El avance de líderes y discursos de derecha en América Latina marca una tendencia impulsada por el temor a la inseguridad, con un respaldo popular notable incluso hacia figuras identificadas con la “mano dura” y propuestas de endurecimiento policial, según un análisis de Financial Times. Esta tendencia se vio reforzada por la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, que contó con un amplio apoyo popular en toda la región: un 60% de la ciudadanía se mostró a favor del operativo de los Estados Unidos en Caracas, de acuerdo a una encuesta de AtlasIntel.

A contracorriente de la narrativa tradicional regional, expertos y sondeos muestran que el combate al delito ahora reconfigura el mapa político, arrastrando a candidatos de derecha e izquierda a endurecer sus posiciones mientras la criminalidad echa raíces en la propia política.

El ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador ha motivado a precandidatos y mandatarios de la región a adoptar políticas similares. Su política de encarcelamiento masivo revirtió el elevado índice de homicidios, dotando de legitimidad a su modelo. El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros de América Latina. Financial Times detalla que presidentes como Javier Milei en Argentina y el chileno electo José Antonio Kast se inspiran directa o indirectamente en la gestión del líder salvadoreño.

Según datos de Ipsos, el 55% de los latinoamericanos citan la delincuencia y violencia como su mayor inquietud, frente al 34% promedio mundial; en Chile ese porcentaje sube al 62%. Kast logró una arrolladora victoria sobre una candidata comunista enfocando su campaña en promesas para fortalecer fronteras y combatir la migración irregular y las bandas criminales, plan inspirado en parte por su visita a la mega-cárcel Cecot de El Salvador, inaugurada por Bukele y con capacidad para 40.000 internos.

En Costa Rica, país históricamente ajeno a la militarización, el mandatario saliente Rodrigo Chaves lanzó junto a Bukele el proyecto de una cárcel de máxima seguridad valuada en $35 millones de dólares (alrededor de 32,3 millones de euros) para 5.100 reclusos. Laura Fernández, favorita para sucederlo, promete un enfoque aún más estricto contra el crimen organizado.

Seguridad, prioridad electoral e impacto sobre los movimientos políticos

La percepción de inseguridad trasciende fronteras y reordena la agenda pública en países como Perú y Argentina, históricamente más preocupados por sus crisis económicas. Un sondeo de D’Alessio Irol señala que dos tercios de los argentinos ubican la violencia como prioridad desde diciembre pasado. Milei enmarca la seguridad como parte central de su “batalla cultural” contra el peronismo, responsabilizando a dicho movimiento de “convertir este país en un baño de sangre”.

En Perú, Rafael López Aliaga, favorito para las presidenciales de abril, promete cadena perpetua para delitos graves y califica la situación como “terrorismo urbano”. Solo en los primeros nueve meses de 2025 se han registrado 20.705 casos de extorsión, un aumento del 29% respecto a 2024, mientras que los asesinatos alcanzaron su máximo histórico desde 2017, con 2.213 víctimas.

Colombia y la carrera electoral hacia el endurecimiento

Abelardo de la Espriella, abogado y candidato de la derecha dura, domina la escena preelectoral colombiana tras prometer combatir al “comunismo” y al crimen con “puño de hierro”. Según la encuestadora Gad3, lidera las preferencias conservadoras con el 22%. De la Espriella declara: “La paz solo puede lograrse por la fuerza de las armas y la ley”.

Frente a él se perfila el senador izquierdista Iván Cepeda, aspirante respaldado por el presidente Gustavo Petro. Pese a que de la Espriella defendió como abogado a Alex Saab, cercano al régimen venezolano, sus seguidores no parecen contrariados. En palabras del ex policía Jorge Sarmiento, “es el único que puede evitar que el país se hunda”.

Expertos como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, advierten que ningún candidato ha presentado planes sólidos para abordar la inseguridad, predominando “un instinto de mano dura más que propuestas fundamentadas”.

