Matamoros, Tamaulipas. 5 de noviembre, 2010. La ciudad quedó paralizada por una serie de enfrentamientos armados entre integrantes del Cártel del Golfo y fuerzas federales que se extendió durante varias horas.

El operativo de la Secretaría de Marina terminó con la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, entonces principal dirigente de la organización criminal.

La intervención movilizó a 660 elementos de Infantería de Marina, tres helicópteros y 17 vehículos. El saldo incluyó la muerte de tres integrantes de la Armada, un elemento del Ejército, el periodista Carlos Alberto Guajardo Romero y cuatro hombres que formaban parte del círculo de protección del capo.

Los enfrentamientos también provocaron narcobloqueos, suspensión de clases y actividades públicas, interrupciones al transporte y el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

Seis meses de inteligencia para localizar a Tony Tormenta

La Secretaría de Marina llevaba más de seis meses de labores de inteligencia para ubicar a Cárdenas Guillén, quien asumió un papel central en el Cártel del Golfo después de la captura de su hermano Osiel Cárdenas Guillén en 2003.

El seguimiento incluyó enfrentamientos previos con integrantes de su escolta en Matamoros. Uno de ellos ocurrió el 31 de marzo de 2010 en la colonia Tres Culturas, donde fueron detenidos dos presuntos sicarios y se obtuvo información sobre la estructura criminal. El 7 de abril, personal naval sostuvo otros dos enfrentamientos y aseguró a tres integrantes de la organización, además de armas y vehículos.

La información recabada permitió a las autoridades identificar a Los Escorpiones, un grupo de sicarios que tenía como principal función proteger a Tony Tormenta. La Marina también documentó que esta estructura había participado en acciones que permitieron al capo escapar de operativos anteriores.

El 1 de noviembre de ese año, elementos navales localizaron un inmueble que utilizaba para pernoctar en la colonia Expo Fiesta Oriente. Aunque el capo consiguió escapar antes de ser detenido, en el domicilio fueron aseguradas 230 granadas de 40 milímetros y cerca de 65 mil cartuchos de distintos calibres.

Cuatro días después, una denuncia ciudadana alertó sobre un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada frente a Plaza Fiesta. Al trasladarse a ese punto, los elementos navales recibieron información sobre otra agresión en la calle Valle del Inca, en la colonia Centro, donde ya se había registrado la muerte de un militar y del periodista Carlos Alberto Guajardo Romero.

Las versiones sobre la participación de Tony Tormenta en esos enfrentamientos y su posible desplazamiento por la ciudad llevaron a la Marina a activar sus mecanismos de búsqueda e intercepción de comunicaciones.

Aproximadamente a las 14:50 horas, el personal naval logró ubicarlo en la calle Abasolo, en la colonia Centro. Los elementos de Infantería de Marina establecieron un cerco alrededor de la zona y desplegaron un grupo de intervención.

El personal fue recibido con disparos de armas de grueso calibre y granadas. Los integrantes del Cártel del Golfo intentaron romper el perímetro mediante ataques desde vehículos en movimiento y disparos de francotiradores ubicados en azoteas cercanas.

El enfrentamiento terminó alrededor de las 17:35 horas, cuando las autoridades confirmaron la muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén.

Tres marinos, un militar y un periodista murieron durante la jornada

La caída de Tony Tormenta estuvo acompañada de un saldo mortal que involucró a integrantes de las fuerzas federales, miembros de su escolta y un comunicador que cubría los enfrentamientos.

La Secretaría de Marina confirmó que tres de sus elementos murieron durante la confrontación final y otros cuatro resultaron heridos.

Los cuatro integrantes de la escolta que murieron junto con el capo fueron identificados por la institución como:

• Sergio Antonio Fuentes, alias El Tyson o Escorpión 1.
• José M. Vázquez o Raúl Marmolejo Gómez, alias Escorpión 18.
• Hugo Lira, alias Escorpión 26.
• Refugio Adalberto Vargas Cortez, alias Escorpión 42.

Además, dos integrantes de la estructura criminal fueron detenidos heridos: Marcos Antonio Cortez Rodríguez, alias Escorpión 37, identificado por la Marina como hombre de confianza de Tony Tormenta y encargado de las fuerzas de reacción, y Josué González Rodríguez, alias Escorpión 43.

En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas, cinco armas cortas, 22 cargadores y municiones de distintos calibres.

La jornada también dejó la muerte de un elemento del Ejército, quien fue agredido durante un enfrentamiento ocurrido alrededor de las 11:00 horas en Matamoros. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que otros dos militares resultaron heridos.

En ese mismo episodio murió Carlos Alberto Guajardo Romero, reportero del diario Expreso de Matamoros, quien tenía 37 años y cubría la fuente policiaca.

El periodista se encontraba en el cruce de las avenidas Pedro Cárdenas y Longoria cuando su camioneta recibió alrededor de 20 impactos de bala. Testigos señalaron que los disparos habrían sido realizados por elementos de la Marina, presuntamente por confusión. La Sedena confirmó su muerte, pero en su comunicado no precisó si fue alcanzado por fuego cruzado o por disparos de sus efectivos.

Guajardo Romero tenía 15 años de trayectoria periodística y había trabajado para los diarios El Bravo, El Mañana de Matamoros y Contacto.

Narcobloqueos y cierre de tres puentes internacionales paralizaron Matamoros

Los enfrentamientos no quedaron concentrados en el punto donde fue localizado Tony Tormenta. Durante la jornada se registraron tiroteos y persecuciones en más de 15 puntos de Matamoros, mientras integrantes del Cártel del Golfo intentaban impedir el desplazamiento de las fuerzas federales.

Los grupos criminales utilizaron unidades del transporte público para bloquear calles y avenidas, además de atravesar autobuses y vehículos en distintas vialidades. Las acciones provocaron interrupciones en el servicio de transporte y dificultaron la circulación en diferentes sectores de la ciudad.

La violencia también alcanzó la actividad escolar y gubernamental. Alrededor de 200 escuelas suspendieron clases, mientras que las dependencias públicas interrumpieron sus labores.

Uno de los efectos más importantes ocurrió en la frontera con Estados Unidos: los enfrentamientos provocaron el cierre de tres puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas.

La circulación fronteriza quedó interrumpida mientras las autoridades intentaban contener los enfrentamientos y recuperar el control de las vialidades. Incluso después de que la Marina confirmó la muerte de Tony Tormenta, los bloqueos continuaban en distintos puntos de la ciudad.

Los Escorpiones sobrevivieron a la muerte de Tony Tormenta

La muerte de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén no significó la desaparición de la estructura armada que lo protegía. Los Escorpiones se replegaron en Tamaulipas y posteriormente establecieron alianzas con Los Ciclones, otra facción del Cártel del Golfo.

La existencia del grupo quedó documentada oficialmente por la Marina en noviembre de 2010, cuando la institución describió a sus integrantes como responsables de la seguridad personal del capo.

Infobae México reconstruyó el origen de esta célula en el artículo “Así se formó el Grupo Escorpión, brazo armado del Cártel Golfo”, en el que se documentó que su estructura inicial habría estado integrada por expolicías y exmilitares, y que su creación respondió a la necesidad de Tony Tormenta de contar con un grupo de protección y confrontación frente a Los Zetas.

La publicación también recordó que, después de la muerte del capo, se creyó que Los Escorpiones habían desaparecido. Sin embargo, sus integrantes se replegaron y terminaron vinculados con Los Ciclones. En febrero de 2023, el grupo volvió a llamar la atención después de que circuló un video en el que hombres armados se identificaban como integrantes de esa estructura y amenazaban a presuntos vendedores de cristal y fentanilo en la frontera.

La facción también fue relacionada con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido en Matamoros en marzo de 2023, dos de los cuales fueron asesinados.

Las detenciones de integrantes de Los Escorpiones en 2025 y 2026

La continuidad de esta estructura quedó expuesta con las detenciones de personas identificadas como integrantes o mandos de Los Escorpiones.

El 16 de abril de 2025 fue detenido Juan Enrique “N”, alias Chiquichán o Escorpión 44, señalado como jefe operativo de la célula criminal en Tamaulipas. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo identificó como uno de los principales generadores de violencia en la entidad y sostuvo que estaba vinculado con Los Ciclones del Cártel del Golfo.

El 12 de mayo de ese año, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Cuatro meses después, el 17 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvieron en Matamoros a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo de Tony Tormenta.

La captura ocurrió durante la madrugada en la colonia Villa Española, cuando policías estatales revisaron un Jeep Wrangler negro sin placas en el que viajaba. Los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador abastecido y cartuchos útiles.

Cárdenas Rivera fue identificado como dirigente de Los Escorpiones, facción que habría encabezado después de la muerte de su padre. El antecedente de su detención también llamó la atención: ya había sido arrestado en 2011 por elementos de la Marina, pero posteriormente recuperó su libertad.

El 31 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la República informó que un juez lo vinculó a proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ordenó prisión preventiva oficiosa en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

En enero de 2026, las autoridades federales detuvieron en Matamoros a Jorge Ignacio “N”, alias Nacho Vega, identificado como operador financiero y uno de los dirigentes del Cártel del Golfo. El Gabinete de Seguridad lo señaló como responsable de las células Escorpiones y Ciclones, relacionadas con secuestro, extorsión, homicidio, ataques contra autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos. También tenía una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas.

El 26 de febrero de 2026, fuerzas federales capturaron a Antonio Guadalupe “N”, alias Lexus o Toño, señalado como presunto líder del Grupo Escorpión. El operativo se realizó en el ejido Sandoval, en Matamoros, con participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Durante esa acción también fueron detenidos ocho presuntos integrantes de la Operativa Ranger, grupo que proporcionaba seguridad a José Alfredo “N”, alias El Contador, identificado como jefe de Los Ciclones. Entre el armamento asegurado había fusiles Barrett calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos y equipo táctico.

El 25 de abril de 2026, un operativo de la Marina y la FGR permitió catear un predio en el ejido Progreso Agrario, en Matamoros, relacionado por fuentes consultadas por Infobae México con Los Escorpiones. En el lugar fueron detenidas dos personas y asegurados 13 contenedores de almacenamiento, ocho motobombas, cinco tanques, dos pipas y una caja seca. La afectación económica estimada para la organización fue cercana a ocho millones de pesos.

El Cártel del Golfo ya no tiene un mando único

A 16 años de la muerte de Tony Tormenta, el Cártel del Golfo dejó de operar como una organización centralizada y se fragmentó en facciones que disputan el control de distintas regiones de Tamaulipas.

Un análisis del portal especializado en narcotráfico InSight Crime identifica cinco grupos principales: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.

Las dos primeras facciones concentran una parte importante de la estructura criminal en la región de Matamoros, mientras que las demás mantienen presencia en otras zonas del estado. Sus actividades ya no se limitan al narcotráfico: también abarcan extorsión, tráfico de personas, contrabando de armas y robo de hidrocarburos.

La detención de operadores, mandos y presuntos responsables financieros ha debilitado distintas estructuras del Cártel del Golfo, pero no ha significado la desaparición de la organización ni de sus facciones.

Los Escorpiones, creados originalmente para proteger a Tony Tormenta, continúan apareciendo en investigaciones y operativos federales en Matamoros. Su permanencia es una muestra de cómo una estructura que nació como guardia personal de un capo pudo sobrevivir a su muerte y convertirse en una de las facciones que mantienen presencia en la frontera tamaulipeca.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

En los despliegues participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

“El Gigan” y “Miky Juárez”, ligados a estructuras de extorsión

En Ecatepec fue detenido Miguel Juárez Pérez, “Miky Juárez”, señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y los delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

También fueron capturados Hugo Chavarría Pérez, “El Rábano”; Irving Eduardo Chavarría Pérez, “Scarface”, y José Alejandro Manzano García, presuntos integrantes de Los Manzanos. Les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y dosis de droga.

Por otra parte, durante 21 cateos en la zona oriente fueron detenidas 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG.

Esta estructura es investigada por presunta participación en extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidios. También fueron detenidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

“El Pollo” encabezaba red de huachicol

En Chimalhuacán y Ecatepec se realizaron otros 15 cateos contra una organización presuntamente encabezada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, relacionada con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP.

En estas acciones fueron detenidas 12 personas y asegurados 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

En el balance general, las autoridades reportaron el aseguramiento de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, cartuchos y narcóticos.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para debilitar las estructuras criminales y sus redes de protección.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió.

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

El Registro Nacional de Detenciones documentó su captura a las 07:01 horas

El Registro Nacional de Detenciones consignó el arresto bajo el nombre de Miguel Juárez Pérez, con los apodos “Mike” o “Mike Juárez”, aunque las autoridades municipales lo identificaron con los apodos “El Miky” o “El Mickey”. El documento oficial lo describió con 1.75 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, pelo negro corto, barba tipo candado y tatuajes en ambos brazos.

La captura ocurrió sobre la calle General Emiliano Zapata, entre las calles Solidaridad y Alfredo Torres Martínez, frente a un inmueble de dos plantas con fachada rústica y portones de herrería.

El registro ubicó el punto exacto en las coordenadas 19.556090, -99.017456 y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FEMDO.

La operación fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por personal naval, de acuerdo con un video difundido por el gobierno de Ecatepec. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego tipo escuadra, documentos, credenciales con la leyenda “Hermandad Juárez” y bolsas con artículos personales.

Como resultado de dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, personal de la Armada de México de la Secretaría de Marina (Marina) aseguró más de una tonelada de cocaína y detuvo a una persona. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de una publicación realizada en redes sociales.

Harfuch dio a conocer que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Marina ha asegurado más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Cada cargamento asegurado, informó Harfuch, es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado, pues significa menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia, así como menos drogas en las calles para “envenenar” a los jóvenes.

“Seguiremos combatiendo a estas organizaciones, sus estructuras y sus recursos para proteger a las familias mexicanas”, concluyó Harfuch.

En 38 operaciones detienen a 32 líderes delincuenciales, informa Harfuch

En otra publicación en su cuenta de la red social X, Harfuch informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se llevaron a cabo 38 operaciones simultáneas en esa entidad para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, mismos que dejaron un saldo de 32 personas detenidas.

En dichas operaciones, informó el funcionario, participaron la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Entre los detenidos, señaló Harfuch, están “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, quienes son identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de Gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

La operación contra la organización de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En dichas acciones, señaló el titular de la SSPC, se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, concluyó el mensaje.

“El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

Los electores de Miami rechazaron por amplio margen el arrendamiento de casi 12 hectáreas de terrenos públicos en Virginia Key para la remodelación de dos marinas. La pregunta 3 del referendo, votada el 3 de noviembre, obtuvo cerca de 65 % de votos en contra y 35 % a favor, de acuerdo con los resultados difundidos por las autoridades electorales y medios locales.

La propuesta contemplaba que Virginia Key LLC, una sociedad vinculada a RCI Marine Group y la empresa texana Suntex Marinas, asumiera la gestión y renovación de la marina Rickenbacker y la marina del Marine Stadium. El proyecto incluía una inversión privada estimada en USD 80 millones, además de espacios para almacenamiento de embarcaciones, comercios, restaurantes y estacionamiento público.

El acuerdo sometido a consulta preveía un contrato inicial de 45 años, con la posibilidad de dos prórrogas de 15 años cada una. De haber sido aprobado, el arrendamiento podría haberse extendido hasta por 75 años, informó Miami Herald.

El referendo concentró el debate sobre el acceso al frente costero

La votación puso en discusión el destino de una zona pública situada junto a la calzada Rickenbacker, la principal vía de conexión entre el continente y Key Biscayne. El área abarca instalaciones vinculadas al Miami Marine Stadium, así como la marina Rickenbacker.

El texto de la consulta establecía una renta anual mínima de USD 2,2 millones para la ciudad, con aumentos progresivos y una participación del 6 % sobre los ingresos brutos. La administración municipal había presentado esos términos como parte de un proceso para modernizar infraestructuras marítimas existentes en una zona ambientalmente sensible, según la información oficial de la Ciudad de Miami.

Sin embargo, el proyecto acumuló objeciones de residentes, ambientalistas y defensores del acceso público a la costa. Las críticas apuntaron a la duración del contrato, a la ampliación de actividades comerciales y a los posibles efectos sobre la Bahía Biscayne.

La campaña también reunió apoyo alrededor de Gramps Getaway, un bar ubicado en la zona de la marina Rickenbacker cuya continuidad podía verse afectada por la reconfiguración del lugar. Ese caso se convirtió en uno de los símbolos de la oposición a la iniciativa, reseñó Key Biscayne Portal.

Los opositores celebraron un respaldo al uso público de la costa

Tras conocerse el resultado, Aabad Melwani, operador de la marina Rickenbacker y cofundador de Preserve & Protect Miami, consideró que el voto expresó una defensa de los espacios costeros de la ciudad.

“Esta noche, los votantes de Miami defendieron a su comunidad y enviaron un mensaje claro: nuestro frente marítimo público debe beneficiar a los habitantes de Miami y no a intereses privados de fuera del estado que solo buscan obtener ganancias”, afirmó Melwani en declaraciones recogidas por Key Biscayne Portal.

El empresario aseguró además que el resultado pertenecía a quienes se oponen a que sitios de uso colectivo se vuelvan más costosos o inaccesibles para las familias. La postura de Preserve & Protect Miami coincidió con los reparos planteados durante la campaña por organizaciones que reclamaban mayor protección para el entorno de la bahía.

El rechazo de la pregunta 3 no resuelve, sin embargo, el futuro de ambas marinas ni de otros desarrollos contemplados en Virginia Key. Entre las iniciativas que continúan bajo discusión figura el proyecto Shoreline, relacionado con la calzada Rickenbacker, y los planes de transformación del Seaquarium.

La ciudad deberá redefinir el proceso para las marinas

La derrota de la propuesta obliga a la Comisión de la Ciudad de Miami a evaluar nuevas alternativas para las instalaciones de Rickenbacker y Marine Stadium. Miami Herald señaló que el gobierno local probablemente deberá reiniciar el proceso de licitación si pretende avanzar con otro proyecto de arrendamiento para esos terrenos.

Cualquier eventual venta o concesión de propiedades costeras municipales deberá volver a pasar por una consulta popular, tal como exige el procedimiento para este tipo de bienes públicos. Por ahora, la decisión de los votantes dejó sin efecto el acuerdo específico con Virginia Key LLC y mantuvo abiertas las discusiones sobre inversión, conservación ambiental y acceso ciudadano en el frente marítimo.

La noche de este miércoles 4 de noviembre, autoridades estatales de Colima confirmaron en conferencia de prensa el abatimiento de Andrés Alcázar, alias “El Andy” o “El Yony”, señalado como líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas y sicariato en el puerto de Manzanillo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, detalló que personal de la Secretaría de Marina (Semar) repelió una agresión armada del sujeto durante un operativo para su detención, luego de que escapara horas antes de un primer intento de captura.

Alcázar, de 35 años y nacido en abril de 1991, quedó tendido junto a una motocicleta en un camino de terracería, de acuerdo con la fotografía proyectada durante la conferencia. La cronología presentada por las autoridades ubicó este desenlace como el último punto de un historial delictivo documentado desde 2018.

El registro delictivo de “El Andy” inició en 2018

La ficha delictiva elaborada por las autoridades ubicó la primera detención de Alcázar el 17 de junio de 2018 por delitos contra la salud. Dos días después, el 19 de junio, se le cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en términos de autoría y participación, y por tentativa de robo calificado.

El 27 de marzo de 2019 egresó del centro penitenciario por una suspensión de la ejecución de la pena de prisión. El 20 de marzo de 2024 fue detenido nuevamente en Manzanillo por delitos contra la salud. En ese operativo se le aseguraron 248 dosis de presunta metanfetamina, otros 14 gramos de la misma sustancia, una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con 16 cartuchos y 7 mil 390 pesos en efectivo.

El 6 de abril de 2025 egresó del penal de Manzanillo bajo medida cautelar de presentación periódica. Tres días después, el 9 de abril, un juez federal emitió una orden de aprehensión por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, al determinar que se había sustraído de la acción de la justicia.

El 21 de enero de 2026, “El Andy” fue mencionado como principal generador de violencia en una cartulina localizada en la colonia Terraplena, en Manzanillo. La ficha delictiva ubicó vínculos directos con Gilberto N., alias “El Chivo” o “El Verde”, identificado como jefe de sicarios, y con Luis Andrés N., alias “La Jaiba”, encargado de la distribución de droga. Ambos fueron detenidos el 22 de mayo de 2026.

El 23 de julio de 2026, en la colonia Abelardo L. Rodríguez, delegación Santiago, en Manzanillo, se localizó una maleta y una bolsa con restos humanos, junto a una cartulina firmada como “Andy” con amenazas contra la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Marina. Los informes de inteligencia relacionaron presuntamente a Alcázar con este hallazgo.

Perseguía una alianza con un grupo local tras presuntamente romper con el Cártel de Sinaloa

Gómez Calcáneo señaló, durante la conferencia, que por fuentes de inteligencia se tuvo conocimiento de que Alcázar buscaba independizarse y establecer una alianza con un grupo delictivo local del estado de Colima con el objetivo de expandirse en el puerto de Manzanillo. El funcionario no precisó el nombre de la organización de origen ni del grupo con el que negociaba esa alianza.

El periodista Carlos Jiménez, desde su cuenta @c4jimenez en la red social X, aportó ese dato faltante. Según su publicación, Alcázar era operador del Cártel de Sinaloa y había comenzado a aliarse con Los Mezcales. Jiménez escribió que el sujeto “mataba, decapitaba y dejaba amenazas contra las autoridades en Colima”.

La publicación de Jiménez coincidió en lo esencial con el relato oficial: un día antes de su muerte, Alcázar se encontró con agentes de SSPC Colima y Semar y les disparó. Este dato complementó, sin contradecir, la versión presentada por el secretario de Seguridad estatal.

El operativo que terminó con la muerte de “El Andy”

Gómez Calcáneo narró, en la misma conferencia, que la noche anterior las autoridades desplegaron un operativo en Manzanillo para detener a “El Andy”. Durante ese despliegue, el sujeto logró darse a la fuga. Las autoridades se mantuvieron en el perímetro y continuaron la vigilancia en la zona.

Mientras las corporaciones permanecían desplegadas, el C5 recibió una llamada de emergencia que reportó el robo de una motocicleta con ciertas características. Esa información se compartió de inmediato con las autoridades que buscaban al objetivo. La ficha delictiva de Alcázar ya registraba, por información extraoficial, que el sujeto solía moverse en una motocicleta Pulsar NS 200 negra y una Pulsar NS 160 gris con azul.

Al ubicar la motocicleta reportada como robada, las autoridades iniciaron una persecución. Durante esa persecución, “El Andy” abrió fuego contra personal de la Marina. El personal naval repelió la agresión y el hombre quedó herido en el lugar, tendido junto a la motocicleta en un camino rural.

Tras recibir atención médica prehospitalaria, se determinó que ya no tenía signos vitales. Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que se trataba del objetivo buscado desde la noche anterior: alias “El Andy” o “El Yony”.

Gómez Calcáneo cerró su informe sobre este caso con un mensaje dirigido a los grupos delictivos que operan en el estado. “No importa con qué técnica o capacidad la delincuencia en Colima quiera desafiarnos, estamos listos para ir un paso más adelante que ellos y estamos listos para detener a todo aquel que piense en delinquir en este estado”.

La captura se concretó a la 1:05 de la tarde mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de autoridades estatales y municipales.

El Panda contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y fue puesto a disposición de un juez local, quien dispuso su traslado al Juzgado de la Ciudad de Xalapa.

Su captura se enmarcó en la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, operativo que llevaba acumuladas 163 detenciones, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas del sur de Veracruz, con una afectación económica estimada en 40 millones de pesos.

Una investigación iniciada en enero expuso la red de secuestro y extorsión de “El Panda”

Las pesquisas que derivaron en la captura comenzaron en enero de 2026, a partir del secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, de acuerdo con información oficial contenida en un comunicado compartido por la Secretaría de Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Estatal.

Ese hecho permitió a las autoridades obtener información relevante sobre las actividades de una organización criminal que operaba en la región.

El mismo mes, según ese comunicado, elementos navales, estatales y municipales desmantelaron un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en la localidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan. En ese operativo fue detenido un sujeto identificado con el alias “Sparta”, cuya captura aportó información que permitió identificar a “El Panda” como presunto líder regional de la estructura delictiva.

A partir de esos datos, las autoridades establecieron la zona de operación del grupo y sus posibles vínculos con secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible en Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

Semar rastreó sus patrones de movilidad antes de ejecutar la detención

Elementos de la Secretaría de Marina identificaron a “El Panda” mediante labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades.

A partir de esa información, las autoridades identificaron sus patrones de movilidad y ubicaciones posibles, lo que derivó en el despliegue del operativo en la colonia Estero del Pantano. El Registro Nacional de Detenciones ubicó la aprehensión en la calle General Anaya, frente a un comercio de la marca Ford, con registro de autoría a cargo de la Policía Ministerial de Investigación.

Sin embargo, el RND consignó dos referencias distintas sobre el domicilio: en la descripción del detenido señaló la colonia Manuel Ávila Camacho, mientras que en el campo de lugar de detención indicó la colonia Transitmica, ambas en Coatzacoalcos.

El documento describió al detenido con complexión robusta, de tez morena, con una playera negra estampada con la Pantera Rosa, short deportivo negro con rayas amarillas y moradas, y sandalias azules.

Hasta el cierre de la consulta al Registro Nacional de Detenciones, el miércoles 4 de noviembre a las 15:44 horas, Samuel de la Cruz Anaya permanecía en Xalapa.

Imágenes obtenidas por Infobae México confirmaron que a “El Panda” le fue asegurado un automóvil de la marca Mazda, modelo 3, color blanco, con placas del estado de Veracruz. La unidad fue captada en una zona de resguardo vehicular, estacionada junto a otra camioneta KIA de color cobre.

El vehículo asegurado corresponde a un hatchback con la leyenda “Skyactiv” visible en la carrocería, además del logotipo de la agencia distribuidora Mazda Coatzacoalcos. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la unidad estaba relacionada con las actividades delictivas atribuidas a Samuel de la Cruz Anaya.

Semar refrenda su compromiso de combatir la delincuencia en Veracruz

La detención de “El Panda” representa un avance en el debilitamiento de una estructura delictiva vinculada con actividades que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias veracruzanas, de acuerdo con el comunicado conjunto emitido tras las acciones.

Con esta acción, la Secretaría de Marina, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, refrendó su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación, así como la coordinación interinstitucional para identificar y detener a generadores de violencia, combatir la delincuencia y contribuir a la recuperación de la paz y la tranquilidad en el estado de Veracruz.

Estas acciones permitieron debilitar las estructuras criminales y afectar sus capacidades operativas, logísticas y financieras en la región, según el mismo comunicado.

Un macro-operativo ejecutado en estricto sigilo durante el primer año de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum logró tomar el control definitivo de diversos Centros Penitenciarios Federales, resultando en la extracción y expulsión de 92 objetivos prioritarios del crimen organizado. Esta intervención, calificada como una de las más grandes y complejas en la historia reciente del país, puso fin a décadas de impunidad donde líderes criminales operaban desde sus celdas protegidos por redes de corrupción estructurales.

La revelación de este histórico movimiento fue realizada este 4 de noviembre por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en el marco de la ceremonia de entrega de Reconocimientos a Agentes de Investigación de la dependencia. Durante su mensaje institucional, el funcionario federal destacó que este logro monumental pasó prácticamente desapercibido en el radar mediático debido al éxito de su ejecución táctica, la cual se distinguió por una total ausencia de filtraciones.

“Un ejemplo también de valentía, que casi nunca se les reconoce son los compañeros y compañeras del Sistema Penitenciario que hicieron un operativo enorme, en el primer año del sexenio de esta administración, de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde lograron controlar, con ayuda de ustedes por supuesto, Centros Penitenciarios Federales y lograr expulsar a 92 objetivos prioritarios, muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, sólo por una cosa, por corrupción”, señaló Harfuch.

El operativo representó un esfuerzo de coordinación sin precedentes, diseñado para neutralizar a criminales de alto perfil que, en algunos casos, acumulaban hasta cuarenta años evadiendo procesos de extradición. Estos individuos habían logrado sortear las acciones de la justicia durante tres o cuatro sexenios consecutivos, valiéndose de sobornos, amenazas y el control fáctico que ejercían sobre los penales de máxima seguridad.

El desmantelamiento de un sistema de complicidades

De acuerdo con el titular de la SSPC, la permanencia inamovible de estos 92 objetivos en los penales mexicanos se debía a un solo factor: la corrupción. Durante décadas, las estructuras penitenciarias habían sido vulneradas, permitiendo a estos líderes mantener operaciones, retrasar indefinidamente sus traslados internacionales y someter a las autoridades carcelarias locales.

Para revertir esta situación, el Gobierno de México orquestó un despliegue masivo en el que intervinieron exclusivamente fuerzas federales mexicanas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Marina) brindaron un respaldo operativo y perimetral contundente, mientras que la SSPC y las autoridades del Sistema Penitenciario Federal ejecutaron la extracción directa en los pabellones.

García Harfuch hizo especial énfasis en la valentía demostrada por las y los trabajadores del Sistema Penitenciario, quienes enfrentaron riesgos inmensos al organizar y participar en este operativo de despresurización. El funcionario reconoció públicamente el esfuerzo y el liderazgo de elementos clave dentro del sistema, subrayando que estos servidores públicos vivían bajo amenazas constantes de muerte a escasos centímetros de los reclusos que finalmente lograron someter y expulsar.

Hermetismo táctico y control institucional

Uno de los aspectos más relevantes destacados en el informe oficial fue el nivel de secrecía con el que se manejó la operación. En un país donde las filtraciones de información han frustrado históricamente capturas y traslados de capos del narcotráfico, el éxito de la movilización de 92 objetivos simultáneos o consecutivos sin que existiera una sola fuga de datos marca un parteaguas en los protocolos de inteligencia del Estado mexicano.

Este hermetismo es el resultado directo de la nueva dinámica de trabajo impuesta desde el Ejecutivo. La actual estrategia de seguridad, delineada y supervisada diariamente por la Presidenta de la República, ha priorizado la inteligencia y la investigación como ejes centrales para desarticular las capacidades logísticas de los grupos delincuenciales. Al centralizar las directrices y exigir resultados mediante reuniones diarias a las seis de la mañana, el gobierno federal ha logrado cerrar las brechas de comunicación que antes permitían a los criminales anticiparse a los operativos.

La extracción de estos casi cien líderes criminales de las prisiones federales no solo facilita el cumplimiento de tratados internacionales en materia de extradición, sino que corta de tajo las líneas de mando que estos individuos mantenían con sus estructuras en el exterior. Con esta acción, las autoridades aseguran haber dado un golpe definitivo a la gobernabilidad criminal que durante décadas asfixió a las instituciones penitenciarias, devolviendo el control absoluto al Estado y sentando un precedente de que no existen perfiles intocables dentro de los muros carcelarios del país.

Durante la ceremonia de clausura y graduación, realizada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, el funcionario federal llamó a los graduados a asumir con responsabilidad las nuevas capacidades adquiridas para enfrentar las amenazas de la delincuencia organizada y proteger a la población.

“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, expresó García Harfuch.

El titular de la SSPC reconoció el esfuerzo de los participantes, quienes concluyeron una etapa de formación especializada que busca fortalecer las capacidades operativas de las instituciones federales encargadas de la seguridad pública y la defensa nacional.

Harfuch destaca coordinación

En su mensaje, García Harfuch subrayó que la preparación de los elementos de seguridad no solamente implica adquirir conocimientos técnicos, sino también asumir una mayor responsabilidad frente a los desafíos que enfrenta el país.

El secretario agradeció al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina y Alto Mando de la Armada de México, por el respaldo y la colaboración permanente con la SSPC para fortalecer la capacitación del personal de seguridad.

Asimismo, destacó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y mediante los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, la coordinación entre las instituciones federales se ha consolidado como una herramienta para combatir a los grupos criminales.

Como parte de los resultados de esta estrategia, el funcionario aseguró que la coordinación institucional ha contribuido a conseguir una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos.

Por igual, insistió en que los elementos graduados deberán poner sus conocimientos al servicio de la población y actuar con compromiso frente a las amenazas que representa el crimen organizado.

Gradúan a 166 elementos en cursos especializados de Marina y SSPC

Durante la ceremonia se reconoció a 166 elementos que concluyeron cinco cursos impartidos en las instalaciones del CENCAEIM, como parte de los esfuerzos de capacitación y cooperación entre la Marina y la Secretaría de Seguridad.

Del total de graduados, 152 pertenecen a la Armada de México y 14 forman parte de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC.

Los participantes concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas; Doblado y Mantenimiento de Paracaídas; Rappel y Soga Rápida; Técnicas de Tiro Básico y de Combate, así como Operaciones Especiales en Áreas Urbanas.

Estas especialidades permiten ampliar los conocimientos y habilidades del personal en actividades que requieren disciplina, precisión, coordinación y capacidad de respuesta ante escenarios operativos complejos.

Uno de los momentos centrales fue la transición de casco a boina, ceremonia que simboliza la conclusión de una etapa de preparación y la asunción de mayores responsabilidades dentro del servicio.

Marina llama a mantener disciplina y preparación permanente

Por su parte, el secretario de Marina resaltó particularmente la participación de los integrantes de la SSPC en los cursos impartidos por la Armada de México, al considerar que compartir conocimientos y experiencia contribuye a fortalecer las capacidades del Estado mexicano.

Morales Ángeles destacó que la formación en estas especialidades exige precisión, disciplina y conocimiento, por lo que los nuevos graduados deberán mantener un comportamiento profesional y actuar con estricto apego a la ley.

Al dirigirse a los participantes, señaló que la especialización no debe limitarse a la obtención de una constancia, sino que debe reflejarse en el desempeño cotidiano, el trabajo en equipo y la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que demandan preparación y criterio.

También pidió a los elementos mantener los valores de profesionalismo, lealtad y honor, al tiempo que recordó que cada nueva capacidad representa una responsabilidad mayor frente a la sociedad.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, que como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el estado de Sinaloa, elemento de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, donde aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, mil 681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación.

De acuerdo con la publicación, los aseguramientos representan una afectación económica de más de 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos y permiten reducir su capacidad operativa.

“Mantenemos las acciones coordinadas en la entidad para retirar armamento de circulación, debilitar a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa”, concluyó el comunicado.

En la publicación, las autoridades compartieron imágenes en las que se observan los vehículos decomisados, las armas y la droga que fue incautada.

En dos semanas, Marina golpea liderazgos del CJNG, Los Salazar y el Cártel de Gusave

La Secretaría de Marina golpeó, en solo dos semanas, distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Por medio de un comunicado, se informó que entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

La Marina señaló que el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para, posteriormente, orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.

La Secretaría de Marina (Semar) golpeó en dos semanas distintas estructuras de mando de organizaciones criminales en cinco estados del país, mediante operaciones de Inteligencia Naval y coordinación con otras instituciones de seguridad que derivaron en la detención o muerte de cinco objetivos prioritarios.

Entre el 14 y el 28 de octubre, las acciones se concentraron en Jalisco, Colima, Sonora, Sinaloa y Oaxaca, donde fueron afectados presuntos liderazgos regionales, mandos operativos y responsables de logística de grupos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Salazar y el Cártel de Guasave.

De acuerdo con la información proporcionada por la Marina, el seguimiento y análisis de inteligencia permitió identificar y ubicar a los objetivos para posteriormente orientar las operaciones de las instituciones de seguridad.

Golpes al CJNG en Jalisco, Colima y Oaxaca

El primer golpe ocurrió el 14 de octubre en Jalisco, con la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, señalado como líder de Los Cromo, una organización afín al CJNG.

Según las autoridades, este grupo mantiene influencia en municipios del Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por su relación con el Corredor Interoceánico, por lo que la captura de su presunto dirigente afectó uno de los niveles de mando de esa estructura.

Ocho días después, el 22 de octubre, elementos navales detuvieron en Colima a Leopoldo David “N”, alias “T-20” o “Cabo 20”, identificado como presunto coordinador operativo y logístico de una célula vinculada con el CJNG.

La organización tendría presencia tanto en Colima como en Jalisco, por lo que su captura representó un golpe a las capacidades de coordinación de la célula en ambos estados.

La tercera acción relacionada con el CJNG ocurrió el 28 de octubre en Oaxaca, donde fue detenido Carlos César “N”, alias “Semáforo”, señalado como presunto jefe regional de una zona conurbada de Veracruz y vinculado con ese grupo criminal.

Durante la misma operación fue detenida otra persona, aunque la información proporcionada por la Marina no especificó su identidad ni función dentro de la estructura.

También alcanzaron a Los Salazar y al Cártel de Guasave

En Sonora, el 23 de octubre, una operación tuvo como resultado la muerte de Francisco Manuel “N”, alias “El Many” o “El Meny Carranza”, señalado como líder de Los Cazadores, grupo afín a Los Salazar.

La Marina informó que el individuo falleció durante una agresión armada contra personal naval. El caso representa un golpe a uno de los grupos que operan en el noroeste del país y que mantienen vínculos con Los Salazar.

Tres días después, el 26 de octubre, otra operación tuvo lugar en Sinaloa, donde fallecieron dos personas. Una de ellas fue identificada preliminarmente como Jesús “N”, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como presunto jefe regional del Cártel de Guasave.

La segunda persona fue identificada como Cesáreo “N”, alias “Profe”.

Con estas acciones, la Marina aseguró haber afectado diferentes niveles de las estructuras criminales, desde dirigentes regionales hasta operadores encargados de la coordinación y logística.

Los resultados abarcaron organizaciones y células con presencia en distintas zonas del país, desde el noroeste y occidente hasta el Istmo de Tehuantepec, una región considerada estratégica por su actividad económica y conectividad.

La dependencia sostuvo que el despliegue de Inteligencia Naval permitió convertir información obtenida durante labores de seguimiento en operaciones dirigidas contra objetivos prioritarios.

El impacto, según la Marina, consiste en limitar la capacidad de operación y coordinación de los grupos criminales, al afectar a personas señaladas como responsables de dirigir o articular sus actividades delictivas.

La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de caer en contradicciones al afirmar que no cuenta con datos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal, esto pese a ser mencionado por un testigo protegido.

Luego de que la FGR reiteró en días pasados que no indaga al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ni a Adán Augusto López Hernández por este caso, así como de señalar que las personas que los mencionan solo son “testigos de oídas”, la defensa de los exmarinos acusó que las menciones también fueron expuestas por un representante del Ministerio Público durante una audiencia judicial.

Y es que, en semanas pasadas, durante una diligencia en contra de Fernando Farías Laguna, el Ministerio Público de la FGR, Adín Jacobo Castellanos Franco, expuso ante la jueza de control los dichos de uno de sus testigos protegidos en el caso, a quien se identificó como “JCSP”, y quien hizo una referencia a “Andy”.

De acuerdo con la defensa, esa mención corresponde a Andrés Manuel López Beltrán, a quien siempre se le ha apodado como “Andy”. En esa alusión se le vinculó con la descarga de combustible ilegal del buque TORM AGNES en Guaymas, Sonora, por lo que cuestionaron que los dichos del testigo sean suficientes para acusar a los exmarinos, pero no para indagar al hijo del expresidente.

“La FGR no puede exigir como si fueran inexistentes pruebas que ya obran en su poder y, al mismo tiempo, pretender utilizarlas cuando convienen a su teoría del caso. La pregunta es inevitable: ¿por qué esos mismos elementos sirven para sostener una acusación contra los marinos, pero parecen insuficientes cuando se trata de esclarecer la participación de otros actores o reconstruir la cadena completa de responsabilidades?“, refutó la defensa.

Con esto, señalaron que la FGR no podría “confundir” la insuficiencia de testimonios para acreditar una responsabilidad penal con la inexistencia de motivos para verificar una posible línea de investigación en el caso.

Ante la reiteración por parte de la FGR de no investigar a Andrés Manuel López Beltrán, la defensa cuestionó a la titular, Ernestina Godoy Ramos, si dichas referencias a “Andy” serán esclarecidas.

“Una cosa es que un señalamiento no esté aprobado y otra, muy distinta, que no merezca investigarse. Así que la pregunta para Ernestina Godoy es sencilla: ¿la Fiscalía va a esclarecer las referencias a ‘Andy’ que aparecen en los testimonios incorporados a sus propios expedientes, o va a dar el asunto por cerrado sin explicar qué verificó?”, sentenció.

“Los Primos”, la red de huachicol fiscal en el que se involucró la Marina

El caso se destapó tras el aseguramiento, en marzo de 2025, del buque tanque Challenge Procyon en la aduana del puerto de Altamira, Tamaulipas, tras detectar una operación de importación de combustible posiblemente irregular. La acción dejó un decomiso de millones de litros de hidrocarburo, armas, municiones, documentación de inmuebles, equipos de cómputo y vehículos.

Tras las investigaciones, la FGR identificó que este decomiso estaba relacionado con una red de tráfico de hidrocarburos denominada “Los Primos”, que se dedicaba a introducir combustible a través de puertos mexicanos con documentación que lo identificaba como aceites, aditivos u otros productos derivados del petróleo para evadir el pago de impuestos.

El caso también implicó a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que se dio a conocer que el contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio de 2024 presuntas irregularidades y presiones en la operación de las aduanas para el ingreso de huachicol.

Luego de su asesinato, y de otras más que ocurrieron en medio del destape del caso, se anunció la captura en septiembre de 2025 del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como presunto líder de la red de huachicol fiscal, así como de otras 13 personas.

Por su parte, Fernando Farías Laguna fue arrestado en Argentina en el mes de abril de 2026, para luego ser trasladado a México en agosto para enfrentar acusaciones por este caso, al ser identificado también como presunto líder de la red.

La Secretaría de Marina (Semar) ubicó a través de labores de inteligencia las rutas marítimas que utilizaban los miembros de “Los Pichilinguillos” para adquirir cocaína desde Sudamérica y Centroamérica y distribuirla desde Michoacán.

El pasado jueves 29 de octubre fueron detenidos tres presuntos líderes de este grupo criminal en un operativo realizado en el municipio de Coahuayana, en el que también participaron elementos de seguridad estatal y federales.

Los tres hombres fueron identificados como Bernardo “N”, alias “Mando”, Leobardo “N” alias “Lioba” y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos relacionados con homicidios y tráfico de cocaína. Además, todos son señalados como generadores de violencia en Michoacán.

La ruta de la cocaína detectada por las autoridades: el trasiego era desde Michoacán a Estados Unidos

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “Los Pichilinguillos” mantienen vínculos con Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales que estaría encabezada por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”. Su posible relación aún es investigada para determinar sus redes de operación, financiamiento y distribución de drogas.

Las autoridades identificaron que la célula liderada por los tres hermanos mantenía el control de rutas de narcotráfico de cocaína por vía marítima en la franja costera ubicada entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila, Michoacán.

Esta franja costera ha sido durante años un hub logístico estratégico para el desembarco de drogas procedente de Centro y Sudamérica al litoral del Pacífico mexicano.

Según las indagatorias, “Los Pichilinguillos” eran los encargados de la coordinación de movimientos de droga desde la franja costera de Aquila y que luego movían hacia el municipio de Apatzingán. Desde ese sitio, el grupo la redistribuía a la región centro del país y a diversos puntos de Estados Unidos.

Líderes también estarían vinculados con extorsión a productores de plátano, secuestros y ataques armados

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán detalló que “Los Pichilinguillos” también se dedicaban a la extorsión de productores de plátano y cobro de piso en la costa de Michoacán.

Sus actividades delictivas también llevaron a Bernardo “N” y Leopoldo “N” a ser buscados y contar con mandamientos judiciales por homicidio calificado, derivados del ataque armado ocurrido el pasado 28 de mayo en el municipio de Aquila, donde fallecieron tres personas y una mujer resultó herida.

La agresión se registró sobre la carretera costera, a la altura de la localidad de Colola, cuando las víctimas fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta. Entre las personas atacadas se encontraban dos integrantes de la comunidad indígena nahua de Pómaro y dos docentes.

Como resultado del ataque armado fallecieron Lucas “N”, Jerónimo “N” y Felipe de Jesús “N”, mientras que Adelaida “N” resultó herida de bala.

Además de estar relacionado con este hecho violento, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene dos más por los mismos delitos, que corresponden a investigaciones del año 2000.

Luego de su detención, las autoridades informaron que los tres hermanos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

“El Abuelo” es buscado en Estados Unidos: ofrecen 10 mdd por su captura

Desde el año 2025 Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, fue acusado formalmente en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y armas de fuego como parte de su liderazgo en Cárteles Unidos.

El gobierno de EEUU acusa al cártel de ser uno de los mayores productores de metanfetamina con capacidad de fabricar varias toneladas al mes, en una red de distribución que alcanza ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de extenderse a Europa, Australia y otras regiones.

Por su captura, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para quien ofrezca información que permita ubicarlo.

La Secretaría de Marina incrementó reforzó la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas en Sinaloa con más de 1,600 elementos adicionales. El despliegue se concentró especialmente en Mazatlán e incluyó labores de vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, luego del hallazgo de restos humanos en Mazatlán y Culiacán.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para verificar el despliegue operativo y revisar la estrategia de seguridad implementada en la entidad. Las acciones buscaron brindar protección tanto a habitantes como a visitantes.

Durante la visita, Morales Ángeles se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes de los principales sectores empresariales del estado. El encuentro tuvo como objetivo establecer acuerdos para fortalecer la coordinación entre autoridades, empresas y sociedad.

Entre los compromisos planteados estuvo la recuperación de espacios públicos, con medidas dirigidas a que las familias pudieran volver a utilizar parques, plazas y otros sitios de convivencia. La estrategia también contempló generar condiciones de seguridad y confianza en zonas de interés para residentes y turistas.

El gobierno estatal planteó acciones de seguridad y reactivación económica

La reunión incluyó temas económicos vinculados con la seguridad en Sinaloa. Autoridades y representantes empresariales plantearon impulsar la economía circular, la construcción y otros sectores productivos para promover inversiones, empleos y bienestar para las familias.

La participación del sector empresarial fue presentada como una parte permanente de la coordinación con las autoridades. El objetivo fue apoyar la reactivación de actividades productivas en la entidad mientras se fortalecían las acciones de vigilancia.

Como mecanismo de participación ciudadana, se habilitó un código QR para facilitar el acceso a un número telefónico de denuncia. La herramienta permitiría a la población comunicar de forma segura hechos que afectaran la seguridad de sus comunidades.

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron mantener la coordinación con los distintos sectores sociales y empresariales. Las acciones incluyeron vigilancia en puntos turísticos, carreteras, playas, espacios públicos y zonas de convivencia familiar.

Aún sin identificar la identidad de las víctimas de Culiacán y Mazatlán

La Fiscalía de Sinaloa mantenía sin identificar las víctimas de dos cabezas humanas abandonadas en Culiacán y Mazatlán durante la última semana de octubre, mientras la Secretaría de Marina reforzó la vigilancia estatal con 1,600 elementos adicionales, principalmente en el puerto.

La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que ninguna de las víctimas había sido reconocida formalmente. Ambos casos eran investigados por separado para establecer las circunstancias de los homicidios y la identidad de las personas responsables.

El hallazgo más reciente ocurrió la tarde del jueves 29 de octubre en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al surponiente de Culiacán. Una hielera con una cabeza humana fue abandonada frente a un domicilio aparentemente deshabitado.

El contenedor fue localizado sobre la calle Constituyente Enrique Colunga, entre Constituyente Paulino Machorro y Constituyente Esteban Baca Calderón. Elementos de seguridad acudieron al lugar y personal de la Fiscalía realizó las diligencias para trasladar los restos al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía abrió una carpeta por el homicidio en Mazatlán

Dos días antes, el martes 27 de octubre, otra cabeza humana fue localizada dentro de una hielera abandonada en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán. El hallazgo ocurrió en el área de los portales de la Dirección de Ingresos, en el centro de la ciudad.

El caso generó un despliegue de corporaciones de seguridad en el inmueble. Junto a los restos fue localizada una cartulina con un mensaje, aunque su contenido no fue revelado oficialmente.

Sánchez Kondo indicó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso tras el hallazgo en Mazatlán. La funcionaria no dio información sobre un posible móvil ni sobre personas relacionadas con el abandono de los restos.

“Hasta este momento no ha habido identificación formal”, declaró la fiscal al ser cuestionada sobre ambos hechos. Sobre la investigación del puerto, precisó: “Se está trabajando, es una carpeta que se inició por el delito de homicidio doloso. Hasta este momento tampoco ha sido identificada de manera formal”.

Seis personas ajenas a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del crimen organizado murieron durante la jornada de violencia del jueves 29 de octubre en Tamaulipas, desatada tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, identificado como segundo al mando de Los Ciclones, facción del Cártel del Golfo.

El saldo incluye a cuatro integrantes de una familia que fallecieron cuando el automóvil en el que viajaban chocó contra un autobús incendiado y atravesado sobre la carretera Matamoros-Reynosa; un hombre que murió al impactar su camioneta contra un vehículo utilizado para bloquear el acceso al puente internacional Los Indios, y una niña de siete años que recibió un disparo durante los acontecimientos violentos.

