"La resolución del panel provoca caos inmediato y convulsión en decisiones médicas altamente urgentes, y obliga a Danco, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a los proveedores de certificados Mifeprex, a los pacientes y a las farmacias a adivinar qué está permitido y qué no", argumentó la farmacéutica en un escrito dirigido al Supremo.

Esta petición se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito restableciera de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para provocar un aborto farmacológico sean dispensadas en persona y no puedan ser enviadas por correo.

Danco es una de las fabricantes de la mifepristona, una píldora que en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos, según un informe del Instituto Guttmacher, una organización defensora de los derechos reproductivos.

La decisión del tribunal de apelaciones responde a una demanda que cuestionaba las normas que permiten la prescripción mediante telemedicina y la dispensación sin visita médica presencial; por lo que, el fallo sostuvo que las regulaciones vigentes permitían sortear las restricciones estatales sobre el aborto.

Sin embargo, Danco alegó que "el caos resultante (...) es un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de una medida de emergencia de este tribunal".

El caso se enmarca en la creciente batalla legal en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos y en un contexto de fuerte división política, tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 que eliminó la protección federal al aborto.

Actualmente, trece estados de EE.UU. prohíben casi por completo el aborto, mientras que veintiocho lo prohíben en función del número de semanas de gestación.

Después del fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida como un "hecho grave" porque pondría en peligro a mujeres que "viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad" y perderán "la opción de la telemedicina" que es igual a perder acceso al medicamento.

En distintos puntos del centro histórico se registraron momentos de tensión cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia el Congreso y Palacio de Gobierno. El despliegue de agentes impidió el paso y generó enfrentamientos en algunas zonas, mientras los participantes expresaron preocupación ante posibles detenciones.

En las inmediaciones de avenidas principales del centro de Lima se produjeron enfrentamientos entre estudiantes y efectivos policiales. Más de un centenar de agentes bloqueó el paso de los manifestantes que buscaban acercarse a sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

Delegaciones de universidades públicas y privadas participaron en la movilización, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Los grupos se desplazaron hacia el cruce de las avenidas Abancay y Piérola, aunque luego retornaron a la Plaza San Martín y continuaron hacia la Plaza Dos de Mayo.

Demandas por el medio pasaje y el costo de vida

La principal exigencia de los manifestantes se centró en el cumplimiento del medio pasaje, establecido por ley como el 50% del pasaje adulto. Los estudiantes cuestionaron el aumento de tarifas en el transporte y pidieron mayor fiscalización por parte de las autoridades.

La convocatoria, difundida por la Coordinadora de Universidades de Lima y Callao, incluyó además reclamos sobre el presupuesto para la educación pública, el alza del combustible y medidas frente al incremento del costo de vida. También se mencionaron pedidos de justicia por víctimas de protestas anteriores.

Se estimó la participación de más de 40 gremios estudiantiles, entre ellos la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Federación Universitaria de San Marcos, así como asociaciones de universidades privadas y públicas.

Impacto en el transporte y monitoreo municipal

La Autoridad de Transporte Urbano informó cambios en el servicio del Metropolitano durante la movilización. A través de sus redes sociales señaló: “Debido a la presencia de manifestantes en el Centro de Lima, la ruta regular A desvía su recorrido por la av. Alfonso Ugarte, con única parada en la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llega solo hasta la estación Central”.

Horas después, la entidad comunicó: “Los servicios regulares A y C del Metropolitano retoman su recorrido habitual por las avenidas Lampa y Emancipación. Se aperturan las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla”.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó seguimiento en tiempo real mediante sus cámaras de seguridad instaladas en el centro histórico, lo que permitió observar el desplazamiento de los grupos en diferentes puntos.

Un grupo de estudiantes se concentró en la Plaza Dos de Mayo y avanzó hacia la avenida Grau y los exteriores del Poder Judicial, donde se realizaron manifestaciones. Según el monitoreo municipal, también se detectaron concentraciones en la vía Expresa.

Represión y protestas en Cusco

En Cusco, estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco fueron desalojados por la Policía Nacional, que utilizó bombas lacrimógenas para dispersar la protesta. La intervención ocurrió durante una manifestación contra el alza de los pasajes urbanos y los cobros que los estudiantes consideraron abusivos por parte de transportistas.

El uso de gases afectó también a transeúntes que se encontraban en la zona. Los universitarios exigieron tarifas justas y señalaron que el precio de los combustibles no justificaba el incremento en los pasajes. Además, convocaron a la población a sumarse a las protestas.

La Fiscalía informó que no se registraron personas detenidas durante estos hechos. En paralelo, los estudiantes anunciaron que las medidas de protesta continuarían de forma indefinida hasta que autoridades municipales y empresas de transporte reviertan el ajuste de tarifas.

Movilizaciones en Arequipa y otras regiones

En Arequipa, estudiantes de diversas universidades también participaron en movilizaciones para exigir el cumplimiento del medio pasaje. Durante la protesta denunciaron cobros irregulares y señalaron que, al reclamar el pago justo, algunos cobradores se negaban a entregar vuelto o pedían a los estudiantes descender de las unidades.

Las manifestaciones en Cusco y Arequipa se sumaron a una jornada nacional que incluyó protestas en distintas regiones del país, donde los estudiantes expresaron su rechazo al incremento de tarifas y a las condiciones del servicio de transporte público.

La tarde de este miércoles 15 de abril, La Calzada Ignacio Zaragoza, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, fue bloqueada por un grupo de manifestantes transportistas que forman parte de “Rutas Hermanas”.

Alrededor de las 15:30 horas, las autoridades capitalinas informaron sobre el cierre de la circulación de carriles centrales a la altura de la estación del Metro “Peñón Viejo”. Medios de corte nacional señalaron que entre las demandas de los manifestantes se encuentran la presunta tortura policial, razón por la que exigen medidas de privación de la libertad de uno de los implicados.

Ante la congestión vial que representa el cierre de una avenida como esta, personal del gobierno de la Ciudad de México acudió al sitio con el objetivo de entablar un diálogo y atender las demandas de quienes protestaban.

Alrededor de las 17:00 horas se reportó la liberación total de los carriles centrales, abriendo el paso a miles de automovilistas que transitan a diario esta vialidad.

Guardia Nacional reporta “tendencia a la baja” en carreteras

El 14 de abril, Guillermo Briseño Lobera, titular de la Guardia Nacional (GN), aseguró que el plan “Cero robo a carreteras” ha sido fundamental para tomar acciones y reducir este delito en los tramos carreteros:

“En los últimos meses, hemos tenido prácticamente una reducción, una tendencia totalmente a la baja, y estamos coordinados con todas las instancias de las agrupaciones del territorio nacional para recibir sus denuncias, hemos estado en contacto con ellos, atendiendo, precisamente, el robo que tiene el autotransporte precisamente de carga, y en los cuáles hemos tenido buenos resultados, hemos recuperado bastantes vehículos, y se ha evitado el robo en estos tramos”.

Briseño Lobera comentó que uno de los puntos estratégicos de este plan se centra en mantener el contacto con los denunciantes, buscando que la denuncia persista, agregó que mantienen coordinación territorial, “donde tengan ellos alguna incidencia”, atendiendo de manera oportuna las demandas.

Transportistas rompieron el diálogo con Segob

El pasado 10 de abril, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones de productores agrícolas rompieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), a quien le cancelaron la reunión entre acusaciones de condicionar el diálogo.

“Nos quieren condicionar a que liberemos las carreteras donde están los compañeros. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones”, comentó el representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Heraclio Rodríguez.

Entre las condiciones que autoridades federales comentaron fue el retiro de las tomas carreteras que hasta entonces permanecían en al menos tres estados; además, en un principio acudirían 60 representantes a nivel nacional y de último momento, solo se les permitiría el acceso a 40 líderes, decisión que no agradó entre los manifestantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró cómo ocurrió el encuentro con un grupo de manifestantes en Puebla, luego de que este fin de semana la mandataria fue criticada por presuntamente tener una mala actitud al atender a los pobladores.

La mandataria explicó que previo al evento, personal del gobierno federal y de Puebla pactaron una reunión con los manifestantes, con el objetivo de que la protesta no afectara el evento.

“En este caso, previo a que llegaramos al evento de la entrega de viviendas, se le dijo a los manifestantes, que se manifiestan en contra del Polo de Economía Circular que se va a hacer ahí, se les dijo, se les informó por el gobierno del estado de Puebla, y por parte de nuestros compañeros de logística que se adelantan en la gira, que los iba a atender, que no tenían por qué manifestarse, que podían tener sus carteles levanatados, pero que permitieran que se desarrollara el evento sin que hubiera consignas y que al final del evento los recibía”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, los pobladores decidieron manifestarse durante el evento e incluso, “estaban empujando a la gente” para mostrar sus pancartas, por lo que la presidenta interrumpió su intervención para poner a votación si los atendía en ese momento o más tarde.

“Entonces ahí fue cuando dije en el micrófono: a ver, ¿Quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después los reciba y quiénes no? Entonces, todos dijeron que al final del evento, por que estábamos entregando llaves de los nuevos departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda", narró.

Mencionó que tras concluir el evento se acercó a los manifestantes, acompañada del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para explicarles en qué consistía el proyecto del Polo de Economía Cirular, asegurándoles que no harán nada que los afecte. No obstante, los pobladores no la dejaban hablar.

“Llegué ahí, estaban muchos de ustedes y no me dejaban hablar, les dije: a ver, esperense, dejeme les explico. No se preocupen no vamos hacer nada en contra de la gente, nada más permitanme que les platique que es lo que va haber, cuando van a ser las asambleas, como seguimos trabajando para llegar a un consenso

“Pero había algunos que no me dejban hablar, entonces al final le dije: a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó, de todas maneras ustedes entraron al evento, gritaron en el evento y sabían que de todas maneras los iba a recibir”, comentó.

Según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, desde la declaración sobre la liberación de reclusos tras la intervención diplomática del Vaticano, el gobierno ha intensificado su respuesta represiva. El OCDH afirmó que solamente 21 presos políticos han sido liberados hasta el momento, cifra menor a la anunciada oficialmente. Paralelamente, el grupo reportó que al menos 15 personas fueron detenidas en ese periodo, de las cuales doce aún siguen bajo custodia o su liberación no ha quedado confirmada por las autoridades, situación que incluye a dos menores de edad.

El OCDH indicó que muchas de las detenciones más recientes se relacionan con manifestaciones ocurridas en la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Además, la organización ha mencionado la existencia de diversas acciones de presión, tales como arrestos domiciliarios, vigilancia constante por parte de la policía en los domicilios de opositores y lo que describió como uso excesivo de la fuerza contra quienes participaron en protestas. El comunicado emitido por la entidad subraya que estos incidentes representarían un “patrón de presión y control” con el objetivo de contener la protesta social y restringir los derechos fundamentales de la población.

El contexto de estas denuncias incluye las declaraciones previas del Ministerio de Exteriores cubano, el cual anunció cinco días antes la puesta en libertad de 51 personas encarceladas, como resultado de la mediación del Vaticano, tradicional interlocutor en procesos humanitarios y negociaciones similares en la isla. Sin embargo, la organización Prisoners Defenders (PD) señaló que, hasta febrero de 2026, el total de presos políticos asciende a 1.214 personas, cifra superior al reporte de enero del mismo año, cuando se contabilizaron 1.207 casos, mencionó la misma ONG, en lo que confirma una tendencia al alza en el número de personas encarceladas por motivos políticos.

El reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las cifras difundidas por Prisoners Defenders sobre la situación carcelaria han puesto de relieve el contraste entre las promesas de excarcelación y la persistencia, e incluso el incremento, de acciones represivas por parte de las fuerzas estatales cubanas. Según publicó el OCDH, las medidas tomadas por las autoridades abarcan desde la intimidación hasta la privación de la libertad, afectando no solo a quienes participan directamente en manifestaciones sino también a su entorno familiar y a otros sectores de la sociedad civil como periodistas y defensores de derechos humanos.

Distintas organizaciones han coincidido en señalar la permanencia de menores entre las personas detenidas, hecho al que el OCDH ha concedido especial relevancia en su último comunicado. La documentación de estos arrestos y la falta de confirmación sobre el estado de algunos de los detenidos resaltan la opacidad en los procesos y la preocupación de la sociedad civil respecto a la garantía de los derechos procesales y de protección de la infancia en estos contextos.

El OCDH, junto a otras entidades como Prisoners Defenders, ha subrayado que más allá de los anuncios de excarcelaciones y de iniciativas diplomáticas, la infraestructura represiva y coercitiva no muestra señales de retroceso. El medio continúa informando sobre una constante vigilancia policial y nuevas restricciones en los movimientos de opositores, sumando también las amenazas y presiones psicológicas como parte de la dinámica estatal para controlar la disidencia y limitar la capacidad de organización y expresión de la sociedad civil.

En este escenario, tanto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos como Prisoners Defenders siguen monitoreando los acontecimientos y actualizan periódicamente la información relativa tanto al número de personas privadas de libertad por motivos políticos como a las formas de presión ejercidas sobre los distintos sectores que expresan su desacuerdo con el gobierno cubano, reportó también la organización de defensa legal.

Declararon culpables a ocho personas el viernes en un tribunal federal de Texas por terrorismo tras un tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes, un caso que, según NBC News, la Fiscalía Federal asoció al movimiento antifa, una corriente de activismo que se opone a ideologías consideradas fascistas o de extrema derecha.

El juicio, seguido de cerca más allá del tribunal de Fort Worth, plantea interrogantes sobre los límites de las estrategias del gobierno para penalizar la protesta, y anuncia posibles consecuencias para futuras manifestaciones en Estados Unidos.

Los condenados enfrentan una pena de hasta 15 años de prisión por el cargo de apoyo material al terrorismo, según el informe de NBC News, con la audiencia de condena programada para junio.

Este proceso judicial es el primero en que, de acuerdo con declaraciones del director del FBI, Kash Patel, se imputa dicho cargo a personas acusadas de pertenecer al movimiento antifa, lo cual no exige filiación formal a ninguna organización.

Un tiroteo frente a un centro de detención y su repercusión en el derecho a protesta

El incidente ocurrió el 4 de julio ante el Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas, donde, según la cadena de noticias estadounidense, los manifestantes organizaron lo que definieron como una “manifestación ruidosa” para apoyar a inmigrantes detenidos por las políticas de deportación de la administración Trump.

La protesta se tornó violenta cuando, según la acusación, el ex reservista del Cuerpo de Marines, Benjamin Song, gritó “váyanse a los rifles” y disparó, hiriendo a Thomas Gross, teniente de la policía de Alvarado, quien recibió un disparo que atravesó su cuello.

La Fiscalía Federal de Texas argumentó que las acciones del grupo –como portar armas, chalecos antibalas y botiquines de primeros auxilios– demostraban una intención violenta y una preparación similar a tácticas atribuidas al movimiento antifa. El fiscal Shawn Smith sostuvo ante el jurado: “Esto no fue una protesta pacífica, fue una acción directa”.

De los nueve acusados inicialmente en el proceso, el jurado declaró culpables a ocho por apoyo material al terrorismo. Varios enfrentan además cargos de intento de asesinato de agente policial y de uso indebido de armas de fuego, ya que la fiscalía sostuvo que, debido a la planificación del grupo, la posibilidad de un tiroteo era previsible.

Por parte de la defensa, los abogados negaron cualquier vinculación orgánica con antifa y aseguraron que no existía plan para la violencia. Sostuvieron que quienes portaron armas lo hicieron por motivos de protección y que la mayoría había comenzado a retirarse cuando personal del centro apareció fuera, previo a los disparos.

Blake Burns, abogado de varios acusados, advirtió al jurado: “El gobierno está intentando caracterizar a los manifestantes como terroristas para encerrarlos”.

La disputa principal se centra en definir cuándo una protesta pasa a ser un acto criminal que pueda tipificarse como terrorismo doméstico. Al no existir una lista oficial en Estados Unidos de organizaciones terroristas nacionales, la legislación se basa en la naturaleza de las acciones y no en la pertenencia formal a un grupo, de acuerdo con NBC News.

Reacciones y consecuencias en el ámbito jurídico y social

El caso ha suscitado preocupación entre juristas y grupos defensores de derechos civiles en Estados Unidos. La presidenta interina del National Lawyers Guild, Suzanne Adely, advirtió en declaraciones a NBC News que el fallo podría provocar un efecto disuasorio sobre el derecho a manifestarse: “Esta es una forma de que el gobierno mida hasta dónde puede criminalizar manifestaciones constitucionalmente protegidas y aumente el temor, esperando que personas en otras ciudades se lo piensen dos veces antes de protestar”.

Varios de los acusados colaboraron con la fiscalía tras declararse culpables antes del juicio y testificaron para la acusación, con detalles sobre las razones de su presencia en el centro de detención. Seth Sikes afirmó: “Sentí que estaba haciendo lo correcto”.

La defensa de Song sostuvo que el tiro que hirió al agente Gross fue “fuego de supresión” y que la lesión fue consecuencia de un disparo desviado. El testimonio de Gross indica que, al llegar a la escena, observó a una persona vestida de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. En ese momento, el disparo le atravesó el cuello.

La controversia en torno a la imputación por “apoyo material al terrorismo” continúa, ya que tal cargo no exige probar vínculos con un grupo específico y desafía los límites de la Primera Enmienda, que protege los derechos de asociación y expresión en el territorio estadounidense.

El desenlace del juicio se conocerá en junio, cuando los ocho inculpados recibirán sentencia tras haber sido hallados culpables por el jurado.

El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió "un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

La protesta era en respuesta al acuerdo anunciado por la administración provincial en relación a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con lo informado por Todo Jujuy. Lo que, en horas de la tarde, empezó con una protesta pacífica frente a las rejas que rodean la sede del Poder Ejecutivo, pronto se convirtió en violentos incidentes, durante la noche.

La concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. En las videos que circularon en las redes sociales, se observa a una parte de los presentes arrojando pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en en el acceso al edificio y la infantería sobre la calle Sarmiento.

Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50 por ciento.

En el transcurso de la movilización, un grupo de personas intentó derribar una de las rejas del portón. Este hecho incrementó el clima de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar. La protesta se mantuvo durante varias horas

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, explicó un referente del personal activo del Servicio Penitenciario. “Se llegó al mejor acuerdo posible”, añadió lo que posteriormente desató los incidentes.

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico, de acuerdo con lo informado por Noticias (d) Jujuy. Además del reclamo por la actualización salarial pidieron mejoras en las condiciones de trabajo, señalando la necesidad de revisar aspectos vinculados a la jornada laboral, los recursos disponibles y la infraestructura en dependencias policiales.

El malestar dentro de la fuerza se profundizó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), según añadió el mismo medio. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre el personal de menor rango. En respuesta, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir la protesta de manera momentánea.

El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector. Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones. El conflicto permanece abierto.

Una situación similar se vivió semanas atrás en Rosario, Santa Fe en donde una protesta policial terminó en enfrentamientos internos. Los agentes de la fuerza provincial vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a familiares, se reunieron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

La situación escaló pasada la medianoche del 10 de febrero, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. Esto llevó a que varios efectivos se sumaran a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando las calles con patrulleros y motos oficiales.

El reclamo original exigía una urgente recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Tras la intervención oficial, la protesta se radicalizó y se replicó en otros puntos de Rosario y en la capital provincial.

La respuesta del Gobierno de Jujuy

El Gobierno de Jujuy emitió un comunicado, donde expresó un llamado a la calma y la paz social. Y aseguró su compromiso con el diálogo y la continuidad de las mesas de trabajo con los representantes de los familiares del personal de seguridad, tanto en servicio como retirados.

La comunicación oficial destacó que la provincia no permitirá el retorno de prácticas asociadas a la violencia y a la confrontación: “No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia”. La administración enfatizó que la violencia y el encubrimiento de rostros representan métodos que la sociedad jujeña dejó atrás bajo un sistema democrático.

Tras denunciar la existencia de un grupo reducido con intereses ajenos al bienestar general, el Gobierno de Jujuy señaló que este sector fue responsable de daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes considerados patrimonio de la provincia. El texto remarcó: “El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo”.

La autoridad provincial reiteró que el bienestar colectivo depende del respeto a la democracia y las instituciones, así como de la búsqueda de consensos. Y concluyó reafirmando la decisión de la ciudadanía: “Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando”.

El comunicado

El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas.

Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el alcalde demócrata de Denver, Mike Johnston, firmó este jueves la orden que faculta tanto a la policía como a los alguaciles locales para intervenir en operativos migratorios federales cuando se registre un uso de fuerza que pueda resultar en la muerte o lesiones corporales graves. La nueva directriz estipula que el cuerpo policial tiene la responsabilidad de documentar las acciones de los agentes de inmigración utilizando cámaras corporales, así como de iniciar investigaciones sobre denuncias y posibles infracciones que se presenten en el desarrollo de estos operativos.

El medio EFE detalló que la medida instruye expresamente a la policía de Denver a proteger a los manifestantes pacíficos que decidan protestar o documentar redadas migratorias, subrayando la importancia de preservar el derecho a la libertad de expresión y la integridad de quienes asistan a estas manifestaciones.

Ninguna agencia municipal compartirá información contenida en sus bases de datos ni acuerdos para el uso de tecnología con el Departamento de Seguridad Nacional ni sus oficinas de inmigración, según lo dispuesto en la nueva orden ejecutiva referida por EFE. Además, se restringe el acceso de agentes federales de inmigración a instalaciones municipales, exigiendo la presentación formal de una orden judicial para que puedan ingresar a dichos recintos en el transcurso de sus operativos.

Johnston expresó en un comunicado, citado por EFE, que “Nuestros equipos policiales y legales defenderán las libertades civiles y, de ser necesario, intervendrán para proteger la vida y la seguridad de nuestros residentes”. Esta afirmación se enmarca en el esfuerzo de la ciudad por fortalecer la supervisión sobre los operativos migratorios federales y prevenir situaciones que atenten contra los derechos civiles de su población.

El jefe del Departamento de Policía de Denver, Ron Thomas, sostuvo que la entidad a su cargo tiene el deber de intervenir y de abrir investigaciones cada vez que miembros de la comunidad resulten dañados como consecuencia de los procedimientos efectuados por los agentes federales, publicó EFE.

De acuerdo con la cobertura de EFE, el fiscal de Denver, Miko Brown, también manifestó la disposición de su oficina para actuar en defensa de los derechos de la comunidad. Brown enfatizó que la fiscalía tomará medidas en favor de todos los residentes “independientemente de su lugar de nacimiento”.

La decisión de la administración municipal en Denver se da en un contexto nacional marcado por el incremento de redadas y operativos migratorios federales, intensificados durante la administración de Donald Trump, lo que generó preocupaciones sobre posibles violaciones a las garantías constitucionales de los residentes, en especial aquellos pertenecientes a comunidades de inmigrantes. La implementación de estos protocolos representa un cambio en la postura gubernamental local respecto a la cooperación con las autoridades federales migratorias, orientado a evitar nuevos episodios de violencia y a garantizar la protección de los derechos civiles en la ciudad, según lo reportado por EFE.

El medio EFE también consignó que la ciudad tomó distancia formal respecto a la prestación de facilidades o recursos tecnológicos que pudieran emplear los agentes de inmigración, estableciendo como requisito la orden judicial previa para toda colaboración. Esta estrategia busca limitar los recursos y el margen de acción de las autoridades federales dentro del ámbito municipal de Denver, enfocándose en la prevención de abusos y en la transparencia durante los procedimientos.

Las nuevas directrices permiten que cualquier denuncia de uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos de los residentes en el contexto de redadas migratorias sea documentada y revisada bajo los estándares de la policía local, incrementando la visibilidad y el seguimiento de estos incidentes. EFE señaló que la decisión de implementar estas medidas responde directamente a los antecedentes recientes ocurridos en otras ciudades del país, marcados por pérdidas humanas asociadas a operativos migratorios.

El anuncio de la administración de Denver ha generado acciones inmediatas entre los cuerpos policiales y organismos de supervisión local, quienes deberán responder a las nuevas exigencias en materia de protección de manifestantes, registro audiovisual de las intervenciones, y revisión sistemática de los operativos migratorios federales.

La medida también incluye disposiciones claras para la custodia de la información municipal, planteando normas para evitar cualquier intercambio o utilización de datos o tecnología local a favor de las agencias de inmigración federales en ausencia de una orden legal expresa. Según el reporte de EFE, el enfoque de la Orden Ejecutiva busca equilibrar el cumplimiento del marco legal federal con la salvaguardia de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes estatales y locales, especialmente frente al posible uso de la fuerza letal o desproporcionada.

La administración local subrayó la prioridad de prevenir muertes y minimizar riesgos en los operativos federales realizados dentro del territorio de Denver, responsabilizando a la policía municipal de adoptar un papel activo tanto en la protección directa de las personas como en la vigilancia y fiscalización de los procedimientos. Tal como reportó EFE, la medida también responde a reiteradas demandas de las organizaciones comunitarias en torno a la protección de minorías y de residentes afectados por la política migratoria nacional.

El medio EFE relató que la normativa se produce tras incidentes recientes en otras ciudades que suscitaron debates a nivel nacional acerca de la adecuada supervisión de los agentes federales durante las detenciones y las intervenciones de carácter migratorio, así como sobre la necesidad de mayores salvaguardias institucionales para la defensa de los derechos civiles de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.

Manifestantes bloquearon el martes las principales carreteras de Beirut y sus alrededores después de que el gabinete del Líbano aprobara nuevos impuestos que elevan los precios del combustible y otros productos para financiar aumentos salariales públicos.

El Gabinete aprobó el lunes un impuesto de 300.000 libras libanesas (unos 3,30 dólares) por cada 20 litros (5,3 galones) de gasolina. El diésel quedó exento del nuevo impuesto, ya que la mayoría de los habitantes del Líbano dependen de él para alimentar generadores privados y compensar la grave escasez de electricidad estatal.

El gobierno también acordó aumentar el impuesto al valor agregado sobre todos los productos ya sujetos al gravamen del 11 al 12%, algo que el Parlamento aún debe aprobar.

Los aumentos de impuestos buscan apoyar los aumentos salariales y las mejoras en las pensiones de los empleados públicos, tras la pérdida de valor de los salarios con el desplome monetario de 2019, lo que les otorga el equivalente a seis meses adicionales de salario. El ministro de Información, Paul Morcos, indicó que se estima que los aumentos salariales costarán unos 800 millones de dólares.

Aunque el país mediterráneo se asienta sobre una de las mayores reservas de oro de Oriente Medio, sufre una inflación constante y una corrupción generalizada. El país, con problemas de liquidez, también sufrió daños por unos 11.000 millones de dólares en la guerra de 2024 entre Israel y el grupo militante Hezbollah.

Indignación por el aumento del precio del combustible

Ghayath Saadeh, uno de los integrantes de un grupo de taxistas que bloquearon una carretera principal que conduce al centro de Beirut, dijo que los líderes del país “consideran que los taxistas somos basura”.

“Todo está subiendo de precio, la comida y la bebida, y se acerca el Ramadán”, dijo. “Bloquearemos todas las carreteras, si Dios quiere, si no nos responden”.

Cuando el gobierno libanés propuso nuevos impuestos en 2019, incluyendo una tarifa mensual de 6 dólares por usar llamadas por internet a través de servicios como WhatsApp, estallaron protestas masivas que paralizaron el país durante meses. Los manifestantes exigieron la dimisión de los líderes del país debido a la corrupción generalizada, la parálisis gubernamental y las deficiencias de la infraestructura, y exigieron el fin del sistema sectario de reparto de poder.

El Líbano ha estado bajo presión internacional durante años para realizar reformas financieras, pero hasta ahora ha logrado pocos avances.

Se discute el plan de armas

También el lunes, el gabinete recibió un informe del ejército libanés sobre su progreso en un plan para desarmar a los grupos militantes no estatales en el país, incluido Hezbollah.

El mes pasado, el ejército anunció la finalización de la primera fase del plan, que abarca la zona al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel. La segunda fase del plan abarcará segmentos del sur del Líbano entre los ríos Litani y Awali, incluyendo la ciudad portuaria de Sidón.

Morcos, el ministro de Información, dijo después de la sesión del gabinete que se espera que la segunda etapa dure cuatro meses, pero que podría extenderse “dependiendo de los recursos disponibles, la continuación de los ataques israelíes y los obstáculos sobre el terreno”.

El plan de desarme llega después de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos pusiera fin nominalmente a una guerra entre Hezbollah e Israel en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de reconstruirse y ha seguido lanzando ataques casi diarios en el Líbano y ocupando varios puntos de la cima de colinas en el lado libanés de la frontera.

Hezbollah ha insistido en que el acuerdo de alto el fuego sólo requiere que se desarme al sur de Litani y que no discutirá el desarme en el resto del país hasta que Israel detenga sus ataques y se retire de todo el territorio libanés.

(con información de AP)

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Mineápolis.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirara del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes.

"Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local". EFE

(video)

Un episodio de tensión se registró en pleno Zócalo de la ciudad de Oaxaca, luego de que un turista extranjero confrontara de manera directa a integrantes de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños (Uacol), quienes realizaban una manifestación pública en uno de los espacios más concurridos del centro histórico.

El hecho quedó documentado en un video que comenzó a circular en redes sociales y que rápidamente generó debate. En las imágenes se observa a uno de los integrantes del colectivo utilizando un micrófono para dirigir un discurso ante los asistentes. Durante su intervención, el manifestante mencionó el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que aparentemente provocó la molestia del visitante extranjero.

Tras escuchar la referencia, el turista se acercó al orador para encararlo de forma directa. Aunque el intercambio inicial fue breve, la situación escaló rápidamente. El hombre se retiró visiblemente alterado, pero continuó gritando consignas contra los manifestantes, lanzando insultos y expresando su rechazo hacia una bandera palestina que era exhibida por algunos de los participantes.

En medio del discurso, el orador señaló que la reacción del extranjero evidenciaba una diferencia entre ambos países en cuanto al respeto a la protesta social. “ya habría al menos 50 agentes del ICE golpeándolo y reprimiéndolo”, expresó al referirse a lo que, según dijo, ocurriría si un mexicano confrontara una manifestación en Estados Unidos, subrayando que en México existe libertad de expresión.

Segundos después de dichas declaraciones, varios integrantes de la Uacol corrieron hacia el punto donde el turista continuaba discutiendo con otros comerciantes. Ante el incremento de la tensión, el propio orador solicitó a sus compañeros mantener la calma y evitar cualquier confrontación física.

No obstante, el video también muestra al extranjero pidiendo la intervención de la policía, mientras toma un objeto con el que amenaza a los manifestantes, lo que elevó aún más la preocupación entre los presentes. Finalmente, miembros de la organización le exigieron que se retirara del lugar para evitar un enfrentamiento mayor.

El turista accedió a abandonar la zona, aunque lo hizo mientras continuaba lanzando insultos verbales contra el grupo. El video del incidente tiene una duración de 1 minuto con 22 segundos y, a pocas horas de su publicación, superó las 3 mil reproducciones.

En redes sociales, el material generó decenas de comentarios y opiniones divididas en plataformas como Facebook y X, donde usuarios debatieron sobre los límites de la libertad de expresión, el respeto a las manifestaciones públicas y el comportamiento de algunos turistas extranjeros en territorio mexicano.

El plan desarrollado en Minnesota busca disminuir la presencia de hasta 3.000 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) desplegados en ese estado y, al mismo tiempo, modificar el enfoque de sus operaciones para evitar incidentes que resulten en víctimas mortales durante los operativos. Según informó el medio, Tom Homan, responsable principal de las operaciones federales en la región conocido como el "zar de las fronteras", detalló que este ajuste responde tanto a las directrices presidenciales como a la necesidad de reducir la tensión social después de que manifestantes fallecieran en enfrentamientos con agentes.

De acuerdo con lo publicado, Homan anunció en una rueda de prensa que las nuevas directrices priorizan la seguridad pública y proponen una reducción del despliegue policial del ICE en Minnesota, al tiempo que mantienen el compromiso de aplicar la ley de inmigración. El objetivo principal, expuso el funcionario, consiste en diseñar operativos más específicos que minimicen los riesgos para todas las partes involucradas y ajusten la labor de los agentes a las prioridades de seguridad nacional.

Homan transmitió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha instruido directamente para que en el desarrollo de este tipo de misiones no se produzcan víctimas fatales. “El presidente, una de las cosas que me dijo cuando vine aquí, fue que no quería ver morir a nadie”, recogió el medio, añadiendo que también enfatizó: “Cuanta menos interferencia, menos retórica. No quiero ver morir a nadie. Ni siquiera a las personas que buscamos”.

La revisión de la estrategia del ICE en Minnesota responde al contexto de efervescencia social generado tras el fallecimiento de manifestantes durante recientes operativos. Tal como consignó el medio, Homan subrayó en su comparecencia la importancia de respetar el derecho de manifestación establecido en la Constitución de Estados Unidos, aunque al mismo tiempo dejó claro que cualquier acto de interferencia, obstrucción o agresión hacia los funcionarios de inmigración motivará un arresto inmediato. “Si interfieres, obstaculizas o agredes a los agentes del ICE, serás arrestado”, advirtió.