El modelo Bukele y sus límites: la excepción brasileña

El “efecto Bukele” ha permeado también a gobiernos de izquierda, como México y Uruguay, cuyos presidentes Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi han endurecido su discurso y acciones frente al delito. Sheinbaum revirtió la política de “abrazos, no balazos” y ejecuta deportaciones, detenciones y confiscaciones récord. Orsi llegó a citar a Bukele como “el ejemplo a estudiar”, justificando que la seguridad es un derecho fundamental.

No obstante, Brasil podría marcar una excepción relevante en octubre próximo, advierte Christopher da Cunha Bueno Garman de la consultora Eurasia, ya que a la preocupación por el delito se suma el peso de la pobreza y la salud pública. El presidente Lula da Silva, con una aprobación del 46%, aparece como moderado favorito mientras la oposición derechista busca recomponerse tras la inhabilitación de Jair Bolsonaro.

Garman señala que, aunque la percepción de inseguridad creció bajo Lula, los ingresos reales aumentaron entre 15 y 17% y el desempleo tocó mínimos históricos. Esto podría dificultar que Brasil repita el mismo giro conservador que otros países.

Violencia, política y el riesgo de la infiltración criminal

La normalización de la violencia como tema electoral produce efectos paradójicos: según Financial Times, en Río de Janeiro la policía mató a 420 civiles en los primeros once meses de 2025, 117 de ellos en un solo operativo antinarcóticos. El 43 % de los residentes dice haber presenciado un asalto armado en los tres meses previos. Pese a ello, la mayoría apoya a la policía, aunque analistas como Robert Muggah critican la falta de estrategias sostenidas y advierten que “las fuerzas de seguridad podrían ser responsables de casi un tercio de todas las muertes violentas en Río este año”.

El fenómeno es doble: el crimen no solo aumenta su presencia en el día a día, sino que se infiltra en la política. En México, la consultora Integralia documentó 37 asesinatos de candidatos antes de las elecciones generales de 2024. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se vincula al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El despliegue militar forma parte de la intensificación de "estrategias contra el crimen" en la región de La Libertad, cuya capital es Trujillo, que permanece en estado de emergencia y bajo control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, llegó el sábado último a Trujillo, a más de 550 kilómetros al norte de Lima, para supervisar el despliegue militar en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante su visita a esa ciudad costera, el ministro inspeccionó al contingente de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que participa en operaciones conjuntas con la PNP para garantizar el orden y la tranquilidad en la zona.

"La ciudadanía tiene mucha confianza en sus Fuerzas Armadas, por eso estamos presentes", sostuvo antes de remarcar que el "entrenamiento y alta especialización" de los militares permitirá "apoyar a las operaciones de la Policía Nacional, cumpliendo con el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Astudillo también supervisó la vigilancia de militares en las sedes del Ministerio Público, de la Fiscalía Especial y de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, y visitó el buque multipropósito 'Pisco', donde comprobó las operaciones de la Marina de Guerra y las acciones que se están ejecutando.

Recorrió, además, la capitanía de puerto de Salaverry para supervisar a las patrullas de Infantería de Marina desplegadas en la zona costera e inspeccionó a las Fuerzas Especiales del Ejército.

El Gobierno de Perú anunció el pasado 20 de enero que las Fuerzas Armadas y la PNP tomarían el control de Trujillo, tras un ataque con explosivos que sufrió la sede de la Fiscalía de esa localidad.

La detonación de un potente explosivo causó gran zozobra en la capital de la región de La Libertad, ya que causó heridas en un guardia de seguridad y el conductor de un taxi, además de afectar la fachada lateral del Ministerio Público, un vehículo, y varias viviendas de esa zona de la ciudad.

La Libertad está declarada en emergencia desde hace varios meses por el Gobierno para enfrentar el embate de la delincuencia común y el crimen organizado, que en la zona está vinculado, principalmente, con la minería ilegal de oro y casos de sicariato y extorsión.

El pasado 23 de enero, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ratificó que su país vive "una ola de criminalidad que no se había visto antes", tal como aseguró días antes el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras el atentado de Trujillo.

