El Gobierno de El Salvador ratificó la tarifa de USD 1,50 por pasajero en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” para financiar controles sanitarios con binomios caninos y el tratamiento de desechos y decomisos. La medida fue formalizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el acuerdo ministerial No. 51.

La tarifa había sido autorizada originalmente por el Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería No. 540, de noviembre de 2021, para financiar la inspección no intrusiva sobre equipaje y carga aérea, además del tratamiento de desechos sólidos y decomisos. La administración y operación de estos servicios corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que delegó su gestión en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), según los contratos y convenios firmados entre ambas partes.

El documento, , publicado el 25 de mayo de 2026 en el Diario Oficial, sostiene que “resulta necesario garantizar la continuidad de los servicios de inspección no intrusiva mediante binomios caninos de equipaje y carga aérea y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria en el Aeropuerto Internacional”, con el propósito de “prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad agropecuaria nacional”.

Cobro y administración de los fondos

El acuerdo otorga al IICA la facultad de realizar el cobro, la captación y la administración de los fondos derivados de la tarifa aprobada, que serán depositados en una cuenta bancaria corriente específica. El instrumento establece que “se reconoce al IICA el valor del 10% de los ingresos brutos percibidos por el cobro de la tarifa de servicios aprobada, por la administración y ejecución de los servicios de inspección no intrusiva con binomios caninos”.

Los fondos serán distribuidos conforme a los mecanismos establecidos entre el MAG y el IICA, de acuerdo con las leyes y acuerdos internacionales sobre sanidad vegetal y animal. Así, el aeropuerto mantiene sus estándares de bioseguridad y cumplimiento con las exigencias internacionales en materia de tránsito de pasajeros y mercancías.

Vigencia de la nueva normativa

El acuerdo deroga de manera explícita el Acuerdo Ejecutivo número 540 y dispone que la nueva normativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Alejandro Domínguez Ruiz, firmó la resolución en representación del ministerio.

El documento también señala que “los servicios de administración y operación de binomios caninos y el tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria resultan indispensables para mantener el estatus sanitario del país”.

Vale mencionar que en 2021 el ministerio salvadoreño y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) suscribieron un convenio con el mismo propósito. El objetivo del convenio fue delegar al OIRSA para la administración y operación de las unidades caninas para realizar la inspección no intrusiva de equipajes, paquetería y carga aérea.

Asimismo, la recolección y tratamiento de desechos sólidos internacionales y decomisos de importancia cuarentenaria, así como la recaudación de tasas por la prestación de estos servicios en la terminal aérea salvadoreña: “Los perros detectan olores de frutas, semillas, cárnicos, lácteos, entre otros; que pueden ser vías para el transporte de plagas y enfermedades de origen vegetal y animal”, destacó el organismo.

El gobierno de El Salvador presentó una propuesta de reforma a la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no Procesados de Origen Vegetal o Animal con el objetivo de precisar la autoridad competente para certificar procesos y establecimientos de alimentos cárnicos, lácteos, miel, ovoproductos y productos acuícolas y pesqueros.

La iniciativa, enviada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca definir las atribuciones de esta cartera en control, validación, verificación y vigilancia de dichos productos, tanto para consumo nacional como para exportación.

Según la documentación revisada, el MAG solicita modificar el numeral 34 del artículo 4 de la normativa vigente, para establecer que será responsable de certificar los procesos de elaboración de alimentos de origen avícola, porcino, bovino, productos lácteos y sus mezclas, miel de abeja, ovoproductos, así como productos acuícolas y pesqueros. El ministerio también asumiría la certificación de los establecimientos nacionales y extranjeros que producen estos alimentos y la ejecución de medidas de control, validación, verificación y vigilancia.

La reforma incluye una redacción específica del artículo 79, en la que se establece que el MAG debe garantizar la calidad de los alimentos mencionados. Entre las tareas asignadas figuran: certificar los procesos de elaboración adoptando medidas de equivalencia conforme a normativa internacional y acuerdos comerciales ratificados por El Salvador, certificar los establecimientos implicados y ejercer las medidas de control y vigilancia.

