La ministra boliviana de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, renunció esta semana a su cargo por “razones de orden personal”, según informó el Gobierno. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la Cancillería administrará temporalmente el ministerio, de manera interina, hasta que el presidente Rodrigo Paz designe a un nuevo titular para esa cartera.

Yáñez, allegada al político y empresario Samuel Doria Medina, había asumido el cargo en noviembre de 2025, al inicio del mandato de Paz, con el desafío de promover políticas de promoción del turismo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el impulso a la gastronomía nacional.

En su carta de renuncia, la exministra sostuvo que durante su gestión se lograron avances importantes, aunque reconoció que varios objetivos quedaron truncos debido a factores externos como los prolongados bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio.

Aunque Unidad, la alianza liderada por Samuel Doria Medina, descartó que la renuncia esté relacionada con el distanciamiento entre el empresario y el presidente Rodrigo Paz, quienes sellaron una alianza para la segunda vuelta electoral, algunos analistas consideran que la salida de Yáñez pone en evidencia el deterioro de esa relación, luego de reiterados cuestionamientos de Doria Medina a la gestión gubernamental.

La salida de Yáñez constituye el sexto movimiento relevante dentro del gabinete en los primeros ocho meses de la administración de Paz. El primer cambio ocurrió apenas doce días después de la posesión presidencial, cuando el mandatario destituyó al ministro de Justicia —y abogado personal del vicepresidente Edmand Lara— Freddy Vidovic, tras conocerse que tenía una sentencia ejecutoriada que le impedía ejercer la función pública.

Su alejamiento del cargo derivó además en la eliminación de esa cartera como parte de la reforma estatal anunciada por el Gobierno para reducir el número de ministerios. “Se acabó el ministerio de la persecución, el ministerio de la injusticia, de vender sentencias”, declaró el presidente al anunciar el cierre del despacho. “El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien”, añadió.

El segundo ajuste llegó el 22 de abril de este año, con la destitución del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli. El cambio se produjo tras el escándalo por la mala calidad de la gasolina distribuida en el país y días después de la renuncia de la entonces titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, quien denunció en su carta de dimisión que el estado de la petrolera estaba “significativamente más deteriorado de lo previsto” y que las soluciones estructurales no podían ajustarse a los plazos que esperaba el Gobierno.

Estas renuncias generaron incertidumbre sobre el manejo del sector en un momento en que el Ejecutivo enfrentaba desafíos y buscaba contener el descontento social por la crisis energética. En reemplazo de Medinaceli, fue posesionado Marcelo Blanco.

Un mes después, el 21 de mayo, renunció el ministro de Trabajo, Edgar Morales, “para pacificar el país” y fue reemplazado por el abogado Williams Bascopé. Su dimisión coincidió con el incremento de las tensiones sociales con la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales que reclamaban la renuncia del presidente Paz, a quien acusaban de traición y de gobernar en contra de sus intereses.

Un día antes de la renuncia de Morales, Paz había prometido cambios en su gabinete para contener las protestas. “Tenemos que reordenar el gabinete, que tiene que tener una capacidad de escucha”, afirmó en una conferencia de prensa y dijo que el Gobierno “tiene que ser de todos los bolivianos”. En ese momento indicó que su nuevo equipo estaría compuesto por funcionarios “más ágiles y que escuchen”.

Sin embargo, esos movimientos no se concretaron de inmediato. El 2 de junio, cuando los bloqueos de caminos estaban por cumplir un mes y el Ejecutivo enfrentaba presiones para restablecer el orden, renunciaron el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y la ministra de Educación, Beatriz García. Ambos fueron reemplazados por Ernesto Justiniano y Ricardo Sanjinés.

Con la dimisión de Yáñez, el gabinete de Rodrigo Paz acumula dos destituciones —Vidovic y Medinaceli— y cuatro renuncias —Morales, Salinas, García y Yáñez— desde el inicio de su administración. Los cambios han afectado a las áreas de Justicia, Hidrocarburos, Trabajo, Defensa, Educación y Turismo, en un período en el que el Ejecutivo busca implementar medidas para enfrentar la escasez crónica de combustibles y la desaceleración económica heredadas de gestiones anteriores.

El vicepresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, informó que espera “hasta fin de mes” resolver la crisis de abastecimiento de combustibles que atraviesa el país, donde en las últimas semanas se registraron largas filas de vehículos en los surtidores ante la escasez.

Según Blacud, la irregularidad del suministro se debe a la falta de “fluidez” en los controles de calidad, que se realizan desde el origen hasta la comercialización del producto, pero garantizó que se está trabajando de manera “responsable” para agilizar los procesos y solucionar las demoras.

