La investigación por el brutal cuádruple crimen ocurrido en una casa de la localidad de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, en el que un hombre mató a balazos a su mujer y sus tres hijos, y luego se suicidó, avanza y con el correr de las horas se van conociendo detalles que estremecen.

El ataque se produjo el jueves en una casa de una sola planta ubicada en la calle Mercedes al 2400, entre Ensenada y Dinamarca. La familia -de origen venezolano- era nueva en el barrio: había llegado hace un mes desde la localidad de Marcos Paz.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, una analista de sistemas de 41 años y sus hijos Dan Velkan (14), Alan Nehru (12) y Nicole Valentina (10). El supuesto asesino: Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años.

De acuerdo con lo que supo este medio ayer cuando se dio a conocer la tragedia, los cinco integrantes de la familia estaban en una habitación y presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza. Como Rivero Mejías no se había presentado en su trabajo, un compañero se acercó a la propiedad luego de no lograr comunicarse con ella. Al ver que nadie le atendía en la puerta, el hombre se asomó por una ventana y vio los cuerpos dentro de la casa. A partir de ese momento, dio aviso al 911.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que los primeros exámenes forenses a los cuerpos de las víctimas y del asesino múltiple revelaron la frialdad con la que actuó Soihit Meza. Según dijeron, tanto la madre como los tres chicos presentaron dos balazos en la cabeza cada uno.

El padre de la familia, en cambio, presentaba un solo disparo en la sien del lado izquierdo. Junto al cuerpo de Soihit Meza, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, marca Sarsilmaz. Por las heridas encontradas en los cinco cuerpos, los investigadores tienen la sospecha de que el hombre ejecutó a su familia de tal manera, que quería asegurarse de lograr su objetivo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº8 de Morón, dirigida por los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini. Personal de Policía Científica trabajó en el domicilio.

Los habitantes de las casas más cercanas habían escuchado disparos el jueves a primera hora, casi de madrugada, en un barrio de casas bajas, césped en las veredas y poco tránsito. Pese a eso, no se avisó a la Policía en ese momento.

Qué se sabe del asesino

En sus redes sociales, Soihit Meza -de 44 años- exhibía armas, compartía imágenes de prácticas de tiro y ofrecía accesorios para pistolas.

A comienzos de octubre, Soihit Meza publicó fotos de una pistola Sarsilmaz SAR 9, el mismo modelo del arma que fue encontrada entre sus piernas en la habitación donde estaban los cinco cuerpos. Hace tres semanas, también había compartido imágenes de una práctica de tiro.

Uno de sus contactos le escribió a ese posteo: “Buenos tiros, amigo”. Él respondió: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.

Los registros comerciales y tributarios indican que Eyvind, como lo conocían en su entorno, estaba inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro de servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. También tuvo empleos registrados en una firma de seguros y en actividades vinculadas con la venta y reparación de vehículos. No registraba deudas bancarias informadas.

La familia era venezolana y había llegado a la Argentina hace más de una década. En octubre de 2017, Soihit Meza intervino en un grupo de Facebook de venezolanos que vivían en Buenos Aires para contar su experiencia a otro ciudadano que buscaba recomendaciones para emigrar.

Allí relató que había llegado solo al país, se hospedó en una habitación compartida de un hostal del barrio porteño de San Telmo y consiguió empleo en comercios chinos. Dijo que se alimentaba con arroz, pasta y otros productos económicos mientras buscaba una oportunidad laboral.

“Ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos”, escribió en ese mensaje. También alentó al hombre que consultaba sobre la posibilidad de mudarse a la Argentina: “No dejes que te digan que no se puede. Cree en ti, brother”.

Qué dijeron los vecinos del barrio

“Nos cayó como un balde de agua fría”, dijo a los medios que concurrieron al barrio un vecino que no salía de su asombro ante la noticia. El hombre describió que en la zona son “toda gente trabajadora”.

Una vecina relató que había visto a Rivero Mejías por última vez el lunes pasado. “Solía pasar en bicicleta y que era una persona muy atenta”, señaló, y ratificó: “Es un barrio muy tranquilo”.

En charla con Teleshow, Tejada repasó el trabajo colectivo detrás de la producción, la decisión estética que guía el relato y su recorrido profesional, que comenzó con la fotografía y los ciclos documentales de televisión. También anticipó algunos de sus próximos proyectos, entre ellos una película de ficción en Perú y la serie sobre Wanda Nara para una plataforma internacional.

—La historia de la serie es muy potente, al igual que la manera en que está relatada y filmada. ¿Cómo fue ese trabajo?

—Fue en conjunto. Desde el principio era muy importante para nosotros buscar la manera de acompañar el relato de Matías y acompañarlo a él, con conciencia de lo difícil de la historia. También queríamos encontrar algo que representara quién es él, porque Matías tiene una luz muy grande. Nos interesaba trabajar sobre ese contraste entre la oscuridad de lo que ocurrió y la luz que hay detrás, en relación con él.

—En las escenas que no son de archivo, la palabra y los testimonios tienen un valor central...

—Son fundamentales. La serie tiene elementos del true crime, aunque estaba esa disyuntiva porque hay muchos proyectos de ese estilo con mucho éxito. Pero la intención era contar una historia profundamente humana y luminosa. El objetivo era hablar de la capacidad de una persona para reconstruirse y seguir adelante.

—También aparecen testimonios que el público no conocía...

—Hubo un trabajo de investigación muy bueno de Mariana Montero, que viene contando esta historia con Matías desde hace tiempo. Él la contó durante muchísimos años en distintos lugares, así que la búsqueda era pensar qué podíamos agregar y cómo narrarla de una manera diferente. Eso atravesó la forma de filmar: necesitábamos tensión, archivo y oscuridad, pero sobre todo acompañar el relato de Matías y del resto de los entrevistados. Ahí hay algo interesante para observar y escuchar, que para mí define la identidad de la serie.

La charla con Juan José Campanella y el encuentro sin protocolo

—Sorprendió la participación de Juan José Campanella, parecía que iba a ser un testimonio más...

—Matías y Juan se conocen desde hace mucho tiempo. Para Matías también era tranquilizador que Juan estuviera detrás de la producción, trabajando con nosotros. Él quería que fuera una charla, no una entrevista. Al principio, por los compromisos de Juan, era complicado coordinarlo, pero logró venir. Cuando registramos ese encuentro pensamos que debía ser una conversación y no algo tan formal. Entonces decidimos que participara en cámara y que ese momento tuviera una dinámica más descontracturada.

—Tu trabajo abarca universos muy diferentes, desde una historia como esta hasta un reality familiar. ¿Cómo se da esa transición?

—Tengo un recorrido audiovisual bastante ecléctico. Me gusta encontrarme con desafíos distintos y buscar la particularidad y el tono de cada proyecto. También aprendo en el intercambio con los demás. Todo alimenta la observación. Ahora, por ejemplo, voy a filmar una película de ficción a la selva peruana, que no tiene nada que ver con esto.

Hago documentales desde que empecé. Trabajé en Endemol, en proyectos como Policías en acción y Cárceles, dentro de un área documental que tenía mucha presencia en la televisión de ese momento. Después fui incorporando herramientas de puesta en escena y construcción narrativa. Todo es un aprendizaje, ya sea un documental, una ficción o un reality. La intención siempre es hacer crecer cada proyecto y llevarlo a un lugar diferente, sin perder su identidad.

—¿Siempre quisiste ser director?

—De más chico quería ser fotógrafo. Me gustaba mucho la fotografía y admiraba a los reporteros que trabajaban para National Geographic, viajaban por el mundo y hacían fotoperiodismo. De a poco me fui acercando al video y al documental. Agarré una cámara, empecé a trabajar en la productora de un amigo y después pasé a una productora más grande.

En paralelo, a los 19 años, empecé a estudiar cine en la Universidad del Cine. Ahí se me abrió el mundo de las películas y la ficción, y me deslumbró. Mientras estudiaba seguí trabajando hasta que conocí a Alejandro Ravazzola, que trabajaba para History Channel. Con él hicimos tres documentales sobre incas, mayas y aztecas. Viajamos durante unos seis meses por América Latina y sentí que estaba haciendo aquello que quería hacer, pero con una cámara de video.

La ficción también ocupó siempre un lugar importante en mi vida, por el aprendizaje y la admiración hacia grandes directores. Por eso, cada vez que puedo hacer una película, trato de hacerlo. Y proyectos como La masacre de Flores, por su dimensión humana, representan un privilegio: permiten acompañar a una persona en el relato de una experiencia muy fuerte y dejar testimonio de algo que, de alguna manera, interpela a toda la sociedad.

El rodaje con los Tinelli y la nueva serie sobre Wanda Nara

—¿Es difícil filmar una familia, como ocurrió con los Tinelli?

—Es difícil por todo lo que implica, desde lo logístico, hasta prender la cámara y empezar a grabar. Pero una vez que llegás a ese momento, la cosa fluye. La energía va mutando y te lleva por lugares inesperados. En ese proyecto hubo un equipo de contenidos muy atento a cómo armar las continuidades entre las escenas. Fue muy divertido de hacer y todos, con sus matices, sus mambos y sus buenas ondas, fuimos encontrando la manera.

—También estás trabajando en la serie sobre Wanda Nara. ¿Ya comenzaron las grabaciones?

—Sí. La plataforma ya lo anunció en redes. En principio serán seis capítulos, aunque ya estamos viendo los primeros cortes y la serie está muy buena. Wanda es un imán; escucharla y verla en todo lo que hace es un show.

—¿Qué se verá en la serie?

—Hay cuestiones que no se pueden abordar por temas judiciales, pero es inevitable que algunos temas estén presentes. Aparecen sus hijos, sus padres, amigos y también viajamos a Italia. Hay una mezcla de elementos que hace atractivo el proyecto. La idea es que salga el año que viene.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) detuvo a Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, exintegrante de la extinta Policía Estatal de la entidad, por su probable participación en el homicidio calificado de 19 migrantes ocurrido en el municipio de Camargo en enero de 2021.

La captura se concretó el lunes 26 de octubre de 2026 en la colonia Albañiles, en el municipio de Altamira, mediante una orden de aprehensión otorgada por una Jueza de Control. Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la autoridad competente.

La masacre de Camargo y los hechos de 2021

El caso conocido como la masacre de Camargo se remonta al 22 de enero de 2021, cuando un grupo de 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos fueron asesinados mientras viajaban por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo.

En la persecución y el ataque habrían participado integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El hecho generó condena internacional y derivó en 20 órdenes de aprehensión, la mayoría ya cumplimentadas.

Detalles del hallazgo y la investigación forense

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en una brecha del ejido Santa Anita, cerca de los límites con el estado de Nuevo León, dentro de una camioneta Chevrolet Silverado que presentaba 113 impactos de bala. Quince cuerpos se encontraban en la caja del vehículo, dos en la cabina y dos más cerca de las puertas del piloto y el copiloto.

En el mismo sitio fue abandonada una segunda camioneta, una Toyota Sequoia, que también resultó incendiada. Pese a la cantidad de disparos registrados en la escena, no se hallaron casquillos percutidos en el lugar.

Los policías involucrados recogieron la mayoría de los casquillos antes de huir, en un intento por ocultar su participación en los hechos. En un primer momento, los agentes señalados declararon que únicamente habían encontrado los cadáveres ya calcinados, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas. Esa versión fue desmentida durante el proceso judicial que derivó en las condenas de 2023.

La agencia AP documentó que cinco migrantes guatemaltecos sobrevivieron al ataque y permanecieron bajo protección en Estados Unidos, según confirmó en su momento el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Los restos de 16 víctimas de nacionalidad guatemalteca fueron repatriados a ese país semanas después del hallazgo, donde familiares los recibieron en la capital antes de trasladarlos a sus comunidades de origen en el departamento de San Marcos.

Avance de las investigaciones y condenas previas

El titular de la FGJET, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que con la detención de Berenice “N” suman once las personas capturadas por su presunta participación en el asesinato y la incineración de los cuerpos de los 19 migrantes. El funcionario precisó que aún faltaría por detenerse a una persona más implicada en los hechos.

Ese mismo año 12 personas fueron condenadas a 50 años de prisión por los hechos registrados en el ejido Santa Anita, culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Entre los procesados por el caso se encuentra José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales, quien se fugó en abril de este año tras una audiencia. Las autoridades de Tamaulipas ofrecieron entonces una recompensa de 300 mil pesos por información que condujera a su captura, y en septiembre fue recapturado, por lo que ahora enfrenta dos cargos.

Situación procesal y compromiso institucional

La FGJET no precisó el papel que la exagente habría tenido en los hechos ni la fecha de su próxima audiencia. La responsabilidad de Berenice “N” deberá determinarse conforme al proceso judicial en curso.

En su comunicado, la Fiscalía refrendó su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La dependencia estatal señaló que continuará con las investigaciones para procurar justicia en el caso, que a casi seis años de ocurrido mantiene abiertos procesos judiciales contra varios de los implicados en la masacre de Camargo.

Los habitantes del departamento del Huila están en alerta por una nueva masacre que sacudió a la región. En esta ocasión, el ataque ocurrió en la vereda La Palma, ubicada en zona rural del municipio de Suaza, contra un grupo de personas que se movilizaba en una camioneta.

Las autoridades desplegaron un operativo en el lugar tras recibir el reporte sobre el ataque. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz indicó que, al parecer, los ciudadanos se movilizaban por medio de las carreteras locales cuando hombres armados los obligaron a descender del vehículo y le prendieron fuego.

De acuerdo con información revelada, los ciudadanos tendrían relación con un caso de extorsión, por lo que habrían sido ultimados por los atacantes. Sin embargo, serán los equipos de investigación los encargados de determinar lo ocurrido en la zona.

Del mismo modo, se informó que la sexta víctima es un habitante de la comunidad que habría sido alcanzado por uno de los disparos.

Por ahora, los miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se encargan de establecer cómo se presentó el ataque. La comunidad permanece a la espera de un anuncio oficial.

Ante este hecho se pronunció la senadora María Lucía Villalba, del partido Nuevo Liberalismo, que rechazó los actos de violencia en la región y pidió apoyo de las autoridades locales y nacionales para frenar la ola de violencia.

“El Huila no puede seguir contando muertos. Ayer fueron asesinadas tres personas en Algeciras y hoy seis más en Suaza. Dos presuntas masacres en apenas dos días”, expresó.

Ataque armado en una vereda de Huila dejó tres víctimas mortales

El hecho ocurrido en Suaza no es el único que tiene en alerta a la región, pues tres personas fueron asesinadas en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 en un establecimiento de bebidas alcohólicas de la vereda La Perdiz, en Algeciras, Huila. El hecho, registrado por Indepaz, fue catalogado como la masacre número 100 de 2026 en Colombia.

Según el comunicado de la organización, dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron al negocio, situado sobre una vía terciaria en el sector conocido como Los Potrillos. El parrillero disparó contra varias personas que permanecían en la parte exterior del local.

El ataque dejó tres víctimas mortales: dos hombres y una mujer, cuyas las identidades no habían sido establecidas. La zona donde ocurrió el homicidio múltiple está ubicada en el área rural de Algeciras, municipio del oriente del departamento del Huila.

La entidad que registró el caso no atribuyó el ataque a un grupo armado específico ni informó sobre capturas relacionadas.

La Defensoría había advertido riesgos para Algeciras

El hecho ocurrió en un municipio incluido en la Alerta Temprana 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo. En ese documento, la entidad advirtió un riesgo estructural para la población de Algeciras por la presencia y expansión de facciones disidentes de las antiguas Farc-EP.

La alerta también señaló la posibilidad de enfrentamientos entre esas estructuras por disputas ligadas a economías ilícitas y al control territorial. Entre los grupos con presencia en el área, según el reporte de Indepaz, figuran los frentes Iván Díaz y Rodrigo Cadete, pertenecientes al Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF).

El comunicado menciona, además, el tránsito de integrantes de la Segunda Marquetalia y la actuación de bandas locales. La jurisdicción militar del municipio corresponde a la Quinta División del Ejército Nacional.

Colombia supera las 100 masacres registradas en 2026

Con el homicidio múltiple de Algeciras, Colombia acumuló 100 masacres registradas durante 2026, de acuerdo con el conteo de Indepaz, hasta el 25 de octubre. Sin embargo, con el nuevo hecho reportado en la región serían aún más los ataques de este tipo que se lamentan en el territorio nacional.

Ahora, las autoridades tendrán que establecer las circunstancias del ataque, la identidad de los responsables y si los hechos tienen relación con las dinámicas armadas que la Defensoría del Pueblo advirtió para estos sectores del Huila.

La tragedia dejó a Matías sin su núcleo familiar y lo obligó a atravesar la adolescencia bajo el peso de un crimen que volvió a alcanzarlo años después, cuando Álvarez González recuperó la libertad y retomó las amenazas. Su abuela se convirtió en un sostén decisivo de esa etapa y murió durante la pandemia. Entre el duelo, el temor por sus seres queridos y la búsqueda de justicia, Bagnato construyó una vida pública como sobreviviente y referente de los derechos de las víctimas.

Más de tres décadas después, La Masacre de Flores, la serie documental de tres episodios que HBO Max estrenó este 22 de octubre, vuelve sobre el caso desde esa herida que nunca se cerró del todo. Dirigida por Augusto Tejada y con Juan José Campanella como productor ejecutivo, la producción recupera el crimen, el recorrido judicial y la vida posterior de su único sobreviviente. La serie reúne el testimonio de Bagnato, material de archivo y las voces de familiares, periodistas, abogados e integrantes del tribunal.

Para Campanella, el centro del relato no queda reducido a aquella madrugada. El productor conoce a Bagnato desde hace casi 20 años, cuando ambos coincidieron en el trabajo por la Ley de Víctimas junto a familiares de la tragedia de Once. En diálogo con Teleshow, explicó por qué la docuserie pone el foco en las sucesivas reconstrucciones personales de Matías, qué elementos desconocidos del caso revela y de qué manera se abordó a quien provocó el ataque.

El vínculo entre Campanella y Bagnato, nacido en la lucha por la Ley de Víctimas

—¿Qué vínculo tenías con Matías antes de este proyecto y qué te generó conocer su historia en profundidad?

—Conozco a Matías hace casi 20 años. Nos conocimos cuando yo estaba muy metido con la gente de la tragedia de Once y empezaron a reunirse para lograr la Ley de Víctimas; también estaba Carolina Píparo. Ahí lo conocí, ya como activista. Seguí el caso y, cada vez que Fructuoso estaba por salir, salíamos todos en Twitter y en otros espacios. Es una historia que tenemos bastante hablada. Pero hay muchos detalles que uno no conocía y, además, verlo todo junto y ordenado tiene otra dimensión emocional.

—¿Cómo conviven esa emoción y la mirada profesional al hacer un documental?

—Es raro cuando uno trabaja en algo así porque el profesional toma posesión del cuerpo y de las emociones. Hay que tomar decisiones artesanales o artísticas. Para mí fue tener esa reacción personal y, al mismo tiempo, trabajar sobre la forma de contarla.

—¿Qué distingue a este documental de otras historias sobre crímenes reales?

—No es una historia de true crime. Lo que ocurrió en el incendio aparece en el primer capítulo, porque para mí es el primer acto de la historia. Matías tuvo desde entonces dos reencarnaciones y ahora, con el caso terminado, necesita una tercera. Es una persona que tuvo que nacer de nuevo todo el tiempo. La historia de resiliencia y supervivencia era lo importante; por eso ocupa los dos capítulos finales.

—¿A qué te referís con esas reencarnaciones?

—Él termina el incendio como un chico de dieciséis años, en calzoncillos, mirando arder la casa con toda su familia adentro. Tiene que reinventarse para tener una vida con los problemas de una persona normal. Después lo logra y, años más tarde, reaparece este hombre con sus amenazas. Entonces tiene que reinventarse como activista por los derechos de las víctimas. Ese es el Matías que yo conocí. Ahora que terminaron sus dos causas, proteger a su familia y hacer justicia, tiene que encontrar otra forma de vivir porque ya no están los motores que lo sostuvieron durante treinta años.

La causa judicial tuvo nuevas instancias luego de la condena de Álvarez González. El acusado fue trasladado a España en 2004 para continuar allí el cumplimiento de su pena y murió detenido el 30 de abril de 2023.

Los detalles del caso que el público desconocía

—Sin revelar demasiado, ¿con qué información se va a encontrar la gente cuando vea la serie?

—Le va a llamar la atención lo poco que sabe del caso. Todos preguntan eso y, cuando ven el documental, dicen: “Esto no lo sabía”. La gente conoce más que nada a Matías Bagnato, que cada seis meses aparecía en los medios para pedir que no liberaran a Fructuoso. Pero no se conocen los detalles de esa noche, las vueltas de tuerca, quiénes ayudaron, cómo fueron los primeros días, por qué ocurrió, las cosas que habían pasado antes. Y tampoco se conoce su lucha personal para sobrevivir durante los treinta años posteriores.

—¿Qué lugar ocupa su familia en ese recorrido?

—Matías nunca quiso hablar de muchas cosas para protegerla. Mencionaba a la abuela, pero no mucho más, porque temía que este hombre fuera detrás de ellos. En el documental aparece esa red de contención y de amor. Hay testimonios que no se conocían, como el de Berta, la chica que trabajaba en la casa y que hoy sigue con él; es como una hermana. Se conocía lo público, pero no el detrás de escena.

—¿Matías marcó límites sobre lo que se podía contar?

—Solo me dio libertad: su objetivo era contar todo. La comunicación con el público lo mantuvo vivo. Trabajó en radio y encontró en ese vínculo una manera de sobrevivir. Se convirtió en un comunicador y prácticamente se desnuda en el documental.

—¿Cómo se trabajó sobre la figura de Fructuoso Álvarez González?

—Se cuenta todo lo relevante para esta historia. La primera intención de quienes contamos historias es encontrar complejidad en los personajes, buscar los grises y evitar el blanco y negro. Pero con este hombre fue imposible. A veces el mal no tiene redención. Asusta que exista gente con ese nivel de frialdad y horror.

—¿Su familia participó del documental?

—Tiene dos hijas, pero no quisieron participar. Tampoco participó la familia del amigo de Matías que murió en el incendio. Se menciona que había otro chico, pero no se da el nombre ni se entra en detalles por decisión de sus familiares.

—¿Cómo quedó el equipo después de terminar la serie?

—Estamos todos muy contentos. Matías es muy emotivo y el documental también. La historia nos pegó fuerte.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, formuló una nueva imputación contra Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, cofundador y líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El cargo correspondió a los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones dolosas calificadas, derivados de la masacre ocurrida el 22 de enero de 2023 en la colonia Las Bajadas, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, dentro del proceso penal 862/2026.

El ataque armado dejó un saldo de tres personas adultas y dos menores de edad fallecidos, además de un menor lesionado. Entre las víctimas mortales se encontró Fernando Pérez Vega, alias “El Pino” o “El R15”, líder de una de las dos células del CJNG en disputa por el control de la región de El Espinal y Poza Rica. Pérez Vega fue también candidato a la alcaldía de Coxquihui por el partido Fuerza por México en 2021.

Esta nueva imputación contra “El Tanque” se formuló en reclusión, debido a que fue detenido el pasado 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal.

La Fiscalía General de la República logró su vinculación a proceso el pasado 13 de octubre por los delitos federales de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

La masacre de Las Bajadas se originó en una disputa entre células del CJNG en 2023

El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, atribuyó el ataque imputado a “El Tanque” a una confrontación entre dos células del CJNG que se disputaban el control territorial en la región de El Espinal y Poza Rica. Según declaraciones un bando era encabezado por “El Pino” y el otro por un sujeto identificado como “El Coco”.

Según la versión oficial de 2023, el grupo liderado por “El Coco” ordenó la ejecución del comandante de la Policía Municipal de El Espinal, José Luis Quinto Lorenzo, a quien se señaló de tener vínculos con “El Pino”. En respuesta, “El Pino” habría ordenado un ataque contra la familia de otro líder criminal conocido como “El Wacho”, en el que murió un adolescente de 17 años.

Esa cadena de agresiones derivó en el ataque armado del 22 de enero de 2023 contra “El Pino” y su familia, quienes viajaban en una camioneta que terminó con múltiples impactos de bala.

“El Tanque” ya fue procesado por secuestro agravado

Antes de la imputación por la masacre de Las Bajadas, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) obtuvo la vinculación a proceso de “El Tanque” por secuestro agravado, dentro de la causa penal 836/2026. Esa imputación se formuló el 16 de octubre y correspondió a hechos ocurridos el 18 de febrero de 2025.

De acuerdo con la carpeta de investigación, “El Tanque” participó en la privación de la libertad de dos personas en una plaza comercial ubicada en la carretera Boca del Río-Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado. Las víctimas se dedicaban al transporte de agua.

El Tanque presuntamente solicitó dinero a sus familiares, además de las facturas de los vehículos utilizados para ese trabajo, a cambio de la liberación de los secuestrados.

La Fiscalía identificó a Iván Cazarín Molina como presunto generador de violencia en el estado y presunto líder regional de una célula delictiva.

En ambos procesos estatales, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que estaba cumpliendo en el Cefereso Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, por los cargos federales.

EEUU acusó a “El Tanque” por narcotráfico y posesión de armas

Además de los cargos de fuero común y federales presentados en México, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a “El Tanque” el pasado 22 de octubre por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de posesión de un arma de fuego para facilitar el narcotráfico. El pliego acusatorio documentó una conspiración activa entre 2005 y 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, de ser declarado culpable, “El Tanque” enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas. Ese mismo día, una jueza federal del Estado de México desechó un amparo que la defensa del acusado promovió contra una posible extradición.

Las autoridades mexicanas relacionan a “El Tanque” con el ataque de 2015 contra un helicóptero del Ejército Mexicano que dejó nueve elementos de seguridad muertos, ocurrido durante un operativo para capturar a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a “El Tanque” junto con nueve mexicanos y 26 entidades, por su papel en una red de robo de combustible que operaba conexiones ilegales hacia los oleoductos de Petróleos Mexicanos.

Esa misma sanción alcanzó a su hermano, César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, sentenciado a 60 años de prisión, y a Domingo Medina Díaz, alias “El Mingo”, suegro de “El Tanque” e integrante de un brazo armado del CJNG.

Inocencio Irizar Salazar fue sentenciado a 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 personas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentara los elementos probatorios del caso ante un juez. El hecho, conocido como la masacre de Huazantlán del Río, ocurrió en junio de 2020 en el Istmo de Tehuantepec.

La resolución se suma a otra condena dictada en 2023 contra tres personas distintas por el mismo crimen, de acuerdo con registros judiciales.

La sentencia y la reparación del daño

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial impuso a Inocencio R.S. la pena de 210 años de prisión por homicidio calificado y feminicidio en agravio de las 15 víctimas, según informó la FGEO.

A más de seis años de la masacre, el fallo también estableció el pago de 6,516,000 pesos por concepto de reparación del daño, más una multa adicional de 86 mil 880 pesos, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGEO.

Los hechos del 21 de junio de 2020

De acuerdo con el expediente del caso, el ataque ocurrió la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

Un grupo de personas que mantenía un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado por una multitud armada con piedras, palos y tubos, que ingresó de forma violenta a las instalaciones, según el comunicado de la FGEO.

Las 15 víctimas murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en su recomendación 54VG/2022, que las víctimas “fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto” y que sus cuerpos fueron incinerados posteriormente.

Dicha agresión comenzó la tarde del domingo 21 de junio y continuó hasta la madrugada del lunes siguiente, cuando se registró el ataque de mayor letalidad. Entre las víctimas hubo 13 hombres y dos mujeres.

El conflicto previo en San Mateo del Mar

El ataque se dio en medio de un conflicto político y electoral que escaló desde octubre de 2019, cuando las comunidades de San Mateo del Mar desconocieron el proceso municipal.

Los sobrevivientes acusaron al agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de haber perpetrado las agresiones y torturas contra las víctimas.

El ataque del 21 de junio no habría sido el primero: el 2 de mayo de ese año ya se había registrado una agresión armada contra el mismo plantón y un puesto sanitario en la zona.

La recomendación DDGGH/125/22 de la CNDH documentó que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se encontraba presente durante los hechos del 21 de junio sin intervenir.

Antecedentes judiciales de la causa

Esta no es la primera sentencia condenatoria dictada en el marco del caso. En diciembre de 2023, el Juzgado de Control de Tanivet ya había impuesto una condena de 210 años de prisión contra tres personas distintas: José Luis C.S., Gualterio E.A. y Flavio S.S., por los mismos delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio en agravio de las 15 víctimas. La causa penal identificada con el número 206/2020 acusa a 161 personas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso derivados de este caso.

El reclamo vigente de las familias de las víctimas

El 20 de octubre de 2026, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca.

El comité reconoció la sentencia dictada contra el acusado, pero advirtió que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes contra otros responsables que permanecen prófugos.

Entre los nombres señalados por la organización como presuntos responsables aún no detenidos están Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el comité.

Las autoridades sirias detuvieron este jueves a Ali Kayali, dirigente de una milicia vinculada al expresidente Bashar al Assad, acusado por su presunta responsabilidad en las matanzas perpetradas en 2013 en la ciudad costera de Baniyas, en la provincia de Tartús. El operativo se produjo cuando intentaba cruzar la frontera para abandonar el país, según informó la Dirección de Inteligencia siria.

Kayali, conocido como “el carnicero de Baniyas”, figura entre los principales acusados por los ataques contra civiles ocurridos durante la guerra civil siria. La represión en esa localidad dejó 459 muertos, entre ellos 92 niños, de acuerdo con el registro del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que documenta bajas en el conflicto.

La Dirección de Inteligencia no difundió el punto exacto de la frontera donde se concretó la detención ni precisó las condiciones del procedimiento. Tampoco comunicó si el detenido quedó bajo custodia en una dependencia determinada o si afrontará una instancia judicial inmediata.

La captura provocó celebraciones en Baniyas. Cientos de residentes salieron a las calles luego de conocerse la noticia, en una ciudad marcada por los hechos de 2013 y por las denuncias contra las fuerzas que respaldaban al entonces Gobierno de Bashar al Assad.

El ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais, presentó la detención como un avance de las instituciones del país en la persecución de los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto: “Un nuevo logro para el Estado sirio y sus instituciones, y confirma su determinación de perseguir a los cabecillas del crimen y llevarlos ante la justicia”.

Además, sostuvo que las víctimas y los familiares conservan el derecho a reclamar una respuesta judicial por los hechos ocurridos durante la guerra.

“No hay lugar para la impunidad en Siria, los derechos de las víctimas no se perderán por mucho tiempo que pase, y la búsqueda de justicia no cesará hasta que se construya una patria segura y estable, donde todos los ciudadanos gocen de dignidad y respeto, y donde prevalezcan el Estado de derecho y la justicia”, afirmó.

Las acusaciones contra Kayali se relacionaron con las operaciones desarrolladas en Baniyas en 2013, cuando milicias leales a Al Assad participaron en ataques que afectaron a la población civil. La ciudad, ubicada en la costa mediterránea siria, quedó asociada a una de las masacres más graves denunciadas durante los primeros años de la guerra civil.

El detenido también apareció mencionado en la investigación por el doble atentado con coches bomba ocurrido en mayo de 2013 en Reyhanli, una localidad de la provincia turca de Hatay, cerca de la frontera con Siria. Esos ataques dejaron más de 50 muertos, decenas de heridos y daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

Kayali nació en 1956 en Hatay. Antes de instalarse en Siria, pasó años en cárceles turcas por atentados cometidos en territorio de Turquía. En 1982 huyó al país vecino, donde estableció vínculos con el entorno del entonces presidente Hafez al Assad.

Su relación con círculos cercanos al poder sirio se consolidó a través de su esposa, según los antecedentes conocidos del caso. Más tarde obtuvo la ciudadanía siria y pasó a integrar estructuras afines al Gobierno de Al Assad, en un contexto de creciente actividad de grupos armados leales al Ejecutivo.

(Con información de Europa Press)

Jennifer Elizabeth Sosa fue localizada sana y salva en una comunidad de Ocotepeque, luego de que un ataque armado en una vivienda de la aldea Las Vegas dejara tres personas muertas. Las autoridades investigan si los agresores pretendían llevársela por la fuerza.

Horas después de la masacre, la Policía Nacional confirmó el rescate de la menor, quien fue localizada sana y salva en otro sector del municipio de La Labor, en el departamento de Ocotepeque.

La adolescente, identificada como Jennifer Elizabeth Sosa, había desaparecido tras el hecho violento registrado el martes 13 de octubre en la aldea Las Vegas, una zona montañosa y alejada del casco urbano.

Según las primeras versiones del caso, los atacantes habrían intentado llevársela por la fuerza, situación que presuntamente provocó la reacción de las personas que se encontraban en la vivienda.

Las víctimas habrían intentado impedir que los sujetos se llevaran a la menor, por lo que los agresores presuntamente les dispararon.

El ataque dejó tres personas muertas, mientras que el paradero de la adolescente se desconocía hasta que las autoridades desplegaron operaciones para encontrarla.

La Policía Nacional informó que Jennifer Elizabeth Sosa fue encontrada en la comunidad de El Rosario, también situada en el municipio de La Labor. Su localización se produjo luego de labores de vigilancia, seguimiento y patrullajes de saturación ejecutados por los agentes en la zona.

Las acciones policiales se desarrollaron después de que se reportara la desaparición de la adolescente, cuyo paradero generó preocupación entre sus familiares y otros habitantes de la comunidad.

Agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) se desplazaron hasta el lugar donde ocurrió la masacre para atender la emergencia y comenzar las diligencias investigativas.

El rescate de la menor constituye uno de los principales avances conocidos hasta el momento en un caso que combina un triple homicidio con la presunta intención de sustraerla por la fuerza.

Sin embargo, las circunstancias exactas de lo ocurrido y la posible participación de otras personas deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Mientras avanzaban las operaciones para localizar a la adolescente, las autoridades dieron a conocer la identidad de dos de las tres personas asesinadas en la aldea Las Vegas.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriel Perdomo y Anabelis Polanco Vidal, de 32 años, quienes, de acuerdo con la información preliminar, eran pareja. La tercera persona fallecida, también de sexo masculino, permanecía sin identificar en los reportes iniciales del caso.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en un sector montañoso del municipio de La Labor. Las características del lugar, alejado del casco urbano, forman parte del proceso en el que las autoridades comenzaron a recopilar información para reconstruir los hechos.

Por ahora, la información disponible apunta a que el intento de llevarse a la adolescente habría desencadenado la reacción de las personas que estaban en la vivienda. No obstante, esta versión se mantiene como una hipótesis preliminar y deberá ser contrastada por los investigadores.

Tras el hallazgo de los cuerpos y el reporte de la desaparición de la menor, las autoridades iniciaron las diligencias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Entre los aspectos que deberán determinarse figuran las circunstancias en las que los agresores llegaron a la vivienda, la relación que podrían tener con las víctimas y si efectivamente pretendían llevarse a Jennifer Elizabeth Sosa por la fuerza.

También está pendiente establecer la identidad de la tercera persona asesinada, así como precisar la secuencia de acontecimientos que terminó con la muerte de tres personas y la desaparición temporal de la adolescente.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró una masacre que dejó tres personas asesinadas en el municipio de El Paujil (Caquetá), durante un ataque armado ocurrido el lunes 12 de octubre de 2026 en un establecimiento público del municipio. Con este hecho, la organización contabiliza 98 masacres en Colombia en lo que va de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Alfonso Osorio Artunduaga, Didier Romero Varela y Franklin Fabián Collazos Murcia. Según el comunicado de Indepaz, las tres personas se encontraban departiendo con algunos allegados en el lugar cuando un hombre armado se acercó y disparó de forma indiscriminada.

El ataque ocurrió en El Paujil, una población del norte de Caquetá donde persisten alertas sobre la actuación y expansión de estructuras armadas. Pese a la presencia de grupos delincuenciales en la zona, el comunicado no atribuyó la acción a un grupo específico.

La Defensoría había advertido sobre la disputa territorial en El Paujil

La Defensoría del Pueblo había incluido al municipio en la Alerta Temprana 011 de 2022, en la que señaló riesgos derivados de la disputa por el control territorial entre grupos armados presentes en la zona.

De acuerdo con la advertencia, ese escenario de incursión y expansión armada puede traducirse en presiones contra las comunidades rurales, imposición de normas de conducta e intervención sobre las dinámicas organizativas y comunitarias, lo que evita que muchas de las actividades cotidianas se desarrollen con normalidad.

Indepaz señaló que en el área tienen presencia el Frente 62 Comandante Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera y bandas locales. Del mismo modo, explicó que el municipio está bajo jurisdicción de la Sexta División del Ejército Nacional.

El registro de la masacre eleva a 98 el número de estos casos documentados por Indepaz durante 2026.

Asesinan líder comunitario en Puerto Berrío

El mismo 12 de octubre, el Instituto confirmó que fue asesinado Luis Albeiro Serna, líder comunitario e integrante de la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio, conocida como Corsomostierra, en Puerto Berrío (Antioquia).

De acuerdo con la información revelada, Serna era reconocido por su participación en proyectos sociales y comunitarios en el municipio.

El homicidio ocurrió en el barrio El Gaitán y, según la información difundida por Indepaz, las circunstancias permanecen bajo investigación. Una de las hipótesis iniciales plantea que el hecho habría ocurrido durante un hurto, aunque no se descarta que fuera atacado por sus labores comunitarias, por lo que el hecho continúa en manos de las autoridades.

La muerte de Serna llevó a 124 la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026, según el registro de la organización. El caso se suma a una serie de ataques contra referentes comunitarios en distintas regiones del país.

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 051 de 2019 y dos informes de seguimiento para Puerto Berrío y los municipios antioqueños de Caracolí, Maceo y Puerto Nare. En esos documentos describió un escenario de riesgo vinculado con la presencia de grupos armados organizados y estructuras originadas tras la reorganización de antiguos integrantes del paramilitarismo.

Según esa alerta, esas organizaciones buscan ampliar economías ilegales, entre ellas el tráfico local de drogas, mediante prácticas como homicidios por encargo, robos, extorsiones y préstamos informales bajo la modalidad de “gota a gota”. La Defensoría advirtió que esas dinámicas afectan a la población y fortalecen mecanismos de control territorial.

Indepaz indicó que en el área de Puerto Berrío actúan el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también denominado Clan del Golfo, y otras bandas locales que estarían arremetiendo en contra de la población.

Además de Amarianna, murieron la madre de la niña, que cursaba el octavo mes de embarazo, y el hijo de cinco años de esa mujer. Otras cinco personas también fueron asesinadas: cuatro adultos cuyos cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda y dos mujeres —una cuñada y una amiga de la familia— que murieron en el exterior. Tras el ataque, el agresor se quitó la vida dentro de la casa.

El perfil del agresor según quienes lo conocían

Windham describió al hombre como alguien aparentemente tranquilo en su vida cotidiana.

“Todos los días sonreía, era normal, uno jamás pensaría que algo así podría ocurrir”, dijo a la agencia, y añadió que esa conducta “era una fachada de su parte”.

El testimonio contrasta con la brutalidad del ataque. El jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, confirmó en una conferencia de prensa del sábado que siete de las ocho víctimas y el propio agresor eran parte del mismo núcleo familiar.

Quiénes eran las víctimas y dónde fueron halladas

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron a la niña y al niño de 5 años muertos en el primer piso.

En la escalera del segundo piso encontraron otros cuatro cuerpos: una mujer de 24 años, una de 44, un joven de 19 y otro de 21. El atacante estaba también en ese piso, con una herida de bala autoinfligida.

Dos mujeres de 37 y 51 años fueron halladas muertas en el exterior. Ambas llegaron al lugar después de que el tiroteo comenzara adentro. “Sabían que algo estaba pasando en esa casa”, afirmó Lorah en declaraciones recogidas por NBC News.

Cómo se desarrolló el ataque y la respuesta policial

La cámara del timbre inteligente (Ring doorbell) de un vecino capturó la llegada de esas dos mujeres. En las imágenes se las ve llegar visiblemente angustiadas: pedían ayuda y golpeaban la puerta.

El audio del mismo dispositivo registró disparos desde el interior antes de que el agresor saliera al exterior.

“Creemos que el atacante sale y las llama. Ellas corren hacia él y entonces les dispara”, explicó el jefe policial. El agresor volvió a entrar y no se registraron más disparos, momento en que la Policía recibió la alerta del sistema ShotSpotter cerca de las 5 de la tarde y estableció un perímetro.

Un equipo SWAT ingresó al inmueble —tras obtener una orden judicial— con un dron y un robot, y encontró a todas las personas dentro ya sin vida.

El estado de la investigación y las reacciones

El arma utilizada fue una pistola calibre .40, registrada a nombre del sospechoso y encontrada sobre su cuerpo. Lorah confirmó que toda la violencia ocurrió antes de la llegada de los agentes.

ABC News recogió las palabras de Lorah: “La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos analizando son profundamente perturbadoras”.

Sobre el móvil, el jefe policial fue cauteloso: “Es demasiado pronto para hablar de eso”, aunque señaló que la salud mental “puede haber sido un factor”.

Los investigadores prevén además examinar los teléfonos celulares de las dos mujeres halladas afuera.

Amigas de la familia también hablaron con CNN. Nicole Eller, que conoce a la familia hace más de 30 años, dijo que el agresor “era una buena persona y luego empezó a deteriorarse”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que habló con la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, y ofreció el apoyo completo de su administración. “Nueve de nuestros conciudadanos pensilvanios murieron en Erie”, escribió el gobernador en su cuenta de X el sábado.

La noche del sábado, vecinos y residentes se congregaron frente a la casa para improvisar un memorial.

Erie se ubica a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh. Las autoridades no dieron una fecha para concluir la investigación.

Un juez federal ordenó la libertad bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, según denunció el colectivo de víctimas del ataque al Casino Royale en Monterrey, atentado que dejó 52 muertos el 25 de agosto de 2011. La medida, vigente desde el 4 de octubre, corresponde únicamente a la causa penal 162/2011.

El colectivo de víctimas, encabezado por Samara Pérez, madre de una de las personas fallecidas, realizó una rueda de prensa este 8 de octubre para exigir que las autoridades aclararan los alcances de la resolución. Pérez señaló que no contaban con la resolución judicial ni con información sobre la autoridad que la dictó.

Según reportes de medios, el Tribunal Colegiado en Materia de Apelación que conoció la causa penal 162/2011 notificó la orden de libertad y giró la boleta correspondiente. El organismo solicitó al juzgado de origen que informara si Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron puestos en libertad, y en su caso, si señalaron algún domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones, o si permanecen internos por otras causas penales.

Hasta el momento no está confirmado que los dos sujetos estén libres. Montoya permanecía recluido en el penal federal número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila, mientras que Loera purgaba su condena en el Cefereso número 12, en Ocampo, Guanajuato.

El colectivo de víctimas exigió información individualizada sobre cada sentenciado

Samara Pérez declaró en la rueda de prensa que el colectivo no tenía “confirmación documental de si permanecen recluidos por otros procesos o si alguno ya salió en libertad”. En su declaración, exigió a las autoridades identificar la resolución de libertad, confirmar si ambas personas permanecen recluidas o si fueron liberadas, e informar de manera individualizada qué procesos, sentencias y órdenes de aprehensión corresponden a cada uno.

La vocera solicitó además que las autoridades explicaran qué actuaciones se realizaron respecto a la posible participación de ambos en el ataque al Casino Royale, y exigió garantizar condiciones de seguridad para las víctimas, sus familias y quienes los representan. “Ante la libertad reportada de estas personas, que sabemos que son de la delincuencia organizada, es un riesgo enorme estarlo señalando, y por ello exigimos una protección extremada a las familias, porque siempre hemos dado la cara”, afirmó Pérez.

El atentado contra el Casino Royale ocurrió el 25 de agosto de 2011 a las 15:48 horas, cuando al menos 10 personas llegaron al establecimiento en cuatro vehículos. Dos minutos después, tres de ellas descendieron de una camioneta negra con garrafones de combustible que vertieron en el interior; para las 15:51 horas el incendio ya se propagaba con intensidad.

El saldo fue de 52 personas muertas: 51 por intoxicación de monóxido de carbono y una calcinada, además de 11 personas lesionadas. Según el Patronato de Bomberos de Monterrey, la mayoría de los cuerpos se encontró en los servicios sanitarios del lugar y en un almacén.

Un dictamen pericial de la entonces PGR concluyó que el incendio se provocó al verter gasolina sobre máquinas tragamonedas, mobiliario y la alfombra del establecimiento. La comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó además que el inmueble no contaba con tomas de hidrantes, equipo contra incendios, aspersores ni red hidráulica interna, y que el gobierno de Nuevo León y el ayuntamiento de Monterrey fueron omisos al no entregar información sobre las medidas de protección civil vigentes antes del ataque.

El atentado se originó por una extorsión, según las confesiones de los primeros detenidos y declaraciones del entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Los propietarios del Casino Royale se negaron a pagar una cuota semanal de 130 mil pesos que Los Zetas exigían como “derecho de piso” para permitir la operación del establecimiento. Los primeros cinco detenidos confesaron haber participado en el ataque, aunque declararon que no buscaban causar muertes, sino únicamente intimidar a los dueños del negocio.

El inmueble donde funcionaba el Casino Royale fue demolido años después del ataque y el predio se transformó en una zona comercial. En 2024 se develó un memorial frente al lugar, con un muro que conserva los nombres de las 52 víctimas y de los dos bebés no nacidos, como homenaje a quienes murieron en el incendio.

Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron detenidos el mismo día en Monterrey

La extinta Policía Federal detuvo a Loera Rodríguez y Montoya Chávez el 4 de octubre de 2011 sobre la carretera Nacional México-Laredo, junto con Juan Antonio Meléndez Suárez, alias “El Chore”. Luis Cárdenas Palomino, entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la corporación y actualmente preso por tortura, identificó a Montoya Chávez como colaborador directo de Loera.

Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, exluchador profesional en Nuevo León, coordinaba a aproximadamente 40 vigilantes encargados de monitorear movimientos de autoridades y grupos rivales, según Cárdenas Palomino. Fue señalado como responsable de la vigilancia perimetral del Casino Royale mientras otros integrantes incendiaban el establecimiento. Por su parte, Montoya Chávez, alias “La Rana”, quedó identificado como encargado del resguardo y distribución de armamento entre células del grupo.

Tras la detención, las autoridades localizaron un domicilio en la colonia Luis Echeverría Norte, en Monterrey, donde aseguraron 15 armas largas, dos lanzagranadas, 192 cargadores, 2 mil 400 cartuchos, dos granadas de fragmentación, droga, vehículos, radios y teléfonos celulares. La extinta Procuraduría General de la República (PGR) había ofrecido entonces una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que condujera a la captura de los responsables del atentado.

Montoya Chávez no es el mismo “Rana” señalado como autor intelectual del atentado

El alias “La Rana” generó confusión porque lo compartieron dos integrantes distintos de Los Zetas vinculados al mismo caso. Carlos Oliva Castillo, también apodado “Comandante Rana” o simplemente como “La Rana” fue detenido el 13 de octubre de 2011 en Saltillo, Coahuila, por tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un operativo separado al de Montoya Chávez y Loera Rodríguez.

El entonces vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional y actual titular de la institución, Ricardo Trevilla Trejo, informó en rueda de prensa que Oliva Castillo ocupaba el tercer lugar en la estructura de mando de Los Zetas, solo por debajo de Heriberto Lazcano, “El Lazca”, y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”.

Las autoridades lo señalaron como quien ordenó a Francisco Medina Mejía, “El Quemado”, ejecutar el ataque. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR. Oliva Castillo nunca fue sentenciado por este caso: se acogió al programa de testigos protegidos de la entonces PGR, de acuerdo con un reporte de La Jornada de 2012.

En 2025 fueron sentenciado “El Voltaje” y “La Rana”

El 9 de julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, informó que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia contra seis integrantes de Los Zetas vinculados al atentado. La resolución se obtuvo con elementos aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Baltasar Sauceda Estrada, alias “El Mataperros”, identificado como autor intelectual del ataque, recibió una condena de 135 años de prisión y una multa de 1 millón 264 mil 327 pesos por delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en agravio de tres víctimas. En la misma causa, Loera Rodríguez y Montoya Chávez recibieron condenas de 15 años de prisión y multas de 370 mil 578 pesos cada uno, al igual que Luis Carlos Carrasco Espinoza, Hugo Fernando Rodríguez Castillo y Juan Norberto Estrada Valdez. Los seis fueron encontrados penalmente responsables de delincuencia organizada, en la hipótesis de delitos contra la salud y secuestro.

Tres hombres fueron asesinados durante la madrugada del martes en la comunidad de San Miguelito, Quimistán, en un ataque que volvió a poner bajo la lupa la presencia de estructuras criminales en esta zona del occidente de Honduras.

Tras el hecho, las autoridades desplegaron equipos policiales y fiscales para investigar lo ocurrido e identificar a los responsables.

El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, aseguró que las autoridades intensificarán las acciones contra las estructuras criminales que operan en el sector.

El jefe policial advirtió que algunos de estos grupos podrían ser sometidos a un proceso para solicitar su declaratoria como asociaciones terroristas, una medida que permitiría fortalecer las acciones legales y operativas contra las organizaciones que cumplan con los criterios establecidos.

“Muy seguramente, estos grupos de criminales que se mueven en el sector vamos a hacer peticiones de declaratoria de asociaciones terroristas”, expresó Oseguera, al referirse a las estructuras señaladas por generar violencia en la zona.

El director de la Policía explicó que existe un registro de estructuras criminales que operan a lo largo del corredor ubicado paralelo a la frontera con Guatemala, por lo que los equipos de seguridad pretenden concentrar esfuerzos para identificar y perseguir a sus integrantes.

“Todo este corredor, esta franja paralela a la frontera con Guatemala tiene sendos registros de acuerdo con nuestro inventario de estas estructuras criminales. Así que vamos a ir por ellas y solicitar su declaratoria como asociaciones terroristas para perseguirlas”, afirmó.

Oseguera también adelantó que la Policía Nacional reforzará los operativos para ubicar a las estructuras responsables de los hechos violentos registrados en el sector.

El funcionario señaló preliminarmente que la masacre podría estar relacionada con una disputa territorial entre estructuras criminales, aunque las autoridades todavía deben confirmar esta hipótesis como parte de las investigaciones.

“Vamos a ir por ellos a la montaña con operativos permanentes”, aseguró el jefe policial al referirse a las acciones que serán ejecutadas en las zonas donde se presume que tienen presencia estos grupos.

Los operativos estarán orientados a identificar a los responsables del ataque, ubicar posibles integrantes de las estructuras criminales y recopilar información que permita fortalecer las investigaciones del Ministerio Público.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades todavía no han establecido públicamente el móvil definitivo del triple homicidio ni han confirmado quiénes ejecutaron el ataque.

La Policía Nacional y la DPI continúan recopilando información en San Miguelito y sectores cercanos, mientras la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Raúl Martínez, de 40 años; Darwin Martínez, de 20; y Manuel Méndez, de 25 años, quienes fueron encontrados sin vida luego de que pobladores reportaran detonaciones de arma de fuego durante las primeras horas del día.

De acuerdo con información trasladada a la Alcaldía de Quimistán, el reporte sobre el hecho llegó aproximadamente a las 4:30 de la madrugada.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del Ministerio Público se desplazaron hacia la comunidad para realizar las primeras diligencias.

Los equipos trabajan en la recolección de evidencias, el levantamiento de información y la identificación de posibles responsables, mientras se busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El caso se suma a otros hechos violentos registrados durante 2026 en diferentes departamentos de Honduras y vuelve a generar preocupación por la actividad de estructuras criminales en zonas rurales y cercanas a las fronteras.

Según recuentos publicados este martes, la masacre ocurrida en Quimistán sería la número 26 registrada en Honduras durante 2026.

Las autoridades deberán determinar si el crimen fue efectivamente producto de una disputa entre grupos criminales y establecer qué estructura estaría detrás del ataque, mientras la Policía anunció que buscará avanzar en la identificación y judicialización de las organizaciones que operan en esta zona del país.

En medio de un ambiente de tristeza, dolor y frustración, vecinos del municipio de Huité, del departamento de Zacapa en Guatemala, despidieron a los fallecidos del enfrentamiento armado que aún continúa confuso.

“¡Queremos justicia!”, gritaban los vecinos de Huité, mientras los féretros de ocho personas eran expuestos al ingreso del municipio. Varios asistentes reclamaban también por la desinformación que se ha dado en torno a lo ocurrido.

“¡Cobardes! Ahora nadie fue”, se escucha decir a uno de los vecinos, al referirse a las declaraciones de las autoridades de seguridad guatemalteca que han negado su participación en el enfrentamiento armado.

“No fueron animales los que mataron, son armas las que están tendidas”, gritó una mujer, mientras que otro vecino respondió: “Nos atacaron como perros”. Además, afirman que eran personas “inocentes” que “no portaban armas” de fuego.

También exigían la presencia del mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo: “¡Queremos que el Presidente dé la cara, porque no nos ha mostrado la cara! Dos días y no se pronuncia, es un cobarde”, gritó una mujer con indignación, mientras exigían la presencia de los diputados de Zacapa.

“Nos quieren callar diciendo que no fueron las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y el Ejército los que vinieron a matar a toda esta gente inocente que está aquí, a estos hermanos huitecos que están aquí tendidos, muertos en este momento. Hay familias enlutadas, familias llorando y nadie da la cara. Queremos una respuesta”, gritó una de las asistentes al sepelio.

Víctimas identificadas

Luego del enfrentamiento armado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó los nombres de los fallecidos.

Además, revelaron que todos murieron como consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

• Carlos Donado Paiz Mateo, 32 años
• Juan Carlos Pedroza Agustín, 45 años
• Cintia Gabriela Paz Paiz de Morales, 28 años
• Vilma Elizabeth Paz Paiz, 56 años
• Uve Lisbeth Paz Paiz, 22 años
• Mario René Romero Díaz, 63 años
• Denis Alfonso Herrera González

Mientras que el nombre de una menor de edad no ha sido revelado.

Los velan en su residencia

Cada uno de los cuerpos fue velado en su residencia o en funerarias, previo a ser llevados todos juntos hacia el cementerio de la localidad.

Uno de ellos fue Juan Carlos Pedroza Agustín, de 45 años, quien era trabajador de la Municipalidad de Huité. Según testigos, el día del ataque iba caminando por el campo del sector, cuando comenzaron los disparos.

El empleado público quedó en medio de la balacera y fue alcanzado por las balas. Su cuerpo fue velado en el cuarto donde residía, con la presencia de amigos y familiares.

Versiones de vecinos

Luego del ataque, Infobae consultó vía telefónica con varios vecinos de Huité sobre lo ocurrido. Además, de la indignación, afirmaron que la mayoría de la población tiene miedo.

Según comentaron, a eso del mediodía, hombres fuertemente armados instalaron una especie de puesto de registro en varios puntos de acceso al municipio y eran similares a los de las fuerzas de seguridad pública.

Sin embargo, la mayoría de vehículos eran particulares. Los entrevistados coincidieron en que los rumores en el municipio es que se trató de un grupo de sicarios perteneciente a la aldea Juan Ponce, del municipio de Gualán, el cual se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia de Huité.

De acuerdo con su versión, las mujeres que iban en el automóvil atacado no pararon cuando les hicieron el alto, por lo que les dispararon. Luego, varios de ellos revisaron el vehículo y “se llevaron algo”, pero desconocen de qué se trata.

Iban a echar gasolina

Por su parte, una de las familiares de las víctimas, afirmó en una entrevista con TN23 que “su madre y su hermana” fueron a la gasolinera para abastecerse de combustible, debido a que a las 4 de la mañana tenían que salir a trabajar.

“Los de la DEA y los del Ejército, porque andaban identificados y uniformados sin dar ninguna explicación, ninguna palabra ni nada, acribillaron a mi madre y a mis dos hermanas dejando a su hija huérfana… ellas iban con los vidrios abajo”, manifestó.

Según dijo, su madre salió de un callejón y les comenzaron a disparar: “Las reventaron… exigimos justicia”. Otra mujer que acompañaba a la doliente manifestó: “Ahora el Gobierno se está lavando las manos diciendo que ellos no fueron, claro que fue el Gobierno sucio. Dejaron niños huérfanos. Inocentes porque no estaban armados”.

Más de 70 casquillos de proyectil de arma de fuego

Mientras que el Gobierno y las fuerzas de seguridad insisten en que no tuvieron participación en el enfrentamiento armado, el Ministerio Público informó este martes 29 de septiembre que personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) se desplegó de inmediato en el lugar, con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

Estas diligencias “permitieron procesar cuatro escenas del crimen ubicadas en el ingreso al municipio, en el barrio El Campo, en el caserío El Corralito de la aldea El Encinal y en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos. En ellas se localizaron siete personas fallecidas, tres mujeres y cuatro hombres, con heridas producidas por arma de fuego”.

En el lugar se recolectaron 77 indicios balísticos y otros elementos que servirán para la investigación. Todos los elementos fueron resguardados y remitidos para su análisis técnico y pericial, mientras continúan las investigaciones.

Rechazan versión oficial

Por su parte, el Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) publicó en su página de Facebook un comunicado en el que rechazan las versiones oficiales, argumentando la participación de vehículos militares J8 en los operativos, los cuales fueron donados al Ejército de Guatemala por el gobierno de Estados Unidos.

El mensaje fue acompañado de varios videos en los que no sólo se observa a helicópteros sobrevolar durante horas de la noche, sino que también se ve el momento exacto en el que el vehículo de las mujeres fue atacado a balazos.

En una de las grabaciones se observa a un grupo de hombres armados que detiene y revisa algunos vehículos que circulan por la ruta principal, mientras otros permanecen en una curva cercana.

Minutos después se escuchan detonaciones de arma de fuego, al tiempo que las imágenes muestran cómo los hombres disparan contra un vehículo negro, cuyo conductor pierde el control y termina impactando contra una vivienda.

Un segundo video muestra cuando al lugar llega un vehículo militar, se estaciona frente al punto donde está instalada la cámara y una persona vestida de militar se acerca a hablar con el piloto y luego este continúa su marcha hacia donde está el automóvil empotrado en la vivienda.

También indicaron que el enfrentamiento inició a eso de las 17:50 horas del domingo 27 de septiembre, mientras se celebraba una actividad desmotiva en el Estado Municipal de la localidad.

El Cocode lamentó que el Gobierno le diera “poca importancia” a lo que calificaron como “deplorables sucesos que llenaron de luto a familias y a toda la comunidad” de Huité.

Mientras que la Municipalidad de Huité emitió un mensaje lamentando lo ocurrido: “Ante la irreparable pérdida de siete vidas en nuestro municipio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas, acompañándolas en su dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes hoy ya no están con nosotros”.

Además se informó de la cancelación de las actividades de la Feria y de la celebración del Día del Niño.

La Iglesia católica proclamó beatos a tres sacerdotes asesinados por los nazis en la masacre de Monte Sole, en el norte de Italia, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Ubaldo Marchioni, Elia Comini y Martino Capelli fueron reconocidos el 27 de septiembre en la Basílica de San Petronio, en Bolonia, por haber permanecido junto a civiles amenazados cuando podían ponerse a salvo.

La beatificación tuvo lugar 82 años después de los hechos. La Misa fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y delegado del papa León XIV. Asistieron más de 150 concelebrantes, entre ellos el arzobispo de Bolonia, cardenal Matteo Zuppi, y el cardenal Ángel Fernández Artime, informó ACI Prensa.

El reconocimiento incorpora a los tres religiosos a la memoria de las víctimas de la ofensiva alemana contra las comunidades de Monte Sole, un área donde actuaban grupos partisanos opuestos a la ocupación nazi y al fascismo italiano. Según los datos recogidos por el medio católico, la masacre dejó 770 muertos entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944.

Los tres sacerdotes fueron asesinados mientras asistían a civiles refugiados

Marchioni, nacido en 1918 y ordenado sacerdote en 1942, llevaba pocos meses como párroco de San Martino de Caprara cuando comenzó la incursión. El 29 de septiembre de 1944 llegó a la iglesia de Casaglia, donde vecinos de la zona se habían refugiado, para asistirlos ante la llegada de unidades de las SS.

El sacerdote fue asesinado en los escalones del altar. Entre los restos del templo apareció un copón perforado por disparos, que la comunidad monástica de Dossetti conserva como recuerdo de lo ocurrido. Años después, Augusto Marchioni, padre del religioso, perdonó a Walter Reder, el mayor de las SS señalado como coordinador de la matanza.

Comini, nacido en 1910, y Capelli, nacido en 1912, desarrollaban su ministerio en Salvaro. Durante la operación alemana, ambos intentaron asistir a heridos y moribundos en Creda. Fueron fusilados junto a otras víctimas el 1 de octubre de 1944 y rematados con granadas de mano, según la reconstrucción difundida por ACI Prensa. Las biografías de la Arquidiócesis de Bolonia indican que optaron por no escapar para acompañar a la población.

En su primera misa, Comini había dicho que quienes se acercaran a él debían hallar al ministro y siervo de Jesús, no al hombre ni al erudito. Capelli, integrante de los dehonianos, quería partir como misionero a China; antes de morir, perdonó y bendijo a los presentes.

La beatificación reconoció el martirio de los tres religiosos

En su homilía, Semeraro vinculó la beatificación con la decisión de los sacerdotes de compartir el destino de las comunidades a las que atendían. El cardenal afirmó que, aun con la posibilidad de resguardarse, los tres aceptaron el riesgo que enfrentaban los fieles bajo su cuidado.

“El secreto de los mártires no es el heroísmo, sino el amor que se entrega por completo”, afirmó el prefecto, según el relato que recogió Vatican News. Semeraro sostuvo que las muertes de Marchioni, Comini y Capelli expresan la entrega de la vida y el martirio bajo la imagen evangélica del Buen Pastor.

Por su parte, Matteo Zuppi dijo que los nuevos beatos no se mantuvieron al margen de la población. Durante la celebración citó palabras del papa León XIV sobre acercarse a quienes sufren, conocer sus historias y reconocer sus heridas. Para el arzobispo, la actuación de los religiosos reflejó esa cercanía en medio de la violencia.

La beatificación reconoce formalmente el martirio de los tres religiosos y autoriza su veneración como beatos en la Iglesia católica. La ceremonia de Bolonia incorporó sus nombres a la memoria eclesial de las víctimas de Monte Sole, escenario de una de las matanzas contra civiles perpetradas durante la retirada alemana de 1944 en Italia.

El reconocimiento recupera la memoria de las víctimas de Monte Sole

La campaña nazi se extendió por localidades rurales de la provincia de Bolonia entre finales de septiembre y los primeros días de octubre. El objetivo declarado era eliminar a los partisanos, aunque la operación alcanzó a familias, ancianos, mujeres, niños y miembros del clero que se encontraban en los pueblos de la zona.

El caso de los tres beatos forma parte de ese saldo de víctimas civiles. Marchioni murió en Casaglia el primer día de la incursión, mientras que Comini y Capelli fueron ejecutados dos días después en Creda.

Con la beatificación de este último domingo, Marchioni, Comini y Capelli dejan de ser solo nombres en la memoria de una tragedia: su reconocimiento eclesial honra a las cientos de víctimas cuyas vidas fueron arrancadas por culpa de la ofensiva alemana.

Un cruento enfrentamiento violento entre integrantes de las familias Martínez y Pruneda en el poblado rural de Cascajal, perteneciente al municipio de Santo Domingo en la provincia de Villa Clara, ha provocado una profunda consternación popular.

El suceso, que comenzó a trascender inicialmente como un incidente sangriento con un saldo preliminar de víctimas, ha cobrado la vida de cuatro personas y dejado al menos a una herida de gravedad, según las más recientes revelaciones divulgados por plataformas de comunicación independientes en Cuba.

De acuerdo con diversos testimonios recogidos por el espacio NiO Reportando Un Crimen y compartidos por la comunidad en redes sociales, el enfrentamiento fatal no fue un hecho aislado, sino el trágico desenlace prolongado. Durante varios meses, ambas familias mantuvieron fuertes desacuerdos originados por la delimitación de terrenos de propiedades cercanas y por la desaparición constante de animales de trabajo y crianza, principalmente reses y caballos.

Esta disputa entre colindantes fue escalando en violencia e intimidaciones recíprocas. Semanas antes de esta tragedia, la tirantez ya se había tornado crítica tras un enfrentamiento previo en el que Yoel Martínez resultó gravemente herido y tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario. Lejos de aplacar las diferencias, aquel primer evento violento sirvió para profundizar la enemistad y alimentar un ambiente de represalia inminente entre los bandos familiares.

La irrupción de la violencia y el ataque en el puesto médico

La reconstrucción preliminar de los acontecimientos basada en versiones de allegados y vecinos de Cascajal a los medios independientes indica que el día de los hechos varios miembros de la familia Martínez acudieron fuertemente armados con machetes y cuchillos a la propiedad de Yoelvis Pruneda, apodado “El Ahorcado”. En el sitio se desencadenó un altercado encarnizado.

Los detalles sobre cómo transcurrió la agresión describen una secuencia espeluznante. Según reportes comunitarios, la pelea inicial en el terreno dejó múltiples lesionados con machetazos.

Sin embargo, la espiral sangrienta continuó incluso en las inmediaciones del puesto de salud adonde acudieron las víctimas para recibir primeros auxilios. Se sostiene que un integrante del clan Pruneda irrumpió armado con un machete en las instalaciones asistenciales y atacó mortalmente a Yordanis Martínez, conocido como “El Enano”, en el preciso momento en que este yacía en una camilla siendo atendido por el personal médico.

Entre los fallecidos identificados a lo largo de las horas figuran miembros clave de ambos núcleos, entre ellos el propio Yordanis Martínez y un hombre de la misma familia apodado “El Bobo”. Las autoridades sanitarias y policiales acudieron de emergencia al lugar rodeando la comunidad con ambulancias y patrullas para frenar el caos e impedir nuevos brotes de venganza.

Conmoción en la comunidad y hermetismo de las autoridades

El sangriento hecho ha provocado una mezcla de terror e indignación entre los habitantes de Cascajal y zonas aledañas. Para muchos pobladores, la inacción preventiva tras los altercados previos permitió que una simple rivalidad de campo escalara hasta convertirse en una auténtica matanza que destrozó a múltiples hogares.

Hasta el momento, los órganos oficiales del Ministerio del Interior (MININT) y las instituciones estatales no han emitido un comunicado público detallado donde expongan la cifra oficial de detenidos, las armas incautadas o la responsabilidad penal específica atribuida a cada involucrado.

Por ello, gran parte de la información sigue siendo contrastada a partir de las averiguaciones de periodistas independientes y los angustiosos relatos de los propios habitantes.

Mientras los heridos de gravedad continúan luchando por sus vidas en centros hospitalarios de Villa Clara, el poblado de Cascajal intenta asimilar las trágicas consecuencias de una disputa prolongada.

Al menos 164 personas murieron en los dos masacres perpetradas en julio y agosto en Haití por la coalición armada Viv Ansanm en Kenscoff, una comuna agrícola situada en las afueras de Puerto Príncipe. Los ataques dejaron además 23 heridos, 71 secuestrados, decenas de desaparecidos y el desplazamiento de cientos de familias, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), organización haitiana dedicada a la defensa de los derechos humanos.

La violencia en Haití dejó al menos 3.050 muertos y 1.401 heridos durante los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con Naciones Unidas. Las bandas armadas mantuvieron el control sobre gran parte de la capital, mientras los ataques y secuestros obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares.

Las incursiones en Kenscoff ocurrieron durante las noches del 7 de julio y del 23 de agosto, después de meses de ataques de grupos armados contra la comuna. Entre las víctimas hubo agricultores, líderes religiosos, responsables de establecimientos educativos y habitantes de distintas edades.

El recuento de la RNDDH identificó entre los fallecidos a 21 personas de entre 65 y 90 años, siete niños, incluido uno de cuatro años y 36 mujeres. Durante la ofensiva de agosto, integrantes de las bandas mataron a personas que habían buscado refugio en una escuela y una iglesia.

Además, dos pastores y un director de escuela figuraron entre las personas asesinadas. Un joven de 21 años fue una de las primeras víctimas de la operación: hombres armados le ordenaron trasladar piedras para bloquear un camino y luego le dispararon en la cabeza.

La organización también recibió denuncias sobre mutilaciones cometidas contra algunos de los asesinados. Tras las matanzas, se registraron episodios de violencia sexual, entre ellos el caso de una niña de 12 años.

Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas necesitaron atención médica, psicológica y económica. Cientos de familias dejaron sus viviendas y se refugiaron con parientes o en centros destinados a personas desplazadas.

La ofensiva del 23 de agosto estuvo precedida por tareas de preparación para ingresar a Kenscoff. Días antes, los atacantes utilizaron drones de vigilancia para seguir los desplazamientos y las posiciones de policías y otras fuerzas de seguridad.

Los grupos armados también enviaron exploradores para observar las carreteras, los accesos y el dispositivo de defensa de la comuna. Horas antes de la incursión, troncos de árboles bloquearon varias vías de circulación.

Los hombres armados atacaron sectores cercanos antes de entrar a la localidad, una maniobra que dispersó a los agentes y debilitó la defensa de los puntos centrales. Una vez dentro de Kenscoff, se produjeron combates durante varias horas entre los atacantes, policías y civiles armados.

Durante los enfrentamientos, los integrantes de las bandas utilizaron cuerpos como barricadas. La ofensiva también dañó viviendas y afectó actividades agrícolas y ganaderas, que sostienen la economía local.

Bajo este contexto, en Puerto Príncipe, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presentó el Fondo de Dividendos de Paz en Haití, un mecanismo creado junto con la ONU para apoyar el desarme y el desmantelamiento de los grupos armados. En el acto participaron funcionarios haitianos y representantes internacionales.

El Gobierno informó que el fondo respaldaría las tareas de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, responsable de reducir la violencia y acompañar la recuperación de las comunidades afectadas. Las autoridades no precisaron el monto de los recursos ni los países u organismos que realizarían aportes al mecanismo.

(Con información de EFE)

El Poder Judicial suspendió por segundo día consecutivo la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros 10 detenidos por el secuestro y asesinato de cuatro personas ocurrido la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. La decisión fue tomada por Eduardo Medina Carranza, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según informó Agencia Andina.

La suspensión respondió a un pedido del Ministerio Público para incorporar a la audiencia a Joyce Bereche Macco, de 26 años, capturado esa misma mañana en la región San Martín. A esta persona se le atribuye la presunta propiedad de la camioneta Hilux utilizada por los criminales, quienes vistieron trajes tácticos de la Policía Nacional del Perú y simularon una intervención policial para ejecutar el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Dron permitió monitorear el crimen

La fiscal especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad, Andrea Lavado Pérez, difundió imágenes captadas por un dron que la organización criminal Los Pulpos utilizó para seguir la incursión desde el aire. El material fílmico, de más de 12 minutos, permitió a Cruz Torres monitorear en tiempo real el secuestro y los asesinatos desde su escondite en Bolivia, según la evidencia hallada en el teléfono celular de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, señalado como su hombre de confianza.

El video registra el momento en que las víctimas salen de la discoteca Nasso, así como el seguimiento posterior de la camioneta blanca con los falsos policías hasta la intersección de la avenida Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla, donde ocurrieron los hechos. Para la fiscal, este hallazgo evidencia el poder logístico y los recursos económicos con los que contaba la organización para ejecutar la incursión con tecnología sofisticada.

Exigieron US$500 millones por el rescate

“Tienen grandes recursos económicos no solo para los vehículos, también un poder logístico sofisticado, el uso de un dron ha permitido hacer el seguimiento de la víctima desde el punto, cuando Lara Tantaquilla sale de la discoteca Nosso, hasta llegar al punto de Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla”, declaró Lavado Pérez en referencia a las pruebas recogidas por Agencia Andina.

En el mismo teléfono de Mendocilla se hallaron los primeros diálogos de negociación entre Los Pulpos y la familia de la víctima. Según la fiscal, la organización solicitó en un primer momento 500 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla, cifra que reflejaría la magnitud económica que buscaba obtener el grupo criminal a través de este tipo de delitos.

Revelan reparto del dinero del rescate

El dispositivo también contenía las disposiciones de Cruz Torres hacia su operador en Trujillo respecto a los destinatarios de los pagos y la forma en que debía repartirse el resto del botín entre los integrantes de la organización. Estos elementos forman parte del sustento probatorio que maneja el Ministerio Público en el proceso.

Con base en dicha evidencia, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y los otros nueve detenidos, al considerar que existen pruebas suficientes de su participación como integrantes de una organización criminal dedicada al secuestro y homicidio.

Próxima audiencia definirá situación de 11 implicados

En la siguiente sesión, el juzgado deberá resolver la situación legal de los siguientes procesados:

• Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización Los Pulpos
• Gabriel Alexander Mendocilla Gómez
• Julio Zavaleta Quezada
• Frank Junior Quezada Cruz
• César Iván García Rivera
• Ángel Fabricio Bocanegra Linares
• José Miguel Cerrepe Dávila
• Roy Peter Bocanegra Aguilar
• Roy Stiven Bocanegra Marreros
• Joyce Bereche Macco

Hombres armados llegaron al estadero Cabeza de Hacha, donde varias personas departían, y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Habitantes del sector auxiliaron a los lesionados tras la balacera y alertaron a las autoridades. Luego, la Fuerza Pública acordonó la zona para facilitar las inspecciones judiciales y la recolección de pruebas que permitan establecer cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

El hecho ocurrió el domingo 13 de septiembre y provocó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

La Gobernación del Cesar confirmó la muerte de cuatro personas, aunque las identidades de las víctimas no han sido divulgadas. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de municipios cercanos, según la información preliminar entregada por las autoridades.

La administración departamental rechazó el crimen mediante un mensaje publicado en la red social X. “El Gobierno del Cesar rechaza el ataque armado registrado en Simaña, zona rural de La Gloria, y que altera el orden público, nuevamente, en el sur del departamento”, señaló.

La Gobernación añadió que el atentado dejó cuatro personas asesinadas. A su vez, indicó que la información está bajo revisión en un Puesto de Mando Unificado permanente, liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán.

Las autoridades analizan una disputa entre grupos ilegales

La principal línea de investigación apunta a una confrontación por el dominio de corredores y economías ilegales en el sur del departamento. La Gobernación del Cesar informó que, dentro del Puesto de Mando Unificado, “se evalúan hipótesis del caso, que apuntan a la lucha territorial entre grupos al margen de la ley”.

Por el momento, no se ha informado sobre capturas ni sobre la identificación de los autores materiales o intelectuales. Tampoco se conocen públicamente los nombres de las cuatro personas asesinadas ni el estado de salud de los heridos.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos de seguridad en La Gloria a través de la Alerta Temprana 035 de 2023 y su informe de seguimiento de 2025. Según esos documentos, el municipio tiene una posición estratégica como corredor de movilidad entre el Catatumbo y el sur de Bolívar, una condición que ha facilitado la incursión de distintos grupos armados.

En esa zona, la entidad alertó sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, facciones del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Frente 33 y el tránsito del Frente 37, además de bandas locales.

La Defensoría había señalado que esas dinámicas afectan a la población civil y se reflejan en homicidios, amenazas y otros hechos que comprometen los derechos humanos de las comunidades.

Es la masacre N. 91 durante 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el ataque como la masacre número 91 registrada en Colombia durante 2026. En su publicación, la organización reconfirmó que hombres armados dispararon contra un grupo de personas en Simaña y dejó al menos cuatro muertos y tres heridos.

El reporte de Indepaz también relacionó el hecho con las disputas territoriales entre las estructuras que operan en el área. La entidad precisó que La Gloria está bajo jurisdicción de la Primera División del Ejército Nacional.

El ataque se produjo en medio de una serie de hechos violentos que han golpeado al sur del Cesar durante las últimas semanas. Las autoridades regionales reclaman un refuerzo de las capacidades de inteligencia y de la presencia de la Fuerza Pública tanto en áreas urbanas como rurales.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades mantienen operativos en el corregimiento y en otros puntos del municipio para ubicar a los responsables. La Gobernación del Cesar señaló que el Puesto de Mando Unificado seguirá activo para evaluar la evolución de la situación de seguridad y coordinar las acciones institucionales en La Gloria.

Una niña de apenas 3 años y dos hombres murieron en una nueva muerte múltiple registrada en la comunidad de Las Cañas, Sulaco, Yoro, un departamento que durante 2026 ha concentrado varios episodios de violencia de alto impacto.

La Policía Nacional confirmó que las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Emili Orellana, Antonio Escobar y Cruz Márquez Murillo.

Los tres cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda.

“Lamentablemente estamos dando a conocer un nuevo hecho múltiple”, declaró el portavoz de Seguridad Mayer Río, quien explicó que equipos policiales se desplazaron a la zona para procesar la escena y recolectar evidencias.

Una niña quedó atrapada en el ataque

Las primeras versiones recogidas por la Policía señalan que las víctimas tendrían algún vínculo familiar, aunque todavía falta establecer con precisión quién era el objetivo del ataque y por qué la niña terminó alcanzada por la violencia.

Los investigadores deberán reconstruir quiénes ingresaron a la vivienda, cuántas armas fueron utilizadas, desde dónde llegaron los atacantes y cuál era la relación entre las víctimas.

El nombre del Cártel del Diablo vuelve a aparecer

Vecinos mencionaron ante las autoridades una posible relación del crimen con integrantes de una estructura conocida como Cártel del Diablo.

Esa versión forma parte de las líneas de investigación, pero todavía no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía ha desarrollado durante los últimos meses múltiples operaciones contra personas señaladas como miembros o colaboradores de esa organización en municipios de Yoro.

Según la información policial divulgada, 15 personas vinculadas presuntamente con la estructura han sido capturadas, mientras las autoridades estiman que el grupo podría contar con entre 70 y 78 integrantes y colaboradores.

Eso significa que, incluso después de varias detenciones, las fuerzas de seguridad consideran que una parte importante de la estructura continúa activa.

El nuevo crimen también coloca otra vez a Yoro bajo atención. Según el registro citado por medios nacionales, Honduras acumula 24 muertes múltiples durante 2026, de las cuales ocho han ocurrido en Yoro.

Eso equivaldría a aproximadamente una de cada tres.

La concentración territorial puede ser un indicador importante, pero no implica que todos esos hechos tengan el mismo responsable ni respondan a una sola organización.

Cada caso requiere una investigación independiente.

Sulaco se convierte en un punto clave

Sulaco ha aparecido repetidamente en operativos relacionados con estructuras criminales, decomisos y capturas.

La dificultad para las autoridades no consiste únicamente en entrar a estos territorios.

También deben lograr mantener presencia, proteger testigos y evitar represalias contra familias que permanecen en las comunidades.

Ese reto se vuelve todavía más complejo cuando una estructura criminal cuenta con redes de apoyo local o capacidad de moverse entre zonas rurales y montañosas.

El crimen de Las Cañas abre varias interrogantes.

¿Los adultos eran el objetivo principal? ¿La niña murió como consecuencia de un ataque dirigido contra otra persona? ¿Existe realmente una relación con el Cártel del Diablo? ¿Está conectado este hecho con otros homicidios registrados recientemente en Yoro?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta definitiva.

Lo único confirmado es que tres personas murieron dentro de una vivienda y una de ellas era una niña de 3 años.

En un departamento donde ya se acumulan múltiples episodios de violencia, ese dato vuelve a mostrar que el impacto del crimen organizado no siempre se limita a quienes participan en las disputas: también alcanza a familias y menores que quedan atrapados en medio de ellas.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.

“El gobierno estatal, la Comisión de Víctimas estatal, desde el inicio está dando los apoyos correspondientes; esto es automáticamente. También el DIF estatal, la Procuraduría de Protección a los Menores; ya hay contacto con gobierno federal en caso de que se requiriera; también estamos en la mejor disposición”, dijo Rodríguez.

De acuerdo con la titular de la Segob, el gobierno de México está en contacto con la familia del menor; además, dijo que seguirán en diálogo “para dar todo el apoyo que se requiere”, esto, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hijo de Jonathan Meléndez está con sus familiares; la fiscalía coordinó la entrega

La FGJEM entregó al hijo de Jonathan Meléndez a familiares directos después de que agentes de la Marina y policías municipales lo localizaron con vida y sin lesiones aparentes la noche del ataque.

El menor permaneció bajo resguardo inicial de la Fiscalía, que después formalizó su entrega. Las autoridades no han informado con cuál familiar quedó ni han revelado su identidad completa, bajo el argumento de proteger su seguridad y privacidad.

El niño recibirá atención psicológica especializada y, por ahora, no rendirá declaración ante el Ministerio Público (MP) debido al trauma derivado de los hechos. La Fiscalía busca evitar cualquier diligencia que pueda afectar su estado emocional o implicar una revictimización.

Su testimonio podría ser requerido una vez que se complete la orden de aprehensión contra Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”, detenidos por el multihomicidio. El menor habría presenciado parte de los hechos mientras permanecía escondido.

Las autoridades deberán mantener seguimiento sobre sus condiciones de vida. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el DIF y las Procuradurías de Protección supervisen los casos de menores que quedan bajo cuidado familiar después de un hecho violento. El artículo 30 Bis 12 prevé visitas de trabajo social cada seis meses durante tres años. Estos reportes valoran la convivencia familiar y el desarrollo del niño en el entorno donde permanezca.

Paola M., esposa de Diego Sebastián “N” es señalada de ser cómplice de presunto fraude por varias víctimas, una de ellas después de perder 400 mil pesos en la renta de una villa, un señalamiento que apareció tras su detención por el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia. La mujer podría haber huído a España, según informes del periodista Antonio Nieto, el caso en el que la investigación también explora posibles vínculos comerciales y una disputa económica que habría rondado los 300 mil pesos.

El crimen del tecladista de la banda de rock Camilo Séptimo causó gran conmoción debido la crueldad con la mujer embarazada de aproximadamente cuatro a cinco meses de embarazo, su hija de tres años y la empleda del hogar, sólo sobrevivió su pequeño hijo de seis años gracias a su nana la joven de 21 años que les ayudaba en casa.

El testimonio describió un esquema de renta de propiedades de lujo en el que el dinero se depositó por adelantado a una cuenta empresarial y la comunicación se cortó un día antes de la fecha acordada. La persona afectada dijo que reunió el monto entre cuatro núcleos familiares para celebrar el cumpleaños de su abuelo.

La misma versión sostuvo que el contacto inicial surgió por una cuenta de Instagram con más de 18,000 seguidores, donde también aparecían recomendaciones de artistas e influencers. Esa apariencia de legitimidad, relató la víctima, fue lo que les dio confianza para cerrar la operación.

La persona entrevistada contó que, tras concretar el pago completo, fue integrada a un grupo de WhatsApp junto con su familia. Un día antes de ocupar el inmueble, dejaron de responderles y después los bloquearon.

La denuncia describió un patrón de cobro anticipado y corte total de comunicación

La víctima identificó a Paola M., esposa del detenido, como una participante activa en la atención a clientes. Según su relato, ella enviaba audios al grupo para asegurar que todo marchaba bien y que la reserva seguía en pie.

También afirmó que la pareja operó bajo la marca Nomad, pero antes habría usado el nombre +Relax. De acuerdo con su versión, esa primera cuenta habría sido cerrada después de una denuncia previa y luego habrían creado otra identidad para seguir ofreciendo propiedades.

La persona afectada dijo que había reportes en internet sobre el comportamiento de ambos desde 2021, aunque aclaró que no podía confirmar si esos señalamientos llegaron ante la UIF. También aseguró que nunca habló por teléfono directamente con Diego Sebastián.

Pese al alivio por la captura, la víctima sostuvo que la esposa del detenido seguía libre. Su testimonio incluyó una crítica a las autoridades, pues aseguró que ni su familia ni otras personas afectadas encontraron una ruta clara para respaldar la acusación y recuperar el dinero.

La familia no recuperó el depósito y tampoco presentó una denuncia formal. La explicación que dio fue que no encontró forma de demostrar plenamente que las personas con las que trataron eran las mismas que los habrían defraudado.

Aun así, describió el trato inicial como cordial y profesional. Dijo que ambos eran amables, serviciales y capaces de vender una experiencia de lujo que hacía creíble la oferta.

La misma persona aclaró que no conocía a Jonathan Meléndez ni sabía de su existencia antes del multihomicidio. Señaló que su relación con la red era únicamente como cliente de Nomad.

Desde julio ya circulaban acusaciones públicas por rentas en destinos turísticos

Antes del crimen, ya existían publicaciones en redes sociales que vinculaban a Diego Sebastián y a su esposa con presuntos fraudes en la renta de inmuebles. Una denuncia difundida el 21 de julio en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco habló de un engaño cercano a 500 mil pesos por un hospedaje en Valle de Bravo.

Ese mensaje aseguró que había más de 11 personas afectadas por operaciones similares en distintos destinos turísticos del país. Otras acusaciones en redes sociales atribuyeron a la pareja fraudes acumulados de hasta 2 millones de pesos.

La publicación de julio también mencionó el cambio de nombre comercial. Según ese señalamiento, primero operaban como +Relax y después como NOMAD P.M., aunque la denunciante dijo desconocer si más tarde habrían modificado otra vez la razón social.

Las promociones de esa red incluían propiedades en Acapulco, Tepoztlán, Valle de Bravo y Cuernavaca. También se detectaron publicaciones de marzo en las que se ofrecía un ático en Madrid, España, para Semana Santa.

En Valle de Bravo, Jonathan Meléndez y Diego Sebastián habrían llegado a administrar juntos 32 propiedades, con rentas que iban de 7,000 a 50,000 pesos por noche. Ese dato alimentó la línea de investigación sobre la relación comercial entre ambos y el posible móvil económico del crimen.

El material promocional mostraba albercas privadas, jardines, bosque, hornos de leña y mensajes orientados al descanso y la desconexión. En algunos videos alojados en perfiles recientes todavía aparecía visible el logotipo de +Relax, pese a que la cuenta ya operaba bajo otro nombre.

Los perfiles personales del detenido también enlazaban con el negocio. En Instagram dirigía al sitio web nomadpm.com y en Threads a una publicación de Airbnb bajo una dirección asociada con Relax Valle. Para cuando el caso se hizo público, esos enlaces ya no estaban activos.

La captura en Ocoyoacac ocurrió después del hallazgo de cuatro víctimas en Atizapán

Diego Sebastián Rosen Ferlini, ciudadano argentino de 51 años, fue detenido la mañana del 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. El Registro Nacional de Detenciones difundió su descripción física oficial.

Horas antes también había sido capturado Gerardo “N” en Tecámac, por su probable participación en el mismo multihomicidio. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales con sede en Toluca.

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y otra mujer de 21 años fueron encontrados a las 23:50 horas del 1 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. En la vivienda también fue hallado con vida un niño de seis años, que no presentaba lesiones porque se escondió debajo de la cama.

Los primeros datos oficiales indicaron que las víctimas presentaban signos de violencia y que parte de ellas estaban atadas. Dos adultos habrían recibido disparos en la cabeza, la niña también presentó una lesión de bala en la cabeza y la mujer de 21 años tenía un disparo en la espalda.

La investigación agregó otro dato que agravó el caso: el perro de la familia fue encontrado maniatado dentro del departamento. Las primeras indagatorias ubicaron el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese mismo día.

La FGJEM sostuvo como hipótesis inicial que dos hombres ingresaron al inmueble sin forzar la entrada. Esa condición reforzó la idea de que al menos uno de los agresores mantenía una relación de confianza con las víctimas.

De acuerdo con un comunicado conjunto con la SSPC y la SSC de CDMX, Diego Sebastián era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales. A partir de esa relación, surgió la posibilidad de que el móvil hubiera estado ligado a una disputa económica por 300 mil pesos, aunque ese motivo no había sido confirmado oficialmente.

La persona que denunció el fraude dijo que grupos de afectados analizaban la posibilidad de actuar de manera conjunta. También expresó miedo después de conocer la dimensión del caso y afirmó que seguían en shock por la idea de que ellos pudieron correr la misma suerte.

• Una víctima aseguró que perdió 400 mil pesos en una renta vacacional atribuida a la red operada por Diego Sebastián y su esposa.
• Desde julio circulaban denuncias públicas que hablaban de más de 11 afectados y fraudes de hasta 2 millones de pesos.
• Diego Sebastián fue detenido por el multihomicidio de Jonathan Meléndez; la investigación también revisaba una posible disputa por 300 mil pesos.

En medio de la investigación por el crimen múltiple del tecladista Jonathan Meléndez (38) y tres de sus familiares en un departamento de Atizapán de Zaragoza, México, se confirmó la detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años. El caso abrió interrogantes sobre negocios compartidos y denuncias previas por presunto fraude.

La captura se produjo el 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, los investigadores lo señalaron como el presunto responsable de los asesinatos del integrante de la banda Camilo Séptimo, su esposa de 35 años —embarazada de cuatro meses—, su hija de 3 y otra mujer de 21.

Antes de la captura de Rosen Ferlini, las autoridades ya habían detenido a Gerardo Cisneros Bejarano, quien comenzó a ser investigado bajo la sospecha de que hubiera participado en los crímenes. En ese operativo de arresto, intervinieron fuerzas estatales y federales.

Los cuerpos fueron encontrados a las 23:50 horas del 1 de septiembre en un inmueble del fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, en la zona de Esmeralda, en el Estado de México. Según los primeros datos oficiales, las víctimas presentaban signos de violencia y parte de ellas se encontraban atadas.

Aparentemente, dos de los adultos fueron encontrados con heridas de arma de fuego en la cabeza. La niña también sufrió una lesión de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima, la mujer de 21 años, tenía un disparo en la espalda.

La investigación también incorporó un dato que amplificó el impacto del caso, ya que hasta el perro de la familia fue hallado maniatado dentro de la vivienda. Además, en el departamento fue encontrado con vida un niño de 6 años, que no presentaba lesiones.

Las primeras indagatorias ubicaron el ataque entre las 17:30 y las 19:40 horas del mismo día. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) maneja como hipótesis inicial que dos hombres ingresaron al departamento sin forzar la entrada y que uno de ellos habría aprovechado una relación de confianza con las víctimas.

El hecho de que las cerraduras no presenten rasgos de haber sido forzadas fundamenta la hipótesis de que por lo menos uno de los asesinos era tenía un vínculo con la familia. Conforme avanzó la investigación, se conoció que el argentino tenía antecedentes por fraude.

Previo al múltiple crimen, Rosen Ferlini había sido señalado meses antes en publicaciones de redes sociales por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con alquileres vacacionales en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

En una de esas publicaciones, difundida el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook sobre rentas vacacionales, se lo acusó de haber cometido un fraude cercano a los 500.000 pesos mexicanos en una operación de hospedaje en Valle de Bravo. La denunciante aseguró que ya había más de 11 personas afectadas por un esquema similar.

