La relación entre los ingresos de los trabajadores y el costo de los materiales y la mano de obra es uno de los indicadores más críticos para medir el acceso a la vivienda en Argentina. La evolución de estas variables resulta fundamental para comprender si la brecha entre el costo de edificación y los salarios se ha ampliado o reducido.

Si bien está claro que construir una casa desde cero es una misión difícil, un análisis de las diferentes variables permiten conocer con precisión qué tan costoso puede ser. De acuerdo con un informe publicado por la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), el valor del m2 llegó a $ 1.994.703 en diciembre pasado. Ese monto no incluye el IVA de los materiales ni de la mano de obra. Tampoco considera la incidencia del terreno ni el beneficio de la empresa constructora.

Tomando la medición de Apymeco como base, se puede deducir fácilmente que el costo de una vivienda de 100 m2 alcanza un valor de $199.470.300.

Ahora bien, ¿cuántos salarios se necesitan para alcanzar esa cifra? Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Capital Humano, el ingreso promedio de un trabajador asalariado formal alcanzó un valor de $1.928.028 brutos en diciembre. Descontando los aportes, queda un neto de $1.600.263.

Con los números claros, se puede deducir que para construir una vivienda de 100 m2, un trabajador registrado debería destinar 124,6 salarios netos completos a ese fin. Por supuesto, es una comparación alejada de la realidad, dado que en la práctica el costo de vida se lleva la mayor parte del salario, pero la relación entre el sueldo y el m2 de construcción sirve para medir cuál es el peso que la casa propia puede tener para un trabajador.

La brecha se acorta

Como los números lo demuestran, si un asalariado del sector privado formal destinara el 100% de sus ingresos a construir una casa de 100 m2, tardaría más de diez años en pagarla. Sin duda es un tiempo más que significativo, pero si se analizan los datos históricos, tanto de salarios como de m2, se puede sacar una conclusión positiva: construir se ha vuelto más económico en términos relativos.

Un año atrás, en diciembre de 2024, el salario neto promedio era de $1.228.376, mientras que una vivienda de 100 m2 costaba $159.797.400, lo que significa que se requería de 130 sueldos completos para terminar la edificación. En otras palabras, en un año el costo de la vivienda propia se acortó poco más de cinco salarios.

La diferencia es mucho más notoria si se va más atrás en el tiempo. Según los datos oficiales, en diciembre de 2023 el salario promedio neto de un trabajador registrado era de $486.999. Ese mismo mes, Apymeco informaba que el valor del m2 era de $962.307, por lo que se necesitaba invertir $96.230.700 para construir un total de 100 m2. La relación entre ambas variables demuestra que se requería de 197 salarios netos para llegar a completar la obra.

Por debajo de la inflación

Para hacer la comparación entre el costo de construcción y los ingresos de los trabajadores se tuvieron en cuenta los valores de diciembre de 2025, debido a que el dato oficial más reciente de salarios corresponde a ese mes. No obstante, Apymeco ya publicó su relevamiento de costos de la construcción correspondiente al mes de febrero de 2026.

Según el estudio, edificar un m2 en Buenos Aires cuesta ya $2.028.032, sin incluir IVA, terreno ni beneficio del constructor. Lo llamativo, es que en el último año el costo de construcción avanzó 20,67%, en un período en el que la inflación general fue de 33,1%. Eso significa que los costos de los materiales y mano de obra subieron en promedio 12,43 puntos porcentuales menos que el IPC general.

El ritmo de los incrementos es también más bajo que los salarios. De acuerdo con el Indec, entre enero de 2025 e igual mes de este año (último dato disponible), los ingresos de los asalariados formales avanzaron en promedio 29%. Ese escenario, de ingresos aumentando a mayor ritmo que el costo de la construcción, explica por qué ahora se necesitan menos sueldos que hace un año para construir la misma vivienda.

Durante el primer mes de 2026, el sector de la construcción consolidó una tendencia de desaceleración en sus costos operativos. Según los datos oficiales y los relevamientos de las cámaras empresariales, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró un incremento del 2,3% en enero. Esta cifra marca una distancia relevante respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el mismo período se situó en el 2,9%.

La coincidencia técnica entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) sobre el nivel general de aumento (2,3%) confirma un escenario de menor presión inflacionaria para el rubro en comparación con la economía general. No obstante, el análisis pormenorizado revela matices y divergencias en el comportamiento de los insumos, la mano de obra y los distintos ítems que componen una obra civil.

Cuánto subieron los materiales y la mano de obra

El reporte de Indec señala que la suba del nivel general fue impulsada principalmente por el capítulo de Mano de obra, que presentó un alza del 3,1%. Este movimiento responde a la aplicación de los acuerdos salariales de la Uocra, homologados a mediados de enero, que impactaron tanto en el personal asalariado como en los subcontratos. En contraste, los datos del sector privado estiman que la mano de obra para un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires creció un 2,8%.

En el rubro de los Materiales, se observa una de las mayores brechas. Mientras que el informe público registró una suba moderada del 1,4%, los relevamientos de las cámaras del sector ubicaron este incremento en un 2,1%. Esta diferencia técnica suele atribuirse a la ponderación de los insumos y a las metodologías de relevamiento: el INDEC mide una canasta amplia en el Gran Buenos Aires, mientras que las entidades empresariales suelen enfocarse en modelos específicos de edificios torre en CABA.

El tercer componente del índice, los Gastos generales, mostró un avance del 2,2%. Este segmento estuvo influenciado por las revisiones tarifarias en los servicios de electricidad (Edenor y Edesur), así como por actualizaciones en los valores de conexión de agua, cloacas y gas autorizadas por los entes reguladores.

El detalle por ítem

Al desagregar el costo según las tareas específicas que conforman la ejecución de una obra, se detectan comportamientos dispares. Los ítems vinculados a las etapas iniciales y estructurales fueron los que más presionaron el índice hacia arriba:

El ítem de “estructura” lideró los aumentos con un 3,0%. Le siguió más abajo la albañilería, que registró una suba del 2,8%. Más atrás aparecen “otros trabajos y gastos” (aumentó un 2,4%) y los “movimientos de tierra” y “carpintería de madera”, ambos sectores marcaron un incremento del 2,1%.

En el extremo opuesto, algunos rubros mostraron estabilidad o incluso deflación mensual. El ítem de “ascensores registró una caída del 1% en enero , mientras que el rubro de vidrios no presentó variaciones. Por su parte, la pintura subió apenas un 0,8%, posicionándose muy por debajo del promedio general.

Insumos y servicios: el impacto de las tarifas

Dentro del grupo de materiales, la dispersión de precios fue notable. El mayor incremento se dio en los cables y conductores de media y baja tensión, con un salto del 4,9%. Le siguieron las piezas de carpintería y los productos de hormigón y cemento, ambos con una suba del 2,7%.

Sin embargo, otros insumos básicos mostraron una calma mayor. Según los datos del Indec, el cemento portland normal en bolsa aumentó un 3,2% , pero el acero aletado conformado en barra solo creció un 0,9%. El ladrillo cerámico hueco se mantuvo sin cambios durante el mes de enero.

En cuanto a los servicios asociados a la construcción, se destacó el costo de alquiler de equipos. El alquiler de andamios subió un 4,9% , seguido por las camionetas con un 3,8%. Otros servicios de maquinaria pesada, como la pala cargadora y la retroexcavadora, tuvieron incrementos del 2,3%.

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires registró en noviembre una suba de 2,5% respecto del mes anterior y acumuló un incremento interanual de 31,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En lo que va de 2025, el aumento acumulado alcanza el 21,1%.

De esta manera, el indicador empató con la inflación del undécimo mes del año. El resultado mensual fue consecuencia de las alzas de 1,4% en el capítulo Materiales, 3,6% en Mano de obra y 1,8% en Gastos generales.

De acuerdo con el detalle oficial, la mayor incidencia en la variación mensual del índice estuvo explicada por el capítulo Mano de obra, que aportó 1,70 puntos porcentuales al aumento del nivel general. En tanto, Materiales contribuyó con 0,62 puntos y Gastos generales con 0,18 puntos porcentuales.

El impacto del acuerdo salarial

El Indec explicó que el incremento del capítulo Mano de obra en noviembre estuvo vinculado al acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), fechado el 14 de noviembre de 2025 y homologado el 20 de noviembre. “El capítulo ‘Mano de obra’ incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con fecha 14 de noviembre de 2025”, precisó el organismo. El acuerdo es aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde noviembre y contempla también una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Dentro de este capítulo, la mano de obra asalariada registró un aumento mensual de 4,1%, con una variación interanual de 48,2%, mientras que los subcontratos de mano de obra subieron 1,2% en el mes y 25,9% en la comparación con noviembre de 2024. En lo que va del año, la mano de obra asalariada acumuló un incremento de 22,7% y los subcontratos, de 19,3%.

Actualizaciones tarifarias y gastos generales

El capítulo Gastos generales también reflejó actualizaciones regulatorias. El mismo incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de noviembre”, indicó el informe. Además, incluyó una actualización autorizada por la Secretaría de Obras Públicas en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, y una actualización dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en los valores de los conceptos de la conexión de gas.

Evolución de los materiales y los ítems de obra

En el desagregado de materiales, el informe mostró aumentos mensuales destacados en muebles de madera para cocina (6,9%), pinturas y afines (2,6%), ladrillos y otros productos cerámicos (2,2%) y aberturas metálicas y rejas (2,1%). Entre las menores variaciones del mes se ubicaron los ascensores, con una baja de 0,3%, las mesadas de granito (0,2%) y los artefactos de iluminación y portero eléctrico (0,3%).

El análisis por ítem de obra mostró que, en noviembre, los mayores incrementos mensuales se registraron en albañilería (3,4%), estructura (2,9%), carpintería de madera (2,8%) y movimiento de tierra (2,8%). También se observaron subas de 2,1% en carpintería metálica y herrería y en pintura. En el extremo opuesto, ascensores presentó una variación negativa de 0,3%, mientras que vidrios aumentó 0,5% e instalación sanitaria y contraincendios, 0,8%.

En la comparación interanual por ítem de obra, los mayores aumentos correspondieron a albañilería (40,7%), movimiento de tierra (40,2%) y estructura (33,7%). En tanto, pintura mostró una variación interanual de 14,3% y yesería, de 22,3%.

La suba según la vivienda

El informe del INDEC también incluyó datos sobre el costo de construcción de modelos de viviendas. En el caso de la vivienda multifamiliar, el costo registró en noviembre una suba mensual de 2,4%. En lo que va de 2025, este tipo de vivienda acumuló incrementos mensuales que oscilaron entre 0,3% en marzo y 2,7% en septiembre.

Para la vivienda unifamiliar, el costo aumentó 2,8% en noviembre, luego de una suba de 1,8% en octubre. En el acumulado de 2025, el informe mostró variaciones mensuales que incluyeron registros negativos en marzo (-0,3%) y abril (-0,2%), seguidos por aumentos en los meses posteriores.

El Indec recordó que el Índice del costo de la construcción mide las variaciones mensuales del costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano bonaerense. Asimismo, aclaró que “en el cálculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales, los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA), ni los gastos financieros”.

