La Libertad Avanza llegó a un acuerdo con algunos sectores de la oposición y convocó a una sesión el próximo jueves para tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, la principal sorpresa podría llegar desde el peronismo: los diputados del massismo analizan votar a favor del proyecto porque coincide con “la posición histórica que tuvo el Frente Renovador”.

El año pasado, cuando el proyecto del oficialismo se discutió en comisión, el peronismo presentó un dictamen de minoría con su propio régimen penal para adolescentes que no modificaba la edad de imputabilidad (16 años). Por aquel entonces, las autoridades del bloque decidieron reemplazar a los massistas Ramiro Gutierrez, Mónica Litza y Marcela Passo para que el peronismo firmara sin fisuras en contra de la propuesta de La Libertad Avanza.

En ese momento, y también en la actualidad, el Frente Renovador apoyaban la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y así lo habían plasmado en el Código Penal que Sergio Massa impulsó en 2015.

Según pudo reconstruir Infobae, este jueves por la tarde en una reunión en las oficinas Avenida del Libertador 850, Massa acordó con sus alfiles en la Cámara de Diputados que el Frente Renovador apoyaría el proyecto de Milei.

“Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición. También aclaró que el texto tiene defectos y le faltan políticas de reinserción y recuperación, pero esas críticas se van a plantear en el recinto”, explicó uno de los presentes en el encuentro.

Ante la consulta de Infobae, uno de los referentes del massimo en Diputados explicó que al proyecto de Milei le faltan órganos de aplicación, así como las figuras del Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad. “Tampoco tiene una cláusula transitoria de implementación con un plan maestro de infraestructura específica (centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos, casas de mitad de camino)”, sintetizaron.

Por otro lado, al ser consultados sobre la decisión del oficialismo de agregar un apartado presupuestario al proyecto que habilite a las provincias a firmar convenios con Nación para saldar las diferencias de gastos en la implementación del nuevo régimen penal, señalaron que “es mejor que nada, pero la previsión debería ser legal, no depender de la voluntad de hacer convenios entre partes”.

El peronismo comenzará este viernes con algunas reuniones para unificar criterios y sumar a la discusión a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio en diciembre. En el massismo creen que legisladores de otros sectores internos del peronismo podrían terminar apoyando el proyecto. “Es un voto que escapa a lo partidario, es un poco como el aborto, es un voto ideológico. Pero todavía no se habló en el bloque”, explicaron.

Por su parte, en la bancada libertaria adelantaron que si bien el proyecto original proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, respetarán los consensos que se lograron el año pasado en torno a los 14 años. Eso le garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

“Creemos que puede haber votos del peronismo pero ni locos los tenemos en cuenta, porque si estamos con los votos muy justos, y el peronismo huele sangre, se pueden dar vuelta para hacer caer el proyecto”, explicó una persona al tanto de las negociaciones con la oposición.

Cómo será el nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo régimen establecerá el 14 años el mínimo de punibilidad y la condena máxima será de 15 años sólo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad sólo se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención debía estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedaba terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Entre las penas alternativas a la prisión se establece la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos. La posibilidad de reemplazar la prisión por penas alternativas está prevista en delitos cuya pena de prisión sea de hasta 3 años, o de hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Como medidas complementarias se incluyen programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, entre otras. El cumplimiento de estas medidas deberá ser controlado por un supervisor especializado, designado por el juez, con formación en educación, psicología, trabajo social o adicciones.

Además, el proyecto contempla intervenciones especializadas para abordar situaciones de salud mental, consumo problemático de sustancias y entornos familiares violentos. En caso de requerir internación, se debía notificar al juez civil competente para asegurar el seguimiento adecuado del caso.

“Sergio (Massa) le dio la orden a todos de no hacer puterío con el bloque”. La respuesta contundente provino de las filas del Frente Renovador, ante los trascendidos en off y las especulaciones que circulan en torno al futuro de la bancada de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. Las versiones generaron malestar, a tal punto que el ex candidato presidencial bajó línea en el chat grupal de su espacio. Pidió “no prestarse a ningún juego ni rumor de prensa”, por lo menos hasta la semana que viene, cuando la mesa nacional del Frente Renovador comience a ordenar su estrategia política.

