El Ministerio Público de Paraguay informó que inició una investigación contra el ex presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), tras la aparición de reportes periodísticos que lo vinculan con dos empresas señaladas por tener cuentas por casi 21 millones de dólares en un banco en las islas Seychelles.

La Fiscalía abrió de oficio la causa el 24 de julio, ante un posible delito “a determinar”, como muestran documentos oficiales que califican al acusado como “innominado” (no identificado).

De acuerdo con medios locales que publicaron información en julio, dos sociedades habrían sido registradas a nombre de Abdo Benítez y su esposa en Seychelles durante 2022 y 2023, con fondos que superan los 21 millones de dólares.

El abogado defensor, César Trapani, expresó su descontento por el inicio de la investigación basada en información que “salió en un papel hecho posiblemente en un Word publicado en un portal extranjero sin ningún respaldo de investigación”.

En declaraciones al canal ABC TV, Trapani aseguró que cuentan con “tranquilidad”, ya que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) “muy rápidamente” podría verificar, mediante cooperación internacional, si Abdo Benítez y su esposa tienen algún vínculo con empresas en Seychelles.

El 22 de julio, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, anunció que analizarían los datos publicados por la prensa sobre el tema.

Un día antes, Abdo Benítez, integrante del Partido Colorado pero de una facción distinta a la del presidente Santiago Peña, afirmó en X que “no existen ni existieron cuentas bancarias” a su nombre por ningún monto y que tampoco constituyó sociedades ni abrió “cuentas en Estados considerados como paraísos fiscales, incluido dicho país”.

Adicionalmente, Abdo Benítez enfrenta un proceso judicial por presunta revelación de secretos de servicio y denuncia falsa, junto a siete ex colaboradores, a partir de una denuncia presentada por su antecesor, Horacio Cartes (2013-2018), quien señaló que ha sido víctima, desde 2018, de una “persecución” por parte de “personas en el ejercicio del poder político”.

"Nuestras oraciones con ustedes @JoeBiden @DrBiden ¡Nada es imposible para Dios! Deseamos que se recupere pronto. Todo nuestro cariño", expresó Abdo Benítez en un mensaje en la red X dirigido a Biden y a su esposa, Jill Biden.

Biden, de 82 años, sufre un cáncer de próstata avanzado, con metástasis en los huesos, informó su oficina este domingo.

Según un comunicado de su oficina, Biden fue examinado la semana pasada tras experimentar un aumento de síntomas urinarios y el viernes se le diagnosticó cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5), acompañado de metástasis ósea.

"Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz", precisa el comunicado.

El mensaje del expresidente paraguayo se une al de otros mandatarios, como el actual presidente estadounidense, Donald Trump, que también deseó una "pronta y exitosa recuperación" a su predecesor en el cargo.

También, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) y la exvicepresidenta de ese país Kamala Harris (2021-2025) expresaron este domingo su apoyo al líder demócrata.EFE

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Asunción, 8 ene (EFE).- El viaje del expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez junto a otros exgobernantes latinoamericanos a Venezuela, donde fueron declarados personas no gratas, dependerá de la decisión del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien anunció su intención de jurar como presidente el viernes, aseguró este miércoles uno de los abogados del exmandatario.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el abogado César Trapani destacó que la postura respecto al Gobierno del país caribeño de Abdo Benítez, del gobernante Partido Colorado y quien ejerció el poder entre 2018 y 2023, "es de larga data".

"Esto viene de su Gobierno. Él había roto relaciones", agregó el jurista, en relación a la decisión de Abdo Benítez de romper relaciones diplomáticas con Venezuela en enero de 2019 y anunciar el cierre de su embajada en Caracas, en rechazo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un segundo mandato luego de un proceso electoral que Asunción tachó de "ilegítimo".

Este martes, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos -entre ellos Abdo Benítez- y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país, en caso de que pretendan acompañar a González Urrutia en su regreso a la nación.

Consultado al respecto, Trapani indicó que Abdo Benítez y los otros expresidentes "son conscientes de todos los peligros e implicancias que puede suponer hacer un ofrecimiento como este".

Para el letrado, esto "hace parte también de la lucha política que ellos están llevando adelante" y consideró que esa declaración legislativa y medidas de ese tipo "siempre son esperables en una situación como esta".

En un acuerdo aprobado por unanimidad, el Parlamento vetó también a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), así como a Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica).

