El funcionario sostuvo que el caso no habría tenido relación con otro homicidio de una familia ocurrido en abril en la misma alcaldía. Según explicó, la agresión sí podría vincularse con otros hechos inscritos en una dinámica de confrontación entre grupos criminales de la zona.

Durante el Informe de Seguridad de mayo, Vázquez Camacho precisó que la investigación apuntaba a una disputa entre dos células delictivas que operaban en Azcapotzalco. Esa confrontación, añadió, se habría originado por la fragmentación de una organización criminal con presencia en la demarcación.

La SSC dijo que ya tenía ubicados a quienes ordenaron y coordinaron el ataque

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, afirmó este martes que las autoridades capitalinas tenían “plenamente identificada” a la célula criminal que ordenó el multihomicidio de una familia el domingo 14 de junio en la colonia Santa María Malinalco. También señaló que ya estaban identificados el grupo que recibió el ataque y los coordinadores de la agresión.

En sus declaraciones, el secretario indicó: “Se tiene perfectamente identificados a los autores intelectuales y coordinadores del ataque y se tiene identificada también a la célula que recibió el mismo”. Agregó que la corporación trabajaba junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para desmantelar por completo a ambas bandas.

“Primero que nada, lamentamos mucho el caso. Externamos nuestra solidaridad, como en cualquier hecho de violencia, con las víctimas. Un equipo especial atiende a las víctimas y la Secretaría ha dado acompañamiento a los familiares que sufrieron la agresión desde el primer momento. Lo seguirá haciendo a lo largo de los siguientes meses, hasta que haya rehabilitación y restitución para las víctimas, en coordinación con otras dependencias”, dijo Vázquez Camacho.

“Sobre el caso en concreto, en la parte de investigación, es un caso que se inscribe en una disputa en la zona entre dos células delictivas locales”, añadió.

La agresión dejó cuatro personas muertas dentro de un inmueble de la colonia Pueblo de Santa María Malinalco. Las víctimas fueron un menor de 13 años, un hombre de 39 años y dos mujeres de 35 y 26 años, todos integrantes de una misma familia.

Dos adolescentes lograron salir de la vivienda para pedir ayuda y resultaron lesionadas. De acuerdo con los reportes oficiales, hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon contra sus ocupantes durante la madrugada del domingo.

La confrontación entre grupos habría bajado en mayo tras capturas de líderes

Vázquez Camacho dijo que las acciones emprendidas por las autoridades habían reducido la violencia en la alcaldía durante mayo. Entre esas medidas mencionó la captura de varios líderes de una y otra célula delictiva.

El secretario afirmó que, a partir de esas detenciones, mayo prácticamente tuvo saldo blanco en términos de homicidios en Azcapotzalco. Añadió que, pese al ataque contra la familia, la investigación ya estaba avanzada.

La jefa de Gobierno Clara Brugada encabezó la conferencia en la que el titular de la SSC expuso el avance del caso. Ahí insistió en que el móvil identificado hasta ese momento apuntaba a una pugna entre grupos surgidos de la escisión de una misma organización criminal.

La autoridad capitalina descartó un vínculo directo entre este multihomicidio y el caso de otra familia asesinada en abril. La línea principal de investigación, según lo informado por el secretario, se concentró en la confrontación entre células delictivas locales que operaban en esa zona de la alcaldía.

• La SSC informó que ya tenía identificados a los autores intelectuales, coordinadores y a la célula vinculada con el multihomicidio en Azcapotzalco.
• Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados, entre ellos un menor de 13 años, y dos adolescentes resultaron lesionadas.
• Pablo Vázquez Camacho descartó que el caso estuviera relacionado con el homicidio de otra familia en abril y lo atribuyó a una disputa entre grupos criminales locales.

La masacre

Los vecinos testificaron ante la autoridad y, de acuerdo a sus declaraciones, la familia se había mudado al lugar hace relativamente poco tiempo, lo que podría indicar un ataque premeditado.

Los sobrevivientes declararon que seis personas se habrían hecho pasar por policías de investigación para poder acceder al inmueble y cometer el artero crimen.

El hecho quedó totalmente registrado en las cámaras de videovigilancia, que dieron cuenta de cómo sucedió el ataque sobre esta familia.

La grabación muestra a tres sujetos encapuchados que tocan la puerta del domicilio, entran y atacan a los ocupantes.

La Fiscalía CDMX obtiene la vinculación a proceso de tres hombres por su probable participación en un ataque armado ocurrido el 10 de mayo de 2026 en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, donde murieron cuatro personas y ocho resultaron lesionadas, de acuerdo con la institución.

Según la Fiscalía capitalina, la orden judicial se dicta por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La autoridad fija tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

Los vinculados a proceso son José “N”, Johan “N” y Eder “N”, a quienes la Fiscalía CDMX atribuye una intervención probable en la agresión. La institución informa que, durante la audiencia del 12 de junio, formuló imputación y presentó datos de prueba que la autoridad judicial valoró para dictar la resolución.

De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo de 2026 los imputados llegan en un vehículo y una motocicleta a un inmueble donde se realiza una convivencia familiar. La Fiscalía sostiene que en ese punto habrían disparado armas de fuego contra las personas que estaban en el lugar.

La Fiscalía CDMX detalla que tres víctimas fallecen en el sitio, entre ellas dos adolescentes, y que otras personas resultan lesionadas y son trasladadas a distintos hospitales. Posteriormente, una de las personas heridas muere a causa de las lesiones, según la misma autoridad.

Tras conocerse los hechos, la SSC localiza un vehículo relacionado con la agresión, informa la Fiscalía. La institución añade que el 11 de mayo detienen a Eder “N” y José “N” en posesión de narcóticos, mientras que Johan “N” es detenido ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de esas detenciones, los tres ya enfrentan un proceso penal previo, según la Fiscalía CDMX. La institución precisa que obtiene su vinculación a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, además de cohecho, por lo que quedan sujetos a prisión preventiva.

Para avanzar en el esclarecimiento del ataque armado, la Fiscalía CDMX señala que recaba testimonios y realiza diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación. A partir de esos trabajos, sostiene, se establece la probable participación de los tres hombres y se obtienen órdenes de aprehensión por los hechos del 10 de mayo.

La Fiscalía informa que dichas órdenes se ejecutan el 8 de junio de 2026 por agentes de la PDI al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde los imputados se encuentran. Con esa ejecución, quedan formalmente a disposición de la autoridad judicial por la investigación relacionada con el ataque.

En su comunicado, la Fiscalía CDMX indica que continuará con diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos y el seguimiento del proceso penal. También señala que lo hace en favor de víctimas directas e indirectas.

La institución recuerda que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se consideran inocentes y deben ser tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia.

• La Fiscalía CDMX logra la vinculación a proceso de José “N”, Johan “N” y Eder “N” por un ataque armado del 10 de mayo en Iztapalapa.
• La agresión deja cuatro muertos y ocho lesionados; la audiencia del 12 de junio fija tres meses para cerrar la investigación complementaria.
• Las órdenes de aprehensión se ejecutan el 8 de junio en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; los imputados ya estaban en prisión preventiva por narcomenudeo y cohecho.

Seis años después de la peor masacre registrada en una cárcel panameña, la justicia impuso la pena máxima permitida por la legislación nacional a los responsables del ataque que dejó 13 muertos y 11 heridos dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

El Tribunal de Juicio integrado por los jueces Fernando Basurto, Luis Huffington y Johany Dutary condenó a 12 privados de libertad a 50 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras ser declarados culpables previamente por un Jurado de Conciencia.

La sentencia fue leída este jueves en la sede de Juicio Oral y Cumplimiento del Órgano Judicial, en Balboa, corregimiento de Ancón. Los condenados siguieron la audiencia de manera telemática desde el centro penitenciario donde permanecen recluidos.

El tribunal impuso primero una pena de 30 años de prisión por los 13 homicidios dolosos agravados y posteriormente agregó 20 años por las 11 tentativas de homicidio, para una condena total de 50 años para cada uno de los sentenciados.

La cifra coincide con el límite máximo de cumplimiento efectivo de prisión contemplado por la legislación panameña. Aunque recientemente los tribunales han dictado condenas acumulativas superiores —incluyendo una de 80 años por un doble homicidio— la ley establece que ninguna persona puede permanecer privada de libertad por más de 50 años.

La decisión judicial pone fin a una de las investigaciones criminales más complejas desarrolladas en los últimos años por el Ministerio Público y acerca al cierre uno de los episodios más violentos en la historia del sistema penitenciario panameño.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019 dentro del pabellón 14 de La Joyita, una de las cárceles que forman parte del complejo penitenciario La Joya-La Joyita-Nueva Joya.

Aquella tarde se desató una sangrienta reyerta entre grupos rivales de privados de libertad. Lo que inicialmente parecía una pelea entre internos rápidamente escaló hasta convertirse en una matanza de grandes proporciones.

Según las investigaciones, los atacantes utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para agredir a otros reclusos que se encontraban en el mismo pabellón.

El resultado fue devastador: 13 personas murieron y otras 11 sufrieron heridas de gravedad.

La magnitud de la violencia conmocionó al país y expuso graves fallas dentro del sistema penitenciario. Las imágenes difundidas tras la masacre mostraron un escenario de destrucción y evidenciaron la presencia de armamento de alto poder dentro del penal.

Durante las requisas posteriores, las autoridades encontraron fusiles AK-47, pistolas de distintos calibres, municiones y armas artesanales, hallazgos que generaron cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad existentes y la forma en que ese arsenal ingresó al centro penitenciario.

Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que la masacre estaba relacionada con una disputa interna entre integrantes de la pandilla Bagdad y miembros de una facción disidente conocida como Matar o Morir (MOM).

De acuerdo con la Fiscalía, el conflicto tenía como trasfondo el control de actividades vinculadas al narcotráfico y al liderazgo de estructuras criminales que operaban tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.

Las pesquisas incluyeron análisis balísticos, peritajes forenses, inspecciones técnicas y testimonios protegidos que permitieron reconstruir los hechos y establecer la participación de los acusados.

El proceso judicial se extendió durante varias semanas y culminó el pasado 30 de mayo, cuando un Jurado de Conciencia declaró culpables a los 12 procesados como autores de los homicidios y de las tentativas de homicidio.

Durante la audiencia de lectura de sentencia también surgió un nuevo elemento dentro del caso.

El Tribunal ordenó compulsar copias de la decisión al Ministerio Público para que continúe investigando la posible participación de una persona que fue señalada durante el juicio como presunto autor intelectual de los hechos.

Sin embargo, la fiscal especializada en Homicidios y Femicidios del Área Metropolitana, Jennifer Román, aclaró que el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación relacionada con esa línea del caso bajo una carpeta específica que continúa en desarrollo.

La condena no pone fin definitivo al proceso judicial. Los abogados defensores particulares y representantes del Instituto de la Defensa Pública anunciaron recursos de apelación contra la sentencia. Aquellos defensores que no estuvieron presentes durante la audiencia disponen de dos días hábiles para formalizar la impugnación por escrito.

A pesar de ello, la decisión representa uno de los fallos más severos emitidos por los tribunales panameños en los últimos años y marca un nuevo capítulo en un caso que evidenció los problemas de hacinamiento, la presencia de pandillas y las deficiencias de seguridad que durante años han afectado al sistema penitenciario del país.

Para las autoridades, la condena constituye una respuesta judicial a una tragedia que dejó 24 víctimas directas entre fallecidos y heridos y que sigue siendo recordada como la peor masacre carcelaria ocurrida en Panamá.

Por sorpresa, soldados del ejército de Sri Lanka irrumpieron en las aldeas de Mahiladithivu y Muthalaikuda, en el este del país. El ataque fue una represalia inmediata: alrededor del mediodía de aquel 12 de junio de 1991, un artefacto explosivo improvisado colocado por guerrilleros de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE) había detonado bajo un tractor de suministros en el camino Kokkadichcholai-Manmunai Ferry Road, en el distrito de Batticaloa. La mina terrestre mató a dos soldados y dejó a un tercero herido.

Enfurecidos por las bajas, un oficial y dieciséis militares del campamento local salieron hacia las comunidades vecinas, culparon a los pobladores y se desquitaron con ellos: masacraron al menos a 67 civiles tamiles, aunque los informes de organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 150 víctimas, incluyendo ancianos, mujeres y un bebé de apenas ocho meses.

El ensañamiento no se detuvo ahí: diecisiete aldeanos de Muthalaikuda fueron arrastrados hasta el cráter que había dejado aquella explosión en el camino. Los militares los obligaron a dar vueltas alrededor del pozo tres veces antes de fusilarlos. Luego tiraron sus cuerpos al hoyo y los quemaron.

Esa misma tarde, la agencia estatal de noticias Lankapuvath informó que 52 civiles habían muerto “en un enfrentamiento” entre el Ejército y el grupo rebelde. Pero esa versión oficial no resistió el peso de los testimonios. El presidente entonces Ranasinghe Premadasa de Sri Lanka escribió una carta a un diputado del área en la que expresó “conmoción y pesar” por “el brutal asesinato de un gran número de civiles inocentes” y ordenó una indagación preliminar a cargo de tres funcionarios del gobierno. Seis días después, el 18 de junio, se estableció formalmente una comisión presidencial de investigación.

El escenario y la guerra que lo hizo posible

Kokkadichcholai es un conjunto de aldeas ubicado junto a una laguna, al oeste de la ciudad de Batticaloa, en la provincia oriental del país. La mayor parte de su población pertenecía a la minoría tamil, específicamente a la casta Mukkuvar, dedicada principalmente a la agricultura. En los alrededores había un campamento militar del ejército ceilandés que se abastecía mediante un tractor que recorría la ruta local.

En junio de 1990, se reanudó la Segunda Guerra Eelam (segunda fase de la guerra civil de Sri Lanka), tras el colapso de las negociaciones entre el gobierno de Colombo y el grupo rebelde, Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Desde esa fecha, el este del país —los distritos de Batticaloa, Trincomalee y Amparai— se había convertido en escenario de una violencia sistemática. Organizaciones locales de derechos humanos estimaban que, en apenas cuatro meses, unas 3.000 personas habían muerto o desaparecido a manos de las fuerzas de seguridad solo en la región oriental. En la ciudad de Batticaloa, por ejemplo, más de 1.500 pobladores fueron denunciados como desaparecidos en el segundo semestre de ese año.

El patrón era recurrente: cada ataque del LTTE contra posiciones militares o policiales desencadenaba represalias contra la población civil tamil de la zona. Amnistía Internacional documentó durante su primera visita de investigación desde 1982 —realizada en junio de 1991, días antes de la matanza— que las fuerzas de seguridad operaban “con una sensación casi total de impunidad”. El entonces ministro de Defensa, Ranjan Wijeratne, había declarado ante el Parlamento que “el gobierno no mostrará piedad hacia estos terroristas tamiles, criminales que no merecen vivir”. La organización humanitaria advirtió en el informe “Sri Lanka Noreste: Violaciones de los derechos humanos en un contexto de conflicto armado” que declaraciones de ese tipo, combinadas con la ausencia de consecuencias para los responsables de abusos, alentaban a las fuerzas armadas a cometer ejecuciones extrajudiciales.

El distrito acumulaba, además, un historial previo de violencia masiva. En 1987, el mismo conjunto de aldeas de Kokkadichcholai había sido escenario de otra matanza. Entre finales de la década de 1980 y principios de los años 90, más de 1.100 civiles habían sido víctimas de desaparición forzada o presuntamente asesinados en la zona, según documentó la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos (UTHR), una organización de la Universidad de Jaffna que publicaba informes de primera mano sobre las violaciones en el noreste.

12 de junio de 1991

Alrededor de las 12:45 de la tarde de aquel 12 de junio de 1991, el artefacto explosivo detonó bajo el tractor de suministros perteneciente a la base militar de Kokkadichcholai. Los dos soldados que viajaban en el vehículo murieron en el acto, lo que provocó el envío inmediato de refuerzos hacia el lugar de la explosión. En el puesto militar había otros diez milicianos, desarmados, de la Organización de Liberación Popular de Tamil Eelam (PLOTE, por sus siglas en inglés); según los testimonios recogidos por la Universidad de Profesores por los Derechos Humanos, para el informe “La masacre de Kokkadichcholai y después”, estos paramilitares advirtieron a los civiles de la aldea que un ataque represivo era inminente.

La mayoría de los hombres y algunas mujeres lograron huir a tiempo. Quienes no pudieron escapar buscaron refugio en un molino de arroz propiedad de un vecino identificado como Kurukulasingam, donde se estima que se escondieron más de cien personas. Según el recuerdo de los sobrevivientes, un grupo de militares entró a ese lugar por la fuerza y abrió fuego indiscriminado. Mataron a casi todos los refugiados y dejaron heridos a los que estaban en la casa de al lado. Cuando los militares se fueron, varios de los sobrevivientes y algunos curiosos se acercaron al refugio para ayudar. Fue justo cuando llegó la segunda patrulla de seis soldados: empujaron a todos adentro del refugio y les dispararon. Al salir, remataron a cinco que estaban heridos. Luego de esa masacre, los militares intentaron incendiar los cadáveres, entre los que había ancianos, mujeres y niños.

La escena más documentada ocurrió en Muthalaikuda, en el cráter. Allí, diecisiete aldeanos, entre ellos un adolescente de 16 años llamado Suthaharan, fueron sacados de sus casas y arrastrados hasta el cráter dejado por la mina terrestre. Mientras los militares los obligaron a rodear el foso tres veces antes de fusilarlos, para luego arrojar sus restos al hoyo e incinerarlos, en paralelo, en Mahiladithivu, aproximadamente 50 aldeanos fueron asesinados. Entre ellos, estaba el bebé de ocho meses.

La UTHR estimó que el saldo real superó los 123 civiles muertos: 67 cadáveres identificados y sepultados, y otros 56 desaparecidos que se presumen fallecidos tras haber sido reducidos a cenizas. En contraste, la policía local, de composición mayoritariamente cingalesa, solo certificó 32 decesos. El molino concentró la mayor cantidad de víctimas, con 43 fallecidos. Los lugareños también denunciaron que, al menos, seis mujeres fueron violadas, incluyendo a dos hermanas; aunque las autoridades policiales negaron las agresiones sexuales, funcionarios médicos las confirmaron en privado dentro de los informes de la mencionada universidad.

Al día siguiente, el 13 de junio, mientras el ejército permanecía acuartelado, los primeros en llegar al escenario de la matanza fueron miembros del propio LTTE, quienes tomaron fotos de la destrucción. Para el amanecer, los cuerpos ya habían comenzado a descomponerse bajo el clima tropical, por lo que alrededor de las dos de la tarde los aldeanos enterraron, casi de urgencia, la mayoría de los cuerpos.

El 16 de junio, una comitiva oficial encabezada por Bradman Weerakoon —asesor presidencial para Asuntos Internacionales— y los diputados locales Joseph Pararajasingham y Karunakaran llegó en helicóptero a la base militar. Los mandos de la guarnición sostuvieron que los muertos eran combatientes rebeldes y que el acceso a las aldeas seguía siendo peligroso, lo que forzó la evacuación del grupo hacia Batticaloa. Solo el diputado Pararajasingham logró romper el cerco y reunirse con las victimas. Cuatro días más tarde, el 20 de junio, la comandancia de la base fue relevada con la asignación de un nuevo oficial al mando.

La investigación, el juicio y la impunidad

La Comisión Kokkadicholai fue establecida el 18 de junio de 1991 bajo la Ley de Comisiones de Investigación de Sri Lanka. Fue la primera investigación independiente de este tipo celebrada en el país sobre una masacre cometida por el ejército. La integraron tres comisionados: K.D.O.S.M. Seneviratne como presidente, S. Selliah y el doctor A.M.M. Sahabdeen. Las audiencias públicas se realizaron en la base de la Fuerza Aérea en Batticaloa entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1991, y posteriormente en el Bandaranaike Memorial International Conference Hall de Colombo. Hasta mediados de diciembre, 136 testigos habían declarado.

El informe preliminar de la comisión se publicó el 30 de enero de 1992, en parte por presión del gobierno para tenerlo listo antes de la reunión del consorcio de ayuda internacional prevista para el 7 de febrero, en París. El informe final fue entregado al gabinete en marzo de 1992. Sus conclusiones confirmaron que los soldados del campamento de Kokkadicholai eran responsables de las matanzas, pero las justificaron como el resultado del “comportamiento descontrolado” de los militares tras la muerte de sus compañeros, y no como una acción militar planificada. La comisión declaró que no existían pruebas contra ningún soldado en particular y que, por tanto, “los culpables no pueden ser llevados ante un tribunal penal”. Recomendó que el ejército condujera sus propias investigaciones bajo la ley militar.

El informe final recomendó también el pago de 5.245.225 rupias de Sri Lanka —equivalentes a unos 175.000 dólares estadounidenses de la época— en concepto de indemnización para las familias de los 67 muertos identificados y para quienes perdieron propiedades. Ninguno de los militares presuntamente responsables fue obligado a declarar ante la comisión. Solo el comandante del campamento prestó testimonio, y lo hizo sin juramento.

El caso pasó a un tribunal militar. El consejo de guerra absolvió a los dieciséis soldados implicados en las matanzas, pero declaró culpable al oficial al mando, el teniente H.A.S. Kudaligama del 5.º Batallón de la Guardia Gemunu, por dos cargos: no haber controlado a sus subordinados y haber dispuesto ilegalmente de los cadáveres. El ejército anunció en diciembre de 1992 su destitución del servicio. Los dieciséis soldados absueltos fueron enviados al frente norte como medida disciplinar.

El Comité Asiático de Vigilancia de Derechos Humanos (Asia Watch), filial de Human Rights Watch, señaló que la comisión había referido el caso a un tribunal militar precisamente cuando ese mecanismo era incompatible con los estándares del derecho internacional para investigar ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por sus siglas en inglés) determinó en un informe de enero de 2010 que la decisión de derivar el caso a la justicia militar había equivalido a una “subversión de la jurisdicción de los tribunales civiles” y que el resultado produjo un único “chivo expiatorio” en lugar de justicia real.

En 2001, el ejército reconoció formalmente su responsabilidad en la masacre. En enero de 2002, personal militar en Batticaloa admitió públicamente su participación en matanzas masivas de aldeanos en el este, mencionando entre ellas el ataque de Kokkadicholai. En febrero de ese año, el fiscal general presentó cargos contra más de 600 policías y militares vinculados a desapariciones ocurridas antes de 1994. El 28 de junio de 2002, dos soldados fueron condenados a seis años de prisión y a una multa de 2.500 rupias —equivalentes a 27 dólares estadounidenses— por su participación en un secuestro y asesinato cometido en 1989, en un proceso que no guardaba relación directa con Kokkadicholai pero que formaba parte de la misma ola de rendición de cuentas.

Los familiares de una de las víctimas de la masacre que dejó cuatro campesinos muertos en Remedios, Antioquia, aseguran que las personas asesinadas no eran el objetivo de los hombres armados que perpetraron el ataque. Según su versión, la acción habría estado dirigida a sembrar temor entre integrantes de estructuras rivales que disputan el control territorial en el Nordeste antioqueño.

La afirmación fue hecha por Luis Alberto Botero, hermano de Efraín de Jesús Botero, uno de los cuatro campesinos asesinados en la finca El Bosque, ubicada en la vereda Las Camelias. El familiar sostiene que ni su hermano ni las demás víctimas habían recibido amenazas previas y que no existían indicios que permitieran relacionarlos con alguno de los grupos armados que operan en la región.

La hipótesis de la familia apunta a que la masacre fue utilizada como una demostración de fuerza en medio de la confrontación entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Según información publicada por Blu Radio, los familiares consideran que el mensaje dejado por los atacantes refuerza esa interpretación.

Luis Alberto Botero explicó que su hermano dividía su tiempo entre labores de minería en el corregimiento de Santa Isabel y actividades agrícolas y ganaderas en la finca donde ocurrieron los hechos. El pasado sábado llegó al predio para realizar trabajos relacionados con el manejo de ganado y allí fue sorprendido por hombres armados junto a su esposa Rocío Silva y otros dos trabajadores.

De acuerdo con el relato de la familia, ninguno de ellos esperaba una situación de ese tipo. Tampoco tenían conocimiento de amenazas recientes o de una presencia activa de ese grupo armado en el sector donde se produjo la masacre.

La familia cree que el mensaje iba dirigido a otros actores armados

La principal razón que lleva a los familiares a descartar que los campesinos fueran el objetivo directo del ataque es el mensaje que, según relatan, dejaron los agresores en el lugar de los hechos.

Sobre una lona verde parcialmente consumida por el fuego que también destruyó dos viviendas, habría quedado escrita la frase: “Muerte a sapos Omar y Enano”. Para los allegados de las víctimas, el contenido de ese mensaje demuestra que los responsables buscaban enviar una advertencia a otras personas y no a quienes terminaron asesinando.

“El objetivo no era el hermano mío ni la gente que mataron. Nunca hubo un grafiti referente a mi hermano o a la gente de ahí de la finca que asesinaron. Era un mensaje de los del Clan del Golfo, que tenían que causar terror, miedo, y el mensaje era eso, ahí le damos sus muertos”, afirmó Luis Alberto Botero, citado por Blu Radio.

La declaración se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la masacre y determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

Revelan detalles sobre los últimos momentos de las víctimas

El familiar también habló sobre los momentos previos al asesinato de los cuatro campesinos. Según explicó, las víctimas fueron retenidas por hombres armados y posteriormente ejecutadas.

Botero se refirió además a la fotografía que se hizo viral en redes sociales y que muestra a las víctimas amarradas de manos mientras permanecían bajo custodia de un hombre armado identificado por las autoridades como alias ‘Johan Veneco’, por quien se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos.

Asimismo, explicó que el cuerpo de Efraín Botero fue encontrado después de los demás porque, aparentemente, intentó escapar al percatarse de lo que estaba ocurriendo.

“Ellos quedaron aquí arriba, al pie de la peseta. El hermano mío, según vemos, al ver lo que está sucediendo, trató de huir, y huyó alrededor de 100 metros ya lo candelearon. Él fue muerto por tiros de fusil. Los demás no, según Medicina Legal”, relató.

Mientras se realizan las honras fúnebres de Efraín Botero y Rocío Silva en Remedios, Antioquia, la familia insiste en que las víctimas fueron personas ajenas a la confrontación armada y sostiene que el verdadero objetivo de los responsables era enviar un mensaje de terror dentro de la disputa criminal que afecta a esta región del país.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, informó este sábado que las investigaciones relacionadas con el caso Corinto, donde murieron cinco agentes policiales, presentan avances significativos y continúan desarrollándose mediante operativos coordinados entre distintas unidades de seguridad.

El alto funcionario detalló que las autoridades mantienen acciones permanentes de seguimiento e inteligencia para identificar y capturar a los responsables del ataque, considerado uno de los hechos más violentos registrados recientemente contra miembros de la institución policial.

“Va adelantado, hay grandes avances y van a seguir llegando las órdenes de captura por este caso y sobre todo un compromiso de intervenir el sector para garantizar la seguridad en esa zona”, expresó Oseguera Mass al referirse al proceso investigativo.

El caso Corinto generó fuerte impacto a nivel nacional tras la muerte de cinco agentes policiales durante un operativo en esa región del país, situación que provocó el despliegue de refuerzos y nuevas estrategias de intervención por parte de las autoridades de seguridad.

Según explicó el director policial, además de las investigaciones judiciales, se están desarrollando acciones orientadas a fortalecer la presencia operativa en la zona y recuperar el control territorial en sectores considerados de alta incidencia criminal.

En ese sentido, anunció que próximamente se ejecutarán nuevas intervenciones policiales y militares para reforzar la seguridad y combatir estructuras criminales que operan en distintos corredores del país.

Oseguera Mass también se refirió a las acciones contra el denominado “Cartel del Diablo”, asegurando que las autoridades están incrementando las capacidades de respuesta mediante un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“En un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas armaremos tantas fuerzas de tarea desde el punto de vista militar y procesos de intervención desde el punto de vista policial con todas las especialidades que la policía tiene para garantizar procesos eficaces”, manifestó.

Las autoridades indicaron que las operaciones incluirán unidades especializadas en inteligencia, investigación criminal, fuerzas especiales y combate al crimen organizado, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a delitos como narcotráfico, extorsión y sicariato.

El director policial sostuvo que uno de los principales compromisos de la institución es fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana dentro de los cuerpos de seguridad.

“Yo tengo un mensaje para la población en el sentido de un compromiso que tenemos de transparencia, empezar desde arriba incluso, con el compromiso de que debemos actuar con honestidad, con limpieza, con transparencia, con interés, con integridad”, expresó.

Añadió que ninguna institución policial puede obtener resultados efectivos si no mantiene procesos transparentes y un trabajo íntegro dentro de sus estructuras operativas y administrativas.

En relación con la nueva conformación de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Oseguera Mass aseguró que actualmente se desarrolla un proceso de selección enfocado en incorporar a los mejores perfiles dentro de la unidad especializada.

Según explicó, el objetivo es fortalecer las capacidades de investigación y combate contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos de alto impacto.

“La población puede confiar en la nueva conformación de la DAET”, afirmó el director policial, quien reiteró que se trabaja en garantizar mayor seguridad para la ciudadanía.

La extorsión continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios en distintas regiones del país, por lo que las autoridades consideran prioritario reforzar las unidades encargadas de enfrentar este fenómeno criminal.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el caso Corinto continúan bajo reserva, mientras las autoridades avanzan en la identificación de más personas vinculadas al ataque que cobró la vida de cinco miembros de la Policía Nacional.

La información fue dada a conocer por el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, quien explicó que la detención se llevó a cabo mediante una operación desarrollada por agentes de la Policía Nacional en la aldea La Ceibita, ubicada en el municipio de Tocoa, en la zona del Bajo Aguán.

Según detalló el funcionario, esta captura forma parte de las investigaciones que continúan desarrollándose para esclarecer completamente el caso y dar con todos los responsables de la matanza ocurrida el pasado 21 de mayo en Rigores, Colón.

“Se ha detenido a un segundo implicado por un hecho material de la muerte violenta de estas 19 personas. La captura se hizo en la aldea La Ceibita en el Bajo Aguán”, expresó Martínez durante declaraciones brindadas a medios de comunicación.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad, William Izaguirre es acusado de haber tenido participación directa en la masacre, por lo que actualmente ya se encuentra a disposición de los tribunales de justicia, donde deberá enfrentar el proceso legal correspondiente por los delitos que se le imputan.

El viceministro aseguró además que los operativos policiales y las acciones de inteligencia continuarán ejecutándose en distintos sectores del departamento de Colón y otras zonas del país con el objetivo de capturar a más personas que pudieran estar relacionadas con el crimen múltiple.

La captura de Izaguirre ocurre pocos días después de la detención de Carlos Alexis Mencías, conocido con el alias de “Gato Negro”, quien fue arrestado el pasado 2 de junio y señalado por las autoridades como el presunto autor intelectual de la masacre.

En aquel momento, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó el arresto de Mencías y aseguró que las investigaciones avanzaban de manera acelerada para identificar a todos los involucrados en el hecho violento que dejó luto en decenas de familias hondureñas.

Las autoridades consideran que ambas capturas representan avances importantes dentro del proceso investigativo; sin embargo, reconocen que aún falta identificar y detener a otros posibles participantes.

Martínez reiteró que el compromiso de la Secretaría de Seguridad es garantizar que todos los responsables enfrenten la justicia y devolver la tranquilidad a la población de la zona atlántica del país.

“Se pretende asegurar la paz y la tranquilidad de las personas”, manifestó el viceministro.

La masacre de Rigores generó una fuerte conmoción a nivel nacional debido al elevado número de víctimas mortales y a la forma violenta en que ocurrieron los hechos.

Desde entonces, diferentes sectores de la sociedad hondureña han exigido respuestas contundentes de parte de las autoridades y acciones concretas para combatir la criminalidad en la región del Bajo Aguán.

Familiares de las víctimas también han solicitado que las investigaciones no queden impunes y que se castigue a todos los responsables materiales e intelectuales involucrados en la tragedia.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad mantienen presencia en diferentes puntos de Colón como parte de los operativos de vigilancia y búsqueda relacionados con el caso, considerado uno de los episodios más sangrientos registrados en Honduras en los últimos años.

Analistas en temas de seguridad consideran que este caso representa un reto importante para las autoridades, debido a la complejidad de las estructuras criminales que operan en la zona norte del país y a los constantes hechos violentos que se reportan en el departamento de Colón.

Las investigaciones continúan bajo reserva, por lo que no se descarta que en los próximos días las autoridades brinden nuevos detalles o anuncien más capturas vinculadas con la masacre de Rigores.

La captura de Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, representa el primer gran avance en las investigaciones de la masacre ocurrida en Rigores, Trujillo, donde fueron asesinadas 20 personas el pasado 21 de mayo.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes que el sospechoso fue detenido en la ciudad de La Ceiba mediante una operación coordinada por los cuerpos de seguridad del Estado, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones.

Según informó el funcionario, al momento de su captura, Mencía portaba armas de fuego e indumentaria de uso exclusivo relacionada con la Policía Nacional, elementos que han sido incorporados al expediente investigativo y que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la estructura criminal detrás del ataque.

Las autoridades consideran a “Gato Negro” como el presunto autor intelectual de la matanza que dejó 20 personas fallecidas el pasado 21 de mayo en Rigores, una comunidad ubicada en la zona atlántica del país. El hecho provocó conmoción nacional debido a la cantidad de víctimas y a la violencia con que fue ejecutado.

De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por los investigadores, el crimen habría sido motivado por una venganza derivada de conflictos criminales que operan en la región.

El ministro Velásquez explicó que la acción habría sido ejecutada por un grupo de sicarios que actuó bajo planificación previa.

Por su parte, el director de la Dirección Policial de Investigaciones, Rolando Ponce, indicó que la captura constituye el primer arresto directamente relacionado con la masacre y que las investigaciones se encuentran en una fase avanzada.

El jefe policial detalló que las pesquisas apuntan a que el origen del conflicto estaría vinculado a disputas por el control del robo y comercialización ilegal del fruto de la palma africana, una actividad que genera importantes ingresos económicos en varias comunidades del departamento de Colón.

Según explicó Ponce, en la zona operan grupos criminales dedicados al hurto de la producción de palma africana, situación que durante los últimos años ha provocado enfrentamientos violentos entre bandas rivales y ha incrementado la inseguridad para los habitantes del sector.

Las autoridades sostienen que la estructura criminal detrás de estos hechos habría mantenido una disputa prolongada por el control de territorios y actividades ilícitas relacionadas con este rubro agrícola, considerado uno de los principales motores económicos de la región.

Como parte de las investigaciones, este mismo día equipos forenses realizaron exhumaciones de algunas de las víctimas de la masacre, diligencias que buscan fortalecer la recolección de evidencias y esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos.

El ministro de Seguridad aseguró que el proceso investigativo continúa activo y que se esperan nuevas capturas en los próximos días.

Asimismo, reiteró que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones en distintos puntos del litoral atlántico para ubicar a otros presuntos responsables.

“Las investigaciones están bien avanzadas y esperamos dar con la captura de otros involucrados”, manifestó el director de la DPI, quien destacó el trabajo de los equipos especializados encargados del caso.

La captura de Mencía es considerada por las autoridades como un avance significativo para llevar justicia a las familias de las víctimas y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.

No obstante, los investigadores sostienen que aún quedan varios sospechosos por identificar y capturar.

Carlos Alexis Mencía será presentado ante los tribunales competentes en las próximas horas para responder por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para esclarecer por completo uno de los hechos más violentos registrados en Honduras durante el presente año.

El octavo aniversario de la ‘Masacre del Día de las Madres’ reunió a nicaragüenses exiliados en Costa Rica en una ceremonia dedicada a quienes perdieron la vida durante la represión de 2018.

Murieron 15 personas en Managua y otras cuatro en distintas ciudades el 30 de mayo de ese año, cuando una marcha opositora fue atacada a tiros.

El evento, organizado por la Asociación Madres de Abril (AMA) y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), tuvo lugar en la iglesia San Francisco de Asís de Goicoechea, San José, y buscó rendir homenaje y renovar el reclamo por justicia para las víctimas.

Los familiares de quienes murieron en la protesta mantienen una demanda persistente: “Lo que seguimos pidiendo es justicia. Justicia porque ahí eran unos jóvenes con un futuro por delante. Tenían su familia, tenían sus hijas”, expresó Candelaria Díaz, madre de uno de los manifestantes fallecidos.

Ocho años después del ataque, el dolor se mantiene, y las familias sienten que las heridas siguen abiertas.

Según información de EFE, la representante de AMA, Azucena López, resumió el sentimiento común: “No celebramos el Día de las Madres, sino que conmemoramos el día en que nos asesinaron a nuestros hijos”.

La fecha, lejos de ser motivo de alegría, se ha convertido en un símbolo de luto y de exigencia de justicia. La organización reitera su esperanza en que algún día se logre el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad.

Ocho años de duelo y memoria para las madres de las víctimas

Durante la misa, el sacerdote Daniel Antonio Monge hizo un llamado a la solidaridad, recordando que la situación en Nicaragua sigue impidiendo la armonía y la convivencia social: “No podemos dejar de pensar en esta familia vecina, en nuestro país vecino Nicaragua, porque ellos están en esta lucha de búsqueda de esta armonía, de esta comunión que todavía no logran alcanzar”, afirmó.

La conmemoración incluyó una actividad cultural con bailes folclóricos, declamación de poemas y mensajes de apoyo de figuras del exilio. El objetivo fue mantener viva la memoria de las víctimas y acompañar a las madres en su reclamo.

La crisis en Nicaragua y el reclamo de justicia

El 30 de mayo de 2018, cuando en Nicaragua se celebra el Día de la Madre, la represión de una marcha opositora dejó una marca imborrable en la sociedad. Las organizaciones de derechos humanos y la oposición recuerdan la jornada como uno de los episodios más sangrientos de la crisis iniciada en abril de ese año.

Nicaragua lleva más de ocho años inmersa en una crisis política y social, desencadenada por las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien permanece en el poder de forma consecutiva desde 2007. Distintos organismos y familiares de las víctimas lo señalan como responsable de la represión que siguió a las manifestaciones.

Desde entonces, miles de nicaragüenses han abandonado el país, entre ellos opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de quienes murieron durante la crisis. El aniversario de la masacre renueva el llamado de las familias y organizaciones para que los responsables respondan ante la justicia y para que el país avance hacia la reconciliación y la paz social.

El estruendo de las hélices rasgaba el cielo plomizo de Chalatenango entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 1982. No eran misiones de rescate; eran los helicópteros del ejército salvadoreño que descendían en las inmediaciones de los ríos Sumpul y Gualsinga para ejecutar el operativo militar “Limpieza”, conocido entre las familias sobrevivientes como la “Guinda de Mayo”.

Mientras las comunidades campesinas huían despavoridas entre la maleza para salvaguardar la vida, un engranaje estatal y militar se activaba con un propósito tan silencioso como estremecedor: separar a los hijos de sus padres mediante el terror, la muerte y el desarraigo.

En total, 55 niños y niñas se desvanecieron en el torbellino de aquella ofensiva bélica. 44 años después, Margarita Zamora, especialista en investigación de la Asociación Pro-Búsqueda, revela en entrevista exclusiva con Infobae los detalles de una de las prácticas más macabras del conflicto armado salvadoreño: un modus operandi sistemático diseñado para el tráfico humano de menores, camuflado bajo el ropaje del auxilio humanitario.

“La práctica del ejército era asesinar a los padres y llevarse a los niños. De esa manera, no había nadie que los reclamara”, explica Zamora con una serenidad dolorosa. El desparpajo de las familias en la huida facilitaba la captura. Madres exhaustas que arrastraban a dos o tres infantes, cargando bebés en brazos mientras esquivaban las ráfagas de fusilería, se ponían en total vulnerabilidad.

Al ejecutar a los progenitores en el terreno, las guarniciones militares transportaban a los sobrevivientes en helicópteros hacia sectores como La Sierpe o Victoria, en Cabañas.

El horror militar daba paso inmediato a la burocracia civil. Los niños eran entregados a la Cruz Roja, a damas voluntarias y a orfanatos locales bajo actas falsas que declaraban un “abandono moral y material total”.

Se borraba su identidad y se catalogaban como huérfanos extraviados. “En ningún momento fueron extraviados”, enfatiza la investigadora. “Ellos no andaban paseando; andaban guindeando, corriendo para salvar sus vidas”.

Detrás del discurso institucional de “salvación” operaba una red clandestina integrada por abogados locales y altos mandos castrenses mencionando reportes históricos de entrevistas a miembros del Estado Mayor de la época que convirtieron el drama en un negocio millonario.

Los trámites de adopción internacional se cotizaban entre los 5,000 y 15,000 dólares por niño. Abogados con rutas comerciales ya establecidas los distribuyeron por el mundo:

• Francia
• Italia
• Estados Unidos
• Suiza
• Holanda
• España
• Inglaterra
• Suecia.

Parejas extranjeras pagaban la cifra creyendo que auxiliaban a huérfanos desamparados, desconociendo que la sangre de los padres biológicos aún manchaba los expedientes de origen.

27 niños, 27 niñas y la incógnita del vientre

El desglose de las víctimas de la Guinda de Mayo, sistematizado recientemente por Pro-Búsqueda, reconstruye las identidades rotas del operativo.

La cifra exacta de infantes desaparecidos la componen 27 niños y 27 niñas. El último caso es el más perturbador: un bebé cuyo sexo se desconoce porque el ejército capturó a su madre embarazada en plena fuga, perdiéndose el rastro de ambos hasta el día de hoy.

Las edades de todos ellos oscilaban entre los cero y los diez años, al momento de ser arrebatados. De los 55 casos documentados en este operativo, Pro-Búsqueda ha logrado resolver 31 casos; 17 ya experimentaron el “abrazo postergado” al reencontrarse vivos con sus raíces familiares.

Sin embargo, 13 han sido localizados fallecidos; la investigación confirmó que fueron ejecutados de forma masiva en un solo lugar aniquilado por las tropas, aunque la falta de voluntad judicial solo ha permitido la exhumación de seis de ellos.

El caso número 31 constituye una paradoja del trauma: un joven localizado en Francia, cuya identidad biológica fue confirmada mediante pruebas de ADN, pero de momento ha decido no reencontrarse con su familia biológica.

La pared del estado y el reloj biológico

Aún quedan 24 nombres flotando en la incertidumbre absoluta de Chalatenango. Entre ellos se encuentran los expedientes de las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un caso paradigmático con sentencia internacional que obliga al Estado salvadoreño a investigar el paradero y castigar a los responsables individuales de la masacre. Sin embargo, la impunidad se mantiene incólume.

“El principal obstáculo sigue siendo la negación del Estado a abrir los archivos militares. Los oficiales que participaron en estas masacres tienen la información; estos hechos no se borran de la memoria. Falta voluntad política para darnos la verdad”, denuncia Zamora.

Los padres de las víctimas envejecen y mueren con las manos vacías. Ante esto, Pro-Búsqueda resguarda un banco de perfiles genéticos diseñado gracias al impulso pionero del padre Jon de Cortina (Q.E.P.D.) y el doctor Cristian Orrego.

Aunque los padres biológicos mueran, sus códigos genéticos permanecen listos para cotejar el ADN de cualquier adulto en el mundo que hoy, superando los 40 años, dude de su procedencia y sospeche haber sido un bebé extraído de la guerra salvadoreña.

La búsqueda no cesa. Es el intento tardío pero firme de escribir las líneas de una página en blanco para decenas de identidades robadas que aún ignoran que, en un rincón de El Salvador, hay una raíz destruida que jamás dejó de esperarlos.

Las investigaciones por las masacres en el norte del país están en una fase avanzada y las autoridades prevén identificar y capturar en los próximos días a los presuntos autores materiales, según informó el ministro de Seguridad Gerzon Velásquez. El funcionario dijo que ya hay sospechosos identificados y que el foco está en consolidar pruebas para solicitar órdenes de captura.

Velásquez aseguró que los equipos de investigación trabajan con inteligencia policial y recolección de información en comunidades para ubicar a los responsables. Señaló que el proceso busca evitar la impunidad y sostener los casos con elementos que permitan judicializarlos.

El ministro explicó que el avance de los expedientes depende de reunir pruebas técnicas y documentación que respalden las imputaciones. Evitó dar nombres o detalles operativos para no afectar las diligencias, según dijo durante un foro televisivo.

Avanzan las investigaciones

Velásquez afirmó que los investigadores ya identificaron a varios sospechosos mediante entrevistas, cruces de información y análisis de estructuras criminales que operan en distintos sectores del norte del territorio nacional. Según el ministro, esa información permitió perfilar a posibles autores materiales y delinear acciones de localización.

El funcionario sostuvo durante su participación en un foro televisivo nacional, que el siguiente paso es consolidar pruebas que permitan a los órganos jurisdiccionales emitir órdenes de captura. “Contundentes e irrefutables”, las calificó Velásquez, al referirse a la evidencia que se busca reunir antes de avanzar con detenciones.

También señaló que las pesquisas permitieron entender cambios en el comportamiento de algunos grupos criminales de la región. De acuerdo con el ministro, varias estructuras pasaron de conflictos vinculados a disputas territoriales y de tierras a dinámicas de control de zonas estratégicas, con presuntos nexos con actividades ilícitas.

Velásquez indicó que ya se planifican operaciones específicas y que la proyección del equipo investigador apunta a resultados “en los próximos días” sobre la identificación de los autores materiales de las masacres. Reconoció, al mismo tiempo, dificultades en la recopilación de pruebas y en la localización de sospechosos por el nivel de organización de algunas estructuras.

Comisión interventora

El ministro también se refirió a las diligencias por la muerte de agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). Según Velásquez, hay una coordinación interinstitucional en marcha para determinar responsabilidades.

De acuerdo con el funcionario, intervienen la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público, con procesos orientados a establecer posibles responsabilidades administrativas y penales. Añadió que participan equipos fiscales especializados y que ya existen requerimientos presentados ante el Ministerio Público.

Velásquez informó que opera una comisión interventora integrada por seis oficiales con experiencia, con la misión de esclarecer los hechos con acceso completo a información operativa y sin encubrimientos. Agregó que se mantienen abiertas varias líneas de investigación para deducir responsabilidades contra quienes resulten implicados en los hechos violentos registrados en el norte del país.

Las masacres registradas recientemente en la zona norte del país dejaron varias víctimas mortales han provocado el despliegue de operativos de seguridad y el reforzamiento de las investigaciones por parte de distintas instituciones del Estado.

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, advirtió que las masacres y otros hechos violentos continuarán registrándose en Honduras mientras el Estado no implemente una respuesta integral que atienda las causas estructurales de la conflictividad social y la violencia.

La defensora de derechos humanos alertó que las acciones estatales continúan siendo reactivas y fragmentadas, situación que, según indicó, impide prevenir nuevos hechos sangrientos en diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos presentados por el Conadeh, entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 se contabilizan al menos 118 muertes múltiples, es decir, hechos violentos en los que fallecieron tres o más personas en un mismo evento.

El organismo de derechos humanos señaló que este tipo de crímenes se han registrado en 16 de los 18 departamentos de Honduras, reflejando el alcance territorial de la violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad en gran parte del país.

Según el informe, los departamentos con mayor incidencia de masacres son Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Olancho y Colón, considerados actualmente como los principales focos de violencia a nivel nacional.

Francisco Morazán encabeza las estadísticas con 22 masacres registradas durante el período analizado, seguido por Yoro con 20 casos, Cortés con 16, Olancho con 13 y Colón con nueve hechos violentos.