Santiváñez aseguró que se había puesto en marcha un 'plan de control territorial', que comprenderá "el proceso de asimilación de 1.500 efectivos" a la Policía Nacional, que tengan "como requisito mínimo, el haber prestado servicio militar".

Por su parte, la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, atribuyó el atentado a la minería ilegal y otros ilícitos que son investigados por una fiscal que ha sido amenazada en esa localidad.

El Ministerio del Interior informó, poco después, de la captura de cinco personas presuntamente vinculadas al ataque en Trujillo, a quienes se les incautó municiones, dinamita y equipos electrónicos.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha reiterado la decisión de su Gobierno de aplicar "mano dura" contra sicarios, extorsionadores y asesinos, que serán enviados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada a casi 5.000 metros de altura en una zona remota de los Andes del sur del país. EFECOM

Alejandra Arredondo

San Antonio (EE.UU.), 27 ene (EFE).- La promesa de "mano dura" con la migración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ido avanzando a trompicones durante los primeros días de su mandato.

Mientras que la Casa Blanca y las agencias del Gobierno promueven agresivamente en medios y redes sociales detenciones de migrantes y vuelos de deportación, los números ilustran un incremento leve en la cantidad de acciones migratorias -en comparación con la era del exmandatario Joe Biden (2021-2025).

No obstante, el bombardeo de imágenes en televisión y redes sociales, junto con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entre la población migrante e indocumentada, ha causado miedo.

Trump subió al poder prometiendo llevar a cabo "desde el día uno" la mayor operación de deportaciones en la historia del país. La primera semana de su mandato deja un balance de operaciones dispersas que, según el diario The Washington Post, han provocado la frustración del presidente.

El número detenciones diarias osciló entre los 400 y 593 durante la semana, bajó a 286 el sábado y alcanzó un pico de más de 950 el domingo, según el ICE.

En comparación, en el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), el Gobierno de Biden arrestó a un promedio de 310 personas al día, de acuerdo con el informe anual publicado por el gobierno.

Como consecuencia, la Casa Blanca ha presionado a las agencias gubernamentales encargadas de gestionar la migración que impongan un cuota de arrestos diarios mínimos por agente, para subir el número a entre 1.200 y 1.500 detenciones cada día, detalló el Post.

El encargado de la política migratoria de Trump, el llamado 'zar de la frontera' Tom Homan, indicó el domingo en una entrevista con la cadena ABC News que el Ejecutivo está en la "etapa inicial" de las "deportaciones masivas", centrándose en personas que son una amenaza para la seguridad pública.

La Casa Blanca y funcionarios del Gobierno de Trump como Homan han hecho énfasis en proyectar una imagen de fuerza y en promover las detenciones, invitando a las redadas a periodistas y figuras públicas de medios alineados con el Ejecutivo.

El domingo, el presentador de televisión Dr. Phil transmitió en vivo para su canal de retransmisión en línea MeritTV desde una redada de migración en Chicago.

En la frontera, el Pentágono ordenó desplazar más de 1.500 soldados y las autoridades han usado aviones militares para llevar a cabo algunos vuelos de deportación, una práctica inédita, que provocó este fin de semana una crisis diplomática con Colombia.

La Casa Blanca ha divulgado en redes sociales imágenes de migrantes abordando los aviones, señalando que cumple sus "promesas" e insinuando falsamente que los vuelos no tenían lugar o habían sido congelados durante el Gobierno de Biden.

La administración demócrata, sin embargo, llevó a cabo el mayor número de deportaciones de migrantes en diez años- superando el récord marcado por el anterior mandato de Trump (2017-2021)- al expulsar a más de 271.000 extranjeros en el año fiscal 2024.

Aunque el aumento se debe en parte a las expulsiones en caliente en la frontera, el Gobierno de Biden sacó pecho de haber logrado deportar a migrantes a más de 192 países en unos 7.700 vuelos, según el informe anual de ICE.

Desde que Trump asumió el mandato el 20 de enero no se ha visto hasta ahora un aumento en los vuelos de repatriación, según indicó Tom Cartwright, investigador de la organización organización Witness at the Border.