Con el aumento de 2,5% registrado en noviembre y una variación interanual que supera el 30%, el índice volvió a reflejar la incidencia de la dinámica salarial, los ajustes tarifarios y la evolución de los precios de los insumos en el costo de la construcción en el Gran Buenos Aires.

El sector de la construcción en España atraviesa un periodo de crecimiento inesperado, después de meses de estancamiento. Según los datos de Eurostat recogidos por COPE, en junio la actividad del ladrillo experimentó un aumento interanual del 31,4 %, favorecida por el impulso de nuevas obras, la rehabilitación de viviendas y la activación de infraestructuras públicas.

No obstante, no todo es positivo, parte del crecimiento se debe a la comparación con un año anterior especialmente débil y, además, persisten problemas como el encarecimiento de los materiales, la lentitud administrativa en licencias y trámites, y la escasez de trabajadores cualificados.

Sobre este último desafío ha reflexionado Cristian Lara, albañil y empresario, en el pódcast ‘Sector Oficios’, donde analiza junto a su pareja Anabel la dificultad de encontrar personal preparado y las condiciones salariales del sector.

Escasa diferencia salarial entre oficiales y peones

“No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia", sostuvo el profesional durante su intervención. Esta pequeña brecha salarial resulta, a su juicio, inasumible para cualquier empresa que pretenda retener talento y motivación en su plantilla. Lara mostró su preocupación por el desgaste que genera en los trabajadores más experimentados esa escasa diferencia: “¿Qué pasa con el oficial? Pues que lo quemas, porque dice ‘este (el peón) está cobrando solo 100 euros menos’”, explicó en el podcast.

El empresario y trabajador de obra detalló que los convenios actuales establecen un salario limpio de 1.800 euros, aunque intentando alcanzar cifras más altas con horas extra: “Son 1.800 euros limpios, pero sumando las horas extra y demás... intentamos que la cifra total ascienda a los 2.400 euros“.

Sin embargo, Lara advierte que los salarios no están a la altura de la responsabilidad del oficio, y recalca la importancia de remunerar adecuadamente a quienes marcan la diferencia en cada proyecto: “Un profesional que te coloque azulejos bien, al que le puedas explicar el trabajo y lo deje hecho, debería estar cobrando 2.800 euros al mes", recalca, subrayando el valor de la destreza y el compromiso.

Dificultades para encontrar mano de obra cualificada

El auge de la construcción ha traído consigo un obstáculo creciente: la falta de personal cualificado y verdaderamente dispuesto a trabajar en el sector. Cristian Lara lamenta la dificultad de encontrar peones preparados: “A día de hoy es difícil encontrar un peón muy bueno... de los últimos diez peones, me queda uno”, explicó, evidenciando el alto nivel de rotación que vive el sector.

Dicha escasez de personal comprometido ha llevado a Lara a priorizar la contratación de trabajadores autónomos en ciertos casos, por la facilidad de gestión y el menor riesgo: “A veces, es más rentable contratar un autónomo porque el sistema de facturación es más sencillo”. Pese a ello, aclara que su objetivo siempre es mantener un equipo propio y solo recurre a autónomos para proyectos de mayor envergadura.

Las nuevas formas de reclutamiento, “un fracaso”

El tradicional método de búsqueda de empleados a través de portales de empleo ha resultado insatisfactorio para muchos pequeños empresarios como Cristian Lara. Tras repetidas experiencias fallidas, su confianza reside en la recomendación personal, ya que todas las experiencias con personas que contactaron con él a través de dichos portales fueron “un fracaso”.

Mientras la actividad crece, las dificultades estructurales del sector -falta de mano de obra cualificada, escasa diferencia retributiva y canales de reclutamiento poco efectivos- amenazan con ralentizar el ritmo alcanzado. La urgencia, para empresarios como Lara, no es solo mantener el impulso, sino dignificar el oficio para asegurar una plantilla profesional, motivada y competente.

El mercado laboral Estados Unidos experimentó una desaceleración significativa desde la recuperación pospandémica. Grandes corporaciones tecnológicas como Meta, Amazon, Walmart y Microsoft optaron por recortar personal, congelar contrataciones o sustituir empleos por sistemas automatizados.

Esta tendencia golpeó especialmente a profesionales de cuello blanco, como Chelsea Walker, especialista en recursos humanos de 42 años, quien relató al Daily Mail que, tras ser despedida de TikTok en septiembre de 2024, envió más de 1.300 solicitudes de empleo sin éxito. “No tengo control sobre mi futuro. Mi casa está en juego y mis perspectivas son extremadamente escasas”, afirmó Walker, reflejando la incertidumbre que viven millones de estadounidenses.

Sin embargo, mientras 7,4 millones de personas permanecen desempleadas, sectores como la salud, la logística y los oficios calificados reportan una escasez crónica de mano de obra. De acuerdo con cifras de ZipRecruiter, los empleadores no logran contratar suficientes enfermeros, conductores de camión, técnicos en climatización (HVAC) y trabajadores de la construcción, entre otros perfiles. Muchos de estos puestos ofrecen salarios cercanos a los USD 100.000 anuales y, en algunos casos, bonificaciones de contratación de hasta USD 10.000.

Sector salud: enfermeros y médicos entre los empleos difíciles de cubrir

En el sector salud, la demanda de enfermeros titulados encabeza la lista de vacantes difíciles de cubrir. Actualmente existen 202.000 ofertas activas para este puesto. La necesidad de personal en hospitales y centros de atención se intensificó por el envejecimiento de la población y la jubilación de profesionales experimentados.

Según Liz Bentley, consultora independiente citada por el Daily Mail, “las empresas no logran contratar suficientes enfermeros y coordinadores de atención”. Además, los médicos de familia vieron un aumento del 50% en las ofertas de empleo desde septiembre de 2024.

Comercio minorista y atención al cliente: alta rotación y demanda constante

El comercio minorista y los servicios de atención al cliente también figuran entre los sectores con mayor rotación y dificultad para retener empleados. Cajeros, encargados de tienda, teleoperadores y personal de limpieza ocupan cinco de los veinte puestos más buscados, según ZipRecruiter.

Oficios calificados y logística: oportunidades para quienes buscan cambiar de carrera

En el ámbito de los oficios calificados y la logística, la escasez de trabajadores se covirtió en un obstáculo para el crecimiento de industrias clave.

Conductores de camión, repartidores, electricistas, técnicos en climatización, trabajadores de la construcción y estilistas experimentaron un aumento de entre el 3% y el 12% en las ofertas de empleo.

La falta de relevo generacional, ya que los jóvenes no ingresan a programas de aprendizaje y los profesionales veteranos se retiran, generó un cuello de botella en la contratación.

Impacto de la automatización y la inteligencia artificial en el mercado laboral

La automatización y la IA transformaron radicalmente el acceso al empleo en áreas tecnológicas y administrativas. Laura Gassner Otting, exdirectora ejecutiva y asesora de la Casa Blanca, señaló al Daily Mail que “la IA y la automatización están eliminando muchos puestos de entrada”. Esta tendencia afecta especialmente a jóvenes profesionales, quienes encuentran cada vez menos oportunidades para iniciar sus carreras.

Gassner Otting advirtió que las mujeres son las más perjudicadas por estos cambios, ya que enfrentan mayores dificultades para ascender y ven limitado su potencial de ingresos, además de verse afectadas por los costos de cuidado infantil y las exigencias de retorno a la oficina.

Bryce Batts, cofundador de Career Collective, añadió que los empleadores buscan candidatos capaces de asumir rápidamente roles de liderazgo, lo que deja fuera a quienes carecen de experiencia previa. Según Batts, “no es raro que los profesionales envíen más de 50 solicitudes y sigan buscando empleo durante cuatro o seis meses”.

Las cifras oficiales refuerzan este panorama: en septiembre, la estimación de ADP indicó una pérdida de 32.000 empleos en la economía estadounidense, mientras que los datos federales fueron revisados a la baja de forma constante. Así, el mercado laboral de 2025 se perfila como un escenario de contrastes, donde la abundancia de vacantes en sectores esenciales convive con la escasez de oportunidades en áreas tecnológicas y administrativas.

En este contexto, la experiencia de buscadores de empleo como Chelsea Walker ilustra la frustración de quienes, pese a su formación y trayectoria, solo esperan una oportunidad para demostrar su valía, incluso si eso implica aceptar condiciones menos favorables que en el pasado.

Los 20 trabajos más demandados

1. Enfermero/a registrado/a
2. Enfermero/a práctico/a licenciado/a
3. Cuidador/a de personas mayores
4. Coordinador/a de atención médica
5. Médico/a de familia
6. Cajero/a
7. Gerente de tienda
8. Personal de limpieza en comercios
9. Teleoperador/a
10. Vendedor/a
11. Empleado/a de atención al cliente
12. Conductor/a de camión
13. Repartidor/a
14. Estilista o peluquero/a
15. Trabajador/a de la construcción
16. Electricista certificado/a
17. Técnico/a en climatización
18. Técnico/a de mantenimiento
19. Personal de restaurante
20. Especialista o gerente en ventas de salón

La lista agrupa tanto empleos calificados como posiciones de atención al cliente y oficios técnicos, todos con alta demanda en el mercado laboral actual de Estados Unidos.

Con apenas 23 años, Andrea García se ha convertido en una de las transportistas más jóvenes en España. Lo suyo no fue herencia ni tradición familiar, sino pura vocación. Nadie en su casa se había subido nunca a un camión, pero desde pequeña sentía fascinación por los coches y la carretera. Esa curiosidad se transformó en una decisión determinante cuando, con 21 años y medio, se sacó el carné de camión rígido. Un año más tarde, ya estaba al volante de un tráiler articulado. “De momento soy la camionera más joven de España”, cuenta en una entrevista con La Voz de Galicia.

El inicio no fue sencillo. Recuerda la sorpresa de sus padres cuando les anunció que quería dedicarse a la conducción profesional: “cuando se lo conté a mis padres se quedaron flipados. No se les había pasado por la cabeza que quisiera ser camionera. Pero me apoyaron mucho desde el primer momento”. Apenas obtuvo la licencia, ya estaba trabajando. En menos de dos años ha pasado por tres empresas, siempre encadenando empleos y sin conocer lo que es estar en paro.

La experiencia, sin embargo, no siempre fue amable. Andrea explica que, en su primer trabajo, los compañeros fueron muy cordiales con ella, pero en otra empresa vivió lo contrario: veteranos del sector que le repetían que no sabía lo que era conducir, que por ser mujer no servía, que su juventud era un obstáculo. Ella decidió no contribuir a la discusión y responder con sus acciones: seguir trabajando, aprender rápido y demostrar con su conducción que estaba a la altura.

Una cotidianeidad al volante

Andrea describe sus jornadas con naturalidad: cargar el camión, llevar la mercancía al punto de destino y descargar. A veces el viaje es corto, de apenas 20 kilómetros, otras veces, puede superar los 100 kilómetros. Lo que más disfruta es el momento de la conducción, cuando la carretera se abre frente a ella. Trabaja con turnos rotativos y, aunque reconoce que las noches son más duras porque el cansancio puede aparecer de golpe, nunca ha tenido ningún accidente o contratiempo. También confiesa un detalle que marca su rutina: nunca duerme en el vehículo. Ella es de las que prefiere regresar a casa y descansar allí, evitando las áreas de servicio.