Para Izaguirre, estas cifras evidencian que las muertes múltiples no pueden seguir interpretándose como sucesos aislados o producto únicamente de la criminalidad común, sino como manifestaciones de problemas más profundos relacionados con conflictos territoriales, desigualdad social, crimen organizado, narcotráfico y debilidad institucional.

“Esto va a seguir pasando en la medida que estos hechos se vean de manera aislada y no como una situación estructural y sistemática”, advirtió la titular del Conadeh.

La titular subrayó que Honduras enfrenta una problemática compleja que requiere medidas sostenidas de prevención, fortalecimiento institucional y atención a las comunidades más vulnerables, especialmente aquellas afectadas por disputas territoriales, pobreza y presencia de estructuras criminales.

En ese contexto, el Conadeh reiteró que en reiteradas ocasiones ha emitido alertas tempranas sobre la conflictividad social y la escalada de violencia en distintas zonas del país; sin embargo, lamentó que las autoridades no hayan implementado acciones integrales que permitan reducir el riesgo de nuevos ataques.

La institución defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades de seguridad y al Ministerio Público para fortalecer las investigaciones criminales y combatir los elevados niveles de impunidad que predominan en los casos de masacres y asesinatos múltiples.

El organismo señaló que la falta de resultados judiciales continúa generando desconfianza entre la población y facilita la repetición de hechos violentos en distintas regiones del territorio nacional.

Solo en lo que va de 2026, Honduras ya contabiliza al menos 12 muertes múltiples distribuidas en nueve departamentos del país, dejando cerca de 60 víctimas mortales, según las cifras reveladas por el Conadeh.

La situación, de acuerdo con el organismo, demuestra que el fenómeno de las masacres continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Izaguirre también expresó preocupación por la situación que enfrentan los defensores de la tierra, el ambiente y los recursos naturales, sectores que históricamente han estado expuestos a amenazas, persecución y asesinatos.

La defensora recordó que Honduras acumula varias sentencias internacionales relacionadas con crímenes cometidos contra ambientalistas y líderes comunitarios, casos que han evidenciado la persistencia de la impunidad y las deficiencias estatales en la protección de defensores de derechos humanos.

En ese sentido, sostuvo que la violencia contra defensores ambientales está estrechamente ligada a disputas territoriales, explotación de recursos naturales y conflictos comunitarios que no han sido atendidos adecuadamente por el Estado hondureño.

Asimismo, el Conadeh enfatizó que la problemática de violencia en Honduras no puede resolverse únicamente mediante operativos policiales o medidas temporales de seguridad, sino a través de políticas públicas integrales enfocadas en prevención, educación, acceso a justicia y fortalecimiento institucional.

El dolor y el miedo se han apoderado de la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, luego de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado jueves, uno de los hechos violentos más sangrientos registrados recientemente en Honduras.

Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del campesino hondureño Armando Suchite, quien expresó sentirse aterrorizado por la violencia que afecta a la región del Bajo Aguán.

“Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa”, declaró Suchite a la agencia de noticias EFE mientras sepultaba a sus hijos en el cementerio de Rigores, donde también fueron enterradas simultáneamente la mayoría de las víctimas de la matanza.

La escena en el camposanto estuvo marcada por el llanto, la desesperación y el silencio de decenas de familias que acompañaban los entierros en medio de un fuerte ambiente de temor e incertidumbre.

Los dos jóvenes asesinados eran los hijos mayores de Armando Suchite y se dedicaban a labores agrícolas y a la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que predomina en gran parte de la región del Bajo Aguán.

El campesino, padre de diez hijos, indicó que la comunidad espera que las autoridades hondureñas asuman con responsabilidad las investigaciones y castiguen a los responsables del crimen.

“Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros”, expresó el hombre visiblemente afectado tras despedir a sus hijos.

La masacre ha vuelto a poner en evidencia la compleja situación de violencia que afecta al departamento de Colón, particularmente en el Bajo Aguán, una de las regiones agrícolas más importantes del país y escenario histórico de conflictos relacionados con tierras y producción de palma africana.

Otro vecino de la comunidad, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que actualmente en la zona “se vive con mucho miedo y temor”.

“Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra”, manifestó.

El temor entre los pobladores se mantiene debido a la presencia de grupos armados, disputas territoriales y constantes enfrentamientos relacionados con reclamos de tierras en la región.

Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, señaló que el conflicto en el Bajo Aguán está directamente relacionado con invasiones de tierras y plantaciones de palma africana.

“Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana”, afirmó Pineda, quien además recordó que en esa misma zona fue asesinado el ambientalista Juan López el 14 de septiembre de 2024.

El comerciante lamentó que la violencia continúe cobrando vidas y cuestionó la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades hondureñas.

“Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación”, expresó.

Pineda también criticó que diferentes gobiernos han instalado mesas de diálogo y comisiones para atender la problemática agraria en el Bajo Aguán, pero aseguró que las soluciones prometidas nunca han dado resultados concretos.

“Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos”, agregó.

En su opinión, el Gobierno encabezado por Nasry Asfura debe buscar apoyo de otros organismos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis de violencia y conflictos agrarios que afectan la región.

El Bajo Aguán ha sido durante décadas escenario de enfrentamientos entre campesinos organizados, empresas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad privada y estructuras armadas vinculadas a diferentes intereses económicos.

Los reclamos de tierras realizados por organizaciones campesinas han derivado en múltiples episodios violentos que han dejado centenares de muertos desde finales del siglo pasado.

Uno de los intentos más recientes por resolver la problemática fue impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, quien creó una comisión especial para atender el conflicto agrario en la zona, aunque diversos sectores consideran que los resultados fueron insuficientes.

En algunos hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán se ha denunciado la participación de guardias de seguridad privada contratados por empresas productoras de palma africana.

El silencio que hoy habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto. El día de ayer, 22 de mayo, más de diez ataúdes bajaron a la tierra, cobijados por los gritos desgarradores de madres, padres e hijos, la comunidad intenta asimilar una realidad que parece una pesadilla. Nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este pedazo de tierra hondureña había sido escenario de una crueldad tan desmedida.

Entre el humo del café amargo y el polvo de los caminos, la figura encorvada de Don Brígido García, de 76 años, se alza como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado el tejido de su familia. Él es un roble cansado, un hombre de manos labriegas que ha visto transcurrir la vida entera en este asentamiento, pero cuya fortaleza hoy se quiebra al mirar el espacio vacío que dejaron sus seres queridos.

“Hasta hoy que estamos viendo esto... yo nunca lo había pensado que esto iba a haber”, murmura Don Brígido, con una voz que arrastra el peso de los años y de un luto imprevisto. La masacre cometida el día jueves 21 de mayo, le arrebató, de un solo golpe, a sus tres yernos y a un nieto. Hombres jóvenes, trabajadores, cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan.

Entre las víctimas se encontraba Santos Trinidad, de apenas 44 años, un hombre en la plenitud de su vida laboral, y su nieto, un joven de tan solo 18 años que representaba el futuro y la esperanza del hogar.

La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al mirar hacia abajo, hacia los rostros de los más pequeños. La violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia el futuro de la comunidad. Esos niños, cuyos padres ya no volverán a cruzar la puerta después del trabajo, quedan ahora al cuidado de abuelos ancianos, personas de la tercera edad que, como Don Brígido, ya no cuentan con las fuerzas físicas para asumir la titánica tarea de la crianza y el sustento agrícola.

Un grito urgente de auxilio y justicia

Hoy, Don Brígido y las familias de Rigores se declaran en el desamparo más absoluto. La urgencia no es solo de carácter legal, sino profundamente humanitaria. El llamado de este anciano es un eco que debe sacudir las conciencias de las autoridades y de cualquier mano altruista que esté dispuesta a escuchar.

Las víctimas de esta barbarie no eran criminales ni personas en busca de conflictos; eran campesinos, hombres y jóvenes cuya rutina empezaba antes del amanecer con las manos en la tierra. Eran el motor económico de sus hogares y los protectores de una nueva generación que hoy se queda sin rumbo.

Tras los ataúdes, las sospechas de la comunidad apuntan a una realidad histórica y sangrienta en la región: fuertes indicios señalan que este ataque armado podría estar directamente vinculado a las disputas y conflictos por la tenencia de la tierra, un flagelo que por años ha convertido a los asentamientos campesinos en blancos de estructuras violentas que buscan despojarlos de sus parcelas.

Finalmente, la comunidad exige que las autoridades de investigación actúen de manera ardua, transparente y contundente, sin desestimar la hipótesis del conflicto agrario.

La comunidad de Rigores exige saber quiénes y por qué apagaron esas vidas, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de justicia que devuelva un ápice de dignidad a sus muertos y seguridad a los que sobrevivieron. Mientras tanto, Don Brígido camina despacio, llevando a cuestas el peso de un pueblo herido que se niega a morir de olvido.

La comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, se convirtió esta mañana de viernes 22 de mayo, en el epicentro de un dolor indescriptible y colectivo. En una atmósfera asfixiante de luto, terror e impotencia generalizada, los habitantes y familiares dieron cristiana sepultura a 11 de las víctimas identificadas de la sanguinaria masacre perpetrada ayer en una plantación de palma africana en la finca Paso Aguán.

Entre las escenas más devastadoras de la jornada fúnebre destacó el entierro de las hermanas María Linda, Mirza y Rosa Rodríguez, tres jóvenes trabajadoras cuyas vidas fueron truncadas de forma brutal mientras buscaban el sustento diario para sus hogares.

Desde las primeras horas de la mañana, una multitud compungida acompañó los féretros hacia el cementerio local. El llanto fúnebre y los gritos de auxilio se entrelazaron en un eco de desesperación que estremece a todo el país. A través de medios locales hondureños y diversas plataformas digitales, han comenzado a circular videos desgarradores que muestran la magnitud de la tragedia.

Las imágenes, de una crudeza desgarradora, registran a madres desvanecidas sobre los ataúdes, hermanos abrazando la madera inerte y a una comunidad entera sumida en el pánico y el quebranto, exigiendo a viva voz que este crimen no quede en la impunidad.

“Me prometiste que nunca me ibas a dejar”, resonaba el clamor desesperado de una mujer que se aferraba con fuerzas a uno de los cinco féretros que, debido a las dimensiones inéditas de la tragedia, tuvieron que ser colocados juntos en una sola fosa común dentro del campo santo.

La magnitud del sepelio colectivo reflejó fielmente el horror que se vivió en las plantaciones. Entre los cuerpos sepultados se encontraban también los de los jóvenes hermanos Elmer Marín y Wilmer Vidal Suchite García, dos recolectores de palma cuyos destinos quedaron sellados en la misma emboscada, dejando ambos hijos en la orfandad.

Su padre, relató ante las cámaras cómo sus hijos salieron temprano con la única ilusión de laborar para subsistir. El atribulado progenitor exigió castigo inmediato para los asesinos, manifestando el desgarrador suplicio que representa para un padre ver los cuerpos de sus hijos destrozados por impactos de armas de grueso calibre.

Entre el conflicto agrario y las pugnas criminales: La disputa por el origen de la masacre

Los testimonios de los pobladores que ingresaron a la finca Paso Aguán inmediatamente después de escuchar las detonaciones pintan un escenario de guerra.

Los trabajadores fueron cazados de manera despiadada, quedando sus cuerpos esparcidos entre los senderos y los matorrales de la plantación.

Los primeros civiles en llegar al sitio contabilizaron inicialmente más de quince cadáveres, una cifra espeluznante que posteriormente fue actualizada a veinte fallecidos por las autoridades del Ministerio Público, consolidando este hecho como una de las peores matanzas registradas en la conflictiva zona del Bajo Aguán.

Mientras el luto envuelve las calles de Rigores, la incertidumbre sobre el origen del ataque mantiene en vilo a la región. Aunque las primeras hipótesis de los defensores de derechos humanos apuntaban al histórico conflicto agrario por la tenencia de tierras que azota al departamento de Colón, las declaraciones de las autoridades de seguridad han tomado otro rumbo.

El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, argumentó públicamente que las líneas de investigación prioritarias señalan un presunto enfrentamiento entre estructuras criminales rivales que operan en la zona, quienes habrían perpetrado el ataque frontal con la aparente finalidad de enviar un mensaje de poder y control territorial en la zona agroindustrial.

Al cierre del masivo sepelio, con la tierra cubriendo los féretros bajo un sol inclemente, la comunidad de Rigores reafirmó su exigencia de justicia. Honduras entera contempla con profunda consternación las imágenes y videos de una jornada que quedará grabada en la memoria nacional como el día en que la violencia arrebató la paz de veinte familias laboriosas.

La madrugada de este jueves 21 de mayo amaneció teñida de sangre y luto en el departamento de Colón. Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en las tierras del Bajo Aguán se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de horror insostenible.

Un ataque armado perpetrado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, cobró la vida de 14 personas, entre ellas tres hermanas originarias de la cercana comunidad de Rigores, dejando a una familia destruida y a toda una región sumida en el miedo y la consternación.

Las víctimas femeninas de esta nueva masacre que estremece a Honduras fueron identificadas preliminarmente como las hermanas María Linda Rodríguez (mencionada también por allegados como Lina), Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Junto a ellas, la violencia también segó la vida de otros jóvenes trabajadores, entre los que se ha logrado identificar a Cristian Eduardo Núñez. Los reportes locales y medios hondureños que llegaron a la zona señalan, además, que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, cuyo nombre exacto e identidad aún se mantienen bajo estricta reserva por las autoridades correspondientes.

El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el estruendo de las balas rompió la calma de la plantación de palma africana. El grupo de trabajadores, que se disponía a iniciar sus labores agrícolas diarias para ganarse el sustento, fue emboscado de manera sorpresiva. Sujetos armados, cuya identidad y paradero aún se desconocen, abrieron fuego de forma indiscriminada contra los jornaleros.

Los cuerpos de las tres hermanas Rodríguez, quienes eran muy conocidas y estimadas en la comunidad de Rigores por su dedicación al trabajo, quedaron tendidos entre la vegetación de la finca. La escena que encontraron los primeros testigos era desgarradora: herramientas de labranza tiradas y el silencio sepulcral que siempre sucede a la barbarie.

Consternación y clamor de justicia en Rigores

A medida que la noticia comenzó a difundirse, el dolor se apoderó de la comunidad de Rigores. Vecinos, amigos y familiares de las hermanas Rodríguez no daban crédito a lo sucedido. Las escenas en los alrededores de la finca y en las viviendas de las víctimas eran de una profunda desesperación. Gritos de dolor, lágrimas e impotencia marcaron las horas posteriores al ataque.

“Eran mujeres trabajadoras, de familias luchadoras que solo buscaban el pan de cada día en esas tierras. No es justo que les hayan arrebatado la vida de esta manera”, manifestaba entre sollozos un poblador de la zona, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El Bajo Aguán ha sido históricamente una zona de alta conflictividad agraria en Honduras, un territorio donde la disputa por las plantaciones de palma africana ha dejado una larga estela de muertes a lo largo de los años. Aunque las causas específicas de este múltiple asesinato aún están por determinarse, el contexto de vulnerabilidad en el que laboran los campesinos y jornaleros de la región vuelve a ponerse en el centro del debate público.

Investigaciones en curso

Minutos después de la alerta, miembros de la Policía Nacional y peritos de Medicina Forense se trasladaron al sector de Paso Aguán para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades policiales se han mostrado herméticas y no han brindado la totalidad de los nombres de las víctimas ni han señalado a posibles sospechosos. No obstante, afirmaron que equipos de investigación e inteligencia ya se encuentran desplegados en la zona de Trujillo para recabar testimonios y seguir el rastro de los homicidas.

Un ataque armado dejó como resultado la muerte de seis personas en el municipio de Ábrego, Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentran dos defensores de derechos humanos de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, dos mujeres afiliadas a esa organización y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Uno de los guardaespaldas fue identificado como Sebastián Murillo, exintegrante de la Policía Nacional.

Su muerte, ocurrida en la vereda Oropoma, resume el recorrido de un hombre que había dejado la institución por miedo a ser asesinado en el Catatumbo, aunque finalmente fue alcanzado por la violencia.

El reporte de los medios locales indica que Murillo había prestado servicio en en Ocaña. Más tarde fue trasladado a Tibú, en la región del Catatumbo, que a lo largo de la historia se ha visto afectada por la violencia, lo que preocupó al entonces uniformado, que le comunicó a sus seres queridos el temor que sentía por su vida.

De acuerdo con Blu Radio, personas cercanas señalaron que el ciudadano intentó conseguir un traslado a otro lugar del departamento, aunque no lo logró, por lo que tomó la determinación de dejar la Policía y así evitar que un hecho violento acabara con su vida. Irónicamente, después de varios años, terminó muerto por causa del conflicto armado.

Luego de renunciar a la Policía Nacional y buscar trabajo lejos de la violencia, decidió regresar a Ocaña para estar cerca de sus seres queridos, donde laboró como vigilante en una institución del Estado.

Finalmente, decidió presentar su hoja de vida ante la Unidad Nacional de Protección e inició sus labores en marzo de 2026 con el esquema de seguridad del líder social Freiman Velásquez, hacia el que iba dirigido el ataque ocurrido en la jornada del 19 de mayo de 2026 por parte de criminales armados que los interceptaron en la vía y atacaron a los ocupantes del vehículo.

Cabe mencionar que el mismo hecho cobró la vida de otras cinco personas, según el reporte oficial de la Gobernación de Norte de Santander, ellos son:

• Freiman David Velásquez Benítez (Defensor de Derechos Humanos, líder campesino y juvenil e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo - Asuncat).
• Iván Stiven Camacho Castillo (Defensor de Derechos Humanos e integrante de Asuncat).
• Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez (Afiliada a Asuncat).
• Yidy Smith Velásquez Benítez (Afiliada a Asuncat).
• Robinson Carvajalino (Escolta de la Unidad Nacional de Protección - UNP).

El reporte oficial condenó el ataque de forma contundente con el siguiente mensaje: “La Gobernación de Norte de Santander, en cabeza del señor gobernador William Villamizar Laguado, todo su gabinete institucional, manifiesta ante la opinión pública su más profundo dolor, indignación y rechazo absoluto por el homicidio de seis personas en la región del Catatumbo, en la vía que conduce del municipio de Ábrego a Ocaña, entre quienes se encontraban defensores de derechos humanos, líderes campesinos de juventudes y personal de protección adscritos a la UNP”.

Del mismo modo, la Gobernación hizo un llamado al respeto por la vida, los derechos humanos y evitar nuevos actos de violencia como el ocurrido en Ábrego.

Por esta razón, se pidió abrir “todas las posibilidades de un diálogo territorial que nos permita de una vez por todas detener el derramamiento de sangre y violencia que azota nuestro territorio, persistiremos de manera inquebrantable en la defensa de los derechos fundamentales, el apoyo a los líderes sociales y la construcción de un territorio seguro y en paz para todos los nortesantandereanos”.

Luego del multihomicidio de 10 personas en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, las autoridades han logrado la detención de tres personas implicadas en el crimen ocurrido el pasado domingo 17 de mayo en una finca.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó a Infobae México que hasta el momento suman tres personas detenidas luego de que este martes se aprehendió a dos más relacionadas con la masacre que dejó tres menores de edad muertos, entre ellos una bebé de un mes de edad.

Cabe señalar que el primer arresto fue el de Juan Manuel “N”, alias “El Pony”, identificado como sobrino de una de las víctimas mortales que pertenecía a una banda dedicada a la extorsión y robo de ganado.

Durante el informe de su captura, la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, reiteró que la principal línea de investigación del crimen es un posible conflicto familiar que cuenta con dos vertientes: una probable venganza del hijo por ingresarlo a un anexo por problemas de drogadicción, así como conflictos familiares por tierras.

En entrevista con Azucena Uresti, la fiscal detalló que las dos personas recientemente detenidas también están implicadas en el ataque armado y que no tenían ninguna relación con las víctimas.

Actualmente continúan las investigaciones a través de entrevistas y con el análisis de los teléfonos celulares de estas personas.

Respecto al video que fue difundido en redes sociales por el hijo mayor de una de las víctimas, identificado como José Alfredo “N”, en el que habla de sus adicciones y responsabiliza a su familia de ellas, la fiscal detalló que cuentan con una investigación abierta en su contra.

Hasta el momento las autoridades no han podido localizar al hombre, por lo que Pastor Betancourt solicitó a la población que en caso de conocer su paradero lo hagan saber con el objetivo de determinar si estaría implicado en el multihomicidio.

Así fue el ataque armado

La madrugada de este domingo se registró una agresión armada en una finca ubicado en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de la comunidad de Texcalapa.

De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 01:55 horas de la madrugada cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda.

Las autoridades informaron que al arribar al sitio fueron localizadas un grupo de personas sin vida, así como una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego en la cabeza, quien fue trasladada a un hospital pero fue durante el traslado falleció.

El saldo final de la agresión fue de 10 personas muertas, entre las que se encontraban tres menores de edad, uno de ellos una bebé de un mes de edad.

Las víctimas fueron identificadas como: Cecilio “N”, de 55 años, Marcela “N”, de 48 años; ambos los padres de familia; Roberto “N” y José María “N”, Carolina “N”, Gabriela “N”, Martha “N” y tres trabajadores del rancho: Efrén “N”, José “N” y Kevin “N”.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen y que los responsables sean detenidos.

El 19 de mayo se registró una masacre en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en la que fue asesinado el líder sindical Freiman Velásquez, su hermana (nombre no ha sido confirmado) y dos de sus escoltas (Sebastian Murillo y Robinson Carvajalino).

De acuerdo con el informe oficial, sujetos armados interceptaron a las víctimas y dispararon contra la camioneta de la Unidad Nacional de Protección. El líder asesinado era beneficiario del programa de protección estatal debido a amenazas previas en su contra, relacionadas con su labor comunitaria y de defensa de derechos humanos.

Las autoridades informaron que el ataque se registró mientras el líder social realizaba actividades en el sector, y aunque los escoltas intentaron repeler la agresión, fueron superados por los atacantes, que huyeron del lugar tras cometer el crimen.

El Gobierno nacional anunció el envío de un equipo especial de investigación y reiteró su compromiso de combatir la impunidad y fortalecer la protección a líderes sociales en el país.

Sindicato de la UNP cuestionó la protección que reciben los líderes sociales en zonas vulnerables

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Galló, representante de Analtraseg, sindicato de la UNP, afirmó que el asesinato de Freiman Velásquez y sus escoltas es una muestra del fracaso de la “Paz Total” en Colombia.

“Es lamentable la muerte del líder social y los dos escoltas de la UNP, uno de ellos apenas había ingresado en el mes de marzo a la entidad, y seguramente no tenía la experiencia para desempeñar el cargo de escolta en una zona vulnerable como lo es Norte de Santander”

Gallo indicó que no es una sorpresa que los grupos armados tengan armamento de calibre alto en zonas como el Catatumbo, por lo que considera imperdonable que los vehículos de protección no soporten este tipo de impactos.

“Se sabe que los grupos armados para perpetrar estos ataques utilizan fusiles de calibre alto, pero estos vehículos que son enviados nivel tres de protección balística solamente soportan pistolas o subametralladoras, esos vehículos no soportan esos calibres superiores de guerra”.

Para el líder sindical, la falta de actualizaciones en este sentido es una muestra del poco interés del Estado por resguardar la vida de los protegidos y de los escoltas.

“Se ha insistido que para estas zonas del país se deben manejar blindajes superiores, que resistan y que existen para este tipo de zonas. Se ha comprobado que aguantan más los cristales que incluso el material del blindaje mínimo. Obvio que sale caro, pero van a proteger la vida de las personas”.

Gallo aseguró que, en caso de que no se registren modificaciones, en unas semanas o meses se registrará una nueva masacre en zonas vulnerables.

“Urge cambiar los vehículos en estas zonas, ya que el nivel tres es utilizado en zonas donde estos grupos armados no pueden andar con fusiles en la calle, como las principales ciudades, donde la ciudadanía y los protegidos tienen a la fuerza pública, pero en estos casos van a matar siempre al personal”.

Para argumentar su postura, el líder sindical recordó que esta no es la primera vez que un esquema de seguridad es atacado en Norte de Santander bajo una situación similar a la registrada con el líder social Velásquez.

“No vayamos muy lejos, hace unos meses pasó lo mismo con un policía y un escolta de la UNP cuando estaban en campaña política para el Senado y la Cámara de Representantes y que se iban transportando los escoltas para recibir al protegido en otra zona del país. Tampoco entendemos por qué no los llevaron en avión si se podía y están los recursos para lo mismo. Esto es un llamado a que se modifiquen estos tipos de vehículos que son para estas zonas y que de verdad se proteja la vida adecuadamente”.

Un conductor de una pipa de agua fue el primero en descubrir, alrededor de las 20:00 horas del sábado 16 de mayo, los cuerpos de 10 personas asesinadas en el rancho Marihuana, en la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, Puebla.

Entre las víctimas había seis integrantes de la familia Torres, cuatro trabajadores del lugar, dos menores de edad y una bebé de un mes y 20 días. La Fiscalía General del Estado (FGE) apunta a un conflicto familiar como móvil del crimen, pero los familiares de José Alfredo “N”, señalado inicialmente como sospechoso, rechazan esa hipótesis.

Los peritos de la FGE recolectaron 18 casquillos percutidos en la escena, calibres .22 y 9 milímetros. La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, señaló que ese tipo de armamento no corresponde al que habitualmente usan los grupos del crimen organizado, lo que refuerza la hipótesis del conflicto familiar.

Así fue el hallazgo

El hallazgo ocurrió en dos momentos. El conductor de una pipa localizó primero, en el granero del rancho, los cuerpos de tres mecánicos que reparaban una retroexcavadora. Al continuar recorriendo el inmueble, encontró dentro de la vivienda a los siete integrantes de la familia. Al menos tres de las víctimas estaban maniatadas y presentaban tiro de gracia.

El ataque se habría perpetrado entre las 18:00 y las 19:00 horas, según los peritajes iniciales, por un grupo de entre tres y cuatro tiradores. El reporte a las autoridades llegó alrededor de las 20:00 horas, cuando la Policía Municipal acudió al llamado de emergencia.

Una mujer salió con vida del rancho, pero inconsciente. Fue trasladada en ambulancia al Hospital General de Izúcar de Matamoros; murió en el trayecto, a la altura del paraje El Pitayo, en la carretera Puebla-Huajuapan de León.

La fiscal Pastor Betancourt confirmó que seis de los 10 fallecidos pertenecían a la misma familia. Las víctimas identificadas son el ganadero Cecilio N. (55 años), propietario del rancho; Marcela N. (48 años); Gabriela N. (22 años); Roberto N. (34 años); José María N. (15 años), y una bebé de un mes y 20 días. Los cuatro trabajadores fallecidos fueron identificados como Efrén N., José N. y Kevin N. (16 años).

La bebé no murió por impacto de bala. “La bebé murió por asfixia, la mamá la protege, ella no fue ultimada”, declaró Pastor Betancourt en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula.

El video que convirtió a José Alfredo en sospechoso

Horas después de conocerse la masacre, comenzó a circular en redes sociales un video en el que José Alfredo “N”, hijo mayor de Cecilio, habla de sus adicciones y responsabiliza a su familia de ellas.

El hombre habría salido de un anexo donde recibía tratamiento por consumo de cristal, cocaína y alcohol el 20 de abril, aproximadamente un mes antes del ataque.

En el video, José Alfredo dice: “Yo no quiero volver a lo mismo. Yo fui un alcohólico, drogadicto por culpa de ellos, porque me obligaban a trabajar como si uno no sintiera cansancio. Muchos me vieron que andaba yo perdido en la droga, en el cristal, la cocaína, en el alcohol. Y no fue porque yo lo quise, sino que era mucho, mucho trabajo lo que a mí me ponían a hacer y desgraciadamente yo tuve que tomar medidas más allá de lo normal”.

Al cierre de la grabación, pide que el video llegue a sus padres y hermanos, y asegura encontrarse en otro estado. La grabación termina de manera abrupta.

La combinación del video, las declaraciones de la fiscal sobre familiares como presuntos responsables y el historial de conflicto con su familia colocaron a José Alfredo en el centro de las sospechas durante las primeras horas de la investigación.

“Es inocente”, asegura su abuela y otros familiares

Frente a esas hipótesis, un grupo de familiares de las víctimas —en su mayoría mujeres— dio su versión. Abuelas, tías y primas de los fallecidos calificaron las hipótesis sobre la culpabilidad de José Alfredo como conjeturas sin sustento.

Fue la abuela de José Alfredo quien aportó el testimonio más directo. Aseguró a Telediario haber tenido comunicación con él días antes de la tragedia, dijo entender su decisión de alejarse para rehacer su vida fuera de Puebla y descartó que tuviera intención de hacerle daño a su familia.

Ante la pregunta de si existía alguna persona con motivos para atacar a la familia, los presentes se limitaron a negar cualquier conflicto y a exigir que las autoridades encuentren a los verdaderos responsables.

Trasciende detención de sospechoso

Mientras la FGE mantiene abiertas sus líneas de investigación, varios medios locales de Puebla reportaron este lunes la detención de un hombre identificado como Juan Manuel T. V., alias “El Pony”, de 20 años, sobrino de Cecilio Torres, como uno de los presuntos responsables materiales del multihomicidio.

De acuerdo con esas publicaciones, el sujeto habría sido interceptado en Tehuitzingo mientras viajaba en motocicleta con dosis de cristal.

Sin embargo, la FGE de Puebla no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme esta detención.

El municipio de Tehuitzingo, Puebla, vivió una madrugada violenta al registrarse el asesinato de 10 personas, entre ellas integrantes de una familia, durante la madrugada de este domingo 17 de mayo.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:55 de la madrugada, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que tras el reporte fueron localizadas diez personas sin vida, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad, quienes fueron atacadas por sujetos armados.

Sin embargo, esta información fue actualizada por la fiscal del estado, Idamis Pastor Bentacourt, quien refirió que se trató de una bebé, dos menores de edad y el resto adultos los que fallecieron en el sitio.

Ante la masacre cometida dentro de la vivienda, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y autoridades de la Fiscalía General del Estado fueron desplegados para establecer un operativo de seguridad, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

“La SSP expresa solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrenda su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Además, reitera a la ciudadanía que continuarán las acciones operativas para preservar el orden y la paz social en la entidad”, detalló en un comunicado.

Fiscalía ya investiga el asesinato de 10 personas: apuntan a posible conflicto familiar

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que ya inició una carpeta de investigación por el asesinato de 10 personas en Tehuitzingo.

Además, detalló que una mujer fue hallada con heridas de bala y trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, fue en el trayecto cuando falleció.

Peritos se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez personas asesinadas.

Respecto a las primeras versiones que referían se trataba de integrantes de una familia, Idamis Pastos Betancourt, fiscal del estado, informó que cuatro de las víctimas eran trabajadores y el resto sí eran familiares.

Además, detalló que la principal línea de investigación con la que cuentan es que se trató de un conflicto familiar la causa del ataque, por lo que continúan realizando las investigaciones correspondientes.

No hay señal telefónica en la zona donde se registró la masacre

Francisco Sánchez González, titular de la SSP, detalló que la zona donde se registró el ataque armado presenta afectaciones debido a que no existe señal telefónica, lo que pudo haber provocado que el reporte del ataque no se diera de manera oportuna.

El secretario también aseguró que reforzarán la seguridad en la comunidad luego del multihomicidio. Asimismo, explicó que mantienen la misma hipótesis sobre un posible conflicto familiar como causa del ataque armado, por lo que también se encuentran recabando información de manera conjunta con la Fiscalía del Estado.

El Gobierno de Puebla prometió que no habrá impunidad tras el asesinato de una familia completa en Tehuitzingo, donde un grupo armado ejecutó a 10 personas, entre ellas un bebé de menos de un año.

El multihomicidio, cometido la madrugada del domingo 17 de mayo, movilizó a fuerzas estatales y federales, mientras la Fiscalía estatal señala un posible conflicto familiar como principal línea de investigación.

En el comunicado oficial, emitido casi 24 horas después de los hechos, la administración estatal lamentó los hechos y enfatizó: “Estos hechos no quedarán impunes. La legalidad, la paz y recuperación del tejido social de nuestro estado es nuestra prioridad”.

También se dio a conocer que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ya brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas, según el mismo mensaje.

Qué se sabe de la principal hipótesis

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la investigación apunta a un posible ajuste de cuentas derivado de conflictos entre parientes por la propiedad de unos terrenos.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar. Tiene unas horas que sucedió el hecho, así que no puedo dar más información al respecto más que ya hay una línea de investigación”, señaló Pastor Betancourt a medios.

El crimen ocurrió en la comunidad de Texcalapa, donde los agresores irrumpieron en la vivienda de sus víctimas y dispararon armas de grueso calibre. La Fiscalía estatal detalló que en el lugar se localizaron casquillos percutidos de armas calibre .22 y 9 milímetros, lo que, según el análisis oficial, hace pensar que el crimen no fue cometido por un grupo criminal organizado.

Entre las personas asesinadas hay seis miembros de una misma familia, entre ellos un bebé recién nacido, y cuatro trabajadores.

Entre las personas asesinadas en Tehuitzingo se encontraba la familia Torres, propietaria del rancho donde ocurrió el ataque. Las autoridades identificaron a las víctimas, entre quienes había tres menores de edad: una recién nacida de un mes y 20 días, así como otros dos menores de 11 y 14 años. Los nombres difundidos son: Cecilio T.; Marcela A. M., Roberto T. A., Martha F. C., la bebé menor de edad, Kevin S. V., José María T. A., Gabriela T. A., Efrén V. M. y José G. C.

El agresor estaría identificado como José Alfredo, quien presuntamente masacró a sus padres, sus hermanos, a su cuñada y hasta a su sobrinita de un mes de nacida. Además, cobró la vida de trabajadores de la familia.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó operativos conjuntos con fuerzas federales y municipales. La única sobreviviente, una mujer, falleció durante su traslado al hospital.

Condenas

El multihomicidio generó reacciones de partidos políticos y líderes sociales. El PRI condenó el asesinato de la familia y exigió respaldo para los presidentes municipales, así como la devolución de recursos y el fortalecimiento de las capacidades locales de seguridad.

“Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de 10 integrantes de una familia en Tehuitzingo, Puebla, entre ellos una menor de edad”, declaró el partido en sus redes sociales, y responsabilizó al gobierno federal de Morena por la crisis de violencia.

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, pidió investigaciones serias para determinar si realmente el móvil fue un conflicto familiar: “Cuando hay armas, violencia extrema y ejecuciones múltiples, también estamos hablando de descomposición social, presencia del crimen organizado y una delincuencia que crece sin control en todo el país”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses del año Puebla suma 457 homicidios. La organización Causa en Común reportó 386 masacres en el país durante 2025, y al primer trimestre de 2026 se han documentado 75 masacres, con un promedio de cinco asesinatos de dos o más personas cada seis días.

Diez integrantes de una familia fueron asesinados en Tehuitzingo, Puebla, este 17 de mayo, entre ellos una menor de edad. El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó el caso como una muestra de la crisis de violencia que se vive en México.

El presidente del PRI expresó solidaridad a los familiares de las víctimas en Puebla y mencionó que “no vamos a dejar que este horror se normalice y mucho menos que quede impune.”

Según declaraciones de Alito Moreno en redes sociales, los presidentes municipales se enfrentan solos al crimen debido a que el gobierno de Morena retiró recursos, debilitó a las policías locales y concentró la seguridad sin obtener resultados. El dirigente del PRI señaló que al desproteger a los municipios, se afecta directamente a la población.

El líder del PRI exigió restituir el presupuesto a los ayuntamientos y fortalecer sus capacidades para responder a la ola de violencia. Moreno afirmó: “Sin municipios fuertes no hay seguridad posible, y mientras esta incompetencia continúe, la violencia seguirá cobrando vidas”.

Diez personas mueren en ataque armado en comunidad de Tehuitzingo

Al menos diez personas, incluyendo una menor de edad, murieron durante la madrugada de este 17 de mayo tras un ataque armado en Texcalapa, comunidad del municipio de Tehuitzingo en el estado de Puebla, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP).

Las autoridades estatales detallaron que el grupo de víctimas se encontraba en una vivienda cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego, dejando seis hombres, tres mujeres y una menor sin vida.

De acuerdo con EFE, la Fiscalía de Puebla informó que nueve personas perdieron la vida en el lugar y una mujer falleció camino al hospital. La dependencia abrió una investigación formal por los homicidios y desplegó, junto con la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, un operativo de seguridad en la zona.

Según los primeros datos, la familia atacada estaría vinculada al sector del transporte local. Elementos municipales acudieron al sitio luego de que un habitante reportó personas aparentemente sin vida. Al llegar, hallaron varias víctimas con lesiones provocadas por armas de fuego.

La SSP señaló que mantienen patrullajes y revisiones en los accesos a la comunidad mientras continúan las indagatorias y labores de inteligencia para ubicar a los responsables.

Alito Moreno conversa con Corina Machado sobre la democracia

Una reunión entre Alito Moreno y María Corina Machado, opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, llevó al dirigente del PRI a advertir sobre el riesgo de autoritarismo en México, tomando a Venezuela como ejemplo para alertar sobre las posibles consecuencias de la concentración de poder político y sus alianzas con el crimen organizado.

La conversación realizada el pasado 15 de mayo se dio en el contexto de una gira de tres días de Moreno por Washington DC, donde el priista sostuvo encuentros dirigidos a robustecer la denuncia pública contra lo que denomina “narcopolíticos” de Morena, e insistió en la urgencia de fortalecer la defensa de la democracia mexicana, de acuerdo con su publicación en X.

El crimen ocurrió en un rancho familiar ubicado en la comunidad de Texcalapa. Entre las víctimas se encuentran seis integrantes de una misma familia y cuatro trabajadores del rancho, además de tres menores de edad, uno de ellos la bebé de un mes de nacida, dato que ha conmocionado a la región de la Mixteca poblana y a la opinión pública en general.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó la saña con la que se perpetró el multihomicidio. Los peritos procesaron el inmueble y embalaron una cantidad importante de casquillos percutidos de armas de grueso calibre, lo que revela que el ataque fue directo y planeado contra las víctimas. Las paredes y ventanas del inmueble presentaban numerosos impactos de arma larga, evidencia de la brutalidad de la agresión.

Conflicto familiar, hipótesis principal; no se descartan otras líneas

En entrevista, Pastor Betancourt señaló que los primeros indicios apuntan a conflictos relacionados con temas familiares como el origen del ataque. Sin embargo, precisó que el personal ministerial no descarta ninguna línea de investigación y continúa con la recolección de testimonios entre familiares y vecinos para robustecer la carpeta de investigación.

La funcionaria destacó que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía se trasladó al lugar, realizó el levantamiento de los diez cuerpos y lleva a cabo un barrido completo dentro de la zona para el aseguramiento de indicios y evidencias balísticas.

Sin detenidos, pero con operativo coordinado

Pese al despliegue de seguridad activado desde las primeras horas del domingo, que involucra a la Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reconoció la fiscal.

No obstante, Pastor Betancourt fue categórica al respecto: las corporaciones mantienen acciones conjuntas para localizar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del crimen, y subrayó que no habrá impunidad.

La Fiscalía General del Estado continuará con diligencias científicas y de campo para identificar plenamente a los responsables y esclarecer el móvil de uno de los crímenes más violentos registrados recientemente en la Mixteca poblana.

PRI condena masacre en Tehuitzingo y culpa a Morena de crisis de seguridad en Puebla

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó el asesinato de los diez integrantes de una familia en Tehuitzingo y señaló directamente a Morena como responsable de la crisis de seguridad que atraviesa Puebla y el país. A través de su cuenta oficial en X, el partido afirmó que el gobierno federal abandonó a los municipios, les recortó presupuesto, debilitó a las policías locales y centralizó la seguridad sin resultados. Exigió devolver recursos a los ayuntamientos, fortalecer las capacidades locales y construir una estrategia que frene la violencia. El PRI expresó además sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La mañana del sábado 12 de mayo de 1979, el sol sobre Managua no anunciaba vida, sino el estertor de una tiranía que se negaba a morir sin antes devorar a sus hijos.

En el residencial Bosques de Xiloá, el silencio habitual de las quintas y el aire fresco de la laguna cercana fueron fracturados por el estruendo de los motores y el metal de las armas.

No hubo advertencias, no hubo proclamas de rendición; solo el ingreso violento de la Guardia Nacional (GN) en una de las operaciones más atroces de la agonía somocista.

Para finales de la década de los setenta, Nicaragua era un hervidero bajo el puño de Anastasio Somoza Debayle. “Tacho”, como se le conocía, era el último eslabón de una dinastía familiar que había secuestrado el poder por más de cuarenta años.

Educado en la academia militar de West Point y jefe supremo de la Guardia Nacional, Somoza no era solo un presidente, sino el dueño de un sistema basado en el clientelismo y la represión.

En aquel 1979, atrincherado en su búnker, veía cómo el control del país se le escapaba entre los dedos mientras la comunidad internacional le daba la espalda. Su respuesta, ejecutada a través de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y las fuerzas élite de los BECAT, fue institucionalizar el terror. Aquel mayo, el objetivo era desarticular las células clandestinas que preparaban la ofensiva final en la capital. Pero lo que ocurrió en Xiloá no fue un combate; fue una cacería humana.

El refugio vulnerado

En el interior de una de las viviendas, la cotidianeidad se mezclaba con la urgencia revolucionaria. Allí se encontraba Alfonso González Pasos, un hombre que había transformado su hogar en un hospital clandestino para sanar a quienes el régimen buscaba aniquilar. Junto a él, figuras clave de la resistencia: el ingeniero Omar Hassan Morales y Cristian Pérez Leiva, un experto en explosivos cuya mente era vital para los planes del Frente Sandinista.

Sin embargo, la muerte no discriminó jerarquías. La irrupción de la bota militar alcanzó también a los más vulnerables. En un acto de sevicia que las crónicas de La Prensa y El Nuevo Diario recordarían por décadas, las fuerzas represivas persiguieron a tres niños por los pasillos de la casa. Los pequeños, buscando el amparo imposible de una cama, fueron alcanzados por las ráfagas. Sus vidas terminaron allí, bajo la madera, en un rincón de oscuridad y espanto que desnudó la catadura moral del régimen.

El escenario tras la retirada de la Guardia era dantesco. 11 cuerpos yacían en la propiedad y sus alrededores, incluyendo el residencial Los Loyes. Entre las víctimas estaba Sandra Delgado Roque, una trabajadora doméstica de apenas 17 años. Su cuerpo, hallado con señales de una violencia extrema y vejámenes que trascendían el asesinato político, se convirtió en el símbolo de la indefensión civil ante el poder absoluto.

El informe forense posterior fue una bofetada a la versión oficial del régimen, que intentó disfrazar la masacre de “enfrentamiento armado”. Las heridas de bala a quemarropa y los signos de tortura confirmaron lo que el pueblo ya sabía: fueron ejecuciones sumarias. Los peritajes demostraron que no hubo intercambio de disparos; solo hubo verdugos y víctimas.

Dos hombres, Francisco Figueroa y Julio Solórzano, lograron sobrevivir al infierno tras ser capturados. Sus testimonios, junto con los archivos que Confidencial ha preservado, permitieron reconstruir el impacto estratégico de aquel día. La Guardia Nacional había dado un golpe a la logística del FSLN, obligando a las columnas guerrilleras a reorganizar sus planes y desplazar el peso de la insurrección hacia los barrios orientales de Managua.

Un legado que no se apaga

El sacrificio de Xiloá no fue en vano en la aritmética de la guerra. La brutalidad del operativo actuó como un catalizador del odio popular contra la figura de Somoza Debayle. El costo humano estimado por la Cruz Roja en más de 50,000 muertes durante la dictadura alcanzó en esa mañana de mayo una de sus cimas más oscuras.

Hoy al cumplirse 47 años, los nombres de los 11 de Xiloá vuelven a resonar como un eco que se niega a desvanecerse. Aquel 12 de mayo es la historia de una Nicaragua que, entre los escombros de la represión, encontró la fuerza para empujar el último muro de la dictadura apenas dos meses después, el 19 de julio de 1979.

Xiloá permanece en la memoria colectiva no solo como una herida abierta, sino como el recordatorio permanente de que, incluso en la hora más oscura, la dignidad puede ser perseguida, pero nunca ejecutada.

Una amplia investigación australiana que examina el antisemitismo en el país tras una masacre en una celebración de Hanukkah escuchó el lunes a judíos australianos que dijeron que la escalada de odio los ha dejado temerosos y vulnerables.

Quince personas murieron cuando dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración en Bondi Beach en diciembre. Sajid y Naveed Akram, padre e hijo, están acusados ​​de perpetrar la masacre con armas que poseían legalmente, en un país con estrictos controles sobre armas de fuego. El ataque, que se produjo tras una ola de crímenes antisemitas en Australia, fue inspirado por el grupo Estado Islámico, según las autoridades.

El tiroteo masivo motivó la creación de una Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social, la máxima instancia de investigación en Australia, que inició audiencias públicas en Sídney el lunes. Durante las dos semanas de sesiones se examinará la naturaleza y la prevalencia del antisemitismo en las instituciones y la sociedad australianas.

Las próximas audiencias que se celebrarán este año examinarán otros temas antes de que la comisión publique su informe final en diciembre.

“El drástico aumento del antisemitismo que hemos presenciado en Australia se ha replicado en otros países occidentales y parece estar claramente vinculado a los acontecimientos en Oriente Medio”, declaró la comisionada Virginia Bell. “Es importante que la gente comprenda la rapidez con la que estos sucesos pueden provocar desagradables muestras de hostilidad hacia los judíos australianos simplemente por ser judíos”.

El ataque en Bondi se produjo tras un aumento de los delitos de odio

Todos los testigos que declararon el lunes eran judíos australianos que relataron sus experiencias de odio; algunos hablaron bajo seudónimos por temor a su seguridad. La hija de una de las víctimas mortales de los atentados de Bondi contó que, un año antes, un hombre la insultó verbalmente mientras llevaba a su bebé en brazos en un centro comercial de Sídney al ver su collar con la Estrella de David.

“Me sentí conmocionada, expuesta e insegura”, dijo Sheina Gutnick. “Había mucha gente a mi alrededor, pero nadie intervino”.

Su padre, Reuven Morrison, de 62 años, arrojó un ladrillo a uno de los pistoleros que atacaron la concentración en la popular playa de Sídney en diciembre, antes de ser asesinado a tiros. Gutnick dijo que era cautelosa a la hora de asistir a eventos con su familia en lugares públicos o viajar a ciertas zonas de Sídney.

Los judíos australianos declararon el lunes ante el tribunal que los ataques de Bondi se produjeron tras un aumento vertiginoso de los incidentes antisemitas desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. En el año siguiente, se notificaron más de 2000 episodios al Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, que lleva un registro de estas cifras, en comparación con un récord anterior de poco menos de 500 el año anterior.

Judíos australianos relatan agresiones y abusos

También se han reportado casos de escalada de violencia similares en Gran Bretaña y otros países. Sin embargo, la pequeña comunidad judía de Australia se mostró particularmente conmocionada, ya que sus miembros no habían registrado previamente tal cantidad de amenazas graves, según declararon testigos el lunes.

“Ahora todo el mundo tiene miedo todo el tiempo”, dijo Toby Raphael, vicepresidente de la sinagoga de Newtown en Sídney, que fue vandalizada con esvásticas durante una ola de crímenes antisemitas en la ciudad en 2025.

Raphael comentó que en una ocasión les había dicho a los feligreses que no era necesaria la seguridad en la sinagoga, pero el aumento de los ataques motivados por el odio había cambiado su perspectiva. Añadió que formaba parte de un grupo de padres que velaba por la seguridad de la escuela judía de su hijo, la cual también cuenta con guardias profesionales armados.

“¿Por qué los niños tienen que ir a la escuela así?“, dijo Raphael. ”Este es el mundo en el que viven ahora los judíos de Australia y tiene que cambiar".