El jefe de las operaciones federales explicó que, a raíz de reuniones sostenidas con autoridades locales en los últimos días, se han logrado avances sustanciales para encontrar un terreno común sobre la seguridad y el orden, pese a la variedad de opiniones y posturas. Según reportó el medio, Homan describió que todas las partes están de acuerdo en reducir la inseguridad, combatir la delincuencia y elevar la seguridad durante el despliegue de los agentes.

El enfoque específico ahora propuesto por el ICE, según sostuvo Homan, dirigirá los recursos principalmente hacia la identificación y control de amenazas para la seguridad pública y nacional, con procedimientos que eviten daños colaterales y reduzcan la posibilidad de incidentes con víctimas. El encargado federal hizo énfasis en que el respeto a la ley seguirá siendo prioritario, pero que garantizar la vida de todas las personas implicadas es una instrucción directa de la Casa Blanca.

El medio detalló que la intervención de Homan en Minnesota constituye una respuesta oficial al clima de tensión social reinante tras los eventos recientes, buscando establecer un nuevo estándar para los operativos migratorios que no solo cumpla la legislación, sino que también apueste por prevenir situaciones que desemboquen en pérdidas humanas.

Naciones Unidas ha reclamado al Gobierno de Irán que ponga fin a la “brutal represión” de las manifestaciones y “escuche” las demandas “legítimas” de la población, para así adoptar “medidas efectivas” para dar respuesta a sus llamamientos, así como garantizar una rendición de cuentas por la “represión violenta” de las movilizaciones, que ha dejado miles de muertos.

Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press que la mano dura contra los manifestantes “no resuelve ninguno de los problemas” y ha advertido de que “la represión solo puede incrementar las violaciones de los Derechos Humanos, la inestabilidad y el derramamiento de sangre”.

“Hemos visto cómo la gente se ha echado a las calles para expresar su frustración, su ira, por su situación económica. Sus demandas han evolucionado de forma natural para incluir también reformas del sistema político y de la situación de los Derechos Humanos”, ha explicado, antes de incidir en que se trata de “demandas legítimas”. “Las autoridades deben escuchar a la población y adoptar medidas efectivas”, ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que “lo primero de todo” es “poner fin a la brutal represión”, lo que debe verse seguido por “una liberación de los detenidos de forma arbitraria, la imposición de una moratoria a la pena de muerte, el fin del bloqueo a Internet y las comunicaciones, el establecimiento de una rendición de cuentas y, por supuesto, el inicio de reformas”.

Al Kheetan, quien ha reseñado que su oficina no cuenta con “cifras precisas” sobre fallecidos, ha criticado los “intentos de las autoridades para deslegitimar a los manifestantes y etiquetarlos de enemigos del Estado, terroristas o agentes extranjeros”, después de que Teherán acusara a “terroristas” de ataques para causar víctimas y forzar una intervención de Estados Unidos.

“No tenemos herramientas suficientes para investigar todas estas afirmaciones, pero no creo que las miles de personas que han muerto sean todos terroristas o enemigos del Estado”, ha explicado sobre el balance de muertos que las autoridades iraníes sitúan en 3.100, al tiempo que ha insistido en que “nada de esto justificaría el recurrir a un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado e innecesario”.

“Las obligaciones del Gobierno a la hora de garantizar el debido proceso e investigaciones transparentes son las mismas, sean disturbios o no”, ha recordado, antes de destacar que las informaciones disponibles apuntan a “miles” de muertos, incluidos “cientos” de miembros de las fuerzas de seguridad. De esta forma, ha remarcado que “es necesaria transparencia para entender lo que está pasando y que haya un escrutinio público sobre las acciones de las autoridades”.

Amenazas sobre posibles ejecuciones

En la entrevista con Europa Press, Al Kheetan ha apuntado además a las “declaraciones contradictorias” sobre la posible ejecución de detenidos, después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, negara que fuera a imponerse la pena capital a manifestantes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que habría impedido el ajusticiamiento de más de 800 personas, algo negado por Teherán.

“Hay altos cargos del aparato judicial que amenazaron a los manifestantes con cargos que acarrean la pena de muerte de forma obligatoria”, ha dicho, antes de afirmar que esto es algo “preocupante” y destacar que “Irán es uno de los Estados del mundo que más ejecuciones llevan a cabo, con al menos 1.500 el año pasado, según los datos disponibles”, una cifra que supondría “un 50% más” que en 2024.

En esta línea, ha recordado la petición de Turk para una moratoria a la pena de muerte, algo que su oficina “pide desde hace mucho tiempo” como “primer paso” de cara a “una abolición total de la pena capital”, antes de reclamar a Teherán que “interactúe con todas las partes del ecosistema de Derechos Humanos de la ONU”.

Al Kheetan ha solicitado a Irán “cooperación total” con la oficina del Alto Comisionado y la misión internacional independiente de investigación y que conceda “acceso total” a los “mecanismos internacionales”.

A pesar de la falta de acceso, el portavoz de Turk ha explicado que la oficina “sigue llevando a cabo su trabajo a la hora de supervisar y documentar los acontecimientos y los diferentes tipos de violaciones”. “Seguimos aplicando el mandato global dado al Alto Comisionado para monitorizar la situación”, ha reiterado.

En este contexto, ha cargado contra el bloqueo a Internet y ha recordado que “la gente tiene derecho a comunicarse” y que “un cierre o cualquier limitación al sistema de comunicaciones debe ser aplicado en línea con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

“Debe ser proporcionado, limitado en el tiempo y contar con motivos razonables y lógicos”, ha dicho, subrayando que “lo que se ha visto es un bloqueo total de Internet y las comunicaciones en general, siendo el más largo registrado en Irán, lo que ha limitado gravemente el acceso a la información y la comunicación”.

“Las personas no han podido hablar entre ellas o con gente fuera del país, por lo que ha sido muy difícil o incluso imposible saber qué está pasando (...) también para los iraníes que viven en Irán”, ha manifestado.

Así, ha destacado que Teherán “tiene la obligación de respetar el derecho de la población a recibir y difundir información, especialmente en una fase en la que el país atraviesa un momento tan crucial”, al tiempo que ha añadido que, si bien “hay informaciones que apuntan a que estas limitaciones (...) han sido levantadas muy parcialmente (...), aún no es suficiente”. “Está claro que esta falta de comunicaciones permite que haya más y más violaciones”, ha advertido.

Impacto de las sanciones y advertencias de Trump

Por otra parte, en su conversación con Europa Press, el portavoz de Turk ha apuntado que “la comunidad internacional debe dar pasos inmediatos para abordar el impacto de las sanciones sobre los Derechos Humanos de la población iraní”, después de que Teherán haya denunciado que son causantes del ahondamiento de la crisis y el empeoramiento de la calidad de vida de la población.

“Las sanciones sectoriales, cuando son generalizadas, normalmente no ayudan”, ha esgrimido Al Kheetan, quien ha ahondado que, en estos casos. “Siempre hemos pedido una revisión y retirada de cualquier sanción sectorial (...) porque vemos que no ayudan a abordar la situación de los Derechos Humanos del pueblo y, de hecho, pueden empeorar la situación de las personas a las que intentamos defender”, ha resaltado.

Además, ha subrayado que “la rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos no puede obtenerse a través de la fuerza militar, ya venga de dentro o de fuera de Irán” y ha agregado que “la retórica agresiva y las amenazas son muy contraproducentes en este caso”, después de que Trump haya amenazado con una intervención militar por la represión de las protestas.

“La rendición de cuentas requiere investigaciones adecuadas y acciones judiciales, ya sea a través de la jurisdicción universal o en los tribunales nacionales”, ha sostenido, al tiempo que ha recordado que los tribunales nacionales pueden aplicar la jurisdicción nacional para “procesar a violadores de los Derechos Humanos por crímenes internacionales graves cometidos fuera de sus países”.

“Esperamos que las autoridades iraníes actúen y que el sistema judicial iraní pueda lograr justicia y rendición de cuentas por las violaciones que han tenido lugar. Si esto fuera imposible, la jurisdicción universal es también una opción”, ha zanjado, en un nuevo llamamiento al Gobierno para que aborde las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos.

(con información de EP)

La mañana de este viernes 23 de enero, el Deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero se convirtió en el punto de encuentro para activistas y vecinos que buscan proteger a 183 perros asegurados y trasladados desde el Refugio Franciscano de Cuajimalpa.

La presencia de los defensores responde a la posibilidad de que las autoridades trasladen a los animales a la Brigada de Vigilancia Animal, una acción que ha generado preocupación sobre las condiciones en que se realizaría el movimiento.

El campamento instalado en el acceso principal del deportivo muestra la determinación de quienes permanecen atentos al futuro de los perros.

Exigen información y seguimiento veterinario

Las pancartas y la vigilancia constante han sido parte de una estrategia con la que los manifestantes buscan asegurar transparencia en torno al bienestar de los animales durante su resguardo y ante cualquier traslado potencial.

Los grupos animalistas han solicitado a las autoridades información puntual sobre cualquier procedimiento relacionado con los perros. Exigen que se explique el motivo del posible traslado, el protocolo que se seguiría y las condiciones sanitarias de los animales.

El acceso a la información es parte de las demandas centrales del plantón, donde insisten en que toda medida debe priorizar la salud de los perros y la intervención de personal veterinario calificado.

Condiciones y resguardo de los perros en el deportivo

Durante las inspecciones, representantes de los colectivos han documentado que algunos de los perros presentan afecciones respiratorias y han sido puestos bajo observación médica.

Estos representantes reportaron que 170 perros permanecen en el deportivo, mientras 13 fueron trasladados a un hospital veterinario para revisión. Los activistas consideran que este tipo de medidas debe mantenerse bajo vigilancia independiente y con acceso a reportes claros sobre su estado de salud.

Dentro del Deportivo Hermanos Galeana, los perros cuentan con alimento y resguardo. Veterinarios asignados a la instalación supervisan el estado general de los animales y dan seguimiento a los casos que requieren atención específica.

Los activistas han señalado la importancia de que las condiciones de resguardo se mantengan óptimas y que cualquier movimiento posterior ocurra bajo protocolos que garanticen la integridad de los perros.

Plantón y acuerdos con autoridades

La presencia de los animalistas ha respondido a acuerdos previos que han permitido visitas supervisadas y monitoreo en el deportivo. Los colectivos planean continuar con la vigilancia y extender los recorridos a otras locaciones.

La exigencia de transparencia abarca también el destino final de los animales. Las organizaciones participantes mantienen su postura a favor de que los perros regresen a hogares definitivos o con adoptantes, y piden que cualquier decisión se tome bajo consulta.

En cada punto, buscan certidumbre sobre el paradero y las condiciones de los animales, mientras esperan una resolución oficial sobre el futuro de los 183 perros asegurados.

El Congreso de la Ciudad de México registró momentos de tensión luego de que manifestantes ingresaran por la fuerza al recinto legislativo ubicado en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, en el marco de una disputa entre diputados por la ocupación de una curul.

El incidente incluyó el cierre de accesos con candados, empujones y forcejeos, así como la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contener la situación.

Durante varias horas, la vialidad en Donceles permaneció cerrada debido a la presencia de simpatizantes de ambos grupos políticos involucrados, lo que obligó a modificar el desarrollo normal de las actividades parlamentarias.

La sesión de la Comisión Permanente se vio afectada por el ambiente de confrontación tanto al interior como en los alrededores del Congreso.

Origen del conflicto: reincorporación del diputado propietario

El conflicto se originó a partir de la solicitud de reincorporación del diputado propietario Gerardo González García, quien había rendido protesta el 1 de septiembre de 2024, pero un día después solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo.

En su ausencia, el diputado suplente Víctor Hugo Lobo Rodríguez asumió la curul.

En días recientes, González García presentó un oficio ante el Congreso capitalino para retomar sus funciones legislativas, lo que derivó en la resistencia del suplente a dejar el escaño.

De acuerdo con versiones de testigos, ante la inminente reincorporación, se promovió el cierre del recinto y se intentó impedir el acceso del diputado propietario.

La disputa también ha sido vinculada con la figura conocida como “juanito”, un mecanismo político mediante el cual un legislador electo cede el cargo para permitir que otra persona ejerza la función de manera prolongada, práctica que ha generado controversia en distintos procesos legislativos.

Actores involucrados en la disputa política

En los hechos participaron distintos actores políticos y legislativos, entre ellos:

• Gerardo González García, diputado propietario que solicitó su reincorporación al Congreso.
• Víctor Hugo Lobo Rodríguez, diputado suplente que ocupaba la curul.
• Víctor Hugo Lobo Román, exdelegado y operador político en la alcaldía Gustavo A. Madero.
• Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
• Simpatizantes y colaboradores de ambos grupos, cuya presencia derivó en confrontaciones verbales y físicas.

Desde la Mesa Directiva se informó que la reincorporación del diputado propietario se realizó conforme a lo establecido en la normatividad vigente, tras la recepción formal del oficio correspondiente.

Qué sigue tras los hechos registrados en Donceles

Pese a los incidentes, Gerardo González García logró ingresar al recinto legislativo y retomar su curul, con lo que quedó sin efecto la suplencia.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que, jurídicamente, el Congreso debe acatar la reincorporación notificada, y que cualquier diferencia de carácter político deberá resolverse por otras vías.

En el corto plazo, se prevé que las actividades legislativas continúen con normalidad, aunque no se descarta una revisión interna sobre lo ocurrido para evitar que situaciones similares se repitan.

El episodio evidenció las tensiones internas derivadas de disputas por espacios de representación y dejó constancia de los límites legales en el uso de las suplencias dentro del Congreso capitalino.

El exiliado Reza Pahlavi ha presentado un plan detallado para una futura transición política en Irán. Tal como publicó la fuente, Pahlavi se ha comprometido a eliminar el programa militar nuclear iraní, asegurar la normalización de relaciones con Israel y fortalecer los vínculos diplomáticos con Estados Unidos si logra regresar al poder. Estas propuestas acompañan su petición pública a los gobiernos extranjeros para que respalden, sin restricciones, a quienes desafían actualmente al régimen iraní.

De acuerdo con la fuente, el hijo del último shah de Irán ha declarado que la comunidad internacional debe brindar un apoyo total a quienes protagonizan las recientes protestas en las calles de distintas ciudades iraníes. Pahlavi, quien se encuentra en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 que depuso a su padre, Mohamad Reza Shah, difundió un video en redes sociales denunciando la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes y asegurando que, durante un periodo reciente de violencia, perdieron la vida más de 12.000 personas en cuarenta y ocho horas, lo que, según sus palabras, representó “un asesinato cada catorce segundos”. Las autoridades iraníes rechazaron estas cifras, y mantienen que los manifestantes incurren en actos violentos que justifican, según su versión, el uso de la fuerza.

En su mensaje, Pahlavi afirmó: “El pueblo de Irán está adoptando medidas decisivas sobre el terreno. Es momento de que la comunidad internacional les apoye totalmente”. Se refirió a las manifestaciones señalando que “el pueblo iraní se ha alzado para recuperar su país. La Historia honrará a los que estén de su lado”, según consignó el medio fuente. Además, planteó que el conflicto actual no es una confrontación entre reforma y revolución, sino entre “ocupación y liberación”, afirmando que la población ya ha decidido a qué bando pertenece.

El exiliado denunció también el uso letal de la fuerza estatal, aludiendo a la falta de compasión del régimen y al sufrimiento diario de la población. “Sus cabezas están ensangrentadas, pero no inclinadas. Pese a las mentiras que se escucha por parte del régimen, su sed de sangre no ha disminuido. La matanza no ha terminado”, declaró. Estas manifestaciones se produjeron en el contexto de un deterioro económico y un aumento del descontento social, que en semanas recientes ha generado olas de protestas en el país.

El medio fuente recordó que, aunque Pahlavi ha buscado situarse como una figura alternativa ante el régimen, no dispone de una base sólida de respaldo reconocida, ni siquiera entre los mismos manifestantes que han desafiado al gobierno en los últimos años. No obstante, Pahlavi ha diseñado medidas concretas para un eventual periodo de transición, anunciando su intención de regresar a Irán y convocar a la unidad internacional a favor de los derechos civiles y la liberación nacional, según detalló la fuente.

El liderazgo iraní, por su parte, argumentó que la violencia registrada en las manifestaciones tuvo como objetivo proporcionar a Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, una justificación para una posible intervención militar en el país. Por ese motivo, las autoridades iraníes instaron a Washington a establecer un diálogo político con el fin de solventar las diferencias bilaterales, al tiempo que reivindicaron que Irán se encuentra preparado para afrontar cualquier escenario de enfrentamiento armado, reportó la fuente.

Pahlavi precisó que su programa de gobierno, en caso de asumir el poder, incorporaría el abandono de cualquier desarrollo de armas nucleares, pese a que Teherán niega la existencia de un programa militar nuclear. Asimismo, incluyó entre sus iniciativas la normalización diplomática con Israel, una medida que marcaría un cambio respecto a la política exterior actual de Irán, además de la búsqueda de una relación más estrecha con Estados Unidos.

Las expresiones de Pahlavi y la reacción oficial iraní se inscriben en una coyuntura de tensiones persistentes entre la sociedad civil iraní, que demanda reformas profundas y mayores libertades, y el gobierno, que sostiene su posición frente a lo que considera amenazas externas e internas. A pesar de la represión documentada, las manifestaciones han continuado impulsadas por una crisis económica y por la percepción de una disminución de la calidad de vida, elementos a los que Pahlavi hace referencia al plantear la necesidad de un “nuevo camino creíble hacia adelante”.

La fuente recopiló que, desde su exilio, Reza Pahlavi ha recurrido a mensajes videográficos para dar visibilidad internacional a la situación interna iraní y para apelar al respaldo extranjero, con el objetivo de generar presión coordinada sobre las autoridades de Teherán y fortalecer la posición de los opositores dentro del país.

Un individuo trepó hasta el tejado de la Embajada de Irán en Londres y quitó una bandera nacional durante una protesta nocturna, acto que condujo a su arresto por delitos de daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía, según informó la Policía Metropolitana de Londres. Este suceso formó parte de una serie de altercados ocurridos el pasado viernes por la noche, que dejaron un saldo de ocho heridos y 14 personas detenidas frente a la sede diplomática iraní, tal como reportó el medio.

La intervención policial se inició tras la convocatoria de una manifestación relacionada con la crisis interna que afecta a la república islámica desde hace casi dos semanas, como detalló la Policía y los servicios de Emergencia británicos a través de un comunicado oficial en redes sociales. Conforme a lo informado por la Policía Metropolitana, los altercados incluyeron daños a la propiedad, enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes, así como el lanzamiento de proyectiles dirigidos contra las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la movilización de refuerzos.

Entre los ocho heridos confirmados se encuentran cuatro agentes de policía que recibieron lesiones de carácter leve. Los efectivos policiales afectados fueron tratados en el lugar por los servicios de emergencia, y hasta el momento no se detalló la condición o el tipo de lesiones que sufrieron las otras cuatro personas hospitalizadas, de acuerdo con la información brindada por las autoridades y citada por la fuente original.

Según recogió la Policía Metropolitana de Londres, la manifestación ocasionó momentos de tensión cuando varios de los participantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados. La intervención de refuerzos policiales permitió retomar el control del perímetro y evitar que la situación escalara a mayores disturbios, manteniéndose durante toda la noche en los alrededores de la Embajada iraní.

Entre los detenidos, uno fue arrestado tras acceder al tejado de la sede diplomática y retirar la bandera, lo que las autoridades calificaron como una violación a la protección diplomática y al normal funcionamiento de las relaciones internacionales. Los cargos presentados contra esta persona incluyeron la invasión de propiedad diplomática, daños criminales y agresión a los funcionarios policiales, según publicó la Policía Metropolitana, citada por diversos medios británicos.

El contexto de la protesta, como detalló el comunicado policial, está vinculado a las protestas y disturbios que han tenido lugar en Irán en las últimas dos semanas, situación que ha motivado la realización de manifestaciones de solidaridad y denuncia en distintas capitales europeas, incluida Londres. Las fuerzas de seguridad enfatizaron en la comunicación oficial la prioridad de resguardar la integridad de las delegaciones diplomáticas y mantener el orden público ante manifestaciones que puedan derivar en hechos violentos.

El operativo de la Policía Metropolitana incluyó la custodia reforzada de la Embajada durante la noche y la mañana posterior, con el objetivo de prevenir nuevos actos de confrontación o ataques contra la propiedad diplomática. Adicionalmente, en el comunicado difundido en redes sociales, las autoridades indicaron que la investigación sobre los hechos continúa, y que se revisarán pruebas y testimonios para determinar posibles nuevos cargos o responsabilidades entre los participantes detenidos.

El recuento de los incidentes fue acompañado de mensajes de las autoridades locales reiterando la obligación de las fuerzas de seguridad de responder a agresiones y proteger tanto a los ciudadanos reunidos como al personal diplomático, con base en la normativa internacional sobre la inviolabilidad de las misiones extranjeras y la soberanía nacional, informó la Policía Metropolitana.

La Embajada de Irán en Londres no emitió comentarios sobre el incidente en el momento de la publicación, mientras que la policía a cargo del operativo sostuvo que todos los implicados serán puestos a disposición judicial conforme al grado de participación y los delitos atribuidos, según consignó el medio británico y la Policía Metropolitana.

Un individuo subió al techo del edificio diplomático iraní en Londres, arrancó una bandera e inmediatamente fue detenido bajo las acusaciones formales de daño criminal, invasión de propiedad diplomática y agresión a las fuerzas de seguridad, según consignó la Policía Metropolitana de Londres. Además del arresto de este manifestante, el mismo operativo policial concluyó con la detención de varias personas, mientras la cifra exacta de agentes lesionados y arrestados entre los participantes permanecía sin precisarse. Estos hechos se produjeron en el marco de una movilización frente a la embajada de Irán en el Reino Unido, ocurrida la noche del viernes, en medio de un contexto de crisis política y social que afecta al país persa desde hace casi dos semanas, según informó la agencia Europa Press.

La Policía Metropolitana de Londres comunicó públicamente, a través de sus plataformas oficiales, que la manifestación se desarrolló ante la sede diplomática iraní y derivó en incidentes violentos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los enfrentamientos se intensificaron cuando un grupo de personas lanzó diferentes objetos a los agentes encargados de custodiar la representación diplomática antes de que llegaran los refuerzos policiales, quienes se mantuvieron desplegados frente al edificio durante toda la noche.

El operativo policial incluyó la intervención inmediata después de que se identificaran actos considerados ilegales, como la irrupción del manifestante en el tejado. Europa Press detalló que la persona arrestada fue acusada formalmente de daño criminal e invasión de una propiedad diplomática, categorías de delito contempladas en la legislación británica y que implican sanciones que dependen de la gravedad y las circunstancias de la acción. El mismo detenido también enfrentó cargos por agresión contra la policía, hecho que se habría producido durante su ingreso forzado a la sede diplomática.

Organizadores y participantes de la protesta exigieron diferentes pronunciamientos internacionales frente a la situación que enfrenta la República Islámica de Irán, país que en las últimas dos semanas ha sido escenario de disturbios internos. Estas protestas, cuya convocatoria principal en Londres surgió como reacción a la crisis política iraní, reunieron a decenas de personas frente a la embajada. Europa Press resaltó que la Policía Metropolitana no precisó el número exacto de heridos, aunque confirmó que varios de sus agentes sufrieron lesiones durante la gestión del operativo.

En el transcurso de la movilización, la tensión creció y culminó en el momento en que los manifestantes lanzaron proyectiles hacia la línea policial, mientras los refuerzos policiales llegaban al lugar e intentaban contener la situación con el objetivo de mantener el orden público y resguardar la inmunidad de la representación diplomática, como manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La acción de los manifestantes y la respuesta de las fuerzas de seguridad británicas generaron un fuerte dispositivo alrededor de la embajada iraní durante la noche.

Según reportó Europa Press, la situación provocó un refuerzo de las medidas de seguridad en la zona de la embajada, con la presencia de personal policial durante toda la noche para evitar nuevos incidentes y garantizar la protección de la sede diplomática. Las autoridades británicas abrieron una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de los participantes en los actos violentos y las infracciones cometidas durante la protesta, y señalaron que continúan trabajando para esclarecer el número final de detenidos y agentes lesionados.

El incidente en la embajada iraní ocurre mientras la República Islámica enfrenta un período sostenido de tensión interna, caracterizado por varios episodios de violencia y disturbios que han generado una respuesta internacional y protestas frente a representaciones oficiales iraníes en diferentes países, recordó Europa Press. Las autoridades británicas reiteraron que reconocen el derecho a la protesta pacífica, pero advirtieron que no toleran comportamientos que atenten contra la ley o pongan en riesgo la seguridad pública y diplomática.

Además del detenido que subió al tejado y retiró la bandera, la policía confirmó la detención de más personas implicadas en los incidentes violentos. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de exclusión en torno a la embajada para impedir la escalada de la violencia y supervisaron las inmediaciones del lugar con agentes equipados para responder ante eventuales desbordes, según mencionó Europa Press.

La movilización de la noche del viernes pondría de relieve el impacto internacional de las protestas internas en Irán, así como la preocupación de comunidades iraníes en el exterior y de grupos defensores de derechos humanos. Europa Press no especificó cuántos participantes permanecen bajo investigación, aunque la policía metropolitana aseguró que sigue recopilando pruebas y realizando arrestos relacionados con los hechos ocurridos frente a la misión diplomática en Londres.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, destacó que desde el 8 de enero se han producido asesinatos y represión de una gravedad y magnitud sin precedentes durante las protestas en Irán, en el marco de un extenso bloqueo de internet impuesto por las autoridades. Según lo publicado por distintos medios y recogido en un comunicado de Amnistía Internacional, la organización denunció ejecuciones masivas ilegítimas y acusó a las fuerzas de seguridad iraníes de incurrir en una "espiral de derramamiento de sangre e impunidad", solicitando una respuesta diplomática global que frene este escenario y ponga fin a la impunidad.

El medio publicó que los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) advirtieron que podrían imponer nuevas sanciones a Irán si continúa la represión de las protestas y la disidencia, en clara referencia a la situación que ha dejado, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, más de 3.400 personas muertas y miles de heridas tras el inicio de las manifestaciones hace más de dos semanas. Según el comunicado conjunto difundido por la diplomacia francesa y citado por la prensa internacional, los cancilleres de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido reiteraron su disposición a adoptar medidas restrictivas adicionales si las autoridades iraníes persisten en la violación del derecho internacional y de las obligaciones asumidas en esa materia.

El comunicado del G7 instó a las autoridades en Teherán a ejercer moderación, abstenerse del uso de la fuerza y proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión, la de información y el derecho a la reunión pacífica, todo ello sin represalias. Los representantes de los países miembros expresaron su profunda preocupación por la elevada cifra de víctimas mortales y heridos, y condenaron el empleo de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación contra manifestantes, según publicó el medio. Además, rechazaron la continuación y la intensificación de la represión sobre la población, que desde finales de diciembre de 2025 ha salido a expresar demandas por mejoras en la vida, así como por dignidad y libertad.

Amnistía Internacional, cuyas denuncias han cobrado relevancia en los reportes de prensa, señaló que existen pruebas creíbles sobre asesinatos y represión masiva cometidos bajo un bloqueo intencionado de internet, lo que busca ocultar los crímenes en curso. La organización pidió a los Estados miembros de la ONU que reconozcan la impunidad sistemática con la que actúan las fuerzas de seguridad en la represión de las movilizaciones, tanto actuales como anteriores, advirtiendo que esta falta de consecuencias fomenta la continuidad de los abusos de las autoridades iraníes, como consignó el medio.

La ONG exigió la adopción de medidas inmediatas y coordinadas que permitan detener un mayor derramamiento de sangre. Entre las sugerencias figura la convocatoria de sesiones especiales tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en el Consejo de Seguridad de la ONU, y el establecimiento de mecanismos internacionales destinados a impulsar investigaciones y procesos judiciales contra los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos.

El comunicado de Amnistía Internacional recopilado por distintos reportes subraya que la respuesta violenta a las protestas representa la fase represiva más letal registrada hasta el momento en la historia reciente de Irán. Según la organización, este episodio se caracteriza por el recurso deliberado a asesinatos masivos con el objetivo de silenciar las reivindicaciones populares por un cambio en el sistema de gobierno hacia uno que garantice derechos y dignidad.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, la reacción de la comunidad internacional continúa siendo objeto de debate, mientras que grupos de derechos humanos insisten en la urgencia de la acción colectiva para enfrentar la represión y buscar justicia internacional. La situación en Irán sigue bajo observación de gobiernos y organismos multilaterales, con llamados reiterados a la contención y a la rendición de cuentas de las autoridades responsables.

Las interrupciones en el acceso a internet y las restricciones en las comunicaciones dificultan el seguimiento de la magnitud real de la represión en Irán, según advierte la organización Human Rights Activists (HRA), que sostiene que los datos conocidos podrían estar subestimados. La ONG, con sede en Estados Unidos, ofreció este martes un nuevo balance de víctimas, indicando que 1.850 personas, entre ellas nueve menores de edad, han perdido la vida durante la represión de las recientes protestas antigubernamentales en el país. Además, según detalló HRA, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 16.700 manifestantes, en un contexto de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes.

Tal como consigna HRA en un comunicado recogido por la prensa internacional, continúan las investigaciones sobre otras 770 muertes vinculadas a la represión. La organización subrayó que estas cifras podrían incrementarse, ya que los bloqueos constantes impuestos por las autoridades dificultan la recopilación de información y la verificación independiente de los hechos. HRA destacó que el incremento acelerado de víctimas y detenidos resulta especialmente preocupante en el contexto de los recientes acontecimientos en las calles iraníes.

La ONG detalló las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad, entre ellas el uso de armamento de tipo militar, armas de perdigón y escopetas, así como tiroteos a corta distancia contra quienes participan en las manifestaciones. El comunicado de HRA sostiene que estos métodos constituyen una violación del derecho a la vida, tal como lo establece el Derecho Internacional. "Todas las denuncias creíbles de ejecuciones ilegales y otros usos excesivos o arbitrarios de la fuerza requieren una investigación rápida, independiente y efectiva, y los responsables deben rendir cuentas", indica la organización.

El grupo Human Rights Activists denunció que este tipo de represión viola derechos fundamentales y demandó transparencia y responsabilidad respecto a las acciones de las fuerzas policiales y militares contra la población civil. Según publicó HRA, el último registro situaba el número de fallecidos en 646, pero las cifras actuales reflejan un incremento considerable en el número de víctimas mortales en el contexto de las protestas.

Por otro lado, Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG con sede en Noruega, proporcionó cifras alternativas respecto al número de muertos. Según este grupo, hasta este martes se habían registrado al menos 734 fallecimientos vinculados a la represión de las protestas, cifra que apenas el día anterior era de 648, según detalló la propia organización. Este contraste en los datos expone la dificultad de establecer un registro único, dadas las condiciones de opacidad vigentes y las trabas que enfrentan las entidades de derechos humanos para consolidar la información.

HRA hizo hincapié en la necesidad de una investigación independiente sobre cada denuncia de uso excesivo o arbitrario de la fuerza, subrayando la obligación de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La organización alertó sobre el peligro que representa la escalada en la violencia estatal y el uso de tácticas calificadas como letales, así como la utilización de bloqueos comunicacionales para obstaculizar la transmisión de pruebas y testimonios.

La variación entre los reportes de víctimas que presentan distintas ONG refleja la dificultad intrínseca para acceder a fuentes confiables y recabar datos en medio de restricciones. Human Rights Activists, por su parte, recalca que el número real podría ser mucho más alto, ya que trabajar bajo condiciones de represión, con cortes continuos de internet, impide elaborar balances precisos y tempestivos. Según consignó la ONG, el miedo a represalias y la vigilancia estatal limitan la participación ciudadana en la denuncia y documentación de estos acontecimientos.

Además de las muertes y los arrestos, la organización denunció posibles ejecuciones ilegales y prácticas que, según su análisis, contravienen normas internacionales sobre el uso de la fuerza. HRA subrayó en su declaración la necesidad de que la comunidad internacional supervise la situación y que quienes hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos se enfrenten a procesos legales adecuados.

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que el contexto de represión en Irán se ha intensificado en los últimos meses, llevando a un aumento notable de víctimas y personas detenidas por motivos políticos. Los bloqueos de internet, mencionados reiteradamente en los comunicados, actúan como una barrera para la denuncia, el acceso a información fiable y la visibilidad internacional de los incidentes.

