En la mañana del 15 de enero, un juzgado especializado de Villavicencio retomó las audiencias penales en curso contra 12 miembros de la comunidad menonita que residen en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016, acusados de cometer delitos ambientales graves en la vereda La Cristalina.

Según la Fiscalía, los procesados habrían causado afectaciones significativas en los ecosistemas locales mediante la deforestación de más de 100 hectáreas, así como la construcción de cuatro puentes que alteraron cuerpos de agua en la zona.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso judicial, que se había suspendido en septiembre de 2025, se reanudó con el reconocimiento de las víctimas. El juez a cargo decidió avalar como víctimas a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área Especial La Macarena (Cormacarena) y al Ministerio de Ambiente.

El abogado defensor de los menonitas presentó recursos para evitar la inclusión del Ministerio de Ambiente como víctima, pero el juez los desestimó. La Procuraduría respaldó la decisión, argumentando la autoridad máxima en política ambiental que ostenta dicho ministerio en Colombia.

“Además, lo que se investiga es si hubo una afectación contra los recursos naturales, los cuales son un atentado contra la Nación, contra la humanidad. El Estado colombiano ha suscrito compromisos internacionales para proteger el medio ambiente”, declaró el procurador ante el juzgado, según El Espectador.

El representante del Ministerio de Ambiente acusó a la defensa de emplear tácticas dilatorias, señalando que los recursos de nulidad y reposición presentados carecían de fundamento. Tras resolver la disputa, el juez programó para el próximo 20 de febrero la audiencia en la que los 12 menonitas serán llamados formalmente a juicio.

En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía y conocido por el medio citado, los cargos incluyen aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios.

Entre 2017 y 2021, los acusados habrían realizado la remoción de cobertura vegetal y tala mecanizada de especies nativas en aproximadamente 110 hectáreas, con el propósito de establecer cultivos agrícolas. La extensión deforestada equivale a unas 65 canchas de fútbol, según la investigación.

La Fiscalía sostiene que los menonitas no contaban con permisos ambientales para la tala masiva, lo que provocó erosión del suelo y la interrupción de corredores ecológicos esenciales para la fauna local.

Además, la construcción de cuatro puentes, de entre seis y siete metros de ancho por once a dieciséis metros de largo, habría invadido el cauce del humedal Laguna del Merey y de los caños Chivaliona y Barrulia, de acuerdo con la inspección de funcionarios del CTI.

Las autoridades sostienen que los menonitas “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”, según el documento de la Fiscalía citado por el medio.

Durante la audiencia del 15 de enero, la Fiscalía informó que el 12 de diciembre de 2024 se realizó una reunión con Cormacarena y los abogados de los procesados, en la que se socializaron 12 conceptos técnicos que servirán como base para construir un plan de recuperación ambiental. El próximo 23 de enero, los menonitas deberán presentar su primera propuesta de reparación, en cumplimiento del compromiso adquirido durante el proceso judicial.

Los menonitas conforman una comunidad de origen europeo ligada al cristianismo protestante, reconocida por su pacifismo, su “vida austera” y su dedicación a la agricultura.

El grupo tiene raíces en la Reforma del siglo XVI, principalmente entre poblaciones holandesas y alemanas, y se caracteriza por enfatizar el estudio bíblico, el bautismo de adultos, la no violencia y el trabajo disciplinado.

A lo largo de su historia, han mantenido tradiciones comunitarias, hablan un dialecto alemán y limitan el uso de tecnologías como la televisión y los teléfonos móviles, permitiendo su uso principalmente a los adultos. La transmisión de saberes agrícolas y el fortalecimiento de la vida familiar son aspectos centrales de su identidad.

Perseguidos en Europa por motivos religiosos, los menonitas habrían emigrado hacia América del Norte y posteriormente a México, donde establecieron comunidades autosuficientes. Hacia 2016, un grupo de familias menonitas habría llegado a Colombia, atraído por la disponibilidad de tierras fértiles en la región de Puerto Gaitán (Meta).

La escasez de espacio para expandir la producción agrícola en Chihuahua (México) habría sido uno de los factores que motivó su traslado, junto con el interés por el desarrollo agroindustrial de la altillanura colombiana, especialmente para el cultivo de maíz y soya.

Luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de Ana Neufeld y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita asentada recientemente en la región del Valle Medio, la Policía de Río Negro logró localizar el cadáver de David Neufeld, de 20 años.

Según informó el medio local LM Neuquén, la tragedia se desencadenó cuando la familia, asentada en el campo La Asunción, había llegado para pasar el fin de semana largo junto a sus suegros y otros dos matrimonios.

El intenso calor llevó a los presentes a acercarse al río para refrescarse. La adolescente Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al agua confiada, pero al perder la estabilidad y verse superada por la fuerza de la corriente, pidió auxilio. Su hermano, David, y su padre, Jacobo, de 50 años, se arrojaron al agua en un intento desesperado por salvarla, pero ninguno logró regresar a la orilla.

El operativo de búsqueda se activó el domingo por la tarde, tras la alerta por la desaparición de los tres miembros de la familia menonita.

