteado durante la visita, los industriales paraguayos han identificado 24 sectores estratégicos con potencial de exportación. En ese contexto, la ventaja panameña no está en competir en producción agroindustrial, sino en ofrecer una red de puertos, zonas francas, conectividad marítima y aérea, además de acceso a mercados regionales.

Las cifras del intercambio también muestran diferencias frente al caso argentino. Las exportaciones de Panamá hacia Paraguay sumaron aproximadamente $21.7 millones en 2024.

La canasta estuvo encabezada por petróleo refinado, con $7.34 millones, seguido de amino-resinas y plásticos, manufacturas de madera y medicamentos.

A su vez, Paraguay mantiene una presencia importante en el mercado panameño con bienes vinculados a su sector agropecuario, como maíz, soja y carne bovina, en una relación más complementaria que la observada con Argentina.

El Gobierno español ha movilizado ya más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para respaldar a las empresas expuestas a amenazas arancelarias de Estados Unidos, según informó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

La estrategia oficial, aprobada en mayo del año pasado y consolidada a través de un decreto ley, ha activado un total de 7.720 millones de euros en avales y créditos dirigidos a empresas.

El plan español incluyó una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense.

130 millones en avales ICO y 1.500 millones del Plan de Recuperación

De la línea de avales ICO se han solicitado, hasta el 30 de marzo de 2026, cerca de 130 millones de euros que han permitido movilizar 173 millones en inversión para las empresas españolas. El 63% de estas operaciones las han suscrito pymes y el 85% han sido del sector del automóvil.

Cuerpo ha subrayado que se han formalizado 1.500 millones de fondos del Plan de Recuperación destinados a la protección de las amenazas arancelarias, donde se incluyen diferentes instrumentos como las líneas ICO Emprendedores, ICO Verde, el Fondo de Coinversión o el Fondo de Resiliencia Autonómica.

Asimismo, se han aprobado acuerdos con pymes por un valor de 1.161 millones de euros para ayudarlas a “navegar” en el contexto geopolítico. Dentro de la línea ICO-Crecimiento Aranceles, que es de financiación directa por parte del ICO y que está en marcha desde inicios de este año, Cuerpo ha apuntado que se han solicitado 47 operaciones de financiación, con un importe que asciende a 73,4 millones de euros.

De las 52 pólizas de Cesce a los 400 millones del plan ICEX 500+

En cuanto a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), el ministro de Economía ha informado de que ha emitido 52 pólizas a favor de empresas afectadas por los aranceles por valor de 1.578 millones de euros, que amparan contratos comerciales e inversiones que pueden llegar a estar por encima de los 10.500 millones de euros. La aseguradora estudia otras 14 solicitudes que estaría cerca de los 800 millones de euros adicionales.

Respecto a lo movilizado por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) y por Fonpyme para apoyar financieramente las inversiones de empresas españolas en el exterior se han alcanzado los 665 millones en financiación autorizado, el 90% del límite anual presupuestario de 700 millones de euros. Sólo en 2025 se apoyaron 47 operaciones por valor de 360 millones.

En cuanto al Plan Moves III de ayuda a la movilidad, Cuerpo ha explicado que se han puesto 400 millones de euros “sobre la mesa”. También ha destacado el plan ICEX 500+, con el que el Gobierno ha contactado con 1.649 empresas exportadoras para conocer su situación y la puesta en marcha de futuras iniciativas, como un programa de crecimiento en excelencia para startups y scaleups.

Caen las exportaciones a EEUU

Cuerpo también ha ofrecido datos sobre las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos y, aunque ha admitido una caída generalizada de las exportaciones al país de Donald Trump, exceptuando las de productos como bienes de equipo o aceite de oliva, el ministro ha matizado que 2024 fue un año “especialmente bueno” en lo que a exportaciones se refiere al país norteamericano, por lo que la comparativa interanual se presta “particularmente ambiciosa”.

En este escenario, Cuerpo ha reconocido que al igual que ha pasado con España, casi todas las grandes economías europeas como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Portugal, han reducido sus exportaciones al gigante norteamericano.

El vicepresidente primero del Gobierno también ha dado a conocer las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2018 y 2025, incidiendo en que España se ha consolidado en ese período como el sexto país del mundo que más proyectos inversores recibe y el segundo si se observan los proyectos de energía renovable. En materia de I+D España ha sido la cuarta economía global y la quinta en proyectos de Inteligencia Artificial.

Mercosur, la gran oportunidad para los sectores del automóvil y el aceite de oliva

El ministro de Economía ha destacado las oportunidades económicas que ofrece el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente para sectores como el del aceite de oliva o el del automóvil.

Sobre este último, el vicepresidente ha señalado que en la actualidad está sufriendo una caída en su nivel exportador por causas que no atienden sólo al momento coyuntural, sino que hay motivos “estructurales”. Sin embargo, ha asegurado que el acuerdo de Mercosur supondrá la eliminación progresiva de los aranceles del 35% que los vehículos europeos tienen en Mercosur.

A su juicio, “el sector se va a ver beneficiado además por una mayor convergencia regulatoria y por el acuerdo sobre reglas de origen que va a permitir una intensificación, una mayor exportación de nuestros automóviles a la zona de Mercosur”.

Cuerpo considera que el acuerdo de libre comercio también supondrá una “oportunidad excepcional” para el sector agroalimentario al ser España una potencia exportadora en este sector y eliminarse los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. Europa, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones procedentes de Mercosur.

Un ahorro de 500 millones en aranceles

El titular de Economía ha recordado que el 1 de mayo entrará en vigor de forma provisional el acuerdo comercial interino que suprimirá más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, al tiempo que ha enfatizado que para España el ahorro estimado de este acuerdo son unos 500 millones de euros anuales en aranceles.

En cuanto al impacto de este acuerdo, el vicepresidente primero ha destacado que en otros países con los que España ha firmado acuerdos de libre comercio las exportaciones han crecido, de forma significativa en el caso de Chile y Canadá.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, removió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, como parte de los cambios implementados en el Gobierno tras completar la mitad de su mandato de cinco años y en medio de la aplicación de ajustes fiscales bajo un plan de “economía de guerra”.

El jefe del Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, informó en conferencia de prensa que Juan José Galeano, actual asesor económico presidencial, asumirá como ministro interino.

“El presidente de la República, Santiago Peña, ha dispuesto en la mañana de hoy cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró Giménez en una rueda de prensa televisada.

El portavoz destacó que el ministro saliente “hizo un trabajo extraordinario” y que, durante su gestión, la economía del país creció 4,2 % en 2024 y 6,6 % en 2025.

Giménez explicó que el “segundo tiempo” de la administración requiere habilidades y competencias “muy específicas” en el área económica, razón por la cual el mandatario tomó la decisión.

Añadió que el mandatario Peña se tomará los días de Semana Santa para seleccionar, de una lista de hasta cinco candidatos, a un nuevo ministro de Economía. Tras el anuncio, Fernández Valdovinos publicó en la red social X: “Misión Cumplida!!! Todo por mi querido Paraguay”.

A mediados de marzo, Fernández Valdovinos anunció que el país aplicaría una “economía de guerra” en materia fiscal ante la caída de ingresos tributarios e instó a las instituciones del Estado a “apretarse los cinturones”.

Paraguay prevé un crecimiento económico del 4,2 % este año, con una deuda pública que ascendía en enero a USD 20.522,7 millones —el 36,4% del PIB— y un déficit fiscal de USD 1.047 millones en 2025, equivalente al 2,0 % del PIB, según datos oficiales.

A mediados de mes, Fernández Valdovinos enfrentó un revés cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocida como la “caja fiscal”, que flexibilizó la propuesta de su despacho en medio de protestas de funcionarios estatales y manifestaciones convocadas por gremios de maestros.

Hace dos semanas, el ex funcionario dijo que no pensaba renunciar mientras anunciaba un plan de ajuste. Bajo la administración Fernández, la economía paraguaya creció de forma sostenida con una inflación controlada y el país recibió dos calificaciones de grado de inversión de las agencias Moody’s y Standard & Poor’s.

Por otra parte, Peña nombró este martes a César Riveros como nuevo director general del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), tras la renuncia de Lira Giménez.

En materia económica, el presidente paraguayo promulgó el lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando así el proceso de adhesión por parte de los cuatro países fundadores del bloque. La firma permite que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el 23 de marzo.

“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras la firma. El mandatario señaló que el acuerdo facilitará el acceso de los productos paraguayos a uno de los mercados más grandes del mundo y promoverá la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación se realizó trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con 57 legisladores presentes. Paraguay se convirtió en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999.

Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada cercana a USD 22 mil millones, equivalentes al 30% del PIB mundial. El acuerdo prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

Para Paraguay, el tratado establece condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, calificó el acuerdo como “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó el 5,9% del comercio total de Paraguay, con exportaciones de USD 431 millones e importaciones por 1.233 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

(Con información de EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que ratifica el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, completando el proceso de adhesión en los cuatro países fundadores del bloque. La firma despeja el camino para que las disposiciones comerciales comiencen a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según anunció la Comisión Europea el pasado 23 de marzo.

“Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista”, escribió Peña en su cuenta de X tras estampar su firma. El mandatario destacó que el acuerdo abrirá a los productos paraguayos las puertas de uno de los mercados más grandes del mundo y facilitará la llegada de tecnología y maquinaria europea a menores costos. La promulgación llega trece días después de que la Cámara de Diputados aprobara el tratado por unanimidad, con los 57 legisladores presentes votando a favor. Paraguay se convirtió así en el último miembro fundador en completar el trámite interno, tras Argentina, Brasil y Uruguay.

El pacto, firmado el 17 de enero en Asunción por los presidentes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cierra un proceso de negociación iniciado en 1999. Abarca un mercado conjunto de aproximadamente 720 millones de personas y una economía combinada estimada en 22 billones de dólares, equivalentes al 30% del PIB mundial. Prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de los intercambios entre ambas regiones.

Para Paraguay, el tratado incluye condiciones específicas: cuotas con arancel cero para determinados productos, normas de origen adaptadas a su estructura productiva y plazos más extendidos para cumplir regulaciones sanitarias europeas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Aranda Daroczi, señaló a AFP que el acuerdo representa “una gran oportunidad de integrar el mercado y ofrecer lo que produce el Mercosur a todo el mercado europeo”. En 2024, la UE representó apenas el 5,9% del comercio total de Paraguay: exportaciones de 431 millones de dólares frente a importaciones por 1.233 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

El acuerdo enfrenta en Europa un recorrido incierto. El 21 de enero, el Parlamento Europeo aprobó por diez votos —334 a favor, 324 en contra— remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, consulta que suele demorar entre 18 y 24 meses. La iniciativa, impulsada por grupos de izquierda, contó también con el respaldo de Francia, que lidera la resistencia al pacto por el impacto que teme sobre su agricultura y ganadería.

La Comisión sorteó ese impasse estructurando el acuerdo en dos instrumentos jurídicos separados: un pilar comercial de competencia exclusiva europea y otro político y de cooperación. Esa arquitectura permite aplicar provisionalmente el capítulo de libre comercio sin esperar el voto de la Eurocámara. El abogado general del Tribunal de Justicia emitió recientemente un dictamen favorable a ese diseño, lo que reduce el riesgo de que la corte bloquee la vigencia provisional del pacto.

Asunción ejerce además la presidencia pro tempore del Mercosur y fue sede de la firma del tratado fundacional del bloque en 1991. Treinta y cinco años después, la misma capital cierra el proceso de ratificación suramericano de un acuerdo que todavía aguarda el veredicto de Luxemburgo para consolidarse de forma definitiva.

El futuro de la planta industrial de Solvay en Barreda y los criterios que emplea el Ejecutivo cántabro para garantizar su continuidad se encuentran entre los temas que serán foco de atención en la sesión plenaria que celebrará este lunes el Parlamento de Cantabria. Además, la agenda del Pleno incluye iniciativas sobre sanidad, relaciones comerciales internacionales, la política fiscal para trabajadores autónomos y el abordaje de la dependencia, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la sesión, prevista para comenzar a las 13:00, incluirá el debate de una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) centrada en la adopción de medidas para mitigar los efectos derivados del aumento de los costos del carburante. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos de las cuales estarán vinculadas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este sentido, el partido Vox presentará una iniciativa que busca rechazar cualquier medida asociada al acuerdo que pueda resultar perjudicial para los productores cántabros, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitará protección para el sector pesquero regional ante el impacto de ese tratado.

El Partido Popular (PP), por su parte, llevará a debate una proposición para pedir el cumplimiento de la normativa europea que permitiría establecer el sistema de IVA franquiciado para los trabajadores autónomos en Cantabria. Esta medida fiscal pretende favorecer a los pequeños empresarios y profesionales independientes, según reportó Europa Press. El PRC también agregará a la sesión una iniciativa que plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica dirigido al próximo curso escolar.

En la misma sesión, el Gobierno del PP tendrá que responder a tres interpelaciones presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Los regionalistas demandarán una explicación sobre los procedimientos y criterios adoptados para asegurar el futuro de la planta industrial de Solvay, ubicada en Barreda, cuya situación ha motivado preocupación sobre la viabilidad y el empleo en la zona. Según publicó Europa Press, las preguntas buscarán aclarar qué pasos está dando la administración para mantener la actividad y los puestos de trabajo en ese enclave industrial.

El PSOE y Vox orientarán sus interpelaciones hacia el sistema de atención a la dependencia. En el caso de los socialistas, se busca que el ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga explique los motivos que han llevado a Cantabria a estar entre las comunidades con menor calificación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, lo que sugiere un bajo nivel de satisfacción y seguridad en el acceso a servicios esenciales para personas dependientes. Por parte de Vox, la solicitud al Gobierno está referida al grado de cumplimiento de una moción previamente aprobada en el Parlamento, en la que se instaba a realizar un estudio para identificar con precisión las necesidades actuales en materia de dependencia en la comunidad autónoma.

Varios temas relacionados con la sanidad ocuparán también el debate parlamentario, según consignó Europa Press. Entre ellos, figuran el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio poblacional de referencia, las agresiones al personal sanitario, las demoras en la Atención Primaria y cuestiones relacionadas con infraestructuras de salud como el centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales. El PRC, en concreto, solicitará información sobre el contenido y los términos del convenio que permitiría a Cohorte Cantabria poner a disposición de una farmacéutica estadounidense los datos de 50.000 cántabros. Esta cuestión suscita interrogantes acerca de la protección de información personal y de los usos previstos para estos datos en investigaciones médicas o farmacológicas.

El PSOE, además, cuestionará al Ejecutivo respecto a los episodios de agresiones reportadas por el personal sanitario y pedirá información sobre los avances y planificación del centro de salud y hospital de Castro Urdiales, infraestructura clave para la atención en esa área geográfica. Vox, por su parte, formulará preguntas relativas al programa ZIUR, orientado a la prevención de conductas suicidas, y a la situación de las listas de espera en la Atención Primaria, un asunto recurrente de preocupación entre la población y los profesionales sanitarios.

Según informó Europa Press, la diferencia de posiciones entre los partidos políticos marcará el desarrollo de la sesión. Los debates reflejarán la diversidad de intereses y prioridades del arco parlamentario cántabro, desde la preocupación por el futuro industrial y las políticas de empleo, hasta los retos que plantea la sostenibilidad del sistema sanitario y la protección fiscal de los profesionales autónomos. Además, los representantes regionales abordarán el impacto local de acuerdos internacionales, especialmente en sectores económicos considerados estratégicos para la región, como la pesca y la producción agrícola.

El Pleno se configura así como un espacio para la confrontación y el contraste de propuestas ante las principales inquietudes sociales, laborales y económicas de Cantabria, detalló Europa Press. La jornada prevé exposiciones y debates sobre la sanidad pública, las relaciones comerciales, la fiscalidad y la gestión de servicios sociales, con la expectativa por parte de los distintos grupos de exponer sus posiciones, estrategias y medidas concretas ante cada uno de los retos en agenda.

Canadá y el bloque sudamericano del Mercosur avanzan hacia un acuerdo de libre comercio que podría firmarse a finales de año, con otra ronda de negociaciones prevista para el próximo mes en Brasilia, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Los funcionarios gubernamentales de Canadá, Argentina y Brasil declararon a Reuters que esperan que el acuerdo se cierre en 2026, y uno de ellos señaló que las conversaciones avanzaban a buen ritmo y podrían concluir antes de septiembre.

El funcionario del Gobierno argentino afirmó que se espera que el acuerdo se firme en septiembre u octubre, lo que supondría aproximadamente un año desde que se reanudaron formalmente las negociaciones.

