Tras la aprobación del dictamen de pensiones doradas en la Cámara de Diputados, el congreso capitalino dio un paso decisivo al respaldar por unanimidad la reforma que establece límites a las jubilaciones y pensiones en entes públicos, como:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
• Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
• Nacional Financiera (NAFIN)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)

La votación, con 46 votos a favor y ninguna abstención, refrendó el respaldo total a la modificación del Artículo 127 de la Constitución Política Federal.

La medida busca frenar los beneficios económicos excesivos que algunas personas del sector público han recibido por años. Diputadas y diputados de diferentes partidos subieron a tribuna para fijar postura sobre los cambios y el sentido de su voto, poniendo sobre la mesa las desigualdades que existen en el sistema de pensiones actual.

Pensiones doradas representan uso indebido del poder

Durante la sesión, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa manifestó que las pensiones elevadas representan un uso indebido del poder y la perpetuación de privilegios. Aseguró que el objetivo de la reforma es “no más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo”. Según la coordinadora de MORENA, los cargos públicos deben ser una responsabilidad, no una vía para asegurar ingresos desproporcionados de por vida.

Por su parte, Elvia Estrada Barba, del PVEM, resaltó la necesidad de la reforma ante la realidad de la mayoría de los jubilados, quienes “tienen que estirar el dinero para cubrir lo básico”. Señaló que el ajuste busca que el presupuesto beneficie de forma prioritaria a quienes más lo necesitan y cierre espacios a los abusos.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú (PT) señaló que en el pasado, bajo gobiernos neoliberales, el servicio público se distorsionó y se creó una estructura excluyente. “Mientras la mayoría apenas aspiraba a una jubilación básica, unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados”, destacó.

Sin previsiones para futuras generaciones

Otras voces, como la de Patricia Urriza Arellano (MC), respaldaron el tope a las pensiones, pero señalaron que la iniciativa no consideró la justicia intergeneracional. Apuntó que su generación trabaja para financiar las pensiones de quienes la precedieron, sin garantías claras sobre su propio futuro previsional.

El vicecoordinador priista, Omar García Loria, advirtió sobre la importancia de respetar los derechos adquiridos y evitar incertidumbre jurídica. Manifestó que, aunque comparte la meta de evitar excesos, los cambios en acuerdos anteriores pueden abrir la puerta a conflictos legales.

Claves de la reforma a pensiones en entidades públicas

La decisión unánime en el Congreso de la Ciudad de México marca un hito en la regulación de las llamadas “pensiones doradas”. El nuevo marco legal establece límites claros a las jubilaciones y pensiones en entes públicos, con el objetivo de evitar abusos y privilegiar la justicia social.

Entre los puntos centrales de la discusión legislativa se encuentran:

• Eliminación de las pensiones mensuales de hasta un millón de pesos para funcionarios.
• Redirección del presupuesto hacia quienes más lo requieren.
• Reconocimiento de la necesidad de reglas claras para no vulnerar derechos adquiridos.
• Preocupación por la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y la garantía para futuras generaciones.

La modificación principal indica que las jubilaciones o pensiones de los entes estipulados en la ley no podrán superar la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo Federal, fijando como limite neto 67 mil 145 pesos.

El Congreso capitalino refrendó su respaldo a la reforma constitucional, afirmando que esta medida responde a una demanda ciudadana de mayor austeridad y equidad en el uso de los recursos públicos.

La aprobación final implica que las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas ya no podrán superar el tope constitucional, cerrando así la puerta a los privilegios de algunos sectores y marcando el inicio de una nueva etapa en la política previsional del país.

Luego de varias semanas donde el tema de las llamadas “pensiones doradas” generó polémica y división en la opinión pública, además de que el gobierno federal transparentara los sueldos de casi 100 mil jubilados y pensionados, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en la Cámara de Diputados.

En medio de protestas, legisladores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y fue aprobada en lo general con 458 votos, aunque el debate se extendió por varias horas en la Cámara Baja y tras desechar reservas presentadas por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, también fue avalada en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones en términos del dictamen.

Ahora que el dictamen fue aprobado, se remitió a las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales. Uno de los argumentos repetidos para su aval en el Congreso de la Unión giró en torno a poner fin a los privilegios y eliminar las pensiones excesivas en comparación a quienes reciben ingresos mínimos.

