La presión internacional sobre los gobiernos para que definan una fecha concreta para el abandono progresivo del petróleo y otros combustibles fósiles ha marcado un aumento sustancial de tensiones y expectativas en la COP30, mientras una coalición de 40 países, entre los que figura España, insiste en que el resultado de la cumbre no puede clausurarse sin una hoja de ruta explícita para avanzar hacia una transición energética justa y equitativa. Según informó Europa Press, el estancamiento en las negociaciones y la ausencia de consensos ha provocado un clima de incertidumbre en las reuniones finales de la Cumbre del Clima de Belém (Brasil).

Desde primeras horas del viernes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático publicó una serie de borradores con los posibles acuerdos alcanzados durante las negociaciones en Belém. Estos textos se presentaron en un plenario informal que inició a las 10:00, hora local, y se extendió hasta las 14:20. La recepción de los borradores resultó negativa por parte tanto de organizaciones ambientalistas como de representantes de varias delegaciones nacionales, quienes recriminaron la falta de "ambición" en las propuestas, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Entre los países críticos figura España, cuyo gobierno, junto a otros 39, remitió una carta a la presidencia de la cumbre reclamando el cumplimiento de condiciones mínimas y la necesidad de definir mecanismos concretos para reducir el uso de combustibles fósiles.

El medio Europa Press detalló que la presidencia brasileña de la COP30 comunicó que los plenarios finales podrían celebrarse en la tarde del viernes, a fin de someter a decisión los borradores y buscar acuerdos definitivos. En este contexto, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, destacó la importancia de dedicar el tiempo necesario a las conversaciones: "Preferimos que sea un final de la COP bastante largo, que las negociaciones si tienen que durar hasta mañana, pues bueno, que no haya ningún tipo de presión, que precisamente se tomen el tiempo suficiente para que se lleguen a acuerdos contundentes y a la altura de las circunstancias, eso es lo que necesitamos".

Durante la jornada, surgió la iniciativa de Colombia y los Países Bajos para que la declaración final de la COP30 contemple una hoja de ruta clara para abandonar los combustibles fósiles, acuerdo al que también se sumó España. Dicha propuesta se enmarca en la conocida como Declaración de Colombia, apoyada, según Greenpeace citada por Europa Press, por unas 80 naciones. Este grupo reclama no solo un compromiso concreto, sino una planificación detallada de cómo implementarlo de manera justa ante las diferentes realidades socioeconómicas de los países participantes.

Europa Press reportó además que los borradores sometidos a discusión reflejan marcadas diferencias entre bloques de países. Las delegaciones de inspiración europea enfatizan la urgencia de iniciar una transición energética que termine progresivamente con la dependencia de fuentes fósiles, mientras que otras, entre ellas China, se mostrarían dispuestas a respaldar los textos actuales sin modificar sus planteamientos sobre el ritmo de reducción del uso de petróleo y gas.

En ese contexto, la ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, confirmó que se celebraría una reunión clave con un "grupo múltiple" de países a las 17:00, hora de Belém, con el propósito de trasladar a la organización los acuerdos alcanzados hasta ese momento. De acuerdo con fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, uno de los principales asuntos pendientes sigue siendo la elaboración de una hoja de ruta para marcar la retirada progresiva de los combustibles fósiles.

Los antecedentes de cumbres climáticas internacionales han mostrado que las negociaciones pueden extenderse más allá de las fechas estipuladas, factor que ha incrementado la disposición de los países reunidos en Belém a continuar los debates durante la noche, si fuera necesario. Según Europa Press, Saldaña manifestó que las próximas horas serían determinantes para alcanzar consensos y elevar el nivel de los acuerdos en respuesta a la emergencia climática.

En paralelo y según datos publicados por Bloomberg y retomados por Europa Press, durante la tarde del viernes se habría producido una petición a los ministros europeos presentes en la COP30 para que consultaran con sus gobiernos la posibilidad de vetar cualquier acuerdo que no incluya en el texto final la hoja de ruta para el abandono progresivo de los combustibles fósiles. De confirmarse esta medida, el bloque europeo reforzaría su postura demandando compromisos tangibles y verificables, ante el posible descontento con redactados considerados insuficientes.

El líder de la presidencia brasileña de la COP30, André Corrêa do Lago, emitió durante la misma jornada un llamamiento apremiante a los negociadores, alentándolos a buscar fórmulas de consenso y compromiso. Según DPA, citada por Europa Press, alertó sobre el riesgo de que la falta de acuerdos beneficie a quienes cuestionan el multilateralismo y aludió al contexto internacional, destacando la posición de Estados Unidos, que ha permanecido alejada de los debates centrales y cuya salida oficial del Acuerdo de París se producirá en enero de 2026.

A medida que se acercaban los plazos límite, la cumbre mantenía abiertas negociaciones que para muchos actores resultaban esenciales para perfilar la respuesta global frente al cambio climático. La persistencia de posiciones divergentes y la búsqueda de rutas de entendimiento, marcadas por intercambios entre bloques regionales y la presión de buena parte de la sociedad civil y las organizaciones ambientalistas, han colocado el cierre de la COP30 ante la expectativa internacional de acuerdos concretos que permitan avanzar en la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles.

En el entorno de la COP30, la posibilidad de que la cumbre se cierre sin un consenso amplio acerca de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ha generado presión adicional sobre la presidencia brasileña. De acuerdo con Europa Press, los temas centrales en discusión incluyen la necesidad de definir plazos y mecanismos verificables para la transición, la garantía de que los procesos sean justos y equitativos, y el establecimiento de una hoja de ruta avalada por la mayor cantidad posible de países.

Las próximas horas se presentan decisivas para determinar si el encuentro internacional logra materializar avances hacia una agenda común que permita afrontar los desafíos de la crisis climática y la dependencia global de las energías fósiles, según publicó el medio Europa Press.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el próximo 8 de agosto para decidir si promulga o no el proyecto de ley sobre licencias ambientales, el PL 2159/2021, aprobado por el Congreso el pasado mes de julio y actualmente en fase de análisis por parte del Gobierno federal. Rebautizado como “el proyecto de ley de la devastación”, representa una de las propuestas legislativas más controvertidas de los últimos años en Brasil, donde ha desatado un debate aún más acalorado que el que sigue en curso sobre la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. En estos días, en varios edificios del centro de San Pablo se ha proyectado incluso, en señal de protesta, la frase “Prohíbe todo, Lula”.

Este proyecto de ley, apoyado por el lobby agrícola del país, promete una simplificación administrativa y burocrática y, por lo tanto, una aceleración de los plazos y un impulso económico. Sin embargo, corre el riesgo de hacerlo a expensas de la protección del medio ambiente, en un país como Brasil, que ya presenta graves índices de deforestación en zonas fundamentales para el medio ambiente, como la Amazonia.