Según esa versión, Rosen Ferlini y una mujer operaban bajo los nombres “+ Relax” y luego “NOMAD P.M.”. Por este motivo, el mensaje advertía a potenciales clientes que extremaran precauciones antes de hacer pagos o cerrar acuerdos relacionados con propiedades administradas por ambos.

A raíz de esto, la Fiscalía General del Estado de México lanzó un comunicado conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en donde confirmaron que Rosen Ferlini era socio de Meléndez en el negocio de alquileres vacacionales mencionado.

A partir de esa relación comercial, se planteó la posibilidad de que el móvil del crimen hubiera estado relacionado con una presunta disputa económica por 300.000 pesos mexicanos. Sin embargo, esa motivación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Por el momento, la investigación sigue enfocada en reconstruir cómo ingresaron los agresores, qué vínculo mantenían con las víctimas y cuál fue la secuencia exacta del ataque dentro del departamento. En simultáneo, tratan de esclarecer el móvil del crimen y la responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un penthouse en la colonia Bosques Esmeralda, en Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex); entre las víctimas estuvieron el tecladista de la conocida banda de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa, su hija de 3 años, una trabajadora doméstica, el perro mascota de la familia. Su hijo de seis años fue el único sobreviviente.

En los primeros reportes se señaló que las personas fueron localizadas atadas en distintas áreas del inmueble. Un niño de 6 años, integrante de la familia, fue encontrado con vida después del ataque.

Jonathan Meléndez era compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo, grupo de synthpop e indie rock también estilizado como Camilo VII o CVII. Hasta ese momento, no se habían difundido de forma oficial las identidades de las víctimas.

El caso generó movilización de elementos de seguridad y de servicios de emergencia en la zona. Las autoridades acordonaron el inmueble para realizar las diligencias iniciales y recabar indicios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer el multihomicidio y establecer el móvil de la agresión.

Socio, uno de los detenidos

Entre las líneas de investigación, los primeros reportes de la Fiscalía Edomex señalan que las cerraduras no fueron forzadas y el inmueble no presentaba desorden por robo. Debido a esto, se presume preliminarmente que las víctimas podrían haber conocido a sus agresores.

Pocas horas después del crimen, un operativo conjunto entre la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la SSC de la CDMX, derivó en la detención de dos presuntos autores materiales del ataque, quienes también habrían privado de la vida a un perro en el lugar.

La Fiscalía dio a conocer el comunicado:

“El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro víctimas privadas de la vida (una de ellas con cuatro meses de embarazo), así como la presencia de un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; al interior de un departamento en una torre residencial al interior del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Zona Esmeralda”, de este municipio.

Las víctimas, un masculino de 38 años, productor musical y compositor de iniciales J.S.M.O., su esposa, de 35 años y en estado de gestación, la hija de ambos de 3 años, una femenina de 21 años; incluso un canino, mascota de la familia, que también fue localizado maniatado.

Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas y la menor con impacto de arma de fuego en la extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda.

Resultado de actos de investigación de la Fiscalía del Edoméx determinaron que los hechos que tuvieron lugar aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, además se logró establecer la probable participación de dos masculinos quienes habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio.

Esta mañana, con el apoyo y la oportuna intervención de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX , elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Diego Sebastián “N” identificado como “socio” de J.S.M.O., y probable autor del homicidio múltiple; previamente, fue detenido Gerardo “N”, también investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

La Fiscalía en el momento procesal oportuno, hará del conocimiento de la opinión pública las circunstancias en que se cometieron los hechos investigados, así como la situación jurídica de los detenidos".

• Hubo cuatro víctimas dentro de un penthouse en Bosques Esmeralda, Atizapán de Zaragoza
• Entre las víctimas estuvo una niña de 3 años; un niño de 5 años fue hallado con vida
• La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación; no se informó el móvil ni identidades oficiales

A mediados de 1962, el aire en Cuba se sentía cada vez más pesado. La consolidación del régimen de Fidel Castro y su vertiginoso viraje hacia el alineamiento con la Unión Soviética habían comenzado a fracturar las propias entrañas del proceso revolucionario.

Entre las sombras de la clandestinidad, una vasta red de disidencia empezó a articularse bajo el nombre de la «Causa de Agosto». El plan era ambicioso y de proporciones inéditas: orquestar un alzamiento cívico-militar capaz de paralizar el país y derrocar al régimen.

No se trataba únicamente de civiles opositores o exiliados; la conspiración había permeado de forma alarmante los mandos activos del gobierno, involucrando a más de 300 oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Para los líderes del complot, la operación representaba la última oportunidad real de reconducir el destino de la isla antes de que el modelo soviético se hiciese irreversible.

Sin embargo, los hilos de la conspiración estaban marcados por la traición. Los agentes del G-2 —el aparato de inteligencia y Seguridad del Estado— lograron infiltrarse en los escalafones más altos de la red opositora. Con la información precisa de nombres, casas de seguridad y arsenales, el alto mando ordenó actuar sin contemplaciones.

El 29 de agosto de 1962, una ola de detenciones simultáneas barrió la isla. En cuestión de pocas horas, patrullas armadas y agentes vestidos de civil irrumpieron en viviendas, cuarteles y refugios clandestinos. Cientos de personas fueron capturadas por sorpresa, desmantelando la red antes de que pudiera dar la orden de alzamiento. Los principales cabecillas y sospechosos fueron trasladados de inmediato a los oscuros fosos y galeras de la fortaleza militar de La Cabaña.

«¡Hoy va a haber pachanga!»: la parodia de los tribunales

Dentro de los húmedos muros de piedra colonial de La Cabaña, el ambiente se tornó sofocante. Las autoridades instalaron tribunales militares especiales para juzgar a los prisioneros mediante procedimientos sumarísimos de emergencia. No hubo cabida para el debido proceso: los acusados fueron despojados de abogados defensores independientes, se les negó el derecho a la apelación y sus destinos se sellaron en audiencias que duraban apenas unos minutos.

Testimonios presentados posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sobrevivientes y expresos políticos relataron el terror de aquellas horas previo al castigo. Los carceleros caminaban frente a las rejas gritando con cinismo e ironía una frase que quedaría marcada en la memoria del presidio histórico: «¡Hoy va a haber pachanga!», en macabra alusión a los fusilamientos que se preparaban en el exterior.

Por lo que, la ejecución en masa comenzó al caer la noche del 30 de agosto y se extendió sin tregua hasta la madrugada del 31 de agosto de 1962. Ante el elevado número de hombres condenados a muerte, los mandos penitenciarios tuvieron que improvisar y habilitar tres paredones de fusilamiento en simultáneo dentro de los fosos de la fortaleza para acelerar la carnicería.

Uno a uno, o en pequeños grupos, los prisioneros fueron conducidos frente a los pelotones. Entre las figuras emblemáticas ejecutadas en esa trágica jornada destacaron líderes de la resistencia como Manuel Guillot Castellanos y Armando Arias, junto a decenas de jóvenes oficiales de las FAR.

Las ráfagas de fusilería retumbaban contra las paredes de la prisión, resonando de forma ininterrumpida a escasos metros de donde permanecían amontonados los demás presos políticos, convirtiendo la espera en una tortura psicológica masiva.

Aunque el régimen cubano impuso un estricto secreto de Estado alrededor de los acontecimientos de finales de agosto de 1962, la magnitud del hecho resultó imposible de ocultar por completo. Estimaciones de organizaciones anticastristas y testimonios de sobrevivientes calculan que en solo 48 horas fueron ejecutados entre 75 y más de 400 hombres.

La «Causa de Agosto» culminó no solo con el desmantelamiento de la mayor red militar conspirativa de la época, sino con un mensaje aleccionador enviado mediante el terror. Los ecos de los disparos en La Cabaña sellaron una de las páginas más oscuras y sangrientas del presidio político cubano, borrando de golpe cualquier intento de disidencia interna en las Fuerzas Armadas durante los años venideros.

Tres personas fueron halladas sin vida el 27 de agosto de 2026 en el sector Brisas de Lozada, jurisdicción del municipio La Macarena, departamento de Meta, en límites con Caquetá.

El hallazgo, realizado por habitantes del área, fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes posteriormente identificaron a las víctimas como Diego Mappe, Jhon Cerquera y Francisco Melenje.

Según información difundida por Indepaz en la red social X, los tres hombres se desempeñaban como líderes comunitarios y eran reconocidos por su trabajo en el desarrollo y consolidación del territorio en el antiguo asentamiento Nueva Colombia, actualmente conocido como caserío La Dignidad.

La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el alto nivel de riesgo en el municipio de La Macarena debido a la violencia derivada de la confrontación entre facciones disidentes de las Farc-EP.

En la alerta temprana AT 001/25, la entidad señaló la existencia de “riesgo extremo para la población civil, especialmente campesinos, indígenas y niños”, debido a enfrentamientos armados, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y restricciones de movilidad.

En la zona operan varios grupos armados, entre ellos el Frente Iván Díaz y el Frente Darío Gutiérrez del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Embf, además de bandas de carácter local. La jurisdicción militar corresponde a la Sexta División del Ejército Nacional, responsable de las operaciones de seguridad en la región.

De acuerdo con el registro de Indepaz, este crimen colectivo corresponde a la masacre número 86 documentada en Colombia en lo que va de 2026.

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la persistencia de la violencia y la vulnerabilidad de los líderes sociales en zonas rurales. “Este sector entre el Caquetá y el Meta, nuevamente está plagado de terroristas guerrilleros”, afirmó un internauta en X.

La situación evidencia la complejidad de la seguridad en territorios donde confluyen intereses de grupos armados ilegales y donde la población civil enfrenta condiciones de desamparo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los sobrevivientes, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos piden acciones urgentes para evitar nuevas víctimas y frenar la escalada de violencia en el sur del país.

Masacre en Ciudad Bolívar, Bogotá: tres hombres asesinados en disputa por control territorial

En el sector de La Carbonera, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en los límites entre Bogotá D.C. y Soacha, se registró el asesinato de tres hombres el 26 de agosto de 2026.

De acuerdo con información difundida por Indepaz en X, este hecho corresponde a la masacre número 85 registrada en Colombia durante el año. Las primeras indagaciones indicaron que el crimen estaría relacionado con disputas por el control del tráfico de drogas en la zona y se vincula a la organización conocida como La Plancha.

El caso ha generado preocupación adicional tras el asesinato, días después, del intendente Edilberto Cárdenas Pinilla, quien adelantaba investigaciones sobre las circunstancias en torno a esta masacre.

La muerte del uniformado refuerza la alerta sobre la peligrosidad de las redes criminales y la complejidad de las investigaciones en territorios con fuerte presencia de estructuras ilegales.

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana AT 004/24 y un informe de seguimiento en 2025, en los que advierte sobre disputas entre organizaciones locales, agrupaciones asociadas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC/EGC) y el Tren de Aragua, que buscan controlar economías ilegales y el territorio en distintas zonas urbanas de Bogotá.

El documento reporta un incremento en homicidios, amenazas y otras formas de violencia urbana, así como la evolución de la presencia de la AGC, que pasó de alianzas discretas a manifestaciones visibles mediante panfletos, grafitis y marcas en varios sectores de la ciudad.

En la zona operan diversos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo (EGC), ELN, Tren de Aragua, La Plancha y otras bandas locales.

Por último, las autoridades mantienen investigaciones activas para esclarecer los hechos y frenar la escalada de violencia en la capital.

Pinilla Cárdenas, oriundo de Cunday, Tolima, estaba casado y era padre de un niño de nueve años. El uniformado perdió la vida en un punto de la zona conocida como El Mochuelo, y luego de que se desencadenó una persecución y balacera desde un sector de invasión llamado La Carbonera, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Todo se originó en medio de la búsqueda de los responsables de una masacre registrada en la misma localidad la tarde del miércoles 26 de agosto, y que dejó como víctimas a tres personas.

De acuerdo con la información entregada por el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog),se conocieron nuevos detalles tras las declaraciones que ofreció a medios de comunicación la mañana del jueves, sobre el triple asesinato que investigaba el intendente Pinilla, y que estaría vinculado a disputas por el control del tráfico de estupefacientes.

En este punto de la localidad se realizó el acordonamiento por parte de las autoridades:

El relato de cómo se desencadenó la balacera en medio de la indagación de un triple homicidio en Bogotá

“Nuestro intendente de la Sijín, Edilberto Pinilla Cárdenas, reacciona, y en esa reacción llegan a un punto donde encuentran a estas personas, hay intercambio de disparos”, inicia la descripción de los hechos, en la segunda declaración oficial que brindó el general Cristancho.

“La reacción policial permitió capturar tres personas”, añade el alto oficial, y fue gracias a “uno de los acompañantes del intendente”, que reconoció a los hoy detenidos. Producto de esta aprehensión se incautaron “tres armas de fuego, dos revólveres y un arma artesanal”, detalló el oficial.

Sobre la empresa criminal detrás del crimen del intendente Pinila, el general Cristancho señaló que “son del grupo delincuencial común organizado (GDCO) La Plancha, que delinquen en Ciudad Bolívar, que en su modus operandi trafican estupefacientes”.

El vocero de la Mebog confirmó que a esta empresa criminal ya la tienen reconocida. “De hecho, hemos capturado varios de ellos. Ayer (miércoles 26 de agosto) justamente habíamos capturado a alias Miguel por un doble homicidio que había ejecutado en febrero de este año”.

El general Cristancho confirmó que se intensificarán en la zona las operaciones y con la Fiscalía se adelanta de forma conjunta “un proceso judicial” que se ampliará para impactar el multricrimen en Ciudad Bolívar.

El oficial recordó la carrera ejemplar del intendente Pinilla, y comentó que él tuvo una carrera impecable dentro de la institución, que se reflejan en las “tres condecoraciones y 57 menciones honoríficas” durante sus 19 años en la Policía, con “cero sanciones”, y por lo que le calificaron como “un policía ejemplar”.

Tras conocerse el crimen, la institución desplegó sus capacidades operativas y de investigación para ubicar a los presuntos responsables. Para tal fin se dispuso un grupo de uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) para que se desplazaran a La Carbonera y así adelantar las verificaciones correspondientes.

Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán repudió el crimen del intendente Pinilla

Debido a este caso que enluta a la Policía Nacional, el alcalde Mayor de Bogotá Carlos Fernando Galán repudió el crimen del oficial, al igual que el Ministerio de Justicia, que emitió un comunicado la misma mañana del jueves 27 de agosto.

“Profundo dolor por el asesinato del Intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, de la Sijín de la @PoliciaBogota. El intendente murió anoche tras un enfrentamiento en medio de la persecusión a una peligrosa banda de traficantes de droga que opera en Ciudad Bolivar y que sería la responsable de tres homicidios”, señaló el mandatario local por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X.

Galán precisó que “el General Cristancho se puso al frente de las operaciones de inmediato y la rápida reacción de la Policía ya permitió la captura de tres personas armadas, que estarían involucradas en el asesinato del intendente Pinilla Cárdenas”.

Al final, el alcalde capitalino expresó su “solidaridad con la familia del intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá”, y anunció que “la instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda resposables de este lamentable hecho”.

Por su parte, el comunicado de la cartera de Justicia, en cabeza de Iván Cancino, señaló tras el homicidio del mimebro de la Sijín: “Su muerte nos duele y nos recuerda el enorme sacrificio de quienes todos los días arriesgan su vida para proteger a los colombianos”.

“Desde el Ministerio de Justicia trabajaremos, dentro de nuestras competencias y de manera articulada con las autoridades, para que hechos como este no se repitan y para que todos los responsables sean identificados, judicializados y sancionados con todo el rigor de la ley”, finaliza el pronunciamiento de la cartera, y recalcó para concluir: “A nuestros policías: cuentan con nuestro respeto, respaldo y compromiso”.

La investigación de una masacre que desembocó en una balacera en Ciudad Bolívar, que cobró la vida del intendente Edilberto Pinilla

Fue en el curso de esa búsqueda cuando los investigadores se encontraron con los posibles autores del triple homicidio. “En el momento que uniformados de la Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos”, explicó el general Cristancho.

En medio del tiroteo, Pinilla Cárdenas fue alcanzado por un proyectil, y quedó herido de gravedad. De inmediato, el oficial fue trasladado de urgencia al hospital de Meissen, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

La institución lamentó profundamente la pérdida de uno de sus miembros, un investigador que participaba activamente en el esclarecimiento de hechos violentos y que deja a su familia y a un niño de nueve años sin su padre.

La reacción de la Policía no se detuvo tras el fallecimiento del intendente. Las autoridades continuaron con el despliegue en el sector y lograron la captura de tres personas, a quienes les fueron incautadas tres armas de fuego. “Posiblemente son las responsables del homicidio de nuestro intendente”, señaló el comandante de la Mebog.

La investigación ahora busca determinar si los capturados participaron directamente en el triple homicidio y en la muerte del policía. Para esto, se analizará si alguna de las armas incautadas fue utilizada durante el ataque y cuál fue la participación individual de cada uno de los detenidos en la cadena de hechos violentos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expresó la solidaridad de la institución con la familia del uniformado y aseguró que la Policía mantendrá todos sus esfuerzos en la captura de los responsables. “Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes”, afirmó el general Cristancho.

El oficial señaló con vehemencia que la muerte del intendente Pinilla Cárdenas no frenará las acciones de la Policía contra las estructuras criminales que operan en la capital. “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”, expresó el comandante de la Mebog.

Por ahora, los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su posible participación en los hechos.

La madrugada del 21 y 22 de agosto de 1982, la violencia militar tiñó de sangre las orillas del río Amatitán, en el municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.

En ese arenal conocido como El Calabozo, más de 200 personas fueron asesinadas, según la Comisión de la Verdad. Sin embargo, cifras de organizaciones de derechos humanos estiman que la cantidad de víctimas se acerca a los 300, en su mayoría campesinos, mujeres, ancianos y niños.

La operación militar “Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma”, ejecutada por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), dejó una huella de horror que persiste hasta hoy.

El operativo comenzó el 18 de agosto de 1982 y recorrió tanto la zona norte como la sur de San Vicente durante las últimas semanas de ese mes.

Según la reconstrucción de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la operación fue extensa y planificada, combinando ataques aéreos y terrestres, incursiones de batallones especializados como el Batallón Atlacatl, y un rastreo sistemático de comunidades rurales.

Las fuerzas armadas emplearon bombardeos, artillería y maniobras de cerco, bajo la justificación de combatir la presencia de la insurgencia del FMLN en la región. El cerco militar dejó sin escape a cientos de campesinos que huían de las incursiones y bombardeos.

Testimonios recogidos por la CNB y Pro-Búsqueda relatan cómo familias enteras buscaron refugio en la ribera del Amatitán, hasta ser alcanzadas por el fuego militar.

El ataque fue indiscriminado: no hubo distinción entre civiles y supuestos combatientes. Muchas víctimas fueron ejecutadas a corta distancia, mientras otras sufrieron violencia sexual y sus cuerpos fueron arrojados al río o tratados con ácido, imposibilitando su identificación posterior.

Tras la masacre, la versión oficial negó los hechos. El entonces ministro de Defensa, José Guillermo García, aseguró que no hubo masacre, pese a la evidencia documentada por la Comisión de la Verdad y organismos de derechos humanos.

La aprobación de la Ley de Amnistía en 1993 bloqueó durante años cualquier investigación judicial. Solo la derogación de esa ley, en 2016, permitió la reapertura de la causa y la emisión de órdenes de captura contra ex jefes militares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado salvadoreño la adopción de medidas de reparación para las víctimas y sus familias. A pesar de este mandato, la impunidad persiste y el acceso a los archivos militares sigue siendo limitado.

Desapariciones de niños y el registro de Pro-Búsqueda y la CNB

Una de las dimensiones más dolorosas de la masacre de El Calabozo es la desaparición de niños y niñas. De acuerdo con registros de Pro-Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al menos 17 menores (11 niñas y 6 niños) desaparecieron durante el operativo militar.

De estos casos, cuatro han sido reencontrados con su familia biológica, dos han sido localizados fallecidos y once siguen desaparecidos. Entre los nombres registrados se encuentran Gregoria Hernández, Serapio Cristian, Julia Inés Contreras, Ricardo Ayala Aburca y Manuel Antonio Bonilla Osorio, quienes desaparecieron entre el 21 y 25 de agosto de 1982.

El trabajo de la CNB y Pro-Búsqueda ha permitido reconstruir los hechos y dar seguimiento a los casos de desaparición forzada infantil. Estos datos han sido fundamentales para la apertura de investigaciones judiciales y para la exigencia de justicia y reparación, tanto nacional como internacionalmente.

Exhumaciones y memoria

En noviembre de 2018, Silvana Turner, antropóloga del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), junto a otros especialistas, realizó la exhumación de seis cuerpos en una fosa de San Sebastián, San Vicente. Este hallazgo representó un acto de justicia simbólica para las familias, aunque insuficiente frente a la magnitud de la desaparición.

La mayoría de los cuerpos no han sido recuperadas: el río y los procedimientos militares borraron evidencia e identidades, dejando solo listas de nombres y la certeza del vacío.

Las comunidades mantienen cada año actos conmemorativos en el arenal de El Calabozo, donde hoy se levanta un memorial. Las organizaciones y familiares insisten en la necesidad de reparación integral, reconocimiento estatal y garantías de no repetición.

El Calabozo se mantiene como una herida abierta en la historia salvadoreña. La masacre, la desaparición de niños y la lucha por la verdad y justicia atraviesan las generaciones. Los nombres de los menores desaparecidos, las exhumaciones recientes y las demandas de reparación evidencian que el pasado sigue presente. La memoria de las víctimas y la persistencia de las comunidades impiden que el silencio borre lo ocurrido en las orillas del Amatitán.

A 51 años de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, la Universidad de El Salvador (UES) mantiene un proceso de entrega de títulos honoríficos a familiares de las víctimas para reconocer a estudiantes, trabajadores y docentes asesinados o desaparecidos, y preservar una memoria que la institución vincula con la defensa de su autonomía.

Según la UES, la Comisión de Memoria Histórica impulsa ese reconocimiento desde su creación, el 11 de septiembre de 2017, y el primer acto de entrega se realizó el 30 de julio de 2018. De acuerdo con el ingeniero Carlos Villalta, presidente de la Asamblea General Universitaria y de esa comisión, la UES registra más de 30 víctimas oficiales fallecidas en la masacre de 1975 y hasta ahora ha entregado 20 títulos honoríficos: seis en el marco del 30 de julio y 14 a otras víctimas.

La universidad sostiene que este mecanismo busca reparar, en la medida de lo posible, una deuda con quienes murieron en defensa de la institución. Villalta explicó en el portal oficial que primero se verifica que las personas hayan sido universitarias y luego se localiza a sus familias para obtener la aceptación del reconocimiento póstumo.

“El dirigente universitario añadió que la entrega pretende “reconocer a nuestros héroes y mártires principalmente. Y como una forma de resarcir a la familia, aunque es imposible resarcir la pérdida de su familiar. Es una forma de compensación, diría yo. Compensación por el sacrificio que hicieron en su momento en pro de la defensa de la autonomía universitaria, porque esa marcha arranca a partir de una intervención, con la destrucción de algunas carrozas alegóricas para un desfile bufo en la que ahora es la Facultad Multidisciplinaria de Occidente”.

La comisión exige prueba del vínculo con la UES y la aceptación de la familia

El proceso de selección para otorgar títulos honoríficos parte de un requisito central: que la persona figure en el listado de fallecidos o desaparecidos durante la masacre del 30 de julio de 1975 o en otros hechos vinculados con violaciones graves contra la universidad a lo largo de su historia.

Después, la comisión debe acreditar que la víctima pertenecía a la comunidad universitaria como estudiante, trabajador o docente. Para ello solicita y revisa expedientes académicos o administrativos por medio de la administración académica de las facultades.

Una vez confirmados la identidad y el vínculo con la institución, comienza la búsqueda de familiares. Ese paso depende de su consentimiento porque, según la universidad, no todas las familias aceptan el reconocimiento debido al dolor que implica recordar la pérdida o por su decisión de no reabrir el caso públicamente.

Con esa verificación concluida y la aceptación familiar, la comisión presenta una solicitud formal ante el Consejo Superior Universitario. Después se define la fecha del acto en el que el rector entrega el título.

Villalta advirtió que el paso del tiempo ha hecho más difícil localizar sobrevivientes o parientes cercanos de los mártires del 30 de julio de 1975. Según explicó, muchos de ellos eran jóvenes y no dejaron descendencia.

A 41 años de la masacre de 69 personas cometida por el Ejército en Accomarca, durante el gobierno de Alan García, el presidente de la Asociación de Víctimas, Francisco Ochoa, ha dicho esta semana que están “a mitad de camino” para que se cumpla la sentencia que lograron en 2016 y pidió al Ministerio Público que no los abandone porque falta buscar e identificar a decenas de víctimas. Los deudos accomarquinos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque luego de la masacre del 14 de agosto de 1985, militares asesinaron a otros nueve comuneros testigos de los hechos, y el Estado no responde por el paradero de esos restos, pese a que fueron llevados al cementerio de Huamanga. Tampoco hubo una investigación ni sanción a los responsables. La CIDH tiene pendiente emitir un informe en el que decida si envía el caso a la Corte IDH.

Cuatro patrullas del Ejército engañaron a la población de Accomarca y la llevaron a una supuesta asamblea en el paraje de Lloccllapampa, una explanada de chacras en la parte baja de la comunidad. Allí los tacharon falsamente de terroristas, los encerraron en una cabaña, les dispararon y lanzaron explosivos. La casa se incendió, y según contaron los sobrevivientes, quienes se acercaron a tratar de apagar el fuego, también fueron asesinados. De las víctimas, la mayoría eran mujeres, y al menos 24 menores de edad.

“No buscamos venganza, sino memoria, justicia, verdad y dignidad, exigimos que se cumplan las sentencias y no haya privilegios para nadie. Los familiares de Accomarca tienen derecho a una reparación integral y digna”, dijo Ochoa en un panel en el auditorio Alberto Andrade del Congreso.

El abogado de las víctimas de Accomarca, Carlos Rivera, confirma que la sentencia dictada hace una década -y confinada por la Corte Suprema en 2018- no ha sido cumplida respecto del pago de reparaciones. La demora se debe en parte a que los jueces no incluyeron al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. Pasaron años hasta que lograron que añadan esa precisión y ahora esperan que se cumpla.

El contexto político para que logren la justicia que le falta es muy adverso. “Accomarca interpela al Perú de hoy”, hizo notar la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona. Para la excongresista ayacuchana, la masacre de 1985 es una evidencia de lo que ocurre cuando el Estado pierde de vista su obligación de proteger la vida de las personas, pero también los obstáculos para que se cumpla la sentencia atañen a un cambio en el poder político respecto de las violaciones a los derechos humanos, más visible desde 2020.

“Han aprobado un paquete de cuatro leyes altamente gravosas, lesivas, a favor de la impunidad: la de prescripción de crímenes de lesa humanidad, la amnistía a militares y policías que actuaron entre 1980-2000, la que tergiversar la definición de delitos de lesa humanidad, y la que permite que el fuero militar-policial lleve procesos como Accomarca y otros”, precisó Pariona aludiendo al Congreso y al fujimorismo que promovió dichas normas.

Pariona se solidarizó con las víctimas de Accomarca en rechazo a las leyes de impunidad y la ley APCI que dificulta la defensa legal que realizan las ONG al patrocinar a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

La representante de la CNDDHH dijo que ese paquete legal se ha vuelto “una amenaza a la independencia judicial”, dado que el principal parlamentario fujimorista que impulsó y promulgó esa legislación, Fernando Rospigliosi, está denunciando penalmente a jueces por no aplicarlas.

El jueves, los presidentes de las cortes superiores de justicia firmaron un comunicado de dos páginas en el que piden a los políticos cesar la instrumentalización de las entidades de justicia para perseguir a los jueces por sus decisiones jurisdiccionales y respetar la autonomía de los magistrados. Son seis los jueces que al respetar la Constitución y los tratados internacionales no aplican las ‘Leyes Rospigliosi’, por ello el parlamentario los ha denunciados este año ante la Junta Nacional de Justicia, y los ataca y hostiga mediáticamente, con su propia voz, pero también los ataques reverberan de modo hostil y desinformador en Willax y Expreso.

“Estas leyes representan al gobierno de turno y atentan contra el estado de Derecho: ninguna democracia se puede construir con impunidad”, planteó Pariona en el panel frente a las víctimas de Accomarca, una localidad vecina a Cayara, donde ella nació.

Una de las normas promulgadas por el pacto corrupto creado por el anterior Congreso, alianza vigente en las principales entidades del Estado- también ha afectado el cumplimiento de la sentencia del caso Accomarca. Una modificación al Código Penal promulgada en 2024 permitió que el sentenciado Wilfredo Mori Orzo, a quien la policía nunca capturó, pudiera continuar en su casa. La norma dispone que los mayores de 80 años condenados por delitos cumplan la pena en su domicilio. Mori era el oficial del Ejército de mayor jerarquía en la línea de mando de la operación Huancayoc, que se tradujo en la masacre y en las operaciones posteriores de eliminación de testigos. El abogado Rivera señala que el militar estuvo siempre en su casa y allí permanece.

En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó en audiencia a Celestino Baldeón, el histórico dirigente de las víctimas de Accomarca, quien desde entonces planteó que el Ministerio Público tiene pendiente realizar pruebas de ADN y continuar tareas de búsqueda. En 2022, la fiscalía y el Ministerio de Justiciaentregaron a sus deudos los restos de 42 personas, en diligencias y una ceremonia respetuosa de restitución. Sin embargo, Baldeón comentó a los comisionados que varias familias se sintieron defraudadas por recibir osarios sin restos identificados.

Desde 1899, una estatua de bronce de Oliver Cromwell se alza frente al Parlamento británico. Sin embargo, en Irlanda su nombre continúa asociado a algunas de las matanzas más recordadas del siglo XVII. Como Lord Protector de Inglaterra, encabezó una campaña militar que provocó una profunda crisis demográfica y dejó consecuencias territoriales y religiosas que perduraron durante generaciones.

Cromwell fue uno de los principales impulsores del New Model Army (Nuevo Ejército Modelo), una fuerza revolucionaria en la que los ascensos dependían del mérito y no del origen social. Sus hombres, conocidos como Ironsides (Costillas de Hierro), marchaban al combate entonando salmos. Tras la derrota y ejecución de Carlos I en 1649, Inglaterra abolió la monarquía y dio paso al Commonwealth, una república que pronto debió enfrentar uno de sus mayores desafíos: el conflicto irlandés.

La isla, mayoritariamente católica, se había rebelado en 1641 con un saldo de colonos protestantes ingleses y escoceses muertos. Los realistas, partidarios del hijo del monarca decapitado, se habían aliado con los confederados católicos irlandeses. Para Cromwell, Irlanda no era únicamente una amenaza política y militar: era una tierra de herejes que debían responder ante la ira de Dios.

Drogheda y Wexford: el terror como táctica de guerra

En agosto de 1649, Cromwell desembarcó en Dublín al frente de 12.000 hombres y artillería pesada. Su primer gran objetivo fue la ciudad fortificada de Drogheda, ubicada unos 50 kilómetros al norte de la capital. Tras abrir una brecha en las murallas con sus cañones, el Lord Protector ofreció a la guarnición la posibilidad de rendirse. Ante el rechazo, dio la orden de no dar cuartel.

Alrededor de 3.000 soldados realistas y un número indeterminado de civiles y clérigos católicos fueron asesinados. El episodio más extremo tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, donde decenas de defensores se habían refugiado en el campanario.

Las tropas parlamentarias prendieron fuego al templo con los hombres dentro. En las cartas que Cromwell dirigió al Parlamento tras la batalla, justificó la matanza como “un justo juicio de Dios sobre estos bárbaros miserables”, según reproduce National Geographic.

Semanas después, la violencia se trasladó a Wexford. Mientras se negociaba la rendición de la ciudad, las fuerzas parlamentarias irrumpieron en ella y masacraron a unas 2.000 personas, entre ellas cientos de civiles. El objetivo declarado era aterrorizar al resto de las guarniciones irlandesas para que se rindieran sin combatir. La estrategia surtió efecto, aunque con un alto costo de vidas.

El colapso demográfico

Las matanzas de Drogheda y Wexford fueron apenas el prólogo de una política de tierra quemada que se extendió durante años. Las tropas inglesas destruyeron cosechas, arrasaron aldeas y eliminaron los recursos de subsistencia de las guerrillas irlandesas, conocidas como los tories.

La combinación de combates, hambruna inducida y epidemias —incluyendo brotes de peste bubónica— se tradujo en la muerte de unas 600 mil personas, de acuerdo con los cálculos del economista del siglo XVII William Petty, cifra que representa una pérdida demográfica de aproximadamente el 41% de la población total de la isla, una proporción que supera a la de muchos países durante la Segunda Guerra Mundial.

El impacto no se limitó a las bajas directas. El gobierno de Cromwell promulgó el Acta de Establecimiento de 1652, que confiscó casi la totalidad de las tierras católicas y forzó a sus propietarios al exilio en la empobrecida provincia de Connacht.

Decenas de miles de irlandeses, entre ellos mujeres y niños, fueron capturados y deportados como mano de obra a las plantaciones de azúcar de Barbados y otras colonias caribeñas bajo la figura de los llamados “siervos no remunerados”.

National Geographic señala que la memoria de aquella conquista pervive en la cultura irlandesa bajo la expresión “la Maldición de Cromwell”, una frase que condensa siglos de agravio colectivo.

La estatua de bronce frente al Parlamento de Westminster sigue en pie, pero en Irlanda la figura del Lord Protector nunca dejó de ser la del arquitecto de una de las mayores tragedias de su historia moderna.

Cromwell murió en 1658, convencido hasta el final de haber ejercido como la espada de Dios. Su república no lo sobrevivió mucho tiempo: en 1660, la monarquía fue restaurada con Carlos II en el trono.

Luego de un operativo que duró más de 20 horas en una zona altamente transitada en la Ciudad de Guatemala, Miguel Estuardo Méndez Vicente, de 19 años, recuperó la libertad bajo fianza después de que un juez estimara que no había pruebas suficientes para vincularlo con la masacre de Boca del Monte donde falleció la creadora de contenido conocida como “La MiAmor”.

Méndez Vicente había sido capturado el fin de semana en el asentamiento Los Cerritos, zona 7, a un costado del puente El Incienso, después de que la Policía Nacional Civil lo señalara como presunto implicado al ataque armado ocurrido el 25 de julio donde fueron asesinadas siete personas. Tras su primera declaración, el juez de turno resolvió beneficiarlo con una medida sustitutiva y fijó una fianza.

La decisión judicial se apoyó en que los indicios presentados por los detectives no bastaron para sostener su presunta participación en la matanza. El juzgador únicamente consideró acreditada la alteración del automóvil en el que se movilizaba el detenido.

La decisión judicial y el hallazgo de vehículos robados

De acuerdo con la investigación policial, el carro que conducía Méndez Vicente portaba una placa que no le correspondía. Los agentes también establecieron que el vehículo tenía reporte de robo.

Durante el operativo en Los Cerritos, las autoridades revisaron la situación de más de 100 vehículos estacionados en un predio municipal. En ese despliegue localizaron dos automóviles con placas cambiadas y, al verificar el número de motor, determinaron que ambos habían sido robados.

Los dos vehículos fueron incautados y trasladados a un predio bajo resguardo de la PNC. Los detectives sostuvieron ante el juzgado que el predio municipal sería utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para ocultar autos robados y emplearlos en actividades ilegales como el traslado de armas o droga hacia distintos puntos de la ciudad.

La resolución judicial no cerró la pesquisa sobre la masacre. El punto central del expediente sigue siendo el ataque en Boca del Monte que dejó siete muertos y dos heridos durante la medianoche del sábado 25 de julio en la zona 2 de ese sector del municipio de Villa Canales.

La principal hipótesis apunta al narcomenudeo y a una disputa entre pandillas

Entre las víctimas mortales estuvo María Eugenia Reyes Morales, la creadora de contenido conocida como “La MiAmor”. También murieron su esposo y uno de sus hijos.

Tras el ataque armado, el portavoz de la PNC dijo a Infobae que los investigadores consideran tres rutas de análisis y que la más consistente es la venta de drogas al menudeo. “Por ahora se manejan tres hipótesis. Una de ellas es la venta de drogas al menudeo, la segunda es que el crimen fue una venganza y por último se menciona la posibilidad de una extorsión, pero la primera es la más fuerte”.

Sobre la línea de extorsión, el portavoz precisó que aún no está claro si la familia era víctima de esa práctica o si estaba promoviéndola contra otra persona. Lo que la policía considera casi seguro, según el funcionario, es que existe relación con pandillas.

La publicación señaló que la hipótesis con más fuerza ubica el móvil en una disputa territorial asociada al narcomenudeo entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Esa línea es la que, por ahora, organiza las pesquisas sobre el ataque que conmocionó a Guatemala.

En las horas posteriores al crimen circuló la versión de que también había muerto el tiktoker conocido como “El Pako”, hijo de “La MiAmor” y compañero suyo en videos humorísticos. Más tarde, él mismo publicó un video con el que descartó su fallecimiento.

Una prueba de ADN con correspondencia genética de 99.9% confirmó que la sangre hallada en la batea de la camioneta en la que circulaban tres detenidos por el Operativo Rastrillo corresponde a Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y una de las diez víctimas del multihomicidio del 18 de julio en Zacatecas. El resultado cambió la situación jurídica de los arrestados: de presuntos halcones pasaron a imputados por homicidio calificado.

Los tres señalados fueron aprehendidos desde el 21 de julio cuando circulaban por una brecha hacia la comunidad 6 de enero, en José María Morelos, con metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 estrellas ponchallantas y cartuchos.

El vicefiscal Edgar Nieves informó este 6 de agosto en conferencia de prensa que fue hasta el procesamiento pericial de los rastros de sangre en la batea que su vínculo directo con el asesinato quedó acreditado, lo que derivó en las órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

Dos hombres y una adolescente enfrentan los cargos

Los imputados son Oswaldo Marcelino “N”, de 22 años y originario de Durango; Leonel de Jesús Leonel “N”, de 23 años y originario de Mazatlán, Sinaloa; y Dulce “N”, adolescente de 16 años de Jerez, Zacatecas. Los dos primeros ya tuvieron su audiencia inicial y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica. El proceso continuará el próximo 10 de agosto.

La adolescente también enfrenta orden de aprehensión por homicidio calificado pero su caso fue turnado a la coordinación especializada en justicia para adolescentes. Las autoridades confirmaron que no se ha llevado a cabo su audiencia inicial.

Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social con vínculo directo al alcalde de Fresnillo

Alvarado de la Torre tomó posesión como secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo el 16 de septiembre de 2024, según su declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 ante el sistema de transparencia. Su ingreso anual neto declarado fue de 193 mil 520 pesos. Declaró patrimonio nulo: sin bienes inmuebles, sin vehículos, sin cuentas bancarias y sin participación en empresas.

Su CV, obtenido del portal de transparencia, revela un vínculo desde hace varios años con el alcalde Javier Torres Rodríguez: fue su secretario particular durante la administración municipal 2016-2018 y titular de Asuntos Binacionales en la LXI Legislatura de Zacatecas cuando Torres era diputado.

Cabe señalar que el alcalde Torres Rodríguez compareció ante la Fiscalía el 24 de julio en calidad de testigo; su declaración abrió dos nuevas líneas de investigación y derivó en la citación de funcionarios adicionales de su administración.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas señaló previamente que Fidel Alvarado de la Torre habría tenido participación activa en un círculo de extorsión al sector constructor, posiblemente de forma coaccionada.

Pese a los señalamientos, afirmaron que sigue siendo considerado víctima. La Fiscalía también señaló que Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo, habría tenido participación activa en el mismo círculo criminal investigado.

Torres Rodríguez describió a Alvarado de la Torre y a Muñetón Hernández como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente” al confirmar sus muertes el 18 de julio. “Muchas gracias por el apoyo que me dieron en vida”, escribió en un mensaje público en el que también anunció que giró instrucciones para apoyar las gestiones de los funerales.

Red de extorsión al sector constructor, una de las líneas de la investigación

La masacre del 18 de julio ha sido vinculada previamente por autoridades con una presunta red de extorsión al sector de la construcción activa desde septiembre de 2025 en Fresnillo, municipio que encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.

Según información oficial, el esquema pareció detenerse tras cuatro cateos ejecutados por la Fiscalía ese año, pero resurgió en junio de 2026 con la detención de un hombre identificado como “El Monumento”, vinculado a proceso por extorsión.

Siete de las diez víctimas del 18 de julio mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el Ayuntamiento de Fresnillo. Además, las autoridades revelaron que ocho de ellas avisaron a familiares que acudirían a una reunión con sus agresores, a quienes llamaban “los señores”. La identidad de esos “señores” está siendo analizada por la Fiscalía a través del datos de telefonía intervenida con autorización de un juez federal.

Al 6 de agosto, el Operativo Rastrillo acumula 16 detenidos, 18 cateos, 15 casas de seguridad aseguradas y 24 vehículos, entre ellos unidades que pertenecían a las víctimas y otras que participaron en los hechos del 18 de julio. Las autoridades no vinculan a todas las personas arrestadas con la masacre.

El gobierno de Zacatecas confirmó este 6 de agosto que la Fiscalía General de Justicia del estado tiene identificado al presunto líder del grupo delictivo responsable del multihomicidio del 18 de julio, en el que diez personas fueron halladas sin vida en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las autoridades se reservaron el nombre del individuo y el cártel al que pertenecería, bajo el argumento de no comprometer el proceso de investigación.

La confirmación llegó ante la pregunta directa de un periodista sobre si el líder ya tenía nombre, apellido y rostro. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, respondió que sí.

“La Fiscalía ya tiene buenos avances en las líneas de investigación. No se pueden hacer públicas por el propio proceso”, dijo el secretario, y agregó que “Se trata de un líder del grupo delictivo que pudo ser el responsable de los hechos del 18 de julio, un líder que está identificado y que continúa bajo investigación”.

Abatidos en Calera portaban insignias de “cuatro letras” posiblemente vinculadas al CJNG

En la misma conferencia, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, amplió la respuesta sobre el presunto líder identificado y reveló que entre los cinco civiles abatidos el pasado 1 de agosto en el municipio de Calera se hallaron chalecos y cascos con siglas de cuatro letras, denominación con la que se identifica coloquialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A pesar del señalamiento, Medina aclaró que las autoridades aún no pueden determinar con certeza a qué grupo pertenecen. “Ahorita todavía no podemos determinar qué es, nada más sabemos que es un grupo”, dijo.

Los cinco referidos cayeron en un enfrentamiento contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal en el área de Río Frío.

En ese operativo se aseguraron ocho armas largas y tres vehículos, entre ellos dos unidades que pertenecían a víctimas del 18 de julio, lo que refuerza el vínculo de los abatidos con la masacre.

Un tigre de Bengala habría delatado la ubicación de la probable líder relacionado con la masacre

Un cateo realizado el pasado 5 de agosto en la comunidad Niño Artillero, entre los límites de Fresnillo y Sombrerete, arrojó el hallazgo que llevó a las autoridades a inferir la presencia del presunto líder -de quien no revelaron el nombre- en esa zona.

En el predio, flanqueado por dos campamentos de vigilancia, se encontró una tigresa hembra de aproximadamente dos años, identificada por PROFEPA como Panthera tigris tigris, tigre de Bengala. El animal estaba en buen estado de salud y fue alimentado, según confirmaron las autoridades.

Medina Mayoral señaló que un animal de ese tipo no lo tendría un halcón o un vigilante de bajo rango. “Ese tigre es de una gente delincuente de alto nivel que debe estar por ahí dirigiendo, a lo mejor el responsable de esas partes”, dijo.

PROFEPA sedó al animal para trasladarlo a un zoológico en Fresnillo. El cateo también arrojó chalecos tácticos, cargadores, una casa de seguridad, campamentos y casquillos de arma de fuego.

Quiénes fueron las diez víctimas de la masacre del 18 de julio

Los diez cuerpos fueron hallados entre las 5:00 y las 7:15 horas del 18 de julio en tres puntos: cinco colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, en Pánuco, con una cartulina con mensajes sobre presunta corrupción; cuatro abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en Morelos; y uno en Sain Alto. Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas fueron Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero, el único confirmado como víctima de privación ilegal de la libertad; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo; y Andrés Vázquez Gurrola, abogado y exregidor de Durango.

Los seis restantes fueron los empresarios Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos y Armando Ledezma Aguirre, así como Jesús Daniel Rivera Sandoval y el ganadero José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango.

Datos revelados en el curso de las investigaciones señalan que ocho de los diez avisaron a familiares que acudirían a una reunión con sus agresores, a quienes llamaban “los señores”. Siete de las víctimas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con el Ayuntamiento de Fresnillo, municipio que encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas y donde operaba una red de extorsión al sector constructor activa desde septiembre de 2025.

El Operativo Rastrillo suma al 6 de agosto 16 detenidos, 18 cateos, 15 casas de seguridad, 24 vehículos asegurados, siete campamentos, 12 puestos de observación y dos pistas clandestinas inhabilitadas en Sombrerete y Valparaíso.

Las fuerzas del orden han registraron ninguna baja dentro del operativo. Reyes Mugüerza informó que el despliegue federal permanecerá en Zacatecas sin fecha de retiro definida, por instrucción del gobernador David Monreal, hasta que se esclarezcan por completo los hechos del 18 de julio.