Las protestas en Irán han generado reacciones de alarma entre entidades internacionales, que demandan garantías para el ejercicio del derecho a la libre manifestación y el respeto a la integridad física de los manifestantes. Según Human Rights Activists, la gravedad de las denuncias señaladas requiere la adopción de medidas urgentes para detener el ciclo de violencia y asegurar procesos efectivos de rendición de cuentas.

En el marco de estos hechos, las cifras manejadas por distintas ONG ofrecen una aproximación a la dimensión del conflicto en el país, aunque la cifra real podría continuar aumentando ante las limitaciones para recabar datos verificables. Human Rights Activists reiteró su llamado a la comunidad internacional y a los órganos de justicia a priorizar la protección de los derechos humanos en Irán y a fortalecer los mecanismos de documentación, investigación y sanción ante posibles abusos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que cancela todo diálogo con funcionarios iraníes hasta que finalicen los episodios de represión violenta contra manifestantes dentro del territorio iraní. Según informó Europa Press, Trump ha compartido mensajes en su propia red social donde se dirige directamente a la población iraní que participa en las movilizaciones, instando a mantener las protestas y avanzar sobre las instituciones del país. En su declaración, el mandatario estadounidense ha advertido a las autoridades en Teherán sobre su responsabilidad ante los actos de represión, y ha prometido respaldo a quienes protestan, aunque no ha ofrecido detalles sobre el tipo de ayuda que estaría en camino.

En un mensaje dirigido a los iraníes que encabezan las movilizaciones, Trump afirmó: “Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”. Según el reporte de Europa Press, el presidente estadounidense enfatizó que la ayuda está en camino, sin precisar si se tratará de apoyo económico, político o de otro tipo. La postura adoptada por la Casa Blanca marca un respaldo explícito hacia la población movilizada y una línea roja para cualquier contacto diplomático directo con altos funcionarios iraníes mientras continúe la represión violenta.

El gobierno estadounidense ha indicado que la diplomacia permanece como preferencia en su abordaje frente a Irán, pero, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, Washington mantiene abierta la posibilidad de considerar alternativas, incluidas acciones militares, si la situación lo requiere. Esta posición responde al contexto de protestas que se registran en varias ciudades principales de Irán, donde la actuación de las fuerzas de seguridad ha enfrentado una fuerte condena internacional por su dureza.

Grupos de Derechos Humanos han reportado que la ola de protestas en Irán ha sido respondida con una severa represión, lo que ha dejado un saldo de más de 640 muertos y más de 10.000 personas detenidas. Europa Press detalló que estas cifras reflejan la magnitud de la crisis y la presión creciente tanto interna como externa sobre el gobierno iraní frente al descontento ciudadano. La represión se ha manifestado en la intervención de fuerzas de seguridad en puntos neurálgicos de las ciudades, arrestos masivos y el uso de munición real para dispersar concentraciones.

Este contexto ha generado que el Ejecutivo estadounidense refuerce sus mensajes públicos de acompañamiento a los manifestantes, combinándolos con advertencias hacia los dirigentes iraníes. Europa Press recogió que el presidente Trump ha insistido en la necesidad de que quienes consideren responsables de los abusos respondan por sus acciones, llamando a los ciudadanos movilizados a documentar los hechos y a preservar los nombres de quienes participen en actos de violencia.

Por su parte, los portavoces de la Casa Blanca han reiterado que cualquier contacto formal con las autoridades iraníes queda suspendido mientras persista el uso de la fuerza contra las protestas. Esta determinación suma un nuevo elemento a la tensión diplomática existente, en un momento en que la estrategia de Washington combina el respaldo activo a los movimientos populares con la amenaza de posibles medidas adicionales si las autoridades iraníes no cesan la violencia. Según publicó Europa Press, los sectores más cercanos al Poder Ejecutivo estadounidense no descartan la evaluación de medidas de presión fuera del ámbito diplomático si la situación evoluciona hacia un deterioro mayor de los derechos humanos.

Las protestas en Irán han tenido como detonante diversas demandas sociales y políticas que, según consignó Europa Press, han ido ganando fuerza en los últimos días, extendiéndose a sectores amplios de la sociedad y generando respuestas masivas por parte de las fuerzas del orden. Los siguientes eventos y la respuesta de la comunidad internacional continúan en seguimiento estrecho ante la escalada de enfrentamientos y la postura adoptada por líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos.

El reporte de Europa Press hace hincapié en el efecto que puede tener la suspensión del diálogo entre Washington y Teherán, tanto en la evolución de las protestas internas como en el contexto diplomático regional. Las declaraciones de Trump y la amenaza de evaluar múltiples alternativas de presión resaltan el nivel de preocupación y el grado de involucramiento que Estados Unidos manifiesta frente a los acontecimientos recientes en Irán.

Durante las recientes semanas, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado la muerte de más de 600 personas en el contexto de protestas y disturbios en Irán. Naciones Unidas reiteró su preocupación ante la respuesta de las autoridades iraníes frente a las manifestaciones, enfatizando la gravedad del uso de la fuerza y el impacto en los derechos fundamentales de la ciudadanía. Según informó el medio que cita declaraciones oficiales, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó una investigación exhaustiva y conforme a los estándares internacionales sobre la represión y los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El medio detalló que la ONU exigió al Gobierno iraní el cese inmediato de la represión y criticó el uso de la acusación de "terrorismo" como justificación para ejercer violencia contra los manifestantes. La organización internacional calificó como "inaceptable" esta práctica por parte de las autoridades iraníes, subrayando que no debe utilizarse el discurso de seguridad para restringir derechos fundamentales ni para perseguir a quienes salen a las calles pacíficamente. Turquía, que encabeza el organismo de derechos humanos de la ONU, insistió en la necesidad de restaurar el acceso a Internet y a los servicios de telecomunicaciones, los cuales han sido interrumpidos en varias zonas del país como parte de las medidas de represión, según consignó la fuente.

En declaraciones recogidas por el medio, Turk indicó que "el asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar", y recalcó la importancia de que las autoridades rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos. Además, recordó que en 2022 ya se habían producido movilizaciones masivas en Irán con similares demandas de cambios en la gobernanza, a lo que las autoridades respondieron de nuevo con el empleo de la fuerza para frenar las protestas. "Este ciclo de horrible violencia no puede continuar", sentenció, y recalcó que las demandas de igualdad y justicia del pueblo iraní "deben ser escuchadas".

Otro de los puntos subrayados por Naciones Unidas es la inquietud ante declaraciones realizadas públicamente por miembros del aparato judicial iraní, que han sugerido la posibilidad de imponer la pena de muerte en procedimientos sumarios contra manifestantes. La ONU expresó su alarma por el potencial uso de castigos severos y la amenaza de juicios rápidos que podrían vulnerar las garantías procesales mínimas reconocidas internacionalmente. El Alto Comisionado reivindicó el derecho de los iraníes a manifestarse pacíficamente y defendió que sus quejas deben tener respuesta a través del diálogo y la atención institucional, en lugar de ser instrumentalizadas o reprimidas, según publicó el medio citado.

La organización reiteró su llamamiento a las autoridades iraníes para que permitan la libre expresión y reunión, así como el acceso de la ciudadanía a la información. Naciones Unidas vinculó estas demandas con el historial reciente de protestas en el país, donde amplias franjas de la población han solicitado cambios fundamentales en la gestión y acceso a la justicia. El medio relató que las reiteradas restricciones al uso de Internet y las telecomunicaciones se han utilizado como mecanismo para limitar la capacidad de organización y difusión por parte de los movimientos sociales, una práctica que ha sido condenada por organismos internacionales de derechos humanos.

El informe publicado por la ONU enfatizó la necesidad de que cualquier investigación sobre violaciones de derechos humanos se realice bajo parámetros internacionales reconocidos, incluyendo garantías de transparencia, independencia y respeto al debido proceso. De acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado, "los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Sus quejas deben ser escuchadas y abordadas, no instrumentalizadas por nadie".

En este contexto, la ONU hizo hincapié en que, para evitar una escalada de la represión y el sufrimiento de la población iraní, resulta imprescindible suspender toda medida represiva y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, la preocupación de Naciones Unidas por la persistencia de un ciclo de violencia y represión estatal se mantuvo como una advertencia a la comunidad internacional, instando a la vigilancia y la cooperación para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en Irán.

Al menos 648 manifestantes han perdido la vida debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que atraviesa el país, según datos difundidos el lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

La cifra, que corresponde a víctimas verificadas por la organización, podría ser considerablemente superior. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien afirmó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones recogidas por AFP.

La ONG indicó que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000. No obstante, la entidad subrayó que el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de la información sobre víctimas, según explicó IHR a AFP.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte. Según la ONG hasta este lunes la cifra de muertos era de al menos 500.

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

El seguimiento internacional sobre las recientes protestas en Irán aumentó luego de que organizaciones de defensa de derechos humanos reportaran 15 personas fallecidas y 582 detenciones durante solo la primera semana de manifestaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que su gobierno vigila con detalle la situación, según consignó la prensa citando sus declaraciones realizadas este domingo a bordo del Air Force 1, donde lanzó una advertencia directa hacia las autoridades iraníes.

El medio reportó que Trump dirigió su mensaje al gobierno de Irán, advirtiendo que Estados Unidos respondería con contundencia si se repiten episodios pasados de represión mortal contra los manifestantes. “Lo estamos observando muy de cerca”, dijo el mandatario estadounidense, en referencia a las acciones de las fuerzas de seguridad frente a la ola de protestas. Añadió: “Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que van a recibir un duro golpe”.

Según detalló HRANA, una reconocida asociación de defensa de los derechos humanos, las manifestaciones que se desarrollaron en varias provincias iraníes en los últimos días resultaron motivadas por el deterioro de la economía y la crisis en el suministro de energía. Las cifras proporcionadas por la organización precisaron que se registraron 15 muertes y 582 arrestos en apenas una semana.

Las protestas evidenciaron una creciente insatisfacción social por la situación económica y los cortes de energía que atraviesa el país, fenómenos que han sido señalados por grupos de derechos humanos y activistas como desencadenantes de la movilización de centenares de ciudadanos en distintas regiones, según comunicó la organización HRANA y difundió la prensa estadounidense.

Trump, según publicó la agencia de noticias, enfatizó que el gobierno de Washington mantiene vigilancia constante y reiteró su preocupación por la integridad de los manifestantes iraníes. En sus declaraciones, planteó que, si las autoridades iraníes recurren a medidas represivas fatales semejantes a las de protestas previas, el gobierno estadounidense estaría dispuesto a actuar de manera decisiva.

Las declaraciones de Trump y la difusión de cifras actualizadas de víctimas y detenciones por parte de HRANA se produjeron en un momento de intensificación de la presión internacional sobre Teherán, que enfrenta llamados crecientes para que respete los derechos civiles y garantice la seguridad de las personas que participan en las protestas, según reflejaron medios occidentales. Las autoridades iraníes aún no respondieron de manera oficial a la advertencia estadounidense ni al informe de HRANA sobre los sucesos recientes.

Los antecedentes de represión estatal contra manifestantes en Irán fueron señalados como motivo de preocupación por parte de diversas organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, particularmente después de que se informaran muertes y detenciones a gran escala en el contexto de manifestaciones similares en años anteriores, según la información difundida por agencias de noticias.

El escenario actual presenta a Irán bajo observación internacional por el manejo gubernamental de las protestas y las consecuencias que pudieran derivar de una nueva escalada represiva, aspecto reiteradamente subrayado por la Casa Blanca y los organismos de derechos humanos consultados por la prensa en los últimos días.

Al abordar el panorama de incertidumbre actual en Madagascar, el exmandatario Andry Rajoelina emitió un mensaje público en el que expuso que su salida del poder respondía a la necesidad de evitar una escalada de violencia y confrontación nacional. Según publicó Europa Press, el expresidente justificó su decisión de alejarse para no sumir al país en una confrontación abierta, especialmente tras denunciar un golpe de Estado que derivó en la llegada al poder del general Michael Randrianirina.

En sus primeras declaraciones tras su salida, Rajoelina comunicó a través de una publicación en su cuenta de Facebook con motivo del Año Nuevo que Madagascar enfrenta “una tempestad, una prueba marcada por la preocupación, la incertidumbre y, a veces, el miedo”. Bajo ese clima tenso, insistió en que “hoy no es momento de odio ni de venganza, sino de unidad y responsabilidad”. Europa Press detalló que el mensaje se difundió tras varias semanas de movilizaciones contra su Gobierno, que desembocaron en lo que el propio Rajoelina describió como una intervención militar.

El detonante de la crisis se produjo a mediados de octubre, cuando una unidad de élite del Ejército, bajo el mando de Randrianirina, manifestó su respaldo a los manifestantes que estaban siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad. Como consignó Europa Press, esa represión causó la muerte de más de veinte personas y dejó más de cien heridos, cifras reportadas por Naciones Unidas. Tras perder el control político, Rajoelina se alejó del país mientras Randrianirina asumió la presidencia de transición.

Rajoelina abordó las amenazas y divisiones vividas en el país, describiéndolas como momentos complicados en los que optó conscientemente por abandonar el cargo como una forma de proteger a la población malgache de caer en una espiral de violencia. En su texto, señaló: “Ante las amenazas, tensiones y divisiones que hemos experimentado, con plena conciencia he decidido dar un paso a un lado, en lugar de arrastrar al pueblo malgache a la confrontación y el caos”.

El exmandatario expresó su aspiración a que el inicio del nuevo año sirva como etapa de reconciliación. Manifestó su deseo de que “las diferencias dejen paso al diálogo y la gente recupere la esperanza, ya que los malgaches merecen un futuro mejor”, según recopiló Europa Press. Además, recurrió a frases en las que invitó al pueblo a mantener la unidad y la confianza. “Madagascar renacerá con sabiduría, no con violencia”, recalcó en su mensaje.

Europa Press incluyó otras declaraciones de Rajoelina en las que enfatizó que “donde hay fracaso, nacerá la recuperación” y que “donde han corrido lágrimas, cada lágrima habrá sido una purificación”. El exlíder pidió que “ningún mal se arraigue”, “ninguna desgracia se afiance”, y que el miedo sea superado por la fe, incentivando con estos argumentos la reconstrucción del tejido social.

El contexto de estas declaraciones viene marcado por numerosas protestas sociales y un ambiente de polarización. Europa Press informó que la crisis se agudizó por la percepción de represión y respuesta violenta de las fuerzas estatales contra los manifestantes, catalizando la ruptura interna en las filas militares que acabó siendo decisiva en el cambio de poder. La unidad dirigida por Randrianirina rompió la disciplina habitual del Ejército para favorecer la reivindicación social, lo que precipitó la caída de Rajoelina.

Estas circunstancias colocan a Madagascar ante el reto de reconstruir la estabilidad institucional y política, destacando la importancia del llamado de Rajoelina a la reconciliación nacional. Su exhortación apunta a superar la polarización que caracterizó el periodo anterior, con la intención de dejar atrás los enfrentamientos y abordar la compleja situación mediante el diálogo, tal como reportó Europa Press.

La situación, en principio calma, cambió abruptamente cuando una de las vallas dispuestas por las fuerzas de seguridad se desplazó. Esto permitió que algunos asistentes intentaran acercarse al perímetro, generando la reacción inmediata de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que se desplegaron para aplicar el protocolo antipiquete.

Entre los manifestantes, una mujer fue identificada por portar una pistola de agua cargada con pintura roja, desde la cual apuntaba hacia los efectivos de seguridad apostados contra las vallas.

Esta escena se sumó al despliegue de fuerzas que buscaban restablecer el control del vallado y evitar mayores incidentes en una jornada ya marcada por la expectativa y la presencia de sectores opositores y organizaciones sociales.

Otros manifestantes, protegidos con máscaras y antiparras para evitar los efectos de los gases, iniciaron el derribo de fenólicos y la remoción de barreras, buscando abrirse paso. Las autoridades señalaron que entre 10 y 15 personas protagonizaron los actos más agresivos, que incluyeron el retiro de cuatro vallas, según indicaron fuentes policiales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, señaló: “Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.

En esa línea, Patricia Bullrich señaló: “Grupos violentos, entre ellos el movimiento Antifa, convocan a la marcha de hoy para atacar y lo dicen con claridad: ‘vamos a pegarle a la policía’. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo que vienen con esa consigna. No solo vamos a aplicar el protocolo, los vamos a desenmascarar. Vamos a actuar como tiene que actuar cualquier Estado que protege a su gente de quienes vienen a destruir la paz social que los argentinos estamos construyendo día a día".

Según pudo saber este medio, el grupo de personas está identificado como Club Unido Antifascista. Si bien todavía están todos identificados, las autoridades avanzan para dar con sus identidades.

No pasó inadvertida la declaración de una de las manifestantes, quien en diálogo con un móvil de televisión, remarcó la postura del grupo al indicar: “Estamos sobre la vereda ejerciendo el derecho a la protesta. Mientras reprimen, los jubilados no comen”.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, respondieron con nuevas estrategias de contención. Bomberos de la Policía Federal entraron en acción utilizando una manguera para intentar alejar a quienes seguían en la zona de los vallados, poco antes de que la policía levante nuevamente las barreras que habían sido removidas por los manifestantes.

En ese contexto, el protocolo antipiquetes fue activado de forma inmediata. El objetivo: disuadir el avance de los manifestantes y restaurar las medidas de seguridad. Mientras tanto, se utilizó un camión hidrante para dispersar al grupo que, pese a la baja cantidad de asistentes, mostraba determinación. El vallado fue reinstalado rápidamente por las fuerzas de seguridad, aunque la tensión se mantuvo en la zona.

Mientras tanto, dentro del Congreso, la Cámara de Diputados daba comienzo a la discusión del Presupuesto 2026. El debate arrancó poco antes del horario límite, tras conseguir La Libertad Avanza el quórum necesario con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados.

La sesión, presidida por Martín Menem, se anunciaba extensa, con intervenciones de diputados oficialistas y de la oposición, quienes señalaron sus objeciones sobre cuestiones como el financiamiento universitario y la cobertura en discapacidad.

La decisión de votar el presupuesto por capítulos en lugar de artículo por artículo también motivó reclamos entre los legisladores y marcó el tono polémico de la jornada parlamentaria.

Las fuerzas políticas continuaban cruzando posiciones sobre el ajuste previsto en la iniciativa y sus efectos en distintos sectores sociales, mientras afuera la seguridad controlaba el perímetro y dispersaba las acciones de quienes buscaban manifestarse contra el proyecto.

Noticia en desarrollo...

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan General Lázaro Cárdenas La Mixteca, en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, en medio de protestas que marcaron el evento al generar ligeras confrontaciones verbales entre los simpatizantes y los manifestantes.

La protesta se generó cuando la mandataria comenzó su discurso, el cual interrumpió en diversas ocasiones para pedirle a los manifestantes que le permitieran continuar.

Esto a su vez, ocasionó que los simpatizantes de la mandataria comenzaran a gritar arengas como: “Es un honor estar con Claudia hoy”, para opacar a los manifestantes.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo les pidió calma y optó por continuar con su discurso a pesar de la protesta.

“Compañeros si quieren. ¿Me escuchan los que están con el megáfono? Vamos a seguir por que no quieren escuchar, vamos a seguir.

“Decía que fueron seis sexenios, 36 años de abandono al pueblo de México, fue por lo menos desde Miguel de la Madrid y luego Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, seis presidentes que abandonaron al pueblo... ¡Vamos, vamos! 36 años del periodo neoliberal y en 2018 decía que, vamos a sentarnos compañeros, no pasa nada", dijo la mandataria.

La presidenta concluyó su mensaje, sin que los manifestantes detuvieran su protesta; no obstante, el presentador volvió a insistir con un llamado a la calma, para entonar el himno nacional.

Hasta el momento, se desconoce qué grupo u organización social convocó a la protesta y sus peticiones; aunque en redes sociales se difundió una convocatoria de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

¿En qué consiste el Plan General Lázaro Cárdenas La Mixteca?

El programa abarca la cuenca del río Balsas y zonas vecinas, extendiéndose a ocho estados del país, y tiene como propósito reducir la marginación, combatir el deterioro ambiental y fortalecer las capacidades productivas y sociales de las comunidades.

Lázaro Cárdenas Batel, coordinador del plan y jefe de la oficina de la presidencia, indicó que la Mixteca ocupa un lugar prioritario en este plan debido a una “deuda histórica de atención gubernamental”.

Recordó que la experiencia acumulada desde la Comisión del Balsas, impulsora de obras trascendentes desde los años 60, ha dejado como enseñanza la necesidad de articular esfuerzos entre dependencias federales, estatales y municipales y de escuchar las voces directas de las comunidades para definir sus prioridades.

“Tenemos la obligación de dar prioridad al trabajo en las zonas más pobres del país”, subrayó el funcionario durante su exposición, según información oficial del propio acto.

La subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, expuso el peso cultural y biológico de la Mixteca, donde conviven trece idiomas y una diversidad notable, y afirmó que el abandono estatal justifica la implementación del plan como una vía para revertir desigualdades, en particular a través del lanzamiento del Plan de Justicia del Pueblo Mixteco.

Este programa específico abarcará las tres subregiones mixtecas e involucrará directamente a más de treinta dependencias federales, responsables de levantar necesidades y diseñar respuestas en constante diálogo con los habitantes.

Entre los resultados y acciones presentadas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha renovado cerca de mil kilómetros de carreteras, haciendo énfasis en la modernización y el mantenimiento en colaboración con el gobierno estatal.

El IMSS-Bienestar lleva a cabo diez acciones en la región, incluyendo la modernización del Hospital General Huajuapan de León —planificado para sumar sesenta camas a finales de 2026— y la jornada “Margarita Maza”, con la meta de realizar diez mil mastografías para detección oportuna de cáncer de mama entre mujeres mixtecas.

Entre otras acciones estructurales destacan la transformación de centros de salud en Coycollan, Chazumba y Amoltepec; la puesta en funcionamiento de diez unidades médicas móviles, de las cuales tres sirven a la Mixteca; y 36 proyectos de agua potable y saneamiento, encabezados por Conagua con una inversión de 203 millones de pesos, que incluye la rehabilitación de la planta de tratamiento de Huajuapan.

La Comisión Nacional Forestal canaliza 120 millones de pesos anuales a la restauración forestal, previendo alcanzar nueve mil seiscientas hectáreas en 2030 de la mano de más de sesenta comunidades.

Las acciones sociales también fueron parte del informe. Financiera del Bienestar otorgó 3,800 créditos y el programa “La escuela es nuestra” ha beneficiado ya a 2,875 planteles.

El programa Sembrando Vida suma 5,276 nuevos sembradores en Oaxaca, con más de mil en la Mixteca, quienes recibirán apoyos económicos directos. Además, se anunció una inversión inicial de 18 millones de pesos en la nueva Escuela de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural “Casa Odriozola” en Teposcolula.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, precisó los diez compromisos de salud en curso, incluyendo ampliación hospitalaria, contratación de especialistas, creación de una red de respuesta materna, habilitación de nuevas salas de hemodiálisis, campañas de afiliación y la instalación de módulos para telemedicina y atención de adolescentes.

Enfatizó que “no son anuncios, son compromisos que ya están en marcha”, y subrayó que la meta es hacer efectivo el derecho a la salud a nivel comunitario.

En infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario del ramo, puntualizó que los proyectos actuales han logrado hasta 97% de avance en el tramo Yucudá-Putla y que, entre caminos artesanales y carreteras, la inversión este año supera los 6 mil 200 millones de pesos para mejorar más de 940 kilómetros.

Los presentes en el lugar visualizaron la pelea a empujones, poco habitual en este tipo de foros internacionales. La conferencia, que desde el lunes reúne a unas 43.000 personas en la ciudad amazónica de Brasil, se vio alterada cuando el grupo indígena terminó bailando frente al recinto durante la noche.

Tras marchar reclamando acciones por el clima y la salud, varias personas lograron ingresar brevemente, pero fueron empujados al exterior por los agentes de seguridad, mientras algunos intentaron resistir.

Las imágenes captadas por celulares y publicadas posteriormente en las redes sociales, mostraron la tensión provocada por la evacuación de un policía en silla de ruedas. La trifulca ocasionó lesiones leves a dos agentes, según confirmó un portavoz de la ONU a AFP.

La seguridad en el interior del evento corresponde a Naciones Unidas, que reforzó los accesos instalando sillas y mesas en las entradas de la denominada “zona azul”, el núcleo de las reuniones climáticas.

Las motivaciones del movimiento indígena fueron explicadas por Joao Santiago, profesor de la Universidad Federal de Pará: los manifestantes intentaban entregar directamente sus demandas dentro del evento, pero no tuvieron éxito.

Para Maria Clara, integrante de la asociación Rede Sustentabilidade de Bahia, el objetivo de la protesta era visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afirmó: “Estas voces son ignoradas”.

Luego, aclaró que los manifestantes, al acceder brevemente al recinto de la COP30, buscaron alertar sobre la persistencia de la destrucción medioambiental, incluso después del cierre del evento.

La organización internacional 350.org —uno de los coordinadores de la marcha— se desmarcó de los hechos sucedidos tras la manifestación y señaló en un comunicado que “las acciones que tuvieron lugar después de la manifestación no forman parte de la organización del evento”.

El gobierno brasileño había destacado en la previa la prioridad otorgada a los pueblos originarios en la cumbre. La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, expresó la semana pasada, en diálogo con AFP, la aspiración de que esta edición se convirtiera en “la mejor COP en términos de participación indígena”.

Durante la marcha en Belém, los participantes —incluido personal sanitario— alzaron la consigna: “¡La crisis climática es una crisis de salud!”.

La médica infectóloga Lena Peres, de 63 años y empleada del Ministerio de Salud de Brasil, describió a la agencia EFE el drástico cambio que observó: “Viví décadas en Belém y nunca tuve dengue; ahora todo el mundo lo contrae... se ha convertido en una enfermedad urbana”.

Peres señaló que el calentamiento global viene acompañado de un incremento en los casos de enfermedades cardiovasculares y renales. A partir de esta evolución, concluyó: “Ya no se puede no hacer la conexión entre cambio climático y salud”.

Brasil alberga 1,7 millones de indígenas que pertenecen a 391 etnias y hablan 295 idiomas, dentro de una población que supera los 200 millones de habitantes. Cientos de representantes de estos pueblos, junto con delegaciones de otras regiones brasileñas y el exterior, participaron el martes en la apertura de la Aldea COP: un extenso campamento con capacidad para 3.000 indígenas instalado en la Universidad Federal de Pará.

Muchos de los asistentes indígenas arribaron a Belém tras varios días de navegación por los ríos amazónicos. Durante la inauguración, el cacique Raoni —líder del pueblo kayapó y figura emblemática del movimiento indígena brasileño— expresó: “El hombre blanco debe respetar nuestro bosque, nuestras tierras, para no devastar nuestro territorio”. Raoni, quien llegó en silla de ruedas, fue recibido como la gran figura de la noche.

(Con información de AFP y EFE)

Cuatro funcionarios municipales del municipio de El Oro, en el Estado de México, fueron amarrados por habitantes como parte de una protesta que exigía respuestas inmediatas ante la falta de agua potable y la acumulación de basura.

La acción incluyó el bloqueo del acceso al Palacio Municipal y se produjo tras semanas de solicitudes vecinales sin respuesta, así como la ausencia de la alcaldesa Yolanda Magos Martínez, cuya presencia fue exigida por los manifestantes.

El incidente se desarrolló en un contexto de creciente inconformidad social. Los vecinos, cansados de la falta de atención a sus demandas, recurrieron a medidas extremas para presionar a las autoridades municipales. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los manifestantes retuvieron a los funcionarios para exigir la reparación de tuberías y la recolección de desechos, problemas que han afectado a diversas colonias del municipio.

Las demandas de los habitantes se centraron en la solución inmediata al desabasto de agua y la acumulación de basura, dos problemas que han persistido durante meses en El Oro. Los inconformes señalaron que la situación ha impactado a cientos de familias y que la falta de respuesta institucional solo ha incrementado el malestar. La molestia de la población aumentó después de que, pese a las reiteradas solicitudes, no se atendieron las fallas en los servicios básicos.

Ante la gravedad de la protesta, elementos de la Guardia Civil del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal acudieron al lugar para liberar a los funcionarios retenidos y restablecer el orden en el Palacio Municipal. Los servidores públicos amarrados fueron valorados médicamente y no se reportaron lesiones graves tras su revisión. Hasta el momento, la alcaldesa Yolanda Magos Martínez no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.

Este episodio se suma a una serie de tensiones recientes en el municipio. Días antes del incidente, el cabildo municipal solicitó al Congreso del Estado de México la destitución de la alcaldesa por presunta omisión administrativa. Organizaciones locales han advertido sobre el aumento del descontento social, atribuido a la falta de respuesta por parte de las autoridades ante los problemas de servicios públicos. Las protestas vecinales y las exigencias de solución han sido una constante en los últimos meses, reflejando el deterioro de la relación entre la ciudadanía y el gobierno municipal.

Autoridades ya investigan el caso

En respuesta a los hechos, desde sus redes sociales la Fiscalía del Estado de México anunció la apertura de una investigación de oficio para determinar si se cometieron delitos durante la protesta y la retención de los funcionarios.

La institución aseguró que dará seguimiento al caso para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas legales correspondientes contra quienes resulten responsables, reafirmando su compromiso con el cumplimiento de la ley y la transparencia en el proceso.

Las redes sociales fueron escenario de una nueva controversia protagonizada por el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, apodado “Gury”, a raíz de una imagen publicada por él en la que se visualiza un bate de madera con la palabra “Diálogo” grabada, acompañada de una caricatura suya empuñando el mismo objeto.

El funcionario ya enfrenta un lío judicial: la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria. Según el comunicado del organismo, el 7 de octubre el concejal, que llegó con un bate de béisbol a la zona de El Poblado, “intimidó a varias personas durante una protesta en apoyo a Palestina”, hecho que ocurrió frente a un restaurante que, por el caso, “habría sido objeto de vandalismo”.

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El Ministerio Público precisó que, de acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, “el cabildante habría amenazado a manifestantes utilizando un bate de béisbol, incitando agresivamente a la ciudadanía a la confrontación”. El proceso busca determinar si la conducta del concejal constituye una falta disciplinaria, considerando el deber de ejemplo y mesura exigido a los servidores públicos elegidos por voto popular.

Sobre la nueva polémica, el concejal Rodríguez publicó en X, junto con la fotografía del bate, un mensaje que dice: “Ya casi están listos los amansa mamertos… porque todo lo arreglamos con diálogo”.

Frente a las críticas a la publicación por una posible incitación a la violencia, el concejal del Centro Democrático defendió su accionar y la naturaleza del objeto. Rodríguez afirmó que el bate es un “símbolo” y un “utensilio de mercadeo” que, según su interpretación, representa la defensa de la ciudadanía y que, además, fueron un obsequio que planea entregar a sus allegados.

“Es como un utensilio de mercadeo, lo voy a regalar a los cercanos, a los que nos han estado apoyando. Lo que pasa es que ese asunto se volvió un símbolo nacional ya prácticamente. En defensa de la propiedad privada, de la vida de la gente”, sostuvo el concejal, según declaraciones citadas por Caracol Radio.

Fiscalía pidió protección para ‘Gury’ Rodríguez

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional reforzar las medidas de protección al concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta.

La solicitud surgió en respuesta a una serie de amenazas y actos de hostigamiento que, según las autoridades, estarían relacionados con las denuncias públicas que el funcionario ha realizado sobre diversas problemáticas en la ciudad.

La Fiscalía, a través de un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, emitió hace pocos días la solicitud oficial con el objetivo de salvaguardar la integridad de Rodríguez, que pertenece al Centro Democrático.

Según la información proporcionada por la Fiscalía y recogida por El Tiempo, se pidió a la UNP que lleve a cabo un nuevo estudio de riesgo y que fortalezca el esquema de protección del concejal.

Días antes, el propio Rodríguez compartió el oficio emitido por la Fiscalía en su cuenta personal en X, donde expresó su frustración ante la situación: “Por cuarta vez, la Fiscalía oficia a la Policía y a la UNP, en menos de un mes; advirtiéndoles sobre las medidas de seguridad que se deben tomar sobre mí, mi familia, mi equipo y mis amigos. Pero como no les importa, yo veré como me cuido...”, manifestó el concejal en una publicación en X.

Las amenazas contra Rodríguez no son un hecho aislado. De acuerdo con la información oficial citada por El Tiempo, los actos intimidatorios se han concretado mediante mensajes y panfletos que, presuntamente, provienen de la estructura criminal conocida como La Oficina: estos episodios de amedrentamiento estarían directamente vinculados con la labor del concejal y sus reiteradas denuncias públicas.

El manifestante reconoció que fue parte del grupo que persiguió al policía, y que el disparo se produjo mientras intentaban alcanzarlo. “Empecé a seguirlo y mientras estoy correteándolo detrás, a punto de agarrarlo, el huevón dispara hacia abajo y me cae en la mano, como me pudo haber caído en la cara o en todo el cuerpo”, afirmó.