Al principio, adaptarse al ritmo de trabajo fue complicado. “Fue un cambio drástico y lo llevé mal, pero con el tiempo me acostumbré”, reconoce. Hoy se siente cómoda incluso con las maniobras más complejas de ejecutar, algo que en sus primeros meses se le hacía cuesta arriba. Aparcar un camión rígido es más sencillo, explica, pero ya tiene dominada la medida de los vehículos articulados, con los que trabaja a diario.

Más allá del volante, Andrea ya imagina un futuro ligado al transporte desde otro lugar: le gustaría ser gestora de tráfico en una empresa, organizando rutas y coordinando flotas. Mientras tanto, celebra que cada vez haya más mujeres camioneras en España, muchas de las cuales se conocen e interactúan a través de redes sociales, compartiendo experiencias similares.

La joven también lanza una advertencia sobre el sector: la media de edad de los camioneros ronda los 50 años y en pocos años muchos se jubilarán sin relevo generacional suficiente. “Es un problema importante, porque todo se transporta por camión”, subraya. En ese escenario, su propia historia demuestra que el transporte puede ser una salida laboral atractiva para una nueva generación de jóvenes.

Asistimos a un momento coyuntural donde la falta de mano de obra en algunos sectores laborales ha hecho saltar las alarmas. Uno de los sectores más afectados por el descenso de talento es el campo. Los jóvenes han orientado su vida profesional hacia otros oficios, alejándose poco a poco de las duras condiciones de las labores agrícolas y ganaderas. Esto no solo constituye un problema para la agricultura española, sino también para muchos profesionales del sector, preocupados ante la inexistencia de un relevo generacional dispuesto a hacer frente a los nuevos desafíos. Con el paso del tiempo, las personas se van haciendo mayores y, poco a poco, cada vez, están menos capacitadas para realizar con éxito y eficiencia determinadas tareas físicas. La gente joven, por el contrario, constituye una mano de obra imprescindible en sectores laborales donde la organización y el esfuerzo físico vertebran el día a día.

El testimonio de un agricultor

Juan Francisco Rodríguez Chamorro, un agricultor extremeño, ha participado recientemente en CGU Canal de Orellana. En el programa fue entrevistado para conocer y divulgar la situación del campo en nuestro país. Uno de los principales problemas, explicó preocupado, es la falta de mano de obra. Si bien es consciente de lo que supone el trabajo agrícola -esfuerzo físico, sacrifico- considera que muchos jóvenes tan solo quieren vivir de las redes sociales.

“La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers. No quieren trabajar, no quieren ser profesionales de nada. Y no solo en el campo, en cualquier sector hace falta mano de obra”, declara Chamorro.

Aunque esto pueda suceder en algunos casos, haciendo que muchas personas aspiren a los estilos de vida prefabricados que ven por internet, una mirada panorámica a la realidad actual y comprometida de la formación joven, demuestra la existencia de un tejido profesional cualificado en España. No obstante, los jóvenes, cada vez más conscientes de las contradicciones del capital y del trabajo, han intentado orientar sus futuros profesionales hacia otros oficios. Entre los motivos de peso se encuentran los bajos ingresos y las condiciones tan inestables que consideran que podrían llegar a experimentar. También, en la última década, un importante éxodo rural del campo a las ciudades y un mayor grado de democratización de la formación profesional y los grados universitarios, ha hecho que la juventud opte por otras profesiones.

Por otro lado, el agricultor dijo en la entrevista que el mayor de los problemas era la concesión de ayudas: “El peor tema de todos son las ayudas. Nos encontramos con miles de personas metidas en el INEM y resulta que echan números: 500 euros de ayuda, 200 euros de ayuda del gasoil, y no tener que trabajar ni le pican los mosquitos ni nada de eso. Ganan 100 euros menos que yendo a trabajar. No vienen a trabajar y esa es la triste realidad”.

Según el agricultor, la escasa diferencia entre lo que se percibe trabajando en el campo y la cuantía de la prestación por desempleo explica en parte la falta de mano de obra. Aun así, subraya que el problema no es solo económico, sino también de capacitación: apenas se encuentran personas con la formación o la experiencia necesarias para afrontar las exigencias del trabajo agrícola.

En consecuencia, no se muestra optimista con respecto al futuro de la profesión: “Cuando los mayores de 50 años en adelante se vayan retirando, aquí no habrá gente ni para echarte gasolina. Hay buenos trabajadores, pero la mayoría está colocada en los sitios grandes" reconoce.

A día de hoy, muchas profesiones tradicionales han dejado de tener atractivo entre la sociedad joven, y una de las más afectadas es la albañilería. Lo que antes era una salida laboral habitual, hoy es un oficio en riesgo de desaparición. Ser albañil ya no es una aspiración, y la falta de relevo generacional ha provocado una escasez crítica de mano de obra en el sector de la construcción.

Esta situación no es nueva, pero se agrava cada año. El albañil y empresario del sector Pascual, entrevistado en el canal de YouTube de Adrián G. Martín, explicó con claridad los retos actuales: “Tengo cuatro obras en marcha y necesito personas que sepan gestionarlas, pero me encuentro con poca gente preparada. Necesito jóvenes que quieran aprender, pero no los encuentras”.

Según un estudio de BBVA Research, el envejecimiento en la albañilería es evidente. En 2007, el 20% de los trabajadores del sector tenía menos de 30 años. Hoy, ese número se ha desplomado hasta un escaso 5%. En contraste, los albañiles mayores de 45 años ya superan el 65% del total, cuando hace apenas dos décadas representaban poco más del 30%. Una señal clara de que las nuevas generaciones no están entrando en el oficio.

“No saben trabajar”

Pascual lo resume de forma contundente: “No hay relevo generacional”. Esta frase refleja no solo su experiencia, sino la de muchos empresarios del sector que luchan por sacar adelante sus proyectos sin suficiente personal cualificado.

Ante esta escasez de trabajadores locales, el vacío lo están llenando, en parte, inmigrantes que se incorporan con ganas, pero a menudo sin la formación necesaria. “Viene gente de fuera, sí, pero profesionales de verdad faltan muchos. Encuentras personas que llegan, pero realmente no saben trabajar”, comenta Pascual.

Pero ¿por qué ha dejado de interesar esta profesión? Para muchos jóvenes, el problema está en las condiciones: trabajos físicamente exigentes, horarios largos y sueldos que, en muchos casos, no compensan el esfuerzo. Además, la falta de prestigio social y la limitada proyección profesional hacen que oficios como el de albañil pierdan aún más atractivo frente a otras opciones.

“Antes encontraba gente que iba a trabajar, no digo gratis, pero sí con la idea de aprender el oficio. Después ya ganabas dinero, pero primero había que formarse, y ahora esto no se da”, recuerda Pascual. Él mismo empezó desde abajo, como peón, aprovechando cada momento libre para aprender. “Cuando los oficiales se iban a comer, yo cogía los ladrillos y practicaba”, relata con nostalgia.

El modelo actual ha cambiado, y formar a un joven hoy en día implica un coste considerable para el empresario. “No sé si la solución es dar más facilidades a los empresarios para tener jóvenes en formación, porque al final, claro, si cada seguro te cuesta 700 euros y la persona todavía no rinde, no sale a cuenta”, plantea Pascual, señalando una de las grandes barreras que impiden integrar aprendices al oficio.

Mientras tanto, las nuevas generaciones apuestan por sectores como la tecnología, el marketing digital o el diseño, donde encuentran mayores oportunidades de crecimiento, mejores condiciones y un reconocimiento social que la construcción no suele ofrecer.

El sector de la construcción está atravesando un problema que comienza a afectar a su productividad y crecimiento. El factor asociado que preocupa a sus trabajadores es la falta de mano de obra en la industria, es decir, gente joven con interés en dedicarse al sector. Además, esto está propiciando, al mismo tiempo, que las grandes exigencias físicas que se demandan de la actividad continúen recayendo en las personas que comienzan a ser demasiado mayores para algunos esfuerzos físicos. La falta de demanda laboral y la escasez de talento convergen en un relevo general insuficiente que comienza a preocupar a los trabajadores. “La gente no quiere trabajar en la obra porque es un sector sacrificado”, explica el jefe de la constructora ‘ETOSA’, José Ramírez.

El testimonio de Manuel

Esto mismo opina Manuel, un hombre de 57 años que lleva toda su vida trabajando en la construcción. Informativos Telecinco recoge su testimonio: “Me levanto a las cinco de la mañana y llego a casa a las ocho de la tarde. Mucho sol, calor y exigencias” declara. Esto pone de manifiesto el enorme sacrificio que supone dedicarse al sector de la construcción. Ejercicio físico, condiciones ambientales adversas y un levantamiento de peso constante, llegando a desplazar unas 900 piezas de ladrillo, lo equivalente a 4 kilos de peso. Su historia se enmarca dentro de una generación de obreros que sufrió, en primera persona, el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando muchas empresas del sector redujeron su plantilla a la mitad. Ahora, es testigo de un descenso preocupante de talento y mano de obra. “Nosotros somos la última generación que queda. No hay un relevo”.

Problemas sintomáticos del sector

La falta de suelo urbanizable, la falta de mano de obra y los incompatibles plazos de construcción, propician un problema general sintomático en la industria, donde los diversos factores adversos, se interrelacionan. A consecuencia de esa falta de demanda laboral, se produce un problema de eficiencia que, por un lado, afecta a los clientes, pero sobre todo, a los trabajadores que se ven en la necesidad de asumir más tareas de las que les correspondería (o aumentar el ritmo de trabajo de formas que fácilmente pueden comprometer su bienestar). Además, en términos económicos, según informa María López, directora comercial de Impact Homes, los retrasos provocan sobrecostes, lo que se traduce de forma paralela en un incremento considerable de los precios. Todo el trámite que es necesario para tener un suelo finalista es un problema muy importante de plazos”, explica Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. A lo que añade José Percho, vicepresidente del Grupo Ibosa: “El que compra la vivienda no ve el día en el que le entreguemos las llaves”.

En consecuencia, entre las medidas que se están empezando a contemplar, encontramos “la construcción de viviendas a partir de baños prefabricados”. Esto con el objetivo de reducir los costes y acelerar el trabajo.

La situación se acentúa en un momento coyuntural en el que asistimos a un grave problema de vivienda. El aumento de los costes de producción, la falta de mano de obra, la especulación inmobiliaria y la falta de suelo urbanizable, representa un problema urgente en el caso español. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) lleva ya mucho tiempo alertando de que el problema de la vivienda en España no se puede solventar si no se soluciona la falta de mano de obra en el sector. 700.000 trabajadores son los que harían falta, según La Patronal.

En un contexto en el que el 94% de las empresas de construcción en España sufre falta de personal cualificado, la presencia femenina continúa siendo excepcional en este sector. Datos del Observatorio Industrial de la Construcción sitúan a las mujeres en sólo un 11,2% del total de profesionales. Una realidad que, según la trabajadora del sector Cristina Moya (Kiki) y la arquitecta Laura Baquero, se repite tanto en la obra como en los despachos, y se combina con salarios estancados y una percepción social del oficio poco favorable.

