La ceremonia que se celebró al mediodía y no estuvo exenta de particularidades. Kast invitó al senador brasileño, Flavio Bolsonaro, que es uno de los principales candidatos de la oposición a Lula para competir contra él en las elecciones presidenciales que se desarrollarán este año. Ese gesto hizo que el Planalto comunicara ayer que Lula no iría a Chile y que en su lugar asistiría su canciller Mauro Vieyra.

Es una historia que rima parecido a lo que sucedió en diciembre de 2023 con Javier Milei, que invitó a la ceremonia a su amigo Eduardo Bolsonaro. Aquello fue un aviso de cómo sería el vínculo posteriormente: a más de dos años de coincidir como jefes de Estado, todavía no han mantenido encuentros bilaterales y solo se saludan de manera protocolar en cumbres multilaterales.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro es el principal candidato de la derecha para las elecciones de octubre, en las que Lula participará para su cuarto mandato presidencial a sus 80 años. Los medios brasileños han amanecido este miércoles publicando la encuesta de Meio/Ideia, una de las más conocidas del país, en la que Lula figura con un empate técnico respecto a Flávio y el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

El senador bolsonarista está subiendo en los estudios de opinión pública a raíz de diferentes sucesos que complican a Lula. En los últimos días, la agenda estuvo cooptada por el escándalo de un banquero que involucra a ministros del Supremo Tribunal de Justicia, algunos designados por Lula. También hay un caso que involucra a Fabio Luís Lula da Silva, hijo del actual mandatario, por estar presuntamente implicado en una red de desvío de fondos. Y en todo ese contexto, el impacto de la guerra en Medio Oriente también tuvo su correlación con cierta sensación de inestabilidad en los precios de los combustibles.

Es por eso que en el gobierno brasileño cayó mal la decisión de Kast de llevar a su principal oponente para los comicios de los próximos meses. La decisión de declinar su invitación a Santiago de Chile se conoció el mismo día en que la Casa Rosada, a través de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), le otorgó un estatus de refugiado a Joel Borges Correa, un bolsonarista condenado por el intento de golpe a Lula años atrás.

“¿Qué esperar de Milei? No esperamos nada", comentan altísimas fuentes de la administración brasileña. El vínculo entre ambas administraciones está roto, algo que ya se había plasmado en la decisión de la diplomacia de Brasil de no asistir más a la Argentina en la administración de la Embajada en Caracas. En la Casa Rosada no descartan que hoy pueda existir una foto entre Milei y el mayor de los Bolsonaro.

Milei habló ayer por la mañana en el foro Argentina Week en Nueva York y se retiró rápidamente para poder viajar a Santiago de Chile y asistir a tiempo a la ceremonia de investidura. Estaba en agenda una reunión bilateral horas antes del inicio del acto, pero la Oficina del Presidente Electo (OPE) comunicó que Kast no podía estar por compromisos de agenda. A días de haber ganado los comicios el año pasado, el chileno viajó a Buenos Aires para mantener su primera actividad internacional en la Casa Rosada, lo cual habla de la afinidad que se puede esperar de ambas administraciones para los próximos años.

El traspaso de mando de Kast

La ceremonia reunó a más de 1.150 invitados, entre ellos jefes de Estado, altas autoridades internacionales y figuras clave del panorama nacional. La llegada de Kast a La Moneda, con prioridad en lo que ha llamado un “gobierno de emergencia”, responde a un escenario “complejo de administrar”, según ha adelantado su equipo, con el combate a la delincuencia y la recuperación del rumbo económico como ejes inmediatos.

Kast pasó su última jornada como presidente electo en el Palacio Cousiño de Santiago, donde sostuvo reuniones bilaterales con líderes como el rey Felipe VI de España, Daniel Noboa de Ecuador o Rodrigo Paz de Bolivia. Durante la tarde de ayer se completaron los encuentros con delegaciones latinoamericanas y, en paralelo, su equipo finalizó los preparativos de la ceremonia y del discurso con el que, según su entorno, buscará reforzar la noción de “gobierno de emergencia” prometida durante su campaña.

