Mamdani se presentó la víspera en la noche en el programa 'The briefing with Jen Psaki', del canal MS NOW, junto a Ávila, de la que destacó su activismo para "conseguir la liberación de nuestros vecinos de la custodia indebida de ICE (Servicio de Inmigración)" y en la primera línea "de la batalla por la asequibilidad" en la Gran Manzana.

Ávila, de 32 años, se describe en su web como una afrolatina de clase trabajadora que ha vivido épocas de su vida en República Dominicana y Venezuela, donde tiene familia, que estudió en la Universidad de Columbia y que ha trabajado como investigadora en la oficina de un abogado público en asuntos de brutalidad policial y como profesora.

"El año pasado, Zohran Mamdani mostró al país entero que el poder del pueblo puede vencer a una máquina. Estoy encantada de tener su apoyo. Espero luchar por nuestra visión compartida de una Nueva York más asequible, una en la que invertimos en nuestras comunidades, no en las bombas en el extranjero, en el Congreso", dijo la aspirante en X.

Por su parte, Espaillat, de 71 años y origen dominicano, que representa al Alto Manhattan y parte de El Bronx en la Cámara de Representantes desde 2017, indicó -en un comunicado- que "Mamdani tiene derecho a respaldar al candidato de su elección" pero que los votantes tienen la última palabra y aseguró que tiene el respaldo de líderes demócratas de Nueva York.

En las primarias demócratas neoyorquinas que ganó Mamdani, Espaillat inicialmente respaldó al candidato moderado Andrew Cuomo pero después se sumó a otros líderes demócratas que apostaron por el ahora joven alcalde. Mamdani, por su parte, había declarado que apoyaría a Espaillat en su reelección, según afirmó The New York Times.

El respaldo de Mamdani a Ávila se enmarca en varias expresiones de apoyo recientes a otros aspirantes de corte socialista que retarán a figuras consolidadas del Partido Demócrata en el Congreso por Nueva York.

Mamdani ha respaldado a la aspirante Claire Valdez frente a Antonio Reynoso, actual presidente del distrito de Brooklyn que busca reemplazar a la veterana congresista en retirada Nydia Velázquez; así como a al antiguo auditor de la ciudad Brad Lander, que retará al congresista Dan Goldman, reportó el medio Gothamist.

Según extractos del informe policial, publicados por el diario New York Times, el estado de ánimo de Spears "pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil".

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California tras conducir de manera errática.

Durante las pruebas para evaluar su estado los policías indican en el informe que hablaba en ocasiones con voz infantil o distintos acentos, -"en ocasiones parecía hablar con acento británico"- y desviaba la atención a temas sin relación con las pruebas que le estaban haciendo.

Cuando Spears, de 44 años, fue detenida ofreció una comida en su casa a los agentes e insistió en que solo había tomado una mimosa seis horas antes, según el informe y los videos obtenidos por People.

"Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel", dijo la cantante, señalando que consideraba su nivel de embriaguez un "cero" en una escala del 1 al 10. Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

La cantante fue detenida tras conducir haciendo eses entre dos carriles y después de que varios conductores avisaran a la policía.

“Te hemos parado porque ibas zigzagueando entre dos carriles”, le dijo un oficial, según las imágenes difundidas. Spears respondió disculpándose y alegando que estaba utilizando el teléfono móvil.

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica. La cantante explicó a los policías que consumía Prozac y Lamictal, y reconoció que también tomaba Adderall para mantenerse “animada”.

En las imágenes de vídeo difundidas por People, la cantante trató de mostrarse amistosa con los agentes. “Podéis venir a mi casa, os prepararé comida o lasaña o lo que queráis. Tengo piscina”, dijo.

Al principio Spears se negó a bajar del coche pero finalmente accedió. Las pruebas de alcoholemia realizadas registraron tasas de 0,05 % y 0,06 %, valores que se encuentran por debajo del límite legal en California, aunque las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba igualmente a su capacidad para conducir.

Cuando los agentes le solicitaron acudir al hospital para realizar un análisis de sangre, Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial.