El uso de aviones militares, opinó Cartwright, es por motivos propagandísticos: "Quieren asustar a la gente y mostrar qué tan crueles pueden ser".

Un avión militar tiene capacidad para entre 75 y 80 personas, mientras que los vuelos de deportación en aviones comerciales pueden llevar a hasta 120 pasajeros.

Los arrestos de ICE, propagados por redes sociales y televisión, tienen como objetivo "difundir el miedo entre las comunidades migrantes", opinó Atenas Burrola, abogada de la organización Amica Center for Immigrant Rights.

El miedo, indicó, afecta a toda la población: "¿Qué pasará si los niños no van a las escuelas porque sus papás no los quieren enviar, o si las personas no acuden a los hospitales o no confían en la policía?". EFE

EL recrudecimiento de la actuación narco en Rosario, con sus jirones de muerte y temor, y el estrépito social que impactó en todo el cuerpo social argentino ponen en el tapete, entre otras cuestiones, la estrategia de mano dura, que creo necesario analizar, no desde la filosofía barata, al decir de Charly García, sino desde la profunda génesis de la referida modalidad criminal y sus variadas y articuladas formas de afrontarla.

Sin ingresar en la crítica puntual de alguna gestión de un gobierno nacional en lo que respecta a la seguridad, desde la restauración de la democracia en el país, y a fin de no insuflar la ya doliente grieta entre las dirigencias que transcurrieron hasta la fecha ni la fatigada paciencia social que sufre esta temática ante tanta miopía institucional, tan solo intentaré hacer un paneo macro del período aludido. Y es allí donde prevalece -no en todo su esplendor justamente- el fracaso casi estrepitoso en los estándares de la seguridad en Argentina.

Para quienes nos dedicamos a las ciencias de la seguridad desde hace tantos años, con experiencia en el diseño y en la implementación de políticas públicas en el territorio, se trata de un derrotero previsible. Es que estamos frente a una suerte de cultura atávica con exclusiva visión y acción reactivas que no puede prosperar, porque el delito y la violencia son problemas sociales y comunitarios, y desde esos contextos hay que priorizar su mejor abordaje. Para ello, debemos, desde los gobiernos en todos sus niveles, dar una clara señal de voluntad política en orden a demostrar que las estrategias en seguridad reactivas y preventivas pueden y deben convivir e interactuar de acuerdo al conflicto a resolver.

A veces prevalece alguna acción reactiva, pero siempre debe estar presente la preventiva. Depende del diagnóstico y de los aspectos a resolver. Pero la prevención debe funcionar como una cobertura integral permanente en lo institucional y lo comunitario. Lo cierto es que, ante el avance de la delincuencia y el padecimiento de las víctimas, se ha instalado y potenciado el reclamo de mano dura. Ello tiene cierta lógica en sociedades donde nunca se utilizaron políticas preventivas con una perspectiva multidisciplinaria, ni donde el sistema penal -siempre en la palestra- ha funcionado como debiera.

La reacción de mano dura en general responde a dos cuestiones: en primer lugar, acompañar un reclamo social generalizado ante la decepción por la inseguridad ya instalada en nuestra sociedad; en segundo lugar, reconocer implícitamente que se ha fallado en la gestión y que adoptar medidas de mano dura -de corto plazo- apaciguará el temor al delito y gozará de la adhesión popular.

Así se sigue procediendo y a la vez naufragando en las políticas públicas que se vienen instaurando. Y la defensa casi más trivial a la que se recurre es denostar a lo que se denomina garantismo. Lo he dicho en reiteradas oportunidades: ser garantista no es un pecado; por el contrario, es una exigencia, porque es respetar la Constitución Nacional. No es ser débil porque cuando se respeta y se cumple la ley, se encuentra el equilibrio que evita que haya impunidad e interpretaciones a veces un tanto estrafalarias y alejadas de la realidad que la norma busca tutelar. Una enorme mayoría de la sociedad argentina –y vale señalarlo- de LATAM exige mano dura atento a la inseguridad reinante que la sigue lacerando todos los días y a toda hora.