Pese a reconocer que participaron en la persecución, el joven aseguró que, momentos antes, él y sus compañeros “no estaban haciendo nada”. “Estábamos tranquilos a un lado, en Plaza Francia, conversando y haciendo coordinaciones”, afirmó. En su testimonio también pidió que se revisen las cámaras de seguridad, asegurando que “sí estaban funcionando” y que las grabaciones “muestran todo lo que pasó esa noche”.

Detención preliminar contra el suboficial Magallanes

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó siete días de detención preliminar para el suboficial PNP Luis Magallanes Gavidia, investigado por la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la marcha del 15 de octubre en Plaza Francia, Cercado de Lima. El juez Abel Centeno Estrada consideró que existen elementos que justifican la medida, al concluir que la víctima no representaba un riesgo real o inminente y que la respuesta del agente no fue proporcional. Además, señaló que el suboficial presenta bajo arraigo domiciliario y riesgo de fuga, por lo que deberá permanecer detenido hasta el 23 de octubre, mientras la Fiscalía evalúa si solicita prisión preventiva.

En la misma audiencia, el magistrado rechazó el pedido de detención preliminar contra el otro policía implicado, Omar Saavedra Bautista, aunque dispuso que deberá acudir a todas las diligencias convocadas por el Ministerio Público. El juez advirtió que cualquier incumplimiento será tomado en cuenta en futuras decisiones judiciales. Con esta resolución, la investigación sobre el uso de la fuerza durante las protestas continúa bajo la supervisión de la Fiscalía y del Poder Judicial.

Pericia revelaría que policía disparó al piso

Una reciente pericia realizada por el experto Danny Humpire revelaría que la bala que causó la muerte del cantante Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como Trvko, rebotó en el suelo antes de impactarlo. El hecho ocurrió durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías que dejaron más de un centenar de heridos en el Cercado de Lima.

El proyectil fue disparado por el suboficial PNP Luis Magallanes, quien, según los videos analizados, huía de una turba de manifestantes cuando utilizó su arma de fuego. Las imágenes difundidas por Canal N muestran con detalle el momento del disparo, el impacto del proyectil en la pista —que levanta una nube de polvo— y el instante en que Ruiz Sanz resulta alcanzado por el rebote. Este análisis visual es considerado un elemento clave dentro de la investigación fiscal que busca determinar la responsabilidad penal del agente.

De acuerdo con el abogado penalista Juan Peña, entrevistado por el citado medio, los resultados de la pericia modifican la interpretación legal del caso, al evidenciar que no hubo intención dolosa en la acción del suboficial. “Se ve cómo el proyectil impacta primero en el suelo, se levanta el polvo y luego sigue su curso hasta dar con la víctima. Esto evidencia que no hubo una acción de querer matar a alguien”, explicó el letrado, quien precisó que la investigación deberá determinar si el hecho configura un homicidio culposo o una falta a los protocolos policiales de uso de la fuerza.

Durante la movilización realizada en el Centro Histórico de Lima contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno de José Jerí, se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La marcha, convocada por el colectivo autodenominado Generación Z, derivó en graves incidentes luego de que presuntos “infiltrados” lanzaran piedras, bombas molotov y fuegos pirotécnicos contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a la multitud. El saldo preliminar dejó varios heridos entre civiles, efectivos policiales y un fallecido, además de daños materiales en la vía pública.

En redes sociales ha causado indignación un video que muestra a una turba de manifestantes derribando de sus motocicletas a dos mujeres policías y que estuvo a punto de lincharlas. Las agentes, rodeadas por la multitud, se vieron obligadas a sacar sus armas de fuego en defensa propia. Imágenes captadas por las cámaras de la Municipalidad de Lima y grabaciones difundidas en redes sociales muestran el violento ataque repentino contra las agentes de tránsito.

Agreden a mujeres policía de tránsito

Según imágenes difundidas en la red social TikTok, una turba de manifestantes se encontró con dos mujeres policía de tránsito en el cruce de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima. Las agentes, que se encontraban a bordo de sus motocicletas de la PNP, fueron rodeadas de inmediato por un grupo de jóvenes protestantes.

Los manifestantes comenzaron a lanzar botellas y piedras contra las policías, para luego empujar las unidades hasta lograr que una de ellas cayera al pavimento. En las grabaciones se observa cómo el grupo violento golpea la motocicleta mientras la otra policía, que había logrado retroceder unos metros, atravesó a la multitud para rescatar a su compañera antes de que fuera linchada. Ante el ataque algunas señoras en el lugar intervinieron para detener la agresión.

De acuerdo con los videos registrados, varios jóvenes continuaron dañando las motocicletas y uno de ellos incluso propuso prenderles fuego. Ante la amenaza, las dos mujeres policía optaron por desenfundar sus armas de fuego y apuntar hacia la turba en defensa propia. El grupo se replegó, aunque siguió lanzando objetos a distancia contra las agentes del orden.

Usuarios condenan agresión contra mujeres policia

El ataque a las dos mujeres policías en el Centro Histórico de Lima generó una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde usuarios repudiaron la violencia ejercida contra las agentes del orden durante la protesta. La mayoría calificó los hechos como un acto cobarde y vandálico, exigiendo sanciones ejemplares para los responsables. “Golpear a las mujeres policías, ¿eso está bien? Qué mal… en verdad no merecen esa gente ni un gramo de respeto”, escribió una usuaria, mientras otros señalaron que “eso no es una marcha pacífica, están aprovechando los malos individuos para causar destrucción”.

Diversos comentarios también destacaron la falta de respeto hacia la autoridad y el riesgo que enfrentaron las policías en medio de la turba. “A la Policía se le respeta, caray, fomentemos la paz”, expresó una usuaria. Otro comentario afirmaba que “agredir a mujeres policía es vandalismo y nadie dice nada”, mientras otros calificaron a los atacantes como “delincuentes Z” y “generación violenta”. La indignación general reflejó el rechazo ciudadano frente al uso de la violencia en las manifestaciones y el llamado a recuperar la calma y el respeto mutuo en las calles.

¿Qué dijo el Ministerio del Interior?

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se pronunció sobre la agresión a las dos mujeres policía ocurrida durante las protestas en el Centro de Lima. En su intervención ante el Pleno del Congreso, el titular del sector reconoció los hechos y confirmó que las acciones del personal femenino del Escuadrón Fénix están siendo materia de investigación. “Se observa la utilización de sus armas porque son mujeres que tienen que defenderse. Eso no lo podemos negar”, declaró el ministro al referirse al momento en que las agentes desenfundaron sus armas de fuego ante el ataque de los manifestantes.

Tiburcio defendió la actuación de las policías, señalando que actuaron en legítima defensa ante una agresión directa que puso en riesgo sus vidas. “Eso es un hecho, que las policías se han defendido contra sus vidas. Es importante, señores congresistas, que tomen en cuenta que, a nivel mundial, cuando atacan a un policía, la respuesta es severa; pero aquí la policía es maltratada”, enfatizó. El ministro también pidió al Congreso y a la ciudadanía respaldar la labor policial y rechazar los actos de violencia que se produjeron durante la movilización.

Bogotá enfrenta una serie de ocupaciones a instituciones públicas por parte de organizaciones indígenas y sociales que instalaron campamentos en diferentes sedes ministeriales, como parte de una jornada de protesta que generó debate nacional. Entre los puntos más señalados por la opinión pública, destaca la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, que afirmó que grupos delincuenciales estarían detrás de los hechos.

Las declaraciones del ministro no pasaron desapercibidas, pues el jefe de cartera Benedetti sostuvo en conversación con el diario El Tiempo que mantiene lo dicho y que no contempla ningún tipo de retractación: “No me voy a retractar. Como sigan esas prácticas, me imagino que cada mandatario local o ente territorial, en su libre albedrío, van a proceder, a reaccionar ante esas acciones violentas”.

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Las protestas se desarrollan en medio de cuestionamientos sobre su organización y objetivos reales. Una de las figuras visibles de la jornada es Érika Isabel Prieto Jaime, q ue hace parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Robert Daza, del Pacto Histórico.

Benedetti señala planificación y vínculos con estructuras criminales

La participación de Prieto llamó la atención por su vinculación con un congresista del mismo bloque político del Gobierno. La vocera rechazó las declaraciones del ministro y afirmó que su presencia en las tomas busca llamar la atención sobre compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo.

A pesar de las solicitudes de rectificación, Benedetti expresó con firmeza que no existe motivo para cambiar su posición, pues dijo que las tomas no son espontáneas ni pacíficas: “Ellos llegaron la madrugada del lunes a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá y en la madrugada del martes ya se estaban tomando los ministerios y las otras oficinas. Luego, ellos no venían a negociar, venían a ‘calentar el ambiente’ de convivencia. Eso no lo hace alguien que quiere negociar. Es claro que ahí tienen que ver estructuras delincuenciales. Todo estaba planeado para eso, premeditado”.

En cuanto a la posibilidad de que grupos armados organizados estén involucrados, el alto funcionario prefirió no hacer afirmaciones concretas, pero señaló que los informes que ha recibido son claros: “Esa es una buena pregunta. No le puedo contestar, pero las inteligencias sí hablan de estructuras criminales”.

Dentro de las instalaciones ocupadas se encuentra una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), hecho que también fue mencionado como un indicador de la gravedad del asunto. Según Benedetti, la toma de ese espacio específico no puede entenderse como un acto casual.

Sobre el vínculo entre la vocera Prieto Jaime y el senador Robert Daza, el ministro afirmó que la responsabilidad no recae en su cartera: “No es ‘fuego amigo’. El senador debería preocuparse de ella, no yo”.

El senador Daza, por su parte, expresó su inconformidad con las afirmaciones del ministro, de acuerdo con el diario en mención, dijo que sus palabras carecen de fundamento y representan un ataque injustificado contra quienes protestan.

“Si él no tiene pruebas que evidencien lo que está diciendo, le está diciendo mentiras al país y estigmatizando a la gente que ha venido con un proceso de diálogo que el Gobierno ha incumplido. El ministro Benedetti tiene que retractarse porque es una acusación temeraria, ellos están en una situación muy grave en los territorios y encima el ministro viene a rematar con estas palabras ligeras”, señaló congresista.

La situación genera tensión tanto en el Congreso como dentro del propio Ejecutivo, debido a la cercanía política entre los actores involucrados. Las tomas crearon un desafío logístico para las entidades ocupadas y, además, abren una discusión sobre los límites de la protesta social frente a la seguridad institucional.

Benedetti, pese a los señalamientos, se mantuvo firme: “Todo estaba planeado. Quienes llegaron no buscaban diálogo ni acuerdos. No fue una movilización común. Hay información clara de que estructuras criminales están presentes. Esa realidad no la voy a ocultar”.

Con estas afirmaciones, el jefe de la cartera del Interior sostiene un punto de vista que pone en entredicho las intenciones de los organizadores y voceros de las tomas.

Cientos de miles de personas participaron el jueves en protestas contra las medidas de austeridad en todo el país, dijeron los sindicatos, instando al presidente Emmanuel Macron y a su nuevo primer ministro Sébastien Lecornu a reconocer su enojo y desechar los inminentes recortes presupuestarios.

Se tenía previsto desplegar unos 80.000 policías y gendarmes por toda Francia a lo largo del día, incluyendo unidades antidisturbios, drones y vehículos blindados. Más de 90 personas ya habían sido detenidas en diversos lugares, según informó la policía.

Profesores, conductores de trenes, farmacéuticos y personal hospitalario estuvieron entre quienes se declararon en huelga como parte de la jornada de protestas, mientras que los adolescentes bloquearon decenas de escuelas secundarias.

Los manifestantes piden que se descarten los planes fiscales del gobierno anterior, que se gaste más en servicios públicos, que se aumenten los impuestos a los ricos y que se revoque un cambio impopular que obliga a las personas a trabajar más tiempo para obtener una pensión.

‘Miles de huelgas’

Los manifestantes siguen indignados por el proyecto de presupuesto del predecesor de Lecornu, François Bayrou, que había propuesto una serie de medidas que, según él, permitirían ahorrar 44.000 millones de euros (52.000 millones de dólares).

Lecornu ha intentado calmar la ira prometiendo abolir los privilegios vitalicios para los ex primeros ministros y detener un plan ampliamente detestado de eliminar dos días festivos.

El Ministerio del Interior había dicho que se esperaba que entre 600.000 y 900.000 personas salieran a las calles.

Pero el ministro del Interior, Bruno Retailleau, dijo el jueves por la tarde que las manifestaciones habían sido “menos intensas de lo esperado”, con más de 260.000 personas protestando.

Los sindicatos convocaron a huelga en una rara muestra de unidad; alrededor de uno de cada seis docentes de escuelas primarias y secundarias se declararon en huelga, mientras que nueve de cada diez farmacias cerraron.

Los viajeros sufrieron graves interrupciones en el metro de París, donde solo las tres líneas automatizadas sin conductor funcionaban con normalidad.

Los sindicatos dijeron que estaban satisfechos con la magnitud de las protestas.

“Hemos registrado 260 manifestaciones en toda Francia“, declaró Sophie Binet, líder del sindicato CGT, estimando la participación en más de 400.000 personas.

“Hay miles y miles de huelgas en todos los lugares de trabajo”.

‘Harto’

En Marsella, un reportero de AFPTV filmó a un policía pateando a un manifestante en el suelo, aunque la policía afirmó haber sido confrontada por manifestantes “hostiles”.

En Lyon, un periodista de France TV y un policía resultaron heridos durante enfrentamientos entre la policía y un grupo de jóvenes enmascarados que encabezaban la manifestación.

En las afueras de la ciudad norteña de Lille, los manifestantes participaron temprano por la mañana en una acción liderada por el sindicato para bloquear las estaciones de autobuses.

“Estamos hartos de que nos cobren impuestos como locos”, dijo Samuel Gaillard, un conductor de camión de basura de 58 años.

Incluso los escolares se unieron a los alumnos para bloquear el acceso al colegio Maurice Ravel, en el este de París, blandiendo lemas como “bloquea tu escuela contra la austeridad”.

Los funcionarios dijeron que esperaban que la acción del jueves fuera el día de protestas y huelgas lideradas por sindicatos más seguido desde una movilización que duró meses a principios de 2023 contra el ampliamente criticado aumento de la edad de jubilación de Macron, que el gobierno impuso en el parlamento sin votación.

(con información de AFP y Reuters)

La creciente ola de indignación pública azotó por primera vez la nación insular de Sri Lanka en 2022 y derrocó al presidente. Dos años después, estalló en Bangladesh cuando los manifestantes derrocaron al gobierno gobernante. El lunes, la furia pública estalló en Nepal, obligando a su primer ministro a dimitir al día siguiente.

Cada movimiento de protesta comenzó con una queja específica que se expandió y terminó en el rechazo al gobierno o a sus líderes.

En muchos sentidos, los movimientos de protesta comparten una característica común: el resentimiento de la gente desilusionada hacia la élite gobernante y un sistema político arraigado al que consideran responsable de la corrupción rampante, la profundización de la desigualdad y las disparidades económicas.

Las protestas, a menudo lideradas por jóvenes, han desencadenado una violencia mortal y en ocasiones han dejado un vacío político llenado por líderes no electos y un empeoramiento de la situación del orden público.

“La percepción de que las élites gobernantes son corruptas e ineficaces a la hora de ofrecer un camino plausible hacia adelante ha creado una base estructural para grandes crisis”, dijo Paul Staniland, profesor de política especializado en el sur de Asia en la Universidad de Chicago.

La furia pública de Nepal se dirige en gran medida contra la élite política

Las protestas juveniles en Nepal comenzaron el lunes, cuando el descontento latente durante años se avivó tras la prohibición gubernamental de las principales plataformas de redes sociales. Muchos estaban especialmente indignados porque los hijos de líderes políticos parecen disfrutar de un estilo de vida lujoso, mientras que la mayoría de la población lidiaba con problemas económicos, un desempleo creciente y una corrupción generalizada.

Los disturbios han dejado al menos 19 personas muertas.

Los manifestantes, que no han expresado claramente sus demandas, salvo protestar bajo el llamamiento anticorrupción, incendiaron el edificio del parlamento, la casa presidencial y las residencias de varios ministros y otros políticos. Cediendo a la creciente presión pública, el primer ministro Khadga Prasad Oli revocó la prohibición de las redes sociales y dimitió. Sin embargo, seguirá liderando un gobierno interino hasta que se asuma uno nuevo.

No está claro cómo será el nuevo gobierno ni si constituirá la vieja guardia política. Muchos nepaleses temen una secuencia habitual de negociaciones entre la misma clase política que quieren derrocar.

Nepal está plagado de una frecuente inestabilidad política y el mandato de cada primer ministro ha durado apenas uno o dos años desde que entró en vigor la nueva constitución en 2015. El país abolió su monarquía en 2006, después de un levantamiento violento que obligó a su ex rey a abandonar su gobierno autoritario.

Staniland dijo que la violencia podría hacer que “sea mucho más difícil determinar quién debería estar a cargo o cómo debería proceder”.

“La gran pregunta ahora en Nepal será si se podrá restablecer el orden y forjar un nuevo orden político estable”, dijo.

Antes de Nepal estaban Bangladesh y Sri Lanka

Quienes en Nepal busquen respuestas sobre su futuro no encontrarán consuelo en Bangladesh y Sri Lanka.

La falta de consenso sobre demandas básicas de reforma, como elecciones y mecanismos anticorrupción, y una hoja de ruta incierta para el futuro, han afectado el progreso democrático en esos países y exacerbado aún más los problemas que enfrentan.

En Bangladesh, las protestas estudiantiles comenzaron con la indignación contra las normas que limitaban el número de puestos en la administración pública según el mérito. Se transformaron en un levantamiento nacional masivo en julio del año pasado que culminó con la destitución de la primera ministra Sheikh Hasina. Cientos de personas, en su mayoría estudiantes, murieron en protestas violentas.

Hasina huyó a la India, y se instaló un gobierno interino no electo, encabezado por el premio Nobel Muhammad Yunus. Este prometió restablecer el orden y convocar nuevas elecciones tras las reformas necesarias.

Un año después, Bangladesh sigue sumido en la inestabilidad. Los partidos políticos se disputan las fechas de las elecciones. La violencia multitudinaria, los ataques políticos contra partidos y grupos rivales, y la hostilidad hacia las minorías vulnerables por parte de los extremistas religiosos han aumentado.

En Sri Lanka, el entonces primer ministro Ranil Wickremensignhe asumió el poder después de que los manifestantes expulsaran al poderoso clan Rajapaksa en 2022. Posteriormente, el país experimentó una transición democrática del poder tras la elección del diputado marxista Anura Kumara Dissanayake como presidente el año pasado. Dissanayake prometió mejorar la calidad de vida, sanear el gobierno y exigir responsabilidades a los políticos corruptos.

Casi un año después, los problemas de Sri Lanka parecen estar lejos de resolverse. Su población sigue lidiando con dificultades económicas, problemas de derechos humanos y el impago de la deuda externa.

“No hay ninguna señal de los ideales de cambio deseados por los manifestantes”, dijo Veeragathy Thanabalasingham, un experto político con sede en Colombo.

Mayor inestabilidad en la región

Recientes revueltas populares también han sacudido a otras naciones de la región.

En Indonesia, las protestas mortales de la semana pasada por las prestaciones sociales de los legisladores y el coste de la vida obligaron al presidente del país a sustituir a ministros clave de economía y seguridad. Las protestas han causado la muerte de al menos siete personas.

En Myanmar, el gobierno elegido democráticamente de la ex líder encarcelada Aung San Suu Kyi fue derrocado por los militares en 2021. La resistencia al gobierno militar ha crecido y el país se encuentra ahora en medio de una brutal guerra civil.

Staniland dijo que si bien “la mayoría de las protestas van y vienen sin resultados tan dramáticos” como las vistas en Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, “la leña al fuego está ahí para que los errores de cálculo y los acontecimientos inesperados se desaten”.

“Creo que Nepal representa la nueva política de inestabilidad en el sur de Asia”, dijo.

(con información de AP)

Soldados armados custodiaban las calles de la capital de Nepal el miércoles y ordenaron a la gente que se quedara en casa en un intento por restaurar el orden, después de que decenas de miles de manifestantes asaltaran e incendiaran edificios gubernamentales y atacaran a políticos.

Los soldados con armas que vigilaban las principales áreas de Katmandú parecían dar una sensación de que el control regresaba a la ciudad, que se vio sobrepasada por la violencia y el caos en días anteriores.

El ejército advirtió en un anuncio el martes por la noche que las fuerzas de seguridad estaban comprometidas a preservar la ley y el orden. El ejército rara vez se moviliza y hasta ahora había permanecido en sus cuarteles, pero la policía no ha logrado controlar la situación.

Los soldados dijeron a la gente en Katmandú que el toque de queda estaba vigente y revisaron vehículos y personas. El ejército, en un comunicado, informó que 21 presuntos saqueadores habían sido arrestados.

Las protestas se volvieron cada vez más violentas el martes cuando los manifestantes incendiaron edificios gubernamentales y casas de políticos y atacaron a algunos líderes. El primer ministro renunció en medio de crecientes críticas a la élite política del país, aunque eso pareció tener poco efecto en los disturbios.

Decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta tarde en el día, bloqueando carreteras y asaltando instalaciones gubernamentales. Helicópteros del ejército transportaron a algunos ministros a lugares seguros.

La ira por el bloqueo de redes sociales fue solo el comienzo

El lunes, manifestaciones lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varios sitios de redes sociales sacudieron la capital, y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

El bloqueo de las redes sociales se levantó el martes, pero las protestas continuaron, alimentadas por la ira por las muertes y las acusaciones de corrupción política.

El presidente Ram Chandra Poudel, jefe de estado y que tiene un puesto principalmente ceremonial, instó a los manifestantes a buscar una resolución pacífica y evitar una escalada mayor. Aceptó la renuncia del primer ministro, Khadga Prasad Oli, y encargó a Oli que lidere un gobierno interino hasta que se establezca uno nuevo, aunque no estaba claro qué poder tendría o incluso dónde se encontraba.

Las manifestaciones, llamadas la protesta de la Generación Z, comenzaron después de que el gobierno bloqueara plataformas de redes sociales como Facebook, X y YouTube, diciendo que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión del gobierno.

Pero las protestas crecieron para reflejar un descontento más amplio. En particular, muchos jóvenes están enojados porque los hijos de los líderes políticos, los llamados “nepo kids”, parecen disfrutar de estilos de vida lujosos y numerosas ventajas mientras la mayoría de los jóvenes luchan por encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil de alrededor del 20% el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2.000 jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en el Oriente Medio o el Sudeste Asiático.

Ataques a líderes políticos, edificios y hogares

Videos compartidos en redes sociales mostraron a manifestantes golpeando al líder del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, la actual ministra de Exteriores. Ambos parecían estar sangrando, mientras que un video mostraba cómo el líder del partido recibía ayuda para ponerse a salvo. El partido es el más grande del país y forma parte de la coalición gobernante.

El miércoles aún salía humo del edificio del parlamento, la casa presidencial, la secretaría central que alberga las oficinas del primer ministro y ministerios clave, así como de la residencia oficial del primer ministro.

El edificio de la publicación Kantipur, el mayor medio de comunicación en Nepal, fue incendiado y dañado. También se prendió fuego a concesionarios de automóviles. Vehículos calcinados salpicaban las calles.

Los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y las residencias de los principales líderes políticos durante todo el martes, culpando al gobierno por los disparos de la policía contra los manifestantes.

Además de las 19 muertes, decenas de personas resultaron heridas por la policía. Oli ha ordenado un informe de investigación sobre los tiroteos y prometió compensación a las familias.

El gobierno quiere regular las redes sociales

La violencia estalló mientras el gobierno de Nepal hace un esfuerzo más amplio de regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas estén “adecuadamente gestionadas, sean responsables y rendan cuentas”. La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

El proyecto de ley requeriría que las empresas designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El requisito de registro se aplicó a unas dos docenas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal. Aquellas que no cumplieron fueron bloqueadas la semana pasada, aunque TikTok, Viber y otras tres plataformas que se registraron operaban sin interrupción.

(con información de AP)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó el domingo a los manifestantes de todo el país que exigen el fin de la guerra en Gaza, argumentando que ese pedido fortalecerá al grupo terrorista Hamas en las negociaciones para el retorno de los rehenes.

“Aquellos que piden hoy el fin de la guerra sin la derrota de Hamas no solo endurecen la posición de Hamas y prolongan la liberación de nuestros rehenes, sino que también aseguran que los horrores del 7 de octubre volverán a ocurrir”, dijo el premier en una reunión de gabinete, refiriéndose al ataque de 2023 que desencadenó la guerra, según un comunicado de su oficina.

Lo dijo en una declaración difundida por su gabinete antes de la reunión del Gobierno celebrada cuando se celebra un paro general con miles de personas protestando en las calles y numerosos bloqueos de carreteras para pedir el fin de la guerra y la vuelta de los rehenes que quedan en el enclave palestino (20 vivos y 30 muertos).

“Tanto para promover la liberación de nuestros rehenes como para garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, debemos completar la tarea y derrotar a Hamas”, afirmó.

El primer ministro defendió la decisión tomada por su Gobierno hace algo más de una semana de ocupar la ciudad de Gaza y la zona de Mawasi, donde vive más de un millón de personas que serían desplazadas hacia el sur, afirmando que están “decididos a implementarla”.

Sobre la posibilidad de un alto el fuego en Gaza, que es lo que piden las familias, indicó que actualmente Hamas se niega a aceptar una de las condiciones de Israel: mantener el control de la seguridad en la Franja.

“Hamas exige exactamente lo contrario. Quiere que nos retiremos completamente de toda la Franja”, explicó, una condición que Israel no acepta porque, dijo el primer ministro, facilitaría que el grupo islamista se reorganizara y volviera a atacar Israel.

Al menos 38 personas fueron detenidas este domingo durante las protestas para pedir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza en Israel, dijo la Policía israelí en un comunicado.

Las protestas marcaron el inicio de un día de huelga nacional convocado por el principal grupo de familiares de rehenes, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, para pedir un acuerdo de alto el fuego que termine con la guerra en Gaza y libere de una vez a todos los rehenes.

La convocatoria ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque de momento está teniendo un seguimiento limitado en el país.

“Estamos haciendo todo lo posible para traerlos de vuelta (...) Podemos tener desacuerdos, pero la verdad es que todo el pueblo de Israel quiere que nuestros hermanos y hermanas regresen a casa”, declaró en esta plaza el presidente israelí, Isaac Herzog.

Recientemente, una delegación de Hamas viajó a El Cairo para hablar con los mediadores sobre un acuerdo de tregua, en lo que suponen los primeros contactos anunciados de cara a un alto el fuego desde la última ronda de negociaciones indirectas que se celebró en Catar en julio entre representantes de Israel y Hamas, y que fueron suspendidas por acusaciones reciprocas.

Estas conversaciones se producen después de que el Gobierno israelí aprobara una extensión de su ofensiva en la Franja y la ocupación de la ciudad de Gaza y de la zona costera de Mawasi.

(con información de AFP y EFE)

Según un comunicado de la Policía, los manifestantes cortaron una vía en Tel Aviv durante una marcha ilegal y desobedecieron las órdenes policiales a negarse a salir de ella.

"Incluso atacaron a los agentes, quemando hogueras y neumáticos en las vías de circulación y lanzando gases lacrimógenos contra la policía", afirma la nota.

Tras los arrestos, la Policía abrió las vías y el tráfico pudo normalizarse.

"Enfatizamos que la libertad de protesta y expresión no significa la libertad de provocar incendios, bloquear carreteras principales, perjudicar la libertad de movimiento de muchas personas, burlar los controles policiales o atacar a los agentes", dice el comunicado.

Miles de personas se congregaron este jueves en varias ciudades de Israel para protestar contra el plan para profundizar la ofensiva en Gaza, pidiendo un alto el fuego que permita que Hamás libere a los rehenes que quedan en la Franja (20 vivos y 30 muertos).

El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás. EFE

Un numeroso contingente de Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) se manifiestan en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para exigir la condonación de cobros por el suministro de electricidad.

Luego de congregarse y avanzar por Paseo de la Reforma, después por la Avenida Juárez y marchar por 5 de Mayo, entraron al primer cuadro capitalino para realizar un plantón de 48 horas; también solicitan una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para plantearle sus peticiones.

Las consignas

“A 11 años de su creación, la organización realiza una lucha civil y pacífica", refiere en su cuenta oficial de Facebook, entre cuyas consignas principales están:

• La electricidad es un derecho, no un delito.
• Borrón y cuenta nueva.
• Tarifa social justa.
• La energía eléctrica como derecho humano.
• Renacionalización de la industria eléctrica.
• Echar abajo la Reforma Eléctrica Peñista.

Portando pancartas y lanzando consignas, los manifestantes expresaron su descontento por las tarifas excesivas del servicio eléctrico, situación que afecta principalmente a las familias de bajos ingresos del país.

La movilización ha generado caos vial en la zona lo que ha provocado cortes y desvíos al tránsito vehicular, situación por la cual autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, implementaron un operativo para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los inconformes y de los conductores.

Información en proceso...

Ya son 11 días consecutivos de bloqueos, en los que los manifestantes apenas otorgan dos horas de tregua al día. Este breve periodo resulta insuficiente ante la gran cantidad de vehículos que buscan llegar a su destino.

Para el exdirector de la Policía Nacional del Perú, general (r) Eduardo Pérez Rocha, el Gobierno de Dina Boluarte debería actuar con mayor eficacia para desbloquear las carreteras. Además, recordó que los responsables de estas acciones podrían ser denunciados por el delito de extorsión.

“Acá vemos que nadie está solicitando autorización para cerrar las vías públicas. Lo segundo, el artículo 200, por si acaso del Código Penal, que es extorsión. El año 2015 incluyó un tercer párrafo que decía la persona que para conseguir algo para aspecto personal o grupal obstruya en vías públicas, impidan el libre tránsito de los vehículos. La pena es no menos de cinco hasta 15 años”, recordó el general (r) PNP en entrevista con Exitosa.

El general también advirtió que las penas se agravan si es que la propiedad sufre daños. Como el caso de los transportistas que llevan leche, alimentos perecibles y otros productos.

Pérez Rocha cuestionó que no se ordene a la PNP ejecutar la detención de los manifestantes, probablemente por la cercanía a la época electoral.

Consideró que si no se toman las medidas para terminar con los bloqueos pronto, la violencia escalará y podría haber personas fallecidas.

“Estamos viendo, que te digo que esto va a escalar y lamentablemente puede traer problemas de pérdida de vidas, lesiones. Y esto es lo que estamos viendo como posibilidad, porque no hay ninguna medida que ampare y disponga el Ejecutivo, que es el que le corresponde”, agregó.

Lamentablemente, no pasó mucho tiempo para que las proyecciones del general Pérez Rocha se hicieran realidad. En Chala, Arequipa, se registró enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la PNP que llegaron a la zona para desbloquear la vía, se confirmó una persona fallecida por herida de bala.

Pasajeros afectados por vías bloqueadas en la Panamericana Sur

Cientos de pasajeros continúan varados en los terminales terrestres de Lima debido a los bloqueos en la Panamericana Sur provocados por el paro minero, que ya suma más de diez días. La protesta de mineros informales y artesanales, que exigen la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o la aprobación de una nueva Ley MAPE, ha paralizado el transporte hacia el sur del país. Los destinos más afectados son Arequipa, Puno y Tacna, imposibilitados de recibir buses provenientes de la capital ante la incertidumbre sobre la duración de los bloqueos.

En este contexto, las empresas de transporte interprovincial siguen vendiendo pasajes, pero con condiciones especiales. En el terminal de la empresa Flores, usuarios reportan esperas de más de dos días sin poder viajar. Los boletos se venden con advertencias: si el bus no parte por los bloqueos, la salida será reprogramada, pero no habrá posibilidad de reembolso. Además, los precios han subido abruptamente. Un grupo de pasajeros venezolanos relató que el costo de los pasajes a Arequipa pasó de 70 a 90 soles en menos de una hora, sin explicación clara por parte de la empresa.

La molestia entre los clientes es notoria. Muchos provienen de otros países o departamentos y han quedado atrapados en la capital peruana en tránsito hacia otras ciudades del sur. También hay familias varadas en ciudades como Tacna, que no pueden regresar a Lima por la suspensión de servicios originada por el paro.

El origen del conflicto se relaciona con la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de anular más de 50.000 registros Reinfo, por vencer el plazo legal. Para el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco, la protesta no solo busca proteger fuentes de trabajo, sino también un derecho.

El dirigente advirtió que la radicalización de las medidas continuará si no se atienden sus pedidos: prórroga del registro, reducción de requisitos burocráticos y la aprobación de una ley específica para el sector.

Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria contra la minería ilegal, algunos congresistas impulsan sesiones extraordinarias para debatir una salida legal al conflicto. Analistas advierten que los bloqueos podrían agravarse, ya que existen intereses y liderazgos políticos locales detrás de las protestas.