Dos días después del ataque en un restaurante In-N-Out de Twin Falls, Idaho, la ciudad aún intenta digerir el violento episodio que dejó tres muertos y siete heridos.

La policía confirmó que el agresor, Chad Williams, de 24 años, actuó solo y murió tras dispararse, mientras que la intervención de un civil armado y de un agente fuera de servicio fue clave para evitar una tragedia mayor.

El sábado, poco después de las 14:30, el local de comida rápida, ubicado en una concurrida plaza comercial, se convirtió en escenario de pánico cuando Williams abrió fuego con un rifle y disparó contra clientes y vehículos.

Según la policía y relatos posteriores, la rápida respuesta de Jordan Salinas, un trabajador de la salud de 35 años, y de un policía estatal fuera de servicio desvió la atención del atacante y lo obligó a huir del área principal del restaurante, lo que limitó el número de víctimas.

La secuencia —parte de la cual fue captada en video por un conductor que estaba en las inmediaciones— mostró a Williams vestido de negro, acercándose a un automóvil blanco, accediendo al baúl y desplazándose entre los autos con el arma.

Testigos describieron escenas de angustia, con empleados y clientes intentando protegerse o escapar, y algunos improvisando rescates en medio del caos.

Hasta ahora, las autoridades no divulgaron los nombres de las víctimas mortales ni de los heridos. La propietaria de la cadena, Lynsi Snyder, solo confirmó que uno de los fallecidos era empleado del restaurante.

Dos personas heridas recibieron el alta hospitalaria, tres permanecen estables y otras dos continúan en estado crítico.

El atacante actuó solo y la policía sigue investigando el motivo

De acuerdo con el jefe de policía, Matthew Hicks, las investigaciones sostienen que Williams no contó con ayuda ni con cómplices.

La familia del agresor está colaborando plenamente con las autoridades para esclarecer las razones detrás del tiroteo. El incidente ocurrió a solo ocho días de la apertura del restaurante, en una zona que congrega habitualmente a cientos de personas.

El portavoz municipal, Josh Palmer, señaló que la policía continúa trabajando para identificar a todos los familiares de las víctimas antes de revelar oficialmente sus identidades.

Un civil armado ayudó a frenar la masacre

Jordan Salinas relató que el día del ataque se encontraba junto a su novia en la hamburguesería cuando escuchó los disparos.

Sin dudarlo, avanzó hacia el peligro y extrajo una pistola semiautomática que llevaba consigo. “No le gustó cuando las balas empezaron a ir en ambas direcciones”, dijo Salinas al Idaho Statesman, en declaraciones citadas por The Guardian.

Su reacción, sumada a la del agente fuera de servicio, fue reconocida por las autoridades. El jefe policial Hicks sostuvo: “Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando más víctimas”.

Más enfático fue el sheriff del condado, Jack Johnson, al afirmar: “Estas personas son verdaderos héroes en nuestra comunidad. Desviaron al tirador y salvaron muchas vidas”.

Salinas explicó que, desde un tiroteo anterior en Boise en 2021, comenzó a entrenarse con armas de fuego y desarrolló un protocolo personal de reacción ante situaciones de violencia.

Su experiencia y la responsabilidad de cuidar a un hermano en silla de ruedas motivaron, según sus palabras, la decisión de estar preparado para actuar en emergencias.

Testigos y víctimas: escenas de pánico y solidaridad

Entre los testimonios recogidos por los medios, Lane Koehn, de 34 años, describió cómo presenció el ataque desde un semáforo cercano.

Observó a un hombre armado con un rifle de estilo AR salir del área de autoservicio y enfrentarse a un civil con pistola. Koehn también fue testigo del auxilio a una empleada herida, que fue arrastrada por otro trabajador hasta el estacionamiento.

En el interior del local, Nayeli Rodríguez, de 40 años, relató que buscó proteger a sus hijas cuando escuchó disparos provenientes de la cocina. Otro cliente intentó resguardarlas y, cuando lograron huir, desconocidos les ofrecieron refugio en su vehículo.

Este tiroteo en Idaho ocurrió en un año en el que, según Gun Violence Archive, se registraron al menos 280 tiroteos masivos en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre la reacción de los civiles ante estas situaciones y la necesidad de reforzar los controles federales sobre las armas de fuego.

Los investigadores mantienen abierta la pesquisa para esclarecer qué motivó a Williams a perpetrar el ataque y continúan recabando testimonios y pruebas, mientras la comunidad de Twin Falls intenta recuperarse del impacto emocional y social que dejó el hecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) reveló en conferencia de prensa que ocho de las diez víctimas halladas sin vida el pasado 18 de julio en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto avisaron a familiares o personas cercanas que acudirían a una reunión con sus propios agresores, a quienes se referían como “los señores”.

La investigación acumula hasta el momento siete detenidos vinculados con el crimen, más de 105 dictámenes periciales y la intervención de más de 20 líneas telefónicas.

Desde el inicio se revelaron dos posibles líneas: la colusión de funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo y una red de extorsión al sector constructor. Sin embargo, la declaración del alcalde Javier Torres Rodríguez ante la Fiscalía el pasado 24 de julio abrió dos vías adicionales y derivó en la citación de funcionarios adicionales de la administración.

Las autoridades también revelaron que siete de las diez víctimas mantenían relación comercial, empresarial o laboral con ese Ayuntamiento: cinco eran empresarios con contratos acreditados y dos eran servidores públicos. En el caso de los servidores, autoridades señalaron previamente una posible complicidad de ellos con la red de extorsión.

Quiénes son las diez víctimas halladas en Pánuco, Morelos y Sain Alto

10 cuerpos fueron localizados el 18 de julio entre las 5:00 y las 7:15 de la mañana en tres puntos distintos: cinco colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, en Pánuco, con una cartulina con mensajes sobre presunta corrupción; cuatro abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en Morelos; y uno en Sain Alto. Ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Las víctimas son Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y empresario minero, el único confirmado como víctima de privación ilegal de la libertad; Fidel Alvarado de la Torre, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, abogado y exregidor de Durango; los empresarios Juan Carlos Berumen Guerrero, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval; y el ganadero José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango.

La Fiscalía presumió previamente que Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández habrían tenido participación activa dentro de una red de extorsión al sector constructor, posiblemente de forma coaccionada. Ambos siguen siendo considerados víctimas.

Familias confirmaron a la Fiscalía que las víctimas iban a ver “a los señores”

La expresión no es una deducción de los investigadores. Familiares y personas cercanas a las víctimas declararon ante la Fiscalía que ocho de los diez hombres avisaron que acudirían a una reunión “con los señores”.

“Así es lo que han manifestado”, dijo el fiscal general Cristian Paul Camacho Osnaya en la conferencia de este 30 de julio. “Esa fue la palabra y es lo que tenemos documentado en nuestra carpeta de investigación”.

El dato fue recabado a través de dos vías: el análisis de telefonía y entrevistas directas con personas cercanas a las víctimas. Con esa información, la Fiscalía estableció que las ocho personas tenían contacto o comunicación directa con sus agresores antes de morir.

La identidad de “los señores” sería línea de investigación central en este momento. “Lo que estamos analizando a través de las llamadas es justamente quién es la persona o el primer personaje que cita a esta reunión”, afirmó Camacho Osnaya.

Las citas no fueron simultáneas. La Fiscalía documentó que las víctimas se movilizaron en distintos horarios y días: algunas desde Fresnillo, otras desde la capital del estado y en el caso de Vázquez Gurrola, desde Durango.

ADN en camioneta lleva a órdenes de aprehensión

El avance más concreto de la investigación provino del trabajo pericial. El 21 de julio, personal del Operativo Rastrillo detuvo a tres personas que circulaban por una brecha hacia la comunidad 6 de enero, en José María Morelos. En el vehículo llevaban metanfetaminas, marihuana, chalecos balísticos, seis cargadores calibre .223, 40 estrellas ponchallantas y cartuchos.

En la batea de esa camioneta se localizaron rastros de sangre y huellas dactiloscópicas. Tras procesamiento de servicios periciales, el resultado estableció una correspondencia genética de 99.9% con el perfil de una de las diez víctimas. Ese resultado, conocido este 30 de julio, permitió obtener dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado contra los dos mayores de edad detenidos.

Los señalados son Osvaldo Marcelino “N”, de 22 años, originario de Durango, y Leonel de Jesús “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa. La tercera persona detenida, Dulce “N”, adolescente de 16 años originaria de Jerez, Zacatecas, permanece bajo internamiento preventivo en tanto se formula imputación ante la coordinación especializada en justicia para adolescentes, también por homicidio calificado.

El día de la detención, las tres personas fueron señaladas como posibles halcones en el secuestro de las víctimas, pero con el análisis de sangre su situación legal cambió.

La Fiscalía estatal identificó además dos vehículos que participaron en los hechos del 18 de julio: uno asegurado el 21 de julio en inmediaciones de Fresnillo y otro el 28 de julio en Sain Alto. Se aseguraron también seis vehículos que pertenecían a las víctimas.

Investigación financiera en curso

La investigación financiera contra las presuntas redes de extorsión que habrían desencadenado la masacre abarca cinco personas morales y se desarrolla en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según el fiscal, hasta el momento el bloqueo de cuentas se solicitó únicamente respecto de personas físicas para no afectar la nómina de empleados ajenos a los hechos.

El alcalde Torres Rodríguez compareció el pasado 24 de julio ante la Fiscalía Especializada en Combate de Delitos de Alto Impacto en calidad de testigo. Su declaración abrió dos nuevas líneas de investigación -las cuales no fueron reveladas- y derivó en la citación de dos funcionarios más, quienes este 30 de julio no atendieron el llamado por razones laborales. Personal de la Fiscalía acudió al Ayuntamiento y les dejó citatorio.

La investigación apunta a una red de extorsión al sector constructor activa desde septiembre de 2025. En junio de 2026 la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Guillermo “N”, apodado “El Monumento”, quien se hacía pasar por líder de un gremio de sindicatos unidos. Fue detenido en menos de 48 horas y vinculado a proceso por extorsión. Esos hechos estarían vinculados con el crimen.

Operación Rastrillo suma 14 detenidos y repliega a grupo armado hacia Durango

En la misma conferencia de este 30 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, detalló que en el área de operaciones para dar con los responsables actúan tres agrupamientos —Coca, Bravo y Alpha— con el respaldo de tres helicópteros, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y la Policía Estatal, con un despliegue de 629 elementos.

El general reveló que hasta el momento hay 14 detenidos por el Operativo Rastrillo, de los cuales siete son considerados de alta prioridad para la investigación.

Tres de ellos son los mismos imputados por homicidio calificado identificados a través de la prueba de ADN —Osvaldo, Leonel y Dulce—. Los cuatro restantes fueron judicializados por la Fiscalía General de la República por delitos federales relacionados con el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y cartuchos, y la Fiscalía estatal cuenta con órdenes de aprehensión en su contra por delitos del orden común.

Ante la presión del operativo, autoridades señalaron que grupos delincuenciales se replegaron hacia la sierra de Chalchihuites y hacia el estado de Durango.

La red de extorsión al sector constructor que la Fiscalía vincula con los hechos llevaría activa desde septiembre de 2025. Fresnillo encabeza las estadísticas estatales de extorsión con 218 carpetas de investigación abiertas.

Cabe señalar que gobierno de Zacatecas reconoció desde el pasado 20 de julio la presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa en la entidad; la investigación busca determinar si alguno de esos dos cárteles tendrían relación con la masacre.

En la tarde del 30 de julio de 2026, las autoridades confirmaron las identidades de los tres ciclistas que fueron asesinados a balazos en la carretera que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, en Cauca.

De acuerdo con el reporte oficial de la Procuraduría General de la Nación y la Gobernación del Cauca, las víctimas eran militares retirados del Ejército Nacional: el coronel Libardo Osorio Sánchez y los mayores Harold Sánchez Vergara y Rodrigo Amórtegui.

El ataque ocurrió mientras realizaban una jornada de ciclismo recreativo en una zona donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales.

El caso quedó registrado como la masacre número 77 en Colombia durante 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El reporte indica que un grupo armado interceptó a los tres hombres en la vía y les disparó con fusiles.

Ante lo sucedido, se pronunció el gobernador del Cauca Octavio Guzmán, que realizó un llamado urgente al Gobierno nacional para que se priorice al departamento con acciones integrales que fortalezcan la seguridad, la inteligencia, la capacidad operativa de la fuerza pública.

“Solicitamos a las autoridades competentes el esclarecimiento de estos hechos para que los responsables sean identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. Como Gobierno Departamental, pondremos a disposición todas las capacidades institucionales necesarias para la resolución de este crimen que enluta al departamento”, indicó el comunicado.

Además, agregaron: “No podemos permitir que el miedo se imponga sobre la esperanza. La inmensa mayoría de los caucanos y caucanas quiere vivir en paz, con dignidad, transitar libremente por el territorio, practicar deporte y construir un proyecto de vida sin el temor permanente que pretenden imponer quienes han elegido la violencia como forma de ejercer poder”.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condenó el crimen y sostuvo que los responsables serían integrantes de grupos armados ilegales. Según el pronunciamiento del Ministerio Público, el homicidio ocurrido en la mañana del jueves “ofende a toda la sociedad y constituye un atentado directo contra la democracia y las instituciones de la República”.

En el mismo mensaje expresó solidaridad con sus familiares, compañeros de armas y allegados.

“Todos los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo o en retiro, merecen total respeto de sus derechos y de su integridad. En particular, quienes ya han cumplido su ciclo institucional y hacen parte de la reserva activa de las Fuerzas Militares (...) Un ataque contra ellos es un ataque contra la memoria de servicio y sacrificio que representan”, expresó el procurador.

Finalmente, pidió a las autoridades capturar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este triple homicidio para evitar que quede impune: “El Ministerio Público exhorta a la Fiscalía General de la Nación, a la Fuerza Pública y a las demás autoridades competentes a adelantar las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad”.

La zona del ataque estaba bajo advertencia por disputas entre grupos armados

La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre la situación en Silvia, Cauca, donde existen riesgos para comunidades de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, además del corregimiento de Usenda.

La advertencia atribuye esa situación a las disputas por el control territorial entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y el ELN. En la zona también se reporta presencia del Frente Dagoberto Ramos, del ELN y de bandas de carácter local.

Ante la gravedad del caso, las autoridades piden a la comunidad entregar cualquier tipo de información que tengan sobre los criminales detrás de la masacre.

Tres hombres fueron asesinados en la mañana del jueves 30 de julio de 2026 en la vereda Miraflores, ubicada sobre la vía que conecta a los municipios de Silvia y Totoró, en el departamento de Cauca.

Según información preliminar entregada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas se desplazaban por el corredor vial cuando fueron interceptados por un grupo armado que les disparó con fusiles.

Del mismo modo, se indicó que las personas eran ciclistas que intentaban hacer una ruta en el sector. Unidades de la fuerza pública y organismos judiciales acudieron hasta el lugar para realizar la inspección técnica y recolectar elementos que permitan esclarecer el caso que fue clasificado por la organización como la masacre número 77 en Colombia durante 2026.

Las identidades de las víctimas, el móvil del ataque y los responsables aún no han sido divulgados por las autoridades, que mantienen abierta la investigación.

Las primeras diligencias judiciales estuvieron a cargo de equipos forenses y de la fuerza pública, que se desplazaron hasta la vereda Miraflores para recoger pruebas y avanzar en la identificación de las víctimas.

Versiones preliminares sugieren que las tres personas fueron interceptadas en el momento en que se desplazaban por la carretera, aunque aún no se descarta la posibilidad de que hayan sido trasladadas hasta el lugar antes de ser asesinadas.

Hasta el momento, la condición de ciclistas, la actividad que realizaban y el motivo del ataque permanecen bajo verificación.

Alerta por la ola de violencia en Silvia, Cauca

En mayo de 2026, en la misma vía entre Silvia y Totoró, fue hallado el cuerpo de un joven acompañado de un mensaje amenazante, de acuerdo con el medio Proclama del Pacífico.

La Defensoría del Pueblo identificó riesgos para las comunidades indígenas de los resguardos de Tumburao, Quichaya, La Gaitana, Pitayó y Quizgó, así como para el corregimiento de Usenda, debido a las disputas territoriales entre el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja) y el ELN.

El informe de seguimiento 009/26 de la Defensoría advierte que los enfrentamientos entre grupos armados han incrementado la vulnerabilidad de la población civil. La alerta temprana AT 024/23 mantiene vigentes recomendaciones para reforzar la presencia institucional y la protección de las comunidades en zonas rurales y corredores viales estratégicos.

La masacre ocurrida en la vereda Miraflores se suma a la cantidad de actos violentos que han impactado a la región, donde los actores armados buscan controlar rutas y territorios clave para su accionar.

Presencia de grupos armados en la zona

En la región hay presencia activa de varios grupos armados, entre ellos el Frente Dagoberto Ramos, el ELN y bandas de carácter local, según información de la Defensoría del Pueblo y reportes de Indepaz. Estas estructuras disputan el control territorial, especialmente en corredores estratégicos como la vía Silvia-Totoró.

Cabe mencionar que la jurisdicción militar en el área corresponde a la Tercera División del Ejército Nacional, que ha desplegado operaciones para garantizar la seguridad y atender la situación. Sin embargo, la capacidad de respuesta se ve limitada por la complejidad del territorio y la movilidad de los actores armados ilegales.

Las autoridades reiteraron la necesidad de fortalecer la presencia institucional en los sectores rurales del oriente del Cauca, con el fin de reducir los riesgos para la población civil y contener el avance de las estructuras armadas.

De acuerdo con el reporte de Indepaz, el asesinato de las tres personas en Silvia, Cauca, corresponde a la masacre número 77 registrada en Colombia durante 2026, lo que demuestra la persistencia y magnitud de la violencia en distintas regiones del país, especialmente en departamentos afectados por disputas entre grupos armados.

La muerte de la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”, durante una masacre en Villa Canales, Guatemala, ha dejado un profundo impacto en el mundo digital y entre la comunidad local.

El hecho, que ocurrió en la noche del 25 de julio, terminó con la vida de seis personas y generó una ola de conmoción entre los seguidores de la creadora de contenido, quien gozaba de popularidad en TikTok por sus videos humorísticos junto a su hijo conocido como "ElPako".

Al principio, se creyó que “El Pako” estaba entre las víctimas mortales, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente. Mientras que el creador de contenido publicó este domingo 26 en horas de la mañana un video en su cuenta de TikTok donde se limitó a indicar: "Mi amor lindo siempre te voy a amar, mi vida hermosa. Te adoro. Siempre serás el amor de mi vida. Mi amor".

El video lo acompañó con la siguiente leyenda: “En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos. Gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras, mi amor”, mismo en el que etiquetó a su madre, quien era conocida como “LaMiAmor” en el mundo digital.

Las muestras de condolencia y de apoyo no se hicieron esperar. Los seguidores de “El Pako” aprovecharon el video publicado para manifestarle sus muestras de cariño y el pésame al creador de contenido.

Identifican a las víctimas

La Policía Nacional Civil (PNC) cifró el número de víctimas mortales en seis y las identificó como:

• Lester Joel García, de 23 años
• Kevin Antonio Bol Pichiya, 18
• Boris Ariel Tello Reyes, 29
• José Antonio Juárez Orellana, 20
• María Heugenia Reyes Morales, 58

Y un adolescente de 17 años, identificado sólo como Ramos Monterroso.

Noche de violencia en Boca del Monte

De acuerdo con el parte policial, al que Infobae tuvo acceso, testigos detallaron que la familia se encontraba celebrando el cumpleaños de “LaMiAmor”, en una vivienda ubicada en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, Guatemala.

Aunque el portón de la residencia se encontraba cerrado, la festividad se desarrollaba con la puerta principal abierta, narraron los testigos a la Policía Nacional Civil (PNC), pero uno de los asistentes abrió el portón para quemar cohetillos. Ese momento fue aprovechado por intrusos que esperaban el momento para atacar.

Las risas cambiaron en cuestión de minutos y el festejo se transformó en un escenario de horror cuando sujetos armados irrumpieron el evento y dispararon contra los asistentes.

En cuestión de minutos, el festejo se tornó en tragedia. Los cuerpos de socorro y la Policía Nacional Civil confirmaron que seis personas murieron en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego.

Entre las víctimas se encontraba Reyes Morales, de 59 años, cuya presencia en redes sociales la había convertido en una figura querida. Su fallecimiento fue rápidamente difundido y lamentado en plataformas digitales, donde sus seguidores no tardaron en expresar mensajes de tristeza y exigencias de justicia.

Quién era “La MiAmor”

Con más de 40 mil seguidores en TikTok, “La MiAmor” se había hecho un nombre por sus videos que retrataban la vida cotidiana en Guatemala, siempre con un tono de humor y cercanía.

Muchos de sus contenidos los grababa junto a su hijo, conocido como Pako, creando sketches que mostraban la complicidad y el cariño en la relación madre e hijo.

Su espontaneidad y carisma la convirtieron en un referente para quienes buscaban entretenimiento sencillo y genuino.

La noticia de su asesinato generó una inmediata reacción en redes, donde usuarios lamentaron el hecho y recordaron su legado digital. La comunidad online no solo lloró la partida de la creadora, sino que también denunció la escalada de violencia que azota al país.

Heridos y respuesta de las autoridades

El ataque dejó también a dos personas gravemente heridas: Verónica Velázquez Linares, de 34 años, y Francisco Tello Loarca, de 62. Ambos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a un hospital, donde su estado se mantiene bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público acordonaron la zona tras el ataque para recolectar evidencia balística y avanzar en la identificación formal de las víctimas.

Las autoridades han iniciado una investigación en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

Exige seguridad

Por su parte, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, publicó un video conmocionado en el que criticó a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Sistema de Justicia, argumentando que la inseguridad ciudadana va en aumento, pero ellos como autoridades locales tienen "las manos atadas“.

“Una vez más se tiñen de sangre las calles de nuestro pueblo”, manifestó y citó, por lo menos, tres balaceras en diferentes puntos del municipio de Villa Canales. El jefe edil hizo un llamado "urgente" a la Presidencia de la República, los ministerios de Gobernación y Defensa, a la PNC y diputados para debatir y accionar acerca de la seguridad.

También anunció que desde el Congreso se harán citaciones, “porque no podemos seguir así, vecinos”.

“No puedo juzgar si son personas trabajadoras o están en cuestiones ilícitas, lo que vemos es que por el momento hay luto en nuestro pueblo, hay vidas que se pierden", manifestó Rivera.

Es un tema que muchos vecinos me han reclamado de que no hago nada, (cuando) yo he estado trabajando, (pero) como Policía Municipal no podemos consignar, no podemos meter al bote (cárcel) a la gente”, señaló muy molesto.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec, un caso que se investigó desde el 17 de julio tras el testimonio de una adolescente que sobrevivió al ataque al permanecer escondida durante 36 horas dentro de la vivienda.

El detenido no había alcanzado la mayoría de edad legal y sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que definiría su situación jurídica. La captura se realizó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión.

Blumenkron Escobar atribuyó el avance del caso a los trabajos de colaboración de las instituciones que integraban la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos. También señaló la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina.

La agresión había ocurrido en la colonia La Capilla, en el municipio de Jonacatepec, durante la noche del miércoles 17 de julio. En ese ataque con arma blanca murieron tres mujeres y un hombre dentro de una casa ubicada sobre la calle Morelos.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas: una adolescente de 17 años y una niña de seis. La única sobreviviente fue otra menor, quien logró ocultarse en una parte del domicilio mientras los agresores atacaban a los ocupantes.

La sobreviviente salió herida de la casa y condujo a las autoridades hasta los cuerpos

La adolescente permaneció escondida durante cerca de día y medio dentro de la vivienda. Tenía heridas en el abdomen y en un brazo, pero no salió sino hasta la mañana del viernes, cuando pidió auxilio a vecinos de la comunidad.

Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia después de verla lesionada y en estado grave. Paramédicos la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policiaco a un hospital de la región, donde su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de una persona herida por arma blanca. Al llegar encontraron a la menor, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

Después de ese señalamiento, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuatro cuerpos. Todos presentaban múltiples heridas de arma blanca y ya estaban en estado de descomposición cuando fueron localizados.

La adolescente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del ataque. Según su versión inicial, los agresores entraron al domicilio y atacaron con armas punzocortantes a todos los presentes.

La menor también fue apuñalada en el abdomen, pero sobrevivió porque los agresores la habrían creído muerta. Ese dato explicó por qué pudo seguir con vida dentro del inmueble hasta encontrar el momento para salir y pedir ayuda.

La Fiscalía abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó desde las primeras diligencias la muerte de tres mujeres y un hombre. La dependencia abrió la carpeta de investigación correspondiente y activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y el análisis de los cuerpos.

Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales. El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres.

La autoridad estatal indicó que el caso sería investigado como multihomicidio. También sostuvo que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género, lo que implicaba revisar todas las circunstancias del ataque sin limitarse a una sola hipótesis inicial.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y la causa de los hechos permanecería sujeta al avance de las diligencias ministeriales.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del crimen: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes estaban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que consiguió esconderse.

La casa familiar se ubicaba en una comunidad de la zona oriente de Morelos y permaneció bajo resguardo durante las diligencias iniciales. El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por tratarse de un mismo núcleo familiar con víctimas adultas y menores de edad.

Blumenkron Escobar afirmó que las indagatorias se desarrollaron de manera oportuna gracias al trabajo interinstitucional. Añadió que la Fiscalía de Morelos reafirmó su compromiso de garantizar justicia a mujeres, adolescentes, niñas y niños que fueran víctimas de algún delito.

Hasta antes de la detención anunciada por el fiscal, las autoridades no habían informado capturas ni difundido la identidad de los agresores. Tampoco habían dado a conocer públicamente los nombres de las víctimas durante el cierre de las primeras diligencias.

• Fue detenido un menor por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en Jonacatepec.
• Una adolescente sobrevivió al ataque, permaneció escondida durante 36 horas y su testimonio permitió localizar los cuerpos.
• La Fiscalía de Morelos investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas de investigación sobre el móvil.

El contingente partió a las 20:00 horas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino al Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”, en la capital zacatecana. A su llegada, los efectivos se incorporaron a las operaciones que coordina la 11/a. Zona Militar junto con los tres órdenes de gobierno.

Refuerzo sobre refuerzo: el acumulado supera los 500 efectivos

El despliegue del miércoles no es el primero de la semana. Tres días antes, el 19 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya había enviado 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional a la misma entidad, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Regional de la V Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial.

Con la incorporación de los 100 especialistas de Fuerzas Especiales, el refuerzo acumulado en menos de una semana supera los 500 elementos federales desplegados en territorio zacatecano. La Sedena no precisó en su comunicado si este volumen de personal representa el techo del operativo o si se contemplan envíos adicionales.

Tres municipios en el centro de las operaciones

Las misiones asignadas al nuevo contingente se concentran en las zonas conurbadas de tres municipios: Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. Las tareas incluyen patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en esas áreas.

Fresnillo figura de manera recurrente entre los municipios con mayor número de homicidios dolosos en el estado, mientras que la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe concentra la actividad administrativa y comercial de la entidad. La presencia militar en esos corredores apunta a recuperar control territorial en puntos de alto tránsito civil.

La Sedena precisó que toda actuación del personal desplegado se rige por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y se desarrolla con pleno respeto a los derechos humanos, condición que el comunicado institucional subrayó de forma explícita.

Desarticular organizaciones y recuperar espacios públicos

El objetivo declarado por la Sedena va más allá del patrullaje visible. El comunicado señala que el despliegue busca “la localización y desarticulación de organizaciones delictivas y generadores de violencia”, con el fin de contribuir a la conservación de espacios públicos en beneficio de la población zacatecana. La formulación oficial encuadra el operativo dentro de las “medidas permanentes para fortalecer la paz” en la entidad, lo que sugiere que la presencia castrense no está pensada como una intervención de emergencia puntual, sino como un componente sostenido de la estrategia de seguridad en Zacatecas.

La 11/a. Zona Militar asumió la coordinación operativa del conjunto de fuerzas desplegadas, articulando la actuación del Ejército y la Guardia Nacional con las autoridades estatales y municipales. La Sedena describió el operativo como orientado a “acciones precisas, responsables y orientadas al bienestar de la población”.

Fuerzas Especiales: un perfil diferenciado dentro del Ejército

El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano agrupa unidades con entrenamiento avanzado en operaciones de alta complejidad, distintas de las tropas de línea convencionales. Su incorporación al operativo zacatecano, en lugar de refuerzos de infantería regular, indica que el mando militar evaluó que la situación en la entidad requería capacidades específicas de reconocimiento e intervención.

El traslado en una aeronave de transporte pesado desde Santa Lucía —sede de uno de los principales nodos logísticos de las Fuerzas Armadas— refleja la escala y la celeridad con que la Sedena ejecutó el movimiento de tropas hacia el noroeste del país.

La masacre que detonó el operativo

El 18 de julio de 2026, 10 hombres fueron hallados sin vida en tres municipios de Zacatecas: Pánuco, Morelos y Sain Alto. Cinco de los cuerpos aparecieron colgados de un puente vehicular en la carretera federal 54, en Pozo de Gamboa; cuatro fueron localizados cerca de una clínica del IMSS en Morelos, y uno a un costado de la carretera federal 45 en Sain Alto.

Todos eran hombres: ocho originarios de Zacatecas y dos del estado de Durango. Entre las víctimas identificadas figuraban empresarios, el expresidente municipal de Sombrerete Ignacio Castrejón Valdez, el secretario de Desarrollo Social del ayuntamiento de Fresnillo Fidel Alvarado de la Torre, y el bombero municipal Jesús Gerardo Muñetón Hernández. Ninguna contaba con antecedentes penales, según las autoridades.

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya precisó que las víctimas fueron secuestradas en distintos momentos: cuatro dejaron de comunicarse con sus familias desde el 16 de julio, otras cinco desde el 17, y una fue privada de su libertad el propio 18 de julio, día del hallazgo. En ningún caso constaban denuncias previas por desaparición.

Ninguna de las diez familias de las víctimas de la masacre en Zacatecas presentó denuncia de desaparición antes del hallazgo de los cuerpos el pasado sábado 18 de julio, pese a que algunas personas llevaban desaparecidas desde el jueves 16.

El secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, calificó la ausencia de reportes como “un poco extraña” y reveló que la primera ausencia registrada fue la de un funcionario del municipio de Fresnillo. Hasta el momento, el operativo ha dejado tres detenidos.

El dato agrava el panorama de una investigación que ya trabaja con dos líneas simultáneas: la posible colusión de servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo y una red de extorsión. Ambas líneas, según Reyes Mugüerza, cuentan con elementos para avanzar y no se excluyen entre sí.

El único antecedente formal de una denuncia data de 2024, cuando el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, denunció una extorsión relacionada con una de sus empresas mineras.

“Se resolvió el tema y después de ese incidente no se tuvo otra denuncia de extorsión, al menos formalmente”, dijo Reyes Mugüerza en entrevista con el periodista Pepe Cárdenas en Radio Fórmula.

La Fiscalía prevé dar a conocer los detalles de ambas líneas de investigación el jueves o viernes de esta semana, según adelantó el propio secretario en esa misma entrevista.

Nadie avisó: las desapariciones comenzaron el jueves y no hubo alerta

Las víctimas no desaparecieron todas al mismo tiempo. De acuerdo con la información que la Fiscalía General de Justicia del Estado compartió al secretario de Gobierno, la primera ausencia se registró el jueves 16 de julio y correspondió a un funcionario del municipio de Fresnillo, identificado posteriormente como parte del grupo de diez hombres hallados sin vida.

Castrejón Valdez fue el último en ser privado de la libertad. Según Reyes Mugüerza, el exalcalde fue secuestrado en la madrugada del sábado 18, alrededor de la 01:00, horas antes de que los primeros cuerpos fueran localizados. Tampoco en su caso hubo denuncia previa.

“Desde el jueves hasta el sábado no hubo denuncia alguna, lo cual resulta un poco extraño, porque generalmente cuando se dan este tipo de casos y por el perfil precisamente de las personas de las que estamos hablando, se emiten las alertas inmediatas para permitir que todas las fuerzas de seguridad se puedan desplegar de manera inmediata”, señaló el funcionario.

Quiénes eran las 10 víctimas: exalcalde, funcionarios y empresarios

Las autoridades confirmaron la identidad completa de los diez hombres asesinados. Ocho eran originarios de Zacatecas y dos de Durango; ocho murieron por asfixia o estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego.

Ignacio Castrejón Valdez ejerció la presidencia municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018 y fundó Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción. Fue hallado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura. Su familia reveló que había vencido al cáncer antes de ser asesinado.

Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal del mismo ayuntamiento, fueron confirmados por el presidente municipal Javier Torres Rodríguez, quien los describió como “hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y la gente”. Reportes extraoficiales de medios locales los ubican entre los cinco cuerpos colgados del puente en Pánuco.

Los siete restantes fueron identificados como Andrés Vázquez Gurrola, político originario de Durango; Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario del sector de espectáculos; Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledezma Campos, Armando Ledezma Aguirre y Jesús Daniel Rivera Sandoval, señalados como empresarios del sector de la construcción y la minería; y José Ángel Valdez Rivera, productor ganadero. Uno de los fallecidos originarios de Durango había fungido como policía municipal en esa entidad y fue identificado a través del sistema de huellas dactilares de la Fiscalía, no por familiares.

Los cuerpos fueron hallados en tres puntos distintos del estado. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco, alrededor de las 06:00 del sábado. Cuatro más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Morelos, y el décimo fue hallado en Sain Alto.

Este martes 21, personal de inteligencia del operativo detuvo a tres personas señaladas como halcones: Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario de Durango; y Dulce “N”, menor de edad originaria del municipio de Jerez.

El general Medina Mayoral informó que los propios detenidos declararon abiertamente a qué grupo pertenecían y qué función cumplieron durante los hechos. Afirmó que las capturas responden a integrantes de células que a su vez responden a un cártel, sin especificar cuál.

El despliegue de seguridad en el estado suma 280 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, 120 elementos de la Guardia Nacional y 80 policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, con presencia también en los límites con Durango.

El video de amenaza al gobernador: autoridades lo califican de montaje

Este martes 21 de julio circuló en redes sociales un video en el que al menos 20 hombres encapuchados, con equipo táctico y armas largas, se identificaron como integrantes de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, comandada por “El Mayito Flaco”. En el material se adjudican el asesinato de las diez víctimas y lanzan una amenaza directa al gobernador David Monreal Ávila.

“Le pedimos a usted señor gobernador, David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra ahí está lo que nos encargó”, dice uno de los encapuchados en el video. El grupo advirtió además que, en caso de “traición”, irían en contra de las corporaciones de seguridad y de su “descendencia”.

Las autoridades estatales descartaron la autenticidad del material. Según Reyes Mugüerza, el video fue publicado aproximadamente media hora después de que concluyó la conferencia de prensa del lunes 20 de julio y presenta irregularidades técnicas: el audio tiene una voz hablando y otra sobrepuesta. El Centro Nacional de Inteligencia identificó su origen en una página de Facebook dedicada a publicar información falsa, y el gobierno estatal solicitó apoyo a la federación para identificar a sus autores.

“Nosotros creemos que se trata de un montaje. Independientemente de eso, simplemente se tratan de mentiras”, dijo Reyes Mugüerza al ser cuestionado. El general Medina Mayoral fue más directo: calificó el video de falso y con “tintes políticos”.

James Holmes escuchaba música tecno a todo volumen con auriculares mientras disparaba contra la multitud en el cine de Aurora, Colorado, Estados Unidos. La fiscalía lo estableció durante el juicio: los auriculares eran para bloquear los gritos de las víctimas. Era la madrugada del 20 de julio de 2012.

Tenía 24 años, el pelo teñido de rojo y vestía chaleco antibalas y una máscara de gas. Entró a la sala donde se proyectaba la película Batman The Dark Knight Rises unos diez minutos después de que comenzara la función. Llevaba gas lacrimógeno, un rifle semiautomático AR-15, una escopeta Remington calibre 12 y dos pistolas Glock calibre .40. Abrió fuego al azar.

En los 60 días previos al ataque, Holmes compró legalmente las cuatro armas en comercios de la zona. Por internet adquirió más de 6.000 balas: 3.000 para el rifle, 3.000 para las Glock y 300 para la escopeta. Un mes antes, el dueño de un campo de tiro había rechazado su solicitud de membresía tras escuchar un mensaje de voz que describió como “extraño, gutural y espeluznante”.

Esa noche fueron asesinadas doce personas y otras 70 resultaron heridas. Al ser detenido en el estacionamiento del cine, Holmes le dijo a los oficiales de la policía de Aurora que era “el Joker”, el villano de la película que acababa de interrumpir con su ataque.

El departamento donde vivía estaba minado con explosivos caseros conectados por cables, diseñados para distraer a los servicios de emergencia y alejarlos del cine. El escuadrón de explosivos de la policía desactivó los dispositivos horas después.

Días antes del tiroteo, Holmes había enviado por correo un cuaderno al Centro Médico Anschutz de la Universidad de Colorado, donde estudiaba el doctorado. El paquete estaba dirigido a su psiquiatra, Lynne Fenton, pero no llegó a sus manos hasta después de la masacre. Cuando se abrió, los investigadores encontraron un mapa mental del ataque: bocetos sobre los tiempos de respuesta de las autoridades, una lista de posibles blancos y la frase “¿Qué mejor lugar que una sala de entretenimiento discreta?”, con la que Holmes justificaba su elección del cine para cometer sus crímenes.

En la tapa del cuaderno había escrito “Insight into the Mind of Madness”(Una mirada a la mente de la locura). En su interior, la palabra “¿Por qué?” se repetía en varias páginas. Incluyó una sección titulada “Self diagnosis of a Broken Mind”(Autodiagnóstico de una mente rota), donde listaba posibles diagnósticos propios: esquizofrenia, trastorno de adaptación y síndrome de piernas inquietas. Escribió además: “La mente es una prisión de incertidumbre”.

James Eagan Holmes nació el 13 de diciembre de 1987 en el condado de San Diego, California. En 2006 se graduó del Westview High School en el barrio de Torrey Highlands, donde sus padres aún viven. Jugó al fútbol americano en el equipo juvenil del colegio. Una ex compañera de escuela, Breanna Hath, lo describió al diario estadounidense The Washington Post, como alguien extremadamente callado, “muy dulce, tímido”, y aclaró que “no tenía ningún aire siniestro”.

Ganó una beca para estudiar en la Universidad de California en Riverside, donde se licenció en neurociencia en 2010 con honores. No asistió a su ceremonia de graduación. El rector de esa universidad, Timothy White, dijo a los periodistas que Holmes “tenía la capacidad de hacer cualquier cosa que quisiera en el plano académico”.

Tras recibirse volvió a San Diego. No encontró trabajo en su área y terminó empleándose a tiempo parcial en un local de McDonald’s. En junio de 2011 se inscribió en el programa de doctorado en neurociencia de la Universidad de Colorado en Denver y se mudó a un departamento cerca del campus médico en Aurora. En el formulario de alquiler se describió a sí mismo como “tranquilo y de buen trato”.

Un colega de laboratorio, Billy Kromka, lo definió ante la cadena pública británica BBC como “básicamente torpe en lo social, pero no en un grado que justificara sospechar que pudiera cometer una masacre”. Pasaba gran parte del tiempo frente a la computadora y participaba en juegos de rol en línea. Un vecino del edificio, Gabriel Macias, dijo a la agencia de noticias AFP: “No lo conocíamos bien porque no hablaba con nadie. Siempre estaba encerrado detrás de su puerta”.

En la primavera de 2012, Holmes empezó a tener dificultades con sus estudios y reprobó un examen clave. Comenzó a atenderse con la doctora Fenton, psiquiatra de la universidad. Durante las sesiones le habló de sus pensamientos de matar personas. La psiquiatra sospechó que eran pensamientos intrusivos propios de un trastorno obsesivo-compulsivo y le recetó sertralina, un antidepresivo de la familia de los ISRS. Le triplicó la dosis: de 50 mg a 150 mg diarios en el transcurso de varias consultas.

En lugar de mejorar, el deterioro de Holmes se aceleró. Las notas de la doctora Fenton registraron que, menos de cuatro semanas después de iniciar la medicación, Holmes mostraba “pensamiento de nivel psicótico. Reservado, paranoico, con pensamientos hostiles que no quiere elaborar”.

El propio Holmes describió en su cuaderno el efecto que le producía la sertralina: “La ansiedad y el miedo desaparecen. Ya no hay miedo, ya no hay miedo al fracaso. El miedo al fracaso impulsaba la determinación de mejorar y tener éxito en la vida. No hay miedo a las consecuencias”.

Pocos días después de empezar con la medicación, Holmes le contó a Gargi Datta, su ex novia con quien mantenía un vínculo ocasional, su nueva teoría del “Capital Humano”: acumular puntos y aumentar su valor propio matando personas. También comenzó a gastar grandes sumas de dinero en armas y municiones, y su comportamiento social cambió: el joven retraído empezó a acercarse a desconocidas y a registrarse en sitios de citas.

El 11 de junio de 2012, la doctora Fenton llamó a Arlene Holmes, la madre de James, para informarle que su hijo abandonaba el doctorado. No le dijo nada sobre los pensamientos de matar. “Ni siquiera sabíamos que estaba viendo a una psiquiatra”, recordó Arlene.

Durante el juicio de 2015, Arlene Holmes declaró ante el jurado: “Ella nunca dijo que estaba pensando en matar personas. Yo hubiera ido a rastras hasta donde estaba él. No me lo dijo. No me lo dijo. No me lo dijo”. Los padres de Holmes reservaron pasajes para visitarlo en Denver el 9 de agosto de 2012. El tiroteo ocurrió el 20 de julio. “Demasiado tarde. Demasiado tarde”, reflexionó Arlene.

La madrugada del ataque, Arlene se enteró de lo sucedido por una llamada de la cadena de televisión estadounidense ABC News recibida a las 4.45. “Me llamaron para pedirme un comentario sobre el tiroteo. Así fue como me enteré. Fue surrealista”, contó. Las amenazas de muerte llegaron de inmediato. Había 50 periodistas en la calle y un helicóptero sobrevolando el patio trasero de su casa intentando filmar por las ventanas con teleobjetivo.

Robert Holmes, el padre, declaró durante el mismo juicio: “No era una persona violenta. Al menos no hasta ese momento”. Cinco años después del tiroteo, en 2017, Robert habló públicamente sobre su hijo. Para la familia, el joven que conocían y el hombre que entró al cine esa noche eran, para ellos, dos personas distintas.

Holmes fue imputado por 24 cargos de asesinato en primer grado y 140 cargos de intento de homicidio. Se declaró inocente por razones de demencia. Los psiquiatras que lo evaluaron no llegaron a un acuerdo: hubo diagnósticos de esquizofrenia, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico, pero también peritos que descartaron cualquier diagnóstico. Dos médicos designados por el Estado concluyeron que Holmes era cuerdo al momento del ataque.

El jurado deliberó durante 13 horas a lo largo de dos días y lo encontró responsable de sus actos en todos los cargos. No testificó durante el proceso, pero los jurados revisaron más de 22 horas de entrevistas filmadas entre Holmes y un psiquiatra forense realizadas en 2014.

En agosto de 2015 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia acumuló doce cadenas perpetuas más 3.318 años de prisión, una de las penas más largas de la historia judicial de Estados Unidos.

En octubre de ese mismo año, un interno llamado Mark “Slim” Daniels lo agredió en la Penitenciaría Estatal de Colorado mientras ambos se cruzaron en un pasillo. Daniels le pegó varios golpes y también atacó a un oficial de prisiones. Holmes no resultó herido. The Denver Post, diario de Colorado, recibió una carta del propio Daniels en la que afirmaba que el ataque había ocurrido el 8 de octubre. Holmes cumple su condena con cuatro horas diarias permitidas en el salón común y sin que ningún otro interno pueda acceder a su celda.

El profesor de psiquiatría David Healy, especialista en antidepresivos, declaró a la BBC: “Creo que si no hubiera tomado la sertralina, no habría matado a nadie”. Pfizer, el laboratorio que desarrolló el fármaco, respondió en un comunicado que “no se ha establecido un vínculo causal entre el uso de sertralina y el comportamiento homicida” y que el medicamento “ha ayudado a millones de pacientes”.

El psiquiatra forense William Reid, quien entrevistó a Holmes antes del juicio, sostuvo una posición opuesta ante la BBC: “Para mí, el tiroteo fue consecuencia de una enfermedad mental. No tuvo ninguna relación con la medicación”.

Una adolescente sobrevivió 36 horas oculta dentro de su casa en Jonacatepec, Morelos, después de un ataque con arma blanca en el que fueron asesinados cuatro integrantes de su familia, y su testimonio permitió a las autoridades localizar los cuerpos y abrir una investigación por multihomicidio. La agresión ocurrió la noche del miércoles en la colonia La Capilla, en Morelos, y la menor salió hasta la mañana del viernes para pedir auxilio con heridas en el abdomen y en un brazo.

Cuando policías y paramédicos entraron al inmueble ubicado sobre la calle Morelos encontraron a cuatro personas sin vida: tres mujeres y un hombre, todos con múltiples heridas de arma blanca y ya en estado de descomposición. De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como los padres de familia y dos de sus hijas, una de 17 años y otra de seis.