El traspaso de poderes es el noveno desde el regreso de la democracia en Chile y se celebró en el Salón de Honor del Senado, en el Congreso Nacional de Valparaíso, siguiendo una tradición iniciada en 1826. El acto comenzó a las 12:00 para luego avanzar hacia la entrega de la piocha de O’Higgins —máximo emblema de la presidencia en Chile— y la banda presidencial. Antes, a las 08:00, el presidente saliente, Gabriel Boric, se tomó la tradicional foto de despedida con su gabinete en el Patio de Los Naranjos de La Moneda, y luego emprenderá viaje a Valparaíso para la ceremonia.

Durante el acto participaron más de 200 diputados y senadores recién juramentados, junto con representantes de la Corte Suprema, jefes de las Fuerzas Armadas, presidentes de partidos políticos y los familiares directos de ambos presidentes. Estuvieron presentes dignatarios como el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Bolivia, Luis Arce; y los mandatarios de Ecuador, Paraguay y Uruguay, aunque se registrarán notorias ausencias, incluyendo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Brasil, Lula da Silva.

Al finalizar el protocolo principal, Kast recibió el traspaso formalizado por la lectura del decreto del Tribunal Calificador de Elecciones, y, acompañado por Boric y la nueva presidencia del Senado —definida la mañana de ese mismo miércoles—, protagonizó el acto central del cambio de mando.

En palabras del ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, la regulación de las salvaguardas comerciales brindará mecanismos para que el Gobierno tome medidas inmediatas frente a aumentos inesperados de importaciones que puedan afectar negativamente a sectores productivos dentro del país. Según informó el medio, el Ejecutivo brasileño trabaja en la prontapromulgación de un decreto que establezca procedimientos claros para la aplicación de estas salvaguardas, con el objetivo de proteger la producción nacional ante situaciones de riesgo para la industria local.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, el nuevo decreto abarcará tanto los acuerdos comerciales ya existentes como aquellos que se negocien en el futuro. Esta iniciativa persigue dotar de mayor transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica los procesos para determinar cuándo y cómo se utilizarán las salvaguardas estipuladas en los tratados internacionales firmados por Brasil. El Gobierno enfatiza que estas herramientas legales permitirán suspender de forma temporal la vigencia de determinadas disposiciones de los acuerdos para algún producto específico, siempre que se constate un ingreso desproporcionado de mercancía foránea susceptible de ocasionar daños graves a la producción interna.

El ministro Alckmin explicó que la efectividad de este mecanismo reside en la posibilidad de activar rápidamente la restricción comercial cuando se registre un crecimiento sustancial de importaciones en un sector determinado. "El presidente Lula regulará la salvaguardia por decreto. Así, se puede abordar ese problema adoptando una medida de restricción comercial para ese artículo. Si hay un aumento significativo de las importaciones, la salvaguardia se puede activar de inmediato", declaró Alckmin durante la inauguración de la 35ª Fiesta Nacional de la Uva y Feria Agroindustrial, según reportó el medio de referencia.

Las salvaguardas que contempla el decreto se podrán poner en marcha a través de varios procedimientos. Entre las medidas detalladas figuran el establecimiento de cuotas limitando las cantidades que pueden entrar al país, la suspensión provisional de la reducción de impuestos de importación previamente acordados, o el restablecimiento de los aranceles a los niveles vigentes previos al acuerdo afectado. Todas estas acciones surgirán como respuesta ante la evidencia de una penetración inusual de productos importados considerados responsables de perturbaciones severas en sectores estratégicos brasileños.

El alcance normativo de este decreto se enmarca en el contexto de la ampliación de los compromisos comerciales que Brasil ha asumido como miembro del Mercosur, bloque económico junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. Según consignó la fuente, durante los últimos años, el Mercosur concretó acuerdos con varias economías extranjeras de relevancia. Alckmin recordó que el bloque cerró un pacto de libre comercio con Singapur en 2023, posteriormente con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 2025 y tiene previsto entrar en vigor otro con la Unión Europea a partir de enero de 2026.

El medio también informó que, a raíz de estos tratados internacionales, aumentó significativamente el volumen de intercambios comerciales cubiertos por preferencias arancelarias. Antes de las nuevas alianzas firmadas, solo un 12% del comercio exterior de Brasil se beneficiaba de estos acuerdos; ahora, esa proporción ha ascendido al 31,2%, duplicando el flujo comercial nacional protegido bajo estos instrumentos.