“El carburante está disponible; estamos teniendo problemas en la fluidez del sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder garantizar (la calidad) se están realizando los controles correspondientes antes de que puedan ser comercializados en todo el territorio nacional”, afirmó en conferencia de prensa.

Según el funcionario de la petrolera, se está trabajando “arduamente” para optimizar los procesos y calcula que a finales de julio se regularice el suministro. “Estimo que hasta fin de mes vamos a poder solucionar absolutamente todos los problemas, pero va a ser de una manera progresiva y los resultados se van a ir viendo día a día”, agregó Blacud.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible y las filas en las estaciones de servicio parecen confirmar las cifras que señalan los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

El martes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia dio un plazo de 48 horas al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca, para sostener una reunión en la que les digan “la verdad” y se discutan acciones para solucionar la crisis de combustible que desde hace casi tres años atraviesa Bolivia.

El representante del gremio, Lucio Gómez, amenazó con protestas sociales y “convulsión”, pese al estado de excepción vigente hasta el 20 de septiembre, si no se garantiza el suministro. “Ya no toleramos más”, afirmó.

En las últimas semanas, el Gobierno ha dado al menos tres justificaciones sobre la escasez. Inicialmente se lo atribuyó a los bloqueos de caminos que impidieron la distribución, luego se hizo referencia a los nuevos protocolos de control de calidad que generan demoras y a las redes de contrabando que estarían llevando diésel y gasolina a otros países.

“Señor ministro y señor presidente de YPFB: díganos la verdad. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Cuál es la postura de sus autoridades? Digan: ¿qué falta?, ¿falta plata?, ¿falta de responsabilidad?, ¿o qué es lo que está pasando?”, cuestionó Gómez, flanqueado por otros dirigentes sindicales.

Más allá de la escasez actual, la crisis de carburantes tiene causas estructurales complejas de resolver. Desde el año 2023, los bolivianos enfrentan periodos cada vez más frecuentes y prolongados de desabastecimiento debido a la caída de la producción local, la dependencia de las importaciones y la escasez de dólares para su adquisición.

En diciembre, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz levantó la subvención a los combustibles que estuvo vigente durante casi 20 años, lo que se tradujo en un aumento en el precio del diésel y la gasolina.

En paralelo, surgieron denuncias de daños vehiculares atribuidos a gasolina de mala calidad que la administración de Paz admitió y atribuyó a la gestión anterior. En ese contexto, se creó un seguro de resarcimiento de daños y se implementaron nuevos controles que estarían provocando las demoras actuales.

Bolivia atraviesa un nuevo periodo de escasez de combustible pese al levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días paralizaron gran parte del país.

Las filas en las estaciones de servicio reflejan las cifras que advierten los gremios del transporte: el servicio público de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y extensa del país, señaló que opera con el 50% de los buses afiliados, mientras que la Cámara de Transporte de Carga Pesada indicó que el 70% de sus camiones están varados en los surtidores a la espera de poder cargar diésel.

Las justificaciones del Gobierno son diversas. Inicialmente se atribuyó la escasez a los bloqueos que impedían el tránsito de las cisternas, más tarde se mencionó que los nuevos protocolos de control de calidad demoran el proceso de despacho y finalmente se mencionó que hay “mafias” de desvío de combustible para actividades ilícitas.

En medio de reclamos de sectores estratégicos, como la agroindustria y el transporte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, descartó dificultades económicas para la importación y señaló que la adquisición se realiza con pagos diferidos. Sin embargo, descartó fijar plazos para la regularización de la distribución.

“No sabemos cuándo se normalizará. No les puedo dar una fecha exacta; a mí no me gusta especular; no tengo una bola (de cristal) para ver qué va a pasar”, afirmó en una rueda de prensa.

La crisis de abastecimiento ha llevado al Gobierno de Rodrigo Paz a autorizar la importación privada de combustible. A través del Decreto Supremo 5644, el Gobierno formalizó un mercado privado de combustibles con un precio de referencia.

Esta norma da un paso más hacia la comercialización privada de diésel y gasolina, luego de la medida transitoria que implementó el expresidente Luis Arce (2020-2025) cuando estalló la crisis derivada de la baja producción local y las dificultades de importación por la escasez de divisas.

Si bien el Estado seguirá importando y distribuyendo combustible a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF), la medida busca garantizar el abastecimiento y diversificar la oferta.