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, originario de Texas, cuyo fallecimiento fue reportado durante la mañana del viernes 30 de octubre. Su caso se sumó al de los cuatro ocupantes del automóvil y al de la menor, cuyo deceso había sido confirmado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Cuatro integrantes de una familia murieron al chocar contra un autobús incendiado

El accidente con más víctimas ocurrió sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Soliseño, donde un automóvil se impactó contra un autobús que presuntos delincuentes habían incendiado y atravesado para bloquear la circulación.

En el vehículo viajaban cuatro personas, tres mujeres y un hombre, quienes murieron por el impacto. Un niño que también iba a bordo sobrevivió al accidente y fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

Entre los documentos localizados en el sitio se encontraba una identificación a nombre de Priscila Sarahí González López, con domicilio en el municipio de Juárez, Nuevo León. Medios locales difundieron los nombres de los integrantes de la familia, aunque las autoridades no habían presentado públicamente una identificación oficial conjunta de las cuatro víctimas.

Personal de la Fiscalía estatal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Un conductor de Texas murió al impactarse contra un vehículo incendiado

La sexta víctima fue identificada como Filiberto “N”, un hombre originario de Texas que murió después de que la camioneta Ford F-150 que conducía chocara contra un vehículo calcinado utilizado para cerrar el paso al puente internacional Los Indios, que comunica Matamoros con Brownsville.

El accidente ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes 30 de octubre, cuando el automovilista circulaba en dirección al cruce fronterizo. De acuerdo con información publicada por La Jornada, el conductor salió expulsado de la camioneta tras el impacto.

Elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil de Valle Hermoso acudieron al sitio. Los paramédicos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El fallecimiento fue reportado por la mañana del viernes y elevó a seis el saldo de víctimas relacionado con los bloqueos y los hechos violentos en la región.

Una niña de siete años murió por un disparo durante la jornada violenta

La otra víctima fue una niña de siete años, identificada por medios locales como Arayza, ciudadana estadounidense, quien murió por una herida de arma de fuego cuando viajaba con familiares en una camioneta sobre la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Las Rusias.

La madre de la menor también resultó herida en una pierna. De acuerdo con un familiar que dio un testimonio para El Financiero, la camioneta quedó en medio de la situación de riesgo y recibió disparos desde un helicóptero de fuerzas policiales. Una de las balas alcanzó a la mujer y otra impactó en la cabeza de la niña.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar de dónde provinieron los disparos. La versión sobre las detonaciones desde una aeronave corresponde al testimonio del familiar y no debe considerarse una conclusión oficial.

La Vocería de Seguridad confirmó la noche del jueves la muerte de una menor y dos personas lesionadas durante los incidentes registrados en Matamoros.

La captura de un integrante de Los Ciclones provocó los bloqueos

Los incendios de vehículos y cierres carreteros comenzaron después de que fuerzas federales detuvieron a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, durante un operativo realizado alrededor del mediodía del 29 de octubre en Matamoros.

La captura ocurrió principalmente en la colonia San Francisco, mediante un despliegue por tierra y aire en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con Cárdenas Rodríguez fue detenido otro hombre cuya identidad no había sido difundida en los primeros reportes. Tras el operativo, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El presunto integrante de Los Ciclones fue llevado al Aeropuerto Internacional General Servando Canales para su traslado a la Ciudad de México.

La captura provocó una reacción de presuntos integrantes de esa organización criminal, quienes atravesaron e incendiaron camiones de carga y unidades de transporte público para impedir la circulación. También se reportó el uso de ponchallantas en distintos puntos.

De acuerdo con el recuento publicado por La Jornada, se registraron al menos 15 bloqueos en Matamoros, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso. Las obstrucciones afectaron carreteras y accesos a la zona fronteriza.

La violencia obligó a suspender clases y cerrar cruces internacionales

Los acontecimientos también provocaron afectaciones a las actividades cotidianas de la población. La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases del turno vespertino del jueves en todos los niveles educativos de Matamoros, tanto en escuelas públicas como privadas.

La medida se tomó ante los operativos de seguridad y los bloqueos registrados en diferentes sectores de la ciudad. Algunos establecimientos comerciales también cerraron sus puertas mientras continuaban las situaciones de riesgo.

El Consulado de Estados Unidos pidió a su personal permanecer resguardado en sus instalaciones ante la violencia en la ciudad fronteriza. Además, se reportó el cierre temporal de los cuatro puentes internacionales que conectan Matamoros con Brownsville, Texas: el Puente Viejo o B&M, el Puente Nuevo o Gateway, el cruce Los Tomates-Veterans y el puente Libre Comercio-Los Indios.

La mañana de este viernes, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las carreteras federales y estatales ya no presentaban obstrucciones y que la circulación había regresado a la normalidad. La dependencia señaló que las corporaciones mantenían presencia operativa y recorridos de vigilancia en los principales tramos carreteros.

Panamá se prepara para ensayar cómo responder ante casos de pesca ilegal y contaminación marina antes de enfrentarlos en una situación real.

El proceso de organización del simulacro contempla tres reuniones de planificación para definir compromisos institucionales, disponibilidad de personal y aspectos logísticos de las fases de mesa y operativa en el mar.

El Ministerio de Ambiente de Panamá convocó a las entidades que integran el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero con el fin de preparar un ejercicio ante posibles casos de pesca ilegal y contaminación marina.

La iniciativa evaluará la coordinación entre instituciones y su capacidad de respuesta frente a amenazas a los ecosistemas del país.

Primera etapa será un ejercicio de mesa previsto para enero.

Los participantes revisarán escenarios hipotéticos de actividades pesqueras ilícitas e incidentes contaminantes, con atención a las decisiones y los mecanismos de enlace.

En febrero se desplegarán embarcaciones, equipos y personal para una segunda fase en condiciones operativas reales.

“Lo que buscamos con este ejercicio es concretar la interoperabilidad entre las instituciones, es decir, aprovechar las capacidades que tiene cada entidad de manera articulada y armonizada para obtener resultados mucho más óptimos y eficientes”, explicó Osvaldo Ureña, coordinador del Centro.

Participaron representantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental, el Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y WildAid.

El ejercicio responde a la necesidad de que las alertas sobre actividades ilícitas o incidentes ambientales lleguen sin demoras a las autoridades responsables.

La evaluación buscará detectar fortalezas, corregir fallas de comunicación y acortar los tiempos de reacción.

“Compartir información en este campo es delicado, y no es tan sencillo como levantar un teléfono o enviar un correo a alguien que ni conocemos. Lo que buscamos es que las instituciones se conozcan, sepan con qué cuenta cada una y generen la confianza mutua que hace falta para trabajar juntas”, señaló Ureña.

Como parte de la preparación, las instituciones recibirán formación especializada sobre seguridad en interdicciones marítimas y procedimientos de abordaje.

Estas capacitaciones acompañarán la incorporación de nuevos recursos navales por parte de MiAmbiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para reforzar el control, la vigilancia y el patrullaje en áreas marinas protegidas.

El Centro concentra actualmente sus tareas de monitoreo en el Área de Recursos Manejados Cordillera de Coiba, el Parque Nacional Coiba, la Zona Especial de Protección Marina, el Archipiélago de Las Perlas y los sitios Ramsar de la Bahía de Panamá.

Desde su creación, el organismo detectó cerca de diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades de pesca ilegal. Los expedientes fueron enviados a las autoridades competentes para el inicio de los procesos correspondientes.

Las infracciones pueden acarrear multas de entre USD 5.000 y USD 10.000, según la gravedad de la falta y la normativa aplicable.

“Una detección puede implicar sanciones por parte del Ministerio de Ambiente o de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. Es un trabajo coordinado, mancomunado y de equipo, y por eso consideramos que la creación del Centro ha sido realmente positiva”, destacó el coordinador.

El Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero fue inaugurado en septiembre de 2025. Es el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) y cuenta con equipos adquiridos gracias al apoyo de WildAid, Fundación PACÍFICO y Bezos Earth Fund.

El CMAR conecta a Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador a través de una red de áreas marinas protegidas que incluye Galápagos, Isla del Coco, Malpelo, Gorgona y Coiba.

Cuatro hombres señalados por su presunta relación con delitos de alto impacto fueron detenidos durante dos cateos en Ecatepec, Estado de México. Entre ellos se encuentra Miguel “N”, identificado por la Secretaría de Marina (Semar) como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en el municipio.

Las intervenciones se realizaron en las colonias Progreso de la Unión y Emiliano Zapata Primera Sección, mediante un operativo coordinado entre la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autoridades municipales.

De acuerdo con la información, difundida este miércoles, Miguel “N” estaría relacionado con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas. Las autoridades no detallaron los casos específicos que sustentarían cada uno de los señalamientos.

Durante la primera diligencia, en un inmueble de Progreso de la Unión, fue detenido Miguel “N”. En el lugar, personal de la SSPC aseguró armas de fuego tipo escuadra, teléfonos celulares, documentos, credenciales y bolsas de plástico negras con diversos artículos personales.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, fueron detenidos Hugo “N”, Irving Eduardo “N” y José Alejandro “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Los cuatro hombres fueron trasladados a las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Ecatepec acumula más de 100 tomas clandestinas de agua aseguradas en 2026

Uno de los delitos que las autoridades atribuyen a Miguel “N” es el robo de agua, una actividad que en Ecatepec ha derivado en operativos contra conexiones ilegales, inmuebles utilizados para extraer el recurso y puntos de distribución clandestina.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, el gobierno municipal reportó el aseguramiento de más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles relacionados con la extracción ilegal de agua potable. En ese periodo, diez personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por este delito, según cifras difundidas por la administración local en junio.

La alcaldesa Azucena Cisneros explicó que algunas personas se hacían pasar por trabajadores municipales para perforar tuberías de la red pública y desviar el líquido. El agua era utilizada para abastecer negocios o comercializada mediante pipas, al margen de los mecanismos legales de distribución.

El problema no se limita a la extracción. Las conexiones irregulares también pueden afectar la presión y el suministro en las zonas conectadas a la red pública, mientras que las familias que carecen de servicio regular pueden depender de la compra de agua distribuida por vehículos particulares.

En noviembre de 2025, el gobierno municipal informó sobre los resultados del operativo Caudal, mediante el cual fueron intervenidos 11 inmuebles en los que se extraía agua clandestinamente. La administración estimó que de esos puntos se sustraían alrededor de 198 millones de litros al mes, equivalentes a unas 20 mil pipas de 10 mil litros.

Según el reporte municipal, uno de los pozos intervenidos podía extraer hasta 600 mil litros diarios. Las autoridades señalaron entonces que el agua recuperada contribuiría a mejorar el suministro mediante la red pública y a reducir la dependencia de las pipas irregulares.

Operativos contra el huachicoleo de agua

En octubre de 2025, Ecatepec desplegó alrededor de 300 elementos de distintas corporaciones mediante el operativo Neptuno, dirigido a combatir el robo, la extracción, la venta, la distribución y el transporte ilegal de agua potable.

La intervención permitió asegurar nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo, de acuerdo con el gobierno municipal. Participaron policías municipales y estatales, personal de la Fiscalía regional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, además de agentes ministeriales y peritos.

Las acciones se extendieron a colonias como San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia y San Francisco de Asís. En Olímpica Jajalpa fue localizado el pozo asegurado durante el operativo.

En junio de 2026, el gobierno municipal volvió a reportar resultados contra esta actividad, con más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles asegurados durante los primeros cinco meses del año. Las autoridades también señalaron que las denuncias ciudadanas habían contribuido a localizar algunos de los puntos de extracción.

Estos antecedentes permiten dimensionar la magnitud del robo de agua en Ecatepec, aunque no demuestran que Miguel “N” o los otros tres detenidos estén vinculados con los inmuebles o las conexiones aseguradas en operativos anteriores. La información oficial sobre su captura no identifica una toma clandestina específica ni detalla el volumen de agua presuntamente sustraído por los sospechosos.

Ocho detenidos más en una operación distinta en Ecatepec

El 29 de octubre, autoridades también reportaron la detención de otras ocho personas durante un cateo en la colonia San Isidro Atlautenco. La operación fue realizada por la Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la policía municipal.

Entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer, señalados por su presunta relación con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas.

Información publicada por medios locales identifica al grupo con la organización conocida como USON, cuyo presunto líder, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, permanece prófugo, según esos reportes. Las autoridades no han confirmado públicamente que esta operación esté relacionada con los cuatro arrestos anunciados un día antes.

Las dos intervenciones reflejan que las investigaciones contra grupos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto continúan en el municipio mexiquense.

Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, fue identificado preliminarmente como el segundo hombre que murió junto a Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el norte de Sinaloa.

Su nombre cobró relevancia después del operativo realizado el lunes 26 de octubre de 2026, en el que elementos federales dieron seguimiento a vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

De acuerdo con información de fuentes federales, “El Profe” era uno de los presuntos colaboradores de confianza de “Chuy Peñuelas”, señalado a su vez como uno de los principales operadores del llamado Cártel de Guasave, organización vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, a diferencia de González Peñuelas, de quien existen señalamientos y antecedentes relacionados con actividades de narcotráfico, la información pública disponible sobre Cesáreo Peñuelas Ruiz es limitada.

No se han detallado de manera oficial cuáles habrían sido sus funciones dentro de la estructura criminal ni desde cuándo habría colaborado con “Chuy Peñuelas”.

Tampoco se ha establecido públicamente si tenía responsabilidades específicas relacionadas con el tráfico de drogas, coordinación de células, seguridad, manejo de recursos u otras actividades.

Lo que se conoce de su perfil proviene principalmente de los señalamientos sobre su presunta cercanía con González Peñuelas y de las circunstancias en las que ambos murieron.

¿Quién era “El Profe” y qué relación tenía con “Chuy Peñuelas”?

Cesáreo Peñuelas Ruiz era conocido con el alias de “El Profe” y, según fuentes federales, habría pertenecido al círculo cercano de Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”.

González Peñuelas era identificado por autoridades como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave.

La organización tiene presencia histórica en el norte de Sinaloa y ha sido relacionada con actividades de producción y distribución de drogas.

En este contexto, Peñuelas Ruiz habría desempeñado algún tipo de función dentro del entorno de González Peñuelas.

Sin embargo, no existen hasta ahora datos públicos suficientes para establecer con precisión cuál era su posición dentro de esa estructura.

La falta de información también impide determinar si “El Profe” tenía un cargo específico, si coordinaba a otros integrantes de la organización o si participaba directamente en las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Su nombre apareció de manera pública después del enfrentamiento ocurrido el 26 de octubre, cuando las autoridades reportaron la muerte de dos hombres armados.

Posteriormente, familiares de los fallecidos señalaron ante las autoridades que uno de ellos podría ser “Chuy Peñuelas” y el otro Cesáreo Peñuelas Ruiz.

Por ello, su identificación fue manejada inicialmente con carácter preliminar, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Era originario de Sinaloa de Leyva

De acuerdo con información de fuentes federales, Cesáreo Peñuelas Ruiz era originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Más allá de ese dato y de su presunta cercanía con González Peñuelas, no se ha dado a conocer una trayectoria detallada que permita reconstruir su incorporación a la estructura criminal.

Tampoco se ha establecido públicamente desde cuándo habría comenzado a colaborar con “Chuy Peñuelas”.

Esta falta de información distingue el perfil de “El Profe” del de otros integrantes de organizaciones criminales cuya trayectoria ha sido documentada durante años.

En su caso, la mayor parte de los datos conocidos surgieron a partir del operativo que terminó con su muerte.

¿Cómo murió “El Profe” durante el operativo de Marina?

La muerte de Cesáreo Peñuelas Ruiz ocurrió durante un despliegue de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Marina en el norte de Sinaloa.

El operativo se desarrolló después de que las autoridades obtuvieran información sobre vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

Los elementos navales localizaron las unidades y comenzaron un seguimiento.

Durante la acción, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales.

De acuerdo con los reportes oficiales, desde ese lugar los hombres comenzaron a disparar contra los elementos de la Marina.

Los militares repelieron la agresión y, como resultado del enfrentamiento, los dos hombres murieron en el lugar.

Posteriormente, los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Fue entonces cuando familiares de las víctimas acudieron ante las autoridades y señalaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz.

No obstante, debido a que la identificación no podía establecerse únicamente con los señalamientos de los familiares, las autoridades mantuvieron pendiente la confirmación mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

¿Qué aseguraron los elementos de Marina?

Después del enfrentamiento, las autoridades reportaron el aseguramiento de cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos, además de armamento y otros indicios relacionados con el operativo.

Los vehículos y objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

El despliegue de seguridad también se extendió hacia comunidades cercanas a la zona donde ocurrió el enfrentamiento.

Las autoridades investigan ahora la procedencia de los vehículos, el armamento localizado y la posible relación de los fallecidos con las actividades criminales que se indagan en la región.

Un perfil que aún tiene más preguntas que respuestas

Aunque Cesáreo Peñuelas Ruiz fue identificado por fuentes federales como uno de los presuntos colaboradores cercanos de “Chuy Peñuelas”, todavía existen vacíos importantes sobre su trayectoria.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con precisión qué funciones desempeñaba dentro del Cártel de Guasave, cuánto tiempo habría colaborado con González Peñuelas o cuál era su nivel de responsabilidad dentro de la organización.

Tampoco se ha informado públicamente si “El Profe” era buscado previamente por alguna autoridad o si existían investigaciones específicas en su contra antes del operativo del 26 de octubre.

Su perfil comenzó a ser conocido principalmente después de su muerte, cuando las autoridades investigaban la identidad de los dos hombres abatidos.

Por ello, cualquier atribución específica sobre sus actividades dentro de la organización deberá ser respaldada por las investigaciones ministeriales correspondientes.

La relevancia de “El Profe” radica, por ahora, en su presunta cercanía con “Chuy Peñuelas”, un hombre señalado como operador del Cártel de Guasave, y en que ambos murieron durante la misma operación de la Marina.

Si las autoridades confirman mediante las pruebas correspondientes que uno de los fallecidos era Cesáreo Peñuelas Ruiz, quedará establecida su identidad; sin embargo, su papel exacto dentro de la estructura criminal seguirá siendo una de las principales incógnitas mientras no se hagan públicos nuevos elementos de la investigación.

Así, el caso de “El Profe” permanece estrechamente ligado al de “Chuy Peñuelas”: dos hombres que, según los señalamientos de fuentes federales, formaban parte del mismo entorno criminal y que fueron abatidos durante un operativo de seguimiento de la Marina en el norte de Sinaloa.

El arrecife La Gallega, ubicado en el Puerto de Veracruz, alberga a cientos de especies milenarias: tortugas, corales, cardúmenes de peces, y otras propias del Sistema Arrecifal Veracruzano, una zona que también sostiene actividades pesqueras y protege las costas de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

Hoy se encuentra en riesgo de desaparecer y de quedar enterrado bajo enormes rocas debido a un proyecto de la Secretaría de Marina (Semar) que consiste en la construcción de un rompeolas.

Dicho proyecto fue cancelado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 tras considerarlo un daño al medio ambiente que vulnera el derecho humano de estar en un entorno saludable, sin embargo, de acuerdo a recientes reportes de las comunidades, habitantes y organizaciones ambientales, la Semar ha incumplido dicha sentencia y ha comenzado a colocar las primeras piedras.

La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México ha sostenido que el depósito de toneladas de roca sobre la base del arrecife vivo podría sepultar La Gallega y modificar las corrientes marinas en una zona que funciona como barrera natural frente a la costa.

Como respuesta ante lo que consideran un acto ilegal, activistas y sociedad en general organizaron el pasado fin de semana una manifestación pacífica en las calles históricas de Veracruz, para exigir que se frenen los trabajos sobre el arrecife y que, por tanto, se ponga en riesgo la vida de las especies que lo habitan.

Las obras avanzan sobre la base de un arrecife vital para el ecosistema

De acuerdo a la Red del Corredor Arrecifal del Golfo la Marina construye la segunda escollera de la ampliación del Puerto de Veracruz sobre La Gallega. El colectivo sostiene que los trabajos causarían sedimentación sobre el coral por los cambios en la dinámica marina.

Añade que estudios científicos ya han advertido ese posible efecto durante la discusión ambiental del proyecto de ampliación portuaria.

Las organizaciones y la sociedad civil han denunciado que dicha construcción terminaría con la vida marina que ahí se desarrolla y afectaría considerablemente el ecosistema de la zona.

La roca, según la organización, provendría de una cantera ubicada en Mozomboa, comunidad del municipio de Actopan. La Red ha acusado que ese punto de extracción no aparece documentado en las evaluaciones de manifestación de impacto ambiental presentadas para el proyecto.

La organización ha pedido a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigar el origen del material y determinar si cuenta con los permisos requeridos. También solicita un informe público sobre las autorizaciones ambientales vigentes para las obras.

Marina incumple sentencia de la Suprema Corte para avanzar en ampliación del puerto

La Red denunció que continuar con la ampliación en el Puerto de Veracruz es un acto ilegal debido a que las obras debieron haber sido detenidas por orden de la Suprema Corte.

Relató que el pasado 9 de febrero de 2022, la Corte resolvió el amparo en revisión 54/2021, interpuesto por iniciativa ciudadan, en donde reconoció que la evaluación fragmentada de las obras de ampliación dle Puerto de Veracruz vulneró el derecho a un medio ambiente sano. Así lo relata la fundación MarNatura, una de las que han promovido la defensa del arrecife.

Con dicha sentencia, la SCJN ordenó evaluar el proyecto bajo las consideraciones de proteger los arrecifes y los humedales de la zona afectada.

“En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión de las obras de ampliación del Puerto en favor de la protección de los arrecifes y del derecho humano a un ambiente sano, como resultado de una larga lucha jurídica derivada de un amparo ciudadano. Este fallo significó un gran avance en materia de impacto y derecho ambiental, siendo un ejemplo a nivel internacional”, destacó la Red.

Tras recorridos en la zona, colectivos identificaron que la Marina continuó con los trabajos a pesar de la resolución en 2022. En el oficio ASIPONAVER G.I./0757/2026, fechado el 9 de julio de 2026, la Secretaría de Marina habría notificado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el inicio de la fase II del proyecto “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.

Esa etapa incluiría la construcción de la escollera sobre La Gallega, de acuerdo con la Red, la cual señala que dicho documento no recibió una respuesta pública de la autoridad ambiental que autorizara o rechazara el comienzo de los trabajos.

Las organizaciones acusan que la falta de una resolución visible de Semarnat abre la posibilidad de que la obra avance sin que se acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Poder Judicial. Por ello, solicitaron también una investigación sobre un posible desacato.

El Senado de la República recibió la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar el ingreso a territorio mexicano de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL de Estados Unidos, quienes permanecerían en el país durante casi seis meses para participar en un programa de adiestramiento con integrantes de la Armada de México.

El oficio fue turnado a la Comisión de Marina y establece que los militares estadounidenses participarán en el evento denominado No. SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas, junto con personal de los SEAL y de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES).

De acuerdo con la solicitud, las actividades se desarrollarán entre el 29 de octubre de 2026 y el 15 de abril de 2027, en instalaciones navales de Baja California Sur y el Estado de México.

Seis fases de entrenamiento entre Baja California Sur y Edomex

El programa contempla seis fases. La primera se llevará a cabo del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en el Sector Naval de Puerto Cortés, ubicado en Isla Margarita, Baja California Sur.

La segunda fase tendrá lugar en el mismo sitio, del 6 al 24 de noviembre, mientras que la tercera se desarrollará del 25 de noviembre al 15 de diciembre en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México.

Durante el periodo vacacional se contempla una modificación en la permanencia del contingente. El 16 de diciembre de 2026, 24 militares estadounidenses regresarán a Estados Unidos mediante aerolíneas comerciales y volverán a México por la misma vía el 17 de enero de 2027. Solamente cuatro elementos permanecerán en territorio nacional para el resguardo del equipamiento.

La cuarta etapa está programada del 18 de enero al 7 de marzo de 2027, nuevamente en el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra.

Posteriormente, la quinta fase se realizará del 8 de marzo al 8 de abril en el Sector Naval de Puerto Cortés, mientras que la sexta y última tendrá lugar del 9 al 15 de abril, también en Baja California Sur.

¿A quiénes capacitarán los Navy SEAL?

La solicitud establece que los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Armada de México, pertenecientes a unidades especializadas en operaciones e inteligencia.

El grupo mexicano estará integrado por 31 elementos del Agrupamiento de Fuerzas Especiales, 20 del Batallón de Fusileros Paracaidistas, 24 del Batallón de Comandos Anfibios y 12 integrantes de la Unidad de Inteligencia Naval.

El objetivo del ejercicio será desarrollar actividades de adiestramiento de operaciones terrestres y marítimas, mediante la participación conjunta del personal estadounidense y mexicano.

Para llegar a México, los instructores estadounidenses utilizarán una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que transportará también equipo táctico, municiones y el armamento orgánico de los militares.

El aterrizaje está previsto para el 29 de octubre en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur, desde donde el contingente comenzará las actividades contempladas en el programa.

La autorización del Senado será necesaria debido a que se trata del ingreso de personal militar extranjero a territorio mexicano. De aprobarse, los 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL permanecerán vinculados al programa de entrenamiento hasta abril de 2027, con una pausa durante el periodo vacacional de diciembre y enero.

El líder criminal era señalado como uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares por su captura debido a sus actividades de tráfico de drogas dentro del Cártel de Guasave.

Su abatimiento ocurrió la tarde de este martes en la localidad de Alfredo V. Bonfil, cuando los elementos navales dieron seguimiento mediante información de inteligencia especializada a los hombres armados durante su desplazamiento por la región.

En el seguimiento, detectaron que dos personas descendieron de una camioneta y se internaron a una zona de matorrales. Los elementos navales se desplazaron por territorio al sitio, lo que provocó una agresión armada.

El enfrentamiento provocó el fallecimiento de dos hombres armados, quienes fueron identificados de manera preliminar por familiares como Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, y Cesáreo “N”.

Las autoridades les aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo, los cuales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Buscado por el FBI: el perfil criminal de “Chuy González”

El “Chuy González” es identificado por las autoridades como operador de segundo nivel del Cártel de Guasave, ubicado en la cadena de mando solo por debajo del líder, Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que Jesús González encabezaba desde inicios del 2000 una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. Además, supervisaba laboratorios clandestinos para procesar goma de opio, pero de manera reciente se detectó que pudo haber incursionado en el fentanilo.

Su organización criminal era identificada como una de las principales dedicadas al tráfico de drogas para “El Chapo Isidro”, en la que también participaban sus hermanos: Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, así como otros operadores que fueron sancionados por Estados Unidos.

“Chuy González” también fue colaborador de Rafael Caro Quintero como parte de su relación con el Cártel de Sinaloa. Sus zonas de operación eran Sinaloa, Sonora y puntos fronterizos del noroeste, así como con células de distribución de drogas ubicadas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

En 2017, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó cargos contra González Peñuelas por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación y conspiración para importar sustancias controladas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como narcotraficante especialmente señalado en mayo de 2021, y en el mes de mayo de 2026 anunció nuevas sanciones en su contra por presuntos vínculos con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, en febrero de 2018 la Fiscalía del Distrito de Colorado lo acusó junto con otras dos personas de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos. Además, le imputaron seis cargos por heroína y dos por cocaína.

La DEA ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Las autoridades también contaban con antecedentes de una orden de captura en su contra con fines de extradición.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Jesús González Peñuelas contaba con la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Las autoridades destacaron su abatimiento como parte del seguimiento que la Marina ha realizado al Cártel de Guasave en los últimos meses, tanto con la captura de dos de sus operadores: Pedro Inzunza Coronel y Pedro Inzunza Noriega, así como el decomiso de cientos de kilogramos de droga.

Al menos dos civiles habrían muerto durante un presunto enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina registrado la tarde del lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el incidente ocurrió después de una persecución que habría comenzado en la sindicatura de Estación Bamoa y que posteriormente se extendió por caminos rurales hacia Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades navales no habían confirmado oficialmente la existencia de personas fallecidas, por lo que el saldo reportado permanece sin corroborar. Tampoco se había informado de manera oficial sobre detenidos o vehículos asegurados.

La identidad de los dos civiles que habrían perdido la vida tampoco había sido establecida públicamente.

Despliegue de fuerzas federales se extiende por Guasave

El operativo generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad en comunidades rurales de Guasave y zonas limítrofes con los municipios de Salvador Alvarado y Sinaloa.

De manera extraoficial, se reportó la participación de más de 50 unidades terrestres, además de drones y aeronaves utilizadas para labores de vigilancia y búsqueda. Entre los recursos desplegados se mencionaron un helicóptero y una avioneta.

La movilización se habría prolongado durante varias horas después de la persecución iniciada en Estación Bamoa.

También trascendió el aseguramiento de al menos dos vehículos, entre ellos una vagoneta Jeep de color negro. Sin embargo, al igual que el supuesto saldo de personas fallecidas, esta información no había sido confirmada por las autoridades al momento del reporte.

En las acciones presuntamente participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes realizaron recorridos y establecieron puntos de vigilancia en distintos sectores de la región.

Habitantes de las comunidades reportaron el paso de patrullas a alta velocidad por calles, caminos rurales y bordos de canales, además de la instalación de retenes y filtros de revisión en diferentes tramos.

Algunos pobladores también señalaron que determinadas unidades oficiales circulaban con las luces apagadas durante los recorridos.

Vecinos permanecen en sus viviendas ante el operativo

Conforme avanzó la tarde y comenzó a caer la noche, habitantes de las localidades ubicadas en la zona donde se desarrolló el operativo optaron por permanecer en sus viviendas ante la incertidumbre provocada por el despliegue de las fuerzas federales.

La presencia de unidades terrestres y aeronaves se mantuvo en distintos puntos del corredor rural que conecta comunidades de Guasave con zonas de Salvador Alvarado y Sinaloa municipio.

Los reportes sobre un posible enfrentamiento armado y dos civiles fallecidos generaron expectativa entre los habitantes, aunque hasta el cierre de la información no existía un pronunciamiento oficial que confirmara que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento con elementos de la Marina.

Tampoco se había precisado si los vehículos presuntamente asegurados estaban relacionados directamente con la persecución o con el supuesto intercambio de disparos.

La falta de información oficial mantenía sin esclarecer el resultado del operativo, mientras continuaban las acciones de seguridad en las comunidades rurales de la zona.

De confirmarse el fallecimiento de los dos civiles, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, así como determinar si efectivamente se registró un enfrentamiento armado con elementos navales.

Por ahora, el saldo de dos personas fallecidas y dos vehículos asegurados permanece como información extraoficial, a la espera de que las corporaciones participantes emitan un reporte sobre el operativo desplegado en Guasave.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes, por medio de un mensaje posteado en sus redes sociales, que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo; de la Secretaría de Marina (Marina), Raymundo Pedro Morales Ángeles, y él mismo, realizarán, durante esta semana, una agenda coordinada de visitas de supervisión en el estado de Sinaloa.

Harfuch señaló que el secretario de la Defensa Nacional acudirá este martes, mientras que la Marina y la SSPC realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana. Esta distribución, explicó, permitirá ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución.

La agenda, dijo Harfuch, contempla supervisar los despliegues, conocer de primera manos las necesidades de la Policía Estatal y de las Policías Municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del C4 y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal.

“Las visitas forman parte de una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, concluyó su mensaje el titular de la SSPC.

Operativo por presunta persecución en Guasave

Apenas el pasado lunes por la tarde, se reportó que elementos del Ejército Mexicano habían desplegado un operativo por aire y por tierra en las inmediaciones del municipio de Guasave, Sinaloa.

Reportes señalaron que los uniformados habían participado en una persecución de civiles armados.

La movilización, según la información difundida, comenzó en Estación Bamoa y se extendió hasta la comunidad de Siete Ejidos. También se reportó la aparición de ponchallantas sobre la carretera México 15.

El operativo llamó la atención entre los habitantes de la zona, debido a la participación de un helicóptero Black Hawk artillado, mismo que sobrevoló el área mientras por tierra se desplegaban patrullas militares. Cabe destacar que, de manera extraoficial, se dio a conocer la presunta muerte de dos civiles, sin que autoridades confirmaran esta información.

Defensa despliega 300 elementos para reforzar seguridad en Sinaloa

El pasado mes de agosto se dio a conocer que un contingente de 300 efectivos del Ejército Mexicano había sido enviado a Mazatlán, Sinaloa, como parte de un refuerzo operativo ligado a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El despliegue salió a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana y se incorporó al dispositivo que mantenía la 9/a. Zona Militar en la entidad.

De acuerdo con un comunicado, la misión del personal consistió en realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que las tareas se llevaron a cabo en apego al marco jurídico vigente, con referencia a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

La dependencia señaló que el refuerzo buscó contribuir a la desarticulación de organizaciones delictivas mediante la detención de líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas. También precisó que las operaciones se coordinaron con autoridades municipales, estatales y federales para generar condiciones de paz y seguridad para la población sinaloense.

Anteriormente, en julio, fueron enviados 900 elementos de seguridad para fortalecer las acciones de prevención ante la temporada vacacional.

Moisés Ríos Pérez, secretario del Ayuntamiento, informó que los agentes fueron enviados de manera adicional a los 400 pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que desplegaron en el municipio.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario detalló que se encontraban trabajando para reubicar los espacios en los que se encontrarán los efectivos tras el despliegue de este jueves.

“Antes de los 400 había llegado un número menor, llegaron los 400, y a medianoche ayer llegaron 900. Nada más que estamos batallando para reubicarlos (…) Estamos esperando que con este nuevo número podamos ya desplegar en todo el municipio y en todas las comisiones para evitar más (hechos violentos)“, explicó.

La Secretaría de Marina (Semar) rescató a seis personas de nacionalidad extranjera frente a las costas de Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, luego de localizarlas a bordo de una embarcación menor durante recorridos de vigilancia marítima.

De acuerdo con la Vigésima Segunda Zona Naval, el hallazgo de los hombres ocurrió a 148 millas náuticas (unos 274 kilómetros) al sureste de Puerto Chiapas, luego que fueron detectados navegando en aguas nacionales.

Las unidades de superficie de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, avistaron la embarcación pesquera durante sus recorridos permanentes de vigilancia marítima en aguas nacionales.

Tras su localización, el personal naval trasladó a las seis personas a las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval. Ahí, los elementos de la Armada las entregaron a personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para los trámites legales correspondientes a su situación migratoria en territorio mexicano.

La Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención oportuna a personas en situación de riesgo en aguas nacionales; sin embargo, no brindó más detalles acerca del destino que tenían los hombres.

Marina rescató a un extranjero cerca de Yucatán

Días antes, el pasado 21 de octubre, elementos navales rescataron a un hombre de nacionalidad extranjera a 190 millas náuticas de Progreso, Yucatán, es decir, a más de 350 kilómetros de tierra firme. Su hallazgo se dio con un buque portacontenedores que lo localizó en altamar.

Una embarcación tipo Defender de la Marina se desplazó de inmediato al lugar del incidente para brindarle asistencia. Durante la valoración inicial, el hombre mostró signos de deshidratación y quemaduras solares, indicativos de una prolongada exposición al sol y al agua en altamar.

El hombre fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde su estado de salud fue monitoreado hasta que se confirmó su estabilidad. Posteriormente, fue entregado al INM para iniciar su proceso de regularización migratoria.

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a mexicanos tras hundimiento de una embarcación en Ensenada

El 16 de octubre, la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 16 personas tras el hundimiento de una embarcación a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, Baja California, en una zona frecuentada por traficantes de personas. Un sobreviviente declaró que en la embarcación viajaban al menos 27 personas, por lo que 11 tripulantes quedaron reportados como desaparecidos.

La llamada de auxilio se recibió alrededor de la 01:00 horas del viernes, lo que activó el despliegue de helicópteros desde las Estaciones Aéreas Ventura y Sacramento, además del cúter Active y el buque de combate USS Kingsville de la Armada estadounidense.

“La gente se sostenía unos a otros, a restos del barco, solo tratando de mantenerse a flote antes de ser rescatados”, dijo el teniente Santiago Tamburini al medio Associated Press. El propio Law relató que esa noche fue, por horas, el único rescatista en el agua, guiado solo por el reflector del helicóptero en plena oscuridad.

El Consulado General de México en San Diego confirmó, según Infobae América, que los 16 rescatados eran mexicanos, a quienes les brindó asistencia durante su recuperación en hospitales del condado. Algunos de los sobrevivientes presentaron lesiones graves compatibles con mordeduras de tiburón, atribuibles a la cercanía de la zona con la Isla Guadalupe, hábitat natural de tiburones blancos a unos 400 kilómetros de Ensenada.

La búsqueda de los 11 desaparecidos se extendió por 89 horas y cubrió más de 6 mil 322 kilómetros cuadrados, sin arrojar resultados. La Guardia Costera, en coordinación con la Marina de Estados Unidos y la Armada de México, dio por concluido el operativo de búsqueda cuatro días después del naufragio.

Un cateo en Guaymas, Sonora, dejó un detenido y el aseguramiento de 2 mil 889 envoltorios con presuntos narcóticos, además de dos vehículos con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se realizó en un inmueble de la colonia Niza, donde agentes también encontraron dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes y diversos recipientes de plástico.

La operación se llevó a cabo la noche de este miércoles en una vivienda de la calle Turín, como parte de una investigación por posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

En el inmueble fueron localizados mil 683 envoltorios con posible marihuana y mil 206 con una sustancia de características similares al cristal. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer la naturaleza de las sustancias y su posible relación con las actividades investigadas.

El operativo fue encabezado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal. El detenido fue identificado como Jesús Iván “N”, de 22 años.

Dos vehículos tenían reporte de robo en Estados Unidos

Entre los bienes asegurados se encuentra una Honda CR-V modelo 2021, reportada como robada en San Diego, California, en noviembre de 2024, y un Dodge Charger modelo 2022, color naranja, con reporte de robo en Tucson, Arizona, desde agosto de 2025.

Las autoridades también incautaron dos motocicletas Italika sin placas de circulación y sin reporte de robo, que presuntamente eran utilizadas para distribuir droga. En el inmueble había, además, 99 recipientes tubulares de plástico vacíos, dinero en efectivo y diversos documentos.

La Fiscalía no precisó si los vehículos estaban vinculados con otros delitos ni si los objetos encontrados formaban parte de una estructura de distribución de narcóticos. Su posible relación con otras investigaciones será analizada por el Ministerio Público.

De San Carlos al Centro de Guaymas, así han sido algunos decomisos de droga en 2026

El 13 de septiembre, dos cateos en San Carlos, localidad de Guaymas, dejaron dos detenidos y el aseguramiento de 4 mil 464 dosis de presuntos narcóticos. Entre los arrestados estaba Dilan Peña, alias “London”, identificado por autoridades federales como presunto operador logístico de Los Salazar, grupo criminal vinculado con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. También fue detenido Emanuel Antonio Ibarra.

Las diligencias se realizaron en dos inmuebles de los sectores Posgeo y Bonita, como parte de la Operación Escudo “Componente Sable”. Los agentes aseguraron 882 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina y 3 mil 582 de posible marihuana, además de una pistola Glock calibre 10 milímetros, un arma corta de réplica, diez cartuchos y un cargador.

Entre los objetos incautados había cinco vehículos, tres motocicletas, 140 vapeadores y 4 mil 250 pesos en efectivo. Uno de los automóviles era un Kia Optima modelo 2015 con reporte de robo en San Diego, California, desde octubre de 2025. Las autoridades estimaron en más de 25.7 millones de pesos la afectación económica al grupo delictivo por los bienes asegurados.

El 2 de septiembre, otro cateo en la colonia Centro permitió asegurar 11 máquinas tragamonedas, diez envoltorios con una sustancia similar al cristal, una cámara de videovigilancia y un radio de comunicación. La intervención se realizó en un inmueble de la calle 16, esquina con avenida 12. Los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

En junio también hubo detenciones por presunta posesión de narcóticos. El 16, dos hombres identificados como Claudio Alberto “N”, de 28 años, y Jesús Antonio “N”, de 26, fueron interceptados en la colonia Miguel Hidalgo cuando viajaban en un Nissan Altima blanco. En el vehículo, las autoridades encontraron una mochila con 138 envoltorios de una sustancia similar al cristal y 109 de posible marihuana.

Ese mismo día, en el bulevar Bacatete, en la colonia Ampliación Independencia I, fue detenido Fermín “N”, de 40 años, a quien le encontraron cinco envoltorios con una sustancia similar a la metanfetamina. La Fiscalía estatal informó posteriormente sobre las medidas judiciales impuestas a los tres imputados.

El 3 de junio, policías estatales y personal militar localizaron otros 201 envoltorios de presuntos narcóticos durante un recorrido de vigilancia sobre el camino hacia el aeropuerto de Guaymas. El aseguramiento incluyó 99 envoltorios con una sustancia granulada y 102 con hierba verde, además de una motocicleta.

Estos antecedentes muestran que durante 2026 las autoridades han reportado decomisos de drogas en distintos puntos de Guaymas, desde San Carlos hasta colonias de la zona urbana.

En México, 516 municipios carecen de una corporación policial propia para atender la seguridad pública. Mientras algunos recurren a policías estatales o fuerzas federales y otros dependen de cuerpos comunales, en 23 municipios no se reportó ninguna de esas modalidades de vigilancia.

La cifra corresponde al cierre de 2024 y forma parte del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, cuyos resultados publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en marzo de 2026. El registro permite identificar distintas formas de organización de la seguridad local, desde estructuras comunitarias hasta la intervención de instituciones estatales y federales.

La ausencia de una corporación municipal no significa que un territorio carezca de vigilancia. En la mayoría de los casos contabilizados, otras instancias realizaban tareas de seguridad; sin embargo, el censo identificó 23 municipios sin cobertura reportada, donde no se registró una institución alternativa ni la presencia de cuerpos comunales para asumir esa función.

Cuerpos comunales y policías estatales cubren parte de los municipios

Los cuerpos comunales fueron la modalidad más frecuente entre los municipios sin una institución policial municipal formalmente constituida. El Inegi registró esta forma de organización en 403 localidades, aunque con diferencias en su estructura y relación con los gobiernos municipales.

En 400 municipios, los cuerpos comunales estaban adscritos a una institución, unidad administrativa o área del gobierno municipal. En los tres restantes se reportaron estructuras autogestivas, es decir, organizadas sin esa adscripción administrativa.

La existencia de un cuerpo comunal no equivale, por sí sola, a contar con una policía municipal formal. Se trata de esquemas diferentes de organización y prestación de servicios de seguridad, por lo que las cifras no deben interpretarse como si todas esas localidades tuvieran instituciones policiales con la misma estructura.

Otra modalidad fue la participación de corporaciones externas. En 90 municipios, el censo identificó la intervención de otras instituciones para atender las tareas de seguridad pública, principalmente autoridades estatales.

Las secretarías de Seguridad Pública estatales o sus equivalentes participaron en 85 municipios. También se registró la intervención de la Guardia Nacional en cinco, de la Secretaría de la Defensa Nacional en cinco, de la Secretaría de Marina en uno y de otra institución en uno.

El dato muestra qué instituciones participaron en la prestación de servicios de seguridad, no cuántos municipios distintos atendió cada una de manera exclusiva.

Tamaulipas destaca en este apartado: 43 municipios reportaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaba las funciones correspondientes ante la ausencia de una corporación municipal propia. El registro ilustra un esquema en el que el gobierno estatal asume directamente esas tareas en localidades que no cuentan con una institución policial de ese nivel.

En conjunto, los datos del Inegi muestran que los municipios sin policía propia no siguen un solo modelo. En algunos, la vigilancia recae en estructuras comunales; en otros, la cobertura depende de corporaciones estatales o federales. La información también identifica las localidades en las que no se reportó ninguna de esas alternativas durante el periodo censado.

México tenía menos policías municipales que en 2022

En 2024, México contaba con 166 mil 224 policías municipales operativos, de acuerdo con el informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026), publicado por Causa en Común el 15 de octubre de 2026. La cifra representó una disminución de 6% respecto de 2022 y fue la más baja registrada desde 2010, según la organización.

Por separado, el Inegi contabilizó 166 mil 91 personas adscritas a instituciones municipales de seguridad pública en 2024, un descenso de 5.5% frente a 2022. Aunque ambas mediciones apuntan a una reducción, corresponden a indicadores diferentes: una se refiere al personal operativo municipal reportado por Causa en Común y la otra al personal adscrito a instituciones de seguridad pública en el censo.

La reducción del personal municipal constituye un dato relevante para dimensionar las capacidades de las corporaciones que sí existen, pero no demuestra por sí misma por qué determinados gobiernos locales no cuentan con una policía formal. Para establecer esas causas se necesitaría información específica sobre decisiones presupuestales, procesos de reclutamiento, condiciones institucionales y acuerdos de coordinación en cada municipio.

Salarios y prestaciones reflejan las condiciones de las policías municipales

El informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) señala que 55% de los policías municipales gana menos de 15 mil pesos mensuales, por debajo de los 16 mil 668 pesos netos al mes que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estima como salario digno para un policía y su familia.

La diferencia salarial forma parte de un panorama más amplio de prestaciones desiguales entre corporaciones municipales y estatales. Según Causa en Común, 53% de los policías municipales cuenta con seguridad social, frente a 97.6% de los elementos estatales.

Las diferencias también aparecen en otras prestaciones. La organización reportó que 58% de los policías municipales tiene seguro de vida, mientras que apenas 6% cuenta con seguro de retiro.

Estos datos describen las condiciones de quienes ya forman parte de las corporaciones municipales y permiten dimensionar algunos de los retos laborales que enfrenta ese nivel de gobierno. No obstante, el informe no establece que la falta de prestaciones o los salarios bajos sean la causa directa de que 516 municipios no tengan una policía propia.

La carrera policial también presenta rezagos

La profesionalización policial es otro de los componentes revisados por Causa en Común en Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026). El informe señala que solo 17 de las 32 fuerzas policiales estatales contaban con un servicio profesional de carrera formalmente constituido. Además, 21 corporaciones estatales carecían de catálogos de puestos actualizados.

Estos indicadores corresponden a las policías estatales, no a las municipales. Su inclusión permite dimensionar que las dificultades institucionales no se limitan a los gobiernos locales, aunque las cifras no deben trasladarse de un nivel de gobierno a otro.

Un servicio profesional de carrera establece mecanismos institucionales para el ingreso, la formación, la evaluación, la permanencia y los ascensos de los agentes. La falta de estructuras formalizadas o de instrumentos actualizados dificulta conocer las reglas que rigen el desarrollo profesional dentro de las corporaciones.

En el ámbito municipal, el panorama de personal, salarios y prestaciones documentado por la organización muestra condiciones desiguales entre los agentes. Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que todos los municipios sin policía propia enfrenten los mismos problemas ni que la ausencia de una corporación responda a una sola causa.

Las protestas policiales y los asesinatos de agentes

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, Causa en Común contabilizó 137 movilizaciones policiales: 63 paros laborales, 64 manifestaciones y 10 amenazas de paro.

El 62% de esos movimientos correspondió a policías municipales y 20% a agentes estatales. Entre los motivos reportados se encontraron abusos laborales, salarios bajos o desiguales, falta de prestaciones y equipamiento, así como pagos pendientes.

El predominio de policías municipales en este registro aporta otra dimensión sobre las dificultades que enfrentan las corporaciones locales. Las movilizaciones, sin embargo, corresponden a hechos reportados por la organización y no constituyen una medición exhaustiva de las condiciones de todas las policías del país.

La violencia contra los agentes también forma parte del contexto de seguridad. Causa en Común contabilizó 665 policías asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales.

Los policías municipales representaron más de la mitad de los casos registrados en ese periodo. La cifra muestra la magnitud de los asesinatos dentro de ese grupo, pero no permite concluir que los municipios sin una corporación propia sean necesariamente los que presentan mayor riesgo para los agentes, pues se trata de indicadores diferentes y el registro de homicidios no establece esa comparación.

Los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 y del informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026) describen dos dimensiones del sistema de seguridad pública en México. El primero identifica cómo se organiza la vigilancia en los municipios y dónde no se reportó una instancia responsable; el segundo documenta la evolución del personal policial, sus condiciones laborales, la profesionalización y los riesgos que enfrentan los agentes.

Iván “N” alias “El Cromo”, quien fue detenido este miércoles en Guadalajara por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), llegó a la Ciudad de México (CDMX) en una aeronave de la Marina, y posteriormente fue llevado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para continuar con las diligencias de ley.

El presunto delincuente es escoltado por Comandos Anfibios de Operaciones Especiales de Marina.

El Cromo es un objetivo prioritario y es identificado como presunto líder de Los Cromos, célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es considerado uno de los principales generadores de violencia del estado de Oaxaca.

Harfuch da a conocer detención de El Cromo, líder de Los Cromos, en Jalisco

La mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de sus redes sociales, la noticia de la detención de Luis N, alias El Cromo, líder del grupo delictivo Los Cromos.

Harfuch informó que la detención se llevó a cabo en Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

De acuardo con la información proporcionada por Harfuch, la detención fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, así como del CNI.