A pesar de la victoria de Milei a nivel nacional, el bloque que conduce Germán Martínez logró conservar todos los escaños que puso en juego y con 98 integrantes solo podría ser superado como primera minoría si La Libertad Avanza y el PRO se unen en un interbloque, algo que aún está en debate.

Aunque tienen fuertes matices y hace tiempo no existe una conducción unificada, el peronismo logró atravesar los primeros dos años de gobierno libertario sin mayores fracturas. Las excepciones fueron el alejamiento de los tres diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo y algunas votaciones disidentes o ausencias de diputados de Catamarca, Santiago del Estero y Neuquén que favorecieron a la Casa Rosada.

La campaña electoral tuvo un efecto amalgamador y hasta el peronismo tucumano compitió unificado contra los libertarios, pero la derrota electoral a nivel nacional -y particularmente la bonaerense- volvió a abrir viejas heridas. Ahora todos miran los movimientos de los diputados alineados con gobernadores que tendrán que negociar recursos con la Casa Rosada. También siguen con atención la evolución de la pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

“El oficialismo va a intentar romper el peronismo, es la jugada lógica”, reflexionaba un importante referente del bloque que hasta el 10 de diciembre se seguirá llamando Unión por la Patria. Según su visión, Fuerza Patria obtuvo un 35% de los votos a nivel nacional con la promesa de ponerle un freno a Milei y la primera señal del peronismo no puede ser dividir el bloque de diputados. Por eso, dejaba entrever su malhumor ante las versiones de eventuales cambios en la bancada.

Los legisladores de Unión por la Patria se reunieron este miércoles en el tercer piso del Palacio Legislativo para analizar el resultado electoral, hacer catarsis, conversar sobre el Presupuesto 2026 y empezar a trazar la estrategia para enfrentar a un oficialismo fortalecido en la Cámara de Diputados. Allí todos los que tomaron la palabra coincidieron en la importancia de sostener la unidad, pero hubo varios ausentes y otros tantos optaron por el silencio.

En concreto, algunos sectores especulan con replicar el esquema del Senado, donde el interbloque peronista está conformado por tres espacios: el kirchnerismo (Unidad Ciudadana), los gobernadores y peronistas federales (Frente Nacional y Popular) y representantes de San Luis, Jujuy, Catamarca y La Rioja (Convicción Federal) distanciados de la conducción de Cristina Kirchner.

Ante la consulta de Infobae, ningún referente reconoció abiertamente estar empujando esa solución. Aunque sí hubo voces que plantearon una problemática: “¿Cómo van a convivir Grabois y los massitas? ¿Cómo se van a administrar las tensiones entre algunas tribus? El 10 de diciembre van a entrar pesos pesados y es difícil que exista una síntesis”, explicaron.

En ese sentido, señalaron que si bien nadie quiere romper, es posible “dividir para sumar”, o “buscar algún esquema que permita cierta flexibilidad para evitar un quiebre”. “Dividir no es siempre restar, también puede ampliar la representación, puede servir para contener a los diputados del interior que son refractarios a la conducción del kirchnerismo, por ejemplo”, sintetizaron.

Por otro lado, advirtieron que los próximos movimientos en la provincia de Buenos Aires podrían ser un catalizador. “En PBA están jugando todos muy fuerte, hay que ver qué pasa con el Presupuesto de Axel”, dijeron en referencia al plan de ingresos y gastos que el gobernador envió a la Legislatura provincial junto a un pedido de endeudamiento por USD 1.900.

El apoyo del camporismo y el massismo todavía no está asegurado. Por su parte, los intendentes enrolados en el Movimiento Derecho al Futuro presionan para romper definitivamente con la conducción de CFK. Nadie descarta que un quiebre en la provincia más importante del país pueda tener repercusión en el Congreso.