El antisemitismo en Australia ya estaba cobrando mayor relevancia antes del tiroteo de Bondi debido a una serie de ataques contra escuelas, negocios y lugares de culto judíos. En agosto, el gobierno australiano afirmó que Irán había orquestado al menos dos de los crímenes y rompió relaciones diplomáticas con Teherán.

Algunos de los que prestaron declaración ante la comisión de investigación el lunes citaron estos episodios cuando dijeron que estaban considerando abandonar Australia o que ya tenían previsto mudarse al extranjero.

Otros relataron haber sido atacados verbal o físicamente, o que multitudes de manifestantes propalestinos llegaron a sus sinagogas. Alex Ryvchin, líder de un grupo judío cuya casa fue incendiada en 2025, afirmó creer que Australia se dirigía hacia la catástrofe tras el ataque a su domicilio y advirtió a los periodistas que alguien moriría.

“Esto ocurrió en enero, y en diciembre tuvo lugar una masacre espantosa que nos ha transformado para siempre”, declaró en la audiencia del lunes.

Las audiencias se celebran tras un informe que insta a la reforma de las armas

La masacre conmocionó a Australia, donde los delitos graves con armas de fuego han sido poco frecuentes desde que se endurecieron los controles tras un tiroteo masivo en Tasmania hace 30 años. Los gobiernos federal y estatales de Australia están considerando nuevas reformas.

Un informe provisional de la Comisión Real, publicado en abril, que examinó la capacidad de las fuerzas del orden y los servicios de seguridad australianos para responder a los delitos antisemitas, recomendó que los líderes de Australia priorizaran la promulgación de leyes de armas coherentes a nivel nacional y un programa de recompra de armas.

Sajid Akram fue abatido a tiros por la policía en el lugar del crimen. Era un tirador con licencia y poseía legalmente las armas utilizadas.

Su hijo resultó herido, pero sobrevivió. Naveed Akram ha sido acusado de cometer un acto terrorista, 15 cargos de asesinato y 40 cargos de intento de asesinato. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

(con información de AP)

Entre flores y clamor de justicia, familiares y amigos dan el último adiós a Omar, Alejandra, Valentina y Romina, víctimas del multihomicidio cometido en Azcapotzalco, alcaldía de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre inició este 1 de mayo de 2026 en un velatorio de la colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, para terminar en el Parque Memorial Gayosso, Naucalpan, Estado de México, donde sepultaron a la pareja y sus dos hijas.

En la ceremonia, marcada por el dolor y la exigencia de “justicia sin impunidad”, el entorno refleja el impacto que ha generado la violencia ejercida contra una familia descrita como discreta por sus vecinos. Cuatro carrozas blancas encabezan la procesión, que avanza por Circuito Interior y Ejército Nacional. Bajo toldos, los ataúdes descienden ante la mirada incrédula de los presentes.

El ataque ocurre días antes en la calle Guanábana, colonia Nueva Santa María, domicilio familiar donde las víctimas pierden la vida. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan como presunto responsable a Emiliano “N”, joven de 19 años que habría planeado y ejecutado el delito. El móvil se relaciona con una relación sentimental mantenida con Valentina, la hija mayor, de 17 años.

La tía de las víctimas, al tomar la palabra durante la despedida, denuncia entre lágrimas la dimensión de la tragedia: “Nunca esperé que este caso se fuera a dar en mi familia y menos con niñas”, exige que autoridades y ciudadanía no permitan el olvido y reclama la máxima condena para los responsables.

“Mi sobrina Valentina tenía 17 años y él, al parecer 19, pero era muy violento y su padre no aprobaba la relación. Simulaba ser de una familia bien… yo creo que si hubiera pedido algo, no hubiera habido necesidad de matarlas. Pedimos justicia, agradecemos la rápida acción de las autoridades y manifestamos también nuestro temor a represalias y garantizar la situación de nuestra familia”, reveló al periodista Carlos Jiménez.

Según la familia de las víctimas, el señor Omar había manifestado oposición al noviazgo debido al carácter violento de Emiliano. El presunto responsable, identificado por autoridades, presumía armas y vínculos delictivos en sus redes sociales, asimismo se le veía manejando camionetas de alto costo. Habría conocido a Valentina en el Tec de Monterrey donde la joven estudiaba.

En el día de los hechos, logra ingresar al domicilio sin forzar cerraduras, presuntamente con consentimiento de la adolescente.

Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y esclarecer el nivel de planeación en el crimen, mientras la comunidad insiste en la exigencia de justicia para las cuatro víctimas.

• Cuatro integrantes de una familia son asesinados en Azcapotzalco; la procesión y sepelio reúne a decenas de personas que exigen justicia.
• La SSC identifica a Emiliano “N”, de 19 años, quien mantenía una relación con Valentina, como presunto responsable.
• Vecinos y familiares describen a la familia como tranquila y piden la sentencia máxima para los autores del crimen.

Emiliano engañó a Valentina para acceder a su casa pero él la mató y a su familia

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados el pasado 28 de abril en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque tuvo como uno de sus elementos cruciales el engaño a la adolescente Valentina, de 17 años, a quien un sujeto, identificado como Emiliano “N”, habría convencido de permitir el ingreso de los agresores. La familia nunca imaginó que se llevaría a cabo la ejecución múltiple, que cobró la vida de Valentina, su hermana de 12 años y sus padres, en un crimen que evidencia la violencia social y los riesgos asociados a vínculos personales manipulados.

Las investigaciones iniciales ubicaron como víctimas a Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años; y sus dos hijas, de 12 y 16 años. De acuerdo con reportes oficiales, la familia fue privada de la vida dentro de su domicilio, en un acto que los investigadores vinculan con un robo violento.

El saldo policial revela la magnitud del caso: hasta ahora las autoridades detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos camionetas de lujo robadas, así como 95 dosis de droga y varias armas de fuego. Las camionetas aseguradas a los presuntos responsables incluyen una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en $2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i, cuyo precio asciende a $2 millones 264 mil 900 pesos. También fueron recuperadas prendas personales de las víctimas, entre otros objetos sustraídos.

El crimen y el perfil de las víctimas: vínculos personales y un móvil por pago

El desarrollo del multihomicidio tendría origen, según las primeras pesquisas, con la relación entre Emiliano y Valentina. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría querido ser pareja de la mayor de las hijas. Las versiones preliminares sostienen que la relación fue aprovechada por la célula delictiva para ejecutar el crimen: Valentina habría facilitado el acceso al hogar bajo engaños, situación que derivó en el asesinato de toda la familia.

Reportes atribuyen a Emiliano la confesión de haber recibido la oferta de $40 mil pesos de una banda presuntamente identificada como “Los Julios” para cometer el homicidio. Hasta el momento, las autoridades mantienen esa versión en reserva. Las pesquisas señalan que el vínculo entre Valentina y Emiliano habría iniciado en el Tec de Monterrey, una escuela privada de la Ciudad de México. Según los documentos analizados, el padre de la joven se oponía a la relación, lo que incrementó la tensión alrededor de la familia.

Durante el aseguramiento, los investigadores incautaron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares y varias dosis de marihuana y cocaína en piedra. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue para identificar a otros involucrados y establecer las motivaciones finales del multihomicidio.

La violencia volvió a estremecer la zona norte de Honduras durante la madrugada de este viernes, tras registrarse una nueva masacre en la colonia Perfecto Vásquez de San Pedro Sula, Cortés.

El ataque armado dejó como saldo tres personas fallecidas y una más gravemente herida, en un hecho que ha generado alarma entre los residentes del sector y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la ciudad.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el violento episodio ocurrió cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en el patio de una vivienda particular, compartiendo en un ambiente aparentemente tranquilo.

Sin embargo, la calma fue interrumpida de forma abrupta cuando varios individuos fuertemente armados irrumpieron en el lugar.

Los atacantes, quienes se transportaban en una camioneta y un vehículo tipo pick-up, ingresaron al pasaje donde se desarrollaba la reunión y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes.

La ráfaga de disparos sembró el caos entre los asistentes y provocó una rápida dispersión, aunque varios de ellos no lograron escapar del ataque.

En la escena del crimen quedó sin vida Douglas Reconco, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado tendido en el suelo. Vecinos del sector, visiblemente consternados, relataron haber escuchado múltiples detonaciones que rompieron el silencio de la madrugada, seguidas de gritos y movimientos desesperados.

Dos personas más resultaron gravemente heridas durante la balacera y fueron trasladadas de emergencia a distintos centros asistenciales de la ciudad.

Una de las víctimas, identificada únicamente como Santos, de 23 años, falleció poco después de ingresar a una clínica privada debido a la gravedad de sus heridas.

Por su parte, Rodolfo Alexander López, también de 23 años, murió en el Hospital Mario Catarino Rivas pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Los tres cuerpos fueron posteriormente trasladados a la morgue de San Pedro Sula, donde se les realizará la autopsia correspondiente como parte del proceso investigativo.

En medio de la tragedia, una cuarta persona logró sobrevivir al ataque en circunstancias que han sido calificadas como milagrosas.

Según versiones recabadas en el lugar, el sobreviviente tomó la decisión de hacerse pasar por muerto mientras los atacantes continuaban disparando.

Esta acción le permitió evitar ser rematado y salvar su vida una vez que los agresores abandonaron el sector. Actualmente, esta persona permanece bajo atención médica en una clínica privada, luchando por recuperarse de las heridas sufridas.

Tras el ataque, elementos de la Policía Nacional y agentes de investigación llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen y comenzar la recolección de evidencias, incluyendo casquillos de bala y otros indicios balísticos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, se desplegaron operativos en zonas aledañas con el objetivo de localizar los vehículos utilizados por los responsables.

El comisionado policial Eduardo Lanza, jefe de la Policía en San Pedro Sula, informó que la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a una disputa por el control de territorio vinculada al microtráfico de drogas.

Según explicó, en la zona operan estructuras criminales relacionadas con la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, lo que refuerza la línea de investigación sobre un posible ajuste de cuentas.

“Lamentamos profundamente este hecho. La principal hipótesis es que se trata de una pelea por territorio relacionada con el microtráfico. Estamos trabajando para reunir los indicios necesarios que nos permitan confirmar o descartar esta teoría”, declaró el funcionario.

Las autoridades indicaron que continúan con el proceso de recopilación de pruebas y testimonios, con el fin de identificar a los responsables y determinar con precisión el móvil del crimen.

Mientras tanto, la comunidad de la colonia Perfecto Vásquez permanece en estado de alerta y temor ante la posibilidad de nuevos hechos violentos.

Este nuevo episodio de violencia pone en evidencia los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, especialmente en zonas donde la presencia de estructuras criminales sigue generando conflictos armados y pérdidas humanas..

Un ataque armado en una vivienda del barrio Rafael Rangel, ubicado en la comuna 6 de Barrancabermeja (Santander), dejó como saldo tres jóvenes muertos y una persona gravemente herida la mañana del miércoles 29 de abril de 2026.

El hecho desató preocupación por la inseguridad y la violencia urbana en esta ciudad, donde la comunidad reclama medidas inmediatas para esclarecer los hechos y prevenir nuevas tragedias como la ocurrida en los últimos días de abril.

El reporte oficial indica que el caso fue atendido por unidades de la Policía del Magdalena Medio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja que acudieron al inmueble tras recibir reportes de múltiples disparos.

Los fallecidos fueron identificados por Medicina Legal como Juan Felipe Delgado Cabrales, de 21 años, Huber Iván Rincón Cabrales, de 17, y Dana Alejandra Forero Peña, también de 17 años. En el mismo ataque, Viky Lorena Mendoza Mantilla fue herida de gravedad en el cuello y trasladada a la Clínica Magdalena, donde permanece bajo atención médica según confirmó el medio local Vanguardia.

Ante la gravedad del caso, se pronunció Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que condenó lo sucedido: “Estos hechos demuestran la degradación de la violencia que vivimos y padecemos los barranqueños en nuestra ciudad. Hoy estamos hablando de una masacre cometida en una comuna popular de Barrancabermeja sin que las autoridades se hayan pronunciado”.

Según las declaraciones del líder al medio local, con este triple homicidio la cifra total de homicidios en la ciudad alcanza alrededor de 43 en lo que va de 2026, lo que representa una reducción respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, la percepción de temor no ha disminuido.

El múltiple crimen ocurrió en una humilde vivienda del sector Loma de Oro. Testigos relataron a Vanguardia que varios hombres armados irrumpieron de manera abrupta y abrieron fuego, matando en el acto a las tres víctimas que se encontraban en la sala.

La Policía Nacional y personal de investigación judicial, incluyendo equipos de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, acordonaron la escena y pasaron horas recolectando pruebas materiales, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles detrás de la masacre.

Pese a la falta de pronunciamiento oficial, las autoridades informaron que el alcalde y las fuerzas públicas convocaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar los hechos y revisar la estrategia de protección ciudadana en la zona. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había anunciado semanas atrás el refuerzo de vigilancia en sectores críticos mediante la entrega de un nuevo centro de monitoreo, con el objetivo de frenar el accionar de estructuras armadas ilegales.

A pesar de que las cifras de homicidios presentan una baja en comparación con 2025, Credhos advierte que la percepción de inseguridad, la alarma y la intranquilidad colectiva no han disminuido. En palabras de su presidente: “Las autoridades no pueden evaluar solo por números las estadísticas de asesinatos ni el accionar criminal de los grupos que tienen tomados nuestros barrios. Además, exigimos un plan eficiente y eficaz en materia de seguridad”.

Los habitantes de la comuna 6 reclamaron acciones por parte de las autoridades, pues el ataque sicarial refleja una escalada violenta, generalmente por ajustes de cuentas, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de los barrios populares de Barrancabermeja frente a la penetración de estructuras criminales.

Por ahora, la investigación judicial avanza sin que hasta el momento se hayan definido móvil ni responsables, por lo que las autoridades trabajan por reforzar las medidas de seguridad e insisten en la participación activa de la ciudadanía para lograr resultados en este caso, debido a que los ciudadanos pueden declarar en contra de los actores materiales del hecho, en caso de tener cualquier información que permita dar con su paradero.

El 23 de abril se llevó a cabo una audiencia territorial de aporte de verdad por parte de 10 comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que se conocieron detalles de la masacre de La Resbalosa, en la que el Ejército Nacional permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaran a ocho personas en Apartadó, Antioquia.

Sobre el hecho, registrado el 21 de febrero de 2005, soldados que hacían parte de la Brigada Diecisiete del Ejército Nacional narraron cómo murieron Santiago (18 meses), Natalia (6 años), Deyner (11 años), Beyanira (16 años) y cuatro adultos en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios.

Antes del inicio de la diligencia, el lugar fue adornado con flores, cacao y plátanos, símbolos de la región de Urabá; además, las familias de las víctimas encendieron una vela en un acto de memoria y dignificación de sus seres queridos.

El primero en hablar fue el compareciente Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la brigada mencionada, que lamentó cómo un territorio de paz fue manchado con sangre de inocentes.

“Pienso en el silencio que quedó en las casas vacías, en los abrazos ausentes, en las familias que han tenido que aprender a vivir con la pérdida. Necesito decirles que lo siento, lo siento de verdad. La memoria es lo único que protege la dignidad de quienes ya no pueden hablar”.

Espinosa fue interrumpido por Nélida Guerra Tuberquia, hermana de Luis Eduardo Guerra, una de las víctimas de la masacre, que pidió que el asesinato de su ser querido no quede impune.

“Pedimos que asuman su responsabilidad y se comprometan con la verdad. Que estos hechos no queden en la impunidad. Exigimos que limpien el nombre de estos niños y de los adultos campesinos que fueron injustamente señalados como guerrilleros. Una mentira cruel utilizada para encubrir el daño causado. Mi hermano era responsable, amable, honesto, consejero y amoroso. Tenía 35 años. Su hijo Deyner, mi sobrino, era un niño con muchos sueños: le gustaba cantar, estudiar y jugar fútbol”.

Otro familiar de las víctimas que intervino fue Santiago Esteban Tuberquia, que perdió a su padre y dos de sus hermanos durante el hecho y exigió que se revele la identidad de todos los soldados que participaron de la masacre.

“Exigimos que se nombre a cada una de las personas que participaron en estos hechos. ¿Por qué actuaron así contra inocentes? Especialmente contra los niños, ¿por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños?”,

Uno de los momentos más destacados de la audiencia fue cuando el compareciente Espinosa Beltrán reconoció que un alto mando ordenó que el “operativo” fuera realizado con “guías”, paramilitares que señalaban zonas en las que había presencia de guerrillas.

“Hubo un descalabro militar en El Porroso, donde murieron 22 soldados. El general Mario Montoya ordenó ubicar al grupo insurgente responsable y dio la orden expresa de que si en esa operación militar no había guías (paramilitares) no se hacía la operación. Con esa información, la Brigada Diecisiete construyó su orden de operación y el 15 (de febrero) se emitió la orden de operaciones”.

Espinosa también reveló que para sus superiores, la comunidad atacada era un “nido de guerrilla”, argumento con el que justificaron la alianza momentánea con los paramilitares.

“El coronel Duque, que era el comandante de ese batallón, ya llevaba un tiempo en la región y tenía en su memoria qué era la comunidad y para él la comunidad de San José de Apartadó era un nido de guerrilla”, declaró Espinosa Beltrán.

Por último, el compareciente que representó a los otros nueve exmilitares confirmó que esa no fue la primera ni última vez que se utilizaron a los “guías” para llevar a cabo operativos para abatir a presuntos guerrilleros.

“Sí, claro, era habitual. La Brigada Diecisiete suministraba los guías”, puntualizó el compareciente, que habló de alias Latón y Jonás como los paramilitares que les señalaron que se trataba de una comunidad con más de 150 guerrilleros.

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que, tras el tiroteo registrado el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, las actividades escolares comenzarán a restablecerse a partir del lunes 13 de abril. Las puertas del colegio reabriran en un proceso progresivo que prioriza tanto la seguridad física como el acompañamiento emocional de alumnos y docentes.

La orden judicial decretó que el establecimiento escolar ya podía volver a ser utilizado. Por su parte, el Ministerio de Educación definió un cronograma de limpieza, reorganización y de reencuentro académico y comunitario, que se ejecutarán el lunes 13 y martes 14 de abril, según informó el medio Rosario3.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, enfatizó la necesidad de atender la integridad de la comunidad educativa durante el retorno. En sus palabras: “Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales”. El esquema prevé una diferenciación por niveles y fechas, con especial atención a la contención emocional e interacción gradual entre equipos docentes, familias y estudiantes en las instalaciones que fueron el centro de la tragedia.

En el Nivel Inicial, el martes 14 se organizarán reuniones entre equipos docentes y familias fuera del establecimiento, específicamente en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles 15 y el jueves 16 tendrán lugar actividades lúdicas en la escuela, enfocadas en la recuperación del clima áulico. El viernes 17 está previsto un encuentro global en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán propuestas pedagógicas para la etapa inmediata.

Por su parte, el Nivel Primario contempla una instancia de diálogo y acompañamiento: los días miércoles 15 y jueves 16 de abril, entre las 13:30 y las 17:30, se realizarán reuniones divididas por grados, destinadas a facilitar la expresión de necesidades y preocupaciones de las familias y el cuerpo docente. El acceso físico de los estudiantes al edificio del colegio se reanudará el viernes 17 de abril, con actividades debidamente organizadas y acompañadas por los equipos profesionales del Ministerio.

El tiroteo en el colegio de San Cristóbal

El 30 de mazo, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió cerca de las 7:15, mientras los estudiantes esperaban en el patio interno el inicio de la jornada escolar. El agresor sacó una escopeta de su mochila, disparó entre cuatro y cinco veces y mató a un compañero de 13 años, identificado como Ian Cabrera. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

El tirador fue reducido por un asistente escolar, quien logró quitarle el arma. La policía detuvo al agresor y evacuó la escuela. La mayoría de los heridos recibió atención médica por lesiones leves y dos de los adolescentes requirieron traslado a hospitales de mayor complejidad.

El agresor, por su edad, es inimputable y permanece alojado en un instituto especializado bajo supervisión de su madre. Por otro lado, la Justicia imputó como partícipe del homicidio a otro adolescente de 16 años. Según las fuentes policiales, el alumno tuvo un “rol activo” ya que tenía conocimiento previo del ataque sucedido en San Cristóbal.

True Crime Community

En este marco, las autoridades detallaron sobre la hipótesis de que el ataque fue planeado y que el tirador habría actuado con influencias externas, especialmente de comunidades virtuales. Se realizaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos del atacante para determinar las causas.

Los organismos especializados confirmaron que el tirador formaba parte de la denominada “True Crime Community” (TCC), una subcultura digital surgida tras la masacre de Columbine. Allí, usuarios comparten información sobre distintos hechos criminales, discuten detalles de los ataques, intercambian memes y hasta rinden culto a los responsables de masacres emblemáticas. En estos espacios, los asesinos suelen ser tratados como figuras a emular y se publican guías, manifiestos y tutoriales sobre cómo planificar ataques similares.

Esta comunidad está principalmente integrada por jóvenes que son incentivados a perpetrar actos violetos. El menor responsable del ataque participaba activamente en foros y grupos virtuales vinculados a la TCC. Los investigadores señalaron que la pertenencia del tirador a estos espacios virtuales fue un factor clave en la planificación y ejecución del ataque.

Cuatro personas murieron la noche del viernes 10 de abril de 2026 dentro del restaurante Playa Ventura en la comunidad turística de Barra Vieja, en el municipio de Acapulco, durante una balacera registrada a las 19:30 horas en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Las víctimas incluyeron a tres hermanos, identificados como Alejandra N, Radacunti N y José Inés N, quienes eran los propietarios del negocio, además de una persona más que no ha sido identificada oficialmente.

Testigos reportaron que durante una fiesta privada, sujetos armados irrumpieron en el restaurante y efectuaron al menos 50 disparos utilizando armas de distintos calibres. Ante la emergencia, algunas personas habrían resultado heridas y, sin esperar la llegada de los servicios de emergencia, fueron trasladadas por sus propios medios a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades llegaron minutos después. Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, ministeriales y el Ejército Mexicano resguardaron la zona, impidiendo el acceso a turistas y visitantes de la zona Diamante. Peritos y personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recolección de indicios en el lugar de los hechos.

El ataque ocurrió cuando restaban dos días para que concluyera el periodo vacacional de Semana de Pascua, en una de las zonas de mayor afluencia turística de Acapulco. El restaurante, ubicado sobre el camino hacia la Costa Chica, está en la denominada zona rural del municipio y suele registrar actividad intensa durante la temporada alta.

Entre la información recabada de manera preliminar, autoridades indicaron que dentro del establecimiento las víctimas fueron halladas sin vida y que varias personas más sufrieron lesiones por arma de fuego. La Fiscalía no informó el número exacto de heridos, ni aclaró si los responsables forman parte de algún grupo criminal en específico. Tampoco detalló si lo ocurrido derivó de un enfrentamiento armado o fue un ataque directo. Las causas del hecho no fueron esclarecidas en el sitio.

Los cuerpos fueron levantados aproximadamente a las 21:00 horas por personal del Servicio Médico Forense, quienes efectuaron el traslado correspondiente para las necropsias de ley y la identificación oficial de la cuarta víctima.

Por lo ocurrido, la zona fue acordonada mientras continuaban los trabajos periciales y de custodia de evidencias. Barra Vieja permaneció bajo presencia de fuerzas federales y estatales durante el resto de la noche.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el múltiple homicidio e inició las investigaciones correspondientes, no obstante, se reportaron dificultades para el acceso de peritos, agentes ministeriales y personal del Ministerio Público al lugar de los hechos.

El ataque ocurrió en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, en las inmediaciones de la playa Barra Vieja, una zona turística del puerto.

En contraste, en la avenida Costera Miguel Alemán, la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó el festival “Jolgorio Acapulqueño”, donde se congregaron cientos de personas.

Puntos clave del caso:

• El ataque dejó cuatro muertos, entre ellas tres personas propietarias del restaurante.
• Se contabilizaron al menos 50 disparos en el lugar, lo que generó una movilización policial y militar.
• Las autoridades no precisaron el motivo ni el número exacto de lesionados; la investigación sigue en curso.

La violencia sigue dejando su marca en Honduras. La noche del domingo, tres hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda en el sector Las Selvas, comunidad de El Guano, en Danlí, departamento de El Paraíso.

Las víctimas fueron identificadas como Noel Adolfo Elvir, Edil Cruz y David Canales, cuyos nombres ahora se suman a la larga lista de homicidios registrados en el país durante los primeros meses de este año.

Según información preliminar proporcionada por autoridades policiales, cuatro sujetos armados llegaron al lugar en dos motocicletas y, sin mediar palabra, ingresaron a la vivienda de Canales, abriendo fuego contra los presentes.

Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron de la escena, dejando a la comunidad consternada por la violencia de este hecho.

El comisionado Wilber Reyes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales.

Carlos David Canales contaba con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, mientras que Edilio García Cruz había sido capturado en noviembre de 2022 por el delito de lesiones.

La presencia de antecedentes criminales en dos de las víctimas ha llevado a las autoridades a considerar como principal hipótesis del ataque una disputa por el control de territorios vinculados al narcotráfico.+

Por su parte, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna hipótesis. Hasta el momento, no se reportan capturas, y se continúa trabajando para dar con el paradero de los responsables.

La escena fue acordonada por los agentes que iniciaron la recopilación de pruebas, mientras los vecinos del sector permanecen consternados por la violencia que irrumpió en su comunidad en plena noche.

La masacre de Danlí se suma a un preocupante patrón de violencia en Honduras. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en lo que va del año se han registrado seis masacres en distintas localidades del país.

Cada una de estas tragedias ha cobrado la vida de varias personas, evidenciando la persistencia de la violencia letal y la vulnerabilidad de las comunidades hondureñas. Entre estas masacres se incluyen:

• Olanchito, Yoro, el 10 de enero, con 3 muertos.
• La Masica, Atlántida, el 17 de febrero, con 5 muertos.
• San Andrés, Lempira, el 9 de marzo, con 3 muertos.
• El Progreso, Yoro, el 12 de marzo, con 4 muertos.
• Sulaco, Yoro, el 13 de marzo, con 5 muertos.
• Danlí, El Paraíso, el 5 de abril, con 3 muertos.

Estos hechos reflejan un promedio de seis homicidios diarios en el país, según datos del OV-UNAH, y muestran cómo la criminalidad organizada y las disputas por control territorial continúan afectando la vida cotidiana de los hondureños.

Vecinos del sector Las Selvas describieron la noche del domingo como un momento de pánico y desesperación. “Fue un momento muy fuerte, nunca habíamos visto algo así en nuestra comunidad. Escuchamos los disparos y todo quedó en silencio después de que huyeron los atacantes”, relató un habitante del sector, quien prefirió mantener su nombre en reserva. La violencia irrumpió en la tranquilidad de la comunidad, dejando un impacto profundo tanto emocional como social.

Las autoridades han llamado a la población a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar y capturar a los responsables. “Estamos haciendo todo lo posible para dar con estos criminales y llevarlos ante la justicia. No descartamos ninguna hipótesis y seguimos recolectando evidencia en la escena del crimen”, indicó Wilber Reyes, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana.

Svitlana Cherniakova, contadora de Bucha, vivió dos semanas bajo la ocupación rusa a principios de 2022 antes de huir con su familia el 9 de marzo, cuando, según relató, las tropas de Moscú abrieron un corredor para civiles.

“El 9 de marzo, los rusos abrieron un corredor humanitario hacia la cercana ciudad de Borodianka. Había muchísimos coches allí, muchísimos. Nos arriesgamos y seguimos a los autobuses. Salían de Bucha por el puente Vorzel. Nos dejaron pasar y los seguimos. Fue aterrador, extremadamente aterrador. Al irnos, vimos personas heridas de bala tiradas en la carretera y coches quemados”, recordó.

Poco después, su hijo Vladyslav Cherniakov, que entonces tenía 20 años, se ofreció como voluntario para unirse a las fuerzas armadas ucranianas.

Murió en diciembre de 2022 cerca de la ciudad oriental de Avdiivka, uno de los frentes más sangrientos de la guerra.

Las pérdidas para la familia no terminaron ahí. El ex marido de Cherniakova, Andrii, se unió al ejército ucraniano en marzo de 2024 y sirvió en la 3.ª Brigada de Asalto.

Murió en septiembre de 2024 en la región de Lugansk, al este de Ucrania.

Cherniakova declaró que esperó diez meses para que su cuerpo fuera identificado mediante análisis de ADN antes de que finalmente fuera enterrado en Bucha.

Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de llevar a cabo ejecuciones, violaciones y torturas durante la ocupación de Bucha. Moscú niega las acusaciones.

“Lo vimos todo con nuestros propios ojos. Fue una masacre. Los cuerpos de las personas que habían recibido los disparos yacían en las carreteras, y los coches estaban quemados. Fue aterrador”, comentó Svitlana.

Por su parte, otro residente, Vira Katanenko comentó, “Regresé alrededor del 14 de abril y presencié todo este horror. Pero también vi mucha ayuda: voluntarios de toda Ucrania, así como del extranjero. Me impresionó profundamente la cantidad de gente que se preocupa de verdad. Fue realmente conmovedor”.

“Regresé con la sensación de que Bucha por fin era libre y creía que la victoria llegaría pronto. Lamentablemente, ahora podemos ver lo difícil que sigue siendo la situación. Por eso, todos debemos unirnos —gente de todo el mundo— y asegurarnos de que los rusos abandonen nuestro territorio, que regresen al este y al norte", dijo.

Kiev afirma que más de 1400 personas murieron en Bucha durante la ocupación, entre ellas 37 niños. Añade que se encontraron más de 175 cuerpos en fosas comunes y cámaras de tortura, y que los investigadores han identificado unos 9000 presuntos crímenes de guerra rusos relacionados con la ciudad.

(con información de Reuters)

La violencia en Colombia persiste y sigue afectando a uno de los departamentos más golpeados por el conflicto: el Cauca. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el jueves 26 de marzo se registró la masacre número 35 de 2026.

Tres cuerpos sin identificar fueron encontrados al interior de un vehículo incinerado en la vereda Palacé del corregimiento La Capilla. El carro estaba ubicado en el kilómetro 11 de la vía Jardines de Paz, en los límites entre Popayán y Cajibío, cerca del sector de La Rejoya.

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Según información preliminar expuesta por el instituto, dos de las víctimas estaban en el baúl y la tercera en el asiento trasero del vehículo, que era un sedán blanco que no tenía placas. Al parecer, las personas habrían sido amarradas.

Hasta el momento, se desconoce tanto la identidad de los fallecidos como las causas y responsables de este nuevo episodio violento. Además, según informó El Tiempo, las autoridades no han logrado retirar los cadáveres del lugar debido a la presencia de grupos armados ilegales, lo que representa un riesgo para los funcionarios encargados del levantamiento de los cuerpos y de la investigación.

Indepaz indicó que en la zona delinquen el frente Jaime Martínez del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) y otras organizaciones criminales de carácter local. Al mismo tiempo, la Tercera División del Ejército Nacional se encarga de garantizar la seguridad de la población en el territorio.

Por otro lado, recordó que los riesgos que corre la ciudadanía en Cajibío ya habían sido alertados por la Defensoría del Pueblo, que emitió la Alerta Temprana (AT) 013/25, en la que hizo “un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

También emitió la AT 007/23, asegurando que en Cajibío las personas enfrentan limitaciones para movilizarse libremente debido a la presencia de actores armados, que constriñen a quienes habitan en el municipio.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) se pronunció al respecto, condenando la masacre y pidiendo el cese de la violencia en el país. “Nos unimos a las voces de rechazo de estos hechos y seguimos haciendo el llamado a que cese esta barbarie”, expresó.

Masacre en Cauca: cuatro personas asesinadas

La población del departamento de Cauca enfrentó otro hecho de violencia en enero de 2026 que causó consternación y temor. Cuatro personas fueron asesinadas en una incursión armada ocurrida entre las 12:00 a. m. del 18 de enero y la mañana del 19 de enero en el sector de El Chamizo, zona rural de Padilla (norte del Cauca), donde hombres armados irrumpieron en varias viviendas y atacaron a las personas que allí se encontraban.

La masacre, atribuida por la comunidad a miembros de una organización criminal conocida como Los 5 y 6, dejó entre las víctimas a un adulto mayor de 72 años que dormía en su casa cuando fue asesinado a tiros. Al parecer, el grupo delincuencial tiene su base en Guachené y estaría vinculado a la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con declaraciones de los residentes, los atacantes buscaban a presuntos rivales, pero asesinaron a civiles que no estaban relacionados con ninguna organización criminal.

Luego del ataque armado, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo los primeros procedimientos legales para adelantar una investigación sobre los hechos.

Siete personas comenzaron a disparar contra una vivienda ese 30 de mayo de 2024, en el barrio Maracaná, en la periferia de Montevideo (Uruguay). El grupo delictivo dejó al menos 139 casquillos de bala en el lugar que funcionaba como una boca de venta de droga. Era la muestra de que habían cometido una masacre: cuatro personas –incluida un niño de once años– murieron en la escena. Un adolescente de 17 años fue el único sobreviviente.

Tras ese cuádruple homicidio dos personas fueron imputadas y otras tres se mantuvieron prófugas durante casi dos años. Así fue hasta esta semana, cuando –diciéndole arrepentidos– decidieron entregarse.

El Ministerio del Interior informó este miércoles la detención de José Ezequiel González Muller, de 20 años, y Andreson Axel Vidal Suárez, de 19 años, que se encontraban requeridos por su participación en el cuádruple homicidio. La cartera detalló que la Fiscalía de Homicidios de tercer turno logró la formalización de la investigación y la imputación de estos dos jóvenes como presuntos autores de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y con un delito de asociación para delinquir.

Como medida cautelar, se los envió a prisión preventiva durante 180 días.

Además, esta semana fue condenado a tres años de prisión un joven al que la Fiscalía acusa de haber ofrecido “apoyo” en la masacre, consignó El País. La pena fue de tres años de prisión.

Los homicidas se entregaron este martes, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Uno de ellos admite plenamente su participación en los hechos, pero el otro lo niega. También dice que no conoce a uno de los indagados en la causa, pero en registros oficiales quedó reflejado que lo fue a visitar a la cárcel.

La masacre fue coordinada minutos antes por WhatsApp y, luego de cometer el crimen, se escuchó a uno de ellos decir: “Ya está, lo matamos a todos”. Eso fue lo que escuchó un vecino, que luego sería un testigo de la investigación.

“Mostraron arrepentimiento. Lamentablemente en este hecho poco fortuito hubo un fallecido de once añitos. Nuestros defendidos no tenían conocimiento de la presencia de ese niño”, dijo Martín Frustaci, abogado defensor de uno de los involucrados, en una rueda de prensa este miércoles. “Mostraron profundo arrepentimiento”, agregó.

Al ser consultados sobre por qué se entregan dos años después, el defensor contestó: “No podían más con la culpa. Les estaba carcomiendo la conciencia”.

Sin querer “justificar” la masacre, Frustaci narró que a uno de sus defendidos lo habían intentado asesinar tres veces. Y detalló: “Hubo un episodio puntual –hay una denuncia previa de un vecino– en el que le tiraron 10 tiros a un auto pensando que era el auto de mi defendido”.

“Vamos a ser claros: una cosa es la escuelita de la Facultad de Derecho y otra cosa es la escuelita de la calle. Los códigos son otros y eventualmente lo que vamos a tratar de demostrarle a la fiscal es que es un hecho aberrante y repudiable socialmente, pero es la vida de uno o de otro”, agregó el abogado.

El niño de once años no estaba emparentado con las personas de la boca pero sí solía frecuentar el lugar, consignó este noticiero.

Hasta ahora son cinco las personas que han sido judicializadas, pero la Policía maneja la hipótesis de que hay más personas involucradas por la declaración de testigos y por una foto que fue tomada por los asesinos luego del cuádruple crimen. En la imagen se los ve posando con las armas de fuego que utilizaron.

El crimen se dio por una venganza vinculada a un enfrentamiento de bocas de droga en el barrio Maracaná de Montevideo.

Al respecto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó públicamente el triple asesinato ocurrido en la mañana del martes 24 de marzo, al señalar que la ciudad está de luto por lo sucedido.

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“Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad”, indicó Galán en un comunicado.

El mandatario destacó que se trató de un posible triple feminicidio y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas, amigos y la comunidad del sector. “Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”.

Además, consideró que estos hechos evidencian un desafío social urgente: “Casos como este no sólo son dolorosos: representan un fracaso como sociedad. Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”.

Hallazgos y acción policial en el barrio Atalayas

En la mañana del martes 24 de marzo de 2026, la Policía de Bogotá informó sobre el hallazgo de los cuerpos de tres mujeres en una vivienda de la localidad de Bosa.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló que la alerta se recibió tras una llamada a la línea 123 hecha por un familiar de las víctimas. El reporte llevó a la intervención inmediata de uniformados y del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes ingresaron a la residencia.

“Con profundo dolor informamos sobre un trágico hecho que ha impactado a una familia en la localidad de Bosa. La llamada de la línea 123 realizada por un familiar de las víctimas alertó a los uniformados, quienes acudieron esta mañana a una residencia ubicada en el barrio Atalayas de la localidad de Bosa”, sostuvo puntualmente.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años. El presunto agresor, pareja de la mujer y padrastro de las jóvenes, fue capturado en el lugar.

Según la información preliminar, el hombre presentaba signos de envenenamiento al intentar atentar contra su propia vida, por lo que fue remitido a un centro médico.

“La Seccional de Investigación Criminal adelanta los actos urgentes y el capturado será presentado y colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, declaró Cristancho.

Investigación judicial y acompañamiento a víctimas indirectas

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Laura Tami Leal, informó que el equipo psicosocial y jurídico de la Secretaría Distrital de la Mujer está en contacto con las víctimas indirectas.

Solicitó a la Fiscalía avanzar con celeridad y rigor en la investigación para evitar cualquier posibilidad de impunidad. Tami Leal enfatizó: “No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.

De acuerdo con la información disponible, la Policía fue alertada y actuó con rapidez, pero al llegar a la vivienda en el barrio Atalayas, el crimen ya había sido consumado. El presunto feminicida tendrá que responder ante la justicia por el asesinato de su pareja y sus dos hijastras.

En Bogotá, cualquier persona puede denunciar casos de violencia de género o intrafamiliar a través de diversos mecanismos gratuitos y de atención inmediata: (601) 380 8400, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Línea Calma 01 8000 423 614 para hombres, la línea de emergencias 123 y las Casas de Justicia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Un ataque armado registrado en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas dos hombres —que eran hermanos— y dos mujeres cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

De acuerdo con información oficial, el multihomicidio ocurrió cuando sujetos armados abrieron fuego contra las víctimas, quienes se encontraban al interior de un inmueble. El hecho ocurrió el martes alrededor de las 10 de la noche, en el cruce de las calles Insurgentes y Morelia, en la colonia Revolución.

Tras el ataque, cuerpos de seguridad se trasladaron al lugar, donde confirmaron la muerte de las cuatro personas. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las primeras diligencias.

Víctimas y primeras investigaciones

Las autoridades informaron que dos de las víctimas eran hombres que mantenían un vínculo familiar, mientras que las otras dos corresponden a mujeres que hasta el momento no han sido identificadas.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles sobre el móvil del ataque ni sobre los responsables, por lo que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Este tipo de agresiones, en las que comandos armados irrumpen en viviendas o espacios cerrados, forma parte de los patrones de violencia que se han registrado en distintas zonas de Michoacán en los últimos años.

Zamora, foco de violencia en Michoacán

El municipio de Zamora se ha mantenido como uno de los puntos con mayores índices de violencia en la entidad, con constantes reportes de ataques armados, homicidios y enfrentamientos vinculados a grupos del crimen organizado.

En semanas recientes, se han registrado otros hechos violentos en la región, lo que refleja la persistencia de la inseguridad pese a los operativos desplegados por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Especialistas en seguridad han advertido que la disputa territorial entre organizaciones criminales ha intensificado la violencia en distintas zonas del estado, incluyendo Zamora, donde estos grupos buscan controlar actividades ilícitas y rutas estratégicas.

Sin detenidos tras el ataque

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este multihomicidio, lo que refuerza la preocupación por la capacidad de los grupos armados para actuar con impunidad en la región.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán con las investigaciones para dar con los responsables, mientras que elementos de seguridad mantienen presencia en la zona como parte de los operativos de vigilancia.

El ataque se suma a la ola de violencia que afecta a Michoacán, donde hechos de alto impacto continúan registrándose de manera recurrente, generando preocupación entre la población y evidenciando los retos en materia de seguridad pública.

Zamora es un territorio en pugna entre organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Reyes.

El 17 de marzo de 1981, el norte de El Salvador se convirtió en escenario de una de las mayores tragedias de la guerra civil, cuando miles de campesinos intentaron huir del avance militar y encontraron en el Río Lempa una frontera mortal.

La masacre del Lempa, ejecutada durante la estrategia de “tierra arrasada”, dejó una herida que sigue presente en la memoria colectiva centroamericana. De acuerdo con los respectivos informes periodísticos locales e internacionales, operación militar impulsada por el ejército de El Salvador forzó el desplazamiento masivo de comunidades rurales en Chalatenango, cerca de la frontera con Honduras.

Los testimonios de sobrevivientes, citados por BBC Mundo, relatan cómo abuelos, madres con bebés y niños cruzaron las veredas, empujados por el temor y la violencia. Su único objetivo era alcanzar el refugio de Mesa Grande, en territorio hondureño.

Al llegar a las orillas del Río Lempa, los desplazados enfrentaron una disyuntiva imposible. Sin puentes ni medios para cruzar, debieron lanzarse al agua mientras observaban la otra ribera, bajo la falsa promesa de salvación. Sin embargo, la corriente del río, crecida por las lluvias y vigilada por soldados en ambas orillas, se transformó en un corredor letal.

Los sobrevivientes narran que el sonido de los helicópteros anticipó el comienzo del ataque coordinado. Las aeronaves, a las que llamaban “avispas de hierro”, abrieron fuego sobre quienes intentaban cruzar el Lempa. Al mismo tiempo, fuerzas hondureñas bloqueaban el paso en la frontera.

De acuerdo con El País, el operativo conjunto entre El Salvador y Honduras dejó a las familias atrapadas en tierra de nadie, donde la soberanía se midió en cadáveres.

El Lempa: un río convertido en cementerio y símbolo de duelo suspendido

“El río no era agua, era un grito”, relató una mujer que logró sobrevivir, en declaraciones recogidas por BBC Mundo. Las balas levantaban columnas de agua y el caudal, habitualmente verde, se tornó en oscuro y espeso.

Los cuerpos de quienes no sobrevivieron fueron arrastrados río abajo, donde la represa acumuló una hilera de tragedia. La descripción cromática del río, teñido de rojo, se repite como una constante en los relatos de las víctimas.

Las consecuencias resultaron devastadoras para cientos de familias. Muchos niños desaparecieron durante la travesía, debido al peso de la ropa empapada o los disparos. El Lempa, fuente de vida para Centroamérica, se transformó en un cementerio sin nombres. Los que lograron cruzar fueron recibidos con violencia y sospecha en la frontera hondureña, donde los soldados los consideraban posibles colaboradores de la guerrilla.

Para comunidades como Santa Cruz y Los Guardados, la fecha del 17 de marzo representa un duelo suspendido. “No pudimos enterrar a nuestros familiares”, explicó un testigo a El País.

La resistencia de la memoria: Legado de los sobrevivientes del Lempa

A lo largo de los años, los sobrevivientes han mantenido viva la memoria del ataque. Cada aniversario, procesiones silenciosas llegan a la orilla del Río Lempa. Jóvenes y ancianos lanzan flores al agua, en un acto que fusiona la religión con la resistencia política. “Recordar es evitar que se repita”.

En 2026, el paisaje del Lempa parece apacible. Pescadores lanzan sus redes y el murmullo del agua se escucha constante, mientras el pasado permanece latente en la memoria de quienes fueron marcados por la violencia. La masacre del 17 de marzo es considerada una de las violaciones a los derechos humanos más graves cometidas durante la guerra civil salvadoreña, un episodio donde la naturaleza fue testigo mudo de una persecución humana.

Gerson Cuadra Soto, conocido como “El Fantasma”, negó haber confesado ante autoridades de Estados Unidos su participación en el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y rechazó haber implicado en el crimen al también exmandatario Juan Orlando Hernández.

En su mensaje, Cuadra Soto afirmó que las versiones sobre una supuesta confesión carecen de fundamento. Ante las cámaras, sostuvo que nunca proporcionó a fuerzas federales estadounidenses declaraciones incriminatorias ni señaló a Hernández o a cualquier otra persona como responsable intelectual del asesinato.

El caso permanece bajo la observación de autoridades hondureñas y de agencias de Estados Unidos, dado que la víctima, Said Lobo Bonilla, tenía nacionalidad estadounidense, hecho que condiciona la atención internacional y explica la participación federal en la investigación, como relató el propio Lobo Sosa.

En el video difundido, Cuadra Soto se identifica: “Mi nombre es Gerson Cuadra, estoy haciendo este video desde una cárcel en los Estados Unidos. Hago este video tomando en cuenta que ya me hicieron famoso, pero no de la forma que me hubiera gustado”.

La grabación responde a afirmaciones públicas y mediáticas, especialmente después de la declaración de Porfirio Lobo Sosa, quien asegura que agentes federales estadounidenses le informaron sobre la supuesta confesión del detenido.

Cuadra Soto sostiene que no ofreció ninguna declaración a las autoridades estadounidenses donde admitiera el crimen o implicara a terceros. Dijo de manera tajante: “Nunca confesé el asesinato de Said Lobo ni mencioné al expresidente Juan Orlando Hernández como responsable”.

La implicación de Hernández como autor intelectual también fue rechazada directamente en su mensaje grabado: “En ningún momento he declarado ni he mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que me ha pagado por hacer tal hecho. Todo eso es mentira”.

El hombre, señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante de MS-13, negó haber colaborado con el Federal Bureau of Investigation (FBI). Sobre esto, replicó: “Con seguridad digo que eso es una gran y total mentira”, negando la colaboración señalada por ex mandatario.

De acuerdo con su testimonio, Soto indica que solo mantuvo contacto con agentes del FBI al momento de su captura, cuando le comunicaron los cargos y le leyeron sus derechos. Explicó en el video: “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue cuando me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me detienen”. Posteriormente, fue entregado al United States Marshals Service y, más tarde, a la prisión federal donde permanece recluido.

Sobre la hipótesis de que funcionarios estadounidenses viajen a Honduras para dar información inexacta, Cuadra Soto expresó su escepticismo: “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, viajen a Honduras a decir mentiras de esa magnitud”. Explicó que decidió grabar el video porque: “Lo que me queda es Dios y mi familia, y eso me basta porque es lo más importante al final”. Esta declaración busca distanciarlo de las acusaciones difundidas tanto en medios hondureños como en las declaraciones públicas de los exmandatarios.

Cuadra Soto se mostró sorprendido por haber terminado involucrado en el enfrentamiento entre Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En cámara, manifestó: “No sé en qué momento terminé en medio de la guerra de estos dos grandes personajes. ¿Quién soy yo para que me mencionen?”. Su intervención se suma al clima de tensión política y mediática, alimentado por el asesinato que sacudió a Honduras en 2022 y que sigue generando debate nacional.

El exmandatario Lobo Sosa señaló que recibió la visita de agentes federales estadounidenses, quienes, según su versión, le comunicaron la captura de Cuadra Soto y una supuesta confesión en la que se atribuía la autoría intelectual del crimen a Juan Orlando Hernández. Agregó: “Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”.