Los expertos coinciden en que el sector afronta un problema de relevo generacional y de atracción de talento. Así, la construcción suma más de 700.000 puestos de trabajo sin cubrir, una cifra que se ha cuadruplicado desde 2016. Hoy, más del 55% de quienes trabajan en la construcción supera los 45 años, un dato que en el caso de los albañiles alcanza el 65%. Desde que en 2007 el 20% de estos trabajadores tuviese menos de 30 años, la proporción se ha desplomado por debajo del 5% en ese grupo de edad, recoge un estudio realizado por BBVA Research.

Un fenómeno paralelo es el creciente peso de la mano de obra inmigrante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor del 25% de los albañiles son extranjeros, lo que, según los analistas, ha permitido un leve rejuvenecimiento de las plantillas, pero sin garantizar aún el reemplazo de generaciones.

“No hay cursos” o son insuficientes

Cristina Moya, con casi dos décadas de experiencia y conocida en TikTok como @kikita_131, afirma: “El mayor reto que enfrento es que soy siempre la única mujer”. Subraya también la falta de formación específica: “No hay cursos”. Su acceso al sector fue a través de una Escuela Taller de dos años, una oportunidad cada vez menos frecuente. Según la Guía del Mercado Laboral de Hays 2025, el 79% de las empresas tiene dificultades para atraer a perfiles intermedios y un 34% a juniors, en parte por la falta de itinerarios formativos adaptados.

Laura Baquero, arquitecta y CEO de la empresa Ella Construye, cuyos programas buscan integrar a más mujeres en la construcción, confirma: “Creo que, a nivel de diseño, la formación teórica actual es suficiente en algunos aspectos, pero hay mucho espacio de mejora en habilidades prácticas en obra”. Su iniciativa apuesta por talleres prácticos exclusivos para mujeres y demanda transformar la cultura laboral del sector.

Barreras invisibles: ser mujer en la obra

Aunque las entrevistadas reconocen avances en la percepción social hacia las mujeres en el sector de la construcción, la integración aún enfrenta obstáculos constantes. “Las mujeres técnicas ya ocupamos nuestros puestos sin complejos, sintiéndonos en nuestro sitio cuando estamos en la obra, y si hay reticencias, cada vez se notan menos”, explica Baquero. Sin embargo, avisa: “La mujer que trabaja en oficios de la construcción aún tiene que enfrentarse a muchísimos prejuicios, tanto a la hora de ser contratada como por parte de sus propios compañeros”.

El machismo persiste en distintos grados. Moya declara: “Sí, he sufrido actitudes machistas y las he afrontado con carácter”. Baquero coincide, señalando que el apoyo entre compañeras resulta clave para resistir las presiones: “En unos momentos puedes mantenerte firme, en otros te ves forzada a callar, y en otros la única solución es retirarte. Creo que es importante apoyar y crear redes con otras mujeres en el sector para fortalecer nuestra presencia y voz”.

La cuestión salarial tampoco favorece al sector, pues los salarios base se sitúan en torno a los 1.200 euros mensuales. “No reflejan completamente el esfuerzo y la responsabilidad que implica el trabajo en construcción”, comenta Baquero. Además, el 64% de los empleados no ha recibido aumentos salariales en el último año, lo que impulsa la fuga de talento, según la consultora Hays.

Aunque Moya asegura cobrar lo mismo que sus compañeros hombres, Baquero apunta a la discriminación salarial como un problema conocido entre las mujeres operarias: “Conozco muchos casos de mujeres trabajando en oficios que se enfrentan a desigualdades salariales muy evidentes”, subraya.

Previsiones y desafíos para el futuro

El envejecimiento y la escasez de formación apuntan a un escenario complicado. El propio sector anticipa que esta carencia de profesionales puede disparar al alza los sueldos, aunque esa tendencia aún no ha consolidado una subida salarial real. Según la Confederación Nacional de la Construcción, la rotación en las plantillas está en aumento y los proyectos sufren retrasos por falta de personal adecuado.

Las empresas y fundaciones ponen el foco en la necesidad de atraer a jóvenes y mujeres para renovar una industria envejecida pero clave en la economía española. Baquero considera imprescindible “promover una transformación cultural y social para que los oficios de la construcción sean valorados como se merecen”, y sugiere que la igualdad, la formación continua y unas condiciones laborales dignas marcarán la diferencia en la próxima década.

Recomendaciones para las nuevas generaciones

El testimonio de Moya recoge la pasión por un oficio frecuentemente invisibilizado: “Siempre soñé con construir, lo mío es vocación”, confiesa, y a quienes dudan sobre incorporarse, recomienda hacerlo: “Es un oficio, aparte de duro, súper gratificante, cuando ves tus trabajos terminados y sabes que durarán un mínimo de 20 o 30 años”.

Por su parte, Baquero anima a las jóvenes interesadas en la construcción a “formarse, practicar y aprender todo lo que puedan de otros profesionales, y que cuando ya lo sepan todo, sean su propia jefa”, zanja la arquitecta.

Los costos logísticos sin transporte registraron en julio un aumento del 4,02%, según el último informe del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL). Se trata de un nuevo pico mensual que eleva la variación acumulada en lo que va del año al 19,05%, y refleja la presión que enfrentan las operaciones vinculadas a almacenamiento, gestión de inventario y procesos industriales.

La categoría “sin transporte” del índice CEDOL contempla los costos de servicios logísticos que no incluyen el traslado de mercadería, como el ensamble, fraccionamiento, administración de stock y acondicionamiento. También se vieron afectadas las operaciones de distribución urbana, tanto con acompañante (3,65%) como sin acompañante (3,56%).

La evolución de estos costos pone en alerta a un sector que ya acumula más de 18% de incremento en 2025 y que desempeña un rol clave en la eficiencia de la cadena de suministro. La necesidad de mejorar la productividad y amortiguar los efectos de la inflación se vuelve central en la estrategia logística de las empresas.

Suben los costos operativos, con la mano de obra como principal motor

Uno de los factores determinantes del aumento de julio fue la entrada en vigencia del segundo tramo de las paritarias de junio, lo que impactó directamente sobre la mano de obra, un componente clave en los servicios logísticos sin transporte. A esto se sumaron subas en film stretch (7,75%), seguridad (2,89%), comunicaciones (1,79%), energía (1,73%) y alquiler (1,67%). También se registró un aumento del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) del 1,65%, que influye de manera transversal en muchos insumos logísticos.

En contraste, el único ítem que presentó una baja fue el de pallets (-0,61%), aunque su incidencia es menor en el conjunto de costos. Esta tendencia evidencia la dificultad de contener el aumento generalizado de los precios, incluso en contextos donde no se moviliza mercadería.

La variante con transporte también superó el 4% mensual

Si bien el foco está puesto en los servicios sin traslado, el índice CEDOL con transporte también presentó un incremento del 4,03% en julio, alcanzando un 18,63% en el acumulado del año. En este caso, además de la mano de obra, se destacaron subas en el combustible (4,51%), las reparaciones (5,54%) y el material rodante (6,22%). También creció el costo financiero (8,82%), que afecta tanto a operadores como a empresas contratantes.

Otros componentes en alza fueron los gastos generales (2,52%) y peajes (0,19%), mientras que los valores de lubricantes, neumáticos y seguros se mantuvieron estables.

Un contexto desafiante para la cadena de suministro

Los datos reflejan una tendencia que afecta de manera directa a las decisiones logísticas. En un contexto de alta inflación, las empresas se ven obligadas a revisar sus contratos, repensar sus modelos de almacenamiento y buscar eficiencias operativas para contener el impacto en sus estructuras de costos.

Desde CEDOL explicaron que el índice mide exclusivamente variables transparentes y públicas, por lo que no incluye factores externos como demoras en aduanas, conflictos laborales o restricciones de infraestructura, que también generan improductividades logísticas difíciles de cuantificar.

En este sentido, el aumento de costos no solo presiona los márgenes operativos, sino que también eleva el riesgo de disrupciones en la cadena de abastecimiento, afectando tanto al mercado interno como a las operaciones de comercio exterior.

Un índice consolidado como herramienta estratégica

El Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado por la UTN-C3T para CEDOL comenzó a publicarse en enero de 2002, tras la crisis de 2001, y se ha mantenido vigente como una referencia clave para operadores, industrias y sectores comerciales. Su valor reside en la posibilidad de analizar de forma segmentada los distintos componentes del costo logístico y anticipar tendencias de impacto económico.

A más de 20 años de su creación, continúa siendo un insumo fundamental para el diseño de estrategias logísticas, especialmente en escenarios de incertidumbre como el actual.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este jueves que habrá "cambios" en las políticas migratorias después de que los grandes empresarios le hayan trasladado que sus "agresivas" medidas "están quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia" en la agricultura y el sector servicios.

"Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia y que son casi imposibles de reemplazar", ha dicho Trump en su red social, Truth Social.

No obstante, Trump ha asegurado que "en muchos casos, los delincuentes" que lograron entrar "gracias a la absurda política de fronteras abiertas" de la pasada administración de Joe Biden han estado solicitando esos empleos. "Esto no está bien. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!", ha adelantado Trump.

A la espera de conocer más detalles sobre qué cambios pretende poner en marcha, se trata de la primera vez que el presidente de Estados Unidos reconoce de manera pública las consecuencias negativas que para muchos sectores dependientes de mano de obra, especialmente migrante, han tenido sus políticas migratorias.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha advertido de que la reducción de la jornada laboral alejará los objetivos del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, al considerar que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son "incompatibles".

La patronal cree que la reducción de la jornada agravará los problemas de falta de mano de obra y de vivienda, ya que, según argumenta, la construcción está marcada por la necesidad de movilidad geográfica de empresas y trabajadores, y los desplazamientos "no siempre resultarán rentables ante las rigideces de horarios y jornadas propuestas".

En este sentido, CNC también avisa de que la reducción de la jornada podría frenar la creación de empleo en el sector de la construcción, el segundo donde más ha caído el paro durante el mes de abril, reduciéndose en 3.817 personas, un 2%.

"Al margen de disparar los costes para las empresas y de ir en sentido contrario a los necesarios aumentos de la productividad, la patronal viene avisando de que esta medida podría mermar en más de 7.000 euros al año el salario de los trabajadores, dado que la necesidad de horas extra con la actual intensidad de trabajo del sector es evidente", ha añadido.

Por todo ello, CNC confía en el fracaso de la medida acordada entre Trabajo y los sindicatos durante su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Un proyecto de ley que buscaba flexibilizar las restricciones laborales para menores de edad en Florida fracasó en el Senado estatal.

La propuesta, impulsada en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias y de búsqueda de alternativas laborales a los trabajadores indocumentados, pretendía ampliar las jornadas de trabajo permitidas para adolescentes de 14 a 17 años.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril, pero no logró avanzar en la cámara alta antes del cierre de la sesión legislativa el pasado viernes.

El proyecto, conocido como Senate Bill 918, surgió mientras el gobernador Ron DeSantis, republicano, promovía la idea de que los adolescentes podrían reemplazar parte de la fuerza laboral ocupada actualmente por migrantes en situación irregular.