Siete dependencias fueron el motivo de la reforma

Desde Palacio Nacional se le puso remitente a los efectos de este dictamen, el cual reformó el artículo 127 de la Constitución Política, repercutiendo en jubilados y pensionados de las siguientes dependencias:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
• Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
• Nacional Financiera (NAFIN)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)

¿Cuál sería el tope de cada pensión?

Estableciendo que las jubilaciones o pensiones de personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no superen la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo Federal.

Lo anterior se traduce en las siguientes cifras actualizadas a este año:

• Sueldo antes de impuestos 193 mil 706 pesos.
• Sueldo neto: 134 mil 290 pesos netos
• En esto quedaría el sueldo de pensionados después de impuestos: 67 mil 145 pesos.

Estipula que bajo los lineamientos jurídicos que regulen la relación laboral, por ningún podrán superar el límite aprobado el 25 de marzo de 2026.

Estas personas quedaron fuera de la medida

Tal como ya se había adelantado, las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones generadas por aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, aquellas originadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario, así como la pensión no contributiva mencionada en el artículo 4º constitucional, quedan excluidas de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta fracción.

Asimismo, el régimen transitorio establece que, desde la entrada en vigor de este decreto, todas las jubilaciones o pensiones concedidas antes de esa fecha y que no estén excluidas por la fracción IV del artículo 127 de la Constitución, deberán someterse al límite señalado en el segundo párrafo de esa fracción, sin excepción para aquellas que permanezcan vigentes.

¿Podría haber efecto de retroactividad?

Las entidades públicas ya mencionadas párrafos arriba tendrán que revisar y, si corresponde, adecuar los contratos, disposiciones y condiciones laborales que contemplen planes de pensiones o jubilaciones para cumplir con lo previsto en el decreto.

Se establece que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional anterior a la reforma se mantendrán en los términos en que fueron reconocidos.

Además, las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones o jubilaciones de servidores públicos, a partir de la entrada en vigor de la reforma, estarán sujetas al límite previsto en el citado artículo constitucional.

En un plazo máximo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, dentro de sus respectivas competencias, revisen y, si procede, ajusten el marco jurídico correspondiente, con el objetivo de alinearlo a lo establecido en el decreto.

Pese a las protestas de pensionados afuera de la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron en lo general con 458 votos a favor, el dictamen que modifica el monto de las pensiones doradas en Pemex, CFE, Banobras, Luz y Fuerza.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el debate en el recinto legislativo, pensionados de estas instituciones protestaban al exterior exigiendo que se dé marcha atrás a la iniciativa que modifica el Artículo 127 constitucional.

La propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum plantea que las pensiones asignadas a exfuncionarios de confianza tendrán como límite máximo el 50% del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal, quien antes de impuestos percibe 193 mil 706 pesos, quedando en 134 mil 290 pesos netos, de tal forma que el monto de las pensiones doradas quedarían por debajo de los 70 mil pesos.

En el palacio legislativo mantienen la discusión de las reservas presentadas por partidos de oposición y aliados.

Retroactividad iría en contra de los derechos laborales

Durante el debate, Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su respaldo al proyecto de limitar las pensiones, argumentando que los recursos públicos no deben destinarse a financiar esquemas de retiro que excedan los límites constitucionales. Señaló que, aunque la eliminación de pensiones elevadas resulta positiva, una aplicación retroactiva de la reforma afectaría los ingresos de miles de personas que ya dependen de esos recursos y vulneraría derechos adquiridos a través de disposiciones transitorias.

Por su parte, Laura Hernández García, también diputada de MC, se manifestó a favor de restringir las pensiones para exservidores públicos con el objetivo de evitar privilegios y eliminar pensiones de monto elevado en contraste con quienes perciben ingresos mínimos. Anunció la presentación de reservas para modificar el segundo artículo transitorio, buscando que la nueva norma no se aplique retroactivamente a personas ya pensionadas y que las nuevas reglas alcancen a todos los sectores, incluidas las Fuerzas Armadas y los exministros de la Suprema Corte.