Harfuch señaló que Iván N es identificado como uno de los líderes de Los Cromos, célula delictiva ligada al CJNG y que está relacionada con los delitos de homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

Además, se dio a conocer que El Cromo cuenta con dos órdenes de apehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

Además, su organización, Los Cromos, está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años, que ocurrió en Juchitán. Por información que permitiera su captura, las autoridades ofrecían hasta 2 millones de pesos.

La detención, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, la detención de Miguel N, quien era presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esa estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

La operación para llevar a cabo la detención fue encabezada por la Semar, la SSPC, la Defensa, la FGR, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca, así como otras autoridades de Oaxaca y de Jalisco.

Harfuch agradeció a los gobernadores Salomón Jara, de Oaxaca, y Pablo Lemus, de Jalisco,por el apoyo a las autoridades federales.

El 13 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína al país. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca, y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención ocurrió diez días antes, el sábado 3 de octubre, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Nuevo León. Miguel “N” llegó de Colombia con cuatro maletas que contenían 189 botellas con un total de 94.5 litros de cocaína líquida. Los envases estaban dentro de cajas de cartón y, de acuerdo con la FGR, aparentaban ser un suplemento vitamínico.

La alerta surgió durante una inspección aduanera. Al pasar las maletas por los equipos de rayos X, el personal detectó un líquido cuya consistencia parecía más densa de lo habitual. El pasajero aseguró que transportaba medicamento, pero no presentó la documentación correspondiente. Un binomio canino también marcó el posible contenido ilícito y los análisis de química forense confirmaron que se trataba de cocaína líquida.

El caso llama la atención por la cantidad y por la forma de transportar la sustancia, distribuida en casi dos centenares de botellas. Pero no es la única modalidad detectada en los aeropuertos mexicanos: durante 2026, las autoridades han reportado cocaína oculta en artesanías, lienzos, productos de cuidado personal, sillas de ruedas y equipaje con etiquetas manipuladas.

De botellas a artesanías: los objetos que esconden cocaína

El 30 de septiembre, autoridades federales aseguraron 8.64 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La sustancia estaba oculta en 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio, que formaban parte del equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó irregularidades durante la inspección de las piezas. Al revisarlas, encontró bolsas de plástico con un polvo blanco que dio positivo a cocaína base libre.

La variedad de objetos utilizados para ocultar la droga también quedó expuesta el 30 de abril, cuando autoridades federales detuvieron a una persona extranjera en el AICM que transportaba lienzos con narcóticos mezclados en la pintura. La información pública no especificó su nacionalidad ni el peso de la sustancia asegurada.

En ambos expedientes, los objetos transportados no tenían la apariencia habitual de un paquete con droga. Las artesanías y las obras de arte plantearon un reto distinto al de revisar botellas o paquetes, pues la sustancia estaba oculta dentro de piezas que podían pasar por artículos ordinarios de equipaje.

Un ciudadano alemán detenido con 10 kilos en Cancún

La nacionalidad de algunos pasajeros detenidos también destaca entre los casos recientes. El 25 de junio, un ciudadano alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, con aproximadamente 10 kilogramos de cocaína.

La Guardia Nacional detectó la posible droga cuando un binomio canino alertó sobre su equipaje en el área de documentación. Durante la inspección de la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares con la sustancia.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público. Las autoridades no difundieron su identidad ni precisaron el origen y destino del cargamento.

La presencia de un ciudadano alemán y de personas extranjeras en el caso de los lienzos y las artesanías, aporta una dimensión internacional a la revisión de estos expedientes. Sin embargo, no todos los comunicados identifican la nacionalidad de los detenidos y la procedencia de un vuelo no equivale a la nacionalidad de quien viaja en él.

Champú con cocaína en el aeropuerto capitalino

El 11 de abril, la FGR informó que María “N” fue vinculada a proceso después de ser detenida en la Terminal 2 del AICM. En su equipaje, las autoridades encontraron 14 botellas de champú cuyo contenido dio positivo a cocaína, con un volumen total de 2 litros y 398 mililitros.

La detección ocurrió durante una revisión con equipos de rayos X. Personal de la Secretaría de Marina inspeccionó la maleta y localizó los envases con la sustancia.

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso guarda similitudes con el de Monterrey por el uso de botellas comerciales para transportar cocaína líquida, aunque el volumen asegurado fue menor.

Cocaína oculta en sillas de ruedas

Las sillas de ruedas también aparecen en distintos expedientes de 2026. El 9 de julio, la FGR informó que José “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún con 9 kilos 892 gramos de cocaína ocultos en una silla de ruedas eléctrica. El pasajero había llegado de Medellín, Colombia.

Una semana antes, el 2 de julio, personal de la Aduana de Cancún y de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó 12.38 kilogramos de presunta cocaína en el asiento y el respaldo de otra silla de ruedas que formaba parte del equipaje de un pasajero procedente de Medellín. El comunicado correspondiente informó que la persona y la mercancía fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, sin detallar una vinculación a proceso.

El 14 de mayo, un operativo en el AICM permitió localizar aproximadamente 8.8 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en ocho paquetes ocultos en una silla de ruedas. La alerta de un binomio canino llevó a los agentes a inspeccionar el objeto mediante equipos de rayos X. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, esta acción representó una afectación económica cercana a 1.9 millones de pesos para grupos delictivos.

Los casos muestran distintas formas de ocultamiento en las estructuras de estos objetos. No obstante, la información pública no permite establecer que los tres aseguramientos estén relacionados entre sí.

Una maleta con etiqueta cambiada y paquetes adheridos al cuerpo

El 17 de septiembre, la FGR informó que Víctor “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el transporte de 24 kilos 907 gramos de cocaína en la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún.

Un binomio canino alertó sobre una maleta durante las inspecciones de vigilancia. Cuando las autoridades localizaron al pasajero, este negó que el equipaje fuera suyo, aunque reconoció la etiqueta que llevaba adherida.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores establecer que el hombre había llegado con otra maleta. Según la Fiscalía, la etiqueta fue retirada de un equipaje y colocada manualmente en el que contenía la droga. El juez impuso prisión preventiva justificada y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Otro método quedó documentado el 30 de abril en Cancún, donde la Guardia Nacional detuvo a José “N” con 2 kilos 485 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en paquetes adheridos al torso y al tobillo. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por un delito contra la salud, en la modalidad de transporte.

También hay decomisos en vuelos nacionales

Los casos no se limitan a pasajeros que llegan del extranjero. El 10 de julio, autoridades federales detuvieron a 11 personas y aseguraron 165 kilogramos de presunta cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. La droga estaba distribuida en 11 mochilas que transportaban los pasajeros de un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

Un antecedente ocurrió el 4 de junio, cuando dos hombres fueron detenidos en la misma terminal en un caso relacionado con aproximadamente 52 kilogramos de cocaína.

La procedencia nacional de esos vuelos no permite determinar por sí sola dónde se obtuvo la droga ni cuál era su destino. Los expedientes muestran, sin embargo, que las inspecciones aeroportuarias también han derivado en detenciones y decomisos en operaciones entre ciudades mexicanas.

A estos casos se suma el aseguramiento reportado el 15 de septiembre en el AICM, donde la Marina y la ANAM detectaron un cargamento declarado como café tostado y molido que estaba contaminado con presunta cocaína base. El embarque, compuesto por más de 3 mil bolsas, se encontraba en tránsito internacional.

Las autoridades reportaron aproximadamente mil 77 kilogramos de producto contaminado, esto significa que no era cocaína “pura”. El comunicado no confirmó detenciones relacionadas con el cargamento, por lo que el expediente corresponde a un aseguramiento de mercancía y no a capturas acreditadas.

Botellas con cocaína líquida, artesanías, lienzos, sillas de ruedas, paquetes adheridos al cuerpo y equipaje con etiquetas manipuladas forman parte de los métodos documentados en estos expedientes. Algunos involucran a personas extranjeras, aunque la información disponible no permite afirmar que predominen entre quienes intentan transportar cocaína por los aeropuertos mexicanos ni establecer una conexión entre los distintos casos.

La localización de pistas clandestinas utilizadas para el trasiego de drogas disminuyó debido a la reducción de vuelos ilegales en el espacio aéreo mexicano y al aumento de aseguramientos de droga en altamar por parte de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el general atribuyó esta tendencia a la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que integra las capacidades de distintas dependencias federales para detectar y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas.

“Tenemos que recordar que ya se aplica una ley de protección del espacio aéreo nacional, en esa ley se integraron las capacidades de diversas dependencias que tienen que ver con esa protección y ha funcionado bastante bien, han disminuido mucho los vuelos clandestinos y tal vez por eso se han incrementado mucho los aseguramientos que ha tenido Marina en altamar. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual ha disminuido la cantidad de pistas clandestinas”, declaró.

Los hallazgos de pistas clandestinas en México

La explicación del secretario se dio después de que El Sol de México publicara cifras de la Defensa sobre la localización de pistas clandestinas durante las últimas tres administraciones federales.

De acuerdo con esos registros, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades localizaron mil 580 pistas clandestinas.

La cifra descendió a 126 entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En el gobierno de Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 a septiembre de 2026, se reportaron 37 hallazgos.

La disminución de los registros no significa necesariamente que exista una reducción equivalente en la cantidad de pistas clandestinas en operación. Las cifras corresponden a los espacios identificados por las autoridades y, por sí solas, no permiten establecer cuántas instalaciones de este tipo siguen activas ni dimensionar el uso que las organizaciones criminales hacen de ellas.

Especialistas citados por El Sol de México advirtieron que la caída también podría estar relacionada con limitaciones en las labores de vigilancia o con cambios en los medios utilizados para transportar drogas.

¿Qué establece la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano?

La Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2023. Su objetivo es establecer y coordinar acciones para proteger el espacio aéreo nacional y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas que representen una amenaza para la seguridad del país.

El marco legal contempla la coordinación entre dependencias federales para detectar, identificar y dar seguimiento a vuelos irregulares, así como establecer procedimientos de actuación ante aeronaves que representen una amenaza o realicen actividades ilícitas.

Trevilla sostuvo que la aplicación de esta legislación ha contribuido a disminuir los vuelos clandestinos y planteó que esa reducción ayudaría a explicar la menor cantidad de pistas localizadas.

Sin embargo, durante su intervención no presentó cifras para cuantificar la disminución de vuelos clandestinos ni detalló el aumento de decomisos marítimos, por lo que su explicación no permite medir por sí sola la relación entre ambos fenómenos.

De Sinaloa a Chihuahua: pistas clandestinas localizadas e inhabilitadas en 2025 y 2026

En febrero de 2025, autoridades federales inhabilitaron una pista clandestina en Ahome, Sinaloa, donde aseguraron tres avionetas fumigadoras y tres vehículos. En septiembre de ese año, fuerzas estatales y federales localizaron y destruyeron otra pista y un campamento improvisado en Ciénega de Norogachi, municipio de Guachochi, Chihuahua, donde encontraron piezas de una aeronave.

Los hallazgos continuaron en 2026. En enero, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó de la inhabilitación de una pista en las inmediaciones de Los Tuceros, en Guachochi, localizada mediante reconocimiento aéreo. En el lugar también se aseguró una mochila con más de un kilogramo de un polvo químico considerado preliminarmente un posible precursor para fabricar fentanilo.

En junio, agentes estatales, militares y de la Guardia Nacional localizaron e inhabilitaron otra pista en las afueras de Carichí, Chihuahua. La instalación medía aproximadamente 750 metros de largo por 12 de ancho y fue detectada con apoyo de drones; las autoridades reportaron indicios de uso reciente.

En agosto de 2026, autoridades de Chihuahua también informaron de la localización e inhabilitación de una pista de unos 400 metros de largo por 50 de ancho en la región de Ciénega Prieta, municipio de Guadalupe y Calvo.

Los casos documentan que las autoridades continuaron localizando e inhabilitando pistas clandestinas durante 2025 y 2026 mediante operativos terrestres, reconocimiento aéreo y el uso de drones. Sin embargo, estos hallazgos individuales no permiten determinar cuántas pistas permanecen activas en el país ni explicar por sí solos la variación de las cifras nacionales reportadas por Defensa.

A través de su cuenta de X, el funcionario destacó la participación de ambas instituciones en la operación marítima. Sin embargo, no precisó la fecha del operativo ni la identidad de las personas detenidas.

García Harfuch también señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

García Harfuch sostuvo que estos decomisos impiden que millones de dosis lleguen al mercado y que las organizaciones criminales dispongan de recursos para adquirir armas, captar y corromper a jóvenes y autoridades, así como generar violencia en México.

Decomisos de cocaína en el Pacífico: más de 37 toneladas aseguradas hasta septiembre de 2026

Las operaciones marítimas contra el tráfico de cocaína en aguas mexicanas dejaron varios aseguramientos de más de una tonelada durante agosto, antes del decomiso de aproximadamente 1.2 toneladas anunciado hoy por García Harfuch. Los casos muestran distintas modalidades de traslado y localización de la droga: embarcaciones interceptadas en altamar y paquetes recuperados después de ser detectados flotando en el océano.

El 15 de agosto, elementos de Semar localizaron una embarcación menor con dos motores fuera de borda a unos 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A bordo viajaban dos personas y se encontraron 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado fue de 1.9 toneladas. La dependencia estimó que el aseguramiento representó una afectación económica de más de 400 millones de pesos.

Dos días después, el 17 de agosto, personal naval recuperó más de 1.6 toneladas de presunta cocaína distribuidas en 45 bultos que flotaban en el mar, a unos 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los paquetes fueron detectados durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, tras lo cual se desplegaron unidades para recuperarlos.

La Marina describió esta segunda acción como parte de la continuidad de las operaciones realizadas en la zona marítima contigua a la del aseguramiento del 15 de agosto. Sin embargo, los comunicados no establecen que ambos cargamentos tuvieran un mismo origen ni que pertenecieran a una sola organización criminal.

Para el caso de Michoacán, la dependencia calculó una afectación económica de aproximadamente 340.2 millones de pesos y señaló que se evitó que alrededor de 3.2 millones de dosis llegaran al mercado.

Otro operativo ocurrió el 7 de agosto, cuando la Semar aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. En esa intervención fueron detenidas seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas. También se aseguró la embarcación en la que viajaban, que contaba con tres motores fuera de borda, combustible y equipos de comunicación.

Los tres casos permiten dimensionar la variedad de las operaciones, pero no deben interpretarse como parte de un solo cargamento. En el aseguramiento del 7 de agosto hubo seis detenidos; en el del día 15, dos; y en la recuperación de los paquetes frente a Michoacán, el comunicado citado no reportó detenciones.

El acumulado de 2026 superó el total de cocaína asegurada en 2025

Al 10 de septiembre, la Secretaría de Marina había asegurado 37 mil 855.48 kilogramos de cocaína en operaciones marítimas, de acuerdo con cifras difundidas por Excélsior el 15 de septiembre. El volumen superaba en 12 mil 142.48 kilogramos el total de 25 mil 713 kilogramos reportado durante todo 2025, una diferencia equivalente a un incremento de 47.2%.

El mismo balance incluyó el aseguramiento de 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores. Estos datos aportan contexto sobre las acciones de interdicción marítima, aunque no permiten establecer cuántas organizaciones criminales fueron afectadas ni qué proporción del tráfico total de cocaína hacia México representa la droga decomisada.

Antes de ese corte, el 3 de mayo, la Marina había reportado otro aseguramiento importante en el Golfo de Tehuantepec. En esa operación fueron localizados 78 bultos que contenían 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas. El hallazgo ocurrió a unos 191 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca, y la sustancia quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la investigación correspondiente.

Este antecedente también permite distinguir entre el peso aproximado anunciado durante una operación y el peso ministerial determinado posteriormente. En los casos de agosto, los comunicados utilizaron cantidades aproximadas y describieron la sustancia como presunta cocaína; por ello, las cifras deben atribuirse a la dependencia y no presentarse como resultados judiciales definitivos.

El aseguramiento anunciado hoy frente a Oaxaca se suma a estos antecedentes, pero el acumulado de 37.8 toneladas corresponde exclusivamente al periodo del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que México solicite ayuda internacional para atender las afectaciones provocadas por el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel, pues los gobiernos estatales trabajan con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que la coordinación entre las entidades afectadas y el Gobierno federal permite responder a la emergencia con recursos nacionales:

“No es necesario con los propios esfuerzos y trabajos de las entidades de la República, junto con Defensa y Marina”, afirmó.

La mandataria agregó que la Conagua interviene en las zonas donde continúan los problemas de suministro. En particular, anunció que personal de la dependencia se trasladará a Ensenada, Baja California, para revisar el desabasto de agua tras el paso de Rachel.

Baja California concentra las mayores afectaciones tras Rachel

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Ensenada concentra las afectaciones más graves por el fenómeno meteorológico. El gobierno estatal desplegó a más de 14 mil efectivos y habilitó seis refugios temporales, donde fueron atendidas 56 personas.

Ávila Olmeda reportó que una menor fue localizada sin vida y que diez personas permanecían sin localizar: ocho en Ensenada y dos en San Felipe. Las autoridades organizaron operativos con helicópteros de las Fuerzas Armadas para llegar a comunidades aisladas por la crecida de ríos.

La gobernadora explicó que parte de las labores se concentran en una zona cercana al cauce del río Pípila, en Ensenada. El acceso terrestre a esa comunidad no era posible, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina apoyarían las tareas de rescate y vigilancia desde el aire.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal apoya a Baja California para llegar a la localidad afectada. También pidió a Conagua que evalúe la falta de agua en Ensenada y defina acciones para restablecer el servicio.

“Estamos ayudando a la gobernadora de Baja California para poder acceder a esta localidad y apoyar también en Ensenada”, declaró la presidenta. Añadió que la atención incluye a las comunidades con daños derivados de las lluvias y el desbordamiento de cauces.

La CFE reporta restablecimiento del servicio eléctrico en entidades afectadas

La presidenta informó que la Comisión Federal de Electricidad restableció prácticamente la totalidad del suministro eléctrico en los estados afectados por Simón. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también atendió deslaves y caídas de material pedregoso en carreteras.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que se activaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Las dependencias federales mantienen coordinación con los gobiernos locales ante el avance del ciclón por el Pacífico.

Velázquez Alzúa señaló que Michoacán, Colima y Jalisco mantenían saldo blanco. Guerrero reportó una persona fallecida: un adulto mayor de 71 años que murió después del colapso de una barda en Chilpancingo.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que las lluvias dejaron vehículos afectados, comercios inundados y viviendas con daños en Acapulco, Chilpancingo, Costa Grande y la región de la Montaña. También hubo deslizamientos, derrumbes, árboles caídos, daños en 16 postes eléctricos, siete bardas y dos socavones.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reportó afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios. También hubo daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas. Diez refugios recibieron a 177 personas que dejaron áreas de riesgo como medida preventiva.

Simón mantiene alerta en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que Simón se mantenía como huracán categoría tres frente a Jalisco, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

El funcionario señaló que el sistema se alejaría de la costa de Jalisco y Nayarit, aunque sus bandas nubosas mantendrían lluvias en el occidente y noroeste de México. La previsión indicaba que el ciclón podría aproximarse a las Islas Marías y, más adelante, a la costa de Sinaloa.

Protección Civil anticipó lluvias de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Nayarit y Sinaloa, con mayor intensidad prevista durante el miércoles. Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo por oleaje y rachas de viento en municipios costeros.

Sheinbaum pidió a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a las playas. “Alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa”, dijo.

La presidenta sostuvo que los gobiernos estatales han mantenido comunicación con las instituciones federales desde el inicio de la contingencia. Defensa, Marina, Conagua, la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil continuarán con labores preventivas, rescates, rehabilitación de caminos y restablecimiento de servicios en las zonas afectadas.

Cerca de 1,500 elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en Puerto Vallarta, Jalisco, para atender posibles afectaciones por el huracán Simón, que amenaza con provocar lluvias extraordinarias y oleaje de hasta 10 metros en la costa. Las autoridades también implementaron restricciones en las playas y activaron medidas preventivas para reducir los riesgos entre habitantes y turistas.

La movilización militar es encabezada por el general Isaac Bravo López, comandante de la 41/a. Zona Militar, como parte de las acciones contempladas en el Plan DN-III-E, mediante el cual el personal se prepara para realizar labores de auxilio, atención a emergencias y recuperación ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Los elementos cuentan con retroexcavadoras, camiones de volteo y maquinaria pesada para intervenir en caso de que las condiciones climáticas provoquen daños o dificulten las labores de respuesta en el municipio.

Huracán Simón pone en alerta a Puerto Vallarta por lluvias y oleaje

La atención de las autoridades se concentra en la franja costera de Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, donde se prevén condiciones marítimas adversas ante el acercamiento del huracán Simón.

Entre los riesgos identificados se encuentra el oleaje de hasta 10 metros que podría registrarse en las costas y el malecón del destino turístico. Estas condiciones mantienen bajo vigilancia las zonas cercanas al mar y han motivado la aplicación de medidas preventivas para evitar que residentes y visitantes se expongan a situaciones de peligro.

De acuerdo con un pronóstico difundido el viernes 9 de octubre por el Servicio Meteorológico Nacional, uno de los escenarios contemplaba que el ciclón se aproximara a las inmediaciones de Puerto Vallarta durante la mañana del domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:00 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, esa estimación correspondía a un pronóstico previo y no confirmaba una hora exacta de impacto. La evolución de la trayectoria y la intensidad del sistema meteorológico mantienen la necesidad de consultar los avisos oficiales.

El sábado 10 de octubre, Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, según los reportes meteorológicos difundidos ese día.

Marina retira barricadas de arena en una playa de Puerto Vallarta

Como parte de las acciones preventivas, elementos de la Secretaría de Marina trabajan en el corredor Pablo Picasso, acceso a la playa Las Glorias, ubicada en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

En ese punto, el personal naval retiró barricadas de arena y costales que habían sido colocados para proteger el acceso a la playa. De acuerdo con los reportes, las barreras fueron instaladas por trabajadores de hoteles con apoyo de Protección Civil local.

Las labores forman parte del Plan Marina, que contempla acciones para atender situaciones de emergencia y apoyar a la población ante los efectos de fenómenos meteorológicos.

Las medidas implementadas en la zona turística coinciden con el cierre de playas y las indicaciones para que habitantes y visitantes permanezcan resguardados mientras persistan las condiciones de riesgo.

Turistas cambian sus vacaciones por el cierre de playas

Las restricciones también modificaron los planes de quienes viajaron a Puerto Vallarta para disfrutar de sus vacaciones. Emiliano Martínez, turista originario de Guadalajara, relató que reservó su estancia aproximadamente cuatro meses antes y esperaba encontrar condiciones favorables durante su visita.

El visitante explicó que no esperaba encontrarse con tantos cierres y restricciones. También recordó que había enfrentado otro huracán tres semanas antes, por lo que confiaba en que esta ocasión podría disfrutar de las playas del destino.

Martínez señaló que él y sus acompañantes pensaban que las restricciones comenzarían cuando se intensificaran las lluvias, pero al llegar encontraron los accesos cerrados y diversas actividades suspendidas.

Ante este escenario, el grupo realizó compras preventivas para disponer de provisiones en caso de que las condiciones meteorológicas les impidieran salir del hotel. El turista indicó que regresarían al alojamiento para resguardarse y esperar nuevas instrucciones de las autoridades.

Entre las principales medidas adoptadas en Puerto Vallarta destacan:

• Despliegue militar: cerca de 1,500 elementos preparados para atender emergencias mediante el Plan DN-III-E.
• Maquinaria disponible: retroexcavadoras, camiones de volteo y equipo pesado para labores de auxilio y recuperación.
• Restricciones en playas: cierre de accesos y suspensión de actividades ante las condiciones de riesgo.
• Operativo naval: retiro de barricadas de arena y costales en el corredor Pablo Picasso, que conduce a playa Las Glorias.
• Prevención entre visitantes: compras de provisiones y resguardo en alojamientos mientras se mantienen las restricciones.

¿Qué zonas de Jalisco están en riesgo por el huracán Simón?

Además de Puerto Vallarta, los avisos preventivos mencionan a Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación entre los municipios de Jalisco que requieren especial atención por las condiciones asociadas al ciclón.

La vigilancia también se extiende a Colima, particularmente a zonas como Manzanillo, ante la proximidad del sistema meteorológico.

Las lluvias intensas pueden generar inundaciones, desbordamientos de cauces y deslaves, mientras que los vientos y el oleaje representan riesgos para las comunidades costeras y la infraestructura.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informado mediante los reportes oficiales, evitar acercarse al mar y respetar los cierres establecidos. También es importante seguir las instrucciones de Protección Civil, especialmente si se emiten indicaciones de evacuación o restricciones adicionales.

Mientras evoluciona el huracán Simón, el despliegue militar y las acciones de la Marina forman parte de los preparativos para atender posibles afectaciones en Puerto Vallarta y otras localidades de la costa del Pacífico mexicano.

Tras la agresión, las autoridades poblanas desplegaron un operativo interinstitucional con apoyo de corporaciones federales para localizar a los responsables. La SSP informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, con el objetivo declarado de garantizar la tranquilidad de la población en la zona donde ocurrieron los hechos.

Los delincuentes quedaron atrapados en la persecución

Los hechos se originaron durante un operativo de vigilancia que agentes de la Policía Estatal realizaban en la zona durante las primeras horas de la tarde. Según la reconstrucción hecha a partir de un video captado por una cámara de seguridad del lugar, los elementos estatales perseguían a bordo de sus unidades a una camioneta de color gris, sin placas de circulación, cuando el vehículo se topó con una patrulla municipal que ingresaba a la misma calle.

La camioneta logró esquivar el bloqueo que la unidad municipal intentó montar en ese cruce y continuó su marcha por la vía. Sin embargo, pocos metros más adelante quedó detenida por el tránsito vehicular de la zona, lo que obligó a los tripulantes a maniobrar entre los autos que circulaban en ese momento.

La SSP identificó al vehículo como una Volkswagen Tiguan en su comunicado oficial. Sin embargo, imágenes consultadas por Infobae México revelaron que se trataba de una Volkswagen Teramont, un modelo distinto dentro de la misma marca. La discrepancia entre ambas versiones no fue aclarada por las autoridades hasta el cierre de este reporte.

Se registraron disparos durante la huida de los agresores

Cuando la camioneta quedó atrapada en el tránsito, los policías estatales y municipales descendieron de sus unidades y se cubrieron entre los vehículos estacionados en la calle. Pese a la maniobra de los oficiales, los tripulantes de la Teramont lograron sortear el tráfico y escapar del lugar.

Durante la huida se escucharon disparos de arma de fuego, de acuerdo con el audio registrado por la cámara de seguridad. Hasta el momento las autoridades no han precisado si las detonaciones provinieron de los oficiales que intentaban detener el vehículo o de los propios tripulantes que viajaban a bordo de la camioneta.

Tras el hecho, los elementos policiales regresaron a sus unidades y la patrulla estatal reanudó la persecución del vehículo gris por las calles de la zona. En ese momento, un civil que se encontraba en el lugar facilitó el retiro de autos para evitar que la unidad estatal quedara bloqueada por el tránsito durante la maniobra de persecución.

El operativo cuenta con apoyo federal

Luego de la agresión, la SSP informó que reforzó el operativo de seguridad en la zona de Chipilo con el fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes de la junta auxiliar. La dependencia precisó que el vehículo en el que viajaban los agresores fue asegurado por las autoridades, junto con diversos indicios recabados en el lugar de los hechos.

Las corporaciones de seguridad estatales y federales mantuvieron activas las acciones de búsqueda para dar con el paradero de los responsables del ataque. “Las instituciones de seguridad mantienen las acciones de búsqueda para localizar y detener a los responsables, para presentarlos ante la justicia”, señaló el comunicado oficial difundido por la SSP este sábado.

El despliegue conjunto entre la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República se mantuvo activo en los alrededores de la junta auxiliar tras el ataque. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no habían reportado detenciones relacionadas con la agresión ni confirmado la identidad de los tripulantes de la camioneta que logró escapar del operativo.

Diez personas fueron detenidas en el estado de Michoacán tras la ejecución de doce órdenes de cateo realizadas de forma simultánea en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. La acción, realizada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo como objetivo desarticular una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y al secuestro. Como resultado del operativo se aseguraron armas de fuego, cargadores, municiones, dosis de droga y dispositivos electrónicos.

El operativo se derivó de labores previas de investigación e inteligencia, mediante las cuales los agentes de seguridad lograron ubicar la zona regional de movilidad de la célula delictiva. Con esa información, las autoridades solicitaron y obtuvieron de un juez de control las órdenes de cateo correspondientes para intervenir de manera simultánea en los tres municipios identificados como área de operación del grupo.

En los despliegues participó la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), cuerpo de agentes de la SSPC formalizado mediante un acuerdo publicado el 1 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La unidad está adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y tiene entre sus funciones planear y ejecutar acciones de inteligencia e investigación orientadas a la identificación y detención de generadores de violencia, así como atender mandamientos ministeriales y judiciales.

El operativo dejó cuatro armas de fuego, cargadores y dosis de droga asegurados

Una vez obtenidas las órdenes judiciales, los elementos de Marina, SSPC y FGR implementaron un operativo coordinado que permitió el ingreso a los domicilios señalados en las doce órdenes de cateo. Durante la intervención, los agentes aseguraron cuatro armas de fuego, además de cargadores, municiones y dosis de droga que fueron localizados en los inmuebles. También se recuperaron dispositivos electrónicos que podrían formar parte de las líneas de investigación abiertas por la FGR.

Los diez detenidos fueron identificados únicamente por su nombre de pila, en apego al protocolo de protección de identidad que aplican las autoridades mexicanas en este tipo de casos.

Se trata de María ”N", José “N”, Teresa “N”, Marco “N”, Andrés “N”, Jorge “N”, Fernando “N”, Ever “N”, Urix “N” y Edgar “N”, todos con el apellido reservado. A cada uno se le leyeron sus derechos de ley de manera inmediata, conforme al procedimiento establecido para este tipo de detenciones, según los reportes oficiales.

Junto con el armamento, la droga y los dispositivos electrónicos asegurados, los diez detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia encargada de determinar su situación jurídica en los próximos días. La célula delictiva desarticulada operaba específicamente en la zona que comprende Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, de acuerdo con la información obtenida durante las labores de inteligencia previas al operativo.

Dos elementos de la SSPC resultaron heridos por disparos de arma de fuego durante la acción

Dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego durante el desarrollo de los cateos. Ambos recibieron atención médica inicial por parte de elementos de sanidad de la Secretaría de Marina, quienes se encontraban desplegados como parte del operativo conjunto.

Posteriormente, los dos elementos heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada, sin que el comunicado conjunto precisara mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el enfrentamiento armado durante la ejecución de los cateos.

El operativo se enmarcó en las acciones de fortalecimiento de la seguridad que las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad llevan a cabo en el estado de Michoacán, con el objetivo de detener a generadores de violencia en la entidad. Según declaraciones de las mismas autoridades, con estas acciones, Marina, SSPC y FGR reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que drogas y armas lleguen a las calles, y contribuir así a la seguridad de la población michoacana.

En Los Reyes, otro operativo dejó cinco detenidos por extorsión a una empresa refresquera

En las últimas horas, la Guardia Civil de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ejecutó cinco cateos en el municipio de Los Reyes dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La acción derivó en la detención de cinco personas, entre ellas un hombre investigado por su presunta participación en extorsiones contra una empresa refresquera en Zamora.

Como resultado del operativo, las autoridades aseguraron dos armas largas, droga, seis máquinas tragamonedas y siete vehículos, seis de ellos con reporte de robo, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Integrantes del colectivo Buscando Mi Razón de Vida viajaron este jueves 8 de octubre a la Ciudad de México para entregar en Palacio Nacional un escrito dirigido a la presidenta, en el que alertaron que desde la primera semana de septiembre elementos de la Marina realizan patrullajes frente a sus domicilios y otros lugares que frecuentan.

De acuerdo con la carta, los recorridos se realizan a diferentes horas del día e incluso durante la madrugada. Las familias señalaron que han observado vehículos oficiales de color gris, algunos de ellos sin números económicos visibles, así como camionetas particulares de reciente modelo y color blanco.

Las víctimas aseguraron que esta situación ha generado temor de posibles represalias, particularmente entre mujeres y menores de edad que aún enfrentan las consecuencias psicológicas de las desapariciones ocurridas en 2018.

“Nuestros hijos e hijas, menores de edad, tan pronto ven una camioneta de la Marina pasando frente a nuestras casas (...) se asustan, entran en crisis nerviosas”, señalaron en el documento entregado a las autoridades.

Denuncian patrullajes frente a sus casas

Las familias que integran el colectivo indicaron que los presuntos patrullajes se han registrado en distintas colonias de Nuevo Laredo, entre ellas Francisco Villa, Olivos, Mirador, Benito Juárez, Valles de Anáhuac, El Progreso, Victoria y Las Torres.

Según el escrito, el temor no se limita a sus viviendas, pues las mujeres también han observado vehículos que atribuyen a la Marina cuando acuden a plazas cercanas o incluso a sus templos de oración.

Las integrantes del colectivo relacionaron estos hechos con su persistente exigencia de justicia por la desaparición y muerte de familiares ocurridas entre febrero y mayo de 2018.

Afirmaron que al menos 17 personas continúan desaparecidas y reprocharon que, ocho años después de los hechos, no hayan obtenido justicia.

“Bastante hemos sufrido nosotras y nuestras familias en estos ocho años desde que se llevaron a nuestros esposos, hijos, hermanos y padres y es fecha que la justicia no ha llegado”, expusieron.

El colectivo pidió a Sheinbaum que intervenga para detener cualquier acto de molestia o represalia que pudiera estar ocurriendo en sus domicilios.

Cuestionan absoluciones de 30 marinos

Además del presunto hostigamiento, las familias cuestionaron los resultados de los procesos judiciales iniciados contra elementos de la Marina señalados por su posible participación en casos de desaparición forzada.

En su carta afirmaron que 30 marinos detenidos en abril de 2021 ya no permanecen en prisión, luego de que distintos jueces federales determinaran su absolución o la no vinculación a proceso.

El colectivo citó cuatro causas penales. En la 155/2020, seis elementos fueron absueltos por el caso de Julio César Viramontes Arredondo; en la 307/2020, otros 13 marinos fueron absueltos por los casos de Noé Ignacio Alfárez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros; mientras que en la 308/2020, 11 elementos fueron absueltos por el caso de José Luis Bautista Carrillo.

También mencionaron la causa penal 344/2021, relacionada con la desaparición de Adolfo Ángel Chigo Villegas, menor de edad que, de acuerdo con la carta, continúa desaparecido.

El caso más reciente citado por el colectivo ocurrió el 10 de septiembre de 2026, dentro de la causa penal 282/2026. Las familias señalaron que un juez federal determinó no vincular a proceso al elemento de la Marina identificado como Pietro Vázquez por los casos de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes y creíbles.

Las víctimas solicitaron que la actuación de los jueces involucrados sea investigada por las autoridades correspondientes.

Finalmente, el colectivo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activar las medidas cautelares relacionadas con la Recomendación 36VG/2020, emitida por violaciones graves a derechos humanos atribuidas a elementos de la Marina en Nuevo Laredo.

Las familias también solicitaron que la CNDH retome su llamado de mayo de 2026 para investigar la actuación de jueces federales en los casos que involucran a los 30 marinos y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer el pasado jueves, por medio de un comunicado difundido en redes sociales, que fue localizado y detenido Juan N., alias “El Moco y/o Chaparro”, a quien identificaron como un presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo. La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla.

La detención del sujeto fue resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, El Moco era un objetivo prioritario y está vinculado con actividades ilícitas, como el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicol, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Además, se señaló, labores de inteligencia permitieron saber que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como diversas zonas del estado de Hidalgo.

Durante la intervención, se lee en el comunicado, las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

“Esta acción refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar capacidades para combatir de manera frontal a la delincuencia”, se señala.

Medios locales identifican a Juan N. como candidato de las elecciones de 2024 para la presidencia municipal de Chignahuapan por el partido Fuerza por México. En el proceso se había proclamado ganador, sin embargo, esas elecciones fueron anuladas por inconsistencias.

Ya había estado detenido

Los reportes también señalan que El Moco ya había sido arrestado en 2020, sin embargo, salió años después de prisión por un amparo.

Fue el primero de octubre de ese año que el sujeto fue detenido en Huauchinango. Durante ese operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le encontraron 97 bolsitas con sustancia con características similares a la metanfetamina, además de una escopeta recortada.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla, así como por sus posibles actividades de narcomenudeo en la región.

También fue relacionado con el homicidio de tres personas en la localidad de Tres Cabezas y con posibles nexos con Óscar N, alias El Loco Téllez.

En 2022 fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. La investigación se centró en la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo entre 2014 y 2020, operaciones que presuntamente se habrían realizado mediante personas interpuestas o prestanombres.

En ese periodo, el entonces gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, identificó publicamente a El Moco como uno de los principales presuntos generadores de violencia en la Sierra Norte y lo relacionó con actividades de robo de combustible, narcomenudeo, homicidio y extorsión.

Pese a los señalamientos y procesos judiciales, el sujeto salió del penal de Tepexi de Rodríguez, en octubre de 2023, luego de permanecer recluido aproximadamente tres años.

Para diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Juan N dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al resolver el amparo en revisión 127/2024, la Primera Sala determinó que las disposiciones del Código Penal de estado impugnadas eran constitucionales en los aspectos analizados. Dicha resolución dejó sin efecto la protección federal que buscaba obtener EL Moco contra esas disposiciones, lo que reactivó la búsqueda por parte de las autoridades ministeriales.

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró este jueves en la colonia Fovissste, en Ecatepec, Estado de México, luego de que fueran localizados cuerpos dentro de un vehículo estacionado en calles de esta zona del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un Tsuru blanco ubicado en el cruce de las calles Estacionamiento Cuatro y Tolstoi. Tras recibir el reporte, elementos de la Policía municipal y estatal acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad.

Al despliegue se sumaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina, quienes mantuvieron acordonada el área mientras se esperaba la llegada de personal ministerial y pericial.

De manera preliminar, se informó que dentro del automóvil fueron encontrados dos hombres con impactos de bala. Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial sus identidades ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Fiscalía realiza diligencias en la colonia Fovissste

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan establecer cómo fueron asesinadas las víctimas y quiénes estarían involucrados.

La presencia de las autoridades provocó una importante movilización en la zona, mientras policías mantuvieron restringido el acceso al punto donde fue localizado el automóvil.

Posteriormente, una grúa retiró el Tsuru blanco, que deberá ser analizado como parte de las investigaciones para determinar si existen indicios relacionados con el doble homicidio.

Las autoridades deberán establecer también si el vehículo fue utilizado para trasladar a las víctimas o si los hechos ocurrieron en el mismo sitio donde fue encontrado.

Hasta el momento, la información disponible es preliminar y se espera que la Fiscalía mexiquense proporcione mayores detalles conforme avancen las investigaciones.

Otro hallazgo de restos humanos ocurrió en Jardines de Tepeyac

El caso registrado en Fovissste ocurre en un municipio que recientemente también fue escenario de otro hallazgo de posibles restos humanos, aunque se trata de un hecho diferente y registrado en otra colonia.

El pasado miércoles, en la colonia Jardines de Tepeyac, comerciantes de un tianguis alertaron a las autoridades después de percibir un olor fétido proveniente de unas bolsas negras abandonadas cerca de los puestos.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Alcatraz y avenida Maravillas, donde habitantes de la zona localizaron bolsas de plástico que presuntamente contenían restos humanos.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, se trataría de los cuerpos desmembrados de dos personas. Comerciantes y vecinos expresaron su preocupación debido a que el hallazgo ocurrió en una zona con actividad comercial y tránsito de personas, incluidos menores que utilizan las calles para acudir a sus escuelas.

Uno de los habitantes señaló que presuntos integrantes de “La Choquiza” continuarían operando en la zona, mientras que otra persona denunció que las actividades delictivas ocurrían a plena luz del día cerca del tianguis.

Sin embargo, estas acusaciones forman parte de los testimonios de habitantes y corresponde a las autoridades determinar quiénes son responsables de los hechos y confirmar la identidad de las víctimas.

Al lugar también acudieron policías municipales y estatales, además de elementos de la Marina, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes acordonaron el área.

Después de aproximadamente tres horas del reporte, personal de la FGJEM llegó para iniciar las diligencias y determinar el contenido de las bolsas, identificar los posibles restos y establecer las circunstancias del hallazgo.

Ambos casos reflejan hechos distintos ocurridos en Ecatepec, por lo que las investigaciones deberán determinar de manera independiente las circunstancias, responsables y posibles móviles detrás de cada uno.

Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Marina) aseguraron más de 10,8 millones de cigarrillos de la marca Marlboro ocultos dentro de un contenedor que, según la documentación oficial, transportaba vasos de vidrio. El hallazgo ocurrió en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento quedó bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras continúa el procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo con el comunicado conjunto de ambas dependencias.

Cómo se detectó el cargamento irregular

El operativo se originó a partir de una alerta emitida por los sistemas aduaneros, relacionada con un posible riesgo en materia de propiedad intelectual. A raíz de esa señal, personal de ANAM y Marina dio seguimiento al contenedor desde su arribo al puerto.

Como parte de las acciones coordinadas, se realizó una revisión mediante equipos de inspección no intrusiva. A través de esa tecnología se detectó un patrón de inconsistencia entre el contenido real y la mercancía declarada en los documentos.

Ante esa discrepancia, las autoridades determinaron realizar una revisión física del contenedor. El procedimiento incluyó una inspección ocular y el apoyo de un binomio canino, que confirmó la presencia de productos distintos a los registrados en los papeles de embarque.

ANAM y Marina localizaron 10.854.000 cigarrillos Marlboro dentro de un contenedor que, de acuerdo con su etiquetado, debía transportar vasos de vidrio. El hallazgo se originó por una alerta de riesgo en propiedad intelectual y derivó en una inspección física que confirmó la mercancía oculta.

Hallazgo de más de 10 millones de cigarrillos

Durante la apertura del contenedor, los elementos localizaron 882 cajas de cartón que contenían un total de 10.854.000 cigarrillos. Se trata de una cifra que contrasta de forma directa con la carga declarada en los documentos de embarque.

De los vasos de vidrio que, según esa documentación, debían ocupar la totalidad del contenedor, únicamente se contabilizaron 70 cajas. La diferencia entre lo declarado y lo encontrado motivó que la mercancía fuera registrada como irregular.

Posible afectación a la propiedad intelectual

Tras el decomiso, ANAM y Marina registraron la información en el sistema correspondiente con el objetivo de notificar al propietario o representante legal de la marca Marlboro. El procedimiento busca determinar si existe una afectación a los derechos de propiedad intelectual sobre esa marca registrada.

La mercancía permanece bajo custodia en el recinto fiscalizado mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente, conforme a la normatividad vigente en materia aduanera y de propiedad industrial.

ANAM y Marina señalaron que este tipo de operativos busca fortalecer la vigilancia en las aduanas del país frente al ingreso de mercancías que infringen marcas registradas.

Antecedentes de decomisos en Lázaro Cárdenas

El puerto de Lázaro Cárdenas se ha convertido en un punto recurrente de detección de cargamentos irregulares de tabaco. El 20 de agosto, ANAM y Marina localizaron en ese mismo recinto portuario 52,5 millones de cigarrillos apócrifos procedentes de Vietnam, durante una operación de transbordo.

Días antes del hallazgo actual, el 5 de octubre, autoridades federales iniciaron además la destrucción de más de un millón de cajetillas de cigarros apócrifos en esa misma aduana. Se trata de 1.079.380 cajetillas, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, provenientes de Asia.

Esa mercancía, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía, infringía los registros marcarios de Marlboro y Marlboro y Diseño. El organismo emitió la resolución que declaró las infracciones administrativas y ordenó la destrucción total de los productos asegurados, debido al riesgo que esos cigarrillos representaban para la salud de la población.

Para ese proceso, las autoridades utilizan una trituradora especial destinada al tratamiento de este tipo de mercancía, con trabajos que se prevé duren nueve días dentro de las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

Destrucción de cajetillas apócrifas en el mismo puerto

Además, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y la ANAM iniciaron el 5 de octubre la destrucción de 1.079.380 cajetillas de cigarros apócrifos en las instalaciones de la aduana de Lázaro Cárdenas.

El proceso se dio a conocer mediante un comunicado conjunto de las tres dependencias, fechado en Ciudad de México. Según ese documento, los productos provenían de Asia y fueron asegurados en el recinto mediante medidas de suspensión de la libre circulación.

La mercancía, con un valor aproximado de 5.396.900 pesos, infringía los derechos de propiedad industrial de los registros marcarios MARLBORO y MARLBORO Y DISEÑO.

Para eliminar la totalidad de las cajetillas, las autoridades utilizan una trituradora especial y ecológica destinada al tratamiento de este tipo de producto. Se prevé que los trabajos tengan una duración de nueve días.

Resolución del IMPI y protección a la marca

Tras concluir los procedimientos administrativos correspondientes, el IMPI emitió la resolución que declaró las infracciones y ordenó la destrucción de los bienes asegurados. El organismo señaló que los cigarrillos representaban un riesgo para la salud de la población.

En el comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Economía, a través del IMPI, y la ANAM reiteraron su compromiso con la protección de los derechos de propiedad industrial y el combate a la circulación de productos apócrifos.

Las tres dependencias indicaron que este tipo de acciones busca contribuir a un entorno de comercio legal y proteger la salud de las personas consumidoras.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en el poblado de Las Tinajas, municipio de Elota, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad de México para reforzar la seguridad en Sinaloa y debilitar las estructuras dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la información difundida por el Gabinete de Seguridad, durante la intervención las autoridades localizaron 150 litros de precursores químicos líquidos, además de más de 92 kilos de precursores químicos sólidos.

En el lugar también fueron asegurados dos vehículos, tres destiladores, dos centrifugadoras, tres mezcladoras, una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y diversas herramientas.

Localizan equipo utilizado para la producción de drogas

El laboratorio fue ubicado durante acciones de vigilancia e investigación realizadas de manera coordinada por las instituciones de seguridad federales.

El aseguramiento del inmueble representa una intervención contra uno de los puntos utilizados presuntamente para el procesamiento de sustancias químicas relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.

Entre los objetos encontrados se encuentran equipos como destiladores, centrifugadoras y mezcladoras, además de recipientes y herramientas necesarias para manipular los precursores químicos.

Las autoridades también aseguraron dos vehículos que se encontraban en el sitio.

El hallazgo se suma a las operaciones realizadas por fuerzas federales en Sinaloa para detectar instalaciones clandestinas relacionadas con la producción de sustancias ilícitas.

La intervención fue informada por el Gabinete de Seguridad, que señaló que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para impedir que las organizaciones criminales continúen utilizando instalaciones clandestinas para la fabricación de drogas.

Aseguran más de 92 kilos de precursores sólidos

De acuerdo con el reporte oficial, en el laboratorio había 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de precursores químicos sólidos.

La dependencia no detalló en el comunicado la identidad de alguna organización criminal a la que pertenezca el laboratorio ni informó sobre personas detenidas durante el operativo, pero en la zona opera principalmente en Cártel de Sinaloa.

Tampoco se precisó qué tipo de droga sintética se habría producido específicamente en el inmueble.

Sin embargo, el aseguramiento de los equipos y sustancias permitió a las autoridades inhabilitar el sitio, evitando que continuara siendo utilizado para actividades relacionadas con la producción de drogas.

El operativo también implicó el aseguramiento de diversos instrumentos empleados para el manejo de sustancias químicas, entre ellos tres destiladores, dos centrifugadoras y tres mezcladoras.

A estos objetos se sumaron una báscula, ventiladores, tres bombas de agua y distintas herramientas localizadas dentro del inmueble.

Sinaloa, uno de los principales objetivos contra drogas sintéticas

El aseguramiento ocurre en un contexto de operativos federales contra la producción y distribución de drogas sintéticas en Sinaloa, donde las autoridades han intensificado las acciones para localizar instalaciones utilizadas por organizaciones criminales.

La estrategia del Gabinete de Seguridad contempla la coordinación entre instituciones federales para intervenir puntos vinculados con actividades ilícitas y decomisar sustancias y materiales utilizados para fabricar narcóticos.

En este caso participaron elementos de la Semar, la SSPC y la FGR, quienes llevaron a cabo las acciones en el poblado de Las Tinajas, perteneciente al municipio de Elota.

El Gobierno de México señaló que este tipo de operativos buscan debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas, además de evitar que las sustancias lleguen al mercado y afecten a la población.

El laboratorio localizado en Elota se suma así a los aseguramientos de instalaciones clandestinas y precursores químicos realizados durante los últimos meses en Sinaloa.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen de las sustancias, el propósito de los equipos asegurados y, en su caso, establecer quiénes estarían detrás de la operación del inmueble.

Contexto: narcolaboratorios también son detectados en California

El aseguramiento en Sinaloa ocurre mientras autoridades de Estados Unidos también han reportado operativos contra instalaciones clandestinas dedicadas a la producción de metanfetamina.