La propuesta indica que, respecto a productos lácteos y sus mezclas, se seguirá la normativa técnica del Reglamento Técnico Centroamericano número 67.04.65:12 Uso de Término Lechero. Además, se deroga el artículo 80, con lo cual se elimina la disposición transitoria que confería a la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) la competencia en alimentos balanceados para animales a partir de 2027.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería sostiene que las reformas permitirán establecer con claridad la autoridad competente para realizar el procedimiento correspondiente para la certificación de los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos, productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros, así como la implementación y ejecución de las medidas de control, validación, verificación y vigilancia de los mismos.

La entidad afirma que la reforma otorgará certeza jurídica a los usuarios sobre la autoridad responsable, cumpliendo con la ley vigente, la cual le atribuye la planificación y ejecución de acciones sanitarias y fitosanitarias para proteger la sanidad vegetal, la salud animal y la inocuidad de los alimentos no procesados.

El texto de la reforma aclara que las competencias del MAG abarcarán tanto el ámbito nacional como internacional, incluyendo la certificación de establecimientos extranjeros que exporten productos al país. La reforma no cambia el resto de atribuciones que la ley otorga al ministerio.

El documento se dio por recibido en el pleno de la Asamblea Legislativa este miércoles y se estableció que sea estudiada por la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

“El objeto es establecer con claridad la autoridad competente para realizar el procedimiento correspondiente para la certificación de los procesos de elaboración de los alimentos cárnicos, productos lácteos, miel de abeja, ovoproductos, acuícolas y pesqueros, así como de la implementación y ejecución de las medidas de control, validación, verificación y vigilancia de los mismos”, señaló el viceministro Óscar Domínguez en la correspondencia.

Hace un año entró se aprobó la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no procesados de origen vegetal o animal, una norma que reemplazó la anterior legislación sobre sanidad vegetal y animal y redefinió el marco regulatorio para asegurar la calidad y seguridad de los productos agrícolas y pecuarios en el país.

Según el decreto, la regulación busca garantizar la sanidad de alimentos de origen vegetal y animal, proteger el ambiente y la salud humana a través de mecanismos como diagnóstico, control, vigilancia, certificación, fiscalización y supervisión de actividades vinculadas a la producción, importación, exportación, almacenamiento, procesamiento y comercialización.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) figura como la entidad responsable de la verificación de la inocuidad de estos productos, mientras que la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) asume el control de alimentos y bebidas procesadas y semiprocesadas destinados al consumo humano.

La entrada en vigor de la ley amplió las atribuciones del MAG para actuar en el control de plagas cuarentenarias en vegetales y productos derivados, así como en la regulación de equipos y medios de transporte utilizados en la movilización de estos bienes.

El MAG también recibió la capacidad de dictar medidas relacionadas con el bienestar animal en actividades de producción, faenado, transporte, comercialización, investigación, trabajo, recreación y deporte.

Además, la ley otorgó a esta cartera la responsabilidad de regular el comercio nacional e internacional de flora y fauna silvestre en peligro de extinción cuando exista riesgo para el patrimonio vegetal, acuícola y pecuario nacional.

Cambios introducidos y nuevas obligaciones

Uno de los aspectos más recientes incorporados por la ley es la vigilancia, prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos en productos pecuarios, así como la regulación de la introducción y uso de tecnologías nuevas y emergentes en los sectores acuícola y pecuario, con base en criterios científicos y técnicos.

El MAG ahora está facultado para emitir regulaciones para la evaluación de la introducción de productos biotecnológicos dirigidos a la prevención y control de plagas y enfermedades.

Ahora también puede interceptar alimentos y animales cuando existan sospechas fundadas de riesgos potenciales para la salud humana o animal, así como intervenir en los medios de transporte y equipos relacionados con su movilización.

El combate al fraude alimentario se sumó a las funciones del MAG, con la meta de proteger la salud de los consumidores.

La ley establece un catálogo de sanciones económicas para infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves, con multas que oscilan entre cien y treinta mil salarios mínimos diarios del sector comercio según la gravedad de la falta. El texto legal no contempla la regulación zoosanitaria, pero detalla competencias y obligaciones en el ámbito del control animal.