Según recoge el New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, la cantante protesta por el trato recibido. “Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo”.

La detención de Spears pone de nuevo pone el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras una intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el título 'Free Britney'.

Un hombre de 32 años estuvo subido durante cuatro horas a una torre telefónica en Florida, una ciudad uruguaya ubicada a 100 kilómetros de Montevideo. Lo hizo para reclamar porque no puede ver a su hijo y recién bajó luego de recibir una llamada del presidente de la República, Yamandú Orsi. El hombre se frenó en la primera plataforma de la torre, ubicada a unos 40 metros de altura, y allí colocó un cartel que decía: “Hacerte cargo SCJ [Suprema Corte de Justicia]”.

Antes de que se bajara, el jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dijo al noticiero Subrayado de Canal 10 que el reclamo es por un hijo de él, al que no puede ver. Explicó que la queja es por una resolución judicial tomada en un juzgado de Paso de los Toros, una ciudad ubicada a 160 kilómetros de Florida.

“Al no haber una resolución satisfactoria a su favor, resolvió subir a la torre de Antel, el primer tramo. Estamos hablando de unos 40 metros de altura”, dijo Noria, quien aseguró que no tenía claras las intenciones del hombres.

El hombre se bajó tras varias horas. En ese período de tiempo, recibió varias llamadas, entre ellas la de Yamandú Orsi. También hizo una videollamada con un periodista del Semanario El Bocón. “No hagas locuras”, le pide el periodista Jorge Bonica en el diálogo que mantienen.

“Estoy arriba de la torre de [la telefónica estatal] Antel de Florida, en la primera plataforma. Acabo de colocar una pancarta”, relató el hombre en el diálogo con el periodista. “Ya estoy cansado de que no se me dé respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia, tras un error que ellos cometieron. Yo no tengo por qué hacerme cargo. Después, lo que estoy denunciando son los malos tratos que no solo me dan a mí sino que le dan a todos los hombres desde la Unidad Especializada en Violencia de Género de Florida”, dijo.

El hombre dijo que esa fue la última manera que encontró para hacer el reclamo.

En el diálogo el periodista le sugiere que se baje de la torre porque es peligroso estar allí y le recomendó hacer el reclamo de otra manera. El manifestante exigió en ese momento que se presente el ministro del Interior y contó que el día anterior había estado en una oficina de esa cartera. Quería hablar directamente con Carlos Negro.

El hombre cortó la llamada con el periodista para no gastar más batería.

La radio local CW33 informó que en el lugar se hicieron presentes efectivos de Policía, Bomberos y personal médico. Además, la emisora relató que el hecho generó una gran conmoción en la ciudad y señala que hubo un “importante número de curiosos” que se acercaron hasta la torre para ver lo que pasaba.

El diario local Cambios, en tanto, relató que en Florida se vivió un “drama” por esta situación. Este medio informó que el hombre amenazó con arrojarse al vacío si no obtenía una respuesta a sus planteos, una advertencia que motivó la presencia de policías, bomberos y de equipos de negociación especializados.

Tras la llamada de Orsi y tras el diálogo con los equipos de negociación, el hombre accedió a bajar. Una vez en tierra, fue trasladado para evaluaciones médicas y psiquiátricas, primero en Florida y luego en Montevideo, la capital del país. Este diario informó que en la capital se dispuso la internación transitoria y la colocación de tobillera electrónica al hombre. Desde el hospital, el hombre relató que permanece con custodia policial, una medida que el hombre cuestionó porque la considera injustificada.

Caracas, 8 sep (EFE).- El antichavista Andrés Velásquez dijo este domingo que la salida a España del líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, -tras el asilo concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez- "no cambia" el resultado de las elecciones del 28 de julio, cuando -aseguró- el líder opositor fue electo como presidente, pese al resultado oficial, que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

A través de X, Velásquez aseguró que "el voto masivo en avalancha" dio la victoria a González Urrutia, una afirmación que la PUD asegura está demostrada según el "83,5 %" de las actas electorales que dicen haber reunido en las presidenciales a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno venezolano considera "falsos".