La aprobación y regulación de las salvaguardas representará, según explicó el Gobierno en declaraciones recogidas por el medio, un esfuerzo para equilibrar la apertura internacional con la defensa de los sectores estratégicos nacionales expuestos a la competencia externa repentina. Los procedimientos previstos buscarán fortalecer la capacidad de reacción oficial ante eventuales distorsiones en el mercado, dotando de instrumentos legales para garantizar la continuidad y estabilidad de la producción brasileña cuando las circunstancias lo demanden.

Además, la iniciativa persigue clarificar para los sectores productivos, inversores y socios internacionales las condiciones y procesos bajo los cuales las restricciones comerciales temporales pueden ponerse en práctica, con el fin de reforzar la confianza en el marco jurídico y comercial del país. Según detalló la fuente, la acción del Ejecutivo cuenta con el respaldo de representantes del sector industrial y comercial, quienes han solicitado mayor claridad en los procedimientos administrativos para enfrentar la llegada súbita de importaciones que podrían lesionar la industria y el empleo locales.

Tal como especificó el medio, el cronograma oficial prevé que el decreto sea promulgado en un plazo breve, en línea con el objetivo de preparar al país frente a la entrada en vigor de los nuevos acuerdos comerciales y ofrecer garantías adicionales para el desenvolvimiento de los mercados internos y los sectores exportadores brasileños.

Es la primera vez en la historia del Sambódromo de la Marquês de Sapucaí que un mandatario en ejercicio es el tema central de un desfile. El homenaje, que recorrió la vida del líder izquierdista desde sus orígenes como obrero hasta su actual presidencia, fue calificado por la oposición como una maniobra de propaganda electoral anticipada, mientras que sus simpatizantes lo defendieron como un acto de justicia histórica.

Un recorrido biográfico entre ovaciones y críticas

El espectáculo, compuesto por cerca de 3.000 integrantes, presentó diversas etapas de la vida de Lula. Las carrozas y coreografías narraron su infancia en el empobrecido noreste de Brasil, el viaje migratorio de su madre hacia Sao Paulo y momentos clave de su carrera sindical y política, culminando en su tercera toma de posesión en enero de 2023. Una imponente estatua de estilo metálico representaba al mandatario, mientras pantallas gigantes proyectaban imágenes de su trayectoria y sus programas sociales.

Desde un palco VIP, Lula observó el desfile junto al alcalde de Río, Eduardo Paes. Sin embargo, el ambiente festivo estuvo marcado por la cautela. Ante las advertencias de posibles repercusiones legales, el mandatario se abstuvo de hablar públicamente. Por su parte, la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, quien inicialmente planeaba participar activamente en el desfile, optó finalmente por no ingresar a la avenida para evitar mayores controversias.

Sátira política y tensiones con la oposición

La polémica no solo se alimentó del elogio a Lula, sino también de la cruda sátira dirigida a su principal rival político, Jair Bolsonaro. Una de las carrozas más comentadas mostró al conocido payaso “Bozo” —término utilizado frecuentemente por sectores de izquierda para mofarse del ex mandatario— representado tras las rejas y portando una tobillera electrónica.

La alusión fue una referencia directa a la situación judicial de Bolsonaro, quien el año pasado fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. El público respondió al paso de la carroza con cánticos de “sin amnistía”, una consigna que rechaza los intentos de los aliados del expresidente por suspender sus penas.

La reacción de la oposición fue inmediata. Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente, utilizó sus redes sociales para publicar un video generado con inteligencia artificial que parodiaba el desfile, retratando a Lula como un “ladrón” que se enriquece a costa de los sectores más pobres.

El escrutinio de la justicia electoral

La controversia escaló hasta los tribunales antes de que sonara el primer tambor. Dos partidos de oposición presentaron solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para prohibir el desfile, argumentando que se trataba de una campaña electoral encubierta financiada con recursos públicos.

Si bien el TSE rechazó las solicitudes el jueves pasado por unanimidad, argumentando que no se puede prohibir una expresión artística de forma preventiva, la corte dejó una advertencia clara: el desfile será objeto de escrutinio y se podrían investigar irregularidades si se comprueban violaciones a la ley electoral.

Ante esta presión, el Partido de los Trabajadores (PT) emitió directrices estrictas a sus militantes para evitar el uso de indumentaria o consignas de campaña explícitas durante el evento. Los ministros del gabinete que asistieron al Sambódromo recibieron órdenes de permanecer en silencio y evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como proselitismo.