Vigilancia y mecanismos de control

En cuanto a la detección de plagas y enfermedades, la normativa obliga a propietarios, arrendatarios, encargados u ocupantes a informar de inmediato al MAG sobre la aparición de plagas, infecciones o peligros físicos, biológicos y químicos en vegetales, animales y productos relacionados.

El MAG mantiene la facultad de dictar requisitos fitosanitarios para la importación y movilización de productos vegetales, con el objetivo de prevenir la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias y limitar la propagación de plagas no cuarentenarias.

Empresas y ciudadanos que desarrollen actividades vinculadas a la ley deben, con esta ley, permitir el acceso del MAG para inspecciones, toma de muestras y verificación de la existencia de plagas, enfermedades o residuos químicos, además de proporcionar toda la información que requiera la autoridad en temas de sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de alimentos.

A doce meses de su aprobación, la Ley de Protección a la Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad de los Alimentos no procesados de origen vegetal o animal ha redefinido el marco de acción de las autoridades sanitarias y productivas, estableciendo nuevos mecanismos de control y fiscalización sobre los productos agrícolas y pecuarios.

El gobierno de El Salvador anunció las fechas óptimas para iniciar la siembra de maíz y frijol en el país, tras reuniones técnicas y análisis de pronósticos climáticos. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las jornadas de plantación deberán arrancar entre el 21 y el 25 de abril, un período definido para maximizar el desarrollo de los cultivos y enfrentar una posible canícula prevista para julio.

De acuerdo con la información divulgada este jueves por el viceministro, Óscar Domínguez, la recomendación surgió luego de sesiones coordinadas entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo principal consiste en que los agricultores aprovechen la humedad del suelo antes del periodo seco. El gobierno señaló que esta decisión responde a un enfoque técnico y no a criterios arbitrarios, con el fin de reducir riesgos y aumentar la producción nacional de alimentos.

El Salvador busca fortalecer su capacidad agrícola a través de una serie de estrategias integradas. El Ejecutivo estableció 16 sucursales de AGROCENTA, puntos de venta donde los agricultores pueden adquirir insumos agrícolas a precios accesibles. Entre los productos ofertados se encuentran el sulfato de amonio desde 15,70 dólares, el fertilizante 16-20-0 desde 29,75 dólares, el fertilizante 15-15-15 desde 30,85 dólares y la mezcla física 40%N + 6%S desde 31,45 dólares. El servicio a domicilio para pedidos colectivos se encuentra disponible a través del número 2355 3015 y del WhatsApp 6968 2973.

Ampliación de la infraestructura y medidas frente a la sequía

El viceministro Domínguez informó en conjunto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) sobre el plan para perforar pozos e instalar sistemas de riego auxiliares en zonas vulnerables identificadas mediante pronósticos ambientales. Esta medida pretende asegurar la producción agrícola ante condiciones climáticas adversas. Además, se impulsa el uso productivo de más de 52 mil manzanas de tierra destinadas a granos básicos y hortalizas, con el propósito de incrementar la oferta alimentaria nacional.

Las acciones oficiales incluyen un programa de bono agrícola que beneficiará a más de medio millón de agricultores de subsistencia. Este apoyo económico permitirá que los productores accedan a insumos en fechas claves, con el fin de garantizar que la siembra se realice bajo condiciones óptimas. El gobierno también trabaja junto a gremiales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), fortaleciendo la asistencia técnica, la transferencia de conocimiento y la resiliencia frente al cambio climático.

Monitoreo, alerta temprana y comunicación oficial

Para anticipar y responder a amenazas como plagas o sequías, el Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó el Sistema de Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA), que utiliza monitoreo satelital en tiempo real a través de Google. Esta herramienta permite actuar de inmediato en las principales zonas productoras del país. Las reuniones periódicas entre las carteras de Agricultura y Medio Ambiente han facilitado la toma de decisiones basadas en información científica y tecnológica.

El viceministro instó a los productores a consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de datos inexactos o interpretaciones alarmistas, subrayando que la planificación del campo depende de datos y tecnología.