En concreto, el proyecto de ley prevé una profunda reforma del sistema de licencias medioambientales en el gigante latinoamericano, introduciendo nuevas modalidades y facilidades para obtener las autorizaciones necesarias para realizar obras públicas y actividades económicas. Entre los principales cambios previstos figura la exclusión de las directrices del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para las grandes obras mineras, reduciendo así el papel de este organismo en la regulación de los proyectos de alto impacto medioambiental. Entre los puntos más criticados se encuentran las dos nuevas licencias medioambientales que presentan un alto grado de vulnerabilidad, la licencia medioambiental única (LAU) y la licencia de adhesión y compromiso (LAC). La primera es una especie de autorización “todo en uno”, que cubre en un solo paso la instalación, ampliación y funcionamiento de una actividad. La segunda, en cambio, es un procedimiento simplificado, basado en la autodeclaración de las empresas, que reduce los controles medioambientales preventivos y el papel de organismos como el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente). La LAU exime de la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental. También han sido objeto de críticas los puntos que prevén la exención de la licencia para la mayoría de las actividades agropecuarias, entre ellas los cultivos agrícolas permanentes y temporales y la ganadería extensiva, semi-intensiva e intensiva a pequeña escala.

Por no hablar del hecho de que, según la nueva ley, la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI), el organismo federal que protege a las comunidades indígenas del país, solo podrá intervenir en el proceso de autorización en el caso de los territorios indígenas denominados homologados, es decir, aquellas áreas cuyo proceso de demarcación y registro haya sido completado y aprobado por las autoridades competentes. Según la ONG Instituto Socioambiental, hay al menos 259 tierras indígenas aún en proceso de homologación, lo que supone alrededor del 32% de las tierras indígenas del país. Un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI) de 2023 revela una situación aún más crítica, con un total de 1.381 territorios y solicitudes territoriales indígenas, de los cuales 850 tienen pendientes administrativas y 563 no tienen ningún procedimiento administrativo iniciado. Para las comunidades indígenas del país, esto supondría un desastre que se sumaría al proyecto de ley 490/2007, también conocido como Marco Temporal. Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2023 con 283 votos a favor, 155 en contra y una abstención, limita la demarcación de las tierras indígenas a aquellas ocupadas físicamente por los pueblos indígenas en el momento de la entrada en vigor de la Constitución brasileña de 1988. El Gobierno de Lula, aunque se opuso, no obtuvo la mayoría en el Congreso para bloquearlo. Si bien, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo brasileño (STF) declaró inconstitucional el Marco Temporal, el juez del STF, Gilmar Mendes, en lugar de apoyar la decisión ya tomada por el Tribunal Supremo, creó una “cámara de conciliación” que, el 23 de junio pasado, tras 23 audiencias, logró un acuerdo sobre los cambios mínimos al Marco Temporal. El movimiento indígena se retiró en protesta de esa “cámara de conciliación” y todavía no se sabe qué próximos pasos tomará el Tribunal Supremo brasileño, reporta el sitio de la revista Brasil de Fato.

Ambos proyectos de ley debilitan el marco normativo medioambiental y los derechos garantizados por la Constitución brasileña, respectivamente, el artículo 231 para las tierras indígenas y el 225 para el medio ambiente. Si el PL 2159/2021, al reducir el papel de organismos federales como el IBAMA, viola el principio de no regresión medioambiental, que establece que las normativas, políticas y prácticas de protección medioambiental no deben debilitarse ni reducirse con respecto a los estándares ya existentes, el Marco Temporal niega el “derecho originario” de las comunidades indígenas a sus tierras, reconocido por la Constitución.

Posible boomerang para Brasil

La combinación de estos dos proyectos de ley podría convertirse en un boomerang para Brasil. Por un lado, corre el riesgo de aumentar la deforestación, especialmente en la Amazonía y en la Mata Atlántica, y por otro, podría provocar un aumento de los conflictos con las comunidades indígenas, que pierden tanto el derecho a la tierra como la posibilidad de oponerse a proyectos invasivos.

El proyecto ha sido muy criticado tanto dentro como fuera de Brasil. Incluso las Naciones Unidas han intervenido. Un grupo de cuatro relatores especiales ha expresado su “profunda preocupación”. Los expertos han pedido a Brasil que evite lo que califican de “grave retroceso” legislativo, que podría comprometer los derechos de las generaciones actuales y futuras mediante la desregulación de las licencias medioambientales. En un comunicado transmitido a la diplomacia brasileña el 25 de julio de 2025 en Ginebra, el grupo declaró que el PL 2159/2021 contradice las obligaciones legales internacionales de Brasil, incluidas las derivadas de la Constitución y de tratados globales como el Acuerdo de París. “Este retroceso legislativo contradice las obligaciones jurídicas internacionales de Brasil”, se lee en el mensaje transmitido a la diplomacia brasileña. “Pedimos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete las partes del proyecto de ley sobre licencias medioambientales que contradicen las obligaciones constitucionales e internacionales de Brasil”, escribieron los expertos, y subrayaron que, si se promulga, la ley corre el riesgo de debilitar las protecciones medioambientales y comprometer la credibilidad de Brasil de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, en el estado de Pará, en noviembre.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también se opuso al proyecto de ley, declarando que no basta con un simple veto por parte de Lula, sino que es necesario proponer un modelo alternativo que preserve los pilares de las licencias ambientales en el país. “Ya se ha tomado la decisión de que es necesario preservar las licencias medioambientales brasileñas, porque es esencial no destruir uno de los principales instrumentos para la protección del medio ambiente en Brasil”, afirmó la ministra. Según Marina Silva, “el presidente será guiado de la mejor manera posible para tomar esta decisión. Y fue él quien nos pidió que hiciéramos este meticuloso trabajo para preservar los fundamentos de las licencias medioambientales brasileñas”. Organizaciones no gubernamentales, movimientos cívicos y una parte del mundo académico y empresarial han calificado el proyecto de ley como un “grave retroceso” de las políticas medioambientales desde el retorno de la democracia.

Para la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), se trata del “peor ataque al sistema medioambiental nacional” desde los años de la dictadura, argumentando que el texto ignora “la crisis climática actual”. Otras organizaciones ecologistas, como Greenpeace y el Observatorio del Clima, han denunciado los riesgos que esta decisión supone para la Amazonia, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, ya que podría acelerar la deforestación y debilitar el sistema de protección medioambiental. “Si se aprueba esta ley, acabaremos con las licencias medioambientales. Además, corremos el riesgo de volver a escenarios como los que teníamos hasta los años 80, con ciudades industriales como Cubatão, tristemente famosas por sus altos índices de contaminación”, declaró a la BBC Brasil Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y actual coordinadora de políticas públicas de la ONG brasileña Observatorio del Clima. Según Araújo, el nuevo proyecto de ley eximiría al 90% de los proyectos del país de una evaluación de impacto ambiental. Para Angela Barbarulo, responsable jurídica de Greenpeace Brasil, a pesar de las advertencias del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) sobre los riesgos del PL 2159/2021, el Gobierno no ha actuado con rapidez para contrarrestar el avance del proyecto en el Congreso. “Ha sido una clara renuncia a la agenda socioambiental en favor de otras prioridades políticas”, declaró a la revista jurídica brasileña Jota, Barbarulo, según la cual, para Lula, el PL 2159/2021 es ahora “una bomba de relojería”.