“Gobierne quien gobierne los derechos se defienden”, así son las consignas de un grupo de manifestantes que bloqueó la lateral de Anillo Periférico y Anatole France, en la colonia Bosques de Chapultepec 1a. Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo, a la altura de Paseo de la Reforma, quienes pretendían hacer lo propio en carriles centrales para exigir respuesta a sus reclamos.

Dichas acciones han provocado un severo caos en la zona, lo que generó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieran al lugar y encapsularan a los inconformes para evitar mayores estragos viales en la zona.

Quienes encabezan las manifestaciones es personal de la Secretaría de Salud que exigen mejoras laborales y salariales. Mientras tanto, los elementos policiacos están en alerta para evitar algún inconveniente.

Información en proceso...

En una conferencia de prensa, Aleksandar Vučić acusó a los organizadores de la protesta liderada el sábado por estudiantes en la capital, Belgrado, de incitar a la violencia y a los ataques contra la policía, y pidió que fueran procesados.

El mandatario volvió a tildar a los manifestantes de “terroristas” y los acusó de intentar “derribar el estado”. Mencionó, además, al decano de la Universidad de Belgrado, Vladan Djokic, quien se encontraba entre los manifestantes.

De las 77 personas detenidas, 38 permanecen retenidas, y la mayoría enfrenta cargos criminales, dijo el ministro del Interior Ivica Dačić. “Habrá más arrestos”, advirtió Vučić, quien afirmó que “la identificación de todos los individuos está en marcha”.

Decenas de miles de personas asistieron a la manifestación celebrada después de casi ocho meses de persistente disidencia, lo que ha sacudido el firme control de Vučić sobre el poder en el país balcánico.

Los manifestantes también declararon “ilegítimo” al actual gobierno, cercano a la Rusia de Putin, y responsabilizaron al Ejecutivo de cualquier hecho de violencia.

Las protestas, tanto a favor como en contra del gobierno, comenzaron en distintos puntos de la capital, especialmente en la plaza Eslava y frente al Parlamento serbio. Allí, los disturbios se intensificaron con cargas policiales y enfrentamientos directos, lo que provocó varios heridos y al menos uno grave.

Los enfrentamientos con la policía antimotines estallaron después de que la parte oficial de la manifestación concluyera.

La policía, en tanto, utilizó gas lacrimógeno, porras y escudos mientras los manifestantes lanzaban piedras, botellas y otros objetos.

La policía informó el domingo que 48 agentes resultaron heridos mientras que 22 manifestantes buscaron atención médica.

Las masivas protestas contra el Gobierno comenzaron después del derrumbe en noviembre de una cornisa de una estación de tren reformada, que mató a 16 personas.

Muchos en Serbia culparon la tragedia en la ciudad norteña de Novi Sad a la negligencia alimentada por la corrupción en los proyectos de infraestructura estatal.

Vučić ha rechazado repetidamente adelantar las elecciones previstas para 2027. “Serbia ganó. No se puede destruir Serbia con violencia”, dijo este domingo. “Querían conscientemente provocar un derramamiento de sangre. El tiempo de la rendición de cuentas está llegando”.

Los críticos dicen que Vučić se ha vuelto cada vez más autoritario desde que llegó al poder hace más de una década, sofocando las libertades democráticas mientras permite que la corrupción y el crimen organizado florezcan. Él lo ha negado.

Serbia busca formalmente la entrada en la Unión Europea, pero el gobierno de Vučić ha fomentado sus relaciones tanto con Rusia como con China.

Discrepancias en las cifras de asistencia

La magnitud de la protesta del sábado es objeto de declaraciones contradictorias. Según la policía, alrededor de 36.000 personas participaron en la marcha principal registrada en la plaza más grande de Belgrado y las calles adyacentes. No obstante, periodistas presentes en el lugar y las imágenes aéreas disponibles muestran que la multitud podría haber sido más numerosa.

Organismos independientes calcularon la asistencia en unas 140.000 personas, el número más elevado desde la protesta del 15 de marzo, que tuvo una convocatoria estimada de 300.000 manifestantes.

La agencia AFP, que dio cobertura a la movilización, describió a una multitud portando banderas serbias y pancartas con nombres de ciudades y pueblos del país. Los manifestantes corearon consignas como “¡Queremos elecciones!” a lo largo de la jornada.

En una carta abierta enviada al Gobierno, los estudiantes indicaron que “las elecciones son el mecanismo fundamental de toda sociedad democrática y que no existe una solución alternativa”.

Londres, 20 jun (EFE).- Ocho hombres fueron arrestados este viernes tras un "altercado" en el exterior de la Embajada de Irán en Londres, en el que dos personas resultaron heridas, según confirmó a EFE un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres (Met Police).

La fuente policial dijo que, a las 09:53 hora británica (08:53 GMT) del viernes, los agentes respondieron a un "altercado" en la calle Princes Gate, donde se sitúa la legación diplomática iraní en la capital británica, y frente a la cual había una manifestación contra el régimen.

Según el portavoz, manifestantes prorégimen y antirrégimen se enfrentaron y, contrariamente a lo publicado previamente por algunos medios británicos, "no hubo vínculos" con Israel en el altercado.

La policía ha impuesto una prohibición para protestar en el área, junto al céntrico Hyde Park, hasta las 12:00 GMT del domingo 22.

Tras el incidente un total de siete varones fueron detenidos y puestos bajo custodia policial, a los que se sumó un octavo posteriormente por violar la prohibición de manifestarse, según el portavoz.

Dos varones fueron atendidos por lesiones en el lugar y fueron trasladados a un centro hospitalario por el Servicio de Ambulancias de Londres, aunque sus heridas no representan riesgo para sus vidas, explicó la fuente.

La Policía ha acordonado la zona mientras lleva a cabo las pesquisas iniciales.

El ataque se produce en plena escalada de la guerra en Oriente Medio, con ataques cruzados con misiles y drones entre Israel e Irán, y con la posible participación de Estados Unidos en el conflicto en el horizonte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este jueves que decidirá en las próximas dos semanas si intervendrá de forma directa o no en el conflicto. EFE

Un agente de la Policía de Bolivia ha muerto a consecuencia de un disparo durante una "emboscada" por seguidores del expresidente Evo Morales en el municipio de Llallagua, en el suroeste del país, en un incidente en el que también ha resultado herido otro efectivo.

"Producto de una cobarde y vil agresión un camarada perdió la vida y un capitán está con una herida que compromete el tronco superior. En este momento estamos esperando el tratamiento médico que permita rehabilitarlo, en tanto que lamentamos este fallecimiento producto del empleo de armas de fuego, cuando la Policía solo vino a restablecer el orden", ha anunciado este miércoles el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

Las víctimas formaban parte del contingente policial que llegó a Llallagua, localidad ubicada en el Departamento de Potosí, para restablecer el orden ante el bloqueo de calles y carreteras de los evistas movilizados.

Según ha afirmado Aguilera en una entrevista con la cadena Bolivisión TV, los manifestantes respondieron al despliegue lanzan piedras, detonando explosivos, y disparando con armas de fuego, en lo que ha considerado como "ataque" y "emboscada", negando que haya habido enfrentamientos entre éstos y los agentes.

El anuncio llega después de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, haya denunciado que la jornada de protestas en esta localidad, en defensa de la candidatura presidencial del inhabilitado Morales, ha dejado más de 30 personas heridas "a manos de bloqueadores evistas", siendo "una de las más violentas y amargas de la historia reciente".

La Fiscalía de Bolivia admitió a principios de esta semana la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra el expresidente por terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales, a raíz del bloqueo de carreteras emprendido por simpatizantes evistas en defensa de su candidatura presidencial de cara a las elecciones previstas para el 17 de agosto.

Un año después de que el Congreso de los Diputados aprobara la Ley de Amnistía se han beneficiado un total de 328 personas, según los datos recopilados hasta este martes por el colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària.

De los 328 beneficiados, 173 son manifestantes y activistas; 26 son políticos, cargos públicos y empresarios y 129 son policías.

El número de amnistías denegadas es de 103, de las cuales 76 a manifestantes y activistas, 23 a políticos, cargos públicos y empresarios y 4 a policías.

Las que se han derivado a otros órganos son un total de 68, 16 de manifestantes y activistas y 52 de políticos, cargos públicos y empresarios.

MANIFESTANTES

El mismo colectivo ha contabilizado 1.247 manifestantes y activistas a los que se les ha abierto una causa por la vía penal por delitos vinculados al movimiento independentista durante el periodo del 'procés'.

En 634 de los casos la causa ha sido archivada(50,8% del total), mientras que para 613 personas siguió abierta (el 49,2%).

De las 613 causas que siguieron su curso, 102 se encuentran en fase de instrucción, 48 pendientes de juicio, 8 a la espera de sentencia, en 169 casos los procesados han sido absueltos de todos los cargos, 113 han sido condenados total o parcialmente y 173 han sido amnistiados.

De las 102 causas en fase de instrucción, a 14 de los investigados se les ha negado la amnistía, 9 la han solicitado y está pendiente de resolverse, 6 están pendientes de saber a dónde deben instarla y 73 están pendientes de la evolución de su caso.

De las 48 causas pendientes de juicio, a 26 de los imputados se les ha negado la amnistía, 13 la han solicitado y ha sido derivada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 8 no han querido solicitarla y 1 está pendiente de saber a dónde instarla.

De los 8 que ya han sido juzgados y están pendientes de sentencia, a todos se les ha denegado la amnistía.

De los 169 que han recibido una sentencia absolutoria de todos los cargos, 146 fueron absueltos antes de aprobarse la ley; 18 obtuvieron la absolución tras la Ley de Amnistía y los 5 restantes fueron absueltos tras su aprobación y se les había negado previamente.

De los 113 con una condena total o parcial, 6 han recurrido al Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional (TC) o Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no han instado la amnistía para no perder el acceso al recurso; 74 no han querido solicitarla; a 21 les ha sido negada; 6 la han solicitado y están pendientes de que se resuelva; 3 la han pedido y están pendientes del TC, 2 están en prisión y uno ya ha cumplido su condena al denegársela a todos ellos.

De los 173 amnistiados (que representan el 13,9% del total con una causa penal abierta), a 55 se les aplicó en fase de instrucción, a 66 cuando estaban a la espera de que se celebrara el juicio y a 52 cuando ya habían sido condenados.

POLICÍAS

Según los mismos datos, los policías amnistiados han sido un total de 129 (aproximadamente el 77% del total).

Desde Alerta Solidària critican que la Ley de Amnistía ha contribuido a pacificar el país, adormeciendo el independentismo y que ha eliminado los focos de tensión que la represión genera, textualmente: "Queríamos la independencia y nos distrajeron para conseguir una amnistía negociada que ha beneficiado, sobre todo, al Estado, y con el error previo de la desactivación de la calle".

De acuerdo con el cómputo del colectivo, que representa al grueso de manifestantes encausados por el procés y ejerce la acusación en varias causas de abusos policiales contra independentistas, la justicia ha denegado la amnistía a 76 activistas, a 23 políticos, cargos de la Generalitat y empresarios y a 4 policías.

Otros 53 políticos y 16 manifestantes siguen a la espera de que se resuelva si procede aplicarles la amnistía, porque los tribunales que deben decidirlo han optado por elevar consultas a instancias superiores, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un comunicado, el colectivo ha criticado la "extraordinaria eficacia" con la que se ha desplegado la ley de amnistía respecto a los policía encausados por cargas contra manifestantes o para impedir el referéndum del 1-O, frente a las "dificultades" con que se topan los políticos o activistas independentistas.

Además, denuncia Alerta Solidària que la ley, junto a "otras medidas, ha contribuido a pacificar el país a base de adormecer al independentismo".

"Y peor", añade el comunicado, "lejos de las promesas justificativas de Junts y ERC, no ha servido para avanzar en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación ni para detener la represión y acabar con la guerra sucia y el lawfare". EFE

Un automovilista intento pasar por donde se encontraba grupo de manifestantes que estaban en la calzada San Antonio Abad, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), este martes.

Tras el hecho, los manifestantes, molestos, retuvieron al conductor y rodearon el vehículo e incluso, de acuerdo con versiones de redes sociales, lo intentaron golpear.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) señaló que policías de Tránsito de la misma dependencia dialogaron con ambas partes, el automóvil se retiró y las personas que se manifestaban continúan su marcha hacia el Zócalo capitalino.

Se aclaró, ante presuntas versiones de que en el lugar se había atropellado a personas, que no había ningún herido ni se había arrollado a nadie.

Los manifestantes que se encontraban en el lugar pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Tras el incidente con el automovilista en la Calzada de San Antonio Abad, los integrantes de la CNTE continuaron con su movilización rumbo al Zócalo capitalino, donde buscan entablar un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los manifestantes, desde hace unos días, exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE, así como un aumento salarial del 100%. La marcha ha generado importantes afectaciones viales en avenidas principales de la capital, como la calzada San Antonio Abad.

Sheinbaum dice que la CNTE la dejó “plantada”

Cabe destacar que este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que maestros de la CNTE la dejaron “plantada” desde el pasado 8 de mayo, cuando habían pactado una reunión.

Mientras tanto dejará por escrito la disposición de su gobierno a resolver demandas mediante el diálogo y a constatar que se mantiene abierta a una mesa de negociación con las secretarías de Educación Pública Gobernación, Hacienda y el ISSSTE, dadas las peticiones que han hecho públicas.

“Por cierto, ayer no mencioné que en la última reunión que tuve con la CNTE les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita”, señaló Sheinbaum.

Dos de los detenidos han pasado a disposición judicial y el resto ha quedado en libertad, cursándose contra 42 de ellos denuncias por el uso de enseñas de organizaciones anticonstitucionales o terroristas, agresiones a agentes del orden, lesiones, resistencia a la autoridad y desórdenes públicos, entre otros delitos, de acuerdo con el comunicado.

"Las fuerzas de la policía fueron atacadas con golpes, patadas y lanzamientos de botellas. En el curso de las medidas policiales y arrestos que resultaron de ello, los agentes del orden hicieron uso de la fuerza en forma de empujones, empellones y técnicas de golpeo", continuó la nota.

Un total de once agentes resultaron heridos y uno de ellos incluso tuvo que ser hospitalizado, tras ser pateado cuando se encontraba en el suelo, afirmó la policía, que no mencionó que resultasen lesionados manifestantes.

En diversos vídeos que circulan en redes sociales puede verse a policías golpeando a manifestantes que se hallan inmovilizados, mientras que un periodista denunció haber sido él mismos objeto de empujones a pesar de haberse identificado con su carné de prensa.

La protesta había sido convocada por organizaciones propalestinas con ocasión del 77.º "Día de la Nakba" (catástrofe, en árabe), en el que se conmemora la expulsión de centenares de miles de palestinos de sus localidades por grupos armados israelíes.

Originalmente registrado como una manifestación, la policía había prohibido que los participantes en el acto se desplazasen, aunque el propio jueves el Tribunal Administrativo de Berlín falló por la vía de urgencia que debía autorizarse un cortejo dinámico.

Sin embargo, la policía recurrió la decisión y la instancia superior le acabó dando la razón en el último momento al argumento de las fuerzas del orden de que en las protestas móviles es más probable la comisión de delitos. EFE

Uno de los trabajadores que participaron en la marcha, identificado como Erick, dijo a EFE que le exige a "este Gobierno incapaz" que "se vaya, porque no está haciendo nada".

"Nos están matando y están de brazos cruzados (...) Estamos unidos en una sola voz pidiendo que se vaya este Gobierno usurpador", añadió el manifestante mientras avanzaba con una pancarta en la céntrica avenida Abancay, a escasos metros del Congreso.

Agregó que los diferentes gremios que han sido convocados a la marcha participaron en rechazo al sicariato, que "está matando a muchas familias".

Otro manifestante, identificado como Adolfo, defendió el paro de esta jornada, que tuvo un escaso seguimiento, contra el "Gobierno espurio y el Congreso criminal", que han llevado al Perú, según dijo, a un estado de sicariato y extorsión.

Adolfo también salió a manifestarse por la derogatoria de todas las leyes "antipueblo" que están "a favor del crimen organizado", en alusión a normas que han alentado, entre otras actividades, la minería ilegal, una de las principales fuentes ilícitas del sicariato y la extorsión en las ciudades.

Asimismo, Esteban Sandoval declaró que este día han salido a luchar por Perú, que "está secuestrado por la mafia fujimontesinista", en referencia a la presunta influencia política del partido de la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el Legislativo y el Ejecutivo peruanos.

"Me duele, me indigna, el pueblo tiene que reaccionar", agregó el manifestante.

Durante la movilización de gremios y familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas hacia algunos grupos de manifestantes, lo que generó el rechazo de las organizaciones políticas y civiles participantes.

A su vez, el paro convocado por transportistas urbanos y otros gremios ante el aumento de la criminalidad no tuvo un seguimiento significativo en las primeras horas de este miércoles, por lo que el tráfico y la actividad comercial transcurrieron de forma casi normal en Lima, aunque en el departamento sureño de Puno hubo algunos bloqueos que afectaron la conexión con Bolivia.

"Los servicios de transporte público vienen funcionando al 90 % en este momento. Lo que se ha notado, por el contrario, es una menor presencia de usuarios en la vía pública y ello responde a medidas como el teletrabajo o la suspensión de clases en algunas instituciones", señaló a medios el jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, David Hernández.

La Policía Nacional informó que ha desplegado 13.000 efectivos para garantizar la seguridad y puso a disposición de la población buses para apoyar los traslados de los limeños. EFE

(vídeo)

Fue la primera manifestación en Brasilia, la ciudad que simboliza el poder y el sistema judicial del país. También fue la primera para el expresidente Jair Bolsonaro después de su hospitalización de tres semanas por una operación para descoserle los intestinos, un problema que tiene desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. En Brasilia, al igual que en las manifestaciones anteriores en Río de Janeiro y San Pablo, el tema fue la amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados y saqueados.

La amnistía también favorecería a Bolsonaro y a los jefes militares procesados con él por intento de golpe de Estado. Durante la manifestación, el expresidente dijo que si el proyecto de ley de impunidad es aprobado por el Congreso, ningún otro poder del Estado podrá impugnarlo. “La amnistía es un acto político y de competencia exclusiva del Parlamento brasileño. Si el Parlamento ha votado, nadie debe interferir: la voluntad del Parlamento, que representa la voluntad de la mayoría del pueblo brasileño, debe ser respetada”, afirmó. El debate sobre el proyecto de ley sigue abierto en el Congreso y ha suscitado intensas divisiones políticas.

Anoche, con 315 votos a favor y 143 en contra, la Cámara de Diputados suspendió el juicio contra uno de los procesados por intento de golpe de Estado junto a Bolsonaro, Alexander Ramagem, exdirector de la agencia de inteligencia brasileña Abin y un diputado del Partido Liberal (PL). No es necesaria la aprobación del Senado. La medida fue posible porque la Constitución prevé la posibilidad de suspensión, pero sólo para los parlamentarios y sólo en casos de delitos cometidos después de la proclamación oficial del cargo. El informe que justificó la decisión estaba redactado de forma poco precisa, lo que hace posible, según algunos, extender la suspensión a otros acusados, incluido el expresidente Bolsonaro.

Sin embargo, la semana pasada, la prensa brasileña informó de un posible acuerdo entre el Congreso brasileño y el Supremo Tribunal Federal (STF) para un proyecto de ley que reduciría las penas para los condenados por los sucesos del 8 de enero de 2023, pero al mismo tiempo endurecería las penas contra los líderes de cualquier intento de golpe futuro. La propuesta será presentada este mes por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil.

El objetivo es quitar presión a los bolsonaristas para una ley de amnistía que también podría favorecer al ex presidente Jair Bolsonaro, evitando un conflicto con el STF, que probablemente la declararía inconstitucional. Las personas que recibieron condenas menores podrían ser liberadas, pasar al régimen de prisión semiabierto o a la domiciliaria, mientras que los organizadores del supuesto intento de golpe recibirían penas más duras, pero sólo en el futuro. Además, las nuevas normas no se aplicarían con carácter retroactivo. El ministro Alexandre de Moraes y el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, habrían dado ya su visto bueno a la propuesta. Según sus partidarios, la ley debería permitir al sistema judicial distinguir entre meros participantes movidos por la propaganda y los verdaderos planificadores del golpe, estableciendo penas proporcionadas.

Según el sitio de noticias Platōbr, es el presidente de la Cámara brasileña, Hugo Motta, del partido Republicanos, quien negocia estos días directamente con el presidente Lula la reducción de las penas. Motta afirmó que el objetivo es promover la “pacificación nacional”, aunque Lula aún no ha tomado una posición oficial. Para el presidente de la Cámara de Diputados, el acuerdo debe involucrar a los tres poderes del Estado y, entre los beneficios políticos que podría traer, por un lado, hay el de reducir la retórica de la derecha, que insiste en la amnistía y, por otro, centraría los castigos en los instigadores del intento de golpe, como el ex presidente Bolsonaro, ya bajo proceso. Si Lula se sumara a la iniciativa, facilitaría la expedita aprobación de una ley acordada entre el Congreso y el Gobierno. Si, por el contrario, Lula se opusiera, podría vetarla y sólo una mayoría absoluta del Parlamento podría aprobar la ley.

Mientras tanto, nuevos problemas se ciernen en el horizonte para los jueces del STF. El lunes, el jefe de sanciones internacionales del gobierno de Trump, David Gamble, aterrizó en Brasil, oficialmente para discutir clasificaciones de terrorismo para los principales grupos criminales de Brasil, incluyendo el Primer Comando Capital (PCC). Una propuesta con la que el gobierno brasileño ya declaró no estar de acuerdo. Según el sitio de noticias Metrópoles, la visita de Gamble “fue confeccionada por Eduardo Bolsonaro”, hijo del ex presidente que ahora vive en los EE.UU. después de renunciar como diputado. Según Metrópoles, la Casa Blanca planea aplicar sanciones no sólo al juez del STF Alexandre de Moraes, sino también a otros jueces que trabajan con el ministro y al Procurador General de la República Paulo Gonet. La acusación es promover la censura cuando se ordena el bloqueo de perfiles en redes sociales y perseguir a opositores conservadores.

También se discute, según Metrópoles, el bloqueo de los activos de Moraes en Estados Unidos, que en caso de sanciones no podría negociar ni con ciudadanos, ni con empresas en Estados Unidos, ni con instituciones financieras que hagan negocios con Washington. El lunes, Bolsonaro se reunió con uno de los miembros de la delegación de Trump, Ricardo Pita, asesor principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano. Durante el encuentro, Bolsonaro acusó al juez Moraes de perseguir a los críticos del actual gobierno de Lula. La información que surgió durante la entrevista será comunicada a Marco Rubio, actual jefe del Departamento de Estado. Ya en febrero, la oficina donde trabaja Pita había divulgado un comunicado, dirigido a Moraes, denunciando supuestos episodios de censura en Brasil.

En dos artículos recientes, incluso The Economist atacó al juez Moraes. Aunque reconoce la amenaza que suponen los políticos corruptos, según el semanario económico británico, un poder judicial demasiado fuerte también puede poner en peligro la democracia. Según la revista, Moraes encarna este desequilibrio, y cita incidentes como ordenar investigaciones contra empresarios por mensajes privados o bloquear cuentas de redes sociales sin justificación detallada. La composición del tribunal que juzgará al ex presidente Bolsonaro también es criticada, ya que está compuesto por sólo cinco jueces, entre ellos antiguos colaboradores del presidente Lula, lo que levanta sospechas de conflictos de intereses. Según The Economist, el STF actúa dentro de los límites legales, pero con poderes muy superiores a los de otros tribunales supremos del mundo, y añade que hay “crecientes dudas sobre el comportamiento del propio tribunal, la calidad de la justicia que imparte y la adecuación de sus sentencias”.

El ejemplo más citado por la prensa y las redes sociales estos días es la desproporcionalidad de la sentencia contra la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, condenada por el STF a 14 años de prisión por participar en los hechos del 8 de enero de 2023 en los que manchó con pintalabios una estatua del STF, y de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Brasil, André do Rap, condenado a 15 años y después liberado por el STF en 2020 y, desde entonces, fugitivo, también buscado por la Interpol. Tras la polémica, Moraes concedió arresto domiciliario a dos Santos.

El presidente del STF, Luís Roberto Barroso, reaccionó al artículo de The Economist. En una nota oficial, el magistrado defendió la importancia de contar con un tribunal “independiente y activo” para evitar el colapso de las instituciones. Negó la existencia de una “crisis de confianza” y subrayó que las decisiones monocráticas (individuales) fueron confirmadas posteriormente por los demás jueces. Barroso también aclaró que no fue el tribunal el que “derrotó a Bolsonaro”, sino los votantes, en referencia a las elecciones de 2022. Reiteró que el proceso contra el ex presidente sigue las reglas institucionales ordinarias y que no hay persecución personal. También citó el caso de la suspensión de X (antes Twitter) en Brasil el año pasado, explicando que fue motivada por violaciones legales de la plataforma, no por censura de contenidos. Por último, acusó a The Economist de favorecer la narrativa de quienes intentaron el golpe, ignorando el hecho de que Brasil vive hoy en una democracia que funciona, con Estado de derecho y respeto a las libertades fundamentales.

En abril, otro juez del tribunal, Gilmar Mendes, también había desatado la polémica al calificar la Operación Lava Jato de “organización criminal” en una conferencia internacional, comparando el desarrollo de las investigaciones y los procesamientos con las acciones del principal grupo criminal del país, el Primer Comando Capital (PCC). En un editorial, el sitio de noticias Gazeta do Povo escribe que “la obra de la que Gilmar Mendes está tan orgulloso es, al final, la impunidad para los que orquestaron la mayor trama de corrupción de la historia del país, algunos de los cuales han vuelto a los puestos de poder que ocupaban antes de la Operación Lava Jato, la inversión moral que convierte a los delincuentes en víctimas y a los agentes de la ley en criminales, y la garantía de que no habrá otra operación de esta magnitud en un futuro próximo, por mucho que roben en Brasil”.

El arresto domiciliario concedido en los últimos días, otra vez por el STF, al ex presidente Fernando Collor de Mello, también causó polémica. Detenido el pasado 25 de abril tras ser condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero en la Operación Lava Jato, el ex presidente está pasando su arresto domiciliario en un lujoso piso frente al mar en Maceió, la capital del estado de Alagoas. Para la organización no gubernamental que lucha desde hace años contra la corrupción, Transparencia Internacional, “en Brasil, millones de acusados pobres (en su mayoría negros) son encarcelados en verdaderas prisiones medievales, mientras que un corrupto en serie escapa a la justicia durante décadas y cumple su condena en un palacio. El poder judicial brasileño es el principal impulsor de la abismal desigualdad del país”.

Fue precisamente la corrupción la que volvió a los titulares en Brasil junto con el tema de la amnistía. Mientras estallaba el escándalo del fraude en las pensiones, de las que algunos sindicatos descontaron dinero durante años por afiliaciones nunca autorizadas por los afectados, causó polémica la decisión del Gobierno de Lula de enviar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) a Perú para trasladar a Nadine Heredia, esposa del ex presidente peruano Ollanta Humala, a Brasil, donde recibió asilo político. La pareja fue condenada por lavado de dinero a 15 años en un esquema criminal que involucraba a la constructora brasileña Odebrecht. El ex presidente Marcelo Odebrecht, en un acuerdo con los jueces de la operación anticorrupción Lava Jato, había confesado el envío de unos 3 millones de dólares a Humala para financiar su campaña electoral en Perú. Para Transparencia Internacional, la concesión de asilo por razones de protección humanitaria “plantea serias dudas sobre el compromiso de Brasil en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la región. Al aceptar a una persona condenada por delitos de corrupción, Brasil envía una preocupante señal de tolerancia hacia prácticas ilícitas que corroen las instituciones democráticas y perjudican el desarrollo de los países latinoamericanos”, reza un comunicado de la organización. En estos días, la constructora ha recuperado el nombre de Odebrecht. Hace cinco años, recordamos en el contexto de las transformaciones impuestas por los efectos de la Operación Lava Jato, el grupo Odebrecht había cambiado su nombre por Novonor, y su principal constructora pasó a llamarse OEC (Odebrecht Ingeniería y Construcción). Ahora, la sigla OEC desapareció y el nombre Odebrecht volvió al centro del logotipo y de la identidad institucional.

Seúl, 19 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, pidió este domingo contención a sus simpatizantes, después de que un grupo de manifestantes irrumpiera en el tribunal que aprobó prolongar su detención, un incidente que acabó con 45 detenidos.

Yoon pidió desde el Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, donde se encuentra que se usen medios de expresión pacíficos, horas después de que un grupo de manifestantes se colara por la fuerza de madrugada en el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, trepando muros y rompiendo ventanas, a raíz de la decisión judicial.

Los susodichos arrojaron sillas, basura y otros objetos contra y en las instalaciones, y rociaron con extintores a los agentes apostados alrededor del edificio, produciéndose además algunos altercados físicos, informó la agencia local de noticias Yonhap.

La Policía ha detenido a 86 personas desde el sábado, 45 de ellos por su supuesta implicación en los disturbios en el tribunal, y que forman parte de los más de 44.000 simpatizantes que llegaron a congregarse en el exterior de la corte mientras Yoon asistía a la vista sobre la prolongación de su detención, que fue aprobada.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl ordenó que Yoon permanezca en prisión preventiva mientras continúa siendo investigado por insurrección a raíz de su imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre, alegando riesgo de destrucción de pruebas.

Tras la prolongación del arresto, los investigadores pueden mantener retenido al mandatario hasta 20 días, que incluyen los que ya ha pasado en el centro al que fue enviado tras su aprehensión.

El presidente surcoreano fue arrestado el pasado miércoles por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) tras un largo asedio a su residencia, donde se encontraba atrincherado desde que fuera destituido el pasado 14 de diciembre.

La CIO es el ente que lidera una investigación conjunta con la Policía y el Ministerio de Defensa sobre si su declaración de la ley marcial pudo equivaler a un intento de insurrección, el único delito ante el que un presidente surcoreano no tiene inmunidad.

El presidente volvió a desafiar hoy la solicitud de la CIO de presentarse en su sede para ser interrogado. Yoon sólo participó en el interrogatorio del día de su detención, aunque se negó a responder a las preguntas de los investigadores.

La oficina anticorrupción ha pedido al mandatario que se presente a la cita de este próximo lunes a las 10:00 hora local (1:00 GMT).

Yoon es el primer presidente surcoreano en ser detenido mientras está en el cargo, aunque fue despojado de sus funciones tras su destitución.

En paralelo a esta investigación penal, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur tiene abierto otro procedimiento para decidir antes de mediados del próximo mes de junio si se mantiene la destitución de Yoon o se le restituyen sus funciones. EFE

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El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl ha autorizado este domingo prorrogar la detención del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el riesgo de destrucción de pruebas relacionadas con la investigación por la declaración fallida de la ley marcial que propició su destitución.

Yoon se convierte así en el primer expresidente de la historia moderna de Corea del Sur que ha sido detenido formalmente, en este caso por insurrección y abuso de poder por su declaración de la ley marcial del 3 de diciembre y por enviar a militares a la Asamblea Nacional para evitar que la Cámara anulara su decreto.

Yoon podrá ahora estar 20 días bajo custodia, in plazo que incluye los que ya han transcurrido desde su arresto, el pasado miércoles, por orden de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Cargos. Este organismo tiene intención de entregar a Yoon a la Fiscalía en diez días y podría ser imputado en los diez días restantes hasta que se cumplan los 20 días.

Tras conocerse la decisión, los manifestantes afines a Yoon concentrados ante el tribunal han roto ventanas del edificio y han irrumpido en la sede judicial. También han volado sillas de plástico, papeleras y otros objetos lanzados contra los agentes. "¡Presidente Yoon Suk Yeol!", "¡Presidente Yoon Suk Yeol!", han coreado.

En cambio, manifestantes favorables a su arrest han celebrado el dictamen judicial. "La justicia vive", ha declarado uno de los concentrados. Cientos de agentes han sido movilizados para garantizar la seguridad en la zona.

(Actualiza con hora de inicio del congreso y declaraciones)

Berlín, 11 ene (EFE).- Miles de manifestantes consiguieron retrasar este sábado en dos horas el inicio del congreso de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la segunda fuerza en las encuestas de cara a las elecciones del 23 de febrero, en la localidad sajona de Riesa (este), donde se produjeron incidentes con la Policía.

Las protestas empezaron de madrugada y sus promotores consiguieron cortar temporalmente la carretera B169 a la altura de Riesa, según informó la Policía sajona en sus redes, mientras que en algunos puntos de la localidad, grupos de manifestantes intentaron irrumpir a través de los cordones policiales.