Kicillof no tendrá muchos diputados propios en la próxima Cámara de Diputados, pero podría tender puentes con el peronismo federal que rechaza la conducción del camporismo. De hecho, ya existe un grupo bautizado “Los federales” articulado por la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Allí hay diputados de provincias del noroeste y el sur argentino, también algunos bonaerenses como el ex jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

Las definiciones no se harán esperar demasiado. El peronismo está obligado a mantenerse unido formalmente para poder reclamar más lugares en las comisiones importantes. Sin embargo, la convivencia interna será puesta a prueba casi de inmediato, con el proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias que anunció Milei para tratar en sesiones extraordinarias.

El efusivo saludo de Jalil a Milei en la última reunión en Casa Rosada y el respaldo público de Jaldo a la reforma laboral ya dieron mucho de qué hablar. La mayoría no interpretó estos episodios como una buena señal.

La Legislatura bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa propone que las empresas productoras y expendedoras estén obligadas a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido.

De acuerdo con el proyecto, el objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz. “Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, al defender su propuesta.

Obligaciones para petroleras y estaciones de servicio

El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.

Para garantizar el cumplimiento, la norma incluye un esquema de sanciones. Las petroleras que no informen en tiempo y forma podrán enfrentar multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, también se contempla la suspensión temporaria de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si repiten incumplimientos.

“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.

Fundamentación y antecedentes

Entre los fundamentos, el proyecto señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. En ese marco, la provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en lo establecido por la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

El texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información.

“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó la legisladora autora de la propuesta.

El proyecto también destaca que la fijación de sanciones en litros de nafta permite que las multas se actualicen de manera automática, evitando que pierdan eficacia frente a la inflación. De esta forma, se busca garantizar que la norma conserve su capacidad de disuasión a lo largo del tiempo.

Próximos pasos en la Legislatura

En caso de aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de definir la autoridad de aplicación y podrá celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.

Rasquetti sostuvo que la iniciativa es parte de una agenda orientada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. En su exposición, advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.

Con este proyecto, el massismo busca instalar en la agenda legislativa bonaerense un tema sensible para consumidores y empresas, en un contexto en el que los precios de los combustibles son determinantes para el transporte, la producción y la vida económica de la provincia.

“Me quedé corto con los pronósticos sombríos”, dice Sergio Massa a sus íntimos por estas horas.

El último ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y rival del presidente Javier Milei en las presidenciales del año pasado cultiva el perfil bajo desde la derrota electoral. En privado, sin embargo, el tigrense está más que activo con reuniones y contactos políticos a diario con gobernadores y legisladores de su espacio, el Frente Renovador –parte aún de UxP. Además, está al frente de la nueva fundación Encuentro, desde donde se hacen informes periódicos sobre la coyuntura económica; trabaja como asesor financiero para proyectos regionales de fondos de inversión del exterior, como Greylock Capital Management; y prepara la publicación de su libro Querer un país, cuya presentación, algo demorada, la hará junto a Jorge Asís el mes próximo.

Por su trabajo en el mundo de la inversiones se convirtió en una voz requerida por algunas empresas y fondos. Ayer, por caso, dio ayer una charla ante unos 12 fondos extranjeros en la que expuso su visión sobre los primeros seis meses del Gobierno de Milei y, sobre todo, su perspectiva sobre qué podría pasar en los próximos meses con las variables macro en un contexto de extrema incertidumbre.

Entre los asistentes, según confiaron a Infobae fuentes cercanas a Massa, habrían estado, por ejemplo, representantes de Discovery, el fondo estadounidense que comanda Robert Citrone, un “viejo” conocedor del país que elogió meses atrás al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, a quien conoce desde hace más de 30 años, cuando Citrone trabajaba en los Fondos Fidelity y el argentino en JP Morgan, en Nueva York. Allí lo escucharon hablar de macroeconomía, del dólar, de la marcha de liquidación de divisas del campo, de la deuda de importadores y de que cree que pasará con la acumulación de reservas en la segunda mitad del año. También de política, claro: los inversores quieren saber qué pasará con la Ley Bases, tanto si se aprueba como si sufre algún traspié en el Congreso. Siempre según las mismas fuentes, los inversionistas estuvieron antes con altos representantes del Gobierno y con el senador Martín Lousteau, que se habría hecho un espacio en su abultada agenda legislativa de estas horas para exponer ante los inversores.