Por el contrario, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, junto con los sectores económicos de las infraestructuras, la agroindustria y la energía, apoya el proyecto de ley y critica el sistema actual por ser excesivamente fragmentado, lento y burocrático, y sostiene que las normas vigentes generan inseguridad jurídica, desalientan las inversiones y ralentizan las obras públicas. “Este proyecto de ley simplemente desbloquea y simplifica, pero no debilita el mecanismo. Las sanciones para quienes no tienen licencias son aún más severas que las actuales”, declaró en una rueda de prensa a finales de mayo la ex ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro y actual senadora Tereza Cristina, del Partido Progressistas (PP). Según el senador Jayme Campos, de Unión Brasil, hay 5.000 proyectos de infraestructura bloqueados en Brasil. “Es un delito contra la nación. A menudo se desperdicia dinero porque las obras comienzan y, poco después, interviene el IBAMA o los departamentos estatales, bloqueando el proyecto”, dijo durante un debate sobre el proyecto de ley en una comisión del Senado. La última palabra la tiene ahora Lula en una semana muy delicada, también por los aranceles estadounidenses que deberían entrar en vigor, salvo que se negocie el jueves, y que ya han puesto de rodillas a algunos sectores de la agricultura brasileña.

Silva, de 67 años y con una larga trayectoria como ambientalista, se retiró de la sesión luego de que un senador le dijera que “no merece respeto” como ministra y otro la acusara de “entorpecer el desarrollo del país”.

Mientras Brasil se prepara para acoger la cita climática COP30 de la ONU, a celebrarse en noviembre en la ciudad amazónica de Belém, las presiones políticas crecen sobre Silva, reticente a un megaproyecto de exploración petrolera, apoyado, en cambio, abiertamente por el presidente Lula.

La ministra dejó en 2008 el segundo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por trabas para aplicar su agenda ambiental.

La comisión había sido convocada para que Silva explicara las medidas exigidas a la estatal Petrobras para obtener el permiso de exploración petrolera en el Margen Ecuatorial, un área marítima cercana a la mayor selva tropical del planeta.

La licencia está bajo revisión del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), un ente autárquico bajo la estructura del ministerio de Medio Ambiente.

“Estoy viendo a una ministra, no una mujer. La mujer merece respeto, la ministra, no”, la desafió el senador conservador Plínio Valério en la comisión de Infraestructura. Silva respondió: “Fui invitada como ministra y si él no me respeta como ministra, me voy a retirar”. Después, abandonó la sala.

En marzo, Valério había dicho que era difícil “soportar” a Silva por varias horas “sin ahorcarla”.

El senador Omar Aziz, de la base aliada de Lula, acusó a la ministra de “entorpecer el desarrollo del país” y citó el caso de la ruta amazónica BR-319, que conecta las capitales estatales Porto Velho y Manaus en el norte brasileño, cuya pavimentación está frenada desde hace años por su posible impacto ambiental negativo.

La ministra también discutió con el presidente de la comisión, el bolsonarista Marcos Rogério, a quien acusó de quererla como una “mujer sumisa” luego de que le silenciara varias veces el micrófono y la mandara “ponerse en su lugar”.

El Senado, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un polémico proyecto de ley para flexibilizar los permisos medioambientales, que debe ahora ser aprobado por la Cámara de Diputados. La ministra lo calificó de “gran retroceso”.

(Con información de AFP)

Brasilia, 21 ene (EFE).- El Gobierno brasileño designó este martes al diplomático André Corrêa do Lago como presidente de la COP30, con lo que será el responsable del proceso negociador de cara a la cita prevista para fines de este año en la ciudad amazónica de Belém.

El nombramiento de Corrêa do Lago fue anunciado por la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien además informó de que Ana Toni, secretaria para Cambio Climático de su despacho, ocupará el cargo de directora ejecutiva de la COP30.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) se presenta como un desafío para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que se ha trazado el objetivo de utilizar el evento como plataforma para perfilar a Brasil como "líder global" contra el Cambio Climático.

Sin embargo, la cita de Belém será una de las más difíciles, pues deberá resolver espinosos asuntos sobre financiación a los países en desarrollo aún pendientes y que, según coinciden expertos en todo el planeta, se dificultarán más con el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump.

De hecho, una de las primeras decisiones del líder republicano al asumir este lunes, fue la de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, tal como había hecho en 2017 durante su primer mandato, lo cual fue luego revertido por el ahora expresidente Joe Biden.

Corrêa do Lago, de 66 años, dirigía el departamento de Clima, Energía y Medio Ambiente de la Cancillería desde enero de 2023, cuando Lula inició su mandato.

Es diplomático de carrera, ingresó al servicio exterior en 1983 y, entre otros cargos, ha ejercido como embajador en la India y Japón, así como ha ocupado diversos puestos en las delegaciones de Brasil en Argentina, España, Estados Unidos y la República Checa.

Es economista, especializado en desarrollo sustentable, y se ha desempeñado como jefe del equipo negociador de Brasil en diversos eventos climáticos, entre los que figuran la conferencia Río+20, celebrada por las Naciones Unidas en 2012 en Río de Janeiro.

También es crítico de arquitectura y miembro de un comité de diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa). EFE

São Paulo, 20 ene (EFE).- La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, criticó este lunes los primeros anuncios del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia ambiental y afirmó que los años de su mandato “serán tiempos desafiantes para el mundo entero”.

En una publicación en sus redes sociales, la líder de la cartera ambiental dijo que, en su primera intervención, el presidente estadounidense "comenzó a confirmar los pronósticos más pesimistas sobre los tiempos difíciles que se avecinan", ya que sus dichos fueron "en contramano de la defensa de la transición energética, del combate al cambio climático, y de la valorización de las fuentes renovables en la producción de energía".

Además, criticó la firma del republicano a la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo climático de París, cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y, preferiblemente, a 1,5 °C, para mitigar los efectos del cambio climático.

En este sentido, Silva, una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2024 según la revista Time, afirmó que "es fundamental recordar" que Estados Unidos es el "segundo mayor emisor global de gases de efecto invernadero" lo que hace que tenga "grandes e impostergables responsabilidades que cumplir".

Asimismo, resaltó el "modelo federal" del país, que da "libertad para que los estados adopten sus propias medidas y asuman compromisos climáticos".

En la misma línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó en un comunicado que Estados Unidos debe seguir siendo "líder en asuntos ambientales" y animó a "ciudades, estados y empresas de Estados Unidos" a que sigan "demostrando visión y liderazgo", trabajando en pro de una economía de bajo carbono.

La ministra brasileña también elogió los planes del gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, que además de "reestructurar la matriz energética y reducir el costo de la energía, fueron concebidos para crear empleos y aumentar la seguridad energética del país".