En palabras de Porfirio Lobo Sosa: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos”, aludiendo así al papel de las agencias estadounidenses en el esclarecimiento del asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía hondureña, encabezada por Johel Zelaya, mantiene abierta la investigación con colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Las autoridades atribuyen los hechos a un grupo armado que habría cruzado desde Puerto Berrío, Antioquia, exclusivamente para cometer los crímenes, según las primeras versiones.

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Los ataques ocurrieron en dos veredas ubicadas a unos 30 minutos del corregimiento de Puerto Araujo. El primer hecho se registró a las 11:30 p. m., en la vereda San Juan de la Carrilera, donde hombres armados abrieron fuego y asesinaron a dos hombres y una mujer.

Posteriormente, a la 1:30 a. m., en la vereda Traviata, otra mujer fue atacada con arma de fuego y falleció en el lugar.

Disputa criminal y recompensa ofrecida

La Policía indicó que existiría una disputa por el tráfico local de estupefacientes entre el grupo “GSO de los de Olaya” y organizaciones de delincuencia común de Puerto Berrío.

Además, el coronel Arévalo señaló que alias Machacado, cabecilla de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo, estaría impulsando este tipo de crímenes. Las autoridades adelantan procesos investigativos para llevar a los responsables ante la justicia.

Por estos hechos, la Gobernación de Santander mantiene un ofrecimiento de hasta $50 millones por información sobre estructuras de grupos armados organizados y hasta $30 millones por datos sobre delincuencia común organizada.

El secretario Hernández expresó que tanto la administración municipal como la departamental rechazan estas acciones delictivas, que afectan la tranquilidad en el territorio. Señaló que trabajan para garantizar los mecanismos de seguridad y brindar las garantías necesarias.

Hipótesis de los hechos y versiones de las autoridades

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Hernández afirmó: “Ante la información entregada por el comando de la Policía de Santander, se confirman tres personas asesinadas (después se confirmó una persona muerta). A la zona se desplaza un equipo especializado de la Policía para el cotejo de pruebas”.

La Policía del departamento investiga si las víctimas tenían relación con el grupo delincuencial conocido como Los Roman, presente en el Magdalena Medio santandereano. También se analiza si el crimen estaría relacionado con la disputa entre estructuras criminales de la región.

En palabras del comandante de la Policía de Santander, coronel Néstor Arévalo, “los responsables son de una banda criminal de Antioquia”. Además, detalló que la Policía, al conocer los hechos, movilizó sus capacidades instaladas desde el municipio de Cimitarra hasta San Juan de la Carrilera, a unas dos horas del casco urbano. Allí, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación realizó las inspecciones técnicas en los lugares de los hechos y a los cadáveres.

Entre las víctimas estarían los presuntos asesinos de una profesora en Puerto Berrío, Antioquia

Versiones extraoficiales, citadas por El Radar, indican que entre las víctimas figura una mujer identificada como alias La Pioja, que estaba embarazada y había sido capturada a finales de enero junto a un hombre apodado “Búcaro”, ambos presuntos integrantes del grupo Los de Olaya. “La Pioja” había recuperado su libertad poco antes del ataque.

Asimismo, se conoció que dos de las víctimas de la masacre serían los sospechosos del reciente asesinato de la docente jubilada Luz Stella Restrepo Londoño en Puerto Berrío (Antioquia).

El crimen de la profesora ocurrió el 13 de marzo de 2026, cuando fue atacada con arma blanca en la calle 13 de Puerto Berrío. Las autoridades descartaron el robo como móvil, ya que no le fueron hurtadas sus pertenencias. El gremio de educadores y el alcalde Robinson Baena condenaron el hecho y exigieron justicia.

Según informes de la Policía Nacional, el ataque se produjo en la aldea El Espino, un corredor montañoso zona que ha sido identificada como ruta habitual para esquivar los operativos policiales, donde en días recientes se han intensificado los patrullajes tras otros episodios violentos.

El hallazgo de los cuerpos motivó la intervención inmediata de los equipos de investigación y de Medicina Forense, quienes acordonaron la escena para recolectar pruebas.

Los agentes encontraron a cinco hombres, jóvenes en su mayoría, con múltiples impactos de bala; algunos presentaban mutilaciones y portaban chalecos antibalas.

Además, entre las pertenencias de los fallecidos se localizaron camisetas con la inscripción “Cartel del Diablo C.D.D.” y gráficos de paquetes de droga y armas doradas. Este elemento, señalado por los investigadores, fortalece la hipótesis de que las víctimas mantenían vínculos directos con actividades ilícitas en la región, como el microtráfico de drogas y la extorsión.

La violencia en Sulaco no constituye un caso aislado. La masacre de El Espino representa el segundo crimen múltiple en el municipio en menos de siete días

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe relación entre ambos escenarios violentos, aunque la proximidad temporal y el contexto delictivo abren interrogantes sobre una posible escalada de enfrentamientos entre bandas.

En el sitio del ataque, la presencia de armas de grueso calibre y la indumentaria hallada en los cuerpos fueron consignadas como señales claras de que el grupo asesinado operaba bajo la estructura del denominado Cartel del Diablo, liderado por “El Esteban”, de acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional.

Tras recibir los reportes de la balacera, los agentes desarrollaron un dispositivo de seguridad en las comunidades aledañas y reforzaron los controles en los accesos a las zonas montañosas, con el objetivo de ubicar a los posibles responsables y evitar un nuevo aumento de la violencia. Al finalizar la jornada, las autoridades no habían informado capturas relacionadas con el caso.

El subcomisionado Eduardo Rivera, de la Policía Nacional de Honduras, afirmó que se han establecido varias líneas de investigación. Explicó que las primeras indagaciones apuntan a dos escenarios principales, que el múltiple homicidio haya sido una venganza entre estructuras criminales, o bien el resultado de un enfrentamiento motivado por la disputa del control sobre actividades ilícitas, en especial la extorsión y el microtráfico en el corredor nororiente de Honduras.

Según el subcomisionado: “Ellos se dedican al microtráfico y se dedican a la extorsión, pues tienen múltiples enemigos; entonces el día de hoy tuvieron un enfrentamiento entre bandas y a estas cinco personas les quitaron la vida”, declaró en el informe policial.

También detalló que la emboscada ocurrió en una ruta frecuentada por estos grupos para evadir la presencia policial, y agregó que los agresores conocían los movimientos de sus víctimas, lo que permitió realizar un ataque sorpresivo de alto grado de violencia.

En las horas posteriores al ataque, los forenses identificaron a dos de los fallecidos: César Mauricio Banegas García y Luis Omar Aquino, ambos jóvenes presuntamente vinculados al Cartel del Diablo. Las autoridades siguen el proceso para identificar los otros tres cuerpos mediante reconocimiento familiar y análisis pericial, mientras los operativos policiales continúan activos en la zona.

La recurrencia de hechos como este mantiene la preocupación de la población en niveles elevados. Líderes comunitarios solicitan a las autoridades el aumento de estrategias de seguridad para contener la violencia y reducir el riesgo de que los enfrentamientos entre grupos criminales generen nuevas víctimas en Sulaco y los alrededores

La inclusión del nombre de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en recientes declaraciones vinculadas al asesinato del hijo del también exmandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa podría abrir un nuevo frente judicial para el exfuncionario en Estados Unidos, donde ya enfrenta cargos federales por narcotráfico. Según la investigadora jurídica Carolina Meléndez, la gravedad del escenario aumentaría si se confirma que la víctima contaba con ciudadanía estadounidense. De ser así, la jurisdicción federal permitiría aplicar penas como cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El sistema judicial estadounidense considera la conspiración criminal clave para responsabilizar a cualquiera que planifique, autorice u obstaculice investigaciones relativas a delitos graves.

La especialista destacó que, de avanzar el caso y si los fiscales federales imputan cargos formales por asesinato o conspiración, el proceso judicial de Hernández podría complicarse aún más respecto a sus causas actuales. Meléndez remarcó que: “Cuando se trata del asesinato de un ciudadano estadounidense, la jurisdicción federal permite aplicar penas extremadamente severas”. Este recurso ha formado parte en procesos de alto perfil donde los fiscales federales recurren a la figura de conspiración para imputar a líderes de organizaciones criminales, igualando su grado de responsabilidad al de los autores materiales.

De acuerdo con el derecho federal de Estados Unidos, cuando dos o más personas acuerdan cometer un delito grave y ejecutan actos en pos de ese acuerdo, todos pueden ser imputados por conspiración, independientemente de quién haya realizado el acto. Esta herramienta legal ha sido usada en múltiples investigaciones judiciales como explica Meléndez, permitiendo ampliar la persecución penal a quienes planifican, encubren u ordenan delitos graves.

La experta ilustró la aplicación de esta figura indicando que, en muchos procesos judiciales, los fiscales presentan pruebas y testimonios sobre la conspiración. Esto ha hecho posible llevar a juicio a presuntos líderes del crimen organizado aun sin comprobar su autoría material directa.

En caso de comprobarse que la víctima tenía ciudadanía estadounidense o vínculos que habiliten la intervención federal, Hernández quedaría expuesto a cadena perpetua o pena de muerte, sanciones previstas en la justicia federal para delitos de máxima gravedad.

Aunque las acusaciones por asesinato o conspiración pueden conllevar sentencias gravísimas, el sistema estadounidense sostiene la presunción de inocencia. Meléndez indicó: “Toda persona es considerada inocente hasta que un jurado determine su culpabilidad más allá de toda duda razonable”. El proceso contempla presentación de pruebas, declaraciones testimoniales, contrainterrogatorios y audiencias ante un jurado, responsable de dictar el veredicto.

Las acusaciones que involucran a Hernández se atribuyen a supuestas versiones de Gerson Amir Cuadra Soto. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado formalmente nuevos cargos por asesinato, pero las declaraciones están bajo escrutinio y, de considerarse creíbles, podrían derivar en nuevas investigaciones.

El historial legal del expresidente Hernández está marcado por el proceso vigente en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico. De acuerdo a Meléndez, la fiscalía federal ha documentado testimonios de distintos testigos para trazar nexos entre Hernández y grupos criminales activos en la región. Si surgen nuevas acusaciones por asesinato, aumentará el alcance de los procedimientos penales en curso, siempre sujeto a la existencia de pruebas suficientes.

Estas investigaciones federales suelen ser extensas, pudiendo durar meses o años, incluyen el análisis de comunicaciones, revisión de documentos financieros, testimonios de colaboradores y peritajes en distintos países. Meléndez argumentó que la fiscalía federal actúa con especial prudencia antes de presentar acusaciones adicionales, sobre todo en causas complejas y con alto perfil político, donde el sustento probatorio es decisivo para avanzar ante los tribunales.

El 23 de enero de 2026, las autoridades informaron que tres integrantes de una familia fueron asesinados en el barrio Resurgir de Lérida, Tolima. Hombres armados ingresaron a la vivienda y dispararon directamente contra los ocupantes, identificados como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo Adrián Felipe Acosta, de 19 años. Las víctimas no tenían antecedentes judiciales.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al llegar, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía encontraron los cuerpos y acordonaron la zona.

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En ese momento, las autoridades mencionaron que las primeras hipótesis apuntaban a un posible ajuste de cuentas bajo la modalidad de sicariato; también informaron que se desplegaron equipos especializados para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

“Se registró un lamentable hecho de violencia donde tres ciudadanos fueron heridos con arma de fuego, entre ellos una mujer y dos hombres, quienes fallecieron posteriormente debido a la gravedad de las heridas”, declaró en ese momento el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía de Tolima.

Dos meses después cayeron los presuntos responsables

El 12 de marzo de 2026, las autoridades informaron la captura de cuatro personas (tres hombres y una mujer), que serían los responsables de la masacre en Resurgir de Lérida. Se trataría de disputas territoriales entre grupos delincuenciales por temas de microtráfico, y las víctimas serían parte de una de las bandas que tienen presencia en la zona.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de los operativos en los que se registró la detención de las personas que serán imputadas el 13 de marzo. Una fuente ciudadana fue la que alertó a la policía sobre la ubicación de la vivienda en la que se escondía uno de los detenidos.

En una de las viviendas mencionadas se registró la detención de un individuo; posterior a ello, dos más fueron capturados en zonas públicas del departamento de Tolima, mientras que el cuarto involucrado se encontraba escondido en el municipio de Puerto Rico, en el Meta. Entre los detenidos está: “Yeison” de 34 años, “Víctor” de 22, “Sebas” o “El Negro” y el “Maryi” de 20 años.

En el informe se menciona que la masacre fue producto de una “vendetta interna” tras una traición familiar, en la que el sobrino de una de las víctimas actuó como informante de un sujeto mencionado como “La Firma”, que tenía disputas previas con el control territorial de la zona con uno de los asesinados.

“El ataque fue ejecutado por un comando armado vestido de negro que, tras impactar a las víctimas con armas cortas (revólveres y pistolas), empleó rutas de escape por zonas rurales de difícil acceso, como la arrocera y los caños del sector Resurgir, para evadir el cerco policial”, es parte del informe al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Antes de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía alertó que los integrantes de la banda delincuencial que ordenó la masacre gozarían de impunidad por cercanías con redes de corrupción al interior de la fuerza pública, mencionando a un teniente al que mencionan como “El Costeño”, que presuntamente colaboraría con la organización criminal.

En otros detalles sobre el accionar de la estructura criminal, el informe indica que tras la masacre, han comenzado a cambiar su comportamiento para comenzar a generar “terror digital” en la región a través de perfiles falsos para revictimizar a los sobrevivientes que no estaban en la vivienda cuando se registró el asesinato múltiple.

La defensa de los capturados será asumida por los abogados Juan José Roldán y Rogelio Roldán, de la firma Legalpro.

Una nueva masacre sacudió la madrugada de este jueves al departamento de Yoro, en Honduras, cuando cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos en la aislada aldea La Fragua, dentro de la jurisdicción del municipio de El Progreso.

Desde primeras horas del día, autoridades policiales y forenses se desplazaron a la zona luego de que residentes informaran un intenso tiroteo, cuya duración, de acuerdo con testigos, se extendió entre 30 y 40 minutos. Estudios balísticos iniciales permitieron localizar 150 casquillos de armas de fuego en la escena, lo que dimensiona la. magnitud del ataque, según la información de la Policía Nacional de Honduras

El hecho, que ocurrió en un sector conocido por su difícil acceso y reiteradas disputas criminales, eleva a cuatro el número de homicidios múltiples registrados en el país durante 2026 y agrega 14 víctimas al total anual de este tipo de crímenes, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El OV-UNAH cifra en más de 400 muertes violentas en lo que va de 2026, con un promedio de seis homicidios diarios, una tasa semejante a la de 2025. Entre las víctimas, se contabilizan 42 mujeres, dato que mantiene la preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre patrones diferenciados de ensañamiento en los crímenes contra mujeres.

La directora del observatorio, Migdonia Ayestas, explicó que, aunque el número de víctimas es inferior al registrado en el mismo período de 2025, “el impacto de la violencia sigue siendo significativo” para la sociedad hondureña.

Agregó que la criminalidad se sostiene por factores estructurales como desempelo, pobreza, desintegración familiar y proliferación de armas de fuego. Solicitó políticas integrales que combinen prevención, control y estrategias de reinserción. Para Ayestas, “la seguridad debe tratarse como una política de Estado que involucre a múltiples instituciones y sectores de la sociedad”.

El enfrentamiento comenzó durante la noche, cuando una serie de disparos fueron escuchados. Al llegar las fuerzas de seguridad, los equipos encontraron los cuerpos de cuatro jóvenes acribillados. Las identidades permanecen bajo confirmación, ya que los procedimientos de reconocimiento se desarrollaban en la morgue de San Pedro Sula, detalló la Policía Nacional de Honduras.

Las primeras investigaciones apuntan a que tres de las víctimas pertenecerían a la Mara Salvatrucha y la cuarta tendría vínculo con la banda La Kleibona. Aunque el enfrentamiento puede estar relacionado con disputas por territorio entre organizaciones delictivas, hasta el cierre de este informe las autoridades no han confirmado ese extremo ni descartado la posible participación de otros actores en el tiroteo.

La zona permanece acordonada para preservar elementos probatorios, mientras expertos en balística trabajan para identificar el calibre y cantidad de armas usadas. El análisis de la trayectoria de los proyectiles busca reconstruir la dinámica del conflicto armado.

Entre los episodios recientes sobre homicidios multiples en Honduras, figura el del 9 de marzo en la aldea Copantio, municipio de San Andrés, departamento de Lempira. Allí, tres hermanos, Juan Manuel López, Daniel López Vásquez y José Nahún López Vásquez,pame fueron asesinados, generando conmoción en la localidad. La principal hipótesis de la Policía Nacional de Honduras relaciona el hecho con enemistades personales entre las víctimas y los autores.

En ambos incidentes, los cuerpos fueron remitidos a la morgue de San Pedro Sula para autopsia y posterior entrega a familiares, procedimiento habitual en este tipo de crímenes en Honduras.

La frecuencia y gravedad de estos episodios exponen la limitada capacidad estatal para controlar grandes zonas del país. Migdonia Ayestas advirtió que la criminalidad persiste por causas estructurales y señaló “características distintas, muchas veces con mayor ensañamiento en comparación con los casos que afectan a los hombres”, en las agresiones hacia mujeres.

La investigación por el asesinato de Saíd Lobo Bonilla y otros tres jóvenes hondureños podría ingresar en una etapa decisiva luego de que el Fiscal General de la República Johel Antonio Zelaya ordenara el envío de una comisión especial de fiscales a Estados Unidos para acceder directamente a las declaraciones de un presunto implicado capturado, dato confirmado por el Ministerio público.

El crimen, que ocurrió en circunstancias de gran impacto mediático y social, podría esclarecerse si el testimonio del detenido permite identificar a los autores materiales e intelectuales aún no procesados.

Según el comunicado oficial difundido, Gerson Cuadra Soto, conocido también como “Fantasma”, habría ofrecido información a agentes del FBI sobre su participación directa en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera. El sospechoso también habría detallado la planificación del ataque y señalado a posibles responsables intelectuales.

La comisión especial designada tiene la tarea de mantener reuniones con funcionarios judiciales y de investigación estadounidenses. El objetivo central es recoger documentación y testimonios oficiales sobre las declaraciones de Cuadra Soto. Así, las autoridades hondureñas buscan verificar la veracidad de los datos provistos y determinar si estos aportan nuevos elementos para profundizar la investigación sobre el caso y dilucidar el móvil, así como identificar a otros posibles implicados.

El Fiscal General Zelaya indicó que la cooperación judicial internacional es esencial en delitos graves con posibles ramificaciones transnacionales, especialmente cuando involucran a detenidos fuera de Honduras.

Mientras la investigación avanza en el ámbito internacional, en Tegucigalpa el expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó este miércoles en las instalaciones del Ministerio Público para reunirse con el titular del ente acusador. El motivo de la visita fue informarse del estado de las pesquisas vinculadas con la muerte de su hijo Saíd Lobo Bonilla y los otros tres jóvenes.

Durante la comparecencia, el ex mandatario anunció la presentación de una denuncia para que se investigue la posible implicación del expresidente Juan Orlando Hernández en el crimen. En su declaración a los medios, afirmó: “La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio. Yo no puedo dar fe de nada, por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar”.

Lobo Sosa puntualizó que la denuncia responde a datos que ha recibido en torno al caso y solicitó que sean las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer si existe alguna relación directa entre los hechos y los señalados.

Agregó además que su hijo Fabio Lobo, residente en Estados Unidos, le comunicó haber recibido amenazas relacionadas con un eventual testimonio en un proceso judicial: “Fabio Lobo dijo que lo habían amenazado, que si iba a testificar en el juicio de Juan Orlando le iban a matar a alguien de la familia”. El expresidente insistió en la necesidad de que se verifiquen exhaustivamente estas versiones y se determine la verdad judicial detrás del crimen.

En la fase actual, el caso ya cuenta con sentencias firmes para cuatro personas, Ever Ezequiel Espinoza Martínez y Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez fueron condenados a 96 años de prisión cada uno. Por su parte, Erick David Macías Rodríguez recibió 12 años de cárcel y Norma Alicia García fue sentenciada a 12 años y ocho meses por su participación en los hechos.

Saíd Lobo Bonilla poseía ciudadanía estadounidense, circunstancia que, según su padre, abre la posibilidad de intervención de autoridades de Estados Unidos si la investigación determina que existen elementos para ello. Lobo Sosa recordó que “si sufre una agresión, donde quiera que esté el que lo hizo va a tener su castigo”, en referencia a la capacidad de la justicia estadounidense para actuar cuando sus ciudadanos son víctimas.

La tragedia golpeó nuevamente al departamento de Lempira con el asesinato a balazos de tres hermanos en la comunidad de Compantillo, en el municipio de San Andrés, la noche del domingo 8 de marzo.

El caso está bajo investigación y vuelve a poner en primer plano los persistentes desafíos de seguridad en las comunidades rurales de Honduras, donde la violencia persiste como una fuente de temor e incertidumbre.

Los cuerpos de José Daniel López Vásquez, José Anahun López Vásquez y Juan Manuel López Vásquez fueron hallados en diferentes puntos de un campo de fútbol donde, según relato de la Policía Nacional, los hermanos se dirigían hacia un local de venta de bebidas alcohólicas. En ese trayecto fueron emboscados por varios sujetos armados que los interceptaron a tiros. Así lo explicó el subcomisario Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad: “El ataque ocurrió de manera repentina durante el trayecto”.

Tras el asalto, el lugar quedó sumido en alarma y zozobra. Residentes escucharon varias detonaciones y alertaron a las autoridades. Los agentes policiales acudieron rápidamente para acordonar la escena e impedir alteraciones de pruebas.

Equipos de Medicina Forense levantaron los cadáveres y posteriormente los trasladaron a la morgue en Santa Rosa de Copán, donde se practicarán autopsias que permitan determinar con precisión las causas de muerte.

Reportes preliminares indican que los cuerpos estaban en puntos distintos, lo que sostiene la hipótesis de que intentaron huir del ataque o fueron alcanzados por separado durante la agresión. La escena se mantuvo preservada por varias horas mientras se recolectaban indicios y declaraciones de testigos.

A pesar de los operativos desplegados en la zona, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el crimen. La Policía Nacional mantiene abiertas diversas hipótesis, recaba testimonios, revisa evidencias y examina posibles móviles. Una de las primeras líneas de investigación es la posibilidad de conflictos personales, aunque no ha sido confirmada y dependerá de los avances de la investigación.

Un aspecto clave de la pesquisa corresponde a los antecedentes de las víctimas: en información preliminar, se detalla que los tres hermanos estuvieron recluidos en centros penales del país señalados por homicidio. Las autoridades consideran si estos antecedentes pueden vincularse con el triple asesinato, aunque hasta el momento no lo han establecido. El entorno social y el historial judicial de los fallecidos forman parte de las variables que los investigadores analizan para esclarecer el motivo del ataque

El impacto social ha sido palpable en Compantillo, una comunidad rural poco habituada a hechos de este tipo. Testigos señalaron que, tras los disparos, el pánico llevó a los vecinos a refugiarse en sus casas. La presencia policial se prolongó durante horas, reforzando el clima de intranquilidad entre los residentes.

La violencia en zonas rurales

Hechos como el registrado en San Andrés evidencian las dificultades que enfrenta Honduras para contener la violencia tanto en núcleos urbanos como en áreas apartadas. El triple asesinato subraya la vulnerabilidad existente en regiones rurales, a pesar de que algunas estadísticas oficiales reflejan una reducción en ciertos índices delictivos.

Por el momento, la Policía Nacional sigue recopilando pruebas, analizando antecedentes y obteniendo declaraciones, con la expectativa de obtener avances en los próximos días. La familia de los tres hermanos espera que el proceso investigativo permita el esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables.

Una masacre perpetrada en plena jornada electoral dejó un saldo de tres personas muertas en la zona rural de Ataco, al sur del Tolima, un hecho que demuestra los riesgos de violencia armada en la región, convirtiéndose en la masacre número 25 registrada en Colombia en lo que va de 2026, según cifras reveladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos coincidieron con el cierre de las elecciones legislativas, aunque las autoridades aún no han confirmado una relación directa entre el ataque y la contienda electoral. Sin embargo, la comunidad exige respuestas ante la persistente ola de violencia.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el suceso ocurrió en la tarde del domingo 8 de marzo, cerca de las 5:30 p. m., cuando dos hombres y una mujer transitaban por la vereda Mesa de Pole en un vehículo particular de color gris, marca Peugeot y placa PDK 907.

Testigos y primeras investigaciones señalan que fueron interceptados por sujetos armados en una vía terciaria que conecta el casco urbano de Ataco con el corregimiento Santiago Pérez.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones sin que las víctimas tuvieran oportunidad de escapar del automóvil. Dos de ellas fueron halladas dentro del vehículo, y la tercera, una mujer de 26 años, permanecía afuera.

Ante la gravedad del caso se pronunció el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, que detalló a Caracol Radio lo siguiente: “Se están haciendo las coordinaciones para que la fuerza pública pueda realizar la investigación correspondiente”.

Por el momento, las identidades de las víctimas permanecen sin confirmar y los móviles del crimen se encuentran bajo análisis de las autoridades, que están verificando la información sobre el origen de las personas asesinadas, pues se habla de que no son residentes de la localidad.

La Policía del Tolima dispuso un equipo de Policía Judicial para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables. La información preliminar apunta a un acto de sicariato ejecutado de manera premeditada. Este ataque es el segundo ocurrido en el departamento en lo que va de 2026, pues en enero tres miembros de una familia fueron asesinados dentro de su propia vivienda en Lérida.

Alertas institucionales en el sur del Tolima

El municipio de Ataco aparece en reiteradas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, motivadas por riesgos de violaciones a los derechos humanos asociados a la presencia de actores armados ilegales en el sur del Tolima.

Y es que, según Indepaz, en la región ejercen influencia organizaciones como el Frente Ismael Ruiz del Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), el Clan del Golfo y bandas criminales.

Durante las elecciones legislativas de 2026, la Defensoría advirtió sobre peligros y vulnerabilidad en departamentos como Tolima, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca, donde se reporta debilitamiento en la gobernabilidad local y desplazamiento institucional.

En Ataco, la presencia de 120 soldados intentó garantizar el normal desarrollo de la jornada, aunque la tragedia del triple homicidio ocurrió al final del día y opacó una votación que transcurrió sin actos violentos reportados durante la tarde, señaló el alcalde local.

Además, la Defensoría del Pueblo advirtió que “El contexto de consolidación proporcionado por el EMC (Estado Mayor Central de las disidencias) en los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco” incrementa la preocupación por la persistencia del conflicto en el sur del Tolima.

Las investigaciones oficiales continúan mientras la comunidad exige presencia de las autoridades y respuestas efectivas, pues hasta el momento no hay pistas sobre los responsables de esta masacre que se produjo a menos de dos meses de la matanza en Lérida, Tolima.

Cinco hombres fueron asesinados entre el viernes 6 y el sábado 7 de marzo de 2026 en la zona rural del municipio de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, durante enfrentamientos armados entre presuntos miembros de grupos ilegales.

Las autoridades hallaron los cuerpos en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, con heridas causadas por armas de fuego de largo alcance en la cabeza, el tórax y las extremidades.

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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue municipal y posteriormente a Medicina Legal en Medellín para realizar las labores forenses y establecer sus identidades.

Según el reporte de la Policía Antioquia, el hallazgo se habría registrado tras una serie de disputas en la vereda Corinto, situada a dos horas y media del casco urbano.

Se presume que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo. Las primeras versiones apuntan a que la masacre estaría vinculada con confrontaciones internas dentro de esta organización, aunque se investiga la posible participación de grupos guerrilleros como las disidencias de las Farc, que también operan en la zona.

Luis Fernando Quijano, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), afirmó que el episodio refleja una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados, en “una escalada de violencia por presuntas disputas territoriales entre grupos armados”. El hecho se suma a otros episodios violentos recientes en la región.

Con la masacre registrada en Vegachí, ya suman siete masacres en Antioquia en lo que va de 2026, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Otra de las más recientes se registró también en Vegachí, además de Segovia, Titiribí, Remedios, Abejorral y Amalfi, con entre tres y cuatro víctimas en cada caso. En el mismo periodo de 2025, se habían reportado dos masacres en el departamento.

La primera masacre del año en el departamento ocurrió en Vegachí

Las autoridades de Antioquia confirmaron el 6 de enero el asesinato de cinco personas en zona limítrofe entre Amalfi y Vegachí. Según las investigaciones, tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y estaban vinculadas a actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos a los chiveros de Amalfi.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que los asesinados trabajaban para un delincuente dedicado al robo de automotores y que, en medio de sus acciones, hurtaron una chiva conducida por un hombre conocido como “Gallo”.

Durante el atraco, un pasajero identificó a los atacantes, circunstancia que habría desencadenado el múltiple homicidio. La misma fuente advirtió que el número total de víctimas podría ascender a siete, aunque solo se encontraron cinco cuerpos.

Las víctimas habrían estado vinculadas en años anteriores con una facción del Clan del Golfo dedicada a la extorsión a la minería local. Las primeras indagaciones apuntan a que los responsables del crimen serían sus excompañeros, ahora bajo el mando de Heber Arnubi Jaramillo, alias Gordo tarazeño, quien asumió el liderazgo tras la muerte de alias El Enano.

Testimonios indicaron que la hermana de Jaramillo sería la encargada de recolectar el dinero de las extorsiones en Amalfi, mientras que tres de las víctimas facilitaron en el pasado escondite a Jaramillo para evadir a las autoridades. El comando habría dado instrucciones de dispersar los cuerpos en diferentes puntos para evitar que el caso fuera catalogado como masacre y reducir la presión investigativa.

Operativo del Ejército en Vegachí dejó cinco capturados

La Policía Nacional realizó un operativo de control en la vía Vegachí–Remedios, que dejó cinco capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

El procedimiento se realizó el 5 de marzo de 2026, alrededor de las 5:00 a. m., cuando se detuvo una camioneta Chevrolet Colorado que cubría la ruta Vegachí–Segovia.

En el vehículo se hallaron seis armas de fuego, 231 cartuchos de diferentes calibres, cinco cargadores, ocho equipos móviles de comunicación y la propia camioneta.

Entre los capturados figuran tres exintegrantes del Ejército Nacional, uno de ellos activo como soldado profesional. Los detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Yolombó para continuar con la investigación.

Las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles en los corredores viales para prevenir nuevos hechos violentos y reforzar la seguridad en la región.

Las autoridades informaron que sujetos armados a bordo de una motocicleta irrumpieron en el parque del sector y dispararon en repetidas ocasiones contra tres personas que se encontraban allí. El hecho se presentó sobre las 10:30 p. m.

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Los tres hombres fueron asesinados en el lugar del ataque, sin posibilidad de recibir atención médica. Ninguno alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial.

Uniformados de la Policía y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al sitio. El área fue acordonada para realizar los procedimientos de inspección técnica y levantamiento de los cuerpos. El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, subcomandante del Departamento de Policía del Valle, confirmó a El Espectador que personal de la Sijín recolectó pruebas y testimonios en la escena.

Las primeras pesquisas de las autoridades permitieron establecer que al menos una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por homicidio, además de otros comportamientos contrarios a la ley. Este dato abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles móviles relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, la Policía no ha logrado identificar ni capturar a los responsables materiales de la masacre. El proceso investigativo se apoya en los testimonios recogidos y en los registros de las cámaras de seguridad cercanas al parque, elementos que podrían resultar claves para esclarecer el hecho.

El mismo día de la masacre, la Policía logró la captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias Cakín, señalado cabecilla de la organización criminal “Los Flacos”. Este grupo mantiene una disputa abierta con la banda “La Nueva Generación” por el control de corredores estratégicos en el norte del Valle y el Eje Cafetero.

La captura de alias Cakín se produjo durante la operación Cronos, desarrollada en un condominio de lujo en el corregimiento de Cerritos, Pereira. En el operativo participaron diversas unidades especializadas de la Policía, incluyendo el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, la Dirección de Inteligencia Policial y el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas.

El coronel Astaiza recalcó que la masacre ocurrió pocas horas después de la detención de Cakín, lo que ha despertado hipótesis sobre una posible reacción de las bandas rivales o un intento de reorganización interna tras la caída del líder criminal. Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa y mantienen la vigilancia sobre posibles retaliaciones.

Organizaciones delictivas como Los Flacos y La Nueva Generación se disputan el control de rutas y actividades ilícitas en la región, alimentando una ola de violencia que afecta a comunidades enteras. La presión de las autoridades ha forzado a estos grupos a buscar nuevas estrategias y a responder con acciones violentas, como la registrada en Cartago.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había ordenado días antes intensificar los operativos para debilitar la estructura de bandas criminales en el Valle del Cauca. La captura de alias Cakín representaba un golpe significativo contra Los Flacos, pero el triple homicidio evidenció que la lucha por el territorio continúa y que la respuesta de los grupos ilegales puede ser inmediata y letal.

En el transcurso de los próximos días, se espera que la Policía y la Fiscalía presenten nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones y, eventualmente, identifiquen a los autores materiales de la masacre para emitir órdenes de captura. La sociedad cartagüeña permanece alerta, mientras la Fuerza Pública promete no cesar en sus esfuerzos para devolver la tranquilidad a la zona.

Familiares de víctimas de violencia urbana en Barranquilla expresaron su inconformidad ante la audiencia celebrada este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado, donde se verbalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor.

El pacto permitiría al cabecilla de Los Costeños obtener una reducción de pena tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de uso privativo, amenazas contra servidor público, hurto calificado y agravado, entre otros delitos.

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De acuerdo con documentos del despacho judicial citados por El Heraldo, los familiares de al menos 133 víctimas, entre fallecidos y lesionados en ataques atribuidos a Castor y su organización, fueron convocados a la diligencia.

Entre los citados figuran allegados de quienes murieron o resultaron heridos en las cuatro masacres perpetradas en San José, Las Flores, El Santuario y Villa Campestre, hechos violentos registrados entre mayo de 2022 y junio de 2023.

El proceso buscaría que los familiares escuchen de primera mano los términos del preacuerdo y puedan pronunciarse antes de que el juez decida si lo avala.

Las víctimas han expresado dudas sobre la proporcionalidad de la pena que recibiría Díaz Collazos y su preocupación por la posibilidad de que la negociación judicial sustituya un proceso político inconcluso.

Familias cuestionan preacuerdo de la Fiscalía

El Tiempo recogió el testimonio de la madre de uno de los occisos, quien afirmó: “Ya nos han dicho muchas veces, que esto es un proceso de paz, de perdón, pero mi hijo no vale ninguna de esas palabras, ninguno de esos perdones. Siempre que me han puesto a votar, he dicho que no. Siempre que me pregunten, estaré en contra”.

La audiencia se produce luego de antecedentes de intentos de acercamiento entre el procesado y los familiares.

Una fuente citada por el medio anteriormente mencionado relató que en septiembre de 2025, Díaz Collazos pidió perdón entre lágrimas y expresó su arrepentimiento. Sin embargo, persiste el temor a represalias y coacciones, por lo que algunos familiares han solicitado reserva de identidad.

Si el juez rechaza el preacuerdo, el caso continuará por la vía ordinaria, con la práctica de pruebas y la posibilidad de un juicio completo. De aprobarse, Díaz Collazos accedería a beneficios punitivos por aceptar los cargos imputados.

La situación se da en un contexto de incertidumbre tras el intento fallido de “paz urbana” entre los Costeños y los Pepes, promovido por el Gobierno en 2025. El 2 de octubre de ese año, alias Castor y Digno Palomino, jefe de los Pepes, sellaron en la cárcel La Picota un acuerdo de cese de actividades criminales hasta el 20 de enero de 2026.

Días después, el Ejecutivo expidió la Resolución 442, autorizando acercamientos exploratorios y delegando funcionarios para verificar la voluntad real de paz. No obstante, la mesa formal de diálogo no se instaló y el repunte de la violencia posterior al vencimiento del plazo evidenció el fracaso del mecanismo.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que estas estrategias requieren verificación independiente y claridad jurídica, alertando sobre el riesgo de que las estructuras criminales utilicen las treguas para reposicionarse internamente.

Entre los hechos violentos atribuidos a alias Castor y su organización se encuentran la masacre de San José, ocurrida el 12 de mayo de 2022; la masacre de Las Flores, el 10 de septiembre de 2022, donde murieron seis jóvenes; la masacre de El Santuario, el 23 de enero de 2023, con cuatro personas asesinadas; y la masacre de Villa Campestre, el 29 de junio de 2023, en la que tres integrantes de la familia Vega Daza fueron asesinados.

La noche del 20 de junio de 2010 cambió para siempre la vida de Marta Hernández, una vendedora ambulante de San Salvador. Ese domingo, la rutina familiar concluyó con un regreso al hogar en el microbús de la ruta 47. Lo que comenzó como un viaje común terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias registradas en Mejicanos: un incendio intencionado dejó 17 personas muertas y 12 heridas, entre ellas Marta.

En el interior del microbús, la confusión dominó el ambiente cuando los agresores obligaron al conductor a desviarse. “Lo que me sacó del letargo fue el grito a quemarropa dirigido al motorista”, relató Marta años después en el programa Nexo, presentado por el diputado, Christian Guevara.

La violencia se desató en cuestión de minutos. Los criminales rociaron gasolina, dispararon y prendieron fuego, atrapando a los pasajeros en el interior. “Me eché sobre mi hijo menor, traté de cubrirlo con mi cuerpo”, recordó Marta. Alcanzó a empujar a su hija mayor hacia una de las ventanas, abriéndole paso hacia el exterior. “Sentí cómo el calor quemaba mi espalda y escuché los gritos de quienes no lograron salir”.

El hospital Zacamil recibió esa noche a varias víctimas con quemaduras graves y heridas por arma de fuego. Marta despertó en una camilla, sin saber el paradero de su hijo. Horas después, la confirmación de su muerte marcó el inicio de una espera que se extendería durante más de una década. “Me dijeron que no sobrevivió al incendio”, compartió en una declaración recogida por el programa.

Según información de los medios locales y datos judiciales, el ataque se produjo como venganza por el asesinato de un integrante de la Barrio 18 a manos de la MS-13 la noche anterior. La reacción oficial incluyó la aprobación de la “Ley Prohibiendo Maras, Pandillas, Grupos, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”, que endureció las penas contra miembros de estructuras criminales.

Once años de espera y el rostro de la justicia tras la masacre de la ruta 47

A lo largo de los años, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) avanzaron en las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables de la masacre de la ruta 47. El proceso judicial se ha extendido por más de una década, sumando condenas y capturas relevantes:

• Noviembre de 2011: Juan Antonio Borja Alvarado y Éver Alexis Martínez recibieron condenas de 66 años de prisión por su participación directa en el ataque.
• 2013: Gustavo Ernesto López Huezo, identificado como autor intelectual, fue sentenciado a 66 años y 8 meses de prisión.
• 2016: Carlos Oswaldo Alvarado fue condenado a 410 años de cárcel por su papel en el incendio del microbús.
• Diciembre de 2023: Carlos Alberto Avendaño Dubón fue condenado a 80 años de prisión, tras ser identificado como uno de los responsables de incendiar la unidad.
• Mayo de 2024: Se realizaron nuevos operativos con la captura de pandilleros vinculados a la logística del ataque en Mejicanos.
• Julio de 2025: Eduardo Rosales Mendoza, alias “Gárgola”, fue recapturado tras haber cumplido previamente una condena menor.

Algunos de los responsables murieron ejecutados por la propia pandilla. La cotidianidad de Marta nunca volvió a ser la misma. Las cicatrices físicas se sumaron al peso emocional. “Perdí a mi hijo en el mismo instante en que me arrebataron la seguridad de vivir en mi país”, expresó durante una entrevista. Durante años, la imagen de aquella noche se repitió en su memoria, acompañada por la incertidumbre sobre el destino de los culpables.

Pasaron once años hasta que Marta pudo escuchar la sentencia en el tribunal. “Esperé mucho para oír que la justicia existe”, reconoció. La condena de los responsables no devolvió la vida perdida, pero sí le permitió cerrar una etapa.

En la actualidad, Marta acompaña a su hija en sus estudios universitarios y participa en actividades de apoyo a víctimas de la violencia. Su testimonio, resume el largo recorrido entre la tragedia, la espera y la búsqueda de justicia: “No olvido, pero sigo adelante”.

Las autoridades de Antioquia confirmaron la identidad de dos de los tres hombres asesinados en la vereda Sabaleta, en zona rural de Titiribí, durante la madrugada del 25 de febrero.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, afirmó que la principal hipótesis vincula el hecho con una confrontación violenta entre estructuras delincuenciales que operan en el Suroeste del departamento. Según Muñoz, las víctimas fueron citadas por presuntos integrantes de la banda La Miel para asistir a una reunión; sin embargo, en el trayecto, fueron interceptadas y asesinadas por hombres armados.

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De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas identificadas son Nicolás Caro Ángel, de 24 años, y Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años. El tercer fallecido no ha podido ser plenamente identificado. Los cuerpos de los tres hombres fueron hallados a las afueras de una camioneta blanca, a unos 30 minutos del casco urbano de Titiribí. Fuentes de la Policía Antioquia detallaron que los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego.

Uno de los datos destacados, según la Policía Antioquia, es que Nicolás Caro Ángel era hermano de Santiago Caro Ángel, alias Tony, que permanece en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. “Tony” es identificado como cabecilla de la banda San Pablo, organización que mantiene una histórica rivalidad con La Mie* y con nexos con el grupo La Terraza.

Hipótesis y contexto criminal en el suroeste antioqueño

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la masacre se relaciona con la disputa territorial entre La Miel y San Pablo por el control de las rentas ilegales en la región.

El coronel Muñoz Guzmán explicó que “no quiero decir que esas tres víctimas hacían parte de San Pablo, pero al parecer hay una relación que tiene que ver”. La investigación se orienta a esclarecer si el parentesco de una de las víctimas con alias Tony motivó el ataque, en el marco de una serie de retaliaciones entre bandas que buscan el dominio del microtráfico en corredores estratégicos que comunican Caldas, Amagá, Titiribí y Angelópolis.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “estas estructuras criminales con las que Petro sigue negociando, que se las dan de contrainsurgentes y que le plantean en Dubái a Petro tener un proyecto político, pero que, en el suroriente, en el oriente, en el suroeste son jíbaros, son expendedores de droga y por eso asesinan y se enfrascan en este tipo de violencia homicida”, expresó el mandatario.

Las autoridades indicaron que, según las primeras versiones, los tres hombres habrían sido sacados de una finca en la vereda Corcovado, bajo el pretexto de una reunión con la estructura delincuencial La Miel. Una vez en la vía Sabaleta, los obligaron a descender del vehículo y recibieron múltiples disparos, según información de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.

Investigaciones y antecedentes recientes

Por el momento, la Policía y la Fiscalía de Antioquia avanzan en la recolección de pruebas y la identificación del tercer cuerpo, así como en la búsqueda de los autores materiales del triple homicidio. Un equipo especial permanece en la zona para garantizar la seguridad y facilitar los actos urgentes.

De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 21 registrada en Colombia durante 2026, y la cuarta en Antioquia en lo que va del año. Según la Policía de Antioquia, en Titiribí se reportaron cinco homicidios en 2026, cifra cercana a los casos contabilizados en todo el año anterior.

El contexto de violencia en el suroeste antioqueño se agrava por la llegada de personas de otras regiones del país, que son instrumentalizadas por bandas armadas en las temporadas de cosecha, y por la persistente lucha por el control del microtráfico y otras rentas ilegales.

La Policía Antioquia reportó que en los dos primeros meses de 2026 se registraron 159 homicidios en el departamento, mientras que el Ministerio de Justicia señaló que la cifra nacional asciende a 1.166 asesinatos.

Autoridades lograron la captura de Efraín “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable del homicidio de tres integrantes de su familia en la comunidad de Plateros, crimen que ha generado conmoción en Fresnillo, Zacatecas. El operativo de localización y arresto concluyó poco después del mediodía del 23 de febrero, cuando fuerzas de seguridad lograron interceptar al sospechoso sobre la carretera a San José de Lourdes, tras casi dos días de búsqueda ininterrumpida.

Los hechos que motivaron la movilización policial ocurrieron la tarde del sábado 21 de febrero, cuando, según el reporte de las autoridades locales, Efraín “N” habría atacado a sus padres y dos hermanos con un arma punzocortante dentro de su domicilio. El ataque dejó sin vida a su padre, su madre y su hermana, mientras que los dos hermanos sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, uno de ellos en estado grave. El otro se reporta actualmente fuera de peligro.

La comunidad de Plateros despidió a las víctimas, cuya muerte ha impactado a los habitantes de la zona y reavivado la preocupación por la violencia familiar y el consumo de drogas. De acuerdo con la investigación inicial, el agresor se encontraba bajo los efectos de sustancias ilícitas durante el ataque. Las autoridades han señalado la existencia de antecedentes de violencia familiar en el núcleo afectado.

El despliegue para la captura de Efraín “N”, conocido como “El Chikis”, involucró a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ). El trabajo coordinado permitió establecer las rutas de desplazamiento y características físicas del presunto responsable, quien fue localizado en las inmediaciones de la comunidad La Manga.

Una vez detenido, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad competente, quedando en manos de la FGJEZ para que se definiera su situación jurídica. Fuentes oficiales informaron que sobre “El Chikis” pesan acusaciones de feminicidio en contra de su madre y hermana, parricidio por la muerte de su padre y homicidio calificado en grado de tentativa por el ataque contra uno de sus hermanos.

El Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que el imputado había sido objeto de una orden de aprehensión y detalló que la cuarta víctima, quien resultó con lesiones graves, evoluciona favorablemente. El fiscal también resaltó que la constante de violencia familiar y consumo de drogas figura en diversos delitos de alto impacto registrados en la entidad, por lo que insistió en la necesidad de atender estas problemáticas como asuntos de salud pública.

El caso de Plateros se suma a una serie de feminicidios reportados en el municipio durante el año. Las autoridades han informado que, en días recientes, fue localizada sin vida una mujer cuya desaparición se había denunciado previamente, lo que elevó el número de feminicidios en Fresnillo a tres en lo que va del año.

La investigación en curso busca esclarecer los detalles del ataque y determinar las responsabilidades legales de Efraín “N”. El proceso jurídico definirá los delitos que se le imputarán formalmente, mientras persiste la alerta en la comunidad por este tipo de hechos.

El caso ha reavivado el debate sobre la atención a la violencia intrafamiliar y el impacto del consumo de drogas en la comisión de delitos graves en Zacatecas. Las autoridades han reiterado el llamado a la sociedad para identificar y denunciar situaciones de riesgo en los hogares y han subrayado la importancia de la colaboración interinstitucional para prevenir tragedias similares.

Puntos clave:

• Efraín “N” fue detenido como presunto responsable del homicidio de tres familiares en Plateros, Zacatecas, y es acusado de feminicidio, parricidio y homicidio en grado de tentativa.
• El operativo de captura involucró a fuerzas estatales y federales, tras casi dos días de búsqueda.
• Las autoridades destacan antecedentes de violencia familiar y consumo de drogas, e insisten en abordar estos problemas como una prioridad de salud pública.

Un equipo internacional de científicos ha analizado los restos fósiles de una gran fosa común en Gomolava (norte de Serbia) que data del siglo IX a.C. durante la Edad de Hierro Temprana. El interés de los investigadores radica en la irregularidad de estas tumbas, ya que la práctica general era el entierro individual a través de la inhumación o la cremación. El estudio, publicado en Nature Human Behaviour, ha revelado una masacre mediante una violencia sistemática y selectiva, que tuvo como víctimas principalmente mujeres y niños.