Reciéntemente, a Administración de Control de Drogas (DEA) desmanteló un laboratorio clandestino en una zona rural del Valle Central de California y detuvo a cinco personas originarias de Sinaloa.

En aquella operación fueron asegurados aproximadamente 970 kilos de metanfetamina, entre producto sólido y líquido, además de armas de fuego y dinero en efectivo.

La intervención contó con la participación de agentes de la DEA y autoridades de los condados de Kern y San Bernardino. Debido a la presencia de sustancias químicas peligrosas, también fue necesaria la intervención de una unidad especializada en materiales peligrosos.

Mientras en Estados Unidos las autoridades han reforzado las investigaciones contra laboratorios vinculados con la producción de metanfetamina, en Sinaloa las instituciones federales mantienen operativos para localizar y desmantelar instalaciones clandestinas y asegurar precursores químicos antes de que sean utilizados para fabricar drogas sintéticas.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cinco personas por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, entre ellas Erik Gutiérrez Cossío, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística de Benito Juárez, Quintana Roo.

Los otros cuatro imputados son Jumilca Sandivel “N”, Reyna Manuela “N”, Eva “N” y Ernesto “N”.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y comenzó en 2025. Según la FGR, los cinco posiblemente forman parte de una red dedicada al tráfico de personas con operaciones en Chiapas, en la frontera con Guatemala, Chihuahua y la zona fronteriza con Estados Unidos.

El proceso judicial se inició después de una serie de cateos realizados en tres inmuebles de Chiapas y Quintana Roo. Las diligencias fueron autorizadas por un juez y contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante los operativos fueron detenidas las cinco personas, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión. También fueron asegurados un arma larga, ocho cartuchos útiles, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Erik Gutiérrez Cossío, mando de la Policía Turística de Cancún

Entre los vinculados a proceso se encuentra Erik Gutiérrez Cossío, quien hasta su detención se desempeñaba como titular de la Unidad Operativa de la Dirección de la Policía Turística del municipio de Benito Juárez.

Documentos oficiales del Ayuntamiento de Benito Juárez lo identifican como encargado del despacho de la Dirección de la Policía Turística, adscrita a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Su detención había trascendido desde finales de septiembre, cuando fue capturado durante un operativo federal en Cancún y posteriormente trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese momento, el Registro Nacional de Detenciones confirmó su captura, aunque todavía no se habían hecho públicos los delitos que se le atribuían. Versiones periodísticas señalaban que el caso estaba relacionado con una investigación federal iniciada en 2025.

Con la audiencia celebrada posteriormente, la FGR confirmó que Gutiérrez Cossío se encuentra entre las cinco personas procesadas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

Jumilca Sandivel Hernández, señalada en una investigación internacional

El caso de Jumilca Sandivel “N” tiene antecedentes en Estados Unidos. En julio de 2024, un gran jurado federal del Distrito de Nuevo México la acusó, junto con otros integrantes de la organización “López”, de participar en una conspiración para transportar y albergar migrantes en situación irregular. El Departamento de Justicia estadounidense señaló entonces que integrantes de esa red coordinaban el traslado de personas desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a Jumilca Sandivel en marzo de 2025 y la identificó como una integrante vinculada a la “Lopez Human Smuggling Organization”, organización que Washington considera una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes.

De acuerdo con versiones periodísticas sobre la investigación que ahora lleva la FGR, Jumilca Sandivel “N” sería una de las personas que presuntamente encabezaban la estructura de “Los López”, con operaciones en Ciudad Juárez y presencia en Guatemala y Estados Unidos. Esa versión también apunta a una relación de la organización con integrantes de “La Línea”.

La acusación estadounidense de 2024 sí documentó una relación entre integrantes de la organización “López” y un miembro identificado como parte del Cártel de La Línea, quien presuntamente colaboraba para facilitar el cruce de migrantes desde Guatemala, a través de México, hacia Estados Unidos.

La red de “Los López” fue investigada por Estados Unidos desde 2024

El Departamento del Tesoro estadounidense informó en julio de 2024 que la organización “López” tenía su base en Guatemala y había trasladado a miles de personas desde ese país, a través de México, hacia Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, la estructura utilizaba documentos mexicanos falsificados y pagaba cuotas a organizaciones criminales para facilitar el tránsito de migrantes por territorio mexicano. También contaba con autobuses para transportar a grupos numerosos y utilizaba inmuebles en la frontera suroeste de Estados Unidos para alojar a las personas antes de continuar su recorrido.

En esa misma investigación, el Departamento de Justicia señaló que Ronaldo Galindo López Escobar, conocido como “Tío Roni”, encabezaba la organización desde Guatemala y que otros integrantes coordinaban con traficantes mexicanos, entre ellos Jumilca Sandivel “N”, para trasladar personas desde Guatemala hacia México y posteriormente a Estados Unidos.

Los cinco permanecerán en prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y posteriormente resolvió vincular a proceso a las cinco personas después de que el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba relacionados con la investigación.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Los hombres fueron enviados al CERESO número 3 y las mujeres al CERESO Femenil número 2, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR podrá reunir nuevos elementos para determinar la posible participación de cada uno de los imputados y profundizar en la estructura de la red investigada.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no ha informado públicamente qué función específica habría desempeñado cada uno de los cinco procesados dentro de la presunta organización.

Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano impuso este 4 de octubre la medida cautelar de prisión preventiva justificada al capitán de corbeta retirado, Miguel Ángel “N”, conocido como el Capitán Sol, detenido tres días antes en Zapopan, Jalisco, tras casi un año prófugo por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

La audiencia, realizada por videoconferencia dentro de la causa penal 325/2025 —la misma que involucra a los hermanos Farías Laguna—, se extendió por casi ocho horas. La Fiscalía General de la República aportó más de medio centenar de elementos de prueba; el exmilitar se reservó su derecho a declarar y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial determinará el jueves si lo vincula a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Cerca de 300 días prófugo entre Europa y domicilios en México

Miguel Ángel Solano Ruiz fue localizado la noche del 1 de octubre en el fraccionamiento residencial Villa Verona, en Zapopan, donde las viviendas llegan a costar hasta 17 millones de pesos, según portales inmobiliarios. Fue sorprendido en short y playera y no opuso resistencia al cateo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la localización fue resultado de cerca de 300 días de labores de inteligencia que permitieron identificar diversos domicilios en el país, así como movimientos del exmarino en Francia, Grecia, Mónaco y España.

En octubre de 2025, el periodista Rubén Mosso reportó que una jueza federal le había concedido una suspensión provisional que detuvo temporalmente la primera orden de aprehensión en su contra.

Tras su captura, fue trasladado vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca para su ingreso al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El operador que reclutaba, sobornaba y distribuía el dinero

Según Reforma, Solano Ruiz pasó a situación de retiro el 16 de febrero de 2018 y desde esa fecha dejó de pertenecer al servicio activo de la Armada de México. Antes de su salida, se desempeñó como coordinador externo en Aduanas, cargo que le permitió construir la red de contactos que después operaría para el esquema de contrabando.

Al interior de la Marina era conocido con distintos apodos: “Sol”, “Mike”, “MK”, “Fantasma” y, según documentó el periodista Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, también como “El Rey del Fentanilo”. Olmos explicó a Radio Fórmula que este último alias añade un nivel de gravedad al caso, pues existen señalamientos adicionales que lo vinculan no solo al contrabando de combustible, sino también al tráfico de drogas sintéticas.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR en torno al huachicol fiscal, Miguel Ángel Solano Ruíz operaba junto con su presunto cómplice Clímaco Aldape Utrera, capitán de navío, como enlace con los titulares de aduanas de Tampico, Veracruz y Ensenada.

Pese a recibir una pensión mensual de 18,785 pesos como exmilitar retirado, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentan que Solano Ruiz realizó 543 movimientos bancarios entre junio de 2020 y diciembre de 2024: 79 ingresos por cerca de 5.2 millones de pesos y 464 egresos por aproximadamente 4.8 millones.

La FGR documentó también 400 avisos de operaciones relacionados con juegos de apuestas entre 2015 y 2023, con un gasto atribuido de 52,128,239 pesos. En 2025 habría adquirido una joyería por más de 400,000 pesos, y entre 2018 y 2025 gastó más de 6 millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

El testimonio que lo coloca invocando el nombre de Andy

El capitán Solano Ruiz aparece en al menos dos testimonios ministeriales como la persona que invocó el nombre de Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para destrabar el zarpe de un buque cargado con combustible de contrabando.

Según el acta ministerial del testigo identificado con las iniciales JCSP, difundida por el periodista Arturo Ángel, el 21 de marzo de 2025 Solano le dijo que avisarían “al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso”. El mismo testigo añadió: “Esto es solo para tus ojos”.

El documento detalla que, mientras la Fiscalía de Sonora se dirigía al puerto de Guaymas, Solano ordenó frenar la operación de los equipos de UNAPROP y aseguró que ya estaba resuelto “a nivel central”. En una hora, el buque Torm Agnes había concluido maniobras de zarpe antes de que llegara el personal ministerial.

El testigo relata que, pasados los hechos, un operador identificado como Ernesto Cordero repartió 1 millón 500,000 pesos en sobornos entre el personal aduanal involucrado.

El periodista Raúl Olmos, autor del libro El huachicol fiscal, la madre de todas las estafas, explicó en entrevista con Radio Fórmula que existe otra declaración independiente que involucra al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la declaración del capitán Alejandro Torres Joaquín, alias “Santo”, exdirector de la aduana de Tampico, fechada el 13 de mayo de 2025. Según Olmos, éste relató que Solano le respondió, cuando le advirtió sobre el riesgo de que se detectara el contrabando: “Me contestó que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad, Harfuch, y el hijo del presidente, pero que ya habían llegado a un acuerdo”.

Olmos subrayó que en ninguno de los casos la Fiscalía profundizó el interrogatorio para precisar a cuál hijo de López Obrador se referían ni qué tipo de “acuerdo” existía.

“Cuando uno lee el expediente y lee las declaraciones, es bien curioso cómo se corta abruptamente el interrogatorio y lo cambian a otro tema”, dijo.

A finales de septiembre, el diario The New York Times reportó que agencias estadounidenses analizaban de forma informal posibles vínculos de López Beltrán con el contrabando de combustible.

Sin embargo, la FGR encabezada por Ernestina Godoy ha dicho que es falso que se le esté investigando al hijo de AMLO: “no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Una “flota oscura” vinculada al CJNG y más de cien empresas bajo la lupa

Arturo Ángel, director editorial de Entorno Mx, coincidió en entrevista en el mismo medio, en que otro testigo colaborador, con grado de almirante, relató la misma frase atribuida a Solano. Detalló que el Torm Agnes fue identificado previamente por la agencia Reuters como parte de una “flota oscura” vinculada a una empresa fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ángel precisó que la carpeta de investigación de la que emanan las órdenes de aprehensión contra Solano y los demás implicados contiene más de 100 empresas mencionadas, lo que apunta a una estructura que trasciende a los operadores ya detenidos.

El periodista agregó que la Casa Blanca, en un pronunciamiento enviado al Capitolio sobre la situación de los cárteles en México, mencionó el control de aduanas como uno de los pendientes de la agenda bilateral de seguridad.

La defensa de los Farías Laguna exige citar al exsecretario Ojeda Durán

El abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, dijo a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula que sus defendidos no tuvieron contacto directo con Capitán Sol ni recibieron dinero de su parte, según la revisión de las intervenciones telefónicas realizada por la Fiscalía.

Mendieta afirmó que el fallecido contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar intentó reclutar a Fernando Farías Laguna en 2022 para integrarse a la red, propuesta que este habría rechazado, de acuerdo con una carta que el propio contralmirante entregó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El abogado insistió en que la Fiscalía mantiene pendiente desde el 27 de agosto la orden judicial para localizar y hacer comparecer a Ojeda Durán, quien figura como asesor del actual titular de la Semar, Raymundo Morales.

Calculó la afectación al erario federal atribuida a la red en 740,000 millones de pesos y cuestionó que, pese a esa cifra, no se haya citado a declarar a ningún funcionario de primer nivel del sexenio de López Obrador.

El 11 de junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar acusó directamente al Capitán Sol ante el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, en una reunión que posteriormente fue grabada y difundida. Ojeda le pidió entregar su testimonio por escrito, y tres días después, el 14 de junio de 2024, Guerrero Alcántar presentó la carta formal.

El contralmirante fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, meses después de haber señalado directamente a Solano ante la cúpula naval.

La Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado previamente al “Grace” el 5 de septiembre en el mar Caribe, entre Cuba y México, cuando presuntamente transportaba combustible con destino a la isla, empleando tácticas de evasión propias de flotas clandestinas, de acuerdo con la agencia Reuters. Según el comunicado de la propia Guardia Costera, citado por Reuters este 2 de octubre, un equipo de inspección de la Armada mexicana confirmó después grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre del buque, aunque esa información no está presente en el mensaje oficial de la Semar.

El aseguramiento se dio en coordinación con la FGR y autoridades portuarias

La Armada de México, a través de la Quinta Región y la Novena Zona Naval, informó que el aseguramiento del “Grace” fue resultado de una operación conjunta entre la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Aduana de Progreso, la Capitanía de Puerto Regional de Progreso y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado oficial -con fecha del mes de septiembre y día 17- la intervención se derivó de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, en las que cada dependencia actuó conforme a sus protocolos respectivos. La Semar señaló que las instituciones participantes actuaron en estricto apego a la normatividad nacional e internacional, conforme a los instrumentos establecidos por la Organización Marítima Internacional.

El aseguramiento se produjo en el marco de la estrategia nacional de seguridad. La Secretaría de Marina indicó que la acción buscaba garantizar la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho, y refrendó su compromiso de combatir cualquier actividad que atentara contra la seguridad y la protección de los intereses marítimos nacionales. La dependencia agregó que la intervención contribuía al fortalecimiento de las medidas de seguridad y vigilancia en los puertos del país, sin mencionar las suposiciones de que la embarcación tenía como destino final Cuba.

La Guardia Costera de EEUU escoltó al buque hasta México antes del aseguramiento formal

Un equipo de la Guardia Costera estadounidense abordó el “Grace” en altamar y lo escoltó hasta territorio mexicano, donde se realizó la inspección que determinó las presuntas violaciones ambientales, según el comunicado de la Guardia Costera reproducido por Reuters. El buque también transportaba varios contenedores que, de acuerdo con la misma fuente, se creía contenían combustible ilícito.

El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Reuters: “Alta mar no es un refugio para la ilegalidad. Quienes operan en la clandestinidad y emplean tácticas engañosas para llevar a cabo actividades ilícitas no escaparán a la justicia”.

El reporte de la agencia de noticias, firmado por Katharine Jackson, se publicó este 2 de octubre de 2026. El texto no precisó cómo las autoridades determinaron que el combustible tenía como destino final Cuba, ni la cantidad exacta que transportaba el buque. El diario The New York Times reportó, por su parte, que la embarcación medía 91 metros de eslora, cifra que difiere de los 100.8 metros señalados por la Semar en su comunicado oficial.

El contexto: bloqueo petrolero contra Cuba tras la caída de Maduro

La interceptación del “Grace” ocurrió en medio del bloqueo petrolero que la administración de Donald Trump mantiene contra Cuba desde principios de 2026, el cual ha generado escasez de combustible y apagones agravados por el deterioro de la infraestructura eléctrica de la isla.

Los envíos de petróleo procedentes de los proveedores tradicionales de Cuba —Venezuela y México— cesaron de forma abrupta después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026. Desde entonces, la Guardia Costera estadounidense patrulla las aguas cercanas a la isla, mientras sanciones y amenazas han disuadido a otros petroleros incluso de zarpar hacia territorio cubano.

El gobierno de Estados Unidos no ofreció detalles adicionales sobre el destino final del “Grace” tras su aseguramiento en el puerto de Progreso, y la Secretaría de Marina tampoco especificó una fecha para la conclusión del proceso legal derivado de las presuntas infracciones ambientales detectadas en la embarcación.

Miguel Angel Solano Ruiz, alias El Capitán Sol, llegó este viernes antes del medio día al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, tras ser detenido durante la madrugada por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El Capitán Sol es un capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país.

Detención de “Capitán Sol”

La Secretaría de Marina informó la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, capturado este viernes en Zapopan, Jalisco, por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El operativo se realizó tras trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, según el comunicado de la Semar. En la acción participaron también la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Miguel Ángel Solano Ruiz es identificado en investigaciones previas como “El Capitán Sol”, capitán de corbeta retirado de la Marina y presunto líder de una red de huachicol fiscal operada desde aduanas marítimas del país. La causa penal 325/2025 la FGR lo señala como pieza central del esquema, encargado de gestionar pagos a funcionarios aduanales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su arresto ocurrió en un inmueble ubicado en las calles Siena y Águila, en la colonia San Juan Ocotán, en Zapopan, Jalisco. Miguel Ángel N fue aprehendido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia a cargo de Omar García Harfuch, a las 00:52 horas de este viernes. En el lugar, se cumplimentó una orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Al momento de su detención, a Solano Ruiz le fueron leídos sus derechos y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Asimismo, ya fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso judicial.

El Capitán Sol, se informó, se encuentra en traslado bajo la custodia de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, detallaron autoridades, el detenido estuvo involucrado en el desembarque de 31 buques en aduanas de Altamira y Tampico, con los cuales, se cometió, presuntamente, el paso de combustible.

“Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Seguiremos informando sobre los resultados de estas acciones”, posteó la Secretaría de Marina en su cuenta de X.

De acuerdo con la ficha difundida por el Registro Nacional de Detenciones, Solano Ruiz tiene una estatura aproximada de 1.65 metros, es de tez morena clara y complexión delgada media, cabello oscuro, barba y bigote cortos, y al momento de su detención, vestía un abrigo color café a cuadros, un pants color negro, zapatos mocasines negros, una gorra color azul con la leyenda París.

Por medio de un comunicado, la Semar informó que se realizaron labores de inteligencia y análisis de información técnica que permitieron identificar diversos domicilios en el país relacionados con el detenido, así como movimientos en Francia, Grecia, Mónaco y España.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes cercanas al caso a Infobae México, Miguel Angel Solano Ruiz es identificado dentro de las investigaciones como presunto integrante de la red delictiva conocida como “Los Primos” y como colaborador de los hermanos Farías.

Además, es uno de los objetivos pendientes de localización y detención dentro de esta línea de investigación y con su captura se avanza sobre otro de los presuntos operadores vinculados con esta estructura.

Su detención fortalece las investigaciones que se siguen en torno a los hermanos Farías, al permitir profundizar en la identificación de participantes, funciones, vínculos y mecanismos de operación de la presunta red. Las investigaciones identifican a Solano Ruiz como un presunto enlace en la coordinación de embarcaciones, permisos y documentación aduanera relacionados con operaciones de introducción irregular de combustibles.

La orden ejecutada para su detención corresponde a la causa penal 325/2025, por su probable participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Ya lo habían relacionado con apuestas por 60 mdp

Cabe destacar que en septiembre de 2025, hace poco más de un año, se dio a conocer que Solano Ruiz recibía, de su retiro, 18 mil 785 pesos mensuales, sin embargo, en 5 años, había gastado más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y casinos.

Desde entonces se le acusaba de ser parte de la red de corrupción en las Aduanas para permitir que entrara huachicol fiscal.

De 2015 a 2023 el hipódromo y lo casinos reportaron 400 alertas a las autoridades hacendarias, por las apuestas del Capitán Sol, de acuerdo con la investigación de la FGR.

Aunado a esto, tenía 11 cuentas bancarias y había adquirido 8 inmuebles (seis en Veracruz y dos en la CDMX) por 13 millones de pesos.

“No es congruente cómo un jubilado pueda llevar una vida con gastos superiores a 60 millones de pesos, siendo evidente que rebasan sus percepciones como asalariado, tiene un alto manejo de efectivo identificado para el pago de bienes inmuebles y juegos de azar (apuestas), y ha sido señalado por instituciones bancarias por formar parte de una red criminal relacionada con huachicol fiscal”, señaló la FGR.

Solano Ruiz, además, recibió 5 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República, de acuerdo con la indagatoria.

La Secretaría de Marina (Semar) ejecuta cateos en distintas alcaldías de la Ciudad de México durante la mañana de este viernes 2 de octubre. Infobae México pudo confirmar que personal naval mantiene un operativo en seis inmuebles sin que hasta el momento que haya informado el motivo del operativo federal.

Usuarios en redes sociales informaron sobre la presencia de vehículos oficiales y personal armado desde temprana hora en algunas colonias, como la Peralvillo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó en su cuenta X que, en conjunto con el Gabinete de Seguridad, cumplimentaron tres órdenes de cateo inmuebles de las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

En el operativo participaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, así como de la Marina y la Guardia Nacional (GN).

Según las autoridades, los inmuebles eran “posiblemente utilizados” para el almacenamiento de motocicletas robadas y la venta de narcóticos. En estas acciones se detuvieron a dos personas y aseguraron dos armas cortas, un arma larga, diversas dosis de droga.

Al parecer, estos sujetos se dedican al robo de motocicletas mediante intimidación física y verbal, así como con el uso de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones policiales, se tiene conocimiento de que ambos hombres, al parecer, forman parte de un grupo delictivo dedicado al robo de motocicletas, el cual opera al oriente de la CDMX.

Hasta el momento las autoridades no han informado si estos cateos tienen relación con el operativo de la Marina.

La Marina detuvo a tres personas en dos cateos en Gustavo A. Madero el 1 de octubre

Un día antes de los reportes de este viernes, la Secretaría de Marina sí confirmó una intervención distinta en la capital. La Armada de México, a través de la Región Naval Central, informó la detención de tres personas en dos diligencias de cateo realizadas en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La primera diligencia se desarrolló en un domicilio de la colonia Constitución de la República. En ese lugar se detuvo a tres personas y se aseguraron 135 dosis de una sustancia con características de marihuana, 23 dosis con características de cocaína y un vehículo.

El segundo cateo tuvo lugar en un inmueble de la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección. Ahí se encontraron 1,5 kilogramos de presunta marihuana, dos armas de fuego y 40 cartuchos de distintos calibres.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes tras la lectura de sus derechos. La Secretaría de Marina indicó entonces que esas acciones buscaban coadyuvar con los tres órdenes de gobierno en el mantenimiento del Estado de derecho.

Ocho detenidos en cateos simultáneos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Otro operativo reciente en la capital involucró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. La acción conjunta derivó en la detención de ocho personas vinculadas a una célula dedicada al narcomenudeo.

Las intervenciones se concentraron en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con presencia también en Álvaro Obregón. Un juez de control había otorgado tres órdenes de cateo tras un proceso de investigación previo.

Dos de los cateos se ejecutaron de forma simultánea en distintas habitaciones de un hotel sobre avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos. En ese sitio se aseguraron dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina, además de tres teléfonos celulares.

El tercer cateo se realizó en un domicilio de la calle Barranquilla, en la colonia Daniel Garza al Norte. Ahí se detuvo a un hombre y una mujer en posesión de más de 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel.

Entre los detenidos se encontraba Alexis G, identificado con el alias El Ojos y General como presunto líder de la célula delictiva. Las autoridades señalaron que coordinaba la venta y distribución de droga en puntos estratégicos de las tres alcaldías mencionadas.

La Secretaría de Marina participa de forma recurrente en operativos de seguridad en la capital

La participación de elementos navales en acciones dentro de la Ciudad de México no corresponde a un hecho aislado. La Armada de México ha sumado personal a esquemas de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía capitalina y la Guardia Nacional en distintas fechas recientes.

Uno de esos esquemas se denominó Operación Limpieza y combinó a la Secretaría de Marina con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esa acción se enfocó en establecimientos del Centro Histórico y derivó en el aseguramiento de cientos de productos relacionados con videojuegos y consolas.

Las autoridades capitalinas han señalado en operativos previos que las intervenciones se realizan sin uso de la fuerza y bajo apego a los derechos humanos. Ese mismo criterio se aplicó en los cateos de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero documentados en los días anteriores a los reportes de este viernes.

El patrón de coordinación entre dependencias federales y locales se repite en gran parte de los operativos recientes contra el narcomenudeo en la capital. Esa coordinación incluye investigaciones previas, labores de inteligencia en campo y la obtención de órdenes judiciales antes de cualquier intervención.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial sobre los presuntos seis cateos de esta mañana, la información disponible se limita a lo publicado por usuarios en redes sociales. Esta nota se actualizará en caso de que la Secretaría de Marina, la Fiscalía capitalina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitan un comunicado al respecto.

Durante la operación, señaló el secretario de Seguridad, fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalente a cerca de 2 millones de unidades, además de cuatro máquinas utilizadas para su elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos. Además, se detuvo a tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense.

“La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”, concluyó el titular de la SSPC.

Junto con la información, se compartieron fotos y un video sobre el hecho.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos

Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron el aseguramiento precautorio de 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las autoridades.

El embarque procedía de Pekín, China, y había sido declarado documentalmente como palillos perfumados. Sin embargo, dentro de las cajas se localizaron cigarrillos de procedencia irregular, según confirmó la revisión especializada realizada por personal aduanero.

El aseguramiento se dio a conocer el pasado 21 de septiembre y ocurrió cuando efectivos detectaron un embarque con destino a territorio nacional que no coincidía con su documentación. En lugar de palillos perfumados, la mercancía contenía 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2.4 millones de unidades, con un peso total de 3 mil 983 kilos. El cargamento estaba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

Este tipo de operativos responde a una pregunta recurrente sobre el contrabando de tabaco en México: los cargamentos ilegales suelen ingresar al país declarados como productos distintos a los que realmente transportan, con el fin de evadir los controles arancelarios. En este caso, la simulación fue registrar cigarrillos como palillos perfumados para sortear la inspección aduanera.

De acuerdo con el comunicado, la mercancía fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. Estos sistemas permitieron identificar elementos que ameritaron una inspección especializada del embarque.

Fue durante esa revisión que se confirmó la inconsistencia entre la documentación de transporte y el contenido real de las cajas, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

La mercancía fue asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM. Este procedimiento es habitual en este tipo de aseguramientos: la mercancía queda bajo resguardo hasta que se completan las diligencias legales y técnicas necesarias para definir su destino final, ya sea la destrucción, el decomiso definitivo o cualquier otra resolución conforme a la legislación aplicable.

Según el comunicado conjunto, este aseguramiento representa una medida para la protección de la Seguridad Nacional. Las autoridades argumentaron que impide el posible ingreso de productos apócrifos que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual. El documento también señaló que este tipo de mercancía representa riesgos para la salud pública y fortalece los esquemas de comercio ilícito utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando.

A casi nueve meses de la desaparición del teniente activo de la Marina Iván Daniel Robles Guillermo, su familia mantiene la búsqueda y exige a las autoridades acelerar las investigaciones para establecer su paradero.

El teniente, de 44 años de edad, desapareció después de salir del puerto de Veracruz, donde radica, con dirección a Valle de Bravo, Estado de México, el pasado 7 de enero. Desde esa fecha, sus familiares no han tenido información que permita establecer dónde se encuentra.

La desaparición dio lugar a una investigación en Puebla debido a que, días después de que se perdió contacto con el marino, su vehículo fue localizado en las inmediaciones del municipio de Amozoc.

De acuerdo con sus familiares, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) abrió la carpeta de investigación 046/2026, mediante la cual se han realizado diligencias encaminadas a localizar al teniente.

Localizan su vehículo cuatro días después

Uno de los principales elementos con los que cuentan las autoridades para reconstruir los últimos movimientos de Robles Guillermo es el hallazgo de su automóvil.

Cuatro días después de su desaparición, el vehículo fue localizado en una brecha cercana a Amozoc, Puebla. Durante las diligencias realizadas en el automóvil, elementos ministeriales encontraron algunas pertenencias del teniente, entre ellas un teléfono celular.

El hallazgo del vehículo en una zona distinta a su punto de partida incrementó la incertidumbre entre sus familiares, quienes desde entonces esperan que las investigaciones permitan establecer qué ocurrió durante el trayecto y cuáles fueron sus últimos movimientos conocidos.

Hasta ahora, la Fiscalía estatal no ha informado públicamente cuáles son las líneas de investigación que sigue para esclarecer la desaparición del integrante activo de la Marina.

La familia, mientras tanto, continúa a la espera de información oficial que permita conocer si las autoridades han identificado algún indicio que conduzca a su localización.

Familia señala falta de una línea clara de investigación

Los familiares del teniente también señalaron que, hasta el momento, no existe una línea clara de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque la ficha de búsqueda de Iván Daniel Robles Guillermo permanece activa.

Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares han decidido mantener una estrategia propia de búsqueda de manera paralela a las acciones emprendidas por las autoridades.

La familia ha reiterado su esperanza de encontrarlo y pidió que las instituciones encargadas del caso refuercen y aceleren las labores de investigación y localización.

La desaparición de Robles Guillermo ocurre mientras distintas autoridades mantienen mecanismos de búsqueda para personas cuyo paradero se desconoce. En su caso, el hecho de que se trate de un teniente activo de la Marina y que su vehículo haya sido encontrado días después en una brecha de Amozoc forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente que el teniente haya sido localizado, ni se han dado a conocer detalles sobre su posible ubicación.

La familia permanece a la espera de avances y continúa con la búsqueda por sus propios medios, mientras la carpeta de investigación permanece abierta.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de ocho kilos de cocaína ocultos dentro de piezas de artesanía en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La mercancía viajaba en el equipaje documentado de un pasajero procedente de Lima, Perú.

Los elementos hallaron la droga al revisar 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio. El equipo de inspección no intrusiva Gemini confirmó que el polvo blanco correspondía a cocaína base libre.

La revisión de equipaje reveló 20 bolsas con droga dentro de las artesanías

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes de la ANAM detectaron irregularidades en la estructura de las piezas artesanales durante la inspección de rutina. Cada una de las 20 figuras ocultaba en su interior una bolsa de plástico con polvo blanco.

El análisis químico posterior confirmó la naturaleza de la sustancia. El resultado arrojó cocaína base libre con un peso total de 8.640 kilogramos, distribuidos entre las 20 bolsas.

La combinación de tecnología y trabajo manual permitió el hallazgo en pocas horas. El equipo Gemini detectó las anomalías físicas y los agentes confirmaron el contenido con pruebas químicas en el sitio.

Este tipo de procedimiento responde a un protocolo específico para vuelos internacionales de riesgo. Las autoridades aplican revisiones reforzadas a equipajes documentados que provienen de países productores de cocaína, como Perú y Colombia.

El pasajero quedó a disposición del Ministerio Público Federal

La ANAM y la Semar pusieron la mercancía y al pasajero a disposición de las autoridades correspondientes. La Fiscalía General de la República deberá determinar la situación jurídica del viajero en los próximos días.

Las corporaciones no revelaron la identidad del detenido ni datos adicionales sobre su nacionalidad. El caso quedó abierto para determinar el origen y el destino final del cargamento.

Ambas dependencias reiteraron su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas contra el ingreso de mercancía ilícita. El comunicado oficial destacó el uso de tecnología especializada como herramienta central para salvaguardar la seguridad nacional.

Un vocero de la dependencia explicó que “las labores de inspección y el uso de tecnología especializada contribuyen a salvaguardar la seguridad nacional”, según el comunicado difundido por el Gabinete de Seguridad. La declaración resume el enfoque que las autoridades aplican en la terminal capitalina desde hace meses.

El AICM registró otros decomisos de droga oculta en objetos similares

El aeropuerto capitalino acumula varios casos recientes de narcóticos escondidos en artículos cotidianos. En agosto, un binomio canino identificado como Max IV localizó más de 200 kilogramos de metanfetamina y paquetes con hojas de coca en un mismo día de inspecciones.

Ese mismo operativo incluyó el hallazgo de 18 paquetes de hoja de coca dentro de la maleta de un pasajero también procedente de Lima. La coincidencia en el origen del vuelo repite un patrón que las autoridades ya monitorean de forma reforzada.

En mayo, elementos de la Semar detuvieron a un hombre que transportaba 8.8 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una silla de ruedas. El decomiso representó una afectación económica de más de un millón 900 mil pesos a grupos delictivos, de acuerdo con datos publicados por El País.

En abril, la Semar detuvo a una persona extranjera cuyo equipaje contenía lienzos con droga mezclada en la pintura. Días antes, la FGR había vinculado a proceso a una mujer colombiana detenida en la Terminal 2 con 14 botellas que contenían cocaína líquida, según reportó Infobae.

En septiembre de 2025, las autoridades detectaron más de una tonelada de presunta cocaína base en un cargamento declarado como café tostado y molido. Ese mismo mes, un decomiso adicional reveló ocho kilogramos de polvo de hojas de coca ocultos dentro de suplementos de moringa procedentes de Colombia.

A finales de noviembre pasado, agentes de la Marina aseguraron 271 paquetes de cocaína en la Terminal 2 del AICM, con un peso aproximado de 270 kilogramos. Aquel decomiso, valuado en unos 92 millones de pesos, permitió detectar indicios de una red que introducía paquetes en vuelos comerciales con destino a Tijuana, Baja California.

La reiteración de casos en el AICM muestra un patrón de organizaciones que utilizan objetos artesanales, prendas, alimentos y hasta mobiliario médico para camuflar droga. Las autoridades federales mantienen desde entonces revisiones reforzadas para vuelos procedentes de países productores de cocaína en Sudamérica.

Los votantes de Miami decidirán el 3 de noviembre si autorizan un plan privado de USD 80 millones para renovar y administrar las marinas de Virginia Key, una iniciativa que enfrenta posturas contrapuestas por sus posibles efectos ambientales, el acceso público a la costa y el uso futuro de terrenos municipales.

La medida, identificada como Referéndum 3, propone habilitar el arrendamiento y la modernización de casi 11 hectáreas de suelo público en las cercanías de las marinas Rickenbacker y Miami Marine Stadium. El proyecto fue presentado por Virginia Key LLC, una alianza entre RCI Group y Suntex Marinas.

CBS Miami informó que la consulta se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral local. Quienes respaldan la propuesta sostienen que permitirá actualizar instalaciones deterioradas y generará ingresos estables para la ciudad. Sus detractores advierten que el desarrollo puede profundizar las presiones sobre la bahía Vizcaína y restringir el carácter público del frente costero.

El proyecto contempla arrendar casi 11 hectáreas de terreno municipal

El plan sometido a votación habilitaría a los desarrolladores a renovar y explotar las marinas situadas en Virginia Key, una isla ubicada al este de Miami y conectada con la ciudad a través de la calzada Rickenbacker.

De aprobarse, el acuerdo contemplaría una inversión privada estimada en USD 80 millones, destinada a la infraestructura marina y a las áreas vinculadas con los muelles. La propuesta incluye un contrato por el cual la ciudad recibiría una renta mínima anual de USD 2,2 millones, además del 6 % de los ingresos brutos que generen las marinas.

Robert Christoph, presidente de RCI Marine, sostuvo ante CBS Miami que el debate debe centrarse en la contraprestación que recibirá la ciudad. “Los votantes pueden decidir qué quieren que les aporte su activo, no solo como destino y acceso al agua, sino también en términos de la cantidad adecuada de dinero que debe pagárseles”, afirmó.

Los promotores presentan el proyecto como una forma de rehabilitar una zona que consideran subutilizada. La aprobación popular es necesaria debido a que los terrenos pertenecen al municipio y la iniciativa plantea un arrendamiento de largo alcance para operadores privados.

La protección de la bahía Vizcaína concentra las críticas ambientales

Las organizaciones opositoras colocaron el impacto ecológico en el centro de la discusión. Sus representantes alertaron sobre el deterioro de las praderas de pastos marinos y los problemas de calidad del agua en la bahía Vizcaína, un ecosistema costero sometido a presión por el desarrollo urbano y la actividad náutica.

Laura Reynolds, asesora de políticas de Friends of Biscayne Bay, aseguró al medio que la situación exige precaución. “Estamos en un punto de inflexión en la bahía Vizcaína, donde tenemos que proteger los pastos marinos y la calidad del agua”, declaró.

En respuesta, Suntex Marinas afirmó que el diseño incorpora medidas de protección ambiental. Entre ellas figuran los llamados muros costeros vivos, estructuras impresas en tres dimensiones que buscan reproducir hábitats naturales, como las raíces de los manglares. La empresa sostiene que estos elementos pueden favorecer la presencia de especies marinas junto a las instalaciones.

No obstante, los críticos cuestionan que una obra de esta escala pueda desarrollarse sin agravar las condiciones del entorno. El Referéndum 3 no resuelve en forma definitiva cada detalle técnico de la construcción, pero habilitaría el marco para que el proyecto avance.

El futuro de los inquilinos actuales también entra en la campaña

La situación de los comercios que hoy operan en el área se sumó a la controversia. Adam Gersten, propietario del restaurante frente al agua Gramps Getaway y opositor de la iniciativa, señaló que su negocio funciona bajo un contrato mensual, pese a haber invertido más de USD 500.000 en el establecimiento.

Gersten indicó que el alquiler base ronda los USD 4.700 mensuales y que, al sumar otros costos, el desembolso asciende a cerca de USD 15.000 por mes. El empresario planteó que la votación debe evaluarse por las condiciones del acuerdo propuesto y no por su caso particular.

“El referéndum no trata sobre Adam Gersten ni sobre Gramps Getaway. Trata sobre Suntex, RCI y la propuesta para la marina que hicieron hace 10 años”, manifestó en declaraciones recogidas por CBS Miami.

Los opositores sostienen que la renovación podría priorizar embarcaciones de alto costo. David Filler, director de desarrollo de Suntex Marinas, rechazó esa caracterización y aseguró que el proyecto solo prevé alrededor de cinco amarres para barcos de más de 30 metros. “No se parece en nada a una marina para megayates”, afirmó.

La decisión quedará en manos de los electores de Miami el 3 de noviembre, cuando definirán si la ciudad puede avanzar con el arrendamiento y la reurbanización de las marinas de Virginia Key.

Una coloración oscura detectada en las descargas de la Refinería Madero, en las inmediaciones del río Pánuco, llevó a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina (Marina), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar acciones de inspección, contención y limpieza.

El reporte ocurrió después de las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 25 de septiembre en la zona de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Pemex informó que, ante la presencia de material oscuro en las descargas colindantes con el río, puso en marcha medidas para prevenir y reducir posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de sus instalaciones.

La empresa señaló que las condiciones generadas por las precipitaciones incrementaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la refinería y el caudal hacia el área de efluentes.

De acuerdo con Pemex, esta situación pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal Varadero, utilizado para la descarga de aguas residuales.

Marina y autoridades ambientales inspeccionan la zona del Pánuco

El 26 de septiembre se realizó una inspección con participación de personal de ASEA, Marina y Profepa. Durante las acciones se levantaron actas circunstanciadas para documentar las condiciones encontradas en el área y dar seguimiento a la situación.

La Primera Zona Naval también realizó una supervisión en el sitio. De acuerdo con la información proporcionada sobre la inspección, en la zona se identificó principalmente coque, descrito como sedimento, además de material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y algunas trazas de iridiscencia sobre el agua.

Sin embargo, la información disponible no establece que el material observado corresponda de manera confirmada a aceite o hidrocarburo, ni determina una responsabilidad de Pemex por la presencia de la mancha.

Profepa, en conjunto con personal naval, recorrió la margen del río Pánuco correspondiente al lado de Veracruz, donde constató que ya se realizaban trabajos de limpieza.

Las autoridades también establecieron comunicación con pescadores de la zona para conocer sus necesidades y requerimientos.

Pemex despliega 16 unidades para recuperar agua y residuos

Como parte de las labores de atención, Pemex informó que hasta el momento fueron utilizadas 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de ocho y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos.

El material recuperado es trasladado a tanques de recuperación dentro de la refinería para su procesamiento.

Paralelamente, personal especializado continúa con trabajos de limpieza y recuperación en el río Pánuco y con labores de desazolve de los drenajes pluviales.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

• Uso de 16 unidades Vactor para recuperar agua y residuos.
• Colocación y mantenimiento de barreras de contención en los puntos de descarga.
• Trabajos de limpieza y recuperación en el río Pánuco.
• Desazolve de los sistemas de drenaje pluvial.
• Muestreo de agua y sedimentos en diferentes puntos del río.
• Recolección de muestras a distintas profundidades, tanto río arriba como río abajo.

Pemex indicó que el monitoreo busca revisar las condiciones del agua y los sedimentos en la zona donde fue observada la coloración oscura, así como en puntos ubicados antes y después de ese sitio.

Pescadores reportan presencia de residuos y solicitan revisión

La presencia de la mancha también generó preocupación entre pescadores de la zona. Algunos señalaron que han observado residuos durante periodos de lluvia y pidieron revisar los sistemas de contención de las instalaciones petroleras ubicadas frente al río Pánuco.

De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el caso, los pescadores señalaron que el contacto de residuos con embarcaciones y motores puede implicar trabajos adicionales de limpieza, mantenimiento y reparación.

También expresaron preocupación por posibles afectaciones derivadas del contacto con materiales que identifican como hidrocarburos.

Uno de los pescadores consultados, Moisés Ulloa Serrano, estimó que la reparación de una embarcación afectada podría alcanzar alrededor de 40,000 pesos, además de los costos relacionados con los motores. Estos señalamientos corresponden a testimonios de los trabajadores de la zona y no constituyen una determinación oficial sobre daños derivados del incidente.

Pemex mantiene monitoreo y coordinación por la coloración del río

La inspección oficial reportó la presencia de sedimentos, material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia.

No obstante, la información proporcionada por las autoridades no establece hasta ahora el volumen de material involucrado, la extensión de la zona afectada ni una conclusión definitiva sobre su composición.

Tampoco se ha informado en los datos disponibles cuándo concluirán las labores de limpieza y recuperación.

Pemex señaló que mantiene el seguimiento técnico de la situación en coordinación con las autoridades competentes y que continúan las medidas preventivas en los puntos de descarga.

La empresa también indicó que los trabajos tienen como objetivo atender la situación y reforzar las acciones destinadas a la protección del río Pánuco y del entorno.

Las autoridades ambientales y la Secretaría de Marina mantienen la supervisión del área, mientras continúan los muestreos de agua y sedimentos para dar seguimiento a las condiciones registradas tras las lluvias y la aparición de la coloración oscura.

La ofensiva federal desplegada durante la última semana en Sinaloa dejó una sucesión de detenciones y aseguramientos que alcanzó a presuntos integrantes de Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024.

Entre el 19 y el 25 de septiembre, las autoridades informaron de distintos operativos en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa que derivaron en la captura de presuntos integrantes de estructuras criminales, además de decomisos de armas largas, cartuchos, explosivos, drogas y vehículos.

La secuencia comenzó el 19 de septiembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina fueron agredidos durante recorridos terrestres en la zona serrana de Sinaloa, en los límites con Durango.

Tras repeler la agresión, las fuerzas federales detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad, y aseguraron 17 armas largas, más de 120 cargadores, cartuchos, 40 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico y seis camionetas, una de ellas con blindaje artesanal.

Las autoridades ubicaron el despliegue como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, aunque en ese momento no atribuyeron públicamente a los detenidos una de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Tres días después, el 22 de septiembre, la operación alcanzó a un presunto operador con funciones logísticas dentro de una estructura criminal asentada en Mazatlán.

Jesús Antonio “N” fue detenido junto con otras tres personas durante una acción coordinada por la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), Marina y Defensa, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era identificado como operador logístico y generador de violencia y se encargaba de coordinar actividades relacionadas con el abastecimiento, la logística operativa y la administración de recursos vinculados con la comercialización de narcóticos en el municipio.

Ese mismo periodo dejó otro aseguramiento en Sinaloa. En el poblado de Siqueiros, elementos del Ejército localizaron cinco armas largas, 20 cargadores, mil 840 cartuchos, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

La secuencia alcanzó su punto más visible el 24 de septiembre, cuando siete acciones realizadas en Mazatlán terminaron con ocho detenidos identificados por las autoridades como presuntos integrantes de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Entre ellos se encuentra Erik Samuel Barraza Sánchez, “El Fantasma”, señalado como operador de una célula vinculada con La Mayiza, y José Luis Ibarra Gutiérrez, “El Prieto”, identificado como integrante de una célula de Los Chapitos.

La mayor intervención ocurrió en El Quelite. Personal de la SSPC fue agredido con disparos de arma de fuego y, después de repeler la agresión, detuvo a seis personas.

En ese punto fueron aseguradas seis armas largas, 12 cargadores, seis chalecos tácticos y dos vehículos.

En otra acción, en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, fue detenida una persona y se aseguraron un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

En Veranos, elementos de Marina también fueron agredidos por civiles armados y aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

Mientras tanto, en Siqueiros fueron localizadas cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores.

Los operativos también dejaron un aseguramiento distinto por el tipo de armamento localizado. En las inmediaciones de El Quelite fueron encontrados 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, que fueron inhabilitados en el sitio.

De manera paralela, las autoridades reportaron el aseguramiento de 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en el municipio.

El patrón de los operativos muestra que la intervención federal no se concentró en un solo tipo de objetivo: incluyó presuntos operadores con funciones logísticas, células señaladas como parte de las dos facciones del Cártel de Sinaloa y grupos detectados durante patrullajes que derivaron en agresiones contra fuerzas federales.

El corredor Culiacán-Mazatlán

La misma semana en que se reportaron las capturas en Mazatlán, la FGR ejecutó una operación distinta en el poblado El Diez, al sur de Culiacán, en las inmediaciones de la carretera costera que comunica con Mazatlán.

El cateo permitió asegurar más de 49 toneladas de sustancias sólidas y 45 mil 490 litros de diversos químicos, además de cargadores, cartuchos, dos chalecos tácticos y un vehículo tipo montacargas.

Entre los materiales localizados había alrededor de 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de aparente ácido tartárico, 950 kilos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio. También fueron asegurados cerca de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico y otros materiales cuya composición estaba pendiente de determinar.

La FGR inició la investigación después de que policías estatales y personal de Defensa detectaran una bodega cuya cortina estaba semiabierta y en la que observaron chalecos, cargadores, costales y bidones con olor a químicos.

El cateo de El Diez no fue informado como parte de los siete operativos que derivaron en las ocho detenciones de Mazatlán y las autoridades tampoco establecieron públicamente que la bodega perteneciera a Los Chapitos o La Mayiza.

Su relevancia dentro de esta secuencia está en el territorio: el inmueble se encontraba sobre el corredor Culiacán-Mazatlán, una de las principales vías de comunicación entre la capital sinaloense y el puerto.

Así, durante una misma semana, las autoridades reportaron acciones contra distintos componentes de la actividad criminal en esa zona: detenciones de presuntos integrantes de las dos facciones, aseguramiento de arsenales y explosivos, captura de un operador al que atribuyen funciones logísticas y el hallazgo de una bodega con grandes cantidades de sustancias químicas.

Dos facciones en el mismo balance

La referencia a Los Chapitos y La Mayiza resulta relevante porque las autoridades atribuyeron públicamente a ambas facciones algunos de los detenidos del 24 de septiembre.

El conflicto entre ambos grupos comenzó en septiembre de 2024, después de la captura y traslado a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, hecho que profundizó la ruptura entre las estructuras vinculadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo identificado con Zambada.

Desde entonces, Sinaloa ha registrado enfrentamientos, homicidios, desapariciones y desplazamientos relacionados con la disputa.

Los operativos de septiembre no permiten por sí solos determinar un cambio en el equilibrio entre ambas facciones ni acreditar la desarticulación de alguna de ellas. Los comunicados oficiales tampoco establecen que todas las acciones formen parte de una sola investigación o respondan a una misma estructura de mando.

Lo que sí muestran los reportes oficiales es una concentración de operaciones federales en Mazatlán y sus alrededores, con objetivos diferentes y resultados que abarcan desde la captura de presuntos operadores hasta el aseguramiento de armamento, explosivos, drogas y sustancias químicas.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar la situación jurídica de los arrestados y establecer, mediante las investigaciones correspondientes, su probable responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 26 de septiembre que rescató a 45 personas de nacionalidad mexicana que eran trasladadas de forma ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones tipo yate.

El operativo, realizado por la Armada de México a través de la Segunda Zona Naval, tuvo lugar en inmediaciones de Ensenada, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar las embarcaciones durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima.

De acuerdo con el comunicado oficial, personal naval interceptó las dos embarcaciones cuando realizaban el traslado ilegal de los 45 tripulantes. Entre las víctimas rescatadas se encontraban 41 hombres, una mujer y tres menores de edad, quienes viajaban apretujados en los yates interceptados.

La Semar detalló los incidíos localizados en los yates

La Semar detalló que, además de las personas, en las embarcaciones se transportaban aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel, almacenados en 23 bidones. Debido a esta carga, tanto las embarcaciones como sus ocupantes debieron ser conducidos a puerto para continuar con el procedimiento correspondiente.

La dependencia precisó que el hallazgo del combustible se dio de forma simultánea al rescate de las víctimas, dentro del mismo operativo de vigilancia marítima realizado en la zona de Ensenada.