“¿Por qué decimos que necesitamos importar extranjeros, incluso ilegalmente, cuando los adolescentes solían trabajar en estos resorts?”, cuestionó DeSantis en un panel en marzo. “Los estudiantes universitarios deberían poder hacer estas cosas... ¿Qué tiene de malo esperar que nuestros jóvenes trabajen medio tiempo ahora? Así era cuando yo crecía”, añadió.

Cambios propuestos y riesgos denunciados

La iniciativa planteaba eliminar varias de las actuales restricciones laborales para menores de edad. Entre los principales cambios, se proponía:

Permitir que jóvenes de 16 y 17 años trabajaran en turnos nocturnos durante días escolares y excedieran las ocho horas laborales antes de un día de clases.

Autorizar que adolescentes de 14 y 15 años accedieran a horarios similares si estaban escolarizados en casa o inscritos en programas de educación virtual.

Eliminar la obligación de proporcionar pausas de 30 minutos para comer y suprimir el límite actual de 30 horas semanales de trabajo para estudiantes de secundaria durante el periodo escolar, salvo si los padres o los administradores escolares solicitaban una excepción.

El lenguaje legislativo del proyecto fue desarrollado por personal de la oficina del gobernador, según reportó Orlando Weekly, que citó documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a registros públicos.

Apoyo y oposición

El proyecto contó con el respaldo de grupos conservadores como Moms for Liberty y la National Federation of Independent Business (NFIB). Los defensores argumentaron que la propuesta se ajustaba a las leyes federales de trabajo infantil y ofrecía una solución frente a la escasez de mano de obra.

“Debemos dejar que los padres decidan qué es lo mejor para sus hijos de 16 y 17 años. Eso es lo que estamos proponiendo”, expresó el senador estatal republicano Jay Collins, patrocinador del proyecto.

No obstante, la iniciativa enfrentó una fuerte resistencia de sindicatos y organizaciones de derechos civiles. La Florida AFL-CIO, la mayor federación sindical del estado, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la NAACP y diversos grupos estudiantiles, alertaron sobre los riesgos de explotación y abuso laboral que la flexibilización de las normas podría conllevar.

“Creo que debemos permitir que los niños sean niños”, declaró el senador estatal republicano Joe Gruters, quien expresó reservas sobre la medida pese a pertenecer al mismo partido que sus proponentes.

Aunque la Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto con una votación mayoritariamente alineada según las líneas partidarias, la falta de avance en el Senado dejó la propuesta sin posibilidades de convertirse en ley durante esta sesión.

Por ahora, la legislación que habría ampliado drásticamente las horas de trabajo permitidas para menores queda sin efecto. Sin embargo, aún no está claro si los legisladores volverán a presentar una iniciativa similar en futuras sesiones legislativas.

Newsweek informó que solicitó comentarios a la oficina del gobernador DeSantis sin obtener respuesta hasta el momento.

Miami, 27 ene (EFE).- Las deportaciones ordenadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, provocan temor en las comunidades inmigrantes, pero también "ansiedad e incertidumbre" entre los empresarios que necesitan de esa mano de obra y que denunciaron este lunes que ya observan una baja en la producción.

Según Rebeca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition de Illinois, en las deportaciones también han caído "trabajadores esenciales", pese que el gobierno señala que están enfocadas en personas violentas e integrantes de cárteles de la droga.

Los miembros de esa coalición ya han reportado una desaceleración del 50% en sus operaciones, porque los inmigrantes "paralizados por el miedo", no se presentan a trabajar y permanecen en sus casas, según señalaron los empresarios este lunes en una teleconferencia.

"Trump prometió deportaciones masivas y lo está cumpliendo", dijo Shi sobre las operaciones, que el fin de semana dejaron más de un millar de migrantes expulsados.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) informó de que los procedimientos se han realizado en las ciudades de Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Los Ángeles, y en Puerto Rico, pero no hubo mayores detalles de las personas detenidas.

En la conferencia de prensa virtual participaron líderes empresariales como Matt Teagarden, de la Asociación de Ganaderos de Kansas, quien dijo que la mano de obra inmigrante es esencial para su sector y la agricultura en general.

"Los criminales violentos deben ser deportados, pero también se necesitan caminos para legalizar a los inmigrantes que cumplen con la ley y pagan impuestos", dijo.

El ejecutivo reclamó una reforma migratoria que solucione el problema de fondo, porque el país se enfrenta a una encrucijada: "podemos importar trabajadores y continuar produciendo nuestros alimentos en Estados Unidos, o importar alimentos, lo que es un tema de seguridad nacional", dijo.

También están otros aspectos económicos que deberían considerarse, advirtieron los empresarios.

Shi dijo que los trabajadores inmigrantes son del 25 al 50 % de las industrias esenciales de este país, y contribuyen con más de 80.000 millones de dólares de impuestos todos los años.

Su falta haría empeorar la escasez actual de mano de obra, calculada en 1,7 millones de puestos de trabajo en salud, construcción y manufactura, entre otros, y también reducirá en 4,2 % el Producto Bruto Interno.

Otro aspecto a considerar es quién sustituirá a los inmigrantes en sectores donde los estadounidenses no se interesan en trabajar.

Tony DiMare, cuya familia trabaja desde hace 97 años en la producción de tomates frescos en California y Florida, dijo que esa industria depende de los inmigrantes para la cosecha manual.

La mayoría proviene del programa federal de trabajadores temporales, porque "los nativos no quieren hacer esa tarea", y cada vez resulta más difícil conseguir extranjeros con los papeles en regla.

Adam Lampert, director ejecutivo de una empresa que cuida enfermos en sus hogares en Texas, dijo que las deportaciones van a provocar inflación en el mercado porque será necesario aumentar los salarios para atraer postulantes que no sean extranjeros.

Advirtió de que esa industria "crece rápidamente" y por año se va a necesitar un millón de enfermeros, "que no tenemos domésticamente. Tenemos que buscarlos más allá de las fronteras", dijo.

La coalición que encabeza Shi iniciará la campaña 'Asegurar nuestras fronteras', pero también proteger nuestra fuerza laboral, dirigida a la Casa Blanca y al Congreso.

Reclaman que haya "acción ahora", a través de una reforma migratoria y de soluciones equilibradas y bipartidistas, que sostengan el liderazgo y la competitividad global de Estados Unidos.

Además de las poner en marcha las deportaciones, en su primer día en la Casa Blanca, el lunes pasado, Trump firmó numerosos decretos con la intención de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, declarar una emergencia nacional en la frontera entre los Estados Unidos y México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento. EFE

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Madrid, 24 ene (EFE).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estima que la reducción de la jornada laboral, junto con el control de horarios y el incremento anunciado de las sanciones, supondría una merma de hasta el 27 % del salario de los trabajadores del sector, unos 7.000 euros anuales.

la CNC cree que el pacto entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos agravará la falta de mano de obra en el sector, que necesita unos 700.000 trabajadores, así como los problemas de vivienda ya que la propuesta de reducir la jornada amenaza directamente la viabilidad de las obras al no haber empleados suficientes para ejecutarlas, denuncia en un comunicado.

La patronal de la construcción estima asimismo que si se permite al millón de trabajadores del sector realizar 450 horas extras al año, el Estado ingresaría más de 5.015 millones de euros por cotizaciones y retenciones, según ha indicado este viernes en un comunicado.

Subraya que las horas extras son voluntarias para los trabajadores, que se utilizan muchas veces para incrementar sus ingresos y que normalmente se abonan a un precio un 25 % mayor que las ordinarias. Por ello, considera necesario flexibilizar el régimen de horas extraordinarias y entiende que por picos de producción, plazos de ejecución y necesidades de infraestructuras y viviendas se deberían permitir alrededor de 450 horas extras al año.

La patronal pide al Gobierno que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para equipararnos a la media a la UE, lo que haría posible elevar en alrededor de 2 horas diarias las 80 horas anuales.

A este respecto, indica que solo España y Finlandia establecen un límite rígido y no ampliable por convenio de 80 horas anuales, que en Italia o Francia los umbrales están en 250 y 220 horas extra anuales, respectivamente, ampliables por negociación colectiva, mientras que en Dinamarca, Estonia o Reino Unido no existe un tope específico.

La patronal de la construcción subraya que los intentos del Gobierno por sacar adelante la reducción de jornada sin atender al diálogo social pueden traer consecuencias nefastas para la competitividad, la productividad y el balance de cuentas de las empresas, abocadas a asumir ese incremento de costes.

A juicio de CNC, esta norma sólo va a generar más conflictividad en sectores exentos de la misma como la construcción, que destaca que hace más de 30 años que cuenta con un marco para resolver sus conflictos de manera consensuada y pacífica.

"Sorprende que un Gobierno que se ha ufanado tanto del diálogo social ahora lo condene a la irrelevancia, lo que puede impactar negativamente en el crecimiento económico y en la creación de empleo", apunta el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.

El sector de la construcción representa aproximadamente el 10 % del PIB y a más de 1,3 millones de trabajadores en España. EFE

Toledo, 4 ene (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apostado por el diálogo con el sector agrario y con las demás administraciones para afrontar el déficit de mano de obra en el campo, y ha defendido las medidas que han permitido la contratación de 40.000 trabajadores en los dos últimos años.

En una entrevista en Radio Castilla-La Mancha, la ministra ha resaltado que su departamento hace una labor de escucha "constante" de las necesidades del campo, y que el diálogo social es una herramienta "fundamental" para abordar un descenso de mano de obra de 100.000 personas en los últimos diez años.

Sobre la nueva orden de gestión colectiva de contratación de personas en origen (GECCO) que el Ministerio aprobó a finales de diciembre, Elma Sáiz ha mantenido que es una fórmula que permite traer trabajadores temporales a las campañas en nuestro país, pero que también supone "un retorno muy importante para los países de origen".

Ha incidido en que durante 2023 y 2024 han sido 40.000 los trabajadores que han participado en este programa de gestión colectiva, y que la nueva orden ha incluido mejoras en materias como la accesibilidad, la seguridad o la protección de derechos de los trabajadores.

En todo caso, la ministra ha aseverado que la contratación en origen es "una herramienta más, pero no la única", para atender la demanda de mano de obra que sufre el campo, y ha aludido también al nuevo reglamento de Extranjería que estará en vigor en mayo de 2025 y también permitirá dar "una respuesta" al sector primario.

En este sentido, ha defendido que España está sirviendo de ejemplo en muchos países como una "gestión eficaz de la política migratoria que pone en valor los flujos migratorios" gracias a este tipo de normativas.

En materia migratoria, Saiz ha reivindicado que "nunca ha habido tantos foros como los puestos en marcha por este Ministerio", con contactos con las comunidades autónomas, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y aunque ha reconocido que se puede producir "alguna distorsión", ha afirmado que el objetivo es que "todo fluya" para dar el mejor servicio.

Ha apuntado que 2025 va a ser un año muy importante en el país, en lo referido a memoria democrática, y que en este aspecto España debe recordar que ha sido "un país migrante y ahora somos un país de oportunidades".

Preguntada por el proyecto para ubicar un centro de atención de emergencia y derivación (CAED) en el Aeropuerto de Ciudad Real, la ministra ha reiterado que es un proyecto que está "descartado" porque "no reúne las condiciones".