Los organizadores de las protestas, una alianza contra la derecha conocida como 'Widersetzten' (Oponerse), aseguraron en su cuenta de X que habían conseguido "bloquear casi todos los accesos al congreso de la AfD".

"Pese a numerosos intentos, los fachas de la AfD no consiguieron pasar los bloqueos y han tenido que darse la vuelta en muchos sitios", afirmaron y denunciaron que la Policía había empleado la fuerza en algunos casos para disolver las sentadas, con porras, gas pimienta y cañones de agua.

Por todo ello, el inicio del congreso del partido ultraderechista, previsto para las 10.00 de la mañana hora local, se retrasó en dos horas.

Un medio afín a la formación aseguró que la propia colíder Alice Weidel, que será ratificada previsiblemente durante el congreso como candidata a la cancillería de cara a las elecciones, se vio afectada por los bloqueos.

En el vídeo difundido por Junge Freiheit puede verse cómo un vehículo negro, en cuyo interior se hallaba supuestamente Weidel, se detiene ante una sentada de activistas que cortan la calle, hasta que la Policía les retira por la fuerza.

Un portavoz de la AfD, Bernd Baumann, calificó en declaraciones a la cadena Phoenix a los manifestantes de "extremistas" y dijo que era una "catástrofe" que lograsen retrasar el inicio del congreso, en el que está previsto que apruebe también el programa electoral.

El diputado regional Robert Lambrou aseguró a la misma cadena que había logrado entrar al recinto tras caminar dos horas a pie pero que algunos de sus compañeros habían sufrido ataques a sus vehículos por parte de los "antifas".

Seiscientos delegados de la formación, que en las encuestas se sitúa sobre el 20 % de la intención de voto, por detrás del bloque conservador CDU-CSU (30 %) y por delante de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz (15 %) se darán cita este sábado y domingo.

La Policía cuenta con que en las protestas de hoy participen hasta 10.000 manifestantes venidos de toda Alemania en aproximadamente 200 autobuses.

Hace precisamente un año que Alemania vivió una movilización masiva contra la AfD, con protestas en las que llegaron a participar casi un millón de personas de forma simultánea en todo el país, después de que se filtrase la implicación de miembros del partido en un encuentro de extremistas de derechas en el que se debatieron planes para expulsar de Alemania a inmigrantes y ciudadanos de origen extranjero. EFE

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Viena, 10 ene (EFE).- Miles de eslovacos salieron este viernes a las calles de Bratislava y otras ciudades para protestar contra la creciente orientación prorrusa del primer ministro del país, el populista Robert Fico.

Bajo el lema 'Eslovaquia es Europa', unas quince mil personas, según los organizadores, se congregaron en la Plaza de la Libertad de Bratislava, frente a la sede del Gobierno.

Respondieron así a la convocatoria de la iniciativa 'Paz para Ucrania', lanzada en reacción al reciente y polémico viaje de Fico a Moscú y su encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, para mostrar su oposición a una política que consideran los está sometiendo cada vez más a los intereses del Kremlin.

"La reunión de Fico con Putin ha sido un paso inadmisible, inaceptable y condenable", dijo ante los congregados Lucía Štasselova, de la citada iniciativa.

Fico afirmó hoy, en una sesión de control del comité de Exteriores del Parlamento, que el objetivo de su entrevista con Putin era negociar vías alternativas de suministro de gas natural ruso después de que Kiev decidiera no renovar con la gasística rusa Gazprom el contrato de tránsito de gas por su territorio.

La medida cortó el flujo de gas ruso que llegaba a Eslovaquia y otros países de Europa central a través del gasoducto Druzhba.

"En un país europeo moderno, el primer ministro no puede visitar dictadores y sembrar el miedo sobre una escasez de gas que no nos amenaza", afirmó Ivana Némethová, de la asociación 'Madres Preocupadas", citada por el portal Dennikn.sk.

'Traición', 'Somos Europa','¡Éste no es nuestro primer ministro!' o 'Nuestra inacción, su criminalidad', eran algunos de los eslóganes que se leían en las pancartas enarboladas por los manifestantes, entre los que se contaban numerosas familias con niños, estudiantes y personas mayores.

Eslovaquia era uno de los países que más apoyaba a Ucrania en su defensa de la agresión rusa hasta que Fico, que había sido ya jefe de gobierno dos veces (2006-2010 y 2012-2018), cortó las entregas de armas al país vecino inmediatamente después de volver al poder en octubre de 2023, al frente de una alianza de su izquierdista partido SMER con ultranacionalistas.

Tras el corte del gas que transitaba por Ucrania, amenazó a ese país con vetar en la Unión Europea las ayudas financieras a Kiev, cortarle el suministro de electricidad y otras represalias.

En el Parlamento arremetió contra el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, comparándolo con un mendigo por pedir armas y ayuda a sus aliados europeos, y sostuvo que "Moscú tuvo sus motivos para violar el derecho internacional" y proceder a la invasión de Ucrania.

En un llamamiento leído ante los congregados en Bratislava y otras trece ciudades, los organizadores de la protesta denunciaron que las acciones del Gobierno de Fico están alejando al país de Occidente.

Sus políticas "debilitan nuestras alianzas en la UE y la OTAN, y empujan a Eslovaquia en una dirección que rechazamos", subrayaron en el texto, en el que declaran "el estado de emergencia civil" y anuncian más "protestas, peticiones y otras acciones no violentas".

Fico actúa como "agente de una potencia extranjera y contra su propio país", afirmó el exministro de Exteriores eslovaco Rastislav Kácer al dirigirse a los manifestantes, denunciando que "Eslovaquia esté siendo arrastrada a la guerra del lado del imperialismo ruso".

"Con el actual gobierno estamos perdiendo la certeza de una perspectiva europea", coincidió el alcalde de Bratislava, Matús Vallo, y señaló que Rusia no necesita usar 'trolls' en Internet para difundir su propaganda en Eslovaquia porque la difusión la realizan ya los propios miembros del gobierno eslovaco.

La manifestación de Bratislava, transmitida por varios portales eslovacos, comenzó con el sonido de una sirena para recordar que aún continúan los letales ataques de Rusia a Ucrania y transcurrió pacíficamente, con los gritos de '¡Nos avergonzamos de Fico!', '¡Basta de Fico!' o '¡No renunciaremos a Eslovaquia!', que interrumpían a los oradores.

Tras más de tres horas, la protesta finalizó con la interpretación del himno de la Unión Europea, seguido del eslovaco. EFE

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Un incidente ocurrido en Meridian, Idaho, ha puesto en el centro de atención las tensiones que rodean las protestas recientes en concesionarios de Tesla en Estados Unidos.

Según informó NBC News, un hombre de 70 años identificado como Christopher Talbot fue arrestado el pasado sábado tras presuntamente atropellar con su vehículo a un contramanifestante durante una protesta en un concesionario de la marca en Franklin Road.

Talbot enfrenta cargos de agresión agravada y permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Ada.

Detalles sobre el brutal incidente en Idaho

De acuerdo con el Departamento de Policía de Meridian, el incidente tuvo lugar en medio de una manifestación que reunió a aproximadamente 30 manifestantes y 200 contramanifestantes. La víctima, un hombre de 49 años cuya identidad no ha sido revelada, había llegado al lugar conduciendo una camioneta decorada con banderas a favor del presidente Donald Trump.

Según el comunicado oficial, el hombre acababa de estacionar y salir de su vehículo cuando Talbot, tras realizar un gesto obsceno hacia él, lo embistió con su automóvil. La víctima fue trasladada por sus propios medios a un hospital local, donde recibió atención médica y fue dado de alta con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

La policía de Meridian subrayó la importancia de respetar el derecho de todos los ciudadanos a protestar pacíficamente y expresó su rechazo a cualquier forma de violencia.

En un comunicado, las autoridades recordaron que las manifestaciones y el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda deben llevarse a cabo sin incidentes violentos. Además, se informó que el caso sigue bajo investigación y se solicitó a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades.

Protestas y tensiones en concesionarios de Tesla a nivel nacional

El incidente en Idaho se enmarca en un contexto más amplio de protestas y actos de vandalismo dirigidos contra concesionarios y estaciones de carga de Tesla en diferentes puntos de Estados Unidos.

Según detalló NBC News, estas manifestaciones han tenido lugar en estados como Nueva York, Maryland y Arizona, y han reunido a cientos de personas en las últimas semanas.

Los manifestantes han expresado su rechazo a las recientes decisiones de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, quien se ha involucrado en la administración del presidente Donald Trump y ha liderado iniciativas para recortar importantes partidas del gobierno federal.

En una entrevista con Fox News, Musk atribuyó los actos de vandalismo a lo que denominó como “la extrema izquierda”, a quienes calificó como “los verdaderos villanos aquí”.

Durante la misma conversación, Musk aseguró que la administración de Trump tomará medidas enérgicas contra los responsables de financiar y difundir lo que describió como “mentiras y propaganda”. “El presidente lo ha dejado claro: vamos a perseguirlos”, afirmó Musk.

Por su parte, los manifestantes han señalado que sus acciones buscan denunciar lo que consideran un ataque a los procesos democráticos del país. JF García, uno de los participantes en una protesta realizada en el Meatpacking District de Manhattan, expresó su preocupación por el papel de Musk en la política nacional.

“Tenemos a un loco que está vulnerando nuestros procesos democráticos sin ninguna cualificación; no fue elegido, no tiene ni idea de lo que hace”, declaró García, quien también criticó la filosofía de Musk de “avanzar y romper cosas”, argumentando que no es una forma efectiva de generar cambios positivos.

Mientras las autoridades continúan investigando el incidente, las manifestaciones contra Tesla también continúan en sus concesionarios.

La rehabilitación de la carretera Chapala, que se extenderá por un periodo de 365 días, ha generado un intenso debate entre los habitantes de la región y las autoridades de la zona.

Según información de fuentes locales, diversos colectivos ciudadanos se manifestaron recientemente para exigir que el proyecto contemple la construcción de un tren eléctrico en lugar de un sistema de transporte tipo Macrobús. Los manifestantes argumentan que esta alternativa sería más viable y sostenible a largo plazo.

De acuerdo con la misma fuente, los ciudadanos consideran que el proyecto del Macrobús no cumple con las necesidades de movilidad de la zona y podría generar más problemas que soluciones. Entre las principales preocupaciones expresadas por los colectivos se encuentra el impacto ambiental y la falta de eficiencia del sistema propuesto. En contraste, aseguran que un tren eléctrico representaría una opción más moderna, ecológica y adecuada para atender la creciente demanda de transporte en la región.

Opiniones divididas sobre la viabilidad del proyecto

El debate sobre la viabilidad del Macrobús ha sido uno de los puntos más polémicos en torno a la rehabilitación de la carretera. Según fuentes locales, algunos ciudadanos dijeron que el proyecto no es viable debido a las características de la zona y a las necesidades específicas de los usuarios.

Además, los colectivos que se oponen al Macrobús han enfatizado que este tipo de transporte podría no ser suficiente para cubrir la demanda, además de que su implementación podría implicar costos elevados y un impacto negativo en el medio ambiente.

Por otro lado, las autoridades locales no han emitido declaraciones definitivas sobre la posibilidad de modificar el proyecto para incluir un tren eléctrico.

Sin embargo, los manifestantes han insistido en que se realice un análisis más profundo de las alternativas disponibles antes de avanzar con la construcción del Macrobús.

En el contexto de estas manifestaciones, las altas temperaturas en Jalisco, que oscilan entre los 35 y 40 grados Celsius (95 y 104 grados Fahrenheit), han sido un factor adicional que afecta tanto a los ciudadanos como a las actividades relacionadas con el proyecto, por lo que se ha recomendado a la población mantener una hidratación constante para evitar problemas de salud durante estos días de calor extremo.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, se espera una buena participación de la ciudadanía en las próximas actividades relacionadas con el proyecto. Los colectivos han hecho un llamado a la población para que se sume a las manifestaciones y exija soluciones que realmente beneficien a la comunidad.

El debate sobre el transporte en la carretera Chapala se enmarca en un contexto más amplio de desarrollo e infraestructura en la región en donde están involucrados otros proyectos como la instalación de domos escolares en Nayarit, donde están a la espera de asignación de presupuesto para 2025. Estos esfuerzos buscan mejorar las condiciones de vida y la infraestructura en diferentes áreas del occidente de México.

Además, el medio informó que algunas rutas del transporte público tendrán modificaciones, lo que podría causar inconvenientes para los usuarios. Este tipo de ajustes, aunque temporales, reflejan la necesidad de soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles en la región.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La discusión sobre el futuro del transporte en la carretera Chapala no sólo tiene implicaciones para la movilidad, sino también para la calidad de vida de los habitantes de la región. Según consignaron los medios locales, los colectivos ciudadanos han reiterado su compromiso de seguir presionando a las autoridades para que reconsideren el proyecto y opten por una solución más adecuada, como el tren eléctrico.

Mientras tanto, el proyecto de rehabilitación de la carretera continúa avanzando, con una duración estimada de un año. Los próximos meses serán cruciales para determinar si las demandas de los ciudadanos serán atendidas y si se realizarán cambios significativos en el plan original.

Buenos Aires, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Javier Milei difundió este lunes un video institucional donde aboga por la “memoria completa” y niega la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), número que manejan las organizaciones de derechos humanos.

En la cuenta de X de la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo) se publicó un breve documental en el que se afirma que el número de desaparecidos fue un “invento”, basado en el relato del exguerrillero Luis Labraña, quien se atribuyó la creación del número “para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.

La difusión de video ocurre horas antes de una marcha masiva, encabezada por organizaciones sociales y políticas, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en reclamo por los detenidos desaparecidos, durante la dictadura.

El escritor de la ultraderecha, Agustín Laje, y presidente de la Fundación Faro -laboratorio de ideas que creó Milei-, sostiene durante el video que a la sociedad argentina le fue “impuesta la teoría del único demonio”.

“El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos”, resume Laje sobre esa versión.

Durante el resto del documento afirma que ese periodo en la historia de Argentina se encuentra bajo el contexto de la Guerra Fría, donde empiezan a surgir organizaciones guerrilleras en manifiesta resistencia a la visión ideológica del momento.

“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70 (...) Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas", afirma el único orador del audiovisual.

Tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han negado la cifra de desaparecidos en ese periodo de la historia argentina y justificado el accionar de las Fuerzas Armadas de esa época y desde que asumieron el poder, el 10 de diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y lugares dedicados a los derechos humanos han sufrido recortes de fondos y despidos.

En el video, Laje destacó que las organizaciones guerrilleras de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que operaban en el país, fueron creados varios años antes de 1976 y llevaron “adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo”.

“Rompamos el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”, concluye el metraje.

El año pasado, el Gobierno de Milei había difundido otro documental en el que también negaba el número de desaparecidos y denostaba la lucha por la verdad y justicia que defienden los organismos de derechos humanos.

Miles de seguidores del presidente surcoreano destituido Yoon Suk Yeol se han aglomerado este miércoles frente a su vivienda en Seúl para protestar contra su inminente detención en el marco de la investigación por presunta insurrección y abuso de poder a raíz de la polémica ley marcial.

Las fuerzas de seguridad, que han puesto en marcha un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del inmueble, han comenzado a dispersar a los presentes a medida que se producen disturbios en la zona, hasta la que se han desplazado unas 11.000 personas, según estimaciones policiales.

Yoon, por su parte, ha evitado de momento ser detenido, si bien la Policía tiene otros cuatro días más para hacer efectiva la orden judicial contra el exmandatario.

Sobre las 12.20 (hora local) una treintena de manifestantes ha logrado saltar el cordón policial y avanzar hacia la puerta principal de la residencia presidencial, donde han protagonizado una sentada.

La Policía, que ha indicado que varias personas han sido detenidas y se encuentran bajo custodia, ha acusado a Yoon de "atricherarse" para evitar la entrada de vehículos, tal y como ha recogido la agencia de noticias Yonhap. Así, ha amenazado con "proceder a poner en marcha los procedimientos de dispersión" para sofocar las protestas.

Los manifestantes, por contra, han reivindicado que la ley marcial fue anunciada de forma legal y aseguran que el proceso de destitución contra Yoon --que se encuentra a la espera de ser ratificado por el Tribunal Constitucional-- no es válido.

El miércoles, Yoon dio las gracias a sus seguidores por el apoyo mostrado durante estos últimos días. "Gracias por proteger el orden constitucional de esta democracia liberal", afirmó.

Nairobi, 30 dic (EFE).- La Policía dispersó este lunes con gases lacrimógenos en Nairobi una protesta contra los secuestros de activistas antigubernamentales en Kenia, en la que también fueron detenidos al menos doce manifestantes, incluido un senador.

Decenas de personas protestaron en el centro de la capital keniana de manera pacífica con pancartas en las que se leían reivindicaciones como "Parad los secuestros estatales ahora", mientras coreaban al unísono consignas como "El pueblo unido jamás será vencido".

Sin embargo, agentes antidisturbios, a pie y a caballo, dispersaron a la multitud arrojando gases lacrimógenos y efectuaron al menos doce detenciones, según medios locales.

Entre los detenidos figura el senador Okiya Omtatah, quien se había encadenado a otros manifestantes sobre el pavimento.

Horas antes, el legislador había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Nairobi para obligar a las fuerzas de seguridad a entregar a activistas secuestrados, según él, por agentes gubernamentales.

"El Gobierno está secuestrando a su gente en un intento de intimidarla. Por eso, es inaceptable que intenten fingir que no saben lo que está pasando", declaró Omtatah a los periodistas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR) informó el pasado día 26 de que en los últimos tres meses se han registrado "trece casos de secuestros o desapariciones forzadas", lo que eleva a 82 el total de casos desde junio de 2024, cuando estallaron protestas de jóvenes contra los planes del presidente keniano, William Ruto, de introducir impuestos impopulares.

Siete de los secuestros más recientes se denunciaron este mes y seis de esas personas siguen en paradero desconocido, lo que eleva a 29 el número total de ciudadanos que siguen desaparecidos desde junio de 2024, según esa institución nacional autónoma de derechos humanos establecida por ley.

Dos de ellos, Billy Mwangi, de 24 años, y Peter Muteti, de 22, fueron capturados poco después de compartir en redes sociales imágenes de Ruto muerto en una féretro generadas por inteligencia artificial.

A medida que aumentan las críticas contra los secuestros, el Servicio Nacional de Policía de Kenia ha negado su participación, mientras que Ruto prometió la semana pasada poner fin al problema.

"Lo que se ha dicho sobre los secuestros, los detendremos para que los jóvenes kenianos puedan vivir en paz, pero deben tener disciplina y ser educados para que podamos construir Kenia juntos", afirmó el presidente. EFE

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Un tribunal de Jerusalén ha rechazado una petición de la Policía israelí para intervenir los teléfonos móviles de varios detenidos el sábado por la noche durante una protesta frente a la residencia del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

Cinco manifestantes fueron detenidos durante esta concentración en Jerusalén para exigir la dimisión de Netanyahu, implicado ahora mismo en una investigación por corrupción en paralelo.

Además, le acusan de incapacidad a la hora de conseguir el retorno de decenas de rehenes en manos de milicias palestinas desde hace más de un año en Gaza.

Aunque los detenidos fueron puestos en libertad, la Policía insistió en quedarse con sus teléfonos, en una petición rechazada por la corte, informa el 'Times of Israel', porque entiende que el delito por el que fueron detenidos, alteración del orden público, no reviste la suficiente gravedad.

Belgrado, 27 dic (EFE).- Varios miles de estudiantes han vuelto a salir este viernes a las calles serbias para exigir una vez más, en medio de una tenaz oleada de protestas ciudadanas, responsabilidades por la muerte de 15 personas, fallecidas el 1 de noviembre al caerles encima el techo de una estación de trenes.

Tanto en Belgrado como en Nis y Novi Sad, entre otras ciudades, los estudiantes bloquearon puntos neurálgicos del tráfico y desplegaron pancartas con una mano ensangrentada, el símbolo de lo que piensa: que el Gobierno serbio tiene sangre en sus manos debido a la corrupción y el clientelismo endémico.

Consideran que esos flagelos, así como la falta de transparencia, han llevado al derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que se produjo pocos meses después de finalizarse unos trabajos de restauración por un consorcio de empresas chinas.

En la capital, Belgrado, hubo hoy marchas desde diversos lugares de la ciudad hasta el ministerio de Educación, donde los estudiantes dejaron libros de texto en las escaleras como símbolo de apoyo a los colegiales de secundaria.

"El Ministerio de Educación decidió acortar el semestre y adelantar las vacaciones de invierno una semana", denunciaron en Instagram.

"Los estudiantes de secundaria han brindado un gran apoyo a nuestra lucha por cumplir con las demandas y han demostrado solidaridad. Ahora es el momento de que nosotros los apoyemos a ellos", añadieron.

En la meridional Nis, la tercera mayor ciudad de Serbia, los manifestantes -estudiantes, colegiales y ciudadanos- bloquearon un cruce cerca del Tribunal de Primera Instancia, donde guardaron quince minutos de silencio en honor a las víctimas de Novi Sad.

Al mismo tiempo, otros estudiantes de las facultades técnicas bloquearon la rotonda cerca del Parque Científico y Tecnológico.

Posteriormente, ambos grupos se dirigieron al Puente de la Juventud, mientras que en Novi Sad los manifestantes llegaron hasta la sede de la radio y televisión pública de Voivodina,, donde se unieron a los empleados de la emisora que llevan semanas saliendo al frente del edificio a las 11:52 horas para guardar 15 minutos de silencio.

Todos ellos exigieron también la destitución del editor en jefe del primer programa de la emisora, Nenad Cacic, a quien acusan de censura y de la cobertura inadecuada del accidente de Novi Sad. EFE

Sin embargo, un episodio particular capturó la atención en redes sociales. Las declaraciones de un joven manifestante en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que dejaron más preguntas que respuestas sobre su participación en las marchas.

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El joven fue entrevistado por Daniel Maldonado, un activista que se encontraba cubriendo las movilizaciones. Durante la conversación, el manifestante ofreció respuestas que rápidamente se viralizaron debido a su falta de claridad y conocimiento sobre las reformas que supuestamente respaldaba.

Las declaraciones que encendieron el debate

Cuando Maldonado le preguntó al joven por qué había decidido unirse a las marchas, este respondió de una forma que resultó confusa para muchos. “Si hay que saber algo. Pues yo creo que en sí, parce, ehh digamos, qué se podría decir, que es como un rejunte de muchos motivos de los cuales si bien desconozco mucho... También hago, digamos, cierta coherencia; en sí, primero con una participación activa políticamente y, también, a su vez, digamos con... Digamos que esa misma participación política me lleva como a otro tipo de participaciones”, afirmó el manifestante.

La respuesta, que parecía carecer de un argumento claro, fue solo el inicio de una serie de declaraciones que generaron controversia. El periodista continuó con sus preguntas, esta vez enfocándose en si el joven apoyaba las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro. La respuesta fue igualmente desconcertante: “Desconozco de las reformas... Pues no las he leído, entonces no puedo decir que las apoyo”.

Las declaraciones del joven entrevistado han generado un debate sobre el nivel de conocimiento y compromiso de algunos de los participantes en las marchas. Al ser consultado sobre qué harían los manifestantes si la reforma laboral no prosperaba, el joven respondió: “Si hay que botar piedra, hay que botar piedra”.

Apoyo al presidente Petro o a las reformas

El entrevistador también quiso saber si el joven respaldaba al presidente Gustavo Petro, a lo que este respondió de manera ambigua: “Apoyo el hecho de la reforma y apoyo el hecho que, de alguna forma, este gobierno..., digamos que también permite otro tipo de reformas a las que ya estamos acostumbrados”.

Estas declaraciones han sido interpretadas por algunos como una muestra de la falta de información entre ciertos sectores de los manifestantes, mientras que otros las han defendido como un reflejo de la diversidad de razones que llevan a las personas a participar en este tipo de movilizaciones.

Reacciones en redes sociales

Las declaraciones del manifestante no tardaron en viralizarse en plataformas como X e Instagram, donde usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos criticaron la falta de preparación del joven, mientras que otros señalaron que su participación, aunque confusa, refleja el descontento generalizado de ciertos sectores de la población.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Jajajajajajajajajaj como digo una cosa digo otra...ni Chespirito salió con ese libreto”, “Me encantan los seguidores el gobierno del cambio”, “Quién me explica lo que dijo😂😂😂“, ”Me dejo loco y sin ideas 😂“.

Este episodio ha puesto en evidencia las tensiones y divisiones que generan las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, así como la complejidad de los debates que rodean estos proyectos. Mientras tanto, el futuro de las reformas sigue siendo incierto, y las movilizaciones continúan siendo un escenario clave para medir el pulso político del país.

En conclusión, las manifestaciones del martes se llevaron a cabo en un momento crítico para las reformas impulsadas por el gobierno. En este caso, la reforma laboral fue rechazada en la Comisión Séptima del Senado, lo que representa un duro revés para el Ejecutivo. Por su parte, la reforma a la salud enfrenta serias dificultades en el Congreso, en el que su aprobación parece cada vez más incierta.

Seúl, 21 dic (EFE).- La Policía surcoreana impidió este sábado que manifestantes a bordo de tractores entraran en Seúl para protestar cerca de la residencia del presidente del país, Yoon Suk-yeol, y pedir su arresto por su sorpresiva y fugaz declaración de la ley marcial el 3 de diciembre.

Efectivos de la Policía y manifestantes se enfrentaron durante horas en el sur de Seúl, mientras 30 tractores y unos 50 camiones de carga afiliados a la Liga de Campesinos de Corea trataban de entrar en la capital, según informaron el grupo de agricultores y las autoridades y recogió la agencia de noticias local Yonhap.

El grupo había planeado una marcha con tractores hasta la residencia de Yoon y la plaza Gwanghwamun, ambas en el centro de Seúl, pero la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl restringió la protesta, alegando impacto en el tráfico, que aun así sufrió congestiones.

Los manifestantes calificaron la prohibición de las autoridades de violación de su derecho a protestar e informaron de su intención de continuar con la marcha, pero solo entre tres y cuatro tractores lograron entrar a la ciudad finalmente.

La acción del grupo de agricultores se produce después de que Yoon fuera destituido en el Parlamento el sábado anterior por su imposición de la ley marcial.

El mandatario queda a expensas de que el Tribunal Constitucional determine en un máximo de seis meses si violó la Carta Magna y, por lo tanto, debe ratificarse su cese o si, por el contrario, debe ser restituido en el puesto.

Mientras, el primer ministro, Han Duck-soo, asume de forma interina las jefaturas de Estado y Gobierno surcoreanas. EFE

Bruselas, 20 dic (EFE).- La Comisión Europea propuso este viernes suspender los visados a los diplomáticos y otros funcionarios de Georgia, así como a sus familias, debido "al grave retroceso democrático" en el país.

El Ejecutivo comunitario explicó en un comunicado que plantea esta propuesta en respuesta, entre otros motivos, a la violenta represión por parte de las autoridades georgianas contra manifestantes, políticos y medios de comunicación tras su decisión de congelar la apertura de negociaciones con la Unión Europea hasta 2028.

"Hoy proponemos restricciones de visados ​​para los diplomáticos georgianos. Nuestro mensaje a los dirigentes es claro: Deja de dañar a tu propia gente", dijo en un mensaje en redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Ahora le corresponde al Consejo de la Unión Europea (los países) decidir sobre la propuesta de hoy de suspender parcialmente el Acuerdo de facilitación de visados entre la UE y Georgia, declaró el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Si el Consejo adopta esta propuesta, los diplomáticos y funcionarios georgianos y sus familiares titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales necesitarían un visado para viajar a la UE para estancias cortas de hasta 90 días en cualquier período de 180 días, precisó Bruselas.

De esta manera, las facilidades para la expedición de visados, como plazos de solicitud más cortos, tasas de visado más bajas y el requisito de presentar menos documentos justificativos, ya no se aplicarían a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales georgianos.

Esta decisión no tendría, por contra, un impacto negativo en los contactos interpersonales, ya que los nacionales georgianos titulares de pasaportes ordinarios seguirían beneficiándose de la exención de visado cuando viajen a la UE para estancias cortas.

La Comisión justificó esta propuesta por la represión ejercida por las autoridades de Tiflis contra "manifestantes pacíficos, políticos y medios de comunicación independientes".

La congelación de las negociaciones de ingreso en la UE el pasado 28 de noviembre fueron el detonante de las actuales protestas antigubernamentales en Georgia, en las que en total han sido detenidas más de medio millar de personas y 300 han resultado heridas, incluidos 73 periodistas.

Además, Bruselas añadió que la reciente legislación georgiana, incluida la que hace referencia a "la transparencia de la influencia extranjera" (adoptada en mayo de 2024) y la relativa a los "valores familiares y la protección de los menores" (de septiembre pasado), socava los derechos fundamentales que se encuentran en el núcleo de los valores de la UE.

El cumplimiento de los derechos fundamentales, como la aplicación efectiva de políticas contra la discriminación, es un requisito crucial para obtener la liberalización de los visados, explicó.

El Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados ​​entró en vigor el 1 de marzo de 2011.

En 2017, tras la conclusión satisfactoria de un diálogo sobre liberalización de visados, se concedió a Georgia una exención general de visados ​​para estancias de corta duración, que se revisa anualmente. EFE

Lima, 11 dic (EFE).- El ministro peruano de Educación, Morgan Quero, afirmó este miércoles que los derechos humanos no son "para las ratas", al ser preguntado por las 49 personas que fallecieron por la represión de las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023.

"Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", respondió Quero al ser preguntado por una periodista sobre por qué el Ejecutivo no se había pronunciado acerca de las muertes de manifestantes en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre.

El ministro se pronunció así tras acudir a un evento oficial, a cuyo término la prensa le preguntó sobre el debate que abrió ayer la presidenta, Dina Boluarte, acerca de aplicar la pena de muerte a violadores de menores de edad.

Al respecto, Quero señaló que desde su ministerio han apartado a más de mil docentes involucrados en casos de abuso sexual a menores.EFE

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) urgió este martes al partido de gobierno en Georgia, Sueño Georgiano, a desescalar la violencia en las protestas contra la decisión de congelar las negociaciones de ingreso a la UE, donde se estiman más de 400 arrestos y más de 300 víctimas de violencia policial desde el comienzo de las manifestaciones a finales de noviembre.

"Urgimos a Sueño Georgiano a que desescale y ponga fin a esta atmósfera que acarrea graves costes para el pueblo de Georgia. La violencia no es la respuesta a las demandas de los manifestantes sobre un futuro democrático y europeo para Georgia", dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La UE lamentó la represión contra manifestantes, periodistas y líderes de la oposición y pidió la liberación inmediata de todos los detenidos, así como que se ponga fin a la intimidación generalizada y la persecución política y se documenten e investiguen las alegaciones de tortura y las violaciones de derechos humanos.

"Los derechos fundamentales, como el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, deben ser respetados y salvaguardados en línea con la Constitución de Georgia y sus obligaciones internacionales", incidió el portavoz.

La UE insistió en que las acciones de Sueño Georgiano han sido la causa detrás de la paralización de facto del proceso de adhesión a la UE y advirtió de que "el persistente retroceso democrático y los recientes medios represivos utilizados por las autoridades georgianas" tendrán consecuencias en las relaciones bilaterales de este país con la UE.

"La UE estudiará medidas adicionales en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores del 16 de diciembre", añadieron. EFE

Tel Aviv, 10 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó puntual a las 10 hora local (08.00 GMT) para testificar por primera vez en su juicio por corrupción en un tribunal de Tel Aviv, que cuenta con búnker antibombas por motivos de seguridad.

"¿Escaquearme? He estado esperando este día ocho años para presentar la verdad, hacer estallar las acusaciones delirantes e infundadas contra mi, y revelar el método de esa caza de brujas", afirmó el lunes por la noche el primer ministro en una poco habitual rueda de prensa en la que arremetió contra varios periodistas.

Fuera del juzgado se congregaron unas 200 personas entre manifestantes de izquierda que piden la dimisión de Netanyahu, simpatizantes de derechas, además de representantes de las familias de los rehenes de Hamás en Gaza. EFE

Decenas de personas se han concentrado este domingo frente a la Embajada de Siria en Madrid, tras el final esta madrugada del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, y han cambiado en el balcón la bandera actual del país por la de los rebeldes.

Los manifestantes han ido acudiendo a lo largo de la mañana a la embajada situada en el paseo del Prado de la capital, donde han gritado arengas a favor de la libertad.

Un hombre ha intercambiado en el balcón de la embajada la bandera de Siria, utilizada durante los regímenes de al-Asad y que consta de tres franjas (rojo, blanco y negro) y dos estrellas verdes, por la bandera de la Siria de los rebeldes formada por tres estrellas rojas sobre un lienzo tricolor de verde, blanco y negro.

Esta madrugada ha caído el régimen de Bashar al Assad con la toma de poder de la capital del país, Damasco, por parte de un colectivo de grupos rebeldes y la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham, en la culminación de una ofensiva fulgurante de doce días.