Otro diplomático, destinado en Brasil, también declaró a Reuters que las negociaciones avanzan a una velocidad récord y muy bien, confirmando que los países probablemente llegarán a un acuerdo este año.

Se espera que el primer ministro canadiense, Mark Carney, visite Brasil en el próximo trimestre, según esta fuente. Aunque ninguno de los dos gobiernos tiene previsto anunciar un acuerdo durante la visita, esta podría servir de impulso para cerrarlo lo antes posible, señaló la fuente.

La oficina del Mercosur en Montevideo y el Ministerio de Comercio de Canadá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Este renovado impulso llega tras meses de intercambios técnicos, después de que Canadá y el Mercosur acordaran el año pasado relanzar las conversaciones que llevaban estancadas desde 2021.

El Mercosur está compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y se espera que Bolivia se convierta en miembro de pleno derecho en 2028.

Canadá ha intensificado sus esfuerzos por diversificar el comercio en medio de la incertidumbre relacionada con los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Sudamérica, especialmente Brasil, es, según esta fuente, un socio comercial del que Canadá no puede prescindir.

Para el Mercosur, un importante exportador de carne de vacuno, soja y minerales, un acuerdo con Canadá ampliaría el acceso a los mercados desarrollados y ayudaría a atraer inversiones en sectores clave como la minería.

A principios de marzo, funcionarios comerciales de Ontario, una provincia fundamental para la economía de Canadá, visitaron Argentina y Uruguay como parte de los esfuerzos por sentar las bases de un futuro acuerdo y mostrar su apoyo al aumento del comercio bilateral.

El ministro de Desarrollo Económico, Creación de Empleo y Comercio de Ontario, Victor Fedeli, se reunió con representantes de los sectores tecnológico y minero durante el viaje, dando continuidad a una visita a Brasil a finales del año pasado.

Fedeli afirmó que Ontario estaba intensificando sus contactos con Sudamérica, en parte debido a lo que denominó el efecto de la ‘aceleración de Trump’, y señaló que aproximadamente el 80% del comercio de la provincia se realiza con Estados Unidos.

“Estamos aprovechando ese impulso”, declaró Fedeli en una entrevista con Reuters en Montevideo. “El Gobierno canadiense se toma muy en serio la diversificación fuera de Estados Unidos y está trabajando para abrir nuevas oportunidades de comercio, colaboración e inversión”, añadió.

Las conversaciones con Canadá se producen después de que el Mercosur firmara un acuerdo comercial con la Unión Europea en enero, tras 25 años de negociaciones.

A principios de este mes, la Comisión Europea anunció que los elementos comerciales clave del acuerdo, que ha resultado polémico en Europa, se aplicarán de forma provisional a partir del 1 de mayo.

La preocupación por el futuro de los ingredientes tradicionales empleados en las recetas españolas ha tomado relevancia en el debate público de Valladolid. Según detalló el medio, Irene Carvajal, portavoz de Vox y responsable de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, subrayó el riesgo que representa el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur para la producción local de alimentos fundamentales en la elaboración de dulces típicos, como las torrijas, especialmente consumidas durante la Cuaresma y la Semana Santa.

Tal como publicó la fuente, Carvajal recurrió a la red social X para difundir su inquietud, acompañando su mensaje con una imagen de una bandeja de torrijas, postre emblemático en la tradición culinaria española vinculado a celebraciones religiosas. Citando sus palabras, la portavoz afirmó: “Con leche, huevos, pan y azúcar de calidad, de nuestro campo, disfrutábamos de las torrijas. Estos productos y nuestra cocina tradicional están en peligro por Mercosur”. El acuerdo entre el bloque europeo y los países sudamericanos comprende la apertura comercial de productos agroalimentarios, lo que, según Carvajal, podría afectar tanto la disponibilidad como la calidad de los ingredientes locales.

El medio informó que Carvajal vinculó la situación con la conservación de costumbres y recetas transmitidas entre generaciones, indicando que “Semana Santa es época de tradiciones culinarias, heredadas de nuestras abuelas”. La representante municipal insistió en que la posible entrada masiva de productos procedentes de Sudamérica pondría en riesgo la posición de los productores nacionales, amenazando la continuidad de la agricultura y la ganadería locales de calidad.

De acuerdo con la publicación, la dirigente de Vox en Valladolid incluyó en su intervención el debate sobre el impacto económico y cultural de estos tratados internacionales, aludiendo a la necesidad de proteger tanto la labor de los agricultores de la zona como la permanencia de las tradiciones gastronómicas que caracterizan a las festividades religiosas. A criterio de Carvajal, los ingredientes como la leche, los huevos, el pan y el azúcar, todos provenientes del entorno rural español, resultan esenciales en la preservación del patrimonio culinario, por lo que ve en el pacto con Mercosur una amenaza directa.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha despertado distintas reacciones en el sector agrícola y ganadero de España. Según consignó la fuente, los términos del tratado abren las fronteras a importaciones de materias primas a precios potencialmente inferiores a los de producción nacional, generando preocupaciones sobre la capacidad de los productores españoles para competir en el nuevo escenario. La opinión expresada por Carvajal se une a la de otros sectores que abogan por la salvaguarda de la producción local y la autonomía alimentaria frente a la globalización de los mercados.

El centro de la argumentación presentada por la portavoz de Vox reside en la vinculación entre el acuerdo internacional y la identidad cultural local. Tal como informó el medio, la defensa de los ingredientes autóctonos no solo apunta a razones económicas, sino a la conservación de celebraciones y hábitos que forman parte del acervo común de la sociedad, en particular durante períodos como la Semana Santa. Carvajal ha difundido este mensaje en redes sociales coincidiendo con la proximidad de las festividades, en un intento de llamar la atención sobre las posibles consecuencias del pacto entre bloques.

De esta manera, la representante municipal de Vox ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de la producción alimentaria regional y su relación con las políticas de apertura internacional. El mensaje difundido en la red social X, reseñado por el medio, anuncia el riesgo que visualiza para los productos de calidad de la despensa española, aludiendo a la pérdida potencial de tradiciones y al impacto económico y social para los productores y consumidores locales frente a los cambios que podría traer la implantación definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

España busca ampliar la presencia de sus productos agroalimentarios en mercados de Asia y América Latina, según declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, previas a la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es'. En ese contexto, Planas se refirió al reciente pacto comercial alcanzado por la Comisión Europea con Mercosur, valorándolo como una "gran noticia" que favorecerá tanto al sector agroalimentario español como al resto de socios europeos. Según detalló el medio, la Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor provisional de este acuerdo a partir del 1 de mayo.

De acuerdo con la información publicada, Planas consideró que el pacto con Mercosur no solo trae consigo la expansión de mercados para la producción nacional, sino que facilita también el abastecimiento de materias primas esenciales, destacando el caso de la soja, vital para la alimentación del ganado. España, como importadora de este producto, se beneficiará de la condición exportadora que tienen los países miembros de Mercosur. El medio consignó adicionalmente que Planas mencionó otros acuerdos recientes suscritos con India e Indonesia, además de la actualización del pacto comercial con México. El ministro resaltó el potencial de estos mercados para la agroindustria española, enfocándose especialmente en el objetivo de posicionar productos españoles en regiones de alto crecimiento demográfico como India, país con 1.400 millones de habitantes y donde la presencia de productos alimentarios españoles es todavía limitada.

La apertura del congreso también contó con la participación del conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, así como del presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; y el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens. El medio reportó que durante el evento se aludió al contexto global como un periodo de transformaciones y oportunidades para el sector alimentario.

Planas detalló ante la prensa que la agroindustria enfrenta actualmente cuatro grandes retos: el geopolítico, referido a tensiones internacionales; el comercial, vinculado a la apertura de nuevos mercados; el climático, por los efectos de las altas temperaturas, disminución de lluvias y aumento de fenómenos extremos; y la digitalización, que incluye la incorporación de inteligencia artificial en la cadena de valor. El ministro abordó el potencial de la inteligencia artificial en el control de calidad, predicciones y análisis de datos en el sector. "Si, por desgracia, en estos momentos la IA está sirviendo para destruir y para matar, yo soy optimista y quiero pensar que también si está debidamente regulada podrá servir para el futuro de nuestra humanidad como ya está sirviendo en muchos sectores", expresó Planas según informó el medio.

El conseller Óscar Ordeig subrayó la necesidad de producir más alimentos con menos recursos, garantizando la oferta de productos saludables tanto en Catalunya, como en España y Europa. Ordeig se manifestó sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos, describiéndolas como una muestra de egoísmo y exclusión, y señaló la importancia de dialogar, cooperar y alcanzar acuerdos "con generosidad y con ambición de futuro". El medio relató que Ordeig también aludió al impacto de crisis sanitarias recientes en el sector agroalimentario y afirmó que la Generalitat y el Gobierno dedicarán los recursos necesarios para la defensa de la ganadería, el sector porcino, las exportaciones y la estructura alimentaria local.

En el marco de la cumbre, las autoridades repasaron los esfuerzos realizados para enfrentar el impacto de conflictos internacionales. Antes del inicio oficial del evento, Planas se refirió al paquete de 80 medidas que el Gobierno ha aprobado para mitigar los efectos de la guerra en Irán, calificándolo, según la cobertura del medio, como "el paquete más potente que a nivel de los 27 Estados miembro de la Unión Europea que se ha aprobado". El plan prevé movilizar 5.000 millones de euros e incluye ayudas para amortiguar el alza de precios de la gasolina y el gasóleo, más de 500 millones para la compra de fertilizantes, y líneas de financiación específicas para sectores agroalimentario y pesquero, a través de ICO, MAPA y SAECA.

Durante la inauguración, el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens, valoró el carácter histórico de la edición, señalando que coincide con el quincuagésimo aniversario del evento y con un momento decisivo para el sector alimentario. Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona, consideró el escenario actual determinante para el futuro de la alimentación. Por su parte, José Luis Bonet, de la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio de España, defendió la colaboración entre sectores público y privado como un motor para el desarrollo, según puntualizó el medio.

Este cruce de perspectivas, recogidas en la cobertura del medio, muestra cómo la política comercial, la cooperación institucional y la incorporación de nuevas tecnologías representan algunos de los elementos estratégicos presentes en los desafíos y las iniciativas del sector agroalimentario español y europeo.

Argentina, Brasil y Uruguay enviaron ya la notificación final que les permite participar en la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur desde el 1 de mayo, de acuerdo con información publicada por la agencia Europa Press. Según la misma fuente, sólo resta que Paraguay remita este requisito formal para cerrar el proceso del bloque sudamericano, aunque desde Bruselas se indica que ese trámite podría concretarse en breve.

Tal como informó Europa Press, la Unión Europea notificó este lunes a los países del Mercosur acerca de la utilización del instrumento de aplicación provisional para el Acuerdo interino de Comercio entre ambos bloques. De acuerdo con el procedimiento, la Comisión Europea —que actúa como interlocutor de los veintisiete Estados miembros en cuestiones de comercio— envió una “nota verbal” a Paraguay, país que ocupa actualmente la presidencia pro témpore de Mercosur, en la que comunica oficialmente este paso. El acuerdo, tras años de negociaciones, podrá activarse de manera interina mientras se completa el proceso de ratificación definitivo en las instituciones europeas.

El pacto de libre comercio se empezará a aplicar transitoriamente a partir del 1 de mayo únicamente en aquellos Estados que hayan completado no solo la ratificación del acuerdo sino también la notificación oficial a las autoridades competentes de la Unión Europea antes de que finalice marzo, puntualizó Europa Press. Según los servicios comunitarios europeos, los cuatro miembros originarios de Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— han finalizado los respectivos procesos internos de ratificación del acuerdo. Sin embargo, hasta el lunes sólo tres países habían cumplido con el trámite adicional de comunicar formalmente esta decisión a la Unión Europea, requisito imprescindible para la entrada en vigor provisional en sus territorios.

El proceso institucional en Europa continúa en paralelo y todavía requiere varios permisos para la adopción definitiva del acuerdo. Según detalló Europa Press, el pacto comercial —junto con el acuerdo de asociación y el componente político— solo entrará en vigencia plena una vez cumpla el visto bueno tanto del Parlamento Europeo como de los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Sin embargo, este punto permanece en situación de indefinición, ya que la Eurocámara ha optado por impugnar la base jurídica del acuerdo presentando el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que imposibilita que los eurodiputados voten sobre el tema hasta que el alto tribunal publique su dictamen.

El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic, expresó su valoración sobre el avance del acuerdo a través de un comunicado reproducido por Europa Press. “Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial clave”, señaló el funcionario europeo, quien expresó su confianza en que el pacto “alcance su máximo potencial, fortaleciendo la economía europea y reforzando su posición en el comercio mundial, mientras (la UE) completa todos los procedimientos democráticos”.

Además de las complejidades legales e institucionales, el acuerdo deberá superar el escrutinio de las autoridades de cada país europeo, ya que la ratificación final exige que los veintisiete parlamentos nacionales completen sus procedimientos internos. De acuerdo con Europa Press, el avance del pacto se produce tras años de negociaciones, debates y revisiones, en un contexto marcado por reclamaciones políticas y objeciones jurídicas provenientes de diversos actores en el espacio europeo e internacional.

La decisión de activar la aplicación provisional responde a que tanto las instituciones comunitarias como los socios sudamericanos buscan que los beneficios del libre comercio y la asociación política se materialicen antes de la conclusión de los trámites jurídicos definitivos. De acuerdo con el comunicado de la Comisión Europea citado por Europa Press, la activación interina implicará la implementación inmediata de las disposiciones comerciales acordadas, siempre que el país sudamericano correspondiente haya cumplido con las obligaciones previas de ratificación y notificación.

El pacto UE-Mercosur, negociado después de varios años y sujeto a distintos aplazamientos, implica la creación de una de las mayores áreas de libre comercio a nivel global. Según Europa Press, la puesta en marcha provisional del acuerdo permitirá iniciar la apertura de los mercados, el establecimiento de nuevas reglas para el intercambio de bienes y servicios, y la consolidación de la cooperación política entre las dos regiones, con la expectativa de avanzar hacia la consolidación definitiva cuando los órganos europeos completen los trámites pendientes.

El presidente de la Unión Agraria de la Región de Murcia (UARM), Antonio Martínez, destacó la preocupación por la falta de relevo generacional en el sector agrario y el cierre sostenido de explotaciones en la comarca, subrayando que estas situaciones generan una incertidumbre creciente para la viabilidad futura de las actividades agrícolas y ganaderas. Según informó la UARM, la organización ha nacido para hacer frente a lo que considera “recortes” sistemáticos en la Política Agraria Común (PAC), las consecuencias adversas del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como los persistentes problemas de acceso al regadío que afectan al campo murciano.

La formalización de la UARM tuvo lugar recientemente en Jumilla, y el medio oficial de la UARM detalló que la entidad busca posicionarse como una alternativa independiente dentro de la estructura nacional de Unión de Uniones. Según reportó el organismo, uno de los reclamos centrales pasa por la convocatoria de elecciones al campo, un ejercicio democrático que, según denunció la UARM, no se ha realizado en la Región de Murcia desde hace más de dos décadas. La agrupación sostiene que es prioritario que sean los propios agricultores y ganaderos murcianos quienes elijan a sus representantes.

Tal como publicó la UARM, la organización rechaza de manera explícita la reducción en las ayudas procedentes de fondos europeos y advierte sobre un riesgo inminente para la estabilidad del sector de frutas y hortalizas en caso de desaparecer la Intervención Sectorial. Según consigna el colectivo, este escenario amenaza especialmente al sector vitivinícola murciano, pues la región ha experimentado una disminución del 56% en la superficie cultivada de viñedo en los últimos 25 años. Las consecuencias directas de esta pérdida, de acuerdo a la agrupación, reflejan la precarización progresiva que vive el territorio rural murciano.

El medio oficial de la UARM informó también que la nueva plataforma exige una gestión justa de los recursos hídricos para los cultivos murcianos, reclamando políticas que eliminen la competencia entre regiones. Según puntualizó UARM, el sector hortofrutícola regional genera un volumen de negocio superior a los 37.000 millones de euros y depende de un acceso al agua suficiente y estable para su supervivencia. Esta realidad, según indica la agrupación, exige una respuesta institucional que priorice la sostenibilidad de la actividad agrícola.

Sobre el impacto internacional, la organización ha puesto el foco en el conflicto en Oriente Medio como un factor determinante en el encarecimiento de los insumos necesarios para el sector primario. Según trasladó UARM, existe una necesidad urgente de combatir la especulación en estos insumos. Para tal fin, la entidad, a través de la red Unión de Uniones, ha presentado propuestas directamente ante el Ministerio y los partidos políticos, solicitando medidas efectivas para mitigar el efecto de la subida de precios.