Irais Virginia Reyes De la Torre, integrante del mismo grupo parlamentario, advirtió que ajustar las pensiones ya otorgadas al nuevo límite representa una contravención a un principio constitucional y no puede considerarse un tecnicismo. Precisó que esta medida afecta derechos adquiridos, incrementa la posibilidad de amparos masivos, genera incertidumbre y podría ocasionar costos superiores a los ahorros previstos. Alertó que, lejos de fortalecer el marco constitucional, la reforma podría generar tensiones al priorizar resultados inmediatos.

Por su parte, la diputada del PRI Nadia Navarro Acevedo afirmó que su bancada respaldaría la iniciativa al considerarla un acto de reconocimiento a una deuda histórica con la ciudadanía, aunque aclaró que no apoyarán ninguna medida que implique la vulneración de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Señaló que el debate fundamental debe centrarse en la creación de un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible. Además, advirtió que reformas mal estructuradas pueden provocar efectos adversos, aumentar la incertidumbre laboral y elevar la carga fiscal.

Política de Sheinbaum prioriza tres pilares

Con este proyecto, las autoridades mexicanas pretenden frenar el pago de pensiones millonarias a exfuncionarios de confianza y directivos de organismos públicos, bancos de desarrollo y empresas estatales. Los montos otorgados hasta ahora, que en algunos casos alcanzan un millón de pesos mensuales, no serán modificados retroactivamente, pero no se podrán repetir para nuevos casos.

La propuesta excluye de cualquier cambio a los empleados con contratos colectivos vigentes. “Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, remarcó Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina.

La reforma se fundamenta en tres pilares: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera, según detalló Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. El objetivo es erradicar los beneficios extraordinarios para quienes se jubilan desde posiciones de alta dirección, principalmente en organismos descentralizados, fideicomisos y empresas estatales.

El gobierno señala montos exorbitantes

En el caso de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, 9 mil 457 ex trabajadores de confianza reciben pensiones que oscilan entre 100 mil y un millón de pesos. De ese grupo, 3 mil 504 jubilados perciben más que el sueldo neto mensual de la presidenta, según informó Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Para Petróleos Mexicanos (Pemex), las cifras oficiales identifican a 544 personas pensionadas con ingresos superiores al salario de la Jefa del Ejecutivo, lo que representa un gasto anual de mil 827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados superan el ingreso presidencial, con un desembolso de 4 mil 496 millones de pesos al año.

El panorama en la banca de desarrollo también evidencia montos elevados. Nacional Financiera (Nafin) tiene nueve pensionados con ingresos por encima de la presidenta, sumando 16 millones de pesos anuales. En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 personas reciben un total de 37 millones de pesos cada año en concepto de pensión superior al salario presidencial. En Bancomext, la cifra es de 22 pensionados, con un monto global de 45 millones de pesos anuales.

Jubilados de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza, mantienen protestas afuera de la Cámara de Diputados ya que buscaban que el dictamen de “pensiones doradas” no fuera aprobado, sin embargo, todas las fuerzas políticas votaron a favor del dictamen pese a los manifestantes, aunque durante el debate, las consignas sí estuvieron presentes.

Con pancartas, consignas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la reforma, y encontronazos con el personal de seguridad del recinto, las y los extrabajadores mantienen la protesta, advirtiendo que la iniciativa podría afectar sus derechos laborales, así como sus prestaciones.

Entre las principales preocupaciones de los jubilados está el hecho de la “retroactividad”, ya que señalan vulneración a los años de trabajo que dedicaron y ahora, les quieren retirar el monto.

Sheinbaum busca eliminar privilegios

Cabe destacar que en la mañanera del 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que la iniciativa sería aplicada para que no haya repetición de pensiones millonarias en un futuro:

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”.

Diputados aprobaron dictamen en lo general

Este miércoles 25 de marzo de 2026, en San Lázaro ya aprobaron en lo general la reforma enviada por la presidenta, la cual modifica el artículo 127 constitucional, misma que plantea que los exfuncionarios de confianza tendrán como límite máximo el 50% del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal:

• Sueldo antes de impuestos 193 mil 706 pesos.
• Sueldo neto: 134 mil 290 pesos netos
• En esto quedaría el sueldo de pensionados después de impuestos: 67 mil 145 pesos.