A pedido del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, el acuerdo estableció que en caso de que los expresidentes ingresen al país "deben ser tratados como invasores".EFE

Caracas, 7 ene (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, declaró este martes personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos y pidió que sean tratados como una "fuerza extranjera que intenta invadir" el país, en caso de que pretendan acompañar al líder opositor Edmundo González Urrutia en su intención de jurar como presidente el viernes.

En un acuerdo aprobado por unanimidad en esta jornada, el Parlamento vetó a los exgobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Jorge Quiroga (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Laura Chinchilla (Costa Rica). EFE

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Caracas, 5 ene (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este domingo que propondrá ante la Cámara, el próximo martes, declarar personas no gratas a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Mireya Moscoso (Panamá), quienes -agregó- pretenden ingresar a Venezuela.

"Atrévanse a entrar para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de defensa de la patria, de defensa del territorio y de defensa de la vida", manifestó Rodríguez, que recordó que "si un extranjero ingresa sin la debida autorización", esto "no puede ser considerado sino como un acto de invasión".

En diciembre pasado, el exmandatario de Colombia Andrés Pastrana declaró a Radio Caracol que propuso a un grupo de expresidentes apoyar al líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela, que reclama al considerar que Nicolás Maduro fue proclamado ganador de manera fraudulenta por el ente electoral.

Pastrana es uno de los expresidentes que conforman el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), del que varios integrantes intentaron viajar a Venezuela en julio, invitados por la oposición, pero no pudieron debido a que el Ejecutivo de Maduro vetó la entrada al país del avión en el que tenían previsto volar.

Recientemente, Moscoso informó que nueve líderes de la IDEA acompañarán a González Urrutia en su gira internacional en busca de apoyos para asumir la Presidencia el próximo 10 de enero, al asegurar que fue el ganador de las elecciones del 28 de julio.

Aunque la reelección de Maduro ha recibido críticas de la comunidad internacional, principalmente por falta de pruebas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalen su triunfo, todas las instituciones del país -incluidas las Fuerzas Armadas- respaldan al líder chavista y ven a los miembros de la mayor coalición opositora como golpistas que pretenden tomar el poder a la fuerza. EFE

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Asunción, 22 oct (EFE).- Un tribunal de apelación local anuló parcialmente un laudo arbitral que impuso a Paraguay un pago de unos 19 millones de dólares a la constructora portuguesa Mota-Engil, elegida para el proyecto del Metrobús de Asunción, con lo que el Estado deberá abonar ahora 2,6 millones de dólares, anunciaron este martes fuentes del Ejecutivo.

El procurador general de la República, Marco González, informó en una conferencia de prensa que el Tribunal de Apelación Tercera Sala de la Capital estableció que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) debe devolver a Mota-Engil "en concepto de monto retenido" cerca de 2,6 millones de dólares.

El funcionario señaló que el Estado fue condenado a pagar cerca de 13 millones de dólares más intereses por haber rescindido el contrato del proyecto del Metrobús de Asunción, que está paralizado desde octubre de 2018.

"Este fallo representa un ahorro para el Estado paraguayo de más de 16 millones de dólares", celebró González.

La resolución también obliga a la empresa a pagar al MOPC cerca de 600 millones de guaraníes (unos 75.653 dólares).

"Nosotros habíamos sostenido que íbamos a dar batalla jurídica a una decisión que consideramos fue políticamente incorrecta en ese momento, económicamente injustificada", agregó el funcionario, en alusión a una sentencia de diciembre de 2023 que impuso el pago al Estado paraguayo a raíz de una demanda promovida por la firma lusa.

El procurador anticipó que la empresa aún puede interponer "algún recurso de aclaratoria" o una acción de inconstitucionalidad.

Para González, el fallo dado a conocer este martes "demuestra que jurídicamente estuvo desacertada" la decisión de febrero de 2020 de rescindir el contrato del proyecto del Metrobús por parte del Gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023).

Las obras del Metrobús iniciaron durante la Presidencia de Horacio Cartes (2013-2018). Ambos políticos son del gobernante Partido Colorado.

En octubre de 2018, unos meses después de la llegada al poder de Abdo Benítez, la cartera de obras públicas anunció que tomaría medidas legales y financieras contra Mota-Engil por abandonar las obras.

Meses antes, Mota-Engil había avisado de una posible suspensión de los trabajos ante la imposibilidad de cumplir el plazo de ejecución de los dos primeros tramos del proyecto, que debían finalizar en diciembre de 2018. EFE