En cuanto a la representatividad del sector, UARM subrayó que su constitución responde a la carencia de espacios democráticos reales dentro del campo murciano, situación que —señaló la organización— se agrava por la ausencia de comicios para elegir a quienes defienden los intereses de agricultores y ganaderos. La agrupación reiteró que su objetivo principal consiste en “defender al campo murciano” desde una posición autónoma, reivindicando mecanismos de participación abiertos y transparentes para todos los implicados en el sector agroalimentario.

El comunicado difundido por la UARM recuerda que los retos a los que se enfrenta el sector murciano no sólo obedecen a decisiones administrativas en materia de ayudas y fondos, sino que se ven agravados por elementos externos como acuerdos comerciales internacionales, condiciones adversas para el riego y la gestión del agua, o los efectos globales de conflictos armados. Frente a este escenario, la organización aseguró que mantendrá activa su agenda de reivindicaciones y propuestas para procurar la continuidad y viabilidad de la agricultura y ganadería de la Región de Murcia.

En un escenario global incierto ante la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina e India impulsan la ampliación del acuerdo comercial vigente con el Mercosur, firmado en 2004, llevando de 450 a 3.000 la cantidad de productos con preferencias arancelarias.

Se trata de una oportunidad enorme en términos de exportaciones, considerando que el mercado indio reúne a más de 1.470 millones de personas y que el comercio bilateral ya se aproxima a los USD 7.000 millones anuales.

Durante la Cumbre Empresarial India Argentina, realizada en la Bolsa de Cereales, el embajador Ajaneesh Kumar remarcó la importancia de dicho pacto para dinamizar las relaciones económicas, a la vez que mencionó algunos puntos clave en los que hay que trabajar conjuntamente para potenciar la alianza estratégica entre ambos países.

En primer lugar, destacó la necesidad de expandir el acceso al mercado, lo que permitiría diversificar el comercio y fortalecer las cadenas de suministro. En la misma línea, el diplomático cree que es fundamental abordar las barreras no arancelarias para evitar obstáculos administrativos y normativos en el intercambio.

“También deberíamos garantizar que las medidas de defensa comercial, incluidas las acciones antidumping, se apliquen de forma transparente, previsible y justa, de modo que no se conviertan en barreras involuntarias”, señaló Kumar.

Al mismo tiempo, propuso avanzar en la agilización de los trámites de visado, a fin de promover los viajes y la actividad empresarial, e invitó a la creación de más espacios de diálogo, reuniones de negocios y eventos.

Por otro lado, en un marco de déficit de infraestructura, el embajador abrió la puerta a una mayor cooperación en este ámbito, al subrayar la vasta experiencia de la India en el desarrollo de obras y soluciones aplicadas a operaciones mineras, proyectos energéticos, puertos y maquinaria pesada, sectores especialmente relevantes para Argentina.

A su turno, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, resaltó: “La India se encamina a convertirse este año en la cuarta economía del mundo, superando a Japón, y las proyecciones indican que hacia 2030 dejará atrás a Alemania, para ubicarse como la tercera potencia global. Si se analiza la evolución del PBI dentro del G20, muestra en los últimos tres años el mayor dinamismo, con un promedio de crecimiento cercano al 7%”.

“Por eso, más que una política de Estado, debemos avanzar hacia una estrategia empresarial que entienda que apostar por este mercado es apostar por el futuro”, agregó.

Recordó que el 85% de las exportaciones locales a India corresponden a la industria aceitera, lo que implica que uno de cada dos aceites importados que llegaron a la mesa de las familias de ese país fue de origen argentino.

Idígoras enfatizó que un acuerdo comercial Mercosur- India más amplio elevaría significativamente las ventas de alimentos y las inversiones.

El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería, Fernando Brun, sostuvo que la Argentina se encuentra en un escenario internacional que obliga a replantear alianzas y a dejar de pensar solo en complementariedad, para avanzar hacia la integración de cadenas de valor.

Esto, dijo el diplomático, requiere negociaciones y una profundización de los acuerdos comerciales, ya sea a nivel bilateral o a través del Mercosur.

En ese camino, consideró que se presenta una oportunidad única con la India: pasar de un pacto limitado a uno mucho más ambicioso, que contemple no menos de 3.000 posiciones arancelarias.

Brun aludió a las actuales problemáticas para diversificar la oferta exportable, al solamente poder colocar dos nuevos productos por año en el mercado indio, dado los tiempos y complejidades existentes para su ingreso.

Contó que se mantienen conversaciones con las provincias para identificar aquellas economías regionales que requieren más apoyo, con la intención de incorporarlas a una eventual nueva canasta de preferencias arancelarias, que podría definirse este año. Ese enfoque estará contemplado asimismo en las negociaciones en marcha para rubricar nuevos acuerdos comerciales con Vietnam, Panamá y Japón.

En su discurso, Brun afirmó que “la transformación de la Argentina pasa por convertir sus recursos en motores del crecimiento. Para ello, se requieren pilares sólidos que abarcan la macroeconomía, las políticas regulatorias y la apertura de mercados, pero también la ejecución de proyectos logísticos vinculados a rutas, ferrocarriles, la hidrovía y los puertos. Esa es la agenda que el país tiene con la India”.

Por último, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, manifestó: “El mundo atraviesa una reconfiguración profunda de sus cadenas de valor en energía, alimentos y tecnología; y los países que sepan anticiparse a ese proceso y construir alianzas serán los que lideren la próxima etapa. En este contexto, la India ha definido una estrategia clara para asegurarse minerales críticos fundamentales”.

Cabe mencionar que JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) y KABIL (Khanij Bidesh India Ltd) firmaron en 2020 un Memorándum de Entendimiento que incluye la exploración y producción de minerales, así como el desarrollo científico y tecnológico en el sector.

En suma, el mandatario provincial señaló que mantiene contacto con otras empresas indias interesadas en concretar nuevos proyectos mineros en Jujuy, que, aparte de litio, produce cobre, plata, oro y zinc, y tiene un gran potencial en tierras raras.

En otro orden de cosas, Sadir anunció que están explorando la posibilidad de avanzar en acuerdos para la importación de medicamentos desde la India, “siguiendo las experiencias exitosas de otras provincias”.

“Es una alternativa que puede contribuir a mejorar el acceso y la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública, a través de la incorporación de insumos de calidad a costos competitivos”, apuntó.

Durante su intervención en la Conferencia Global Synergy 2026 en Bruselas, Alberto Núñez Feijóo subrayó que el problema principal del sector agrícola y ganadero europeo no se deriva del acuerdo con Mercosur, sino de desafíos internos ya presentes en la Unión Europea. El líder del Partido Popular explicó que, hasta el momento, el acuerdo de asociación con Mercosur aún no ha entrado en vigor, por lo que las preocupaciones actuales del sector no responden a la implementación de este tratado comercial. Presentó este argumento en el contexto de los debates sobre la aplicación de las salvaguardas de protección incluidas en el pacto, según informó Europa Press.

Feijóo instó a la Comisión Europea a responsabilizarse no solo de la firma de acuerdos internacionales, sino también de garantizar su estricto cumplimiento y el de las salvaguardas destinadas a proteger al sector primario europeo. Según Europa Press, el dirigente popular fue claro al señalar que “el contenido del tratado y las salvaguardas que hemos aprobado antes de que entre en vigor Mercosur, si se cumplen, los agricultores y los ganaderos europeos pueden estar tranquilos. Si no se cumplen, no. Pero eso ya es responsabilidad de la Comisión Europea”. El presidente del PP sostuvo que los agricultores y ganaderos europeos pueden confiar en la protección siempre que se haga una aplicación rigurosa de los mecanismos previstos para evitar desequilibrios en la competencia.

Durante su participación en la conferencia organizada por el Centro Wilfried Martens bajo el título ‘Poder, Alianzas y el Próximo Orden Global’, Feijóo destacó que, desde la perspectiva del Partido Popular, los acuerdos comerciales son una herramienta necesaria para el futuro de Europa y su relación con el resto del mundo. Consideró que la apertura al mercado latinoamericano supone nuevas oportunidades que, si no son aprovechadas por la UE, quedarán en manos de actores como China. Según reportó Europa Press, Feijóo advirtió que la ausencia europea en este tipo de pactos podría facilitar la consolidación de otras potencias en esos mercados estratégicos.

La preocupación del sector primario respecto al acuerdo con Mercosur se ha incrementado tras las recientes protestas del campo, que exigen garantías para que los productos europeos puedan competir en condiciones justas con lo importado de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El líder del PP reconoció que agricultores y ganaderos muestran reticencias porque han sufrido las consecuencias de acuerdos previos en materia de agricultura, ganadería y pesca, los cuales, según sus palabras, han generado perjuicios para el sector primario en beneficio de otros intereses.

Sin embargo, Feijóo matizó que Mercosur aún no ha comenzado a funcionar como tratado, por lo que descartó atribuirle la responsabilidad de las dificultades que enfrenta el campo europeo. “Comprendo estas dudas pero lo que no podemos es echarle la culpa a un acuerdo que no ha entrado en vigor”, sostuvo, según consignó Europa Press. Añadió que la Unión Europea está importando productos de Latinoamérica en volúmenes superiores a los previstos en Mercosur, y sin la aplicación de aranceles, lo cual agrava la situación existente.

El líder del PP añadió que, en gran medida, corresponde a la Comisión Europea la vigilancia y ejecución de los acuerdos para evitar que se repitan problemas observados en otros tratados anteriores, como el de Marruecos. Según publicó Europa Press, Feijóo afirmó que Bruselas ha desatendido su responsabilidad durante la inspección de pactos previos, por lo que exigió un mayor compromiso para hacer efectivas las previsiones de Mercosur una vez se ponga en marcha. Sostuvo que el texto actualizado del acuerdo cuenta con la experiencia acumulada de anteriores negociaciones y que la prioridad debe ser el cumplimiento efectivo de las normas establecidas.

Feijóo defendió el papel del Partido Popular como garante de los intereses de los agricultores, ganaderos y del conjunto del sector primario. Hizo hincapié en la importancia de mantener el apoyo electoral en áreas rurales y del campo, advirtiendo sobre las posibles consecuencias electorales de descuidar las demandas de estos colectivos. “Después no nos quejemos en el resultado electoral”, afirmó, insistiendo en que abandonar a este sector es arriesgar su respaldo político.

Durante su intervención, el líder del PP mencionó la necesidad de asegurar condiciones equitativas en la producción y comercialización. Según destacó Europa Press, Feijóo remarcó que los productores europeos reclaman igualdad de condiciones, especialmente en materia de trazabilidad, controles higiénico-sanitarios e inspecciones. Subrayó que la competencia solo puede considerarse leal si los socios comerciales cumplen los mismos estándares que la UE exige a sus propios actores. “Uno de los valores que inspira a la Unión Europea es la competencia leal, no la competencia desleal”, remató.

En relación a los detractores del tratado, y en referencia implícita a Vox, Feijóo cuestionó qué resultados han obtenido aquellos que expresan su rechazo al pacto con Mercosur. Según textualmente recogió Europa Press, preguntó: “Entonces, todos los que están en contra de Mercosur, al final, ¿qué han conseguido?”. Añadió que fue el Partido Popular Europeo quien logró la inclusión de salvaguardas en el acuerdo y el compromiso de añadir 45.000 millones más a la política agraria común, calificando este avance como una respuesta concreta a las demandas del sector.

Respecto al contexto político, Feijóo planteó que la discusión en torno al acuerdo con Mercosur se inserta en un debate más amplio sobre la orientación de la política agraria y comercial de la UE, así como sobre la protección de los estándares y la viabilidad del sector. Señaló que las preocupaciones del campo europeo son legítimas a la luz de la experiencia pasada, pero insistió en enfocar la responsabilidad en la capacidad de Bruselas para hacer respetar los compromisos asumidos, resumiendo así su llamada a la vigilancia activa y efectiva del cumplimiento del acuerdo por parte de las autoridades comunitarias.

Europa Press recordó que, dentro de los materiales disponibles sobre estas declaraciones y la intervención de Feijóo en Bruselas, pueden consultarse imágenes y recursos audiovisuales a través de sus canales oficiales para seguimiento periodístico.

El presidente de la patronal del gran consumo en España, Ignacio González, expuso que entre 2023 y 2030 se prevé la jubilación de cinco millones de personas, de las cuales solo uno coma cinco millones serán reemplazadas, lo que provocará una brecha de tres coma cinco millones de trabajadores que requerirá una migración ordenada. Con este análisis demográfico, González abordó la urgencia de tomar medidas estructurales y situó la apertura de nuevos mercados internacionales como prioridad ante la actual incertidumbre global y el cierre o riesgo de cierre de destinos relevantes para las exportaciones, como Estados Unidos, según publicó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, durante su intervención en el foro 'El sector agroalimentario en España 20 años de transformación', organizado por Pascual y la propia agencia, González afirmó que la búsqueda de "mercados alternativos" es imprescindible, señalando en particular a Mercosur como una oportunidad estratégica. El presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) sostuvo que el contexto geopolítico global, afectado por el conflicto en Oriente Medio, exige diversificación de destinos para los productos españoles y la revisión a fondo de las barreras de acceso a mercados latinoamericanos, a la vez que pidió mejoras concretas para lograr la apertura efectiva de estos mercados.

El dirigente de Aecoc también reclamó un compromiso político decidido. Solicitó a los representantes de todas las formaciones políticas que prioricen la “preparación y altura de miras” y posterguen las disputas partidistas para articular un autodenominado “plan país” que atienda los retos comunes, más allá del sector específico, y represente los intereses sociales reales. Argumentó que los problemas que atraviesa el sector agroalimentario, como la disponibilidad de mercados y la transformación laboral, deben abordarse como desafíos nacionales.

La situación económica fue otro de los ejes del análisis de González, quien describió la diferencia entre la coyuntura macroeconómica favorable y la realidad de los hogares. El presidente de Aecoc indicó que, de acuerdo con los datos de enero, el gran consumo en España está experimentando un crecimiento del 4,5 por ciento. Además, explicó que la inversión nacional se mantiene en buen estado y que hasta hace poco la inflación se encontraba controlada. Reconoció que el desempleo estructural sigue siendo elevado en términos comparativos, aunque en uno de los mejores registros de la última década y media.

No obstante, González señaló que la renta disponible de las familias permanece estancada desde 2019, por lo que la situación económica en el plano micro presenta un panorama diferente al de las cifras macroeconómicas. Atribuyó parte de ello al aumento de la recaudación impositiva: mientras que en 2006 el Estado ingresaba 170.000 millones de euros por impuestos, en 2023 esa cifra llegó a 300.000 millones, casi el doble. Según expuso, este incremento en la presión fiscal podría explicar el escaso avance en los ingresos familiares.

Según difundió Europa Press, González expuso también los desafíos internos del sector en relación con el mercado laboral. El absentismo empresarial, según las estadísticas oficiales, se sitúa en el 7,5 por ciento, aunque desde su perspectiva la cifra se acerca más al 10 por ciento, mientras que en 2006 se encontraba en el 4,5 por ciento. Advirtió del alto coste que supone este fenómeno para la competitividad de las empresas y recalcó la vulnerabilidad que podría incrementar si no se implementan medidas para ordenar el relevo generacional y la atracción de nuevos perfiles laborales mediante la migración.

El presidente de Aecoc subrayó que el sector tiene un papel relevante en mejorar el poder adquisitivo de los consumidores, facilitando el acceso a los productos de gran consumo especialmente para personas de clase media y media-baja, con la meta de “democratizar” los productos. Pidió que la sostenibilidad se concilie con la competitividad, de manera que las nuevas exigencias regulatorias y ambientales no afecten la capacidad de las empresas para competir.

En la revisión de las tendencias demográficas y de cambio social, González apuntó que la sociedad española afronta un descenso de la natalidad, un aumento de hogares unipersonales y de menor tamaño, el envejecimiento poblacional y una creciente importancia de las personas mayores y los inmigrantes en el consumo. De acuerdo con Europa Press, estas transformaciones impulsan nuevas pautas de consumo y obligan al sector a adaptarse en el diseño y oferta de productos, así como en las estrategias de distribución y atención al cliente.

En su intervención, González abogó por intensificar el diálogo con las administraciones públicas y solicitó que el sector del gran consumo sea escuchado en la toma de decisiones, señalando el peso económico que representa y su conocimiento del comportamiento de los consumidores. “Queremos lo mejor para este país, con lo cual los fines son comunes, lo que tenemos es que trabajar juntos”, manifestó el presidente de Aecoc, según recogió Europa Press.