Gobierno exhibe a pensionados

El pasado viernes 13, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le puso nombre a cada uno de los exfuncionarios que reciben pensión por parte de al menos siete instituciones:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
• • Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22
  • Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05
  • Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
• • German Humberto Sandoval Faz, $214,171.56
  • Miguel Celis Hernández, $200,360.87
• Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
• • Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33
  • Felipe Michel Ramírez, $235,280.34
  • César Conde Bustamante, $209,921.41
  • Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• • José Luis Lupercio Pérez, $451,251.41
  • Carlos Víctor Manuel Carreto y Fern, $433,440.47
  • Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122.86
  • José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725.01
  • Getro Olvera Valdovinos, $338,881.63
• Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
• • Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533.13
  • Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341.01
  • Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,290.88
  • Gustavo Adolfo Marron Peña, $980,526.17
  • Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057.29
• Nacional Financiera (NAFIN)
• • Carlos Enrique Sales Gutierrez, $209,580.95
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• • Guillermo Gil Arias, $410,181.62
  • Marcos Ramírez Silva, $227,988.06
  • Miguel Tame Domínguez, $227,757.38
  • Horacio Guevara Montalvo, $226,589.18
  • Armando Leal y Santa Ana, $222,283.08

Tras la publicación que incluye al menos 99 mil 557 registros, los señalamientos en contra del gobierno no se hicieron esperar, debido a que no todos los extrabajadores reciben una pensión como las señaladas desde Palacio Nacional, sin embargo, la dependencia justificó la exhibición en el artículo65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A solo dos días de que el Senado de la República aprobara la reforma sobre tope a “pensiones millonarias”, el cual fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, su gobierno ha insistido en exhibir a los jubilados y pensionados que reciben pagos exorbitantes mes con mes, tras la finalización de sus labores en el servicio público.

Casi un mes después de que la mandataria mexicana hiciera público el anuncio de poner fin a las pensiones onerosas, este viernes 13 de marzo de 2026, la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le puso nombre a cada uno de estos exfuncionarios de al menos 7 instituciones:

• Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
• Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
• Comisión Federal de Electricidad (CFE)
• Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
• Nacional Financiera (NAFIN)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)

Gobierno le pone nombre a pensionados millonarias

Cabe destacar que el objetivo de la propuesta presidencial radica en que ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

En Infobae México te compartimos la lista de los cinco exfuncionarios con pensión millonaria de cada institución mencionada con anterioridad:

Pemex

1. Carlos Arturo Sánchez Magaña, $1,107,361.34
2. Salvador Quero García, $987,978.50
3. Jorge Ernesto Moreno Tovar, $976,512.80
4. Jorge Luis Talamantes Montoya, $972,626.98
5. Alejandro Valadez Urrutia, $655,515.92

Luz y Fuerza del Centro

1. Jorge Evodio Chapa de la Torre, $1,077,533.13
2. Edgar Velázquez Butrón, $1,037,341.01
3. Kenneth Sydney Smith Jacobo, $1,037,290.88
4. Gustavo Adolfo Marron Peña, $980,526.17
5. Mardoqueo Staropolsky Nowalski, $924,057.29

CFE

1. José Luis Lupercio Pérez, $451,251.41
2. Carlos Víctor Manuel Carreto y Fern, $433,440.47
3. Hugo Hasael Cruz Alavez, $358,122.86
4. José Antonio Cerrillo Ramírez, $349,725.01
5. Getro Olvera Valdovinos, $338,881.63

Bancomext

1. Fernando Villareal y Puga Colmenares, $284,940.22
2. Humberto Soto Rodríguez, $283,537.05
3. Jaime Luis Dávila Mercenario, $227,854.27
4. Jaime Tarcicio Álvarez Sandoval, $197,744.34
5. Consuelo Martínez Muñoz, $194,690.33

Banrural

1. Marco Antonio Ubaldo Gómez, $240,125.33
2. Felipe Michel Ramírez, $235,280.34
3. César Conde Bustamante, $209,921.41
4. Alfonso Rojas Zendejas, $201,879.35
5. José de Jesús Saldívar Sandoval, $181,968.24

Banobras

1. German Humberto Sandoval Faz, $214,171.56
2. Miguel Celis Hernández, $200,360.87
3. Arturo Rangel Villarreal, $196,609.34
4. Noemi David Rodriguera, $194,224.45
5. Jose Victor Manuel Gonzalez Molina, $185,476.73