"Debemos trabajar para garantizar que la gobernanza climática, que hoy es más madura y robusta que durante la primera administración (del presidente estadounidense Donald) Trump, cree salvaguardias para evitar el avance de la fuerza gravitatoria negacionista", afirmó la ministra. EFE

Nueva York, 12 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, la ministra brasileña Marina Silva, la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar-Méndez y la futbolista española Jenni Hermoso están en la lista de las cien personas más influyentes del mundo en 2024 de la revista Time.

La lista, que cuenta con los apartados Artistas, Iconos, Titanes, Líderes, Innovadores y Pioneros, complementa la elección de la Persona del Año de la revista Time, que se dará a conocer hoy con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump como favorito.

En la lista están desde la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, a las cantantes Kylie Minogue y Dua Lipa, los gobernadores de Texas, Greg Abbot, y California, Gavin Newson, hasta el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, la diseñadora de moda Tori Burch, la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi y el campeón del mundo de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen.

Otros influyentes de este año son la estrella del fútbol americano Patrick Mahomes, el actor Michael J. Fox y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft.

De Milei, admirador y amigo de Trump, que está en el grupo de Líderes del Año, Time dice que se ha convertido en "un icono global de la derecha" en solo un año de mandato en Argentina.

"Si bien es demasiado pronto para decir si las medidas del nuevo presidente tendrán éxito, está claro que ha tenido razón en una cosa: con Milei en el cargo, no habrá vuelta atrás para Argentina", señala la reseña que acompaña la foto de los 100 influyentes en la lista.

También esta en el grupo de Líderes Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, quien "está reconstruyendo la capacidad de su país para detener la rampante forestación ilegal de la Amazonía".

"Contra todo pronóstico, (Silva) está presionando valientemente por una transición nacional de energía centralizada basada en combustibles fósiles a energía renovable generada localmente. A nivel internacional, aboga por que reconsideremos nuestras perspectivas limitadas sobre lo que puede costar la protección de la naturaleza y, en cambio, adoptemos una comprensión más integral del extraordinario impacto económico y valor que ofrece la naturaleza", dice Time.

Afrodescendiente, mujer y latinoamericana como Silva es la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, que defiende que la justicia no debe "arrodillarse" ante las bandas criminales que operan en su país y ha recibido infinidad de amenazas de muerte por ello.

Time, que la ha incluido en la lista de los 100 más influyentes, en el apartado de líderes, dice que "Diana Salazar Méndez, la persona más joven, de 42 años, y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad policial en Ecuador, tiene uno de los trabajos más duros y peligrosos del hemisferio occidental", dice Time.

"Si bien ha llevado a cabo casos desafiantes antes (no todos los fiscales pueden decir que han logrado condenar a un alto ejecutivo del fútbol y a un ex presidente), la Fiscal General de Ecuador ahora encabeza el esfuerzo para evitar que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su amado país", agrega.

En el grupo de Iconos está Jenni Hermoso, integrante de la selección española que ganó el campeonato mundial de Fútbol Femenino en 2023, quien, al margen de su papel en esa importante victoria, alcanzó notoriedad al denunciar al entonces entrenador, Luis Rubiales, por haberla besado en la boca para celebrar el triunfo delante de las cámaras de todo el mundo.

"Hermoso dijo valientemente su verdad, una y otra vez, a pesar de los esfuerzos por silenciarla. Después de que los jugadores españoles se unieran en protesta, Rubiales renunció y finalmente fue suspendido por tres años por la FIFA", indica la reseña. EFE

Río de Janeiro, 17 nov (EFE).- El Gobierno de Brasil admitió este domingo que algunos países del G20 están objetando asuntos que ya habían sido acordados a nivel ministerial sobre cambios climáticos y sobre el impuesto a los superricos, que serían abordados en la Cumbre que tendrán los líderes del foro el lunes y el martes en Río de Janeiro.

"Ahora que llegó el momento de que todos los esfuerzos hechos hasta ahora (en declaraciones ministeriales) sean incluidos en la declaración de los líderes, tenemos algunos objetando asuntos vinculados a la agenda del clima, a la agenda de financiación y, especialmente, al impuesto a los superricos", afirmó la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, en declaraciones a periodistas.

Pese a que no mencionó los países que se resisten a tales acuerdos, la reconocida líder ecologista citó las informaciones de prensa que señalan a Argentina como el que más ha dificultado los acuerdos ante un endurecimiento de la posición del presidente de ese país, Javier Milei.

Marina Silva dijo que, pese a las objeciones, el Gobierno brasileño está dispuesto a "trabajar hasta el último minuto" para llegar a documentos que sean aprobados por consenso por los presidentes y primeros ministros de las mayores economías del mundo.

Según la ministra, bajo la presidencia brasileña, el G20 avanzó este año, al menos a nivel ministerial, en importantes consensos sobre asuntos como la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo, la financiación para la mitigación a los cambios climáticos y hasta en una mención sobre la necesidad de que los ricos contribuyan justamente con el pago de impuestos.

La Cumbre del G20 puede ser otra de las citas de organismos multilaterales empañadas por la posición del presidente argentino contra asuntos climáticos y de género previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Argentina se negó a firmar una declaración ministerial sobre el empoderamiento femenino en el ámbito del G20 y se retiró en el tercer día de la cumbre climática COP29 de Bakú.

Tampoco suscribió los acuerdos adoptados en materia de mujer, fortalecimiento de la democracia y de desarrollo sostenible, en la XXIX Cumbre Iberoamericana, que se celebró la semana pasada en Ecuador.

En las reuniones ministeriales previas a la cumbre del G20 se había logrado un consenso para ampliar los flujos financieros destinados a combatir la crisis climática, para lo que se propondrá fortalecer el papel de los bancos multilaterales.

Igualmente se había logrado apoyo de todos los países al compromiso para triplicar la capacidad global de energías renovables hasta 2030 y para fomentar la transformación ecológica mediante herramientas económicas como la bioeconomía, que impulsa el uso sostenible de recursos naturales. EFE

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Bakú, 13 nov (EFE).- Argentina se retiró este miércoles de la cumbre del clima de Bakú por orden de su presidente, Javier Milei, en el tercer día de la COP29, donde las negociaciones sobre financiación climática avanzan despacio y los países continúan muy polarizados.

Hasta 85 personas están acreditadas en la COP29 de parte de la delegación argentina, que estuvo presente en la cumbre hasta hoy, cuando los enviados ya no acudieron al recinto donde hasta el 22 de noviembre se celebra el encuentro.

La decisión de retirarse se hizo pública, además, en el día en que se dieron a conocer los resultados de un informe que agregó pesimismo al ambiente: el “Global Carbon Budget" de 2024, que anticipa un aumento del 0,8 % de las emisiones globales de CO₂ en 2024, con respecto al año anterior.

El documento, publicado en la revista científica Earth System Science Data, incluye datos sobre las tasas de reforestación y el uso de los combustibles fósiles en el mundo, y cuantifica las emisiones de CO₂ y la capacidad de los sumideros naturales (plantas y océanos) para capturarlas, lo que da una idea global de la situación del ciclo del carbono.