Ha añadido que no se trata de quién dio la idea al Ministerio, sino que este estudia y analiza "muchísimas" ubicaciones diferentes en materia migratoria y hace una labor de prospección para confirmar que se cumplen todos los requisitos legales, jurídicos, económicos y de habitabilidad y seguridad.

La ministra también ha abogado por hacer "una reflexión colectiva" en materia de salud y seguridad laboral, no solo en el aspecto de la prevención sino también del "cumplimiento de la ley" para evitar los accidentes laborales, y ha hecho una llamada "a la responsabilidad del tejido productivo". EFE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicita a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra un convenio de la Comunidad de Madrid, al considerar que puede restringir el derecho a la protesta de los empleados públicos de la región.

Concretamente se trata del acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, relativa a las condiciones laborales del personal funcionario madrileño, aprobado el pasado 11 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el 23 de diciembre.

Según explican a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, el artículo 10 y la disposición adicional décima de este convenio "abren la puerta" a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la "suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos" del personal a su servicio.

MADRID QUIERE "CASTIGAR" EL DERECHO A LA HUELGA

El Ministerio de Trabajo expresa en las cartas remitidas este viernes a ambas instituciones que una cláusula de esta naturaleza "castiga el ejercicio de derechos fundamentales" como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un "atentado evidente" a los derechos fundamentales.

También critican las citadas fuentes que implica una "degradación de la participación democrática" de las personas trabajadoras "todavía más llamativa", si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una Comunidad Autónoma, en este caso la de Madrid.

Trabajo añade que se trata de una cláusula de paz que "desborda lo admisible" para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma "asombrosa consecuencias negativas" para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.

TIENE QUE IMPUGNARSE AL CONCULCARSE LA LEGALIDAD

El Ministerio señala que el convenio y el acuerdo pueden ser "impugnados" porque "conculcan" la legalidad constitucional vigente y "lesionan gravemente" el interés de terceros. De esta forma, Trabajo ha procedido a instar a la Fiscalía a que realice los trámites oportunos para la impugnación del convenio colectivo, así como las actuaciones penales que en su caso resultasen procedentes.

Trabajo recuerda que ha solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen de oficio ya que son las instituciones competentes ante la inhibición de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid que ha publicado los textos.

Miami, 20 dic (EFE).- Los empresarios Liz y Dick Uihlein, unos de los mayores donantes de la campaña del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, utilizan trabajadores traídos de México con visas destinadas a "entrenamiento", pero en realidad llegan al país a trabajar en sus complejos de productos de oficina y envíos en Wisconsin y Pensilvania, según una investigación de The Guardian.

De acuerdo con el medio británico, que cita documentos de la empresa y testimonios de allegados a ella, decenas de mexicanos han sido contratados en el vecino país con la visa B1, que solo permite una estadía de seis meses y con fines de entrenamiento de personal, pero llegan a Estados Unidos para trabajar en el área de transporte de la compañía de los Uihlein.

"En realidad están trabajando, no entrenando", dijo una persona con conocimiento directo de la situación según The Guardian.

Esta pareja como otros multimillonarios donantes de campañas conservadoras apoyan la mano dura de Trump con la inmigración, que para su segundo mandato, que comienza en un mes, ha prometido deportaciones masivas de migrantes.

The Guardian subrayó que la investigación fue hecha por ellos durante varios meses con entrevistas a personas que tienen conocimiento directo del programa de transporte de Uihlein, la empresa de envíos, y que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El diario además detalla que según una de sus fuentes la empresa no tenía capacidad para contratar personal para sus almacenes, especialmente en Pensilvania, y por eso buscaron mano de obra en México.

Los trabajadores, explica el diario, reciben sus salarios en cuentas en México. Precisa que aunque reciben una compensación adicional por viajar a Estados Unidos y quedarse allí, se les paga mucho menos que a sus homólogos estadounidenses.

Las fuentes que hablaron con The Guardian dijeron que Uline paga todos los costos para que sus trabajadores con base en México salgan de su país y vuelen a los almacenes.

Según los documentos que consultó el diario, hay reglas para los miembros de la familia y otros invitados a los que se les permite visitar a los trabajadores.

Alrededor de 60 a 70 empleados de las plantas de la empresa en México pueden estar trabajando en Estados Unidos en cualquier momento, afirmaron las fuentes.

La empresa ni los Uihlein quisieron hacer comentarios sobre la denuncia, indicó The Guardian. EFE

El Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires (ICCBA) registró un aumento interanual de 52,9% en enero, según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño. En la comparación mensual, el incremento fue de 1,4%, lo que marca una desaceleración respecto a meses anteriores.

En términos absolutos, el índice alcanzó un valor de 23.892 puntos, con la mayor incidencia en el alza de la mano de obra, que se encareció 109% en un año. Los gastos generales aumentaron 72,7% y los materiales subieron 27,3 por ciento.

El informe detalla que entre los diferentes ítems que componen el índice, los trabajos preliminares y excavaciones aumentaron 80,8% en un año, mientras que la albañilería registró una suba de 65,2%. En el caso de la yesería y cielorrasos, el alza fue de 73%, y los vidrios y cristales se encarecieron 66,8 por ciento.

Por otro lado, la instalación sanitaria mostró una suba más moderada, con un incremento interanual de 20,6%, y la instalación eléctrica y de aire acondicionado avanzó 29,2%. En tanto, el rubro de instalación de ascensores creció 55,1 por ciento.

En cuanto a otros ítems específicos, la carpintería de aluminio, madera y metal tuvo un aumento interanual de 40,1%, las pinturas avanzaron 66,3% y los trabajos de yesería registraron un incremento de 73 por ciento.

También se destacó el aumento de costos en otros rubros esenciales de la construcción, como los insumos para instalaciones de gas, que subieron un 34,9%, y las instalaciones de prevención de incendios, con un alza del 40,7%. La suba en las estructuras portantes se ubicó en 56%, reflejando el impacto de los aumentos en materiales clave como el hormigón y el acero.

El ICCBA subió 1,4% en enero respecto a diciembre de 2024. En el desglose mensual, la mano de obra aumentó 2,7%, los gastos generales 1,8% y los materiales 0,5 por ciento. Dentro de los ítems de obra, los trabajos preliminares y excavaciones registraron el mayor incremento, con 2,6%, mientras que la instalación sanitaria fue el único sector que mostró una leve baja de 0,7%.

El informe también analiza el costo salarial de la actividad de la construcción, que en enero de 2025 aumentó 2,5% en comparación con el mes anterior y 108,7% en términos interanuales. Esto refleja el impacto de las negociaciones paritarias y la recomposición salarial del sector. En tanto, el costo de alquiler de maquinaria y herramientas mostró incrementos del 50,7% en el último año, con rubros como volquetes y fletes con alzas superiores al 60%.

El ICCBA mide las variaciones mensuales del costo de construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad. Se basa en la valorización de cuatro modelos de vivienda representativos, considerando tres capítulos principales: materiales, mano de obra y gastos generales. No se incluyen el costo del terreno, los permisos de construcción ni los gastos financieros. Si bien el índice refleja la evolución de los costos del sector, no está directamente ligado a los valores de mercado de las propiedades, que dependen de la oferta y la demanda inmobiliaria.

A nivel metodológico, el relevamiento toma en cuenta los precios de insumos a los que acceden las empresas constructoras en la Ciudad de Buenos Aires y no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni la rentabilidad de las empresas constructoras. Los valores identificados como provisorios están sujetos a ajustes en función de datos posteriores.

En términos generales, el sector de la construcción continúa enfrentando un panorama de alta inflación en costos, aunque con señales de desaceleración en algunos rubros. La evolución de los precios en los próximos meses dependerá en gran medida de la estabilidad económica, la evolución de los salarios y la disponibilidad de insumos clave en el mercado.

París, 14 nov (EFE).- La OCDE subrayó este jueves que los migrantes constituyen "una contribución al crecimiento económico" para los países miembros en los que trabajan, que tienen unas necesidades "estructurales" de mano de obra, y que esa aportación la hacen "si están plenamente integrados".

En la presentación este jueves a la prensa del informe anual sobre migraciones internacionales, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, subrayó que los países miembros con carácter general tienen un problema de escasez de mano de obra al que responden los migrantes.

"No tenemos una evidencia precisa sobre el diferencial de crecimiento que podríamos tener si no hubiera flujos migratorios", admitió al ser preguntado sobre si el buen comportamiento de la economía española se debe en parte a una aportación particularmente fuerte de los migrantes que se han incorporado al mercado laboral.

No obstante, Scarpetta añadió que la elevada tasa de empleo de los migrantes en casi todos los países miembros muestra que "son una contribución al crecimiento económico".

Además, insistió en la importancia de su integración social y laboral para maximizar el beneficio económico.

"Los migrantes no sólo pueden tener un papel (en el crecimiento), sino que tienen un papel sobre todo si están plenamente integrados, si se reconocen sus competencias en el mercado de trabajo", resumió.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que también participó en la presentación en línea del estudio, aseguró por su parte que "es muy importante la contribución de los migrantes, de las personas extranjeras, en nuestra economía".

En concreto, precisó que de los más de 21 millones de afiliados que hay ahora en la Seguridad Social en España, un 13 % son extranjeros y un 16 % en el caso de los autónomos, y que unos y otros aportan el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social, pero sólo un 1 % del gasto.

Saiz se refirió, por otro lado, a diversos estudios que cifran en 250.000 anuales los migrantes que España va a necesitar incorporar de aquí a 2050 para el sostenimiento del Estado del Bienestar, teniendo en cuenta la estructura demográfica y el envejecimiento de la población.

En un discurso previo, la ministra había asegurado que "la contribución de las trabajadoras y los trabajadores migrantes es indispensable para el crecimiento económico sostenible y para el desarrollo social".

Por eso justificó la política del Gobierno español para reforzar "las vías de migración legal y segura" con el nuevo reglamento que debe publicarse próximamente, que -insistió- "favorece las vías de migración ordenada y regular".

"El Gobierno de España -argumentó- es plenamente consciente de que la migración es una oportunidad" y por eso trabaja en un marco reglamentario que ofrezca "seguridad jurídica" tanto a las empresas como a los migrantes para facilitarles la inserción "en el mercado laboral y en la sociedad española, con el mayor respeto de los derechos humanos". EFE

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París, 14 nov (EFE).- Las migraciones permanentes a los países de la OCDE registraron en 2023 un incremento del 10 % respecto a 2022, con 6,5 millones de personas, lo que supone el segundo récord anual consecutivo, en un contexto de fuerte demanda de mano de obra y de bajos niveles de paro.

En su informe anual sobre las migraciones internacionales publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que esos 6,5 millones de migrantes permanentes son un 28 % más que en 2019, el último año antes de la crisis de la covid.

Como es habitual, en cifras absolutas Estados Unidos fue el principal receptor de inmigrantes, con 1.189.800 y una subida del 13,4 % respecto a 2022, aunque el incremento se limitó al 15,4 % si se compara con el año anterior a la covid.

Le siguieron el Reino Unido, que en 2023 un año dio un salto del 52,9 % hasta 746.900 (la subida desde 2019 fue del 109,7 %); Alemania con 692.700 (+3,5 % en un año), Canadá con 471.700 (+7,8 %) y España con 364.100 (+12,3 % en un año y +48 % desde 2019).