En suma, el portavoz de la patronal del gran consumo español enfatizó la importancia de anticiparse a los cambios del entorno internacional diversificando las exportaciones, gestionar el relevo generacional con políticas eficaces de migración ordenada y diseñar un marco político y fiscal orientado a aumentar la renta disponible y la competitividad de las empresas del sector.

Paraguay ejercerá su presidencia 'pro tempore' del Mercosur teniendo ya aprobada la ratificación interna al tratado de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea. Tal como publicó Europa Press, el Congreso paraguayo aprobó este martes el acuerdo, convirtiéndose en el último de los países miembros del Mercosur en completar el proceso legislativo necesario. Con esta decisión, el tratado ha obtenido la aprobación en todas las naciones que integran el bloque regional: Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. El acuerdo persigue ampliar las oportunidades de comercio entre ambos mercados, en especial para productos paraguayos, aunque todavía requiere el visto bueno final de la Unión Europea para su entrada en vigor.

De acuerdo con Europa Press, la Cámara de Diputados del Parlamento paraguayo señaló en un comunicado que, luego de una ronda de argumentaciones, el proyecto de ratificación resultó sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación formal. El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, calificó la aprobación como una apertura comercial hacia una población de más de 400 millones de personas en Europa, considerada la de mayor poder adquisitivo en el mundo. Por su parte, el propio comunicado del Poder Legislativo destacó que el acuerdo ofrece ventajas específicas para Paraguay, como cuotas de exportación exclusivas con arancel cero para ciertos productos, normas de origen adaptadas para facilitar el ingreso de exportaciones hacia el continente europeo, y períodos más extensos para ajustarse a regulaciones sanitarias.

El proceso de aprobación en Paraguay culmina la ratificación interna del tratado en el Mercosur, tras los votos favorables alcanzados previamente en los parlamentos de Uruguay, Argentina y Brasil. El medio Europa Press consignó que este martes también se conoció en Brasil la promulgación del decreto legislativo que ratifica el acuerdo, procedimiento que complementa la doble aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado brasileño a principios de este año. Una vez completadas estas etapas nacionales, el bloque avanza formalmente en la dirección pactada en Asunción el 17 de enero pasado, fecha en que se firmó el acuerdo final.

Según Europa Press, el Parlamento paraguayo puso énfasis en que la ratificación representa un "hito histórico" para América del Sur y Europa, anticipando una transformación en las relaciones comerciales. Para Paraguay, las condiciones específicas negociadas incluyen reglas de origen flexibles y plazos de adecuación extendidos, elementos que buscan incentivar la participación de productos locales y pequeñas y medianas empresas paraguayas en el mercado europeo. Estas disposiciones forman parte de un conjunto de compromisos asumidos en el texto del acuerdo, que contiene además esquemas graduales para la eliminación de obstáculos comerciales y el establecimiento de normas sanitarias compatibles para facilitar el flujo de bienes.

El siguiente paso en el proceso corresponde a la Unión Europea. El medio Europa Press reportó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó a finales de febrero el inicio de las gestiones para la aplicación provisional del tratado comercial. La Comisión lleva adelante el trámite requerido para la confirmación definitiva, que involucra tanto la revisión interna de los Estados miembros europeos como el aval del propio Parlamento Europeo.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea ha sido resultado de negociaciones multilaterales prolongadas durante años y, según detalló Europa Press, contempla la liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios, así como la protección recíproca de inversiones y un marco para la cooperación técnica y regulatoria entre ambas regiones. Entre los productos favorecidos por las cuotas exclusivas y los aranceles reducidos se encuentran principalmente bienes de la agroindustria y otros sectores priorizados por los países sudamericanos.

Europa Press subrayó además que la entrada en vigencia del pacto podría implicar modificaciones importantes en las cadenas de exportación, logística y competitividad para los exportadores del Mercosur. Las reglas diferenciadas acordadas para Paraguay también reflejan intentos de equilibrar las diferencias de desarrollo económico dentro del propio bloque sudamericano, procurando que los beneficios del acuerdo alcancen por igual a todos los socios.

El Gobierno brasileño expresó mediante comunicado legislativo su proyección de que el acuerdo podría entrar en vigor durante este semestre, sujeto al avance de la ratificación europea. Por su parte, los legisladores paraguayos destacaron en declaraciones difundidas por Europa Press el impacto potencial del tratado en el acceso a nuevos mercados y la creación de oportunidades para sectores empresariales que tradicionalmente han tenido dificultades para ingresar al contexto europeo.

El texto aprobado establece cláusulas para salvaguardias comerciales y mecanismos de solución de diferencias, elementos que buscan garantizar la transparencia y estabilidad de la relación comercial bilateral. La integración regional sudamericana y el fortalecimiento de los lazos con Europa constituyen, según Europa Press, los objetivos de fondo que animan este proceso.

Europa Press también indicó que la aprobación paraguaya y la ratificación conjunta del Mercosur reavivan el debate en Europa acerca de los compromisos ambientales, laborales y regulatorios que acompañan la liberalización comercial con países extracomunitarios. Estos aspectos forman parte de las negociaciones internas que la Unión Europea llevará a cabo antes de la aplicación final del acuerdo, según consta en los comunicados oficiales citados por el medio.

En el contexto sudamericano, la culminación de la ratificación se produce bajo la presidencia 'pro tempore' de Paraguay, lo que confiere al gobierno de ese país un rol central en la coordinación diplomática y administrativa de los pasos siguientes. La expectativa de que las exportaciones paraguayas se beneficien con las cuotas arancelarias y las reglas de origen adaptadas es uno de los componentes estratégicos para el país, tal como detalló Europa Press.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyos términos generales incluyen un universo de más de 400 millones de consumidores europeos, representa una de las mayores zonas de libre comercio potenciales a nivel global. Tras la aprobación sudamericana, el foco se desplaza a Bruselas, donde la Unión Europea deberá dar el paso definitivo para la aplicación provisional y posterior entrada en vigor del tratado, procedimiento que podría culminar en unos meses si se cumple el cronograma previsto.

El Congreso de Brasil y la Cámara de Diputados de Paraguay aprobaron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, completando el proceso de ratificación por parte de los países fundadores del bloque sudamericano.

Con esta decisión, todas las naciones de Mercosur dieron el visto bueno, finalizando el proceso requerido dentro del bloque sudamericano.

Para que el acuerdo empiece a aplicarse provisionalmente, la UE y los países del Mercosur deben completar un procedimiento formal que incluye el intercambio de notas diplomáticas.

La decisión se adoptó tras sesiones parlamentarias en ambos países, donde legisladores y autoridades destacaron la rapidez y el alcance de un tratado considerado uno de los más relevantes para ambos continentes.

En el caso de Brasil, la promulgación se realizó durante una sesión solemne con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, junto al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

En tanto, Paraguay respaldó el acuerdo por unanimidad entre los 58 legisladores presentes, cerrando la última instancia parlamentaria requerida en el bloque sudamericano.

El proceso incluyó más de nueve horas de debate parlamentario, donde representantes del oficialismo y la oposición coincidieron en la oportunidad que representa el acuerdo para ambas regiones.

Brasil y Paraguay se sumaron a la ratificación de países como Argentina y Uruguay. El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción tras casi 30 años de negociaciones, abarca un mercado conjunto de aproximadamente 718 millones de personas y un producto interior bruto combinado de USD 22 billones, según datos oficiales.

Con la aprobación, el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente en mayo, siempre que el proceso europeo continúe según lo previsto.

El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea establece un área de libre comercio que integrará los mercados de Europa y Sudamérica bajo un marco común de reglas, reducción de aranceles y apertura de oportunidades para bienes y servicios.

El vicepresidente Geraldo Alckmin confirmó que el gobierno brasileño notificó a la Unión Europea sobre la promulgación, un paso necesario para la entrada en vigor provisional del pacto.

Varias de las disposiciones comerciales se aplicarán de inmediato, mientras que otras lo harán en etapas hasta su implementación definitiva.

Dos semanas antes, el Senado paraguayo había dado su aval y la promulgación ejecutiva quedó pendiente a la firma del presidente Santiago Peña.

Durante la sesión, el diputado Rodrigo Gamarra, presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), subrayó la dimensión del mercado integrado tras la ratificación de los cuatro miembros fundadores.

El diputado Juanma Añazco lo definió como “el puente hacia la plena integración”, mientras que Alejandro Aguilera destacó el extenso trayecto de negociaciones y el significado histórico de su concreción.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 26 de febrero la disposición del bloque europeo para iniciar la implementación temporal del tratado.

Además, señaló que la aplicación provisional es un paso intermedio y recordó que la ratificación definitiva requiere la aprobación del Parlamento Europeo. El cuerpo legislativo europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para una revisión legal, procedimiento que podría demorar varios meses.

(Con información de EFE)

Panamá y Argentina dieron un paso clave para profundizar su relación económica al acordar avanzar en los términos de referencia que permitirán iniciar conversaciones formales de un acuerdo comercial con el Mercosur, bloque al que Panamá se incorporó como Estado Asociado en 2025.

La decisión se produjo en el marco de la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas celebrada en Buenos Aires, donde ambas delegaciones coincidieron en que este proceso podría marcar un punto de inflexión en el intercambio bilateral.

La reunión fue encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y por el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Manuel Navarro.

El avance busca reducir barreras, facilitar el comercio y ampliar oportunidades para el sector privado panameño en el Cono Sur.

El interés de Panamá en este acercamiento responde a una estrategia más amplia de integración regional. La adhesión al Mercosur como Estado Asociado abrió la puerta a un mercado ampliado, donde Argentina representa un socio relevante por su tamaño y capacidad productiva.

El inicio de estas conversaciones técnicas permitirá definir las reglas del juego para un eventual acuerdo, incluyendo condiciones arancelarias, acceso a mercados y cooperación económica. Para Panamá, esto implica diversificar destinos de exportación y fortalecer su posición como plataforma logística regional.

Los datos recientes reflejan un movimiento todavía limitado, pero con señales de crecimiento. Entre enero de 2025 y enero de 2026, las exportaciones panameñas hacia Argentina crecieron 51.1% en términos mensuales comparativos, pasando de $31,300 a $47,300. A pesar de este incremento, el intercambio comercial sigue siendo deficitario para Panamá, ya que las importaciones desde Argentina superan los $13 millones mensuales, impulsadas principalmente por camiones, aceite de soja y medicamentos.

El reto, por tanto, no solo es crecer, sino equilibrar la balanza comercial en el mediano plazo.

En cuanto a la oferta exportable, Panamá mantiene una canasta relativamente concentrada. Los poliacetales se posicionan como el principal producto de exportación hacia Argentina, con valores cercanos a los $40,800 a inicios de 2026.

A esto se suman productos químicos y técnicos, así como bienes tradicionales como cacao y tabaco, identificados como oportunidades por el Ministerio de Comercio e Industrias.

La eventual negociación con el Mercosur podría ampliar esta base exportadora, siempre que se logre mejorar la competitividad y el acceso a ese mercado.

Más allá del componente comercial, la reunión bilateral permitió avanzar en otros frentes de cooperación. En materia de seguridad, ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación frente a amenazas como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, promoviendo además el intercambio de inteligencia y formación policial.

Este eje refleja una agenda compartida que va más allá del comercio, incorporando desafíos regionales que requieren respuestas conjuntas.

En el ámbito científico y tecnológico, Argentina presentó sus capacidades en áreas como el desarrollo nuclear aplicado a la salud y la producción de radioisótopos.

Panamá manifestó interés en aprovechar estas experiencias para fortalecer su hub farmacéutico, en línea con su estrategia de convertirse en un centro regional de innovación y servicios de salud.

Este tipo de cooperación apunta a transferir conocimiento y generar valor agregado, más allá de los intercambios comerciales tradicionales.

El sector agropecuario también formó parte de la agenda. Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de reactivar la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, con el objetivo de impulsar la modernización del campo, la transferencia tecnológica y el aumento de la productividad.

Argentina, con amplia experiencia en producción agrícola, se perfila como un aliado clave para Panamá en este proceso, especialmente en un contexto donde la seguridad alimentaria cobra mayor relevancia.

Otro de los puntos abordados fue la seguridad marítima y la gestión de los recursos oceánicos. Se propuso avanzar en un mecanismo bilateral de diálogo sobre políticas oceánicas, enfocado en la lucha contra la pesca ilegal, el monitoreo satelital de flotas y el intercambio de información.

Este componente resulta estratégico para Panamá, considerando su posición geográfica y su rol como país marítimo y logístico.

En materia humanitaria, ambas naciones exploraron oportunidades de colaboración con el programa argentino Cascos Blancos. El enfoque incluye asistencia ante emergencias, gestión de riesgos y capacitación técnica, destacando el papel del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de Panamá.

Esta plataforma ha ganado relevancia en la región como punto de respuesta ante desastres, lo que abre nuevas posibilidades de cooperación operativa.

El avance hacia un eventual acuerdo con el Mercosur se da en un contexto en el que Panamá busca consolidar su papel como hub regional. En 2025, el país cerró con exportaciones de bienes por $980.1 millones, con un crecimiento interanual de 1.6%, reflejando un desempeño moderado en el comercio global.

La apuesta por acuerdos como el que se negocia con el bloque sur busca precisamente dinamizar ese crecimiento, ampliando mercados y fortaleciendo la inserción internacional de la economía panameña.

El debate sobre la gestión y el funcionamiento del Patronato de Recaudación Provincial, afectado por cambios en su programa informático desde 2024 y cuyas incidencias persisten, se entrelaza con la discusión urgente sobre el impacto del acuerdo comercial con Mercosur en el sector agroalimentario andaluz. En este contexto, el pleno de la Diputación de Málaga, previsto para este miércoles, centra su atención en iniciativas de los principales grupos políticos que buscan exigir soluciones ante retrasos en obras de infraestructura ferroviaria, el colapso de la recaudación provincial y el riesgo para la agricultura local. Según ha publicado la agencia Europa Press, las propuestas abordan simultáneamente los problemas derivados de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, las dificultades técnicas y organizativas del sistema recaudatorio y la oposición al tratado con Mercosur.

De acuerdo con la información detallada por Europa Press, la moción urgente del Partido Popular se focaliza en los efectos económicos negativos causados por la paralización de la conexión directa del AVE. Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación y portavoz provincial de este grupo, argumenta que la demora en la reanudación del servicio genera “grave preocupación en los sectores estratégicos de la economía provincial”, en especial en el ámbito turístico. Ortega señala que las labores para restablecer la línea “no responden al ritmo que necesita la provincia” y sostiene que las previsiones hechas públicas por el presidente de Adif establecen que, hasta finales de abril, no se retomará la circulación de trenes, con una normalización total prevista solo hacia finales de año.

En su intervención, Ortega indica que la situación implica consecuencias económicas relevantes en uno de los periodos de mayor actividad turística para Málaga. El portavoz sostiene que estos retrasos constituyen un impacto directo sobre la economía y el desarrollo regional. Según publicó Europa Press, la moción del PP insta al Ejecutivo central a implementar “todas las medidas necesarias para acelerar los trabajos y restablecer lo antes posible la conexión directa entre Málaga y Madrid con todas las garantías de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores”. La iniciativa pide además que el Gobierno informe de manera periódica y transparente sobre la evolución de los trabajos y los plazos previstos, así como sobre un plan integral de inversiones en infraestructura ferroviaria y refuerzo para el mantenimiento adecuado de las vías.

Por su parte, Antonio Luna, portavoz provincial de Vox, incide en la necesidad de que el Gobierno central adopte “medidas urgentes de compensación” para los sectores económicos perjudicados por la interrupción de la línea de alta velocidad. Luna enumera los daños sufridos en términos de empleo y actividad económica, asegurando que la situación ocasiona pérdidas superiores a 1.300 millones de euros, la destrucción de más de 1.300 puestos de trabajo y dificultades para otras tantas familias durante la Semana Santa. Acusa a las autoridades de negligencia y exige la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Vox reclama también compensaciones inmediatas y beneficios fiscales para las empresas y trabajadores afectados.

En relación con el Patronato de Recaudación Provincial, la moción urgente del PSOE, expuesta por el diputado Miguel Espinosa, aborda lo que califica como una “situación de caos organizativo” derivada de la implantación de un nuevo sistema informático a inicios de 2024. Según reportó Europa Press, Espinosa subraya que el problema persiste dos años después y afecta la reputación y el rendimiento del Patronato. El grupo socialista solicita a la presidenta del Patronato y al equipo de gobierno de la Diputación que informen con urgencia a los ayuntamientos sobre la naturaleza de las incidencias, las soluciones implementadas y el calendario previsto para normalizar el servicio. Además, el PSOE cuestiona la externalización de parte del servicio y demanda acelerar las acciones correctivas.