El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes la prohibición progresiva del uso agrícola del fipronil, estableciendo un plazo de 24 meses para su eliminación total en todo el país.

El proceso implica el retiro del plaguicida en cada una de las etapas de registro, importación, fabricación, comercialización y uso, según informó la administración costarricense en un comunicado oficial.

Dicha medida es impulsada por tres carteras estatales ticas: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

De acuerdo con un comunicado de prensa, la decisión se toma por una nueva evidencia técnica que identificó riesgos comprobados para la salud humana, el ambiente y especialmente para los polinizadores, esenciales para la seguridad alimentaria.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, sostuvo que la medida concreta una demanda histórica del sector agropecuario, ahora respaldada por el desarrollo e ingreso de nuevas moléculas que permiten reemplazar el fipronil.

Por otro lado, la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, apuntó que la restricción surge ante la necesidad de reducir exposición a sustancias catalogadas por sus riesgos y garantizar prácticas agrícolas más seguras a largo plazo.

En términos concretos, el nuevo enfoque implica una ruta de transición estricta y regulada. Transcurridos los primeros 12 meses, quedará prohibida la importación, exportación, fabricación y formulación de compuestos químicos con fipronil.

Durante la transición, la comercialización se vigilará con controles técnicos adicionales. Al finalizar los 24 meses, la prohibición será total para cualquier uso agrícola, salvo excepciones que únicamente se aprobarán en casos de emergencia fitosanitaria bajo criterio estricto de las autoridades.

La falta de cumplimiento a la nueva normativa podría resultar en la confiscación de los productos.

Descontado por graves riesgos ambientales y fitosanitarios

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, detalló que estudios realizados por el MINAE-Digeca concluyeron que el fipronil representa peligro inaceptable para las abejas incluso en dosis bajas, así como contra aves y organismos acuáticos.

Otro hallazgo central consistió en un deterioro de la calidad de las cosechas y la productividad agrícola debido a la disminución de polinizadores, efecto con implicancias directas sobre la estabilidad de los sistemas alimentarios del país centroamericano.

El cronograma de eliminación

Por decisión oficial, la prohibición transcurrirá en fases: la venta bajo receta profesional será la única autorizada a comienzo del período, seguida por el cese total de importaciones y fabricaciones al año, y el veto completo a cualquier aplicación o venta en el plazo de dos años.

Costa Rica solamente permitirá posibles excepciones técnicas en caso de emergencia fitosanitaria, pero bajo regulación técnica estricta. Entre tanto, la administración exigirá reportes de stocks y vigilará el cumplimiento de manejo seguro mediante auditorías periódicas.

La eliminación programada busca mitigar la dependencia de plaguicidas de alta peligrosidad y avanzar hacia un modelo que combine sostenibilidad, competitividad y protección ambiental a nivel nacional, tal como señalaron las autoridades al oficializar la medida.

De acuerdo con las autoridades, en la fase inicial de transición, solo podrá venderse fipronil bajo receta extendida por un profesional inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.

En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.

El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.

“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla...No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.

Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.

El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.

Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.

El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.

En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.

Los precios de la hacienda no mejoran. El novillo de consumo perdió un quinto de su valor real en algo más de 60 días, al tiempo que las vacas retrocedieron un 10% promedio desde fines de agosto. Para el analista Ignacio Iriarte la pérdida de valor no fue aún mayor en el primer semestre del año debido a la restricción de oferta imperante, condicionante que se fue diluyendo a partir de julio último, en el marco de un proceso que terminó por afianzarse en septiembre. La idea ahora es que tanto la faena anual como la producción de carne será mayor a lo que originalmente se esperaba.

Los datos indican que empezó a crecer la oferta de novillitos y vaquillonas producto de que los feedlots están llenos, y esto se va a sostener al menos hasta fin de año. La cantidad de hacienda encerrada es hoy 1.5% más elevada que en plena seca de 2023,  se halla un 15% por arriba de 2022 y es un 25% mayor a la registrada en 2021. A pesar de esto, el feedlot ha transitado buena parte del año con números en rojo.