Massa también puso el foco en la lectura que hace el Gobierno sobre el atraso del dólar, en cómo eso impacta en la liquidación de exportaciones en mayo y, sobre todo, de por qué cree que ese contexto no cambiará en junio. Además, habló del impacto que podría tener la activación de los puts (seguros) del Banco Central, unos USD 20.000 millones, ante una eventual salida del cepo. “Es dudoso que aún con el Fondo poniendo USD 10.000 millones se pueda levantar el cepo… si los ponen”, se lo escuchó decir en referencia a los dichos de ayer de Caputo en el evento de la Fundación Libertad y Progreso y el CATO Institute.

Proyecciones

Más allá de ese encuentro con inversores, Massa cree que la sociedad le va a marcar el ritmo de los próximos meses al Gobierno y que, a esta altura, la paciencia de la gente no va más allá de los tres meses (cuando en diciembre era un año). Algo que se contrapone, en parte, con las tres preocupaciones centrales del Presidente por estas horas: las elecciones de 2025, sostener la macro y terminar de fagocitar al Pro.

Las proyecciones que miran en el Frente Renovador muestran que la aprobación de la gestión Milei se va consolidar por debajo de los 40 puntos. Y sus números macro son muy poco esperanzadores: las planillas muestran proyecciones con subas de la inflación en junio y julio, por los aumentos reprimidos en mayo, y el regreso del déficit fiscal este mes.

Con respecto al nuevo programa que Caputo dijo que negociará con el FMI, advierte que ve muy difícil que se apruebe en el Congreso. Otra luz roja en el tablero massista: la sequía que se espera para el próximo año, a la que considera similar a la que sufrió en su gestión ministerial.

Frente a sus interlocutores le reconoce a Milei la determinación que está demostrando para encarar un contexto muy complicado, aunque asegura que no volvió a hablar con el Presidente y critica mucho la estrategia oficial de construir opinión pública atacando a la política.

“El Gobierno está demasiado tiempo concentrado en operar sobre la política y poco en la gestión”, dice Massa en las reuniones en su búnker partidario de Libertador, en el centro porteño. Allí rescata el rol que tomó el “pan peronismo” en este contexto, en medio de una lenta reconstrucción de la que participan a sus respectivos ritmos los principales dirigentes del espacio, incluida Cristina Kirchner.

“No estamos organizando el desorden. Este fracaso que va a vivir la Argentina lo tienen que pagar los que lo ejecutan. Nos oponemos, pero dejamos hacer. Tienen que mostrar resultados que nunca van a venir porque no entienden que el mercado interno es el principal motor de la economía local”, aseguró, palabras más, palabras menos, en un encuentro privado, días atrás. Y destacó el rol de una suerte de peronismo herbívoro, al menos hasta el momento, en contraposición al “peronismo carnívoro, de otras épocas”.

Con respecto al panorama político para el corto plazo, el ex ministro espera que la Ley Bases, si finalmente se trata, salga del Senado con muchas modificaciones; más de diez. Por caso, el rechazo de las facultades delegadas, cambios en Bienes Personales, un blanqueo coparticipable, una posible suba del impuesto al tabaco y un Régimen para Grandes Inversiones (RIGI) bastante más acotado, entre otras.

El Frente Renovador bajó la tensión política dentro de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Lo que hasta la semana pasada se planteó como una posible ruptura de los bloques del peronismo en la Legislatura bonaerense de parte de la tropa que responde a Sergio Massa, esa posibilidad quedó en stand by.