El personal de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Conesa, y los efectivos de Prefectura de Carmen de Patagones y San Antonio Oeste coordinaron las tareas de rastrillaje desde el inicio de la emergencia.

El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre, hallado en la mañana del martes, seguido por el de la adolescente cerca de las 10 horas. El hallazgo del cuerpo de David, se produjo a las 17:30, puso fin a la intensa búsqueda que se extendió por tres días.

La fiscal de turno, Maricel Viotti, encabezó las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y resolvió que no se realizarán autopsias a las víctimas.

Esta decisión se fundamentó en la confirmación de que las muertes fueron accidentales y en la existencia de múltiples testigos de la comunidad menonita que presenciaron la secuencia de los hechos.

Con esta medida, los restos de la familia Neufeld podrán ser velados en General Conesa, sin necesidad de traslado a Viedma, lo que agiliza los trámites administrativos y permite a la comunidad menonita brindar un cierre a la tragedia.

La familia había llegado ese mismo domingo con la intención de pasar la tarde en familia y conocer el lote donde planeaban construir su futura vivienda, según declaraciones recogidas por medios regionales.

El desconocimiento de la fuerza de la corriente y las altas temperaturas de la jornada se combinaron para desencadenar el desenlace fatal, que dejó un profundo pesar en la comunidad menonita de la región.

Finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en mar chileno

Tras siete días de trabajos de rastreo, las autoridades de Chile pusieron fin a la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido en la costa de La Serena al ser arrastrado por el mar. La conclusión del operativo se tomó tras extensas acciones desarrolladas tanto en el agua como en tierra, en las que participaron fuerzas oficiales y vecinos.

La información sobre el cierre fue comunicada mientras la familia realizaba una ceremonia privada en la playa. A este acto de despedida acudieron familiares, amigos y residentes, para rendirle un último homenaje al adolescente.

A orillas del océano, los presentes encendieron velas, colocaron imágenes y dejaron flores en el lugar donde se vio por última vez a Alejandro, como parte de una expresión simbólica ante la finalización de las tareas de búsqueda. La familia aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante estos días.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que los seres queridos del adolescente estaban al tanto de todo lo realizado: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”.

Añadió también que los allegados comprendieron la situación y se mostraron agradecidos por todo el esfuerzo desplegado.

El dispositivo involucró a diversas dependencias y equipos de la Armada chilena, quienes utilizaron patrullas en el mar, drones y aeronaves. También participaron bomberos, pescadores de la zona y cuadrillas terrestres, todos coordinados desde un mando costero.

Además, personal municipal y voluntarios se sumaron a los recorridos por la costa. Las tareas se llevaron a cabo en un contexto desafiante, por la presencia de vientos intensos y fuertes marejadas que dificultaron el rastreo.

Un operativo de búsqueda en el río Negro, en la zona de la localidad rionegrina de General Conesa, confirmó en la mañana del martes el hallazgo de los cuerpos de Ana Neufeld y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita asentada recientemente en la región del Valle Medio. Ahora, la búsqueda está centrada en dar con el paradero de David Neufeld, hermano de 20 años de la joven.

De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, el hecho se produjo el domingo por la tarde en el campo La Asunción, próximo a la Ruta Provincial 53 camino a Guardia Mitre, donde un grupo de familias menonitas, que había llegado semanas atrás desde La Pampa, compartía una jornada a la vera del río Negro.

El reporte inicial surgió minutos pasadas las 16:00, cuando un trabajador metalúrgico de 29 años, ingresó a la Comisaría 20 para dar aviso sobre lo sucedido.

Según contó, Ana, de 16 años, ingresó al río en un sector donde la corriente se amplifica por la presencia de cuatro brazos que distribuyen el caudal. Minutos después fue arrastrada por la fuerza del agua. Su padre, Jacobo, y su hermano mayor, David, se lanzaron para intentar rescatarla. Ninguno logró regresar a la orilla. Los presentes se dirigieron a la comisaría tras presenciar la escena.

El despliegue de búsqueda involucró a la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval Argentina y bomberos voluntarios. La labor incluyó rastrillaje terrestre y el uso de embarcaciones, además de un dron provisto por el equipo de Criminalística de la policía provincial para monitorear desde el aire el sector ribereño y sus diversos ramales.

Un dato relevante aportado por fuentes locales indicó que los integrantes de la familia desconocían las características del cauce y la intensidad de la corriente en esa franja del río, aspecto señalado también por baqueanos de la zona.

El lunes, persistió la incertidumbre mientras se mantenía la vigilancia sobre la zona. Equipos de rescate focalizaron los esfuerzos en los puntos identificados a partir de los testimonios de los presentes y la información provista por pescadores de la región, atentos a la evolución del operativo.

Durante la mañana del martes, la noticia tomó un nuevo giro. Personal de la Policía de Río Negro que recorría el área confirmó haber localizado dos cuerpos en la zona de rastrillaje.

Luego, allegados al caso confirmaron a Infobae que se trataba de Ana y Jacobo Neufeld, mientras que se mantiene la búsqueda para dar con el hermano de la adolescente.

Finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en mar chileno

Tras siete días de trabajos de rastreo, las autoridades de Chile pusieron fin a la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido en la costa de La Serena al ser arrastrado por el mar. La conclusión del operativo se tomó tras extensas acciones desarrolladas tanto en el agua como en tierra, en las que participaron fuerzas oficiales y vecinos.

La información sobre el cierre fue comunicada mientras la familia realizaba una ceremonia privada en la playa. A este acto de despedida acudieron familiares, amigos y residentes, para rendirle un último homenaje al adolescente.

A orillas del océano, los presentes encendieron velas, colocaron imágenes y dejaron flores en el lugar donde se vio por última vez a Alejandro, como parte de una expresión simbólica ante la finalización de las tareas de búsqueda. La familia aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante estos días.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que los seres queridos del adolescente estaban al tanto de todo lo realizado: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”.

Añadió también que los allegados comprendieron la situación y se mostraron agradecidos por todo el esfuerzo desplegado.

El dispositivo involucró a diversas dependencias y equipos de la Armada chilena, quienes utilizaron patrullas en el mar, drones y aeronaves. También participaron bomberos, pescadores de la zona y cuadrillas terrestres, todos coordinados desde un mando costero.

Además, personal municipal y voluntarios se sumaron a los recorridos por la costa. Las tareas se llevaron a cabo en un contexto desafiante, por la presencia de vientos intensos y fuertes marejadas que dificultaron el rastreo.

La disputa judicial que enfrenta a un grupo de menonitas en Puerto Gaitán (Meta) acaba de sumar un capítulo inesperado. Lo que parecía una audiencia para formalizar la acusación terminó convertido en escenario de negociación, los abogados de los doce procesados plantearon la posibilidad de llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía, mecanismo que les permitiría reparar el daño ambiental a cambio de evitar una condena.

El ofrecimiento sorprendió en la sala. Según información de El Espectador el fiscal del caso tenía lista una acusación de 42 páginas que detallaba con precisión los hechos ocurridos entre 2017 y 2021. Según ese documento, los menonitas participaron en la tala mecanizada y la remoción de cobertura vegetal en al menos 110 hectáreas de la vereda La Cristalina, un área equivalente a unas 65 canchas de fútbol. La deforestación, realizada sin autorización de la autoridad ambiental, habría provocado erosión del suelo y la desaparición de corredores naturales usados por aves y mamíferos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El ente investigador aseguró que no se trató de un desconocimiento de la norma: “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”.

A la tala se suma la construcción de cuatro puentes que, de acuerdo con el CTI, invaden cuerpos hídricos estratégicos como el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia. Para la Fiscalía, estos hechos constituyen delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, daño en los recursos ambientales, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios.

Los acusados, según el medio antes mencionado, son Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr. Todos hacen parte de una comunidad de alrededor de 300 personas que habitan tres megafincas de 30.000 hectáreas destinadas a la agroindustria.

El 5 de septiembre, cuando el fiscal estaba a punto de leer la acusación, los abogados de los menonitas pidieron suspender la diligencia. Uno de ellos explicó: “Nuestro propósito no es dilatar las audiencias; por el contrario. Hemos sido nosotros los que quisimos iniciar el proceso para llegar a un principio de oportunidad. No queremos eludir responsabilidades, como se quiere hacer ver”. El defensor agregó que sus clientes asistieron a todas las audiencias y que ellos mismos aportaron un traductor para los procesados, cuya lengua principal es el plautdietsch, un dialecto alemán.

Según El Espectador el juez, aunque reconoció que, “este tipo de conflictos sociales no siempre se pueden solucionar con condenas”, aceptó la suspensión tras escuchar a la Procuraduría, que advirtió que la negociación apenas estaba en fase inicial. El caso se retomará el 15 de enero de 2026.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente y Cormacarena solicitaron ser reconocidos como víctimas. La autoridad ambiental ya había recibido en junio un documento en el que los menonitas presentaron un plan de restauración para mitigar los daños causados. Sin embargo, las entidades consideran que el impacto sobre los ecosistemas es de tal magnitud que deben tener participación activa en el proceso penal.

Detrás de la discusión jurídica también pesa la historia de las tierras. Según la Fiscalía, parte de los predios de los menonitas fueron comprados a Édgar Augusto Gutiérrez y Wilson Rodrigo Jiménez, ganaderos y narcotraficantes condenados en Francia en 2007 por intentar introducir dos toneladas de cocaína en un avión del príncipe saudí Nayef Al-Shaalan. La procedencia de esas propiedades añade un elemento de controversia a la investigación.

Además, la vereda La Cristalina es escenario de tensiones históricas. En los años noventa y dos mil, fue territorio de influencia paramilitar y lugar donde el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, adquirió extensas fincas. Su familia aún controla la empresa ganadera que lleva el mismo nombre de la vereda. A ello se suma el reclamo de los indígenas sikuanis, que llevan casi una década esperando la adjudicación de tierras en esa zona, en particular el predio El Porvenir, ocupado durante años por la sociedad vinculada a Carranza.