La cumbre del clima de la ONU en Bakú llegó a la mitad de su primera semana sin grandes avances en materia de financiación, el aspecto central a negociar en Bakú, algo que ha dejado a los países en desarrollo “muy frustrados” por la falta de progreso, según comentaron fuentes observadoras en el proceso.

Este miércoles los cofacilitadores de las negociaciones sobre el nuevo objetivo cuantificado y colectivo de financiación climática publicaron lo que los técnicos llaman un “borrador para consideración”, un texto preliminar que recoge muchas opciones y que deberá acotarse para después ser negociado por los países.

La nueva meta cuantificada y colectiva de financiación climática centra las discusiones de Bakú, y protagonizará el texto que en las cumbres del clima de la ONU acaba transformándose en el acuerdo final.

Pero el borrador que hay sobre la mesa en estos momentos es un documento “muy largo”, de 30 páginas, y abarca aún más opciones de las que se habían quedado ya en el resultado del grupo de trabajo sobre este asunto, que lleva tres años perfilando los detalles del objetivo: desde la cantidad total hasta la estructura que adoptará.

Este objetivo, que por mandato del Acuerdo de París deberá adoptarse en 2025, reemplazará al que pedía destinar para 2020 al menos 100.000 millones de dólares anuales, a fin de financiar la descarbonización de las economías, la adaptación a los impactos del cambio climático, y las pérdidas y los daños que los fenómenos derivados del calentamiento global ocasiona.

El bloque de los países en desarrollo y China (G77+China) propuso finalmente una cifra de financiación total anual para este objetivo, 1,3 billones de dólares; pero queda conocer la propuesta de los países desarrollados, que aún no han sugerido ninguna opción respecto a lo que denominan el “quantum” de la meta.

Un grupo de Bancos Multilaterales de Desarrollo anunció también este jueves su compromiso de destinar para 2030 un total de 120.000 millones de dólares a la financiación climática en países de ingresos bajos y medios.

Las estimaciones financieras abarcan a prestamistas como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Grupo del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (BCE), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y el Nuevo Banco de Desarrollo.

En cuanto a la mitigación del calentamiento global, el otro gran asunto a negociar en Bakú,  este jueves Brasil presentó ante la ONU sus planes de reducción de emisiones para 2035: aspira a recortar las emisiones en un 67 % para ese año, con respecto a las emitidas en 2005.

En una rueda de prensa, la ministra brasileña de Medioambiente, Marina Silva, evitó detallar cuánto dinero cree que deben transferir las economías desarrolladas a los países en desarrollo a partir de 2025 para asistirles en sus planes climáticos, pero señaló que los compromisos actuales de 100.000 millones de dólares al año "se han demostrado insuficientes".

Brasil es el segundo país, después de Emiratos Árabes Unidos -que planea una rebaja del 47 % respecto a las de 2019-, en presentar oficialmente sus compromisos actualizados para reducir sus emisiones, planes nacionales que todos los estados están llamados a presentar antes de febrero de 2025.

Otros países, como el Reino Unido, han hecho públicas sus intenciones pero aún no han presentado oficialmente los planes.

El primer ministro británico Keir Starmer anunció el lunes que quiere rebajar las emisiones del Reino Unido en un 81 % para 2035 respecto a 1990. EFE

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Bakú, 13 nov (EFE).- La ministra brasileña de Medioambiente, Marina Silva, reaccionó este miércoles a las polémicas declaraciones del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien en la apertura de la COP29 de Bakú calificó los combustibles fósiles como "regalos de Dios", y pidió cautela al emplear los presentes divinos.

"Tenemos que ser comedidos en cuanto a la cuestión de los regalos de Dios (...). Por ejemplo, si comemos azúcar de maíz, con certeza acabaremos diabéticos", dijo Silva en una rueda de prensa en la COP29.

En la inauguración de la cumbre climática de la ONU en la capital de Azerbaiyán la víspera, Aliyev declaró que "los recursos naturales son un regalo de Dios, sea petróleo, gas, viento, sol, oro" y agregó que "los países no son culpables" por poseerlos y entregarlos al mercado porque "la gente los necesita".

El petróleo y el gas representan el 47,8 % del PIB de Azerbaiyán y el 92,5 % de sus exportaciones en 2022.

La titular brasileña de Medioambiente compareció tras entregar a Naciones Unidas los planes climáticos actualizados de Brasil, que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, avanzó la pasada semana, con una reducción del 67 % de las emisiones en 2035 respecto a 2005.

En una cumbre en la que el punto más importante de la agenda es financiero, Silva evitó detallar cuánto dinero cree que deben transferir las economías desarrolladas a los países en desarrollo a partir de 2025 para asistirles en sus planes climáticos, pero señaló que los compromisos actuales de 100.000 millones de dólares al año "se han demostrado insuficientes".

Brasil albergará el año próximo la COP30 en Belén, ciudad situada en la selva amazónica, cumbre que se celebrará diez años después de la firma en 2015 del Acuerdo de París para frenar el cambio climático y donde los países deberán llegar con planes actualizados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. EFE

Las autoridades brasileñas han informado este miércoles de que la deforestación en la Amazonía ha caído un 30,6 por ciento en el último año, convirtiéndose en el período en el que la caída porcentual es mayor en los últimos 15 años.

El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) ha indicado que la deforestación entre agosto de 2023 y julio de 2024, según el Proyecto de Monitoreo Satelital de la Deforestación en la Amazonía Legal (Prodes), ha alcanzado 6.288 kilómetros cuadrados, según reza un comunicado.

En el Cerrado, sabana tropical ubicada en el centro de Brasil, la tasa de deforestación para este período es de 8.174 kilómetros cuadrados, la más baja desde 2019, lo que representa una disminución del 25,7 por ciento respecto al ciclo anterior. En esta zona, se trata dela primera reducción en cuatro años.

Como resultado de estos avances, se ha registrado una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 400,8 millones de toneladas de CO2 y de la deforestación en la Amazonía y el Cerrado respecto al ciclo de 2021-2022.

Según las autoridades, la caída registrada es resultado "entre otras acciones" de la intensificación de aplicación de las normas medioambientales, de forma que con esta reducción también se ha reanudado la gobernanza medioambiental. Asimismo, el Gobierno ha aprobado 810.000 hectáreas de tierras indígenas.

"Conseguimos resultados importantes el año pasado y este año, nuevamente, un resultado muy significativo. Una contribución para nosotros y para el mundo, en un contexto en el que el problema del cambio climático es una realidad abrumadora", ha declarado la ministra de Medioambiente, Marina Silva, en una rueda de prensa en la que ha citado fenómenos climáticos extremos como las inundaciones en España o las heladas en África.

Brasilia, 6 nov (EFE).- La deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 30,6 % entre agosto de 2023 y julio de 2024, después de que en el periodo anterior lo hiciera otro 22,3 %, informó este miércoles el Gobierno.