El desafío técnico frente a las escuelas de élite

En el plano estrictamente competitivo, el enfoque político de Académicos de Niteroi pareció afectar su desempeño técnico. A pesar de la atención mediática, los expertos señalaron deficiencias en la armonía del desfile y una relativa pobreza en los acabados de los disfraces en comparación con las grandes potencias del carnaval.

El protagonismo político de Niteroi contrastó con la majestuosidad de otras escuelas que desfilaron esa misma noche, como Portela —la máxima ganadora de la historia— e Imperatriz Leopoldinense. Portela encantó a los asistentes con la historia de un príncipe africano exiliado en Brasil, empleando incluso drones para simular el vuelo de uno de sus integrantes sobre la avenida.

Al finalizar la jornada, el impacto del desfile de Lula dejó opiniones divididas entre los asistentes. “¡Es un homenaje súper justo! Lula es una leyenda”, afirmó Nelia Macedo, una docente de 44 años presente en el lugar. En el otro extremo, Marcia Alves, una jubilada de 59 años, lamentó la politización de la fiesta: “No hay que mezclar el carnaval con la política. El carnaval es para que todo el mundo se divierta”.

El resultado de la competencia se dará a conocer el miércoles de ceniza, pero la batalla por el impacto político de esta noche en el Sambódromo promete extenderse hasta las urnas en octubre.

El resultado de las elecciones generales brasileñas de octubre dependerá de dos factores: la delincuencia y el bienestar de los votantes. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, apuesta a que la economía le permitirá ganar la reelección . El crecimiento anual, cercano al 3%, ha superado las expectativas durante tres años. La inflación anual del 4,3% es insignificante para los estándares brasileños. El desempleo se encuentra en mínimos históricos.

Sin embargo, la oposición pinta un panorama sombrío. Tarcísio de Freitas, gobernador derechista de São Paulo, afirma que el país se encuentra en una “crisis fiscal”. Los expertos financieros advierten de una recesión inminente. “No estamos en cuidados intensivos, pero nos encaminamos hacia eso”, afirma Armínio Fraga, exdirector del Banco Central de Brasil.

¿Qué tan enfermo está el paciente? La deuda brasileña es insostenible en su trayectoria actual. Según el FMI, la deuda pública bruta alcanzará el 99% del PIB en 2030, frente al 62% en 2010. La deuda actual es 30 puntos porcentuales superior a la tasa media de los mercados emergentes y sus pares latinoamericanos. El déficit nominal asciende a un impresionante 8,1% del PIB , compuesto casi en su totalidad por el pago de intereses. Los agoreros tienen razón al pronosticar problemas.

Los empresarios de São Paulo culpan al generoso estado de bienestar y a la holgura de Lula. Y tienen razón. Cuando llegó al poder en enero de 2023, Lula heredó un superávit primario equivalente al 1,4% del PIB y un déficit total de alrededor del 4,5%. Para diciembre de 2025, el gobierno registraba un déficit primario del 0,4% del PIB . Esta dirección ha reducido la confianza del mercado en la capacidad del gobierno para limitar la deuda. Esto ha obligado al banco central a mantener las tasas de interés reales cerca del 10%, entre las más altas del mundo, lo que ha desplazado la inversión privada y limitado el crecimiento. Brasil invierte solo el 17% del PIB , apenas la mitad de la tasa de India.

Pero los problemas de Brasil van mucho más allá del despilfarro de Lula. Su economía también se ve deteriorada por la capacidad de grupos poderosos para obtener beneficios de quienquiera que esté en el gobierno, muchos de ellos plasmados directamente en la interminable constitución del país. Que Brasil pueda alcanzar su potencial depende de si los legisladores elegidos en octubre tienen el coraje de enfrentarse a intereses arraigados.

A menudo se culpa a las ayudas sociales, pero son una pista falsa. Su costo anual es razonable: 83 000 millones de dólares, o el 3,7 % del PIB . Esto incluye un programa emblemático, Bolsa Família, que paga a familias pobres para que vacunen a sus hijos y los mantengan en la escuela, así como diversas prestaciones por discapacidad y desempleo. El gasto en salud pública y educación, que ronda el 4 % del PIB cada uno, está en línea con el de sus pares brasileños. «Soy un liberal clásico», afirma el Sr. Fraga, «pero recortar el gasto en salud y educación en Brasil no sería mi prioridad».