La comunidad menonita en Uruguay está integrada por unas 2 mil personas y, parte de ellos, se instalaron en Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de Montevideo en el centro-sur del país. Los niños que viven allí concurren a clases de manera particular: tienen cursos en español e inglés que son dictados por maestros de la colonia, que viajan desde Estados Unidos. Pero esta modalidad motivó un enfrentamiento judicial con el Estado uruguayo.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) consideró que se estaba vulnerando el derecho a la educación de estos jóvenes. Este organismo intentó convencer a los padres de que inscribieran a los niños en centros educativos uruguayos y le habían dado cuatro alternativas para hacerlo. Pero, ante el rechazo de la comunidad a cumplir la sugerencia, el organismo rector de la educación pública decidió iniciar acciones legales.

La Justicia falló en una primera instancia a favor de los menonitas de Florida y el fallo fue ratificado por un Tribunal de Apelaciones, informó El Observador. La decisión considera que no quedó demostrado que los menores estuvieran fuera del sistema educativo y destaca que reciben educación a través de un sistema alternativo, basado en su ideología religiosa y cultural.

La ANEP había alegado que los niños de la comunidad no están recibiendo la educación obligatoria en centros habilitados, como está establecido en la Constitución y en la Ley General de Educación. Según la demanda, los niños asistían a un sistema educativo privado basado en creencias religiosas, algo que puede vulnerar sus derechos.

Al apelar la decisión de primera instancia, la ANEP consideró que la educación impartida no cumplía con los estándares exigidos por la ley y señalaba que hay una falta de claridad sobre el tipo de educación que reciben, lo que los docentes imparten y el sistema de educación. Cuestionaron también la validez del sistema de educación porque no está dentro del marco estatal y no está reconocido por el organismo rector.

Pero el Tribunal de Apelaciones desestimó el planteo. Consideró que no se había demostrado que los niños estuvieran privados de su derecho a la educación porque quedó acreditado que tenían clases a través de un sistema en línea y presencial. El sistema utilizado por la comunidad es proporcionado por HomeLife Academy, que es un instituto estadounidense que habilita a los niños a continuar su educación y obtener certificados que son reconocidos en Uruguay.

La sentencia, consignada por El Observador, argumenta: “Es cierto que la situación de ese centro de estudios es atípica o poco común, en la medida en que los niños cursan sus estudios por el sistema de enseñanza en el hogar o ‘homeschool’ y bajo la dirección de un colegio internacional, denominado sombrilla o Umbrella, radicado en EEUU, pero no lo es que ello está prohibido por nuestro sistema constitucional y legal”.

El tribunal, además, destacó la libertad de enseñanza que está consagrada en la Constitución de la República y que otorga el derecho a los padres de elegir la educación de sus hijos, siempre que no se afecten principios como la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público.

Antes de que la Justicia fallara por primera vez, el abogado de la comunidad, Daniel Torres, expresó que la comunidad “se encuentra instalada en una zona de fácil acceso”. A la iglesia “pueden asistir y asisten las personas que así lo deseen con base en el respeto a su religión, también pueden asistir a su escuela y no impiden el contacto o relacionamiento con la sociedad teniendo sus controles pediátricos y vacunas al día siendo atendidos en su salud”, expresa el escrito.

La defensa también había argumentado que la actitud adoptada por los padres es “conforme a derecho”. Los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”. Los padres entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”.

Ciudad Juárez (México), 17 ene (EFE).- Un grupo de menonitas se manifestó este viernes en las garitas de la aduana del Puente Internacional Córdova de las Américas en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, para denunciar presuntas extorsiones por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una hora, los manifestantes, acompañados por el activista Julián Lebarón, alzaron la voz contra los abusos que, aseguran, han sufrido en los últimos meses impidiendo el cruce en este tiempo.

La protesta fue detonada por el caso más reciente de Johan Nickell, un miembro de la comunidad menonita, quien relató haber sido víctima de un operativo irregular en su domicilio.

Según sus declaraciones, agentes de la FGR ingresaron a su hogar, de donde presuntamente sustrajeron 100.00 pesos en efectivo y maquinaria agrícola.

Carlos Chávez, ingeniero de la región, relató que los agentes federales han estado extorsionando a los campesinos bajo el pretexto de que están utilizando combustible de manera ilegal.

“Están extorsionando los agentes de la PGR del gobierno federal a los diferentes menones y los están robando”, explicó Chávez.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, las extorsiones ascienden a cantidades de hasta 800.000 pesos por operación.

“Están abusando de que es gente pacífica y que no pelean y no hablan bien el español, aunque nacieron aquí en Janos, en Casas Grandes, tienen su credencial de elector, son mexicanos”, agregó Chávez.

En este sentido, las comunidades menonitas han señalado que los agentes no solo los extorsionan, sino que también se llevan bienes, como computadoras y equipos de trabajo, y arrestan a aquellos que se oponen.

Además, los campesinos han denunciado que las autoridades federales están afectando gravemente su productividad, por lo que en la región agrícola dedicada al cultivo de trigo, algodón y maíz, la extorsión golpea fuertemente a las empresas, algunas de las cuales tienen crédito para la compra de diésel y otros insumos.

Por su parte, Julián LeBarón, activista conocido por su trabajo en temas de seguridad y justicia en la región, ofreció su apoyo a la causa de los menonitas. también expresó su frustración por la situación.