La superficie afectada por la tala fue de 6.288 kilómetros cuadrados, el menor resultado en nueve años y una reducción frente a los 9.001 kilómetros cuadrados destruidos en el periodo anterior, según la medición más precisa de la deforestación que divulga anualmente el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Si se suman los dos últimos resultados, que corresponden principalmente al mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se registró un retroceso del 45,7 % en la tala y se salvaron 7.900 kilómetros cuadrados de selva.

En el Cerrado, como se conoce la rica sabana tropical situada en el centro de Brasil, la deforestación se redujo un 25,7 % en el último año y el área afectada fue de 8.174 kilómetros cuadrados.

Se trata de la primera caída después de un lustro de aumentos en un ecosistema que vive bajo la presión constante del sector agropecuario.

Con la reducción de la tala tanto en la Amazonía como en el Cerrado, el Ejecutivo calcula que en los últimos dos años hubo una disminución en las emisiones de efecto invernadero de 400 millones de toneladas de CO2 respecto al periodo anterior.

El Gobierno atribuyó la caída en la deforestación a la mano dura ejercida en la aplicación de las normas ambientales, con un aumento del 98 % en las sanciones y embargos impuestos por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente a los infractores.

Al mismo tiempo, en los últimos dos años con Lula como presidente, las tierras indígenas fueron ampliadas en 8.100 kilómetros cuadrados y las áreas de conservación, en 3.030 kilómetros cuadrados.

Estas acciones contrastan con la laxa política medioambiental del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se opuso a la creación de nuevas reservas indígenas y parques naturales y vació de efectivos los órganos responsables por la aplicación de las normas.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, apuntó durante la presentación de los resultados al "inmenso esfuerzo" y al trabajo "integrado" emprendido por las autoridades federales y las fuerzas de seguridad para combatir la deforestación.

El Gobierno, además, mejoró este año la resolución de las imágenes satelitales usadas para monitorear la tala e incorporó tecnología de radar, que permite rastrear el territorio cuando el cielo está cubierto de nubes.EFE

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Brasilia, 16 oct (EFE).- La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, reclamó este miércoles en la Cámara de Diputados sobre la falta de presupuesto para combatir la ola de incendios que vive el país y pidió un aumento de los recursos.

Silva dijo durante su intervención en la Comisión de Agricultura que los recursos aprobados para las labores contra el fuego este año fueron "insuficientes" y criticó el recorte de 18 de los 178 millones de reales (unos tres millones de dólares) solicitados por el Gobierno para ese objetivo.

Además, dijo tener la "convicción" de que los legisladores aumentarán los recursos de cara a 2025 porque, según afirmó, las acciones del Gobierno deben ser "intensificadas".

"Necesitamos ampliar los recursos, pero lo que necesitamos de verdad es que, cuando llegue el periodo de los incendios y que se prohíba el uso del fuego, que las personas no incendien", afirmó Silva.

La ministra también pidió al Congreso, dominado por la derecha y por los legisladores vinculados a la agropecuaria, que apruebe el proyecto de ley presentado el martes por el Gobierno para endurecer las penas de reclusión para quienes provocan fuegos en pastizales o selvas de tres a seis años.

Silva dijo que las penas actuales son "insuficientes" para contener los incendios, en su práctica totalidad provocados por la mano del hombre de forma intencional o involuntaria, y alertó sobre la mala imagen de Brasil que esto crea entre las empresas que compran productos del país en el exterior.

"Es un perjuicio para el medioambiente, para la salud pública y para los intereses comerciales de Brasil", aseguró.

El presidente de la Comisión de Agricultura, Evair de Melo, que es miembro del grupo parlamentario que representa los intereses del sector agropecuario, criticó la falta de preparación del Gobierno ante un problema climático que estaba "ampliamente previsto".

Según el último boletín del Gobierno, el 82 % de los más de 220.000 focos registrados en lo que va de año están extintos o controlados.

Brasil registra la peor sequía en 74 años, con el 78 % del territorio afectado por la combinación de precipitaciones escasas y temperaturas altas.EFE

São Paulo, 6 oct (EFE).- El progresista Guilherme Boulos, candidato apoyado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones municipales de São Paulo, votó este domingo y llamó a "derrotar el extremismo violento en las urnas".

Tras depositar el voto en una escuela del barrio de Campo Limpo, Boulos, líder del Movimiento de los Sin Techo, dijo que las elecciones "tuvieron la marca de la mentira y del odio" diseminado por candidatos de extrema derecha.

"El desafío que tenemos es derrotar el extremismo violento, la mentira, el odio, y hacer prevalecer la verdad. Eso está en juego en las urnas hoy", dijo.

Boulos también afirmó que, por primera vez, la mayor ciudad de Brasil "tiene la oportunidad" de tener un alcalde que vive en la periferia y que abandera un "proyecto de esperanza" que "mira a las personas olvidadas" y que defiende una "ciudad más humana y justa".

El candidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) acudió a votar acompañado de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, y de su compañera de fórmula, la exministra y exalcaldesa Marta Suplicy, además de su mujer y dos hijas.

Las últimas encuestas prevén que las elecciones en São Paulo se decidirán en una segunda vuelta, que se celebrará el próximo día 27 de octubre y que enfrentaría a Boulos contra uno de los dos candidatos de derechas que están virtualmente empatados: el influencer Pablo Marçal o el actual alcalde, Ricardo Nunes, quien cuenta con el respaldo del expresidente Jair Bolsonaro.

Cerca de 156 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir alcaldes y concejales en 5.569 municipios del país, con la única excepción de Brasilia, que solo tiene gobernador.

La cita electoral también servirá como un termómetro de la popularidad de Lula de cara a las presidenciales de 2026, en momentos en los que el dirigente progresista está cerca de cumplir la mitad de los cuatro años de su mandato.EFE

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Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Los países del G20 manifestaron este jueves en Río de Janeiro su apoyo a la propuesta de Brasil para la creación de un fondo financiero internacional que beneficie a los países de baja y mediana renta con florestas tropicales por cada hectárea de bosque que mantengan en pie.

Se trata del Fondo de Florestas Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) que, a diferencia de otros mecanismos para financiar el combate a la deforestación, no será constituido por donaciones sino por aportes de gobiernos y de empresas privadas que serán mínimamente remunerados.

El apoyo de las veinte mayores economías del mundo a la iniciativa fue incluido en la declaración conjunta divulgada este jueves por los ministros de Medio Ambiente y de Clima del G20 tras tres días de reuniones en esta ciudad brasileña.

El documento, con importantes compromisos de los ministros en torno al combate a los cambios climáticos y los problemas ambientales, será sometido a consideración de los jefes de Estado en la Cumbre que el G20 tendrá en Río de Janeiro el 18 y el 19 de noviembre.

