Con dos mares bordeando sus dos costas, Panamá mantiene blindada más del 54% de su superficie marina total, convirtiéndose en el segundo país del mundo con mayor proporción de territorio marino protegido.

La iniciativa, respaldada por múltiples entidades internacionales, coloca a la nación canalera solo por detrás de Palau en el ranking global de protección de áreas marinas.

De acuerdo con el portal de estadísticas ambientales StatRanker, el país supera el promedio mundial de zonas marinas protegidas y se posiciona ampliamente por encima de la meta del 30% establecida en la agenda internacional para 2030.

Esta característica ha impulsado iniciativas para reducir la contaminación de los ríos, costas y mares, consolidado la gestión de las áreas marinas protegidas y reforzando la conservación de ecosistemas estratégicos como playas de anidación de tortugas marinas, manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos, según el Ministerio de Ambiente.

Como país, agrega la entidad, hemos entendido que la protección del océano requiere liderazgo más allá de nuestras fronteras.

“Panamá ha asumido un papel protagónico impulsando la Coalición de Alta Ambición por un Océano Silencioso, fortaleciendo el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ratificando el Acuerdo que conserva la biodiversidad de altamar y que demuestre que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar de manera complementaria”, dijo el Ministerio de Ambiente al conmemorarse este 8 de junio el Día Mundial de los Océanos.

Para la institución todos estos esfuerzos tienen un objetivo común: preparar al país para enfrentar los grandes desafíos del futuro, entre ellos el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión sobre los recursos marinos.

El proceso de blindaje y expansión de las áreas protegidas abarcó la creación y fortalecimiento de parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre, así como la implementación de sistemas de monitoreo ecológico en ecosistemas clave como manglares, arrecifes de coral y pastos marinos.

Desde 2022, se han sumado nuevas zonas como el Refugio de Vida Silvestre Marino de Saboga y la ampliación de la Cordillera de Coiba, logros reseñados por organizaciones como Mission Blue y el propio Ministerio de Ambiente de Panamá.

La protección de más de 54% de la superficie marina nacional representa un incremento sustancial respecto a años previos. En 2021, Panamá había alcanzado el 30% de protección oceánica, cumpliendo anticipadamente el objetivo 30x30 promovido por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El nuevo hito refuerza el compromiso del país con la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, según informes recientes de la ONU.

El Ministerio de Ambiente destacó que estos resultados surgen de una visión de país azul que considera al océano como un sistema fundamental para la economía, la seguridad alimentaria y la conectividad ambiental regional.

Un comunicado difundido por la institución sostiene que “el océano no es el límite de Panamá, es su mayor oportunidad”, una frase que resume el enfoque de la administración para integrar los recursos marinos en la planificación nacional.

La política de protección marina incluye el desarrollo de acciones de conservación, sensibilización comunitaria y promoción del turismo sostenible en zonas costeras y marinas.

Las autoridades ambientales han realizado jornadas de limpieza, monitoreo e investigación científica en diversas comunidades, con la participación de organizaciones comunitarias, universidades y agencias estatales.

El contexto internacional refuerza la importancia de este avance. Según la plataforma Raymarine, la protección efectiva de áreas marinas se ha convertido en una prioridad global frente a la presión sobre los recursos oceánicos y los efectos del cambio climático. La tendencia mundial apunta a acelerar la cobertura de áreas protegidas, aunque menos del 8% de los océanos del planeta cuentan con salvaguardas reales para la biodiversidad.

Tras la captura del contraalmirante Fernando Farías Laguna, cabe recordar al hombre que despató la red de corrupción al más alto nivel.

La denuncia de corrupción en la Secretaría de Marina, expuesta por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar antes de ser asesinado en noviembre de 2024, pone en la mira el destino de quienes alertan sobre el huachicol fiscal en aduanas marítimas mexicanas.

El caso revela una estructura donde mando naval, empresarios y autoridades participaron en el tráfico clandestino de combustible, generando ganancias de miles de millones de pesos y dejando a testigos clave en situación de alto riesgo.

Un mando naval denunció sobornos y acabó asesinado

La investigación señala que Guerrero Alcántar fue enviado por la Secretaría de Marina a las aduanas en enero de 2021, poco después de que el control de estas áreas pasara a manos de las Fuerzas Armadas por indicaciones del gobierno federal.

Durante menos de un año en el cargo, Guerrero identificó un sistema donde recibió transferencias y efectivo que inicialmente pensó eran para mejoras operativas, pero que luego reconoció como sobornos relacionados con la evasión de impuestos mediante la entrada ilícita de hidrocarburos.

En un audio de 19 minutos obtenido por Aristegui Noticias, Guerrero expone ante el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán su descubrimiento de la red de corrupción.

En el diálogo, Ojeda Durán plantea dos rutas ante la denuncia: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”,se le oye decir.

Reuniones clave

En el audio, el contralmirante habla de reuniones clave que tuvo con involucrados en donde se abordó el tema.

La primera de las reuniones clave se celebró el 29 de mayo de 2024 en la “Fonda Argentina” de Paseo Acoxpa, al sur de la Ciudad de México, donde Guerrero se reunió con aliados de los hermanos Farías Laguna y con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, éste último investigado por el homicidio del contralmirante.