Además, en paralelo, en 2023 los países miembros de la OCDE concedieron 2,4 millones de permisos de trabajo temporal, lo que significa un 16 % más que el año anterior y un 28 % por encima de 2019.

El conocido como el 'club de los países desarrollados' pone el acento en que el aumento del número de trabajadores migrantes "ha contribuido a un crecimiento económico sostenido" y que, siguiendo la tendencia constatada desde la pandemia, la tasa de empleo de los inmigrantes ascendió a un nivel históricamente elevado, el 71,6 %, mientras la de paro bajó al mínimo histórico del 7,4 %.

En las cifras de migrantes permanentes que ofrece el estudio no están los demandantes de asilo, que en 2023 alcanzaron un nuevo máximo histórico con 2,7 millones de personas, y un alza del 30 %.

Ese tirón se explica en particular porque las demandas de asilo en Estados Unidos se dispararon más del 60 % el pasado año para totalizar 1.176.050, un número por primera vez superior al conjunto de las de los Estados europeos de la OCDE.

El segundo país donde más personas solicitaron el estatuto de refugiado en 2023 fue una vez más Alemania, con 329.120. La tercera posición la pasó a ocupar España con 160.470 y un incremento del 38 %. De esa forma, España superó a Francia, Costa Rica y México, que habían estado por delante en 2022.

Los miembros de la OCDE concedieron el estatuto de refugiado en 2023 a 676.000 personas, un ascenso del 15 % respecto al ejercicio anterior y el nivel más alto desde 2017.

Los datos de migrantes permanentes que ofrece la OCDE no tienen en cuenta a los sin papeles que entran en sus países miembros, ya que en la mayor parte de ellos no pueden registrarse, aunque hay algunas excepciones.

Una de las más notables es la de España, donde las personas en situación irregular pueden inscribirse en los ayuntamientos, y de ahí que en las tablas de entradas de extranjeros en los países de la OCDE España aparece en 2022 (el último año para el que hay cifras) en segundo lugar con 1.120.500, sólo por detrás de Alemania (2.481.000) y por delante incluso de Estados Unidos (1.018.000).

Esa sorprendente segunda posición de España no sólo responde al hecho de la especificidad del registro de los sin papeles, sino a una progresión del 49 % de las entradas de extranjeros respecto a 2021.

La OCDE considera que "pese a los progresos" resulta "esencial" para luchar contra las inmigración irregular una mayor cooperación internacional, en particular con mejor comunicación con los países de origen y de tránsito para compartir informaciones, pero también sobre las expectativas de unos y otros.

A su juicio, esa cooperación debería ir más allá de la gestión de los flujos para abordar también la integración, en particular con la cuestión del reconocimiento por los países de acogida de las calificaciones que los inmigrantes obtuvieron en sus países de origen. EFE

Barcelona, 13 nov (EFE).- La Fiscalía pide cinco años de cárcel para un acusado de estafar al menos 73.500 euros a una mujer, a la que embaucó en 2018 haciéndole creer que eran pareja y a la que pidió dinero con el pretexto de que tenía una deuda con Hacienda por la que podría entrar en prisión.

En un juicio celebrado este miércoles en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, el ministerio público le acusa de un delito continuado de estafa agravada y solicita que el procesado indemnice a la víctima con la misma cuantía que presuntamente le sustrajo.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la propia denunciante solicita la misma indemnización, aunque un año más de cárcel.

Según el escrito de acusación del fiscal, el procesado conoció a la mujer a través de una plataforma digital entre agosto y septiembre de 2018, y comenzaron una relación sentimental sin convivencia.

El ministerio público sostiene que el acusado, "con falaces promesas amorosas y de matrimonio", hizo creer a la denunciante que eran pareja, algo que aprovechó para ejecutar la estafa, consistente en que ella le prestara dinero para hacer frente a supuestos problemas con Hacienda.

El procesado, prosigue el escrito, hizo creer a la víctima "que se hallaba en una situación de penuria económica con la Agencia Tributaria y que, de no pagar determinadas deudas contraídas con la Hacienda Pública" podría tener problemas que acarrearían incluso su ingreso en prisión.

De acuerdo con la acusación pública, la mujer, conmovida por la falsa situación precaria en la que se encontraba su aparente pareja, llevó a cabo reintegros en efectivo, transferencias y traspasos con la finalidad de ayudarle.

Por su parte, el acusado le prometió que le devolvería ese dinero, que ascendía a 73.500 euros, según el fiscal.

El juicio ha comenzado con el intento del acusado de renunciar a su abogado, al alegar indefensión por el hecho de que presuntamente no se habían entrevistado ni preparado la vista oral con anterioridad, en un contexto donde supuestamente ni el letrado ni su cliente se habían puesto en contacto mutuamente.

El tribunal, después de que la fiscalía y la acusación particular se opusieran a la suspensión de la vista con el argumento de que se trataba de una maniobra dilatoria, ha desestimado la petición, al entender que no puede renunciar a un letrado de oficio y que el problema es ajeno a la administración de justicia.

Después de que la defensa haya presentado una protesta y el acusado haya asegurado que recurrirá, el juicio ha comenzado con su declaración, en la que ha contestado a todas las partes, y donde ha subrayado que el dinero que la mujer le dio no fue un préstamo, sino varios pagos a cambio de que él le hiciera compañía y la cuidara.

"Me daba una cantidad de dinero a cambio de que yo pasara un tiempo con ella", ha asegurado el procesado, que también ha indicado que incluso llegó a presentarle ante amigas suyas, alardeando supuestamente ante ellas de que tenía pareja.

Una versión que ha contradicho la propia denunciante, que en sintonía con el relato del ministerio público ha detallado que él le hizo creer que eran pareja y que tenía problemas con Hacienda, por lo que ella decidió ayudarle.

La mujer ha relatado que mientras estaba ingresada en el hospital, en el marco de una intervención quirúrgica, el hombre llegó a coger su teléfono mientras estaba dormida y borró todos los mensajes, con el objetivo de deshacerse de pruebas, aunque cuando ella le pidió explicaciones, se las creyó en ese momento.

"Me dejó sin nada", ha lamentado la mujer, que también ha manifestado ante la sala que cuando ya sospechaba que el individuo le había estafado, estuvo un tiempo a buenas con él para intentar recabar alguna prueba de su supuesto engaño.

En el juicio también ha testificado la hija de la perjudicada, que ha subrayado que cuando vino a Barcelona por el estado de salud de su madre vio que el procesado se había dejado abierta una pestaña del ordenador de casa de su progenitora, donde observó que hablaba con muchas otras mujeres.

"Entendí que era una estafa de las que salen en la tele", ha lamentado la testigo, que también ha indicado que, a juicio de lo que vio, mientras su madre estuvo en el hospital el acusado intentó embaucar a supuestamente a otras mujeres desde la casa de su progenitora. EFE

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Madrid, 11 nov (EFE).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pide a las administraciones públicas la aprobación de un "plan de choque masivo" y con carácter de "máxima urgencia" para agilizar la contratación de trabajadores destinados a reconstruir las áreas de la Comunidad Valenciana devastadas por las inundaciones ocasionadas por el paso de la dana el pasado 29 de octubre.

Así lo ha defendido este lunes en un comunicado la patronal de la construcción, que lleva años alertando del problema de la falta de mano de obra que amenaza al sector y que resulta aún más acuciante en las zonas anegadas por las riadas.

De hecho, antes de la dana, la CNC calculaba que faltaban 700.000 nuevos trabajadores tanto para la construcción de viviendas como para encarar los desafíos en materia de infraestructuras a partir de fondos europeos (de los que siete de cada diez euros procedentes de Next Generation EU van a estar relacionados con la construcción).

Ahora propone un plan de choque dirigido especialmente a jóvenes, mujeres e inmigrantes para que el Mecanismo Nacional de Respuesta y Reconstrucción frente a la dana sea lo más rápido y eficaz posible.

A su juicio, ese plan podría impulsarse al compás de la anunciada reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de manera que puedan destinarse fondos europeos a la puesta en marcha de "itinerarios formativos a medida" de las necesidades actuales en las localidades más afectadas.

Esa formación, añade, podrían llevarla a cabo instituciones como la Fundación Laboral de la Construcción, gestionada junto con los sindicatos mayoritarios.

Por otra parte, la CNC considera que muchas de las medidas aprobadas frente a la dana son "paliativas" y urge a poner en marcha otras encaminadas a recuperar la movilidad para acelerar al máximo la reactivación económica de las zonas afectadas, después de que el Gobierno haya aprobado este lunes 110 medidas adicionales por importe de 3.765 millones de euros.

Para ello, la patronal defiende el papel de las empresas del sector y pide reforzar la colaboración público-privada, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos aprovechar "la capacidad, la experiencia y la solvencia" de las empresas para ofrecer servicios, incluidos los de limpieza y mantenimiento de carreteras y otras infraestructuras básicas, "que sin ellas serían inviables desde el punto de vista presupuestario".

"No estamos ante una situación poscovid, pues son muchas las empresas que lo han perdido todo (instalaciones, maquinaria...) y tienen que empezar desde cero. Se necesitan trabajadores y medidas reactivas para que la reconstrucción de Valencia sea rápida y eficaz", ha defendido el presidente de la patronal, Pedro Fernández Alén. EFE

Madrid, 25 oct (EFECOM).- Andimac, asociación que representa a la distribución de materiales para la edificación y rehabilitación, alerta de que la falta de mano de obra cualificada es un cuello de botella que podría estrangular el crecimiento del sector y duda de que se puedan cumplir los objetivos de rehabilitación energética.

En este sentido, subraya de que la falta de una política efectiva de rehabilitación va a dificultar cumplir con los objetivos que marca la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.

Andimac duda de que este año puedan llegar a reformarse 1,8 millones de viviendas, un 4,4 % más que en 2023, y señala en un comunicado que el gasto por hogar en reformas ha caído hasta los 838 euros.

Por ello, pide a las administraciones cumplan con la legalidad, tanto en la adaptación y mejora de la edificación pública como en impulsar el desarrollo de los informes técnicos y de evaluación de edificios, y considera que durante esta década habría que actuar en las 4,5 millones de viviendas que cumplirán 50 años.

Andimac reclama medidas fiscales e instrumentos financieros ya que entiende que el acelerado envejecimiento del parque de viviendas representa una amenaza para la riqueza de los hogares.

Andimac asegura que los problemas de vivienda constituyen un problema económico y un drama social y no admiten soluciones simples y coincide con otras patronales en la necesidad de aumentar la oferta mediante un impulso a la obra nueva o a través de una decidida apuesta por la reforma y rehabilitación gracias a los fondos europeos.

La patronal avisa de que el retraso en la ejecución de los fondos europeos agravará las dificultades para cumplir con los objetivos de rehabilitación, por lo que urge al gobierno a negociar una prórroga con Bruselas para que el horizonte de finalización de las obras se extienda más allá de 2026.