NAFIN

1. Carlos Enrique Sales Gutierrez, $209,580.95
2. Arturo Osorio Barrientos, $158,650.83
3. Héctor Mariano Arangua Morales, $150,170.97
4. Miguel Ángel Ochoa Salas, $149,072.09
5. Oscar Dalino Delfin Baduy, $146,838.68

Información detallada que exhibe a jubilados y pensionados

Lo divulgado por Anticorrupción está compuesto por 99 mil 557 registros, los cuales tienen información al corte de diciembre 2025, siendo la base de datos de CFE la que contempla más datos, superando los 50 mil datos de exfuncionarios.

La totalidad de la suma de todas las instituciones superan los 85 mil millones de pesos anuales, solo en el pago de pensiones; resaltando que Luz y Fuerza del Centro mantiene tres funcionarios que superan el pago de 1 millón de pesos mensuales.

La presidenta advirtió en febrero que la medida estaba dirigida a “aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.

Tras una corrección de datos hecha por Anticorrupción el 20 de marzo, los datos de Pemex fueron corregidos en la nota titulada “Tras corrección de pensiones doradas en Pemex, este es el mayor monto pagado a extrabajadores”, publicada por Infobae México.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el tema de las pensiones otorgadas a funcionarios de confianza de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Esta última fue cerrada en 2009 mediante un decreto emitido por el entonces presidente Felipe Calderón.

La pregunta surgió en el contexto de las desigualdades en el sistema de pensiones, ya que, según denunció la periodista que formuló el cuestionamiento, algunos exfuncionarios de confianza reciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, mientras que numerosos trabajadores no obtuvieron ninguna compensación tras el cierre de la empresa.

La desigualdad de pensiones

“La liquidación de Luz y Fuerza del Centro fue hecha de una manera injusta y autoritaria”, declaró la presidenta. Y añadió: “Llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que les seguimos pagando un millón de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no recibieron nada”.

En ese sentido, Sheinbaum anunció que su gobierno trabaja en una reforma constitucional orientada a corregir estas desigualdades: “Se están analizando todos los derechos laborales... una reforma constitucional que ponga un límite a este abuso”, dijo.

La mandataria también cuestionó los montos que algunos exfuncionarios reciben mensualmente: “¿Cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, algunos pocos años en Pemex, y recibe 400 mil pesos mensuales, o cómo es que los de Luz y Fuerza reciben 1 millón?”, planteó.

Y concluyó: “Esos recursos tienen que ir a la gente... que se reduzcan pensiones justas. Va a haber una reforma constitucional y se va a presentar en este periodo”.

“Darles justicia a las personas que se lo merecen”

Sheinbaum también hizo referencia al convenio que firmó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para sumar a mil 350 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) al Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social.

La medida, impulsada por el Gobierno de la Cuarta Transformación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), tuvo como objetivo reparar los daños provocados por la extinción de LyFC en 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón.

El acuerdo consideró criterios como las semanas cotizadas ante el IMSS y benefició a quienes entregaron su inscripción al sistema antes del 26 de febrero de 2023.

El entonces director general del INDEP, Alberto Becerra Mendoza, señaló durante la firma del convenio que este acto representaba “darles justicia a las personas que se lo merecen”.

El Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social contaba con un padrón de 7 mil 233 extrabajadores, y su implementación implicaba una inversión mensual de 150 millones de pesos, lo que equivalía a mil 835 millones de pesos anuales, en cumplimiento con el decreto presidencial del 25 de agosto de 2022.

Para 1975, Agustín Tosco estaba muy enfermo. “El gringo”, líder indiscutido de la filial cordobesa de Luz y Fuerza, debía atenderse sí o sí. Pero debía permanecer la clandestinidad porque la Triple A lo buscaba para matarlo. El clima en Córdoba, su provincia, ya era irrespirable.

El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía local, el teniente coronel retirado Antonio Navarro se levantó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano y su vice Atilio López, el binomio del FREJULI electos en segunda vuelta, gracias a más del 50% de los votos de los sectores más radicalizados del peronismo y de los gremios y dirigentes sindicales más combativos.