La defensa del sector agroalimentario frente al acuerdo comercial con Mercosur figura como otro de los puntos centrales. Según explicó el portavoz de Con Málaga, Juan Márquez, la moción urgente de su grupo considera que este tratado supone una amenaza directa para el sector primario andaluz y los principios democráticos comunitarios. Márquez señala que la entrada en vigor provisional del acuerdo sin que exista un pronunciamiento del Tribunal ni ratificación de la Eurocámara haría a los productores locales competir en condiciones desiguales. Por ello, entre las demandas de su grupo se incluyen la ratificación de la oposición al acuerdo, el impulso de una política agraria común con límites máximos que amparen pequeños y medianos productores, y el rechazo a actuaciones que puedan acelerar la despoblación rural. Conforme lo publicó Europa Press, Márquez puntualiza que “defender el campo es defender a Málaga, su economía y su futuro”.

El bloque popular también plantea la instauración de un régimen especial de exención del IVA para autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros, en línea con la directiva de la Unión Europea 2020/285. Según informó el diputado Luis Rodríguez, la medida busca reducir la carga administrativa y fiscal para autónomos y pequeños negocios. Rodríguez aclara que esta iniciativa no representa una irregularidad fiscal sino el cumplimiento de una obligación comunitaria que evitaría comparaciones desfavorables con otros países de la Unión. La moción pide al Gobierno que ejecute este régimen mediante procedimientos ágiles y claros para los contribuyentes afectados.

Por otro lado, la diputada del PSOE, Toñi García, ha presentado una moción referida al proyecto “La Joya H2”, destinado a la zona sur del Torcal de Antequera. Este proyecto se rechaza por considerárselo incompatible con la protección ambiental, patrimonial e hídrica del entorno. García sostiene la necesidad de que la transición energética se realice de modo planificado, compatible con la preservación del patrimonio natural y cultural, conforme indicó Europa Press.

Dentro de las iniciativas presentadas por Vox en el pleno, destaca otra moción destinada a prohibir el acceso con el rostro cubierto a todos los edificios e instalaciones de la Diputación de Málaga. Según la justificación del grupo, esta medida busca establecer una norma general para garantizar la seguridad en estos espacios.

El pleno de la Diputación, según consignó Europa Press, abordará así una agenda marcada por la urgencia de resolver tres problemas interrelacionados: el restablecimiento de la conexión de alta velocidad con Madrid, la solución al contexto de desajustes en el Patronato de Recaudación y medidas de protección para la agricultura local ante tratados internacionales, además de cuestiones relativas a la presión fiscal sobre autónomos y la gestión de proyectos energéticos y de seguridad en instalaciones públicas.

Los presidentes de Brasil y Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Rodrigo Paz, acordaron este lunes estrechar las relaciones económicas de ambos países dejando al margen las diferencias ideológicas, en la primera visita oficial a Brasilia del gobernante del país andino.

Los mandatarios de los dos países suramericanos firmaron dos acuerdos económicos, en áreas como interconexión eléctrica y turismo, y otro centrado en la cooperación contra el crimen organizado transfronterizo.

Tanto Lula, de tendencia progresista, como Paz, de centroderecha, coincidieron en que la integración regional debe centrarse en los intereses económicos y no políticos.

“La política de ideología no da de comer. Lo que da alimentos es producir y crecer”, dijo Paz, invitando al país vecino a colaborar con Bolivia para impulsar su desarrollo económico.

En la misma línea, Lula recalcó que la integración regional “no es proyecto ideológico, sino una necesidad histórica” y subrayó que ningún país que se mantenga aislado prosperará en un mundo “cada vez más competitivo”.

En ese contexto, celebró la adhesión de Bolivia al Mercosur, proceso que aún no ha concluido, como un “paso histórico” con el que el bloque comercial se “fortalece” y expande sus fronteras más allá del Cono Sur.

Integración eléctrica y en turismo

El acuerdo económico más importante firmado en la visita prevé la conexión eléctrica entre las regiones de Santa Cruz, en Bolivia, y Mato Grosso do Sul, en Brasil, por medio de la construcción de una línea de transmisión de 500 kilovatios.

Esa línea permitirá tanto a Brasil como a Bolivia la venta de excedentes de producción eléctrica al país vecino, con una capacidad aproximada de 420 megavatios.

Un segundo acuerdo prevé la colaboración de ambos Gobiernos para impulsar el flujo de turistas entre los dos países, para llevar a los brasileños a la Copacabana boliviana, a orillas del lago Titicaca, y a los bolivianos a la playa de Copacabana en Río de Janeiro, según expresaron ambos presidentes.

Entre otros puntos, ese memorando impulsará la cooperación entre Brasil y Bolivia en programas de formación, en el intercambio de expertos, buenas prácticas y asistencia técnica en turismo.

También en materia económica, Lula y Paz conversaron sobre las obras en curso para mejorar la integración por carretera entre ambos países, proyectos con miras a ofrecer a Brasil de una salida al océano Pacífico, así como para incrementar los flujos de comercio bilaterales.

Paz hizo hincapié en este proyecto y aseguró que su país tiene capacidad de servir como una “conexión bioceánica” entre el Atlántico y el Pacífico.

Colaboración contra el crimen

Al margen de la economía, se firmó un acuerdo que prevé el estrechamiento de la cooperación para el combate al crimen organizado, con especial énfasis en el tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, minería ilegal, tráfico de armas, delitos cibernéticos y ambientales.

La cooperación abarca el intercambio de información e inteligencia en el combate a las bandas y la colaboración policial para detener a sospechosos.

El acuerdo toma mayor relevancia en momentos en los que el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, las mayores bandas narcotraficantes de Brasil, están en pleno crecimiento y en expansión en Suramérica.

Paz concluirá su visita a Brasil este martes en São Paulo, la mayor ciudad del país, donde presidirá un foro empresarial en la sede de la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), en el que participarán al menos 80 representantes de compañías bolivianas.

(Con información de EFE)

Durante la última edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana, la diversificación de productos derivados de la miel ha captado la atención tanto del público como de los participantes. Según reportó Europa Press, el sector apícola de La Alcarria ha optado por innovar con nuevos formatos y productos, como cremas, licores, cosméticos y otros derivados, ante la presión de factores externos como los acuerdos comerciales internacionales y las tensiones geopolíticas que afectan la economía rural española.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, expuso a Europa Press que la celebración de la feria, en su edición número 45, representa un motivo de esperanza y una plataforma esencial para un sector sometido a incertidumbre. Marco subrayó que, más allá de expositores, la feria incluyó decenas de actividades paralelas, resultado del esfuerzo colectivo por proteger y revitalizar la apicultura local. Entre los desafíos enumerados por el dirigente figura el acuerdo con Mercosur, el cual, según sus palabras, “va a afectar bastante a la apicultura” porque permite la entrada de productores potentes de miel, como Brasil, capaces de competir a gran escala y con precios ajustados. Marco indicó que la situación se agrava con el aumento en los costes del gasóleo, recordando que “no tenemos las colmenas en la puerta de casa”, lo que incrementa la presión sobre los productores.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, los asistentes a la feria han evidenciado la capacidad del sector para reinventarse ante la coyuntura adversa. Productores como Javier Ramiro, de Apícola Alcarreña, presentaron miel en crema, logrando una textura untable mediante un proceso natural de cristalización, producto que suscitó interés entre los visitantes del evento. Por su parte, Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, exhibió licores de miel tales como vermú, así como cerveza, hidromiel, vinagres y la novedad de queso infusionado con miel. Iván Moreno, de Mielería Alcarreña, comercializó tanto miel como caramelos y cremas cosméticas, afirmando que “se puede aprovechar todo lo que da la abeja”.

La diversificación también se reflejó en la oferta de Alcarria Natura, donde Deisy Marías ofreció desde licores hasta productos de higiene y cosmética, incluyendo chocolate elaborado con miel de lavanda. Este abanico de propuestas aspira a fortalecer la resistencia del sector frente a la competencia exterior y la volatilidad comercial.

El evento ha generado un flujo continuo de visitantes desde el viernes hasta el domingo, según explicó el concejal de Turismo, Daniel Cano, a Europa Press. Cano resaltó que la feria ha aportado beneficios tangibles más allá del ámbito apícola, ya que la hostelería, el comercio local y la imagen de Pastrana experimentaron un impulso durante el desarrollo de la feria. El edil detalló que la edición actual se desarrolló en el Palacio Ducal de Covarrubias debido a la rehabilitación del Convento de San Francisco, el cual en el futuro albergará el Museo de la Miel, circunstancia que se espera incremente el atractivo y la relevancia del evento en años próximos.

El cambio de sede, según informó el Ayuntamiento de Pastrana, ha supuesto la adaptación del formato expositivo, lo que se tradujo en una organización centralizada de actividades, ponencias y exposición en un solo espacio. Esta reestructuración, según la directora de la Feria, Raquel Isidro, ha reforzado el ambiente del certamen e intensificado la experiencia para visitantes y expositores.

El alcalde de Pastrana, Carlos Largo, enfatizó durante la feria la importancia del evento como referencia en el panorama internacional y recalcó que la cita ha fomentado el diálogo sobre temas cercanos a la miel, la biodiversidad, la ciencia y el futuro del ámbito rural. Largo puso en valor el trabajo conjunto de expositores, investigadores, organización y trabajadores municipales, remarcando que la Feria Apícola ilustra la capacidad del mundo rural para desarrollar oportunidades sobre la base del conocimiento y el esfuerzo colectivo.

La organización destacó el carácter dinámico que ha adquirido la edición reciente, que se consolidó como una de las más activas de los últimos años según las valoraciones de los participantes. Tanto expositores como el público han transmitido a los organizadores su satisfacción por el nuevo escenario del certamen y su efecto en la experiencia general de la feria. Europa Press puntualizó que este tipo de encuentros reactiva no solo la industria apícola, sino también el tejido económico y social de Pastrana y su entorno, en un contexto en el que las amenazas internacionales y el alza de costes obligan al sector a buscar alternativas innovadoras para sostener su actividad y garantizar su futuro.

La reciente edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana ha tenido lugar en el Palacio Ducal de Covarrubias, ocupando este espacio de forma excepcional por las obras de rehabilitación en el Convento de San Francisco, que se convertirá en el futuro Museo de la Miel. Según consignó Europa Press, la feria en su 45 edición ha evidenciado la capacidad de adaptación del sector apícola ante desafíos globales, mostrándose como un punto de encuentro en el que la miel de La Alcarria ha diversificado sus productos y ha respondido con innovación a los retos del acuerdo con Mercosur y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El contexto internacional plantea riesgos considerables para los apicultores españoles. El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, explicó a Europa Press que la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur supone una amenaza directa, ya que permite la importación de miel de países con alta capacidad productiva, como Brasil. Marco alertó de una posible afectación seria al sector, tanto por la competencia de productores latinoamericanos como por otros factores como el aumento del precio del gasoil, lo que incrementa los costes de operación en explotaciones alejadas de los núcleos urbanos. Marco señaló ante Europa Press la importancia de la feria de Pastrana y la necesidad de mantener este tipo de eventos en el entorno rural, subrayando el esfuerzo colectivo que implica su organización y destacando la trayectoria y el compromiso histórico con el sector apícola.

Según detalló Europa Press, los productores participantes presentaron este año una amplia variedad de propuestas. Javier Ramiro, representante de Apícola Alcarreña, mostró una miel en crema cristalizada, cuyo formato untable ha recibido una elevada demanda durante la feria. Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, llevó al evento licores derivados de la miel, además de innovaciones como vermú, cerveza, hidromiel, vinagres y queso a la miel. Desde Mielería Alcarreña, Iván Moreno puso en el centro de su oferta caramelos y productos cosméticos fabricados con subproductos de la colmena. Alcarria Natura, a cargo de Deisy Marías, ofreció múltiples alternativas realizadas con miel de lavanda, desde licores hasta productos de higiene personal, pasando por chocolates.

El evento, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, registró un flujo constante de asistentes desde el viernes, con picos de participación durante el fin de semana. El concejal de Turismo de Pastrana, Daniel Cano, remarcó el impacto de la feria sobre la economía local, al generar actividades y consumo tanto en establecimientos del municipio como en su entorno. Cano valoró que la afluencia no solo benefició al sector apícola, sino también al turismo, la hostelería, el comercio y la proyección externa de Pastrana.

El cambio de sede a Palacio Ducal, motivado por los trabajos en el Convento de San Francisco, implicó una adaptación en el modelo de exposición del certamen. Según publicó Europa Press, el nuevo espacio concentró la totalidad de actividades, presentaciones y expositores en un solo enclave, lo que permitió reforzar el ambiente y la experiencia de los visitantes, tanto para el público general como para los productores y profesionales.

Carlos Largo, alcalde de Pastrana, señaló el papel de la cita como referente internacional, permitiendo la discusión no solo sobre la colmena, sino también sobre agricultura, biodiversidad y perspectivas para las zonas rurales. Largo agradeció la implicación de todos los actores participantes, desde expositores e investigadores hasta el personal municipal y los profesionales del sector hostelero, expresando que la feria evidencia el potencial innovador y la capacidad de generar oportunidades en el mundo rural.

Por su parte, la directora de la feria, Raquel Isidro, valoró positivamente la respuesta tanto de asistentes como de productores ante los cambios de esta edición. Destacó ante Europa Press que la concentración de celebraciones y zonas expositivas dentro del Palacio Ducal contribuyó a reforzar la cohesión e intensidad del evento, consolidando esta convocatoria como una de las más activas de los últimos años.

La edición de 2026 proyecta un regreso al Convento de San Francisco, convertido ya en Museo de la Miel, involucrando así un nuevo atractivo cultural y turístico para futuras convocatorias. Según dieron a conocer las autoridades a Europa Press, se espera que esta nueva infraestructura favorezca la consolidación de la feria como un referente aún mayor tanto para la economía local como para la proyección internacional del sector apícola.

El ambiente vivido durante la cita y las iniciativas presentadas por los fabricantes revelan la transformación de la apicultura regional frente a los desafíos del mercado global, en tanto que el efecto dinamizador de la feria en la economía rural ha quedado patente a través de la participación de visitantes, emprendedores y actores turísticos y comerciales del municipio, como reportó Europa Press.

El desarrollo de una iniciativa para la doble nacionalidad entre Colombia y Venezuela figura como uno de los puntos destacados de la nueva agenda bilateral. El presidente colombiano, Gustavo Petro, explicó que este mecanismo permitiría que ciudadanos de ambos países accedan a plenos derechos en cada territorio, sobre la base del reconocimiento de que la zona fronteriza pertenece a sus habitantes y es clave para fortalecer la integración. A partir de este planteamiento, el mandatario vinculó la propuesta con el proceso de acercamiento regional y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes.

Según informó Caracol Radio y otros medios regionales, después de una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, Gustavo Petro anunció que tanto Colombia como Venezuela presentarán oficialmente su solicitud para integrarse al Mercosur como miembros plenos. Petro declaró a través de sus redes sociales que pedirán “que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur”. Esta decisión proviene de la llamada “supremamente exitosa reunión binacional” que se realizó recientemente entre delegaciones de ambos países.

Tal como publicó Caracol Radio, durante el encuentro de alto nivel se definieron compromisos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad fronteriza. Autoridades de ambos países coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar el narcotráfico en la zona limítrofe. En la agenda inmediata figura una reunión específica de la zona binacional, programada para el 23 y 24 de abril en Maracaibo, Venezuela, donde se abordarán asuntos energéticos y otros temas de la agenda bilateral.

La ministra colombiana de Exteriores, Rosalía Landa Villavicencio, resaltó que el acercamiento entre los dos gobiernos confirma un espíritu de integración y promoción de la paz en la región. “Nada ni nadie nos podrá separar como pueblos hermanos”, aseguró la funcionaria, quien también mencionó que los avances buscan facilitar la libre circulación y el desarrollo de proyectos económicos y sociales conjuntos.

Colaboración entre Venezuela y Colombia en la zona de frontera

El encuentro celebrado en Caracas permitió a los equipos de seguridad y defensa de ambos países diseñar dos líneas estratégicas de acción, según detalló el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, a través de sus cuentas en redes sociales. La primera consiste en el intercambio permanente de información sobre amenazas en la zona de frontera. La segunda estrategia se basa en la coordinación de “operaciones espejo” dirigidas a desmontar el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales asociadas a estos delitos.