“Realmente nomás llegaron a extorsionar. Primero les pidieron dinero de soborno en efectivo y después cuando no quisieron entregar el soborno ya empezaron las amenazas”, dijo LeBarón, quien detalló cómo en recientes incidentes, agentes federales llegaron a un rancho de la comunidad y arrestaron a un hombre que distribuía combustible entre los agricultores.

“Lo arrestaron y le robaron su propiedad. Se metieron a su oficina, robaron las computadoras, las cámaras que tenían de seguridad y se llevaron toda la información de su oficina y se lo llevaron preso”, agregó.

Los testimonios coinciden en que los abusos por parte de las autoridades federales no son algo nuevo, pero se han intensificado en los últimos años. Los afectados aseguran que las autoridades no actúan contra el crimen organizado ni contra los responsables de la violencia en la región, pero sí contra quienes trabajan la tierra de manera legítima.

Además, la comunidad subraya que la situación ha llegado a un punto en el que se sienten atacados y discriminados. “Nos ven como la piñata que vienen a darle de golpes y a llevarse todos los dulces y nosotros somos gente de campo y trabajadora”, expresó LeBarón, quien también destacó la importancia de la unidad binacional en la lucha contra el crimen. EFE

(foto)

Los menonitas pertenecen a la rama del protestantismo y llegaron a Uruguay a fines de la década de los 40. Formaron grandes emprendimientos comerciales inicialmente en la zona del litoral (en departamentos vecinos con Argentina) y luego en San José, cercano a Montevideo. Hoy la comunidad está integrada por unas 2.000 personas. Algunos de ellos viven en Florida y fueron denunciados por el organismo rector de la educación pública por no enviar a sus hijos a la escuela.

Los niños que integran esta comunidad menonita concurren a clases de manera particular. Tienen cursos en español e inglés y son dictados por maestros que pertenecen a esa colonia, quienes viajan desde Estados Unidos para dar clases. Los menores tienen pruebas cada dos semanas y, como complemento, reciben educación a distancia.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), sin embargo, consideró que se estaba vulnerando el derecho a la Educación de estos jóvenes y decidió iniciar acciones legales. Sin embargo, la Justicia falló a favor de los menonitas de Florida.

Tras el análisis del caso –que tuvo informes de organismos públicos y de los defensores–, la Justicia concluyó que “el derecho a la educación no se encuentra vulnerado” en este caso, según la sentencia consignada por El País. Los niños y adolescentes que integran o asisten a esta comunidad tienen “educación de manera virtual por docentes de un colegio extranjero y al mismo tiempo asisten a un escuela de la comunidad; es decir, educación reciben”, consideró la jueza Noelia Gutiérrez.

En la sentencia, también cita un informe del Instituto del Niño y el Adolescente que puntualiza que la educación “es propia de su sistema de creencias y religión”. Y luego puntualiza sobre el principio de la obligatoriedad de la educación que rige en Uruguay: “No refiere a la inscripción de los niños en centro de enseñanza uruguayos, sino a que reciban educación inicial, primaria y media”.

La jueza resolvió archivar la causa sumando como argumento a un cambio que se introdujo en la Ley de Urgente Consideración, aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, que quitó la obligatoriedad de inscripción en un centro de enseñanza.

“La educación de estos niños, niñas y adolescentes se relaciona directamente con dogmas religiosos que son pilares estructurales de su forma de vivir, relacionarse, actuar y pensar”, agrega la sentencia. Además, la jueza considera que a los menores se los ve “felices en su entorno” y “alegres”. Además, describió que se expresan de “manera clara y libre” respecto a sus sentimientos.

La ANEP había intentado convencer a los padres de inscribir a los niños en centros educativos uruguayos –le había dado cuatro alternativas para hacerlo–, pero los padres se negaron. Los menores están inscritos en el Colegio Face Primary Army, que está radicado en Estados Unidos.

En escrito de defensa, el abogado de la comunidad, Daniel Torres, expresó que la comunidad “se encuentra instalada en una zona de fácil acceso”. A la iglesia “pueden asistir y asisten las personas que así lo deseen con base en el respeto a su religión, también pueden asistir a su escuela y no impiden el contacto o relacionamiento con la sociedad teniendo sus controles pediátricos y vacunas al día siendo atendidos en su salud”, expresa el escrito.

La defensa también había argumentado que la actitud adoptada por los padres es “conforme a derecho”. Los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”.

Los padres entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”, por lo que no aceptaron las propuestas que les ofrecieron las autoridades de la educación pública uruguaya. Ellos insisten en educar a sus hijos con profesionales exclusivamente menonitas. “Hay un acompañamiento constante con cada uno de los niños que cursan un proceso académico que, en mi opinión, roza la perfección”, declaró Torres a El País en julio de 2024, después de que la ANEP inició la demanda.

Entre el 2017 y el 2023, las prácticas agrícolas y ganaderas intensivas de las comunidades menonitas han resultado en la deforestación de alrededor de 9 mil hectáreas de bosque tropical en la Amazonía peruana, lo que equivale a 18 mil canchas de fútbol, según un informe de la Coalición por una Producción Sostenible. La situación refleja una emergencia ambiental con riesgos de consecuencias irreparables como ya ocurrió en Bolivia, donde más de 210 mil hectáreas de bosque fueron deforestadas por falta de control y fiscalización.