Navarro encarceló durante dos días a las autoridades provinciales y a varios funcionarios del Poder Ejecutivo imponiendo un clima de tenaz persecución: hubo detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, con el pretexto de que había que controlar a los de la extrema izquierda, sospechados de estar incubando más conflictos en las calles.

Juan Perón, presidente de la Nación por entonces, decidió intervenir la provincia. Uno de los interventores, el brigadier retirado Raúl Lacabanne buscó hacer “una limpieza ideológica” en el gobierno y en la provincia. Córdoba ya no era segura para Tosco, identificado con la izquierda.

Sus amigos Jorge Canelles, Tomás Di Toffino y Felipe Alberti fueron los que organizaron su traslado a la ciudad de Buenos Aires, para que pudiese tratarse. Había que hacerlo en el mayor de los secretos porque todos eran hombres más que buscados. Lograron que lo atendieran, parecía que se recuperaba, pero cuando esperaban resultados de análisis que le habían hecho, el 5 de noviembre de 1975 su corazón dijo basta.

Agustín José Tosco nació el 22 de mayo de 1930 en Coronel Moldes, Córdoba, a 80 km al sur de la ciudad de Río Cuarto.

Sus padres eran inmigrantes piamonteses, dedicados al trabajo en el campo. Conoció las duras jornadas del campesino, mientras hacía la escuela primaria con gran esfuerzo porque la lengua que más dominaba era el piamontés, que era el que se hablaba en el hogar.

Como le gustaba leer, en el rancho de piso de tierra y sin luz eléctrica donde vivía con su familia, creó su propia biblioteca. Contó que de adolescente leía a José Ingenieros.

Ese flaco alto, con los dientes manchados luego de años y años de tomar agua de pozo, cursó en la Escuela de Trabajo Presidente Roca, donde fue elegido presidente del centro de estudiantes. Cuando fue designado para hablar en el cierre del ciclo, en su discurso atacó el sistema de la escuela, se negó a recibir el diploma de manos del director y recibió una ovación de sus compañeros.

Le costó conseguir trabajo siendo adolescente. Al cumplir la mayoría de edad, entró como aprendiz de electricista en el taller electromecánico de Luz y Fuerza. Había hecho un curso de tres años en la Universidad Tecnológica, donde se recibió de electrotécnico. Cuando volvió del servicio militar, dejó los estudios.

Ya de joven se sintió atraído por los conflictos sociales. A los 19 años fue subdelegado y al año siguiente delegado. Miró con simpatía al primer peronismo, aplaudió medidas como el Estatuto del Peón y las convenciones colectivas de trabajo, aunque en la segunda presidencia de Perón, tomó distancia.

“Vos tenés que ser presidente porque sos el único que defiende a los trabajadores y a los pobres”, siempre le decían y él se limitaba a sonreír. En 1959 se había casado con Nélida Bonyuan, su novia de la época en que vivía en Coronel Moldes, con quien tuvo dos hijos, Malvina y Héctor. En 1952 fue secretario de delegados de Luz y Fuerza de Córdoba y en 1953 ganó las elecciones para conducir el gremio en su provincia. En 1954 fue electo secretario gremial del secretariado nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, puesto que perdió con la intervención militar. Aún preso, en 1972, fue elegido dirigente del gremio y secretario adjunto de la delegación regional.

Una vida detenido

Definido como marxista socialista, en 1957 estuvo preso por primera vez. Fue en Misiones por hacer una huelga en defensa de los trabajadores de su gremio. Durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu había encabezado el acto del 1 de mayo en Plaza Once, donde había pedido por la libertad de los dirigentes detenidos y por la normalización de los gremios y de la CGT.

Cuando fue el golpe contra Arturo Illia, aseguró que se había explotado el concepto de ineficacia del gobierno radical para eliminar la representación del pueblo, y poder así aplicar un programa económico, político y social contrario al interés popular.