Asimismo, afirmó que Maduro "perdió" y "aferrarse fraudulentamente al poder" es "violentar" la Constitución y "desconocer el voto soberano".

González Urrutia viajó a Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien también dijo que España concedió el asilo tras la solicitud del opositor.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado de que el líder opositor abandonó Venezuela con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política", después de pasar "varios días" refugiado en la Embajada de España.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el líder de la PUD "ha tenido que pedir asilo político" ante "la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad", después de "haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre".

Tegucigalpa, 21 ago (EFE).- La ONG Centro de Derechos de Mujeres (CDM) denunció este miércoles que entre enero y julio de este año al menos 139 mujeres murieron de forma violenta en Honduras, por lo que la defensora de derechos humanos, Honorina Rodríguez, pidió "no normalizar" la violencia machista.

"Es importante pedir a toda la población hondureña que no normalicemos las violencias contra las mujeres, pues la violencia contra las mujeres mata", subrayó Rodríguez a periodistas.

Señaló que las autoridades de Honduras tienen "la responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad a las mujeres" e instó al Gobierno a "cambiar de estrategias" para erradicar la violencia de género.

Solo en julio, la organización CDM contabilizó 18 muertes violentas de mujeres, dos de ellas en estado de gestación, lo que significa que "16 niños y niñas quedaron huérfanos".

El 56,1 % de las 139 mujeres fallecieron a causa de heridas de arma de fuego empleadas por sus agresores, en su mayoría personas desconocidas, y el 51,1 % de las muertes se registraron en espacios públicos de Honduras, un país tradicionalmente dominado por los hombres, detalló.

Francisco Morazán es el departamento con el mayor registro de muertes violentas de mujeres, con 26, seguido por Cortés (22), Olancho (16), Yoro (11), Santa Bárbara (11), Atlántida (10), Lempira y Colón, con 7 cada uno, precisó el CDM.

Los datos de mujeres asesinadas en los primeros siete meses de 2024, con enero y marzo como los meses más violentos (con 26 cada uno), son inferiores a los registrados en el mismo período de 2023, con 257 muertes.

La ONG hondureña indicó además que el 44,6 % de las víctimas tenían entre 0 y 39 años, y el 21 % tenían entre 40 y 59 años.

El informe recoge además que la mayoría de los agresores eran personas desconocidas de las víctimas al momento de cometer el crimen.

Entre enero y junio de este año se han reportado en Honduras 28.187 denuncias por maltrato familiar y 16.973 por violencia doméstica, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Emergencias 911.

Una de cada tres mujeres en Honduras ha sido víctima de múltiples formas de violencia por parte de su pareja, según la Encuesta Nacional Especializada sobre la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, divulgada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En todo 2023 fueron asesinadas 386 mujeres en el país centroamericano, lo que equivale a una muerte violenta cada 23 horas, en la mayoría de casos con arma de fuego, según cifras de organizaciones feministas, que han alertado que el 95 % de esos casos siguen impunes.

Caracas, 13 ago (EFE).- El exdiputado opositor de Venezuela Freddy Superlano lleva dos semanas preso y sin tener "acceso a sus abogados ni a sus familiares" tras ser detenido el pasado 30 de julio, dijo este martes el antichavista Juan Pablo Guanipa.

"Hoy se cumplen dos semanas del secuestro del compañero Freddy Superlano por parte del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)", expresó Guanipa a través de X.

Asimismo, recordó que el partido de Superlano, Voluntad Popular, denunció que el exdiputado "ha sido torturado" por -dijo Guanipa- el Gobierno de Nicolás Maduro, "lo cual constituye un crimen de lesa humanidad".

El pasado 1 de agosto, la esposa de Superlano, Aurora Silva, denunció que al detenido "lo han estado torturando" para que "salga, posiblemente, a declarar" en contra de la líder antichavista María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, el abanderado de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el ente comicial anunció como ganador a Maduro, la PUD divulgó el "83,5 %" de las actas electorales que -insisten- demuestran la victoria de González Urrutia, algo que ha sido reconocido por varios países, pero desestimado por el Gobierno, que considera que los documentos son falsos.