Según han desvelado Linda Fibiger y Miren Iraeta-Orbegozo, autores principales de la investigación, en la fosa había restos óseos de 77 personas a los que se les ha practicado un análisis bioarqueológico. Asimismo, a 25 de ellos se les han podido hacer estudios biomoleculares que han dado unos resultados esclarecedores a la par que inquietantes: el 70,8% de las víctimas cuyo sexo pudo determinarse eran mujeres, y más del 67% eran niños o adolescentes. Mientras que los hombres adultos estaban significativamente subrepresentados, lo que apunta a una violencia dirigida intencionalmente hacia grupos particulares.

Pese a la sangrienta matanza, los expertos han determinado que la tumba -de tres metros de diámetro y medio metro de profundidad- fue cuidadosamente preparada y protegida, y en ella se depositaron, junto a los cuerpos humanos, huesos de animales, cerámica y objetos de bronce. Además, la disposición de los cuerpos, principalmente articulados, y la ausencia de saqueo animal han llamado especialmente la atención, ya que esto indicaría que se hizo un enterramiento deliberado y ceremonial, probablemente concebido para que el lugar permaneciera como un espacio de memoria colectiva.

Los restos indican “ejecuciones sumarias o ataques mientras huían” de personas de diferentes asentamientos

Tal y como han expresado los autores en el estudio, la mayoría de las víctimas presentaba señales de traumatismos mortales, especialmente en la cabeza, atribuidos a violencia extrema ejercida de manera cercana y eficiente. En el 20% de los restos se identificaron lesiones asociadas con violencia, tanto peri-mortem (en el momento de la muerte) como ante-mortem (sanadas, previas a la muerte), incluyendo heridas defensivas y marcas de armas contundentes y armas arrojadizas, como flechas o lanzas. “El patrón de los golpes indica que muchas víctimas estaban de espaldas al agresor o en el suelo, lo que sugiere ejecuciones sumarias o ataques mientras huían”, asegura Linda Fibiger.

Uno de los hallazgos más notables del estudio genético realizado en 25 individuos fue la casi total ausencia de vínculos familiares cercanos entre los enterrados. Solo se detectó un caso de parentesco directo: una mujer adulta junto a dos niñas, identificadas como sus hijas. “Las víctimas provenían de diferentes asentamientos de un área extensa en el sur de la llanura panónica, con una población estimada en decenas de miles de personas”, indican los autores. De hecho, los análisis de isótopos de estroncio —que permiten rastrear el lugar de cría de una persona según la geología local— confirmaron esa diversidad, pues un 35% de los individuos era originario de otros lugares, incluso a decenas de kilómetros de distancia.

La interpretación más plausible que se desprende de la evidencia es la de una acción planificada de violencia instrumental, dirigida a desarticular la estructura social y económica de las comunidades de la región. De esta manera, los expertos sugieren que el asesinato selectivo de mujeres y menores pretendía desestabilizar las redes familiares y sociales, afectando el futuro demográfico y reproductivo de los grupos atacados. “No fue una matanza indiscriminada, sino un acto intencionado de destrucción social que buscaba fragmentar y someter colectivamente a las comunidades rivales”, afirma Barry Molloy, coautor del estudio.

El contexto arqueológico revela además que el evento sucedió en una época de profundos cambios y tensiones entre poblaciones seminómadas y sedentarias, en una región donde la movilidad humana, los conflictos territoriales y la diversidad cultural estaban al alza. Asimismo, en la necrópolis también se hallaron cerámicas y objetos fabricados con metal procedente tanto de los Alpes como de estilos orientalizantes, lo que atestigua contactos a larga distancia y complejas redes socioeconómicas.

Un ataque armado dejó tres personas muertas en la calle 53 con carrera 3A, barrio Las Américas, en Barranquilla, durante la tarde del sábado 14 de febrero, en el marco de las celebraciones del Carnaval. El hecho ocurrió mientras se desarrollaban tres desfiles simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró hacia las 4:20 p.m. en una vivienda del sector. César Andrés Moya Meza, John Jairo Manzur Rodríguez y Luis Gabriel Solano Villa se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el inmueble. Un hombre armado ingresó al lugar y disparó contra los presentes, provocando la muerte de los tres individuos.

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Vecinos del barrio Las Américas auxiliaron a las víctimas y las trasladaron a la Clínica San Ignacio, donde personal médico reportó su ingreso sin signos vitales. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 35 y los 50 años y, según versiones conocidas, desempeñaban oficios como la albañilería, el mototaxismo y otros trabajos relacionados con la construcción.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que se adelantan investigaciones para establecer los responsables del ataque y esclarecer los móviles del hecho. Según información preliminar, el autor material del homicidio habría ingresado a pie al inmueble y disparado en repetidas ocasiones contra las víctimas.

De acuerdo con Blu radio, el sector donde ocurrió el ataque presenta antecedentes de influencia por parte del grupo delictivo conocido como Los Costeños, liderado por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor. No se han reportado capturas hasta el momento ni se ha divulgado un pronunciamiento oficial detallado sobre el avance de las pesquisas.

Dispositivo de seguridad durante el Carnaval

En la jornada del sábado, Barranquilla contaba con la presencia de más de 2.000 uniformados desplegados para los eventos del Carnaval, según había anunciado el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez. La autoridad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para alertar sobre situaciones sospechosas y contribuir al trabajo de las fuerzas de seguridad.

El comandante de la Policía solicitó a la ciudadanía reportar cualquier información relevante a través de la línea de emergencia 123 o ante el cuadrante policial correspondiente, garantizando absoluta reserva sobre la identidad de quienes aporten datos.

Otros hechos violentos en la ciudad

El mismo día, alrededor de las 5:20 p.m., se reportó un ataque sicarial en el barrio La Ceiba, donde Sergio Antonio Fruto Barco, conocido como “Coco”, fue herido por arma de fuego mientras jugaba dominó en la esquina de la calle 60 con carrera 12. La víctima fue trasladada al Camino Nazareth, donde falleció. Durante la huida del agresor, Ángela Carrillo Oviedo resultó lesionada por disparos y permanece estable en el Camino Bosque de María.

Contexto y antecedentes recientes

La última masacre reconocida y de características similares en Barranquilla ocurrió el 13 de noviembre de 2025, cuando varias personas armadas irrumpieron en una cancha de fútbol en el barrio Villa Cordialidad y abrieron fuego, dejando un saldo de tres muertos y dos mujeres heridas. Las víctimas de ese hecho fueron identificadas como Heider Manuel Padilla Guerra, Deivis Rafael Cantillo Pastor y Roxana Chiquinquirá Puertas Ríos.

Llamado de las autoridades

La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los ataques ocurridos durante la jornada de Carnaval. Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración de la comunidad y recuerdan que la información proporcionada por los ciudadanos será tratada con estricta reserva.

El ataque armado en el barrio Las Américas, en pleno desarrollo de las festividades de Carnaval, se suma a una serie de hechos violentos recientes que han impactado diferentes sectores urbanos de Barranquilla.

La madrugada del 14 de febrero, un grupo armado que se movilizaba en motocicletas ejecutó un ataque a balazos frente al bar Sala de Despecho, en la zona comercial de Angelópolis, Puebla, dejando tres personas muertas (dos hombres y una mujer) y cinco heridas. El incidente ocurrió a escasos metros de la Estrella de Puebla, uno de los puntos más concurridos de la ciudad, así como de Angelópolis.

De acuerdo con información oficial, los agresores interceptaron una camioneta blanca, marca Mercedes-Benz, en la que viajaban dos hombres y una mujer. En ese momento, abrieron fuego en repetidas ocasiones. El tiroteo dejó sin vida a los tres ocupantes del vehículo y provocó lesiones a otras cinco personas, quienes requirieron atención médica especializada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de algunos de los presuntos responsables poco después de los hechos. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla confirmó la captura de al menos cuatro individuos vinculados con la agresión. Las autoridades aseguraron dos motocicletas en diferentes puntos de la ciudad, vehículos que presuntamente habrían sido utilizados para perpetrar el ataque.

Según los primeros indicios recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, el hecho podría estar relacionado con un enfrentamiento entre bandas delictivas rivales, aunque las investigaciones continúan y no se descarta ninguna hipótesis. Personal ministerial acudió a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar pruebas clave para la investigación.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas se encontraban abordando la camioneta cuando los agresores arribaron sobre la avenida Osa Mayor. El ataque ocurrió frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un corredor comercial que suele registrar alta afluencia durante las noches de fin de semana.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil y la autoría intelectual del ataque. En el lugar se localizó la camioneta blanca con dos personas sin vida en su interior, mientras que una tercera víctima yacía a un costado del vehículo. Los paramédicos que acudieron a la emergencia constataron que los tres individuos ya no presentaban signos vitales. El área quedó acordonada para facilitar el trabajo de los peritos.

Sobre el estado de los lesionados, la autoridad ministerial indicó que fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Todos recibieron atención médica inmediata, dado que las heridas fueron resultado directo de los disparos dirigidos a los ocupantes de la camioneta.

Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, ofreció una conferencia de prensa en la que calificó el ataque como un hecho planeado con antelación. El funcionario señaló que los presuntos agresores residieron durante un mes en una vivienda ubicada a dos cuadras del bar, donde presuntamente vigilaban la zona y preparaban la operación. “Este hecho fue preparado, fue planeado. Es muy difícil prevenir este tipo de actividades. De acuerdo a la información que tenemos, los delincuentes llevaban tiempo planeando esta operación. Tenían un lugar donde estaban viviendo, a dos cuadras de donde se suscitaron los hechos. Contaban con vigilancia”, sostuvo Sánchez González.

Como parte del seguimiento interinstitucional que realizan autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre los hechos suscitados en la zona de Angelópolis, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó ante medios de comunicación las… pic.twitter.com/iMX2Vx1Q4k

— Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) February 14, 2026

El funcionario detalló que, a pesar de la fuerte presencia policial en la zona, resultó complicado anticipar el ataque debido a la información y planeación con la que contaban los responsables. “Es muy difícil prevenir ese tipo de comisión de hechos. Ellos estuvieron viviendo alrededor de un mes cerca del lugar. A pesar de la fuerte presencia que tenemos en esa área, era muy complicado prevenir, porque obviamente los delincuentes cuentan con la información y con el planeamiento para llevar a cabo este evento”, agregó.

Sánchez González hizo hincapié en la coordinación de los tres niveles de gobierno durante y después del operativo, subrayando que la reacción inmediata permitió la detención de los sospechosos. “Desde que tuvimos conocimiento de los hechos, trabajamos de manera coordinada los tres niveles de gobierno. Seguimos coordinando con la Fiscalía. Esto está en curso todavía, porque hay que obtener más información: cuál era el móvil, cuál fue el motivo por la agresión a estas personas. Esto todavía está en curso. Les estamos dando los pormenores de la información con la que nosotros contamos y tengan por seguro que vamos a actuar con firmeza en contra de los grupos delincuenciales”, afirmó el secretario.

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas públicamente. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el trasfondo del ataque y determinar si existe relación con disputas previas entre organizaciones delictivas. Las autoridades estatales aseguraron que se implementarán nuevas estrategias para fortalecer la seguridad en la zona de Angelópolis y prevenir hechos similares.

La agresión registrada en una de las áreas más concurridas de Puebla generó preocupación entre los habitantes y visitantes de la ciudad. Comerciantes y residentes manifestaron inquietud por la violencia registrada en un punto de alto flujo nocturno, lo que llevó a reforzar la presencia de patrullas y personal de seguridad en las inmediaciones del bar y avenidas aledañas.

En el lugar de los hechos, agentes estatales y municipales desplegaron un operativo especial para recabar testimonios de testigos y recolectar evidencia balística. Según fuentes oficiales, se analizarán cámaras de videovigilancia cercanas para identificar con mayor precisión la ruta de escape de los atacantes y determinar si hubo apoyo logístico adicional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que la indagatoria permanece abierta y que se agotarán todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades. Se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen información adicional sobre los avances en la identificación de los responsables materiales e intelectuales.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública informó que entre los heridos hay un menor de edad, asimismo negó que las tres víctimas fallecidas por el ataque en el bar Sala de Despecho estén relacionadas con actos delictivos; agregó que en la casa de los responsables se encontraron los vehículos utilizados en el crimen e información gráfica.

Puntos clave

• Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas tras un ataque armado frente al bar Sala de Despecho, en Angelópolis, Puebla.
• Las autoridades detuvieron a cuatro presuntos responsables y aseguraron dos motocicletas posiblemente utilizadas en la agresión.
• El ataque fue planeado con antelación, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, y las investigaciones continúan abiertas.

Jesús Iván “N”, conocido como “El Chino Arce”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en diversos delitos de alto impacto, entre ellos el ataque armado en una fiesta de XV años que dejó como saldo 8 personas muertas y 25 lesionadas en diciembre de 2023 en Ciudad Obregón, Sonora.

Fuentes federales identifican a “El Chino Arce” como jefe de una célula delictiva, así como presunto integrante de “Los Salazar”, organización criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que “El Chino Arce” fue vinculado a proceso, en la primera causa penal, por los delitos de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en contra de 8 personas; por tentativa de homicidio calificado en contra de 25 personas, así como asociación delictuosa.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, alrededor de las 01:30 horas, cuando Jesús Iván “N” y una segunda persona arribaron con armas a un domicilio ubicado en la colonia Cajeme.

En el sitio se realizaba una fiesta de XV años, cuando los sujetos abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidos en el lugar.

La agresión armada dejó como saldo 8 personas muertas y 25 lesionadas, quienes recibieron atención médica y lograron sobrevivir.

También se le acusa del secuestro de un hombre

En una segunda causa penal, “El Chino Arce” fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como privación ilegal de la libertad agravada, en contra de Rafael “N”.

De acuerdo con las pesquisas, el hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2024, cuando Jesús Iván “N” y un grupo de sujetos secuestraron a la víctima de un domicilio de la colonia Cajeme.

Rafael “N” fue trasladado en contra de su voluntad a un inmueble ubicado en el sector conocido como Puente de Picos, donde lo mantuvieron incomunicado alrededor de 25 horas.

Al intentar escapar, la víctima fue atacada a balazos, pero logró huir del sitio y recibir atención médica posterior.

“El Chino Arce” permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se realiza la investigación complementaria.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ofrecía una recompensa de hasta por 500 mil pesos a quien brindara información que permitiera la captura de Jesús Iván “N”, conocido como “El Chino Arce”.

La ficha de recompensa fue emitida desde el 30 de enero de 2024, logrando su captura el pasado 28 de enero durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Su detención se llevó a cabo también en Ciudad Obregón, a donde habría llegado después de permanecer en Chihuahua durante varios meses.

Tres personas murieron y una más resultó herida en un ataque con arma de fuego en el sector de invasión del barrio Los Cerezos, a la altura de la calle 44, en zona rural de Riohacha (La Guajira), en la vía que conduce a Maicao y Valledupar.

El hecho se conoció tras el ingreso de Yhoandry José Vargas álvarez, de 18 años, al centro asistencial, donde fue atendido por heridas de bala y se reporta estable.

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El joven informó que el ataque ocurrió en el mismo sector y que había otras personas afectadas.

Al acudir al lugar, unidades de la Policía Nacional hallaron el cuerpo sin vida de un adolescente venezolano de 15 años, tendido sobre la vía.

En el sitio también hallaron un menor de 16 años, que fue trasladado a la clínica Renacer, donde falleció pocos minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. Más tarde, Luis José Vega Barrios, de 27 años, ingresó sin signos vitales a la clínica Anashiwaya, tras recibir varios impactos de bala.

“Posteriormente, llega a la clínica Renacer una persona lesionada por arma de fuego de nombre José Ángel Barrios (menor de edad), y debido a la gravedad de las heridas, fallece inmediatamente”, indicó puntualmente el comunicado oficial.

Testigos relataron ante las autoridades que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sector y abrieron fuego repetidas veces contra un grupo de personas reunidas bajo un árbol.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores dispararon de manera indiscriminada.

En videos publicados en redes sociales se observa cómo algunos habitantes intentaron socorrer a las víctimas, en medio de gritos y consternación por el multiple ataque.

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del ataque y ubicar a los responsables.

Se trataría de la segunda masacre registrada en el departamento en lo que va de 2026, pues el 9 de enero, en el barrio Altos de Parrantial del municipio de Maicao, un ataque armado dejó cinco víctimas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza.

Asesinaron a joven venezolano conocido como “El Mara” en Riohacha

Un nuevo hecho de violencia alteró la aparente calma en el distrito de Riohacha, donde la noche del miércoles 28 de enero fue asesinado a balazos Jesús Alberto Leal Molero, de 24 años, conocido como “El Mara” y oriundo de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela). El crimen se registró sobre la calle 24 con carrera 8, en el sector del barrio Luis Eduardo Cuellar.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, un individuo llegó al lugar a bordo de una motocicleta, extrajo un arma de fuego y disparó en seis ocasiones contra la víctima antes de huir en dirección desconocida.

Leal Molero fue auxiliado de inmediato por transeúntes y residentes del sector, que lo trasladaron hasta la sala de urgencias de la clínica Cedes. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, el joven falleció y se confirmó su deceso en el centro asistencial.

Patrullas policiales acudieron tanto al sitio del ataque como a la clínica para acordonar la escena y facilitar las labores de investigación. Unidades de la Sijín y Sipol comenzaron las indagaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero del responsable.

La inspección judicial y el levantamiento del cuerpo estuvieron a cargo del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado hipótesis concretas sobre las causas del crimen, pero mantienen abiertas varias líneas de investigación. El ataque generó preocupación entre los habitantes del sector, que piden mayor presencia de las autoridades en la zona.

Dos personas involucradas con la masacre en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato, fueron detenidas este miércoles.

Esto luego de que se realizaran varios operativos en diversos puntos del estado, principalmente la zona de operación del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El pasado martes se realizó un operativo en San Antonio de los Morales, perteneciente al municipio de Juventino Rosas, mismo que está a un costado de Salamanca, donde fue detenido una mujer y se recuperaron tres vehículos.

Los operativos tienen relación con la masacre que dejó 11 muertos en un campo de futbol, en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca.

En las próximas horas serán puestas a disposición de un juez las dos personas detenidas, mismas que pertenecerían al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Cabe destacar que José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, es originario de San Antonio de los Morales, donde se llevó a cabo el operativo. En ese mismo lugar viven varios de sus familiares.

El pasado domingo se registró un ataque armado en un campo de futbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, en Guanajuato, que dejó un saldo de 11 personas sin vida y al menos 10 heridas por arma de fuego, entre ellas, una mujer y un menor de edad.

Gobernadora dice que hay avances en insvestigaciones

Sobre el tema, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dijo que la Fiscalía General del Estado compartió avances claros en las líneas de investigación.

La mandataria estatal expuso que el fiscal ha señalado que en un corto plazo se podrán dar a conocer publicamente los hechos, así como las motivaciones del caso, con el objetivo de que haya justicia para las familias afectadas.

“Hoy mismo tenemos sesión del Consejo Estatal de Seguridad y estaremos fortaleciendo la estrategia Confía porque creemos que es el camino para seguir trabajando por la paz”, dijo la gobernadora el pasado martes.

Los hechos se registraron al término del primer partido de la final de la Liga Llanera, un torneo comunitario que se disputaba en este poblado con alrededor de 2 mil habitantes.

Disputa entre cárteles, origen del ataque

Al menos cinco de las personas que fueron asesinadas, pertenecían a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La agresión habría sido llevada a cabo por Los Marros, brazo armado del Cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en la zona, de acuerdo con las pesquisas.

En 2025, Guanajuato fue el estado con más homicidios en México, con más de 2 mil 500 casos registrados, de acuerdo con datos del Gobierno de México.

Un estudio realizado por la organización Causa en Común reveló que durante el año 2025 se documentaron al menos 4,783 atrocidades en México, en un contexto de violencia extrema que incluyó tortura, mutilaciones, masacres y hallazgos de fosas clandestinas.

El informe, titulado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, se basó en el monitoreo de notas periodísticas en todo el país y contabilizó un promedio de 13 hechos violentos y 18 víctimas diarias durante el periodo de enero a diciembre.

Tipos de violencia extrema

Entre los eventos más atroces documentados por los medios se encuentran:

• 1,255 asesinatos con tortura.
• 608 feminicidios con crueldad extrema.
• 456 casos de mutilaciones, descuartizamientos y destrucción de cadáveres.
• 386 masacres.
• 301 hallazgos de fosas clandestinas.
• Además, se reportaron asesinatos de funcionarios de seguridad, asesinatos de actores políticos y otros actos de violencia con el objetivo de causar terror.

Entidades con mayor incidencia

El análisis de Causa en Común muestra que la violencia extrema está extendida en todo el país, aunque con concentración en ciertos estados. Los más afectados fueron:

• Sinaloa, con 641 atrocidades.
• Guanajuato, con 477.
• Guerrero, con 384.Otros estados con cifras altas incluyen Chihuahua, Michoacán, Puebla, Jalisco y Baja California.

Por el contrario, entidades como Querétaro y Yucatán registraron significativamente menos casos.

Respuesta de la organización

Causa en Común subraya que estas cifras no capturan la totalidad de los hechos de violencia extrema, puesto que no todos los eventos son documentados por los medios de comunicación y muchos casos permanecen fuera del registro oficial.

La ONG hace un llamado urgente a las autoridades federales y locales para fortalecer la investigación de estos crímenes, mejorar la atención y asistencia a las víctimas, y fomentar alianzas entre sociedad civil, gobiernos y sector privado para implementar programas efectivos de prevención y seguridad.

Once personas fueron asesinadas y al menos seis más resultaron heridas en un ataque armado registrado al término de un partido de futbol amateur en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, el pasado domingo 25 de enero.

El ataque ocurrió en un contexto de violencia que apenas 20 días antes había obligado a ligas deportivas locales a suspender partidos en distintas comunidades de Salamanca, ante el temor de agresiones y la falta de garantías de seguridad para jugadores y asistentes.

Así fue la masacre en Loma de Flores

Cerca de las 17:30 horas del domingo se disputaba un partido de semifinales entre los equipos Biodent de Loma de Flores (Salamanca) y San José de Marañón (Irapuato) en el campo deportivo de la comunidad de Loma de Flores.

Según relataron testigos presenciales a medios locales, la cancha y sus alrededores estaban llenos de jugadores, familiares y vecinos, quienes participaban y observaban el encuentro. Al finalizar el partido, varias personas permanecían en el área, conviviendo y festejando como era habitual en este tipo de eventos comunitarios.

De forma repentina, al menos tres camionetas ingresaron al estacionamiento y a la zona del campo. De los vehículos descendieron entre cuatro y ocho hombres, quienes portaban armas de grueso calibre. Los agresores se dirigieron de inmediato hacia los asistentes y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar de manera indiscriminada tanto contra los jugadores como contra los espectadores.

El ataque fue directo y rápido. Los primeros disparos impactaron a las personas que se encontraban más cerca de la entrada y del área de juego, incluyendo a integrantes de una empresa de seguridad privada que resguardaban el evento, quienes según versiones oficiales y testigos, fueron los primeros en caer. Los sicarios dispararon más de un centenar de veces, según el recuento de casquillos encontrados por peritos de la Fiscalía.

Durante la agresión, el pánico se apoderó de los presentes. Hombres, mujeres y niños corrieron en distintas direcciones buscando refugio detrás de bardas, árboles, vehículos o saliendo del campo hacia las calles aledañas. Algunos lograron escapar, mientras que otros quedaron tendidos en el césped o entre las gradas, gravemente heridos o sin vida.

Los agresores no permanecieron mucho tiempo en el sitio; tras vaciar sus armas, subieron nuevamente a las camionetas y huyeron del lugar, aparentemente en dirección a Irapuato.

Horas después, entre los fallecidos se identificó al baterista Carlos Alejandro Moreno, conocido como ‘Charly’ del grupo Reencuentro Norteño; también los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa, el exagente de Tránsito Municipal Alejandro Prieto, Carmen ‘N’, Bryan Gutiérrez, Luis Alberto ‘N’, Martín ‘N’, María Elena ‘N’, José Bernal y Francisco Guevara.

Disputa entre el CJNG y CSRL

De acuerdo con la información de las autoridades federales y fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, la masacre en Loma de Flores fue resultado de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Según la versión oficial, al menos cinco de las víctimas mortales estaban vinculadas al CJNG y trabajaban para una empresa de seguridad privada que resguardaba el partido.

Los agresores, identificados como integrantes de la organización rival, ejecutaron el ataque tras identificar a sus objetivos. Entre los presuntos responsables señalados están Moisés Soto Bermúdez, encargado de un grupo de choque identificado como “Los Marros”; así como Mario Eleazar Lara Belman, alias “Negro/Camorro/Gallo”, este último identificado como generador de violencia en Irapuato, Celaya y Salamanca, con orden de aprehensión por homicidio calificado y presuntos vínculos con extorsión, secuestro y desaparición forzada.

Ligas de futbol amateur asfixiadas por la extorsión

Lo ocurrido en Loma de Flores no fue un evento aislado. Según reportó Periódico Correo, desde inicios de enero varias ligas de futbol amateur en Salamanca, entre ellas la Liga de Veteranos, ya habían suspendido partidos por amenazas, extorsión y ataques previos.

Los organizadores recibieron cartulinas con exigencias de “cobro de piso” de hasta 50 mil pesos mensuales para permitir el desarrollo de los encuentros, y algunos directivos sufrieron directamente la violencia: “nos balearon y me tocaron dos balazos”, relató el presidente de la Liga de Veteranos al medio antes citado. La decisión de cancelar partidos buscaba no exponer a los jugadores de los 24 equipos afiliados.

La presión criminal no solo afectó a la Liga de Veteranos: la Liga Salmantina y la Liga Regional Campesina también suspendieron toda actividad tras ataques y amenazas, dejando vacíos canchas como Los Campos Nuevos y el de la comunidad de Cárdenas. “Ahora la gente ni siquiera usa el campo para caminar”, relató un vecino a Periódico Correo.

A falta de protección policial, algunas ligas intentaron retomar partidos bajo vigilancia de seguridad privada, reveló La Silla Rota Guanajuato. Fue precisamente este contexto el que llevó a la contratación de guardaespaldas para el partido en Loma de Flores, mismos que habrían resultado ser parte presuntamente de un grupo criminal.

Abandono de campos, miedo y homenajes

Periódico Correo documentó que la violencia y la extorsión han llevado al cierre de instalaciones como Los Campos Nuevos y el campo de la comunidad de Cárdenas, donde después de un ataque armado en 2025 que dejó cuatro muertos, los torneos fueron suspendidos y el campo permanece vacío, con cruces, flores y balones en memoria de las víctimas. Un vecino describió: “Ahora la gente ni siquiera usa el campo para caminar”, mientras que las gradas y bancas están vacías y las instalaciones cerradas con candado.

El presidente de la liga, citado en El Congresista, confirmó que la suspensión afecta también a la Liga Salmantina, y que la falta de respuesta favorable de la Guardia Nacional para brindar vigilancia los obligó a prevenir antes que lamentar: “Nos dijeron que no tienen la obligación de estarlos cuidando. La verdad sí nos molestó, por eso preferimos prevenir que lamentar y suspender los juegos hasta que esto se tranquilice”.

La delincuencia ha frenado actividades sociales y deportivas en Salamanca. “Ya no hay fiestas sociales porque tienes que pagar cuota, igual pasa con las patronales. Están peor que el gobierno: de todo quieren que paguemos y, si no, ya sabemos las consecuencias”, expresó un jugador de 56 años a Periódico Correo.

Veinte días después de que las ligas locales suspendieran partidos por amenazas y extorsiones, el ataque en Loma de Flores representa la mayor tragedia violenta en Salamanca en lo que va del año y puso en evidencia el grado de control e intimidación que ejercen los grupos criminales sobre el futbol amateur y la vida comunitaria.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) aseguró que la investigación se realiza de manera prioritaria y en coordinación con fuerzas estatales, federales y municipales. “La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social”, comunicó la institución.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz, calificó el ataque como “inaceptable”, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe coordinación entre los gobiernos para dar con los responsables.

El alcalde de Salamanca, César Prieto, afirmó tras la masacre que hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, “cosa que no van a lograr”, y reconoció que el municipio atraviesa una grave descomposición social. Además, llamó a las autoridades estatales y federales a reforzar la seguridad y apoyar a las familias afectadas, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar para evitar que la delincuencia siga avanzando en la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y afirman tener importantes avances, aunque no han informado sobre personas detenidas. En tanto, las actividades deportivas amateur continúan suspendidas en varias comunidades del municipio.

Tras el ataque armado en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 10 lesionadas, surgieron preguntas sobre cuál sería el motivo de dicha masacre, quiénes serían los responsables y si los grupos de la delincuencia organizada en la región estarían involucrados.

Según fuentes federales consultadas por Infobae México, dicha agresión habría sido perpetrada por un grupo ligado al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en el contexto de la disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo señalado es identificado como “Los Marros”, quienes estarían al mando de Mario Eleazar Lara Belman, conocido como “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad de la entidad.

Según reportes corroborados por este medio, los apellidos del hombre señalado podrían estar relacionados con miembros del CSRL, específicamente desde su fundación.

El ataque en Salamanca y la pugna entre cárteles

De acuerdo con las primeras investigaciones, cinco de las personas fallecidas pertenecían a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG.

Además, se sabe que antes del ataque, las autoridades aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, con mensajes sobre la disputa criminal.

Asimismo, los datos iniciales indicarían que un hombre identificado como Moisés Soto Bermúdez habría encabezado el ataque junto con el grupo de choque de “Los Marros”, el cual se encuentra bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman.

Quién es Mario Eleazar Lara Belman

Según fuentes consultadas por Infobae México, Mario Eleazar Lara Belman es el líder de “Los Marros”, una célula del CSRL, dedicada a la distribución de droga, homicidios y extorsión en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Las autoridades identifican a Mario como uno de los principales generadores de violencia en la región, el cual tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

También se le vincula con los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.

Las investigaciones señalan que la estructura del CSRL ha estado marcada por la influencia de varias familias, entre ellas los Lara Belman, quienes ocupan posiciones estratégicas desde la fundación del grupo.

Hasta el momento las autoridades no han revelado fotografías de Mario Eleazar.

Los Lara Belman, una familia clave en el CSRL

Reportes previos realizados por Infobae México señalan que el Cártel de Santa Rosa de Lima surgió tras la disolución de una célula de Los Zetas en Celaya cerca del año 2014. Desde entonces, la familia Lara Belman se habría mantenido como pieza central en la organización, trabajando como segundos al mando por detrás de José Antonio Yepéz, mejor conocido como “El Marro”.

Dentro de esos miembros fundadores de la organización se encuentran Fabián “La Vieja” Lara Belman y Noé Israel “El Puma” Lara Belman, hermanos y operadores fundacionales del cártel, ambos detenidos en operativos federales.

La coincidencia de apellidos y la integración familiar permiten inferir que Mario Eleazar forma parte directa de este núcleo, aunque oficialmente solo se confirma el parentesco entre Fabián, Noé Israel y otro hermano más, identificado como Luis Ángel.

Operativos y antecedentes de los Lara Belman

Fabián “La Vieja” Lara Belman fue detenido junto con 14 colaboradores el 28 de febrero de 2019 en Baja California, y su hermano, Noé Israel “El Puma” Lara Belman, fue capturado el 23 de junio de 2020 en San Luis Potosí.

Reportes oficiales señalan que ambos hermanos rompieron con el liderazgo de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, tras desacuerdos internos, lo que provocó divisiones dentro del CSRL.

La coincidencia de apellidos y la integración familiar característica de la organización permiten inferir que Mario Eleazar forma parte de este mismo núcleo, aunque las autoridades solo han confirmado de manera oficial el parentesco entre tres hemanos, Fabián y Noé Israel y Luis Ángel. Esta estructura familiar ha desempeñado un papel clave en la conformación y operación del cártel en Guanajuato.

Puntos relevantes de la nota

• Mario Eleazar Lara Belman ha sido identificado como jefe de célula de Los Marros, brazo operativo del Cártel Santa Rosa de Lima.
• La masacre en el campo de fútbol de Loma de Flores, Salamanca, dejó 11 muertos y 10 heridos, en el contexto de la disputa con el CJNG.
• Lara Belman cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y está vinculado a secuestro, extorsión y desaparición forzada.
• La estructura familiar sugiere que Mario Eleazar es hermano de Fabián y Noé Israel, ambos identificados como operadores fundacionales del CSRL.
• Los principales operadores de la familia han sido capturados en operativos federales en distintos estados del país.

Autoridades municipales, estatales y federales informaron que existen avances en la investigación del ataque armado ocurrido en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas fallecidas y varios lesionados, tras una agresión registrada en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores.

Funcionarios del gobierno estatal y del Ayuntamiento señalaron que las indagatorias continúan en curso y que se mantiene coordinación interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos.

Servidores públicos encabezan mensaje institucional tras el ataque

Por instrucciones de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el secretario de Gobierno del estado, Jorge Jiménez Lona, acudió a Salamanca para sostener reuniones con autoridades municipales y de seguridad.

En un mensaje a medios, el funcionario señaló que el gobierno estatal mantiene acompañamiento al municipio y a las víctimas desde el inicio de los hechos.

Jiménez Lona informó que en las acciones posteriores al ataque participan la Fiscalía General del Estado, fuerzas federales, corporaciones estatales y la Policía Municipal.

Indicó que las investigaciones presentan avances y que se trabaja para dar seguimiento a las líneas abiertas por la autoridad ministerial, sin proporcionar detalles por tratarse de una indagatoria en curso.

El secretario también confirmó que el gobierno estatal mantiene presencia en el municipio para atender la situación de seguridad y dar continuidad a los trabajos de coordinación.

Alcalde de Salamanca reconoce situación de seguridad y coordinación con autoridades

El alcalde de Salamanca, César Prieto, participó en el encuentro con autoridades estatales y federales y agradeció el respaldo institucional.

Señaló que el municipio enfrenta una situación compleja en materia de seguridad y que las mesas de trabajo permitirán reforzar las acciones de prevención y vigilancia.

Prieto confirmó el saldo de víctimas y reiteró que el Ayuntamiento mantiene comunicación con las familias afectadas.

Asimismo, indicó que el gobierno municipal continuará colaborando con las autoridades estatales y federales para contribuir al esclarecimiento del ataque y a la atención de las personas lesionadas.

Avances en la investigación y acciones implementadas

De acuerdo con información oficial, las autoridades han realizado las siguientes acciones como parte de la atención al ataque armado y el proceso de investigación:

• Inicio inmediato de una investigación integral y prioritaria por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
• Definición de líneas de investigación que continúan en desarrollo y análisis.
• Aseguramiento y procesamiento de la escena del crimen por personal pericial, con levantamiento de indicios balísticos.
• Despliegue de un operativo conjunto con participación de Guardia Nacional, Ejército, fuerzas estatales y Policía Municipal.
• Coordinación permanente entre autoridades municipales, estatales y federales para el seguimiento del caso.
• Refuerzo de la presencia de seguridad en la zona y en puntos estratégicos del municipio.

Claudia Sheinbaum confirma coordinación federal con Guanajuato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal mantiene coordinación con la Fiscalía General de Guanajuato para apoyar en la localización de los responsables del ataque.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que tanto la gobernadora como la Fiscalía estatal emitieron comunicados oficiales y que el Gobierno de México acompaña el proceso de investigación, respetando los tiempos legales.

Así ocurrió el ataque armado en Salamanca

El ataque se registró la tarde del domingo 25 de enero de 2026, alrededor de las 17:00 horas, en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca.

De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo armado llegó al lugar a bordo de vehículos y abrió fuego contra personas que se encontraban reunidas tras un encuentro deportivo.

Como resultado, 10 personas fallecieron en el lugar y una más murió posteriormente en un hospital.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona, mientras paramédicos brindaban atención a los heridos.

La Fiscalía informó que al menos seis personas continúan hospitalizadas, aunque autoridades municipales reportaron una cifra mayor de lesionados.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y que se informará a la ciudadanía conforme lo permitan las indagatorias.

El derramamiento de sangre se produjo después de días de crecientes protestas públicas en la ciudad contra el gobierno iraní, incluido el cierre masivo de tiendas por parte de comerciantes en el histórico bazar de Rasht.

Tras el incendio del mercado al aire libre, los manifestantes, que se habían refugiado de las fuerzas de seguridad en sus laberínticos callejones, comenzaron a huir y se encontraron con policías antidisturbios uniformados y agentes vestidos de civil, tanto en motocicleta como a pie, armados con escopetas y rifles de asalto, según el relato de un manifestante. Las fuerzas de seguridad disparaban directamente contra la gente, según otro residente de Rasht.

“Las fuerzas de seguridad disparaban con Kalashnikovs contra el bazar”, dijo en una entrevista Saman, un testigo que participó en las protestas. “Fue aterrador. Mataron a muchísima gente, incluso a quienes escapaban”.

Las fuerzas también impidieron que los camiones de bomberos acudieran de inmediato al incendio, según dos testigos. Más de 30 negocios acabaron incendiándose dentro del bazar, que quedó reducido a un desolador gris, o a lo largo de la calle Shariati, justo en las afueras, según una revisión del Post de las imágenes visuales disponibles.

El Post analizó más de 40 fotos y videos, y recopiló los testimonios de seis testigos y residentes para reconstruir detalladamente la represión del régimen durante el punto álgido de los disturbios en Rasht. Debido al corte de internet y el servicio telefónico por parte del gobierno, hasta ahora han surgido pocos relatos tan detallados de Irán, especialmente fuera de la capital, Teherán.

Sin embargo, los trágicos acontecimientos en Rasht, ubicada a unas 200 millas al noroeste de Teherán, fueron sólo una pequeña muestra de la asombrosa represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en docenas de pueblos y ciudades de todo Irán mientras las autoridades reprimían las protestas masivas este mes.

Datos recopilados por el personal médico de Rasht y sus alrededores, y compartidos con The Post por un intermediario, muestran más de 80 muertes en tan solo dos hospitales de la ciudad durante los dos días en que la violencia alcanzó su punto álgido. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 392 muertes en Rasht, prácticamente todas ocurridas a partir del 8 de enero, cuando comenzó el apagón de comunicaciones.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr declaró a principios de este mes que los “malintencionados y alborotadores del régimen” en Rasht habían atacado el bazar de la ciudad y las mezquitas cercanas, culpando a Estados Unidos e Israel de enviar “a sus mercenarios para matar a este bazar y a su gente”.

Así es como se desarrollaron los acontecimientos.

Las protestas se extienden al bazar

Las protestas iraníes estallaron por primera vez el 28 de diciembre en Teherán, provocadas por el desplome de la moneda nacional. Se extendieron rápidamente por todo el país, y los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir un cambio total del gobierno iraní.

En Rasht, se produjeron protestas menores a principios de enero, que luego se intensificaron cuando los comerciantes del bazar comenzaron a hacer huelga en solidaridad, según informaron a The Post dos residentes. Al igual que otros entrevistados para este artículo, los residentes hablaron bajo condición de anonimato o que solo se revelara su nombre de pila por temor a represalias de las autoridades.

“Mis amigos comerciantes me dijeron que agentes de inteligencia los llamaban para presionarlos a reabrir sus tiendas y poner fin a la huelga. Había tensión entre el bazar y el estado”, dijo Saman.

Otro residente de Rasht declaró en una entrevista haber escuchado un relato similar de un comerciante cerca del bazar, quien afirmó que miembros de la fuerza paramilitar Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que estaban reprimiendo las protestas, habían amenazado a los comerciantes en huelga y les habían ordenado que reabrieran. Los comerciantes se resistieron y las fuerzas de seguridad les dijeron que se arrepentirían mucho de negarse, relató el residente de Rasht.

El miércoles 7 de enero, decenas de personas marcharon por el bazar aplaudiendo y coreando: “No tengan miedo, no tengan miedo. Estamos todos juntos en esto”, según muestra un video publicado en redes sociales y verificado por The Post.

Cientos de personas salieron a las calles esa noche, coreando consignas y exigiendo la caída del régimen. El ambiente en la ciudad, de más de 700.000 habitantes, se tornó inestable a medida que aumentaba el número de manifestantes, según comentó un residente de Rasht.

“Desde el miércoles, las protestas se intensificaron y mucha más gente salió a las calles”, declaró el residente de Rasht a The Post. Añadió que, para el jueves, el comercio en la ciudad estaba prácticamente paralizado por la huelga de comerciantes. “Solo unas pocas farmacias y pequeños supermercados estaban abiertos”.

Las fuerzas de seguridad abren fuego

Al anochecer del jueves 8 de enero, las protestas en todo Irán alcanzaban un punto crítico, y en Rasht, también habían llegado en un momento crucial. Los manifestantes inundaron las calles del sur de la ciudad y marcharon hacia el centro, deteniendo el tráfico y los vehículos circundantes, haciendo sonar las bocinas, según muestran videos verificados por The Post.

Otros se unieron a las protestas caminando hacia el sur por la calle Takhti hacia el bazar, según un relato escrito de un dueño de tienda involucrado en la protesta proporcionado a The Post por el Centro Abdorrahman Boroumand, un grupo de derechos humanos centrado en Irán, y verificado en video por The Post.

“Había una avalancha de gente que venía de todas las calles que conectaban con la carretera principal”, dijo la persona, según el relato escrito.

“La multitud era tan grande que en cada calle o callejón que pasábamos, se nos unía más gente”, dijo otro residente de Rasht, añadiendo que vio familias con niños y personas de todas las edades entre la multitud. Señaló que la situación estuvo relativamente tranquila hasta después de las 8:30 p. m., cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la gente.

Un manifestante dijo que, a medida que la multitud se acercaba al bazar, las fuerzas de seguridad intentaron dispersarla con gas lacrimógeno, pero que los manifestantes estaban decididos a seguir adelante. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la multitud, según el relato del hombre, proporcionado por el Centro Abdorrahman Boroumand. La gente cayó al suelo.

Al noreste del bazar, cerca de un edificio gubernamental, un grupo más pequeño de manifestantes deambulaba por la mediana de una calle vacía, según un video. Algunos portaban escudos improvisados ​​mientras se movían entre escombros dispersos y pequeñas hogueras.

Entonces, estallaron gritos entre ráfagas de disparos y explosiones. La persona que grababa sostuvo su teléfono firmemente y dijo: “Están disparando a un joven. Le dieron en la pierna. ¡Acaban de disparar a un joven! Rasht, gobernación provincial. Hemos visto a casi ocho o diez personas muertas o heridas en los últimos cinco minutos. La Guardia, la Guardia está disparando”, refiriéndose al CGRI.

“Masacrado ante mis ojos”

El bazar había sido durante mucho tiempo un vibrante centro de la vida urbana de Rasht y era famoso en todo Irán por su oferta culinaria y cultural. Cuando se desató el incendio, las llamas envolvieron no solo el mercado, sino también los edificios y coches a lo largo de las calles que conducían a él, según muestran vídeos geolocalizados por The Post.

Saman, quien marchaba hacia el bazar, dijo haberlo visto incendiarse alrededor de las 9 p. m. Otro manifestante afirmó que algunos de ellos estaban dentro del bazar buscando refugio de los disparos cuando se incendió. No quedó claro de inmediato cómo se originó ni se propagó el siniestro. La ciudad fue azotada por fuertes vientos cálidos esa noche, según dos testigos, lo que sugiere que el fuego se propagó rápidamente.

Saman dijo haber visto a las fuerzas de seguridad, con el rostro cubierto, disparar contra la gente que intentaba escapar del incendio. “Cualquiera que saliera del bazar estaba bajo fuego. [Las fuerzas de seguridad] les disparaban desde la calle Shariati”, dijo. Añadió que conocía a cuatro personas que murieron a tiros esa noche.

Otro manifestante relató una escena similar en el relato del Centro Abdorrahman Boroumand. Obligados por el fuego a huir del bazar, los manifestantes aparecieron ante las fuerzas de seguridad armadas, algunos en motocicletas, dijo. “Mis contemporáneos fueron masacrados ante mis ojos”, dijo el hombre, según el relato.

Un estudiante de la Universidad de Rasht contó a The Post que también vio a las fuerzas de seguridad disparar a sus compañeros en medio del fuego. “La gente no sabía si correr o abalanzarse sobre las fuerzas de seguridad. Todo parecía apocalíptico”, dijo el estudiante.

Saman recordó que las fuerzas de seguridad no permitieron que los camiones de bomberos acudieran al lugar hasta pasada la 1:00 a. m. Una transmisión en directo de la televisión estatal a las 00:52 del 9 de enero, unas cuatro horas después de que, según él, viera el mercado incendiarse, muestra las llamas aún ardiendo al fondo, y columnas de llamas anaranjadas y rojas seguían elevándose sobre el bazar cuando finalmente llegaron los camiones de bomberos, según muestran otros vídeos. Al mismo tiempo, se ve a peatones corriendo junto a ellos y rodeando los escombros quemados que bordean la calle Shariati.

Otro residente de Rasht, que vive cerca del bazar, dijo que vio a personas muertas y heridas mientras se dirigía a casa el jueves por la noche. “Cuanto más nos acercábamos, más fuertes e intensos se volvían los disparos, y la calle estaba cubierta de sangre”, dijo.

Las secuelas

A la mañana siguiente, la calle Shariati estaba sembrada de escombros de techos, puertas y ventanas de tiendas que se habían incendiado. Las tiendas de color beige habían quedado reducidas a carbón, como muestra un video publicado en X y verificado por The Post.

El humo seguía elevándose sobre el bazar mientras el fuego seguía ardiendo, según muestran las imágenes de drones publicadas por la televisión estatal en X. Dentro del bazar, las persianas metálicas enrollables de las tiendas estaban destrozadas y fragmentos de vidrio cubrían el suelo, según muestra el video.

No mucho antes, los manifestantes habían estado coreando consignas en esos mismos lugares.

Dos testigos dijeron a The Post que las autoridades presionaron a las familias de las víctimas para que no hicieran público lo sucedido.

“Conozco personalmente a casi 10 personas que murieron durante las protestas del jueves o viernes, cuyas familias, bajo presión, se han negado a que sus casos se hagan públicos”, dijo el residente de Rasht que vive cerca del bazar.

Asimismo, Saman relató: “Conozco personas que no llevaron a sus hijos [fallecidos] a un hospital ni a un médico oficial por temor a que [las autoridades] confiscaran sus cuerpos y no se los devolvieran. Se llevaron el cuerpo y lo enterraron en sus jardines o fincas para que no cayera en manos del Estado”.

Un número indeterminado de manifestantes en Rasht fueron arrestados y se desconoce su paradero. Un residente de Rasht comentó que una familia que conoce ha estado buscando a su hijo en las morgues y hospitales de la ciudad, solo para enterarse de que lo habían detenido, aunque aún desconocen dónde se encuentra retenido.

En los días posteriores al incendio del bazar, los residentes de Rasht continuaron protestando, según muestra un video, a pesar del estricto toque de queda que, según ellos, han impuesto las autoridades.

“Una ciudad se convirtió en cenizas ante nuestros ojos, y nosotros ardimos con ella”, dijo el estudiante universitario. “Fuimos testigos del derrumbe y la quema de este bazar mientras la gente estaba aterrorizada y bajo fuego”.

(c) The Washington Post

Once personas fueron asesinadas durante un ataque armado en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato. Tras los hechos, el alcalde César Prieto pidió apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que grupos criminales buscan someter a la autoridad en el municipio.

¿Qué pasó en Salamanca?

El domingo 25 de enero por la tarde, un comando armado irrumpió en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores y abrió fuego contra los asistentes que se encontraban conviviendo tras un encuentro deportivo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), el saldo fue de once personas fallecidas—diez en el sitio y una más en un hospital—y al menos seis heridas, aunque el propio alcalde refirió que hubo hasta doce lesionados, entre las que se encontraban una mujer y un menor de edad. La FGE puntualizó que los seis heridos “aún se encuentran en observación médica”.