La sobreviviente relató que varios hombres irrumpieron por la fuerza en la vivienda durante la noche del miércoles y atacaron a todos los ocupantes con armas punzocortantes. Ella consiguió esconderse en una parte del domicilio y permaneció ahí durante día y medio para salvar la vida.

La mañana del viernes, la menor burló el cerco de peligro, salió a la vía pública y pidió ayuda a vecinos de la comunidad de La Capilla. Los habitantes alertaron a los cuerpos de emergencia tras verla lesionada y en condiciones graves.

Paramédicos locales la estabilizaron y la trasladaron bajo resguardo policíaco a un hospital de la región. Su estado de salud permaneció bajo pronóstico reservado.

La adolescente guió a las autoridades hasta el interior de la vivienda

Elementos de la Policía Morelos acudieron al domicilio tras recibir el reporte sobre una persona lesionada por arma blanca. Al llegar encontraron a la adolescente herida, quien les dijo que dentro de la casa estaban sus familiares inmóviles.

Después del señalamiento de la menor, policías y peritos ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de los cuerpos. La escena quedó acordonada para permitir el trabajo de agentes de investigación y especialistas forenses.

El Ejército Mexicano y la Policía Morelos resguardaron la zona mientras el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cadáveres. La Fiscalía mantuvo en reserva las identidades y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad estatal informó que activó los protocolos legales para el procesamiento de la escena y para el análisis de los cuerpos. Los procedimientos técnico-legales quedaron a cargo de la Coordinación General de Servicios Periciales.

La Fiscalía investigó el caso como multihomicidio y mantuvo abierto el móvil

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la muerte de tres mujeres y un hombre dentro de la vivienda de Jonacatepec. También señaló que las indagatorias se desarrollarían conforme al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género.

Esa determinación implicó que el caso no se limitara a una sola hipótesis inicial y que se revisaran todas las circunstancias del ataque. La dependencia sostuvo que agotaría todas las líneas de investigación para identificar y detener a los responsables.

Entre los primeros reportes apareció la posibilidad de que el crimen hubiera ocurrido durante un presunto asalto perpetrado por hombres armados. Ese posible móvil no quedó confirmado y sería la autoridad ministerial la que determinaría la causa de los hechos conforme avanzaran las diligencias.

Lo que sí quedó establecido desde las primeras actuaciones fue la mecánica básica del ataque: un grupo de hombres entró al domicilio y agredió con arma blanca a quienes se encontraban adentro. La única persona que sobrevivió fue la adolescente que logró ocultarse.

El caso concentró la atención de las corporaciones estatales por la combinación de víctimas adultas y menores de edad dentro de un mismo núcleo familiar. De forma preliminar, entre las personas asesinadas estaban dos hijas de la pareja, además del padre y la madre.

La casa familiar se ubicó en la colonia La Capilla, una comunidad del municipio de Jonacatepec, en la zona oriente de Morelos. Ahí permanecieron desplegados los servicios de emergencia y seguridad mientras concluían las diligencias iniciales.

La adolescente fue la pieza central para reconstruir las primeras horas del crimen, porque su relato fijó el momento del ataque en la noche del miércoles y explicó por qué las autoridades no habían intervenido antes. Su escondite dentro del inmueble le permitió evitar a los agresores, pero también la dejó encerrada con sus familiares asesinados durante cerca de día y medio.

Cuando finalmente salió a pedir ayuda, presentaba lesiones punzocortantes en el abdomen y en un brazo. Esa condición obligó a su atención inmediata antes de ampliar su declaración ministerial.

Las autoridades no informaron detenciones ni difundieron la identidad de los agresores. Tampoco dieron a conocer los nombres de las víctimas al cierre de las primeras diligencias.

• Una adolescente sobrevivió herida y permaneció oculta durante 36 horas tras un ataque con arma blanca contra su familia en Jonacatepec.

• Dentro de la vivienda fueron hallados los cuerpos de cuatro personas: tres mujeres y un hombre, entre ellos dos menores de edad.

• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación por multihomicidio y mantuvo abiertas todas las líneas para definir el móvil e identificar a los responsables.

Un episodio de violencia sacudió a la ciudad de East St. Louis, Illinois, el domingo, cuando un tiroteo dirigido contra una familia dejó un saldo de cinco personas muertas y dos heridas.

La magnitud del ataque que involucró múltiples escenas del crimen y a dos adolescentes como presuntos responsables, estremeció a la comunidad local y puso en alerta a las autoridades estatales, según medios como NBC Chicago y ABC 7.

El caso aún se encuentra bajo investigación y plantea interrogantes sobre el trasfondo del hecho, junto con el impacto en una ciudad marcada por antecedentes de violencia.

Descripción general del tiroteo y número de víctimas

Según los reportes difundidos por medios locales, este episodio fue calificado por las autoridades policiales como un “tiroteo masivo dirigido”. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de East St. Louis, una localidad de aproximadamente 18.000 habitantes ubicada en el sur de Illinois.

La acción policial se desplegó rápidamente tras los primeros llamados de emergencia relacionados con hallazgos de restos humanos en zonas residenciales y públicas.

Aunque inicialmente no se revelaron detalles sobre el origen o la motivación del ataque, la gravedad del suceso obligó a una respuesta coordinada de varias agencias de seguridad y a la intervención de altos funcionarios estatales.

En total, siete personas resultaron alcanzadas por los disparos: cinco murieron en el lugar o poco después, mientras que dos permanecen internadas con heridas de gravedad. Las autoridades recalcaron que no existe una amenaza activa para el resto de la población tras la detención de los sospechosos.

Este episodio, por el número de víctimas y las circunstancias, fue rápidamente catalogado como uno de los hechos de violencia más graves en la historia reciente de la ciudad. Las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer las conexiones familiares entre los involucrados.

Lugares y secuencia de los hechos

Las autoridades confirmaron que el tiroteo se desarrolló en tres locaciones diferentes dentro de East St. Louis, lo que complicó inicialmente la labor de los agentes y el levantamiento de pruebas. Uno de los focos principales fue el complejo de viviendas públicas Samuel Gompers Homes, situado en la cuadra 400 de North 6th Street, donde murieron tres personas.

Otra de las escenas se localizó en la intersección de 39th y Summit Streets, allí una persona fue abatida.

La tercera locación fue Jones Park, donde se produjo la quinta víctima fatal y resultaron heridas dos personas más. Aunque la cronología exacta de los hechos no fue precisada por la policía, se presume que la mayoría de los disparos ocurrieron el mismo domingo, aunque algunos pudieron haber sucedido horas antes.

La dispersión de los escenarios y la simultaneidad de las intervenciones policiales dificultaron la reconstrucción inmediata del suceso. Los equipos de investigación, compuestos por agentes estatales y locales, permanecieron durante horas recolectando evidencias y realizando peritajes en cada uno de los lugares afectados.

Identidad de las víctimas y relación familiar

Las autoridades identificaron a los cinco fallecidos como Cherie May (49 años), Devin May (24), Patricia May (74), Quentin Thompson (21) y Shania Thompson (25). Las dos personas heridas también serían familiares directos de los fallecidos, aunque no se difundieron sus nombres ni su estado de salud exacto.

La relación exacta entre los sospechosos y las víctimas no fue aclarada en detalle, aunque las fuentes policiales señalaron que al menos uno de los adolescentes detenidos era pariente de los fallecidos.

Este elemento familiar, sumado a la cantidad de víctimas en diferentes puntos de la ciudad, contribuyó a la calificación del hecho como una masacre doméstica, diferenciándolo de otros ataques aleatorios o con móviles externos a la familia.

Detención y características de los sospechosos

La Policía Estatal de Illinois comunicó que dos adolescentes, de 15 y 16 años, fueron detenidos en relación al tiroteo. Ambos jóvenes, que también serían familiares entre sí, permanecen bajo custodia mientras avanza la investigación. Hasta el cierre de la información disponible, no se habían presentado cargos formales en su contra.

Asimismo, las autoridades optaron por no divulgar detalles sobre cómo obtuvieron las armas utilizadas ni cuántos dispositivos fueron recuperados en las escenas del crimen. Tampoco se precisó la naturaleza exacta de la relación entre los sospechosos y el resto de las víctimas.

Las detenciones se produjeron en la mañana del domingo, poco después de los primeros reportes de los hechos, y tras la intervención de agentes de distintas jurisdicciones estatales y locales.

Investigación, posibles motivos y situación de la ciudad

El caso permanece en etapa activa de investigación. Las autoridades, encabezadas por el director de la Policía Estatal de Illinois, Brendan Kelly, evitaron especular sobre el móvil del ataque y no ofrecieron información sobre posibles conflictos previos entre los implicados.

“La imagen va tomando forma. Tenemos muchos agentes y oficiales de nuestros socios locales involucrados en esta investigación, y creo que con el tiempo se aclarará”, señaló Kelly en conferencia de prensa.

East St. Louis es una comunidad que enfrentó históricamente altos índices de criminalidad. Según reconocieron los propios oficiales, se realizaron esfuerzos durante años para reducir la violencia en la ciudad. No obstante, este episodio constituye un golpe para la percepción de seguridad local y reavivó el debate sobre el acceso a armas y la prevención de delitos violentos.

Tres comerciantes oriundos del Huila fueron encontrados sin vida en el norte del Cauca luego de haber sido reportados como desaparecidos mientras realizaban actividades comerciales en la región.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas habrían sido secuestradas por un grupo armado ilegal, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas con arma de fuego, en un hecho que fue catalogado como la masacre número 69 registrada en Colombia durante 2026.

Las víctimas habían viajado al norte del Cauca por actividades comerciales

Según la información entregada por Indepaz y las autoridades, las víctimas fueron identificadas como Jhon Pedro Rodríguez, de 38 años; Rodrigo Rodríguez, de aproximadamente 40 años; y Jhon Bastos, de 35 años, quienes, de manera preliminar, habían llegado desde el departamento del Huila para desarrollar actividades comerciales en los municipios de Corinto y Miranda, en el norte del Cauca.

Las investigaciones indican que los tres hombres fueron interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal que opera en esa zona, quienes los retuvieron y los trasladaron hacia la parte alta del área rural. Desde ese momento se perdió todo contacto con ellos.

Los familiares habían reportado su desaparición luego de perder comunicación con los comerciantes el pasado 26 de junio, iniciando una búsqueda a través de redes sociales con la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, durante la mañana del sábado 4 de julio recibieron la confirmación del trágico desenlace.

Los cuerpos fueron hallados en Corinto y Miranda

De acuerdo con las autoridades, dos de los cuerpos fueron encontrados en el sector de El Barranco, en jurisdicción de Corinto, mientras que el tercero fue hallado en una zona rural del municipio de Miranda.

Debido a las complejas condiciones de seguridad y las dificultades para acceder a estos sectores, fueron habitantes de la región quienes colaboraron en el traslado de los cadáveres hasta la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao, donde posteriormente pudieron ser identificados por sus familiares.

“Como acá en Corinto y Miranda no puede estar la Fiscalía, menos la fuerza pública, entonces, los mismos pobladores facilitaron el traslado de los cadáveres hacia Medicina Legal, ahí ya nos comunicaron a nosotros y claro, con las fotos que nos dieron de los hallazgos, comprobamos que son ellos”, indicaron los seres queridos y allegados, quienes adelantan la búsqueda de estas personas según El País.

Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban evidentes signos de tortura, además de heridas ocasionadas con arma de fuego, lo que hace parte de las evidencias que serán analizadas dentro de la investigación.

Según información conocida por funcionarios judiciales, los responsables habrían retirado los documentos de identidad de las víctimas antes de abandonar los cuerpos en distintos puntos del norte del departamento.

“El reporte que tenemos es que encontraron dos cuerpos en el sector de El Barranco y otro en Miranda, pero por el momento no tenemos información de las identidades de las víctimas porque les quitaron los documentos, solo dejaron sus cadáveres en estos lugares”, agregaron los funcionarios judiciales según el medio.

Investigan qué grupo armado sería el responsable

De manera preliminar, líderes sociales de la región indicaron que los comerciantes habrían sido retenidos por una de las organizaciones armadas ilegales que actualmente se disputan el control territorial entre Corinto y Miranda, cuando, al parecer, realizaban una actividad comercial relacionada con la venta de rifas.

Mientras tanto, la Fiscalía y las autoridades competentes avanzan en las investigaciones para establecer cuál estructura armada sería la responsable del triple homicidio y esclarecer los móviles del crimen.

Indepaz advirtió sobre el riesgo de violencia en la zona

Al reportar el caso, Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana 019 de 2024, en la que advierte sobre el riesgo extraordinario que enfrenta la población del municipio de Corinto debido a la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

Según la organización, el documento alerta sobre la presencia del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) y el Frente 57 “Yair Bermúdez”, además de bandas de carácter local, que mantienen disputas por el control territorial y ejercen restricciones a la movilidad, imposición de normas ilegales y otras afectaciones contra las comunidades.

La Defensoría también ha advertido sobre riesgos de reclutamiento forzado, confinamiento, instalación de minas antipersonal y amenazas contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, razón por la cual solicitó una respuesta urgente del Estado para fortalecer las medidas de protección en esta zona del norte del Cauca.

Con este caso, Indepaz confirmó que ya son 69 las masacres registradas en Colombia durante 2026, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen y garantizar justicia para las familias de las tres víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó la detención de un hombre identificado como Santos “N”, de 45 años, por su probable participación en el multihomicidio de 10 personas ocurrido el domingo 17 de mayo en un rancho de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, región de la Mixteca poblana.

La aprehensión se ejecutó mediante orden judicial librada con base en los datos de prueba reunidos por la FGE durante la investigación, según el reporte oficial compartido este 3 de julio.

Con esta detención, el número de implicados capturados en el caso ascendió a cuatro.

Reportes previos de Infobae México señalaron que la masacre se registró alrededor de la 01:55 de la madrugada cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la finca.

Al llegar, las autoridades encontraron nueve cuerpos y una mujer herida de bala en la cabeza, quien murió en el traslado al hospital.

Entre las víctimas estaban Cecilio, de 55 años, y Marcela, de 48, junto con sus hijos Roberto y José María, sus sobrinas Carolina y Gabriela, su cuñada Martha y tres trabajadores del rancho: Efrén, José y Kevin.

Una bebé de un mes murió asfixiada al quedar cubierta por el cuerpo de su madre

Tres de las diez víctimas eran menores de edad: dos jóvenes de 15 y 16 años, y una bebé de un mes de nacida. La pequeña no murió por arma de fuego: falleció asfixiada tras quedar cubierta por el cuerpo de su madre, quien intentó protegerla en medio del ataque.

Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad de casquillos percutidos de armas de grueso calibre. Las paredes y ventanas presentaban múltiples impactos de arma larga. La fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó la saña con la que se perpetró el crimen y precisó que el ataque fue directo y planeado contra las personas que se encontraban en la finca esa madrugada.

La zona donde ocurrió el ataque presentaba falta de señal telefónica, lo que retrasó el reporte a las autoridades. Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, reconoció esta circunstancia y anunció el refuerzo de la seguridad en la comunidad tras el multihomicidio.

FGE investigó dos vertientes: venganza por internamiento en un anexo y disputa por tierras

La fiscal Pastor Betancourt señaló que la investigación siguió dos vertientes desde el inicio: una probable venganza del hijo mayor de la familia, identificado como José Alfredo “N”, por haber sido internado en un anexo por problemas de drogadicción, y un conflicto familiar por tierras.

En redes sociales circuló un video de José Alfredo grabado aproximadamente un mes antes de los hechos. En la grabación, el joven responsabilizaba a su familia de sus adicciones y afirmaba que lo obligaban a trabajar sin descanso, lo que lo llevó a consumir cristal, cocaína y alcohol. La FGE abrió una investigación en su contra tras la difusión del video.

Hasta la fecha de su última actualización pública, las autoridades no habían podido localizar a José Alfredo. Pastor Betancourt solicitó a la población que, en caso de conocer su paradero, lo reportara a la Fiscalía para determinar su grado de participación en el crimen.

La fiscal también precisó que cuatro de las víctimas eran trabajadores del rancho y que el resto pertenecía a la familia propietaria. Esta aclaración rectificó versiones iniciales que señalaban que todas las víctimas eran integrantes de un mismo núcleo familiar.

Tres detenidos previos a la captura de Santos “N”

Antes de la detención de Santos “N”, la FGE había capturado a tres personas vinculadas al caso. El primero fue Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, de 20 años, sobrino de una de las víctimas e integrante de una banda presuntamente dedicada a la extorsión y robo de ganado en la región.

Los otros dos detenidos, identificados como Alberto “N” y Aniceto “N”, fueron localizados a partir del análisis de mensajes que intercambiaron con “El Pony” el día del crimen. Supuestamente carecían de vínculo con las víctimas y quedaron a disposición de un juez de control para que se definiera su situación jurídica.

Este 3 de julio la Fiscalía informó que las diligencias continúan para identificar y detener a todos los participantes en el multihomicidio, tanto autores materiales como intelectuales.

La Corte Suprema, con la firma de sus tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la obligación del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires de indemnizar a las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004, cuando Rafael Solich, entonces de 15 años, mató a tres compañeros e hirió a cinco en el colegio Islas Malvinas.

La decisión cerró los recursos que habían presentado el Estado nacional, en nombre del Ministerio de Seguridad por Prefectura Naval, y la Fiscalía de Estado bonaerense, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación provincial. Los planteos fueron rechazados por inadmisibles bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El fallo se dictó en la demanda por daños y perjuicios iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres víctimas fatales. El máximo tribunal ya había resuelto en el mismo sentido el año pasado en la causa promovida por la familia de Federico Ponce, otro de los estudiantes asesinados.

La tercera familia, la de Evangelina Miranda, también demandó al Estado. Ese expediente recibió sentencia de primera instancia en octubre de 2024.

La responsabilidad de la escuela

Los familiares reclamaron judicialmente contra la escuela y contra la Prefectura Naval. Esto último porque el tirador era hijo de un prefecto y utilizó un arma de esa fuerza para cometer el ataque.

Según lo resuelto por la justicia federal de Bahía Blanca, en primera y segunda instancia, el artículo 1117 del Código Civil entonces vigente establecía la responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales por los daños causados o sufridos por alumnos menores mientras estuvieran bajo control de la autoridad educativa, salvo prueba de caso fortuito.

Sobre esa base, los tribunales concluyeron que no se había demostrado una respuesta diligente de las autoridades frente a los problemas de conducta que mostraba Solich. En el sumario administrativo a los docentes surgió que distintos integrantes del establecimiento habían advertido que la conducta de “Juniors” era alarmante y que los alumnos podían estar en peligro, pero no se adoptaron medidas.

La causa también atribuyó responsabilidad a la Prefectura porque la institución era dueña del arma con la que se ejecutó el ataque. El padre de Solich, según esa conclusión judicial, incumplió el deber de custodiarla de manera adecuada.

Cómo fue la masacre en un aula de primero B

Los estudiantes cursaban primero B del Polimodal en la Escuela de Enseñanza Media Nro. 202 de Carmen de Patagones. La mañana del 28 de septiembre de 2004, después del izamiento de la bandera, Solich entró al aula, se paró frente a sus compañeros, sacó el arma y disparó de manera indiscriminada.

El ataque dejó tres muertos y cinco heridos. “Cuando tiré, no era yo”, declaró ante la jueza de menores que llevó adelante la causa, en la que fue declarado inimputable.

Rafael Juniors Solich, actualmente de 37 años, lleva dos décadas bajo tutela judicial y cumple un tratamiento ambulatorio a través de una institución neuropsiquiátrica.

Aquella mañana trágica, el reloj marcaba las 7.35 horas cuando a causa de los disparos murieron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. Mientras que Nicolás Leonardi, Natalia Salomón, Cintia Casasola, Pablo Saldías y Rodrigo Torres sufrieron heridas graves.

El Estado nacional y el provincial habían pedido a la Corte que revisara la condenas en su contra por considerarlas arbitrarias. La Prefectura sostuvo que, con ese criterio, debería requisar a diario el domicilio de 35 mil efectivos para controlar cómo guardan sus armas, mientras que la Fiscalía bonaerense afirmó que lo ocurrido había sido imprevisible e inevitable.

Sin embargo, la decisión de la Corte adoptada este jueves confirmó que deben ser indemnizados los familiares de las víctimas fatales.

El funcionario sostuvo que el caso no habría tenido relación con otro homicidio de una familia ocurrido en abril en la misma alcaldía. Según explicó, la agresión sí podría vincularse con otros hechos inscritos en una dinámica de confrontación entre grupos criminales de la zona.

Durante el Informe de Seguridad de mayo, Vázquez Camacho precisó que la investigación apuntaba a una disputa entre dos células delictivas que operaban en Azcapotzalco. Esa confrontación, añadió, se habría originado por la fragmentación de una organización criminal con presencia en la demarcación.

La SSC dijo que ya tenía ubicados a quienes ordenaron y coordinaron el ataque

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, afirmó este martes que las autoridades capitalinas tenían “plenamente identificada” a la célula criminal que ordenó el multihomicidio de una familia el domingo 14 de junio en la colonia Santa María Malinalco. También señaló que ya estaban identificados el grupo que recibió el ataque y los coordinadores de la agresión.

En sus declaraciones, el secretario indicó: “Se tiene perfectamente identificados a los autores intelectuales y coordinadores del ataque y se tiene identificada también a la célula que recibió el mismo”. Agregó que la corporación trabajaba junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desmantelar por completo a ambas bandas.

“Primero que nada, lamentamos mucho el caso. Externamos nuestra solidaridad, como en cualquier hecho de violencia, con las víctimas. Un equipo especial atiende a las víctimas y la Secretaría ha dado acompañamiento a los familiares que sufrieron la agresión desde el primer momento. Lo seguirá haciendo a lo largo de los siguientes meses, hasta que haya rehabilitación y restitución para las víctimas, en coordinación con otras dependencias”, dijo Vázquez Camacho.

“Sobre el caso en concreto, en la parte de investigación, es un caso que se inscribe en una disputa en la zona entre dos células delictivas locales”, añadió.

La agresión dejó cuatro personas muertas dentro de un inmueble de la colonia Pueblo de Santa María Malinalco. Las víctimas fueron un menor de 13 años, un hombre de 39 años y dos mujeres de 35 y 26 años, todos integrantes de una misma familia.

Dos adolescentes lograron salir de la vivienda para pedir ayuda y resultaron lesionadas. De acuerdo con los reportes oficiales, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra sus ocupantes durante la madrugada del domingo.

La confrontación entre grupos habría bajado en mayo tras capturas de líderes

Vázquez Camacho dijo que las acciones emprendidas por las autoridades habían reducido la violencia en la alcaldía durante mayo. Entre esas medidas mencionó la captura de varios líderes de una y otra célula delictiva.

El secretario afirmó que, a partir de esas detenciones, mayo prácticamente tuvo saldo blanco en términos de homicidios en Azcapotzalco. Añadió que, pese al ataque contra la familia, la investigación ya estaba avanzada.

La jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó la conferencia en la que el titular de la SSC expuso el avance del caso. Ahí insistió en que el móvil identificado hasta ese momento apuntaba a una pugna entre grupos surgidos de la escisión de una misma organización criminal.

La autoridad capitalina descartó un vínculo directo entre este multihomicidio y el caso de otra familia asesinada en abril. La línea principal de investigación, según lo informado por el secretario, se concentró en la confrontación entre células delictivas locales que operaban en esa zona de la alcaldía.

• La SSC informó que ya tenía identificados a los autores intelectuales, coordinadores y a la célula vinculada con el multihomicidio en Azcapotzalco.
• Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados, entre ellos un menor de 13 años, y dos adolescentes resultaron lesionadas.
• Pablo Vázquez Camacho descartó que el caso estuviera relacionado con el homicidio de otra familia en abril y lo atribuyó a una disputa entre grupos criminales locales.

La masacre

Los vecinos testificaron ante la autoridad y, de acuerdo a sus declaraciones, la familia se había mudado al lugar hace relativamente poco tiempo, lo que podría indicar un ataque premeditado.

Los sobrevivientes declararon que seis personas se habrían hecho pasar por policías de investigación para poder acceder al inmueble y cometer el artero crimen.

El hecho quedó totalmente registrado en las cámaras de videovigilancia, que dieron cuenta de cómo sucedió el ataque sobre esta familia.

La grabación muestra a tres sujetos encapuchados que tocan la puerta del domicilio, entran y atacan a los ocupantes.

La Fiscalía CDMX obtiene la vinculación a proceso de tres hombres por su probable participación en un ataque armado ocurrido el 10 de mayo de 2026 en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, donde murieron cuatro personas y ocho resultaron lesionadas, de acuerdo con la institución.

Según la Fiscalía capitalina, la orden judicial se dicta por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La autoridad fija tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

Los vinculados a proceso son José “N”, Johan “N” y Eder “N”, a quienes la Fiscalía CDMX atribuye una intervención probable en la agresión. La institución informa que, durante la audiencia del 12 de junio, formuló imputación y presentó datos de prueba que la autoridad judicial valoró para dictar la resolución.

De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo de 2026 los imputados llegan en un vehículo y una motocicleta a un inmueble donde se realiza una convivencia familiar. La Fiscalía sostiene que en ese punto habrían disparado armas de fuego contra las personas que estaban en el lugar.

La Fiscalía CDMX detalla que tres víctimas fallecen en el sitio, entre ellas dos adolescentes, y que otras personas resultan lesionadas y son trasladadas a distintos hospitales. Posteriormente, una de las personas heridas muere a causa de las lesiones, según la misma autoridad.

Tras conocerse los hechos, la SSC localiza un vehículo relacionado con la agresión, informa la Fiscalía. La institución añade que el 11 de mayo detienen a Eder “N” y José “N” en posesión de narcóticos, mientras que Johan “N” es detenido ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de esas detenciones, los tres ya enfrentan un proceso penal previo, según la Fiscalía CDMX. La institución precisa que obtiene su vinculación a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, además de cohecho, por lo que quedan sujetos a prisión preventiva.

Para avanzar en el esclarecimiento del ataque armado, la Fiscalía CDMX señala que recaba testimonios y realiza diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación. A partir de esos trabajos, sostiene, se establece la probable participación de los tres hombres y se obtienen órdenes de aprehensión por los hechos del 10 de mayo.

La Fiscalía informa que dichas órdenes se ejecutan el 8 de junio de 2026 por agentes de la PDI al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde los imputados se encuentran. Con esa ejecución, quedan formalmente a disposición de la autoridad judicial por la investigación relacionada con el ataque.

En su comunicado, la Fiscalía CDMX indica que continuará con diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos y el seguimiento del proceso penal. También señala que lo hace en favor de víctimas directas e indirectas.

La institución recuerda que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se consideran inocentes y deben ser tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia.

• La Fiscalía CDMX logra la vinculación a proceso de José “N”, Johan “N” y Eder “N” por un ataque armado del 10 de mayo en Iztapalapa.
• La agresión deja cuatro muertos y ocho lesionados; la audiencia del 12 de junio fija tres meses para cerrar la investigación complementaria.
• Las órdenes de aprehensión se ejecutan el 8 de junio en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; los imputados ya estaban en prisión preventiva por narcomenudeo y cohecho.

Seis años después de la peor masacre registrada en una cárcel panameña, la justicia impuso la pena máxima permitida por la legislación nacional a los responsables del ataque que dejó 13 muertos y 11 heridos dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary condenó a 12 privados de libertad a 50 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras ser declarados culpables previamente por un Jurado de Conciencia.

La sentencia fue leída este jueves en la sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, en Balboa, corregimiento de Ancón. Los condenados siguieron la audiencia de manera telemática desde el centro penitenciario donde permanecen recluidos.

El tribunal impuso primero una pena de 30 años de prisión por los 13 homicidios dolosos agravados y posteriormente agregó 20 años por las 11 tentativas de homicidio, para una condena total de 50 años para cada uno de los sentenciados.

La cifra coincide con el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión contemplado por la legislación panameña. Aunque recientemente los tribunales han dictado condenas acumulativas superiores —incluyendo una de 80 años por un doble homicidio— la ley establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de 50 años.

La decisión judicial pone fin a una de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público y acerca al cierre uno de los episodios más violentos en la historia del sistema penitenciario panameño.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019 dentro del pabellón 14 de La Joyita, una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Aquella tarde se desató una sangrienta reyerta entre grupos rivales de privados de libertad. Lo que inicialmente parecía una pelea entre internos rápidamente escaló hasta convertirse en una matanza de grandes proporciones.

Según las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para agredir a otros reclusos que se encontraban en el mismo pabellón.

El resultado fue devastador: 13 personas murieron y otras 11 sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud de la violencia conmocionó al país y expuso graves fallas dentro del sistema penitenciario. Las imágenes difundidas tras la masacre mostraron un escenario de destrucción y evidenciaron la presencia de armamento de alto poder dentro del penal.

Durante las requisas posteriores, las autoridades encontraron fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres, municiones y armas artesanales, hallazgos que generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes y la forma en que ese arsenal ingresó al centro penitenciario.

Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que la masacre estaba relacionada con una disputa interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM).

De acuerdo con la Fiscalía, el conflicto tenía como trasfondo el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de estructuras criminales que operaban tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Las pesquisas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses, inspecciones técnicas y testimonios protegidos que permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados.

El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó el pasado 30 de mayo, cuando un Jurado de Conciencia declaró culpables a los 12 procesados como autores de los homicidios y de las tentativas de homicidio.

Durante la audiencia de lectura de sentencia también surgió un nuevo elemento dentro del caso.

El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión al Ministerio Público para que continúe investigando la posible participación de una persona que fue señalada durante el juicio como presunto autor intelectual de los hechos.

Sin embargo, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, aclaró que el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación relacionada con esa línea del caso bajo una carpeta específica que continúa en desarrollo.

La condena no pone fin definitivo al proceso judicial. Los abogados defensores particulares y representantes del Instituto de la Defensa Pública anunciaron recursos de apelación contra la sentencia. Aquellos defensores que no estuvieron presentes durante la audiencia disponen de dos días hábiles para formalizar la impugnación por escrito.

A pesar de ello, la decisión representa uno de los fallos más severos emitidos por los tribunales panameños en los últimos años y marca un nuevo capítulo en un caso que evidenció los problemas de hacinamiento, la presencia de pandillas y las deficiencias de seguridad que durante años han afectado al sistema penitenciario del país.

Para las autoridades, la condena constituye una respuesta judicial a una tragedia que dejó 24 víctimas directas entre fallecidos y heridos y que sigue siendo recordada como la peor masacre carcelaria ocurrida en Panamá.

Por sorpresa, soldados del ejército de Sri Lanka irrumpieron en las aldeas de Mahiladithivu y Muthalaikuda, en el este del país. El ataque fue una represalia inmediata: alrededor del mediodía de aquel 12 de junio de 1991, un artefacto explosivo improvisado colocado por guerrilleros de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) había detonado bajo un tractor de suministros en el camino Kokkadichcholai-Manmunai Ferry Road, en el distrito de Batticaloa. La mina terrestre mató a dos soldados y dejó a un tercero herido.

Enfurecidos por las bajas, un oficial y dieciséis militares del campamento local salieron hacia las comunidades vecinas, culparon a los pobladores y se desquitaron con ellos: masacraron al menos a 67 civiles tamiles, aunque los informes de organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 150 víctimas, incluyendo ancianos, mujeres y un bebé de apenas ocho meses.

El ensañamiento no se detuvo ahí: diecisiete aldeanos de Muthalaikuda fueron arrastrados hasta el cráter que había dejado aquella explosión en el camino. Los militares los obligaron a dar vueltas alrededor del pozo tres veces antes de fusilarlos. Luego tiraron sus cuerpos al hoyo y los quemaron.

Esa misma tarde, la agencia estatal de noticias Lankapuvath informó que 52 civiles habían muerto “en un enfrentamiento” entre el Ejército y el grupo rebelde. Pero esa versión oficial no resistió el peso de los testimonios. El presidente entonces Ranasinghe Premadasa de Sri Lanka escribió una carta a un diputado del área en la que expresó “conmoción y pesar” por “el brutal asesinato de un gran número de civiles inocentes” y ordenó una indagación preliminar a cargo de tres funcionarios del gobierno. Seis días después, el 18 de junio, se estableció formalmente una comisión presidencial de investigación.

El escenario y la guerra que lo hizo posible

Kokkadichcholai es un conjunto de aldeas ubicado junto a una laguna, al oeste de la ciudad de Batticaloa, en la provincia oriental del país. La mayor parte de su población pertenecía a la minoría tamil, específicamente a la casta Mukkuvar, dedicada principalmente a la agricultura. En los alrededores había un campamento militar del ejército ceilandés que se abastecía mediante un tractor que recorría la ruta local.

En junio de 1990, se reanudó la Segunda Guerra Eelam (segunda fase de la guerra civil de Sri Lanka), tras el colapso de las negociaciones entre el gobierno de Colombo y el grupo rebelde, Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Desde esa fecha, el este del país —los distritos de Batticaloa, Trincomalee y Amparai— se había convertido en escenario de una violencia sistemática. Organizaciones locales de derechos humanos estimaban que, en apenas cuatro meses, unas 3.000 personas habían muerto o desaparecido a manos de las fuerzas de seguridad solo en la región oriental. En la ciudad de Batticaloa, por ejemplo, más de 1.500 pobladores fueron denunciados como desaparecidos en el segundo semestre de ese año.

El patrón era recurrente: cada ataque del LTTE contra posiciones militares o policiales desencadenaba represalias contra la población civil tamil de la zona. Amnistía Internacional documentó durante su primera visita de investigación desde 1982 —realizada en junio de 1991, días antes de la matanza— que las fuerzas de seguridad operaban “con una sensación casi total de impunidad”. El entonces ministro de Defensa, Ranjan Wijeratne, había declarado ante el Parlamento que “el gobierno no mostrará piedad hacia estos terroristas tamiles, criminales que no merecen vivir”. La organización humanitaria advirtió en el informe “Sri Lanka Noreste: Violaciones de los derechos humanos en un contexto de conflicto armado” que declaraciones de ese tipo, combinadas con la ausencia de consecuencias para los responsables de abusos, alentaban a las fuerzas armadas a cometer ejecuciones extrajudiciales.

El distrito acumulaba, además, un historial previo de violencia masiva. En 1987, el mismo conjunto de aldeas de Kokkadichcholai había sido escenario de otra matanza. Entre finales de la década de 1980 y principios de los años 90, más de 1.100 civiles habían sido víctimas de desaparición forzada o presuntamente asesinados en la zona, según documentó la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos (UTHR), una organización de la Universidad de Jaffna que publicaba informes de primera mano sobre las violaciones en el noreste.

12 de junio de 1991

Alrededor de las 12:45 de la tarde de aquel 12 de junio de 1991, el artefacto explosivo detonó bajo el tractor de suministros perteneciente a la base militar de Kokkadichcholai. Los dos soldados que viajaban en el vehículo murieron en el acto, lo que provocó el envío inmediato de refuerzos hacia el lugar de la explosión. En el puesto militar había otros diez milicianos, desarmados, de la Organización de Liberación Popular de Tamil Eelam (PLOTE, por sus siglas en inglés); según los testimonios recogidos por la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos, para el informe “La masacre de Kokkadichcholai y después”, estos paramilitares advirtieron a los civiles de la aldea que un ataque represivo era inminente.

La mayoría de los hombres y algunas mujeres lograron huir a tiempo. Quienes no pudieron escapar buscaron refugio en un molino de arroz propiedad de un vecino identificado como Kurukulasingam, donde se estima que se escondieron más de cien personas. Según el recuerdo de los sobrevivientes, un grupo de militares entró a ese lugar por la fuerza y abrió fuego indiscriminado. Mataron a casi todos los refugiados y dejaron heridos a los que estaban en la casa de al lado. Cuando los militares se fueron, varios de los sobrevivientes y algunos curiosos se acercaron al refugio para ayudar. Fue justo cuando llegó la segunda patrulla de seis soldados: empujaron a todos adentro del refugio y les dispararon. Al salir, remataron a cinco que estaban heridos. Luego de esa masacre, los militares intentaron incendiar los cadáveres, entre los que había ancianos, mujeres y niños.

La escena más documentada ocurrió en Muthalaikuda, en el cráter. Allí, diecisiete aldeanos, entre ellos un adolescente de 16 años llamado Suthaharan, fueron sacados de sus casas y arrastrados hasta el cráter dejado por la mina terrestre. Mientras los militares los obligaron a rodear el foso tres veces antes de fusilarlos, para luego arrojar sus restos al hoyo e incinerarlos, en paralelo, en Mahiladithivu, aproximadamente 50 aldeanos fueron asesinados. Entre ellos, estaba el bebé de ocho meses.

La UTHR estimó que el saldo real superó los 123 civiles muertos: 67 cadáveres identificados y sepultados, y otros 56 desaparecidos que se presumen fallecidos tras haber sido reducidos a cenizas. En contraste, la policía local, de composición mayoritariamente cingalesa, solo certificó 32 decesos. El molino concentró la mayor cantidad de víctimas, con 43 fallecidos. Los lugareños también denunciaron que, al menos, seis mujeres fueron violadas, incluyendo a dos hermanas; aunque las autoridades policiales negaron las agresiones sexuales, funcionarios médicos las confirmaron en privado dentro de los informes de la mencionada universidad.

Al día siguiente, el 13 de junio, mientras el ejército permanecía acuartelado, los primeros en llegar al escenario de la matanza fueron miembros del propio LTTE, quienes tomaron fotos de la destrucción. Para el amanecer, los cuerpos ya habían comenzado a descomponerse bajo el clima tropical, por lo que alrededor de las dos de la tarde los aldeanos enterraron, casi de urgencia, la mayoría de los cuerpos.

El 16 de junio, una comitiva oficial encabezada por Bradman Weerakoon —asesor presidencial para Asuntos Internacionales— y los diputados locales Joseph Pararajasingham y Karunakaran llegó en helicóptero a la base militar. Los mandos de la guarnición sostuvieron que los muertos eran combatientes rebeldes y que el acceso a las aldeas seguía siendo peligroso, lo que forzó la evacuación del grupo hacia Batticaloa. Solo el diputado Pararajasingham logró romper el cerco y reunirse con las victimas. Cuatro días más tarde, el 20 de junio, la comandancia de la base fue relevada con la asignación de un nuevo oficial al mando.

La investigación, el juicio y la impunidad

La Comisión Kokkadicholai fue establecida el 18 de junio de 1991 bajo la Ley de Comisiones de Investigación de Sri Lanka. Fue la primera investigación independiente de este tipo celebrada en el país sobre una masacre cometida por el ejército. La integraron tres comisionados: K.D.O.S.M. Seneviratne como presidente, S. Selliah y el doctor A.M.M. Sahabdeen. Las audiencias públicas se realizaron en la base de la Fuerza Aérea en Batticaloa entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1991, y posteriormente en el Bandaranaike Memorial International Conference Hall de Colombo. Hasta mediados de diciembre, 136 testigos habían declarado.

El informe preliminar de la comisión se publicó el 30 de enero de 1992, en parte por presión del gobierno para tenerlo listo antes de la reunión del consorcio de ayuda internacional prevista para el 7 de febrero, en París. El informe final fue entregado al gabinete en marzo de 1992. Sus conclusiones confirmaron que los soldados del campamento de Kokkadicholai eran responsables de las matanzas, pero las justificaron como el resultado del “comportamiento descontrolado” de los militares tras la muerte de sus compañeros, y no como una acción militar planificada. La comisión declaró que no existían pruebas contra ningún soldado en particular y que, por tanto, “los culpables no pueden ser llevados ante un tribunal penal”. Recomendó que el ejército condujera sus propias investigaciones bajo la ley militar.

El informe final recomendó también el pago de 5.245.225 rupias de Sri Lanka —equivalentes a unos 175.000 dólares estadounidenses de la época— en concepto de indemnización para las familias de los 67 muertos identificados y para quienes perdieron propiedades. Ninguno de los militares presuntamente responsables fue obligado a declarar ante la comisión. Solo el comandante del campamento prestó testimonio, y lo hizo sin juramento.

El caso pasó a un tribunal militar. El consejo de guerra absolvió a los dieciséis soldados implicados en las matanzas, pero declaró culpable al oficial al mando, el teniente H.A.S. Kudaligama del 5.º Batallón de la Guardia Gemunu, por dos cargos: no haber controlado a sus subordinados y haber dispuesto ilegalmente de los cadáveres. El ejército anunció en diciembre de 1992 su destitución del servicio. Los dieciséis soldados absueltos fueron enviados al frente norte como medida disciplinar.

El Comité Asiático de Vigilancia de Derechos Humanos (Asia Watch), filial de Human Rights Watch, señaló que la comisión había referido el caso a un tribunal militar precisamente cuando ese mecanismo era incompatible con los estándares del derecho internacional para investigar ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) determinó en un informe de enero de 2010 que la decisión de derivar el caso a la justicia militar había equivalido a una “subversión de la jurisdicción de los tribunales civiles” y que el resultado produjo un único “chivo expiatorio” en lugar de justicia real.

En 2001, el ejército reconoció formalmente su responsabilidad en la masacre. En enero de 2002, personal militar en Batticaloa admitió públicamente su participación en matanzas masivas de aldeanos en el este, mencionando entre ellas el ataque de Kokkadicholai. En febrero de ese año, el fiscal general presentó cargos contra más de 600 policías y militares vinculados a desapariciones ocurridas antes de 1994. El 28 de junio de 2002, dos soldados fueron condenados a seis años de prisión y a una multa de 2.500 rupias —equivalentes a 27 dólares estadounidenses— por su participación en un secuestro y asesinato cometido en 1989, en un proceso que no guardaba relación directa con Kokkadicholai pero que formaba parte de la misma ola de rendición de cuentas.

Los familiares de una de las víctimas de la masacre que dejó cuatro campesinos muertos en Remedios, Antioquia, aseguran que las personas asesinadas no eran el objetivo de los hombres armados que perpetraron el ataque. Según su versión, la acción habría estado dirigida a sembrar temor entre integrantes de estructuras rivales que disputan el control territorial en el Nordeste antioqueño.

La afirmación fue hecha por Luis Alberto Botero, hermano de Efraín de Jesús Botero, uno de los cuatro campesinos asesinados en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. El familiar sostiene que ni su hermano ni las demás víctimas habían recibido amenazas previas y que no existían indicios que permitieran relacionarlos con alguno de los grupos armados que operan en la región.

La hipótesis de la familia apunta a que la masacre fue utilizada como una demostración de fuerza en medio de la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según información publicada por Blu Radio, los familiares consideran que el mensaje dejado por los atacantes refuerza esa interpretación.

Luis Alberto Botero explicó que su hermano dividía su tiempo entre labores de minería en el corregimiento de Santa Isabel y actividades agrícolas y ganaderas en la finca donde ocurrieron los hechos. El pasado sábado llegó al predio para realizar trabajos relacionados con el manejo de ganado y allí fue sorprendido por hombres armados junto a su esposa Rocío Silva y otros dos trabajadores.

De acuerdo con el relato de la familia, ninguno de ellos esperaba una situación de ese tipo. Tampoco tenían conocimiento de amenazas recientes o de una presencia activa de ese grupo armado en el sector donde se produjo la masacre.

La familia cree que el mensaje iba dirigido a otros actores armados

La principal razón que lleva a los familiares a descartar que los campesinos fueran el objetivo directo del ataque es el mensaje que, según relatan, dejaron los agresores en el lugar de los hechos.

Sobre una lona verde parcialmente consumida por el fuego que también destruyó dos viviendas, habría quedado escrita la frase: “Muerte a sapos Omar y Enano”. Para los allegados de las víctimas, el contenido de ese mensaje demuestra que los responsables buscaban enviar una advertencia a otras personas y no a quienes terminaron asesinando.

“El objetivo no era el hermano mío ni la gente que mataron. Nunca hubo un grafiti referente a mi hermano o a la gente de ahí de la finca que asesinaron. Era un mensaje de los del Clan del Golfo, que tenían que causar terror, miedo, y el mensaje era eso, ahí le damos sus muertos”, afirmó Luis Alberto Botero, citado por Blu Radio.

La declaración se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la masacre y determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Revelan detalles sobre los últimos momentos de las víctimas

El familiar también habló sobre los momentos previos al asesinato de los cuatro campesinos. Según explicó, las víctimas fueron retenidas por hombres armados y posteriormente ejecutadas.

Botero se refirió además a la fotografía que se hizo viral en redes sociales y que muestra a las víctimas amarradas de manos mientras permanecían bajo custodia de un hombre armado identificado por las autoridades como alias ‘Johan Veneco’, por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos.

Asimismo, explicó que el cuerpo de Efraín Botero fue encontrado después de los demás porque, aparentemente, intentó escapar al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

“Ellos quedaron aquí arriba, al pie de la peseta. El hermano mío, según vemos, al ver lo que está sucediendo, trató de huir, y huyó alrededor de 100 metros ya lo candelearon. Él fue muerto por tiros de fusil. Los demás no, según Medicina Legal”, relató.

Mientras se realizan las honras fúnebres de Efraín Botero y Rocío Silva en Remedios, Antioquia, la familia insiste en que las víctimas fueron personas ajenas a la confrontación armada y sostiene que el verdadero objetivo de los responsables era enviar un mensaje de terror dentro de la disputa criminal que afecta a esta región del país.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó este sábado que las investigaciones relacionadas con el caso Corinto, donde murieron cinco agentes policiales, presentan avances significativos y continúan desarrollándose mediante operativos coordinados entre distintas unidades de seguridad.

