La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con algunos sectores de la oposición y convocó a una sesión el próximo jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, la principal sorpresa podría llegar desde el peronismo: los diputados del massismo analizan votar a favor del proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.

El año pasado, cuando el proyecto del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propio régimen penal para adolescentes que no modificaba la edad de imputabilidad (16 años). Por aquel entonces, las autoridades del bloque decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutierrez, Mónica Litza y Marcela Passo para que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

En ese momento, y también en la actualidad, el Frente Renovador apoyaban la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y así lo habían plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Según pudo reconstruir Infobae, este jueves por la tarde en una reunión en las oficinas Avenida del Libertador 850, Massa acordó con sus alfiles en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei.

“Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto”, explicó uno de los presentes en el encuentro.

Ante la consulta de Infobae, uno de los referentes del massimo en Diputados explicó que al proyecto de Milei le faltan órganos de aplicación, así como las figuras del Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.

Por otro lado, al ser consultados sobre la decisión del oficialismo de agregar un apartado presupuestario al proyecto que habilite a las provincias a firmar convenios con Nación para saldar las diferencias de gastos en la implementación del nuevo régimen penal, señalaron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.

El peronismo comenzará este viernes con algunas reuniones para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.

Por su parte, en la bancada libertaria adelantaron que si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, respetarán los consensos que se lograron el año pasado en torno a los 14 años. Eso le garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, explicó una persona al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

“Sergio (Massa) le dio la orden a todos de no hacer puterío con el bloque”. La respuesta contundente provino de las filas del Frente Renovador, ante los trascendidos en off y las especulaciones que circulan en torno al futuro de la bancada de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. Las versiones generaron malestar, a tal punto que el ex candidato presidencial bajó línea en el chat grupal de su espacio. Pidió “no prestarse a ningún juego ni rumor de prensa”, por lo menos hasta la semana que viene, cuando la mesa nacional del Frente Renovador comience a ordenar su estrategia política.

A pesar de la victoria de Milei a nivel nacional, el bloque que conduce Germán Martínez logró conservar todos los escaños que puso en juego y con 98 integrantes solo podría ser superado como primera minoría si La Libertad Avanza y el PRO se unen en un interbloque, algo que aún está en debate.

Aunque tienen fuertes matices y hace tiempo no existe una conducción unificada, el peronismo logró atravesar los primeros dos años de gobierno libertario sin mayores fracturas. Las excepciones fueron el alejamiento de los tres diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo y algunas votaciones disidentes o ausencias de diputados de Catamarca, Santiago del Estero y Neuquén que favorecieron a la Casa Rosada.

La campaña electoral tuvo un efecto amalgamador y hasta el peronismo tucumano compitió unificado contra los libertarios, pero la derrota electoral a nivel nacional -y particularmente la bonaerense- volvió a abrir viejas heridas. Ahora todos miran los movimientos de los diputados alineados con gobernadores que tendrán que negociar recursos con la Casa Rosada. También siguen con atención la evolución de la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

“El oficialismo va a intentar romper el peronismo, es la jugada lógica”, reflexionaba un importante referente del bloque que hasta el 10 de diciembre se seguirá llamando Unión por la Patria. Según su visión, Fuerza Patria obtuvo un 35% de los votos a nivel nacional con la promesa de ponerle un freno a Milei y la primera señal del peronismo no puede ser dividir el bloque de diputados. Por eso, dejaba entrever su malhumor ante las versiones de eventuales cambios en la bancada.

Los legisladores de Unión por la Patria se reunieron este miércoles en el tercer piso del Palacio Legislativo para analizar el resultado electoral, hacer catarsis, conversar sobre el Presupuesto 2026 y empezar a trazar la estrategia para enfrentar a un oficialismo fortalecido en la Cámara de Diputados. Allí todos los que tomaron la palabra coincidieron en la importancia de sostener la unidad, pero hubo varios ausentes y otros tantos optaron por el silencio.