Durante la mañana de este miércoles 15 de enero, las redes sociales se han llenado de fotos y videos donde se observa cómo lucen las principales calles y avenidas de Cuernavaca debido a la protesta que taxistas llevan a cabo, lo que ha provocado que la capital morelense siga colapsada hasta nuevo aviso.

De acuerdo con la información preliminar, los conductores de taxis que circulan por la urbe insisten en hablar con las autoridades competentes a modo de exigirles la defensa de sus derechos, al tiempo de hacer de su conocimiento la aplicación de infracciones que consideran injustas y, por ende, merman la ejecución de su labor.

Otras de las demandas que han cobrado trascendencia son las multas por verificación, las cuales dijeron ser my altas y la falta de un tabulador que regule el cobro de las infracciones a los que los taxistas les deben hacer frente.

Asimismo, los inconformes se han manifestado en contra de los taxis por aplicación a los que se pide regular pues se ha dicho, a diferencia de ellos, los que prestan este servicio particular no portan ninguna cromática, tarjetones o gafetes, lo que sí se les pide a los taxistas que a diario circulan por Cuernavaca.

¿Cuáles son las calles afectadas?

Desde las primera horas de este miércoles 15 de enero, decenas de unidades se desplegaron por las avenidas principales de la también denominada ‘Ciudad de la eterna primavera’, provocando tráfico denso.

Bajo esa tónica, se mencionó que las siguientes son las vialidades que al momento siguen estando bloqueadas y las cuales no se van a liberar hasta que haya un acercamiento con las autoridades:

• Avenida Morelos Sur
• Avenida Domingo Diez
• Avenida Plan de Ayala
• Paso Exprés
• Avenida Palmira
• Avenida Vicente Guerrero
• Avenida Plan de Ayala, en la zona de centros comerciales
• Avenida Emiliano Zapata a la altura de Buena Vista

A modo de mantener informada a la ciudadanía, no solo a los que radican en la capital morelense, sino también a los que acuden a Cuernavaca por motivos de trabajo o de visita, la Dirección de Vialidad de dicha ciudad detalló que las alternativas viales son:

• Autopista de cobro hacia la avenida Palmira o Tabachines
• Avenida Cuauhtémoc, Teopanzolco y Río Mayo
• Avenida Vicente Guerrero

Se informa además que por este caos en la zona, avenidas como Diana o Río Mayo, pese a ser vías alternas, presentan asentamientos viales, por lo que se pide a los automovilistas tener paciencia.

En la mañana del lunes 13 de enero, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir que sus demandas sean escuchadas o iniciar una mesa de trabajo en donde expongan sus problemáticas.

La marcha, que inició en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, avanzó sobre la calle Bucareli y se incorporó a la avenida Doctor Río de la Loza, con destino a la colonia Doctores, continúa avanzando de manera pacífica.

¿Por qué salieron a manifestarse?

De acuerdo con reportes de Fuerza Informativa Azteca, los miembros de la ANUEE están muy molestos por el pago justo en las tarifas eléctricas, situación que han visto reflejada en sus recibos por lo que decidieron alzar la voz para que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y resolver lo antes posible esta problemática.

Portando pancartas y lanzando consignas, los manifestantes expresaron su descontento con lo que consideran tarifas excesivas en el servicio eléctrico, que afectan principalmente a las familias de bajos ingresos. “La luz es un derecho, no un privilegio”, era uno de los mensajes más destacados en las mantas que llevaban.

La movilización generó afectaciones viales en las avenidas por donde avanzaron los manifestantes, provocando desvíos en el tránsito vehicular. Autoridades de tránsito se desplegaron en la zona para agilizar la circulación y garantizar la seguridad de los asistentes y de los conductores.

La ANUEE ha sido un movimiento constante en la lucha por tarifas eléctricas accesibles y ha señalado que, a pesar de los avances tecnológicos y las promesas gubernamentales, los costos del servicio siguen siendo una carga excesiva para muchas familias mexicanas.

Se espera que los integrantes del movimiento lleguen a su destino en la colonia Doctores para realizar un mitin, donde detallarán sus demandas y buscarán generar mayor conciencia sobre la problemática que enfrentan. Hasta el momento, las autoridades aún no han emitido un comunicado respecto a las exigencias de los manifestantes, pero se anticipa que este tipo de movilizaciones continuarán mientras no se dé una solución que satisfaga a los usuarios.

Alternativas viales

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (OVIALCDMX), la marcha concentra a un grupo numeroso de personas que cerraron el carril central de la avenida Reforma, a la altura de General Prim en dirección a Dr. Velasco, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se recomienda tomar como alternativa las laterales de esta importante arteria o Avenida Chapultepec. Se destaca que la Línea 7 del Metrobús se vio afectada por las movilizaciones, aunque rápidamente se reestableció el servicio utilizando también las vías alternas de Reforma.

Las autoridades de Rusia han afirmado este lunes que la república de Abjasia, independiente 'de facto' de Georgia con el apoyo de Moscú, figura entre las "prioridades" del Gobierno ruso en materia de política exterior.

Así lo ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha indicado que las relaciones bilaterales son una "prioridad importante", unas palabras con las que ha hecho referencia a las crecientes tensiones vividas en Abjasia desde el viernes, cuando numerosos manifestantes convocados por la oposición irrumpieron en el Parlamento para exigir la dimisión del presidente, Aslan Bzhania.

"Nos pronunciamos a favor de que la situación se normalice lo más rápido posible en la república y se desarrolle en el cauce constitucional", ha recalcado Peskov después de que el Ministerio de Exteriores dijera el viernes abordar los acontecimientos con "preocupación".

El aumento de la tensión deriva de un acuerdo alcanzado con Rusia que favorece la inversión rusa en Abjasia, una legislación que debe ser ratificada por el Parlamento. La oposición sostiene que su puesta en marcha provocaría un aumento de los precios de las viviendas y entraña un riesgo para las pequeñas y medianas empresas de Abjasia, que se vería además afectada en mayor medida por la influencia de Rusia.

Así, ha alertado de que polémica legislación únicamente responde a las presiones ejercidas desde Moscú, que suspendió previamente algunas de sus subvenciones a la región.

El sábado, el presidente de Abjasia aceptó presentar su dimisión cuando los manifestantes abandonen las dependencias del Parlamento y ha hecho hincapié en que no recurrirá a la violencia para restaurar la normalidad.

Georgia y Rusia mantuvieron una breve guerra por Osetia del Sur y la región de Abjasia en 2008. Tras acabar el conflicto, Moscú, cuyas fuerzas se impusieron, reconoció a ambas regiones como países independientes, si bien la inmensa mayoría de los países no lo han hecho y el Gobierno georgiano sigue considerándolas regiones autónomas bajo su propia soberanía.

Actualmente, militares rusos y abjasios garantizan la seguridad en al región, que cuenta con miembros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia para custodiar las zonas fronterizas.

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, ha denunciado durante el último año una serie de intentos por parte de Rusia de anexionarse territorios georgianos ubicados en la región separatista.

Moscú, 17 nov (EFE).- El presidente de Abjasia, Aslán Bzhania, denunció este domingo un intento de golpe de Estado en esa república separatista georgiana el pasado 15 de noviembre, mientras que sus detractores rechazaron retirar sus demandas y desalojar el complejo administrativo ocupado.

"El 15 de noviembre se llevó a cabo un intento de golpe de estado. Los manifestantes ocuparon un complejo de edificios gubernamentales, causando daños importantes", dijo Bzhania a la agencia TASS.

Agregó que hasta ahora "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la oposición sobre ningún tema".

"Mi posición sigue siendo la misma, he hecho una declaración y la he repetido hoy. Esa es la posición del presidente, del gobierno y de las autoridades de la República de Abjasia, que no cambiará", insistió.

La víspera Bzhania se mostró dispuesto a renunciar a su cargo si la oposición accedía a desalojar los edificios gubernamentales, ocupados en protesta por una ley que permite a las empresas rusas invertir en este territorio bañado por el mar Negro.

"Estoy dispuesto a convocar elecciones y dimitir", aseguró y agregó que volvería a presentar su condidatura en los nuevos comicios.

Los opositores abjasios tomaron el viernes los principales edificios gubernamentales de la república separatista en protesta contra un acuerdo con Moscú que permite a las empresas rusas invertir en Abjasia.

Se trata de los edificios del Parlamento, la Administración Presidencial y la sede del Gobierno, asaltos que obligaron a los miembros de las fuerzas de seguridad a abandonar dichos inmuebles.

Seguidamente, un grupo de negociadores de la oposición plantearon a Bzhania un ultimátum para que abandonara el cargo.

Este sábado, poco después del anuncio de Bzhania, la oposición rechazó su propuesta y aseguró que no abandonará los edificios administrativos mientras el líder abjasio esté en el poder.

Hoy los opositores volvieron a exigir la dimision del presidente para solucionar la crisis política en el país.

A la vez, varios representantes de la oposición aseguran en entrevistas a medios rusos que Moscú, que reconoció la independencia de Abjasia en 2008, sigue siendo su principal aliado, pero la protesta sobre el acuerdo de inversiones está relacionada con los beneficiarios de ese pacto, entre los que mencionan a varios oligarcas. EFE

Moscú, 16 nov (EFE).- El presidente de la república separatista georgiana de Abjasia, Aslán Bzhania, se mostró hoy dispuesto a dimitir ante la presión opositora por una ley que permite a las empresas rusas invertir en este territorio bañado por el mar Negro.

"Dicen que me fui de Abjasia, pero eso es mentira, estoy en Abjasia. (...) Los que tomaron el complejo administrativo e intentaron llevar a cabo un golpe de Estado, deben irse de allí", dijo Bzhania en una reunión con sus partidarios en el pueblo de Tamish, que recoge la agencia Interfax.

Bzhania aseguró que cuando los manifestantes liberen los edificios gubernamentales, él estará dispuesto a dimitir y el país será gobernado por el vicepresidente Badra Gunba.

"Estoy dispuesto a convocar elecciones y dimitir", insistió y agregó que volverá a presentar su condidatura en los nuevos comicios.

Los opositores abjasios tomaron ayer los principales edificios gubernamentales de la república separatista en protesta contra un acuerdo con Moscú que permite a las empresas rusas invertir en Abjasia.

Se trata de los edificios del Parlamento, la Administración Presidencial y la sede del Gobierno, asaltos que obligaron a los miembros de las fuerzas de seguridad a abandonar dichos inmuebles.

Seguidamente, un grupo de negociadores de la oposición plantearon a Bzhania un ultimátum para que abandonara el cargo.

Los incidentes, que dejaron una decena de heridos según las autoridades, se produjeron después de que el Legislativo cancelara su sesión en la que estaba prevista la ratificación del acuerdo con Rusia, firmado el pasado 30 de octubre, y se negara, como exigía la oposición, a retirar el proyecto de ley de la agenda.

En septiembre trascendió que Rusia había suspendido sus ingentes subvenciones a Abjasia, por lo que los opositores abjasios denunciaron que el acuerdo de inversiones con Moscú fue producto de presiones.

La semana pasada la oposición abjasia creó un comité contra la ratificación del acuerdo con Rusia, por considerarlo nefasto para la económica regional.

El presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, aseguró hoy que los sucesos en Abjasia son consecuencia de la ocupación rusa, ya que donde no existen instituciones políticas "no es posible la estabilidad".

Rusia reconoció la independencia de Abjasia justo después de la guerra con Georgia por el control de la también separatista Osetia del Sur, paso secundado por Nicaragua, Venezuela, Siria y Nauru.EFE

Unos 17 millones de ceilandeses están llamados a las urnas este jueves en todo el país para unas elecciones parlamentarias anticipadas en las que el nuevo presidente, Anura Kumara Dissanayake, podría afianzar su mayoría en el Parlamento.

Con más de 8.800 candidatos y una campaña de perfil bajo en términos generales, los ciudadanos decidirán si ofrecer un mayor apoyo al jefe de Estado en plena crisis económica y tan solo dos meses después de que este disolviera el Parlamento y convocara las elecciones.

Los colegios electorales han comenzado a abrir sus puertas a las 7.00 (hora local) y permanecerán abiertos hasta las 16.00. Posteriormente, las autoridades pertinentes comenzarán el recuento de los votos, si bien los resultados no serán publicados hasta este viernes.

Un total de 196 escaños --de un total de 225-- serán renovados de forma directa en el marco de estos comicios. El resto serán elegido por los diferentes partidos en base al porcentaje de votos obtenidos.

Dissanayake obtuvo el 42,31 por ciento de los votos directos en las elecciones presidenciales del sábado como líder del partido comunista Frente de Liberación Popular (PLF) y candidato del Poder Popular Nacional, una coalición de partidos políticos de izquierda y grupos respaldados por los manifestantes que forzaron la dimisión del expresidente Gotabaya Rajapaksa.

El ascenso al poder del partido de Dissanayake --una formación de origen marxista que protagonizó dos rebeliones armadas en 1971 y 1987 antes de integrarse en el sistema de partidos-- se ha fundamentado en reclamaciones populares como la lucha contra la corrupción y la ruptura con el sistema tradicional de partidos de la isla.

Cientos de personas han sido detenidas en Ámsterdam, la capital de Países Bajos, tras una nueva noche de disturbios en el marco de las protestas registradas una semana después de que se produjeran enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y aficionados del equipo de fútbol Maccabi Tel Aviv.

Las fuerzas de seguridad neerlandesas intervinieron poco después del inicio de las protestas en la plaza Dam, en un operativo que se ha saldado con 281 detenidos, la mayoría de ellos por haberse negado a obedecer las instrucciones de la Policía.

Los agentes han recordado que la protesta no contaba con autorización y fue convocada a pesar de que las autoridades decretaron la emergencia en la ciudad tras el polémico partido, según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.

La Policía, que también ha detenido a ocho personas por presunta posesión de objetos contundentes y a cuatro por proferir insultos, ha indicado que decenas de manifestantes han provocado daños a autobuses, en la línea de jornadas anteriores en las que se han registrado ataques incendiarios contra vehículos estacionados.

No obstante, las fuerzas de seguridad han abierto una investigación sobre presunta violencia policial en el marco de estas detenciones después de que se hayan difundido imágenes de las contundentes acciones de los agentes a través de redes sociales.

Estos vídeos muestran a varios efectivos de la unidad antidisturbios de la Policía gritando y golpeando con porras a los manifestantes. "Están circulando por redes sociales vídeos en los que se ve a miembros de la Unidad Móvil actuando contra manifestantes", ha indicado la Policía en un comunicado en el que ha confirmado que ya se ha abierto una investigación al respecto.

Desde el estallido de violencia la semana pasada en relación con la celebración del partido de fútbol entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv, la ciudad permanece bajo alerta y están prohibidas la mayoría de manifestaciones por motivos de seguridad.

València, 11 nov (EFE).- Varios operarios trabajaban todavía esta noche en la limpieza de las pintadas que un grupo de manifestantes que participaron el pasado sábado en la multitudinaria protesta contra la gestión de la tragedia ocasionada por la dana realizaron en las puertas del Palau de la Generalitat.

Tras la protesta, algunos manifestantes lanzaron barro, chocolate, huevos y pintura contra el edificio histórico, en cuyas paredes realizaron también varias pintadas con lemas como "Mazón asesino", "Mai més" ("Nunca más") o "Mazón dimisión", con pintura negra, junto a siluetas de manos en rojo.

También depositaron en la entrada principal pancartas, calzado embarrado y herramientas, que fueron retiradas el domingo a primera hora de la mañana.

Dos operarios seguían esta noche limpiando las pintadas, una tarea que despierta la curiosidad de muchos transeúntes que se paran a seguir los trabajos con comentarios como "lo van a volver a pintar" o reproches porque la Generalitat disponga de una máquina de limpieza kärcher para estos trabajos y "no para la limpieza del barro" en las zonas afectadas por la dana.

Varias personas que participaron en la manifestación hicieron también el sábado pintadas y causaron la rotura de cristales en las tres fachadas del Ayuntamiento de València.

Durante la protesta se produjeron disturbios frente al consistorio y en las proximidades del Palau de la Generalitat, en la plaza de la Virgen, en las que cuatro manifestantes fueron detenidos y 31 policías resultaron heridos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado este lunes la libertad provisional de los cuatro detenidos, con la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio.

Dos de los arrestados están investigados inicialmente por un delito de atentado y los otros dos por un delito de desórdenes públicos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). EFE

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Bruselas, 10 nov (EFE).- Varios centenares de manifestantes se reunieron este domingo en el centro de Bruselas para exigir a los gobiernos y representantes políticos que "tomen acción" para prevenir desastres como los ocasionados por la dana en España, "en lugar de intervenir cuando sea demasiado tarde".

La manifestación, apoyada por más de 20 organizaciones, comenzó con un concierto en la céntrica plaza Albertine del trío Getch EJEyre y Cédric Gervy, y continuó con una marcha en dirección al Parlamento Europeo por el clima, la paz y la justicia social.

Durante el acto, la organización mostró su solidaridad con las víctimas del temporal en España y contó con la participación de la asociación Espai Valencià a Bèlgica.

Los organizadores denunciaron la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de celebrar la próxima conferencia sobre cambio climático (COP) en Azerbayán por ser "un país productor de petróleo que viola los derechos humanos de forma regular", señaló Nathan Stewart, uno de los portavoces.

"Esto socava la independencia de las COP y alienta aún más el lavado de imagen verde y los grupos de presión de los combustibles fósiles", agregó Stewart.

En una carta enviada por parte de los grupos al Gobierno belga, explicaron que la manifestación también pretende “instar a los representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea a apoyar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, respaldado, según explicaron, por “cientos de ONG y científicos, doce estados insulares y Colombia, pero aún sin respuesta de ningún Gobierno europeo”.

Durante la marcha también denunciaron el acuerdo de asociación que negocian la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que describieron como “acuerdos comerciales tóxicos”.

“Este acuerdo promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE”, explicaron.

Asimismo, las organizaciones afirmaron que marchaban por la paz y se opusieron a la escalada de violencia y al gasto militar de las grandes potencias. EFE

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(Actualiza la NA7106 con el dato de manifestantes aportado por la Delegación de Gobierno a EFE)

Madrid, 10 nov (EFE).- Trescientas personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado este domingo en la madrileña Puerta del Sol para denunciar “la falta de consideración” con los empleados por parte de los empresarios, así como de los políticos, tras las inundaciones de la dana.

“Con tal de reproducir, nos mandan a morir” o “Sus beneficios, nuestros muertos” han sido algunos de los lemas que han coreado este domingo los asistentes en la concentración convocada por diferentes asociaciones y organizaciones.

Con esta jornada se ha pretendido resaltar que las riadas que han afectado a Valencia y otras zonas del este de España han revelado la "falta de responsabilidad de las instituciones y los empresarios frente a la vida de los trabajadores".

Según los convocantes, más de 200 personas han fallecido en el que califican como “el mayor desastre de Europa en los últimos años”, cuya gestión y consecuencias “se derivan de la negligencia política y de la total falta de escrúpulos empresarial que antepone las lógicas económicas del capitalismo a la propia vida”.

En este sentido, Nacho, uno de los representantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, ha denunciado que los empresarios mantuvieron a sus empleados trabajando hasta que comenzó la riada y que el Gobierno de la Comunitat Valenciana tardó demasiado en dar la alerta.

Asimismo, ha responsabilizado al Gobierno central “por no declarar el estado de alarma” y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por “hacer el ridículo pidiendo por favor a los empresarios que sean buena gente”.

Por su parte, Elena Martínez, portavoz de Coordinadora 25S, otra de las asociaciones convocantes, ha criticado la “nefasta gestión previa y posterior” a la dana y ha asegurado que “solamente el pueblo salva al pueblo”. EFE

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València, 10 nov (EFE).- Un grupo de operarios ha retirado a primera hora de esta mañana las pancartas, calzado embarrado y herramientas que anoche depositaron en las puertas del Palau de la Generalitat Valenciana un grupo de manifestantes, que participaron en la protesta convocada en València contra la gestión de la tragedia ocasionada por la dana.

La marcha, a la que se sumaron unas 130.000 personas según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, partió a las 18:10 horas desde la plaza del Ayuntamiento y concluyó cerca de una hora y media después frente al Palau de la Generalitat, donde se leyó una manifiesto.

Algunos manifestantes lanzaron barro, chocolate, huevos y pintura contra el edificio histórico, en cuyas paredes realizaron también varias pintadas con lemas como "Mazón asesino" y "Mai més" ("Nunca más") con pintura negra, junto a siluetas de manos en rojo.

Durante la protesta se produjeron disturbios frente al Ayuntamiento de València y en las proximidades del Palau de la Generalitat, en la plaza de la Virgen, en las que cuatro manifestantes fueron detenidos y 31 policías resultaron heridos. EFE

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La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartado dimisiones en este momento en el Gobierno valenciano por la gestión de la DANA y ha defendido, ante las críticas, que el Ejecutivo autonómico liderado por Carlos Mazón está ahora centrado y "volcado" en la "recuperación" y en dar respuesta a los municipios y personas afectadas dada "la magnitud de la catástrofe".

"Ante ese daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas", ha recalcado, en rueda de prensa este domingo para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA.

En esta línea, Camarero ha garantizado que el Consell, "como ha hecho desde el primer día", va a estar "al lado de las víctimas", por lo que ha descartado a día de hoy dimisiones en el seno del Ejecutivo liderado por Carlos Mazón. "No es una opción, en este momento, ninguna dimisión", ha afirmado.

Así, ha argumentado que ahora el Gobierno valenciano no puede plantearse nada más que "seguir trabajando en la recuperación y restitución del daño provocado" en mitad de "la mayor crisis de la historia que ha vivido este país en los últimos años". "No podemos plantearnos otra cosa que trabajar sin descanso (...), no podemos perder un minuto en más que seguir trabajando por ayudar a restituir la vida a estas personas", ha insistido.

DICE QUE ENTIENDE "EL DOLOR" DE LOS MANIFESTANTES

Por otro lado, preguntada por la manifestación que este sábado recurrió las calles del centro de València para exigir la "dimisión inmediata" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe, Camarero ha manifestado comprender "el dolor, el sufrimiento, la frustración y la impotencia" de las personas afectadas que se manifestaron "pacíficamente".

"Hay que respetar, no puede ser de otra manera, a las personas que ayer por la tarde salieron a la calle a mostrar ese dolor", ha expresado. En este punto, ha trasladado a los manifestantes que ese dolor y frustración desde del Consell "lo hacemos nuestro": "Desde el primer momento sabemos de la magnitud y del dolor y sufrimiento que están pasando los vecinos afectados".

No obstante, ha lamentado que este dolor "se politice", como a su juicio ocurrió por parte de determinados manifestantes en la protesta de este sábado, algo que ha afirmado que al Consell "le duele". Además, ha mostrado su repulsa a los "grupos violentos" que, al finalizar la manifestación, "legítima y pacífica", provocaron "disturbios y actos vandálicos, como hemos podido ver", que, según Camarero, "distorsionan el objeto y el mensaje" de la protesta.

También ha transmitido "toda la solidaridad" del Gobierno valenciano a los 31 agentes de Policía que resultaron heridos en la protesta y ha deseado que se recuperen "lo antes posible", al tiempo que les ha alentado a "seguir haciendo su trabajo".

((Habrá ampliación))

València, 9 nov (EFE).- Cuatro manifestantes han sido detenidos y 31 policías han resultado heridos en los disturbios ocurridos en el centro de València en la multitudinaria marcha convocada para protestar por la gestión de la dana y reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Según han informado a Efe fuentes policiales, parece que los autores de los disturbios pertenecen a la extrema izquierda y desde el inicio de la protesta intentaron reventarla. Al final, un grupo de manifestantes violentos arremetieron contra los agentes cuando se dirigían hacia la Generalitat y tuvieron que intervenir.

Dos de los cuatro detenidos han sido arrestados por desórdenes públicos y otros dos por atentado a agentes de la autoridad, según las fuentes. Además, otros trece manifestantes han sido identificados.

Al inicio de la manifestación se han producido incidentes frente al Consistorio, donde un grupo de jóvenes ha lanzado bengalas y barro en una acción que ha requerido de la intervención de los antidisturbios.

Posteriormente, al fin de la manifestación y en las inmediaciones de la plaza de la Virgen, se ha vuelto a producir lanzamiento de barro, sillas y otros objetos a los agentes, que han vuelto a intervenir y que han reducido al menos a uno de los intervinientes, según ha podido comprobar EFE. EFE

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València, 9 nov (EFE).- Tres manifestantes han sido detenidos y 30 policías han resultado heridos en los disturbios ocurridos en el centro de València en la multitudinaria marcha convocada para protestar por la gestión de la dana y reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Según han informado a Efe fuentes policiales, parece que los autores de los disturbios pertenecen a la extrema izquierda y desde el inicio de la protesta han intentado reventarla. Al final, un grupo de manifestantes violentos han arremetido contra los agentes cuando se dirigían hacia la Generalitat y han tenido que intervenir.

Al inicio de la manifestación se han producido incidentes frente al Consistorio, donde un grupo de jóvenes ha lanzado bengalas y barro en una acción que ha requerido de la intervención de los antidisturbios.

Posteriormente, al fin de la manifestación y en las inmediaciones de la plaza de la Virgen, se ha vuelto a producir lanzamiento de barro, sillas y otros objetos a los agentes, que han vuelto a intervenir y que han reducido al menos a uno de los intervinientes, según ha podido comprobar EFE. EFE

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Madrid, 9 nov (EFE).- Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) han cargado contra un grupo de manifestantes en las inmediaciones de la sede del PSOE de Ferraz que participaban en la protesta por la política del Gobierno cuando se cumple un año de las concentraciones en ese mismo lugar contra la ley de amnistía.

Las cargas se han producido sobre las 22:30 horas de la noche después de que un grupo de manifestantes intentaran derribar las vallas que cortaban el acceso a la sede socialista. Algunos manifestantes han quemado también contenedores y tirado botellas contra los agentes.

La Policía ha lanzado pelotas de goma y ha dispersado a los manifestantes hacia las calles de Marqués de Urquijo y Pintor Rosales.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 2.000 los participantes en esta protesta.

El PSOE ha condenado la "marcha negra" que ha recorrido esta tarde el centro de Madrid hasta la calle Ferraz en protesta por la política del Gobierno, lamentando los "gritos fascistas" y "saludos nazis" de estos "neofranquistas encapuchados". EFE

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La Haya, 8 nov (EFE).- Los hinchas del club de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv se enfrentaron en varias ocasiones a manifestantes contra la guerra en Gaza en diferentes puntos de Ámsterdam, atacaron a un taxista y arrancaron una bandera palestina la víspera del partido contra el Ajax, informaron este viernes medios locales.

El canal RTL indicó que, tras agredir al taxista y arrancar una bandera palestina de una fachada, los hinchas causaron disturbios en vísperas del partido que enfrentó a su equipo contra el Ajax.

La tensión en Ámsterdam fue en aumento a lo largo de la jornada del jueves, cuando empezaron a circular en redes sociales numerosos videos que mostraban a los hinchas del Maccabi gritando cánticos como “muerte a los árabes” o “que se jodan los árabes”, mientras que en otros elogiaban los ataques militares contra la Franja de Gaza.

Otras grabaciones mostraron a un hombre, presuntamente un hincha israelí según los mensajes que acompañan a las imágenes, arrancando una bandera palestina de la fachada de un edificio de Ámsterdam.

También se pueden ver vídeos en los que hinchas israelíes atacan a un taxista en Ámsterdam, lo que también provocó la ira de sus compañeros, que trataron de enfrentarse después a un grupo que salía del casino de la ciudad.

“En (la calle) Rokin, personas aún no identificadas arrancaron una bandera palestina de una fachada. En el Max Euweplein, la policía evitó una confrontación entre un grupo de taxistas y un grupo de visitantes que salían del casino cercano. No se realizaron arrestos”, señaló la policía.

Los agentes tuvieron que intervenir en repetidas ocasiones en Ámsterdam, incluso el día antes del partido, para poner fin a varios enfrentamientos entre los seguidores del Maccabi y personas que coreaban consignas que pedían una “Palestina Libre”.

Preguntada por este “contexto” previo a la celebración del partido, la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, señaló hoy que “estamos acostumbrados en Ámsterdam a que pueda haber tensiones, hay muchas manifestaciones, y estamos siempre preparados para ello”.

“Pero lo que pasó anoche no tiene nada que ver con una manifestación. Fue un crimen. No hay ninguna excusa para lo que pasó anoche”, sentenció la alcaldesa, ante la insistencia de los periodistas sobre la posible relación de los incidentes en vísperas del partido y la violencia registrada anoche contra los hinchas israelíes.

En total, 62 personas fueron arrestadas anoche, de las cuales diez continúan detenidas, incluyendo dos menores de edad, y se les acusa, entre otras cosas, de violencia pública, según el fiscal jefe de Ámsterdam, René de Beukelaer. Cinco personas fueron hospitalizadas y dadas de alta de inmediato. EFE

Miles de surcoreanos han estallado este sábado de júbilo tras conocer que el Parlamento aprobó la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Ciudadanos en distintas partes del país desafiaron hoy las bajas temperaturas y salieron a las calles para exigir la destitución de Yoon.

En Seúl unas 208.000 personas se congregaron ante la Asamblea Nacional (Parlamento) según datos de la Policía, cifra que los organizadores incrementaron hasta los dos millones.

Tanto en la capital surcoreana como en otras localidades la gente estalló de júbilo tras conocer que el Parlamento aprobó por 204 votos a favor y 85 en contra la moción para destituir a Yoon, al que contribuyeron a cesar con sus votos al menos 12 escaños de su propia formación, el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP).

Las concentraciones en contra del presidente se desarrollaron, tal y como ha sido habitual estos días, en un ambiente totalmente festivo y pacífico.

Los manifestantes agitaron en el aire varitas luminosas como las que se suelen ver en los conciertos de K-pop y corearon famosas canciones que se han convertido en auténticos himnos de las protestas estos días como “Into the new world” (“Hacia un mundo nuevo”), tema publicado en 2007 por el grupo femenino surcoreano Girls generation.

“Estoy contento (por la destitución) porque mucha gente se ha congregado hoy aquí con la esperanza de que esto sucediera, porque hace una semana no logramos que lo inhabilitaran. Pero hoy hemos ganado”, cuenta a EFE Kim Gon-tae, licenciado en Derecho de 48 años en busca de empleo que ha acudido hoy al exterior de la Asamblea Nacional.

El presidente logró sobrevivir el pasado sábado a una primera moción para destituirlo gracias al boicot del PPP, que defendió en su momento una salida “ordenada” de Yoon que implicaba su dimisión en torno a la primavera para así limitar el daño electoral para la formación conservadora.

Pero la postura de muchos integrantes partido gobernante cambió a raíz del discurso de Yoon que se televisó el jueves y en el que el presidente aseguró que declaró la ley marcial para “salvar” la democracia en el país, según él amenazada por los comportamientos antiestatales de la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento.

Yoon ha quedado despojado de sus funciones, las cuales asumirá de manera interina el primer ministro, Han Duck-soo, a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Queda por saber que sucederá en las próximas semanas con respecto a los tres sillones vacantes que desde octubre tiene el máximo tribunal surcoreano.

En caso de que el Parlamento no logre nombrar nuevos jueces, los seis magistrados con los que cuenta la corte deberían pronunciar un fallo unánime para que Yoon fuera cesado definitivamente.

“Pese a que ahora solo hay seis jueces en Constitucional creo que la Asamblea Nacional podrá nominar pronto a los tres que faltan y creo que al final el tribunal ratificará la destitución”, aseguró por su parte Kim.

En caso de que el Constitucional pueda contar con los nueve jueces, seis de ellos deben de fallar a favor de la destitución de Yoon para hacerla efectiva.

(Con información de EFE)

La Haya, 8 nov (EFE).- Al menos 57 personas fueron detenidas esta madrugada en Ámsterdam tras varios enfrentamientos registrados entre manifestantes contra la guerra en Gaza y un grupo de seguidores de fútbol israelíes que acudieron a la capital neerlandesa para un partido del Maccabi contra el Ajax.

La Policía neerlandesa aseguró a EFE que de momento hay 57 personas detenidas y que están recopilando “la información verificada que pueda ser compartida” sobre lo ocurrido en el contexto previo, durante y después del partido celebrado anoche en Ámsterdam, lo que se detallará este mediodía en una rueda de prensa. EFE

Más de 200 personas fueron detenidas después de cuatro noches de protestas en la capital georgiana tras la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para unirse a la Unión Europea después de que el bloque criticara las elecciones parlamentarias del país.

La disputada victoria del partido gobernante Sueño Georgiano en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, consideradas ampliamente como un referéndum sobre las aspiraciones de Georgia de unirse a la UE, ha provocado manifestaciones masivas y la oposición ha boicoteado el parlamento.

La oposición y el presidente prooccidental del país también acusaron de que la votación fue manipulada con la ayuda de Moscú.