El conflicto de los carburantes no es reciente en Bolivia. El país importa casi la totalidad del diésel y más del 50% de la gasolina que consume su mercado interno tras la caída en la producción local. En ese contexto y ante la falta de divisas para su importación, en 2023 surgieron los periodos de escasez, que fueron cada vez más prolongados y frecuentes.

Cuando el presidente Paz asumió el Gobierno, en noviembre de 2025, anuló el subsidio a los combustibles que estuvo vigente por más de 20 años y mantuvo un precio regulado por debajo del internacional, lo que provocó además la expansión de redes de contrabando hacia otros países.

Tras el fin de la subvención, surgieron denuncias de distribución de combustible de mala calidad que estaba dañando cientos de vehículos. El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” e implementó un seguro para resarcir daños a los más de 70.000 vehículos que reportaron daños, además de controles de calidad más rigurosos.

Este conflicto fue uno de los detonantes de las recientes protestas contra el Gobierno. Lo que derivó en pedidos de renuncia inició con reclamos sectoriales diversos que incluían garantizar gasolina de mejor calidad.

En ese marco, en el acuerdo que firmó el Gobierno con los manifestantes de la Central Obrera Boliviana el 19 de junio para suspender las protestas, hay un punto específico que se refiere a los combustibles.

La administración de Paz se comprometió a garantizar el abastecimiento del producto con estándares internacionales, a realizar una auditoría para identificar el origen y a los responsables de la gasolina contaminada y a conformar mesas de trabajo para verificar la calidad y establecer medidas de control.

Pese a que el Gobierno de Bolivia sostiene que el abastecimiento de combustible avanza hacia la normalización, todavía se mantienen las largas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel en las principales ciudades del país. El Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) atribuyen los retrasos a procedimientos logísticos y a los controles de calidad que deben realizarse antes de distribuir el combustible.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que uno de los factores que ralentizan el abastecimiento son los procedimientos técnicos aplicados en las plantas de YPFB antes de despachar los carburantes. “Tenemos unos estándares de calidad que son altos, no son como los que eran antes”, afirmó ante los medios.

Según Blanco, la cantidad de combustible distribuida es superior al consumo habitual y atribuyó la persistencia de las filas a que muchos usuarios llenan por completo los tanques de sus vehículos por temor a nuevos episodios de escasez. “Se está distribuyendo más de la demanda”, afirmó.

Días antes, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, había señalado que el abastecimiento comenzó a recuperarse tras el levantamiento de los bloqueos de carreteras que durante casi 50 días afectaron la logística de distribución. Según explicó, más de 1.600 cisternas quedaron retenidas en medio de los piquetes y ahora deben cumplir los procesos de descarga, control de calidad y despacho antes de llegar a las estaciones de servicio. “Ya estamos regularizando los volúmenes”, afirmó.

La petrolera estatal informó que dispone de millones de litros de gasolina y diésel en tránsito hacia los principales centros de consumo y reiteró que el problema actual no responde a una falta de combustible ni a dificultades financieras, sino a la necesidad de reactivar toda la cadena logística tras semanas de interrupciones.

Bolivia atravesó casi siete semanas consecutivas de bloqueos de carreteras por sectores sociales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz en medio de acusaciones de traición y de gobernar contra los intereses del país. La protesta paralizó gran parte del país, provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos e interrumpió el transporte de alimentos y combustible, entre otros insumos de primera necesidad, principalmente hacia la ciudad de La Paz, que estuvo sitiada durante el periodo de conflictos.

Sin embargo, el conflicto por el combustible no es reciente ni está vinculado exclusivamente a cuestiones logísticas del transporte. Desde hace más de tres años que los bolivianos experimentan periodos de escasez por la baja producción local y la falta de divisas para su importación como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país.

Desde que el presidente Paz asumió la presidencia, en noviembre del año pasado, implementó cambios en la política de hidrocarburos y levantó el subsidio a los combustibles después de casi 20 años. Si bien hubo un notable aumento en los despachos, a inicios de año surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina distribuida por miles de vehículos afectados.

El Gobierno admitió que había vendido “gasolina desestabilizada” y se comprometió a pagar un resarcimiento de daños a los usuarios y mejorar los controles de calidad. Hasta abril, se habían destinado cerca de 2 millones de dólares (20,3 millones de bolivianos) para compensar a más de 9 mil usuarios.

A pesar de los esfuerzos por garantizar la calidad y el abastecimiento de diésel y gasolina, la incertidumbre sobre el combustible se mantiene en Bolivia y varios sectores exigen acciones para resolver de manera estructural los problemas de suministro y calidad.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó este jueves a Sebastián Daroca como nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), tercer jefe de la empresa estatal en lo que va de su gestión.