Luego de la denuncia de "fraude" electoral de la PUD y gran parte de la comunidad internacional, se suscitaron protestas en todo el país y, según denunció el bloque antichavista, varios líderes políticos fueron detenidos, además de más de 2.400 personas apresadas durante las manifestaciones, en las que se registraron 25 muertes, según fuentes estatales.

Guanipa exigió "la liberación de Superlano y de todos los presos políticos de esta dictadura", en un momento de crisis política en Venezuela por el cuestionado anuncio del ente electoral, que todavía no publica los resultados desagregados de las presidenciales, y dejó en manos del Supremo la "verificación" del proceso poselectoral.

Lima, 18 jul (EFE).- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú aprobó este jueves prolongar por 18 meses la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

"El Poder Judicial prolonga por 18 meses la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, en la investigación en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública", reza un mensaje publicado en la red social X por ese poder.

La petición de prolongar la prisión preventiva la presentó la Fiscalía el pasado 6 de junio, cuando se vencía una primera orden de 18 meses que comenzó el 7 de diciembre de 2022.

El fallo emitido este jueves por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara fundado el requerimiento de la Fiscalía y, en consecuencia, "revoca la resolución dictada en primera instancia que amplió la medida coercitiva para el exmandatario por 14 meses".

"El tribunal argumentó su decisión tras 'inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (…), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva'", destacó el Poder Judicial.

Independientemente de la decisión que hoy tomó la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido en el penal de Barbadillo en Lima, puesto que sobre él también pesan 36 meses de prisión preventiva por otro caso de corrupción.

El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta.

La Fiscalía pide 34 años de prisión contra el exgobernante por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Lima, 10 jul (EFE).- La Justicia de Perú rechazó este miércoles la tutela de derechos presentada por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) con la que solicitó que se excluyera el acta policial de su detención tras el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Castillo, detenido desde entonces en Lima, pedía que se excluya el acta de intervención policial, cuando fue detenido por la Policía Nacional, al señalar que vulneró el debido proceso, indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.

Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema argumentó en su fallo que no constan motivos razonables para entender que, con motivo de la intervención policial, y las primeras diligencias realizadas, se produjo una "indefensión material o se vulneró gravemente" el curso normal del procedimiento.

A raíz de los hechos, Castillo es procesado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.

El expresidente peruano era investigado por varias denuncias de presunta corrupción y afrontaba un pedido de destitución en el Congreso cuando anunció, en un mensaje televisado, que cerraba el Parlamento e instalaba un Gobierno de emergencia.

Sin embargo, el intento de autogolpe no tuvo respaldo, a excepción de su gabinete, y Castillo, junto a su esposa e hijos, se dirigió a la embajada de México con la presunta intención de asilarse en ese país.

En el camino a esa sede diplomática, Castillo fue interceptado por la Policía y detenido en "flagrante delito", mientras que su esposa e hijos fueron asilados por México y viajaron a ese país.

Lima, 5 jul (EFE).- La Embajada de México en Perú informó que no recibió ninguna solicitud de asilo por parte del expresidente Pedro Castillo después de su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, reveló uno de los abogados del exmandatario este viernes.

"La Embajada de México en Perú hace constar que no ha recibido solicitud alguna de asilo del (ex) presidente José Pedro Castillo Terrones al Gobierno de México, en los términos previstos por el derecho internacional y el derecho mexicano", reza un comunicado de la delegación diplomática firmado el 28 de junio de 2024 y difundido por el abogado del expresidente.

En su mensaje, afirmó que cualquier solicitud de asilo a su favor que hubiera sido presentada por personas no autorizadas y sin su firma, carece de validez como solicitud para considerar otorgar dicho asilo.

"La Embajada no reconoce ningún documento que contravenga la posición oficial del Gobierno de México", concluyó.

El documento fue difundido en la red social X por la defensa de Castillo, Walter Ayala, quien señaló que el fundamento principal de la Fiscalía y el Poder Judicial "para mantenerlo preso" es el peligro de fuga por una supuesta petición de asilo político en México, algo que argumenta nunca pasó.