Y muchos de nuestros gobernantes súbitamente se despiertan de un añejo letargo en la búsqueda, un tanto demagógica, de mostrarse ocupados y con el ceño fruncido por dicha temática. La situación en el país es un ejemplo de ello.

El avance del narcotráfico y su descentralización minorista, denominada narcomenudeo, nos azota y exhorta a la máxima atención y actividad de los gobiernos. Lamentablemente, ante el nutrido desconsuelo social, lo que más importa en la era de la internet son la foto y los anuncios sobre iniciativas de corte reactivo en las redes, como una suerte de panacea improductiva frente al agobio que le genera la inseguridad a nuestros pueblos. Se exacerba y privilegia una sobreexposición mediática que se contrapone con los resultados que se obtienen de las estrategias dispuestas, generalmente erráticas y fragmentarias.

Mientras eso sucede, las víctimas del delito y de la violencia continúan siendo ultrajadas en su dignidad, golpeadas en su autoestima y revictimizadas. Con un plus que describe la victimóloga más prestigiosa de nuestro país, la Lic. Hilda Marchiori, que resulta del maltrato que les profesa el sistema penal y, lo que es aún peor, la falta de solidaridad de la propia comunidad que llega muchas veces al extremo de ridiculizar a la víctima pidiéndole valentía frente a la cobardía del delincuente. La víctima debe dejar de ser un objeto de prueba para ser un verdadero sujeto de derechos. Y en ello también hay que actuar.

¿Por qué involucro también a la comunidad? Porque hoy la seguridad no es solo monopolio del Estado, aunque sí es el principal responsable. El delito es un problema social y comunitario, como lo define la criminología moderna, que debe abordarse desde todas las aristas que lo engendran. Esto es, con un enfoque multidimensional.

Y ahí quería llegar para analizar lo de la mano dura, porque es justo en esta perspectiva institucional donde hay que poner mano dura. Y no desde el populismo, que solo busca congraciarse con un único norte electoralista y cortoplacista. Es decir, hay que poner MANO DURA con los factores de riesgo que nutren los comportamientos delictivos y violentos. Esto es, en la labor contra la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la cultura arraigada de la violencia en general y la de género en particular, en la reducción del consumo de alcohol y drogas, el fácil acceso a las armas de fuego, la real y concreta resocialización y rehabilitación del condenado y la falta de sentido y horizonte de vida en los segmentos juveniles.

Reitero: es allí donde los gobiernos deben poner mano dura. Lo que significa, ni más ni menos, ocuparse. No es sencillo ni automático, pero es el sendero dominante por el cual hay que transitar. Y la cogestión ciudadana es relevante porque es la diagnosticadora más implacable de lo que sucede y porque, además, la mayoría de las veces es más sapiente que sus dirigencias. Y por supuesto, los integrantes que conforman el trípode del sistema penal – justicia- policía y sistema carcelario- deben estar más presentes con mayor dinamismo y a veces preparación para cumplir con su esencial tarea. Esta coordinación entre todos los actores no solo es posible, es imprescindible.

Para finalizar con esta humilde prédica escrita, en las políticas públicas de seguridad, la reacción y la prevención son compatibles, fundamentalmente porque esta última le otorga, mirando desde lo alto e hilando desde el entramado social, una respuesta superadora al fenómeno delictivo y un cauce natural a la reacción cuando la situación así lo exige.

Tanto Rosario como todo el país así lo requieren, desde esa doble mirada. Y, tal como lo venimos proponiendo desde el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR), buscamos avanzar en la suscripción de parte del Sr. Presidente de la Nación y los gobernadores a un “Acuerdo de Lucha Integral contra el Narcotráfico”, como una suerte de contrato de responsabilidad a la que deben adherirse todas las fuerzas políticas del país. Por ejemplo, y a título personal, agregarle al Pacto de Mayo -o como se denomine el acuerdo al que se debe arribar- un punto 11, neurálgico, para la mejor gobernanza y seguridad de nuestro país.