"Alentamos mecanismos innovadores que busquen movilizar nuevas y diversas fuentes de financiación para pagar por los servicios ecosistémicos. En ese sentido, tomamos nota de los planes para establecer el Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF) presentados por Brasil a la Convención del Clima y reconocemos que es una herramienta innovadora para la conservación de los bosques", dijeron los ministros en su comunicado.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó en una rueda de prensa que el fondo fue propuesto por Brasil en la Cumbre del Clima del año pasado en Dubai y que seguirá siendo negociado en esta instancia, pero ahora con el apoyo del G20.

"Se trata de un apoyo importante para que saquemos adelante la iniciativa", dijo por su parte el viceministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, quien aclaró que la expectativa es poder lanzar el fondo en la Cumbre del Clima que organizará la ciudad brasileña de Belém en 2025.

Capobianco dijo que la propuesta precisa adhesión internacional y no solo de los países con bosques tropicales que serían los beneficiados sino también de los países desarrollados que invertirían en el fondo.

En julio pasado, en una reunión de ministros de Economía del G20 también en Río de Janeiro, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Singapur y Emiratos Árabes Unidos se comprometieron a dar los aportes iniciales para la constitución del mecanismo financiero.

De acuerdo con la propuesta brasileña, la idea es captar inicialmente 25.000 millones de dólares de países interesados en participar en el mecanismo, que recibirán una remuneración mínima por sus recursos además de créditos de carbono.

Con esa capitalización inicial, los gestores del TFFF pretenden lanzar títulos en los mercados internacionales para inversores que busquen una remuneración un poco mayor que la ofrecida por los títulos públicos de países como Estados Unidos.

Esa captación le permitirá al fondo comenzar inicialmente con 125.000 millones de dólares, lo suficiente para ofrecerle anualmente cerca de 4 dólares por cada hectárea de bosque preservado a los países con florestas tropicales que cumplan los requisitos del mecanismo, principalmente tener la deforestación bajo control. EFE

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Los ministros de Medio Ambiente de los países del G20, en una amplia y ambiciosa declaración que alcanzó consenso tras un largo período de divergencias, reconocieron este jueves la urgencia del combate a los cambios climáticos y se comprometieron con una convención de la ONU para combatir la contaminación con plástico.

Además de anunciar su pleno respaldo a la total implementación de las tres convenciones ya existentes (biodiversidad, cambios climáticos y desertificación), las veinte mayores economías del mundo anunciaron su compromiso para sacar adelante una nueva, destinada a combatir la contaminación por plásticos, incluso en los océanos.

Los compromisos fueron asumidos en una declaración divulgada tras las reuniones que los ministros de Medio Ambiente y de Clima de los países del G20 tuvieron esta semana en Río de Janeiro y serán presentados a consideración en la Cumbre que el grupo tendrá el 18 y el 19 de noviembre también en esta ciudad brasileña.

El grupo destacó la necesidad de adoptar medidas urgentes para abordar las crisis y los desafíos que plantean el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la degradación de los océanos y de las tierras, la sequía y la contaminación.

"Estamos cada vez más comprometidos a abordar las crisis y los desafíos antes mencionados dado el hecho irrefutable de que los impactos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, afectando de manera más severa a las regiones y países vulnerables, con inundaciones sin precedentes, sequías extremas, olas de calor superiores a la media y otros eventos para los que aún no estamos completamente preparados para enfrentar", afirmaron.

Según el G20, "las pérdidas humanas y ambientales en todo el mundo dejan en claro la necesidad urgente de tomar mayores medidas para responder a la nueva realidad global".

El G20 afirmó que su responsabilidad es mayor por responder no solo por el 80 % del producto interior bruto (PIB) mundial y el 80 % de la población mundial, sino también por cerca del 80 % de las emisiones contaminantes y por el 75% de la generación de desechos.

"Si las economías responsables por el 80 % de los recursos financieros del mundo hacemos nuestra tarea, con seguridad estaremos dando una gran contribución al desafío que está sobre la mesa, que es evitar que la temperatura de la tierra aumente otros 1,5 grados centígrados", afirmó la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, en una rueda de prensa.

Los ministros se dijeron decididos a elevar su participación en las próximas reuniones ambientales multilaterales, especialmente en las responsables por la implementación de las convenciones de la ONU, así como a participar activamente en la negociación para el desarrollo de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos.

"Reconocemos la necesidad de intensificar nuestros esfuerzos colectivos para poner fin a la contaminación plástica y nos comprometemos a trabajar juntos con la ambición de concluir para fines de 2024 las negociaciones de un instrumento internacional jurídicamente vinculante ambicioso, justo y transparente sobre la contaminación plástica, incluso en el medio marino", dijeron.

Igualmente se comprometieron a impulsar la entrada en vigor lo antes posible del Acuerdo de la ONU sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional.

En el documento los países del G20 también asumieron compromisos en tres capítulos específicos: la preservación de los océanos, los mecanismos para pagar por los servicios ecosistémicos (financiar a los países que preservan) y la mejoría en la gestión de los recursos para impulsar una economía circular. EFE

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El 58 % del territorio brasileño enfrenta los efectos de la que es considerada como la mayor sequía en los últimos 50 años en el país y casi la tercera parte de esta área, es decir un 20 % del territorio nacional, sufre sequía extrema, afirmó este lunes la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Agregó que la sequía extrema redujo a cerca de 70 centímetros la profundidad en algunos ríos de la Amazonía que tienen un fondo de hasta 14 metros, lo que no solo dejó varias áreas incomunicadas, sino que también agrava la crisis climática en diferentes regiones.

Según Silva, esas condiciones ayudan a la proliferación de los incendios forestales en gran parte de Brasil, que alcanzaron números inéditos en agosto y septiembre y actualmente suman unos 931, principalmente en la Amazonía.

La ministra citó datos sobre la gravedad de la crisis climática para destacar la necesidad de preservar la naturaleza, que, dijo, es la fuente económica más importante de Brasil y de toda Suramérica.

“Necesitamos pensar y actuar de forma urgente porque dependemos de la naturaleza”. Según datos del Foro Económico Mundial, el 50 % del PIB mundial depende mucho o moderadamente de la naturaleza. En Suramérica ese porcentaje supera el 50 %. El 75 % de la producción de la región depende de las lluvias en la Amazonía, afirmó Silva en una cita de técnicos del G20 en Río de Janeiro.

La ministra dijo que es necesario que la sociedad entienda que ecología y economía forman parte de la misma ecuación, debido a que el mundo usa la naturaleza para producir bienes materiales.

En el encuentro sobre finanzas sustentables, previo a la reunión que tendrán los ministros de Medio Ambiente del G20 el jueves y el viernes de esta semana en Río de Janeiro, la reconocida líder ecologista afirmó que es necesario adoptar un “sistema prudencial” en la protección de los ecosistemas para evitar la llegada a puntos de no retorno.

“Necesitamos crear un sistema disruptivo de regulación prudencial que nos permita garantizar la manutención de la vida. Eso demanda nuestra más osada inversión”, afirmó al defender la adopción de una especie de ‘Acuerdo de Basilea 4′ sobre los riesgos para la destrucción de la biodiversidad.