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

Dos días después, el 31 de mayo, Guerrero sostuvo una segunda reunión, ahora en el restaurante Sanborns de Calzada Acoxpa y Miramontes, con el contralmirante Fernando Farías Laguna y el capitán Climaco Aldape Utrera, quien actualmente está preso y sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En estas reuniones, Guerrero relató que a Climaco Aldape le entregaban 500 mil pesos semanales como parte del esquema de sobornos.

Los encuentros y detalles narrados por Guerrero quedaron registrados tanto en el audio como en una carta manuscrita, fechada el 14 de junio de 2024, recuperada en su oficina tras el crimen.

Toda esta información fue incorporada al expediente judicial, la causa penal 325/2025 radicada en el Centro Penal de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí también quedó asentada una fotografía de una de las reuniones.

Guerrero dejó testimonio también en cartas y documentos entregados a sus superiores y redactados a mano, donde relató reuniones con presuntos involucrados, incluidos los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Julián Manuel Otáñez Calza, además de encuentros en varios puntos de la Ciudad de México entre el 29 y el 31 de mayo de 2024.

Tras sus denuncias, Guerrero asumió la subinspección administrativa en la Región Naval de Puerto Chiapas. En octubre se reunió con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. Pidió licencia para permanecer unos días en Manzanillo, Colima. El 8 de noviembre, último día de su permiso, sicarios en motocicleta lo asesinaron.

El crimen no ha sido esclarecido y la red sigue bajo investigación

La Fiscalía General de la República compara el asesinato de Guerrero con el homicidio de una funcionaria de la FGR ocurrido días antes en la misma ciudad. Según la causa penal 325/2025, hay mandos navales bajo proceso, pero hasta el momento solo 11 de 14 personas con orden de aprehensión han sido detenidas. No todos los nombres señalados por Guerrero han sido imputados.

La carta manuscrita de Guerrero, encontrada en su oficina tras el crimen, coincide con pruebas presentadas ante el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, donde se procesan casos relacionados con la red de huachicol fiscal.

En respuesta al reportaje de Aristegui Noticias, la Secretaría de Marina afirma que no tiene el audio ni conocimiento de su contenido, y remite las preguntas a la Fiscalía. Solo cinco elementos navales vinculados al caso permanecen dados de baja por inasistencia.

Hasta ahora, la investigación penal se mantiene inconclusa, mientras la divulgación del audio mantiene la presión sobre los altos mandos de la Marina y evidencia los riesgos para quienes denuncian estructuras de corrupción en las aduanas marítimas mexicanas.

• El contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció la red de huachicol fiscal en la Marina y fue asesinado en Colima.
• Una carta y un audio presentados ante sus superiores y difundidos sustentan su denuncia y el involucramiento de altos mandos.
• La FGR ha detenido a 11 de las 14 personas con orden de aprehensión, y el caso sigue abierto sin esclarecer el homicidio del marino denunciante.

Jafeth Gilberto Barraza Armenta es un joven de 22 años perteneciente a las filas de las Secretaría de Marina (Semar) cuyo paradero se desconoce desde el 27 de julio de 2024.

Su última ubicación conocida fue en el poblado Plutarco Elías Calles de Caborca, Sonora, en un punto conocido como “La Y”.

Desde que se reportó su ausencia, la familia de Jafeth ha emprendido múltiples jornadas de búsqueda, pero también ha sido víctima de amenazas.

“Pido a las personas que se lo llevaron que por favor nos digan dónde lo tienen o nos den un punto de dónde lo dejaron. Que me lo regresen esté como esté, simplemente pido a mi hermano”, manifestó una de las hermanas del marino en un video difundido recientemente a través de redes sociales.

En su llamado de auxilio, la familiar de Jafeth reconoció que su intención no es obtener justicia en el caso ni ejercer acción alguna contra las personas que se llevaron al muchacho.

“No pido justicia, no pido averiguaciones. Como todos sabemos no existe la justicia en este estado, ya lo han comprobado mucho. Solamente pido a mi hermano y no quiero más problemas ni amenazas como lo hemos estado teniendo”, sostuvo al final del breve pronunciamiento.

“Tú que sabes donde está, ¡habla! Manda un mensaje anónimo, haz una llamada anónima, no queremos culpables ni justicia. Sólo lo queremos de regreso, no nos merecemos vivir con la angustia de no saber dónde está, cómo está, si esta con vida o no, nadie se merece vivir con este dolor”, puede leerse en una publicación previa en las redes sociales de la buscadora.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Sonora se desconoce el paradero de un total de cuatro mil 837 personas. Los municipios con un mayor número de casos de desaparición son Hermosillo (mil nueve), Cajeme (607), Nogales (577), Guaymas (354) y Caborca (265).

Los datos compartidos por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) señalan que la mayoría de personas desaparecidas en Sonora se encuentran en los rangos de edad de 25-29 años, con un total de 754 casos.

En el registro histórico, 2020 se posiciona como el año con un mayor número de reportes, con 606. Entre los años 2021 y 2023 las cifras se mantuvieron por debajo de los 250 casos, pero en este 2024 fue notorio un repunte. Entre el 1 de enero y el 4 de diciembre del año corriente se han contabilizado 598 personas desaparecidas y no localizadas en Sonora.