En concreto, algunos sectores especulan con replicar el esquema del Senado, donde el interbloque peronista está conformado por tres espacios: el kirchnerismo (Unidad Ciudadana), los gobernadores y peronistas federales (Frente Nacional y Popular) y representantes de San Luis, Jujuy, Catamarca y La Rioja (Convicción Federal) distanciados de la conducción de Cristina Kirchner.

Ante la consulta de Infobae, ningún referente reconoció abiertamente estar empujando esa solución. Aunque sí hubo voces que plantearon una problemática: “¿Cómo van a convivir Grabois y los massitas? ¿Cómo se van a administrar las tensiones entre algunas tribus? El 10 de diciembre van a entrar pesos pesados y es difícil que exista una síntesis”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que si bien nadie quiere romper, es posible “dividir para sumar”, o “buscar algún esquema que permita cierta flexibilidad para evitar un quiebre”. “Dividir no es siempre restar, también puede ampliar la representación, puede servir para contener a los diputados del interior que son refractarios a la conducción del kirchnerismo, por ejemplo”, sintetizaron.

Por otro lado, advirtieron que los próximos movimientos en la provincia de Buenos Aires podrían ser un catalizador. “En PBA están jugando todos muy fuerte, hay que ver qué pasa con el Presupuesto de Axel”, dijeron en referencia al plan de ingresos y gastos que el gobernador envió a la Legislatura provincial junto a un pedido de endeudamiento por USD 1.900.

El apoyo del camporismo y el massismo todavía no está asegurado. Por su parte, los intendentes enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro presionan para romper definitivamente con la conducción de CFK. Nadie descarta que un quiebre en la provincia más importante del país pueda tener repercusión en el Congreso.

Kicillof no tendrá muchos diputados propios en la próxima Cámara de Diputados, pero podría tender puentes con el peronismo federal que rechaza la conducción del camporismo. De hecho, ya existe un grupo bautizado “Los federales” articulado por la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Allí hay diputados de provincias del noroeste y el sur argentino, también algunos bonaerenses como el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

Las definiciones no se harán esperar demasiado. El peronismo está obligado a mantenerse unido formalmente para poder reclamar más lugares en las comisiones importantes. Sin embargo, la convivencia interna será puesta a prueba casi de inmediato, con el proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias que anunció Milei para tratar en sesiones extraordinarias.

El efusivo saludo de Jalil a Milei en la última reunión en Casa Rosada y el respaldo público de Jaldo a la reforma laboral ya dieron mucho de qué hablar. La mayoría no interpretó estos episodios como una buena señal.

La Legislatura bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa propone que las empresas productoras y expendedoras estén obligadas a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido.

De acuerdo con el proyecto, el objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz. “Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, al defender su propuesta.

Obligaciones para petroleras y estaciones de servicio

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.

Para garantizar el cumplimiento, la norma incluye un esquema de sanciones. Las petroleras que no informen en tiempo y forma podrán enfrentar multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, también se contempla la suspensión temporaria de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si repiten incumplimientos.

“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.

Fundamentación y antecedentes

Entre los fundamentos, el proyecto señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. En ese marco, la provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en lo establecido por la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

El texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información.

“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó la legisladora autora de la propuesta.

El proyecto también destaca que la fijación de sanciones en litros de nafta permite que las multas se actualicen de manera automática, evitando que pierdan eficacia frente a la inflación. De esta forma, se busca garantizar que la norma conserve su capacidad de disuasión a lo largo del tiempo.

Próximos pasos en la Legislatura

En caso de aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de definir la autoridad de aplicación y podrá celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.

Rasquetti sostuvo que la iniciativa es parte de una agenda orientada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. En su exposición, advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.

Con este proyecto, el massismo busca instalar en la agenda legislativa bonaerense un tema sensible para consumidores y empresas, en un contexto en el que los precios de los combustibles son determinantes para el transporte, la producción y la vida económica de la provincia.