En un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre una serie de intentos de estafa que utilizan su nombre y logotipo para engañar a los ciudadanos.

Según informó el organismo, se han detectado correos electrónicos fraudulentos que solicitan pagos o reclamos de deudas inexistentes, lo que ha llevado a la entidad a emitir recomendaciones específicas para evitar caer en estas maniobras delictivas.

De acuerdo con ARCA, estas comunicaciones apócrifas suelen incluir archivos adjuntos o enlaces que, al ser abiertos, podrían comprometer la información personal de los usuarios. Por ello, el organismo insta a los contribuyentes a no interactuar con estos correos sospechosos y a reportarlos de inmediato a la dirección oficial phishing@arca.gob.ar. Asimismo, recalca que todas las comunicaciones legítimas de la agencia se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), un canal oficial y seguro.

Importancia del Domicilio Fiscal Electrónico

El Domicilio Fiscal Electrónico es una herramienta clave para garantizar la seguridad en las comunicaciones entre ARCA y los contribuyentes. Este sistema, que funciona como una casilla de mensajería privada, requiere autenticación mediante clave fiscal, lo que asegura que solo el titular pueda acceder a la información. Según detalló ARCA, este servicio es gratuito, obligatorio y está diseñado para proteger los datos personales de los usuarios.

Para constituir el DFE, los contribuyentes deben ingresar al servicio correspondiente con su clave fiscal, registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Este procedimiento, además de ser sencillo, refuerza la seguridad al establecer un canal único de comunicación oficial. ARCA subraya que no utiliza otros medios, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos, para solicitar información personal, pagos o claves fiscales.

Recomendaciones para evitar fraudes

En su comunicado, ARCA enfatizó que la clave fiscal es estrictamente personal e intransferible, por lo que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. Además, el organismo recordó que no solicita datos personales ni informa sobre situaciones judiciales a través de canales no oficiales. Estas medidas buscan prevenir que los contribuyentes sean víctimas de estafas que puedan comprometer su información o generar pérdidas económicas.

En caso de recibir comunicaciones sospechosas, ARCA insta a los ciudadanos a verificar su autenticidad a través del Domicilio Fiscal Electrónico o a reportarlas directamente a la dirección de correo phishing@arca.gob.ar. Este procedimiento permite al organismo identificar y actuar contra posibles intentos de fraude.

Para reforzar la confianza de los contribuyentes, ARCA también ha recordado cuáles son sus canales oficiales en redes sociales. Según informó la agencia, sus cuentas verificadas incluyen @ARCA_informa en X (anteriormente Twitter), arca_informa en Instagram y ARCA Informa en Facebook, WhatsApp y Telegram. Además, la entidad cuenta con presencia en YouTube y LinkedIn bajo el nombre completo de Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Estos canales están destinados a brindar información oficial y actualizaciones relevantes, pero no se utilizan para solicitar datos personales ni realizar gestiones relacionadas con pagos o deudas. ARCA recomienda a los usuarios que sigan únicamente estas cuentas verificadas para evitar caer en posibles engaños.

El aumento de intentos de fraude digital pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas seguros y confiables para la comunicación entre organismos públicos y ciudadanos. ARCA, consciente de esta realidad, refuerza su compromiso con la protección de los datos personales de los contribuyentes y la prevención de delitos cibernéticos.

A través de medidas como el uso exclusivo del Domicilio Fiscal Electrónico, la difusión de recomendaciones de seguridad y la habilitación de canales para reportar intentos de estafa, la agencia busca garantizar un entorno más seguro para todos los usuarios. Además, su presencia en redes sociales verificadas contribuye a mantener una comunicación transparente y confiable con la ciudadanía.

En un entorno donde las amenazas digitales son cada vez más sofisticadas, ARCA reitera la importancia de la precaución y la verificación de la información como herramientas fundamentales para protegerse de posibles fraudes.

En una decisión emitida este martes al término de un juicio oral, la jueza Paola Aguirre dictaminó la condena de un individuo que acosó a su ex pareja, infringiendo restricciones judiciales tanto de forma presencial como a través de medios digitales. La sentencia impuesta fue de 4 años y 6 meses, la cual se consolidó con una condena previa que el acusado estaba cumpliendo de manera condicional.

La persona condenada fue identificada como Omar Carranza, quien fue llevado a juicio por la fiscal Cecilia Cardinalli.