Pedro Sánchez escribió que “la criminalidad transnacional utiliza las fronteras como corredores para el narcotráfico y otras economías ilícitas, por lo que la cooperación entre Estados es clave para cerrarle esos espacios”. El ministro insistió en que durante la reunión, los representantes de ambos países acordaron que “la amenaza no son las naciones, sino el crimen organizado transnacional”, que afecta la vida y el bienestar de las comunidades fronterizas. Sánchez sentenció: “El mensaje es claro: cuando las naciones cooperan, los criminales pierden. Cero tolerancia con los cárteles del narcotráfico y la violencia”.

El presidente Petro hizo alusión a que este nuevo marco de cooperación binacional se traducirá en una “actividad coordinada íntegramente” orientada a expulsar a los grupos armados y organizaciones delictivas de la frontera, fortaleciendo la seguridad y el desarrollo en la zona. Según consignó Caracol Radio, el presidente colombiano afirmó que la región fronteriza representa uno de los pilares centrales para la integración real de las repúblicas de Colombia y Venezuela.

Este proceso de acercamiento bilateral ocurre después de la cancelación de un encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que se iba a realizar originalmente en la frontera común el viernes pasado. No obstante, el diálogo siguió a nivel de delegaciones y permitió la suscripción de nuevos compromisos en materia de integración, seguridad y derechos ciudadanos.

Las solicitudes de ingreso pleno al Mercosur por parte de Colombia y Venezuela se presentan en un escenario de reactivación de las relaciones bilaterales, con un enfoque en la integración regional y el desarrollo conjunto de políticas de seguridad y economía. Las autoridades de ambos países han enfatizado que la mayor colaboración ayudará a abordar los desafíos fronterizos, potenciar la cooperación militar y avanzar en mecanismos que faciliten proyectos sociales y económicos para las poblaciones de la región.

Representantes de alto nivel del sector agroalimentario latinoamericano y español se reunirán en Barcelona los días 23 y 24 de marzo para analizar las repercusiones del acuerdo reciente entre la Unión Europea y Mercosur. El encuentro, convocado por la Fundación Dieta Mediterránea y la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, se enmarca en la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona, tal como detalla la organización en un comunicado divulgado este viernes. Según informó la organización, la cumbre se desarrollará dentro de las actividades del salón Alimentaria 2026, que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El medio organizador precisó que la mesa redonda contará con la participación de ministros y altos funcionarios de los sectores agrícola y ganadero de varios países latinoamericanos. Entre los confirmados figuran Carlos Alcibiades Giménez, titular de Agricultura y Ganadería de Paraguay; Martha Viviana Carvajalino, a cargo de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia; Felipe César Meza Millán, ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú; Matías Carámbula, viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay; y Dora Solís, quien se desempeña como viceministra de Desarrollo Productivo y Agropecuario del Ministerio de Agricultura de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, la cumbre brindará un espacio de diálogo destinado a que los representantes institucionales de América Latina y España examinen con detalle las consecuencias del reciente tratado firmado entre la Unión Europea y Mercosur. El principal eje de discusión girará en torno a las implicaciones para el sector agroalimentario, con atención especial a los desafíos y oportunidades que el acuerdo plantea para los países involucrados en términos de producción, exportación y regulaciones sanitarias.

La apertura de la cumbre estará a cargo del ministro español de Agricultura, Luis Planas. Según publicó la organización del evento, en la sesión inaugural también participarán Òscar Ordeig, presidente del conseller de Agricultura de la Generalitat; José Luis Bonet, presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España; Pau Relat, al frente de la presidencia de Fira de Barcelona; Antoni Llorenç, presidente de Alimentaria; y Raquel Gil, ocupando el cargo de quinta teniente de alcaldía de Barcelona.

El programa contemplado para la II Cumbre Agroalimentaria de Barcelona prevé debates centrados en aspectos normativos, económicos y comerciales que derivan del tratado recién suscrito, según consignó la organización. Las sesiones buscarán crear un espacio de evaluación técnica y política, en el que los países latinoamericanos y España puedan compartir inquietudes y estrategias ante el nuevo marco regulatorio generado por el acuerdo entre la UE y Mercosur.

El evento se perfila como una plataforma para intercambiar experiencias y coordinar acciones entre los responsables del sector agrícola de distintas naciones, según resaltó la Fundación Dieta Mediterránea en el anuncio oficial. De acuerdo con la información publicada por la organización, la cumbre espera facilitar el diálogo constructivo sobre las particularidades del comercio agroalimentario entre América Latina y Europa, incidiendo especialmente en la creación de nuevos escenarios para la cooperación y la adaptación a los estándares europeos.

La cita, que coincide con el desarrollo de la feria Alimentaria 2026, reunirá a autoridades gubernamentales y representantes institucionales vinculados a la agricultura y la alimentación, de acuerdo con el comunicado. El evento suma de este modo un enfoque transversal, integrando tanto a los productores latinoamericanos como a los actores clave del sector en España y la Unión Europea, en un contexto definido por la reciente actualización de las relaciones comerciales bilaterales.

Juan Bravo, representante del Partido Popular y vicesecretario de Economía, planteó la necesidad de activar alternativas para el abastecimiento de petróleo en un contexto internacional marcado por el cierre del Estrecho de Ormuz tras el ataque a Irán. Bravo destacó en un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) que la economía española enfrenta dificultades añadidas por el incremento en los precios de los combustibles, situación que, según sus palabras, “ha supuesto un coste extra de más de 3.000 millones de euros desde el inicio del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, ocurrido el sábado 28 de febrero”, tal como consignó la fuente original.

De acuerdo con lo informado por el medio, Bravo subrayó que “no hace falta ni siquiera ir a Rusia” para suplir las necesidades energéticas, considerando que España podría explorar otras rutas como la venezolana, según el dirigente, porque “además están empresas españolas en ese país”. El representante económico del PP explicó que corresponde a los técnicos decidir cuál es la mejor vía ante el riesgo de desabastecimiento, aunque remarcó que es urgente preparar un “plan B y plan C” ante eventuales agravantes del conflicto en Oriente Medio.

Según publicó la fuente, Bravo recordó la reciente decisión de 32 países de liberar sus reservas de petróleo ante la emergencia, precisando que en el caso español esas existencias garantizarían el suministro durante 90 días. Utilizó ese marco temporal para pedir que no se demoren las decisiones estratégicas hasta el último momento; su recomendación fue concreta: “no esperar al día 89 para pensar qué hacer”, insistió el vicesecretario económico del Partido Popular.

En este contexto, el dirigente pidió actuar antes de que las circunstancias impidan reaccionar, abogando por anticipar respuestas que eviten una situación de desabastecimiento si el conflicto bélico se agrava. Bravo, según detalló la fuente, también expresó su deseo de que la violencia en la región finalice pronto y con el menor daño posible.

Al ser consultado sobre las medidas del Gobierno para contrarrestar los efectos económicos derivados del ataque a Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz, Bravo afirmó que todavía no se conocen las decisiones específicas que tomará el Ejecutivo español. En contraste, señaló que otros países europeos, como Portugal e Italia, ya han implementado acciones concretas ante el aumento de los precios y la inestabilidad en el abastecimiento energético, de acuerdo con lo manifestado por el propio dirigente y recogido por la fuente original.

Bravo criticó que el aumento del precio de los combustibles implique mayores ingresos fiscales para el Estado español a través del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Según reportó el medio, para él resulta cuestionable que la subida de precios beneficie a la recaudación del Gobierno, lo que afecta a los ciudadanos y al tejido productivo.

El dirigente del Partido Popular aludió también al impacto diferencial del encarecimiento del petróleo en sectores económicos como el agrícola y el olivarero en la provincia de Jaén. Al describir la situación, Bravo advirtió que algunos agricultores y ganaderos han tenido que interrumpir tareas porque no pueden costear el llenado de sus depósitos, que se ha encarecido hasta los 300 euros, según sus declaraciones recogidas por la fuente.

En relación con el acuerdo comercial Mercosur, Bravo indicó que se ha prometido al sector 45.000 millones de euros en apoyo, junto a la reducción de las cargas administrativas y burocráticas. Explicó que, aunque dicho acuerdo ofrece oportunidades, para él sólo resulta positivo si incorpora estas ayudas y si se fortalecen los controles fronterizos que garanticen condiciones de competencia equitativas para los productores españoles. Según mencionó el vicesecretario económico, “hasta el día de hoy eso no se está produciendo”, en alusión a la falta de avances en esas promesas y condiciones.

El medio destacó que todas estas declaraciones y propuestas se produjeron en un contexto de incertidumbre global sobre el flujo de petróleo debido a la situación en Oriente Medio. La intervención de Bravo precisamente busca llamar la atención sobre la importancia de definir alternativas sólidas para España ante un posible corte en el suministro energético, explorando opciones como Venezuela y evitando depender exclusivamente de mercados como el ruso, según relató la fuente original.

La preocupación por el impacto económico que genera la reciente escalada bélica tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha quedado reflejada en sectores como el agrícola y olivarero, especialmente en regiones como Jaén, donde agricultores y ganaderos enfrentan dificultades para asumir el coste de combustible, que ha alcanzado cifras cercanas a 300 euros por depósito. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, argumenta que este escenario ha provocado que muchas explotaciones hayan pospuesto las labores habituales, advirtiendo que el golpe para la economía española tras el cierre del Estrecho de Ormuz supera los 3.000 millones de euros, según recoge Europa Press en declaraciones realizadas por el dirigente durante un encuentro con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ).

Según publicó Europa Press, Bravo expuso que, ante la posibilidad de que el Gobierno de España recurra a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para acordar la compra de crudo en otros mercados, España cuenta con la ventaja estratégica de tener a una cordobesa al frente de la Dirección General de Energía de la Unión Europea. El dirigente popular subrayó la relevancia de “apoyar a los técnicos en las decisiones”, dejando claro que la orientación técnica debería primar en la toma de decisiones energéticas ante escenarios críticos.

De acuerdo con la misma fuente, Bravo planteó abiertamente dudas sobre las mejores fórmulas para asegurar el suministro de petróleo en el contexto actual, marcado por la crisis en el Estrecho de Ormuz. Frente a la posibilidad de retomar la compra a Rusia, sostenida por la propuesta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicesecretario defendió la necesidad de considerar múltiples alternativas, incluyendo la “vía Venezuela” como un "plan B", ya que en ese país operan empresas españolas con capacidad de aportar soluciones. Bravo insistió en que la decisión final debe recaer sobre especialistas, por lo que propuso que España prepare no sólo un plan alternativo, sino también un tercer escenario de contingencia.

El medio Europa Press detalló que el dirigente del PP resaltó la reciente resolución adoptada por 32 países para liberar reservas de petróleo como respuesta a la incertidumbre del suministro global. En esa línea, Bravo recordó el anuncio gubernamental de que España dispone de reservas estratégicas de petróleo suficientes para 90 días, aunque instó a la administración a no aguardar a que se agote ese plazo antes de activar mecanismos alternativos. “Hay que tener el plan B”, reiteró Bravo durante su intervención.

En el plano político, Bravo consideró que la situación actual exige actuar con previsión y “abrir expectativas” para evitar que una posible intensificación del conflicto deje al país sin respuestas. También expresó el deseo del Partido Popular de que las hostilidades concluyan de manera rápida y con el menor coste en términos de daños, según informó Europa Press.

Consultado sobre las medidas concretas que podría estar valorando el Gobierno para mitigar los efectos económicos del conflicto, Bravo respondió que solo podía exponer las propuestas del Partido Popular y referirse a iniciativas puestas en marcha en países como Portugal e Italia. Señaló no conocer en detalle las propuestas del Ejecutivo español, aunque sí criticó el incremento en la recaudación fiscal derivado de la subida del precio de los combustibles, lo que implica un mayor pago de IVA por parte de los consumidores.

Según destacó Europa Press, el representante popular advirtió sobre el impacto generalizado que el incremento de costes acarrea para el conjunto de la ciudadanía y el tejido empresarial español, subrayando que estos gastos se transmiten a los consumidores finales. Bravo incluyó dentro de sus argumentos la conclusión de un estudio que cifra en más de 3.000 millones de euros el coste para la economía nacional desde el inicio de la ofensiva militar.

Europa Press consignó que, además del sector energético, la crisis afecta de manera directa al sector primario. Bravo puntualizó que el sector agrario, especialmente el olivarero en zonas como Jaén, enfrenta dificultades adicionales como consecuencia tanto de los elevados precios en el suministro de gasóleo como de la incertidumbre que genera la posible entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Bravo recalcó que el Partido Popular se ha comprometido al impulso de ayudas por valor de 45.000 millones de euros, además de propuestas para reducir cargas administrativas y reforzar los controles en frontera, medidas consideradas esenciales para equilibrar la competitividad del sector frente a los productos importados.

El medio Europa Press recogió la apreciación de Bravo de que Mercosur podría representar una oportunidad para el sector nacional, aunque solo si va respaldado por estos incentivos económicos y una reducción real de los trámites burocráticos, condiciones que el dirigente considera que actualmente no se cumplen.

Bravo resumió que, mientras se mantiene la incertidumbre sobre las iniciativas que impulsa el Gobierno, el Partido Popular ratifica su apuesta por la intervención de empresas nacionales en la emergencia energética, la protección del sector agrícola y la exploración de alianzas que permitan diversificar el origen del crudo, descartando centrarse únicamente en Rusia y abriendo la posibilidad a acuerdos con países como Venezuela donde España dispone de presencia empresarial.

La decisión del Parlamento de Andalucía se cimentó en la inquietud ante la "aplicación provisional" del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur y la incertidumbre existente sobre la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo remitiera al tribunal una solicitud de dictamen. Según informó el medio de comunicación, la Cámara autonómica enfatizó la necesidad de que tanto el Estado como la Junta de Andalucía refuercen los recursos, personal y equipamiento destinados a los controles de inspección alimentaria y a la trazabilidad de los productos agrícolas importados. Esta medida busca garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de las mercancías procedentes de países terceros ante las inquietudes surgidas tras la adopción del nuevo acuerdo birregional.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la votación en el Pleno del Parlamento de Andalucía resultó en la aprobación, de manera unánime, de un único punto de una Proposición no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Por Andalucía. Este punto respalda la exigencia de mayores controles en la importación de productos agrícolas y alimentarios, así como el monitoreo sistemático de la cadena de suministro, con énfasis en aquellos alimentos que ingresan desde países como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, integrantes de Mercosur. El Parlamento andaluz pretende con esta exigencia salvaguardar la agricultura y la ganadería regionales, así como la protección de la soberanía alimentaria, los derechos laborales y las normas medioambientales.

El medio detalló que las otras siete exigencias incluidas en la PNL fueron rechazadas, una decisión adoptada mayoritariamente con los votos en contra del Grupo Popular, y en algunos apartados con el respaldo adicional de PP-A y PSOE. Entre las propuestas que no prosperaron se encontraba la petición de instar a la Junta de Andalucía a liderar una postura común de rechazo a la aplicación provisional del acuerdo comercial, así como que la Administración autonómica promoviera en el Comité Europeo de las Regiones una reunión extraordinaria para emitir un pronunciamiento o dictamen contrario al acuerdo, tanto en lo político como respecto a la ejecución provisional.

La iniciativa debatida contó con la defensa de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Según publicó el medio, Nieto insistió en que el Parlamento autonómico debía articular un movimiento coordinado que buscara la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta plataforma funciona como un mecanismo de interlocución entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, y el objetivo planteado era que Andalucía impulsase una posición unificada del Estado que manifestara desacuerdo con el Tratado UE-Mercosur a nivel nacional y europeo.

El texto fuente recogió que la proposición impulsada por Por Andalucía abogaba también por reforzar la Política Agraria Común (PAC) y dotarla de mayores fondos, reclamando un modelo de reparto más equitativo que estableciera límites máximos por explotación para asegurar la llegada de recursos a pequeños y medianos productores, quienes, argumentan, representan el núcleo de la agricultura y ganadería social y tradicional en la región.

El medio reportó que la formación política autora de la iniciativa señaló una "orientación belicista" en el presupuesto europeo, adjudicando a una estrategia de rearme impulsada por partidos como el Partido Popular y Vox, el recorte en los fondos destinados a la PAC. Según la PNL, esta situación afecta directamente a los sectores agropecuario y rural, debilitando la cohesión territorial y el desarrollo sostenible, y comprometiendo la protección ambiental y la soberanía alimentaria.

Según lo recogido por el medio, la PNL incluía también la exigencia de coherencia entre la política comercial europea y sus estrategias internas en materia de sostenibilidad y agroecología, citando como ejemplo los objetivos de la hoja de ruta ‘De la Granja a la Mesa’. De acuerdo con la posición del Grupo Por Andalucía, la falta de alineación entre los tratados comerciales y las estrategias internas supone un riesgo para los objetivos de seguridad alimentaria, transición ecológica y derechos sociales en el sector primario.