Silva afirmó que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva creará una Autoridad Climática para coordinar los esfuerzos del sector público en el cumplimiento de metas climáticas, pero aclaró que, para que ese organismo tenga plenas condiciones de actuación, también es necesario crear la figura de la emergencia climática en Brasil.

“En la legislación ya contamos con los estados de calamidad y de desastre climático que nos permiten actuar cuando ya se produjeron los daños, pero necesitamos de un estado de emergencia que nos permita anticiparnos y trabajar preventivamente”, dijo.

(Con información de EFE)

Río de Janeiro, 30 sep (EFE).- El 58 % del territorio brasileño enfrenta los efectos de la que es considerada como la mayor sequía en los últimos 50 años en el país y casi la tercera parte de esta área, es decir un 20 % del territorio nacional, sufre sequía extrema, afirmó este lunes la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Agregó que la sequía extrema redujo a cerca de 70 centímetros la profundidad en algunos ríos de la Amazonía que tienen un fondo de hasta 14 metros, lo que no solo dejó varias áreas incomunicadas sino que también agrava la crisis climática en diferentes regiones.

Según Silva, esas condiciones ayudan a la proliferación de los incendios forestales en gran parte de Brasil, que alcanzaron números inéditos en agosto y septiembre y actualmente suman unos 931, principalmente en la Amazonía.

La ministra citó datos sobre la gravedad de la crisis climática para destacar la necesidad de preservar la naturaleza, que, dijo, es la fuente económica mas importante de Brasil y de toda Suramérica.

"Necesitamos pensar y actuar de forma urgente porque dependemos de la naturaleza. Según datos del Foro Económico Mundial, el 50 % del PIB mundial depende mucho o moderadamente de la naturaleza. En Suramérica ese porcentaje supera el 50 %. El 75 % de la producción de la región depende de las lluvias en la Amazonía", afirmó Silva en una cita de técnicos del G20 en Río de Janeiro.

La ministra dijo que es necesario que la sociedad entienda que ecología y economía forman parte de la misma ecuación, debido a que el mundo usa la naturaleza para producir bienes materiales.

En el encuentro sobre finanzas sustentables, previo a la reunión que tendrán los ministros de Medio Ambiente del G20 el jueves y el viernes de esta semana en Río de Janeiro, la reconocida líder ecologista afirmó que es necesario adoptar un "sistema prudencial" en la protección de los ecosistemas para evitar la llegada a puntos de no retorno.

"Necesitamos crear un sistema disruptivo de regulación prudencial que nos permita garantizar la manutención de la vida. Eso demanda nuestra más osada inversión", afirmó al defender la adopción de una especie de 'Acuerdo de Basilea 4' sobre los riesgos para la destrucción de la biodiversidad.

Silva afirmó que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva creará una Autoridad Climática para coordinar los esfuerzos del sector público en el cumplimiento de metas climáticas, pero aclaró que, para que ese organismo tenga plenas condiciones de actuación, también es necesario crear la figura de la emergencia climática en Brasil.

"En la legislación ya contamos con los estados de calamidad y de desastre climático que nos permiten actuar cuando ya se produjeron los daños, pero necesitamos de un estado de emergencia que nos permita anticiparnos y trabajar preventivamente", dijo. EFE

Miedo a perderlo todo o a enfermar. Los habitantes de la región brasileña del Pantanal hacen frente a unos incendios históricos atizados por una sequía severa que ponen en jaque el mayor humedal del mundo.

“Es caótico”, explica a la AFP Erica Cristina, en el puerto de la ciudad de Corumbá (centro-oeste), donde el fuego tiñó de rojo intenso el cielo.

“Respiro humo todo el día”, asegura esta propietaria de un bar ribereño que se llenó de hollín por un gran foco decretado la semana pasada al otro lado del río Paraguay.

Expertos y autoridades coinciden en que los incendios actuales en el Pantanal, Patrimonio Natural de la Humanidad y conocido por su rica biodiversidad, están relacionados con el cambio climático que propició una intensa sequía en los últimos meses.

Entre el 1 de enero y el 25 de junio se detectaron 3.372 focos en la región, lo que supera el récord de 2.523 registrados en el mismo periodo de 2020, según datos oficiales.

“Este año los incendios y la sequía llegaron antes. Generalmente empiezan en agosto, pero en la región no llueve desde hace 50 días”, explica a la AFP el ganadero Bruno Bellan, de 25 años.

Este brasileño administra la hacienda de su familia, en la zona rural de Corumbá, del estado Mato Grosso do Sul, en estado de emergencia desde el lunes por los fuegos.

La propiedad donde cría 900 cabezas de ganado está a casi dos kilómetros de un gran foco de incendio, al que bomberos y militares trataban de acceder esta semana mediante una acción coordinada.

“Nos preocupa que el fuego entre en la hacienda y cause destrucción. El ganado tiene miedo y puede perderse en medio de las llamas. Vamos a traer a los animales más cerca de la hacienda”, dice Bellan.

“Fuera de la curva”

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, alertó el lunes de que el Pantanal se enfrenta a “una de las peores situaciones nunca vistas”.

“Toda la cuenca del Paraguay sufre una escasez hídrica severa. No tuvimos las inundaciones habituales ni el intersticio entre El Niño y La Niña”, dos fenómenos climatológicos que inciden en las precipitaciones, dijo.

Ya el año pasado, el Pantanal fue el bioma brasileño que más se secó, con una reducción de la superficie húmeda del 61% respecto al promedio histórico, indicó un estudio publicado este miércoles por la red MapBiomas.

La sequía “hizo que una gran cantidad de materia orgánica en punto de combustión causara estos incendios que están fuera de todas las curvas”, dijo Silva, que el viernes visitará la región.

Los incendios se expanden principalmente por la acción humana, con fines de renovar las zonas de pasto o expandir las tierras agrícolas.

Las autoridades prohibieron manejar fuego hasta final de año y prometieron castigar a los responsables de los incendios criminosos.

Un futuro incierto

Para Erica Cristina, originaria de Rio de Janeiro e instalada en la región desde hace 15 años, la situación para los habitantes del Pantanal “está empeorando con el paso de los años”.

“Mucha gente perdió sus casas” en incendios desde 2020, lamenta, describiendo también “los problemas respiratorios” para la población, “que sobrecargan los centros de atención médico”.

Pero se resiste a arrojar la toalla y a cerrar su bar. “¿De qué viviremos?”, dice esta madre de tres hijos ya adultos, que pide a las autoridades más recursos pero también “empatía con las personas”.

Naldinei Ivan Ojeda, de 53 años, nacido en Corumbá, admite que sopesa abandonar la ciudad debido a los problemas respiratorios que sufre, así como su hijo, de 15 años.

Al mismo tiempo, este militar retirado carga contra los responsables de la propagación del fuego.

“No existen incendios accidentales en el Pantanal. Nunca vi un fuego surgir de la nada aquí. Cada año es lo mismo”.

(Texto: AFP)

(Fotos: Reuters, AFP y EFE)