Los gigantes que acechan a la economía son las pensiones y un código tributario vertiginosamente complejo. Las pensiones le cuestan al gobierno el 10% del PIB . Si no se implementan reformas para 2050, Brasil gastará más en ellas como porcentaje del PIB que muchos países más ricos y con mayor pobreza. Si bien la proporción de jóvenes en Brasil es similar a la de Chile o México, su gasto en pensiones ya está al nivel de Japón. Esto a pesar de una modesta reforma en 2019 que introdujo una edad mínima de jubilación. La población está envejeciendo rápidamente. Sin reformas, se prevé que su déficit de seguridad social, o la diferencia entre contribuciones y pagos, aumente del 2% del PIB actual a más del 16% para 2060.

Gran parte de este dinero es absorbido por un sector público mimado. Brasil cuenta con alrededor de 13 millones de empleados públicos y 40 millones de empleados privados formales; sin embargo, los déficits de seguridad social de ambos sistemas son prácticamente iguales. Esto convierte a Brasil en un caso atípico a nivel mundial. Las atractivas prestaciones sociales atraen a los trabajadores con mayor nivel educativo al gobierno. Sus enormes pensiones son, por lo tanto, un subsidio para los ricos brasileños.

El poder judicial y las fuerzas armadas son los más perjudicados. Los tribunales brasileños cuestan el 1,3% del PIB —el segundo más caro del mundo—, principalmente debido a sus generosas pensiones. El soldado promedio se jubila antes de los 55 años con una pensión equivalente a su salario completo. “Necesitamos implementar reformas estructurales ambiciosas, como la reforma de las pensiones, desde arriba”, afirma Dario Durigan, viceministro de Hacienda. “No podemos tener pensiones exorbitantes para los militares y el poder judicial y recortarlas para la gente común”.

Es extremadamente difícil cambiar el statu quo, ya que reformar las pensiones requiere cambiar la Constitución. Esta exige que los aumentos del salario mínimo estén automáticamente vinculados a los aumentos de las pensiones. Dado que todos los presidentes modernos, especialmente Lula, han aumentado el salario mínimo, esto ha obligado al gobierno a seguir aumentando las pensiones. Si los pensionistas reciben menos de lo que creen merecer, pueden ganar fácilmente en los tribunales. Cada año, el gobierno federal pierde el equivalente al 2,5 % del PIB porque los tribunales imponen cuantiosos pagos a las pensiones y la asistencia social.

Los políticos brasileños han intentado sortear estas limitaciones ideando complejas reglas fiscales diseñadas para limitar el gasto público, con la esperanza de que tales gestos se ganaran la confianza del mercado. No ha funcionado. A menos que se reformen las pensiones, el mercado nunca confiará en la rectitud fiscal brasileña. Esta desconfianza le está costando a Brasil entre medio y un punto porcentual del crecimiento del PIB anualmente, hasta 250 000 millones de dólares durante la próxima década si no se producen cambios.

Dame un respiro El sistema tributario más complejo del mundo también está frenando el crecimiento. Con alrededor del 34% del PIB , el gobierno de Brasil recauda más ingresos fiscales que la mayoría de sus pares. Pero el sistema es un desastre. De 147 empresas encuestadas por Deloitte en Brasil el año pasado, las firmas con una facturación de hasta $95 millones al año dedicaron un promedio de 16,200 horas al año a la declaración de impuestos. Las firmas más grandes, con ventas superiores a $1,5 mil millones, dedicaron 63,000 horas. Las estimaciones de los costos económicos varían, pero son aproximadamente del mismo orden que el crecimiento perdido por la falta de credibilidad fiscal, que asciende a quizás medio punto del PIB anual.

Los grupos de interés han obtenido un trato preferencial, lo que ha generado una fragmentación del sistema tributario y elevados costos de cumplimiento. La evolución del impuesto sobre la renta de las empresas es reveladora. El tipo impositivo principal es del 34 %, elevado para los estándares mundiales. Sin embargo, pocas empresas pagan una cifra similar. El tipo impositivo efectivo para las empresas se sitúa entre el 16 % y el 18 %, según Sérgio Wulff Gobetti, del Instituto de Investigación Económica Aplicada, organismo público vinculado a la oficina de presupuestos. Esta es una de las cifras más bajas entre los países de la OCDE.