El alto funcionario detalló que las autoridades mantienen acciones permanentes de seguimiento e inteligencia para identificar y capturar a los responsables del ataque, considerado uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra miembros de la institución policial.

“Va adelantado, hay grandes avances y van a seguir llegando las órdenes de captura por este caso y sobre todo un compromiso de intervenir el sector para garantizar la seguridad en esa zona”, expresó Oseguera Mass al referirse al proceso investigativo.

El caso Corinto generó fuerte impacto a nivel nacional tras la muerte de cinco agentes policiales durante un operativo en esa región del país, situación que provocó el despliegue de refuerzos y nuevas estrategias de intervención por parte de las autoridades de seguridad.

Según explicó el director policial, además de las investigaciones judiciales, se están desarrollando acciones orientadas a fortalecer la presencia operativa en la zona y recuperar el control territorial en sectores considerados de alta incidencia criminal.

En ese sentido, anunció que próximamente se ejecutarán nuevas intervenciones policiales y militares para reforzar la seguridad y combatir estructuras criminales que operan en distintos corredores del país.

Oseguera Mass también se refirió a las acciones contra el denominado “Cartel del Diablo”, asegurando que las autoridades están incrementando las capacidades de respuesta mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“En un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas armaremos tantas fuerzas de tarea desde el punto de vista militar y procesos de intervención desde el punto de vista policial con todas las especialidades que la policía tiene para garantizar procesos eficaces”, manifestó.

Las autoridades indicaron que las operaciones incluirán unidades especializadas en inteligencia, investigación criminal, fuerzas especiales y combate al crimen organizado, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato.

El director policial sostuvo que uno de los principales compromisos de la institución es fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana dentro de los cuerpos de seguridad.

“Yo tengo un mensaje para la población en el sentido de un compromiso que tenemos de transparencia, empezar desde arriba incluso, con el compromiso de que debemos actuar con honestidad, con limpieza, con transparencia, con interés, con integridad”, expresó.

Añadió que ninguna institución policial puede obtener resultados efectivos si no mantiene procesos transparentes y un trabajo íntegro dentro de sus estructuras operativas y administrativas.

En relación con la nueva conformación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Oseguera Mass aseguró que actualmente se desarrolla un proceso de selección enfocado en incorporar a los mejores perfiles dentro de la unidad especializada.

Según explicó, el objetivo es fortalecer las capacidades de investigación y combate contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

“La población puede confiar en la nueva conformación de la DAET”, afirmó el director policial, quien reiteró que se trabaja en garantizar mayor seguridad para la ciudadanía.

La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en distintas regiones del país, por lo que las autoridades consideran prioritario reforzar las unidades encargadas de enfrentar este fenómeno criminal.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el caso Corinto continúan bajo reserva, mientras las autoridades avanzan en la identificación de más personas vinculadas al ataque que cobró la vida de cinco miembros de la Policía Nacional.

La información fue dada a conocer por el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, quien explicó que la detención se llevó a cabo mediante una operación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en la aldea La Ceibita, ubicada en el municipio de Tocoa, en la zona del Bajo Aguán.

Según detalló el funcionario, esta captura forma parte de las investigaciones que continúan desarrollándose para esclarecer completamente el caso y dar con todos los responsables de la matanza ocurrida el pasado 21 de mayo en Rigores, Colón.

“Se ha detenido a un segundo implicado por un hecho material de la muerte violenta de estas 19 personas. La captura se hizo en la aldea La Ceibita en el Bajo Aguán”, expresó Martínez durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad, William Izaguirre es acusado de haber tenido participación directa en la masacre, por lo que actualmente ya se encuentra a disposición de los tribunales de justicia, donde deberá enfrentar el proceso legal correspondiente por los delitos que se le imputan.

El viceministro aseguró además que los operativos policiales y las acciones de inteligencia continuarán ejecutándose en distintos sectores del departamento de Colón y otras zonas del país con el objetivo de capturar a más personas que pudieran estar relacionadas con el crimen múltiple.

La captura de Izaguirre ocurre pocos días después de la detención de Carlos Alexis Mencías, conocido con el alias de “Gato Negro”, quien fue arrestado el pasado 2 de junio y señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de la masacre.

En aquel momento, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó el arresto de Mencías y aseguró que las investigaciones avanzaban de manera acelerada para identificar a todos los involucrados en el hecho violento que dejó luto en decenas de familias hondureñas.

Las autoridades consideran que ambas capturas representan avances importantes dentro del proceso investigativo; sin embargo, reconocen que aún falta identificar y detener a otros posibles participantes.

Martínez reiteró que el compromiso de la Secretaría de Seguridad es garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia y devolver la tranquilidad a la población de la zona atlántica del país.

“Se pretende asegurar la paz y la tranquilidad de las personas”, manifestó el viceministro.

La masacre de Rigores generó una fuerte conmoción a nivel nacional debido al elevado número de víctimas mortales y a la forma violenta en que ocurrieron los hechos.

Desde entonces, diferentes sectores de la sociedad hondureña han exigido respuestas contundentes de parte de las autoridades y acciones concretas para combatir la criminalidad en la región del Bajo Aguán.

Familiares de las víctimas también han solicitado que las investigaciones no queden impunes y que se castigue a todos los responsables materiales e intelectuales involucrados en la tragedia.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad mantienen presencia en diferentes puntos de Colón como parte de los operativos de vigilancia y búsqueda relacionados con el caso, considerado uno de los episodios más sangrientos registrados en Honduras en los últimos años.

Analistas en temas de seguridad consideran que este caso representa un reto importante para las autoridades, debido a la complejidad de las estructuras criminales que operan en la zona norte del país y a los constantes hechos violentos que se reportan en el departamento de Colón.

Las investigaciones continúan bajo reserva, por lo que no se descarta que en los próximos días las autoridades brinden nuevos detalles o anuncien más capturas vinculadas con la masacre de Rigores.

La captura de Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, representa el primer gran avance en las investigaciones de la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, donde fueron asesinadas 20 personas el pasado 21 de mayo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes que el sospechoso fue detenido en la ciudad de La Ceiba mediante una operación coordinada por los cuerpos de seguridad del Estado, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones.

Según informó el funcionario, al momento de su captura, Mencía portaba armas de fuego e indumentaria de uso exclusivo relacionada con la Policía Nacional, elementos que han sido incorporados al expediente investigativo y que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal detrás del ataque.

Las autoridades consideran a “Gato Negro” como el presunto autor intelectual de la matanza que dejó 20 personas fallecidas el pasado 21 de mayo en Rigores, una comunidad ubicada en la zona atlántica del país. El hecho provocó conmoción nacional debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con que fue ejecutado.

De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, el crimen habría sido motivado por una venganza derivada de conflictos criminales que operan en la región.

El ministro Velásquez explicó que la acción habría sido ejecutada por un grupo de sicarios que actuó bajo planificación previa.

Por su parte, el director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce, indicó que la captura constituye el primer arresto directamente relacionado con la masacre y que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

El jefe policial detalló que las pesquisas apuntan a que el origen del conflicto estaría vinculado a disputas por el control del robo y comercialización ilegal del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en varias comunidades del departamento de Colón.

Según explicó Ponce, en la zona operan grupos criminales dedicados al hurto de la producción de palma africana, situación que durante los últimos años ha provocado enfrentamientos violentos entre bandas rivales y ha incrementado la inseguridad para los habitantes del sector.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal detrás de estos hechos habría mantenido una disputa prolongada por el control de territorios y actividades ilícitas relacionadas con este rubro agrícola, considerado uno de los principales motores económicos de la región.

Como parte de las investigaciones, este mismo día equipos forenses realizaron exhumaciones de algunas de las víctimas de la masacre, diligencias que buscan fortalecer la recolección de evidencias y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

El ministro de Seguridad aseguró que el proceso investigativo continúa activo y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en distintos puntos del litoral atlántico para ubicar a otros presuntos responsables.

“Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos dar con la captura de otros involucrados”, manifestó el director de la DPI, quien destacó el trabajo de los equipos especializados encargados del caso.

La captura de Mencía es considerada por las autoridades como un avance significativo para llevar justicia a las familias de las víctimas y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

No obstante, los investigadores sostienen que aún quedan varios sospechosos por identificar y capturar.

Carlos Alexis Mencía será presentado ante los tribunales competentes en las próximas horas para responder por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para esclarecer por completo uno de los hechos más violentos registrados en Honduras durante el presente año.

El octavo aniversario de la ‘Masacre del Día de las Madres’ reunió a nicaragüenses exiliados en Costa Rica en una ceremonia dedicada a quienes perdieron la vida durante la represión de 2018.

Murieron 15 personas en Managua y otras cuatro en distintas ciudades el 30 de mayo de ese año, cuando una marcha opositora fue atacada a tiros.

El evento, organizado por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís de Goicoechea, San José, y buscó rendir homenaje y renovar el reclamo por justicia para las víctimas.

Los familiares de quienes murieron en la protesta mantienen una demanda persistente: “Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas”, expresó Candelaria Díaz, madre de uno de los manifestantes fallecidos.

Ocho años después del ataque, el dolor se mantiene, y las familias sienten que las heridas siguen abiertas.

Según información de EFE, la representante de AMA, Azucena López, resumió el sentimiento común: “No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos”.

La fecha, lejos de ser motivo de alegría, se ha convertido en un símbolo de luto y de exigencia de justicia. La organización reitera su esperanza en que algún día se logre el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad.

Ocho años de duelo y memoria para las madres de las víctimas

Durante la misa, el sacerdote Daniel Antonio Monge hizo un llamado a la solidaridad, recordando que la situación en Nicaragua sigue impidiendo la armonía y la convivencia social: “No podemos dejar de pensar en esta familia vecina, en nuestro país vecino Nicaragua, porque ellos están en esta lucha de búsqueda de esta armonía, de esta comunión que todavía no logran alcanzar”, afirmó.

La conmemoración incluyó una actividad cultural con bailes folclóricos, declamación de poemas y mensajes de apoyo de figuras del exilio. El objetivo fue mantener viva la memoria de las víctimas y acompañar a las madres en su reclamo.

La crisis en Nicaragua y el reclamo de justicia

El 30 de mayo de 2018, cuando en Nicaragua se celebra el Día de la Madre, la represión de una marcha opositora dejó una marca imborrable en la sociedad. Las organizaciones de derechos humanos y la oposición recuerdan la jornada como uno de los episodios más sangrientos de la crisis iniciada en abril de ese año.

Nicaragua lleva más de ocho años inmersa en una crisis política y social, desencadenada por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien permanece en el poder de forma consecutiva desde 2007. Distintos organismos y familiares de las víctimas lo señalan como responsable de la represión que siguió a las manifestaciones.

Desde entonces, miles de nicaragüenses han abandonado el país, entre ellos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de quienes murieron durante la crisis. El aniversario de la masacre renueva el llamado de las familias y organizaciones para que los responsables respondan ante la justicia y para que el país avance hacia la reconciliación y la paz social.

El estruendo de las hélices rasgaba el cielo plomizo de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No eran misiones de rescate; eran los helicópteros del ejército salvadoreño que descendían en las inmediaciones de los ríos Sumpul y Gualsinga para ejecutar el operativo militar “Limpieza”, conocido entre las familias sobrevivientes como la “Guinda de Mayo”.

Mientras las comunidades campesinas huían despavoridas entre la maleza para salvaguardar la vida, un engranaje estatal y militar se activaba con un propósito tan silencioso como estremecedor: separar a los hijos de sus padres mediante el terror, la muerte y el desarraigo.

En total, 55 niños y niñas se desvanecieron en el torbellino de aquella ofensiva bélica. 44 años después, Margarita Zamora, especialista en investigación de la Asociación Pro-Búsqueda, revela en entrevista exclusiva con Infobae los detalles de una de las prácticas más macabras del conflicto armado salvadoreño: un modus operandi sistemático diseñado para el tráfico humano de menores, camuflado bajo el ropaje del auxilio humanitario.

“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, explica Zamora con una serenidad dolorosa. El desparpajo de las familias en la huida facilitaba la captura. Madres exhaustas que arrastraban a dos o tres infantes, cargando bebés en brazos mientras esquivaban las ráfagas de fusilería, se ponían en total vulnerabilidad.

Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia sectores como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.

El horror militar daba paso inmediato a la burocracia civil. Los niños eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales bajo actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”.

Se borraba su identidad y se catalogaban como huérfanos extraviados. “En ningún momento fueron extraviados”, enfatiza la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.

Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina integrada por abogados locales y altos mandos castrenses mencionando reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época que convirtieron el drama en un negocio millonario.

Los trámites de adopción internacional se cotizaban entre los 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:

• Francia
• Italia
• Estados Unidos
• Suiza
• Holanda
• España
• Inglaterra
• Suecia.

Parejas extranjeras pagaban la cifra creyendo que auxiliaban a huérfanos desamparados, desconociendo que la sangre de los padres biológicos aún manchaba los expedientes de origen.

27 niños, 27 niñas y la incógnita del vientre

El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado recientemente por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo.

La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El último caso es el más perturbador: un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta el día de hoy.

Las edades de todos ellos oscilaban entre los cero y los diez años, al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados en este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya experimentaron el “abrazo postergado” al reencontrarse vivos con sus raíces familiares.

Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar aniquilado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.

El caso número 31 constituye una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero de momento ha decido no reencontrarse con su familia biológica.

La pared del estado y el reloj biológico

Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos se encuentran los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso paradigmático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad se mantiene incólume.

“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.

Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esto, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos diseñado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.

Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su procedencia y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña.

La búsqueda no cesa. Es el intento tardío pero firme de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.

Las investigaciones por las masacres en el norte del país están en una fase avanzada y las autoridades prevén identificar y capturar en los próximos días a los presuntos autores materiales, según informó el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez. El funcionario dijo que ya hay sospechosos identificados y que el foco está en consolidar pruebas para solicitar órdenes de captura.

Velásquez aseguró que los equipos de investigación trabajan con inteligencia policial y recolección de información en comunidades para ubicar a los responsables. Señaló que el proceso busca evitar la impunidad y sostener los casos con elementos que permitan judicializarlos.

El ministro explicó que el avance de los expedientes depende de reunir pruebas técnicas y documentación que respalden las imputaciones. Evitó dar nombres o detalles operativos para no afectar las diligencias, según dijo durante un foro televisivo.

Avanzan las investigaciones

Velásquez afirmó que los investigadores ya identificaron a varios sospechosos mediante entrevistas, cruces de información y análisis de estructuras criminales que operan en distintos sectores del norte del territorio nacional. Según el ministro, esa información permitió perfilar a posibles autores materiales y delinear acciones de localización.

El funcionario sostuvo durante su participación en un foro televisivo nacional, que el siguiente paso es consolidar pruebas que permitan a los órganos jurisdiccionales emitir órdenes de captura. “Contundentes e irrefutables”, las calificó Velásquez, al referirse a la evidencia que se busca reunir antes de avanzar con detenciones.

También señaló que las pesquisas permitieron entender cambios en el comportamiento de algunos grupos criminales de la región. De acuerdo con el ministro, varias estructuras pasaron de conflictos vinculados a disputas territoriales y de tierras a dinámicas de control de zonas estratégicas, con presuntos nexos con actividades ilícitas.

Velásquez indicó que ya se planifican operaciones específicas y que la proyección del equipo investigador apunta a resultados “en los próximos días” sobre la identificación de los autores materiales de las masacres. Reconoció, al mismo tiempo, dificultades en la recopilación de pruebas y en la localización de sospechosos por el nivel de organización de algunas estructuras.

Comisión interventora

El ministro también se refirió a las diligencias por la muerte de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Según Velásquez, hay una coordinación interinstitucional en marcha para determinar responsabilidades.

De acuerdo con el funcionario, intervienen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, con procesos orientados a establecer posibles responsabilidades administrativas y penales. Añadió que participan equipos fiscales especializados y que ya existen requerimientos presentados ante el Ministerio Público.

Velásquez informó que opera una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, con la misión de esclarecer los hechos con acceso completo a información operativa y sin encubrimientos. Agregó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación para deducir responsabilidades contra quienes resulten implicados en los hechos violentos registrados en el norte del país.

Las masacres registradas recientemente en la zona norte del país dejaron varias víctimas mortales han provocado el despliegue de operativos de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de distintas instituciones del Estado.

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, advirtió que las masacres y otros hechos violentos continuarán registrándose en Honduras mientras el Estado no implemente una respuesta integral que atienda las causas estructurales de la conflictividad social y la violencia.

La defensora de derechos humanos alertó que las acciones estatales continúan siendo reactivas y fragmentadas, situación que, según indicó, impide prevenir nuevos hechos sangrientos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos presentados por el Conadeh, entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 se contabilizan al menos 118 muertes múltiples, es decir, hechos violentos en los que fallecieron tres o más personas en un mismo evento.

El organismo de derechos humanos señaló que este tipo de crímenes se han registrado en 16 de los 18 departamentos de Honduras, reflejando el alcance territorial de la violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad en gran parte del país.

Según el informe, los departamentos con mayor incidencia de masacres son Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Olancho y Colón, considerados actualmente como los principales focos de violencia a nivel nacional.

Francisco Morazán encabeza las estadísticas con 22 masacres registradas durante el período analizado, seguido por Yoro con 20 casos, Cortés con 16, Olancho con 13 y Colón con nueve hechos violentos.

Para Izaguirre, estas cifras evidencian que las muertes múltiples no pueden seguir interpretándose como sucesos aislados o producto únicamente de la criminalidad común, sino como manifestaciones de problemas más profundos relacionados con conflictos territoriales, desigualdad social, crimen organizado, narcotráfico y debilidad institucional.

“Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación estructural y sistemática”, advirtió la titular del Conadeh.

La titular subrayó que Honduras enfrenta una problemática compleja que requiere medidas sostenidas de prevención, fortalecimiento institucional y atención a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por disputas territoriales, pobreza y presencia de estructuras criminales.

En ese contexto, el Conadeh reiteró que en reiteradas ocasiones ha emitido alertas tempranas sobre la conflictividad social y la escalada de violencia en distintas zonas del país; sin embargo, lamentó que las autoridades no hayan implementado acciones integrales que permitan reducir el riesgo de nuevos ataques.

La institución defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de seguridad y al Ministerio Público para fortalecer las investigaciones criminales y combatir los elevados niveles de impunidad que predominan en los casos de masacres y asesinatos múltiples.

El organismo señaló que la falta de resultados judiciales continúa generando desconfianza entre la población y facilita la repetición de hechos violentos en distintas regiones del territorio nacional.

Solo en lo que va de 2026, Honduras ya contabiliza al menos 12 muertes múltiples distribuidas en nueve departamentos del país, dejando cerca de 60 víctimas mortales, según las cifras reveladas por el Conadeh.

La situación, de acuerdo con el organismo, demuestra que el fenómeno de las masacres continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Izaguirre también expresó preocupación por la situación que enfrentan los defensores de la tierra, el ambiente y los recursos naturales, sectores que históricamente han estado expuestos a amenazas, persecución y asesinatos.

La defensora recordó que Honduras acumula varias sentencias internacionales relacionadas con crímenes cometidos contra ambientalistas y líderes comunitarios, casos que han evidenciado la persistencia de la impunidad y las deficiencias estatales en la protección de defensores de derechos humanos.

En ese sentido, sostuvo que la violencia contra defensores ambientales está estrechamente ligada a disputas territoriales, explotación de recursos naturales y conflictos comunitarios que no han sido atendidos adecuadamente por el Estado hondureño.

Asimismo, el Conadeh enfatizó que la problemática de violencia en Honduras no puede resolverse únicamente mediante operativos policiales o medidas temporales de seguridad, sino a través de políticas públicas integrales enfocadas en prevención, educación, acceso a justicia y fortalecimiento institucional.

El dolor y el miedo se han apoderado de la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, luego de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado jueves, uno de los hechos violentos más sangrientos registrados recientemente en Honduras.

Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del campesino hondureño Armando Suchite, quien expresó sentirse aterrorizado por la violencia que afecta a la región del Bajo Aguán.

“Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa”, declaró Suchite a la agencia de noticias EFE mientras sepultaba a sus hijos en el cementerio de Rigores, donde también fueron enterradas simultáneamente la mayoría de las víctimas de la matanza.

La escena en el camposanto estuvo marcada por el llanto, la desesperación y el silencio de decenas de familias que acompañaban los entierros en medio de un fuerte ambiente de temor e incertidumbre.

Los dos jóvenes asesinados eran los hijos mayores de Armando Suchite y se dedicaban a labores agrícolas y a la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que predomina en gran parte de la región del Bajo Aguán.

El campesino, padre de diez hijos, indicó que la comunidad espera que las autoridades hondureñas asuman con responsabilidad las investigaciones y castiguen a los responsables del crimen.

“Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros”, expresó el hombre visiblemente afectado tras despedir a sus hijos.

La masacre ha vuelto a poner en evidencia la compleja situación de violencia que afecta al departamento de Colón, particularmente en el Bajo Aguán, una de las regiones agrícolas más importantes del país y escenario histórico de conflictos relacionados con tierras y producción de palma africana.

Otro vecino de la comunidad, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que actualmente en la zona “se vive con mucho miedo y temor”.

“Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra”, manifestó.

El temor entre los pobladores se mantiene debido a la presencia de grupos armados, disputas territoriales y constantes enfrentamientos relacionados con reclamos de tierras en la región.

Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, señaló que el conflicto en el Bajo Aguán está directamente relacionado con invasiones de tierras y plantaciones de palma africana.

“Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana”, afirmó Pineda, quien además recordó que en esa misma zona fue asesinado el ambientalista Juan López el 14 de septiembre de 2024.

El comerciante lamentó que la violencia continúe cobrando vidas y cuestionó la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades hondureñas.

“Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación”, expresó.

Pineda también criticó que diferentes gobiernos han instalado mesas de diálogo y comisiones para atender la problemática agraria en el Bajo Aguán, pero aseguró que las soluciones prometidas nunca han dado resultados concretos.

“Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos”, agregó.

En su opinión, el Gobierno encabezado por Nasry Asfura debe buscar apoyo de otros organismos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis de violencia y conflictos agrarios que afectan la región.

El Bajo Aguán ha sido durante décadas escenario de enfrentamientos entre campesinos organizados, empresas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad privada y estructuras armadas vinculadas a diferentes intereses económicos.

Los reclamos de tierras realizados por organizaciones campesinas han derivado en múltiples episodios violentos que han dejado centenares de muertos desde finales del siglo pasado.

Uno de los intentos más recientes por resolver la problemática fue impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, quien creó una comisión especial para atender el conflicto agrario en la zona, aunque diversos sectores consideran que los resultados fueron insuficientes.

En algunos hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán se ha denunciado la participación de guardias de seguridad privada contratados por empresas productoras de palma africana.

El silencio que hoy habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto. El día de ayer, 22 de mayo, más de diez ataúdes bajaron a la tierra, cobijados por los gritos desgarradores de madres, padres e hijos, la comunidad intenta asimilar una realidad que parece una pesadilla. Nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este pedazo de tierra hondureña había sido escenario de una crueldad tan desmedida.

Entre el humo del café amargo y el polvo de los caminos, la figura encorvada de Don Brígido García, de 76 años, se alza como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado el tejido de su familia. Él es un roble cansado, un hombre de manos labriegas que ha visto transcurrir la vida entera en este asentamiento, pero cuya fortaleza hoy se quiebra al mirar el espacio vacío que dejaron sus seres queridos.

“Hasta hoy que estamos viendo esto... yo nunca lo había pensado que esto iba a haber”, murmura Don Brígido, con una voz que arrastra el peso de los años y de un luto imprevisto. La masacre cometida el día jueves 21 de mayo, le arrebató, de un solo golpe, a sus tres yernos y a un nieto. Hombres jóvenes, trabajadores, cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan.

Entre las víctimas se encontraba Santos Trinidad, de apenas 44 años, un hombre en la plenitud de su vida laboral, y su nieto, un joven de tan solo 18 años que representaba el futuro y la esperanza del hogar.

La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al mirar hacia abajo, hacia los rostros de los más pequeños. La violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia el futuro de la comunidad. Esos niños, cuyos padres ya no volverán a cruzar la puerta después del trabajo, quedan ahora al cuidado de abuelos ancianos, personas de la tercera edad que, como Don Brígido, ya no cuentan con las fuerzas físicas para asumir la titánica tarea de la crianza y el sustento agrícola.

Un grito urgente de auxilio y justicia

Hoy, Don Brígido y las familias de Rigores se declaran en el desamparo más absoluto. La urgencia no es solo de carácter legal, sino profundamente humanitaria. El llamado de este anciano es un eco que debe sacudir las conciencias de las autoridades y de cualquier mano altruista que esté dispuesta a escuchar.

Las víctimas de esta barbarie no eran criminales ni personas en busca de conflictos; eran campesinos, hombres y jóvenes cuya rutina empezaba antes del amanecer con las manos en la tierra. Eran el motor económico de sus hogares y los protectores de una nueva generación que hoy se queda sin rumbo.

Tras los ataúdes, las sospechas de la comunidad apuntan a una realidad histórica y sangrienta en la región: fuertes indicios señalan que este ataque armado podría estar directamente vinculado a las disputas y conflictos por la tenencia de la tierra, un flagelo que por años ha convertido a los asentamientos campesinos en blancos de estructuras violentas que buscan despojarlos de sus parcelas.

Finalmente, la comunidad exige que las autoridades de investigación actúen de manera ardua, transparente y contundente, sin desestimar la hipótesis del conflicto agrario.

La comunidad de Rigores exige saber quiénes y por qué apagaron esas vidas, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de justicia que devuelva un ápice de dignidad a sus muertos y seguridad a los que sobrevivieron. Mientras tanto, Don Brígido camina despacio, llevando a cuestas el peso de un pueblo herido que se niega a morir de olvido.

La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.

Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.

Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.

“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.

La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad.

Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.

Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre

Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.

Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.

Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.

Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.

Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.

La madrugada de este jueves 21 de mayo amaneció teñida de sangre y luto en el departamento de Colón. Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en las tierras del Bajo Aguán se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de horror insostenible.

Un ataque armado perpetrado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, cobró la vida de 14 personas, entre ellas tres hermanas originarias de la cercana comunidad de Rigores, dejando a una familia destruida y a toda una región sumida en el miedo y la consternación.

Las víctimas femeninas de esta nueva masacre que estremece a Honduras fueron identificadas preliminarmente como las hermanas María Linda Rodríguez (mencionada también por allegados como Lina), Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Junto a ellas, la violencia también segó la vida de otros jóvenes trabajadores, entre los que se ha logrado identificar a Cristian Eduardo Núñez. Los reportes locales y medios hondureños que llegaron a la zona señalan, además, que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, cuyo nombre exacto e identidad aún se mantienen bajo estricta reserva por las autoridades correspondientes.

El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el estruendo de las balas rompió la calma de la plantación de palma africana. El grupo de trabajadores, que se disponía a iniciar sus labores agrícolas diarias para ganarse el sustento, fue emboscado de manera sorpresiva. Sujetos armados, cuya identidad y paradero aún se desconocen, abrieron fuego de forma indiscriminada contra los jornaleros.

Los cuerpos de las tres hermanas Rodríguez, quienes eran muy conocidas y estimadas en la comunidad de Rigores por su dedicación al trabajo, quedaron tendidos entre la vegetación de la finca. La escena que encontraron los primeros testigos era desgarradora: herramientas de labranza tiradas y el silencio sepulcral que siempre sucede a la barbarie.

Consternación y clamor de justicia en Rigores

A medida que la noticia comenzó a difundirse, el dolor se apoderó de la comunidad de Rigores. Vecinos, amigos y familiares de las hermanas Rodríguez no daban crédito a lo sucedido. Las escenas en los alrededores de la finca y en las viviendas de las víctimas eran de una profunda desesperación. Gritos de dolor, lágrimas e impotencia marcaron las horas posteriores al ataque.

“Eran mujeres trabajadoras, de familias luchadoras que solo buscaban el pan de cada día en esas tierras. No es justo que les hayan arrebatado la vida de esta manera”, manifestaba entre sollozos un poblador de la zona, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El Bajo Aguán ha sido históricamente una zona de alta conflictividad agraria en Honduras, un territorio donde la disputa por las plantaciones de palma africana ha dejado una larga estela de muertes a lo largo de los años. Aunque las causas específicas de este múltiple asesinato aún están por determinarse, el contexto de vulnerabilidad en el que laboran los campesinos y jornaleros de la región vuelve a ponerse en el centro del debate público.

Investigaciones en curso

Minutos después de la alerta, miembros de la Policía Nacional y peritos de Medicina Forense se trasladaron al sector de Paso Aguán para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades policiales se han mostrado herméticas y no han brindado la totalidad de los nombres de las víctimas ni han señalado a posibles sospechosos. No obstante, afirmaron que equipos de investigación e inteligencia ya se encuentran desplegados en la zona de Trujillo para recabar testimonios y seguir el rastro de los homicidas.

Un ataque armado dejó como resultado la muerte de seis personas en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentran dos defensores de derechos humanos de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, dos mujeres afiliadas a esa organización y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Uno de los guardaespaldas fue identificado como Sebastián Murillo, exintegrante de la Policía Nacional.

Su muerte, ocurrida en la vereda Oropoma, resume el recorrido de un hombre que había dejado la institución por miedo a ser asesinado en el Catatumbo, aunque finalmente fue alcanzado por la violencia.

El reporte de los medios locales indica que Murillo había prestado servicio en en Ocaña. Más tarde fue trasladado a Tibú, en la región del Catatumbo, que a lo largo de la historia se ha visto afectada por la violencia, lo que preocupó al entonces uniformado, que le comunicó a sus seres queridos el temor que sentía por su vida.

De acuerdo con Blu Radio, personas cercanas señalaron que el ciudadano intentó conseguir un traslado a otro lugar del departamento, aunque no lo logró, por lo que tomó la determinación de dejar la Policía y así evitar que un hecho violento acabara con su vida. Irónicamente, después de varios años, terminó muerto por causa del conflicto armado.

Luego de renunciar a la Policía Nacional y buscar trabajo lejos de la violencia, decidió regresar a Ocaña para estar cerca de sus seres queridos, donde laboró como vigilante en una institución del Estado.

Finalmente, decidió presentar su hoja de vida ante la Unidad Nacional de Protección e inició sus labores en marzo de 2026 con el esquema de seguridad del líder social Freiman Velásquez, hacia el que iba dirigido el ataque ocurrido en la jornada del 19 de mayo de 2026 por parte de criminales armados que los interceptaron en la vía y atacaron a los ocupantes del vehículo.

Cabe mencionar que el mismo hecho cobró la vida de otras cinco personas, según el reporte oficial de la Gobernación de Norte de Santander, ellos son:

• Freiman David Velásquez Benítez (Defensor de Derechos Humanos, líder campesino y juvenil e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo - Asuncat).
• Iván Stiven Camacho Castillo (Defensor de Derechos Humanos e integrante de Asuncat).
• Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez (Afiliada a Asuncat).
• Yidy Smith Velásquez Benítez (Afiliada a Asuncat).
• Robinson Carvajalino (Escolta de la Unidad Nacional de Protección - UNP).

El reporte oficial condenó el ataque de forma contundente con el siguiente mensaje: “La Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del señor gobernador William Villamizar Laguado, todo su gabinete institucional, manifiesta ante la opinión pública su más profundo dolor, indignación y rechazo absoluto por el homicidio de seis personas en la región del Catatumbo, en la vía que conduce del municipio de Ábrego a Ocaña, entre quienes se encontraban defensores de derechos humanos, líderes campesinos de juventudes y personal de protección adscritos a la UNP”.

Del mismo modo, la Gobernación hizo un llamado al respeto por la vida, los derechos humanos y evitar nuevos actos de violencia como el ocurrido en Ábrego.

Por esta razón, se pidió abrir “todas las posibilidades de un diálogo territorial que nos permita de una vez por todas detener el derramamiento de sangre y violencia que azota nuestro territorio, persistiremos de manera inquebrantable en la defensa de los derechos fundamentales, el apoyo a los líderes sociales y la construcción de un territorio seguro y en paz para todos los nortesantandereanos”.

Luego del multihomicidio de 10 personas en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, las autoridades han logrado la detención de tres personas implicadas en el crimen ocurrido el pasado domingo 17 de mayo en una finca.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó a Infobae México que hasta el momento suman tres personas detenidas luego de que este martes se aprehendió a dos más relacionadas con la masacre que dejó tres menores de edad muertos, entre ellos una bebé de un mes de edad.

Cabe señalar que el primer arresto fue el de Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, identificado como sobrino de una de las víctimas mortales que pertenecía a una banda dedicada a la extorsión y robo de ganado.

Durante el informe de su captura, la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, reiteró que la principal línea de investigación del crimen es un posible conflicto familiar que cuenta con dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

En entrevista con Azucena Uresti, la fiscal detalló que las dos personas recientemente detenidas también están implicadas en el ataque armado y que no tenían ninguna relación con las víctimas.

Actualmente continúan las investigaciones a través de entrevistas y con el análisis de los teléfonos celulares de estas personas.

Respecto al video que fue difundido en redes sociales por el hijo mayor de una de las víctimas, identificado como José Alfredo “N”, en el que habla de sus adicciones y responsabiliza a su familia de ellas, la fiscal detalló que cuentan con una investigación abierta en su contra.

Hasta el momento las autoridades no han podido localizar al hombre, por lo que Pastor Betancourt solicitó a la población que en caso de conocer su paradero lo hagan saber con el objetivo de determinar si estaría implicado en el multihomicidio.

Así fue el ataque armado

La madrugada de este domingo se registró una agresión armada en una finca ubicado en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de la comunidad de Texcalapa.

De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 01:55 horas de la madrugada cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda.

Las autoridades informaron que al arribar al sitio fueron localizadas un grupo de personas sin vida, así como una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego en la cabeza, quien fue trasladada a un hospital pero fue durante el traslado falleció.

El saldo final de la agresión fue de 10 personas muertas, entre las que se encontraban tres menores de edad, uno de ellos una bebé de un mes de edad.

Las víctimas fueron identificadas como: Cecilio “N”, de 55 años, Marcela “N”, de 48 años; ambos los padres de familia; Roberto “N” y José María “N”, Carolina “N”, Gabriela “N”, Martha “N” y tres trabajadores del rancho: Efrén “N”, José “N” y Kevin “N”.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y que los responsables sean detenidos.

El 19 de mayo se registró una masacre en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la que fue asesinado el líder sindical Freiman Velásquez, su hermana (nombre no ha sido confirmado) y dos de sus escoltas (Sebastian Murillo y Robinson Carvajalino).

De acuerdo con el informe oficial, sujetos armados interceptaron a las víctimas y dispararon contra la camioneta de la Unidad Nacional de Protección. El líder asesinado era beneficiario del programa de protección estatal debido a amenazas previas en su contra, relacionadas con su labor comunitaria y de defensa de derechos humanos.

Las autoridades informaron que el ataque se registró mientras el líder social realizaba actividades en el sector, y aunque los escoltas intentaron repeler la agresión, fueron superados por los atacantes, que huyeron del lugar tras cometer el crimen.

El Gobierno nacional anunció el envío de un equipo especial de investigación y reiteró su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la protección a líderes sociales en el país.

Sindicato de la UNP cuestionó la protección que reciben los líderes sociales en zonas vulnerables

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Galló, representante de Analtraseg, sindicato de la UNP, afirmó que el asesinato de Freiman Velásquez y sus escoltas es una muestra del fracaso de la “Paz Total” en Colombia.

“Es lamentable la muerte del líder social y los dos escoltas de la UNP, uno de ellos apenas había ingresado en el mes de marzo a la entidad, y seguramente no tenía la experiencia para desempeñar el cargo de escolta en una zona vulnerable como lo es Norte de Santander”

Gallo indicó que no es una sorpresa que los grupos armados tengan armamento de calibre alto en zonas como el Catatumbo, por lo que considera imperdonable que los vehículos de protección no soporten este tipo de impactos.

“Se sabe que los grupos armados para perpetrar estos ataques utilizan fusiles de calibre alto, pero estos vehículos que son enviados nivel tres de protección balística solamente soportan pistolas o subametralladoras, esos vehículos no soportan esos calibres superiores de guerra”.

Para el líder sindical, la falta de actualizaciones en este sentido es una muestra del poco interés del Estado por resguardar la vida de los protegidos y de los escoltas.

“Se ha insistido que para estas zonas del país se deben manejar blindajes superiores, que resistan y que existen para este tipo de zonas. Se ha comprobado que aguantan más los cristales que incluso el material del blindaje mínimo. Obvio que sale caro, pero van a proteger la vida de las personas”.

Gallo aseguró que, en caso de que no se registren modificaciones, en unas semanas o meses se registrará una nueva masacre en zonas vulnerables.

“Urge cambiar los vehículos en estas zonas, ya que el nivel tres es utilizado en zonas donde estos grupos armados no pueden andar con fusiles en la calle, como las principales ciudades, donde la ciudadanía y los protegidos tienen a la fuerza pública, pero en estos casos van a matar siempre al personal”.

Para argumentar su postura, el líder sindical recordó que esta no es la primera vez que un esquema de seguridad es atacado en Norte de Santander bajo una situación similar a la registrada con el líder social Velásquez.

“No vayamos muy lejos, hace unos meses pasó lo mismo con un policía y un escolta de la UNP cuando estaban en campaña política para el Senado y la Cámara de Representantes y que se iban transportando los escoltas para recibir al protegido en otra zona del país. Tampoco entendemos por qué no los llevaron en avión si se podía y están los recursos para lo mismo. Esto es un llamado a que se modifiquen estos tipos de vehículos que son para estas zonas y que de verdad se proteja la vida adecuadamente”.

Un conductor de una pipa de agua fue el primero en descubrir, alrededor de las 20:00 horas del sábado 16 de mayo, los cuerpos de 10 personas asesinadas en el rancho Marihuana, en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Entre las víctimas había seis integrantes de la familia Torres, cuatro trabajadores del lugar, dos menores de edad y una bebé de un mes y 20 días. La Fiscalía General del Estado (FGE) apunta a un conflicto familiar como móvil del crimen, pero los familiares de José Alfredo “N”, señalado inicialmente como sospechoso, rechazan esa hipótesis.

Los peritos de la FGE recolectaron 18 casquillos percutidos en la escena, calibres .22 y 9 milímetros. La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, señaló que ese tipo de armamento no corresponde al que habitualmente usan los grupos del crimen organizado, lo que refuerza la hipótesis del conflicto familiar.

Así fue el hallazgo

El hallazgo ocurrió en dos momentos. El conductor de una pipa localizó primero, en el granero del rancho, los cuerpos de tres mecánicos que reparaban una retroexcavadora. Al continuar recorriendo el inmueble, encontró dentro de la vivienda a los siete integrantes de la familia. Al menos tres de las víctimas estaban maniatadas y presentaban tiro de gracia.

El ataque se habría perpetrado entre las 18:00 y las 19:00 horas, según los peritajes iniciales, por un grupo de entre tres y cuatro tiradores. El reporte a las autoridades llegó alrededor de las 20:00 horas, cuando la Policía Municipal acudió al llamado de emergencia.

Una mujer salió con vida del rancho, pero inconsciente. Fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Izúcar de Matamoros; murió en el trayecto, a la altura del paraje El Pitayo, en la carretera Puebla-Huajuapan de León.

La fiscal Pastor Betancourt confirmó que seis de los 10 fallecidos pertenecían a la misma familia. Las víctimas identificadas son el ganadero Cecilio N. (55 años), propietario del rancho; Marcela N. (48 años); Gabriela N. (22 años); Roberto N. (34 años); José María N. (15 años), y una bebé de un mes y 20 días. Los cuatro trabajadores fallecidos fueron identificados como Efrén N., José N. y Kevin N. (16 años).

La bebé no murió por impacto de bala. “La bebé murió por asfixia, la mamá la protege, ella no fue ultimada”, declaró Pastor Betancourt en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

El video que convirtió a José Alfredo en sospechoso

Horas después de conocerse la masacre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que José Alfredo “N”, hijo mayor de Cecilio, habla de sus adicciones y responsabiliza a su familia de ellas.

El hombre habría salido de un anexo donde recibía tratamiento por consumo de cristal, cocaína y alcohol el 20 de abril, aproximadamente un mes antes del ataque.

En el video, José Alfredo dice: “Yo no quiero volver a lo mismo. Yo fui un alcohólico, drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio. Muchos me vieron que andaba yo perdido en la droga, en el cristal, la cocaína, en el alcohol. Y no fue porque yo lo quise, sino que era mucho, mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas más allá de lo normal”.

Al cierre de la grabación, pide que el video llegue a sus padres y hermanos, y asegura encontrarse en otro estado. La grabación termina de manera abrupta.

La combinación del video, las declaraciones de la fiscal sobre familiares como presuntos responsables y el historial de conflicto con su familia colocaron a José Alfredo en el centro de las sospechas durante las primeras horas de la investigación.

“Es inocente”, asegura su abuela y otros familiares

Frente a esas hipótesis, un grupo de familiares de las víctimas —en su mayoría mujeres— dio su versión. Abuelas, tías y primas de los fallecidos calificaron las hipótesis sobre la culpabilidad de José Alfredo como conjeturas sin sustento.

Fue la abuela de José Alfredo quien aportó el testimonio más directo. Aseguró a Telediario haber tenido comunicación con él días antes de la tragedia, dijo entender su decisión de alejarse para rehacer su vida fuera de Puebla y descartó que tuviera intención de hacerle daño a su familia.

Ante la pregunta de si existía alguna persona con motivos para atacar a la familia, los presentes se limitaron a negar cualquier conflicto y a exigir que las autoridades encuentren a los verdaderos responsables.

Trasciende detención de sospechoso

Mientras la FGE mantiene abiertas sus líneas de investigación, varios medios locales de Puebla reportaron este lunes la detención de un hombre identificado como Juan Manuel T. V., alias “El Pony”, de 20 años, sobrino de Cecilio Torres, como uno de los presuntos responsables materiales del multihomicidio.

De acuerdo con esas publicaciones, el sujeto habría sido interceptado en Tehuitzingo mientras viajaba en motocicleta con dosis de cristal.

Sin embargo, la FGE de Puebla no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme esta detención.

El municipio de Tehuitzingo, Puebla, vivió una madrugada violenta al registrarse el asesinato de 10 personas, entre ellas integrantes de una familia, durante la madrugada de este domingo 17 de mayo.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:55 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que tras el reporte fueron localizadas diez personas sin vida, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes fueron atacadas por sujetos armados.

Sin embargo, esta información fue actualizada por la fiscal del estado, Idamis Pastor Bentacourt, quien refirió que se trató de una bebé, dos menores de edad y el resto adultos los que fallecieron en el sitio.

Ante la masacre cometida dentro de la vivienda, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron desplegados para establecer un operativo de seguridad, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“La SSP expresa solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, detalló en un comunicado.

Fiscalía ya investiga el asesinato de 10 personas: apuntan a posible conflicto familiar

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ya inició una carpeta de investigación por el asesinato de 10 personas en Tehuitzingo.

Además, detalló que una mujer fue hallada con heridas de bala y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, fue en el trayecto cuando falleció.

Peritos se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez personas asesinadas.

Respecto a las primeras versiones que referían se trataba de integrantes de una familia, Idamis Pastos Betancourt, fiscal del estado, informó que cuatro de las víctimas eran trabajadores y el resto sí eran familiares.

Además, detalló que la principal línea de investigación con la que cuentan es que se trató de un conflicto familiar la causa del ataque, por lo que continúan realizando las investigaciones correspondientes.

No hay señal telefónica en la zona donde se registró la masacre

Francisco Sánchez González, titular de la SSP, detalló que la zona donde se registró el ataque armado presenta afectaciones debido a que no existe señal telefónica, lo que pudo haber provocado que el reporte del ataque no se diera de manera oportuna.

El secretario también aseguró que reforzarán la seguridad en la comunidad luego del multihomicidio. Asimismo, explicó que mantienen la misma hipótesis sobre un posible conflicto familiar como causa del ataque armado, por lo que también se encuentran recabando información de manera conjunta con la Fiscalía del Estado.

El Gobierno de Puebla prometió que no habrá impunidad tras el asesinato de una familia completa en Tehuitzingo, donde un grupo armado ejecutó a 10 personas, entre ellas un bebé de menos de un año.

El multihomicidio, cometido la madrugada del domingo 17 de mayo, movilizó a fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía estatal señala un posible conflicto familiar como principal línea de investigación.

En el comunicado oficial, emitido casi 24 horas después de los hechos, la administración estatal lamentó los hechos y enfatizó: “Estos hechos no quedarán impunes. La legalidad, la paz y recuperación del tejido social de nuestro estado es nuestra prioridad”.

También se dio a conocer que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ya brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, según el mismo mensaje.

Qué se sabe de la principal hipótesis

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas derivado de conflictos entre parientes por la propiedad de unos terrenos.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, señaló Pastor Betancourt a medios.

El crimen ocurrió en la comunidad de Texcalapa, donde los agresores irrumpieron en la vivienda de sus víctimas y dispararon armas de grueso calibre. La Fiscalía estatal detalló que en el lugar se localizaron casquillos percutidos de armas calibre .22 y 9 milímetros, lo que, según el análisis oficial, hace pensar que el crimen no fue cometido por un grupo criminal organizado.

Entre las personas asesinadas hay seis miembros de una misma familia, entre ellos un bebé recién nacido, y cuatro trabajadores.