El ataque ocurrió poco antes de las 17:30, en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas. Según testimonios recogidos por medios locales, los agresores llegaron en al menos tres camionetas y dispararon, sin importar la presencia de menores de edad.

Paramédicos que llegaron al lugar informaron que varios heridos se encontraban en estado grave. Elementos de la Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Ejército y Policía Municipal acudieron a la zona, que fue asegurada para el levantamiento de evidencias. De acuerdo con reportes extraoficiales, los peritos aseguraron más de cien casquillos percutidos correspondientes a armas de alto poder.

Imágenes del lugar, difundidas en redes sociales como Facebook y X, mostraron la magnitud del operativo y la conmoción en la cancha tras la masacre. Testimonios describieron escenas de pánico, con asistentes buscando refugio mientras los cuerpos de las víctimas quedaban en el campo de juego.

Según las narraciones de Nmás, al hospital también acudieron personas que fueron golpeadas y pisadas al intentar huir.

Alcalde de Salamanca pide ayuda

Tras la masacre, César Prieto, alcalde de Salamanca, difundió un mensaje en video donde reconoció la gravedad de la situación de seguridad en el municipio.

El edil mencionó que el hecho forma parte de una ola de violencia que ha vivido la región este fin de semana, enumerando también el asesinato de cinco hombres el sábado en Cuatro de Altamira, otro homicidio en San Vicente de Flores y el hallazgo de bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores.

También se refirió a una amenaza previa con un artefacto explosivo que fue desactivado en instalaciones de PEMEX, en la puerta cuatro de la refinería, gracias a la intervención de autoridades federales.

El alcalde reconoció el apoyo recibido: “Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo tanto de la Federación como del Estado, como nunca se había tenido”. Sin embargo, pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García su intervención para recuperar la paz y la seguridad en Salamanca: “Aprovecho para hacerle un llamado a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a la gobernadora, para que nos apoyen a poder recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos”.

En el mensaje, Prieto afirmó que: “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

En su mensaje, Prieto subrayó la importancia de Salamanca al señalar que “es una ciudad que le ha dado mucho a nuestro país. Tenemos una refinería y somos palanca del desarrollo”, y reconoció que la ciudad atraviesa “un momento grave, una grave descomposición social”.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que asuma su responsabilidad en la reconstrucción social y evite involucrarse en adicciones o actividades que puedan poner en riesgo su seguridad: “No solamente es un tema de policías, es un tema también de valores y de evitar involucrarnos en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos”.

Cerró su intervención asegurando: “Es una tarea conjunta, vamos a salir adelante y se va a dar con los responsables”.

FGE ya investiga

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reiteró que la investigación inició de manera inmediata, integral y prioritaria. “La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia”, señaló la institución en un comunicado.

Para esclarecer el ataque, identificar y sancionar a los responsables, la FGE desplegó en la zona agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y peritos especializados, quienes procesaron el lugar, recolectaron indicios y elaboraron dictámenes periciales para preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica y sentar bases sólidas para el caso.

Además, la FGE mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y colaborar en las acciones para la localización de los probables responsables.

La institución subrayó que coloca a las víctimas y sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia, actuando con sensibilidad y responsabilidad en cada paso del proceso. La dependencia estatal remarcó: “informará a la ciudadanía conforme avance la investigación, con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos”.

Guanajuato permanece como uno de los estados con mayor número de homicidios en México, situación que analistas atribuyen a la presencia de grupos del crimen organizado que se disputan el control de actividades ilícitas.

El último ataque de gran magnitud en la entidad se dio en junio de 2025, cuando otra agresión armada en la colonia Barrio Nuevo, en Irapuato, dejó una docena de víctimas mortales durante una fiesta patronal.

El encuentro entre Luis Abinader y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, abre el camino a una colaboración sin precedentes orientada a fortalecer la cooperación en controles fronterizos, minería sustentable y gestión económica, con un foco puesto en la sostenibilidad y la calidad de vida.

Los acuerdos alcanzados en la provincia de Dajabón reflejan la intención de ambos gobiernos de replicar modelos exitosos y adaptar estándares de innovación, mientras Chile busca aprender de la experiencia dominicana en control migratorio, zonas francas y administración aeroportuaria, según lo expresado públicamente por ambos mandatarios.

Desde la declaración conjunta posterior a las reuniones, quedó patente el énfasis en la minería responsable y la protección de las comunidades. José Antonio Kast afirmó que “no todas las cadenas mineras necesariamente atentan contra una comunidad, sino que, por el contrario, pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida en las zonas donde operan”.

Insistió en que la política minera chilena futura priorizará la protección de los ecosistemas y la equidad social. Por su parte, Abinader precisó que República Dominicana no permitirá explotaciones en áreas sensibles para las comunidades y anunció el traspaso de procedimientos regulatorios a los equipos técnicos chilenos.

Visita a verja perimetral en Dajabón

La mañana de este domingo se realizó el recorrido por la fortaleza Beller y el monitoreo directo del muro fronterizo junto al ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, lo que permitió a la delegación chilena observar los sistemas tecnológicos actuales y las estrategias de coordinación interinstitucional vigentes en la frontera dominicana con Haití.

Kast reconoció que Chile aún no dispone del nivel de control dominicano, y puntualizó su interés en “analizar los sistemas tecnológicos y de coordinación” con miras a fortalecer los controles en su propio país.

El componente migratorio centró otra parte clave del diálogo. El presidente electo de Chile estimó que cerca de 200 mil haitianos residen legalmente en su territorio y remarcó la urgencia de equilibrar el “pleno respeto de los derechos de los migrantes” con mecanismos eficaces de control en las fronteras.

Kast anunció el próximo lanzamiento del plan de escudo fronterizo previsto para marzo, cuyo objetivo será reforzar los controles migratorios inspirándose en modelos internacionales y regionales, incluidos los implementados por República Dominicana.

En el terreno económico, las zonas francas y la gestión aeroportuaria de República Dominicana resultaron especialmente atractivas para la futura administración chilena.

José Antonio Kast calificó la actuación pública dominicana en el aeropuerto privado local como un ejemplo en la región, y afirmó que su equipo “estudiará estos modelos para fomentar la inversión y diversificar la economía chilena”.

La agenda incluyó además la rehabilitación del canal La Vigía y el sistema de riego del río Masacre, así como la inauguración de nuevas infraestructuras educativas y de salud, como el Hospital Ramón Matías Mella y aulas en la Escuela Francisco Javier Ureña Canela.

En el área turística, Kast propuso reactivar los comités bilaterales de turismo e industria, poniendo en valor los avances de República Dominicana como referencia y subrayando la posibilidad de transformar esa área en un motor compartido de crecimiento.

Ambas partes manifestaron intención de promover intercambios de conocimiento y buenas prácticas sectoriales.

La agenda educativa cobró visibilidad durante la visita, con un encuentro entre Abinader y más de 300 estudiantes en el Colegio La Altagracia, donde el mandatario dominicano dialogó sobre procesos de integración regional y desarrollo, evidenciando el interés por incluir a la juventud en los proyectos bilaterales.

Como resultado, la coordinación bilateral en temas regulatorios, innovación minera, políticas fronterizas y desarrollo de infraestructuras marca el inicio de una etapa donde República Dominicana y Chile buscan potenciar la transferencia de conocimiento y la aplicación responsable de estándares internacionales que refuercen la equidad y la sustentabilidad comunitaria.

Este sábado 24 de enero de 2026 se registró una nueva masacre en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. El hecho se presentó en la vía que comunica al corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen, con el sector de Ayacucho, en un área limítrofe y cercana al municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, difundida por Caracol Radio, tres hombres fueron asesinados con arma de fuego por sujetos armados, quienes posteriormente incineraron los vehículos en los que se movilizaban las víctimas. Las autoridades se encuentran en máxima alerta mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Según las versiones conocidas, las víctimas se desplazaban en una camioneta y una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados. Tras detenerlos, los agresores obligaron a los tres hombres a descender de los vehículos y posteriormente abrieron fuego contra ellos, causándoles la muerte en el lugar.

Posteriormente, la camioneta y la motocicleta fueron incineradas, presuntamente debido a que el vehículo transportaba combustible, lo que facilitó la propagación del fuego tras el ataque armado.

Líder social reportó la identificación de dos víctimas

De acuerdo con Semana, el líder social Olguín Mayorga informó a través de su cuenta personal en la red social X que dos de las tres víctimas ya fueron identificadas.

“Fueron identificados Nixon Molina, conocido como ‘Tata’, y Alex”, señaló Mayorga, quien también publicó fotografías de quienes serían las víctimas y del lugar donde ocurrieron los hechos.

Información de inteligencia sobre las víctimas identificadas

Con el avance de las indagaciones de Caracol Radio, las autoridades confirmaron que una de las víctimas corresponde a Nixon Medina, conocido con el alias de “Tata”, quien vestía una camisa verde al momento de su muerte.

Este hombre sería presuntamente dinamizador del narcotráfico entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, con una trayectoria delictiva de aproximadamente cinco años. Según los reportes, haría parte de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, específicamente del frente Camilo Torres Restrepo.

Las autoridades indicaron que alias “Tata” presuntamente realizaba coordinaciones para la comercialización de estupefacientes en la vereda La Osa, jurisdicción del municipio de El Carmen, y se encontraba vinculado a un proceso investigativo por el delito de concierto para delinquir.

La segunda víctima identificada es un hombre conocido como alias “Alex”, quien vestía pantalón negro. Según la información preliminar del medio ya mencionado, este sujeto sería dinamizador del narcotráfico al servicio de alias “Tata” y estaría encargado de la comercialización de estupefacientes para la estructura del GAO ELN, frente Camilo Torres Restrepo.

Tercera víctima aún sin identificar

La identidad de la tercera víctima no ha sido confirmada oficialmente. Unidades de la Policía Nacional y organismos de investigación judicial se desplazaron hasta el lugar de los hechos para realizar los actos urgentes, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades señalaron que todas las hipótesis se mantienen abiertas y que el caso es analizado en el contexto de las disputas armadas y las economías ilegales que persisten en la subregión del Catatumbo.

Presencia de grupos armados ilegales en el Catatumbo

La masacre ocurrió en una zona donde hay presencia de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados mantienen confrontaciones en la región, por lo que no se descarta que alguno de ellos pueda estar relacionado con los hechos, aunque esta información aún se encuentra en proceso de verificación.

Pese a la presencia del Ejército Nacional y de la Policía en la subregión, los grupos armados continúan generando temor entre la población, situación que durante el último año ha derivado en desplazamientos masivos de habitantes que huyen de la confrontación armada.

Investigaciones continúan

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el tiempo, modo y lugar exactos en que se registraron los hechos, así como para establecer responsabilidades en esta nueva masacre que se suma a los hechos de violencia registrados en el Catatumbo.

Un macabro hecho de sangre se registró en la noche del viernes 23 de enero de 2026, generando alerta y consternación en los habitantes del barrio Resurgir, en Lérida (Tolima).

Según el reporte del Departamento de Policía de Tolima, tres personas fueron asesinadas hacia las 10:42 p. m., hora en la que por lo menos cuatro hombres armados ingresaron de manera violenta desde la parte trasera de la casa y, tras irrumpir en las habitaciones, dispararon de forma repetida contra los integrantes de la familia, que dormían en ese momento.

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Alertados por los vecinos que escucharon los disparos, las autoridades llegaron al lugar y hallaron a las tres personas heridas.

A pesar de los intentos por trasladarlas a un centro asistencial, las víctimas ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de los disparos.

Las personas fallecidas fueron identificadas como John Anderson Vargas Izao, de 35 años; Marta Zúñiga, de 50; y su hijo Andrés Felipe Acosta Zúñiga, de 19 años. Todos eran miembros de la misma familia y residían en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía, asumieron la investigación del caso. Equipos especializados realizaron inspección judicial, recolección de pruebas y entrevistas a testigos en el lugar de los hechos, con el objetivo de esclarecer tanto los motivos como la identidad de los responsables.

Posible hipótesis de la masacre

Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de personas implicadas en el ataque ni la ruta utilizada para huir del lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de que los agresores podrían haber contado con apoyo externo para planificar y ejecutar el crimen sin ser interceptados.

También se investiga si el caso está relacionado con disputas por el control de la venta de estupefacientes en la zona, aunque esta versión permanece como una de las líneas iniciales y no ha sido confirmada oficialmente.

“Lo que tenemos hasta el momento es que se trata de ajuste de cuentas, de vendetas por la venta de estupefacientes en el sector. Y pues estamos en estos momentos ya con un grupo investigativo de inteligencia y de Policía judicial, pues detrás de las personas que pudieron ser las causantes de este suceso tan desafortunado para este municipio”, señaló el comandante del Departamento de Policía de Tolima, coronel Anderson Vargas, a La Voz del Pueblo 920 AM.

Un dato relevante que surgió en las primeras indagaciones es que dos menores de edad, también residentes en la vivienda, no se encontraban en el lugar al momento del ataque, ya que estaban de visita en la vivienda de un compañero de colegio en otro sitio. Esta circunstancia evitó que la cifra de víctimas aumentara.

El caso desató gran conmoción entre los habitantes de Lérida y motivó el despliegue de operativos de control y búsqueda en distintas zonas del municipio y áreas cercanas, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

El comandante del departamento de Policía Tolima agregó a medios de comunicación locales: “Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir; tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas. La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen; no descansaremos hasta tener resultados completos.”

Por último, se refirió a la modalidad de los sicarios para asesinar a este grupo familiar: “Nosotros venimos haciendo un trabajo juicioso con nuestros uniformados en el departamento. Estamos haciendo unos planes diferenciales que nos ha permitido que los hechos de afectación a la vida en el área urbana hayan disminuido en el departamento. Así que, vemos que ya no lo están haciendo de manera sicarial en las calles del municipio, sino que se han atrevido en estos momentos, pues a ingresar a las casas a cometer estos hechos”.

Las investigaciones permanecen en curso, mientras la comunidad exige respuestas ante un crimen que ha generado profunda consternación.

Las autoridades de Antioquia confirmaron el 6 de enero la primera masacre de 2026 en la región, tras el asesinato de cinco personas entre los municipios de Amalfi y Vegachí.

Según información de los hechos, las investigaciones apuntan a que tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y estaban vinculadas a actividades delictivas relacionadas con el hurto de vehículos en la modalidad de atraco, dirigidas contra los llamados chiveros de Amalfi.

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Fuentes consultadas por Infobae Colombia señalaron que los asesinados trabajarían para un delincuente dedicado al robo de automotores, y en medio de sus acciones criminales en el municipio, habrían hurtado una chiva conducida por un hombre conocido como “Gallo”.

Durante el atraco, un pasajero de la chiva habría identificado a los atacantes, circunstancias que, de acuerdo con la fuente, desencadenaron el múltiple homicidio.

La misma fuente señaló que el total de víctimas sería de siete, aunque hasta el momento solo se han encontrado cinco cuerpos.

Los fallecidos habrían estado vinculados en años anteriores con una facción del Clan del Golfo que opera en Amalfi, especialmente en actividades de extorsión a la minería local.

Posibles determinadores de la masacre en Amalfi

Ahora, paradójicamente, los determinadores del múltiple crimen habrían sido sus excompañeros, que también estuvieron vinculados al Clan del Golfo, pero que tras la muerte de alias El Enano comenzaron a delinquir sin Dios ni ley en la región.

Esta célula, bajo el mando de un comandante identificado como Heber Arnubi Jaramillo, conocido como “Gordo tarazeño”, habría dado instrucciones de dispersar los cuerpos en distintos puntos para evitar que el caso fuera catalogado como una masacre, intentando reducir la presión de las autoridades e impedir represalias investigativas.

El liderazgo de Jaramillo en la estructura delictiva surgió tras la muerte de alias el Enano, quien había escapado de la cárcel La Picota y ejercía labores de extorsión en la zona hasta ser abatido por la Policía aproximadamente dos años atrás. Según la fuente, Jaramillo reemplazó a este cabecilla y actualmente mantiene negocios con alias Orqueta, señalado históricamente como responsable de la extorsión a mineros en el nordeste antioqueño.

Testimonios conocidos por Infobae Colombia indican que la hermana de Jaramillo sería la encargada de recolectar el dinero de las extorsiones en Amalfi y reside en el municipio. Se afirma que, en ocasiones previas, tres de las víctimas trabajaron para Jaramillo y hasta le habrían facilitado escondite en sus viviendas para evadir a las autoridades.

Descripciones aportadas a Infobae Colombia retratan a Jaramillo como una persona violenta, con facilidad para ordenar y cometer homicidios, y que suele portar dos armas de fuego, vestir prendas costosas y ostentar objetos de oro.

Un afiche no oficial, elaborado por un grupo autodenominado El Clan Yaragua, circula en la zona ofreciendo una recompensa por información que conduzca a su ubicación.

El anuncio irregular pide por un hombre identificado como “Mono amalfi” $8.000.000; por “Gordo tarazeño” ofrecen hasta $15.000.000; e información por alias El Mello.

El posible actual escondite de alias Gordo tarazeño

El sector conocido como Boquerón fue identificado como el principal refugio de la facción criminal dirigida por Jaramillo.

Comerciantes del casco urbano de Amalfi, bajo amenazas de extorsión, entregarían alimentos, dinero y otros suministros tanto al delincuente como a sus secuaces.

La fuente destacó que Jaramillo se mueve con frecuencia, dispone de importantes sumas de dinero y se apoya en una estructura conformada por al menos cinco hombres armados.

“Eso está bien caliente, porque aquí tratan de esconder los crímenes para no hablar de tasas altas de homicidios empezando el año. Hay una discusión con la tasa de seguridad, porque andan diciendo que eso lo que se volvió fue también una extorsión, porque de nada ha servido”, puntualizó la fuente anónima.

Una nueva masacre enluta a Antioquia tras conocerse el homicidio de tres hombres en Abejorral, en el oriente del departamento.

El macabro hallazgo se dio en la vereda Los Rastrojos, zona rural del municipio, según confirmó la Alcaldía de Abejorral mediante un comunicado emitido el sábado 10 de enero.

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Las autoridades locales indicaron que el hallazgo de los cuerpos ocurrió a aproximadamente una hora del casco urbano, en circunstancias que permanecen bajo investigación.

De acuerdo con la Alcaldía de Abejorral, hasta el momento “se desconoce si fueron ultimados en la zona donde fueron hallados”.

Personal del Ejército Nacional, la Policía local y unidades de criminalística se desplazaron hasta el lugar para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer la identidad de los presuntos responsables.

“Se desconoce si fueron ultimados en la zona donde fueron hallados. A la zona se desplazaron unidades de Ejército, Policía local y criminalística para realizar las investigaciones que permitan dar claridad de los hechos y presuntos responsables. La ampliación de detalles de este hecho deberá ser proporcionados por las autoridades policiales y judiciales del departamento”, señaló puntualmente el comunicaco oficial.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) dijo que “nuestras alertas eran ciertas y no fueron atendidas por las autoridades”, refiriéndose a advertencias previas sobre la situación de seguridad en el área.

La organización agregó que, según diversas fuentes, habría más de tres víctimas fatales en el hecho y expresó preocupación por lo que calificó como omisión e intento de desviar la atención por parte del Gobierno de Antioquia y la Alcaldía de Abejorral.

“Ahora no podrán seguir ocultando la veracidad de nuestras alertas y la crisis de derechos humanos en el municipio. Desde Corpades condenamos la violencia y demandamos acciones urgentes, respetuosas de los derechos humanos, para frenar el escalamiento”, afirmó la organización.

La Sijin de la Policía Nacional y el Ejército coordinan la llegada al sitio para adelantar las averiguaciones y determinar las circunstancias exactas del suceso, mientras la comunidad permanece a la espera de mayor información oficial sobre los hechos.

Reportan doble homicidio con arma de fuego en zona rural de Remedios, Antioquia

Dos hombres fueron hallados muertos con heridas de arma de fuego en la vereda Martana, zona rural del municipio de Remedios (Antioquia), en la madrugada del 9 de enero de 2026.

El hecho, reportado por la Policía, ocurrió sobre la vía que conecta con el municipio de Yondó, a aproximadamente 40 minutos del casco urbano.

La primera víctima fue identificada como Javier Alcides Londoño Barrera, de 42 años, comerciante residente en el sector La 40 de Segovia. Según información de familiares, Londoño Barrera había desaparecido el miércoles 7 de enero después del mediodía, situación que no fue reportada oportunamente a las autoridades por temor a represalias.

Los parientes aseguraron que no tenía vínculos con grupos delincuenciales ni conflictos relacionados con la empresa de compra de oro que administraba. La segunda víctima permanece sin identificar.

Los cuerpos presentaban múltiples heridas de arma de fuego y laceraciones, según el reporte de Policía judicial. En el caso del segundo fallecido, se registró la ausencia bilateral de pezones y lesiones en la región abdominal.

Las autoridades iniciaron el levantamiento y traslado de los cuerpos en coordinación con la funeraria del municipio. El informe preliminar de las diligencias indica que el crimen podría estar relacionado con ajustes ilegales de cuentas por el control territorial de grupos criminales que operan en la zona, como la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, el frente José Antonio Galán del ELN y el GAO-R E4, según fuentes consultadas por este medio.

No se reportaron capturas ni identificación de los responsables. Tampoco se cuenta con registros de cámaras de seguridad en el lugar. La Fiscalía y el equipo de criminalística continúan con la investigación para esclarecer los móviles del doble homicidio y determinar la identidad de la segunda víctima.

Las autoridades de Antioquia confirmaron la primera masacre de 2026 en el departamento, con el asesinato de cinco personas entre los municipios de Amalfi y Vegachí.

Según fuentes consultadas por Infobae Colombia, tres de las víctimas serían miembros de una misma familia.

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La misma fuente confirmó que la desaparición de las víctimas ocurrió desde el 4 de enero, cuando los hombres, que no tendrían antecedentes judiciales, habrían sido citados de manera separada cerca de la zona urbana de Amalfi, presuntamente para responder por el “hurto” de un vehículo.

En el presunto “ajusticiamiendo”, los citados fueron secuestrados y ultimados, al parecer, con armas de fuego.

En Amalfi, en la vereda Montebello, a 68 kilómetros del casco urbano, fue identificado Jorge Andrés Madrigal Ruiz; en Remedios, específicamente en el corregimiento Santa Isabel, ubicado a 53 kilómetros del casco urbano, la víctima corresponde a Yefer Arley Madrigal Castañeda.

Por su parte, en Vegachí, en el corregimiento El Tigre, sector La Y, a 82 kilómetros del centro municipal, abandonaron el cadáver de Juan Carlos Madrigal Ruiz. Además, en la vereda Alejandría de ese mismo municipio, a 30 kilómetros del casco urbano, las autoridades hallaron a Oliver Madrigal. Los cuerpos fueron encontrados en lugares distintos con la aparente intención de simular hechos aislados.

Sin embargo, la fuente señaló que todos los homicidios están relacionados y habrían sido ordenados por alias Chuzo o Matías, cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, grupo armado que mantiene presencia en la zona y cuyos integrantes estarían ligados al excomandante del ELN, Antonio Marin, alias Horqueta.

De acuerdo con datos de las autoridades, durante 2025 en Antioquia se registraron 1.664 homicidios y 11 masacres que dejaron 41 víctimas. Tras el reciente hecho, las autoridades locales anunciaron la realización de un consejo de seguridad para evaluar la situación.

Asimismo, la fuente reveló a este medio que desde el 4 de enero ya existía conocimiento oficial sobre las desapariciones, pero no se habría hecho pública la información hasta ahora que aparecieron muertos.

Situación de violencia en Antioquia dejó 40 asesinatos de miembros de la fuerza pública

El balance de seguridad en Antioquia correspondiente a 2025 evidenció cifras que mantienen la atención de las autoridades departamentales al comenzar 2026.

El departamento reportó el asesinato de 40 integrantes de la fuerza pública, el registro más elevado en los últimos 12 años, en un contexto marcado por la presencia de estructuras armadas ilegales y diversos episodios de violencia.

Las cifras oficiales dan cuenta de 1.664 homicidios durante 2025, una reducción de 20 casos frente a lo sucedido en 2024. No obstante, las autoridades enfatizaron que la magnitud del fenómeno sigue en observación, especialmente por la alta proporción de hechos vinculados a conflictos interpersonales y expresiones de intolerancia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, atribuyó una parte significativa de los homicidios a disputas cotidianas, y destacó que la Policía registró aproximadamente 9.800 casos de lesiones personales relacionados con riñas y conflictos que derivaron en hechos violentos.

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue el aumento de los homicidios contra policías y militares. De acuerdo con los datos comparativos, en 2024 se reportaron 22 casos, mientras que en 2025 la cifra se duplicó hasta alcanzar 44 víctimas, reflejando un incremento sustancial en los ataques letales contra miembros de la fuerza pública.

Martínez explicó que este comportamiento está relacionado con factores como la expansión de grupos armados ilegales, la ejecución de “planes pistola”, paros armados y ceses unilaterales decretados por estos grupos.

La expansión y presencia de estructuras armadas ilegales en diferentes subregiones de Antioquia fue identificada como un factor transversal en el análisis de seguridad. Las autoridades advirtieron que estos grupos han sostenido acciones contra la población civil y la institucionalidad, incluyendo ataques directos a integrantes de la fuerza pública.

El informe también reportó 11 masacres durante 2025, que dejaron un saldo de 41 víctimas mortales en municipios como Yarumal, Andes, Urrao, Amalfi, San Pedro de los Milagros y Cáceres.

Las masacres fueron señaladas como uno de los indicadores más sensibles del panorama de seguridad, tanto por su impacto en las comunidades como por las dinámicas criminales asociadas, y las investigaciones permanecen a cargo de las autoridades judiciales.

El balance anual incluyó además el comportamiento de los delitos relacionados con violencia de género. Las autoridades reportaron el asesinato de 108 mujeres durante los últimos 12 meses, de los cuales al menos ocho casos fueron tipificados como feminicidios e investigados bajo ese delito específico por la Fiscalía General de la Nación. Los procesos judiciales para estos hechos continúan en etapa de investigación.

Rodeado de miembros armados de las fuerzas de seguridad y portando casco y chaleco antibalas, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, instó a la calma en las calles de Caracas y pidió unidad tras los recientes bombardeos que facilitaron la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Cabello reclamó la intervención internacional y señaló que los ataques constituyeron una "masacre". Según detalló el medio, el gobierno venezolano exigió además pruebas de vida por parte de Estados Unidos y denunció víctimas fatales y heridos tras la operación militar.

De acuerdo con la información presentada por el medio, Cabello realizó una comparecencia pública en la madrugada, llamando a la población a mantener la calma y a confiar en el liderazgo tanto civil como militar durante la crisis. Sus declaraciones incluyeron un llamado explícito a evitar el pánico o cualquier reacción que facilite la labor del "enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente". En su discurso, el funcionario remarcó la existencia de un "pueblo organizado que sabe qué hacer", y llamó a evitar cualquier acto de desesperación frente a la intervención de fuerzas extranjeras.

Tal como consignó la fuente original, el ministro definió los ataques estadounidenses como "cobardes", enfatizando que ocurrieron mientras la población dormía y denunció que se trató de una acción militar dirigida contra civiles. En repetidas ocasiones, Cabello utilizó el término "masacre" para describir el resultado de estos bombardeos y preguntó públicamente si los organismos internacionales serían cómplices por su silencio o inacción ante los hechos denunciados. Además, solicitó expresamente que la comunidad internacional se pronuncie en relación con lo que calificó como un ataque directo a la ciudadanía venezolana.

A lo largo de la jornada, las autoridades venezolanas insistieron en que, pese a la gravedad de los hechos, la principal instrucción a la población era mantener la calma y cohesión. Cabello, de acuerdo con el parte consignado por la fuente, reiteró la confianza en el alto mando político y militar para gestionar la situación generada tras los bombardeos de Estados Unidos y la detención de Maduro y Flores.

En la misma línea, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la existencia de víctimas mortales y heridos graves a raíz de los ataques, aunque no especificó la cantidad exacta de personas afectadas. "Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista", declaró Saab, según reportó la fuente. El fiscal subrayó la necesidad de que se presente evidencia del estado de salud tanto del presidente Maduro como de Cilia Flores, sumándose así a la exigencia ya planteada inicialmente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

El gobierno venezolano insistió en la importancia de obtener una prueba de vida que certifique la integridad física de Maduro y Flores, remarcando la gravedad del contexto y el impacto generado por la operación estadounidense. Las autoridades calificaron la acción como una violación a la soberanía, denuncian una masacre de civiles durante un operativo nocturno y reiteran que requieren la verificación del estado de sus principales representantes.

Mientras tanto, el Ejecutivo venezolano sostuvo comunicaciones abiertas con la ciudadanía a través de declaraciones oficiales, haciendo hincapié en la organización popular y la instrucción explícita de evitar provocaciones, así como cualquier manifestación de desesperanza. La situación política y social en Venezuela tras los bombardeos de Estados Unidos y la captura de sus principales figuras sigue siendo objeto de seguimiento tanto nacional como internacional, de acuerdo con lo publicado por la fuente.

Las familias de las víctimas de la reciente masacre en Sydney contra un festival judío publicaron una carta abierta el lunes pidiendo más acción federal para investigar el incremento del antisemitismo y las fallas de seguridad detrás del peor tiroteo masivo en Australia en tres décadas.

Se acusa a dos hombres armados de haber matado a 15 personas y herido a otras 40 en un ataque a un festival de Janucá en la playa Bondi el 14 de diciembre.

En una carta abierta al primer ministro Anthony Albanese, 17 familias de los muertos y heridos pidieron una investigación federal conocida como comisión real para investigar el aumento del antisemitismo en Australia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en 2023, y las consecuentes fallas de las agencias de seguridad.

Familias piden una investigación pública contundente

Las comisiones reales son la forma más contundente de investigación pública en Australia, y los testigos pueden ser encarcelados por retener evidencia deliberadamente.

“Necesitamos saber por qué se ignoraron señales de advertencia claras, cómo se permitió que el odio antisemita y el extremismo islámico crecieran peligrosamente sin control, y qué cambios deben hacerse para proteger a todos los australianos en el futuro”, decía la misiva.

Pero Albanese continuó resistiéndose a las exhortaciones de las familias, líderes judíos y legisladores de la oposición para establecer tal comisión real, diciendo que tomaría años proporcionar respuestas.

En su lugar, anunció los términos de una investigación a cargo del burócrata retirado Dennis Richardson, la cual examinaría posibles fallas en los procedimientos y leyes que derivaron en el tiroteo, que supuestamente fue inspirado por el grupo Estado Islámico. Esa investigación presentará su informe en abril del próximo año.

“Me duele el corazón pensar en las familias de las víctimas de la atrocidad terrorista en Bondi”, dijo Albanese a los periodistas. “Y les acompaño en este momento tan traumático”.

“Mi trabajo, como primer ministro de Australia, es actuar en favor de los intereses nacionales. Es en interés nacional que hagamos la revisión de Richardson sobre la seguridad nacional”, agregó.

Albanese dijo que las autoridades federales apoyarían una comisión real prometida por el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, que tiene su sede en Sydney.

En su carta, las familias dicen que una investigación estatal no es suficiente.

“El aumento del antisemitismo en Australia va mucho más allá de la jurisdicción de un estado. Es una crisis nacional que exige una respuesta contundente”, manifestaron las familias.

Cancelan las celebraciones de Año Nuevo en la playa Bondi

En un momento en que la nación se duele por su peor tiroteo masivo desde que un solo hombre armado mató a 35 personas en el estado de Tasmania en 1996, las habituales celebraciones de Año Nuevo han sido canceladas en Bondi. Los boletos vendidos para un festival de música anual en esa playa serán reembolsados, señalaron los organizadores.

La seguridad se reforzará en la principal celebración de Sydney, con la presencia visible de policías fuertemente armados. Se prevé que más de un millón de personas se congreguen en el paseo marítimo para ver un espectáculo de fuegos artificiales centrado en el puente del Puerto de Sydney.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, indicó que examina con el gobierno federal la participación del ejército para reforzar la seguridad en Sydney.

Semanas después del ataque de Hamas a Israel se estableció la Operación Refugio, de la Policía de Nueva Gales del Sur, con el fin de reducir el comportamiento antisemita y antisocial, y otras actividades de delitos de odio en Sydney. La operación ha recibido recursos adicionales tras el ataque en Bondi.

“Este es el peor evento terrorista que ha afectado a nuestro estado y a nuestro país, y requiere una respuesta integral”, dijo Minns a los periodistas.

Uno de los presuntos agresores, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía en el lugar. Su hijo de 24 años, Naveed Akram, resultó herido y enfrenta decenas de cargos, incluidos 15 por asesinato.

Albanese ha intentado que el público se enfoque en los héroes de la tragedia, en lugar de en los perpetradores. La semana pasada anunció planes para otorgar un premio nacional al valor con el fin de reconocer a los civiles y socorristas que enfrentaron “lo peor del mal” durante el ataque.

El transeúnte herido tras desarmar a uno de los agresores es elogiado

Uno de los más elogiados fue el peatón Ahmed al Ahmed, un comerciante sirio-australiano de 43 años que enfrentó y desarmó a uno de los atacantes antes de resultar herido por perdigones de escopeta.

Más de 43.000 personas de diversas partes del mundo han donado más de 2,5 millones de dólares australianos (1,7 millones de dólares) a una campaña de recaudación de fondos creada para agradecerle su intervención.

Al Ahmed, quien fue dado de alta de un hospital de Sydney la semana pasada después de someterse a varias cirugías, declaró a la cadena estadounidense CBS News que su alma le había pedido salvar vidas.

“No quiero ver gente asesinada frente a mí, no quiero ver sangre, no quiero escuchar su arma, no quiero... ver gente gritando y suplicando, pidiendo ‘ayuda, ayuda’; y eso es lo que mi alma me pidió hacer”, le dijo Al Ahmed a la cadena.

“Yo sé que salvé muchas vidas: niños inocentes y mujeres... y hombres, y sé que salvé a muchos. Pero todavía siento pena por los perdidos”, agregó.

El artista callejero Jarrod Grech pintó la semana pasada una imagen de Al Ahmed en un callejón de Melbourne que ha atraído la atención de los medios. Al Ahmed es representado como un paciente hospitalario sobre un cartel que dice: “Azul verdadero”.

Ese coloquialismo australiano significa “muy genuino; muy leal; expresando valores australianos”, según el Centro Nacional de Diccionarios de Australia.

“Me gusta pintar momentos significativos, y ese fue sobre el espíritu australiano, así que azul verdadero”, dijo Grech a The Associated Press el domingo.

“Así que se trata del acto que él hizo y pensé que eso fue algo azul verdadero”, agregó Grech.

(con información de AP)

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha indicado en un informe que lo sucedido responde a los “terribles patrones de violaciones cometidos durante la toma del campo por parte de las RSF”, por lo que ha exigido la apertura de una investigación por la presunta comisión de “crímenes de guerra”.

En este sentido, ha documentado “violaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia sexual, además de tortura y secuestros” cometidos durante aquellos tres días de ofensiva en abril, unas acciones que se saldaron con 1.013 muertos.

De aquellos que murieron durante los ataques contra el campo de desplazados internos, 319 fueron ejecutados de forma extrajudicial, según el texto, que apunta a que las fuerzas paramilitares sudanesas “fueron casa por casa” realizando registros. “Otros fueron asesinatos en colegios, mercados e instalaciones sanitarias, así como mezquitas. Más de 400.000 habitantes del campo tuvieron que desplazarse nuevamente debido a este ataque”, ha lamentado.

“Este tipo de actos deliberados contra los civiles podrían constituir crímenes”, ha advertido la oficina de la ONU, que insta a “abrir una pesquisa imparcial y efectiva sobre lo sucedido para que los responsables sean llevados ante la justicia y rindan cuentas”.

El informe también aborda posibles actos de “violencia sexual” y apunta a que 104 personas habrían sobrevivido a este tipo de agresiones, de las cuales 75 son mujeres, 26 niñas y tres niños, la mayoría de la etnia zaghawa. “La violencia sexual parece haber sido utilizada de forma deliberada para infligir terror entre la comunidad”, ha recalcado.

“Estos horribles patrones de violaciones, cometidas con impunidad, son consistentes con lo que mi oficina lleva tiempo documentando, incluso durante la toma por parte de las RSF de la localidad de El Fasher a finales de octubre”, ha explicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“Los hallazgos de este informe sirven de recordatorio de la necesidad de tomar medidas para acabar con los ciclos de atrocidades y violencia, y garantizar la reparación de las víctimas”, ha destacado Turk, que ha pedido a la comunidad internacional evitar “sentarse a observar” lo que pasa en Sudán.

Es por ello que ha hecho hincapié en que “todos los estados, particularmente aquellos con influencia, deben hacer todo lo que esté en su mano para frenar las atrocidades”. “Quiero hacer un llamamiento para que se detengan cuanto antes los enfrentamientos y se llegue a una resolución pacífica del conflicto”, ha apuntado.

Ataque contra una subestación eléctrica

Por otra parte, al menos dos personas han muerto este mismo jueves en un ataque por drones achacado a las RSF contra una subestación eléctrica en Atbara, en el estado de Río Nilo (norte), que ha provocado además cortes de suministro en varios estados de esta parte del país africano.

La Célula de Coordinación de Medios de Atbara ha señalado que el ataque ha alcanzado la subestación de Al Muqram, “causando el martirio de dos miembros del equipo de Protección Civil” y causando daños en varios transformadores, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

(con información de EP)

El amanecer del 15 de diciembre de 1890 llegó helado y cortante a la Reserva India de Standing Rock. La nieve crujía bajo los pasos de hombres armados que avanzaban, y el aire estaba cargado de un silencio tenso, roto solo por el susurro del viento entre los árboles y las casitas de madera. Se acercaban a la cabaña de un anciano de mirada firme, un hombre que ya había visto morir a su pueblo en guerras sangrientas, en la traición de los acuerdos con Washington y en promesas vacías que nunca se cumplieron. Su nombre era Toro Sentado.

Los oficiales, armados y decididos a todo, lo habían arrestado en medio de un clima de paranoia y temor. Él no pensaba irse sin hablar, sin aclarar que no era un criminal ni un agitador. La calma que lo acompañaba contrastaba con la tensión que flotaba en el aire, y en sus ojos habitaba la certeza de quien sabe cuál es el precio de la traición.

Minutos después, un forcejeo estalló dentro de la cabaña, seguido de un disparo, y luego varios más. Gritos, polvo, confusión. Cuando todo terminó, el líder más influyente del pueblo lakota yacía sobre el suelo, herido, y su cuerpo fue arrastrado a la nieve. Había sobrevivido al Ejército estadounidense, al exterminio de los bisontes, al confinamiento en reservas y a la traición de funcionarios y militares. Pero no sobrevivió a la mañana en que sus captores, en nombre de la ley federal, abrieron fuego contra él.

Para su pueblo, su muerte simbolizó la agonía de un mundo que se desmoronaba. Para la historia estadounidense, fue un capítulo decisivo de un conflicto que nunca se cerró del todo. Toro Sentado quedó en la historia como lo que siempre fue: un líder espiritual, político y guerrero que se negó a desaparecer.

Orígenes y formación de un líder

Toro Sentado nació hacia 1831 en las praderas del actual Dakota del Sur, dentro de la tribu hunkpapa lakota. Su nombre original, Tatanka Iyotake, evocaba la fuerza del bisonte que no retrocede ante la tormenta: firme, sereno, imposible de doblegar. Desde muy joven se destacó por una calma poco común, por su capacidad para escuchar y por una fuerza interior que imponía respeto incluso entre los ancianos.

No era un guerrero impulsivo. En combate se movía con estrategia; en las negociaciones, con una precisión casi quirúrgica; en las crisis, con una serenidad que descolocaba a propios y extraños. Antes de los treinta años ya era un líder respetado; antes de los cuarenta, la figura espiritual más influyente entre los hunkpapa. Pero a su alrededor, el mundo cambiaba a una velocidad que amenazaba toda estructura conocida. La llegada de colonos, de tropas armadas, de los ferrocarriles y la caza industrial del bisonte estaban desgarrando el modo de vida lakota. Toro Sentado entendió entonces que su misión no era solo pelear batallas, sino proteger la identidad de su pueblo.

Durante las décadas de 1860 y 1870, los Estados Unidos sellaron con los lakota y otras naciones de las Grandes Llanuras una serie de tratados —como los de Fort Laramie de 1851 y 1868— que, en teoría, reconocían vastos territorios ancestrales, garantizaban derechos de caza y uso exclusivo de la tierra, e incluso prometían suministros y la prohibición de asentamientos blancos. Sin embargo, estas promesas fueron quebradas casi de inmediato. La fiebre del oro en las Black Hills, la expansión de las líneas ferroviarias y la presión colonizadora empujaron al Gobierno a recortar territorialmente lo que él mismo había garantizado. Las Black Hills, tierras sagradas para los lakota, fueron ocupadas por mineros y soldados pese a estar protegidas por tratado.

La ruptura sistemática de estos acuerdos precipitó el confinamiento forzoso de los pueblos originarios en reservas, la pérdida de tierras fértiles y la dependencia absoluta de suministros gubernamentales. Muchos líderes —entre ellos Toro Sentado— rechazaron firmar nuevos pactos que implicaran renunciar a sus territorios o aceptar condiciones humillantes. Su postura firme lo convirtió en un referente político y espiritual para su pueblo y en un problema para Washington.

Su notoriedad creció aún más en 1876, en los meses previos a la batalla de Little Bighorn, cuando, según la tradición, tuvo una visión en la que soldados estadounidenses caían como langostas. Ese mensaje fue interpretado como un augurio de victoria y fortaleció el ánimo de miles de guerreros lakota, cheyenne y arapaho. Aunque Toro Sentado no encabezó el combate en el campo, su influencia espiritual fue decisiva en la movilización indígena. La derrota del general George Custer y su Séptimo de Caballería marcó un hito, pero también desencadenó una reacción federal feroz: una campaña militar diseñada para aplastar cualquier forma de resistencia.

La persecución posterior obligó a Toro Sentado a buscar refugio en Canadá durante cuatro años. El hambre, la escasez de bisonte y la presión diplomática lo empujaron a regresar a Estados Unidos en 1881. No volvió como un derrotado, sino como un estratega que priorizaba la supervivencia de su pueblo antes que su propio orgullo. Desde entonces quedó recluido bajo vigilancia permanente en la reserva de Standing Rock, convertido en un líder vigilado, pero no silenciado.

La vida bajo vigilancia y el peso de un símbolo

El regreso de Toro Sentado a Estados Unidos en 1881 no marcó el fin de su liderazgo, sino el comienzo de una nueva forma de resistencia. En la reserva de Standing Rock, vivió bajo vigilancia constante, un control diseñado para silenciarlo sin convertirlo en mártir. Pero su presencia provocaba lo contrario: era un faro en un territorio donde la moral escaseaba y la supervivencia dependía de raciones gubernamentales que llegaban tarde o no llegaban.

Para las autoridades, su figura era un problema sin resolver. La memoria de los tratados rotos seguía viva entre los lakota, y él encarnaba esa herida abierta. Los funcionarios temían que su influencia reavivara la cohesión política de un pueblo despojado. Un líder así, aun sin armas, podía desafiar el orden impuesto con solo hablar en una asamblea o recibir visitantes en su tipi.

Durante un breve tiempo viajó con el espectáculo de Buffalo Bill Cody, un explorador y showman, donde el público blanco se agolpaba para ver al “jefe salvaje” sin entender quién era realmente. Toro Sentado aceptó la oferta por razones prácticas: necesitaba recursos para su gente. Pero lejos de adoptar el papel que el show esperaba, utilizó cada oportunidad para denunciar la situación de los pueblos originarios y para desafiar, en plena gira, el relato dominante sobre la conquista del Oeste.

Al regresar a Standing Rock encontró un clima aún más tenso. James McLaughlin, el agente indio de la reserva, veía en él una amenaza directa. Consideraba que mientras Toro Sentado permaneciera libre dentro de su propio territorio, ningún proyecto de asimilación forzosa sería posible. Para McLaughlin, aquel líder que se negaba a rendirse era un obstáculo político. Para los lakota, era lo último que quedaba de un mundo que se desmoronaba frente a sus ojos.

Profecías, temores y el crimen

Hacia 1890 comenzó a expandirse entre varias naciones indígenas un poderoso movimiento espiritual: la Danza de los Fantasmas. Decía que los ancestros volverían, que los bisontes regresarían a las llanuras y que la tierra se sanaría. Era un mensaje de esperanza en un tiempo de hambre y despojo, un intento de reconstruir emocionalmente lo que las armas y los tratados rotos habían destruido.

Para el Gobierno estadounidense, en cambio, eso parecía el germen de un levantamiento masivo. La tensión aumentó en las reservas. Y aunque Toro Sentado no practicaba la Danza de los Fantasmas, su reputación como líder espiritual lo situaba en el centro del temor oficial: si él la respaldaba, el movimiento podía tomar un cariz político que escapara a todo control.

McLaughlin, convencido de que debía actuar antes de que eso ocurriera, ordenó su arresto.

Antes del amanecer del 15 de diciembre de 1890, la quietud de Standing Rock se quebró. Un grupo de policías indígenas —miembros de la agencia policial de la reserva— llegó a la vivienda de Toro Sentado para arrestarlo, cumpliendo órdenes de las autoridades federales. Eran nativos como él, pero vestían la autoridad del Gobierno estadounidense y cargaban la tensión de un tiempo en disputa.

La noticia de la detención corrió rápido y, afuera, sus seguidores comenzaron a reunirse en la penumbra helada. Bastó un intercambio de gritos, un empujón, un intento torpe de arrancarlo de su hogar para que la escena se volviera explosiva. Hubo forcejeos, armas que se levantaron en medio del caos y, finalmente, disparos que desgarraron la madrugada.

En segundos, la confusión se transformó en una balacera descontrolada. Toro Sentado cayó abatido con dos heridas mortales, junto con varios de los suyos. Así, en un enfrentamiento breve y caótico, terminó la vida del líder que había desafiado ejércitos enteros y cuyo nombre seguía encendiendo la esperanza de su pueblo. Su hijo, Crow Foot, también murió.

Su muerte estremeció a las naciones lakota y llegó como un presagio oscuro: apenas dos semanas después, las tropas estadounidenses perpetraron la masacre de Wounded Knee. El mundo que Toro Sentado había intentado proteger estaba al borde del abismo, pero su legado no se extinguió. Con los años, su figura trascendió fronteras y relatos. Tatanka Iyotake se convirtió en símbolo de dignidad, resistencia y soberanía espiritual. Su memoria persiste en Standing Rock, en canciones, en discursos, en ceremonias y en la conciencia de un pueblo que aún escucha la enseñanza que marcó su vida: un verdadero líder no retrocede ante la tormenta.

A un año del ataque armado que en noviembre de 2024 dejó siete jóvenes muertos y al menos diez heridos en el bar “Dbar”, en la zona de Tabasco 2000, autoridades estatales confirmaron la detención de Abel “N”, apodado como “El Montana” y señalado como uno de los autores directos de la agresión. Con esta captura, suman tres los detenidos por el caso hasta el momento.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) y el gobernador Javier May Rodríguez informaron que la detención ocurrió la semana pasada durante operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Estatal y fuerzas federales. De acuerdo con las autoridades, forma parte de una serie de acciones de inteligencia que durante noviembre permitieron asegurar a once generadores de violencia en puntos estratégicos de la entidad.