En cambio, la mayoría de las empresas brasileñas se clasifican bajo regímenes fiscales especiales. El llamado régimen “Simples” permite a las empresas con ventas anuales de hasta 900.000 dólares pagar tan solo un 4% de impuestos sobre sus ingresos. Otro régimen permite a las empresas con ingresos de hasta 14 millones de dólares pagar impuestos con base en las ganancias proyectadas, en lugar de las reales. Ambos regímenes estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas a gestionar los impuestos de forma simplificada, pero sus umbrales se elevaron tanto que, de hecho, incluyen la mayor parte de la actividad económica. De los 16,5 millones de empresas brasileñas, solo 220.000 pagan la tasa completa del impuesto sobre la renta de sociedades.

El país gasta un asombroso 7% del PIB en exenciones fiscales, frente al 2% en 2003, según la Fundação Getulio Vargas ( FGV ), una universidad de São Paulo. De los 128 regímenes de exenciones fiscales, 95 permanecerán vigentes hasta 2073. Las exenciones contribuyen al sistema tributario regresivo de Brasil. La proporción de ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las empresas y las personas físicas es 12 puntos porcentuales inferior a la media de la OCDE ; la mayor parte proviene de los impuestos al consumo, que afectan desproporcionadamente a los pobres.

Los legisladores son conscientes de estos problemas. Desde 2019, las nuevas exenciones fiscales deben expirar en un plazo de cinco años. Una enmienda constitucional de 2021 establece que las exenciones fiscales no deberían superar el 2 % del PIB para 2029. Otra enmienda, aprobada en 2023, simplifica el complejo sistema de impuestos al consumo en un sistema dual de IVA . Esto también podría impulsar el PIB hasta un 4,5 % para su plena implementación en 2033, según un estudio de FGV.

Como era de esperar, la mayoría de las reformas han estado plagadas de excepciones. El régimen de Simples y la Zona Franca de Manaos, una fallida política industrial que otorga a la ciudad amazónica una enorme exención fiscal para la producción de electrodomésticos, han sido excluidos. Ambos están consagrados en la Constitución. Los impuestos corporativos y sobre la nómina se mantienen prácticamente intactos. La reforma de las pensiones es dinamita política. A menos que los políticos tengan el coraje de sanear la situación, Brasil se estancará en una crisis.

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(Desde San Pablo) Después de once años y a pesar de las sanciones internacionales contra Rusia por su invasión de Ucrania, Brasil acoge hoy la Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia, que llega a su octava edición. La reunión será copresidida por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin, quien se reunirá personalmente con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En la delegación rusa también participan ocho ministros y representantes de la industria rusa. Creada en 1997, la comisión no se reunía desde 2015, cuando el entonces vicepresidente de Brasil, Michel Temer, durante el gobierno de Dilma Rousseff, y el viceprimer ministro ruso, Dmitri Medvédev, se encontraron en Moscú.

Ayer, en una reunión preparatoria celebrada en Brasilia entre el viceministro ruso de Industria y Comercio, Alexey Gruzdev, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Industria, Márcio Elias Rosa, ambos países confirmaron su interés en convertirse cada vez más en socios estratégicos. “Brasil y Rusia son socios estratégicos. Queremos ampliar las inversiones y los proyectos industriales conjuntos, con beneficios concretos para nuestras economías", declaró Gruzdev, añadiendo que Rusia está dispuesta a compartir su “experiencia en tecnología, infraestructuras y seguridad productiva, apoyando la modernización de la industria brasileña".

