El incidente ocurrió el fin de semana en Calingasta, provincia de San Juan, y generó un fuerte repudio de las autoridades locales ante la magnitud del impacto sobre el ecosistema. La municipalidad difundió imágenes y un video en el que se observa el trayecto del vehículo y la profundidad de las marcas dejadas en el terreno, lo que permite dimensionar el daño.

Las autoridades identificaron al conductor como A. A., un médico de 46 años oriundo de Mendoza. La camioneta, cuya patente pertenece a una mujer de Godoy Cruz, permanece secuestrada y bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras avanza la causa judicial para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.

Según el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, la maniobra realizada en la Pampa del Leoncito constituye una infracción grave, no solo por el daño ambiental sino también por tratarse de un área protegida con acceso restringido a vehículos.

La noticia, de acuerdo con lo informado por el portal del Diario Los Andes, provocó preocupación en la comunidad y reabrió el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones por este tipo de conductas. Carbajal manifestó que las multas actuales, que en antecedentes recientes rondaron el millón de pesos, resultan insuficientes frente al perjuicio ocasionado. “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, afirmó el intendente.

La Pampa del Leoncito es una planicie con características únicas, donde las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante décadas. El intendente explicó que el conductor de la Hilux avanzó sobre la planicie y debió retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que multiplicó las marcas en la superficie.

Durante el operativo para extraer la camioneta, quienes se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable para motos que terminó enterrada en el suelo, y una de las motos fue empleada para desplazarse por la planicie, dejando nuevas huellas.

El antecedente más cercano de un daño similar en la Pampa del Leoncito corresponde a noviembre de 2025, cuando vehículos tipo UTV ingresaron al sector y dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad.

En esa oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación natural del área podía demandar entre 40 y 60 años. En el episodio actual, la profundidad de las marcas es aún mayor, por lo que Carbajal advirtió que la recuperación podría extenderse hasta un siglo, aunque aclaró que no es experto en la materia.

Carbajal expresó que la denuncia podría tener curso en la Justicia Penal y no limitarse solo a una contravención administrativa. El funcionario remarcó la necesidad de que el caso se convierta en un antecedente ejemplar para desalentar futuras infracciones en zonas protegidas. “Yo creo que en la Justicia mendocina hasta cárcel podríamos tener con el daño de un patrimonio”, comparó Carbajal respecto a la gravedad del hecho.

El incidente generó debate sobre la suficiencia de las sanciones vigentes y la necesidad de promover reformas legislativas. El intendente de Calingasta adelantó que trabajará junto al diputado departamental para la elaboración de un proyecto de ley que brinde una protección efectiva a patrimonios naturales como la Pampa del Leoncito, Morrillos o el Arroyo El Fiero.

Además, en el acceso a la planicie existen carteles con indicaciones claras sobre las actividades permitidas y prohibidas, así como un código QR que amplía la información para los visitantes. La existencia de estas advertencias refuerza la responsabilidad de quienes ingresan al sitio y subraya la importancia de la educación ambiental para la preservación de áreas de alto valor natural.

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por intentar cruzar a Chile, con armas de fuego y municiones.

Los operativos tuvieron como protagonistas a un mendocino, de 58 años, y a un cordobés de 53, interceptados en procedimientos independientes y simultáneos. La actuación conjunta del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y el cuerpo de Carabineros permitió detectar y evitar el paso ilegal de armamento, generando preocupación por los mecanismos de tráfico en la región.

El primer incidente se produjo durante el control de un colectivo de pasajeros procedente de la provincia de Mendoza con destino a Santiago de Chile. Según informaron las autoridades, el pasajero fue sometido a una revisión exhaustiva al presentar indicios de ocultar elementos no declarados. Durante la inspección, los funcionarios detectaron que el hombre llevaba adosados a su abdomen, mediante una faja, objetos cuyo peso y forma despertaron sospechas.

Según lo informado por el portal El Sol, al realizar la requisa, los agentes hallaron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con la numeración de serie adulterada, tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles cada uno, un cargador rápido y diversos accesorios asociados a las armas. La modalidad empleada por el detenido evidencia un intento deliberado de evadir los controles aduaneros y policiales, complicando la trazabilidad del armamento y dificultando su posible identificación en eventuales delitos.

Y mientras se desarrollaba este operativo, un segundo procedimiento se realizaba de manera independiente sobre otro ciudadano argentino, de 53 años, originario de Córdoba. El hombre viajaba en un vehículo particular con destino a la ciudad chilena de Los Andes. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y distribuida en diferentes compartimentos del vehículo, estrategia que buscaba eludir la detección mediante rayos X y revisiones manuales.

Junto al arma, se secuestró un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre, lo que refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los implicados quedaron a disposición de la justicia chilena, que deberá determinar su situación procesal y las eventuales imputaciones por contrabando y tenencia ilegal de armas.

La coordinación entre aduanas y fuerzas de seguridad de ambos países es considerada fundamental para enfrentar el tráfico de armas, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades argentinas como chilenas. La frontera entre Mendoza y la Región de Valparaíso es uno de los puntos más transitados del Cono Sur, lo que obliga a mantener controles estrictos y permanentes.

El ingreso ilegal de armas de fuego y municiones está penado tanto por la legislación chilena como argentina, con sanciones que incluyen prisión efectiva y la incautación de los bienes utilizados en el traslado.

En los últimos años, las autoridades chilenas han reportado un aumento en los intentos de ingreso de armas por pasos fronterizos terrestres, lo que ha llevado a reforzar los controles y la capacitación del personal. Los operativos recientes refuerzan la política de tolerancia cero frente al contrabando de armamento, considerado un factor de riesgo para la seguridad pública y la criminalidad organizada.