En conferencia de prensa, el comisionado de la Policía Estatal, Jesús Amaya Guerrero, explicó que “El Montana” era uno de los principales objetivos relacionados con el ataque perpetrado el 7 de noviembre de 2024 en el centro nocturno Dbar, donde seis personas murieron en el lugar y una más perdió la vida posteriormente en un hospital. Además, diez personas resultaron heridas; entre ellas, jóvenes que celebraban un evento social.

Por ahora, la FGET confirmó que las investigaciones continúan abiertas y que se mantienen operativos en coordinación con instancias federales para dar seguimiento a todos los implicados.

La tercera detención clave para esclarecer el caso “Dbar”

La captura de Abel “N” se suma a dos detenciones previas vinculadas directamente con el caso. La primera ocurrió en diciembre de 2024 cuando un hombre fue arrestado ―en las inmediaciones de la zona hotelera de Tabasco 2000― poco después de la agresión.

Meses más tarde, el 8 de abril de 2025, el secretario Omar García Harfuch anunció la aprehensión de Rodolfo “N”, “El Cubano”, presunto participante y considerado objetivo prioritario del Gobierno de México.

Las investigaciones avanzan desde finales de 2024 cuando el entonces fiscal general del estado, José Barajas Mejía, informó que tres presuntos atacantes ya habían sido identificados con base en análisis de videograbaciones, testimonios y dictámenes periciales.

Barajas detalló que el área de balística trabajaba para determinar la relación entre algunos agresores y víctimas, pues en el sitio se confirmó un intercambio de disparos. También señaló que el crimen organizado podría estar vinculado a los hechos; particularmente, la organización La Barredora y una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos que mantenían una disputa por el control del narcomenudeo en Villahermosa.

A pesar del posible trasfondo criminal, las autoridades confirmaron que entre las víctimas había personas ajenas a dichos grupos, incluido un joven músico que laboraba en el establecimiento. El entonces fiscal hizo un llamado a los padres de familia para mantenerse atentos a los espacios y actividades de sus hijos, puesto que algunos jóvenes acudían a zonas con presencia de grupos delictivos sin conocer los riesgos.

Tras la masacre, diversos bares y centros nocturnos de Villahermosa cerraron temporalmente por temor a ataques similares, lo que generó preocupación entre empresarios del sector y afectó la actividad nocturna durante varias semanas.

Javier May dice que hay cambios en la percepción de seguridad en Tabasco respecto a 2024

El gobernador Javier May Rodríguez afirmó que la situación de seguridad en Tabasco es distinta a la registrada a finales de 2024. Señaló que, entre noviembre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la incidencia de homicidio doloso disminuyó 60% en la entidad. Sin embargo, las autoridades no han precisado si faltan más detenciones para concluir completamente el caso del Dbar.

Desde temprano, la entrada al mítico teatro se fue poblando de fanáticos de todas las edades. Algunos aguardaban con ansiedad el reencuentro, otros aprovechaban para intercambiar anécdotas, recuerdos de recitales y exhibir camisetas con logos y frases emblemáticas que acompañaron al grupo en distintas etapas. Esta diversidad en el público retrata el lugar trascendental que Massacre ocupa, no solo en la escena under, sino también en el mainstream de la música argentina.

El inicio del recital estuvo marcado por un gesto simbólico: Walas, líder y voz de la banda, subió al escenario enfundado en la remera de “Terrores Nocturnos”, la banda soporte de la noche, comandada por Marcos Aramburu. El concierto arrancó con “Sofía, la Súper Vedette”, una de las piezas fundamentales del universo Massacre, generando la primera ovación de la jornada. A partir de allí, el set repasó los distintos sonidos y épocas que definen a la agrupación, desde éxitos imborrables como “La Octava Maravilla” y “Tanto Amor”, hasta el material más reciente del disco “Nueve”.

El álbum, producido por Gustavo Santaolalla y galardonado en la última edición de los Premios Gardel 2025 con las distinciones a Mejor Álbum de Grupo de Rock y Mejor Producción, tuvo su merecido lugar en el repertorio. Las canciones nuevas evidenciaron que la banda conserva frescura, potencia y una conexión vigente con su público, que celebró tanto los clásicos como el material contemporáneo. Cada interpretación era acompañada por una intensidad compartida, donde se mezclaban la nostalgia y el entusiasmo de ver a Massacre reinventándose sobre el escenario.

Un momento de distensión llegó casi al final, cuando Walas sorprendió al público con una aparición inesperada: se presentó ataviado de chef, con delantal, cacerola, cuchara y guante, en una clara referencia a su reciente participación en Masterchef Celebrity. El público celebró la ocurrencia y el vocalista se permitió bromear desde el escenario. “Seguramente vuelva… ¡y ganaré!”, desatando risas y aplausos.

Más allá del cierre de un ciclo y la celebración de un año cargado de actividad, lo que se sintió en Flores fue mucho más que un simple recital. Massacre reafirmó un vínculo de pertenencia único, ese lazo invisible pero sólido entre banda y audiencia que ha sostenido su historia, en la adversidad y en la gloria. El show funcionó como síntesis de un 2025 pleno en movimiento, desafíos superados y sueños renovados, en vísperas de lo que promete ser un 2026 igualmente vibrante y lleno de propuestas.

Massacre no es solo una banda de rock, sino la referencia indiscutida de un género y de una actitud. Surgidos en los años 80 como el primer grupo de skate-punk de Sudamérica, liderados desde entonces por Walas, los músicos supieron evolucionar y romper moldes. A comienzos de los 2000, Massacre se convirtió en la primera agrupación argentina de su estilo en dar el salto al mainstream, abriendo barreras para otros artistas como Babasónicos y constituyéndose en faro para nuevas generaciones de rock alternativo, entre ellas El Mató a un Policía Motorizado.

Su trayectoria está marcada por hitos de gran alcance: ser la banda invitada por figuras internacionales como Foo Fighters, Iggy Pop, Pearl Jam, Ramones, Kiss, Green Day, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers y Chris Cornell en sus presentaciones en Argentina, además de la ovacionada participación en la gira mundial “Gracias Totales – Soda Stereo”, donde ofrecieron una versión celebrada de “Juegos de Seducción”.

El espíritu de Massacre también se nutre de una fuerte impronta femenina, como Walas reconoció en una entrevista con Teleshow en 2023, cuando reflexionó sobre la importancia de las mujeres en la vida y el arte de la banda. “Massacre es un matriarcado. Somos cinco músicos, pero la más importante es mi mujer Tori, nuestra manager. Y, además, nuestras musas siempre han sido mujeres. El primer single que me compré era de Dolly Parton, después me inspiraron artistas como Kate Bush, Blondie, Patti Smith, Marianne Faithfull... Siempre hemos creado figuras femeninas propias como ‘La Reina de Marte’ o ‘Sofía, la súper vedette’. El componente femenino es muy importante en nuestra música”, explicó el cantante.

Así, Massacre cerró el año en el Teatro Flores, reafirmando que la vigencia en el rock argentino no se mide solo en éxitos ni en cantidad de público, sino en la capacidad de reinventarse, de influir en distintas generaciones y de seguir celebrando la comunión con una audiencia tan leal como diversa.

Fotos: Gentileza de prensa.

El municipio de Yondó, Antioquia, se convirtió en el escenario de un nuevo acto de violencia que tiene en alerta a las autoridades. De acuerdo con versiones preliminares, el ataque armado dejó dos hombres muertos en el interior de un establecimiento comercial durante la tarde del lunes 24 de noviembre de 2025.

La información que circula en los medios locales y las redes sociales indica que las víctimas se encontraban sentadas en una de las mesas del local cuando un sicario ingresó al lugar y abrió fuego impactándolos en repetidas ocasiones, lo que provocó su muerte de inmediato.

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El crimen ha generado preocupación entre los habitantes de Yondó, que exigen respuestas ante la creciente inseguridad en la región. Por esta razón, las autoridades reiteraron su compromiso para avanzar en la investigación y dar con el paradero del autor material del doble homicidio.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para esclarecer los hechos, mientras que la comunidad se reunió a las afueras del lugar para documentar lo ocurrido con sus celulares.

Ante el revuelo generado por el brutal ataque, la Policía local reiteró que mantiene activa la búsqueda de pistas que permitan determinar tanto la identidad de las víctimas como la del responsable del acto de violencia que terminó en fatalidad y tiene de luto a los familiares de las víctimas.

Alcaldía se pronunció

La Alcaldía de Yondó confirmó el asesinato de 3 personas en menos de 24 horas, por causa de varios ataques armados atribuidos a la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN, según informó el alcalde Yerson Antonio Ariza Rivera a El Colombiano.

Las dos víctimas del 24 de noviembre son dos hombres, identificados como David Rodríguez y Luis Ángel Marín, que fueron asesinados por un sicario en un establecimiento ubicado a unos 500 metros de la sede de la Alcaldía y a aproximadamente 100 metros de la base militar del municipio.

Además de los fallecidos, la alcaldía confirmó que al menos una persona resultó herida, aunque la Policía señaló que podrían ser dos los lesionados. Tras el ataque, las fuerzas policiales emprendieron una persecución durante varios minutos en un intento por capturar a los responsables, pero las dificultades en las vías de acceso al municipio impidieron su detención.

La situación se agravó horas después, cuando se reportó un nuevo homicidio en una vereda cercana, ubicada entre Yondó y Barrancabermeja. En este caso, sicarios asesinaron a una persona reconocida en la comunidad dentro de otro establecimiento. Ante la gravedad de los hechos, el alcalde decretó el toque de queda a partir de las 7:00 p. m. y prohibió la circulación de parrillero hombre en motocicletas.

“Le hago un llamado al comercio para que me entienda sobre los decretos que vamos a sacar en este momento, pero tenemos que tomar algunas acciones inmediatas. Yo también lo había manifestado en el Consejo de Seguridad anteriormente. Es una alerta que yo estaba dando de esa confrontación que hoy se vive en la zona rural y que se trasladó al casco urbano”, indicó Ariza Rivera.

En respuesta a la crisis, la alcaldía convocó a un Consejo de Seguridad el 25 de noviembre para definir medidas urgentes, pues Yondó ha registrado 31 homicidios en lo que va del año, cifra que representa 15 casos más que en el mismo periodo del año anterior.

“Estamos solicitando más pie de fuerza. Sabemos que la Policía no cuenta con el suficiente en el casco urbano. Por eso ya le hicimos un llamado inmediato al general Martínez, que por favor nos ayuden. En este momento también al coronel del Ejército le solicitamos más presencia militar y estamos militarizando el pueblo para poder tener el control”, concluyó el alcalde.

Mientras el mundo observa otros conflictos, Sudán vuelve a convertirse en el escenario de una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo. Las masacres recientes en Darfur y, especialmente, en El Fasher, retoman la lógica de exterminio que marcó los años 2003–2005. Más de dos décadas después, Sudán vuelve al mismo punto: un Estado colapsado, milicias empoderadas y millones de civiles atrapados entre actores armados que gobiernan con violencia y en total impunidad. La diferencia es que hoy el mundo está menos dispuesto a intervenir, y el sistema internacional tiene menos herramientas que nunca.

Breve resumen histórico: un genocidio que nunca fue detenido

Sudán nació a la independencia en 1956 en medio de fracturas profundas: tensiones entre el norte árabe-musulmán y el sur africano-cristiano y animista, rivalidades tribales, disputas por el control territorial, desigualdad económica y un Estado central débil e incapaz de integrar su diversidad.

Las dos guerras civiles que desgarraron al país (1955–1972 y 1983–2005) dejaron más de dos millones de muertos y culminaron en 2011 con la independencia de Sudán del Sur.

El punto de inflexión global fue la guerra en Darfur, iniciada en 2003, cuando las milicias janjaweed —bajo el mando del régimen islamista de Omar al-Bashir— llevaron adelante una campaña sistemática de exterminio contra comunidades “no árabes”. Más de 200.000 muertos y millones de desplazados marcaron lo que muchos organismos calificaron como un genocidio.

Pero ese entramado paramilitar nunca fue desactivado. Se reorganizó bajo un nuevo nombre: Rapid Support Forces (RSF). La estructura genocida sobrevivió al dictador.

En abril de 2023 estalló la guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las RSF, devolviendo al país a una lógica de destrucción total. Desde entonces, Sudán se convirtió en el epicentro de la mayor crisis humanitaria del planeta: 25 millones de personas necesitan asistencia y hay más desplazados internos que en cualquier otro conflicto actual. Lo que sucede hoy en Darfur es la continuación de un genocidio nunca plenamente detenido.

El factor religioso: identidad, legitimación y movilización

Aunque el conflicto sudanés no es teológicamente religioso, la religión cumple un rol central en su lógica política, identitaria y militar.

Islam sunita como matriz dominante, pero no homogénea: El islam sudanés combina influencias sufíes, movimientos reformistas y corrientes islamistas vinculadas históricamente al régimen de Al-Bashir.

Identidad “árabe” vs. “africana”: una frontera social dentro de una misma fe. La mayoría de las comunidades de Darfur —victimarios y víctimas— son musulmanas. Lo que distingue a los grupos no es la religión, sino la construcción política de una identidad “árabe” superior.

Uso instrumental de la religión para reclutamiento: Las milicias utilizan discursos religiosos para justificar la violencia, prometer protección divina y otorgar sentido a la guerra.

Actores directos e indirectos del conflicto

Actores directos:

• Rapid Support Forces (RSF)

• Sudanese Armed Forces (SAF)

• Milicias locales

Actores indirectos:

• Emiratos Árabes Unidos

• Egipto

• Arabia Saudita

• Rusia y China

• Organismos internacionales debilitados

Intereses económicos en juego

El conflicto persiste porque es rentable:

• Oro bajo control de la RSF

• Rutas comerciales del Sahel

• Tierra y agua bajo disputa

• Ayuda humanitaria como mecanismo de extorsión

• Acceso al Mar Rojo como premio geoestratégico

La pérdida de peso específico de la ONU, la CPI y los organismos multilaterales

La ONU carece de capacidad coercitiva, con un Consejo de Seguridad bloqueado por rivalidades entre potencias.

La Corte Penal Internacional mantiene órdenes de arresto que nunca se ejecutan.

La Unión Africana no posee mecanismos para imponer decisiones.

Las ONGs trabajan sin garantías de acceso ni protección.

Sudán expone la impotencia del sistema internacional para detener crímenes masivos incluso cuando la evidencia es abundante.

Rol ambiguo de las grandes potencias

Estados Unidos declara genocidio pero evita involucrarse militarmente, mientras que China prioriza el acceso a recursos y Rusia busca fortalecer su debilitada influencia militar y económica.

Por su parte, los países del Golfo mezclan la diplomacia oficial con el apoyo informal a las milicias y Europa se limita a denunciar sin actuar.

De este modo, Sudán es víctima de un mundo multipolar que castiga la inacción.

Conclusiones: un genocidio inconcluso en un mundo indiferente

Sudán demuestra que el sistema internacional ya no cumple su función de proteger a los civiles de crímenes masivos. La combinación de identidades étnico-religiosas manipuladas, intereses económicos brutales, milicias empoderadas, grandes potencias especulando y organismos multilaterales debilitados crea el escenario perfecto para la repetición de las masacres.

La pregunta no es por qué ocurre esto en Sudán, sino por qué seguimos aceptando que ocurra.

En un mundo cada vez mas multipolar, donde la “responsabilidad de proteger” se diluye, Sudán se transforma en un espejo incómodo: muestra lo que sucede cuando nadie está dispuesto a pagar el costo político de detener un crimen masivo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró este viernes una sesión especial en Ginebra para abordar los recientes asesinatos masivos y otras atrocidades cometidas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar enfrentado con el ejército sudanés, en el hospital Saudí y en otras zonas de El-Fasher, en la región de Darfur, Sudán. Durante la jornada, el organismo aprobó de forma unánime una resolución que encarga a un equipo de expertos independientes continuar y profundizar las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la zona.

El mes pasado, combatientes de las FAR tomaron el control de el-Fasher —capital de Darfur del Norte— y atacaron el hospital Saudí, donde mataron a más de 450 personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, trabajadores humanitarios y residentes desplazados informaron que las FAR realizaron registros casa por casa, asesinando civiles y perpetrando agresiones sexuales.

En la apertura de la sesión, Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, afirmó que las atrocidades en el-Fasher “pudieron vislumbrarse y evitarse, pero no fue así. Constituyen crímenes extremadamente graves”. Türk subrayó que las FAR, al tomar el control de la ciudad, ejecutaron “asesinatos multitudinarios de civiles, ejecuciones contra grupos étnicos específicos, violencia sexual que incluyó violaciones tumultuarias, secuestros por rescate, detenciones arbitrarias generalizadas, ataques a instalaciones de salud, personal médico y trabajadores humanitarios, y otras atrocidades espantosas”.

Por su parte, la portavoz de la misión de investigación de la ONU, Mona Rishmawi, sostuvo que desde la caída de el-Fasher en manos de las FAR el equipo ha recogido pruebas de “atrocidades indescriptibles, asesinatos deliberados, torturas, violaciones, secuestros, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, todo a gran escala”. Rishmawi agregó que “gran parte de el-Fasher ahora es una escena del crimen” y que es necesaria una investigación exhaustiva para comprender el alcance total de los crímenes.

El conflicto armado entre el ejército sudanés —Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS)— y las FAR comenzó en 2023 tras la ruptura de alianzas previas, lo que ha provocado una crisis humanitaria en el país. Según datos de la OMS, al menos 40.000 personas han muerto a causa de los combates, y la ONU estima que 12 millones han sido desplazadas. Organizaciones humanitarias advierten que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor.

Simultáneamente, Abdel-Fattah Burhan, líder del ejército y del consejo gobernante de Sudán, aseguró que “esta guerra no terminará con una tregua, sino cuando los rebeldes sean destruidos”, según un comunicado difundido por las autoridades durante una visita a la provincia de Gezira. “Hacemos un llamado a todos los sudaneses para que se unan a la lucha, y a aquellos que puedan portar armas para que se presenten”.

Representantes de otros países también participaron en el debate. El embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la ONU en Ginebra, Jamal al-Musharakh, condenó los ataques de las FAR contra civiles, pero acusó igualmente al ejército sudanés de perpetrar bombardeos indiscriminados y de desoír los llamados internacionales a una tregua, señalando que “esto no es nada nuevo” y que las FAS han “albergado terroristas y protegido a individuos acusados de genocidio”.

Mientras tanto, el flujo de desplazados internos aumenta cada día. Según The Associated Press, miles de personas han huido de Darfur y Kordofán hacia el campamento de desplazados en al-Dabbah, en el norte del país. Fatheya Hussein, residente de el-Fasher, relató que quedó atrapada en la ciudad sitiada por las FAR durante más de 18 meses. Señaló que era arriesgado salir de su casa porque había francotiradores en los alrededores, especialmente por la noche, y tenían acceso limitado a alimentos y agua. “Estaba atrapada como un ratón en su agujero. Hay sufrimiento en el-Fasher, con cuerpos esparcidos por todas partes”, afirmó Hussein, quien perdió a 51 familiares por bombardeos de artillería y disparos.

Tras una travesía a pie de unos 65 kilómetros hasta la ciudad de Malit, advirtió sobre las golpizas, robos y registros a quienes huyen, así como la severa hambruna y deshidratación. Su primo falleció de inanición durante el trayecto a un lugar seguro.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reportó el viernes que está aumentando la ayuda para quienes escapan de el-Fasher. Según Leni Kinzli, portavoz del PMA en Sudán, la mayoría de las personas que llegan a los centros de acogida son mujeres y niños, tras días de caminata, “exhaustos, sedientos y desnutridos”.

(Con información de AP)

La noche en la que un partido de fútbol prometía distensión en el suroccidente de Barranquilla terminó convertida en escenario de violencia, cuando un ataque armado en la cancha de Villa Cordialidad dejó tres personas muertas y dos mujeres heridas, en lo que las autoridades consideran un nuevo episodio del enfrentamiento entre las bandas Los Costeños y Los Pepes.

El hecho, que constituye la cuarta masacre registrada en el departamento del Atlántico en 2025, reavivó el temor en una ciudad marcada por la persistencia de la criminalidad, pese a los recientes intentos de tregua entre los grupos delictivos.

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El ataque ocurrió luego de que cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas irrumpieron en el polideportivo de Villa Cordialidad. Los parrilleros descendieron y abrieron fuego en ráfagas contra jugadores y asistentes, provocando una estampida de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que la cancha, minutos antes colmada de gritos y jugadas, quedó sumida en el caos, con cuerpos tendidos en el suelo y decenas de personas huyendo en medio de los disparos.

Un residente de la zona describió la escena: “Eso fue un desastre total. Estaba la gente corriendo para allá, corriendo para acá. Había un desastre, no se sabía lo que pasaba. Hubo muchos tiros, muchos disparos”, según La FM.

Entre las víctimas mortales se encuentran Eider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25; y Roxana Chiquinquirá Huertas Ríos, de 27. Las dos mujeres heridas, Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31, y Yusmari Núñez De la Peña, de 26, fueron trasladadas a centros asistenciales.

Según el reporte policial, Cantillo tenía cinco anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, mientras que Padilla presentaba una por tráfico de estupefacientes.

El coronel Belkin Villarreal, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló: “Uno de estos dos había sido capturado el 1 de octubre por tráfico porte de estupefacientes, pero fue dejado en libertad. Información preliminar indica que este hecho sicarial estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre miembros del grupo delincuencial Los Pepes y Los Costeños. Se ha destacado toda la capacidad institucional a través de nuestra policía judicial para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial así como los móviles y los autores”.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a un ajuste de cuentas entre Los Costeños, organización dedicada al microtráfico en el sector, y su rival Los Pepes. La Policía Metropolitana sostiene que las víctimas estarían vinculadas a la estructura de Los Costeños, mientras que los sicarios serían integrantes de Los Pepes.

El ataque se produce en un contexto de tensión creciente, pese a que los cabecillas de ambas bandas, Digno Palomino y Jorge Eliércer Díaz Collazos, alias Castor, firmaron un cese de actividades el 2 de octubre en la cárcel La Picota de Bogotá, acuerdo que, según lo anunciado, se extendería hasta el 20 de enero de 2026.

El contraste con los hechos del fin de semana anterior resulta llamativo. En la cancha de arena del barrio Barlovento, presuntos miembros de Los Pepes y Los Costeños participaron en un partido de fútbol simbólico, resultado de la tregua pactada en octubre y de los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

El evento, celebrado por líderes comunitarios y familiares de los jefes de las bandas, transcurrió sin incidentes y fue visto como un primer paso hacia la convivencia. La cancha se llenó de tambores, cánticos y aficionados del Junior, que alentaron a ambos equipos sin distinción. Los jugadores, muchos de ellos jóvenes marcados por años de violencia barrial, salieron al terreno con el propósito de demostrar que la coexistencia era posible.

El ataque en Villa Cordialidad puso en entredicho la vigencia de la tregua. La Policía Metropolitana investiga si este hecho marca el fin del cese de hostilidades anunciado por los líderes de las bandas.

El subcomandante encargado, teniente coronel Belkin Villarreal, reiteró: “Se ha destacado toda la capacidad institucional, a través de nuestra Policía para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial, así como los móviles y los autores”.

Según testigos, durante el encuentro deportivo había entre 80 y 90 personas, lo que incrementó el impacto del ataque. Un habitante del sector afirmó: “Hay más heridos, hay pelaos que tienen tiro en el tobillo, otro en la parte de arriba de la pantorrilla. Hay varios heridos”.

Las autoridades confirmaron que tres personas fueron asesinadas en la tarde de este sábado 8 de noviembre en un establecimiento comercial del barrio Tahamíes, zona urbana de El Carmen de Viboral. Entre las víctimas se encuentra Andrés Giraldo, reconocido líder juvenil y contratista de la Alcaldía municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres armados ingresaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban allí, provocando la muerte inmediata de las tres personas. Los agresores huyeron del sitio, mientras las autoridades adelantaban las labores de verificación y acordonamiento de la zona.

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Las tres personas que perdieron la vida en el hecho fueron identificadas como:

• Andrés Giraldo, líder juvenil y contratista de la Alcaldía de El Carmen de Viboral.
• Diosdado Hernández, de 31 años.
• Édgar Velásquez, de 49 años.

El fallecimiento de Andrés Giraldo ha causado especial consternación en el municipio, debido a su trayectoria en procesos de liderazgo juvenil y participación comunitaria.

Pronunciamiento del gobernador de Antioquia

El gobernador Andrés Julián Rendón condenó los hechos y anunció la adopción de medidas especiales para fortalecer la investigación. A través de un comunicado oficial, señaló que se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del triple homicidio.

“Frente al triple asesinato ocurrido en El Carmen de Viboral, donde infortunadamente muere el líder juvenil Andrés Giraldo, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta $500 millones para quienes nos ayuden a esclarecer estos homicidios y los recientemente ocurridos allí”, expresó el mandatario departamental.

Rendón informó que solicitó el apoyo de una comisión especial de la Policía Judicial (DIJIN) para reforzar las labores investigativas, además del acompañamiento permanente de la SIJIN y SIPOL en el municipio.

“He pedido a la Policía de Antioquia reforzar la seguridad con grupos de operaciones especiales, adelantar actividades masivas de control y disuasión, y enviar una comisión permanente hasta que estos hechos se esclarezcan totalmente y los responsables queden en manos de la justicia”, puntualizó el Gobernador.

Hipótesis inicial y líneas de investigación

Las autoridades indicaron que la investigación se orienta hacia un posible ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico y las disputas por el control territorial de economías ilegales en el Oriente antioqueño.

El gobernador Rendón reiteró que es necesario fortalecer la acción operativa de la fuerza pública para enfrentar la criminalidad que afecta la región.

“Urge que la capacidad operativa y de investigación criminal de la Policía se apliquen a fondo, a fin de ponerle coto a esta oleada de muertes violentas que ocasiona el microtráfico”, agregó.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional analizan las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector de Tahamíes, con el propósito de identificar a los responsables y establecer el recorrido de los agresores tras el ataque.

Reacción de la Alcaldía de El Carmen de Viboral

La Administración Municipal emitió un comunicado oficial lamentando profundamente los hechos y expresando su solidaridad con las familias de las víctimas. En el documento, la Alcaldía confirmó que uno de los fallecidos era integrante del equipo de trabajo institucional, razón por la cual se suspendieron los actos públicos programados para el fin de semana.

“La Administración Municipal lamenta profundamente los hechos ocurridos en las últimas horas, en los que tres personas perdieron la vida de manera violenta, entre ellas un integrante de nuestro equipo de trabajo. Este suceso nos ha tocado profundamente como institución y como familia carmelitana.”

El texto agrega que, por respeto a las víctimas y a la comunidad, se canceló el evento que se desarrollaría en el parque principal, del cual una de las víctimas hacía parte en la organización.

“Hoy no hay espacio para la celebración. Hoy acompañamos en silencio, en unidad y con el corazón a las familias que sufren. Nuestra voz es de rechazo absoluto a la violencia y de compromiso firme con la vida, la paz y el bienestar de todos los habitantes de El Carmen de Viboral”, concluye el comunicado.

Cinco mineros fueron asesinados en un ataque armado ocurrido el martes 4 de noviembre en la vereda El Jardín, municipio de San Pablo (Bolívar).

El ataque, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fue perpetrado por un grupo de hombres armados que irrumpió en una mina de oro de la zona, donde dispararon de manera indiscriminada contra los trabajadores.

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El secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio, declaró a medios de comunicación que en la zona actúa el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se atribuye presuntamente el ataque.

Berrio añadió que “este año ya ha habido dos incursiones en ese mismo sitio por parte del ELN. En ambas hubo muertos y la quema de la maquinaria”.

Según las versiones, el área es escenario de una disputa entre grupos ilegales por el control de la minería de oro y de los corredores estratégicos de la Serranía de San Lucas.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por Indepaz, cinco mineros fallecieron en el ataque, tres de ellos identificados preliminarmente como Carlos Alberto Castro, Luis Guillermo Méndez y José Estiben Campuzano. Aún no se conoce los nombres de los otros dos fallecidos.

Otras versiones recogidas por medios de la región reportan que dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde murieron posteriormente, y que entre los heridos figura un menor de edad.

La organización agregó que en el lugar fue destruida la maquinaria amarilla utilizada en las labores mineras, así como el desplazamiento de varias familias que habitaban en la zona, a causa de la incursión armada. La entidad enfatizó que la violencia recrudecida en el sur de Bolívar se relaciona con el interés de grupos armados ilegales en el control de las rutas y economías derivadas de la explotación del oro.

Defensoría del Pueblo ya había alertado el riesgo de la población en San Pablo

La Defensoría del Pueblo alertó en un comunicado sobre el alto riesgo humanitario que enfrenta el municipio de San Pablo debido a la disputa de estos sectores ilegales, que ha derivado en desplazamientos forzados, amenazas y control social sobre la comunidad.

En ese sentido, la Defensoría instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para proteger a la población, advirtiendo que la imposición de formas ilegales de gobernanza vulnera de manera permanente los derechos humanos de los habitantes.

Por su parte, autoridades locales informaron que se encuentra en marcha un Consejo de Seguridad para esclarecer lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional dirigidas a contrarrestar el accionar de los grupos armados.

Según declaraciones del Ejército, se trabaja en la recolección de información mediante diferentes agencias de inteligencia para planificar operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas.

“Ante los hechos ocurridos en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, se encuentra en ejecución un Consejo de Seguridad con el fin de determinar la situación precisa de lo ocurrido y establecer acciones en materia operacional que permitan continuar contrarrestando el accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, se trabaja en la recolección de información a través de las diferentes agencias de inteligencia para el planeamiento de operaciones militares orientadas a la neutralización de estas amenazas”, indicó el comunicado oficial.

En el área hacen presencia tanto el ELN como el Clan del Golfo, que disputan el dominio de las rutas estratégicas y las economías ilegales, entre ellas, la explotación minera.

Por su parte, la comunidad expresó su preocupación por los hechos violentos que han marcado la región: “Esto demuestra que la guerra no ha terminado para nuestras comunidades”, expresó un líder social de la zona, citado por La noticia.com.

El hecho eleva a 68 las masacres registradas en el país en lo que va del año, de acuerdo con el observatorio de Indepaz.

Nuevas evidencias sobre la existencia de posibles fosas comunes y matanzas masivas en la ciudad sudanesa de El-Fasher salieron a la luz este jueves, tras la publicación de un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Yale. El análisis de imágenes satelitales y los testimonios recogidos en la zona señalan que la situación en esta estratégica urbe de Darfur se ha agravado desde que fuera tomada por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) el pasado 26 de octubre, luego de un asedio de casi 18 meses.

El documento, elaborado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Universidad de Yale, detalla la detección de “al menos dos alteraciones del terreno compatibles con fosas comunes en una mezquita y en el antiguo Hospital Infantil”. Según este informe, se han identificado zanjas de varios metros y la desaparición de objetos con dimensiones semejantes a cuerpos humanos, lo que sugiere que estos podrían haber sido enterrados o reubicados tras su inhumación inicial. Las imágenes muestran además rastros de asesinatos casa por casa, manchas de sangre y cuerpos esparcidos en el entorno de un terraplén, observaciones que coinciden con videos divulgados por propios integrantes de la RSF y relatos de testigos.

El informe del HRL advierte que la sola dimensión de una posible fosa común no permite estimar la cantidad de personas enterradas, “ya que quienes realizan la eliminación de cuerpos suelen apilarlos unos sobre otros”. En el complejo del antiguo Hospital Infantil —convertido en un centro de detención por la RSF—, las imágenes captadas revelan signos de posibles “matanzas masivas en curso”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó previamente “la trágica muerte de más de 460 pacientes y personal médico” durante la ofensiva contra el Hospital Al-Saudi. El HRL agregó que “también se observó la eliminación o traslado de cuerpos en el Hospital Al-Saudi en imágenes satelitales” publicadas este jueves.

Antes de la captura de El-Fasher, los analistas del HRL solo habían registrado entierros individuales, correspondientes a las costumbres locales en las zonas bajo control tanto del ejército como del grupo paramilitar. Sin embargo, tras la toma por las RSF, identificaron “al menos 34 grupos de objetos compatibles con cuerpos visibles en imágenes satelitales”, si bien el laboratorio subrayó que este número probablemente “subestima la escala total de los crímenes”.

El conflicto en Sudán, iniciado en abril de 2023, enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan y a las fuerzas bajo el mando del comandante de la RSF, Mohammed Hamdan Daglo. La violencia se ha extendido por toda la región de Darfur y se ha incrementado tras la caída de El-Fasher, el último bastión militar gubernamental en la zona. Con la ayuda humanitaria bloqueada y las comunicaciones severamente restringidas, las imágenes satelitales se consolidan como una de las pocas fuentes para vigilar la evolución del conflicto en las áreas más remotas.

Simultáneamente, los combates han alcanzado la región de Kordofán. En la ciudad de El-Obeid, un ataque contra un funeral causó 40 muertes en los últimos días, según datos de Naciones Unidas (ONU). La ciudad, capital de Kordofán del Norte, mantiene un papel estratégico como enlace entre Darfur y Jartum. Portavoces de la RSF anunciaron también la toma de Bara, una localidad al norte de El-Obeid, la semana pasada.

(Con información de AFP)

Más de 460 personas han sido asesinadas en el Hospital de Maternidad Saudí de la localidad de El Fasher, en la región sudanesa de Darfur del Norte, tras una serie de ataques perpetrados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS). La ciudad llevaba más de un año y medio bajo asedio de este grupo paramilitar.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que la agencia está “horrorizada y profundamente conmocionada” por los hechos. “Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente”, exigió Tedros, recordando que el Derecho Internacional protege las instalaciones médicas y a su personal.

La OMS también denunció el secuestro de trabajadores médicos en el hospital atacado y registró más de 1.200 muertes en 185 agresiones a objetivos sanitarios desde el inicio del conflicto en abril de 2023. Solo en lo que va de 2025, se han contabilizado 49 ataques y 966 víctimas mortales.

Testimonios y atrocidades

Residentes, desplazados y trabajadores humanitarios describieron escenas de horror desde que los paramilitares tomaron el último bastión del ejército en la región de Darfur.

“Los Janjaweed no tuvieron piedad de nadie”, relató Umm Amena, una madre de cuatro hijos que huyó de la ciudad tras dos días de violencia, utilizando el término sudanés para referirse a las RSF. Según testimonios recogidos por la AP, los paramilitares fueron casa por casa golpeando, disparando y cometiendo agresiones sexuales.

Un video compartido por el gobernador de Darfur, Mini Minawi, muestra presuntamente a combatientes dentro del hospital, con cuerpos en el suelo y disparos a quemarropa. “Era como un campo de matanza”, dijo Tajal-Rahman, de unos 50 años. “Cuerpos por todas partes, gente desangrándose, y nadie para ayudarlos.”

La Red de Médicos de Sudán aseguró que los combatientes de las RSF “mataron a sangre fría a todos los que encontraron dentro del hospital saudita, incluidos los pacientes, sus acompañantes y cualquier otra persona presente en las salas”.

La pediatra Giulia Chiopris, de Médicos Sin Fronteras, explicó que el hospital de Tawila ha recibido numerosos pacientes con heridas de bala y bombardeos, además de niños “realmente agotados”. “Vemos muchos casos de trauma por los bombardeos y un gran número de huérfanos”, señaló.

El comandante de las RSF, general Mohammed Hamdan Dagalo, reconoció lo que llamó “abusos” cometidos por sus fuerzas y aseguró que se abrió una investigación. Sin embargo, no ofreció detalles.

La ONU estima que alrededor de 35.000 personas han huido de El Fasher desde el domingo, mientras que UNICEF advierte que “los 130.000 niños y niñas que viven en El Fasher corren un alto riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos”. “Ningún niño está a salvo”, alertó la directora ejecutiva de la agencia, Catherine Russell.

Según la Agencia de Refugiados de la ONU, los desplazados relataron ejecuciones étnicas y políticas, con víctimas discapacitadas asesinadas por no poder huir y otras abatidas mientras intentaban escapar.

Denuncias internacionales

La indignación internacional no se hizo esperar. Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea condenaron los ataques. Mohamed Osman, de Human Rights Watch, afirmó que las imágenes “revelan una verdad horrenda: las RSF se sienten libres para cometer atrocidades masivas sin temor a las consecuencias”.

Por su parte, el senador estadounidense Jim Risch pidió que las RSF sean designadas como organización terrorista extranjera, denunciando que “las RSF han librado el terror y cometido atrocidades indescriptibles, incluido genocidio, contra el pueblo sudanés”.

El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, confirmó la retirada de las tropas sudanesas de la capital de Darfur del Norte, lo que permitió a las RSF consolidar su control tras más de 500 días de asedio. Antes de esta ofensiva, la ONU había registrado 1.850 civiles muertos en Darfur del Norte entre enero y octubre, incluidos 1.350 solo en El Fasher.

Las agencias humanitarias advierten que la magnitud de las matanzas podría ser aún mayor, debido al apagón de comunicaciones y a la falta de acceso para los equipos de rescate y asistencia.

(Con información de AP/EP)

Una escena de horror se apoderó de la madrugada del 25 de octubre de 2025 en Floridablanca (Santander): un violento ataque armado registrado en en el asentamiento humano Villa Esperanza dejó como saldo cuatro personas asesinadas y una comunidad sumida entre la inseguridad y la zozobra.

Las autoridades locales, a raíz del caso, ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones a quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables, según anunció el alcalde del municipio, José Fernando Sánchez Carvajal, tras un consejo de seguridad.

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Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía, la masacre se investiga como un posible ajuste de cuentas entre grupos dedicados al microtráfico. El hecho ocurrió cerca de la 1:45 p. m., cuando varios hombres armados y encapuchados irrumpieron en la zona conocida como El Planchón.

De acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades, citados por Vanguardia, unas 20 personas se encontraban consumiendo sustancias alucinógenas en el lugar y, en un momento inesperado, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, despertando el pánico entre los presentes.

Uno de los sobrevivientes, conocido como alias Pirata, relató que se hallaba reunido con las víctimas cerca de unos cambuches cuando comenzó la emboscada: “Llegaron unos vagos con ‘mini uzi’ repartiendo bala por todo lado. Nunca había sentido la muerte tan de frente. Fue muy pesado. No sé cómo estoy vivo para contarlo”, narró “Pirata”, según la declaración recogida por Vanguardia.

El individuo aseguró haber escapado cuando se adentró en una zona de espesa vegetación, donde permaneció oculto hasta que cesaron las ráfagas de disparos: “Como pude me escondí en el monte, gracias a Dios. Estuvo muy delicado. Se metieron hasta abajo, por la carretera también. Fue como una emboscada”, recordó el hombre.

En paralelo, alias Pirata reconoció su condición de consumidor de drogas, pero negó cualquier vínculo con las disputas territoriales por el control del expendio de estupefacientes: “Yo soy consumidor, pero no trabajo en eso. Uno vive es poseído por esta droga. Con ganas de dejarla, pero es difícil. Uno busca la muerte por deporte y, cuando llegan a buscarlo, ahí sí tiemblan las piernas”, expresó el individuo, según el medio citado.

Las cuatro víctimas de la matanza

Las víctimas, identificadas por la comunidad como “Calvo”, “Álvaro”, “Jhonatan” y “Mosco”, presentaban múltiples heridas de bala. “Calvo” fue hallado con impactos en el brazo, el pecho y la mano izquierda; “Álvaro” tenía lesiones en el abdomen, cuello y rostro; “Jhonatan”, sin camiseta, mostraba heridas en el tórax y el costado derecho; mientras que “Mosco” recibió dos disparos en la cabeza. Ninguna de las víctimas portaba documentos, por lo que sus cuerpos permanecen en la sede de Medicina Legal para su plena identificación.

El coronel Savin Andrade Patarroyo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informó que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía y que se han intensificado los operativos para dar con los responsables.

“Avanzamos con la Fiscalía en la recolección de pruebas e intensificamos la búsqueda para capturar a los responsables. Las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por control del microtráfico”, declaró el oficial, en concordancia por lo indagado por la alcaldía local.

Vecinos del sector relataron que los hechos ocurrieron mientras la mayoría dormía: tras escuchar cerca de ocho disparos, algunos se asomaron, pero la oscuridad y el miedo les impidieron salir. Solo cuando el silencio volvió, uno de ellos se atrevió a verificar lo sucedido y encontró los cuerpos sin vida.

Entre tanto, la Alcaldía de Floridablanca anunció el refuerzo de patrullajes y operativos de control en distintos sectores de la ciudad, en un intento por contener la violencia asociada al microtráfico y devolver la tranquilidad a los habitantes de Villa Esperanza.

El barrio La Cumbre, en el municipio de Floridablanca, Santander, comenzó la jornada del sábado 25 de octubre de 2025, con el trágico asesinato múltiple de cuatro personas.

Los hechos sucedieron en las horas de la madrugada. De acuerdo con testimonios de residentes y el reporte entregado por autoridades locales, disparos se oyeron hacia las 3:00 a. m. en el sector conocido como La Invasión, entre Villa Esperanza y Altos de la Cumbre.

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Según relató el coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, citado por Caracol Radio, “las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por el control del microtráfico. Avanzamos con la Fiscalía y la Policía en la recolección de pruebas para capturar a los responsables”.

El oficial anticipó que se convocará a un consejo de seguridad extraordinario en el municipio con el objetivo de definir la recompensa que pueda ofrecerse por información que conduzca a los victimarios. Hasta el momento, las autoridades no han conseguido identificar los cuerpos de las víctimas.

La mascota de una de las víctimas no quiso alejarse del cuerpo durante el levantamiento

El suceso dejó una imagen que conmovió a los vecinos de la trágica escena: un perro labrador dorado, visiblemente angustiado, que se mantuvo todo el tiempo junto al cadáver de uno de los fallecidos.

Testigos, citados por la plataforma informativa loquepasaencolombia.com, narraron cómo el animal, tembloroso y con la mirada perdida, se resistía a abandonar a su dueño incluso cuando los peritos forenses trasladaban el cuerpo.

La narración indica que el animal se acercaba al cadáver, lo olfateaba, luego se recostaba en el suelo, para levantarse sin saber qué hacer, “como si esperara que su amo despertara”.

Uno de los presentes recordó que el perro “intentó seguir la camilla, moviendo la cola lentamente”, hasta que vecinos del sector, compadecidos por la escena, decidieron adoptarlo y brindarle refugio.

No paran los sicariatos en Santander

La ola de homicidios por sicariato se intensificó en Bucaramanga esta semana, después de que el joven taxista Alexis Danilo Lizarazo Díaz, de 25 años y conocido como “Baygón”, fuera asesinado a plena luz del día en el barrio La Concordia.

El ataque ocurrió a las 11:30 a. m. del 24 de octubre, mientras Lizarazo conversaba dentro de su taxi con su colega Frank Sebastián Celis Mosquera.

Según relataron testigos a Vanguardia, dos hombres en motocicleta se aproximaron por el lado del copiloto y, sin mediar palabra, abrieron fuego. El conductor recibió dos balazos en la mandíbula y uno más en la oreja, perdiendo la vida poco después de ser trasladado a la Clínica San Luis.

A pesar de los esfuerzos de auxilio de sus compañeros, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Su acompañante resultó herido en un brazo y se encuentra en recuperación.

La Sijin asumió la investigación y adelanta la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del homicidio. De acuerdo con las autoridades, Lizarazo Díaz presentaba registros en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por violencia intrafamiliar, receptación, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Este caso se suma a otros tres asesinatos cometidos en la ciudad en apenas tres días, entre ellos el de Harold Mauricio Vásquez Mariño, otro taxista de 43 años baleado el 22 de octubre frente a su hogar en el barrio Villa Helena. También fallecieron Daniela Fernanda Anaya Uribe, de 25 años, víctima de un ataque armado en el barrio Girardot, y Cristian Humberto Pinzón Gamboa, de 42, vendedor de repuestos asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta.

La racha de crímenes sacude al sector de La Concordia y mantiene en alerta a la ciudadanía y al gremio de taxistas, que exige mayores resultados frente a una violencia que no da tregua. Las autoridades refuerzan las indagaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables, mientras Bucaramanga enfrenta un preocupante aumento de los homicidios selectivos.

(con imágenes de Reuters)

Un ataque aéreo perpetrado por el ejército de Birmania contra una multitud reunida en un festival religioso y una protesta en el municipio de Chaung U, en el centro del país, dejó al menos 40 personas muertas, incluidos varios niños. Testigos y organizadores confirmaron también alrededor de 80 heridos tras el bombardeo del lunes por la noche.

La población local participaba en el festival de luna llena de Thadingyut, una de las festividades budistas más importantes. Según relató una organizadora, la gente se congregaba hacia las siete de la tarde para la celebración y una manifestación contra la junta militar, cuando un parapente motorizado apareció sobrevolando la multitud.

“El comité alertó a la gente y un tercio de la multitud logró huir. Pero de inmediato, un parapente motorizado voló justo sobre la multitud y dejó caer dos bombas en el centro de la reunión", señaló la mujer, que pidió mantener el anonimato por seguridad. ”Los niños quedaron completamente destrozados”, agregó.

Después de las explosiones, quienes habían logrado sobrevivir corrieron a auxiliar a los heridos. “Esta mañana todavía estábamos recogiendo restos del suelo: trozos de carne, extremidades, partes de cuerpos que habían quedado destrozados”, añadió la organizadora.

Un residente de Chaung U, que estuvo presente en el festival, confirmó la magnitud de la masacre: “Mientras les decía a las personas ‘por favor, no corran’, el paramotor lanzó dos bombas. Dos de mis compañeros murieron justo delante de mí. Había aún más que murieron frente a mí”. Al día siguiente asistió al funeral de nueve de sus amigos.

Birmania vive una crisis profunda desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, una amplia red de grupos prodemocracia y milicias étnicas se ha organizado para enfrentar al ejército, dando lugar a un conflicto armado que se extiende por gran parte del país.

Reacciones y condenas internationales

Organizaciones de derechos humanos condenaron de inmediato el ataque. Amnistía Internacional lo describió como una advertencia clara de la necesidad urgente de proteger a la población civil. “El ataque debe servir como una estremecedora señal de que los civiles en Birmania necesitan protección urgente”, declaró en un comunicado.

El investigador de la ONG, Joe Freeman, subrayó que “la comunidad internacional puede haberse olvidado del conflicto en Birmania, pero los militares birmanos están aprovechando la reducción del escrutinio para cometer crímenes de guerra con impunidad”.

Amnistía pidió a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que incremente la presión sobre la junta, especialmente en vísperas de la reunión que el bloque celebrará a finales de mes.

En este contexto, la junta ha anunciado elecciones para el 28 de diciembre como parte de un supuesto plan de reconciliación. Sin embargo, expertos internacionales cuestionan el proceso. Un relator de la ONU calificó los comicios de un “fraude”, mientras los grupos rebeldes han advertido que harán todo lo posible para impedir que se realicen.

Mientras tanto, los militares mantienen bajo asedio varias zonas rebeldes, en un intento de ampliar su control territorial antes de los comicios. El ataque en Chaung U es el último episodio de una campaña represiva que, según denuncian organizaciones humanitarias, busca sembrar terror entre la población civil.

(Con información de AFP)

El gobierno Tamaulipas anunció que atenderá la recomendación 173VG/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y procederá a la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares por la masacre cometida en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019, atribuida a elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) que operó durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.

Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, informó que la administración de Américo Villarreal Anaya ha comenzado a atender puntualmente las recomendaciones emitidas por la CNDH, entre ellas la provisión de atención médica y psicológica a las personas afectadas y la capacitación en derechos humanos para los policías de la Secretaría de Seguridad Pública; además el Ejecutivo estatal espera el dictamen de la Comisión Estatal de Víctimas para avanzar en la reparación integral conforme a la ley.