Las prácticas agropecuarias menonitas, como la siembra de soya y la ganadería a gran escala, requieren la deforestación de grandes extensiones de bosque. El informe, llamado “Las comunidades menonitas en la Amazonía Peruana: un análisis ambiental, regulatorio y comercial”, advierte que “la pérdida de miles de hectáreas está constatada en los estudios de imágenes satelitales multitemporales que demuestran que antes de la llegada de los menonitas existía bosque en los lugares donde se encuentran asentados y hoy existen cultivos”.

Impacto ambiental y expansión de actividades

Los menonitas son un grupo religioso que tuvo sus orígenes en Europa, específicamente en lo que hoy es Alemania, Países Bajos y Suiza, formando parte de un movimiento religioso radical basado en las reformas protestantes. Este grupo, que lleva el nombre de Menno Simons, uno de sus líderes más importantes, se caracteriza por mantener una estricta separación del mundo moderno. Aunque existen distintas ramas de menonitas, los más conservadores rechazan la tecnología y prefieren modos de vida tradicionales, especialmente en lo relacionado con la agricultura, considerada por ellos como un mandato divino.

A lo largo de los años, los menonitas han migrado a diferentes partes del mundo buscando libertad religiosa, aislamiento de la sociedad moderna y tierras para desarrollar sus prácticas agrícolas. Sus asentamientos se caracterizan por estar en zonas rurales aisladas, donde pueden mantener sus costumbres y evitar la influencia del mundo secular. En América Latina, su presencia se extiende a países como México, Bolivia, Paraguay, Brasil y, más recientemente, Perú, desde 2010.

Las colonias menonitas no solo transforman el bosque tropical en nuevas fronteras agrícolas y ganaderas, sino que además construyen carreteras no planificadas que facilitan actividades ilícitas, como la tala indiscriminada y la minería ilegal. El informe destaca que estas acciones “transformaron el bosque tropical en una nueva frontera agrícola y ganadera significativa, similar a lo que hicieron en otros países de la región”. Este impacto ambiental directo compromete funciones esenciales del ecosistema, como la regulación climática y la captura de carbono, fundamentales para enfrentar el cambio climático global.

Denuncias e investigaciones en curso

El Estado ha respondido a esta problemática mediante denuncias formales contra las colonias menonitas. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) investiga a las colonias Chipiar, Tierra Blanca y Masisea por delitos relacionados con la deforestación ilegal y el uso indebido de tierras agrícolas. La Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente (Minam) ha corroborado que la deforestación en estos territorios ocurrió sin autorización oficial por parte de los organismos estatales. Esta versión también ha sido confirmada por los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali.

El estudio añade que “se espera que los procesos que se encuentran en los juzgados de investigación preparatoria avancen hacia la etapa de juicio el próximo año”. Además, recalca la urgencia de un cambio en la asignación de derechos sobre el territorio para garantizar la seguridad jurídica.

Medidas urgentes y sostenibles

Ante esta crisis ambiental, la Coalición por una Producción Sostenible ha propuesto más de 20 recomendaciones para frenar la deforestación. Entre las principales medidas destacan:

• Fortalecer la fiscalización del cambio de uso de suelo en áreas forestales.
• Monitorear actividades agrícolas y ganaderas para evitar la expansión ilegal.
• Fomentar prácticas regenerativas y sostenibles que conserven los recursos naturales y garanticen la productividad.

En la colonia menonita de Tierra Blanca, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo (Ucayali, Perú), tres hombres menonitas fueron acusados formalmente de violación sexual grupal en agravio de una joven de 18 años. Los acusados son Peter Friesen Banman, Jacob Friesen Banman y Franz Friesen Wall. La agresión sexual habría ocurrido en 2021, cuando la víctima tenía 16 años. Los exámenes médicos confirmaron las lesiones compatibles con la agresión sexual. Dos de los acusados están bajo prisión preventiva, mientras que el tercero se encuentra prófugo. Este caso ha conmocionado a la comunidad y ha generado preocupación sobre la seguridad de las mujeres en la colonia.

Los menonitas llegaron al Perú en la década de 1980, inicialmente asentándose en la selva central, en regiones como Ucayali y Huánuco. Posteriormente, se expandieron a otras zonas de la Amazonía peruana, incluyendo Madre de Dios.

Diversas organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas han acusado a ciertas colonias menonitas de deforestación ilegal para la agricultura y ganadería. Se les atribuye la tala de bosques primarios para la creación de pastos y el cultivo de soya, principalmente.

Se está agudizando un conflicto por la deforestación en grandes sectores de los Llanos Orientales, protagonizado por la comunidad menonita que reside en Colombia y las comunidades indígenas. Un nuevo capítulo tiene que ver con la imputación de cargos a doce miembros de la comunidad menonita que emitió la Fiscalía General de la Nación.