Personal naval detuvo a cinco presuntos responsables del traslado ilegal

Durante la intervención, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco presuntos infractores de la ley por su posible vínculo con las operaciones de tráfico ilegal de personas y de hidrocarburos con destino a Estados Unidos. Las dos embarcaciones y su carga, tanto humana como de combustible, fueron conducidas a puerto para continuar con las diligencias correspondientes.

La Semar subrayó que este tipo de operativos forman parte de sus labores permanentes de vigilancia en aguas y costas nacionales, con el objetivo declarado de combatir actividades delictivas relacionadas con el tráfico de personas y de combustibles en el mar.

Sanidad Naval atendió a las víctimas antes de su traslado a la FGR

Al arribo a las instalaciones navales, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a los 45 rescatados, quienes se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con el reporte oficial. La dependencia no reportó lesiones ni condiciones de salud que ameritaran hospitalización entre los rescatados.

Posteriormente, tanto las víctimas como los cinco detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ensenada. Ahí se realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas del presunto traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de vigilancia en costas nacionales

La Secretaría de Marina reiteró, al cierre de su comunicado, su compromiso de combatir frontalmente las actividades delictivas en el mar. La dependencia señaló que el objetivo de estas acciones es preservar la seguridad interior y salvaguardar la integridad de las personas en las costas y aguas nacionales del país.

El comunicado fue firmado bajo el lema institucional de la Armada de México: Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo.

Un migrante mexicano permaneció varado dos días en el desierto de California antes de ser rescatado

Los riesgos del cruce ilegal hacia Estados Unidos también han quedado documentados del lado americano. El pasado 22 de agosto se informó el rescate de un migrante mexicano de 25 años, quien permaneció varado dos días sin agua en las montañas Jacumba, cerca de la línea divisoria con México.

De acuerdo con el reporte, el hombre logró hacer una llamada de auxilio desde el sitio donde se encontraba. Esa llamada activó un operativo conjunto en el que participaron equipos de respuesta de varias agencias, con apoyo de unidades aéreas para agilizar su localización.

La Patrulla Fronteriza del Sector El Centro obtuvo la ubicación GPS del migrante y coordinó de inmediato a los equipos terrestres. El terreno escarpado de las montañas Jacumba limitó las opciones de las aeronaves, aunque los equipos desplegaron los recursos disponibles hasta dar con el paradero del hombre, quien fue encontrado con vida.

Personal médico evaluó al migrante en el sitio antes de proceder a su traslado, aunque la Patrulla Fronteriza no precisó el medio de evacuación ni el centro hospitalario al que fue llevado. Según datos del CBP, el calor del verano en esa zona puede superar los 120 grados Fahrenheit, equivalentes a 49 grados Celsius, una condición que representa un peligro tanto para los agentes como para quienes intentan cruzar la frontera sin documentos.

Por mar y por tierra: los mexicanos intentan cruzar de forma ilegal a EEUU por distintas rutas

Los casos documentados en Ensenada y en las montañas Jacumba muestran dos rutas distintas utilizadas por mexicanos para intentar cruzar de forma ilegal a Estados Unidos: una marítima y otra terrestre. En ambas, las autoridades reportaron condiciones de riesgo para quienes intentan el cruce.

En el mar, la Secretaría de Marina rescató a las 45 personas que eran trasladadas en yates hacia territorio estadounidense, entre ellas tres menores de edad. En tierra, la Patrulla Fronteriza localizó a un migrante que permaneció varado dos días sin agua en terreno desértico, donde las temperaturas pueden superar los 120 grados Fahrenheit.

Un elemento de la Secretaría de Marina (Semar) murió y otro resultó gravemente herido luego de un incidente con armas de fuego registrado en las instalaciones de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), ubicadas a la entrada del Puerto de Altura de Progreso, Yucatán.

La dependencia confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos y señaló que otro resultó lesionado, mientras autoridades competentes realizan diligencias, investigaciones y peritajes para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El incidente se registró al interior de las oficinas de la Unaprop, instalaciones que también son utilizadas como alojamiento por elementos navales asignados a las labores de vigilancia y protección del recinto portuario.

De acuerdo con los primeros reportes sobre el caso, dos elementos habrían sostenido una discusión que posteriormente derivó en un intercambio de disparos. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada públicamente por la Secretaría de Marina, que mantiene abierta la investigación.

Uno de los elementos recibió un impacto de arma de fuego y murió, mientras que el segundo sufrió una lesión de gravedad y fue trasladado para recibir atención médica.

Semar activa protocolos y confirma fallecimiento

Tras registrarse el incidente, personal naval activó los protocolos correspondientes y brindó atención al elemento que resultó lesionado; sin embargo, uno de los marinos perdió la vida como consecuencia de las heridas provocadas por un disparo.

El otro elemento fue auxiliado y trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La Secretaría de Marina informó que las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones necesarias para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones navales y deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

La dependencia no dio a conocer en su comunicado detalles sobre la identidad de los elementos involucrados ni precisó públicamente cómo se produjo el intercambio de disparos.

Tras los hechos, las instalaciones fueron resguardadas para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo del elemento fallecido.

La investigación buscará establecer la secuencia de acontecimientos, las circunstancias en las que fueron utilizadas las armas de fuego y las posibles responsabilidades de los involucrados.

Marina expresa condolencias a familiares del elemento fallecido

En su posicionamiento, la Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del elemento que perdió la vida.

“La Secretaría de Marina expresa a familiares, compañeros y seres queridos de nuestro compañero de armas su más profundo respeto, solidaridad y sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida”, señaló la dependencia.

La institución agregó que realiza las gestiones correspondientes en materia de bienestar y seguridad social, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo institucional a los familiares del marino fallecido.

“Para la Secretaría de Marina, las mujeres y hombres que integran sus filas constituyen el corazón de esta Institución”, indicó.

La Semar también reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Hasta el momento, la dependencia mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente dentro de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Progreso, Yucatán.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este 23 de septiembre el cierre preventivo de puertos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca ante la presencia del huracán Polo, que el comunicado ubica en categoría 4. La dependencia mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en estados del litoral del Pacífico mexicano.

Según el reporte de Marina, Polo se localizaba aproximadamente a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con trayectoria hacia el norte. El fenómeno ocasiona lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones.

Las restricciones varían según el puerto y el tipo de embarcación. La autoridad pidió a la comunidad marítima atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto antes de realizar cualquier salida.

¿Qué puertos cerraron por el huracán Polo?

Como Autoridad Marítima Nacional, la Semar estableció los siguientes cierres a la navegación:

Marina explicó que el oleaje elevado puede provocar que las embarcaciones se volteen o se hundan. Añadió que el viento, la lluvia intensa y la neblina reducen la visibilidad en el mar y aumentan el riesgo de accidentes.

La dependencia llamó a respetar los cierres y a seguir los avisos de cada Capitanía de Puerto. El comunicado no establece una hora de reapertura, por lo que las personas que realizan actividades marítimas deben consultar las indicaciones vigentes de la autoridad portuaria.

¿Qué protocolos preventivos activó Marina ante Polo?

Además del cierre de puertos, la Armada de México mantiene el Plan Marina en su Fase de Prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, sostienen reuniones con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno para preparar una posible respuesta de apoyo a la población.

De acuerdo con el comunicado, esas reuniones incluyen la revisión de procedimientos de auxilio, la habilitación oportuna de espacios que puedan funcionar como albergues y la atención y traslado de personas ubicadas en zonas de riesgo, si llega a ser necesario. Se trata de medidas preventivas; Marina no informó en este comunicado que se hayan efectuado evacuaciones.

Para emergencias en el mar, la Semar puso a disposición el teléfono 800 627 4621 (800 MARINA1). También recomendó seguir la evolución de Polo mediante los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y las autoridades competentes, ya que las condiciones meteorológicas y las restricciones de navegación pueden cambiar.

Más de mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) participaron durante este año en ejercicios militares multinacionales realizados en Estados Unidos y Panamá, pero los informes sobre los resultados de esos adiestramientos fueron clasificados como información reservada por el Senado de la República.

En total, mil 73 marinos mexicanos fueron autorizados para salir del país entre junio y agosto de 2026 con el objetivo de participar en distintos ejercicios internacionales. Los contingentes fueron enviados a Hawái, Virginia, Nueva York y Panamá, como parte de operaciones de entrenamiento con fuerzas armadas de diferentes países.

El Senado había establecido que la Semar debía entregar un informe sobre los resultados de cada ejercicio dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión. Sin embargo, los documentos remitidos al Legislativo no fueron hechos públicos debido a que la información fue clasificada como reservada.

La decisión quedó asentada en la Gaceta del Senado del 22 de septiembre, donde se difundió la reserva de los informes. De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, se trataría de la primera ocasión en que los reportes correspondientes a este tipo de adiestramientos de la Marina son reservados.

Más de mil marinos participaron en cuatro ejercicios

El contingente más numeroso estuvo integrado por 536 elementos de la Marina, quienes participaron en RIMPAC 2026, uno de los principales ejercicios militares marítimos multinacionales.

El adiestramiento se realizó del 24 de junio al 31 de julio en aguas cercanas a las islas de Hawái. De acuerdo con la autorización publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los marinos mexicanos salieron del país con armamento y equipo táctico a bordo de los buques ARM Usumacinta y ARM Juárez.

Otros 415 elementos participaron en dos actividades realizadas en Estados Unidos. Primero formaron parte de FLEETEX 250, desarrollado del 15 al 30 de junio en la Estación Naval de Norfolk, Virginia.

Posteriormente, ese mismo contingente participó en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), realizada del 1 al 8 de julio en Nueva York.

El tercer grupo estuvo integrado por 122 marinos, quienes viajaron a Panamá para participar en PANAMAX 2026, entre el 3 y el 14 de agosto, a bordo del ARM Jalisco.

De esta manera, los tres contingentes sumaron mil 73 elementos enviados al extranjero para participar en ejercicios militares multinacionales durante el verano.

Semar reservó los informes entregados al Senado

Las autorizaciones aprobadas por el Senado establecían la obligación de la Secretaría de Marina de entregar información sobre los resultados de los ejercicios una vez concluidos.

No obstante, los documentos entregados por la dependencia fueron clasificados como reservados, por lo que los legisladores y el público no pueden consultar su contenido en este momento.

La reserva fue sustentada en el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que contempla supuestos relacionados con materias como seguridad nacional, defensa y relaciones internacionales.

La clasificación adquiere relevancia debido a que los ejercicios incluyeron actividades de entrenamiento militar y coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Sin embargo, el contenido específico de los informes de la Semar no fue difundido públicamente.

Mientras los reportes mexicanos permanecen bajo reserva, autoridades militares estadounidenses sí dieron a conocer información general sobre uno de los principales ejercicios en los que participó México.

EEUU sí publicó resultados generales de RIMPAC 2026

La Marina de Estados Unidos difundió un balance general de RIMPAC 2026, ejercicio que la propia Armada estadounidense considera el mayor entrenamiento marítimo combinado y conjunto del mundo.

La edición de este año reunió a 30 países y más de 30 mil participantes, además de 30 buques de superficie, cinco submarinos y más de 197 aeronaves. Las actividades se desarrollaron durante cinco semanas, del 24 de junio al 31 de julio, alrededor de las islas de Hawái.

De acuerdo con el reporte de la Tercera Flota de Estados Unidos, las fuerzas participantes realizaron más de 500 eventos de entrenamiento marítimo, además de más de 2 mil 400 salidas aéreas y más de 5 mil simulacros operacionales.

Entre las actividades desarrolladas estuvieron ejercicios de guerra antisubmarina, ataques marítimos, defensa aérea y antimisiles, operaciones anfibias y logística.

El ejercicio también concluyó con un escenario de simulación de combate en el que las fuerzas participantes reaccionaron de manera dinámica ante distintas situaciones para poner a prueba sus capacidades de operación conjunta.

Aunque Estados Unidos difundió este balance general de RIMPAC, los informes específicos que la Semar entregó al Senado sobre la participación mexicana permanecen reservados, por lo que los resultados particulares obtenidos por los contingentes nacionales no fueron hechos públicos.

Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes y equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de Morelos Rinde Cuentas.

El registro coloca a la ciudad de Cuautla, Morelos, por encima de Yautepec, que ocupó el segundo lugar nacional con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo. Cuautla tiene una población estimada de 187 mil 118 personas.

La cifra corresponde a los primeros siete meses del año, antes de que se conocieran los resultados más recientes del Plan Cuautla, una estrategia de seguridad implementada para atender la violencia y particularmente la extorsión en el municipio.

Cuautla concentra una operación específica contra la extorsión

El Plan Cuautla reportó hasta septiembre 60 cateos relacionados con el combate a la extorsión, 28 detenciones en flagrancia y 18 vinculaciones a proceso.

El operativo cuenta con mil 708 elementos de instituciones federales, estatales y municipales. Entre ellas se encuentran la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina, la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y las policías estatal y municipal.

Las autoridades también informaron que 2 mil 336 establecimientos forman parte de la Red de Protección contra la Extorsión. La estrategia incluye además a seis mercados públicos y la Central de Abasto, con 506 comerciantes integrados a una red de comunicación, prevención y denuncia.

El despliegue comenzó después de la detención de Jesús Corona Damián, entonces alcalde electo de Cuautla, quien fue detenido el 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por una orden de aprehensión relacionada con delincuencia organizada. La SSPC señaló entonces que las investigaciones se habían iniciado por actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos.

Comerciantes y transportistas están entre los sectores afectados

Las investigaciones realizadas dentro del Plan Cuautla han identificado distintas modalidades de extorsión.

En agosto, la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención de tres personas señaladas como probables responsables de exigir a comerciantes que compraran agua, gelatinas y otros productos a cambio de permitirles trabajar y evitar agresiones contra ellos o sus establecimientos. De acuerdo con la autoridad, algunas de esas conductas se remontaban a 2022.

El transporte público también ha sido uno de los sectores atendidos por el operativo.

El 21 de agosto, la Ruta 11 reanudó operaciones después de acciones de acompañamiento y seguridad. Las autoridades señalaron que en julio una investigación permitió desarticular una célula señalada por extorsionar a transportistas de Cuautla.

El Gobierno de Morelos también ha desplegado acciones de proximidad con comerciantes, transportistas, viveristas y otros sectores para explicar las modalidades de extorsión y fortalecer los mecanismos de denuncia.

Entre las conductas identificadas por las autoridades están las amenazas mediante llamadas o mensajes, las notas intimidatorias, el cobro de piso y el uso de clonación de voz mediante inteligencia artificial.

El municipio también aparece entre los primeros lugares por homicidio

La extorsión no es el único indicador que coloca a Cuautla entre los municipios con mayor incidencia delictiva.

De acuerdo con el mismo corte de enero a julio, la ciudad ocupó el décimo lugar nacional en homicidio doloso entre municipios con más de 100 mil habitantes. También se ubicó en la séptima posición en homicidio doloso en grado de tentativa.

El panorama de violencia ha llevado a las autoridades federales y estatales a mantener una intervención específica en el municipio. El Plan Cuautla reportó 28 mil 231 operativos y 28 mil 510 visitas a establecimientos mercantiles y empresas como parte de las acciones de presencia, vigilancia, prevención y proximidad.

La estrategia no se limita a las acciones policiales. El Gobierno de Morelos anunció una inversión estatal de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para acciones relacionadas con seguridad, infraestructura, educación, economía, cultura y bienestar en Cuautla y la región oriente.

Cuautla mantiene el primer lugar nacional en extorsión presencial

El dato más reciente disponible sobre incidencia corresponde a enero-julio y muestra que Cuautla registró cuatro veces más denuncias que Yautepec, el municipio que ocupó el segundo lugar nacional en tasa de extorsión presencial durante ese periodo.

Los 96 casos registrados representan una tasa de 51.3 denuncias por cada 100 mil habitantes. La comparación se realiza entre municipios con más de 100 mil habitantes, por lo que el indicador toma en cuenta el tamaño de la población y no solamente el número absoluto de carpetas iniciadas.

La cifra coincide con la existencia de una intervención de seguridad específicamente orientada a contener la extorsión, aunque el corte estadístico de los 96 casos y los resultados del Plan Cuautla corresponden a periodos distintos. Por ello, los datos disponibles no permiten establecer a partir de ellos si las acciones implementadas desde junio han provocado un aumento o una reducción posterior de las denuncias.

Mazatlán, Culiacán, Escuinapa y la zona serrana de Sinaloa concentran durante septiembre una nueva fase de operaciones de seguridad, mientras más de 20 mil elementos federales permanecen desplegados en el estado y se refuerza la vigilancia en las principales carreteras.

La distribución de fuerzas tuvo un cambio a partir del 15 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos y la Secretaría de Marina mil efectivos navales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sumó otros mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

Con esos movimientos, el estado de fuerza federal superó los 20 mil elementos en Sinaloa. El refuerzo fue dirigido principalmente hacia Mazatlán y los principales tramos carreteros, aunque las autoridades mantienen operaciones en Culiacán, Escuinapa, otros municipios y la zona serrana cercana a Durango.

Mazatlán concentra el mayor refuerzo

La incorporación de personal federal ocurrió después de que las autoridades identificaran a Mazatlán como uno de los puntos que requerían una mayor presencia. La SSPC y la Marina desplegaron más de mil 800 elementos y más de 130 unidades para ampliar los patrullajes y la vigilancia en el puerto y en las carreteras de Sinaloa.

El 18 de septiembre, Omar García Harfuch, titular de la SSPC; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, acudieron a Mazatlán para supervisar las operaciones.

La revisión incluyó las condiciones del despliegue y las capacidades operativas de las corporaciones federales y locales. En la reunión también se planteó fortalecer las policías estatales y municipales para mejorar su capacidad de respuesta.

El movimiento no implica que la vigilancia federal haya quedado concentrada en el puerto. El Gobierno de Sinaloa señaló que las fuerzas federales mantendrán presencia en los 20 municipios, con una atención específica en Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.

Los operativos alcanzan carreteras y la zona serrana

La ampliación del dispositivo también se ha reflejado en acciones fuera de los centros urbanos.

Entre el 14 y el 16 de septiembre, las autoridades reportaron aseguramientos en Mazatlán, Escuinapa, Concordia y Culiacán. En Mazatlán fueron localizados 53 artefactos explosivos improvisados; en Escuinapa, elementos de Marina aseguraron una embarcación con 7 mil 940 cartuchos; en Concordia fue localizado un campamento clandestino con armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico, mientras que en Culiacán se ubicó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas con mil 350 litros de sustancias químicas.

El episodio de mayor magnitud ocurrió el 19 de septiembre en la zona serrana cercana a los límites con Durango.

Elementos de la SSPC y la Marina realizaban recorridos terrestres cuando fueron atacados por civiles armados que viajaban en seis camionetas. Tras repeler la agresión, las autoridades detuvieron a nueve personas, entre ellas un menor de edad.

En el lugar fueron aseguradas 17 armas largas, incluida una ametralladora; más de 120 cargadores; lanzagranadas; 40 artefactos explosivos improvisados; equipo táctico; marihuana y seis vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

El caso muestra que la operación federal se extiende más allá de las ciudades donde se concentra el refuerzo de personal. Las carreteras y las zonas serranas forman parte del dispositivo que se mantiene activo en diferentes regiones del estado.

Culiacán se mantiene dentro de la estrategia federal

Culiacán continúa como uno de los puntos prioritarios pese a que el refuerzo anunciado a mediados de septiembre tuvo como uno de sus principales objetivos a Mazatlán.

El 20 de septiembre, durante una visita a la capital sinaloense, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los elementos de las Fuerzas Armadas permanecerán en el estado durante el tiempo que sea necesario. También informó que integrantes del Gabinete federal acudirán a Sinaloa a partir de la siguiente semana para atender directamente distintos asuntos de la entidad.

La presencia federal se mantendrá mientras el Gobierno estatal prepara una estrategia propia para ampliar sus capacidades de seguridad.

El 21 de septiembre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava informó que decidió posponer la presentación del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad de Sinaloa para incorporar propuestas de distintos sectores y definir el respaldo presupuestal.

Uno de los proyectos contemplados es transformar el actual sistema C4i en un C5i, una ampliación que requiere recursos adicionales. La gobernadora señaló que el tema será planteado al secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, durante su próxima visita a Sinaloa.

Por ahora, el plan no ha sido presentado en su versión definitiva, por lo que las acciones concretas que contendrá todavía no están formalmente detalladas.

Sinaloa llega a dos años de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

El refuerzo ocurre a dos años del inicio de la confrontación entre las facciones conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, que comenzó en septiembre de 2024 y modificó durante este periodo la dinámica de seguridad en el estado.

El periodo también dejó un fuerte impacto en los indicadores de violencia. Un recuento publicado por Infobae México —con base en registros oficiales, colectivos y documentación periodística— contabilizó 3 mil 821 muertes violentas y 4 mil 406 desapariciones desde el inicio del conflicto hasta el 10 de septiembre de 2026.

Al mismo tiempo, los datos oficiales más recientes muestran una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos. Entre enero y agosto de 2026, Sinaloa registró una disminución de 26.1% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentadas el 8 de septiembre.

Pese a esa reducción, el estado acumuló 866 homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, cifra que representó 7.5% del total nacional en ese periodo.

La combinación de ambos datos ayuda a explicar el escenario actual: mientras los registros oficiales muestran una disminución respecto del año anterior, las autoridades mantienen operaciones de alto impacto y un despliegue federal que supera los 20 mil elementos.

Luego de que se localizó en días pasados un torpedo flotando en costas de Ensenada, Baja California, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que se trató de un proyectil de práctica que no contaba con carga peligrosa y que pertenecía a las autoridades de Estados Unidos.

Tras darse a conocer el inusual hallazgo por una embarcación pesquera, personal naval recuperó el torpedo de práctica que se encontraba a la deriva, aproximadamente a 39.4 kilómetros al suroeste de Ensenada.

Y es que los pescadores que localizaron el proyectil compartieron un video de los hechos en el que explicaron que en un primer momento confundieron el objeto con sargazo.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de los tripulantes en uno de los materiales difundidos.

Al identificarlo, los pescadores coincidieron en que no tenía señales evidentes de daño, pero al tratarse de un torpedo les generó nerviosismo, por lo que decidieron notificar a la Marina para realizar su recuperación y evitar posibles daños en embarcaciones.

Así se extravió el torpedo

Luego del hallazgo y recuperación del proyectil, las autoridades navales determinaron que se podría tratar de un torpedo estadounidense que no contenía ningún tipo de carga peligrosa.

Fue mediante el contacto con la Agregaduría de Defensa de Estados Unidos que la Marina determinó que el proyectil pertenecía a la Armada de ese país, quienes lo extraviaron durante un ejercicio de entrenamiento realizado el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo con los datos, el ejercicio se llevó a cabo aproximadamente a 18 millas náuticas al oeste de la Isla San Clemente, en California, Estados Unidos, en el que perdieron el proyectil.

La Marina informó que la recuperación del torpedo por parte de los propios militares estadounidenses se vio condicionada a factores meteorológicos adversos, así como por el vencimiento de la batería de su sistema de localización.

Además, detalló que un análisis de las condiciones oceanográficas y meteorológicas les permitió determinar que los vientos y las corrientes que se generan en la zona entre San Diego, Estados Unidos, y Ensenada, Baja California, “propiciaron que el artefacto se desplazara hacia la Zona Económica Exclusiva de México”.

Una vez que se dio la recuperación del proyectil el pasado 15 de septiembre, los elementos navales establecieron comunicación con las autoridades estadounidenses para confirmar que se trataba de uno de sus torpedos de práctica.

Tras confirmarlo, el proyectil fue entregado por conducto del Comandante de la Segunda Zona Naval a personal de la Agregaduría Naval de los Estados unidos en México para su posterior traslado y entrega a las autoridades estadounidenses.

Así es la práctica MK 54 REXTORP en la que perdieron un torpedo

La Marina detalló que el entrenamiento en el que los militares estadounidenses perdieron un torpedo de práctica se denomina MK 54 REXTORP (Recoverable Exercise Torpedo, por sus siglas en inglés), el cual está diseñado de manera exclusiva para practicar lanzamientos desde aeronaves o barcos “sin arriesgar armamento real”.

Finalmente, la corporación refrendó su compromiso con la seguridad marítima, la protección y vigilancia de aguas internacionales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación con autoridades internacionales.

Cabe señalar que al tratarse de un torpedo, es necesario que las personas alerten a las autoridades de inmediato en caso de que los localicen en el mar, ya que debe tratarse como potencialmente peligroso aunque parezca viejo o dañado.

Los riesgos van desde una explosión si conserva carga, además de que la corrosión, el oleaje y cualquier golpe o intento de remolque pueden agravar la amenaza, por lo que se debe reportan su hallazgo de manera inmediata a la Marina.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no reportó una sola propiedad a su nombre en su declaración patrimonial 2026, hecha pública el 18 de septiembre tras una desclasificación de emergencia. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno levantó la reserva que mantenía blindados esos documentos hasta el año 2030, luego de que una investigación periodística y la presión de legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) expusieron el doble candado sobre el patrimonio del exfuncionario.

Rafael Ojeda acumuló 17.4 millones de pesos en ingresos y no declaró propiedades

En los últimos 20 años, Ojeda Durán acumuló ingresos por al menos 17,4 millones de pesos, según sus propias declaraciones patrimoniales públicas. A la fecha, el almirante solo reporta deudas por dos créditos hipotecarios y una camioneta a su nombre.

La declaración no incluye ningún inmueble propio, pese a que Latinus documentó la compra y venta de propiedades realizadas por el exsecretario junto con su esposa, Sandra Luz Laguna Rivera. La ley mexicana no obliga a los funcionarios públicos a revelar los bienes que comparten con sus cónyuges ni los de sus familiares directos.

En 2002, Ojeda Durán y Laguna Rivera adquirieron un departamento de 120 metros cuadrados en la alcaldía Álvaro Obregón por 1,15 millones de pesos, mediante un crédito hipotecario del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Esa operación tampoco figura en sus registros patrimoniales públicos.

En julio de 2013, cuando Ojeda Durán ya ocupaba el cargo de comandante de la Octava Región Naval, su hija adquirió un departamento en la colonia Juárez por 900 mil pesos. El usufructo de ese inmueble quedó en beneficio de Sandra Luz Laguna Rivera.

La casa junto al campo de golf en Lomas de Cocoyoc y las ventas en Guaymas

En 2016, mientras Ojeda Durán era comandante de la Marina y su esposa se desempeñaba como ama de casa, Laguna Rivera compró una finca de 191 metros cuadrados en el Fraccionamiento Club de Golf México, en San Pedro Mártir, Tlalpan, por 5,3 millones de pesos, según antecedentes registrales del Registro Público de la Ciudad de México consultados por Latinus.

En 2020, la pareja adquirió una casa junto a un campo de golf en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, en el estado de Morelos, por 7,25 millones de pesos. Para esa compra, Ojeda Durán solicitó dos créditos al ISSFAM y al Banco Nacional del Ejército por 1,8 y 4,5 millones de pesos, respectivamente.

Un terreno contiguo a esa propiedad, de dimensiones similares, tuvo un valor comercial de 20 millones de pesos en 2025. Ninguna de estas operaciones aparece declarada por el almirante en sus registros patrimoniales.

En marzo de 2019, a pocos meses de que Ojeda Durán fue nombrado secretario de Marina, él y su esposa vendieron dos propiedades de 326 y 324 metros cuadrados en el municipio de Guaymas, Sonora. El comprador fue su sobrino Fernando Farías Laguna, identificado ese mismo año como presunto integrante de una red de “huachicol” fiscal.

La FGR no localizó a Ojeda Durán y el PAN exigió publicar sus declaraciones

El 16 de septiembre de 2026, el diario El Universal publicó una investigación del periodista Pedro Villa y Caña que documentó el doble blindaje sobre el patrimonio y el paradero del almirante. La nota reveló además que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró localizar a Ojeda Durán para una diligencia relacionada con el caso Farías Laguna.

Al día siguiente, diputadas federales y locales del PAN exigieron a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la publicación urgente de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario. La dependencia respondió en menos de 48 horas con el comunicado de desclasificación.

La reserva original se remonta al 1 de enero de 2025, cuando el Comité de Transparencia de la SEMAR bloqueó por cinco años los expedientes patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024. La institución sustentó esa decisión en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada la información cuya divulgación comprometa la seguridad nacional.

El dictamen oficial argumentó que hacer públicas las finanzas del personal naval representaba un riesgo real ante la posibilidad de que integrantes del crimen organizado accedieran a datos sensibles. Bajo ese marco, la declaración de Ojeda Durán quedó bloqueada en Declaranet con el mensaje: “La información que corresponde a esta declaración patrimonial y de intereses se encuentra reservada en términos de las disposiciones legales aplicables en la materia”.

Expertos en transparencia cuestionaron ese argumento desde el inicio. Excomisionados del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y especialistas advirtieron, según consignó El Universal, que los formatos de declaración patrimonial no contienen datos que afecten la seguridad del Estado mexicano ni información personal protegida constitucionalmente en su versión pública.

Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI, señaló al diario que la autoridad competente para revisar la decisión del Comité de Transparencia de la Marina es Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al INAI. El excomisionado recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada protegida por la Constitución.

La desclasificación del 18 de septiembre abarcó las declaraciones de 78 funcionarios vinculados a la SEMAR: 69 militares en activo y nueve exfuncionarios, entre ellos Ojeda Durán. La Unidad de Transparencia de la Marina formalizó la solicitud de levantamiento de la reserva el 16 de septiembre ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y el Comité de Transparencia de la SEMAR aprobó el levantamiento.

Según datos consultados de forma exclusiva por Infobae México, Ojeda Durán se encuentra en retiro y no ejerce funciones como miembro en servicio activo de la Armada de México. Un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988 establece que todos los exsecretarios de Marina fungen como asesores del Alto Mando por su experiencia acumulada en el cargo.

Esa función asesora es de carácter honorario y no genera una remuneración adicional. Las percepciones económicas que recibe el almirante corresponden a su jerarquía y a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a un nombramiento de la administración actual.

De 2010 a 2017, mientras Ojeda Durán fue subdirector del ISSFAM, ocupó la Oficialía Mayor de la Marina y asumió el cargo de comandante, no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. La ley no lo obligaba en ese período a revelar esa información.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que la publicidad de las declaraciones promueve los principios de transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana. Toda la información desclasificada está disponible en Declaranet en versión pública a partir del 18 de septiembre de 2026.

Autoridades mexicanas identificaron e incautaron más de 27 mil 200 kilogramos de ácido tartárico proveniente de Shangái, China, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad de México por medio de una publicación realizada en la red social X.

Se informó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Aduanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron la mercancía proveniente del país asiático.

Por medio de un mecanismo de análisis de riesgo, control aduanero y seguimiento documental, se inmovilizaron más de 27 mil 200 kilogramos de esta sustancia, cuyo uso está relacionado con la elaboración de metanfetamina.

“Estas acciones fortalecen la inteligencia aduanera, la vigilancia en los puntos de ingreso al país y la detección de operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas”, concluyó el informe.

¿Qué es el ácido tartárico?

El ácido tartárico o ácido tártrico es un ácido orgánico dicarboxílico dihidroxilado, de fórmula molecular C₄H₆O₆ y fórmula estructural semidesarrollada, HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H.

De acuerdo con la nomenclatura IUPAC , le corresponde el nombre de ácido 2,3-dihidroxibutanodioico. Contiene, por lo tanto, dos grupos carboxílicos y dos grupos de alcohol en una cadena de hidrocarburo lineal de longitud cuatro. Es una sustancia de color blanco que se puede obtener del zumo de uva y de algunas frutas, como tamarindo, plátano, aguacate y los cítricos. Tiene utilidad como aditivo alimentario (antioxidante E334) y como saborizante, para dar un toque amargo a los alimentos. Su sal más conocida, el bitartrato de potasio, comúnmente denominada crémor tártaro, se produce de forma natural durante el proceso de fermentación.

En el mundo del narcotráfico, el ácido tartárico se emplea como precursor químico o sustancia de apoyo para la elaboración y purificación de metanfetaminas.

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en AICM

Apenas el pasado 15 de septiembre, se dio a conocer que la Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, tras un alertamiento proveniente de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), detectaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un embarque de café tostado y molido contaminado con presunta cocaína base. El cargamento, que realizaba un tránsito internacional, quedó bajo resguardo de las autoridades tras ser identificado mediante binomios caninos. La carga venía de Bogotá y tenía como destino final España.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones de inteligencia aduanera y análisis de riesgo que ambas instituciones implementan para fortalecer la seguridad y el control de las operaciones de comercio exterior en la terminal aérea capitalina.

Las autoridades recibieron una alerta proveniente de la Defensa, por lo que se realizaron labores de control, vigilancia, revisión no intrusiva y el empleo de binomios caninos durante el paso del cargamento por el AICM. Se trataba de un embarque declarado como café tostado y molido, conformado por más de 3 mil bolsas.

Marina y Aduanas hallaron que el producto, declarado en tránsito internacional, estaba contaminado con presunta cocaína base. El peso de la sustancia ilícita ascendió a aproximadamente mil 77 kilos, ocultos dentro de una mercancía de apariencia lícita.

Las diligencias realizadas permitieron determinar que la contaminación afectaba la totalidad del embarque, lo que llevó a las autoridades a activar los protocolos de aseguramiento correspondientes sobre el volumen completo de la carga.

El cargamento, proveniente de Bogotá, quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM. A partir de ese momento, se efectuaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza exacta de la sustancia hallada entre las bolsas de café.

Las autoridades procedieron con el aseguramiento, la seguridad y el control sobre la totalidad del embarque. El siguiente paso del proceso consiste en la obtención del dictamen técnico definitivo, que confirmará de manera oficial la composición de la sustancia detectada.

José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra al centro del escrutinio público, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificará su declaración patrimonial, tras la denuncia de medios de comunicación de corte nacional quienes señalaron que el documento se había reservado hasta 2030.

Cabe destacar que, el nombre del extitular ha trascendido en medios debido a su relación con el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, ya que una jueza federal citó a Rafael Ojeda para rendir declaración en calidad de testigo durante la audiencia de vinculación a proceso del mando mencionado, quien es acusado controlar el contrabando de combustible en las aduanas marítimas.

¿Por qué el gobierno desclasificó la declaración patrimonial de Rafael Ojeda?

Luego de que El Universal reportara la clasificación de la declaración patrimonial de Ojeda Durán, el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Marina, solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, por lo que la dependencia hizo públicos los documentos de 69 funcionarios.

El dato que destacó, fue el alto exfuncionario sigue en activo en la Marina, quien a la fecha desempeña el cargo de “asesor D”, cargo por el que percibe un millonario sueldo anual, a dos años de que dejara el cargo que ocupaba en la administración del fundador de Morena.

Este es el sueldo y las posesiones de Rafael Ojeda

El documento presentado por Anticorrupción está actualizado al 30 de mayo de 2026, donde estipula que Rafael Ojeda se encuentra adscrito a la Marina, en un nivel jerárquico que lo sitúa como “titular de unidad u homologo”, desempeñándose como “Asesor D”, ostentando un nivel SM04, el cual le genera una remuneración de 2 millones 040 mil 558 pesos.

El archivo de 8 páginas también revela que el almirante adquirió una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, la cual fue pagada a través de un crédito de 285 mil 913 pesos.

Rafael Ojeda adquirió dos créditos hipotecarios en diciembre de 2020, el primero de ellos se fija en un millón 800 mil pesos, y el segundo, registra un monto de 4 millones 559 mil 609 pesos.

La declaración precisa que hasta la fecha, el extitular de Marina no realiza actividades ajenas a su cargo, por lo que el monto percibido como sueldo solo es por las actividades que desempeña en el puesto mencionado.

Sheinbaum asegura que extitular de la Marina no se esconde de las autoridades

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el almirante Ojeda Durán esté escondido o se niegue a declarar en el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos.

La mandataria precisó que la FGR analiza una solicitud de la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna para llamarlo como testigo, y aclara que no existe ninguna carpeta de investigación en su contra. “El exsecretario de Marina no está escondido”, sostiene ante los medios en Palacio Nacional.

El planteamiento contrasta con la postura que Sheinbaum mantuvo el pasado 11 de agosto, cuando afirmó no tener información sobre si Ojeda había sido convocado por un juez para una entrevista relacionada con el caso, y remitió la aclaración a la FGR.

“No tenemos conocimiento que haya sido convocado, y en todo caso que la Fiscalía informe”, dijo entonces, en el marco de las indagatorias que también tocaban al exsenador de Morena Gerardo Novelo.

Este viernes, la presidenta añadió que la fiscal general Ernestina Godoy Ramos no ratificó ningún señalamiento directo contra el almirante y que “no tiene un delito en su contra”.

A un año del “golpe de timón” que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, anunció en la lucha contra la corrupción y la impunidad, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) han logrado detener a siete marinos presuntos integrantes de la red de huachicol fiscal que operó en las aduanas marítimas del país.

El caso se destapó en septiembre de 2025 con el aseguramiento del buquetanque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, cargado con 10 millones de litros de diésel de contrabando, y derivó en la desarticulación parcial de la organización conocida como Los Primos, que introdujo ilegalmente combustible desde Texas para evadir el pago de impuestos.

La red le ha costado a México más de 600 mil millones de pesos. El esquema operó en al menos cinco estados: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los presuntos cabecillas presos en El Altiplano

El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue el primero en caer. Las autoridades lo detuvieron el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca, y el Gabinete de Seguridad anunció su captura públicamente el 7 de septiembre, junto con otras 13 personas.

La FGR lo señala como el principal responsable de gestionar directamente nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas y la propia Semar para garantizar la impunidad de las operaciones. En el cateo de una bodega que arrendaba en la Ciudad de México se encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval, documentación clasificada como reservada y armas sin registro, según un reporte de fiscal Ernestina Godoy Ramos del 7 de septiembre.

Su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, tuvo una fuga más elaborada. Tras el destape del caso en septiembre de 2025, salió de México en diciembre de ese año con documentación apócrifa a nombre de Luis Lemus Ramos.

Fernando se desplazó por Guatemala, El Salvador, España, Colombia y Argentina, según registros migratorios integrados a la investigación. El 20 de marzo de 2026, una agencia de inteligencia estadounidense compartió datos sobre una persona que usaba ese nombre falso, lo que fortaleció la hipótesis de su paradero.

El 20 de abril de 2026, la ficha roja de Interpol fue actualizada con nuevos elementos biométricos, incluidas sus huellas dactilares. Tres días después, las autoridades argentinas lo localizaron y detuvieron en Buenos Aires.

Permaneció cuatro meses preso en Argentina y fue extraditado a México en la madrugada del 21 de agosto de 2026. A su llegada, una jueza lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y le dictó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya estaba recluido su hermano.

Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. La ley mexicana sanciona esos delitos con penas de entre 20 y 40 años de prisión.

Los dos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La FGR no ha señalado a Ojeda Durán como imputado; el vínculo familiar es el único elemento documentado públicamente que los une.

Los otros cinco marinos detenidos: mandos medios que controlaban las aduanas

El capitán de navío Climaco Aldape Utrera coordinaba los cambios de personal en las aduanas controladas por la red. Su función era garantizar que los puestos clave permanecieran en manos de cómplices.

El también capitán de navío Humberto Enrique López Arellano se desempeñó como exdirector de aduanas marítimas. Desde esa posición, la red contaba con acceso directo a la operación portuaria.

Sergio Varela Morales ocupó el cargo de subdirector de vigilancia y control en la aduana de Tampico. Carlos de Jesús Estudillo Villalobos fungió como subdirector de operaciones, y Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez fue subadministrador de la aduana de Altamira.

Los cinco, junto con los hermanos Farías Laguna, suman los siete marinos detenidos que contabiliza la FGR al cumplirse un año del operativo. La Semar dio de baja definitiva a la mayoría

El Capitán Sol, el prófugo que burló una orden de aprehensión

El capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como Capitán Sol o Fantasma, es la pieza que la FGR y la Semar no han podido capturar. Operaba el tráfico de combustible desde Estados Unidos mediante buquetanques, reclutaba a integrantes de la organización, distribuía el dinero entre los cómplices y fungía como enlace directo con los hermanos Farías Laguna.

Las áreas de inteligencia naval intensificaron las labores de campo para ubicarlo, pero en agosto de 2026 el veracruzano logró que el juez Tercero de Distrito en Culiacán, Juan Aguilar Rodríguez, dejara sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El fallo se basó en fallas detectadas en el debido proceso.

El juez ordenó a la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Nancy Selene Hidalgo Pérez, emitir un nuevo fallo en audiencia oral con presencia de ambas partes. Mientras se resuelve si el mandamiento judicial se reactiva, Solano Ruiz permanece prófugo.

El Capitán Sol tiene contactos en la FGR, donde estuvo comisionado en la entonces Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), en tareas de inteligencia y análisis estratégico. Esa red de vínculos le ha permitido evadir los operativos en su contra.

El exsecretario Ojeda Durán, por su parte, fue declarado ilocalizable por la FGR luego de que la defensa de Fernando Farías Laguna lo requiriera para declarar en la audiencia de imputación. Su situación procesal no ha avanzado desde entonces.

Con 16 personas detenidas en total —12 de ellas exservidores públicos— y una afectación económica documentada de más de 340 millones de pesos solo por los primeros operativos, el caso del huachicol fiscal sigue abierto. La fiscal Godoy Ramos lo resumió en su informe, el cual cito Infobae con lo siguiente: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El hallazgo habría ocurrido el martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con la fecha de carga de los videos difundidos por los propios pescadores y con reportes de medios locales. Los tripulantes confundieron inicialmente el objeto con un sargazo flotante.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de ellos en uno de los videos. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un artefacto con forma de misil, sin bandera ni identificación visible de procedencia.

Los pescadores describieron un artefacto sin bandera y con apariencia reciente

Los tripulantes examinaron el objeto a distancia y coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa el artefacto desde la embarcación. Otro integrante de la tripulación añadió que el torpedo lucía “nuevón”, como si hubiera pasado poco tiempo en el mar.

Uno de los pescadores explicó que la falta de conchas o sargazo adherido a la estructura sugería que el artefacto no llevaba mucho tiempo flotando. “Si no, la turbina de atrás estuviera llena de esa madre y no tiene nada”, señaló, en referencia a la ausencia de organismos en la superficie del objeto. La tripulación especuló que el torpedo pudo haber sido lanzado sin detonar.

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron elementos adicionales en la estructura del artefacto. Uno de ellos mencionó lo que parecía un periscopio y otro señaló la presencia de sensores en la punta del objeto. La cercanía de la embarcación al torpedo generó tensión entre los pescadores, al grado de que uno advirtió al capitán: “Ya se acercó demasiado, capi”.

Los tripulantes bromearon con los riesgos de acercarse al artefacto, aunque también expresaron preocupación genuina. “Imagínate que explote”, dijo uno de ellos, mientras otro respondió con humor sobre la posibilidad de que el objeto se activara y “nos vengan los ataques”. Pese al tono de broma, coincidieron en que la situación era peligrosa y en que debían reportar el hallazgo de inmediato.

Los pescadores reportaron las coordenadas por radio ante el riesgo para otras embarcaciones

Los tripulantes discutieron el peligro que representaba el torpedo para el tránsito marítimo en la zona, especialmente durante la noche. “Imagínate el barco de turismo. En la noche que le llegue a pegar esa madre”, comentó uno de los pescadores, en alusión a los cruceros que navegan frente a las costas de Ensenada. Otro añadió que un impacto accidental con una embarcación grande podría pasar inadvertido hasta el momento del choque.

Ante ese riesgo, los tripulantes intentaron comunicarse con la Semar a través de la radio, aunque inicialmente no lograron ubicar el canal correspondiente. “¿Cuál es el canal de la marina? ¿Alguien se lo sabe?”, preguntó uno de ellos, mientras otro sugería el número seis como posible frecuencia. Uno de los pescadores llamó por radio a otro tripulante, identificado como “Capi Ramón”, para pedirle el número de contacto de la autoridad naval.

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto a las autoridades. En una de las transmisiones, uno de los tripulantes especificó la ubicación como “cuarenta cincuenta y siete”, mientras que en otra llamada posterior se mencionaron las coordenadas “cuarenta y dos cincuenta y seis”. Durante el intercambio por radio, uno de los pescadores confirmó que la Semar ya tenía conocimiento del artefacto y lo buscaba activamente antes del reporte de la tripulación.

Mientras esperaban respuesta de las autoridades, los tripulantes bromearon sobre las posibles consecuencias de su hallazgo. Uno de ellos preguntó si recibirían una recompensa por avisar del torpedo antes que la propia Marina, mientras otro respondió entre risas que esperaba que, al menos, no terminaran siendo remolcados por acercarse tanto al artefacto.

La Semar llegó al sitio con una patrulla interceptora y se hizo cargo del torpedo

Personal de la Segunda Región Naval de Ensenada llegó al punto reportado por los pescadores a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04. Una imagen del momento mostró a al menos tres elementos navales de pie en la proa de la embarcación, dos de ellos con chaleco naranja y casco rojo, y un tercero con uniforme de campaña, observando hacia la zona donde flotaba el artefacto.

Con la patrulla naval ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo al personal de la Semar. Uno de los tripulantes explicó a los elementos navales el procedimiento para trasladar el artefacto con seguridad: “Le voy a soltar poquita línea y le voy a dar para adelante para pasarte el hilo para que lo puedas jalar despacito y no tengas que hacer tanto pedo”. “Ahí está, ahí se los dejamos”, confirmó otro de los tripulantes al momento de ceder el control del objeto a la autoridad naval.

De acuerdo con reportes de medios locales, el artefacto correspondería a un torpedo de práctica modelo MK 46, de origen estadounidense, diseñado para entrenamientos militares y sin carga explosiva. La Semar no confirmó de manera oficial esta identificación ni el origen del objeto. Tampoco se descartó la posibilidad de que el artefacto hubiera sido utilizado con fines distintos a los militares, aunque esa hipótesis no fue corroborada por las autoridades.

Con el torpedo bajo resguardo de la Semar, la corporación quedó a cargo de determinar la procedencia exacta del objeto y las condiciones en las que llegó a las aguas frente a Ensenada, costa cercana a territorio estadounidense.

Las unidades DN-XI y el Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego, conocido como SARAF Balam, formaron parte de la exhibición tecnológica desarrollada por la Dirección General de Industria Militar. Los vehículos tácticos blindados hicieron su debut ante el público en el recorrido hacia Campo Marte.

La columna terrestre comenzó desde el Zócalo capitalino con dirección a Campo Marte. El desfile se divide en seis contingentes llamados Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

Termina el desfile Militar del 16 de septiembre

Para cerrar con el evento se realizó una formación de nueve aeronaves T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales ejecutaron la maniobra Flor de Lis, enmarcando en el firmamento los colores nacionales

Se entona el Himno Nacional de México

Para dar comienzo al cierre del desfile, el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López informó que “desfilaron ante el pueblo de México veintiún banderas de guerra, quince mil trescientos treinta integrantes de las Fuerzas Armadas, cuatrocientos cuatro soldados del Servicio Militar Nacional, noventa y nueve charros, treinta y ocho niños, quinientos treinta y seis vehículos terrestres, cuarenta y seis motocicletas, noventa y tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, seis aeronaves de la Guardia Nacional y ocho aeronaves de la Armada de México, cincuenta drones, dieciséis embarcaciones, cuatrocientos ocho caballos, ciento cuarenta y dos canes, veintiséis águilas”.

El cierre de este segmento lo realiza la máxima casa Federación Mexicana de Charrería. Durante 1921 inició esta casa, cuya tradición se guarda en los principios y los honores que toda charra y charro mexicano reúnen al forjar y hacer historia a través de la Asociación Nacional de Charros.

Se presenta la Federación Mexicana de Charrería, que en su escolta guarda la lucha y entrega por la soberanía nacional y que en imponentes cabalgaduras se reavivan los versos del Himno Nacional, al recordar que en cada mexicana y mexicano hay un soldado de sangre ancestral, siendo su abanderado nacional el heraldo de tan noble leyenda.

Cabalga el equipo de la escaramuza charra de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el evento de Independencia.

Montados a caballo, llegan los generales en situación de retiro del arma de caballería, que han servido con gran lealtad al pueblo de México.

Se presentan las primeras mujeres leyendas del paracaidismo militar, quienes hicieron historia en los cielos de México.

Los héroes caninos llegan al desfile del 16 de septiembre: Roco, Gene, Sol, Sara, Laika, Cabrio, Arcadas y la estatua de Proteo.

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre se hace presente en el lugar, este contingente está integrado con personal adiestrado y equipado para intervenir en situaciones de emergencia durante la aplicación del plan TN3E.

Rinden homenaje a la Selección Mexicana tras el Mundial 2026

Deportistas desfilan en la Plaza de la Constitución, quienes tuvieron una destacada participación en diferentes justas deportivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Asimismo, se rinde homenaje a la Selección Mexicana y su destacada participación en la Copa del Mundo en el país, donde obtuvieron el noveno lugar y cuatro victorias.

Contingente de desarrollo nacional arriba al evento del Día de la Independencia, el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles está integrado por personal capacitado que contribuye al desarrollo nacional mediante la ejecución de obras civiles y militares de gran magnitud, acciones de apoyo a la población y proyectos que impulsan el progreso de México.