El nombramiento se da en un momento de tensión para el Gobierno tras la renuncia de la expresidenta de YPFB, la destitución del Ministro de Hidrocarburos y la falta de soluciones al conflicto por la calidad del combustible que se agravó en los últimos días por denuncias de escasez de diésel y gasolina, lo que ha provocado el surgimiento de filas en algunas estaciones de servicio del país.

En ese contexto, Daroca —que hasta ayer era gerente de Operaciones de la compañía— se comprometió a garantizar el abastecimiento y la calidad de los combustibles; además de mantener su precio, tras el ajuste de diciembre cuando se levantó el subsidio a los carburantes.

“Presidente, debo informarle que ya hemos tomado las acciones para abastecer la sobredemanda de diésel generada por diversos factores en distintos lugares productivos del país”, manifestó Daroca en su posesión.

Bolivia pasó, en el paso de diez años, de ser un exportador de gas natural a depender casi totalmente de las importaciones de combustible. El país importa más del 90% de diésel y más del 50% de la gasolina que necesita para abastecer su mercado interno, lo que provoca irregularidades en el suministro en un contexto de crisis económica.

Adicionalmente, en los últimos meses surgieron denuncias sobre mala calidad del combustible que el Gobierno admitió y atribuyó a varios factores que van desde contaminación de los tanques de almacenamiento hasta redes delictivas internacionales que sustituyen parte del producto con agua y aceite.

“Mi prioridad será solucionar del todo el problema de la gasolina desestabilizada, garantizar la calidad de los carburantes, asegurar la provisión del combustible y acelerar el pago del resarcimiento a los afectados”, manifestó Daroca en un discurso leído. En su último punto se refiere al seguro económico que activó el Gobierno para compensar daños en vehículos afectados por la gasolina contaminada.

Daroca asumió el cargo tras la renuncia de Claudia Cronenbold —la exejecutiva de Petrobras que había asumido veinte días antes— alegando que la situación de la compañía estaba “significativamente más deteriorada” de lo previsto y que los tiempos técnicos que requiere su restructuración son más amplios que los que la política demanda.

Durante la posesión de su sucesor, que se realizó cerca de las 11 de la noche del jueves, Paz agradeció a Daroca el “valor” de asumir la dirección de la empresa y le encargó “luchar contra la corrupción que día a día no hace más que atacar los bolsillos de los bolivianos”.

El sector energético es el más inestable de la administración de Paz. El cambio en la dirección de YPFB es el tercero en los cinco meses de Gobierno, y se suma a la destitución reciente del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, que el miércoles fue sustituido por Marcelo Blanco. Adicionalmente, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hubo dos jefaturas desde el inicio del mandato.

Estos cambios, entre renuncias y destituciones, se producen en medio de cuestionamientos sobre la política de Estado sobre el sector de los hidrocarburos y la capacidad operativa de la mayor empresa estatal del país.

La incertidumbre sobre el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia se profundizó este miércoles con la renuncia de la presidenta de la estatal petrolera y la destitución del ministro de Hidrocarburos. Claudia Cronenbold, que había asumido la jefatura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace apenas tres semanas, dimitió del cargo mediante una carta en la que señaló que los problemas estructurales identificados no pueden resolverse en los plazos que la política exige.

La exjefa de YPFB manifestó en la carta que su corta gestión priorizó un análisis profundo del estado de la empresa en el que identificó “nudos críticos” y una arquitectura institucional “perniciosa” que impiden su correcto funcionamiento. “El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, afirmó en el documento.

La expresidenta explicó que la recuperación de YPFB exige una “reingeniería legal y administrativa de largo aliento” y que esos procesos requieren tiempos que no coinciden con la urgencia de resultados que demanda el Gobierno. En ese sentido, señaló que lo “responsable y leal con el proyecto de país” es permitir que se exploren “otras rutas de gestión”.

“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, afirmó la expresidenta de la mayor empresa pública del país.

Cronenbold, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y forjó su carrera profesional en Petrobras, había sido posesionada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Alky, en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y la ausencia de políticas estructurales para reformar el sector.

Horas después de conocerse públicamente su renuncia, el presidente Rodrigo Paz cesó de funciones al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y posesionó en su lugar a Marcelo Blanco, que hasta entonces era viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

En el acto de posesión, el presidente destacó el trabajo de Medinaceli, a quien atribuyó la elaboración de cuatro proyectos de ley para el sector energético y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la empresa.