Según la acusación, la serie de hechos imputados comenzó el 13 de julio de 2021, cuando Carranza se presentó en el domicilio de su ex pareja, ubicado en Moreno al 2800, lo que llevó a la mujer a activar el botón de alerta proporcionado por el Ministerio de Seguridad.

La situación se repitió el 21 de septiembre siguiente y el 5 de marzo de 2022, cuando Carranza llamó al timbre para que la mujer saliera, provocando que ella contactara al 911.

Además, desde el 8 de abril de 2022 hasta el 31 de mayo del mismo año, se le imputó a Carranza el envío de un total de 267 correos electrónicos a la víctima desde diversas cuentas con el propósito de intimidarla y forzarla a retomar el contacto, según afirmó la fiscal.

Según informó el portal Rosario3, todos estos incidentes fueron considerados en el contexto de violencia de género; la víctima y Carranza mantuvieron una relación de pareja durante 6 años, período en el que ocurrieron episodios de agresión que llevaron a la mujer a poner fin a la relación en varias ocasiones, solicitando medidas de protección al Tribunal Colegiado de Familia, las cuales le fueron otorgadas, según relató la fiscal.

Al pronunciarse sobre el caso, la jueza condenó a Carranza por los delitos de desobediencia judicial y amenazas en el contexto de violencia de género.

La pena impuesta se unificó con una condena previa del 14 de julio de 2021, la cual consistía en 3 años de prisión condicional, totalizando así 7 años y 6 meses de prisión efectiva por desobediencia a una orden judicial, lesiones, amenazas y tenencia de arma de fuego, que exhibió contra la víctima con el objetivo de amedrentarla.

Y en otro caso de abuso y violencia ejercida por un hombre contra su ex pareja, la jueza de Familia Maite Herrán fue la encargada de resolver en un expediente donde una mujer denunció a su ex por amenazarla con subir videos privados suyos a las redes sociales.

Se trató de una demanda por “violencia familiar” que realizó “G.L.” ante la Comisaría de la Mujer Departamental tras recibir amenazas de su ex pareja vinculadas a la carga de una serie de contenidos eróticos personales a la red y la causa recayó en el Juzgado de Familia 4 de La Matanza, en cabeza de la jueza Herrán.

En un fallo de 11 páginas, la magistrada comenzó: “Se tiene dicho que respecto de la violencia en las redes sociales que estas -Facebook, Twitter, Instagram, etc.- se han convertido en uno de los principales medios de comunicación online, que son utilizados con frecuencia pero que su mal uso puede acarrear riesgos e incluso afectar a terceros”.

Luego, al evaluar el punto de vista de la persona acosada o atacada en el ambiente virtual, dijo: “Desde la posición de la víctima no me cabe ninguna duda que ellas sufren un daño psicológico tal, produciendo una situación de estrés y acoso con repercusiones morales, ya que afecta su dignidad, pues la utilización de este espacio donde se realiza una exposición de la vida personal configuran nuevas formas de violencia”.

Y agregó: “Desde el punto de vista del agresor, ese comportamiento le sirve para amenazar, hostigar, acosar a las mujeres que usan tecnologías, robando sus datos preciados, creándoles falsas identidades, hackeando sus claves, cuentas o sitios web o cuentas, vigilando sus actividades o movimientos, etc. Todo ello es cada vez más frecuente en nuestra sociedad”.

Así las cosas, la jueza dispuso como medida cautelar una batería de imposiciones “a los fines de proteger” a la denunciante y le ordenó al denunciado “el cese de los actos de perturbación o intimidación contra G.L. y su grupo familiar conviviente” y “se abstenga de efectuar comunicación agresiva y/o violenta hacia la accionante por intermedio de llamados, mensajes de texto, audios y/o en cualquier red social”.

Además, le impuso al hombre “abstenerse de publicar fotos y/o videos y/o comentarios sobre G.L. en cuenta de Facebook y/o Instagram, Twitter, Whatsapp creadas en su nombre y/o todo otro medio informático y/o gráfico o red social en general”.

Y dispuso que el denunciado deberá proceder a “eliminar de todos sus dispositivos los videos que contenga material íntimo de G L incluso en la nube, sin que quede almacenado en ningún tipo de sistema o soporte, como así también de toda red social, en el plazo de 48 horas de notificado, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $50.000 en caso de incumplimiento”.