Se abre paso el contingente del Sistema Educativo Militar, Crisol de Patriotas, centro de educación que tiene el objetivo de enriquecer la formación del militar con carácter y firmes principios.

Desfila el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina: Unidad disciplina, el cual presenta a los marinos honorarios, como parte del compromiso con la sociedad civil.

Estudiantes de diversas instituciones participan en el desfile del 16 de septiembre:

• Escuela médico naval
• Heroica escuela naval
• Escuela de enfermería naval
• Escuelas técnicas navales
• Escuela de Intendencia Naval
• Escuela de Electrónica Naval
• Escuela de Mecánica de Aviación
• Escuela de Maquinaria Naval
• Escuela de Escala de Mar

Desfilan las brigadas de respuesta ante emergencia de la Secretaría de Marina, su origen se remonta al 13 de septiembre del 2021, tras las graves inundaciones en Hidalgo.

El contingente de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México desfila bajo el mando del contraalmirante Claudio Cruz Hernández. Este grupo de élite realiza operaciones en mar, aire y tierra

Llega el vehículo de los cien años de la aviación naval, liderado por el piloto aviador Carlos Irán Castillo Toledo Nieto, del comodoro Carlos Castillo Bretón, pionero y padre de la aviación naval mexicana, defensor en Veracruz en 1914.

La Secretaría de Marina hace su llegada al desfile “con fuerza y dignidad”, mientras que el cielo se apertura para recibir a la aviación naval, que celebra 100 años de historia. Cinco aeronaves Texan T-6C surcan el firmamento, tres imponentes helicópteros MI-17 se desplazan con majestuosidad, símbolos de versatilidad y fuerza operativa.

Arriba al desfile el servicio de policía militar, así como el Servicio Militar Nacional y los soldados de las Fuerzas Especiales del Ejercito Mexicano.

El Ejercito Mexicano se hace presente en el desfile militar

El arma de Infantería del Ejército Mexicano, con más de 200 años de representación del pueblo, llega a la plancha del Zócalo. Su misión es emplear fuego, movimiento y choque en sus maniobras, así como mantener el área seleccionada mediante el empleo coordinado del fuego y utilización adecuada del terreno.

Las unidades de infantería se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Revisten gran importancia en las operaciones militares, permitiéndole al mando mantener una fuerza capaz de cumplir con las misiones asignadas.

Presentación del contingente Centinelas de la Nación

El contingente Centinelas de la Nación, de la Fuerza Aérea Mexicana, se hace presente durante el desfile frente al pueblo de México encabezado por su comandante.

La seguridad aeroportuaria, que protege aeropuertos y aeródromos de todo México para garantizar la confiabilidad de las operaciones aéreas, llega al evento en el Zócalo capitalino.

Pasa contingente de la Guardia Nacional frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López encabeza el desfile militar como comandante de la columna, acompañado de su Estado Mayor a bordo del vehículo táctico blindado Cimarrón. También participa una sección de motociclistas de la Guardia Nacional, mientras personal de las Fuerzas Armadas escolta la bandera de México.

Comienza oficialmente el Desfile Militar del 16 de septiembre con 99 aeronaves sobre el cielo de la plancha del Zócalo.

Por orden de la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, el general de división de Estado Mayor Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, fue designado comandante de la columna del desfile. Desde un vehículo blindado Cimarrón, solicitó autorización para dar inicio a la tradicional parada militar.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, con motivo del 216 aniversario del movimiento de independencia por parte del ejército insurgentes, solicito su autorización para iniciar el desfile militar”, pidió el funcionario.

En el marco del 80 aniversario de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 15 militares del equipo de salto libre Guerreros Águila realizaron maniobras de aproximación y descendieron sobre la Plaza de la Constitución. Los elementos demostraron su alto nivel de adiestramiento y preparación al efectuar saltos desde alturas de hasta 6 mil pies.

La banda de guerra comienza a tocar, dando fin al los discursos de los funcionarios.

“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende. ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la soberanía! ¡Que por siempre viva México! ¡Viva México!”, expresó Claudia Sheinbaum al finalizar su discurso.

Siguiendo con su mensaje, la mandataria mexicana recordó que “la gesta heroica del inicio de la independencia de México fue el despertar del pueblo y el comienzo del despertar de un continente. Fue el levantamiento de quienes habían vivido bajo la opresión y decidieron que había llegado el momento de conquistar su libertad. Por esta gesta, a Hidalgo lo nombramos el padre de la patria. Todavía hoy han querido restarle valor a su heroísmo y a su visión. En el fondo, lo que no le perdonan es que convocó a la independencia a través de una verdadera rebelión popular. Fue la valentía de un pueblo humilde que, guiado por un hombre valiente, se puso de pie para conquistar su soberanía y la justicia”.

Discurso de Claudia Sheinbaum

“México nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino. La independencia nació de mujeres y hombres valientes que tuvieron el coraje de desafiar al poder y de imaginar una patria justa y soberana. Se forjó con la resistencia indígena, que durante tres siglos de colonia defendió su lengua, su cultura, su forma de vida y organización. Así, nuestra independencia surgió como una causa popular. Esa es una característica que hace único al movimiento de independencia de México y que forma parte de nuestra grandeza histórica. Porque mientras los movimientos independentistas de lo que hoy llamamos América Latina fueron encabezados por militares criollos, en México el movimiento fue encabezado por un cura de pueblo, un hombre del llamado bajo clero, cercano a la gente”, comenzó con su discurso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Participantes de las Fuerzas Armadas durante el desfile

La tradicional parada militar contará con la participación de cerca de 16 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, además de 500 vehículos y 99 aeronaves. Entre los participantes destacan:

• Generales, almirantes, jefes, capitanes y oficiales, que integrarán la columna del desfile.
• Cadetes, elementos de tropa y marinería, quienes marcharán durante la ceremonia.
• 15 fusileros paracaidistas, entre ellos cinco mujeres del equipo Guerreros Azteca, que realizarán maniobras acrobáticas para arribar al Zócalo capitalino.

El general Ricardo Trevilla Trejo destacó que la unidad permanece vigente como una fuerza para enfrentar cualquier reto del Estado mexicano bajo la dirección de la Comandanta Suprema, Claudia Sheinbaum. Señaló que el desfile confirma este sentimiento al reunir a niñas, niños, jóvenes y mexicanos con sus soldados, reflejando la unidad que permitió forjar un México republicano, federalista, libre, independiente y soberano.

El General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional habló sobre la batalla de la Independencia, desde su inició en 1810 hasta su consumación en 1821, destacando la labor de las mujeres en la lucha.

El líder de la Marina también agregó que “bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México, enfilamos la proa hacia una marina más fuerte que contribuye y da impulso al desarrollo nacional y brinda mayor tranquilidad a las familias mexicanas con acciones como la salvaguarda de la vida humana en la mar, el apoyo a la población civil, así como la ayuda humanitaria más allá de nuestras fronteras, siempre bajo los principios constitucionales de respeto, no intervención y solución pacífica de las controversias. Porque somos una armada capaz de evolucionar sin olvidar nuestros cimientos y que reconoce a su personal como el recurso más valioso. Como marinos, llevan en sus hombros el peso de una historia construida con honor. Porque pertenecer a la Armada de México es pertenecer a una estirpe de mujeres y hombres que han elegido poner el cumplimiento del deber por encima de sus intereses personales y a la patria por encima de sus propias vidas”.

“Escenario de esta histórica Plaza de la Constitución con el tradicional desfile cívico militar. Lo hacemos ante el pueblo de México para celebrar una fecha que marca la génesis de esta gran nación y de sus instituciones, y que dota de un importante sentido a nuestra identidad como mexicanas y mexicanos de bien. Quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas mexicanas entendemos la importancia de ello, pues asumimos con la responsabilidad moral, profesional y ética de dar la vida por la continuidad del Estado mexicano”, expresó durante su discurso el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina.

Funcionarios presentes en el desfile del 16 de septiembre

En el evento se encuentra parte del gabinete de la presidenta Sheinbaum:

• Mario Delgado, secretario de Educación
• Marcelo Ebrard, secretario de Economía
• Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
• Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
• Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores
• General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional
• Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República de México
• Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público de México
• Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud de México
• Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo
• Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura
• Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal

Suena el Himno Nacional de México

Comienza la marcha presidencial por la plancha del Zócalo

Inicia la ceremonia de izamiento de bandera

La mandataria mexicana rinde honores a la bandera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum llega al Zócalo capitalino

Comienza el Desfile Militar del 16 de septiembre

Bandas del ejército ensayan muy cerca del centro capitalino previo al evento por el Día de la Independencia.

La avenida Juárez, a la altura del Palacio de Bellas Artes, luce abarrotada por familias que se dieron cita en el Centro Histórico de la CDMX para presenciar el inicio del desfile cívico-militar del 16 de septiembre

La plaza del Zócalo capitalino comienza a llenarse de los asistentes previo al desfile por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Se alistan elementos para participar en el desfile cívico-militar.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un total de mil 800 elementos fueron desplegados al municipio de Mazatlán, Sinaloa, para contener la violencia. En total, son cerca de 20 mil agentes los que se encuentran en el estado por la disputa del Cártel de Sinaloa.

El funcionario detalló que el reforzamiento de la seguridad fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que incorporan 800 agentes de la SSPC y mil de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo se realiza horas después de que un estadounidense fue asesinado en el municipio.

“El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado”, aseguró.

Más tarde, la SSPC detalló que se trata de 836 agentes desplegados, quienes se suman a los más de 2 mil elementos que ya estaban en Sinaloa por parte de la corporación y de la Marina.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantiene más de 15 mil 900 elementos en el estado, por lo que de manera posterior informará sobre el personal adicional que destinará solo a Mazatlán.

Las actividades que realizarán contemplan su distribución en distintos sectores de la zona urbana de Mazatlán y en puntos estratégicos de la entidad. Además, reforzarán la vigilancia en carreteras para mejorar la capacidad de respuesta.

Los agentes también intensificarán los patrullajes y las acciones de prevención y disuasión para la reducción de la incidencia delictiva.

Más de 7 mil agentes de seguridad están de forma permanente en Mazatlán, pero la violencia continúa

La alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó en días pasados que la cifra de elementos de seguridad desplegados en el municipio asciende a 7 mil 700 de diversas corporaciones que se encontraban de manera permanente para contener la violencia.

Y es que desde el mes de julio se registró un incremento en los asesinatos, feminicidios y ataques armados provocados por la disputa de las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) citados por el medio Noroeste, el municipio pasó de un promedio mensual de entre 5 y 9 homicidios, a cerca de 36 casos en el mes de julio, cifra que casi se duplicó en agosto con un total de 61 asesinatos y 12 feminicidios.

Entre los hechos violentos recientes se encuentra el atentado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador de Protección Civil de Mazatlán, cuando circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, casi esquina con Emilio Barragán.

Testigos citados por medios locales señalaron que los agresores se desplazaban en motocicleta y dieron seguimiento a la unidad del funcionario, para luego interceptarlo y dispararle en al menos 15 ocasiones. Osuna Tirado resultó herido junto con un acompañante.

La madrugada del 9 de septiembre, un agente de la Guardia Nacional murió cuando hombres armados irrumpieron en una habitación de un hotel situado sobre la avenida Del Mar, en el fraccionamiento Palos Prietos, y dispararon en varias ocasiones contra sus dos ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Alfredo “N”, elemento activo de la Guardia Nacional comisionado en Oaxaca aunque residente en Mazatlán, y José Antonio “N”, ambos de 23 años, según informó Noroeste.

Esa misma tarde, una balacera obligó a resguardarse a alumnos de secundaria, cuando personas que se transportaban en motocicletas se enfrentaron a balazos en inmediaciones de la Escuela Secundaria Federal número 5, Ricardo Flores Magón, en la colonia Urías, justo cuando los estudiantes salían de su jornada escolar.

El personal docente instruyó a los alumnos a regresar a las aulas en cuanto se escucharon los disparos cerca del plantel. En redes sociales circuló un video en el que se observa a un grupo de estudiantes siendo reunidos por adultos para resguardarse en un salón alejado de la calle principal, mientras otro material mostró a un alumno ingresando a una vivienda entre detonaciones de arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que ninguna persona resultó lesionada en el enfrentamiento, en el que las autoridades recolectaron al menos 20 casquillos percutidos.

Tres días después, a horas de realizarse la marcha por la paz convocada para exigir seguridad, Mazatlán registró 5 homicidios que representaron la mitad de las 10 muertes violentas contabilizadas ese día en todo Sinaloa.

Esa jornada de violencia se produjo pese a que horas antes se activó el cuerpo de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, ordenado por la alcaldesa Estrella Palacios para atender hechos de alto impacto en el municipio.

Los resultados obtenidos por la corporación se realizaron entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de este año, como parte de las tareas permanentes de vigilancia, patrullaje e interdicción que realiza el personal naval en las costas del país.

De acuerdo la Armada de México, en ese tiempo fueron asegurados 37,855.48 kilogramos de presunta cocaína, es decir, casi 38 toneladas. Esta cifra supera en 12,142.48 kilogramos a los 25,713 asegurados durante todo el 2025, lo que representa un incremento de 47.2 % en un año.

Con los aseguramientos de ambos años, destacó la Marina, se han evitado que un total de 63 mil 568 toneladas no sean distribuidas entre la población.

Cabe señalar que estas cifras corresponden solo a las operaciones desarrolladas por unidades de superficie, aéreas y de Infantería de Marina, orientadas a la detección, intercepción y aseguramiento de embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas en aguas nacionales.

Más de 80 detenciones y el aseguramiento de embarcaciones usadas para el tráfico de drogas

Además del volumen de droga, la Marina ha llevado a cabo el aseguramiento de un total de 26 embarcaciones y una de bajo perfil (LPV, por sus siglas en inglés), así como de 54 motores fuera de borda.

En paralelo, las operaciones derivaron en la detención de 86 presuntos infractores de la ley durante el mismo periodo reportado, entre enero y el 10 de septiembre de 2026.

El Pacífico, epicentro del tráfico marítimo de droga

El aumento en los aseguramientos realizados por la corporación se produce en un contexto donde la mayor parte de la droga que se traslada por vía marítima se concentra en las costas del océano Pacífico.

Fue el almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien informó desde el mes de julio que estas costas han sido el centro de los decomisos de cocaína en lo que va del año.

Además, identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos que ingresan por esa región. El funcionario detalló que el despliegue naval se concentró en el Pacífico Sur y Oriental, en la zona de las Islas Revillagigedo, frente a las costas de Colima y Jalisco.

El almirante también describió un cambio de táctica de las organizaciones criminales recientemente implementado: la incorporación de polizones a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía, para que embarcaciones menores la recolecten después. Esa modalidad, según el funcionario, obligó a la Marina a reforzar la vigilancia directa en los puertos.

De manera reciente se han detectado casos vinculados a esta dinámica en el Pacífico, entre ellos decomisos frente a las costas de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca ocurridos entre marzo y julio de 2026, con afectaciones económicas de cientos de millones de pesos y procesos judiciales abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) contra tripulantes extranjeros detenidos.

Al respecto, la Marina detalló que el aseguramiento de drogas contribuye a reducir su disponibilidad y circulación, y a prevenir que lleguen a las comunidades, con un enfoque particular en la protección de niñas, niños y jóvenes.

Uno de los últimos decomisos se registró el pasado 15 de agosto, cuando la corporación interceptó 1.9 toneladas de presunta cocaína en el océano Pacífico que eran transportadas en una lancha a 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Los elementos navales localizaron un total de 53 bultos y dos tripulantes, quienes fueron detenidos durante el operativo. El cargamento representó una afectación económica estimada en 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos, y su decomiso evitó la distribución de más de tres millones de dosis, de acuerdo con las autoridades.

La embarcación fue detectada durante un vuelo de patrullaje marítimo y posteriormente interceptada en la zona correspondiente a la Octava Región Naval. Contaba con dos motores fuera de borda y no se reportó resistencia por parte de los tripulantes.

Los detenidos fueron trasladados a instalaciones navales en Acapulco, Guerrero, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que integre la carpeta de investigación y determine el peso exacto de la sustancia.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Dilan Peña Escalante, alias “London”, señalado como operador logístico de Los Salazar en los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora. Junto a él fue capturado Emanuel Antonio Ibarra Miranda.

La operación se realizó en el marco de la Operación Escudo “Componente Sable” y representó una afectación económica al grupo delictivo estimada en 25,714,558.90 pesos.

Cateos en San Carlos

Los cateos se efectuaron en dos inmuebles ubicados en San Carlos, Guaymas, en los sectores de Posgeo y Bonita.

En la acción participaron, además de personal de la Marina, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como policías estatales y municipales de Sonora. Esta coordinación interinstitucional respondió a los lineamientos de la Operación Escudo, cuyo componente denominado “Sable” concentró los trabajos que derivaron en los cateos.

El “London” operaba en la región de Guaymas y Empalme, dos municipios del sur de Sonora, según los datos difundidos por las autoridades tras el operativo. La detención de Peña Escalante y de Ibarra Miranda forma parte de las acciones contempladas en ese componente de la Operación Escudo.

Droga asegurada: cristal y marihuana con marca “Olympos”

Durante los cateos se contabilizaron 882 dosis de cristal o metanfetamina, con un peso aproximado de mil 92 kilogramos. También se aseguraron 3 mil 582 dosis de marihuana, con un peso conjunto cercano a los 30.162 kilogramos.

Entre la marihuana decomisada, las autoridades hallaron 357 bolsas identificadas con la leyenda “Kannabis Olympos” y 2 mil 385 tubos blancos y rojos con el sello “Olympos”.

El volumen combinado de ambas sustancias, cristal y marihuana, forma parte de los bienes que integran la afectación de más de 25.7 millones de pesos atribuida a la organización tras el operativo.

Armas y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos

El operativo permitió el aseguramiento de un arma corta Glock calibre 10 mm, otra arma corta tipo réplica, 10 cartuchos útiles calibre 10 mm y un cargador. Este arsenal se suma al inventario de bienes incautados en los dos inmuebles cateados.

Entre los vehículos asegurados figura un Kia Optima 2015 que cuenta con reporte de robo en San Diego, California, fechado el 26 de octubre de 2025. Las autoridades incluyeron este dato entre los bienes asegurados, sin ofrecer mayor precisión sobre las circunstancias del vehículo en territorio mexicano.

Otros bienes decomisados y situación de los detenidos

Además de las armas y la droga, las autoridades aseguraron 140 vapeadores, dos libretas, un rollo de hule para flejar, un paquete de bolsas de plástico, una fornitura, un par de rodilleras y 4 mil 250 pesos en efectivo. Estos artículos, según el reporte oficial, formaban parte del material localizado en los inmuebles cateados en San Carlos.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que determinará la situación jurídica de ambos e integrará la carpeta correspondiente.

Los Salazar

Los Salazar surgieron a mediados de los años 2000 como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua. El grupo fue fundado por Adán Salazar Zamorano, alias “Don Adán”, originario de Chínipas, Chihuahua, quien estableció su base de operaciones en Navojoa, Sonora, desde la década de 1990.

Durante más de dos décadas, Don Adán fue el principal productor y distribuidor de marihuana en el Valle del Mayo. Su cercanía con Joaquín “El Chapo” Guzmán le permitió expandir las operaciones del clan hacia ciudades como Guaymas y San Carlos, consolidando rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos.

Don Adán fue detenido en 2011 en Huixquilucan, Estado de México, y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2023. Tras su captura, el liderazgo pasó a sus hijos: Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano, “El Tío”, hermano de Don Adán, como el principal operador del grupo.

La ruptura con Los Chapitos

Los Salazar operaron durante años como brazo armado de Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de “El Chapo” Guzmán. Esa alianza se quebró en octubre de 2023, cuando Los Chapitos hicieron circular narcomantas prohibiendo la producción y el tráfico de fentanilo, como estrategia para reducir la presión de Estados Unidos en su contra.

Los Salazar desacataron esa orden, lo que derivó en una guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa. A finales de 2023, se asociaron con otras dos células que antes protegían a Los Chapitos, conocidas como Los Cazadores y Los Paredes, para conformar una nueva estructura: el Nuevo Cártel Independiente de Sonora, convirtiéndose en rivales directos de sus antiguos aliados.

El grupo ha sido vinculado por autoridades mexicanas a múltiples hechos de violencia, entre ellos el asesinato del activista Nepomuceno Moreno Núñez, ocurrido en Hermosillo en 2011, la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005 y el homicidio de la periodista Miroslava Breach en 2017. También ha sido señalado por la construcción de narcotúneles hacia territorio estadounidense en la frontera de Sonora y Arizona.

Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.

Un grupo de al menos 14 integrantes de las corporaciones accedieron armados al inmueble para la captura de una enfermera, la cual estaría relacionada con una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

La movilización de los elementos acaeció durante una jornada natural. Dentro del hospital se atendía a derechohabientes cuando, de pronto, ocurrió el ingreso de las fuerzas de seguridad con pacientes, familiares y empleados siendo testigos de la detención de una de las trabajadoras del hospital.

Al entrar al edificio, algunas personas decidieron evacuar el lugar. De acuerdo a varios reportes, algunos derechohabientes temieron que se tratara de un posible enfrentamiento en el interior del Hospital Regional debido a la presencia de las fuerzas armadas de corporaciones federales y estatales.

La dirigencia sindical del ISSET señaló que los elementos no informaron al hospital el motivo de su presencia. Asimismo, el sindicato también cuestionó el ingreso armado al área médica, debido a la incertidumbre que provocó entre pacientes y personal.

Tras varios minutos, los agentes se retiraron del lugar con la trabajadora de enfermería, identificada como Juana “N”, quien fue esposada y subida a una unidad oficial.

De manera preliminar, se informó que el arresto de la enfermera estaría relacionada con una orden de aprehensión por el presunto incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Esa versión aún requiere confirmación de la Fiscalía estatal o de la autoridad judicial que habría emitido el mandato.

Se espera que la Fiscalía estatal informe si Juana “N” fue puesta a disposición de un juez, los cargos que se le imputarían y las razones por las que el cumplimiento de la orden de aprehensión se realizó dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET.

¿A qué se refiere con incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar?

En términos generales, significa a no proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas a quienes se tiene el deber legal de mantener. Usualmente se relaciona con el incumplimiento del pago de pensión alimenticia para hijas, hijos, ex pareja u otros dependientes económicos.

En Villahermosa, Tabasco, el artículo 206 del Código Penal contempla este delito cuando una persona deja de cubrir alimentos o se coloca deliberadamente en insolvencia para evadir esa obligación.

La sanción prevista es de seis meses a dos años de prisión, multa y suspensión de derechos familiares; si el incumplimiento desobedece una resolución judicial, la pena puede aumentar una tercera parte. También se contempla el pago de las cantidades alimentarias que no se entregaron oportunamente.

La dirigencia sindical del ISSET cuestionó que las corporaciones realizaran el despliegue con personal armado dentro del hospital sin informar previamente a la institución. Hasta el momento no se ha detallado si hubo coordinación con directivos del centro médico ni si la atención a derechohabientes resultó afectada.

Patrulla de la Guardia Estatal deja varios policías heridos en Huimanguillo

En otro orden de idas, en el municipio de Huamanguillo, el más grande en extensión territorial del estado de Tabasco,la volcadura de una patrulla. sobre la carretera Villahermosa-La Isla, frente al Hospital Juan Graham, dejó heridos a varios elementos de la Secretaría de Seguridad y Portección Ciudadana (SSPC).

Según reportes, el conductor de la unidad habría perdido el control hasta impactar con otro vehículo. Tras el accidente, efectivos del Ejército Mexicano, policías municipales de Huamanguillo y personal de cuerpos de emergencia, acudieron para asistir a los agentes y llevarlos al hospital más cercano sin precisar la gravedad de sus lesiones.

La Secretaría de Marina impidió el ingreso de aproximadamente5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) durante 2026, en operaciones que combinaron inteligencia, análisis de riesgo y tecnología especializada.

La Armada de México fue la encargada de realizar las detecciones en coordinación con autoridades aduaneras, con el fin de identificar inconsistencias y concentrar las inspecciones en operaciones que presentan señales de alerta. El esquema busca impedir el ingreso, traslado y distribución de mercancías ilícitas desde la terminal aérea.

De acuerdo con las autoridades, Las inspecciones se concentraron en operaciones que presentaron señales de alerta. La estrategia busca impedir que la terminal aérea sea utilizada para el ingreso, traslado o distribución de mercancías ilícitas.

Los operativos también permitieron asegurar 93 armas de fuego y 1.477 municiones mediante protocolos de inspección y análisis de imágenes de rayos X. Las autoridades detuvieron a 14 personas vinculadas con posibles hechos ilícitos.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes tras las acciones de revisión en el aeropuerto. La Secretaría de Marina los relacionó con irregularidades detectadas en distintas operaciones.

La estrategia incluyó el aseguramiento de alrededor de 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular. Las autoridades localizaron esos productos en distintos cargamentos provenientes del extranjero.

El modelo de inspección del AICM combina rayos X, análisis de riesgo y revisión documental

Cada detección parte de un proceso estructurado en varias fases. La Semar describió que ese proceso combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo, inspecciones físicas y equipos especializados.

El análisis de imágenes de rayos X fue el recurso técnico que permitió identificar las armas de fuego y las municiones aseguradas. Ese mismo sistema de escaneo opera de forma integrada con los protocolos de inspección manual para elevar la tasa de detección en los embarques que presentan señales de alerta.

El modelo apunta a anticiparse antes de que las mercancías irregulares ingresen a territorio nacional. La revisión de perfiles de riesgo permite dirigir los esfuerzos hacia las operaciones con mayores inconsistencias, lo que optimiza el uso de los recursos disponibles.

La administración aeroportuaria a cargo del Grupo Aeroportuario Marina también participa en ese esquema de control. Su involucramiento refuerza la coordinación entre las autoridades de seguridad y la operación cotidiana de la terminal.

La ANAM y la SSPC participan junto a la Semar en el control del AICM

La Semar subrayó que las acciones en el aeropuerto no responden a un esfuerzo unilateral. La ANAM, la SSPC y la Armada de México trabajan de forma coordinada con el propósito de mantener una aduana segura, moderna y eficiente.

Esa coordinación interinstitucional busca también proteger la economía formal y preservar el orden institucional. Al cerrar rutas de traslado y cortar posibles fuentes de financiamiento, las operaciones conjuntas reducen la capacidad logística de las organizaciones delictivas.

El impacto de los aseguramientos trasciende las cifras individuales de cada cargamento retenido. La dependencia señaló que la interrupción de esas rutas afecta directamente la legalidad de las cadenas del comercio exterior y del transporte internacional.

La Semar indicó que el personal naval mantiene una vigilancia permanente sustentada en inteligencia y tecnología. Esa vigilancia se aplica en uno de los principales puntos de entrada y salida del país, donde el volumen de operaciones comerciales exige una respuesta de seguridad constante.

La dependencia reafirmó su compromiso de continuar el fortalecimiento de las capacidades de la Armada de México en seguridad aeroportuaria e inspección. El objetivo declarado es cerrar el paso a las actividades ilícitas y garantizar que los aeropuertos del país operen como espacios seguros tanto para los pasajeros como para las operaciones comerciales.

Los resultados acumulados en lo que va del año sitúan al AICM como un punto de control activo frente al tráfico de mercancías prohibidas. La Semar precisó que las cifras reflejan la dimensión de un esfuerzo sostenido que no se detiene ante ningún tipo de cargamento irregular.

La coordinación entre la Marina, la ANAM y la SSPC establece un precedente operativo para otros aeropuertos del país. La dependencia no descartó extender ese modelo a otras terminales aéreas donde el flujo de mercancías internacionales representa un riesgo de infiltración de productos ilícitos.

Héctor Márquez Martínez, apodado como “Chico Nuca” en redes sociales, regresó a tierra firme la noche del 8 de septiembre de 2026 tras sobrevivir ocho días a la deriva en el océano Pacífico, a bordo de su embarcación menor, la “Josmarcito”. El pescador originario de Puerto Ángel, Oaxaca, había desaparecido el 31 de agosto y fue localizado a 481 kilómetros al sur de Huatulco por el buque ARM “Monte Albán” de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), que ejecutó su rescate alrededor de las 12:25 horas de ese día.

El pescador arribó al muelle de la Décima Región Naval a las 20:30 horas del 8 de septiembre. El operativo se activó el 31 de agosto, luego de que se reportara el retraso en el regreso de la embarcación menor.

La Semar desplegó buques, lanchas y aeronaves desde el 31 de agosto

La alerta llegó a las autoridades navales cuando familiares o personas cercanas al pescador reportaron que la “Josmarcito” no había retornado a puerto en el tiempo previsto. Ante ese aviso, la Semar puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate con recursos marítimos y aéreos.

El despliegue incluyó una patrulla costera, una patrulla interceptora y una embarcación tipo Defender. También participaron aeronaves de patrulla marítima tipo Persuader y King Air, además de personal naval especializado en búsqueda y rescate marítimo.

Las unidades recorrieron distintos patrones de búsqueda durante varios días en la zona de interés al sur de las costas oaxaqueñas. Fue el buque ARM “Monte Albán” el que finalmente localizó la embarcación menor con el pescador a bordo, a 260 millas náuticas (481 kilómetros) al sur de Huatulco.

La tripulación del buque ejecutó las maniobras necesarias para recuperar a Márquez Martínez y lo puso a salvo a bordo. El personal de Sanidad Naval realizó de inmediato una valoración médica que determinó su estado como estable, con un cuadro de deshidratación.

El ARM “Monte Albán” llegó al muelle de la Décima Región Naval a las 20:30 horas

Con el pescador a bordo, el buque puso rumbo a Salina Cruz, Oaxaca, sede de la Décima Región Naval. Márquez Martínez llegó al muelle a las 20:30 horas del 8 de septiembre y se reunió con su familia tras los ocho días de ausencia.

El reencuentro familiar se produjo en el propio muelle de la instalación naval. A continuación, el personal de Sanidad Naval trasladó al pescador al Hospital Naval de Salina Cruz para una valoración médica más completa.

La institución informó que Márquez Martínez recibió la atención médica correspondiente en ese hospital. Al concluir el tratamiento, el pescador se retiró por sus propios medios, lo que confirmó la estabilidad de su condición.

Puerto Ángel, zona de pesca artesanal en el Pacífico oaxaqueño

Puerto Ángel pertenece al municipio de Pochutla y se ubica en la costa del océano Pacífico oaxaqueño, dentro de la Región Marina Prioritaria No. 35 Puerto Ángel-Mazunte. La pesca artesanal constituye una de las principales actividades económicas de esa comunidad, donde los pescadores salen en embarcaciones menores —conocidas como pangas— a profundidades de hasta 100 metros.

Las condiciones marítimas en esa franja del Pacífico mexicano pueden volverse adversas, en especial durante la temporada de lluvias, que abarca de mayo a octubre y coincide con el periodo en que ocurrió el incidente. Los vientos Tehuanos, que atraviesan el Istmo de Tehuantepec, generan corrientes y surgencias que afectan la navegación en el Golfo de Tehuantepec y sus aguas adyacentes.

La Semar informó que, en el Pacífico, existe un periodo de veda oficial para ciertas especies del 1 de agosto al 31 de octubre, según el Diario Oficial de la Federación. El caso de Márquez Martínez ocurrió en los primeros días de ese periodo, aunque las autoridades no precisaron el tipo de faena que realizaba cuando se perdió el contacto con su embarcación.

La Semar refrenda su función de Guardia Costera con el rescate número 047/2026

El caso quedó registrado como alcance al comunicado 047/2026 de la Semar, emitido originalmente el 7 de septiembre. La institución destacó que el operativo refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar y brindar auxilio oportuno a quienes se encuentren en situación de emergencia marítima.

La Décima Región Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 971 714-0238 para la atención de emergencias en el mar. La Semar también habilitó la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1) para reportes de este tipo.

Las autoridades navales subrayaron que el rescate de Márquez Martínez se concretó sin pérdidas humanas. El operativo de ocho días de búsqueda en aguas abiertas del Pacífico mexicano es una muestra del alcance de los recursos desplegados por el Sistema de Búsqueda y Rescate de la Armada de México.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que representa a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una versión parcial del caso y pidió que se revise de manera integral la investigación.

Entre sus principales señalamientos está el cateo de una bodega relacionada con uno de los hermanos y la documentación que la Fiscalía busca vincular con ellos.

La defensa afirmó que la orden para catear la bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna fue emitida desde el 1 de febrero de 2026, por lo que rechazó que el procedimiento pueda ser presentado como un hallazgo reciente dentro de la investigación.

Según el despacho, durante el cateo no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. La defensa también sostuvo que los documentos que la FGR pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no fueron firmados por ellos, sino por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

La defensa pide acceso a información de la Secretaría de Marina

A partir de esas diferencias, los abogados solicitaron acceso a la carpeta de investigación completa y a los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de Marina. Su argumento es que esa información permitiría establecer el origen de los documentos y determinar qué funcionarios tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades.

El despacho también pidió revisar los criterios mediante los cuales determinada información fue clasificada o reservada como de seguridad nacional. La solicitud se concentra en aquellos documentos que, de acuerdo con la defensa, podrían resultar relevantes para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad individual de quienes hayan participado.

La disputa ocurre en medio de una investigación por una presunta estructura dedicada al contrabando de combustibles. Frente a ese señalamiento, los abogados sostienen que el caso no debe concentrarse únicamente en los hermanos Farías Laguna y que deben analizarse las distintas instancias que intervinieron en los controles relacionados con el movimiento de combustibles.

Rafael Ojeda comparecerá como testigo

Rafael Ojeda Durán deberá comparecer ante una jueza después de que la defensa solicitara que declarara como testigo. Los abogados buscan conocer qué información recibió el entonces secretario de Marina sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué acciones emprendió posteriormente.

Entre los puntos que la defensa pretende esclarecer está si Ojeda Durán recibió al contralmirante Rubén Guerrero y qué información pudo haber recibido durante ese encuentro. La comparecencia busca incorporar al expediente la versión del exsecretario sobre los hechos investigados.

La defensa también planteó que una estructura dedicada al contrabando de combustibles habría tenido que superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de distintas dependencias y entidades federales. Por ello, pidió que las autoridades sigan otras líneas de investigación y determinen de manera individual la responsabilidad de cada persona involucrada.

El despacho insistió en que los hermanos Farías Laguna deben tener acceso a la evidencia que obra en el expediente y que la investigación debe considerar tanto los documentos que la FGR presentó como aquellos que permanecen bajo resguardo de otras autoridades.

El cateo en la bodega que llevó a la FGR a reportar armas y documentos de la Marina

La controversia surgió después de que la FGR informara sobre el cateo de una bodega arrendada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna en la Ciudad de México, donde aseguró haber localizado armas sin registro, documentación de la Secretaría de Marina y expedientes relacionados con personal y altos mandos de la institución.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, presentó el hallazgo como parte de la investigación contra una presunta red de contrabando de hidrocarburos en la que Manuel Roberto y su hermano, Fernando Farías Laguna, están señalados. De acuerdo con la FGR, entre los objetos asegurados había listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentos clasificados como reservados y confidenciales por razones de seguridad nacional.

La Fiscalía no detalló públicamente el contenido de los documentos ni precisó a qué funcionarios correspondían los expedientes localizados. También informó del aseguramiento de armas de fuego que, según su versión, no contaban con el registro correspondiente.

La investigación federal se originó en 2024 y avanzó hasta el aseguramiento de un buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. A partir de ese caso, la FGR sostuvo haber identificado una estructura que presuntamente introducía combustible desde Estados Unidos y lo declaraba como aceite o aditivo para evadir el pago de impuestos.

Según la versión presentada por Godoy Ramos, la red contaba con servidores públicos, agentes aduanales y otros colaboradores que presuntamente facilitaban el ingreso de los cargamentos mediante registros manipulados y revisiones simuladas. Las investigaciones alcanzaron operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

La FGR ha señalado a los hermanos Farías Laguna como presuntos integrantes de esa estructura. Sin embargo, su defensa, encabezada por el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, sostiene ahora que la información presentada sobre el cateo es parcial y rechaza que los documentos señalados puedan atribuirse directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando son señalados por las autoridades por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal transfronterizo que mantenía operaciones en cinco estados.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que esta trama criminal fue denunciada en 2024 por el almirante Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñaba como secretario de Marina.

De acuerdo con la funcionaria, esta red operaba bajo las órdenes de los también exmarinos, quienes se aseguraban de la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado al país de manera ilegal.

Así operaba la red de huachicol fiscal

Los hermanos Farías Laguna son señalados por operar con la ayuda de cómplices para intervenir en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y en la Secretaría de Marina (Semar), donde Roberto Farías Laguna presuntamente gestionaba de manera directa los nombramientos y promociones.

La red operaba con buques que zarpaban principalmente desde Texas, Estados Unidos, desde donde trasladaban hidrocarburo que se declaraba como aceite o aditivo para evitar que se cobraran impuestos. Por su parte, los agentes aduanales supuestamente recibían pagos por cada embarque que permitían ingresar a México.

Godoy Ramos detalló que las inspecciones realizadas en las aduanas eran en realidad una simulación, ya que sus cómplices permitían solo muestreos superficiales y permitían el desembarque del hidrocarburo sin revisión.

Los datos refieren que se establecían calendarios de arribo de los buques para que fueran desactivadas las cámaras y así posibilitar el registro de descargas. Una vez realizado, el combustible se distribuía mediante tres empresas que contaban con registros legales, pero, según la fiscal general, una red de empresas fachada y triangulaciones financieras le daban apariencia legítima a los ingresos de la venta del hidrocarburo.

Las operaciones de esta red de huachicol fiscal fueron detectadas en cinco entidades del país:

• Tamaulipas
• Baja California
• Ciudad de México
• Colima
• Sonora

La fiscal general explicó que las indagatorias, el seguimiento de accionistas y apoderados legales, les permitió identificar evidencia de la participación de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en la trama criminal.

Catean una bodega que estaría ligada a los hermanos, sobrinos del exsecretario de Marina, Ojeda Durán

Como parte de las acciones realizadas en contra de esta red de hidrocarburo ilegal, las autoridades llevaron a cabo un cateo en una bodega que presuntamente Manuel Roberto Farías arrendaba en la capital del país.

En el sitio localizaron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial, y armas sin el debido registro.

Tanto Fernando Farías Laguna como su hermano Manuel Roberto se encuentran recluidos en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ambos se encuentran vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Miembros de Morena estarían involucrados en la trama criminal

El caso de los hermanos Farías Laguna se ha visto en medio de polémicas debido a que en el expediente de la FGR un testigo menciona a un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sería Andrés Manuel López Beltrán, así como al senador Adán Augusto López por presuntamente estar involucrados en la red de huachicol fiscal.

Pese a las menciones, la FGR emitió un comunicado en el que informó que ninguno de los dos miembros de Morena estaban integrados en la carpeta por mención de un testigo protegido; pero durante la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Farías sí lo mencionaron como parte de sus averiguaciones.

La defensa ha insistido en que Fernando Farías denunció la trama criminal a su tío, Ojeda Durán, a través de mensajes de WhatsApp, lo que sería prueba suficiente para demostrar su colaboración en destapar la red.

Por su parte, Manuel Roberto Farías envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 2 de septiembre en la que le advirtió que existe evidencia documental que menciona a personas relacionadas con la red -que no han sido requeridos por las autoridades- y en los que se encontrarían miembros de Morena.

“Existe evidencia documental que precisa a personas relacionadas con este asunto, personas que forman parte de sus Secretarías de Estado, Senado de la República y miembros de Morena que en este momento están en busca de cargos públicos”, aseguró.

Aunque no precisó los nombres, se trataría de Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, mencionados en la carpeta de investigación de huachicol fiscal.

La Infantería de Marina de la Armada de México celebra este sábado el vigésimo quinto aniversario de sus Fuerzas Especiales, conocidas como los Quachics, bajo la mística de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La conmemoración se produce mientras el cuerpo consolida su estructura de élite a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), creada en 2014 para agrupar a sus grupos de mayor capacidad táctica y estratégica.

La Infantería de Marina opera como una fuerza especializada de la Secretaría de Marina. Su mandato abarca operaciones anfibias y terrestres en zonas marinas, costas, ríos, zonas lacustres, puertos y aguas jurisdiccionales del país.

Las Fuerzas Especiales Quachics cumplen 25 años de evolución operativa

Los Quachics sostienen una evolución constante de sus capacidades operativas desde su fundación hace 25 años. La distinción de sus integrantes se sustenta en tres atributos: capacidad, disciplina y profesionalismo al servicio de la Nación.

La formación de un Infante de Marina integra preparación física, disciplina, conocimiento de armamento, defensa personal y adiestramiento individual de combate. El proceso se desarrolla bajo un estricto respeto a los derechos humanos y con el compromiso de salvaguardar a las familias mexicanas ante amenazas a la seguridad y desastres naturales.

La UNOPES agrupa a tres componentes de élite: las Fuerzas Especiales, los Comandos Anfibios y el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas. Sus integrantes —hombres y mujeres— adoptan el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo como un estilo de vida arraigado, no solo como normas de conducta.

La unidad mantiene colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para garantizar el Estado de derecho. Su posicionamiento la consolida como la base de respuesta inmediata ante cualquier amenaza a la seguridad nacional en entornos terrestres, aéreos y marítimos.

La UNOPES opera con tres grupos de élite de despliegue rápido

Los Comandos Anfibios constituyen el componente de Infantería de Marina ligera dentro de la UNOPES. Su preparación técnica, táctica y física les permite el despliegue rápido para operaciones de reconocimiento e infiltración por vía terrestre, aérea y marítima en una amplia variedad de misiones.

El Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas complementa el esquema operativo de la UNOPES como fuerza especializada en operaciones aerotransportadas. Su diseño permite proyectar tropas de manera inmediata y decisiva en áreas de difícil acceso.

Cada componente de la UNOPES aporta una capacidad diferenciada al conjunto de la fuerza naval. La suma de los tres grupos garantiza la cobertura de escenarios de alta complejidad que ninguna unidad convencional podría atender de forma autónoma.

La UNOPES efectúa operaciones de alto valor estratégico gracias a su adiestramiento especializado y su equipamiento. La unidad se declara preparada para actuar en cualquier entorno geográfico ante amenazas que comprometan la seguridad nacional.

El cuerpo suma 29.843 efectivos con 4.123 mujeres en sus filas operativas

La composición actual del cuerpo de Infantería de Marina registra 29.843 efectivos en total. De ese total, 4.123 son mujeres, lo que representa un avance sin precedentes en la integración y profesionalización del personal femenino naval en roles operativos.

La presencia femenina en las filas operativas refleja una transformación histórica en la composición institucional y de género de la Infantería de Marina. La incorporación de mujeres en unidades activas marca una nueva etapa en la profesionalización de la fuerza.

La preparación acumulada durante 25 años se ha convertido en capacidad operativa real. El compromiso institucional se expresa en una forma concreta de servir a México cuando el país requiere una respuesta contundente.

La Infantería de Marina reafirma su lealtad al servicio de la Nación bajo los principios de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La celebración del aniversario de sus Fuerzas Especiales se enmarca en la Operación Patria, que sintetiza el mandato de seguridad, presencia y compromiso con México.

El cuerpo se posiciona como pilar fundamental de la Secretaría de Marina en la defensa del territorio nacional. Su estructura de élite, su cobertura geográfica y su capacidad de respuesta inmediata consolidan a la Infantería de Marina como el brazo operativo más versátil de la Armada de México.

Luego de que autoridades de los tres órdenes de gobierno han intensificado los operativos contra células delictivas en distintas entidades del país, como ocurrió recientemente en Puebla con la detención de seis presuntos integrantes de “Los Millonarios”, un nuevo despliegue coordinado permitió ahora detener a tres personas en Oaxaca, señaladas por su presunta relación con una organización dedicada a la extorsión.

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutaron seis órdenes de cateo en diferentes puntos de la entidad como parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados con una célula criminal relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios.

Ejecutan seis cateos contra célula criminal

De acuerdo con el reporte oficimultáneo para intervenir los inmuebles identificados durante las indagatorias.

La acción tuvo como objetivo avanzar en las investigaciones relacionadas con células presuntamente dedicadas a delitos de extorsión.

Como resultado de los cateos, fueron detenidas tres personas, a quienes las autoridades señalan como presuntos integrantes de una célula criminal.

Durante las intervenciones también fueron asegurados un arma de fuego corta, aproximadamente 1.5 kilogramos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Los aseguramientos quedaron incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que se indagan.

Hasta el momento, la información oficial no identifica públicamente a los tres detenidos ni detalla los puntos específicos de Oaxaca donde fueron ejecutadas las seis órdenes de cateo.

Extorsión e invasión de predios, entre los señalamientos

Las autoridades relacionan a la célula investigada con actividades de extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

La extorsión se encuentra entre los delitos que las instituciones de seguridad han colocado como una de sus prioridades, debido al impacto que tiene sobre comerciantes, empresarios, trabajadores y familias.

En este caso, las investigaciones derivaron en la solicitud de las órdenes de cateo ante un juez, quien autorizó la intervención de los inmuebles.

A diferencia de una detención en flagrancia, los cateos fueron ejecutados después de que las autoridades obtuvieron autorización judicial para ingresar a los lugares relacionados con la investigación.

El operativo forma parte de una estrategia más amplia para identificar y debilitar estructuras dedicadas a la extorsión en distintas regiones del país.

Este viernes, un despliegue de instituciones federales y estatales en Puebla permitió detener a seis hombres señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con “Los Millonarios”. En aquel caso, las autoridades atribuyeron al grupo presuntos vínculos con robo de vehículos y robo a casa habitación.

En Oaxaca, el caso es distinto: la investigación está enfocada en una célula a la que las autoridades relacionan con extorsión, cobro de cuotas e invasión de predios.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Tras la intervención, las tres personas detenidas fueron informadas de sus derechos y quedaron, junto con los objetos asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos.

La puesta a disposición no significa que las acusaciones hayan sido acreditadas de manera definitiva, por lo que las investigaciones deberán establecer la posible participación de los detenidos en los delitos que se indagan.

La autoridad ministerial también deberá analizar los objetos asegurados durante los cateos y determinar si existe una relación entre estos y las actividades presuntamente realizadas por la célula.

El operativo fue presentado por las instituciones participantes como parte de las acciones de coordinación para combatir estructuras criminales mediante labores de inteligencia, investigación y presencia territorial.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos para combatir la extorsión y otros delitos que afectan directamente a la población.

La investigación continuará ahora bajo responsabilidad del Ministerio Público, mientras las autoridades reúnen los elementos necesarios para establecer qué actividades realizaba la célula y cuál habría sido la participación de las tres personas detenidas.

Un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla derivó en la detención de seis hombres que son señalados como presuntos integrantes de una célula vinculada con el grupo delictivo conocido como “Los Millonarios”.

La intervención ocurrió en San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana, luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima a través de la línea 089.

Entre los detenidos se encuentra José Pablo N., de 27 años, a quien las autoridades identificaron como presunto líder de la célula. También fueron capturados Israel N., de 36 años; Victorino N., alias “El Sari”, de 29; Javier N., de 28; Fernando N., alias “El Pinocho”, de 20; y Kevin N., de 18 años.

Los señalan por robo de vehículos y viviendas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, los seis hombres estarían vinculados con la banda denominada “Los Millonarios”, a la que se atribuyen actividades delictivas relacionadas con el robo de vehículos y de viviendas.

Según la investigación referida por la SSP y la FGE, el grupo estaría relacionado con robo de vehículos en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, mientras que también se le vincula con presuntos robos a casa habitación en Puebla capital, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

No obstante, estos señalamientos corresponden a la información proporcionada por las autoridades y deberán ser esclarecidos dentro de las investigaciones correspondientes.

La detención se realizó como resultado de las acciones emprendidas tras una denuncia ciudadana. La participación de la población, señalaron las autoridades, permitió generar información para ubicar a los presuntos integrantes de la célula.

Aseguran armas, vehículos e inhibidor de señal

Durante el operativo, los elementos de las instituciones participantes aseguraron cuatro vehículos, además de dos armas de fuego y 50 cartuchos útiles.

También fue localizado un inhibidor de señal, equipo que puede ser utilizado para bloquear o interferir comunicaciones, así como dinero en efectivo y diversos envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas.

Los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con los hechos que se indagan.

La autoridad no detalló en el reporte la cantidad de dinero asegurada ni especificó las características o tipo de las sustancias localizadas.

Los seis hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Autoridades piden denunciar a los detenidos

Tras la captura, el Gobierno de Puebla hizo un llamado a las personas que pudieran reconocer a alguno de los detenidos como presunto responsable de otros hechos delictivos para que presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La petición busca que las investigaciones puedan incorporar posibles denuncias adicionales y establecer si existe alguna relación entre los detenidos y otros delitos registrados en la entidad.

Las autoridades estatales destacaron que la denuncia ciudadana constituye una herramienta para generar información que permita identificar a personas presuntamente involucradas en actividades delictivas.

El Gobierno de Puebla reiteró además que mantendrá la coordinación entre instituciones estatales y federales para combatir a los grupos delictivos y atender delitos que afectan el patrimonio de las familias.