Entre las personas asesinadas en Tehuitzingo se encontraba la familia Torres, propietaria del rancho donde ocurrió el ataque. Las autoridades identificaron a las víctimas, entre quienes había tres menores de edad: una recién nacida de un mes y 20 días, así como otros dos menores de 11 y 14 años. Los nombres difundidos son: Cecilio T.; Marcela A. M., Roberto T. A., Martha F. C., la bebé menor de edad, Kevin S. V., José María T. A., Gabriela T. A., Efrén V. M. y José G. C.

El agresor estaría identificado como José Alfredo, quien presuntamente masacró a sus padres, sus hermanos, a su cuñada y hasta a su sobrinita de un mes de nacida. Además, cobró la vida de trabajadores de la familia.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó operativos conjuntos con fuerzas federales y municipales. La única sobreviviente, una mujer, falleció durante su traslado al hospital.

Condenas

El multihomicidio generó reacciones de partidos políticos y líderes sociales. El PRI condenó el asesinato de la familia y exigió respaldo para los presidentes municipales, así como la devolución de recursos y el fortalecimiento de las capacidades locales de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla, entre ellos una menor de edad”, declaró el partido en sus redes sociales, y responsabilizó al gobierno federal de Morena por la crisis de violencia.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, pidió investigaciones serias para determinar si realmente el móvil fue un conflicto familiar: “Cuando hay armas, violencia extrema y ejecuciones múltiples, también estamos hablando de descomposición social, presencia del crimen organizado y una delincuencia que crece sin control en todo el país”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año Puebla suma 457 homicidios. La organización Causa en Común reportó 386 masacres en el país durante 2025, y al primer trimestre de 2026 se han documentado 75 masacres, con un promedio de cinco asesinatos de dos o más personas cada seis días.

Diez integrantes de una familia fueron asesinados en Tehuitzingo, Puebla, este 17 de mayo, entre ellos una menor de edad. El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó el caso como una muestra de la crisis de violencia que se vive en México.

El presidente del PRI expresó solidaridad a los familiares de las víctimas en Puebla y mencionó que “no vamos a dejar que este horror se normalice y mucho menos que quede impune.”

Según declaraciones de Alito Moreno en redes sociales, los presidentes municipales se enfrentan solos al crimen debido a que el gobierno de Morena retiró recursos, debilitó a las policías locales y concentró la seguridad sin obtener resultados. El dirigente del PRI señaló que al desproteger a los municipios, se afecta directamente a la población.

El líder del PRI exigió restituir el presupuesto a los ayuntamientos y fortalecer sus capacidades para responder a la ola de violencia. Moreno afirmó: “Sin municipios fuertes no hay seguridad posible, y mientras esta incompetencia continúe, la violencia seguirá cobrando vidas”.

Diez personas mueren en ataque armado en comunidad de Tehuitzingo

Al menos diez personas, incluyendo una menor de edad, murieron durante la madrugada de este 17 de mayo tras un ataque armado en Texcalapa, comunidad del municipio de Tehuitzingo en el estado de Puebla, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP).

Las autoridades estatales detallaron que el grupo de víctimas se encontraba en una vivienda cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego, dejando seis hombres, tres mujeres y una menor sin vida.

De acuerdo con EFE, la Fiscalía de Puebla informó que nueve personas perdieron la vida en el lugar y una mujer falleció camino al hospital. La dependencia abrió una investigación formal por los homicidios y desplegó, junto con la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, un operativo de seguridad en la zona.

Según los primeros datos, la familia atacada estaría vinculada al sector del transporte local. Elementos municipales acudieron al sitio luego de que un habitante reportó personas aparentemente sin vida. Al llegar, hallaron varias víctimas con lesiones provocadas por armas de fuego.

La SSP señaló que mantienen patrullajes y revisiones en los accesos a la comunidad mientras continúan las indagatorias y labores de inteligencia para ubicar a los responsables.

Alito Moreno conversa con Corina Machado sobre la democracia

Una reunión entre Alito Moreno y María Corina Machado, opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, llevó al dirigente del PRI a advertir sobre el riesgo de autoritarismo en México, tomando a Venezuela como ejemplo para alertar sobre las posibles consecuencias de la concentración de poder político y sus alianzas con el crimen organizado.

La conversación realizada el pasado 15 de mayo se dio en el contexto de una gira de tres días de Moreno por Washington DC, donde el priista sostuvo encuentros dirigidos a robustecer la denuncia pública contra lo que denomina “narcopolíticos” de Morena, e insistió en la urgencia de fortalecer la defensa de la democracia mexicana, de acuerdo con su publicación en X.

El crimen ocurrió en un rancho familiar ubicado en la comunidad de Texcalapa. Entre las víctimas se encuentran seis integrantes de una misma familia y cuatro trabajadores del rancho, además de tres menores de edad, uno de ellos la bebé de un mes de nacida, dato que ha conmocionado a la región de la Mixteca poblana y a la opinión pública en general.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la saña con la que se perpetró el multihomicidio. Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre, lo que revela que el ataque fue directo y planeado contra las víctimas. Las paredes y ventanas del inmueble presentaban numerosos impactos de arma larga, evidencia de la brutalidad de la agresión.

Conflicto familiar, hipótesis principal; no se descartan otras líneas

En entrevista, Pastor Betancourt señaló que los primeros indicios apuntan a conflictos relacionados con temas familiares como el origen del ataque. Sin embargo, precisó que el personal ministerial no descarta ninguna línea de investigación y continúa con la recolección de testimonios entre familiares y vecinos para robustecer la carpeta de investigación.

La funcionaria destacó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía se trasladó al lugar, realizó el levantamiento de los diez cuerpos y lleva a cabo un barrido completo dentro de la zona para el aseguramiento de indicios y evidencias balísticas.

Sin detenidos, pero con operativo coordinado

Pese al despliegue de seguridad activado desde las primeras horas del domingo, que involucra a la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reconoció la fiscal.

No obstante, Pastor Betancourt fue categórica al respecto: las corporaciones mantienen acciones conjuntas para localizar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen, y subrayó que no habrá impunidad.

La Fiscalía General del Estado continuará con diligencias científicas y de campo para identificar plenamente a los responsables y esclarecer el móvil de uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en la Mixteca poblana.

PRI condena masacre en Tehuitzingo y culpa a Morena de crisis de seguridad en Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó el asesinato de los diez integrantes de una familia en Tehuitzingo y señaló directamente a Morena como responsable de la crisis de seguridad que atraviesa Puebla y el país. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el gobierno federal abandonó a los municipios, les recortó presupuesto, debilitó a las policías locales y centralizó la seguridad sin resultados. Exigió devolver recursos a los ayuntamientos, fortalecer las capacidades locales y construir una estrategia que frene la violencia. El PRI expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La mañana del sábado 12 de mayo de 1979, el sol sobre Managua no anunciaba vida, sino el estertor de una tiranía que se negaba a morir sin antes devorar a sus hijos.

En el residencial Bosques de Xiloá, el silencio habitual de las quintas y el aire fresco de la laguna cercana fueron fracturados por el estruendo de los motores y el metal de las armas.

No hubo advertencias, no hubo proclamas de rendición; solo el ingreso violento de la Guardia Nacional (GN) en una de las operaciones más atroces de la agonía somocista.

Para finales de la década de los setenta, Nicaragua era un hervidero bajo el puño de Anastasio Somoza Debayle. “Tacho”, como se le conocía, era el último eslabón de una dinastía familiar que había secuestrado el poder por más de cuarenta años.

Educado en la academia militar de West Point y jefe supremo de la Guardia Nacional, Somoza no era solo un presidente, sino el dueño de un sistema basado en el clientelismo y la represión.

En aquel 1979, atrincherado en su búnker, veía cómo el control del país se le escapaba entre los dedos mientras la comunidad internacional le daba la espalda. Su respuesta, ejecutada a través de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y las fuerzas élite de los BECAT, fue institucionalizar el terror. Aquel mayo, el objetivo era desarticular las células clandestinas que preparaban la ofensiva final en la capital. Pero lo que ocurrió en Xiloá no fue un combate; fue una cacería humana.

El refugio vulnerado

En el interior de una de las viviendas, la cotidianeidad se mezclaba con la urgencia revolucionaria. Allí se encontraba Alfonso González Pasos, un hombre que había transformado su hogar en un hospital clandestino para sanar a quienes el régimen buscaba aniquilar. Junto a él, figuras clave de la resistencia: el ingeniero Omar Hassan Morales y Cristian Pérez Leiva, un experto en explosivos cuya mente era vital para los planes del Frente Sandinista.

Sin embargo, la muerte no discriminó jerarquías. La irrupción de la bota militar alcanzó también a los más vulnerables. En un acto de sevicia que las crónicas de La Prensa y El Nuevo Diario recordarían por décadas, las fuerzas represivas persiguieron a tres niños por los pasillos de la casa. Los pequeños, buscando el amparo imposible de una cama, fueron alcanzados por las ráfagas. Sus vidas terminaron allí, bajo la madera, en un rincón de oscuridad y espanto que desnudó la catadura moral del régimen.

El escenario tras la retirada de la Guardia era dantesco. 11 cuerpos yacían en la propiedad y sus alrededores, incluyendo el residencial Los Loyes. Entre las víctimas estaba Sandra Delgado Roque, una trabajadora doméstica de apenas 17 años. Su cuerpo, hallado con señales de una violencia extrema y vejámenes que trascendían el asesinato político, se convirtió en el símbolo de la indefensión civil ante el poder absoluto.

El informe forense posterior fue una bofetada a la versión oficial del régimen, que intentó disfrazar la masacre de “enfrentamiento armado”. Las heridas de bala a quemarropa y los signos de tortura confirmaron lo que el pueblo ya sabía: fueron ejecuciones sumarias. Los peritajes demostraron que no hubo intercambio de disparos; solo hubo verdugos y víctimas.

Dos hombres, Francisco Figueroa y Julio Solórzano, lograron sobrevivir al infierno tras ser capturados. Sus testimonios, junto con los archivos que Confidencial ha preservado, permitieron reconstruir el impacto estratégico de aquel día. La Guardia Nacional había dado un golpe a la logística del FSLN, obligando a las columnas guerrilleras a reorganizar sus planes y desplazar el peso de la insurrección hacia los barrios orientales de Managua.

Un legado que no se apaga

El sacrificio de Xiloá no fue en vano en la aritmética de la guerra. La brutalidad del operativo actuó como un catalizador del odio popular contra la figura de Somoza Debayle. El costo humano estimado por la Cruz Roja en más de 50,000 muertes durante la dictadura alcanzó en esa mañana de mayo una de sus cimas más oscuras.

Hoy al cumplirse 47 años, los nombres de los 11 de Xiloá vuelven a resonar como un eco que se niega a desvanecerse. Aquel 12 de mayo es la historia de una Nicaragua que, entre los escombros de la represión, encontró la fuerza para empujar el último muro de la dictadura apenas dos meses después, el 19 de julio de 1979.

Xiloá permanece en la memoria colectiva no solo como una herida abierta, sino como el recordatorio permanente de que, incluso en la hora más oscura, la dignidad puede ser perseguida, pero nunca ejecutada.

Una amplia investigación australiana que examina el antisemitismo en el país tras una masacre en una celebración de Hanukkah escuchó el lunes a judíos australianos que dijeron que la escalada de odio los ha dejado temerosos y vulnerables.

Quince personas murieron cuando dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración en Bondi Beach en diciembre. Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, están acusados ​​de perpetrar la masacre con armas que poseían legalmente, en un país con estrictos controles sobre armas de fuego. El ataque, que se produjo tras una ola de crímenes antisemitas en Australia, fue inspirado por el grupo Estado Islámico, según las autoridades.

El tiroteo masivo motivó la creación de una Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social, la máxima instancia de investigación en Australia, que inició audiencias públicas en Sídney el lunes. Durante las dos semanas de sesiones se examinará la naturaleza y la prevalencia del antisemitismo en las instituciones y la sociedad australianas.

Las próximas audiencias que se celebrarán este año examinarán otros temas antes de que la comisión publique su informe final en diciembre.

“El drástico aumento del antisemitismo que hemos presenciado en Australia se ha replicado en otros países occidentales y parece estar claramente vinculado a los acontecimientos en Oriente Medio”, declaró la comisionada Virginia Bell. “Es importante que la gente comprenda la rapidez con la que estos sucesos pueden provocar desagradables muestras de hostilidad hacia los judíos australianos simplemente por ser judíos”.

El ataque en Bondi se produjo tras un aumento de los delitos de odio

Todos los testigos que declararon el lunes eran judíos australianos que relataron sus experiencias de odio; algunos hablaron bajo seudónimos por temor a su seguridad. La hija de una de las víctimas mortales de los atentados de Bondi contó que, un año antes, un hombre la insultó verbalmente mientras llevaba a su bebé en brazos en un centro comercial de Sídney al ver su collar con la Estrella de David.

“Me sentí conmocionada, expuesta e insegura”, dijo Sheina Gutnick. “Había mucha gente a mi alrededor, pero nadie intervino”.

Su padre, Reuven Morrison, de 62 años, arrojó un ladrillo a uno de los pistoleros que atacaron la concentración en la popular playa de Sídney en diciembre, antes de ser asesinado a tiros. Gutnick dijo que era cautelosa a la hora de asistir a eventos con su familia en lugares públicos o viajar a ciertas zonas de Sídney.

Los judíos australianos declararon el lunes ante el tribunal que los ataques de Bondi se produjeron tras un aumento vertiginoso de los incidentes antisemitas desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. En el año siguiente, se notificaron más de 2000 episodios al Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, que lleva un registro de estas cifras, en comparación con un récord anterior de poco menos de 500 el año anterior.

Judíos australianos relatan agresiones y abusos

También se han reportado casos de escalada de violencia similares en Gran Bretaña y otros países. Sin embargo, la pequeña comunidad judía de Australia se mostró particularmente conmocionada, ya que sus miembros no habían registrado previamente tal cantidad de amenazas graves, según declararon testigos el lunes.

“Ahora todo el mundo tiene miedo todo el tiempo”, dijo Toby Raphael, vicepresidente de la sinagoga de Newtown en Sídney, que fue vandalizada con esvásticas durante una ola de crímenes antisemitas en la ciudad en 2025.

Raphael comentó que en una ocasión les había dicho a los feligreses que no era necesaria la seguridad en la sinagoga, pero el aumento de los ataques motivados por el odio había cambiado su perspectiva. Añadió que formaba parte de un grupo de padres que velaba por la seguridad de la escuela judía de su hijo, la cual también cuenta con guardias profesionales armados.

“¿Por qué los niños tienen que ir a la escuela así?“, dijo Raphael. ”Este es el mundo en el que viven ahora los judíos de Australia y tiene que cambiar".

El antisemitismo en Australia ya estaba cobrando mayor relevancia antes del tiroteo de Bondi debido a una serie de ataques contra escuelas, negocios y lugares de culto judíos. En agosto, el gobierno australiano afirmó que Irán había orquestado al menos dos de los crímenes y rompió relaciones diplomáticas con Teherán.

Algunos de los que prestaron declaración ante la comisión de investigación el lunes citaron estos episodios cuando dijeron que estaban considerando abandonar Australia o que ya tenían previsto mudarse al extranjero.

Otros relataron haber sido atacados verbal o físicamente, o que multitudes de manifestantes propalestinos llegaron a sus sinagogas. Alex Ryvchin, líder de un grupo judío cuya casa fue incendiada en 2025, afirmó creer que Australia se dirigía hacia la catástrofe tras el ataque a su domicilio y advirtió a los periodistas que alguien moriría.

“Esto ocurrió en enero, y en diciembre tuvo lugar una masacre espantosa que nos ha transformado para siempre”, declaró en la audiencia del lunes.

Las audiencias se celebran tras un informe que insta a la reforma de las armas

La masacre conmocionó a Australia, donde los delitos graves con armas de fuego han sido poco frecuentes desde que se endurecieron los controles tras un tiroteo masivo en Tasmania hace 30 años. Los gobiernos federal y estatales de Australia están considerando nuevas reformas.

Un informe provisional de la Comisión Real, publicado en abril, que examinó la capacidad de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad australianos para responder a los delitos antisemitas, recomendó que los líderes de Australia priorizaran la promulgación de leyes de armas coherentes a nivel nacional y un programa de recompra de armas.

Sajid Akram fue abatido a tiros por la policía en el lugar del crimen. Era un tirador con licencia y poseía legalmente las armas utilizadas.

Su hijo resultó herido, pero sobrevivió. Naveed Akram ha sido acusado de cometer un acto terrorista, 15 cargos de asesinato y 40 cargos de intento de asesinato. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

(con información de AP)

Entre flores y clamor de justicia, familiares y amigos dan el último adiós a Omar, Alejandra, Valentina y Romina, víctimas del multihomicidio cometido en Azcapotzalco, alcaldía de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre inició este 1 de mayo de 2026 en un velatorio de la colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, para terminar en el Parque Memorial Gayosso, Naucalpan, Estado de México, donde sepultaron a la pareja y sus dos hijas.

En la ceremonia, marcada por el dolor y la exigencia de “justicia sin impunidad”, el entorno refleja el impacto que ha generado la violencia ejercida contra una familia descrita como discreta por sus vecinos. Cuatro carrozas blancas encabezan la procesión, que avanza por Circuito Interior y Ejército Nacional. Bajo toldos, los ataúdes descienden ante la mirada incrédula de los presentes.

El ataque ocurre días antes en la calle Guanábana, colonia Nueva Santa María, domicilio familiar donde las víctimas pierden la vida. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan como presunto responsable a Emiliano “N”, joven de 19 años que habría planeado y ejecutado el delito. El móvil se relaciona con una relación sentimental mantenida con Valentina, la hija mayor, de 17 años.

La tía de las víctimas, al tomar la palabra durante la despedida, denuncia entre lágrimas la dimensión de la tragedia: “Nunca esperé que este caso se fuera a dar en mi familia y menos con niñas”, exige que autoridades y ciudadanía no permitan el olvido y reclama la máxima condena para los responsables.

“Mi sobrina Valentina tenía 17 años y él, al parecer 19, pero era muy violento y su padre no aprobaba la relación. Simulaba ser de una familia bien… yo creo que si hubiera pedido algo, no hubiera habido necesidad de matarlas. Pedimos justicia, agradecemos la rápida acción de las autoridades y manifestamos también nuestro temor a represalias y garantizar la situación de nuestra familia”, reveló al periodista Carlos Jiménez.

Según la familia de las víctimas, el señor Omar había manifestado oposición al noviazgo debido al carácter violento de Emiliano. El presunto responsable, identificado por autoridades, presumía armas y vínculos delictivos en sus redes sociales, asimismo se le veía manejando camionetas de alto costo. Habría conocido a Valentina en el Tec de Monterrey donde la joven estudiaba.

En el día de los hechos, logra ingresar al domicilio sin forzar cerraduras, presuntamente con consentimiento de la adolescente.

Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y esclarecer el nivel de planeación en el crimen, mientras la comunidad insiste en la exigencia de justicia para las cuatro víctimas.

• Cuatro integrantes de una familia son asesinados en Azcapotzalco; la procesión y sepelio reúne a decenas de personas que exigen justicia.
• La SSC identifica a Emiliano “N”, de 19 años, quien mantenía una relación con Valentina, como presunto responsable.
• Vecinos y familiares describen a la familia como tranquila y piden la sentencia máxima para los autores del crimen.

Emiliano engañó a Valentina para acceder a su casa pero él la mató y a su familia

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados el pasado 28 de abril en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque tuvo como uno de sus elementos cruciales el engaño a la adolescente Valentina, de 17 años, a quien un sujeto, identificado como Emiliano “N”, habría convencido de permitir el ingreso de los agresores. La familia nunca imaginó que se llevaría a cabo la ejecución múltiple, que cobró la vida de Valentina, su hermana de 12 años y sus padres, en un crimen que evidencia la violencia social y los riesgos asociados a vínculos personales manipulados.

Las investigaciones iniciales ubicaron como víctimas a Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años; y sus dos hijas, de 12 y 16 años. De acuerdo con reportes oficiales, la familia fue privada de la vida dentro de su domicilio, en un acto que los investigadores vinculan con un robo violento.

El saldo policial revela la magnitud del caso: hasta ahora las autoridades detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos camionetas de lujo robadas, así como 95 dosis de droga y varias armas de fuego. Las camionetas aseguradas a los presuntos responsables incluyen una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en $2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i, cuyo precio asciende a $2 millones 264 mil 900 pesos. También fueron recuperadas prendas personales de las víctimas, entre otros objetos sustraídos.

El crimen y el perfil de las víctimas: vínculos personales y un móvil por pago

El desarrollo del multihomicidio tendría origen, según las primeras pesquisas, con la relación entre Emiliano y Valentina. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría querido ser pareja de la mayor de las hijas. Las versiones preliminares sostienen que la relación fue aprovechada por la célula delictiva para ejecutar el crimen: Valentina habría facilitado el acceso al hogar bajo engaños, situación que derivó en el asesinato de toda la familia.

Reportes atribuyen a Emiliano la confesión de haber recibido la oferta de $40 mil pesos de una banda presuntamente identificada como “Los Julios” para cometer el homicidio. Hasta el momento, las autoridades mantienen esa versión en reserva. Las pesquisas señalan que el vínculo entre Valentina y Emiliano habría iniciado en el Tec de Monterrey, una escuela privada de la Ciudad de México. Según los documentos analizados, el padre de la joven se oponía a la relación, lo que incrementó la tensión alrededor de la familia.

Durante el aseguramiento, los investigadores incautaron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares y varias dosis de marihuana y cocaína en piedra. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue para identificar a otros involucrados y establecer las motivaciones finales del multihomicidio.

La violencia volvió a estremecer la zona norte de Honduras durante la madrugada de este viernes, tras registrarse una nueva masacre en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, Cortés.

El ataque armado dejó como saldo tres personas fallecidas y una más gravemente herida, en un hecho que ha generado alarma entre los residentes del sector y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la ciudad.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el violento episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el patio de una vivienda particular, compartiendo en un ambiente aparentemente tranquilo.

Sin embargo, la calma fue interrumpida de forma abrupta cuando varios individuos fuertemente armados irrumpieron en el lugar.

Los atacantes, quienes se transportaban en una camioneta y un vehículo tipo pick-up, ingresaron al pasaje donde se desarrollaba la reunión y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

La ráfaga de disparos sembró el caos entre los asistentes y provocó una rápida dispersión, aunque varios de ellos no lograron escapar del ataque.

En la escena del crimen quedó sin vida Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado tendido en el suelo. Vecinos del sector, visiblemente consternados, relataron haber escuchado múltiples detonaciones que rompieron el silencio de la madrugada, seguidas de gritos y movimientos desesperados.

Dos personas más resultaron gravemente heridas durante la balacera y fueron trasladadas de emergencia a distintos centros asistenciales de la ciudad.

Una de las víctimas, identificada únicamente como Santos, de 23 años, falleció poco después de ingresar a una clínica privada debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Los tres cuerpos fueron posteriormente trasladados a la morgue de San Pedro Sula, donde se les realizará la autopsia correspondiente como parte del proceso investigativo.

En medio de la tragedia, una cuarta persona logró sobrevivir al ataque en circunstancias que han sido calificadas como milagrosas.

Según versiones recabadas en el lugar, el sobreviviente tomó la decisión de hacerse pasar por muerto mientras los atacantes continuaban disparando.

Esta acción le permitió evitar ser rematado y salvar su vida una vez que los agresores abandonaron el sector. Actualmente, esta persona permanece bajo atención médica en una clínica privada, luchando por recuperarse de las heridas sufridas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional y agentes de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar la recolección de evidencias, incluyendo casquillos de bala y otros indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se desplegaron operativos en zonas aledañas con el objetivo de localizar los vehículos utilizados por los responsables.

El comisionado policial Eduardo Lanza, jefe de la Policía en San Pedro Sula, informó que la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una disputa por el control de territorio vinculada al microtráfico de drogas.

Según explicó, en la zona operan estructuras criminales relacionadas con la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas.

“Lamentamos profundamente este hecho. La principal hipótesis es que se trata de una pelea por territorio relacionada con el microtráfico. Estamos trabajando para reunir los indicios necesarios que nos permitan confirmar o descartar esta teoría”, declaró el funcionario.

Las autoridades indicaron que continúan con el proceso de recopilación de pruebas y testimonios, con el fin de identificar a los responsables y determinar con precisión el móvil del crimen.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia Perfecto Vásquez permanece en estado de alerta y temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de estructuras criminales sigue generando conflictos armados y pérdidas humanas..

Un ataque armado en una vivienda del barrio Rafael Rangel, ubicado en la comuna 6 de Barrancabermeja (Santander), dejó como saldo tres jóvenes muertos y una persona gravemente herida la mañana del miércoles 29 de abril de 2026.

El hecho desató preocupación por la inseguridad y la violencia urbana en esta ciudad, donde la comunidad reclama medidas inmediatas para esclarecer los hechos y prevenir nuevas tragedias como la ocurrida en los últimos días de abril.

El reporte oficial indica que el caso fue atendido por unidades de la Policía del Magdalena Medio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja que acudieron al inmueble tras recibir reportes de múltiples disparos.

Los fallecidos fueron identificados por Medicina Legal como Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años, Huber Iván Rincón Cabrales, de 17, y Dana Alejandra Forero Peña, también de 17 años. En el mismo ataque, Viky Lorena Mendoza Mantilla fue herida de gravedad en el cuello y trasladada a la Clínica Magdalena, donde permanece bajo atención médica según confirmó el medio local Vanguardia.

Ante la gravedad del caso, se pronunció Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que condenó lo sucedido: “Estos hechos demuestran la degradación de la violencia que vivimos y padecemos los barranqueños en nuestra ciudad. Hoy estamos hablando de una masacre cometida en una comuna popular de Barrancabermeja sin que las autoridades se hayan pronunciado”.

Según las declaraciones del líder al medio local, con este triple homicidio la cifra total de homicidios en la ciudad alcanza alrededor de 43 en lo que va de 2026, lo que representa una reducción respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, la percepción de temor no ha disminuido.

El múltiple crimen ocurrió en una humilde vivienda del sector Loma de Oro. Testigos relataron a Vanguardia que varios hombres armados irrumpieron de manera abrupta y abrieron fuego, matando en el acto a las tres víctimas que se encontraban en la sala.

La Policía Nacional y personal de investigación judicial, incluyendo equipos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, acordonaron la escena y pasaron horas recolectando pruebas materiales, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles detrás de la masacre.

Pese a la falta de pronunciamiento oficial, las autoridades informaron que el alcalde y las fuerzas públicas convocaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos y revisar la estrategia de protección ciudadana en la zona. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había anunciado semanas atrás el refuerzo de vigilancia en sectores críticos mediante la entrega de un nuevo centro de monitoreo, con el objetivo de frenar el accionar de estructuras armadas ilegales.

A pesar de que las cifras de homicidios presentan una baja en comparación con 2025, Credhos advierte que la percepción de inseguridad, la alarma y la intranquilidad colectiva no han disminuido. En palabras de su presidente: “Las autoridades no pueden evaluar solo por números las estadísticas de asesinatos ni el accionar criminal de los grupos que tienen tomados nuestros barrios. Además, exigimos un plan eficiente y eficaz en materia de seguridad”.

Los habitantes de la comuna 6 reclamaron acciones por parte de las autoridades, pues el ataque sicarial refleja una escalada violenta, generalmente por ajustes de cuentas, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de los barrios populares de Barrancabermeja frente a la penetración de estructuras criminales.

Por ahora, la investigación judicial avanza sin que hasta el momento se hayan definido móvil ni responsables, por lo que las autoridades trabajan por reforzar las medidas de seguridad e insisten en la participación activa de la ciudadanía para lograr resultados en este caso, debido a que los ciudadanos pueden declarar en contra de los actores materiales del hecho, en caso de tener cualquier información que permita dar con su paradero.

El 23 de abril se llevó a cabo una audiencia territorial de aporte de verdad por parte de 10 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se conocieron detalles de la masacre de La Resbalosa, en la que el Ejército Nacional permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaran a ocho personas en Apartadó, Antioquia.

Sobre el hecho, registrado el 21 de febrero de 2005, soldados que hacían parte de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional narraron cómo murieron Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años) y cuatro adultos en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios.

Antes del inicio de la diligencia, el lugar fue adornado con flores, cacao y plátanos, símbolos de la región de Urabá; además, las familias de las víctimas encendieron una vela en un acto de memoria y dignificación de sus seres queridos.

El primero en hablar fue el compareciente Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la brigada mencionada, que lamentó cómo un territorio de paz fue manchado con sangre de inocentes.

“Pienso en el silencio que quedó en las casas vacías, en los abrazos ausentes, en las familias que han tenido que aprender a vivir con la pérdida. Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar”.

Espinosa fue interrumpido por Nélida Guerra Tuberquia, hermana de Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas de la masacre, que pidió que el asesinato de su ser querido no quede impune.

“Pedimos que asuman su responsabilidad y se comprometan con la verdad. Que estos hechos no queden en la impunidad. Exigimos que limpien el nombre de estos niños y de los adultos campesinos que fueron injustamente señalados como guerrilleros. Una mentira cruel utilizada para encubrir el daño causado. Mi hermano era responsable, amable, honesto, consejero y amoroso. Tenía 35 años. Su hijo Deyner, mi sobrino, era un niño con muchos sueños: le gustaba cantar, estudiar y jugar fútbol”.

Otro familiar de las víctimas que intervino fue Santiago Esteban Tuberquia, que perdió a su padre y dos de sus hermanos durante el hecho y exigió que se revele la identidad de todos los soldados que participaron de la masacre.

“Exigimos que se nombre a cada una de las personas que participaron en estos hechos. ¿Por qué actuaron así contra inocentes? Especialmente contra los niños, ¿por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños?”,

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue cuando el compareciente Espinosa Beltrán reconoció que un alto mando ordenó que el “operativo” fuera realizado con “guías”, paramilitares que señalaban zonas en las que había presencia de guerrillas.

“Hubo un descalabro militar en El Porroso, donde murieron 22 soldados. El general Mario Montoya ordenó ubicar al grupo insurgente responsable y dio la orden expresa de que si en esa operación militar no había guías (paramilitares) no se hacía la operación. Con esa información, la Brigada Diecisiete construyó su orden de operación y el 15 (de febrero) se emitió la orden de operaciones”.

Espinosa también reveló que para sus superiores, la comunidad atacada era un “nido de guerrilla”, argumento con el que justificaron la alianza momentánea con los paramilitares.

“El coronel Duque, que era el comandante de ese batallón, ya llevaba un tiempo en la región y tenía en su memoria qué era la comunidad y para él la comunidad de San José de Apartadó era un nido de guerrilla”, declaró Espinosa Beltrán.

Por último, el compareciente que representó a los otros nueve exmilitares confirmó que esa no fue la primera ni última vez que se utilizaron a los “guías” para llevar a cabo operativos para abatir a presuntos guerrilleros.

“Sí, claro, era habitual. La Brigada Diecisiete suministraba los guías”, puntualizó el compareciente, que habló de alias Latón y Jonás como los paramilitares que les señalaron que se trataba de una comunidad con más de 150 guerrilleros.

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que, tras el tiroteo registrado el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, las actividades escolares comenzarán a restablecerse a partir del lunes 13 de abril. Las puertas del colegio reabriran en un proceso progresivo que prioriza tanto la seguridad física como el acompañamiento emocional de alumnos y docentes.

La orden judicial decretó que el establecimiento escolar ya podía volver a ser utilizado. Por su parte, el Ministerio de Educación definió un cronograma de limpieza, reorganización y de reencuentro académico y comunitario, que se ejecutarán el lunes 13 y martes 14 de abril, según informó el medio Rosario3.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, enfatizó la necesidad de atender la integridad de la comunidad educativa durante el retorno. En sus palabras: “Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales”. El esquema prevé una diferenciación por niveles y fechas, con especial atención a la contención emocional e interacción gradual entre equipos docentes, familias y estudiantes en las instalaciones que fueron el centro de la tragedia.

En el Nivel Inicial, el martes 14 se organizarán reuniones entre equipos docentes y familias fuera del establecimiento, específicamente en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles 15 y el jueves 16 tendrán lugar actividades lúdicas en la escuela, enfocadas en la recuperación del clima áulico. El viernes 17 está previsto un encuentro global en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán propuestas pedagógicas para la etapa inmediata.

Por su parte, el Nivel Primario contempla una instancia de diálogo y acompañamiento: los días miércoles 15 y jueves 16 de abril, entre las 13:30 y las 17:30, se realizarán reuniones divididas por grados, destinadas a facilitar la expresión de necesidades y preocupaciones de las familias y el cuerpo docente. El acceso físico de los estudiantes al edificio del colegio se reanudará el viernes 17 de abril, con actividades debidamente organizadas y acompañadas por los equipos profesionales del Ministerio.

El tiroteo en el colegio de San Cristóbal

El 30 de mazo, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió cerca de las 7:15, mientras los estudiantes esperaban en el patio interno el inicio de la jornada escolar. El agresor sacó una escopeta de su mochila, disparó entre cuatro y cinco veces y mató a un compañero de 13 años, identificado como Ian Cabrera. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

El tirador fue reducido por un asistente escolar, quien logró quitarle el arma. La policía detuvo al agresor y evacuó la escuela. La mayoría de los heridos recibió atención médica por lesiones leves y dos de los adolescentes requirieron traslado a hospitales de mayor complejidad.

El agresor, por su edad, es inimputable y permanece alojado en un instituto especializado bajo supervisión de su madre. Por otro lado, la Justicia imputó como partícipe del homicidio a otro adolescente de 16 años. Según las fuentes policiales, el alumno tuvo un “rol activo” ya que tenía conocimiento previo del ataque sucedido en San Cristóbal.

True Crime Community

En este marco, las autoridades detallaron sobre la hipótesis de que el ataque fue planeado y que el tirador habría actuado con influencias externas, especialmente de comunidades virtuales. Se realizaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos del atacante para determinar las causas.

Los organismos especializados confirmaron que el tirador formaba parte de la denominada “True Crime Community” (TCC), una subcultura digital surgida tras la masacre de Columbine. Allí, usuarios comparten información sobre distintos hechos criminales, discuten detalles de los ataques, intercambian memes y hasta rinden culto a los responsables de masacres emblemáticas. En estos espacios, los asesinos suelen ser tratados como figuras a emular y se publican guías, manifiestos y tutoriales sobre cómo planificar ataques similares.

Esta comunidad está principalmente integrada por jóvenes que son incentivados a perpetrar actos violetos. El menor responsable del ataque participaba activamente en foros y grupos virtuales vinculados a la TCC. Los investigadores señalaron que la pertenencia del tirador a estos espacios virtuales fue un factor clave en la planificación y ejecución del ataque.

Cuatro personas murieron la noche del viernes 10 de abril de 2026 dentro del restaurante Playa Ventura en la comunidad turística de Barra Vieja, en el municipio de Acapulco, durante una balacera registrada a las 19:30 horas en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Las víctimas incluyeron a tres hermanos, identificados como Alejandra N, Radacunti N y José Inés N, quienes eran los propietarios del negocio, además de una persona más que no ha sido identificada oficialmente.

Testigos reportaron que durante una fiesta privada, sujetos armados irrumpieron en el restaurante y efectuaron al menos 50 disparos utilizando armas de distintos calibres. Ante la emergencia, algunas personas habrían resultado heridas y, sin esperar la llegada de los servicios de emergencia, fueron trasladadas por sus propios medios a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades llegaron minutos después. Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, ministeriales y el Ejército Mexicano resguardaron la zona, impidiendo el acceso a turistas y visitantes de la zona Diamante. Peritos y personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recolección de indicios en el lugar de los hechos.

El ataque ocurrió cuando restaban dos días para que concluyera el periodo vacacional de Semana de Pascua, en una de las zonas de mayor afluencia turística de Acapulco. El restaurante, ubicado sobre el camino hacia la Costa Chica, está en la denominada zona rural del municipio y suele registrar actividad intensa durante la temporada alta.

Entre la información recabada de manera preliminar, autoridades indicaron que dentro del establecimiento las víctimas fueron halladas sin vida y que varias personas más sufrieron lesiones por arma de fuego. La Fiscalía no informó el número exacto de heridos, ni aclaró si los responsables forman parte de algún grupo criminal en específico. Tampoco detalló si lo ocurrido derivó de un enfrentamiento armado o fue un ataque directo. Las causas del hecho no fueron esclarecidas en el sitio.

Los cuerpos fueron levantados aproximadamente a las 21:00 horas por personal del Servicio Médico Forense, quienes efectuaron el traslado correspondiente para las necropsias de ley y la identificación oficial de la cuarta víctima.

Por lo ocurrido, la zona fue acordonada mientras continuaban los trabajos periciales y de custodia de evidencias. Barra Vieja permaneció bajo presencia de fuerzas federales y estatales durante el resto de la noche.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el múltiple homicidio e inició las investigaciones correspondientes, no obstante, se reportaron dificultades para el acceso de peritos, agentes ministeriales y personal del Ministerio Público al lugar de los hechos.

El ataque ocurrió en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, en las inmediaciones de la playa Barra Vieja, una zona turística del puerto.

En contraste, en la avenida Costera Miguel Alemán, la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó el festival “Jolgorio Acapulqueño”, donde se congregaron cientos de personas.

Puntos clave del caso:

• El ataque dejó cuatro muertos, entre ellas tres personas propietarias del restaurante.
• Se contabilizaron al menos 50 disparos en el lugar, lo que generó una movilización policial y militar.
• Las autoridades no precisaron el motivo ni el número exacto de lesionados; la investigación sigue en curso.

La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.

Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron de la escena, dejando a la comunidad consternada por la violencia de este hecho.

El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.

Carlos David Canales contaba con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, mientras que Edilio García Cruz había sido capturado en noviembre de 2022 por el delito de lesiones.

La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.+

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.

La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.

Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:

• Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
• La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
• San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
• El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
• Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
• Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.

Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.

Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.

Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.

Svitlana Cherniakova, contadora de Bucha, vivió dos semanas bajo la ocupación rusa a principios de 2022 antes de huir con su familia el 9 de marzo, cuando, según relató, las tropas de Moscú abrieron un corredor para civiles.

“El 9 de marzo, los rusos abrieron un corredor humanitario hacia la cercana ciudad de Borodianka. Había muchísimos coches allí, muchísimos. Nos arriesgamos y seguimos a los autobuses. Salían de Bucha por el puente Vorzel. Nos dejaron pasar y los seguimos. Fue aterrador, extremadamente aterrador. Al irnos, vimos personas heridas de bala tiradas en la carretera y coches quemados”, recordó.

Poco después, su hijo Vladyslav Cherniakov, que entonces tenía 20 años, se ofreció como voluntario para unirse a las fuerzas armadas ucranianas.

Murió en diciembre de 2022 cerca de la ciudad oriental de Avdiivka, uno de los frentes más sangrientos de la guerra.

Las pérdidas para la familia no terminaron ahí. El ex marido de Cherniakova, Andrii, se unió al ejército ucraniano en marzo de 2024 y sirvió en la 3.ª Brigada de Asalto.

Murió en septiembre de 2024 en la región de Lugansk, al este de Ucrania.

Cherniakova declaró que esperó diez meses para que su cuerpo fuera identificado mediante análisis de ADN antes de que finalmente fuera enterrado en Bucha.

Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de llevar a cabo ejecuciones, violaciones y torturas durante la ocupación de Bucha. Moscú niega las acusaciones.

“Lo vimos todo con nuestros propios ojos. Fue una masacre. Los cuerpos de las personas que habían recibido los disparos yacían en las carreteras, y los coches estaban quemados. Fue aterrador”, comentó Svitlana.

Por su parte, otro residente, Vira Katanenko comentó, “Regresé alrededor del 14 de abril y presencié todo este horror. Pero también vi mucha ayuda: voluntarios de toda Ucrania, así como del extranjero. Me impresionó profundamente la cantidad de gente que se preocupa de verdad. Fue realmente conmovedor”.

“Regresé con la sensación de que Bucha por fin era libre y creía que la victoria llegaría pronto. Lamentablemente, ahora podemos ver lo difícil que sigue siendo la situación. Por eso, todos debemos unirnos —gente de todo el mundo— y asegurarnos de que los rusos abandonen nuestro territorio, que regresen al este y al norte", dijo.

Kiev afirma que más de 1400 personas murieron en Bucha durante la ocupación, entre ellas 37 niños. Añade que se encontraron más de 175 cuerpos en fosas comunes y cámaras de tortura, y que los investigadores han identificado unos 9000 presuntos crímenes de guerra rusos relacionados con la ciudad.

(con información de Reuters)

La violencia en Colombia persiste y sigue afectando a uno de los departamentos más golpeados por el conflicto: el Cauca. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el jueves 26 de marzo se registró la masacre número 35 de 2026.

Tres cuerpos sin identificar fueron encontrados al interior de un vehículo incinerado en la vereda Palacé del corregimiento La Capilla. El carro estaba ubicado en el kilómetro 11 de la vía Jardines de Paz, en los límites entre Popayán y Cajibío, cerca del sector de La Rejoya.

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Según información preliminar expuesta por el instituto, dos de las víctimas estaban en el baúl y la tercera en el asiento trasero del vehículo, que era un sedán blanco que no tenía placas. Al parecer, las personas habrían sido amarradas.

Hasta el momento, se desconoce tanto la identidad de los fallecidos como las causas y responsables de este nuevo episodio violento. Además, según informó El Tiempo, las autoridades no han logrado retirar los cadáveres del lugar debido a la presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un riesgo para los funcionarios encargados del levantamiento de los cuerpos y de la investigación.

Indepaz indicó que en la zona delinquen el frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) y otras organizaciones criminales de carácter local. Al mismo tiempo, la Tercera División del Ejército Nacional se encarga de garantizar la seguridad de la población en el territorio.

Por otro lado, recordó que los riesgos que corre la ciudadanía en Cajibío ya habían sido alertados por la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana (AT) 013/25, en la que hizo “un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

También emitió la AT 007/23, asegurando que en Cajibío las personas enfrentan limitaciones para movilizarse libremente debido a la presencia de actores armados, que constriñen a quienes habitan en el municipio.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) se pronunció al respecto, condenando la masacre y pidiendo el cese de la violencia en el país. “Nos unimos a las voces de rechazo de estos hechos y seguimos haciendo el llamado a que cese esta barbarie”, expresó.

Masacre en Cauca: cuatro personas asesinadas

La población del departamento de Cauca enfrentó otro hecho de violencia en enero de 2026 que causó consternación y temor. Cuatro personas fueron asesinadas en una incursión armada ocurrida entre las 12:00 a. m. del 18 de enero y la mañana del 19 de enero en el sector de El Chamizo, zona rural de Padilla (norte del Cauca), donde hombres armados irrumpieron en varias viviendas y atacaron a las personas que allí se encontraban.

La masacre, atribuida por la comunidad a miembros de una organización criminal conocida como Los 5 y 6, dejó entre las víctimas a un adulto mayor de 72 años que dormía en su casa cuando fue asesinado a tiros. Al parecer, el grupo delincuencial tiene su base en Guachené y estaría vinculado a la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con declaraciones de los residentes, los atacantes buscaban a presuntos rivales, pero asesinaron a civiles que no estaban relacionados con ninguna organización criminal.

Luego del ataque armado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo los primeros procedimientos legales para adelantar una investigación sobre los hechos.

Siete personas comenzaron a disparar contra una vivienda ese 30 de mayo de 2024, en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo (Uruguay). El grupo delictivo dejó al menos 139 casquillos de bala en el lugar que funcionaba como una boca de venta de droga. Era la muestra de que habían cometido una masacre: cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.

Tras ese cuádruple homicidio dos personas fueron imputadas y otras tres se mantuvieron prófugas durante casi dos años. Así fue hasta esta semana, cuando –diciéndole arrepentidos– decidieron entregarse.

El Ministerio del Interior informó este miércoles la detención de José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Andreson Axel Vidal Suárez, de 19 años, que se encontraban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio. La cartera detalló que la Fiscalía de Homicidios de tercer turno logró la formalización de la investigación y la imputación de estos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Como medida cautelar, se los envió a prisión preventiva durante 180 días.

Además, esta semana fue condenado a tres años de prisión un joven al que la Fiscalía acusa de haber ofrecido “apoyo” en la masacre, consignó El País. La pena fue de tres años de prisión.

Los homicidas se entregaron este martes, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo niega. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.

La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.

“Mostraron arrepentimiento. Lamentablemente en este hecho poco fortuito hubo un fallecido de once añitos. Nuestros defendidos no tenían conocimiento de la presencia de ese niño”, dijo Martín Frustaci, abogado defensor de uno de los involucrados, en una rueda de prensa este miércoles. “Mostraron profundo arrepentimiento”, agregó.

Al ser consultados sobre por qué se entregan dos años después, el defensor contestó: “No podían más con la culpa. Les estaba carcomiendo la conciencia”.

Sin querer “justificar” la masacre, Frustaci narró que a uno de sus defendidos lo habían intentado asesinar tres veces. Y detalló: “Hubo un episodio puntual –hay una denuncia previa de un vecino– en el que le tiraron 10 tiros a un auto pensando que era el auto de mi defendido”.

“Vamos a ser claros: una cosa es la escuelita de la Facultad de Derecho y otra cosa es la escuelita de la calle. Los códigos son otros y eventualmente lo que vamos a tratar de demostrarle a la fiscal es que es un hecho aberrante y repudiable socialmente, pero es la vida de uno o de otro”, agregó el abogado.

El niño de once años no estaba emparentado con las personas de la boca pero sí solía frecuentar el lugar, consignó este noticiero.