Como dio cuenta Infobae, el massismo plantó bandera propia tras algunos movimientos del peronismo que se dieron en municipios donde gobierna el Frente Renovador. Emergió así cierto malestar con sectores de la mesa política que rodea al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hubo dos episodios puntuales que evidenciaron el enojo: el más elocuente fue el que sucedió en el distrito de Roque Pérez. En el distrito de la Séptima sección electoral había un pedido para renovar las autoridades en el concejo deliberante y un concejal de la bancada PJ-Axel Conducción votó a la postulante del PRO, María Regueira, para hacerse de la conducción del deliberante; mientras que otro concejal de ese espacio no se hizo presente en la votación favoreciendo así que la oposición se quede con el control del legislativo local por sobre el postulante del bloque UP-Frente Renovador, Gerardo Belardinelli, que responde al intendente.

“Si esto se va a replicar en otros Concejos Deliberantes donde el bloque que tiene intereses sobre Axel complica o entorpece la gestión de intendentes del FR, ese es y será nuestro límite y actuaremos en consecuencia ya sea en la Cámara de Diputados como en todos aquellos municipios donde tenemos representación”, había planteado el Vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. El legislador salió a marcar el posicionamiento del espacio con el aval del ex ministro de Economía.

Sin embargo, al filo de la semana pasada y en el marco de una serie de recorridas de Kicillof por los distritos de Saladillo y Bolívar -cercanos a Roque Pérez- hubo un mano a mano entre el intendente de Roque Pérez, Maxi Sciani, y el gobernador; en el que el mandatario provincial se habría deslindado de lo sucedido políticamente y le brindó su apoyo al jefe comunal.

“Hablé con el Gobernador más de veinte minutos y planteé lo sucedido. Él me dijo que no tenía nada que ver y que no tiene una explicación para lo ocurrido”, planteó Sciani según consigna el portal Séptima Sección. El encuentro se dio en medio de la recorrida de Kicillof el último viernes por los municipios linderos a Roque Pérez.

El jefe comunal, que integra el Frente Renovador, también aseguró que Kicillof “se comprometió a solucionar la situación -de la pérdida de la presidencia del Concejo Deliberante-, tuve mucha predisposición y se hizo responsable de los hechos. Lo que yo decida, él me va a acompañar. Me dijo: ´vos sos mi intendente´”.

“No es la primera vez que sucede esto, lo vengo charlando y en otros momentos intervino el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No pretendo que me abracen, pero sí que no pongan palos en la rueda en la gestión”, agregó sobre la convivencia interna en el peronismo roqueperense. Los concejales del bloque PJ-Axel Conducción responden a los ex intendentes Juan Carlos Gasparini y José Luis Horna, hoy cercanos a la figura de Kicillof.

Cuando días atrás, el massismo expuso públicamente las diferencias por lo sucedido en Roque Pérez, sumado a una actividad que encabezó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferrerarsi, en el municipio de San Fernando donde gobierna el massista Juan Andreotti -se trató de un plenario político organizado por el concejal de UP, Javier Rovegno- intendentes del FR junto a legisladores provinciales y nacionales por la provincia de Buenos Aires habían pactado un encuentro con Massa para sentar un posicionamiento unísono al respecto.

Según pudo saber Infobae, la reunión que se iba a realizar esta semana en las oficinas del ex ministro de Economía en Avenida Del Libertador quedó pospuesta.

También, en las últimas horas, hubo un símbolo de paz trasladado a la Legislatura bonaerense. Fue cuando el peronismo consiguió en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados un dictamen en mayoría al proyecto de ley para crear una empresa de emergencias. Se trata de una iniciativa que fue impulsada por el Poder Ejecutivo y que va acompañada por otros proyectos similares como la creación de un laboratorio estatal para la fabricación de medicamentos a gran escala. Este martes, el proyecto de empresas de emergencias obtuvo el último dictamen de mayoría que le faltaba para ser tratada el próximo miércoles 12 de junio en el recinto.

El último filtró por el que pasó el expediente contó con el respaldo de los diputados de Unión por la Patria Juan de Jesús, Marcela Basualdo, Rubén Eslaiman, Carlos Moreno, Micaela Olivetto, Carlos Puglieli, Gustavo Pulti y Avelino Zurro. De ese total, Eslaiman y Puglieli reportan a Massa.