El anuncio fue realizado durante la penúltima semana de julio. Con este, el ente de contro se refiere a acusaciones de deforestación y daño ambiental en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta es la comunidad menonita y desde cuándo están en Colombia

Los menonitas son un grupo religioso y cultural que han formado grupos en varios países para llevar a cabo su estilo de vida agrícola y separado del resto de la sociedad. Llegaron a Colombia en 2016, procedentes de México, en busca de mejores oportunidades y condiciones para desarrollar sus actividades agrícolas.

Nicolas Wall, uno de los líderes de la colonia en territorio nacional, informó que en 2016 llegaron tres familias a la región de La Cristalina, en Puerto Gaitán, seguidas de otras 18 en 2017. Actualmente, entre 160 y 170 familias menonitas habitan en las fincas Liviney, Australia y San Jorge, en la región. Tienen raíces alemanas y utilizan un dialecto germano y el alemán europeo como lenguas principales.

Cargos imputados por la Fiscalía

No obstante, debido al uso del territorio, la Fiscalía habría imputado cargos contra los líderes de la colonia Jacob Loewen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friesen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekod Fehr. Estos individuos, según la institución acusadora, habrían hecho uso ilícito de recursos naturales renovables, daño a los recursos naturales e invasión de un área de especial importancia ecológica.

De acuerdo con la información oficial, deberán presentarse ante el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán el 26 de agosto para las diligencias judiciales correspondientes.

Pero la comunidad se ha defendido. En declaraciones citadas por el diario La República, y través de declaraciones como las del líder Abram Loeven Banman, afirman que no han deforestado el territorio. “Nosotros aquí hemos sembrado árboles, incluso más de los que hemos tumbado, pero eso nadie lo ve, solo los vecinos aquí”, aseguró.

Inclusive, han negado las acusaciones acerca de imágenes que se han presentado sobre animales y aparente daño al sueño. Indicaron que su comunidad convive en armonía con los animales. Stiven Mora, ingeniero ambiental, respaldó estas afirmaciones y explicó que las imágenes expuestas por Cormacarena fueron grabadas durante el proceso de mecanización de suelos. “Cuando se hace este proceso, el suelo se ve desprotegido de cobertura vegetal porque se están preparando los terrenos para cultivar”, explicó.

Posición de los indígenas

La situación es que los menonitas no son los únicos que ocupan los territorios. Según datos del portal Rutas del Conflicto, los indígenas de la etnia sikuani reclaman algunas zonas como ancestrales bajo el nombre de Iwitsulibu. Desde 2009, han intentado retornar a esta área, pero se encontraron con predios ya ocupados por fincas y cultivos. Alexander Álvarez, líder indígena, relató que por estas razones tuvieron que asentarse en el resguardo indígena de Únuma, donde viven aproximadamente 1500 indígenas en chozas de plástico, tablas y lona.

Por estos motivos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha entregado al menos 19.000 hectáreas de tierras a indígenas en diez departamentos del país. Felipe Harman, director de la ANT, manifestó que la entrega de tierras es una importante deuda histórica con los pueblos indígenas de Colombia.

El conflicto entre menonitas e indígenas tiene profundas implicaciones ambientales, sociales y económicas. Mientras los menonitas aseguran estar contribuyendo al desarrollo sostenible de la región mediante la siembra de árboles y proyectos agrícolas, los indígenas defienden su derecho a preservar su territorio ancestral y los recursos naturales que allí se encuentran.

Los niños que integran una comunidad menonita en el departamento de Florida (en el centro-sur de Uruguay) concurren a clases de una manera particular. Sus cursos son en español e inglés y son dictados por maestros que pertenecen a esa colonia y que viajan desde Estados Unidos exclusivamente a dar las clases. Los estudiantes tienen pruebas cada dos semanas y, como complemento, reciben educación a distancia.

Pero los niños –ocho de los cuales son estadounidenses– no concurren a ningún centro educativo de Uruguay, ni público ni privado, lo que motivó que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) emprenda acciones legales contra ellos. Este es el organismo rector de la enseñanza estatal de Uruguay.

Sin embargo, la defensa de la comunidad menonita asegura que la actitud que adoptaron los padres es “conforme a derecho”. Daniel Torres, el abogado patrocinante de alguna de las familias, declaró a El País que los menores tienen clases de Ciencia, Música, Historia, Matemática, Lenguaje, Emprendedurismo, Mecánica, Carpintería y Cocina, además de tener “salidas didácticas” y un espacio con “cancha de fútbol”.

Antes de emprender acciones judiciales, un maestro y dos inspectores se reunieron con los integrantes de la comunidad para informarles lo que la Constitución y la Ley de Educación establece sobre los derechos y los deberes de los padres. Se les resaltó “el valor que le da el Estado Uruguayo a través de las políticas educativas a la obligatoriedad de la asistencia de los niños a centros educativos públicos o privados, así como la garantía del cumplimiento del derecho a la educación y al servicio de una educación de calidad”, según el informe de los asesores jurídicos de la ANEP, a partir del que se decidió empezar el juicio.

Estos funcionarios le propusieron a los menonitas algunas opciones. Le sugirieron, por ejemplo, que asistan a una escuela rural que recientemente había cerrado por falta de alumnos. Otra opción era otro centro educativo al que solo asiste un niño y una tercera alternativa eran los colegios públicos de Florida, una ciudad de unos 40.000 habitantes.