El domingo, por cuarta noche consecutiva, decenas de miles de manifestantes se congregaron frente al Parlamento. Algunos manifestantes lanzaron petardos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El Ministerio del Interior de Georgia informó el lunes de que 224 manifestantes fueron detenidos por cargos administrativos y tres por cargos penales. Hasta el momento, 113 agentes de policía necesitaron tratamiento médico y otros tres fueron hospitalizados.

La presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, dijo que muchos de los manifestantes arrestados tenían heridas en la cabeza y el rostro, incluidos huesos rotos y cuencas de los ojos. En un artículo publicado en X y citando a los abogados que representan a los detenidos, dijo que algunas personas fueron sometidas a palizas sistemáticas entre el arresto y el traslado a los centros de detención.

Zourabichvili desempeña un papel fundamentalmente protocolario y tiene previsto dimitir a finales de año. Ha indicado que permanecerá en su puesto hasta que un parlamento “legítimo” elija a otro presidente.

Zourabichvili ha acusado al partido gobernante de utilizar métodos rusos para reprimir la libertad de expresión y manipular las elecciones.

El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Rusia ve paralelismos entre los acontecimientos en Georgia y los de 2013 y 2014 en Ucrania, cuando se desencadenó una ola de protestas por la decisión del entonces presidente prorruso de no firmar un acuerdo de asociación con la UE.

Peskov dijo que Rusia no está interfiriendo en Georgia, pero sugirió que otros estaban tratando de “desestabilizar la situación”.

“Todos los indicios apuntan a un intento de llevar a cabo una Revolución Naranja”, dijo, refiriéndose a las protestas que siguieron a unas controvertidas elecciones en Ucrania durante el invierno de 2004-2005, en las que un líder prooccidental llegó al poder.

Antes de la protesta del domingo, el primer ministro Irakli Kobakhidze, del partido Sueño Georgiano, advirtió que “cualquier violación de la ley será respondida con todo el rigor de la ley”.

“Tampoco podrán eludir su responsabilidad aquellos políticos que se esconden en sus despachos y sacrifican a miembros de sus grupos violentos para castigarlos severamente”, afirmó en una rueda de prensa.

Insistió en que no es cierto que se haya detenido la integración europea de Georgia. “Lo único que rechazamos es el chantaje vergonzoso y ofensivo, que, de hecho, fue un obstáculo importante para la integración europea de nuestro país”.

El anuncio del gobierno de suspender el proceso de adhesión a la UE se produjo horas después de que el Parlamento Europeo adoptara una resolución criticando las elecciones de octubre en Georgia por no haber sido ni libres ni justas.

Kobakhidze también desestimó la declaración del sábado del Departamento de Estado de EE.UU. que anunció la suspensión de su relación estratégica con Georgia y condenó la decisión de detener sus esfuerzos hacia la adhesión a la UE.

“Se puede ver que la administración saliente (de Estados Unidos) está tratando de dejarle a la nueva administración el legado más difícil posible. Lo están haciendo con respecto a Ucrania y ahora también con respecto a Georgia”, dijo Kobakhidze. “Esto no tendrá ninguna importancia fundamental. Esperaremos a la nueva administración y discutiremos todo con ellos”.

Kobakhidze también confirmó que el embajador de Georgia en Estados Unidos, David Zalkaliani, se había convertido en el último de varios diplomáticos en dimitir desde que comenzaron las protestas.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el alto responsable de política exterior, Kaja Kallas, hablaron el domingo con el presidente Zourabichvili para condenar la violencia contra los manifestantes y señalar que “las acciones del gobierno van en contra de la voluntad del pueblo”, escribió Costa en X.

También el domingo, Kallas y la comisaria de ampliación de la UE, Marta Kos, publicaron una declaración conjunta.

“Observamos que este anuncio marca un cambio con respecto a las políticas de todos los gobiernos georgianos anteriores y a las aspiraciones europeas de la gran mayoría del pueblo georgiano, consagradas en la Constitución de Georgia”, señala la declaración.

Reiteró las “serias preocupaciones de la UE por el continuo retroceso democrático del país” e instó a las autoridades georgianas a “respetar el derecho a la libertad de reunión y la libertad de expresión, y abstenerse de utilizar la fuerza contra manifestantes pacíficos, políticos y representantes de los medios de comunicación”.

La UE otorgó a Georgia el estatus de candidato en diciembre de 2023 con la condición de que cumpliera las recomendaciones del bloque, pero suspendió su adhesión y recortó el apoyo financiero a principios de este año tras la aprobación de una ley de “influencia extranjera” considerada ampliamente como un golpe a las libertades democráticas.

Sueño Gregoriano ha adoptado cada vez más leyes represivas similares a las de Rusia, que reprimen la libertad de expresión y limitan los derechos de las personas LGBTQ+. El lunes entró en vigor una ley que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, las adopciones por parte de parejas del mismo sexo y el apoyo y la representación pública de relaciones y personas LGBTQ+ en los medios de comunicación.

En declaraciones a The Associated Press el sábado, Zourabichvili dijo que su país se estaba convirtiendo en un estado “cuasi ruso” y que Sueño Georgiano controlaba las principales instituciones.

“No estamos pidiendo una revolución. Pedimos nuevas elecciones, pero en condiciones que garanticen que la voluntad del pueblo no sea tergiversada ni robada nuevamente”, afirmó Zourabichvili.

(con información de AP)

Jerusalén, 6 nov (EFE).- Alrededor de 40 personas han sido detenidas en Tel Aviv a raíz de las protestas surgidas la noche del martes contra la súbita destitución del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu, según publica el diario progresista israelí Haartez este miércoles.

La Policía detuvo a alrededor de 40 personas que protestaban contra la decisión del dirigente israelí en la autovía Ayalon de Tel Aviv, una de las arterias principales de la urbe, y desalojó a los manifestantes de la zona, añade el diario.

La destitución de Gallant empujó la noche del martes a miles de israelíes a salir a las calles para protestar contra la medida, como ya ocurrió a finales de marzo de 2023, cuando Netanyahu lo cesó por primera vez por oponerse a su reforma judicial.

La decisión de Netanyahu la víspera provocó movilizaciones en todo el país, incluso en ciudades del norte como Haifa donde el temor a ataques de la milicia chií Hizbulá, desde el Líbano, está muy presente.

El primer ministro israelí justificó el cese de Gallant por discrepancias en la gestión de la guerra en Gaza y afirmó que existen "brechas significativas" con Gallant y que "estas brechas fueron acompañadas de declaraciones y acciones que contradicen las decisiones del Gobierno y las decisiones del Gabinete".

Sin embargo, los manifestantes se oponen a la decisión y consideran que únicamente favorece a la supervivencia política de Netanyahu, pero no a al país, desgastado por una guerra en Gaza desde hace más de un año.

Entre las consignas más repetidas en las protestas, en las que la Policía cargó en ocasiones contra los participantes, los israelíes pidieron un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás y que los ultraortodoxos sirvan como el resto de jóvenes en el Ejército, ambas demandas defendidas por Gallant, pese a la oposición del primer ministro.

Más allá de Jerusalén y Tel Aviv, donde tuvo lugar la mayor de todas las protestas, estas se repitieron en la ciudad de Haifa y en varios puntos de su extrarradio a pesar de las órdenes que prohíben las concentraciones de más de mil personas, debido al conflicto armado con Hizbulá.

Asimismo, se registraron marchas en Nahariya, Carmiel y Rosh Pina, todas localidades al norte de Haifa y cercanas a la frontera con el Líbano, informaron medios locales.

Varios cientos de personas también se concentraron en Cesarea y en las cercanas Karkur y Zichron Yaakov, ya al sur de Haifa. EFE

(actualiza con declaraciones del presidente serbio Vucic)

Belgrado, 5 nov (EFE).- Unas 10.000 personas se manifestaron este martes en Novi Sad para exigir la dimisión de la cúpula del Estado de Serbia por el reciente derrumbe del techo de una estación de ferrocarril en esta ciudad en el que 14 personas murieron y tres resultaron heridas.

'Asesinos', 'Dimisiones' 'Banda de ladrones, los juzgará la calle', fueron algunos de los lemas que coreaban los manifestantes reunidos en el centro de la ciudad, informó la emisora regional N1.

La Policía impidió por la fuerza y con el uso de gases lacrimógenos que los manifestantes irrumpieran en el ayuntamiento de Novi Sad, la segunda ciudad de Serbia, con unos 300.000 habitantes, situada al norte de Belgrado.

Algunos manifestantes tiraron ladrillos contra una oficina del partido gobernante SNS en Novi Sad y pintura roja contra varios edificios públicos, simbolizando las víctimas mortales del accidente.

Otros manifestantes -encapuchados- lanzaron bengalas y petardos, rompieron puertas y ventanas del ayuntamiento con palos y orinaron contra las paredes.

El presidente serbio, el populista Aleksandar Vucic, acudió a Novi Sad durante la protesta y prometió en un discurso que los responsables de la tragedia serán juzgados y que el Estado serbio ayudará a las familias de las víctimas.

Además se dirigió a los violentos durante la protesta diciendo que con la violencia "no conseguirán nada en una Serbia moderna y decente".

La oposición y los manifestantes culpan a las autoridades locales del accidente, ya que la estación, construida originalmente en 1964, fue renovada en los años 2021 y 2024.

Consideran que el accidente se debe a la corrupción de las autoridades, con Vucic y el SNS al frente.

Por eso, exigen las dimisiones del primer ministro, Milos Vucevic, y del alcalde de Novi Sad, Milan Djuric, y la detención de los responsables directos de la reconstrucción de la estación, y amenazaron con marchar a Belgrado si sus reivindicaciones no se cumplen en el plazo de 48 horas. EFE

Durante gran parte de la mañana de este lunes, 18 de noviembre, el caos se hizo presente en un tramo importante de la carretera México-Toluca debido al cierre de ambos lados de la circulación que impidieron el paso de cientos de personas pese a que la circulación no es tan alta debido al puente.

De acuerdo con información de ADN 40, los hechos ocurrieron a la altura del pueblo Loma del Padre, en la zona conocida como El Contadero, dentro de la alcaldía Cuajimalpa al sureste del a Ciudad de México.

La manifestación habría iniciado por parte de vecinos de la comunidad debido a que han pedido que construcciones que se encuentran en este lugar retiren montículos de tierra que se encuentran obstruyendo el paso peatonal, pero que, aunque han solicitado atención, no han sido atendidos por los dueños de los lugares, motivo por el cual decidieron protestar este inicio de semana.

Un llamado a las autoridades

Debido a que habían insistido en diversas ocasiones para que se pudiera limpiar el paso peatonal, este puente los habitantes de El Contadero decidieron presionar a la alcaldía para realizar los trabajos correspondientes ya que pone en peligro la integridad física de los vecinos.

En respuesta, personal de Cuajimalpa reveló desde sus redes sociales que ya se encuentran en el lugar para poder llegar a un acuerdo y poder liberar la zona lo antes posible pues gran parte de los capitalinos regresan de un fin de semana largo y esto podría aumentar los tiempos de espera.

“La dirección jurídica y de obras se encuentra atendiendo el cierre de la vialidad a la altura del km 22 1/2 dirección Toluca. Se están estableciendo alternativas viales”, destacaron.

Ante las demandas expuestas durante este mediodía, autoridades y personas afectadas habrían logrado llegar a un acuerdo y se preparan para poder reanudar la circulación de la carretera México-Toluca en donde se incluirá un operativo especial para mejorar el funcionamiento.

“Inicia la liberación de la autopista México-Toluca, tras la intervención de las direcciones jurídica, de obras y de atención ciudadana de nuestra alcaldía. Se mantiene el operativo para agilizar la circulación de la vialidad”.

Cómo manejar un bloqueo en carretera

Un bloqueo de carretera puede ser una situación estresante y potencialmente peligrosa, por lo que es importante actuar con calma y precaución. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer:

1. Mantén la calma y evalúa la situación

• Observa el entorno: Determina si se trata de un bloqueo por manifestaciones, accidentes, desastres naturales o cualquier otra razón.
• Evalúa la seguridad: Si percibes riesgo, como violencia o tensión, evita acercarte.

2. Mantente informado

• Revisa las noticias o redes sociales: Muchas veces los bloqueos son reportados en tiempo real. Busca rutas alternas y actualizaciones sobre la duración del bloqueo.
• Comunica tu situación: Informa a familiares o contactos sobre tu ubicación y el motivo del retraso.

3. Considera tus opciones

• Toma rutas alternas: Si es posible, utiliza aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para buscar desvíos.
• Evita forzar el paso: No intentes atravesar el bloqueo, especialmente si hay personas o vehículos bloqueando el camino. Esto puede generar conflictos o poner en riesgo tu seguridad.

4. Mantén tu seguridad personal

• Permanece en tu vehículo: Si el bloqueo es pacífico, no te bajes del coche a menos que sea absolutamente necesario.
• Asegúrate de tener recursos: Agua, alimentos, y gasolina suficiente son esenciales en caso de demoras prolongadas.
• Cierra puertas y ventanas: Esto es importante si sientes que la situación podría volverse peligrosa.

5. Sé paciente y evita confrontaciones

• Respeta a los manifestantes o autoridades: En algunos casos, los bloqueos son organizados por grupos con demandas específicas. Mantén una actitud respetuosa.
• No discutas ni intentes intimidar: Esto puede agravar la situación.

6. En caso de emergencia

• Contacta a las autoridades: Si el bloqueo implica violencia o necesitas ayuda, llama al número de emergencias de tu país (en México, 911).
• Evacúa si es necesario: Si el entorno se torna inseguro, retrocede o busca una ruta alternativa lo más rápido posible.

7. Aprende para el futuro

• Si vives en una zona propensa a bloqueos, lleva siempre un kit de emergencia en tu vehículo, incluyendo mapas, agua, alimentos no perecederos, y un cargador para tu teléfono.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció enérgicamente sobre las recientes manifestaciones que han tenido lugar en el país, coincidiendo con la celebración del Foro APEC.

Según declaraciones recogidas por Radio Exitosa, Santiváñez calificó a los manifestantes de “delincuentes” tras un incidente en el que un autobús de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue atacado, resultando en dos personas heridas.

Este evento ocurrió el 14 de noviembre cerca de la intersección de las avenidas Canadá y Aviación, en Lima.

Las protestas, lideradas por un gremio del sector transporte, emprendedores de Gamarra y estudiantes de diversas universidades, se han desarrollado en el contexto del foro internacional que reúne a autoridades de países del Pacífico y Asia.

Los manifestantes aprovecharon la atención mediática del evento para expresar su descontento ante la creciente ola de extorsión y sicariato que afecta a varias regiones del país.

El ataque al autobús de la PNP, que intentaba estacionarse cerca del lugar donde se lleva a cabo el foro, fue repelido por los manifestantes, quienes obligaron al vehículo a retroceder. Este incidente ha sido uno de los más destacados en las manifestaciones recientes, que han captado la atención tanto de las autoridades como de la opinión pública.

El Foro APEC, que se celebra en Perú, ha sido un escenario de relevancia internacional, pero también ha servido como plataforma para que los ciudadanos expresen su preocupación por la seguridad en el país.

Ministro Manero calificó de fracaso el paro

Las protestas convocadas durante el desarrollo del Foro APEC 2024, no lograron el impacto esperado, según declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, en una entrevista con Canal N. Manero destacó que la ciudadanía mostró una “madurez cívica” al no participar en las manifestaciones, permitiendo que el evento se desarrollara sin contratiempos.

El ministro subrayó que, a pesar de los llamados a protestar, las marchas no tuvieron éxito, lo que atribuyó a la disposición de la población para mantener un ambiente pacífico. Según Manero, este clima de tranquilidad podría mantenerse en las semanas siguientes, favoreciendo un entorno de diálogo y buena voluntad que se espera perdure hasta las elecciones de 2026.

En sus declaraciones, Manero también expresó su confianza en que el gobierno puede sostener una dinámica de diálogo con la ciudadanía. Afirmó que no hay razones para interrumpir este proceso, sugiriendo que la estabilidad lograda durante el foro es un indicativo de que el diálogo es posible y efectivo.

Recorrido de la delegación china fue interrumpido

La llegada de la delegación asiática, encabezada por el líder chino Xi Jinping al Foro APEC, se vio interrumpida por protestas en las inmediaciones del evento. Según imágenes difundidas en redes sociales, la comitiva, escoltada por seguridad privada y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), tuvo que cambiar de ruta debido a la presencia de manifestantes que exigían al gobierno de Dina Boluarte medidas más contundentes contra la inseguridad ciudadana.

El foro, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Lima y el Gran Teatro Nacional, ambos ubicados en el distrito de San Borja, reúne a líderes mundiales y sus delegaciones. Sin embargo, las manifestaciones han sido una constante a lo largo del día, con personas provenientes de distintos puntos de Lima Metropolitana congregándose en las afueras del recinto.

Las autoridades peruanas, en un intento por mantener el orden, desplegaron efectivos de la PNP para controlar a los manifestantes. A pesar de estos esfuerzos, la situación obligó a las delegaciones a modificar sus trayectos para evitar enfrentamientos directos con los protestantes.

El cambio de ruta de la delegación china fue una medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros y evitar que las protestas interfirieran nuevamente en su recorrido.

La primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, ha pedido perdón por la muerte en octubre de 2004 de 78 manifestantes que fueron obligados a amontonarse unos encima de otros en camiones del Ejército tailandés en el marco de las protestas que estallaron a raíz de la detención de seis musulmanes en la ciudad de Tak Bai, en la provincia sureña de Narathiwat.

"Me entristece profundamente lo que ocurrió y me disculpo en nombre del Gobierno. Haremos todo lo posible para garantizar que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir", ha subrayado en el marco del aniversario de la tragedia, según ha recogido 'The Nation'.

Los abogados que representan a las víctimas y sus familiares presentaron el pasado mes de abril cargos penales contra nueve exfuncionarios que estuvieron a cargo de la violenta represión contra los manifestantes. El plazo de prescripción del caso expira este viernes, por lo que ya no se podrán iniciar nuevas acciones legales.

Asimismo, en septiembre de 2024 otras ocho personas fueron acusadas por la masacre, ocurrida bajo el mandato del padre de la actual primer ministra, Thaksin Shinawatra, quien, si bien pidió perdón, no asumió responsabilidades por lo ocurrido.

Más de mil personas se concentraron en 2004 en una comisaría de Tak Bai para exigir la liberación de los seis detenidos. Al menos siete personas murieron por disparos de la Policía, mientras que miles permanecieron bajo custodia sin atención médica.

Vinto (Bolivia), 22 oct (EFE).- Los seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) cumplen este martes nueve días de bloqueos de carreteras, en especial en el centro del país, mientras la Policía voliviana ejecutó operativos en algunas zonas para intentar despejar los cortes de rutas.

Según el más reciente reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en la región central de Cochabamba hay 16 puntos de bloqueo instalados mayormente en una de las principales rutas troncales que unen el oriente y el occidente del país, y en otra que va hacia el departamento sureño de Chuquisaca.

También hay dos bloqueos en la región andina de Oruro, uno en la vecina Potosí y otro en Santa Cruz, el departamento más poblado considerado el motor económico del país.

En la madrugada, un grupo de manifestantes instaló un nuevo bloqueo con piedras y neumáticos en desuso en el municipio de Vinto, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, la capital de la región homónima.

Horas después llegó un contingente policial que logró la circulación de vehículos por un carril de la vía, tras dialogar con los dirigentes, según constató EFE.

Los agentes emplearon una pala mecánica para despejar el paso, aunque los manifestantes advirtieron con retomar la protesta en las próximas horas.

También hubo una intervención policial en el bloqueo en Puente Ichilo, una localidad situada en Santa Cruz, en el límite con Cochabamba.

Policías y un grupo de jóvenes llegaron hasta el lugar e hicieron retroceder a los bloqueadores hasta el pueblo vecino de Bulo Bulo, en Cochabamba, donde no obstante había más manifestantes esperándoles.

Los agentes lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes, que respondieron con pedradas y detonaciones de petardos hasta lograr que la Policía retorne a Puente Ichilo.

Medios locales señalaron que los jóvenes que iban con los agentes pertenecen a la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo ciudadano de jóvenes de Santa Cruz, mientras que el expresidente Morales los tildó de "paramilitares" en una publicación en X, en la que también destacó que el desbloqueo "fracasó" por la acción de sus seguidores.

"Estamos frente a un Gobierno insensible, represor, abusivo e inhumano, que no le tiembla el pulso al momento de atacar a quienes lucharon por la democracia. Duele mucho ser testigo de esto", escribió el también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que está distanciado del Gobierno de Luis Arce.

Los sectores oficialistas afines a Morales bloquean carreteras desde el pasado lunes ante una posible orden de captura en su contra por un caso de trata de personas y estupro por la supuesta "violación" de una menor con la que habría tenido un hijo cuando era presidente del país.

También reclaman al Gobierno soluciones a la escasez de dólares y combustibles, y al encarecimiento de algunos alimentos, problemas que se agudizaron como consecuencia de los bloqueos.

En la víspera, los manifestantes amenazaron con que los bloqueos persistirán hasta lograr la renuncia de Arce y el adelanto de las elecciones generales previstas para 2025, en las que también quieren que Morales sea candidato.

Desde que se conoció el proceso de investigación en la Fiscalía, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político que está custodiado por sus seguidores.

El conflicto y la denuncia contra el exgobernante se dan en medio de la pugna interna entre Arce y Morales por el control del MAS y el Ejecutivo, y por la definición de la candidatura presidencial para 2025. EFE

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Los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) mantienen bloqueados los accesos al municipio de Ecatepec desde las 06:00 horas, para exigir que se les otorgue un incremento salarial y diversas prestaciones, así como la entrega de pagos atrasados.

Los más de 4 mil manifestantes cerraron la circulación en las avenidas Central, Lechería-Texcoco, Venta de Carpio, Adolfo López Mateos, Vía Morelos, López Portillo; sin embargo, hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad o personal del gobierno municipal o estatal.

Delfina Gómez ignora caos vial en Ecatepec

Usuarios de redes sociales denunciaron los cierres viales en los accesos al municipio, solicitando el apoyo tanto del gobierno de Ecatepec, encabezado por y del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, a quien acusaron de no atender a los manifestantes.

En varias publicaciones, los usuarios destacaron que en los bloqueos no hay presencia de elementos de la Guardia Nacional ni del gobierno municipal o estatal.

En algunos casos, incluso acusaron a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, de solo atender eventos y la criticaron por no “poner orden” en las vialidades.

“@delfinagomeza solo sirve para andar eventos como si fuera la edecán del @Edomex no tiene el carácter de autoridad para hacer valer la ley y poner en orden al desmadre que @FerVilchisMx dejó en @Ecatepec”, se lee en una de las publicaciones.

¿Qué dijo Delfina Gómez?

La gobernadora Delfina Gómez y el gobierno de Ecatepec no se han posicionado entorno a los bloqueos ni ha publicado alguna imagen o mensaje sobre el tema o que muestre la atención a los manifestantes.

Sin embargo, en sus redes sociales han publicado mensajes alusivos al cuidado de mascotas, a la Ofrenda de Día de Muertos en el Palacio de Gobierno y al programa de sustitución vehicular, entre otros.

Secretario de Movilidad de Edomex se deslinda

El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, es el único funcionario que ha respondido a los mensajes en redes sociales; sin embargo, dijo que a el no le compete atender a los manifestantes, pero está dispuesto a apoyar en caso de ser necesario.

“Buena tarde, no es un tema de competencia de la @SEMOV_Edomex , es un tema del Gobierno de Ecatepec. Estamos a sus órdenes y claro que estamos para apoyar”, mencionó.

Madrid, 16 oct (EFE).- Un pequeño grupo de manifestantes ha interrumpido el acto en el que las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Ciencia, Diana Morant, han firmado un protocolo sobre vivienda al grito de "la ley de vivienda es una mierda".

En un acto en la Residencia de Estudiantes en Madrid, en que las ministras han firmado un protocolo para la promoción de vivienda asequible para universitarios, varios manifestantes, en torno a una decena, han interrumpido el principio del acto.

Con gritos como "la ley de vivienda es una mierda" y "hoy firmáis, mañana desahuciáis", los manifestantes han sido poco después expulsados de la sala por efectivos de seguridad. EFE

Luego de la audiencia donde el juez Brian Cogan dictó sentencia a Genaro García Luna por su culpabilidad en cinco cargos relacionados con grupos del crimen organizado y el trasiego de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos, la periodista Anabel Hernández fue captada en las inmediaciones de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. En la escena, un grupo de manifestantes la increpó.

A través de la cuenta de la red social X, antes Twitter, de “Morena New York comité 1″ se dio a conocer el instante en que un grupo de personas, que se encontraban cerca del edificio donde fue juzgado García Luna, increparon a la periodista. En el material se pueden escuchar reclamos e insultos en su contra.

“¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¿Qué se siente ser una traidora? Bandida. Eres del narco también. Ahí está otra narcotraficante. ¡Chismosa! ¡Cascabel! ¡Traidora a la patria! ¡Traidora a la patria! ¿Qué se siente ser una chismosa? ¡Ratera! Criminal”, fueron algunos de los insultos que la gente gritó mientras caminaba.

En el momento, los manifestantes no refirieron el argumento por el cual insultaron a la periodista. No obstante, se debe recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Anabel Hernández publicó el libro titulado La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, en donde habló sobre la supuesta relación del expresidente con dicho grupo del crimen organizado.

Desde ese momento, la relación entre Anabel Hernández y la presidencia se tornó más tensa, lo cual se reflejó en las alusiones que el expresidente llegó a realizar en su contra durante algunas de las conferencias matutinas en donde se refirió a su labor.

Cerca de 14 años antes de la publicación de dicho libro, Hernández dio a conocer una obra más, es decir Los señores del narco. En el texto, aborda el vínculo de grupos del crimen organizado con autoridades gubernamentales, policiales y empresarios durante el sexenio de Felipe Calderón. No obstante, destaca la mención de Genaro García Luna, quien a la postre fue capturado y procesado en los Estados Unidos, donde ya fue sentenciado a cerca de 39 años de prisión.

La investigación realizada en Los señores del narco y otros textos, incluso, fue referencia para que el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña increpara al exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón durante una de sus comparecencias en San Lázaro. En el acto, incluso, llegó a reconocer el trabajo de Anabel Hernández.

Los disturbios, en los que se han usado granadas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, han derivado en un ataque contra una empresa de alquiler de vehículos en Lamentin, cerca del aeropuerto, donde varios vehículos han sido incendiados, según ha informado la emisora de radio RCI.

La Policía ha levantado puesto de control en varias carreteras de la isla con el objetivo de controlar una situación en la que los manifestanes han atacado a los agentes de seguridad con piedras y otro tipo de proyectiles, mientras que en redes sociales se ha denunciado el uso de munición letal por parte de los policías.

Desde septiembre, Martinica se ha visto sumida en un aumento de la violencia en el marco de las protestas contra París. Estas manifestaciones las encabeza el movimiento fue lanzado por la Agrupación para la Protección de los Pueblos y Recursos Afrocaribeños, que reclama la equiparación de los precios de los alimentos con los de la Francia continental, que son un 40 por ciento más baratos.

Aunque la situación parecía haberse calmado durante las últimas semanas, el lunes estallaron nuevos incidentes entre las fuerzas de seguridad y los activistas que bloqueaban la carretera de Lamentin, cerca de Fort-de-France. Desde entonces se han registrado actos de violencia todas las noches.

El miércoles, cuatro gendarmes resultaron heridos en Le Carbet, en el norte, cuando se disponían a sofocar un bloqueo. Los manifestantes incendiaron además un edificio municipal que servía como puesto para las fuerzas de seguridad. Además, una persona ha muerto y más de una decena han resultado heridas.

Berlín, 9 oct (EFE).- La activista Greta Thunberg acusó este miércoles a Alemania de amenazar y silenciar a manifestantes propalestinos, después de que la víspera la policía ordenara desmantelar ante posibles disturbios un campamento de apoyo a Palestina en la ciudad de Dortmund en el que se esperaba la presencia de la ecologista sueca.

"Alemania está silenciando y amenazando a los activistas que se manifiestan contra el genocidio y la ocupación de Palestina. La policía alemana afirma que es antisemitismo decir que Israel debe dejar de bombardear niños y decir que los palestinos también merecen seguridad, libertad y justicia", dijo Thunberg en un videomensaje colgado en su cuenta de X.

La activista explica que el martes fue invitada por el campamento de estudiantes por Palestina de Dortmund a asistir a una mesa redonda y que poco después de que lo anunciaran, llegó la policía y les dijo que tenían que disolver el campamento y que la detendrían si iba allí.

Todo esto, agrega, porque la habían invitado a hablar y ella había estado en una manifestación propalestina en Berlín la noche anterior.

Por su parte, la policía de Dortmund emitió un comunicado el martes en el que informaba de que había llevado a cabo una evaluación de riesgos en el que se había concluido que debido a la anunciada visita de Thunberg al campamento se esperaba más gente en el lugar de la indicada inicialmente por los organizadores y también que se sobrepasaría el horario permitido.

"En la evaluación se tuvieron en cuenta los recientes acontecimientos en relación con Thunberg. Tras un examen intensivo en el marco de una evaluación de riesgos, la jefatura de policía de Dortmund ordenó la prohibición y la consiguiente disolución de la asamblea", precisa el texto.

En un primer momento, la policía había argumentado en su comunicado que "los recientes acontecimientos en relación con Thunberg han llevado a considerar que se trata de una participante dispuesta a utilizar la violencia", según informaron los medios.

Más tarde, las autoridades se retractaron y corrigieron este pasaje, al tiempo que hablaron de un "error interno".

En tanto, Thunberg pide en su vídeo apoyar al movimiento estudiantil y las acampadas en Dortmund y en todas partes "donde la gente se enfrenta a la represión por hablar contra el genocidio de Israel y los ataques a gran escala", mensaje que concluyó con un "No nos silenciarán". EFE

La ofensiva dejó a cientos de personas muertas, por lo que el Estado de Israel decidió responder con violentas arremetidas en la franja de Gaza para defender sus intereses y dar de baja a los responsables de este acto terrorista.

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Como un gesto de solidaridad, miles de colombianos salieron a las calles de la capital del país de manera pacífica mostrando su apoyo a Israel y a Palestina. Sin embargo, en horas de la tarde, se presentó una situación violenta en la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en la zona de Quinta Paredes, en Bogotá.

Al lugar llegaron varios manifestantes que abogan por el Estado Palestino para demostrar su rechazo al conflicto en el Medio Oriente y a las acciones del país norteamericano liderado por Joe Biden, que ha sido un actor clave en el conflicto brindando apoyo a Israel.

A los protagonistas de la movilización se sumaron unos encapuchados, que empezaron a violentar las rejas del recinto diplomático. Ante esta situación, que representa una amenaza para las relaciones diplomáticas entre Colombia y el país norte americano, la Policía Metropolitana desplegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para controlar la situación y llevar ante la justicia a los responsables.

En los videos compartidos en redes sociales se ve a más de 200 manifestantes intentando ingresar al punto de trabajo diplomático, usando la fuerza y brutalidad contra la Policía de Bogotá, que intenta mantenerlos a raya para evitar que afecten las instalaciones.

Sin embargo, reprimir los actos violentos fue una tarea compleja, puesto que se dedicaron a vandalizar la fachada de uno de los parqueaderos del lugar. Además, iniciaron fogatas con las que amenazaron prender fuego a la embajada.

En el lugar de los hechos también se registraron decenas de personas alejadas de los enfrentamientos, quemando banderas de Estados Unidos, coreando arengas a favor del pueblo palestino y levantando pancartas en las que tachaban a Israel de perpetuar la guerra en Medio Oriente, que afecta a millones de gazatíes que fueron arrastradas al conflicto en contra de su voluntad.

Los manifestantes por medio de consignas pidieron a la Organización de Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico (Otan) tomar medidas para llegar a una resolución clara del conflicto. Además de solicitar con vehemencia sanciones para Israel y sus aliados políticos por “causar un genocidio en Palestina”.

Según el informe preliminar presentado por las autoridades, también se registraron desmanes en la carrera 13 con calle 60, donde los violentos dañaron varias fachadas de entidades bancarias. Como medida de seguridad, la Alcaldía de Bogotá desplegó sus unidades de diálogo para intentar disuadir a los manifestantes. Sin embargo, estos no aceptaron frenar sus arremetidas, lo que obligó a los dueños de los establecimientos a cerrar sus negocios hasta que se garantice la seguridad en la zona.

Frente a las violentas protestas en contra de la Embajada de Estrados Unidos en Colombia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán no se ha pronunciado, ni ha implementado medidas para asegurar la integridad de los habitantes del sector y garantizar la movilidad en la ciudad, ya que el sistema integrado de transporte está realizando cierres viales para evitar daños en las estaciones de TransMilenio.