Asimismo, se espera que mañana jueves el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, José Ramón Arteaga, asuma como presidente de la empresa estatal Aubasa, que tiene las concesiones de la autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas 2,11,56,63 y 74. Ese lugar estaba reservado para el FR desde finales del año pasado, sin embargo por desavenencias internas de la fuerza de Massa el nombramiento se demoró. El massista Arteaga llegará a esa dependencia como parte del acuerdo entre el FR y el gobernador bonaerense.

Un breve texto que circula entre economistas y dirigentes del Frente Renovador que encabeza el exministro de Economía y excandidato presidencial 2023 del oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, asegura que la política cambiaria entró en tiempo de descuento y que el tipo de cambio real del dólar oficial (esto es, teniendo en cuenta la inflación) ya está 4% por debajo del promedio del poder de compra que la cotización oficial de la moneda norteamericana tuvo entre enero y noviembre del año pasado, antes del inicio del actual gobierno.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concluyó mayo con ventas de reservas, lo que significó el saldo semanal de compras más bajo desde el inicio de la gestión de Milei. Al cierre de esta semana, tuvo que intervenir en el mercado vendiendo USD 52 millones, marcando así el segundo periodo de ventas en la semana”, dice el texto, que destaca también la venta de USD 11 millones al inicial de la semana, con lo que ya se contabilizan seis jornadas de venta neta de dólares por parte del Central desde que Milei asumió su cargo.

Compras en descenso

“En el transcurso del mes, el BCRA solo logró adquirir un total de USD 2.522 millones, una disminución del 24,6% en comparación con el mes anterior. Este ingreso mensual es el más bajo de los últimos tres meses y el segundo más bajo durante la gestión del presidente Javier Milei, siendo febrero el único mes que registró un volumen aún menor”, dice el documento, uno de cuyos gráficos muestra, precisamente, las compras mes a mes y el promedio mensual en el período enero-mayo.

En base a esa observación el documento afirma: “el esquema cambiario implementado en diciembre pasado con el propósito de recuperar las reservas del BCRA ha evidenciado signos de fatiga, influenciado por diversos factores”.

Oferta amarreta

El primero que lista es que la liquidación de la cosecha gruesa “ha sido más lenta de lo esperado, lo cual ha impactado en las expectativas”. A pesar de un aumento en las liquidaciones durante las semanas de mayo, explica el texto, “estas no han alcanzado los niveles proyectados”, hecho que vincula a las bajas tasas de interés.

“Con los bancos ofreciendo créditos al campo con tasas de 3% mensual o incluso menos, y con un crawling peg (pauta de aumento del dólar oficial) del BCRA del 2%, los productores prefieren retener su cosecha, especialmente en un contexto de expectativas de alza de precios de la soja en Chicago”, explica un pasaje.

El segundo factor al que atribuye los “signos de fatiga” es positivo: “una recuperación saludable en la demanda importadora”. Al respecto menciona que en abril se abonó el 68% de las importaciones, “marcando una leve mejora respecto a marzo de 2024 y alcanzando el nivel más alto desde julio de 2023″.

Sin embargo, prosigue el análisis, que exhibe un gráfico de un informe del economista Salvador Vitelli, de la consultora F2, “quedaron pendientes de pago alrededor de USD 1.490 millones en abril, lo que suma una deuda no abonada de USD 9.100 millones en el primer cuatrimestre”

Por esa razón, advierte, “es crucial normalizar el Comercio Exterior para abordar esta situación”.

En su parte final el documento hace un balance de lo ocurrido desde la devaluación de diciembre y el esquema de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para importadores, que en el primer trimestre pagó solo el 41,7% de las importaciones devengadas, generó un ahorro de USD 7.600 millones y permitió al BCRA comprar USD 17.274 millones.

Sin embargo, alerta, en el segundo semestre “la situación se prevé más desafiante, dado el esperado repunte en la demanda de divisas por importaciones y el impacto del rezago del tipo de cambio, que actualmente está un 4% por debajo del promedio de enero-noviembre de 2023″.

Esto, cierra el análisis, “podría afectar la oferta de divisas si el Gobierno mantiene su estrategia de crawling-peg al 2% mensual”.