En 1969 lo detuvieron dos días antes del Cordobazo en el Barrio Clínicas y luego de esa rebelión de los trabajadores y estudiantes, fue condenado por los tribunales militares a ocho años y tres meses de prisión, pero solo estuvo preso siete meses, primero en Santa Rosa, La Pampa y luego en Rawson, Chubut. En este último lugar, escribió en cinco cuadernos una reseña del Cordobazo. Denunció que el gobierno de facto era antipopular, que había hecho retroceder a la economía, con salarios congelados e insuficientes, además de subas de precios y de impuestos. Nuevamente en 1971, luego del Viborazo, fue enviado a Devoto y otra vez a Rawson, donde a la familia y amigos se les dificultaba visitarlo. A través de los abogados filtraba textos, por lo que era castigado a no recibir visitas.. Finalmente, en 1972 estuvo preso a disposición del Poder Ejecutivo, sin pesar sobre él condena ni procesos pendientes. Su defensor era el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen.

El Cordobazo

Enseguida, al general golpista Juan Carlos Onganía, que había echado del poder al presidente Illia, las cosas se le irían de las manos y estallaron conflictos en diversas provincias y en importantes ciudades del interior del país. El más relevante fue el que ocurrió el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, que pasaría a la historia como “El Cordobazo”.

Era inminente que los organizadores de la protesta, que planteaban la unidad de todos los sectores para enfrentar a la dictadura, declarasen un paro general. Ya venían con semanas de reclamos de trabajadores de las automotrices, que pedían la eliminación del “sábado inglés”. Se unieron en la protesta las dos regionales de las CGT, la Azopardo -colaboracionista- y la de los Argentinos -combativa-, que estaban en veredas opuestas a nivel nacional.

Unas quince mil personas integraron diversas columnas que marcharon hacia el centro de la ciudad de Córdoba, especialmente obreros de SMATA (Mecánicos), UOM (Metalúrgicos) y de Luz y Fuerza, a cuyo frente estaba Tosco. Los estudiantes no se mantuvieron ajenos y también se sumaron a las manifestaciones. Las multitudinarias marchas obligaron a la policía a retroceder y a abandonar la vigilancia de edificios públicos. El gobierno envió al Ejército, que se tardó en llegar y al día siguiente tomó el control. Por su papel, el Cordobazo encumbró a Tosco a nivel nacional. En 1970 viajó a Chile para asistir a la asunción del presidente trasandino Salvador Allende.

Cuando era secretario general del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, se levantaba a las cinco y media de la mañana y antes de las seis y media ya había fichado en el trabajo, donde cumplía tareas hasta las 13.30. Luego de un almuerzo en su casa y una siesta, a partir de la tarde atendía en el sindicato hasta la medianoche.

Decía que Evita era una gran mujer que había luchado por los derechos del pueblo y que Hipólito Yrigoyen había sido un gran patriota. Hincha de Huracán, le gustaba el ajedrez e ir a ver los partidos de basquet de Unión Eléctrica.

El martes 13 de febrero de 1973 debatió durante dos horas con José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, en el programa de televisión “Las dos campanas”, que conducía Gerardo Sofovich en Canal 11. A Rucci lo identificaba como la burocracia sindical, y aseguraba que la central obrera se dedicaba solo a administrar, desde el poder, los beneficios sociales. “Reivindicamos nuestro derecho de ir a la crítica, nuestros derechos de ir contra el burocratismo”, decía Tosco y sostenía que la CGT no permitía una auténtica expresión de los trabajadores.

Aseguraba que su raíz era marxista e interpretaba a la lucha de clases como un hecho histórico. Estaba al frente, en la década del 70, del Movimiento Nacional Intersindical -la contracara de la CGT- al que definía como socialista y que levantaba las banderas de liberación nacional. En las elecciones de 1973 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) -brazo político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)- le ofreció la candidatura a presidente, pero Tosco la rechazó porque no estaba de acuerdo con la lucha armada.

Se le había declarado una encefalitis bacteriana. Era 1974 y debió pasar a la clandestinidad al ser intervenido el gremio. Lo buscaban por todos lados. Su casa en el barrio Los Naranjos era permanentemente vigilada.

Murió en la clandestinidad el 5 de noviembre de 1975 de una septicemia. Su cuerpo fue llevado en ambulancia en Córdoba, sentado en el asiento del acompañante del conductor. Primero fue velado en la casa de un dirigente y luego su despedida continuó en el Club Redes Cordobesas, en el barrio General Paz, donde actualmente se levanta el polideportivo que lleva el nombre del barrio. Tenía 45 años.