El análisis del Rosgan va en el mismo sentido. El nivel de encierre de animales sigue mostrando cifras récord para la época del año. A octubre el feedlot cuenta con alrededor de 2 millones de animales encerrados, repitiendo así el registro más alto por cuarto mes consecutivo. Eso sí, a diferencia de lo visto en 2023, cuando la seca obligaba a encontrarle nuevo destino a la hacienda, este año el comportamiento del stock vuelve a normalizarse, concentrando los mayores registros en los meses de junio, julio y agosto para comenzar a descender a partir de septiembre.

La composición de los corrales tiene peso propio en esta historia. Respecto del stock, en relación al año pasado se observa un mayor número de novillos, novillitos y toritos, que en conjunto crecen un 8,5% en nivel de encierre, a diferencia de los terneros que disminuyen en un 2%, lo cual resulta lógico dada la caída que registra esta categoría por vacunación.

La referencia es válida. Los datos de la primera vacunación contra aftosa publicados por el SENASA aportan otros elementos para el análisis. En el último año se habrían perdido unos 837 mil terneros y terneras (-5,4%), 723 mil vacas (-3,3%) y 386 mil vaquillonas (-5,4%). En tanto que en machos, la categoría novillos se contrajo en 119 mil cabezas (-4,2%) contra unos 63,5 mil novillitos y toritos que, en porcentaje representan una disminución del 1,5% anual.

Los especialistas subrayan que la proporción de terneros y terneras que ingresan cada año a los feedlots viene disminuyendo en relación a la de los animales de mayor edad, como novillos, novillitos y vaquillonas. Particularmente en el último año, esta tendencia se observa de manera más notoria con un crecimiento en el ingreso de animales jóvenes, que fue del 36% al 39%, mientras que los terneros pasan del 55% al 52% de los ingresos totales registrados durante estos primeros nueve meses del año.

En la medida que esta tendencia siga consolidándose y paralelamente el sacrificio de vacas vuelva a normalizarse, los pesos medios de faena deberían comenzar a crecer. El dato de septiembre se ubicó en torno a los 231 kilos, lo cual supone una recuperación de 2 kilos respecto de lo obtenido el año pasado. Sin embargo, este número aún está debajo de los 236 kilos promedio registrados a igual fecha dos años atrás. Ni qué hablar si se compara con la situación de nuestros vecinos, al menos 20 kilos por encima de estos números.

Independientemente de lo indicado, el corrimiento de los encierres da cuenta de una posible reconstrucción de las recrías, sumamente restringidas el año pasado a causa de la escasa receptividad de los campos. El Senasa indica que de enero a septiembre de este año cerca de 8,5 millones de terneros y terneras fueron trasladados desde los campos de cría hacia otros destinos productivos. De eso, unos 2 millones (24%) terminaron en los corrales profesionales, por lo que el Rosgan infiere que el 76% restante continuó sus procesos de recría en sistemas no confinados. Si esto es así, el feedlot pasará a ser un actor clave para lograr la correcta terminación de esos animales pesados, cada vez más demandados por la exportación.

En el tramo final de la cadena, los bolsillos flacos de los argentinos parecen un escollo difícil de superar por el momento. La realidad indica que los precios de la carne al mostrador se siguen moviendo por debajo de la inflación. Considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde noviembre del año pasado el precio del ternero creció un 117% y el valor del novillo un 124%, muy lejos del 186% que trepó el IPC.  Pero además, la suba de la carne vacuna quedó por debajo de lo que avanzaron el pollo, el aceite, el arroz, la harina y la leche, entre otros.

La pregunta del millón es hasta cuándo la carne vacuna seguirá siendo el patito feo del grupo, y a la vez el ancla más notable para evitar que la inflación se arrime nuevamente a un número preocupante. En este sentido, la macro tiene un peso decisivo.

Esperar algún grado de presión de demanda dependerá de cuánto mejoren los ingresos de la población. La carne podría volver a ser el alimento más elegido si se logra empezar a salir del atolladero al que nos llevaron años de populismo. ¿Alcanzarán las Fiestas para sustentar mejores precios para este emblemático producto, como ha sido en el pasado? ¿La habitual suba de febrero-marzo se hará presente en 2025? Todas las opciones están abiertas.