Desde que ingresó en el penal de El Barbadillo, el mismo 7 de diciembre, tanto el expresidente como sus abogados han defendido que Castillo no se intentó fugar después de pronunciar el autogolpe, sino que fue a llevar a su familia a la embajada del país norteamericano para dejarla a "buen recaudo".

El 7 de diciembre de 2022 Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Tras ese anuncio, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

El exmandatario cumple desde entonces una orden de prisión preventiva de 18 meses por el intento de autogolpe y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

La Fiscalía pidió el pasado 11 de enero que Castillo sea condenado a 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública por el fallido autogolpe.

Sídney (Australia), 25 jun (EFE).- La esposa y los padres del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, agradecieron este martes las gestiones del Ejecutivo de Camberra, así como de sus simpatizantes y activistas que lucharon en favor de su puesta en libertad y su retorno a su país natal.

"Julian está libre" dijo hoy Stella Assange en su cuenta en X, en el que publicó imágenes en las que se ve al fundador de WikiLeaks montando en un avión, tras declararse culpable de uno de los dieciocho cargos que se le imputan en EE.UU., en el marco de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Assange, quien abandonó la cárcel de alta seguridad de Belmarsh (Reino Unido) donde estaba preso desde 2019, tiene previsto comparecer en vista judicial que se celebrará el miércoles en un tribunal de las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el océano Pacífico.

"Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia vosotros. Sí, vosotros quienes os habéis movilizado por años y años para hacer esto realidad. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS", reza el emotivo mensaje de la abogada sudafricana.

Este agradecimiento estaba dirigido principalmente a los millones de civiles, así como a las organizaciones defensoras de la libertad de prensa que han pedido durante años la liberación de Assange en Australia, Reino Unido y otras partes del planeta.

"Parece que Julian será libre de volver a Australia y mi agradecimiento y felicitación a todos sus seguidores... que lo han hecho posible, y por supuesto, al primer ministro (australiano), Anthony Albanese", dijo John Shipton hoy en una entrevista con una emisora de la cadena pública australiana ABC.

El Gobierno de Albanese, quien asumió en mayo de 2022 el poder, había solicitado en varias ocasiones a Washington que desistiera de extraditar a Assange, algo a lo que el presidente estadounidense, Joe Biden, respondió en abril pasado que lo estaba "considerando".

Shipton confió en que su hijo -quien lleva el apellido de su padrastro- pronto pueda "disfrutar de una vida normal con su familia y su esposa Stella" en Australia, su "hogar".

Por su lado, la madre del fundador de WikiLeaks, Christine Assange, se sintió agradecida de "que el calvario" de su hijo haya terminado, al tiempo que destacó "la importancia y el poder de la diplomacia discreta", según un comunicado citado por la ABC.

"Muchos han utilizado la situación de mi hijo para impulsar sus propias agendas, así que estoy agradecido a esas personas invisibles y trabajadoras que antepusieron el bienestar de Julian", precisó la madre de Assange al confesar que los últimos 14 años le han pasado "factura como madre".

La larga batalla legal de Assange y Washington en torno a una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia del país norteamericano, dio un giro hoy al conocerse que Assange solo se declararía culpable de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada.

Esta declaración de culpabilidad, que es parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense y aún debe ser aprobada por un juez, supone que Assange sea condenado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que ya ha cumplido en Belmarsh y retorne a la mayor brevedad posible a Australia.

Assange, de 52 años, era requerido por Estados Unidos por 18 delitos por violar la Ley de Espionaje después de que en 2010 WikiLeaks revelara millones de documentos clasificados relacionados con la defensa nacional de EE.UU., que incluyen supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares del país norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán.

Desde 2019, el periodista se encuentraba detenido en la prisión de alta seguridad de Berlmarsh (Reino Unido) a raíz de que ese mismo año la embajada de Ecuador en Londres, en cuyo interior Assange se refugió durante siete años, le retirara el asilo concedido en 2012.