Por ahora, la captura de los seis hombres y los aseguramientos realizados forman parte de una investigación en curso, mientras las autoridades ministeriales reúnen los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que correspondan.

Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para insistir en que intervenga en la manera en que se lleva su proceso legal por presunto huachicol fiscal, además de señalar a Morena como involucrada en la trama criminal.

En el texto, fechado el miércoles 2 de septiembre, acusó que existe evidencia documental que menciona a personas relacionados con la red de huachicol, que no han sido requeridos por las autoridades, y entre los que se encuentran miembros de Morena.

“Existe evidencia documental que precisa a personas relacionados con este asunto, personajes que forman parte de sus Secretarías de Estado, Senado de la República y miembros de Morena que en este momento están en busca de cargos públicos”, se lee en la carta.

Aunque no precisó los nombres, durante la audiencia de vinculación a proceso de su hermano, Fernando Farías, la propia Fiscalía General de la República (FGR) mencionó los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y al senador Adán Augusto López, como parte de datos proporcionados por un testigo. Sus nombres también constan en la carpeta de investigación de la trama de huachicol fiscal.

Lanza advertencia a Sheinbaum: “La verdad siempre sale a la luz”

El exvicealmirante también aseguró a la presidenta que se trata de una farsa que orquestaron en contra de él y de su hermano Fernando Farías, afirmando que los responsables los utilizaron para encubrirse.

Ante esto, advirtió que “la verdad siempre sale a la luz” y lo hará pronto, ya que sabe lo que ha denunciado en todas sus cartas.

“Las personas dentro de Marina que fabricaron esta farsa, me utilizaron y utilizaron a la institución como si fuera una organización criminal para encubrirse ellos mismos, quedaron al descubierto y exhibidos por la propia investigación”, se lee en la carta.

¿Qué pidió el exvicealmirante a Sheinbaum?

Manuel Roberto Farías también insistió en sus acusaciones sobre que la Marina se niega a acatar lo establecido por las autoridades de entregar información sobre su caso al señalar que son datos reservados por “Seguridad Nacional”.

Y es que desde cartas pasadas ha acusado que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado actos de investigación a través de la Fiscalía General de la República (FGR), pero la Marina se ha negado a entregar los datos pese a que también se ordenó por un juez de control.

Manuel Roberto Farías volvió a insistir a la presidenta que intervenga en su caso para que la Secretaría de Marina entregue la información solicitada por su defensa, ya que acusa el expediente cuenta con datos ocultos o censurados que imposibilitan el adecuado desarrollo de su representación.

“Vuelvo a solicitar su intervención en este asunto ya que la Secretaría de Marina sigue sin actuar ordenamientos judiciales y ministeriales intransigentemente y siendo usted la superior tanto administrativa como militarmente hablando, le pido haga un llamado al titular para que acepte las resoluciones”, solicitó en su carta.

El exvicealmirante acusó que se le trata como un “chivo expiatorio” en el caso de huachicol fiscal en el que se acusa de presuntamente liderar junto a su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna, la red de tráfico de combustible transfronterizo.

Ante esto, pidió que la presidenta inste al secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales, a entregar los datos solicitados debido a que “son documentos cuyo único objetivo es el de demostrar mi inocencia y a su vez queden al descubierto los responsables que orquestaron esta farsa”.

Finalmente, dijo que esperaba que su carta posibilitara que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga para que la Marina finalmente entregue los datos solicitados por su defensa.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) inhabilitó un laboratorio clandestino de producción de metanfetamina localizado en inmediaciones del poblado Los Cedritos, en Sinaloa. Según datos oficiales, la operación se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante recorridos de búsqueda, localización e inhabilitación de narcolaboratorios y erradicación de plantíos ilícitos.

En el sitio fueron asegurados aproximadamente 750 kilos de aparente metanfetamina, entre droga terminada y sustancia en proceso de cocimiento. El hallazgo se sumó a más de una tonelada de precursores y otras sustancias químicas localizadas en la misma instalación, que quedó registrada dentro de la carpeta de investigación correspondiente de la FGR.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado este golpe con alguna organización criminal con operación en la entidad.

El laboratorio ocupaba una superficie de 15 mil metros cuadrados

El predio donde operaba el narcolaboratorio tenía dimensiones aproximadas de 300 por 50 metros, lo que equivalía a una superficie total cercana a los 15 mil metros cuadrados. La magnitud del terreno permitió a las autoridades ubicar distintas áreas destinadas al procesamiento y almacenamiento de sustancias dentro de un mismo predio.

La localización se dio en el marco de recorridos de seguridad enfocados en la detección de instalaciones destinadas a la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Se localizaron más de una tonelada de precursores y sustancias químicas

Además de los 750 kilos de metanfetamina, los elementos federales encontraron 15 bidones que contenían 750 litros de precursores y químicos esenciales utilizados en el proceso de fabricación. A esto se sumaron 50 costales con más de mil 200 kilos de diferentes sustancias, también aseguradas en el operativo.

El material formó parte de los insumos que, según un comunicado compartido este 2 de septiembre, habrían sido destinados a la producción de sustancias ilícitas de no mediar la intervención de las autoridades. La cantidad de precursores localizados evidenció la escala de operación que tenía el sitio.

El equipo industrial incluía un reactor de destilación con capacidad de 500 litros

En el predio se aseguró también maquinaria empleada en el proceso de elaboración de la droga: un reactor de destilación con capacidad de 500 litros, seis centrifugadoras y ocho quemadores.

También se localizaron 23 tinas de color marrón vacías, 63 tambos, 11 ollas de peltre y cinco tanques de gas de 30 kilos cada uno.

El inventario se completó con 69 bidones, 10 palas, 11 pinzas de presión, una barreta y un pico, herramientas utilizadas en las labores del laboratorio. Todo el material fue destruido en el lugar por el personal participante, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de la autoridad ministerial competente.

La Semar señaló que la acción se enmarcó en el trabajo coordinado con instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, bajo el marco jurídico aplicable y con respeto a los derechos humanos.

La metanfetamina mexicana está llegando a Europa

El tipo de droga asegurada en el narcolaboratorio de Los Cedritos —metanfetamina terminada y en proceso de cocimiento— corresponde a la misma sustancia que circuló en el mercado europeo bajo el nombre de shaboo, según documentó el informe anual 2025 de la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia (DCSA).

El reporte oficial señala que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron de operar únicamente en la frontera entre México y Estados Unidos para convertirse en redes con presencia activa en varios continentes.

De acuerdo con el documento, ambas organizaciones instalaron laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en países como España, Países Bajos y Bélgica, donde enviaron a sus propios “cocineros” para entrenar a socios locales encargados de operar los sitios.

El informe también registró que desde puertos mexicanos del Pacífico, como Mazatlán y Manzanillo, y del Atlántico, como Veracruz, Matamoros y Tampico, salieron cargamentos con destino a Europa, a través de rutas que pasaron por África Occidental y el Sahel.

Un caso reciente evidenció otro modo. El 28 de agosto, autoridades italianas reportaron la detención de dos ciudadanos mexicanos en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma con 17.415 kilogramos de metanfetamina, ocultos en el doble fondo de sus maletas y procedentes de Monterrey, con escala en la Ciudad de México. El cargamento representó una procedencia distinta a las rutas que hasta entonces documentaba la DCSA.

Un análisis de riesgo y posterior revisión documental permitieron detectar un cargamento de extracto de ayahuasca procedente de Perú que intentó ingresar al país por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer el hallazgo este 1 de septiembre de 2026, en un comunicado conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La cantidad asegurada ascendió a 930 gramos de extracto de ayahuasca, sustancia que las autoridades calificaron como un riesgo para la seguridad nacional. El cargamento fue localizado en un paquete de tamaño reducido dentro de las instalaciones de la aduana capitalina.

El análisis documental y de perfiles operativos permitió identificar el envío irregular

De acuerdo con información oficial, la detección fue resultado de esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal de la Semar. Estas acciones, según autoridades, buscan detectar inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren revisión especializada.

El análisis de antecedentes comerciales y la validación de perfiles operativos fueron los mecanismos que, según la dependencia, fortalecieron las acciones de inspección sobre este envío en particular. Este esquema de trabajo se aplica de manera permanente en las operaciones de comercio exterior que se procesan por la aduana del AICM.

La coordinación entre personal aduanero y naval, indicó la ANAM, permite reforzar la capacidad de respuesta ante envíos con documentación irregular o incompleta.

El análisis integral de la operación permitió además robustecer los mecanismos de trazabilidad documental y de validación de perfiles comerciales aplicados a este tipo de envíos.

Un binomio canino participó en la confirmación física del cargamento

El registro fotográfico difundido por las autoridades muestra el momento en que un perro entrenado, en compañía de su manejador, señaló el paquete que contenía el extracto de ayahuasca dentro de las instalaciones de la aduana. La imagen exhibe al animal sentado frente a la caja, en actitud de alerta, mientras el manejador sostiene la correa a corta distancia del envío.

Personal especializado realizó la inspección física del paquete que permitió confirmar el contenido detectado previamente por los mecanismos de análisis documental y de riesgo. El procedimiento con apoyo canino forma parte de las herramientas operativas que utilizan la ANAM y la Semar durante la etapa de verificación física de las mercancías señaladas para revisión.

El DMT presente en la ayahuasca está clasificado como sustancia psicotrópica en México

La dimetiltriptamina (DMT), componente psicoactivo presente en la ayahuasca, aparece listada en el artículo 245, fracción I, de la Ley General de Salud, que clasifica a las sustancias psicotrópicas con valor terapéutico escaso o nulo y susceptibles de uso indebido. Esta clasificación es la que sustenta el tratamiento del extracto asegurado como una sustancia de control por parte de las autoridades mexicanas.

Según reportes, la ayahuasca se elabora a partir de la combinación de la planta Banisteriopsis caapi con otra especie vegetal que aporta la molécula de DMT, generalmente Psychotria viridis. El resultado es una decocción con efectos psicoactivos y alucinógenos que combina ambos principios activos, según describe la propia clasificación sanitaria mexicana.

La ANAM, en coordinación con la Semar y en colaboración con la SSPC, refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los procesos de inspección, la inteligencia aduanera y la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias señalaron que este tipo de operativos busca contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

En las últimas semanas se ha intensificado el uso de drones por cárteles del narcotráfico como el caso de los dearribados por Estados Unidos por traficar droga en la frontera, así como otros que la delincuencia usa para ataques con explosivos. Para combatirlos ya se desarrolla un dron de diseño mexicano de última generación que operarán las fuerzas de seguridad mexicanas, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno.

El desarrollo del dron Quetzal avanza como una apuesta de Sedena y la Marina por la autonomía tecnológica en defensa con un sistema no tripulado de fabricación mexicana con capacidad para rebasar las 50 millas náuticas de separación respecto de su estación de control terrestre. El proyecto busca fortalecer labores de vigilancia, seguridad, rescate, prevención del delito y inhibición satelital de otras aeronaves similares a su alrededor.

Para su diseño y estudio se destinaron 100 millones de pesos, recursos públicos asignados a un programa que arrancó en marzo de 2023 y tuvo como fecha de conclusión abril de 2026. El plan incluyó no solo la fabricación del aparato, sino también la formación de ingenieros y técnicos especializados para operar y mantener la tecnología.

El Dron Quetzal tenía una diferencia frente a otros aviones ya desarrollados: dejó de estar atado o limitado a 50 millas náuticas de separación de la estación de control terrestre. Esa característica amplió su autonomía operativa y lo colocó como un sistema pensado para misiones de mayor alcance.

El dron mexicano para vigilancia, defensa y rescate

El Proyecto Quetzal es descrito como un vehículo aéreo no tripulado de alta tecnología diseñado para labores de vigilancia, seguridad, rescate, con posibilidad de sumar armamento y otros mecanismos de protección.

La tela, el material y los instrumentos con que es fabricado, todos son de origen mexicano, con la intención de no depender de otros países.

El sistema es un dron de defensa útil para evitar la incursión de otros drones gracias a su innovadora tecnología de inhibición para repeler o rechazar esos aparatos circundantes, como parte de una función específica de resguardo.

La fuerza naval alcanza un nivel de desarrollo muy alto en ese plano y que destacaba a escala internacional.

El sistema nació como propuesta de estudiantes queretanos

El proyecto contempló un sistema aéreo no tripulado de fabricación 100% mexicana, desarrollado en colaboración con la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) y en un principio el prototipo se llamó Xólotl y Holkan (𝐠𝐮𝐞𝐫𝐫𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐲𝐚) y posteriormente la Fuerza Aérea Mexicana se adentró en el proyecto para su ejecución. La Dirección General de Educación Militar y la Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea solicitaron a la UNAQ el estudio y diseño del dron.

El aparato fue concebido con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, tecnología VTOL que le permitiría operar sin pistas convencionales. Esa condición abrió la posibilidad de desplegarlo en entornos remotos o urbanos, donde un sistema de ala fija tradicional enfrentaría mayores restricciones.

Además del control remoto desde una estación terrestre móvil, el dron fue diseñado para tareas de vigilancia, reconocimiento, comunicación en tiempo real y transmisión de información a vehículos terrestres y centros de mando. Su configuración multipropósito también consideró usos en rescate, transporte de suministros médicos y entrega de ayuda humanitaria en zonas de difícil acceso.

La previsión oficial fue que el primer prototipo quedara listo este año. Enrique Sosa Gutiérrez, rector de la UNAQ, había señalado en enero de 2025 que el desarrollo estaba prácticamente concluido y que las pruebas de vuelo se estimaban para la primera mitad de 2025, mientras que la producción en serie podría arrancar en 2026.

Ese calendario formó parte de un esquema de cooperación académico-militar en el que estudiantes de la UNAQ realizaron prácticas en bases militares y personal castrense recibió capacitación para operar y dar mantenimiento a la nueva tecnología. El objetivo de fondo fue que las Fuerzas Armadas dominaran toda la cadena de producción.

La meta fue reducir la dependencia de tecnología militar extranjera

El proyecto fue presentado como una vía para disminuir la compra de tecnología militar extranjera, históricamente adquirida a costos altos. La fabricación nacional de materiales, componentes y sistemas buscó reforzar la autosuficiencia tecnológica del sector defensa mexicano.

También se mantuvieron bajo reserva detalles técnicos y operativos del programa por razones de seguridad nacional. Esa medida buscó evitar que grupos criminales accedieran a información sensible, interfirieran con el desarrollo o intentaran replicar la tecnología.

Además de su uso militar, el dron fue considerado para emergencias civiles y desastres naturales, donde su capacidad de transporte ágil y vigilancia aérea habría permitido apoyo logístico y tareas de protección a la población.

• El Dron Quetzal fue presentado en Veracruz como un sistema de defensa no tripulado con autonomía superior a 50 millas náuticas respecto de su estación de control terrestre.
• Sedena destinó 100 millones de pesos al diseño y desarrollo del proyecto, en colaboración con la UNAQ y la Fuerza Aérea Mexicana.
• El primer prototipo fue previsto para 2025 y la producción en serie para 2026, con tecnología VTOL, funciones de vigilancia, rescate y defensa contra otros drones.

La Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y otras tres dependencias federales aseguraron 554 mil 400 cajetillas de cigarros en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras descubrir que un contenedor en tránsito declaraba transportar “lámparas” cuando en realidad ocultaba más de 11 millones de cigarrillos. La mercancía quedó sujeta a una medida provisional por la posible afectación a derechos de propiedad industrial.

Contenedor declarado como “lámparas” ocultaba millones de cigarrillos

Durante una visita de inspección conjunta en la aduana del puerto michoacano, elementos de la Semar, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) procedieron a la apertura y desconsolidación física de un contenedor en tránsito.

Al revisar el contenido, las autoridades identificaron una discrepancia grave entre la documentación presentada y la carga real. En lugar de artículos de iluminación, el contenedor alberga más de medio millón de cajetillas de cigarros, equivalentes a 11 millones 88 mil cigarrillos.

La mercancía fue colocada de inmediato bajo una medida provisional que impide su libre circulación en territorio nacional. El procedimiento correspondiente permanece abierto para determinar la posible afectación a los derechos de propiedad industrial de las marcas involucradas.

Inteligencia aduanera, clave para detectar la irregularidad

El aseguramiento no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado conjunto de las dependencias, la detección respondió a los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico que implementa la ANAM en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Estos protocolos permiten identificar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieren una revisión especializada antes de que la mercancía ingrese al circuito comercial del país.

La ANAM, la Semar y las demás instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones de este tipo forman parte de su compromiso de fortalecer la inteligencia aduanera y los procesos de inspección y control para proteger la seguridad nacional y contribuir al comercio exterior legal.

Dos operativos previos en agosto en la misma aduana

El hallazgo no es un caso aislado. En agosto se realizaron dos operaciones distintas en la Aduana de Lázaro Cárdenas que sumaron cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos provenientes de Vietnam, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Meses antes, en enero, autoridades federales aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de 20 toneladas de tabaco ilegal procedente de Narita, Japón. Ese cargamento equivale a 954 mil 380 cajetillas, con un valor comercial superior a $70.7 millones de pesos.

El cigarro ilegal ya representa 1 de cada 4 unidades vendidas en México

El contexto en el que se producen estos decomisos refleja la dimensión del problema. Según la ANPEC, el mercado ilícito ya concentra 25% de los cigarros vendidos en el país, impulsado en gran medida por una brecha de precios que puede superar los 85 pesos por cajetilla.

Mientras una cajetilla de contrabando puede adquirirse desde $15 pesos, el producto legal supera los $100 pesos. La organización señala que el aumento de la carga fiscal sobre los cigarros es uno de los factores que ha ensanchado esa diferencia, aunque sostiene que elevar el precio de estos productos no necesariamente reduce su consumo.

“Cuando la diferencia de precio entre lo legal y lo ilegal se vuelve tan grande, el mercado negro encuentra las condiciones ideales para crecer”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Pequeños comerciantes, bajo presión del contrabando

El avance del mercado ilegal también genera consecuencias directas para los pequeños negocios. La ANPEC alertó que grupos dedicados al contrabando recurren a amenazas y extorsiones para obligar a comerciantes a distribuir mercancía ilícita.

El 18 de agosto, en Uruapan, Michoacán, dos personas fueron detenidas tras denuncias de comerciantes que aseguraron haber sido coaccionados para comprar y vender cigarros ilegales. Durante el operativo se decomisaron 14 mil 400 cigarrillos y una libreta con nombres y direcciones de presuntas víctimas de extorsión.

Ante ese escenario, la ANPEC recordó que comercializar cigarros de procedencia ilícita puede derivar en multas, clausura definitiva del establecimiento y penas de hasta nueve años de prisión.

Elementos de la FGR, en coordinación con la Guardia Nacional, la Defensa, la Semar y la SSPC, interceptaron un vehículo de carga en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa con mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina camuflados como si fueran supuestos paquetes de dulces de coco. El decomiso representa una pérdida de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El operativo tuvo lugar en Huimanguillo, municipio del estado de Tabasco, sobre una de las vías terrestres de mayor tránsito comercial del sureste mexicano. Fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dulces de coco como fachada

Los agentes ejecutaban labores de seguridad y vigilancia sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa cuando detuvieron al conductor de un vehículo de carga. La revisión inicial no arrojó señales evidentes, pero una inspección más detallada reveló inconsistencias en el peso y las dimensiones de las cajas que supuestamente contenían dulces de coco.

Al profundizar en el registro de la unidad, los elementos encontraron que los paquetes no correspondían a lo declarado. Detrás de la presentación comercial se ocultaba un cargamento de cerca de dos toneladas de estupefacientes distribuidos en dos sustancias distintas.

El método de ocultamiento apunta a una operación planificada: el uso de un producto alimenticio de consumo popular, envasado en cajas de apariencia ordinaria, buscaba evadir los controles de inspección en carretera.

Marihuana y metanfetamina, las sustancias aseguradas

La inspección arrojó mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina, para un total cercano a las dos toneladas que el comunicado de la SSPC describió como una de las acciones del programa de fortalecimiento de seguridad en carreteras del país.

Según la dependencia, el cargamento asegurado representa una afectación económica de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada, además de miles de dosis que no llegarán a las calles.

El detenido, a disposición del Ministerio Público

Una vez concluida la inspección, los agentes informaron al conductor sobre sus derechos de ley. El hombre, cuya identidad no fue divulgada en el comunicado oficial, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR junto con todo lo asegurado.

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica del detenido e integrará la carpeta de investigación correspondiente. El comunicado no precisó los cargos formales que podrían derivarse del caso ni el perfil del imputado.

Operativos en carreteras del sureste

La acción forma parte de una estrategia más amplia de seguridad vial e inspección en carreteras del país, impulsada por el Gabinete de Seguridad federal. La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa conecta Veracruz con Tabasco y registra un alto flujo de vehículos de carga.

La coordinación entre la FGR, a través de la AIC, y las fuerzas armadas y de seguridad —Defensa, Semar, GN y SSPC— responde al modelo de intervención conjunta que el gobierno federal ha desplegado en distintos puntos del territorio nacional para reforzar los controles en vías de comunicación terrestre.

Según el comunicado de la SSPC, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirman con estas acciones su compromiso de “impedir el trasiego de drogas, detener a quienes generan violencia y proteger la seguridad de las familias mexicanas”.

La carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, a la altura de Huimanguillo, acumula varios operativos en lo que va de 2026. El 18 de julio, la FGR decomisó 600 kilogramos de marihuana ocultos en estructuras que simulaban equipos de aire acondicionado. El 27 de julio, fuerzas coordinadas incautaron otros mil 225 kilogramos en un camión de redilas interceptado sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el mismo municipio de Huimanguillo.

En el primer semestre del año, el Gobierno estatal reportó al menos tres operativos adicionales en la entidad, entre ellos la incautación de 254 kilogramos de cocaína en Cárdenas y 630 kilogramos de la misma sustancia en una avioneta procedente de Centroamérica, en Balancán.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, Veracruz, realizó un simulacro nuclear coordinado por autoridades federales y estatales, en un ejercicio preventivo que activó protocolos de emergencia durante doce horas continuas, ello, a pocos meses de que trabajadores de la planta nuclear enviaran una alerta formal a organismos internacionales por presuntas crisis laborales y de operación en la planta.

A través de un comunicado, el Gobierno de México sostuvo que el simulacro que se realiza cada dos años, nombrado Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE), permitió verificar los recursos, la capacidad técnica y los operativos para responder en tiempo real ante cualquier eventualidad, conforme a estándares internacionales de seguridad. No obstante, el mismo día del simulacro —27 de agosto—, habitantes de comunidades aledañas se manifestaron para exigir que se transparenten las condiciones reales de las rutas de evacuación en caso de una crisis verdadera.

Por su parte, las autoridades realizaron el ejercicio, el cual no representó riesgo para la población de acuerdo a las autoridades, y se ejecutó conforme a estándares internacionales. Abarcó un radio de acción de 16 kilómetros alrededor de la central, con activación de hospitales, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo, según informaron las autoridades.

Simulacro en la única planta nuclear que tiene México

El simulacro, que es parte del protocolo de seguridad en la planta, la cual aporta el 6.52% de la electricidad nacional, y es considerada estratégica para la economía regional y el abasto energético de Veracruz y Tlaxcala.

Durante el simulacro, se activaron protocolos de notificación, movilización, evacuación, atención médica y protección para las comunidades cercanas. Se habilitaron hospitales especializados, refugios temporales y unidades de transporte terrestre, marítimo y aéreo para garantizar el desplazamiento seguro de personas en caso de ser necesario.

El despliegue interinstitucional incluyó la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Veracruz, entre otras entidades. El Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas coordinó recursos, procedimientos y capacidades para asegurar una respuesta eficaz y oportuna.

Todas las operaciones se realizaron bajo los lineamientos del Plan de Emergencia Radiológica Externo, el cual establece medidas específicas de protección civil y protocolos de actuación territorial. De acuerdo a las autoridades, el ejercicio permitió comprobar la funcionalidad de los sistemas de comunicación, el tiempo de reacción de los equipos y la articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Los datos recabados durante el operativo, serán analizados técnicamente para optimizar los planes de respuesta y fortalecer la gestión de riesgos en la infraestructura nuclear del país.

Alerta por crisis laboral y en la operación de la planta nuclear y manifestaciones de habitantes

El simulacro se realizó en un contexto marcado por advertencias del personal especializado sobre una crisis interna que afecta la estabilidad operativa y la seguridad de la planta. Operadores y técnicos enviaron el pasado 6 de mayo, una alerta formal a organismos internacionales tras la reforma al Artículo 127 constitucional, la cual impone límites a remuneraciones y pensiones del personal público, incluyendo a trabajadores del sector nuclear.

La denuncia de los trabajadores advierte que la reforma propicia una salida acelerada de expertos, lo que provoca “erosión del talento y la memoria institucional”. En su carta, sostuvieron que reemplazar a un operador superior requiere entre cinco y siete años de formación y certificación bajo normativas nucleares nacionales e internacionales. El recorte a las garantías de jubilación y la incertidumbre económica estarían generando una “fuga de cerebros” y debilitando los programas de mentoría y transferencia de conocimientos entre generaciones.

El personal advirtió que la sobrecarga de trabajo y la desmotivación incrementan el riesgo de errores humanos. “La seguridad nuclear depende de experiencia y estabilidad operativa. No se improvisa”, señalaron en la notificación enviada a la Organización Internacional de Energía Atómica y la Asociación Mundial de Operadores Nucleares. Indicaron que la reducción de ingresos y el estrés laboral disminuyen la capacidad del personal para detectar anomalías sutiles en los sistemas, lo que debilita la cultura de seguridad.

Por otro lado, de acuerdo a medios locales, durante la realización del simulacro, habitantes de los municipios de Actopan y Úrsulo Galván, entre ellos Zempoala, Palmas, La Mancha, El Zapotito, Tinajitas y Trapiche del Rosario, realizaron una protesta para entregar una solicitud formal a las autoridades de la planta nuclear para que se informe sobre la situación de infraestructura en la que se encuentra el sitio en cuanto a los protocolos de emergencia.

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, denunció que recibió amenazas en las que le advierten que le será abierta una carpeta de investigación si no deja de dar entrevistas. Esto también ocurre luego de que acusó que un vehículo la siguió cuando se trasladaba por Hermosillo, Sonora.

Y es que la esposa del excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) -acusado de presunto huachicol fiscal- denunció en sus redes sociales que una camioneta blanca permaneció detrás de ella mientras se trasladaba desde su vivienda hacia la casa de sus padres, ubicada en dirección a la carretera Internacional Nogales.

Tras su reporte, las autoridades detallaron que Mónica Gámez presentó su denuncia formal ante la Fiscalía del Estado, por lo que iniciaron las acciones correspondientes para esclarecer los hechos, así como la determinación de otorgarle las medidas de protección necesarias.

Sin embargo, durante una entrevista con Azucena Uresti, la mujer reveló que también ha recibido amenazas con abrirle una carpeta de investigación tanto a ella como a su abogado, del que prefirió omitir su nombre como medida de seguridad.

Así se dio la amenaza en su contra: asegura que no se detendrá

Mónica Gámez relató que la amenaza no llegó de forma directa, sino que fue a través de su abogado, quien recibió un mensaje en el que se le advertía que, si Mónica Gámez continuaba concediendo entrevistas, les abrirían una carpeta de investigación a ambos.

La esposa del excontralmirante dijo que no acataría la advertencia, ya que continuará hablando del caso en el que se le involucra a su esposo debido a que él no puede defenderse de manera pública.

“Me quedo callada y mi esposo es uno más que se queda ahí preso a cuarenta años. ¿Qué hago? (…) Si me la quieren abrir y me quieren meter a la cárcel, lo van a hacer. Siento que aunque alce la voz o no”, dijo.

El seguimiento en Hermosillo por el que ya le brindan protección

Al llegar a Hermosillo tras un viaje, Mónica Gámez se trasladó desde su casa hacia la vivienda de sus padres, ubicada en dirección a la carretera Internacional Nogales y, durante ese trayecto, identificó una camioneta tipo van blanca que la seguía.

La mujer relató que, al detenerse en un semáforo, el vehículo esperó aproximadamente un minuto y medio antes de ponerse en marcha detrás de ella. Cuando giró hacia el lado izquierdo para ir a casa de sus padres, la camioneta la siguió.

“Entonces cuando el carro se me empieza a acercar un poco más, yo me cambio bruscamente de carril, del carril izquierdo que estaba al derecho”, explicó.

Al percatarse, Gámez cambió bruscamente de dirección, por lo que el vehículo sospechoso dio el primer retorno disponible y regresó hacia Hermosillo.

Mónica Gámez vio a dos personas dentro de la camioneta: una en el asiento del conductor y otra en el del copiloto. Esa misma noche, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora acudieron a su domicilio.

Con esto, la mujer presentó su denuncia formal y, explicó, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad con la hora exacta del recorrido y una fotografía del vehículo con la intención de identificar a los ocupantes.

Estas amenazas se dan en un contexto en el que su esposo, Fernando Farías Laguna, fue vinculado a proceso este jueves por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, luego de una audiencia privada y virtual celebrada en el penal de El Altiplano, ubicado en Estado de México.

El excontralmirante llegó a México el pasado 21 de agosto, luego de ser deportado de Argentina tras su captura en el mes de abril. A Fernando Farías y su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías, son acusados por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal que involucró a miembros de la Marina.

Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), dejó un rastro de su ingreso a cinco países tras huir de México que permitieron a las autoridades identificarlo y proceder con su detención en Argentina el pasado mes de abril.

De acuerdo con información de inteligencia naval y fuentes del Gabinete de Seguridad obtenida por Infobae México, el intercambio de datos entre autoridades extranjeras y mexicanas permitió construir el camino que realizó el exmarino tras darse a conocer la red de huachicol fiscal en la que se le acusa de presuntamente liderarla junto a su hermano, Manuel Roberto Farías, exvicealmirante de la misma corporación.

El cerco contra el exmarino comenzó luego de que las autoridades detectaron que Fernando Farías ingresó de manera irregular a Guatemala en diciembre de 2025 con el uso de documentación falsa bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

Su ruta de huida fue trazada poco a poco mediante el intercambio de datos a nivel internacional. Fue así que identificaron que su camino comenzó en Guatemala, para luego trasladarse a El Salvador, España, Colombia y finalmente a Argentina.

Los dos momentos clave que permitieron su captura

Fernando Farías comenzó a ser ubicado mediante coincidencias físicas, documentación y comunicaciones que realizaba durante su estadía en los países mencionados, pero un primer punto clave que permitió identificarlo fue en marzo de 2026, cuando una agencia estadounidense compartió datos sobre Lemus Ramos, lo que favoreció la hipótesis de que podía tratarse en realidad del excontralmirante.

Durante la búsqueda, la Interpol también emitió una ficha roja para detener a Fernando Farías y lograr su captura a nivel internacional, esto llevó a un segundo punto clave que derivó en la plena identificación del excontralmirante cunado se agregaron sus datos biométricos.

Cabe señalar que Epigmenio Mendieta, abogado defensor de Fernando Farías, aseguró que su salida del país se debió a que temía por su vida luego de la muerte de ocho marinos relacionados con la trama de huachicol fiscal transfronterizo, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció ante el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, las operaciones ilegales.

Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 cuando se encontraba de licencia en Manzanillo, Colima. Ese día, dos sujetos armados que se trasladaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y lo mataron a balazos.

Detención de Fernando Farías y su posterior envío a México

La captura de Fernando Farías se concretó un mes después de que la agencia estadounidense ubicó a Lemus Ramos y de que la Interpol añadió datos biométricos en su ficha roja.

Fue el 23 de abril de 2026 cuando autoridades argentinas lo ubicaron y detuvieron en Buenos Aires, luego de una cadena de intercambio de información que involucró a instituciones mexicanas, la agencia estadounidense de inteligencia y a las del país donde se concretó su arresto.

Luego de su captura, fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I, conocido como Ezeiza, unas de las cárceles de máxima seguridad más importantes de Argentina.

Fernando Farías solicitó asilo formal a la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina, pero le fue rechazada. Desde su captura, las autoridades mexicanas buscaron su extradición a México.

Fernando Farías notificó a su tío, el entonces secretario de Marina, de la red de contrabando de hidrocarburo

Seis días después de su detención, el despacho que encabeza su defensa aseguró que Fernando Farías denunció el esquema criminal a su tío, el almirante y entonces secretario, José Rafael Ojeda Durán, a través de mensajes por WhatsApp.

La defensa afirmó que los mensajes de texto podrían ser considerados una prueba sólida y suficiente para que no se le implique en el caso. Además, detalló que Farías Laguna tiene pruebas del envío de los mismo a altos mandos navales.

Aunque su proceso en Argentina se mantenía pendiente debido a que aún no finalizaba su solicitud de extradición y deportación por haber ingresado al país con un pasaporte falso, finalmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su traslado a México en semanas pasadas.

El pasado 20 de agosto se dio a conocer que el Gobierno de México desistió de solicitar la extradición de Fernando Farías, mientras que un juez federal de Argentina declaró la falta de mérito para procesarlo debido a que el pasaporte de Guatemala con el ingresó sí era auténtico, por lo que no existía delito en su contra en ese país.

Previo a su traslado a México, su defensa en Argentina encabezada por Félix Helou, confirmó que el exmarino tuvo una reunión con agentes de la DEA y del FBI, sin dar detalles sobre lo que conversaron.

Un día después, la madrugada del 21 de agosto, Fernando Farías Laguna llegó a México tras ser deportado de Argentina y quedó a disposición del juez que lo requería por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también está en prisión preventiva su hermano Manuel Roberto Farías, acusado del mismo delito.

El estreno de La Captura en Netflix, el 21 de agosto de 2026, volvió a poner bajo la lupa uno de los operativos más tensos de la historia reciente de México: la madrugada del 8 de enero de 2016, elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina irrumpieron en una casa de seguridad en Los Mochis, Sinaloa, y desataron una cadena de hechos que terminó con la tercera y última detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, quien había escapado del penal del Altiplano seis meses antes a través de un túnel.

La producción de Netflix, protagonizada por Alfonso “Poncho” Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis, recrea los hechos desde la perspectiva de los policías federales que interceptaron al capo. Su título internacional es Facing El Chapo.

La fuga del Altiplano que desató la cacería

En julio de 2015, Guzmán Loera escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, a través de un túnel que conectaba la regadera de su celda con una casa en construcción en el exterior. La fuga fue la segunda del capo y sumergió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una de sus peores crisis de credibilidad.

Durante los meses siguientes, el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República y el CISEN coordinaron los trabajos de inteligencia para localizarlo. El operativo que finalmente lo atrapó recibió el nombre en clave de Cisne Negro, derivado de un cateo realizado en 2015 en el Rancho Los Ciruelos, donde las autoridades aseguraron cisnes negros que, según reportes periodísticos, eran las aves predilectas del capo.

El asalto a la casa de seguridad en Los Mochis

A las 4:00 de la mañana del 8 de enero de 2016, la Unidad de Operaciones Especiales de la Semar, al mando de Marco Antonio Ortega Siu, irrumpió en un inmueble del fraccionamiento Las Palmas en Los Mochis. Los trabajos de inteligencia apuntaban a la presencia de un mando de alto nivel del Cártel de Sinaloa; el objetivo inicial era capturar a Orso Iván Gastélum Cruz, alias “El Cholo Iván”, uno de los hombres de mayor confianza del capo.

Los marinos avanzaron entre disparos y explosiones de granadas a través de una construcción de varios pisos. Una cámara corporal de uno de los efectivos registró el operativo; en las frecuencias de radio se escuchó a un agente reportar: “Tenemos tres masculinos, uno abatido y tenemos dos femeninas”.

El enfrentamiento dejó seis personas muertas y cinco detenidas entre los integrantes del grupo criminal. En medio del tiroteo, Guzmán Loera y Gastélum lograron abandonar el inmueble sin ser capturados.

De acuerdo con las investigaciones, los dos fugitivos usaron un narcotúnel que conectaba el inmueble con la red de drenaje pluvial de la ciudad. Desde ese punto salieron a la superficie por una alcantarilla cubiertos de agua y lodo, según los reportes oficiales.

La estrategia les permitió alejarse del cerco de la Marina, pero las lluvias registradas la noche anterior elevaron los niveles del drenaje y los forzaron a regresar a la superficie antes de lo planeado. La misma infraestructura subterránea que los había ocultado los expulsó.

Ya en la calle, Gastélum portaba un arma. Los dos despojaron a conductores de un Volkswagen Jetta blanco y, poco después, de un Ford Focus rojo, con el propósito de dificultar que las autoridades identificaran el vehículo en que viajaban.

La persecución sobre la carretera Los Mochis-Navojoa

Los propietarios de los vehículos robados reportaron los hechos al C-4. Uno de ellos describió a los responsables como “dos tipos en ropa interior”, en referencia al estado en que salieron del drenaje.

Aproximadamente 4 kilómetros después, sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, dos agentes de la entonces Policía Federal ubicaron el Ford Focus. Gastélum conducía a gran velocidad y no obedeció la orden de detenerse; los policías cerraron el paso al automóvil.

Al descender del vehículo, los agentes observaron que Gastélum aún tenía un arma en la mano, aunque no llegó a disparar. Guzmán, según una versión de los hechos, permaneció agachado en el asiento trasero durante la intercepción.

El motel Doux y los sobornos que nadie aceptó

Tras identificar al capo, los agentes enfrentaron una situación de alto riesgo: por radiofrecuencia escucharon que alrededor de 30 camionetas con hombres armados se desplazaban hacia la zona para rescatar a Guzmán. Para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas, solicitaron refuerzos por teléfono.

Los policías calcularon que no alcanzarían a llegar a su cuartel y eligieron el motel Doux como refugio temporal. Escondieron las patrullas dentro del garaje, ocuparon las habitaciones 51 y 19, y colocaron a dos agentes en la azotea con armas largas para vigilar un posible ataque.

Durante el traslado, Guzmán pidió a los agentes que lo llevaran hasta Chemoris y les prometió que podía cambiar sus vidas para siempre. Ya en el motel, los ofrecimientos incluyeron dinero, casas, empresas y negocios; todos fueron rechazados.

Según los reportes, en un momento el capo ofreció USD 50 millones a uno de los agentes a cambio de su liberación. La propuesta fue desestimada.

La orden de los mandos era obtener una fotografía de Guzmán para confirmar su identidad. La imagen fue enviada al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien la hizo llegar al secretario de Gobernación.

La captura definitiva y el cierre del operativo

Alrededor de las 10:30 de la mañana, marinos y soldados llegaron al motel Doux. Uno de los mandos, que había participado en la detención de Guzmán en 2014, le dijo: “Se te acabaron tus vacaciones de seis meses”. El capo respondió: “Sí, se me acabaron”.

La Operación Cisne Negro tuvo una duración aproximada de seis horas, desde la irrupción en el inmueble de Los Mochis hasta la captura definitiva. El operativo estuvo coordinado entre la Semar, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el CISEN, según la Crónica Presidencial.

Guzmán Loera fue trasladado bajo custodia a la Ciudad de México y recluido nuevamente en el Altiplano, esta vez bajo medidas reforzadas de vigilancia. En enero de 2017, el gobierno mexicano concretó su extradición a Estados Unidos.

En 2019, un tribunal federal estadounidense lo declaró culpable de cargos de narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Cumple una condena de cadena perpetua más 30 años adicionales en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado.

La Marina de Estados Unidos emitió una directiva oficial que insta a su personal y familiares a eliminar cualquier rastro de vinculación con la institución en las redes sociales. Esta medida, denominada Epic Vigilance: Immediate Actions for Force Protection and Personal Security (Vigilancia épica: Acciones inmediatas para la protección de la fuerza y ​​la seguridad personal), busca proteger la seguridad de los integrantes del Departamento de la Armada ante amenazas externas.

El documento oficial exige a los miembros de la fuerza naval que revisen sus perfiles en línea para borrar información que permita identificar su conexión con la institución o revelar sus rutinas diarias. La Marina de Estados Unidos advierte que los adversarios utilizan estos datos para recopilar inteligencia, poner a prueba las defensas, interrumpir operaciones e intimidar a sus efectivos.

El aviso subraya que los incidentes detectados no son eventos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para comprometer la integridad de la fuerza y sus familias.

Quiénes deben acatar la directiva y por qué

La orden emitida por Hung Cao, secretario interino de la Marina de Estados Unidos, alcanza a un universo de 608 mil personas. Este grupo incluye a 340 mil miembros en servicio activo, 58 mil reservistas y 210 mil empleados civiles del Departamento de la Armada.

El motivo fundamental de esta alerta radica en la necesidad de endurecer la postura de seguridad personal y familiar. Según el aviso, la exposición de datos públicos en plataformas digitales facilita la labor de adversarios que buscan minar la capacidad operativa y la protección de los integrantes de la institución.

El contexto de seguridad global

La advertencia surge en el marco de la Operación Epic Fury, una campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026. Este conflicto, que se extiende desde hace siete meses, dejó un saldo de 18 militares estadounidenses fallecidos y más de 750 heridos, según detalla el documento oficial.

Desde el inicio de las hostilidades, la Marina de Estados Unidos reportó encuentros con sistemas de aeronaves no tripuladas, actividades sospechosas, amenazas cibernéticas y diversos actos de violencia. Estos incidentes obligan a la fuerza a elevar su estado de vigilancia para salvaguardar a su personal y garantizar la ejecución de su misión de seguridad nacional.

Acciones solicitadas y recomendaciones

La directiva solicita a los integrantes del Departamento de la Armada que configuren sus perfiles de redes sociales como privados. La instrucción es eliminar todo contenido que vincule al usuario con la institución o que exponga patrones de vida.

Además de la gestión de perfiles, la Marina de Estados Unidos enfatiza la importancia de mantener la conciencia situacional en todo momento. Se pide al personal que comprenda los requisitos de protección de fuerza específicos de su área de mando y que denuncie de inmediato cualquier actividad sospechosa observada.

Protocolos para el reporte de amenazas

El documento oficial instruye al personal sobre cómo identificar y reportar situaciones de riesgo. Entre las observaciones que deben comunicarse de inmediato destacan:

• Individuos merodeando o fotografiando puertas de acceso, cercas perimetrales, buques, aeronaves o áreas residenciales.
• Uso de sistemas aéreos no tripulados cerca de instalaciones militares, muelles o líneas de vuelo, especialmente durante la noche.
• Preguntas inusuales sobre movimientos de personal, fechas de despliegue, horarios de mando o intentos agresivos de obtener información personal.
• Casos de seguimiento o confrontación fuera de las instalaciones militares, sobre todo si el personal viste uniforme.
• Recepción de mensajes sospechosos o creación de cuentas falsas en redes sociales que suplanten a miembros de la fuerza.

Recursos y canales de apoyo

El aviso oficial proporciona vías de comunicación para reportar incidentes o solicitar asistencia. Ante una emergencia inmediata, la instrucción es llamar al 911.

Para situaciones que no representan un riesgo vital, la Marina de Estados Unidos recomienda contactar con la seguridad de la base militar correspondiente o con la oficina del Provost Marshal. También se encuentra disponible el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) para canalizar observaciones sobre posibles amenazas.

El personal puede utilizar el sitio web de NCIS Tips o descargar la aplicación móvil para realizar denuncias de forma anónima o identificada. Asimismo, el Centro de Alerta de Amenazas Múltiples (MTAC) del NCIS proporciona vigilancia global las 24 horas del día, facilita líneas telefónicas y correos electrónicos específicos para el reporte de actividad sospechosa.

La tarde de este sábado 22 de agosto la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega dictó prisión preventiva contra Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar junto con su hermano una red de huachicol fiscal en puertos del país conocida como “Los Primos”.

La resolución llegó luego de casi 18 horas de audiencia inicial celebrada de forma virtual y a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación. La medida cautelar impuesta fue prisión preventiva oficiosa, la más restrictiva dentro del sistema penal acusatorio mexicano y que no admite sustitución por otra medida.

La situación jurídica de Fernando Farías Laguna no quedó resuelta de forma definitiva este sábado. El despacho Mendieta y Asociados, que representa al exmando naval, solicitó la duplicidad del término constitucional. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana cuando la jueza Ramírez De la Vega determine si lo vincula a proceso por los cargos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

Farías Laguna llegó desde Argentina pasadas las 3 de la madrugada del viernes 21 de agosto a bordo de un avión de la Marina que hizo escala en Cali, Colombia, para recargar combustible. Fue certificado médicamente al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) antes de ser trasladado al Altiplano.

Audiencia de Farías Laguna se celebró a puerta cerrada y de forma virtual

La FGR fue quien solicitó que la diligencia se celebrara sin presencia de medios de comunicación y la jueza Ramírez De la Vega aceptó la solicitud.

La audiencia se desarrolló de forma remota, con la jueza, la FGR y la parte defensora conectadas mediante videollamada, según confirmaron fuentes consultadas por Infobae México.

La defensa había anticipado ese escenario en su tarjeta informativa emitida horas antes desde Almoloya de Juárez. Argumentó que el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. “La publicidad es la regla; la puerta cerrada, la excepción”, señaló el comunicado.

La defensa también recordó que la propia FGR había hecho público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, indicó.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante, también había exigido en entrevista con MVS Noticias que la audiencia fuera abierta y afirmó tras preguntas del medio que, de lo contrario, haría públicas las pruebas que tiene en su poder.

Según reportes, la FGR cerró su participación en esta primera etapa de la audiencia, que sufrió varios retrasos a lo largo de la noche. El miércoles 26 de agosto a las 9 de la mañana será el turno de la defensa.

La FGR reveló el esquema de la red de huachicol fiscal que operó en cinco estados

La organización presuntamente operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó el esquema en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025 con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La afectación económica a la organización, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. La investigación arrancó en 2024, cuando el entonces titular de la Semar compartió a la fiscalía los primeros indicios de las operaciones de la red.

Con la llegada de Farías Laguna a México, suman 16 personas detenidas vinculadas al esquema, 12 de ellas exservidores públicos.

Fernando Farías Laguna no es el único mando naval preso en el Altiplano por este caso. Su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el mismo penal desde septiembre de 2025, cuando la red “Los Primos” recibió el primer golpe por parte del Gabinete de Seguridad.

La Semar se deslindó de Farías Laguna con el lenguaje de su propio lema institucional

En un mensaje publicado en redes sociales el jueves 20 de agosto, la Semar trazó una línea entre la institución y el excontralmirante. “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló. Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos remiten directamente a los pilares del lema institucional de la Armada.

El pronunciamiento recordó que ese compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025”, fecha que remite al día 7 de ese mes, cuando el Gabinete de Seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En esa misma conferencia, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles fijó su postura: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, Morales Ángeles fue más lejos. Desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año, reconoció públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

México rescató a 16 migrantes cubanos que permanecían a la deriva en el mar después de que se perdiera contacto con la embarcación en la que viajaban desde la semana pasada, informó este jueves 20 de agosto de 2026 una fuente de la Secretaría de Marina (Semar).

Entre los migrantes se encuentran 12 adultos y cuatro menores de edad, quienes fueron localizados cerca de la Novena Zona Naval, en la península de Yucatán, uno de los puntos del territorio mexicano más cercanos a Cuba.

La embarcación había salido el pasado 11 de agosto desde la provincia de Pinar del Río, en el extremo occidental de Cuba, con rumbo hacia el exterior de la isla. Durante varios días no se tuvo información sobre el paradero de sus ocupantes, lo que generó preocupación entre familiares y organizaciones que siguen los movimientos migratorios desde Cuba.

Inicialmente, medios cubanos y estadounidenses habían reportado que 19 personas viajaban en la embarcación; sin embargo, el último balance proporcionado por la Marina estableció que fueron 16 los migrantes encontrados y rescatados.

Marina despliega embarcación para localizarlos

Ante el reporte de la embarcación desaparecida, la Secretaría de Marina desplegó recursos de búsqueda y rescate en aguas cercanas a la península de Yucatán.

La institución ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, utilizada para operaciones de búsqueda y rescate debido a su capacidad para desplazarse a gran velocidad.

Finalmente, los migrantes fueron ubicados en las inmediaciones de la Novena Zona Naval. Tras ser encontrados, elementos de la Marina los auxiliaron y les proporcionaron atención médica para conocer su estado de salud después de varios días en el mar.

Posteriormente, los 16 cubanos serían puestos a disposición de la autoridad migratoria, que deberá determinar su situación conforme a las leyes mexicanas.

La fuente de la Marina confirmó que los migrantes ya habían sido recuperados y que eran trasladados hacia las instalaciones navales correspondientes.

El rescate puso fin a varios días de incertidumbre para las familias de los pasajeros, quienes desconocían dónde se encontraban sus seres queridos desde que salieron de Cuba.

La embarcación tenía poco combustible

Uno de los familiares había advertido previamente sobre las condiciones en las que viajaban los migrantes.

Un hombre residente en México, cuyos hijos se encontraban a bordo de la embarcación, declaró a Univisión que la lancha contaba con poco combustible, lo que incrementaba el riesgo de que quedara varada o a la deriva en aguas abiertas.