De igual modo, Andimac considera que las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación, la alta dispersión de los fondos, la falta de actualización de los costes reales de los materiales, las barreras detectadas ante la ausencia de preconcesiones y la imposibilidad de adelantar las ayudas a los propietarios frenan el potencial del sector. EFECOM

León (México), 14 oct (EFE).- La sexta edición de la Industrial Transformation Mexico (ITM) recibió a expertos con décadas de experiencia en la industria de la robótica y automatización en México, quienes aseguraron a EFE que el sector se está recuperando tras la pandemia de covid-19, lo que influye el fenómeno de la relocalización o ‘nearshoring’.

“De 2016 a 2019 había un crecimiento de 110 % anual, vendías cada año el doble de robots, había el doble de implementaciones, las empresas se estaban automatizando en más partes y sectores. Cuando fue la pandemia hubo un paro total, sobre todo en la industria automotriz que es la que más nos empuja acá en México”, afirmó el gerente de HTL Electronics México, Xavier Quintero, quien tiene más de diez años de experiencia en este nicho tecnológico.

Aunque apuntó que, después de la pandemia de covid-19, llegaron a la industria de la robótica los beneficios de la relocalización, como se conoce al proceso de reubicación geográfica de las cadenas de producción de las industrias.

“Por ejemplo, antes los insumos venían de Asia, la mano de obra de México y las máquinas de Italia, pero ahora se surte lo que sea necesario y el país comparte cómo hacerlo”, agregó el directivo en Guanajuato (centro de México), estado anfitrión de la feria industrial.

Sobre tal comportamiento del mercado, coincidió el gerente de mecatrónica de la empresa japonesa Sumitomo México, Fernando Vázquez, al confirmar que en sus 20 años de especialización “el efecto de relocalización” está abonando a que más empresas inviertan y crezcan en México con procesos de automatización.

“Vemos que empresas vienen a Guanajuato, porque logísticamente está muy bien posicionado. Y se organizan clústeres, además hay mucho talento de ingenieros”, aseveró.

En la misma línea, el gerente de desarrollo de negocios de la compañía suiza Staubli a nivel nacional, Rubén Rodríguez, complementó que este fenómeno de relocalización está “incrementando la inversión” de Europa hacia Norteamérica, refiriéndose a México y a EE.UU para implementar y crear nuevas tecnologías.

Al igual que Rodríguez, el vicepresidente de ventas OnLogic en América, Kevin Jones, apuntó que en el sector se está presentando una alta demanda para trasladar unidades a México, por lo que ahora empresas, como la que representa, están dedicando recursos para invertir en el país.

En cuanto al panorama político que se avecina con las próximas elecciones del 5 de noviembre en EE.UU., Jones señaló que es importante que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC continúe para que no se restrinja la fluidez de la economía bilateral.

“Necesitamos trabajar juntos (EE.UU., Canadá y México), somos de las principales 15 economías del mundo, no podemos desalentar las políticas comerciales para la importación y la exportación, eso solo sofocará a la industria”, añadió.

Asimismo, el líder de fabricación avanzada de la International Trade Administration (ITA), Jaron Bass, sostuvo que más allá de las elecciones entre la candidata demócrata y vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente y candidato republicano Donald Trump, “la importancia que tiene la nación mexicana para la economía americana no va cambiar”.

“Por primera vez estamos importando más equipo de manufactura desde México que de China, la escala es enorme (...) Además, se tiene una fuerza laboral entusiasta, cada vez más capacitada en carreras STEM, hay muchos ingredientes que son necesarios para un comercio bilateral gratificante”, sentenció.

Por otro lado, los entrevistados garantizan que a diferencia de hace 20 años, cada vez hay más mujeres en la industria de la robótica y la automatización en todos los niveles jerárquicos. EFE

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EFE cuenta con el apoyo de la Industrial Transformation Mexico (ITM) para la elaboración de esta nota.

València, 2 oct (EFECOM).- El Consejo Intertextil Español (CIE) considera que, aunque las perspectivas para la economía española en lo que queda de 2024 y en 2025 son "relativamente positivas", éstas "son variables, en función de los sectores industriales", por lo que mira "con cautela" un cierre de año "complicado".

Asimismo, espera "un crecimiento moderado" de cara al próximo ejercicio, "aunque sin bajar la guardia", según ha trasladado la patronal nacional textil en la reunión que ha mantenido su comité ejecutivo este miércoles en València, donde tiene lugar estos días la Feria Textilhogar Home Textiles Premium, en Feria Valencia.

El encuentro ha servido para tener "una visión conjunta del contexto de la economía global y de los programas y proyectos nacionales y europeos en los que se está trabajando", ha informado el CIE en una nota de prensa.

A la reunión han asistido representantes de la entidad nacional Confederación de la Industria Textil (Texfor) y de la regional Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL), los dos miembros que conforman la entidad. Se ha sumado también, como invitado, el director general corporativo del Observatorio Textil y Moda, Pepe Monzonís.

Los asistentes han abordado la coyuntura económica actual, el convenio laboral y la exposición de los programas y proyectos nacionales y europeos en los que se está trabajando para defender los intereses del sector.

También se ha charlado sobre las regulaciones europeas en materia de sostenibilidad y economía circular y la reconversión del sector, "con plazos muy ajustados", otros de los asuntos en los que el CIE centra su atención "para facilitar dicha transformación".

Del mismo modo, se ha analizado la coyuntura económica actual y las "preocupantes situaciones bélicas, como la que se extiende ahora por Oriente Próximo, con nuevos focos de riesgo geopolíticos que mantienen la incertidumbre".

Además, se ha recordado los desafíos a los que el sector se viene enfrentando en los últimos años: una gran revolución en materia de sostenibilidad, hacer frente a una competencia internacional que no se ajusta a las mismas exigencias, sostener la presión de costes muy variables estos últimos años en cuanto a materias primas y recursos básicos como el gas o la electricidad, y la necesidad de mano de obra profesionalizada.

Por otro lado, se han expuesto los avances en la negociación del convenio laboral, un acuerdo que "avanza lentamente" y cuya resolución "sigue sin cerrarse, pendiente de próximos encuentros".

Al respecto, el presidente del CIE, Pepe Serna, ha señalado que las negociaciones no van con la celeridad que les gustaría y que se retomarán a mediados de octubre en una nueva reunión.

En cuanto a los resultados económicos del sector, ha explicado: "Venimos de años complicados, con una importante bajada del consumo, aunque confiamos que se reactiven los mercados, como los de Alemania o Francia, a los que exportamos mucho". EFECOM

Según las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), hay tres sectores que en forma conjunta representan el 50% de la masa salarial de Argentina y uno de ellos, es el Estado Nacional.

Los últimos datos publicados por el organismo, correspondientes a marzo, revelan que la masa salarial mensual que demanda el sector de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” alcanza a $1,84 billones), representa el 23,7% del total de la masa salarial del país.

El conjunto de la Administración pública (nacional, provincial y municipal y empresas) con personal declarado al sistema de Riesgo del Trabajo paga el salario a 2.550.463 empleados.

El segundo sector en importancia es la industria manufacturera, que cuenta con 49.315 empresas que emplean 1.207.754 personas. En ese caso la masa salarial es de $1.14 billones mensuales, representa el 14,7% del total.

El rubro que completa el podio es el “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”. En total hay 148.746 empresas pertenecientes a ese sector, que en forma conjunto ocupan a 1.270.641 personas en relación de dependencia. Según las estadísticas publicadas por la SRT, la masa salarial de ese rubro es de $945.640 millones, 12,2% sobre el total.

Cabe notar que en la serie de la SRT únicamente están contemplados los trabajadores del sector registrado, por lo que no se suman los salarios percibidos por los trabajadores informales.

Los tres sectores mencionados (Gobierno, industria y comercio) representan poco más del 50% de la masa salarial del país, pero es el Estado el que tiene mayor peso. El otro 50% se divide entre 17 actividades diferentes.

Los datos publicados por la SRT muestran que el cuarto sector en importancia en lo que a masa salarial respecta es la “intermediación financiera y servicios de seguros”, que paga $532.661 millones por mes (6,8% de participación). Le siguen el “servicio de transporte y almacenamiento” (5,7% de participación) y el sector de enseñanza (4,7%).

Qué dicen los números

Jorge Day, economista del Ieral (Fundación Mediterránea), destacó que, si bien los datos muestran que el sector privado (en forma conjunta) es mayor en términos generales, la administración pública resalta debido a su considerable masa salarial y su importante peso sobre los números totales.

Day recordó que “el rol económico del Estado es organizar la sociedad, logrando una economía estable, asistiendo a los grupos más vulnerables y reduciendo o evitando los abusos económicos (como comportamientos monopólicos y contaminación)”. Sin embargo, subrayó que el Estado no es particularmente eficiente en la generación de ingresos, tarea que el sector privado realiza mejor.

Por otro lado, el economista planteó su preocupación sobre la alta masa salarial pública y la consecuente necesidad de una mayor recaudación impositiva para cubrir los costos, lo cual recae sobre un sector privado relativamente menor. “Mientras mayor sea la masa salarial pública, mayor será la recaudación impositiva necesaria para pagar esa masa, y pagada por un menor sector privado,” argumentó.

Daniel Garro, director de Value International Group, ofreció una perspectiva crítica respecto al tamaño de la masa salarial del Estado. Resaltó que hay varias actividades clasificadas como “sector privado”, pero que también tienen componentes estatales significativos, como es el caso de la intermediación financiera y los servicios de agua potable.

“Si se toman en consideración, por ejemplo, las empresas de agua potable que pertenecen al Estado se encuentran que la masa salarial pública es aún mayor a la que figura en los resultados de la SRT”, contó Garro a Infobae.

El economista criticó el hecho de que el sector público sea el mayor pagador de salarios, interpretándolo como una señal de poca generación de valor en la economía.

“En una economía normal, el Estado ayuda al sector privado a generar valor. Por eso es que tiene que ser muy chico, justamente para no obstaculizar la creación de valor que genera el sector privado”, explicó Garro.

Garro subrayó además que esta tendencia no solo presenta problemas actuales, sino que también proyecta dificultades futuras, ya que la mayor demanda de recursos humanos sigue orientada hacia el sector estatal. “Tiene que haber un cambio de incentivos, para que tanto empresas como trabajadores crezcan en el sector privado”, concluyó.

¿Una situación normal?

Argentina no es el único país con una distribución desigual de la masa salarial, con el Estado como principal protagonista. Jorge Day analizó, en base a datos de “Statista”, que existen naciones con un mayor porcentaje de masa salarial correspondiente al sector público, especialmente en los países nórdicos, que combinan gasto público con alta presión tributaria.

“Un interrogante es cómo logran buenos servicios públicos. En Argentina también es alta la masa salarial pública y la presión tributaria, pero hay muchas dudas sobre la calidad de los servicios estatales,” comentó Day.

Garro, por su parte, resaltó que aquellos países con mayores niveles de libertad económica tienen menores masas salariales estatales en relación al sector privado. “Lo que conduce a que el Estado sea el mayor pagador de masa salarial en Argentina es que los recursos humanos estén pensando permanentemente en ir al Estado y no al sector privado a generar valor, lo que dificulta aún más conseguir gente en la parte privada,” advirtió.

“Lo curioso es que si ese mismo análisis lo hiciéramos en función de los índices de libertad económica, se observaría que los países con más libertad económica tienen masas salariales estatales más bajas en relación al sector privado”, sumó.