El expediente de la CNDH —identificado como Recomendación por Violaciones Graves 173VG/2024— documenta que los hechos constituyeron ejecuciones extrajudiciales y acredita violaciones graves a derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza y la fabricación de pruebas por parte de elementos adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), con el propósito de hacer pasar las ejecuciones por enfrentamientos.

La CNDH detalla pruebas periciales y testimonios que sostienen estas conclusiones.

ONG se mantienen a la expectativa

Organizaciones civiles y familiares de las víctimas han mostrado escepticismo y mantienen demandas de que la reparación sea acompañada por medidas efectivas de justicia: investigación penal, sanción a los responsables y garantías de no repetición.

Este lunes, sobrevivientes y familiares se manifestaron en Nuevo Laredo; además, tres mujeres que denunciaron tortura, iniciaron una huelga de hambre para exigir el cumplimiento pleno de la recomendación y mayor celeridad en las acciones estatales.

Autoridades estatales subrayan que la reparación no sólo implicará indemnizaciones económicas, sino también medidas de rehabilitación, restitución y garantía de no repetición; sin embargo, activistas señalan la necesidad de que la Fiscalía General de Justicia actúe con independencia y que el Estado colabore con instancias federales para agotar la búsqueda de verdad y justicia.

La figura del GOPE y su vínculo con la administración anterior ha sido recordada como parte del entramado institucional que permitió la impunidad en el caso.

Mientras el Estado avanza en la implementación de las recomendaciones, familiares y colectivos de víctimas advierten que vigilarán el proceso y que seguirán exigiendo que las medidas sean integrales, públicas y verificables.

Para las víctimas, la reparación efectiva debe traducirse en justicia penal real, atención integral y la memoria pública de lo ocurrido para que no vuelva a repetirse.

Con un emotivo video publicado a través de la red social X, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) conmemoró a las víctimas y condenó el ataque por tierra, aire y mar, ocurrido a las 6.29 de la mañana y que dejó un saldo total de 1.219 personas muertas, hasta el momento.

“A dos años del 7 de octubre*. El ataque terrorista de Hamas en Israel asesinó bebés, violó mujeres y secuestraron cientos de civiles”, empezó diciendo la organización que representa a las instituciones judías argentinas. La publicación prosiguió: “Un atentado sangriento que dio comienzo el 7O (7 de octubre) pero que continuó con una planificada ola de antisemitismo a nivel mundial”, insistieron las autoridades.

El video, que acompaña el texto, también se publicó en Instagram. En las imágenes se puede observar algunos rostros de las víctimas y el recuerdo de sus seres queridos. “Cada abrazo, cada gesto de solidaridad nos recuerda que NO ESTAMOS SOLOS”, se puede leer.

“Hoy renovamos nuestro compromiso de combatir toda forma de odio y discriminación. Seguimos trabajando cada día para construir una Argentina libre de antisemitismo, donde prevalezcan el respeto, la convivencia y los valores democráticos”, concluyó el comunicado.

El ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas marcó inicio de la guerra en Gaza, que sigue teniendo profundas repercusiones en la región. De acuerdo con un informe de AFP, miles de ciudadanos israelíes recuerdan este martes a sus familiares a través de ceremonias en distintas ciudades.

Para las víctimas del Festival Nova, guardaron un minuto de silencio en el momento exacto en que comenzó el asalto hace dos años. La ceremonia reunió a sobrevivientes y allegados, quienes recordaron a los asesinados y a quienes permanecen retenidos en Gaza.

Mientras, en el sur de Israel, varios kibutzimse celebran homenajes a sus miembros. Por la noche, en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, se realizará otro acto principal, que se suma a las manifestaciones semanales por la liberación de los cautivos, tal como ocurrió el sábado pasado cuando más de 100.000 personas se congregaron para exigir el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza y un acuerdo que permita la liberación de los rehenes israelíes aún retenidos.

El ataque en el festival

Hamás había tomado el control de localidades cercanas a la Franja, al tiempo de que varios cohetes empezaron a caer sobre suelo israelí.

Una DJ argentina que estaba con sus amigos en el desierto relató: “Nos sentamos en el coche y empezamos a ver como que se iluminaba el cielo. Primero pensamos que eran fuegos artificiales. Hasta que se corta la música y escuchamos una voz en hebreo que daba un mensaje que no entendimos”. “Empezamos a irnos en auto y cuando me comunico con mis otros amigos que estaban en otro coche nos gritan: ‘bajen del auto y corran’. Y así lo hice con mis dos amigos y el chico israelí que se nos sumó en el escape”, recordó.

El relato de los testimonios evidenció la violencia que se desató en aquel entonces, en las afueras del kibbutz Reim. “Estaba en la fiesta, pasando el rato con mis amigos y sobre las 06.30 escuchamos las sirenas por los misiles que venían desde Gaza. Intentamos salir de la zona de la fiesta, pero entendimos que muchos terroristas habían venido a masacrarnos”, relató un hombre de 31 años. “Intentamos escapar, pero la ruta estaba bloqueada por autos cuyos pasajeros habían sido asesinados por los terroristas. Vimos muchos cuerpos”, sostuvo.

El hecho, ocurrido hacia las 4:20 p. m., se suma a una serie de homicidios en Barranquilla que han marcado el panorama de seguridad en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

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Según el reporte oficial, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra llegaron hasta el establecimiento ubicado en un segundo piso. Uno de ellos ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra los que se encontraban en el interior.

Dos personas fallecieron en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada de urgencia al centro asistencial Paso El Pueblito, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Los tres hombres asesinados fueron identificados como José Robles Rocha (24 años), Jefferson Villegas Ramírez (31 años) y Alejandro Osorio Piñeres (24 años).

Según el informe oficial, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando sujetos no identificados ingresaron al lugar a bordo de motocicletas de alto colindraje y abrieron fuego. Las primeras hipótesis de las autoridades consideran un posible ajuste de cuentas, sin descartar otras posibilidades como disputas vinculadas al control de economías ilegales en la zona.

La Policía desplegó un plan candado en el área para encontrar a los responsables del crimen múltiple, pero hasta el momento no se han logrado capturas.

“La Policía Nacional se permite informar el lamentable hecho donde mueren al interior de una barbería del barrio Pinal del Río de la ciudad de Barranquilla dos personas. Una más, herida, fue trasladada al centro asistencial, pero en el trayecto llega sin signos vitales al centro hospitalario”, expresó el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Y agregó: “En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho”.

Por último, el oficial reiteró su llamado a la ciudadanía a que aporte cualquier información valiosa que sirva para esclarecer este triple homicidio.

“Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Cualquier llamada, cualquier mensaje de WhatsApp al número 317 896 5523″, concluyó.

Tregua criminal entre Los Pepes y Los Costeños

El atentado se produjo apenas un día después de que se anunciara, desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá La Picota, la firma de un acuerdo de tregua criminal entre las estructuras Los Pepes y Los Costeños. Aunque no se ha atribuido el ataque violento a alguna de estas estructuras criminales de gran impacto en la ciudad.

Estas organizaciones, señaladas por su participación en crímenes, extorsiones y tráfico de drogas y armas en la capital atlanticense, acordaron sumarse al llamado de paz urbana promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los cabecillas Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino suscribieron una declaración en la que expresaron su voluntad de respaldar la iniciativa oficial.

El pacto contempla una vigencia inicial hasta el 20 de enero de 2026, aunque el ataque en Pinar del Río ha puesto en entredicho la efectividad de la tregua para contener la violencia en la ciudad.

Cifras oficiales revelarían el complejo panorama en la ciudad y sus alrededores. Entre enero y septiembre de 2025, la ciudad registró 680 homicidios, de los cuales 597 ocurrieron en el área metropolitana. Barrios populares y periféricos, como Pinar del Río, enfrentan de manera constante ataques sicariales, extorsiones y enfrentamientos entre bandas, lo que mantiene a la comunidad bajo una presión permanente.

El reclamo de los familiares de las víctimas por la masacre vinculada al fentanilo adulterado marcó el tono de la segunda reunión de la Comisión Especial Investigadora. Durante el encuentro, los allegados de quienes perdieron la vida insistieron en que los diputados asuman la investigación con la misma urgencia y dolor que si se tratara de sus propios seres queridos, exigiendo respuestas concretas y señalando la responsabilidad de las autoridades nacionales en el control de la sustancia.

En la sesión, que tuvo lugar al mediodía, participaron familiares de las víctimas, entre ellos miembros de la familia Ayala y de la familia Oviedo. Ambos grupos coincidieron en rechazar la calificación de “tragedia” para lo ocurrido, insistiendo en que se trató de una “masacre”. Uno de los familiares expresó ante los legisladores: “No queremos que trabajen con solidaridad, sino con el dolor que nosotros llevamos”, en un pedido directo para que la comisión actúe con empatía y compromiso.

A lo largo de la reunión, los familiares tomaron la palabra de manera sucesiva. Aunque algunos discursos resultaron más estructurados que otros, todos compartieron la sensación de no estar preparados para enfrentar esa situación y manifestaron su disposición a colaborar con la investigación. La molestia de los presentes se dirigió especialmente hacia el oficialismo, a pesar de que la creación de la comisión contó con el voto unánime de todos los bloques. En particular, los familiares criticaron el silencio del ministro de Salud, Mario Lugano, y reclamaron su presencia en la comisión. “Lugano se está borrando, debería estar acá. Le pedimos a la comisión que lo cite”, exigieron durante la sesión.

La diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión, informó a los asistentes que hasta ese momento no se había citado a ningún funcionario y que la decisión sobre las convocatorias se resolvería en las próximas horas. No obstante, las críticas continuaron y se centraron en la diputada del PRO, Silvana Giudici, a quien acusaron de utilizar políticamente las fotografías tomadas junto a los familiares de las víctimas. La legisladora intentó defenderse, pero la intervención de la hermana de uno de los fallecidos la refutó al afirmar que Giudici apoyaba “a un gobierno que recorta y nos deja sin los controles”.

Entre las próximas acciones previstas por la Comisión Especial Investigadora, que tiene mandato hasta el 9 de noviembre, figura una reunión con el juez Ernesto Kreplak, responsable de la causa judicial. Según anticipó Fein, el encuentro con el magistrado está programado para el jueves a las 10:30, con el objetivo de que explique el estado actual del expediente.

La comisión volverá a reunirse el próximo martes. Sin embargo, el diputado Pablo Juliano tomó la palabra y solicitó dos cosas: la primera tenía que ver con la posibilidad de reunirse más de una vez por semana. “Estamos en campaña y estamos debatiendo el presupuesto, pero es un tema muy importante”. El segundo de los pedidos tiene que ver con que los familiares participen de todas las reuniones al respecto. Es decir, que haya una representación de los familiares en cada uno de los encuentros con funcionarios judiciales o del Ministerio de Salud que vayan a tener los diputados.

La investigación judicial, aún abierta, computa 87 personas fallecidas. En las últimas semanas también se hizo referencia a otros nueve casos de personas fallecidas que podrían haber sido como consecuencia del uso del opiáceo sintético infectado con bacterias.

La pesquisa judicial busca determinar quiénes fueron los responsables de la contaminación. Las sospechas de los investigadores se centran en 24 personas que se desempeñaban en los laboratorios involucrados, Y ya hay varios detenidos, empezando por sus dueños, el empresario Ariel García Furfaro y su socio Jorge Salinas.

La Policía Metropolitana de Villavicencio desplegó más de 1.200 uniformados para reforzar la vigilancia en distintos puntos de la ciudad, una medida que coincidió con un violento ataque ocurrido en el barrio Villa Julia durante el fin de semana en el que se conmemoró el Día del Amor y la Amistad.

El operativo obedeció al caso reportado en la noche del sábado 20 de septiembre de 2025, en la que dos hombres y una mujer fueron asesinados frente a una barbería situada en la calle 37E No. 25-15, en una zona céntrica caracterizada por la presencia de tiendas, bares y residencias.

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El hecho se registró a las 9:24 p. m. cuando, según testigos citados por El Tiempo, dos sicarios que se desplazaban en motocicleta sorprendieron a las víctimas en la parte externa del establecimiento. Tras dispararles, los agresores huyeron, pero regresaron minutos después para asegurarse de que las víctimas no sobrevivieran y las remataron, de acuerdo con los relatos recogidos por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Bello Bermúdez, que se desempeñaba como vigilante comunitario y sería el objetivo principal del ataque; Andrés Felipe Valdés, mecánico originario de la Costa; y Yomary Shirley Muñoz, trabajadora de un local nocturno del sector. Tanto Bello Bermúdez como Valdés fallecieron en el lugar, mientras que Muñoz fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección técnica en la escena y adelantó los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del triple homicidio e identificar a los responsables.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Andrés Melo González, informó que tanto la Policía Judicial como el CTI continúan con las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con el paradero de los autores, que aprovecharon la lluvia que caía sobre la ciudad para escapar en motocicleta.

En paralelo a estos hechos, el dispositivo de seguridad permitió la captura en flagrancia de un hombre de 34 años en la calle 52 sur con carrera 33, en el barrio El Darién. El detenido portaba 10 tubos de base de coca y 20 cigarrillos de marihuana, sustancias que pretendía comercializar en el sector: tanto el individuo como los estupefacientes incautados quedaron a disposición de la URI de la Fiscalía, donde el capturado deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y será la justicia quien defina su situación legal.

Tres asesinados en masacre en el corregimiento Los Cocuyos eran de una familia

El 20 de septiembre de 2023 fueron ultimados tres miembros de una familia en el corregimiento de Los Cocuyos, en la zona rural de Ginebra, en Valle del Cauca. El ataque ocurrió cuando un grupo armado, que se identificó como guerrillero, irrumpió en una vivienda y obligó a cuatro personas a salir de la casa.

Según información proporcionada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los agresores trasladaron a las víctimas hasta una vía cercana, donde abrieron fuego. Yilbert López, de 46 años; Pablo, de 27 años, y John López Díaz, de 16 años, fallecieron en el lugar. El único sobreviviente fue Johan López Díaz, hermano gemelo de John, quien resultó herido durante el ataque.

“Hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron a una vivienda en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Allí sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana donde les dispararon, causándoles la muerte”, detalló Indepaz.

La organización señaló que este triple homicidio podría estar relacionado con una disputa territorial entre disidencias de las Farc en la región. Indepaz explicó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2024, en la que advierte sobre la confrontación entre el Frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el Frente 57 Yair Bermúdez en Ginebra.

El informe indica que el Frente Adán Izquierdo busca afianzar su control en áreas rurales para asegurar rutas de movilidad, logística y narcotráfico, lo que incrementa el riesgo para campesinos, pequeños agricultores, transportadores, docentes, firmantes de paz y migrantes. “Se documentan homicidios, amenazas, extorsiones y retenes”, precisó Indepaz.

La masacre de tres integrantes de una familia en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural de Ginebra, en el Valle del Cauca, intensificó la preocupación por la escalada de violencia en Colombia. El hecho, que involucró a un menor de edad entre las víctimas, se produjo cuando un grupo armado que se identificó como guerrillero irrumpió en una vivienda y forzó la salida de cuatro personas.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los atacantes trasladaron a las víctimas hasta una vía cercana, donde abrieron fuego. Yilbert López, de 46 años; Pablo, de 27 años, y John López Díaz, de 16 años, murieron en el lugar. El único sobreviviente fue Johan López Díaz, hermano gemelo de John, que resultó herido durante el ataque.

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“Hombres armados que se identificaron como guerrilleros llegaron a una vivienda en el corregimiento de Los Cocuyos, zona rural del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Allí sacaron a cuatro personas y las llevaron hasta una vía cercana donde les dispararon, causándoles la muerte”.

La entidad advirtió que este homicidio podría estar vinculado a una disputa territorial entre disidencias de las Farc en la región. Las autoridades locales y nacionales desplegaron operativos para dar con el paradero de los responsables de este triple homicidio.

“La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2024, en la que advierte sobre la disputa territorial entre el Frente Adán Izquierdo del Estado Mayor Central y el Frente 57 Yair Bermúdez en Ginebra. Señala que el Frente Adán Izquierdo busca consolidar control en zonas rurales para asegurar rutas de movilidad, logística y narcotráfico, lo que incrementa el riesgo para campesinos, pequeños agricultores, transportadores, docentes, firmantes de paz y migrantes, documentándose homicidios, amenazas, extorsiones y retenes”, explicó Indepaz.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional iniciaron acciones conjuntas para esclarecer los hechos y garantizar que los autores sean judicializados. Esta masacre se suma a una serie de episodios violentos registrados en distintas zonas del país en los últimos meses.

El alcalde de Ginebra se pronunció frente a la masacre

En reacción a la masacre en el corregimiento de Los Cocuyos, el alcalde de Ginebra, Jesús Fernando Martínez Cardona, habló en rueda de prensa tras liderar un Consejo de Seguridad en el que se tomaron decisiones para mejorar la seguridad en la región.

“Como alcalde del municipio de Ginebra, he convocado a un Consejo de Seguridad Extraordinario. Aquí estoy acompañado del coronel Astaiza, subcomandante, Policía Valle del Cauca, el señor Personero del municipio de Ginebra, el coronel Castaño, comandante del Batallón Palacet, la secretaria general de nuestro municipio”.

Y agregó: “Acabamos de concluir este Consejo de Seguridad, donde hemos hablado de una situación difícil que está pasando en Ginebra, donde de esta situación aparecen en la parte rural, en el corregimiento de Cocuyos, parte alta del municipio, en una situación donde aparecen tres personas que perdieron la vida y un herido”.

En medio de la escalada de violencia, envió un mensaje de calma a la comunidad y anunció que ya hay líneas de investigación sobre el triple asesinato, por lo que las autoridades competentes esperan capturar a los responsables de la masacre número 60 en Colombia durante 2025.

“En materia de investigación, hay varias líneas, digamos, de investigación, donde, al parecer, tiene que ver con grupos armados que han atacado a estas personas y, por ende, pues, la situación que hoy tenemos. Todo esto es materia de investigación, hay unos antecedentes de unas situaciones que sucedieron. Estamos investigando con el CTI y todas las fuerzas especiales del Estado para lograr aclarar esta situación. Vamos a estar informándole a la comunidad sobre el desenlace de estas investigaciones. Todo esto para tranquilidad de los ginebrinos y de todos los vallecaucanos”, detalló el mandatario local.

En un reconocido sector del sur de Cali, tres hombres fueron asesinados en el interior de una camioneta.

Según las primeras versiones de las autoridades, la cuarta persona que se encontraba en el vehículo habría disparado contra las tres personas.

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Los hechos ocurrieron en la vía La Buitrera, reconocido sector del sur de Cali por sus casa campestres y colegios privados. Al lugar llegaron las autoridades para iniciar con la investigación.

Según Indepaz, las víctimas fueron identificadas como Brandon Asdrúbal Castillón Medina, de nacionalidad extranjera, Estefanía Freire Martínez y un tercer hombre no ha sido identificado.

Sin embargo, la Policía Metropolitana dio el nombre de Daniel Esteban Freire como la posible tercera víctima de los hechos.

Según Indepaz, dos de las víctimas fallecieron en el lugar, mientras que la tercera, a pesar de ser auxiliada, no alcanzó a llegar con vida al centro asistencial.

La organización recordó los datos de la Defensoría del Pueblo, en donde advierten el incremento de homicidios en medio de disputas de grupos armados.

“Según datos de la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 012 de 2025, en la que advierte sobre el incremento de los homicidios en medio de la reconfiguración de las disputas entre disidencias, ELN, Los Espartanos y Los Mexicanos, grupos que ejercen actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, desplazamiento y amenazas contra la población, migrantes y líderes sociales, además de los jóvenes y mujeres”, precisó Indepaz.

Y agregó: “También la Defensoría señala el posible reclutamiento forzado y la instrumentalización para actividades ilegales de la población vulnerable, en especial la niñez y la juventud”.

Fuentes judiciales consultadas por Semana, no descartan que los hechos estén relacionados con el narcotráfico.

Más casos en Cali

Cali atravesó una jornada especialmente violenta durante este miércoles, con ocho homicidios registrados en diferentes puntos de la ciudad. El evento que más conmocionó a la ciudadanía ocurrió en la vía que conduce al corregimiento La Buitrera, donde tres personas fueron asesinadas en un ataque que sigue bajo investigación.

Unidades de criminalística acudieron al lugar para realizar la inspección técnica de los cuerpos y recolectar indicios. La Fiscalía y la Sijín asumieron el caso y analizan si el móvil podría estar relacionado con disputas entre estructuras delictivas que operan en la zona. Entre las líneas de investigación también se considera, de manera preliminar, la posibilidad de que el ataque se hubiese originado dentro del propio vehículo.

Horas después de este hecho, se reportó otro asesinato en el sur de la ciudad. Un hombre perdió la vida tras ser atacado por desconocidos en un parque ubicado en el sector de Valle del Lili – Meléndez. Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena. Se manejan versiones sobre la posible detención de dos sospechosos, información que aún no ha sido confirmada por la Policía Metropolitana.

La ola de violencia en Cali provocó reacciones inmediatas de líderes locales. El concejal Roberto Ortiz expresó en redes sociales su preocupación ante el aumento de crímenes atribuidos a enfrentamientos entre bandas. Destacó que en una sola jornada ocho personas fueron asesinadas y reclamó mayor inversión en seguridad para la ciudad.

“La violencia entre grupos criminales en la ciudad sigue cobrando vidas, con un saldo de ocho personas asesinadas en una serie de ataques selectivos en las calles. El miedo crece entre los caleños, quienes exigen una mayor inversión en seguridad. Tan solo en el camino a La Buitrera, tres personas fueron asesinadas con armas largas”, indicó.

Óscar Villani, exsubdirector del Dagma, también se refirió a los hechos y lamentó que Cali continúe sumando víctimas a la estadística de homicidios, señalando que el triple asesinato en La Buitrera marcó una de las jornadas más dolorosas para la capital del Valle del Cauca.

Mientras la Fiscalía recopila cámaras y toma declaraciones para esclarecer los crímenes, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y se espera que brinden un pronunciamiento en breve sobre las acciones que tomarán para frenar la violencia.

En la madrugada del domingo de septiembre de 2025, se presentó un hecho de violencia en un establecimiento comercial de Popayán que dejó un saldo de tres muertos y tres heridos.

Según reportes preliminares citados por El País de Cali, la tragedia ocurrió en el barrio La Paz, al norte de la capital del departamento de Cauca, en la que una discusión entre varios asistentes al establecimiento nocturno de nombre BBT derivó en un ataque armado que interrumpió el descanso de la comunidad.

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Según los habitantes del barrio, en declaraciones al medio local, la pelea escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó contra sus contrincantes, provocando la muerte inmediata de tres personas.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní, Orlando Cuscue y Carlos Mauricio Mosquera que, según detallaron medios locales, dos de ellos presentaban antecedentes judiciales.

Mientras que los heridos fueron llevados hacia un centro hospitalario de mayor complejidad, donde su pronóstico es reservado.

Según información recopilada por el medio local Periódico Virtual, los tres lesionados del ataque fueron Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado.

Por su parte, el director de Indepaz, Leonardo González, aseguró que esta es la sexta masacre que se presenta en esta región del sur occidente colombiano durante el año 2025.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el funcionario.

Además, el funcionario recordó que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia, “en la que se advierte sobre el riesgo para la ciudad de Popayán por la alta presencia de bandas organizadas, muchas de ellas tercerizadas por el bloque occidental comandante Jacobo Arenas, a través del frente Jaime Martínez (Disidencias de las Farc), lo que genera una cultura mafiosa que se expresa en violencias urbanas”.

Según reportes de Indepaz, este sería la masacre número 58 que se registra en Colombia en el 2025.

Por su parte, funcionarios judiciales de la Sijín de la Policía acudieron al lugar de los hechos para avanzar con la recopilación de información sobre este nuevo hecho de violencia que enluta a la capital del Cauca, así como la identificación del responsable que acabó con la vida de las tres personas.

Ataques contra defensores indígenas en Cauca

Este nuevo hecho de violencia se suma a la denuncia realizada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), en la que alertaron sobre el secuestro de dos integrantes de su Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, quienes fueron interceptados la noche del 12 de septiembre en la vía Inzá–Popayán, a la altura del municipio de Totoró.

Según la información proporcionada por la organización, los defensores fueron encañonados, amenazados y retenidos durante varias horas por hombres armados, en la que les despojaron del vehículo oficial, conocido como esquema colectivo, en el que se desplazaban.

La situación se tornó aún más crítica porque las víctimas regresaban de una misión humanitaria en Inzá, donde habían acompañado la liberación de un comunero que permaneció secuestrado durante varios días.

El Cric subrayó que “atacar a quienes realizan acciones de defensa de la vida constituye una infracción directa contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y refleja el riesgo extremo que enfrentan las comunidades y líderes sociales en el Cauca”.

Hacia las 2:30 de la madrugada del 13 de septiembre, los afectados lograron comunicarse para pedir auxilio. Ante la emergencia, la Guardia Indígena desplegó un operativo urgente que permitió rescatarlos con vida y garantizar su retorno seguro.

En su pronunciamiento, la organización hizo un llamado a todos los actores armados para que cesen de inmediato las agresiones contra la población civil, sus autoridades tradicionales, sus estructuras comunitarias y, en particular, contra los equipos de Derechos Humanos y la Guardia Indígena.

Además, exigió al Estado colombiano la adopción de medidas urgentes y efectivas que garanticen el respeto irrestricto a la labor de las misiones humanitarias. “El país no puede normalizar la violencia contra quienes trabajan por la vida y la paz”, expresaron en el comunicado.

Poco después de las cuatro cuarenta de la madrugada del 5 de septiembre de 1972, Moshe Weinberg, de treinta y tres años, entrenador del equipo olímpico israelí de lucha libra, supo que iba a morir. En el mejor de los casos, sería herido de gravedad, acaso un milagro salvara su vida. Pero no se hizo demasiadas ilusiones. Habían intentado forzar la puerta de su dormitorio en la Villa Olímpica de Múnich, a una semana de empezados los Juegos que habían sido consagrados como los de la paz y el entendimiento en aquella Alemania que había asolado a Europa tres décadas antes y ahora hacía, o pretendía hacer, borrón y cuenta nueva. Todo iba a terminar veintiuna horas después, en una gran masacre: once atletas israelíes muertos y, con ellos, sus ocho secuestradores.

Cuando escuchó el forcejeo violento contra el picaporte de la puerta de su cuarto, Weinberg la entreabrió y vio a un grupo de hombres armados; llegó a forcejear con algunos de ellos mientras pensaba: “Árabes”, y pegó un alarido de alarma. Nueve deportistas israelíes lograron huir y otros ocho se refugiaron en otros departamentos de la Villa. Uno de los luchadores, Yosef Romano, logró quitarle el arma a uno de los atacantes, pero lo mataron de un balazo. Decidido a defender a sus muchachos, Weinberg intentó apuñalar a otro de los terroristas con un cuchillo de cocina, pero lo balearon también: tiraron a la cabeza y la bala sólo atravesó las dos mejillas del entrenador. Entonces lo obligaron a conducir a los terroristas a los otros departamentos de la delegación israelí.

Con la desesperación de saberse herido, sobrado de adrenalina, tambaleante y con la certeza de su muerte inmediata, Weinberg dijo a los terroristas que lo siguieran al departamento número tres: era el dormitorio de los luchadores y los levantadores de pesas, los más fuertes del equipo olímpico israelí. Notó con angustia que los atacantes pasaban por alto el departamento número dos, como si estuviese apestado: lo estaba, allí vivía el equipo de tiro al que le estaba permitido conservar sus armas y sus municiones. Weinberg pensó entonces que los terroristas tenían información precisa sobre la delegación israelí. La tenían: los investigadores descubrieron luego que uno de los atacantes había trabajado en el equipo de organización de los Juegos.

Con Weinberg herido y encañonado, los atacantes secuestraron a nueve atletas israelíes: los pesistas Ze’ev Friedman y David Berger; Yakov Springer, juez de las pruebas de pesas; los luchadores Eliezer Halfin y Mark Slavin; Yossef Guttfreund, árbitro de las pruebas de lucha libre; Kehat Shorr, entrenador de tiro; Andre Spitzer, entrenador de esgrima y Amitzur Shapira, entrenador de atletismo. Con la certeza de lo inevitable, Weinberg intentó una última resistencia: con un certero puñetazo le dislocó la mandíbula a uno de los terroristas. Fue lo último que hizo: lo asesinaron a balazos.

Después, el grupo copó el edificio de la delegación israelí y se sentaron todos a esperar el resultado de las inevitables negociaciones. A las seis de la mañana presentaron sus demandas: para devolver a los rehenes sanos y salvos exigían la liberación de doscientos treinta y cuatro palestinos presos en cárceles israelíes y, además, que Alemania liberara a Andreas Baader y a Ulrike Meinhoff, fundadores de Facción Ejército Rojo, un grupo guerrillero conocido luego como la “Banda Baader Meinhoff”. Impusieron un plazo de tres horas; si a las nueve no se cumplía con el ultimátum, o al menos con parte de él, asesinarían al primero de los rehenes.

El mundo amaneció aterrado por el asombro. ¿Cómo podía haber pasado algo así? ¿Cómo un grupo terrorista, armado con fusiles y granadas, había invadido el territorio sagrado del olimpismo y además de echar abajo los cimientos forjados por los griegos, que cada cuatro años interrumpían sus guerras para celebrar los juegos de verano, mantenía secuestrado a todo un equipo deportivo israelí?

Los terroristas eran ocho. Vestían todos ropas deportivas y portaban bolsos cargados de armas y explosivos. Poco después de las cuatro y media de la mañana de aquel 5 de septiembre de hace cincuenta y tres años, habían escalado la reja de dos metros que rodeaba la Villa Olímpica. Parecían unos muchachos traviesos de alguna delegación, que había pasado una noche de juerga en la ciudad y regresaba en secreto a sus dormitorios. Eso fue lo que pensaron algunos deportistas de Estados Unidos que, divertidos, los ayudaron a escalar la valla.

Confusiones aparte, había existido una gran falla de seguridad. Los israelíes habían temido y lanzado una alerta; vieron a sus atletas demasiado expuestos, vulnerables y en peligro: la seguridad era un poco laxa. No había hombres armados en el interior de la Villa, los alojamientos de la delegación israelí se alzaban un poco apartados del resto. Lo hizo saber a las autoridades el jefe de la delegación, Shmuel Lalkin, pero lo tranquilizaron: no solo no había peligro, sino que la seguridad de los israelíes sería reforzada. Ese refuerzo nunca llegó; y si llegó, fue inútil.

En el momento de plantear sus exigencias, el grupo se identificó como Septiembre Negro. Nadie los conocía. Eran ocho fedayines palestinos dispuestos a todo, que habían salido al mundo desde los campos de refugiados de Siria, Líbano y Jordania. El jefe del comando era Lutif Afif, que se hacía llamar “Issa”, que significa Jesús en árabe. Afif tenía tres hermanos también miembros de Septiembre Negro: dos estaban presos en Israel. Lo acompañaban Yusuf Nazzal, Ahmed Hamid, Khalid Jawad, Ahmed Chic Thaa, Mohammed Safady, Adnan Al Gashey y su sobrino, Jamal Al Gashey. El nombre de la banda encerraba otra historia de sangre y terror. Septiembre Negro era una banda terrorista palestina que había sido fundada en 1970, apenas dos años antes de los Juegos Olímpicos de Múnich, que mantenía conexiones directas y profundas con la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) que dirigía entonces Yasser Arafat. También mantenía vínculos con Fatah, conocida como Al Fatah, otra organización política y militar palestina.

El nombre, Septiembre Negro, también era flamante y también de 1970. El 6 de septiembre de ese año, el rey Hussein I de Jordania había impuesto la Ley Marcial en su país a raíz de un intento de los fedayines de derrocarlo. Miles de palestinos fueron asesinados entonces como represalia, otros miles fueron expulsados del reino. El grupo terrorista nació como una célula de Fatah que buscaba vengarse de Hussein y de sus fuerzas armadas. Los historiadores afirman que Septiembre Negro no era una organización terrorista en sí misma, sino una unidad auxiliar de la resistencia palestina. Pero sus miembros siempre negaron tener lazos con Fatah o con la OLP.

Sin embargo, en 1972, Abu Daoud, un alias de Mohammed Daoud Oudeh, cerebro del ataque a los Juegos de Múnich, dijo que Septiembre Negro no existía como tal: “Es Fatah la que actúa con ese nombre para no aparecer como ejecutora directa de sus atentados”. Tanto fue Daoud el ideólogo del ataque de Múnich que, según varias versiones, llegó a estar junto a los ocho terroristas que treparon la verja de la Villa, pero él no la trepó y huyó en medio de la noche.

Ya fuese un apéndice de Fatah, de la OLP, o que actuara por propia voluntad, Septiembre Negro se movió con total autonomía hasta su disolución en 1988. Una historia pinta el mundo árabe de entonces, sepultada ya para siempre la utopía del panarabismo esgrimida en los años ’50 por el líder egipcio Gammal Abdel Nasser. En julio de 1971, las fuerzas del rey Hussein capturaron en el norte de Jordania a Abu Alí Iyad, comandante de Fatah. Lo torturaron hasta lo indecible con la activa participación en la sala de torturas del ministro del Interior del reino, Wasfi el-Tell que, además, fue quien ejecutó a Iyad el 23 de julio de 1971. Cuatro meses después, en el gran vestíbulo del Sheraton Hotel de El Cairo, donde se celebraba una cumbre de la Liga Árabe, Wasfi el-Tell fue asesinado por Septiembre Negro. Antes de huir, uno de sus asesinos, un soldado que había sido de Abu Iyad, llamado Munshir al-Khalifa, se arrodilló junto al cuerpo caído de el-Tell y lamió la sangre de su víctima caída sobre el piso marmolado del hotel.

En manos de ese fanatismo estaban ahora los atletas israelíes de Múnich, indefensos y a merced de los terroristas, que extendieron hasta el mediodía el plazo de las nueve de la mañana que ellos mismos habían fijado para matar al primero de los rehenes. Las negociaciones eran intensas, extensas y agotadoras: los alemanes debían enterar al Gobierno israelí del secuestro y de las pretensiones árabes; había que esperar que el Gobierno de Israel decretara la libertad de los doscientos treinta y cuatro palestinos, si así lo decidía, y que un largo proceso judicial hiciera efectiva esas libertades. Pero a las once y cuarto de la mañana de ese martes 5, Tel Aviv dijo que no habría trato alguno con los secuestradores.

La negociación entonces quedó en manos de alemanes y árabes. Se hizo cargo el jefe de la policía de Múnich, Manfred Schreiber, seguido por el ministro del Interior, Hans-Dietrich Genscher y por el intendente de la Villa Olímpica, Walther Tröger. En Berlín, la crisis había pegado en el gobierno ya debilitado del canciller Willy Brandt, que había sido alcalde de la ciudad cuando los rusos levantaron el Muro en 1961. Cada paso de los secuestradores, que se exhibieron en los balcones de los departamentos de los israelíes, y de los negociadores era registrado, contado, filmado y grabado por la prensa que tenía acceso libre a la Villa, en especial por la prensa alemana que usaba las residencias de los atletas locales como miradores privilegiados del drama.

Schreiber dijo a los secuestradores que Israel no iba a negociar con ellos, pero que Berlín había liberado a Baader y a Meinhoff. No era verdad. Doce horas después de que estallara el drama, cerca de las cuatro de la tarde, el Comité Olímpico Internacional decidió suspender los Juegos por tiempo indefinido. Los terroristas habían ganado ya gran parte de la batalla: el mundo entero sabía ahora que existía una “causa palestina” y el nombre Septiembre Negro se había hecho famoso.

Aquel mundo era diferente al de hoy; el terrorismo también era diferente y el terrorismo islámico estaba en pañales. Alemania no disponía de una brigada antiterrorista, que fue creada después de Múnich, y además, desde el final de la Segunda Guerra, el ejército no podía actuar bajo ningún concepto en tiempos de paz. La policía entonces, tal vez asesorada en secreto por la inteligencia militar, intentó, o esbozó, un operativo rescate que fue adelantado por televisión y fracasó antes de empezar. Entonces sucedieron dos hechos que lo cambiaron todo, hacia el desastre, pero lo cambiaron todo.

Primero, los atacantes dejaron de lado su plan inicial y exigieron ser llevados en avión a Egipto, junto con los rehenes. Uno de los guerrilleros palestinos que logró sobrevivir a la catástrofe inminente, Jamal Al Gashey, revelaría luego que el plan era viajar a un país árabe que tuviese buenas relaciones con Occidente y seguir allí las negociaciones para la liberación de los presos palestinos en Israel; luego llegaría la libertad de los rehenes de Septiembre Negro. Lo segundo que sucedió fue que ese cambio de planes dio a los alemanes la certeza de que podían poner fin al secuestro y liberar a los rehenes. Pero no era una certeza, era una esperanza.

Los negociadores alemanes fingieron aceptar las condiciones de los terroristas, les sugirieron, y tuvieron éxito, que la base aérea Fürstenfeldbruck tenía mejor posibilidades que el Aeropuerto Internacional de Múnich para operar semejante delicada y riesgosa empresa. También les dijeron que en la cabecera de la pista principal del aeropuerto de la base Fürstenfeldbruck ya los esperaba un Boeing 727 para llevarlos a El Cairo. Era verdad, pero en parte. En el interior del avión, en lugar de los pilotos y del personal de cabina, habían abordado el Boeing seis policías disfrazados y armados. Los alemanes también aseguraron a los terroristas que dos helicópteros militares UH.1H serían los encargados de llevar a la base aérea a todos, captores y rehenes, y que un tercer helicóptero seguiría a los dos primeros con los negociadores a bordo.

El verdadero plan consistía en convencer a los dos jefes terroristas, “Issa” y “Tony”, (Lutif Afif y Yusuf Mazzal) que inspeccionaran el avión “salvador”. Una vez a bordo, serían apresados por los policías disfrazados, mientras los francotiradores policiales disparaban y mataban al resto de los secuestradores al pie de los helicópteros recién aterrizados. Por alguna razón, los estrategas pensaron que el plan iba a funcionar y que los rehenes saldrían ilesos. También dieron por hecho que los guerrilleros palestinos iban a creer cada promesa que les habían hecho.

Todo fue un desastre. Los terroristas siempre desconfiaron de los negociadores alemanes, sabían que iban a estar siempre en la mira de los francotiradores, tanto fue así que hasta se negaron a caminar sin protección los trescientos metros que separaban los dormitorios de los atletas israelíes en la Villa, de los helicópteros que los llevarían a la base aérea Fürstenfeldbruck. El último acto del drama estuvo a cargo de la sorpresa: de un modo inexplicable, los francotiradores apostados en el aeropuerto creían que los terroristas eran cuatro, cuando eran ocho y, segundo, los policías disfrazados de tripulantes del Boeing 727 abandonaron la misión y dejaron el avión vacío.

Cuando los dos helicópteros aterrizaron en Fürstenfeldbruck, los palestinos tomaron dos nuevos rehenes: los dos pilotos que los habían llevado hasta allí. Rompieron así uno de los puntos del acuerdo que habían alcanzado con las autoridades que especificaba que no debían tomar rehenes alemanes. “Issa” y “Tony” subieron al Boeing 727, lo hallaron vacío y supieron que los habían engañado: nadie iba a llevarlos nunca a ninguna parte. Bajaron y corrieron de regreso al punto de aterrizaje de los dos helicópteros militares; en plena carrera, “Tony” fue herido en el muslo por un francotirador y el resto de los policías alemanes abrió fuego que fue contestado de inmediato por los guerrilleros de Septiembre Negro. Estalló entonces una batalla en la que los rehenes llevaban todas las de perder: atados, inmovilizados, en medio de un fuego cruzado, quedaron expuestos, indefensos y con su destino sellado. Luego del desastre, los investigadores revelaron un dato tremendo: hallaron que muchas de las cuerdas que ataban a los israelíes habían sido mordidas por las víctimas en un intento desesperado por liberarse.

Uno de los terroristas, posiblemente “Issa”, el jefe del grupo, ametralló entonces a los rehenes del helicóptero estacionado en el sector Este de la base; también arrojó una granada que incendió y destruyó la aeronave. Luego, cayó acribillado sobre el césped, al costado de la pista. Para entonces, otros miembros de Septiembre Negro, entre ellos Khalil Jawad, habían caído ya víctimas de los tiradores alemanes.

Lo que sucedió con el segundo de los helicópteros y con el resto de los rehenes fue confuso y controversial. El posterior informe del fiscal de Baviera reveló que fue el terrorista Adnan Al Gashey el que ametralló a sus rehenes; allí cayeron también el resto de los miembros de Septiembre Negro con excepción de quienes intentaron huir y fueron capturados: Jamal Al Gashey con un balazo en la muñeca, Mohammed Sadafy con una herida leve en una pierna y el segundo jefe del grupo, Yusuf Nazzal, “Tony”, apresado cuarenta minutos después de la batalla en un estacionamiento de la base. Sin embargo, la policía alemana admitió que era muy posible que algunos de los rehenes hubiesen muerto por los disparos de quienes intentaban salvarlos.

A la una y media de la mañana del 6 de septiembre, el saldo del operativo de rescate era el de los once atletas israelíes muertos, al igual que cinco de los ocho secuestradores y un policía alemán. Tres terroristas habían sido detenidos.

El 7 de septiembre el equipo olímpico israelí dejó los Juegos que siguieron adelante. La bandera olímpica se izó a media asta junto con las banderas de todas las naciones, excepto las de los países árabes que exigieron que sus banderas permanecieran izadas a pleno porque lo contrario, afirmaron, sería una claudicación frente a Israel. La delegación de Egipto también dejó los Juegos por temor a represalias por haber sido elegido por los secuestradores como “país amigo”. Mark Spitz, el gran nadador estadounidense de ascendencia judía, el primero en ganar siete medallas de oro en un solo Juego, fue llevado a Londres con todo el oro de sus triunfos, custodiado por guardias alemanes.

Los cinco terroristas muertos fueron enviados a Libia, bajo el gobierno de Muhamar Khadafi; los recibieron como héroes y los enterraron con honores militares. El 29 de octubre, un avión de la línea aérea alemana Lufthansa fue secuestrado por terroristas árabes que exigieron la libertad de los tres miembros de Septiembre Negro que habían sido detenidos por la masacre de Múnich: Alemania los liberó de inmediato. Los once atletas israelíes asesinados fueron enterrados en sus ciudades, pero antes, los lloraron en el Aeropuerto Ben Gurión, donde los ataúdes fueron colocados en fila, cubiertos todos por la bandera israelí.

Los Juegos Olímpicos de Múnich, marcados por la violencia y la sangre, también hicieron historia por otros motivos: fueron los primeros en recibir un mayor aporte de mujeres deportistas; intensificaron los controles antidoping que habían debutado en los Juegos de Tokio de 1964; fueron los primeros en adoptar una mascota como emblema, “Waldi”, un perrito dachsund; los campos, las pistas y las piletas vieron batallas épicas como la que le dio el oro al equipo de básquet de Estados Unidos sobre el de la URSS por apenas un punto; el héroe fue Spitz, entonces coronado como el nadador más veloz de la historia y el primero en llevarse siete medallas de oro. Pero Septiembre Negro lo había enlutado todo para siempre.

Por decisión del Gobierno de Golda Meir y de su Comité de Defensa, Israel decidió “matar donde quiera que se encuentren” a los once miembros de Septiembre Negro y del Frente para la Liberación de Palestina que habían planificado, organizado y apoyado la matanza de sus atletas en Múnich. El plan se conoció como “Operación Cólera de Dios”. Tardó siete años en cumplirse y esas muertes dieron origen a más actos terroristas, a más venganzas y a más asesinatos.

El único que evitó la muerte a manos de sus enemigos israelíes fue la cabeza organizadora del ataque. Mohammed Daoud Oudeh, alias “Abu Daoud”, aquel que estuvo a punto de trepar la reja de la Villa Olímpica junto a los otros ocho terroristas, pero que no lo hizo y huyó en la oscuridad. Murió el 3 de julio de 2010 a los setenta y dos años en el hospital Al-Ándalus de Damasco, Siria. Sufría una insuficiencia renal.

Un nuevo hecho de violencia conmocionó al departamento de La Guajira luego de que un ataque armado en zona rural del municipio de Dibulla dejara cuatro personas muertas.

La información preliminar apunta a que los responsables de la masacre en el departamento de La Guajira serían integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Conquistadores de la Sierra’, grupo al que la Fuerza Pública ha atribuido múltiples acciones violentas en la región.

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Las víctimas fueron halladas en un sector alejado de la zona urbana, en inmediaciones de la vereda Casa Aluminio, donde testigos reportaron la presencia de hombres armados que se desplazaban en motocicletas y camionetas. Los habitantes aseguraron haber escuchado ráfagas de disparos durante varios minutos, situación que generó temor en las comunidades vecinas.

De acuerdo con las autoridades locales, las cuatro personas fallecidas presentaban impactos de bala y fueron identificadas por familiares que llegaron al lugar tras conocerse los hechos. La masacre generó el inmediato rechazo de organizaciones sociales y de defensores de derechos humanos, que recordaron la vulnerabilidad de las poblaciones asentadas en áreas rurales del departamento.

La Policía de La Guajira indicó que, según los primeros reportes de inteligencia, el ataque estaría vinculado a disputas entre estructuras ilegales por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.

La zona donde ocurrió la masacre conecta con caminos utilizados para el transporte de estupefacientes hacia la costa, lo que ha convertido el territorio en un punto de interés para diferentes actores armados.

Desde la dirección de la Policía Nacional se señaló que se adelantan operativos especiales para ubicar a los responsables. Además, se desplegaron unidades de investigación criminal, inteligencia y refuerzo de tropas del Ejército en la región. También anunció la creación de un grupo interinstitucional encargado de esclarecer lo sucedido y judicializar a los autores materiales e intelectuales.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, informó que “se están tomando medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes de Dibulla y de las comunidades cercanas. No permitiremos que estos grupos sigan intimidando a la población civil”. Añadió que se reforzará la presencia de la Fuerza Pública en las veredas más afectadas por la criminalidad.

Entre tanto, líderes comunitarios de Dibulla advirtieron que esta masacre se suma a una serie de hechos violentos registrados durante los últimos meses. Recordaron que, además de los homicidios, las comunidades han denunciado amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados. “La población siente que está atrapada entre los enfrentamientos de grupos ilegales que buscan controlar la región”, expresó un vocero de la Asociación de Campesinos de la Sierra Nevada.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó esta masacre dentro de los hechos de violencia colectiva que siguen ocurriendo en Colombia. Según sus cifras, en lo que va corrido del año se han registrado más de 60 masacres en el país, con un saldo de más de 200 víctimas.

‘Los Conquistadores de la Sierra’ es una estructura armada que surgió tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que ha mantenido presencia en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira. De acuerdo con informes de inteligencia, esta organización está involucrada en actividades como narcotráfico, minería ilegal y extorsiones a comerciantes y transportadores.

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. La entidad recordó que ha emitido varias alertas tempranas sobre la presencia de actores armados en la zona y reiteró el llamado a implementar medidas de protección para las comunidades en riesgo.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido en Dibulla. Equipos de policía judicial y peritos forenses se trasladaron al sitio de la masacre para recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los autores.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, rechazó de manera categórica los hechos y exigió al Gobierno Nacional mayores recursos para enfrentar la criminalidad en el departamento. “La situación de orden público en La Guajira es delicada y requiere una atención urgente”, señaló el mandatario departamental.

Organizaciones sociales insistieron en la necesidad de implementar programas integrales que aborden no solo la seguridad, sino también las problemáticas sociales y económicas que facilitan la expansión de grupos armados en la región. Subrayaron que la pobreza y la falta de oportunidades en zonas rurales son factores que favorecen el reclutamiento y fortalecimiento de estas estructuras ilegales.