En el plano internacional, la proposición defendida pedía a la Junta y al Gobierno español que promovieran el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (Undrop) en las políticas comerciales y agrícolas europeas y nacionales, así como la suspensión de la ratificación y aplicación del Acuerdo UE-Mercosur hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un dictamen sobre su legalidad y sus implicaciones.

El medio explicó que, entre los puntos desestimados, figuraba también la propuesta de desarrollar un complemento autonómico a la PAC, dirigido especialmente a subsanar deficiencias en el actual modelo de distribución de ayudas y focalizar el apoyo económico en favor de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas, a fin de consolidar el tejido rural y garantizar la viabilidad de las formas de producción social y tradicional.

Con la aprobación del punto defendido en la sesión parlamentaria, el Parlamento andaluz manifestó una posición de alerta respecto al impacto de tratados como el acuerdo UE-Mercosur en la seguridad alimentaria y el modelo productivo regional. Según recogió el medio, la Cámara espera que el refuerzo de la inspección y la trazabilidad en la cadena de suministro agrícola importada contribuya a proteger la calidad, la sostenibilidad y los intereses socioeconómicos del sector rural en Andalucía.

Luego de una jornada diplomática entre las cancillerías de Colombia y Venezuela, ambos países anunciaron la realización de una reunión binacional de buena vecindad que tendrá lugar el 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo.

El pacto entre naciones tiene como objetivo reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

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Tras la reunión, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para afirmar que las conversaciones entre naciones han sido un éxito.

A la par, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Cabe recordar que el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012. Sin embargo, en 2017 el bloque suspendió al vecino país por violar la ‘cláusula democrática’, por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Petro también mencionó que tiene como objetivo trabajar de manera conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

En materia de integración, propuso establecer la doble nacionalidad con plenos derechos para los colombianos residentes en Venezuela y los venezolanos en Colombia, junto con la eliminación total de aranceles en el comercio binacional y la adopción de una integración energética priorizando fuentes limpias.

“La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela. Propongo arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”.

Así funcionará la zona franca en la frontera con Venezuela

Colombia y Venezuela avanzaron en el restablecimiento de su relación económica con la aprobación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, que se ubicará en El Zulia, Norte de Santander, y se constituye como la primera zona franca binacional entre ambos países. El proyecto fue anunciado en Caracas durante una visita oficial de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, según informó el Gobierno colombiano.

Durante los encuentros bilaterales, Morales Rojas destacó que la zona franca busca que los territorios de frontera, afectados históricamente por abandono estatal, cierre de pasos fronterizos y economías informales, se conviertan en espacios de generación de empleo, inversión y oportunidades para sus comunidades.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio colombiano, el principal objetivo es transformar la dinámica económica y mejorar las condiciones de vida en la zona, apoyando la integración productiva de los dos países.

El proyecto pretende fortalecer actividades agroindustriales, logísticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, así como facilitar el comercio binacional y atraer inversión privada. Además, se otorgarán beneficios tributarios y aduaneros a las empresas instaladas en la zona, lo que, según la cartera de Comercio, permitirá impulsar nuevas cadenas productivas y crear empleo formal en Norte de Santander.

La región tiene una fuerte tradición agrícola y ganadera, por lo que se espera que la zona franca ayude a transformar materias primas en productos con mayor valor agregado.

La próxima reunión binacional entre Colombia y Venezuela, prevista para el 23 y 24 de abril de 2026 en Maracaibo, representa el relanzamiento formal de la cooperación en la conflictiva frontera tras la cancelación de la cumbre presidencial.

El anuncio llegó al cierre de una jornada diplomática de alto nivel entre ambos gobiernos, que priorizaron la seguridad y la integración económica de la región limítrofe al delegar su agenda bilateral en las respectivas cancillerías.

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En el transcurso de la sesión encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, junto a Yván Gil, canciller de Venezuela, las delegaciones oficiales certificaron el compromiso conjunto de mantener un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera.

Este acuerdo persigue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

Tras la reunión, el jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la reunión había sido un éxito. A propósito, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Petro mencionó que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

La polémica en torno a la articulación entre ejércitos de Colombia y Venezuela

El jefe de Estado pidió que se efectúe la articulación de las Fuerzas Armadas colombianas con las venezolanas. El 29 de septiembre de 2025, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario hizo la solicitud directa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo esa unión.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, precisó Gustavo Petro.

La decisión ha generado controversia debido a que el dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, es señalado de tener nexos con el narcotráfico y de liderar el cartel de los Soles, una organización criminal de Venezuela. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y llevarlo ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En reacción a la propuesta de Petro, la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos (Vicky Dávila) solicitó públicamente a las Fuerzas Militares de Colombia que desobedezcan órdenes del presidente Gustavo Petro relacionadas con la cooperación con fuerzas armadas de Venezuela. El pronunciamiento se realizó en una calle de Sabaneta (Valle de Aburrá, Antioquia), donde Dávila instó a los militares a guiarse exclusivamente por la Constitución, en respuesta a la decisión presidencial de coordinar acciones de seguridad con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, la precandidata describió la medida de Petro como una instrucción para trabajar de forma conjunta con el cartel de los Soles y con lo que calificó como la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, señalando también supuestos vínculos entre el mandatario venezolano, el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína”, afirmó Dávila ante los presentes.

El próximo mes de noviembre, Madrid será sede de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, evento en el que CEOE, CEIB y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) programarán el Encuentro Empresarial Iberoamericano. Dentro de este marco, ha cobrado protagonismo la necesidad de reforzar la cooperación entre los bloques regionales y fomentar la innovación en la región.

Según informó la agencia Europa Press, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de la CEOE, destacó en el 34º Encuentro Internacional de Soft Landing la importancia de intensificar la colaboración entre los ecosistemas empresariales de Europa y Latinoamérica. Durante su intervención en el evento organizado por SoftLanding World y el Ayuntamiento de Madrid, Casado remarcó que la coyuntura internacional marcada por transformaciones tecnológicas y movimientos geopolíticos convierte esta cooperación en una prioridad inaplazable.

El dirigente sostuvo que Iberoamérica se articula a través de las empresas, las instituciones y los emprendedores, e insistió en que el mundo empresarial percibe oportunidades allí donde otras ven fronteras. Casado hizo hincapié en el papel central de los jóvenes emprendedores y las empresas emergentes para construir una Iberoamérica más innovadora, sostenible y cohesionada. En su análisis, cuidar y potenciar el talento joven constituye un factor clave en el desarrollo de nuevas iniciativas que impulsen la competitividad y la integración regional.

Tal como publicó Europa Press, Casado también resaltó el posicionamiento estratégico de España, y especialmente de Madrid, como punto de unión entre Europa y América Latina. Madrid ha consolidado su estatus como uno de los principales centros de negocios del continente europeo, actuando como canalizador de inversiones, talento e innovación, lo que la convierte en una ciudad referente para establecer contactos y generar nuevas oportunidades en ambos lados del Atlántico.

El secretario permanente del CEIB puso en valor la función de las organizaciones empresariales como espacios privilegiados de diálogo. Según explicó, estos organismos tienen la capacidad de impulsar y modificar políticas públicas orientadas al crecimiento económico y social. Destacó en este punto que las empresas crean riqueza no solo en términos económicos, sino también al ofrecer oportunidades y favorecer la movilidad social.

Durante su intervención, Casado animó a avanzar en la concreción de acuerdos que brinden seguridad jurídica y faciliten los intercambios económicos. Se refirió específicamente a la cooperación y los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur, sosteniendo que estos marcos ofrecen un contexto favorable para fortalecer vínculos comerciales y empresariales. Europa Press reportó que Casado subrayó la importancia de que estos acuerdos promuevan condiciones estables y predecibles, esenciales para el desarrollo y la expansión de las empresas en la región.

La agencia Europa Press detalló que la celebración de la Cumbre Iberoamericana en Madrid ofrecerá una plataforma relevante para impulsar estas propuestas. El Encuentro Empresarial Iberoamericano que se organizará en paralelo contará con la participación de líderes empresariales, representantes institucionales y actores clave del sector privado, lo que favorecerá el intercambio de experiencias y el diseño de estrategias para responder a los retos globales.

El papel de España como nexo de unión y promotor de iniciativas innovadoras en el espacio iberoamericano también se verá reforzado en este contexto, según consignó Europa Press, dada su capacidad para conectar intereses y generar sinergias entre los principales agentes económicos de ambas regiones. La colaboración entre las organizaciones empresariales, las instituciones públicas y el sector privado se perfila así como un elemento fundamental para encarar desafíos compartidos y potenciar la innovación iberoamericana frente al cambiante escenario internacional.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires lanza dos nuevas maestrías virtuales y de corta duración, dirigidas a profesionales que buscan especializarse en el cambiante mundo de los negocios internacionales tras los recientes acuerdos económicos entre Argentina y Estados Unidos y entre el Mercosur y la Unión Europea.

Estas propuestas académicas, altamente orientadas a la demanda laboral, abordan las transformaciones del comercio exterior y las inversiones que surgen a partir de la evolución de las políticas comerciales globales y la reconfiguración de los escenarios económicos, según informó la UBA.

Las nuevas maestrías —Procesos de Integración Regional y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales— abordan el análisis de los factores económicos que inciden en la región, el impacto de los acuerdos internacionales y el manejo de instrumentos técnicos para la inversión inteligente en un mercado dinámico. Estas propuestas están orientadas tanto a quienes se desempeñan en el sector público como en el privado.

El plan de estudios incluye herramientas teóricas, marcos regulatorios y metodologías aplicables al planeamiento estratégico de empresas con proyección internacional, enfocándose en la adaptación a los nuevos marcos normativos y las tendencias dominantes en el comercio global. Las maestrías y especializaciones pueden cursarse íntegramente en formato virtual, con una duración de dos años y un inicio previsto para el lunes 30 de marzo de 2026.

Los acuerdos internacionales reconfiguran la economía argentina

En este nuevo escenario global se insertan los recientes tratados internacionales firmados por la Argentina. Adriana Rodríguez, subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional resaltó que el Mercosur acaba de lanzar el Acuerdo de Comercio e Inversiones con la Unión Europea. Paralelamente, el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones (ARTI) entre Argentina y Estados Unidos se suscribió el 5 de febrero de 2026, estableciendo nuevas reglas para el intercambio y abriendo el terreno a estrategias económicas innovadoras.

Guillermo Toranzos Torino, director de la Maestría y Especialización en Gestión Empresaria de Negocios Internacionales, advirtió sobre la magnitud de estos movimientos: “Es probable que estemos ante un cambio de época que implica posiblemente un nuevo orden mundial. De hacerse efectivo, el acuerdo económico entre nuestro país y Estados Unidos producirá un cambio estructural en la economía argentina. A su vez, abrirá nuevas oportunidades de negocios estratégicos, como ocurre con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea”.

El crecimiento del comercio mundial supera al PBI global desde 1995

En tanto, Rodríguez explicó que “el comercio de bienes y servicios comerciales, desde la aparición de la OMC en 1995 hasta 2024, creció 5,16 veces, en tanto que el PBI mundial aumentó 2,39 veces en ese mismo período”.

La subdirectora de la Maestría en Procesos de Integración Regional detalló cifras clave del proceso de integración global: en 2024, los países con Acuerdos de Complementación Económica (ACP) representaron el 66 % del comercio mundial, frente al 54 % en 2016 y el 38 % en 1995. Del mismo modo, el regionalismo, medido por la cantidad de ACP informadas a la OMC, alcanzó la cifra de 348 áreas activas en 2021.

La especialista sostuvo que hubo un auge del regionalismo entre 1995 y 2005, seguido por una fase de globalización acelerada entre 2005 y 2020. Sin embargo, la llegada de Joe Biden en enero de 2021 marcó —según Rodríguez— “el final de la hiperglobalización”, con un retorno a la política industrial en Estados Unidos y el inicio de un cambio de paradigma global.

También subrayó que la administración de Donald Trump alteró las directrices adoptadas por Biden y fracturó estructuras geopolíticas y comerciales previas: “Los aranceles de dos dígitos que Trump impuso a diversos países torpedearon el multilateralismo tal como se lo conoció desde 1995”.

Más información sobre los programas se encuentra disponible en el sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En medio de las negociaciones por el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, una nueva regulación ambiental del bloque podría golpear a una industria clave del complejo agroindustrial argentino. Si se aprueba una norma que ya circula como borrador en la Comisión Europea, la Argentina podría perder su principal y prácticamente único mercado para el biodiésel.

El documento, que fue puesto en consulta pública por el organismo ejecutivo de la Unión Europea, propone revisar qué materias primas deben ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC por sus siglas en inglés.

El concepto refiere al impacto ambiental que puede generar la expansión de ciertos cultivos destinados a biocombustibles. Según el criterio europeo, cuando aumenta la demanda global de una materia prima para producir energía, puede incentivarse indirectamente la expansión de la frontera agrícola en otras regiones del mundo, con posibles efectos sobre bosques o ecosistemas naturales.

En ese esquema, la soja quedó incluida dentro de los cultivos catalogados como de “alto riesgo”.

Entonces, en caso de que la regla avance en los términos planteados, hacia 2030 el biodiésel argentino -elaborado mayormente a partir de soja- no podría ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque. En la práctica, esto dejaría fuera del sistema al producto local.

Impacto significativo

Según explica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el impacto potencial es significativo, ya que la Unión Europea concentró en los últimos años prácticamente todas las exportaciones argentinas de biodiésel. Entre 2018 y 2025 el bloque representó en promedio el 97% de los envíos al exterior, mientras que, el año pasado, el 100% del biodiésel exportado por la Argentina tuvo como destino la Unión Europea, lo que generó ingresos por USD 322 millones.

Se trata de un sector, no obstante, que en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.

En el sector agroindustrial argentino señalan que este tipo de inconveniente no es nuevo en la política comercial europea. A lo largo de los años, el bloque implementó herramientas para-arancelarias vinculadas a estándares ambientales, sanitarios o de trazabilidad, que, sin ser aranceles directos, terminan encareciendo los procesos productivos y reduciendo la competitividad de los exportadores.

En este sentido, la Unión Europea también avanza con nuevas exigencias para productos como la carne y la soja provenientes de América del Sur, que deberán demostrar que no están asociados a procesos recientes de deforestación. Desde el sector advierten que cumplir con esos estándares implica mayores costos productivos, sin que necesariamente el mercado europeo esté dispuesto a pagar un precio más alto por ellos.

Dependencia de Europa

La dependencia del mercado europeo es estructural. Entre 2008 y 2022 cerca del 65% de la producción argentina de biodiésel se destinó a exportaciones. Sin embargo, con el cierre progresivo de distintos destinos externos —en parte porque muchos países comenzaron a desarrollar producción propia de biocombustibles— esa participación fue cayendo en los últimos años: en 2023 y 2024 las ventas externas representaron alrededor del 33% de la producción total y en 2025 descendieron a apenas el 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.

Esta caída en los envíos al exterior se suma, además, a otras presiones regulatorias que el sector enfrenta en Europa. Los aranceles que aplica la Unión Europea al biodiésel importado se ubican actualmente entre el 25% y el 33%. Al mismo tiempo, el bloque impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética, lo que dificulta la competitividad del producto argentino en el exterior.

Aunque no se trata de un impuesto directo, el nuevo esquema regulatorio obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo, lo que en la práctica reduce aun mas la competitividad frente a los biocombustibles producidos dentro de la propia Unión Europea.

Presión sobre una industria exportadora

El posible cierre del mercado europeo ocurre en un contexto complejo para el sector. En Argentina, la última regulación redujo la tasa de corte obligatorio de biodiésel en el gasoil de 12,5% a 7,5%, lo que provocó una menor demanda interna. En 2025, mientras las ventas locales de gasoil y diésel subieron cerca de 2,5%, la comercialización de biodiésel retrocedió cerca de 10%. Además, el consumo total de combustibles fósiles permanece por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que achica aún más la base sobre la que se aplica el corte.

La mayor parte de la producción nacional de biodiésel se concentra en el polo agroindustrial del Gran Rosario. Solo Santa Fe representó el 58% del total nacional en 2025, con infraestructura de procesamiento y exportación vinculada al complejo sojero. El sector se orientó desde sus inicios al mercado externo: muchas plantas surgieron alrededor de 2010 para abastecer a Estados Unidos, Europa y países de la región como Perú.