“Ahora pasamos a un nuevo evento de energía que requiere la aplicación, el desarrollo y el debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, con una solución clara a esta desgracia que nos dejaron: un país sin energías, sin gas, sin estos recursos naturales”, indicó el jefe de Estado en relación al manejo del área durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El sector energético es el más inestable de la administración de Rodrigo Paz. En los cinco meses de gestión hubo dos ministros de hidrocarburos, dos (y próximamente tres) presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Estos cambios, que se dieron entre renuncias y destituciones, se producen tras una reforma sustancial, como la eliminación del subsidio a los combustibles que fijó nuevos precios en el mercado, y en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.

El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Las versiones oficiales fueron diversas: pasaron de afirmar que había residuos dañinos en tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión a denunciar planes de sabotaje —internos y externos— que contaminaban el combustible. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que ha sido entregado a más de siete mil usuarios por un monto equivalente a 1,4 millones de dólares, según datos de YPFB.

Los cambios constantes en las cabezas del sector y la persistencia de los reclamos por el combustible son los síntomas de una crisis que no parece tener una solución en el corto plazo. Su gestión supondrá una prueba de fuego para el Gobierno.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, tras la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien advirtió sobre el estado “deteriorado” de la empresa estatal.

Blanco, hasta hoy viceministro de Electricidad y Energías Renovables, reemplaza en el cargo a Mauricio Medinaceli. El mandatario nacional agradeció a Medinaceli por su “compromiso al inicio de la gestión” y por avanzar en la elaboración de cuatro proyectos de ley, incluida una nueva norma de Hidrocarburos.

“Ahora pasamos a un nuevo momento (...) que requiere el aplicar el desarrollo del debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos como una solución clara a esta desgracia que nos dejaron, a un país sin energías, sin gas”, afirmó Paz durante el acto de juramento.

A su vez, señaló que “las consecuencias claras” de la gestión de los últimos 20 años en el sector de hidrocarburos, bajo gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), llevaron a Bolivia a perder soberanía energética y depender de mercados externos para abastecerse de combustibles.

Blanco “tiene el mandato” de impulsar la aprobación de las nuevas normas energéticas y de aportar su experiencia en el área, según Paz. “Tiene también el mandato que cumplió a cabalidad Mauricio Medinaceli para derrotar al ‘Estado tranca’ que tanto daño nos ha hecho, este ‘Estado tranca’ y corrupto al cual estamos combatiendo con el respaldo de todos ustedes”, agregó.

El cambio de ministro se produjo horas después de la renuncia “irrevocable” de Cronenbold a la presidencia de YPFB. La ex funcionaria argumentó que “el diagnóstico técnico y administrativo” arrojó un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. Cronenbold, que estuvo menos de un mes en el cargo, apuntó contra los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, al mencionar que YPFB sufrió el “menoscabo de veinte años de gestiones pasadas” y que “una arquitectura perniciosa” con múltiples “candados” obstaculiza la recuperación de la empresa.

La ex titular de YPFB aseguró que revertir la situación exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, en contraste con las demandas gubernamentales de resultados rápidos.

Desde la eliminación de la subvención a los combustibles en diciembre, YPFB enfrenta problemas en la venta de gasolina en mal estado, lo que provocó protestas de los usuarios y sindicalistas. A inicios de febrero, la empresa reportó la detección de residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que causó un “desbalance” en la composición del combustible y atribuyó el problema a gestiones anteriores.

En abril, Paz denunció la existencia de una “mafia internacional” con vínculos en Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, lo que ocasionó pérdidas de hasta 150 millones de dólares y responsabilizó al gobierno del ex mandatario Arce.

Los sindicatos de transportistas han advertido con retomar las movilizaciones ante los persistentes problemas de calidad de los combustibles y la reciente escasez de diésel.

La llegada de Blanco a la titularidad del Ministerio

El funcionario asume el Ministerio de Hidrocarburos y Energía con un perfil técnico respaldado por una amplia trayectoria en gestión financiera y desarrollo de proyectos energéticos. Licenciado en Administración de Empresas, Blanco cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, destacándose en la estructuración de inversiones y la administración de recursos en áreas estratégicas.

Previo a su designación como ministro, ejerció el cargo de viceministro de Electricidad y Energías Renovables, donde lideró iniciativas para diversificar la matriz energética y promover el uso de fuentes sostenibles.

Durante su carrera, participó activamente en la planificación y ejecución de proyectos energéticos y en la captación de capitales tanto nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la implementación de políticas de sostenibilidad orientadas al desarrollo del sector energético.

(Con información de EFE)