La situación es particularmente peligrosa para los migrantes cubanos que intentan abandonar la isla en embarcaciones pequeñas y, en algunos casos, improvisadas.

Estos viajes pueden prolongarse durante varios días y exponen a sus ocupantes a naufragios, deshidratación, falta de alimentos, desapariciones y condiciones meteorológicas adversas.

La proximidad entre Cuba y la península de Yucatán ha convertido a las aguas del Caribe en una de las rutas utilizadas por personas que buscan abandonar la isla.

Crece la salida de cubanos por la crisis

El rescate ocurre en un contexto de creciente presión económica y energética en Cuba, que ha provocado que cientos de personas busquen alternativas para salir del país.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla, de acuerdo con el reporte, lo que agravó una crisis energética que ya provocaba apagones prolongados.

Los cortes de electricidad han afectado de manera significativa la vida cotidiana de los habitantes de Cuba, un país con aproximadamente 9.4 millones de personas.

Ante esta situación, algunos cubanos han optado por abandonar el territorio mediante embarcaciones pequeñas, pese a los riesgos que implica realizar una travesía marítima sin condiciones adecuadas de seguridad.

El caso de los 16 migrantes rescatados por México refleja nuevamente los peligros de esta ruta. Tras permanecer varios días sin comunicación y con combustible limitado, 12 adultos y cuatro menores fueron encontrados con vida por autoridades mexicanas, recibieron atención médica y quedaron bajo responsabilidad de las autoridades migratorias.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo en un rancho del municipio de Champotón, Campeche, donde aseguraron una avioneta, miles de litros de hidrocarburo, armas de fuego, dinero en efectivo y 61 vehículos terrestres, además de detener a seis personas.

El cateo se llevó a cabo como parte de una investigación iniciada en abril de 2026 por probables delitos relacionados con el manejo y traslado ilegal de hidrocarburos. La diligencia fue ejecutada con autorización de un juez de Control en un inmueble ubicado en la comunidad de El Cerrito, en Champotón.

De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaron una denuncia anónima ante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Campeche.

En la denuncia se alertó que, mediante una empresa, presuntamente se realizaba el traslado irregular de hidrocarburos desde Mérida, Yucatán, hacia Campeche.

Con la información recabada durante las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para realizar el cateo en el predio señalado.

Aseguran casi 9 mil litros de combustibles

Durante la operación, elementos de la FGR, con apoyo de la Marina y otras instituciones, localizaron y aseguraron aproximadamente 5 mil 912 litros de hidrocarburo, además de 3 mil litros de gas avión.

En total, se trata de casi 9 mil litros de combustibles y derivados asegurados dentro del inmueble.

El operativo estuvo encabezado por personal del Ministerio Público de la Federación (MPF), agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la FGR, además de personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre los objetos asegurados también se encontró una avioneta, cuya presencia forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Las autoridades aseguraron además 61 vehículos terrestres, así como dos tanques con gas LP y documentación diversa localizada dentro del inmueble.

Hallan armas y más de 777 mil pesos

El cateo también permitió localizar un importante arsenal.

De acuerdo con la Fiscalía, fueron aseguradas cinco armas largas y tres armas cortas, además de 12 cargadores y aproximadamente mil cartuchos de diversos calibres.

Entre el equipo localizado había también dos visores nocturnos, dos chalecos balísticos y dos aditamentos para arma de fuego.

En el lugar fueron encontrados además 777 mil 750 pesos en efectivo y cinco dólares, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de los indicios de la investigación.

El inmueble también fue asegurado por las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar el origen del combustible, la función de los vehículos y la posible relación de los objetos encontrados con las actividades investigadas.

Seis personas quedan bajo custodia

Durante la diligencia fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación. Los detenidos fueron identificados como: José Alfredo González Gómez de 31 años, Manuel Jesús Moo Martin de 42 años, Luis Andrés Chi Buenfil de 53 años, Víctor Enrique Hernández Sandoval de 28 años, Ulis Antonio Monterrosa Chin de 27 años y Jorge Jonathan Camacho Ortega de 49 años.

La FGR informó que será el MPF el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo constitucional y conforme al debido proceso.

Las investigaciones continúan para establecer si los detenidos están relacionados con el traslado irregular de hidrocarburos denunciado y con los demás indicios encontrados en el rancho de Champotón.

Las autoridades indicaron que los hechos podrían constituir delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, además de aquellos que puedan resultar de las investigaciones.

El operativo contó con apoyo de seguridad perimetral de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en un despliegue coordinado entre autoridades federales.

La FGR precisó que las personas detenidas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El aseguramiento ocurre mientras las autoridades federales mantienen investigaciones contra posibles redes dedicadas al traslado, almacenamiento y comercialización irregular de combustibles, particularmente en rutas que conectan distintas entidades del sureste del país.

Mónica Gámez Villalba, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, exigió este viernes 21 de agosto que la audiencia inicial de su esposo fuera pública, horas después de que el exmando naval llegara deportado desde Argentina y fuera trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La comparecencia está programada para este día a las 5:30 de la tarde y, según declaraciones de Gámez, se estima que tenga una duración de entre 10 y 12 horas.

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira en MVS Noticias, Gámez Villalba dijo que el abogado de la defensa había solicitado que el procedimiento fuera abierto. “Quisiera todo público para darle seguimiento públicamente, para que vea todo México que no tenemos nada que esconder y que, si nos están acusando de algo, que lo demuestren”, declaró.

Afirmó que, si la audiencia se cerraba y la información seguía reservada, estaba dispuesta a hacer públicas las pruebas que tiene en su poder.

Esposa de Fernando Farías afirmó que él no estuvo en Tampico

Gámez Villalba rechazó los cargos contra su esposo y su cuñado el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encuentra recluido en el Altiplano por el mismo delito. Afirmó que ninguno de los dos estuvo adscrito en aduanas ni visitó Tampico, ni ninguno de los puertos donde la FGR documentó el esquema de huachicol fiscal.

“Ni mi esposo ni mi cuñado pisaron Tampico, ni han pisado Texas, ni han pisado ninguno de los lugares donde se hizo la mayor red de contrabando”, declaró.

Sostuvo que los acusan por ser sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y que esa relación familiar los convirtió en la coartada para encubrir a los verdaderos responsables. Dijo que el exfuncionario les negó ayuda de forma directa cuando lo buscaron. “No los puedo ayudar”, habría respondido, según Gámez Villalba.

También señaló que en la Secretaría de Marina (Semar) “siempre ha habido mucha venganza” y que lo que ocurre con su esposo y su cuñado nunca se había visto. Dijo que aun así no los van a destruir como familia. “La verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

Esposa del exmarino aseguró que Estados Unidos tiene pruebas de su inocencia

En la misma entrevista con MVS Noticias, Gámez Villalba aseguró que el gobierno de Estados Unidos sabe que Fernando Farías es inocente, y que esa postura se evidencia en que las autoridades de ese país no lo reclamaron para sí.

“¿Por qué no lo quiere Estados Unidos?“, preguntó, y posteriormente afirmó que es porque saben que Fernando Farías es inocente. Dijo además que él puede aportar información de valor para las autoridades estadounidenses, aunque aclaró que prefirió no profundizar en ese punto para no afectar el proceso legal.

Gámez Villalba añadió que la red de huachicol tiene vínculos con Estados Unidos y que ese país no protegería a alguien que formara parte de ella. Además, declaró que ya le confirmaron que EEUU tiene pruebas de la inocencia de su esposo.

Gámez Villalba le pidió a Ernestina Godoy que diera la cara con la verdad

Gámez Villalba lanzó un mensaje directo a la fiscal general Ernestina Godoy al cierre de la entrevista con MVS Noticias. Le pidió que diera la cara “con la verdad” y le advirtió que no lograría destruir a su familia. “Ahorita es muy fácil que te armen una carpeta. A mí mañana me pueden armar una carpeta porque les estorbo”, dijo.

Le preguntó a Godoy si era mamá y le pidió que se pusiera en su lugar. Cuestionó que en México ya no prevaleciera la presunción de inocencia. “Ahorita siento que estamos en una sociedad muy caída en la impunidad, ya no prevalece la presunción de inocencia”, declaró.

Defendió la trayectoria de su esposo como marino de tercera generación, con maestrías y condecoraciones obtenidas por méritos propios, no por su vínculo con el exsecretario. “Los logros y méritos que tienen no son por su ex tío, son por ellos, porque tienen primeros y segundos lugares”, señaló.

La defensa invocó el artículo 20 constitucional para exigir la audiencia abierta

En una tarjeta informativa emitida desde Almoloya de Juárez, la defensa confirmó que ya tuvo comunicación con Farías Laguna desde el momento en que aterrizó en México y que aguardaba la notificación formal de la audiencia. Solicitó que el procedimiento fuera público con base en el principio de publicidad que rige el sistema penal acusatorio.

La defensa citó el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que la publicidad es la regla y que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada. Argumentó que la propia FGR hizo público el caso durante meses al difundir información sobre la investigación, la detención y los traslados. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la audiencia inicial de Fernando Farías Laguna está programada para las 17:30 horas de este viernes 21 de agosto y quedó a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez De la Vega, con sede en Almoloya de Juárez.

Cabe señalar que es la misma jueza preside el proceso contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, quien también se encuentra recluido en el Altiplano acusado de encabezar una red de huachicol fiscal ferroviaria que evadió más de 4 mil millones de pesos en impuestos con operaciones documentadas a través de 162 carros tanque y 4 mil 238 importaciones irregulares entre enero y julio de 2025.

Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto —excontralmirante y exvicealmirante de la Armada de México, respectivamente— son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esa conexión familiar con la cúpula naval es el hilo que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue para explicar cómo una red criminal logró infiltrarse y operar desde el interior de una de las instituciones de seguridad más poderosas del país.

Tras varios meses de investigaciones, Fernando Farías Laguna fue deportado desde Argentina en la madrugada del 21 de agosto de 2026, luego de haber sido arrestado en Buenos Aires el 23 de abril usando una identidad y un pasaporte falsos. Ahora, el excontralmirante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará las acusaciones formales y continuará su proceso judicial bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Los hermanos Farías Laguna y su vínculo con Ojeda Durán

Los documentos de inteligencia y las carpetas de investigación de la FGR identifican a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna bajo el apodo de “Los Primos” en el ámbito naval. Los testimonios integrados al expediente señalan que ambos “tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción”, según reveló la fiscal general Ernestina Godoy Ramos en un pronunciamiento oficial el 20 de agosto de 2026.

La red habría afianzado el dominio sobre sectores de las aduanas e instalaciones portuarias del país. Esas instalaciones pasaron a ser administradas por la Armada de México durante el sexenio de López Obrador, periodo en el que Ojeda Durán estuvo al frente de la Secretaría de Marina.

La FGR no ha señalado a Ojeda Durán como parte de la red ni como imputado en el caso. El vínculo familiar entre el exsecretario y los hermanos acusados es el único elemento documentado públicamente que los une.

La fiscal Godoy Ramos precisó que la FGR comenzó a investigar el esquema en 2024, cuando el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, compartió al entonces fiscal Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

La Semar se deslinda: del lema institucional al estrado militar

La Secretaría de Marina reaccionó al traslado de Fernando Farías Laguna con un mensaje publicado en la red social X el 20 de agosto de 2026. La institución afirmó que la conducta de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”.

El comunicado recurrió al lema institucional de la Armada con una precisión deliberada: “quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”. Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un error tipográfico, sino una separación simbólica entre la institución y quienes la traicionaron desde adentro.

El secretario Morales Ángeles había marcado distancia desde el primer momento del escándalo. El 7 de septiembre de 2025, ante el exfiscal Gertz Manero y el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025, Morales Ángeles eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción interna. Desde el estrado declaró: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Morales Ángeles el 31 de julio de 2026 durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. Ante 211 nuevos guardiamarinas, lo describió como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

El esquema de huachicol fiscal: buques, aduanas y empresas fachada

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó de forma ilegal con una cantidad equivalente de combustible.

El esquema funcionaba a través de buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada con declaraciones falsas: el combustible era registrado como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban los volúmenes y las muestras del producto.

Una vez descargado el hidrocarburo, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio en todo el país. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido de forma ilícita.

La FGR documentó la operación en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. La afectación económica, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, supera los 340 millones de pesos, según cifras de la fiscal Godoy Ramos.

Las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles durante los distintos operativos contra la red. Con la llegada de Fernando a México, el número de detenidos vinculados al caso llegó a 16, de los cuales 12 son exservidores públicos.

El seguimiento al esquema permitió a la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados con la distribución. El 7 de septiembre de 2025 fue detenido Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, quien ya se encuentra preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fernando Farías Laguna fue internado en ese mismo penal tras su llegada a México. Ambos hermanos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, delitos que la ley mexicana sanciona con penas de entre 20 y 40 años de prisión.

Las fotografías, distribuidas con marcas de agua institucionales de la FGR, muestran a Farías Lagunas con barba oscura, sudadera verde claro y pantalón beige.

Qué muestran las imágenes del operativo

La primera fotografía fue tomada de noche en la pista aérea del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. El detenido avanza escoltado por cuatro agentes: dos a su izquierda, con uniforme táctico negro completo y credencial visible al cuello, y dos a su derecha con ropa de civil oscura.

Uno de los agentes del lado derecho porta un chaleco con las siglas “FFA” en letras amarillas. Al fondo se distingue un vehículo oficial con luces de emergencia azules encendidas y una matrícula con los dígitos parciales “109”.

La segunda imagen fue captada en un espacio interior de fondo claro. En ella, el detenido avanza con la cabeza ligeramente inclinada, flanqueado por dos agentes. El que aparece a su derecha viste un chaleco azul con las siglas “PFA”, Policía Federal Argentina, en letras amarillas, dato que confirma la participación de esa institución en el operativo y la cooperación binacional entre México y Argentina.

Deportación, no extradición

El traslado se concretó como deportación bajo custodia de la Interpol, no como extradición formal. El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna, señaló que no recibió notificación alguna, dado que el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Argentina.

Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó este jueves el resolutorio que archivó el proceso de extradición formal al recibir el desistimiento del Estado mexicano. El documento ordenó archivar las actuaciones “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.

La red “Los Primos” y los cargos

Farías Laguna es acusado de encabezar, junto a su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, que operó en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico.

La organización permitía el desembarque de combustibles declarados como otras mercancías para evadir el pago de impuestos. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

El excontralmirante fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, adonde había ingresado bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo, y contaba con una ficha roja de la Interpol.

Sheinbaum, la esposa y el destino final

La presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado el traslado desde su conferencia del 18 de agosto, aunque sin precisar fecha ni mecanismo, y solicitó a la FGR y a la SRE que informaran los detalles.

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, difundió un video el 19 de agosto en el que pidió a Sheinbaum y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que garantizaran la integridad de su esposo durante el traslado y a su llegada al país.

El destino final de Farías Laguna sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde su hermano Manuel Roberto ya se encuentra recluido por el mismo delito.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema de operación de la red de huachicol fiscal marítimo presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mensaje llegó luego de confirmarse que el exmando naval Fernando Farías Laguna fue deportado de Argentina y entregado a autoridades mexicanas, para ser trasladado y que pueda enfrentar los cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que le imputan.

Según datos revelador por Godoy Ramos, la afectación económica a la organización criminal, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, en las acciones contra la red se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. Con Fernando Farías Laguna en manos de autoridades mexicanas suman 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.

Además, la fiscal reafirmó que el esquema criminal comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando almirante secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles compartió a Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red delictiva.

Buques tanque declaraban hidrocarburo como aceites para evadir impuestos

La organización, según Godoy, operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra evadían el pago de impuestos.

Además, la fiscal afirmó que agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó la operación de este esquema en cinco estados:

• Tamaulipas
• Baja California
• Colima
• Sonora
• Ciudad de México

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La fiscal informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el modus operandi de la red y obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, revisiones falsas y adulteración en registros de volumen. Con esa base, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo múltiples órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Farías Laguna.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

Este 20 de agosto la FGR compartió una fotografía con las 16 personas detenidas por presuntos vínculos con el esquema criminal, sin revelar sus identidades. Una consulta de Infobae México a la conferencia del Gabinete de Seguridad del 7 de septiembre de 2025 -cuando fue destapado el esquema- permitió identificar los nombres de los primeros 14 detenidos:

• Manuel Roberto Farías Laguna
• Clímaco “N”
• Humberto Enrique “N”
• Sergio “N”
• Carlos de Jesús “N”
• Fernando Ernesto “N”
• Francisco Javier “N”
• Endira Xóchitl “N”
• Perla Elizabeth “N”
• Ana Natalia “N”
• Ismael “N”
• Anuar “N”
• Héctor Manuel “N”
• José “N”

El decimoquinto es Fernando Farías Laguna, trasladado a México este 20 de agosto. La identidad del decimosexto detenido no aparece en reportes oficiales.

Godoy: Fernando Farías Laguna ingresará al Altiplano a disposición del juez que lo requiere

La fiscal también se refirió al operativo coordinado para traer a Fernando Farías Laguna de regreso a territorio mexicano. Según datos revelados, el traslado fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR, la Semar, la SSPC y la SRE, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de Argentina. En el caso concreto de EEUU, no se sabe hasta el momento cuál fue la participación que tuvo.

El hombre señalado como presunto líder de la red criminal conocida como “Los Primos” está siendo trasladado en este momento en una aeronave de la Semar. Se espera que el jet realice una escala y luego parta con destino final a la Ciudad de México.

Una vez en territorio nacional, Fernando Farías será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, a disposición del juez de control que lo requirió. En ese mismo penal se encuentra preso su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna.

Godoy informó que ha instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y profundidad, y que seguirá informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo.

Cerró su mensaje con una advertencia directa: “Donde hay impunidad, habrá investigación; donde hay crimen, habrá consecuencias”.

La Secretaría de Marina (Semar) se deslindó este jueves 20 de agosto de la conducta del excontralmirante Fernando Farías Laguna, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que se encontraba bajo resguardo de autoridades mexicanas para realizar su traslado desde Argentina a México.

En un mensaje publicado en la red social X, la institución naval afirmó que la actuación de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”, y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

La afectación económica documentada por la red que encabezaban los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Semar José Rafael Ojeda Durán, asciende a más de 340 millones de pesos solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, según reveló la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos en un mensaje oficial.

Con el traslado de Fernando Farías Laguna, suman 16 personas detenidas vinculadas al caso, entre ellas 12 exservidores públicos. Las acciones contra la red también han derivado en el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

La Semar eligió el traslado para fijar su postura con el lenguaje del lema institucional

El breve mensaje de la Semar no se limitó a reconocer su participación logística en el operativo, debido a que fueron ellos quienes brindaron el avión para cumplimentar la deportación. Eligió el momento para trazar una línea entre la institución y quienes la corrompieron desde adentro, y lo hizo con un lenguaje que remite directamente al código de valores de la Armada.

“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló.

Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un accidente tipográfico, sino que se trata de los pilares del lema institucional de la Armada, y su uso en ese contexto constituyó una separación deliberada entre la institución y quienes la traicionaron.

La Semar también subrayó que esa postura no era nueva. El texto recordó que el compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025” con la legalidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Esa fecha remite al 7 de septiembre de 2025, cuando el gabinete de seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red de huachicol fiscal, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora trasladado.

Además, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles ya había marcado distancia desde ese primer momento. Ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la SSPC Omar García Harfuch, fijó su postura en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre, Morales Ángeles fue más lejos. Eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”. No fue un comunicado de prensa ni una respuesta a medios: fue una declaración desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año.

El comunicado de este jueves retomó ese hilo y lo cerró con el traslado de Fernando Farías Laguna como evidencia de que el compromiso se sostuvo. La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado a Morales Ángeles el 31 de julio durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, donde lo describió ante 211 nuevos guardiamarinas como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

La FGR reveló el modus operandi de “Los Primos” tras confirmarse la entrega

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló este jueves los detalles del esquema que integraron los hermanos Farías Laguna. La organización, identificada como “Los Primos”, utilizaba buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

La FGR documentó la operación de ese esquema en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas. Días después, el gabinete de seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución. La fiscal también precisó que el esquema comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando Morales Ángeles compartió a Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

México desistió de la extradición formal y optó por la deportación para acelerar la entrega

El traslado de Fernando Farías Laguna se concretó por la vía de deportación, no de extradición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano. El juez Julián Daniel Ercolini firmó el resolutorio que declaró la falta de mérito para proceder conforme al Código Procesal Penal argentino.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Una vez en territorio mexicano, Fernando Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está preso su hermano Manuel Roberto. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito sancionado en México con entre 20 y 40 años de prisión.

Fernando Farías Laguna fue entregado este jueves 20 de agosto a autoridades mexicanas en Buenos Aires, tras ser liberado del penal de máxima seguridad donde permaneció detenido desde el pasado 23 de abril de 2026. El traslado se concretó por la vía de deportación, después de que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió un mensaje en sus canales oficiales confirmando el proceso de traslado de Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en aduanas marítimas del estado de Tamaulipas.

Su destino sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está recluido su hermano el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito que en México se sanciona con entre 20 y 40 años de prisión.

Las primeras imágenes de Fernando Farías siendo entregado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza revelan que viste una sudadera de color verde y pantalón caqui. El viaje con rumbo a la Ciudad de México llevaría al menos nueve horas y media en caso de ser directo.

Fuerzas federales coordinan la operación de traslado

La FGR informó este jueves 20 de agosto, a las 15:37 horas del centro del país, que llevaba a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina a México en coordinación con la Semar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Fue el primer pronunciamiento oficial sobre el operativo, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara desde el 18 de agosto que informaran los detalles del proceso.

Posteriormente, en un comunicado oficial, la dependencia precisó que personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó a Argentina para traer consigo a Farías Laguna y presentarlo ante la autoridad judicial que lo requirió en México.

Detallaron que la Semar dispuso la aeronave que traerá al presunto criminal hasta territorio nacional.

La FGR describió el procedimiento como una expulsión y recordó que el arresto de Fernando Farías derivó de una Ficha Roja de Interpol emitida a solicitud de la propia FGR, al contar con una orden de aprehensión en su contra. La dependencia calificó la acción como resultado de “trabajos de inteligencia, seguimiento, coordinación e intercambio de información”.

La fiscalía agradeció la colaboración de autoridades de Estados Unidos, así como de la Cancillería y autoridades de justicia de Argentina. Añadió que continuará informando sobre los trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad para “combatir las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos que pertenecen a las y los mexicanos terminen financiando actividades criminales”.

México desistió de la extradición formal para acelerar la entrega

El juez Julián Daniel Ercolini firmó este jueves el resolutorio que declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Farías Laguna conforme al artículo 309 del Código Procesal Penal argentino, y ordenó archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder según el artículo 195 del mismo ordenamiento. El documento estableció que el archivo se ordenaba “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”.

La decisión de abandonar la vía formal de extradición y optar por la deportación no fue menor. La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. El proceso puede extenderse durante meses o años, e implica la revisión judicial del caso en el país requerido.

La deportación, en cambio, es un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este mecanismo puede ejecutarse de forma más expedita porque no requiere una resolución judicial de fondo sobre los cargos que enfrenta el deportado en el país solicitante.

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Un recurso de asilo retrasó su salida del penal de Ezeiza

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina de este jueves que el traslado no se concretó la noche del miércoles por un recurso jurídico que el propio Farías Laguna interpuso en Argentina. “Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México”, dijo. Agregó que representantes de la FGR le informaron en el Gabinete de Seguridad que el traslado “no está en duda”.

El abogado argentino de la defensa, Félix Helou, precisó en entrevista con Azucena Uresti que Farías Laguna había solicitado asilo político antes de su detención, alegando que enfrentaba riesgos si regresaba a México. Argentina lo negó. La defensa pidió la reconsideración de ese rechazo argumentando errores técnicos en la solicitud original, y ese recurso fue el que retrasó su salida del penal.

Helou también reveló las condiciones en que su defendido estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza: tenía acceso a luz natural solo cuatro horas al día. “No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, declaró.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, había precisado el 19 de agosto a Infobae México que la deportación estaba confirmada.

Agentes de EEUU se reunieron con Fernando Farías antes de su entrega

Helou también confirmó que agentes de EEUU sostuvieron una reunión con Farías Laguna en el penal de Ezeiza previo a su entrega a las autoridades mexicanas. “También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna. No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, declaró. El abogado no descartó que su defendido pudiera colaborar con autoridades estadounidenses: “Siempre hay una posibilidad”, sostuvo.

El periodista Arturo Ángel reportó previo a la confirmación que el gobierno de Donald Trump habría intervenido ante el gobierno de Javier Milei para lograr la entrega sin recurrir al proceso formal de extradición. Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Farías Laguna.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum negó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien estuvo en Buenos Aires para la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, tuviera participación en el operativo. “No fue a ese tema. Es un asunto de la Fiscalía que viene trabajando hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas”, dijo.

La ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva había publicado el 19 de agosto una fotografía de su reunión con Harfuch en redes sociales, aunque en ese encuentro el tema central fue el combate al narcotráfico y al crimen organizado entre ambos países.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando no acudió a su citación ante un juzgado federal mexicano y huyó del país. Antes de llegar a Argentina viajó de México a Florida, Estados Unidos, y de ahí a Colombia, desde donde ingresó al país sudamericano con la identidad falsa. Una ficha roja de la Interpol permitió su localización y captura.

Félix Helou, abogado que encabeza la defensa en Argentina de Fernando Farías Laguna, confirmó que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) sostuvieron una reunión con el excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar).

Fue en entrevista con Azucena Uresti que Helou confirmó la reunión, aunque aseguró desconocer los temas que tocaron los agentes de Estados Unidos con el excontralmirante, quien fue detenido en abril en Buenos Aires y enfrenta acusaciones en México por presunto huachicol fiscal.

El encuentro se realizó en medio de los trámites para el traslado de Farías Laguna a México, en el que sus abogados afirmaron no haber sido notificados debido a que su proceso en Argentina aún no termina.

“También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna (…) No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, afirmó.

Esto lo confirmó luego de que el periodista Arturo Ángel reportó la reunión, la cual se llevaría a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además, el comunicador citó a fuentes con conocimiento del caso que le habrían confirmado que el contexto de la negociación para trasladarlo a México sería que el gobierno de Donald Trump intervino para convencer al gobierno de Javier Milei para entregar a Fernando Farías sin extradición.

No descarta una posible colaboración con EEUU

Helou tampoco descartó que Fernando Farías colabore con el gobierno de Estados Unidos debido a que “siempre hay una posibilidad” debido a que ese país y México mantienen intercambio constante.

Sobre las condiciones en las que se realizará el traslado del excontralmirante, el abogado detalló que él no recibió ninguna notificación al respecto, ya que el proceso de extradición solicitado por México tiene una audiencia fijada para el 27 de agosto que debe seguir un procedimiento estricto.

Sin embargo, fue enfático al señalar que ese proceso, “Si no se respeta, es ilegal”. Además, el abogado explicó que un juez debe ser quien analice los procesos de deportación y extradición que mantiene en Argentina, no solo ser enviado a México sin enfrentarlos.

“Debería existir una causa y el juez la debería analizar y fallar al respecto. Pero así, de la noche a la mañana, con noticias que lo suben a un avión o no suben a un avión, me recuerda a esas situaciones donde operaciones de inteligencia secuestran a gente por fuera del sistema legal”, dijo.

Sheinbaum confirmó su envío a México y pidió a la SRE y FGR informar, pero hasta ahora no lo hacen

El traslado de Fernando Farías a México no ha esclarecido por las autoridades pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que serían la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) quienes informarían sobre las condiciones en que se realizará, y solo se limitó a confirmarlo.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la mandataria reiteró que el excontralmirante será enviado a México, pero explicó que el proceso se retrasó debido a que tenía un “asunto jurídico” pendiente en Argentina.

Al respecto, el abogado explicó que Fernando Farías ingresó a Argentina con un pasaporte falso debido a su “estado de necesidad”, pero que antes de ser detenido solicitó formalmente asilo político.

Sin embargo, Argentina se lo negó de inmediato y la defensa pidió la reconsideración de ese rechazo, argumentando que la solicitud original fue presentada con errores técnicos.

Farías Laguna se encuentra en el penal de Ezeiza, a la espera de su traslado a México

Helou detalló que Fernando Farías se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad Ezeiza, en el que tiene acceso a luz natural solo cuatro horas al día.

“No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, denunció.

Hasta el momento, el excontralmirante se encuentra detenido en el penal, a la espera de su traslado a México para enfrentar las acusaciones que la FGR tiene en su contra por presuntamente liderar junto a su hermano, Manuel Roberto Farías, una red de huachicol fiscal.

El despacho Mendieta y Asociados, que representa al contralmirante Fernando Farías Laguna, reveló la tarde de este 19 de agosto a Infobae México que la deportación de su cliente a territorio nacional está confirmada.

El exmando de la Secretaría de Marina (Semar), acusado de encabezar junto con su hermano la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en las aduanas marítimas de Altamira y Tampico, será trasladado en las próximas horas a bordo de un avión bajo custodia de la Interpol, según la misma fuente.

Según la defensa legal del hombre detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Argentina, hasta el momento no ha despegado la aeronave que lo trasladará.

La información disponible hasta el momento es escasa: diversos medios de comunicación han reportado detalles del operativo con base en fuentes federales, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hayan emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó desde la mañana del pasado 18 de agosto.

Reportes del medio N+ con base en fuentes federales dijeron que autoridades mexicanas ya se encontraban en Buenos Aires para recibir a Farías Laguna y trasladarlo ante el juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. El mismo medio compartió fotografías en las cuales se observa un jet de la Semar sobre una pista, acompañadas con marcas de agua propias de una cámara corporal, las cuales revelan que se encuentran en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El destino final de Fernando Farías sería el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ya se encuentra recluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos son señalados como sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien representó a la institución naval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El periodista Arturo Ángel había adelantado en su cuenta de X (antes Twitter) que la entrega estaría a cargo de la Interpol Argentina y que la comparecencia ante el juez de control del Altiplano ocurriría el jueves 20 o el viernes 21 de agosto a más tardar.

Estados Unidos habría intervenido para que Argentina accediera a la deportación

Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que el gobierno de Estados Unidos habría presionado a las autoridades argentinas para que accedieran al proceso de deportación. Según esas mismas fuentes, Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Fernando Farías Laguna.

La gestión se habría realizado en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien se encuentra en Buenos Aires para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas organizada por la DEA.

Este mismo 19 de agosto la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, compartió una publicación en la que reveló que existió una reunión con Harfuch. “Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo Monteoliva en redes sociales.

Infobae México consultó al despacho Mendieta y Asociados sobre la presunta intervención de Estados Unidos en la deportación de su cliente. La defensa respondió que no cuenta con información al respecto.

La defensa distinguió entre extradición y deportación tras declaración de la presidenta Sheinbaum

El pasado 18 de agosto, el equipo legal de Fernando Farías emitió una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición hubiera sido concedida y precisó que el juicio de extradición estaba programado para el 27 de agosto en Argentina. La precisión respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo ese mismo día en conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, sin precisar fecha.

El comunicado del despacho Mendieta y Asociados subrayó que extradición, deportación y expulsión son procedimientos jurídicos distintos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la SRE, la FGR y el Poder Judicial; puede tomar meses o años.

La deportación, en cambio, es definida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria, y puede ejecutarse de forma más expedita.

Fernando Farías Laguna enfrentaba precisamente un proceso paralelo de expulsión derivado de haber ingresado a Argentina con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos.

La desaparición de Sammy Daniel Pérez Rojas mantiene abierta una investigación en Puerto Vallarta, Jalisco después de que su familia reportó que lo vio por última vez el 31 de julio y advirtió que el hombre de 34 años atraviesa una crisis por la que necesitaba atención médica.

El caso se insertó además en un contexto local marcado por reportes de personas no localizadas en ese destino de Jalisco. A lo largo de 2025, en Puerto Vallarta se registraron 29 personas desaparecidas: 24 hombres y cinco mujeres, mientras que el grupo de 25 a 39 años concentró 14 casos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que ya había recibido la denuncia por la desaparición y abrió una investigación para tratar de establecer el paradero del hombre. Hasta ese momento, la autoridad no había informado públicamente una línea de investigación específica ni había dado a conocer qué ocurrió después de su última aparición.

La familia perdió contacto con Sammy Daniel Pérez Rojas cuando se encontraba en Puerto Vallarta. Desde entonces, sus familiares mantuvieron la difusión de imágenes y mensajes de auxilio para ampliar el alcance de la búsqueda dentro del municipio y en otros puntos del estado.

La familia dijo que Sammy atravesaba una crisis y requería atención médica

Paloma, hermana del hombre, difundió el caso en redes sociales y pidió apoyo para compartir la ficha de búsqueda. En su mensaje escribió: “Mi hermano Sammy está desaparecido. Está atravesando una crisis y también es veterano de la Marina de los Estados Unidos”.

En otra publicación, la familia insistió en la urgencia del caso con una frase que resumió su preocupación: “Está pasando por una crisis y necesita ayuda médica. Estamos muy angustiados por su vida. Cada minuto cuenta”.

La madre de Sammy también publicó un video con fotografías del joven y un mensaje directo para su hijo. “Hijo, no sabes cuánto te amamos ni cuánto duele tu ausencia. Sólo queremos que estés bien, que recibas la ayuda que necesitas y que regreses a casa”.

Los familiares solicitaron a la población que, si alguien lo había visto o tenía cualquier dato sobre su posible ubicación, se comunicara con las autoridades o con su entorno cercano. También pidieron que la información fuera compartida entre personas con familiares o conocidos en Puerto Vallarta y en otras zonas de Jalisco.

La denuncia formal quedó en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo personal con sede en Puerto Vallarta ya tenía conocimiento del caso. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco contaba además con mecanismos para recibir reportes y realizar acciones de búsqueda, y la dependencia señalaba que no era necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición.

La ficha de búsqueda describió su aspecto físico y una seña particular

De acuerdo con la ficha difundida por sus familiares, Sammy Daniel Pérez Rojas tenía 1.75 metros de estatura y complexión delgada. Su cabello era castaño oscuro, largo y lacio; sus ojos eran café, y llevaba barba y bigote cortos.

La ficha y los mensajes familiares circularon acompañados de tres fotografías para facilitar su identificación. En ese material no se incluyó la ropa que llevaba el día de su desaparición.

Como seña particular, sus familiares señalaron un tatuaje en la pantorrilla izquierda con las letras R y P y un diseño semejante al emblema del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con un águila, un globo terráqueo y un ancla. En otra descripción del caso también se mencionó un tatuaje en una de sus piernas con las letras P y R en diseño oscuro.

La familia afirmó que Sammy era veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hasta la tarde del 18 de agosto, no existía certeza pública de que hubiera estado matriculado en esa institución, aunque en el video difundido por su madre aparecían fotografías de años atrás en las que portaba un uniforme similar al de las fuerzas armadas estadounidenses.

Puerto Vallarta ya había registrado búsquedas de extranjeros y personas reportadas en otros estados

Las autoridades de Jalisco ya habían documentado búsquedas de personas extranjeras en Puerto Vallarta. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó en otro momento sobre un operativo en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá.

La misma dependencia también había reportado localizaciones de personas con denuncias iniciadas fuera de la entidad. En julio de 2023, informó que ubicó en Puerto Vallarta a un hombre cuyo reporte de desaparición se presentó en Guanajuato.

En el caso de Sammy Daniel Pérez Rojas, la investigación permaneció abierta mientras no existía un reporte público sobre su localización. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco contaba con un Registro Estatal de Personas Desaparecidas y con un sistema para consultar cédulas de búsqueda emitidas en la entidad.

• Sammy Daniel Pérez Rojas desapareció en Puerto Vallarta el 31 de julio y su familia dijo que necesitaba atención médica por una crisis.
• La Fiscalía del Estado de Jalisco recibió la denuncia, abrió una investigación y no informó una línea pública sobre lo ocurrido.
• En 2025, Puerto Vallarta acumuló 29 desapariciones; el grupo de 25 a 39 años concentró 14 casos.

La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna emitió este 18 de agosto una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición del exmando de la Secretaría de Marina haya sido concedida o que su traslado a México sea inminente. El comunicado respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este mismo día en el cierre de su conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar” que habría un traslado, sin precisar si ocurriría “hoy, mañana o pasado”.

La defensa reveló en el documento que el inicio del juicio de extradición está programado para el 27 de agosto de 2026 en Argentina y que, hasta este momento, no existe resolución judicial alguna que permitiera afirmar que la extradición había sido concedida.

El equipo legal afirmó que tampoco había recibido notificación oficial de entrega ni de orden de traslado inmediato. Hasta el corte de esta nota, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han emitido algún pronunciamiento sobre el caso, pese a que Sheinbaum les pidió informar al respecto durante la conferencia.

Farías mantuvo comunicación con su defensa desde el penal de Buenos Aires

Según los datos revelados por la defensa de Fernando Farías Laguna, él sostuvo este 18 de agosto una llamada con el doctor Epigmenio Mendieta, abogado que encabeza su defensa en México.

Además, integrantes del equipo legal que lo representa en Argentina también lo visitaron en el centro penitenciario de Buenos Aires. Esos contactos confirmaron, según el comunicado, que Farías continuaba bajo jurisdicción argentina y que su equipo legal mantenía seguimiento directo del procedimiento.

La defensa subrayó que México y Argentina cuentan con un tratado bilateral de extradición que establece las reglas para la entrega de personas requeridas por uno de los dos países, y que el procedimiento se desarrolla con intervención de las autoridades competentes del Estado requerido. En ese marco, advirtió que resultaba prematuro presentar como consumada una extradición que todavía se encontraba sujeta al procedimiento judicial argentino.

La comparecencia de abril no constituyó una resolución de extradición

En abril, Fernando Farías compareció ante un juez federal argentino, fue formalmente notificado de la solicitud de extradición presentada por México, manifestó su oposición a la entrega y planteó una solicitud de asilo político. La defensa precisó que esa comparecencia inicial no constituyó una resolución que concediera la extradición y que el procedimiento continuaba con el juicio señalado para el 27 de agosto.

Mientras ese juicio permaneciera programado, sostuvo el comunicado, no existe sustento para afirmar que Fernando Farías Laguna hubiera sido extraditado ni para asegurar que su traslado fuera a producirse en las próximas horas o días.

La defensa también advirtió que debía distinguirse los significados entre extradición y deportación o expulsión, por tratarse de procedimientos jurídicos distintos, y que cualquier eventual traslado debería realizarse por la vía jurídica que correspondiera conforme a las determinaciones de las autoridades argentinas competentes.

La acusación: presunto líder de red de huachicol fiscal en puertos del Golfo

Fernando Farías fue detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras ingresar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Su localización fue posible gracias a una ficha roja de Interpol activa en más de 100 países, en un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina, la Marina, la FGR, la SSPC e Interpol México.

Las investigaciones contra Fernando arrancaron en 2025 tras detectarse el contrabando de hidrocarburos atribuido a la organización “Los Primos”, que habría introducido millones de litros de hidrocarburo a México disfrazados de aceites y aditivos para evadir impuestos, con operaciones en los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida en noviembre de 2025, luego de que Farías no se presentara a su audiencia de imputación en El Altiplano. La Secretaría de Marina lo dio de baja administrativa junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los mismos delitos.

Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto fueron identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El parentesco se estableció por el vínculo de los hermanos con la esposa del exsecretario.

Según reportes extraoficiales, los hermanos habrían aprovechado su cercanía con Ojeda Durán y sus cargos dentro de la Marina para operar la red de contrabando de hidrocarburos. Hasta el momento la FGR no ha presentado pruebas que involucren directamente al exsecretario, y la presidenta Sheinbaum descartó en febrero que las líneas de investigación lo vinculen con el esquema de huachicol fiscal.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes el fallecimiento de cuatro elementos navales tras un accidente ocurrido en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

La institución lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a las familias de los marinos, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sector Naval de La Pesca, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando ocurrió el percance.

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río ubicado en las inmediaciones del muelle, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Accidente en La Pesca deja cuatro marinos muertos

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Tras el reporte, autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

La Secretaría de Marina informó que personal de buzos de la institución se trasladó hasta el lugar para colaborar con las autoridades locales en la recuperación de los cuerpos.

La dependencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al río. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de los cuatro elementos navales fallecidos.

Los primeros reportes ubicaron el percance cerca de un lugar conocido como La Draga, en uno de los accesos principales a la comunidad de La Pesca. La zona fue atendida por corporaciones y cuerpos de emergencia que participaron en las acciones posteriores al accidente.

Marina inicia investigaciones para esclarecer el accidente

Tras confirmar la muerte de los cuatro elementos, la Semar señaló que las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias del accidente.

La institución precisó que estos trabajos permitirán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo particular terminara dentro del río. Por ahora, no se ha establecido públicamente si existió algún factor específico que provocara la pérdida de control del automóvil.

La investigación permanece abierta, por lo que cualquier información adicional sobre el accidente dependerá de los resultados de los peritajes realizados en el lugar.

Entre los datos confirmados por la Secretaría de Marina se encuentran:

• Cuatro elementos navales perdieron la vida.
• El accidente ocurrió en las inmediaciones del muelle de La Pesca.
• El hecho se registró en Soto la Marina, Tamaulipas.
• Los marinos se encontraban fuera de sus actividades laborales.
• El vehículo particular en el que viajaban cayó al río.
• Personal de buzos de la Semar apoyó en la recuperación de los cuerpos.
• Las autoridades investigan las causas y circunstancias del percance.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro elementos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a las familias, quienes enfrentan el fallecimiento de los cuatro integrantes de la institución naval.

Villarreal manifestó sus condolencias y deseó fortaleza a los familiares ante lo ocurrido en la comunidad de La Pesca.

La confirmación del gobernador se produjo mientras autoridades estatales y federales participaban en las labores relacionadas con el accidente y la recuperación de los cuerpos.

Semar expresa condolencias a familias de los marinos

La Secretaría de Marina expresó su pesar por el fallecimiento de los cuatro elementos y manifestó su solidaridad con sus familias.

En su comunicado, la institución señaló que comparte el dolor provocado por la pérdida y calificó a los cuatro fallecidos como hermanos marinos.

También informó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social para brindar apoyo a las familias afectadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo cayera al río en las inmediaciones del muelle de La Pesca.

Mientras avanzan los peritajes, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y compañeros de los cuatro elementos fallecidos y manifestó su solidaridad ante la pérdida registrada este martes en Tamaulipas.

La institución concluyó su mensaje con los valores que, de acuerdo con su comunicado, distinguen a quienes forman parte de sus filas: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.

La Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, quienes asumieron la tarea de desactivar los artefactos en el lugar y así impedir cualquier traslado riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos sin embargo, el volumen y la variedad de los dispositivos suponían un peligro real para los habitantes y quienes transitan en la región.

Hasta el momento, las autoridades continúan con labores de vigilancia en la zona tras el aseguramiento, por lo que reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados para salvaguardar la seguridad de la población y prevenir incidentes similares en Sinaloa.

El Rosario y Agua Verde bajo vigilancia federal

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

La Secretaría de Marina reafirma su determinación de mantener operaciones coordinadas para proteger a las familias mexicanas. El organismo subraya que la neutralización de artefactos explosivos es parte de su misión para preservar el Estado de derecho.

La institución anuncia que continuará con los patrullajes y operativos en Sinaloa y otras zonas prioritarias. El objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante cualquier amenaza detectable.

Operativos recientes confirman que no es un hecho aislado en Sinaloa

Las autoridades federales señalaron que el hallazgo de explosivos en El Rosario no es un caso aislado en Sinaloa. En fechas recientes, el Ejército Mexicano desmanteló un laboratorio clandestino y tres áreas de almacenamiento de insumos para metanfetamina en Culiacán, con un daño económico estimado en más de mil 900 millones de pesos para el crimen organizado.

Durante ese operativo, los militares aseguraron más de seis mil litros y mil cuatrocientos kilos de sustancias químicas, así como maquinaria especializada para la producción de drogas sintéticas. Las acciones militares y navales buscan debilitar la capacidad operativa de los cárteles y reducir el impacto de sus actividades ilícitas en la región.

Sinaloa concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos detectados en el país, según cifras oficiales. Tanto el Ejército como la Marina han desmantelado más de dos mil instalaciones de este tipo en la entidad durante la actual administración.

Estos antecedentes confirman que la entidad sigue siendo foco de operaciones delictivas, por lo que las fuerzas federales mantienen una presencia constante y refuerzan la vigilancia para prevenir nuevos incidentes y proteger a la población local.

Epigmenio Mendieta, abogado del excontralmirante Fernando Farías Laguna, negó que su cliente se encuentre en proceso de extradición a México luego de su detención en Argentina en el mes de abril pasado.

La declaración se realiza luego de que se reportó su posible envío a México desde la noche de este lunes como parte del proceso que mantiene abierto en el país por presunto huachicol fiscal. Tras los rumores, la defensa comunicó que no contaban con ninguna confirmación oficial sobre dicho proceso, pero fue esta mañana que negaron su extradición.

¿Cómo va su proceso en Argentina?

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado explicó que Fernando Farías continúa bajo disposición de un juez federal en Buenos Aires, Argentina, por lo que sigue bajo prisión preventiva con fines de extradición en un Centro Penitenciario federal.

Detalló que su proceso de extradición cuenta con una fecha de audiencia preliminar a finales del mes de agosto, por lo que será en ese momento que se defina el día en el que se realizará la diligencia y, más tarde, el desahogo de datos y finalmente la resolución del proceso.

Adicional a esto, el excontralmirante cuenta con un proceso de expulsión debido a que ingresó a Argentina con un pasaporte falso, pero este se encuentra suspendido porque existen recursos pendientes.

Mendieta explicó que ambos procedimientos se encuentran en medio de diligencias, por lo que no es posible que sea enviado a México hasta que se resuelvan en las próximas semanas.

El excontralmirante no quiere regresar a México: ven riesgo de que sea asesinado si lo hace

El abogado también señaló que Fernando Farías le comentó su negativa por regresar a México debido a que considera que las condiciones de seguridad en el país no son las óptimas.

“Él tiene un riesgo real de que si regresa al país puede ser privado de la vida. Tú te has dado cuenta que las personas que tienen información y pretenden colaborar con el esclarecimiento de estos hechos, pues los privan de la vida con la finalidad de que no mencionen absolutamente nada”, comentó haciendo referencia a los ocho elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que fueron asesinados en meses pasados.

Respecto al proceso del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, la defensa detalló que se le brindan los cuidados necesarios dentro del penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, y en buenas condiciones.

Cabe señalar que ambos son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente liderar una red de huachicol fiscal que implica a la Marina.

Abogado confirma que Andrés Manuel López Beltrán fue mencionado en la carpeta por huachicol fiscal

El abogado confirmó que dos declarantes distintos mencionaron a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación por contrabando de combustible.

“Efectivamente hay dos declaraciones de dos distintos testigos que dan referencia que las operaciones estaban con el visto bueno o con las facilidades de Andy, así lo mencionan”, afirmó Mendieta.

De acuerdo con documentos de la FGR publicados por diversos periodistas, uno de los testigos sería Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en testigo protegido con el nombre clave Santo. En un escrito que entregó a la Fiscalía el 13 de mayo de 2025, Torres Joaquín relató que contactó al capitán Solano Ruiz tras el aseguramiento del buque Challenge Producción —con diez millones de litros de huachicol fiscal— en Tampico, en marzo de 2024.

El segundo testimonio corresponde a Juan Carlos Soto Pichá, subdirector de Operaciones Aduaneras de Guaymas, quien declaró en calidad de testigo y describió un episodio ocurrido en 2025: cuando se dificultó la descarga de uno de los buques, los involucrados aseguraron que “con una llamada” al secretario de Marina se resolvería el problema. La razón que dieron: “es un tema de Andy”.

Sin embargo, este lunes la FGR emitió un comunicado en el que negó contar con testigos protegidos que mencionaran al hijo del expresidente, pese a que los documentos fueron difundidos por diversos medios.

Testigos también mencionaron a Adán Augusto López, senador de la República

Mendieta rechazó que una operación como esta pudiera sostenerse con la influencia de un mando medio de la Marina. “Es falso que pudiera ser solamente con una llamada de un vicealmirante, que es un mando medio, para poder facilitar estas cosas”, señaló.

El litigante detalló que siete dependencias del Poder Ejecutivo participan en la tramitología de una importación de combustible. A su juicio, es imposible que todas ellas, a través de sus distintos funcionarios, carecieran de mecanismos para detectar o frenar el ingreso de buques con carga ilegal.

“Claramente se utiliza un nombre de un alto funcionario o de altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal para que eso se facilite”, sostuvo.

Además de Andy López Beltrán, el abogado confirmó que el expediente contiene referencias al senador Adán Augusto López Hernández. La mención proviene del testigo protegido Santo, quien en su declaración señaló el puerto al que llegaban los buques, el muelle exacto de arribo y “la relación que había entre el concesionario de ese muelle con el senador de la República”.

Mendieta subrayó que se trata de información que conocía desde antes y que, al hacerse pública, quedó en posibilidad de confirmar.