En la lluviosa tarde del 6 de noviembre, fue su sepelio en el cementerio San Jerónimo, y el cortejo que en sus inicios fue de cinco mil personas, terminó siendo de más de veinte mil. Todos fueron dispersados a tiros por la policía y por matones apostados en los techos de las bóvedas. Así moría un gremialista fiel a sus ideales en una época en que la vida poco valía.

Exempleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), ahora disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), efectuaron una manifestación en la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en Avenida Coyoacán. La protesta incluyó el lanzamiento de huevos a las instalaciones y a la imagen de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México.

Durante la manifestación, los exintegrantes de LyFC denunciaron que el Partido Acción Nacional, en administraciones pasadas, perjudicó a la clase trabajadora y otorgó beneficios a las élites. Según un boletín obtenido por Diario de México, recalcaron que aunque la fuerza laboral en México consta de 61 millones de personas, menos del 1% de la población concentra más del 60% de la riqueza nacional.

Asimismo, se hizo un llamado a los votantes para reflexionar su voto en las próximas elecciones del 2 de junio, cuando se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República. El Frente Amplio de Unidad (FAU) “Jorge Tapia Sandoval”, un grupo disidente del SME, enfatizó que en administraciones del PAN se actuó en detrimento de la clase trabajadora.

El líder del FAU, Ramón Pacheco, destacó que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la tasa de desempleo alcanzó el 5%, mientras que bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador se redujo al 2.3%, el nivel más bajo en la historia de la tasa de desempleo en México.

Pacheco también señaló que el Partido Acción Nacional tiene una “gran deuda” con la clase obrera del país, especialmente con los miles de extrabajadores afectados por la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Estos empleados aún esperan su reinserción laboral y compensación.

Por medio de la red social X, el líder del Partido Acción Nacional Marko Cortés condenó las acciones de esta manera:

¿Qué era la Compañia de Luz en México?

Luz y Fuerza del Centro (LyFC) fue una empresa paraestatal mexicana que operó durante más de un siglo, brindando servicios de distribución de energía eléctrica a una amplia región que incluía el Distrito Federal y partes de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Fundada en 1903, LyFC se consolidó como una entidad crucial para el desarrollo energético del centro del país, permitiendo la electrificación de hogares, industrias y servicios esenciales.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se fundó el 14 de diciembre de 1914 con el propósito de proteger y promover los derechos laborales de los trabajadores de LyFC. A lo largo de su existencia, el SME se caracterizó por su fuerte capacidad organizativa y su activa participación en la lucha por mejoras laborales. Este sindicato logró posicionarse como una de las organizaciones más influyentes en el ámbito laboral mexicano.

La extinción de Luz y Fuerza del Centro se oficializó el 11 de octubre de 2009 mediante un decreto presidencial emitido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. El gobierno argumentó que la empresa era financieramente insostenible y operaba de manera ineficiente. Según las autoridades, LyFC registraba pérdidas significativas que no sólo afectaban su viabilidad, sino que también representaban una carga importante para el erario público.

El decreto de extinción señaló que los costos operativos de LyFC eran elevados y que su productividad estaba muy por debajo de los estándares nacionales e internacionales. Entre los factores identificados estaban la falta de inversión en infraestructura tecnológica, problemas de gestión y una nómina inflada. La decisión de disolver la empresa pretendía, de acuerdo con el gobierno, mejorar la eficiencia del sistema eléctrico en la región central del país y reducir los elevados costos de operación que recaían en el Estado.

El cierre de Luz y Fuerza del Centro dejó sin empleo a aproximadamente 44,000 trabajadores, lo que generó una importante controversia y una serie de protestas lideradas por el SME. Los integrantes del sindicato denunciaron la medida como una violación a sus derechos laborales y exigieron su reinstalación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o una compensación justa.

Tras la extinción de LyFC, la CFE se hizo responsable de la distribución de energía eléctrica en la región que anteriormente estaba bajo la jurisdicción de LyFC. El objetivo fue integrar un sistema más eficiente y sostenible, aunque el proceso estuvo marcado por tensiones y conflictos sindicales. Esta decisión marcó un punto de inflexión en el sector eléctrico mexicano y dejó un legado de debate sobre la gestión de empresas públicas y los derechos laborales en México.