La legislación local reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras enfocaron su producción en el exterior. Este esquema dejó al sector vulnerable a regulaciones extranjeras. A lo largo de los años, varios destinos fueron restringiendo el acceso al biodiésel argentino: primero Estados Unidos, después Perú y, más tarde, la Unión Europea, que avanzó con limitaciones progresivas.

La afirmación de que la situación actual en provincias como Segovia, Ávila, Soria y Zamora impulsa el éxodo juvenil hacia Madrid y otras áreas económicas por la falta de oportunidades laborales sirvió de base para la propuesta de Vox de una transformación profunda del modelo productivo y social en Castilla y León. Según informó el medio al presentar los detalles del programa económico y de vivienda en Segovia, el partido considera que esta dinámica solo puede detenerse mediante políticas que reactiven el sector agropecuario y eliminen barreras a la vivienda para las nuevas generaciones.

De acuerdo con la publicación, José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, defendió la necesidad de implementar un "giro de 180 grados" en las políticas vigentes, tanto en el sector de la vivienda como en el agroindustrial. Durante su visita a Segovia, acompañado del diputado nacional y portavoz de vivienda Carlos H. Quero y de la candidata Susana Suárez, Figaredo argumentó que la pérdida de una industria agropecuaria robusta ha privado a la juventud de opciones para permanecer en sus lugares de origen, intensificando el despoblamiento rural.

Tal como consignó el medio, Figaredo destacó que Vox se propone recuperar un entorno donde sea posible desarrollar proyectos de vida y formar familias fuera de las grandes ciudades. Para ello, planteó que la revitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas resulta esencial, identificándolas como elementos clave para el bienestar nacional. En este contexto, criticó los acuerdos comerciales externos, en especial el tratado Mercosur, al considerar que amenaza la soberanía alimentaria al reducir la capacidad de controlar los costes y la producción nacional de alimentos y exponer al país a vulnerabilidades derivadas de la competencia internacional.

El medio reportó que Figaredo vinculó también la evolución reciente en políticas energéticas con el declive industrial y agrario, mencionando el cierre de infraestructuras energéticas como la central nuclear de Garoña o varias centrales térmicas. Sostuvo que la decisión de clausurarlas responde, según Vox, a posturas dogmáticas ligadas al clima que, a su juicio, repercuten negativamente en la competitividad y desarrollo regional.

En cuanto a posibles escenarios de gobernabilidad en Castilla y León, Vox trasladó la responsabilidad al Partido Popular. Según publicó el medio, el partido afirmó que está dispuesto a colaborar únicamente si existen garantías de ver cambios sustanciales en las políticas actuales, advirtiendo que si el PP mantiene "políticas socialistas", debería buscar alianzas con el PSOE.

En el área de vivienda, el análisis presentado situó la problemática del encarecimiento de los alquileres para los jóvenes en el centro del debate. Figaredo expuso que las leyes aprobadas por distintos gobiernos han generado un aumento del 16 por ciento en el precio de la vivienda en Segovia en el último año. Según Vox, estas modificaciones legales han reducido la oferta e impulsado una escalada automáticas de los precios, perjudicando directamente a la población joven.

El medio señaló que, entre las causas consideradas responsables de esta situación, Vox incluyó el impacto de los flujos migratorios desde África y América, asociando la presión sobre determinados segmentos del mercado inmobiliario a la llegada de personas con bajos recursos que compiten por vivienda pública o comparten inmuebles en condiciones poco adecuadas. Al mismo tiempo, denunciaron que la presencia de grandes inversores internacionales con ventajas fiscales facilita el acceso a inmuebles en las áreas más demandadas, dejando a la clase media española “emparedada” en un mercado de difícil acceso y desplazando a los trabajadores de sus zonas de residencia habituales.

Según informó la publicación, Vox propuso una política proactiva de construcción de vivienda y, a la vez, criticó lo que denominó "tres décadas de gestión corrupta" en el sector inmobiliario de la zona. Para la formación, el restablecimiento del acceso a la vivienda para los jóvenes y el reimpulso del sector agropecuario son fundamentales para frenar el despoblamiento y recuperar la capacidad de autoabastecimiento alimentario.

En lo concerniente al sector primario, el partido denunció la pérdida de competitividad debida al acceso preferente de productos procedentes de terceros países como Marruecos, que ha incrementado su presencia en mercados nacionales con productos como tomates y arándanos. Vox atribuyó estos cambios a las decisiones tomadas en las últimas décadas, considerándolas responsable del deterioro del tejido productivo nacional.

El análisis presentado en Segovia sintetiza la estrategia de Vox para las elecciones autonómicas en Castilla y León, situando la revitalización rural, la recuperación industrial y la transformación del mercado de vivienda como elementos centrales para modificar la tendencia demográfica y económica de la región, según detalló el medio.

La posibilidad de una entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin la culminación de todos los procesos de ratificación genera inquietud en el sector agrario europeo, que reclama cautela ante eventuales riesgos no contemplados en el texto principal del tratado. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos subraya que la reciente medida adoptada por el Consejo de la Unión Europea, destinada a incluir una cláusula bilateral de salvaguardia para productos originarios de Mercosur, no aparece reflejada en el propio acuerdo y que esta omisión añade un elemento adicional de incertidumbre para los productores comunitarios. Según informó el propio colectivo a través de un comunicado, este escenario incrementa la preocupación por la posibilidad de afrontar desventajas competitivas si se avanza hacia la apertura comercial sin asegurar normas equivalentes para todos los actores.

De acuerdo con el comunicado difundido por Unión de Uniones, la organización sostiene que la introducción de cláusulas de salvaguardia específicas no resuelve el problema central, ya que se centran en reacciones posteriores a las perturbaciones del mercado y no en la prevención activa de situaciones de competencia desigual. El grupo agrario expuso ante medios como Europa Press que tanto la decisión reciente del Consejo de la UE como las declaraciones institucionales de las autoridades europeas dejan en evidencia que existe un reconocimiento de los impactos negativos que el acuerdo comercial con Mercosur puede tener sobre el sector agrícola del continente. Destacaron que los mecanismos previstos permitirían intervenir una vez que el daño ya se haya producido en los mercados internos, sin ofrecer garantías en materia de reciprocidad o igualdad de condiciones.

Según detalló Unión de Uniones, la Comisión Europea ha presentado de forma paralela a la discusión del reglamento una declaración política en la que manifiesta su voluntad de fortalecer los controles a las importaciones. Esta declaración incluye el objetivo de avanzar hacia una convergencia mayor de los estándares de producción exigidos a los productos agroalimentarios procedentes de países extraeuropeos, con énfasis en aspectos como el uso de fitosanitarios, el bienestar animal y las condiciones sanitarias y fitosanitarias. El medio Europa Press reportó que aunque la organización considera estas directrices como una señal positiva en el sentido de brindar más protección al sector, persisten dudas sobre la implementación concreta y la efectividad de los controles, subrayando que no basta con reforzar la supervisión de manera teórica si no se destinan los recursos necesarios para llevarla a cabo de forma efectiva.

Unión de Uniones incidió en que la salvaguarda aprobada por el Consejo de la Unión Europea constituye solo un instrumento correctivo, útil únicamente en situaciones graves una vez producidas, pero insuficiente para prevenir distorsiones o desigualdades que puedan derivarse de una apertura comercial sin condiciones de equilibrio. "Las salvaguardias pueden ayudar a corregir situaciones graves cuando ya se han producido, pero lo que el sector necesita es prevenir esas distorsiones. Y eso solo se consigue con reciprocidad en los estándares", declaró Unión de Uniones, citada por Europa Press. A juicio de la organización, resulta fundamental incorporar en el proceso de negociación garantías vinculantes para que los productos importados cumplan requisitos equivalentes a los que se imponen a la producción europea, asegurando así condiciones equitativas para todos los operadores.

Otra de las preocupaciones expresadas por Unión de Uniones gira en torno a las manifestaciones públicas efectuadas por representantes clave de países incluidos en el bloque Mercosur. Según consignó Europa Press, tanto el Presidente de Paraguay en su momento como la senadora Tereza Cristina, designada relatora del acuerdo en Brasil, han mostrado reservas sobre la aplicación de salvaguardias europeas. Desde su perspectiva, si la Unión Europea llegara a restringir el acceso de productos sudamericanos amparándose en estas medidas, los países del Mercosur podrían activar mecanismos de réplica que afectarían las exportaciones europeas. En este sentido, la organización agraria española considera fundamental que las autoridades europeas defiendan el interés de su sector agrícola con el mismo nivel de determinación exhibido por los representantes sudamericanos.

Dentro del análisis sobre las medidas orientadas a reforzar el control de importaciones y equiparación de estándares, Unión de Uniones precisó que la simple existencia de compromisos declarativos no ofrece garantías sólidas ni certeza para los productores. "No es lo mismo hablar de reforzar controles sobre el papel que garantizar verdaderamente que existen medios para realizarlos efectivamente y con eficacia", expresó la organización, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Además, advierten que la posible entrada en vigor provisional del acuerdo, sin que hayan concluido todos los trámites y procesos de ratificación, introduce nuevos elementos de inseguridad jurídica que podrían acarrear consecuencias no deseadas para el sector agrícola europeo.

Según publicó Europa Press, Unión de Uniones reclama que el acuerdo solo podrá alcanzar un carácter equilibrado si incorpora no solo mecanismos reactivos como las salvaguardias sino, sobre todo, garantías efectivas de reciprocidad. Solo bajo estas condiciones se lograría evitar distorsiones y competir bajo las mismas reglas, previniendo que la liberalización comercial se traduzca en una transferencia de costes y desventajas estructurales para el sector agrario de la Unión Europea que no se exijan por igual a todos los operadores presentes en el mercado comunitario.

La organización concluye que la actual configuración del marco normativo y del proceso negociador sigue dejando expuestos a los agricultores y ganaderos europeos ante posibles amenazas que derivarían de la desigualdad en las exigencias regulatorias entre los productores internos y los países socios del Mercosur. Según Europa Press, Unión de Uniones mantiene su exigencia de adoptar medidas preventivas que eviten que la apertura a productos foráneos se produzca sin el respaldo de garantías comprobables de igualdad en las condiciones de producción y control, reiterando que la defensa del interés sectorial europeo debe guiar las decisiones institucionales hasta la ratificación final del acuerdo.

Según detalló Europa Press, Ángel Alda, portavoz de Vox en La Rioja, expuso que la iniciativa se orienta no solo a rechazar la ratificación provisional de Mercosur, sino también a instar al Ejecutivo autonómico para que presione al Gobierno central en la defensa de los intereses de los productores nacionales. Alda subrayó que la propuesta servirá para evidenciar la postura de otros partidos, en especial el Partido Popular, al expresar que “dice una cosa y luego hace la contraria”, refiriéndose a la posición de los populares respecto al acuerdo, ya que votaron a favor en Bruselas junto al Partido Socialista, mientras argumentan estar en contra dentro del territorio riojano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el portavoz de Vox sostuvo que la entrada en vigor de Mercosur “podría traer consigo gravísimas consecuencias para el sector primario español y para nuestro campo”. Alda aseguró que los agricultores españoles se verían en desventaja ante productos sudamericanos, puesto que estos afrontan “requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales mucho más laxos”, lo que en su opinión fomenta una competencia desigual para el sector agrícola nacional.

Europa Press reportó que, aunque Vox y el grupo Patriots han conseguido trasladar el acuerdo de Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de poner en marcha su aplicación provisional si al menos uno de los países integrantes de Mercosur está preparado para proceder con la implementación. Según lo indicado por el portavoz de Vox, correspondería al Tribunal europeo la facultad de suspender esa aplicación provisional si así lo solicita algún estado miembro de la Unión Europea.

En la moción registrada, Vox pide que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional, presidido por Gonzalo Capellán, a pedir al Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que rechace toda disposición de Mercosur que resulte perjudicial para los intereses de los productores españoles, así como que descarte cualquier proceso de aplicación provisional del acuerdo. Alda precisó que dentro de la propuesta también se reclama el impulso de una consulta popular a nivel nacional que permita a la ciudadanía pronunciarse al respecto.

La iniciativa divulgada por Europa Press se suma a otras expresiones políticas que cuestionan los efectos potenciales de los acuerdos comerciales internacionales sobre sectores productivos específicos. Las acciones impulsadas por Vox y Patriots en los tribunales europeos han provocado que la entrada en vigor del acuerdo se retrase hasta que el alto tribunal se pronuncie, pero el margen de maniobra sigue abierto debido a las posibilidades de actuación que conserva la Comisión Europea.

A lo largo de su intervención, Alda reiteró la preocupación por la competitividad del campo español, reiterando que las diferencias regulatorias entre la Unión Europea y los países de Mercosur podrían traducirse en desventajas para los productores de España. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el portavoz de Vox insitió en que la consulta pública propuesta es “por su indudable trascendencia para nuestro sector primario, así como para el interés nacional.”

El debate sobre Mercosur abordado por Vox en el Parlamento de La Rioja marca un episodio más de la discusión sobre la protección de los sectores agrarios frente a acuerdos internacionales. Europa Press detalló que la capacidad del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea para acelerar o frenar la aplicación estatal provisional del tratado continúa siendo un aspecto central en el desarrollo del proceso.

El grupo liderado por Santiago Abascal señaló que, a pesar de las dudas jurídicas que rodean al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, la Comisión Europea reiteró su intención de ponerlo en marcha de forma provisional cuando al menos uno de los países sudamericanos complete el proceso de ratificación. Según publicó Europa Press, la formación considera que esta decisión podría debilitar el control democrático del Parlamento Europeo al rebajarlo a un papel consultivo y generar consecuencias económicas para el sector agrícola español, que se calificarían de irreversibles.

De acuerdo con Europa Press, Vox presentó en el Congreso una iniciativa que solicita al Ejecutivo español rechazar la aplicación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en aquellos aspectos que resulten perjudiciales para los productores del país. El partido exige que se frene la entrada en vigor provisional del tratado y que se convoque una consulta popular en los términos del artículo 92 de la Constitución, argumentando la trascendencia nacional que tendría este compromiso internacional para la agricultura y la economía rural españolas.

La propuesta, según detalló Europa Press, defiende que el acuerdo representa uno de los tratados comerciales más amplios suscritos por la Unión en las últimas décadas y que repercutiría directamente en el sector primario español, así como en la estructura productiva y social de la España rural. La iniciativa sostiene que los agricultores y ganaderos nacionales se verían perjudicados al enfrentarse a productos agroalimentarios provenientes de América del Sur, que según Vox, se producen bajo reglamentos fitosanitarios, medioambientales y laborales "mucho más laxos" que los exigidos en la Unión Europea.

El texto registrado por Vox en el Congreso advierte que el posible impacto negativo del acuerdo comercial no solo afectaría a España, sino que representa una preocupación compartida en toda Europa. Europa Press informó que el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta una propuesta del grupo Patriots —del que forma parte Vox—, acordó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la obtención de un dictamen legal. Esta decisión obtuvo 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, lo que abrió un proceso de revisión del texto por parte del máximo tribunal europeo.

Este procedimiento, reportó Europa Press, implica que la vigencia del acuerdo permanece suspendida hasta que el TJUE aclare aspectos clave como la validez, el alcance competencial o la regularidad en el procedimiento de aprobación. El dictamen podría llegar a retrasar hasta dos años la entrada en vigor del tratado y, si resultara negativo, impediría su aplicación.

No obstante, Vox manifestó su preocupación ante la postura de la Comisión Europea, afirmando que la voluntad de activar la aplicación provisional "tan pronto como uno de los Estados del bloque sudamericano complete su proceso de ratificación" podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Según la postura de organizaciones agrarias españolas citada por Vox, la puesta en marcha provisional precipitada del tratado conduciría a un debilitamiento del control democrático del Parlamento Europeo, al mismo tiempo que tendría efectos económicos inmediatos para el sector agrícola y rural, que podrían ser difíciles de revertir.

La proposición no de ley también recuerda, según añadió Europa Press, que la aplicación provisional del acuerdo podría suspenderse si alguno de los Estados miembros así lo solicita. Además, el TJUE dispone de la facultad de supervisar la legalidad de las decisiones de la Unión Europea, con la posibilidad de ordenar medidas cautelares o suspender actos impugnados relacionados con el tratado.

Vox instó a que el Gobierno emplee todas las herramientas institucionales y legales disponibles para frenar la aplicación provisional del acuerdo antes de que se dicte el fallo definitivo del TJUE y se convoque la consulta nacional solicitada. La formación denuncia que permitir la entrada en vigencia del acuerdo sin cumplir estos requisitos podría poner en riesgo la supervivencia del sector primario y afectar de manera profunda el tejido socioeconómico de las comunidades rurales españolas, tal como informó Europa Press.