Una cuarta sugerencia fue la orientación para comenzar el trámite para que abran un centro educativo privado.

Los padres, sin embargo, entienden que la formación que reciben los jóvenes es de “muy alto nivel”, por lo que no aceptaron las propuestas que les ofrecieron las autoridades de la educación pública uruguaya. Ellos insisten en educar a sus hijos con profesionales exclusivamente menonitas. “Hay un acompañamiento constante con cada uno de los niños que cursan un proceso académico que, en mi opinión, roza la perfección”, sostuvo.

El abogado argumenta basado en artículos de la Constitución que dan derecho a los padres a elegir los institutos para que sean educados. Torres prefirió no contestar qué es lo que le falta a la educación uruguaya para elegir otro sistema. “Puedo decir que la educación que tienen es de un nivel excelente”, se limitó a responder.

Las autoridades de la educación pública tuvieron visiones encontradas. La presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, estuvo a favor de iniciar acciones legales. El argumento que primó fue que la educación en casa “no está habilitada” en Uruguay, según dijo la funcionaria en una rueda de prensa. “Todos quienes vivan dentro de nuestro territorio tienen que acatar las normas, que establecen que hay centros públicos y privados, habilitados o autorizados, y es obligación de los padres enviar a los hijos a alguno de esos centros; y es un derecho de los niños poder concurrir a un centro educativo”, expresó la presidenta de la ANEP.

El consejero Juan Gabito, que integra el órgano rector, se mostró en contra de la decisión adoptada por considerar que no hay una situación de abandono de los menores.

En la región Ucayali, una problemática severa de deforestación pone en peligro a la comunidad shipibo-konibo de Caimito, situada en el distrito de Masisea, de la provincia de Coronel Portillo.

De acuerdo a una investigación del periodista Ronald Suárez Maynas, publicada en el portal Servindi, la responsabilidad de esta situación recae sobre colonos menonitas que, a pesar de órdenes judiciales, continúan sus actividades agrícolas impactando negativamente en el territorio indígena.

Entre dichas órdenes, figura la disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Delitos Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que en diciembre del año pasado emitió una medida cautelar ordenando que los menonitas detuvieran sus actividades de tala.

No obstante, la deforestación persiste, lo que afecta tanto al medio ambiente como al modo de vida de aproximadamente 500 habitantes de Caimito.

¿Por qué los cultivos de los menonitas generan consecuencias a la tierra?

Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que en la colonia de Masisea se documentó la deforestación de 929 hectáreas, concentrándose la mayoría entre 2017 y 2019, con una ligera disminución en los últimos años.

De acuerdo a especialistas de MAPP, entre otros, las prácticas agrícolas intensivas de los menonitas, que incluyen el uso de agroquímicos y maquinaria pesada, no se ajustan a los ecosistemas amazónicos, lo que ha llevado a la degradación del suelo.

Así lo reafirma Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria (UNA), quien, además de criticar la pasividad del Ministerio Público frente al accionar de la organización religiosa de origen suizo, ha afirmado que sus prácticas, si bien generan ganancias en poco tiempo, se realizan a costa de la sostenibilidad a largo plazo de las tierras.

Por otro lado, al respecto del caso, Abner Ancón Rodríguez, jefe de la comunidad nativa de Caimito, relató a Servindi que en octubre de 2023, la Guardia Indígena Shipibo de Caimito logró detener intentos de los menonitas de iniciar sus producciones, entre ellas cultivos de soya y arroz en su territorio.

Sin embargo, en paralelo a las tensiones, la comunidad de Caimito reconoce que la presencia de los menonitas ha generado un notable intercambio comercial con la población frente a los altos costos de los mercados tradicionales de Pucallpa. Pues, los colonos han desarrollado un comercio eficiente que abastece al mercado local y regional. Según la comunidad indígena, los productos lácteos y agrícolas ofrecidos por los menonitas son valorados por su calidad y precios competitivos.

Aunque, Abner Ancón Rodríguez, jefe de la comunidad nativa de Caimito, afirma que este flujo comercial no es unidireccional; es decir, no existiría un intercambio recíproco y justo entre los menonitas y los shipibos, lo provoca que solo se favorezca una parte.

¿Quiénes son los menonitas?

Un informe del portal latinoamericano de SciDev.Net indica que, desde 2017, el grupo religioso ha deforestado más de 7.000 hectáreas en Ucayali y Loreto, violando leyes forestales y territorios indígenas.

Asimismo, la Asociación para la Conservación Amazónica (ACCA), detalla que cinco colonias menonitas en Perú —Vanderland, Osterreich, Providencia, Chipiar y Masisea— deforestaron 2.426 hectáreas entre enero de 2022 y agosto de 2023.

Ante esta situación, la Organización Distrital Indígena de Masisea (ORDIM) declaró sus territorios en estado de emergencia, usando mecanismos de seguridad colectiva para protegerse.

También, denunciaron problemas como la tala ilegal, el cultivo de hoja de coca y la explotación de recursos por empresas externas que amenazan a pueblos indígenas en situación de aislamiento (PIACI) en la región amazónica.