Hasta ahora son cinco las personas que han sido judicializadas, pero la Policía maneja la hipótesis de que hay más personas involucradas por la declaración de testigos y por una foto que fue tomada por los asesinos luego del cuádruple crimen. En la imagen se los ve posando con las armas de fuego que utilizaron.

El crimen se dio por una venganza vinculada a un enfrentamiento de bocas de droga en el barrio Maracaná de Montevideo.

Al respecto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente el triple asesinato ocurrido en la mañana del martes 24 de marzo, al señalar que la ciudad está de luto por lo sucedido.

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“Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”, indicó Galán en un comunicado.

El mandatario destacó que se trató de un posible triple feminicidio y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas, amigos y la comunidad del sector. “Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”.

Además, consideró que estos hechos evidencian un desafío social urgente: “Casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”.

Hallazgos y acción policial en el barrio Atalayas

En la mañana del martes 24 de marzo de 2026, la Policía de Bogotá informó sobre el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en una vivienda de la localidad de Bosa.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que la alerta se recibió tras una llamada a la línea 123 hecha por un familiar de las víctimas. El reporte llevó a la intervención inmediata de uniformados y del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes ingresaron a la residencia.

“Con profundo dolor informamos sobre un trágico hecho que ha impactado a una familia en la localidad de Bosa. La llamada de la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas alertó a los uniformados, quienes acudieron esta mañana a una residencia ubicada en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa”, sostuvo puntualmente.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años. El presunto agresor, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, fue capturado en el lugar.

Según la información preliminar, el hombre presentaba signos de envenenamiento al intentar atentar contra su propia vida, por lo que fue remitido a un centro médico.

“La Seccional de Investigación Criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, declaró Cristancho.

Investigación judicial y acompañamiento a víctimas indirectas

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal, informó que el equipo psicosocial y jurídico de la Secretaría Distrital de la Mujer está en contacto con las víctimas indirectas.

Solicitó a la Fiscalía avanzar con celeridad y rigor en la investigación para evitar cualquier posibilidad de impunidad. Tami Leal enfatizó: “No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.

De acuerdo con la información disponible, la Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas, el crimen ya había sido consumado. El presunto feminicida tendrá que responder ante la justicia por el asesinato de su pareja y sus dos hijastras.

En Bogotá, cualquier persona puede denunciar casos de violencia de género o intrafamiliar a través de diversos mecanismos gratuitos y de atención inmediata: (601) 380 8400, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Línea Calma 01 8000 423 614 para hombres, la línea de emergencias 123 y las Casas de Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Un ataque armado registrado en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas dos hombres —que eran hermanos— y dos mujeres cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con información oficial, el multihomicidio ocurrió cuando sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas, quienes se encontraban al interior de un inmueble. El hecho ocurrió el martes alrededor de las 10 de la noche, en el cruce de las calles Insurgentes y Morelia, en la colonia Revolución.

Tras el ataque, cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar, donde confirmaron la muerte de las cuatro personas. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias.

Víctimas y primeras investigaciones

Las autoridades informaron que dos de las víctimas eran hombres que mantenían un vínculo familiar, mientras que las otras dos corresponden a mujeres que hasta el momento no han sido identificadas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del ataque ni sobre los responsables, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Este tipo de agresiones, en las que comandos armados irrumpen en viviendas o espacios cerrados, forma parte de los patrones de violencia que se han registrado en distintas zonas de Michoacán en los últimos años.

Zamora, foco de violencia en Michoacán

El municipio de Zamora se ha mantenido como uno de los puntos con mayores índices de violencia en la entidad, con constantes reportes de ataques armados, homicidios y enfrentamientos vinculados a grupos del crimen organizado.

En semanas recientes, se han registrado otros hechos violentos en la región, lo que refleja la persistencia de la inseguridad pese a los operativos desplegados por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Especialistas en seguridad han advertido que la disputa territorial entre organizaciones criminales ha intensificado la violencia en distintas zonas del estado, incluyendo Zamora, donde estos grupos buscan controlar actividades ilícitas y rutas estratégicas.

Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este multihomicidio, lo que refuerza la preocupación por la capacidad de los grupos armados para actuar con impunidad en la región.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán con las investigaciones para dar con los responsables, mientras que elementos de seguridad mantienen presencia en la zona como parte de los operativos de vigilancia.

El ataque se suma a la ola de violencia que afecta a Michoacán, donde hechos de alto impacto continúan registrándose de manera recurrente, generando preocupación entre la población y evidenciando los retos en materia de seguridad pública.

Zamora es un territorio en pugna entre organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.

El 17 de marzo de 1981, el norte de El Salvador se convirtió en escenario de una de las mayores tragedias de la guerra civil, cuando miles de campesinos intentaron huir del avance militar y encontraron en el Río Lempa una frontera mortal.

La masacre del Lempa, ejecutada durante la estrategia de “tierra arrasada”, dejó una herida que sigue presente en la memoria colectiva centroamericana. De acuerdo con los respectivos informes periodísticos locales e internacionales, operación militar impulsada por el ejército de El Salvador forzó el desplazamiento masivo de comunidades rurales en Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras.

Los testimonios de sobrevivientes, citados por BBC Mundo, relatan cómo abuelos, madres con bebés y niños cruzaron las veredas, empujados por el temor y la violencia. Su único objetivo era alcanzar el refugio de Mesa Grande, en territorio hondureño.

Al llegar a las orillas del Río Lempa, los desplazados enfrentaron una disyuntiva imposible. Sin puentes ni medios para cruzar, debieron lanzarse al agua mientras observaban la otra ribera, bajo la falsa promesa de salvación. Sin embargo, la corriente del río, crecida por las lluvias y vigilada por soldados en ambas orillas, se transformó en un corredor letal.

Los sobrevivientes narran que el sonido de los helicópteros anticipó el comienzo del ataque coordinado. Las aeronaves, a las que llamaban “avispas de hierro”, abrieron fuego sobre quienes intentaban cruzar el Lempa. Al mismo tiempo, fuerzas hondureñas bloqueaban el paso en la frontera.

De acuerdo con El País, el operativo conjunto entre El Salvador y Honduras dejó a las familias atrapadas en tierra de nadie, donde la soberanía se midió en cadáveres.

El Lempa: un río convertido en cementerio y símbolo de duelo suspendido

“El río no era agua, era un grito”, relató una mujer que logró sobrevivir, en declaraciones recogidas por BBC Mundo. Las balas levantaban columnas de agua y el caudal, habitualmente verde, se tornó en oscuro y espeso.

Los cuerpos de quienes no sobrevivieron fueron arrastrados río abajo, donde la represa acumuló una hilera de tragedia. La descripción cromática del río, teñido de rojo, se repite como una constante en los relatos de las víctimas.

Las consecuencias resultaron devastadoras para cientos de familias. Muchos niños desaparecieron durante la travesía, debido al peso de la ropa empapada o los disparos. El Lempa, fuente de vida para Centroamérica, se transformó en un cementerio sin nombres. Los que lograron cruzar fueron recibidos con violencia y sospecha en la frontera hondureña, donde los soldados los consideraban posibles colaboradores de la guerrilla.

Para comunidades como Santa Cruz y Los Guardados, la fecha del 17 de marzo representa un duelo suspendido. “No pudimos enterrar a nuestros familiares”, explicó un testigo a El País.

La resistencia de la memoria: Legado de los sobrevivientes del Lempa

A lo largo de los años, los sobrevivientes han mantenido viva la memoria del ataque. Cada aniversario, procesiones silenciosas llegan a la orilla del Río Lempa. Jóvenes y ancianos lanzan flores al agua, en un acto que fusiona la religión con la resistencia política. “Recordar es evitar que se repita”.

En 2026, el paisaje del Lempa parece apacible. Pescadores lanzan sus redes y el murmullo del agua se escucha constante, mientras el pasado permanece latente en la memoria de quienes fueron marcados por la violencia. La masacre del 17 de marzo es considerada una de las violaciones a los derechos humanos más graves cometidas durante la guerra civil salvadoreña, un episodio donde la naturaleza fue testigo mudo de una persecución humana.

Gerson Cuadra Soto, conocido como “El Fantasma”, negó haber confesado ante autoridades de Estados Unidos su participación en el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y rechazó haber implicado en el crimen al también exmandatario Juan Orlando Hernández.

En su mensaje, Cuadra Soto afirmó que las versiones sobre una supuesta confesión carecen de fundamento. Ante las cámaras, sostuvo que nunca proporcionó a fuerzas federales estadounidenses declaraciones incriminatorias ni señaló a Hernández o a cualquier otra persona como responsable intelectual del asesinato.

El caso permanece bajo la observación de autoridades hondureñas y de agencias de Estados Unidos, dado que la víctima, Said Lobo Bonilla, tenía nacionalidad estadounidense, hecho que condiciona la atención internacional y explica la participación federal en la investigación, como relató el propio Lobo Sosa.

En el video difundido, Cuadra Soto se identifica: “Mi nombre es Gerson Cuadra, estoy haciendo este video desde una cárcel en los Estados Unidos. Hago este video tomando en cuenta que ya me hicieron famoso, pero no de la forma que me hubiera gustado”.

La grabación responde a afirmaciones públicas y mediáticas, especialmente después de la declaración de Porfirio Lobo Sosa, quien asegura que agentes federales estadounidenses le informaron sobre la supuesta confesión del detenido.

Cuadra Soto sostiene que no ofreció ninguna declaración a las autoridades estadounidenses donde admitiera el crimen o implicara a terceros. Dijo de manera tajante: “Nunca confesé el asesinato de Said Lobo ni mencioné al expresidente Juan Orlando Hernández como responsable”.

La implicación de Hernández como autor intelectual también fue rechazada directamente en su mensaje grabado: “En ningún momento he declarado ni he mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que me ha pagado por hacer tal hecho. Todo eso es mentira”.

El hombre, señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante de MS-13, negó haber colaborado con el Federal Bureau of Investigation (FBI). Sobre esto, replicó: “Con seguridad digo que eso es una gran y total mentira”, negando la colaboración señalada por ex mandatario.

De acuerdo con su testimonio, Soto indica que solo mantuvo contacto con agentes del FBI al momento de su captura, cuando le comunicaron los cargos y le leyeron sus derechos. Explicó en el video: “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue cuando me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me detienen”. Posteriormente, fue entregado al United States Marshals Service y, más tarde, a la prisión federal donde permanece recluido.

Sobre la hipótesis de que funcionarios estadounidenses viajen a Honduras para dar información inexacta, Cuadra Soto expresó su escepticismo: “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, viajen a Honduras a decir mentiras de esa magnitud”. Explicó que decidió grabar el video porque: “Lo que me queda es Dios y mi familia, y eso me basta porque es lo más importante al final”. Esta declaración busca distanciarlo de las acusaciones difundidas tanto en medios hondureños como en las declaraciones públicas de los exmandatarios.

Cuadra Soto se mostró sorprendido por haber terminado involucrado en el enfrentamiento entre Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En cámara, manifestó: “No sé en qué momento terminé en medio de la guerra de estos dos grandes personajes. ¿Quién soy yo para que me mencionen?”. Su intervención se suma al clima de tensión política y mediática, alimentado por el asesinato que sacudió a Honduras en 2022 y que sigue generando debate nacional.

El exmandatario Lobo Sosa señaló que recibió la visita de agentes federales estadounidenses, quienes, según su versión, le comunicaron la captura de Cuadra Soto y una supuesta confesión en la que se atribuía la autoría intelectual del crimen a Juan Orlando Hernández. Agregó: “Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”.

En palabras de Porfirio Lobo Sosa: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos”, aludiendo así al papel de las agencias estadounidenses en el esclarecimiento del asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía hondureña, encabezada por Johel Zelaya, mantiene abierta la investigación con colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Las autoridades atribuyen los hechos a un grupo armado que habría cruzado desde Puerto Berrío, Antioquia, exclusivamente para cometer los crímenes, según las primeras versiones.

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Los ataques ocurrieron en dos veredas ubicadas a unos 30 minutos del corregimiento de Puerto Araujo. El primer hecho se registró a las 11:30 p. m., en la vereda San Juan de la Carrilera, donde hombres armados abrieron fuego y asesinaron a dos hombres y una mujer.

Posteriormente, a la 1:30 a. m., en la vereda Traviata, otra mujer fue atacada con arma de fuego y falleció en el lugar.

Disputa criminal y recompensa ofrecida

La Policía indicó que existiría una disputa por el tráfico local de estupefacientes entre el grupo “GSO de los de Olaya” y organizaciones de delincuencia común de Puerto Berrío.

Además, el coronel Arévalo señaló que alias Machacado, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, estaría impulsando este tipo de crímenes. Las autoridades adelantan procesos investigativos para llevar a los responsables ante la justicia.

Por estos hechos, la Gobernación de Santander mantiene un ofrecimiento de hasta $50 millones por información sobre estructuras de grupos armados organizados y hasta $30 millones por datos sobre delincuencia común organizada.

El secretario Hernández expresó que tanto la administración municipal como la departamental rechazan estas acciones delictivas, que afectan la tranquilidad en el territorio. Señaló que trabajan para garantizar los mecanismos de seguridad y brindar las garantías necesarias.

Hipótesis de los hechos y versiones de las autoridades

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Hernández afirmó: “Ante la información entregada por el comando de la Policía de Santander, se confirman tres personas asesinadas (después se confirmó una persona muerta). A la zona se desplaza un equipo especializado de la Policía para el cotejo de pruebas”.

La Policía del departamento investiga si las víctimas tenían relación con el grupo delincuencial conocido como Los Roman, presente en el Magdalena Medio santandereano. También se analiza si el crimen estaría relacionado con la disputa entre estructuras criminales de la región.

En palabras del comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, “los responsables son de una banda criminal de Antioquia”. Además, detalló que la Policía, al conocer los hechos, movilizó sus capacidades instaladas desde el municipio de Cimitarra hasta San Juan de la Carrilera, a unas dos horas del casco urbano. Allí, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación realizó las inspecciones técnicas en los lugares de los hechos y a los cadáveres.

Entre las víctimas estarían los presuntos asesinos de una profesora en Puerto Berrío, Antioquia

Versiones extraoficiales, citadas por El Radar, indican que entre las víctimas figura una mujer identificada como alias La Pioja, que estaba embarazada y había sido capturada a finales de enero junto a un hombre apodado “Búcaro”, ambos presuntos integrantes del grupo Los de Olaya. “La Pioja” había recuperado su libertad poco antes del ataque.

Asimismo, se conoció que dos de las víctimas de la masacre serían los sospechosos del reciente asesinato de la docente jubilada Luz Stella Restrepo Londoño en Puerto Berrío (Antioquia).

El crimen de la profesora ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando fue atacada con arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío. Las autoridades descartaron el robo como móvil, ya que no le fueron hurtadas sus pertenencias. El gremio de educadores y el alcalde Robinson Baena condenaron el hecho y exigieron justicia.

Según informes de la Policía Nacional, el ataque se produjo en la aldea El Espino, un corredor montañoso zona que ha sido identificada como ruta habitual para esquivar los operativos policiales, donde en días recientes se han intensificado los patrullajes tras otros episodios violentos.

El hallazgo de los cuerpos motivó la intervención inmediata de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena para recolectar pruebas.

Los agentes encontraron a cinco hombres, jóvenes en su mayoría, con múltiples impactos de bala; algunos presentaban mutilaciones y portaban chalecos antibalas.

Además, entre las pertenencias de los fallecidos se localizaron camisetas con la inscripción “Cartel del Diablo C.D.D.” y gráficos de paquetes de droga y armas doradas. Este elemento, señalado por los investigadores, fortalece la hipótesis de que las víctimas mantenían vínculos directos con actividades ilícitas en la región, como el microtráfico de drogas y la extorsión.

La violencia en Sulaco no constituye un caso aislado. La masacre de El Espino representa el segundo crimen múltiple en el municipio en menos de siete días

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe relación entre ambos escenarios violentos, aunque la proximidad temporal y el contexto delictivo abren interrogantes sobre una posible escalada de enfrentamientos entre bandas.

En el sitio del ataque, la presencia de armas de grueso calibre y la indumentaria hallada en los cuerpos fueron consignadas como señales claras de que el grupo asesinado operaba bajo la estructura del denominado Cartel del Diablo, liderado por “El Esteban”, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional.

Tras recibir los reportes de la balacera, los agentes desarrollaron un dispositivo de seguridad en las comunidades aledañas y reforzaron los controles en los accesos a las zonas montañosas, con el objetivo de ubicar a los posibles responsables y evitar un nuevo aumento de la violencia. Al finalizar la jornada, las autoridades no habían informado capturas relacionadas con el caso.

El subcomisionado Eduardo Rivera, de la Policía Nacional de Honduras, afirmó que se han establecido varias líneas de investigación. Explicó que las primeras indagaciones apuntan a dos escenarios principales, que el múltiple homicidio haya sido una venganza entre estructuras criminales, o bien el resultado de un enfrentamiento motivado por la disputa del control sobre actividades ilícitas, en especial la extorsión y el microtráfico en el corredor nororiente de Honduras.

Según el subcomisionado: “Ellos se dedican al microtráfico y se dedican a la extorsión, pues tienen múltiples enemigos; entonces el día de hoy tuvieron un enfrentamiento entre bandas y a estas cinco personas les quitaron la vida”, declaró en el informe policial.

También detalló que la emboscada ocurrió en una ruta frecuentada por estos grupos para evadir la presencia policial, y agregó que los agresores conocían los movimientos de sus víctimas, lo que permitió realizar un ataque sorpresivo de alto grado de violencia.

En las horas posteriores al ataque, los forenses identificaron a dos de los fallecidos: César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino, ambos jóvenes presuntamente vinculados al Cartel del Diablo. Las autoridades siguen el proceso para identificar los otros tres cuerpos mediante reconocimiento familiar y análisis pericial, mientras los operativos policiales continúan activos en la zona.

La recurrencia de hechos como este mantiene la preocupación de la población en niveles elevados. Líderes comunitarios solicitan a las autoridades el aumento de estrategias de seguridad para contener la violencia y reducir el riesgo de que los enfrentamientos entre grupos criminales generen nuevas víctimas en Sulaco y los alrededores

La inclusión del nombre de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en recientes declaraciones vinculadas al asesinato del hijo del también exmandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa podría abrir un nuevo frente judicial para el exfuncionario en Estados Unidos, donde ya enfrenta cargos federales por narcotráfico. Según la investigadora jurídica Carolina Meléndez, la gravedad del escenario aumentaría si se confirma que la víctima contaba con ciudadanía estadounidense. De ser así, la jurisdicción federal permitiría aplicar penas como cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El sistema judicial estadounidense considera la conspiración criminal clave para responsabilizar a cualquiera que planifique, autorice u obstaculice investigaciones relativas a delitos graves.

La especialista destacó que, de avanzar el caso y si los fiscales federales imputan cargos formales por asesinato o conspiración, el proceso judicial de Hernández podría complicarse aún más respecto a sus causas actuales. Meléndez remarcó que: “Cuando se trata del asesinato de un ciudadano estadounidense, la jurisdicción federal permite aplicar penas extremadamente severas”. Este recurso ha formado parte en procesos de alto perfil donde los fiscales federales recurren a la figura de conspiración para imputar a líderes de organizaciones criminales, igualando su grado de responsabilidad al de los autores materiales.

De acuerdo con el derecho federal de Estados Unidos, cuando dos o más personas acuerdan cometer un delito grave y ejecutan actos en pos de ese acuerdo, todos pueden ser imputados por conspiración, independientemente de quién haya realizado el acto. Esta herramienta legal ha sido usada en múltiples investigaciones judiciales como explica Meléndez, permitiendo ampliar la persecución penal a quienes planifican, encubren u ordenan delitos graves.

La experta ilustró la aplicación de esta figura indicando que, en muchos procesos judiciales, los fiscales presentan pruebas y testimonios sobre la conspiración. Esto ha hecho posible llevar a juicio a presuntos líderes del crimen organizado aun sin comprobar su autoría material directa.

En caso de comprobarse que la víctima tenía ciudadanía estadounidense o vínculos que habiliten la intervención federal, Hernández quedaría expuesto a cadena perpetua o pena de muerte, sanciones previstas en la justicia federal para delitos de máxima gravedad.

Aunque las acusaciones por asesinato o conspiración pueden conllevar sentencias gravísimas, el sistema estadounidense sostiene la presunción de inocencia. Meléndez indicó: “Toda persona es considerada inocente hasta que un jurado determine su culpabilidad más allá de toda duda razonable”. El proceso contempla presentación de pruebas, declaraciones testimoniales, contrainterrogatorios y audiencias ante un jurado, responsable de dictar el veredicto.

Las acusaciones que involucran a Hernández se atribuyen a supuestas versiones de Gerson Amir Cuadra Soto. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado formalmente nuevos cargos por asesinato, pero las declaraciones están bajo escrutinio y, de considerarse creíbles, podrían derivar en nuevas investigaciones.

El historial legal del expresidente Hernández está marcado por el proceso vigente en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico. De acuerdo a Meléndez, la fiscalía federal ha documentado testimonios de distintos testigos para trazar nexos entre Hernández y grupos criminales activos en la región. Si surgen nuevas acusaciones por asesinato, aumentará el alcance de los procedimientos penales en curso, siempre sujeto a la existencia de pruebas suficientes.

Estas investigaciones federales suelen ser extensas, pudiendo durar meses o años, incluyen el análisis de comunicaciones, revisión de documentos financieros, testimonios de colaboradores y peritajes en distintos países. Meléndez argumentó que la fiscalía federal actúa con especial prudencia antes de presentar acusaciones adicionales, sobre todo en causas complejas y con alto perfil político, donde el sustento probatorio es decisivo para avanzar ante los tribunales.

El 23 de enero de 2026, las autoridades informaron que tres integrantes de una familia fueron asesinados en el barrio Resurgir de Lérida, Tolima. Hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra los ocupantes, identificados como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años. Las víctimas no tenían antecedentes judiciales.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al llegar, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía encontraron los cuerpos y acordonaron la zona.

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En ese momento, las autoridades mencionaron que las primeras hipótesis apuntaban a un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato; también informaron que se desplegaron equipos especializados para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego, entre ellos una mujer y dos hombres, quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, declaró en ese momento el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima.

Dos meses después cayeron los presuntos responsables

El 12 de marzo de 2026, las autoridades informaron la captura de cuatro personas (tres hombres y una mujer), que serían los responsables de la masacre en Resurgir de Lérida. Se trataría de disputas territoriales entre grupos delincuenciales por temas de microtráfico, y las víctimas serían parte de una de las bandas que tienen presencia en la zona.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de los operativos en los que se registró la detención de las personas que serán imputadas el 13 de marzo. Una fuente ciudadana fue la que alertó a la policía sobre la ubicación de la vivienda en la que se escondía uno de los detenidos.

En una de las viviendas mencionadas se registró la detención de un individuo; posterior a ello, dos más fueron capturados en zonas públicas del departamento de Tolima, mientras que el cuarto involucrado se encontraba escondido en el municipio de Puerto Rico, en el Meta. Entre los detenidos está: “Yeison” de 34 años, “Víctor” de 22, “Sebas” o “El Negro” y el “Maryi” de 20 años.

En el informe se menciona que la masacre fue producto de una “vendetta interna” tras una traición familiar, en la que el sobrino de una de las víctimas actuó como informante de un sujeto mencionado como “La Firma”, que tenía disputas previas con el control territorial de la zona con uno de los asesinados.

“El ataque fue ejecutado por un comando armado vestido de negro que, tras impactar a las víctimas con armas cortas (revólveres y pistolas), empleó rutas de escape por zonas rurales de difícil acceso, como la arrocera y los caños del sector Resurgir, para evadir el cerco policial”, es parte del informe al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Antes de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía alertó que los integrantes de la banda delincuencial que ordenó la masacre gozarían de impunidad por cercanías con redes de corrupción al interior de la fuerza pública, mencionando a un teniente al que mencionan como “El Costeño”, que presuntamente colaboraría con la organización criminal.

En otros detalles sobre el accionar de la estructura criminal, el informe indica que tras la masacre, han comenzado a cambiar su comportamiento para comenzar a generar “terror digital” en la región a través de perfiles falsos para revictimizar a los sobrevivientes que no estaban en la vivienda cuando se registró el asesinato múltiple.

La defensa de los capturados será asumida por los abogados Juan José Roldán y Rogelio Roldán, de la firma Legalpro.

Una nueva masacre sacudió la madrugada de este jueves al departamento de Yoro, en Honduras, cuando cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos en la aislada aldea La Fragua, dentro de la jurisdicción del municipio de El Progreso.

Desde primeras horas del día, autoridades policiales y forenses se desplazaron a la zona luego de que residentes informaran un intenso tiroteo, cuya duración, de acuerdo con testigos, se extendió entre 30 y 40 minutos. Estudios balísticos iniciales permitieron localizar 150 casquillos de armas de fuego en la escena, lo que dimensiona la. magnitud del ataque, según la información de la Policía Nacional de Honduras

El hecho, que ocurrió en un sector conocido por su difícil acceso y reiteradas disputas criminales, eleva a cuatro el número de homicidios múltiples registrados en el país durante 2026 y agrega 14 víctimas al total anual de este tipo de crímenes, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El OV-UNAH cifra en más de 400 muertes violentas en lo que va de 2026, con un promedio de seis homicidios diarios, una tasa semejante a la de 2025. Entre las víctimas, se contabilizan 42 mujeres, dato que mantiene la preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre patrones diferenciados de ensañamiento en los crímenes contra mujeres.

La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, explicó que, aunque el número de víctimas es inferior al registrado en el mismo período de 2025, “el impacto de la violencia sigue siendo significativo” para la sociedad hondureña.

Agregó que la criminalidad se sostiene por factores estructurales como desempelo, pobreza, desintegración familiar y proliferación de armas de fuego. Solicitó políticas integrales que combinen prevención, control y estrategias de reinserción. Para Ayestas, “la seguridad debe tratarse como una política de Estado que involucre a múltiples instituciones y sectores de la sociedad”.

El enfrentamiento comenzó durante la noche, cuando una serie de disparos fueron escuchados. Al llegar las fuerzas de seguridad, los equipos encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes acribillados. Las identidades permanecen bajo confirmación, ya que los procedimientos de reconocimiento se desarrollaban en la morgue de San Pedro Sula, detalló la Policía Nacional de Honduras.

Las primeras investigaciones apuntan a que tres de las víctimas pertenecerían a la Mara Salvatrucha y la cuarta tendría vínculo con la banda La Kleibona. Aunque el enfrentamiento puede estar relacionado con disputas por territorio entre organizaciones delictivas, hasta el cierre de este informe las autoridades no han confirmado ese extremo ni descartado la posible participación de otros actores en el tiroteo.

La zona permanece acordonada para preservar elementos probatorios, mientras expertos en balística trabajan para identificar el calibre y cantidad de armas usadas. El análisis de la trayectoria de los proyectiles busca reconstruir la dinámica del conflicto armado.

Entre los episodios recientes sobre homicidios multiples en Honduras, figura el del 9 de marzo en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Allí, tres hermanos, Juan Manuel López, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez,pame fueron asesinados, generando conmoción en la localidad. La principal hipótesis de la Policía Nacional de Honduras relaciona el hecho con enemistades personales entre las víctimas y los autores.

En ambos incidentes, los cuerpos fueron remitidos a la morgue de San Pedro Sula para autopsia y posterior entrega a familiares, procedimiento habitual en este tipo de crímenes en Honduras.

La frecuencia y gravedad de estos episodios exponen la limitada capacidad estatal para controlar grandes zonas del país. Migdonia Ayestas advirtió que la criminalidad persiste por causas estructurales y señaló “características distintas, muchas veces con mayor ensañamiento en comparación con los casos que afectan a los hombres”, en las agresiones hacia mujeres.

La investigación por el asesinato de Saíd Lobo Bonilla y otros tres jóvenes hondureños podría ingresar en una etapa decisiva luego de que el Fiscal General de la República Johel Antonio Zelaya ordenara el envío de una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para acceder directamente a las declaraciones de un presunto implicado capturado, dato confirmado por el Ministerio público.

El crimen, que ocurrió en circunstancias de gran impacto mediático y social, podría esclarecerse si el testimonio del detenido permite identificar a los autores materiales e intelectuales aún no procesados.

Según el comunicado oficial difundido, Gerson Cuadra Soto, conocido también como “Fantasma”, habría ofrecido información a agentes del FBI sobre su participación directa en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera. El sospechoso también habría detallado la planificación del ataque y señalado a posibles responsables intelectuales.

La comisión especial designada tiene la tarea de mantener reuniones con funcionarios judiciales y de investigación estadounidenses. El objetivo central es recoger documentación y testimonios oficiales sobre las declaraciones de Cuadra Soto. Así, las autoridades hondureñas buscan verificar la veracidad de los datos provistos y determinar si estos aportan nuevos elementos para profundizar la investigación sobre el caso y dilucidar el móvil, así como identificar a otros posibles implicados.

El Fiscal General Zelaya indicó que la cooperación judicial internacional es esencial en delitos graves con posibles ramificaciones transnacionales, especialmente cuando involucran a detenidos fuera de Honduras.

Mientras la investigación avanza en el ámbito internacional, en Tegucigalpa el expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó este miércoles en las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con el titular del ente acusador. El motivo de la visita fue informarse del estado de las pesquisas vinculadas con la muerte de su hijo Saíd Lobo Bonilla y los otros tres jóvenes.

Durante la comparecencia, el ex mandatario anunció la presentación de una denuncia para que se investigue la posible implicación del expresidente Juan Orlando Hernández en el crimen. En su declaración a los medios, afirmó: “La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio. Yo no puedo dar fe de nada, por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar”.

Lobo Sosa puntualizó que la denuncia responde a datos que ha recibido en torno al caso y solicitó que sean las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer si existe alguna relación directa entre los hechos y los señalados.

Agregó además que su hijo Fabio Lobo, residente en Estados Unidos, le comunicó haber recibido amenazas relacionadas con un eventual testimonio en un proceso judicial: “Fabio Lobo dijo que lo habían amenazado, que si iba a testificar en el juicio de Juan Orlando le iban a matar a alguien de la familia”. El expresidente insistió en la necesidad de que se verifiquen exhaustivamente estas versiones y se determine la verdad judicial detrás del crimen.

En la fase actual, el caso ya cuenta con sentencias firmes para cuatro personas, Ever Ezequiel Espinoza Martínez y Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez fueron condenados a 96 años de prisión cada uno. Por su parte, Erick David Macías Rodríguez recibió 12 años de cárcel y Norma Alicia García fue sentenciada a 12 años y ocho meses por su participación en los hechos.

Saíd Lobo Bonilla poseía ciudadanía estadounidense, circunstancia que, según su padre, abre la posibilidad de intervención de autoridades de Estados Unidos si la investigación determina que existen elementos para ello. Lobo Sosa recordó que “si sufre una agresión, donde quiera que esté el que lo hizo va a tener su castigo”, en referencia a la capacidad de la justicia estadounidense para actuar cuando sus ciudadanos son víctimas.

La tragedia golpeó nuevamente al departamento de Lempira con el asesinato a balazos de tres hermanos en la comunidad de Compantillo, en el municipio de San Andrés, la noche del domingo 8 de marzo.

El caso está bajo investigación y vuelve a poner en primer plano los persistentes desafíos de seguridad en las comunidades rurales de Honduras, donde la violencia persiste como una fuente de temor e incertidumbre.

Los cuerpos de José Daniel López Vásquez, José Anahun López Vásquez y Juan Manuel López Vásquez fueron hallados en diferentes puntos de un campo de fútbol donde, según relato de la Policía Nacional, los hermanos se dirigían hacia un local de venta de bebidas alcohólicas. En ese trayecto fueron emboscados por varios sujetos armados que los interceptaron a tiros. Así lo explicó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad: “El ataque ocurrió de manera repentina durante el trayecto”.

Tras el asalto, el lugar quedó sumido en alarma y zozobra. Residentes escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades. Los agentes policiales acudieron rápidamente para acordonar la escena e impedir alteraciones de pruebas.

Equipos de Medicina Forense levantaron los cadáveres y posteriormente los trasladaron a la morgue en Santa Rosa de Copán, donde se practicarán autopsias que permitan determinar con precisión las causas de muerte.

Reportes preliminares indican que los cuerpos estaban en puntos distintos, lo que sostiene la hipótesis de que intentaron huir del ataque o fueron alcanzados por separado durante la agresión. La escena se mantuvo preservada por varias horas mientras se recolectaban indicios y declaraciones de testigos.

A pesar de los operativos desplegados en la zona, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el crimen. La Policía Nacional mantiene abiertas diversas hipótesis, recaba testimonios, revisa evidencias y examina posibles móviles. Una de las primeras líneas de investigación es la posibilidad de conflictos personales, aunque no ha sido confirmada y dependerá de los avances de la investigación.

Un aspecto clave de la pesquisa corresponde a los antecedentes de las víctimas: en información preliminar, se detalla que los tres hermanos estuvieron recluidos en centros penales del país señalados por homicidio. Las autoridades consideran si estos antecedentes pueden vincularse con el triple asesinato, aunque hasta el momento no lo han establecido. El entorno social y el historial judicial de los fallecidos forman parte de las variables que los investigadores analizan para esclarecer el motivo del ataque

El impacto social ha sido palpable en Compantillo, una comunidad rural poco habituada a hechos de este tipo. Testigos señalaron que, tras los disparos, el pánico llevó a los vecinos a refugiarse en sus casas. La presencia policial se prolongó durante horas, reforzando el clima de intranquilidad entre los residentes.

La violencia en zonas rurales

Hechos como el registrado en San Andrés evidencian las dificultades que enfrenta Honduras para contener la violencia tanto en núcleos urbanos como en áreas apartadas. El triple asesinato subraya la vulnerabilidad existente en regiones rurales, a pesar de que algunas estadísticas oficiales reflejan una reducción en ciertos índices delictivos.

Por el momento, la Policía Nacional sigue recopilando pruebas, analizando antecedentes y obteniendo declaraciones, con la expectativa de obtener avances en los próximos días. La familia de los tres hermanos espera que el proceso investigativo permita el esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables.

Una masacre perpetrada en plena jornada electoral dejó un saldo de tres personas muertas en la zona rural de Ataco, al sur del Tolima, un hecho que demuestra los riesgos de violencia armada en la región, convirtiéndose en la masacre número 25 registrada en Colombia en lo que va de 2026, según cifras reveladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos coincidieron con el cierre de las elecciones legislativas, aunque las autoridades aún no han confirmado una relación directa entre el ataque y la contienda electoral. Sin embargo, la comunidad exige respuestas ante la persistente ola de violencia.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el suceso ocurrió en la tarde del domingo 8 de marzo, cerca de las 5:30 p. m., cuando dos hombres y una mujer transitaban por la vereda Mesa de Pole en un vehículo particular de color gris, marca Peugeot y placa PDK 907.

Testigos y primeras investigaciones señalan que fueron interceptados por sujetos armados en una vía terciaria que conecta el casco urbano de Ataco con el corregimiento Santiago Pérez.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones sin que las víctimas tuvieran oportunidad de escapar del automóvil. Dos de ellas fueron halladas dentro del vehículo, y la tercera, una mujer de 26 años, permanecía afuera.

Ante la gravedad del caso se pronunció el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, que detalló a Caracol Radio lo siguiente: “Se están haciendo las coordinaciones para que la fuerza pública pueda realizar la investigación correspondiente”.

Por el momento, las identidades de las víctimas permanecen sin confirmar y los móviles del crimen se encuentran bajo análisis de las autoridades, que están verificando la información sobre el origen de las personas asesinadas, pues se habla de que no son residentes de la localidad.

La Policía del Tolima dispuso un equipo de Policía Judicial para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables. La información preliminar apunta a un acto de sicariato ejecutado de manera premeditada. Este ataque es el segundo ocurrido en el departamento en lo que va de 2026, pues en enero tres miembros de una familia fueron asesinados dentro de su propia vivienda en Lérida.

Alertas institucionales en el sur del Tolima

El municipio de Ataco aparece en reiteradas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, motivadas por riesgos de violaciones a los derechos humanos asociados a la presencia de actores armados ilegales en el sur del Tolima.

Y es que, según Indepaz, en la región ejercen influencia organizaciones como el Frente Ismael Ruiz del Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), el Clan del Golfo y bandas criminales.

Durante las elecciones legislativas de 2026, la Defensoría advirtió sobre peligros y vulnerabilidad en departamentos como Tolima, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca, donde se reporta debilitamiento en la gobernabilidad local y desplazamiento institucional.

En Ataco, la presencia de 120 soldados intentó garantizar el normal desarrollo de la jornada, aunque la tragedia del triple homicidio ocurrió al final del día y opacó una votación que transcurrió sin actos violentos reportados durante la tarde, señaló el alcalde local.

Además, la Defensoría del Pueblo advirtió que “El contexto de consolidación proporcionado por el EMC (Estado Mayor Central de las disidencias) en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco” incrementa la preocupación por la persistencia del conflicto en el sur del Tolima.

Las investigaciones oficiales continúan mientras la comunidad exige presencia de las autoridades y respuestas efectivas, pues hasta el momento no hay pistas sobre los responsables de esta masacre que se produjo a menos de dos meses de la matanza en Lérida, Tolima.

Cinco hombres fueron asesinados entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo de 2026 en la zona rural del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, durante enfrentamientos armados entre presuntos miembros de grupos ilegales.

Las autoridades hallaron los cuerpos en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, con heridas causadas por armas de fuego de largo alcance en la cabeza, el tórax y las extremidades.

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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue municipal y posteriormente a Medicina Legal en Medellín para realizar las labores forenses y establecer sus identidades.

Según el reporte de la Policía Antioquia, el hallazgo se habría registrado tras una serie de disputas en la vereda Corinto, situada a dos horas y media del casco urbano.

Se presume que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. Las primeras versiones apuntan a que la masacre estaría vinculada con confrontaciones internas dentro de esta organización, aunque se investiga la posible participación de grupos guerrilleros como las disidencias de las Farc, que también operan en la zona.

Luis Fernando Quijano, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), afirmó que el episodio refleja una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados, en “una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados”. El hecho se suma a otros episodios violentos recientes en la región.

Con la masacre registrada en Vegachí, ya suman siete masacres en Antioquia en lo que va de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Otra de las más recientes se registró también en Vegachí, además de Segovia, Titiribí, Remedios, Abejorral y Amalfi, con entre tres y cuatro víctimas en cada caso. En el mismo periodo de 2025, se habían reportado dos masacres en el departamento.

La primera masacre del año en el departamento ocurrió en Vegachí

Las autoridades de Antioquia confirmaron el 6 de enero el asesinato de cinco personas en zona limítrofe entre Amalfi y Vegachí. Según las investigaciones, tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y estaban vinculadas a actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos a los chiveros de Amalfi.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que los asesinados trabajaban para un delincuente dedicado al robo de automotores y que, en medio de sus acciones, hurtaron una chiva conducida por un hombre conocido como “Gallo”.

Durante el atraco, un pasajero identificó a los atacantes, circunstancia que habría desencadenado el múltiple homicidio. La misma fuente advirtió que el número total de víctimas podría ascender a siete, aunque solo se encontraron cinco cuerpos.

Las víctimas habrían estado vinculadas en años anteriores con una facción del Clan del Golfo dedicada a la extorsión a la minería local. Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables del crimen serían sus excompañeros, ahora bajo el mando de Heber Arnubi Jaramillo, alias Gordo tarazeño, quien asumió el liderazgo tras la muerte de alias El Enano.

Testimonios indicaron que la hermana de Jaramillo sería la encargada de recolectar el dinero de las extorsiones en Amalfi, mientras que tres de las víctimas facilitaron en el pasado escondite a Jaramillo para evadir a las autoridades. El comando habría dado instrucciones de dispersar los cuerpos en diferentes puntos para evitar que el caso fuera catalogado como masacre y reducir la presión investigativa.

Operativo del Ejército en Vegachí dejó cinco capturados

La Policía Nacional realizó un operativo de control en la vía Vegachí–Remedios, que dejó cinco capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El procedimiento se realizó el 5 de marzo de 2026, alrededor de las 5:00 a. m., cuando se detuvo una camioneta Chevrolet Colorado que cubría la ruta Vegachí–Segovia.

En el vehículo se hallaron seis armas de fuego, 231 cartuchos de diferentes calibres, cinco cargadores, ocho equipos móviles de comunicación y la propia camioneta.

Entre los capturados figuran tres exintegrantes del Ejército Nacional, uno de ellos activo como soldado profesional. Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Yolombó para continuar con la investigación.

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles en los corredores viales para prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la seguridad en la región.

Las autoridades informaron que sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en el parque del sector y dispararon en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban allí. El hecho se presentó sobre las 10:30 p. m.

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Los tres hombres fueron asesinados en el lugar del ataque, sin posibilidad de recibir atención médica. Ninguno alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Uniformados de la Policía y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al sitio. El área fue acordonada para realizar los procedimientos de inspección técnica y levantamiento de los cuerpos. El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, confirmó a El Espectador que personal de la Sijín recolectó pruebas y testimonios en la escena.

Las primeras pesquisas de las autoridades permitieron establecer que al menos una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por homicidio, además de otros comportamientos contrarios a la ley. Este dato abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles móviles relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, la Policía no ha logrado identificar ni capturar a los responsables materiales de la masacre. El proceso investigativo se apoya en los testimonios recogidos y en los registros de las cámaras de seguridad cercanas al parque, elementos que podrían resultar claves para esclarecer el hecho.

El mismo día de la masacre, la Policía logró la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakín, señalado cabecilla de la organización criminal “Los Flacos”. Este grupo mantiene una disputa abierta con la banda “La Nueva Generación” por el control de corredores estratégicos en el norte del Valle y el Eje Cafetero.

La captura de alias Cakín se produjo durante la operación Cronos, desarrollada en un condominio de lujo en el corregimiento de Cerritos, Pereira. En el operativo participaron diversas unidades especializadas de la Policía, incluyendo el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas.

El coronel Astaiza recalcó que la masacre ocurrió pocas horas después de la detención de Cakín, lo que ha despertado hipótesis sobre una posible reacción de las bandas rivales o un intento de reorganización interna tras la caída del líder criminal. Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa y mantienen la vigilancia sobre posibles retaliaciones.

Organizaciones delictivas como Los Flacos y La Nueva Generación se disputan el control de rutas y actividades ilícitas en la región, alimentando una ola de violencia que afecta a comunidades enteras. La presión de las autoridades ha forzado a estos grupos a buscar nuevas estrategias y a responder con acciones violentas, como la registrada en Cartago.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había ordenado días antes intensificar los operativos para debilitar la estructura de bandas criminales en el Valle del Cauca. La captura de alias Cakín representaba un golpe significativo contra Los Flacos, pero el triple homicidio evidenció que la lucha por el territorio continúa y que la respuesta de los grupos ilegales puede ser inmediata y letal.

En el transcurso de los próximos días, se espera que la Policía y la Fiscalía presenten nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones y, eventualmente, identifiquen a los autores materiales de la masacre para emitir órdenes de captura. La sociedad cartagüeña permanece alerta, mientras la Fuerza Pública promete no cesar en sus esfuerzos para devolver la tranquilidad a la zona.

Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla expresaron su inconformidad ante la audiencia celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se verbalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.

El pacto permitiría al cabecilla de Los Costeños obtener una reducción de pena tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.

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De acuerdo con documentos del despacho judicial citados por El Heraldo, los familiares de al menos 133 víctimas, entre fallecidos y lesionados en ataques atribuidos a Castor y su organización, fueron convocados a la diligencia.

Entre los citados figuran allegados de quienes murieron o resultaron heridos en las cuatro masacres perpetradas en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, hechos violentos registrados entre mayo de 2022 y junio de 2023.

El proceso buscaría que los familiares escuchen de primera mano los términos del preacuerdo y puedan pronunciarse antes de que el juez decida si lo avala.

Las víctimas han expresado dudas sobre la proporcionalidad de la pena que recibiría Díaz Collazos y su preocupación por la posibilidad de que la negociación judicial sustituya un proceso político inconcluso.

Familias cuestionan preacuerdo de la Fiscalía

El Tiempo recogió el testimonio de la madre de uno de los occisos, quien afirmó: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

La audiencia se produce luego de antecedentes de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.

Una fuente citada por el medio anteriormente mencionado relató que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, persiste el temor a represalias y coacciones, por lo que algunos familiares han solicitado reserva de identidad.

Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso continuará por la vía ordinaria, con la práctica de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. De aprobarse, Díaz Collazos accedería a beneficios punitivos por aceptar los cargos imputados.

La situación se da en un contexto de incertidumbre tras el intento fallido de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, promovido por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, jefe de los Pepes, sellaron en la cárcel La Picota un acuerdo de cese de actividades criminales hasta el 20 de enero de 2026.

Días después, el Ejecutivo expidió la Resolución 442, autorizando acercamientos exploratorios y delegando funcionarios para verificar la voluntad real de paz. No obstante, la mesa formal de diálogo no se instaló y el repunte de la violencia posterior al vencimiento del plazo evidenció el fracaso del mecanismo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen las treguas para reposicionarse internamente.

Entre los hechos violentos atribuidos a alias Castor y su organización se encuentran la masacre de San José, ocurrida el 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, donde murieron seis jóvenes; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, con cuatro personas asesinadas; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, en la que tres integrantes de la familia Vega Daza fueron asesinados.