Controversia por el operativo logístico del Kremlin

Los preparativos logísticos comenzaron ya la semana pasada, cuando aterrizó en Brasilia un avión del Kremlin, el Ilyushin Il-96-300, que según ICL Noticias transportaba limusinas blindadas para ser utilizadas durante el evento, aunque dejando abiertas muchas dudas sobre el motivo de esta compleja logística cuando podrían haberse usado perfectamente vehículos blindados brasileños. Según el sitio de noticias aeronáuticas Aeroin, el Ilyushin Il-96-300 es operado por el Escuadrón de Vuelos Especiales, directamente subordinado al Kremlin, que realiza misiones diplomáticas y también transporta a altos funcionarios, incluido el propio Putin. Partido de Moscú; antes de aterrizar en Brasilia, voló sobre Casablanca, en Marruecos, para evitar el espacio aéreo europeo, cerrado a los aviones rusos a causa de las sanciones, y luego continuó hacia Dakar, en Senegal. Otro avión llegó el domingo y se espera el resto en estas horas. La última vez que un avión Il-96 ruso aterrizó en Brasil fue en abril del año pasado. A bordo viajaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien participó en la reunión de ministros de Exteriores de la presidencia brasileña de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro. La llegada de estos aviones a Brasil podría desatar un caso internacional. Si necesitan combustible, las empresas en territorio brasileño encargadas de este tipo de operaciones podrían negarse para evitar incurrir en sanciones, como ya ocurrió en 2019 con dos buques iraníes bloqueados en Brasil porque la petrolera estatal Petrobras se negó entonces a venderles combustible.

Existe gran expectativa sobre los temas que se abordarán durante la cumbre de hoy. El pasado 14 de enero, algunos asuntos trascendieron a partir de la conversación telefónica de unos 45 minutos entre Lula y el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin. En el comunicado oficial difundido por el Palacio del Planalto, la presidencia brasileña informó que ambos hablaron precisamente de los preparativos del encuentro de hoy, coincidiendo en que representa “una oportunidad para dinamizar áreas prioritarias como el comercio, la agricultura, la defensa, la energía, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura“. Y habría sido el propio Lula quien pidió a Putin que enviara una delegación de alto nivel para participar en los trabajos en Brasilia. En la larga conversación, los dos presidentes también hablaron de la situación internacional. En particular, según el comunicado, “manifestaron preocupación por la situación en Venezuela" y “reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan siendo zonas de paz“. Lula y Putin reafirmaron finalmente “el papel de los países del BRICS en el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza global“, con especial referencia a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad.

Uranio, litio y energía nuclear: los sectores en la mira de Moscú

Se trata de temas que muy probablemente serán abordados en el cara a cara Lula-Mishustin, pero lo que temen los analistas es que las intenciones de Rusia a través de esta cumbre sean sustituir su presencia en Venezuela por una mayor penetración en Brasil. Precisamente ayer, en una entrevista con el canal RT, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo dijo con claridad. “Se está intentando expulsar a las empresas rusas de Venezuela”, afirmó. Entre los sectores estratégicos para Moscú en Brasil se encuentran el del uranio y la energía nuclear, así como el de la industria petrolera. Mientras que el pasado 2 de febrero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la posibilidad de que Rusia reciba uranio enriquecido de Irán está en agenda desde hace mucho tiempo, el interés por el uranio brasileño no deja de crecer, junto con el litio. El pasado mes de mayo, durante una visita a Rusia del ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, la empresa Tenex, filial de Rosatom —la estatal rusa responsable del sector nuclear— expresó interés en expandir sus actividades en Brasil, centrándose en la exploración de uranio y litio, dos minerales estratégicos para la transición energética. “Estamos abiertos a asociaciones estratégicas con Brasil, que incluyan la energía nuclear, los recursos naturales y el litio, y confiamos en la continuidad de los diálogos técnicos entre nuestros países”, declaró entonces Sergey Polgorodnik, CEO de Tenex. Por su parte, el ministro Silveira afirmó en esa visita que “Brasil tiene grandes reservas de uranio y el potencial para liderar este sector a nivel global. Esta cooperación con Tenex acelera la producción nacional“.

Brasil posee una de las mayores reservas de uranio del mundo, estimada en 280.000 toneladas, pero aún en su mayoría inexplorada. También es uno de los seis mayores productores mundiales de litio y posee la octava reserva más extensa del mineral, en particular en el Valle de Jequitinhonha, en Minas Gerais, apodado el Valle del Litio. El año pasado, Industrias Nucleares de Brasil —la compañía estatal brasileña responsable de la energía nuclear— firmó un acuerdo con Internexco GmbH, empresa de Rosatom, para la exportación temporal de hasta 275.000 kilogramos de concentrado de uranio, producido en Caetité, Bahía, para ser convertido y enriquecido en Rusia. Según los acuerdos, el material será devuelto a Brasil antes de 2027 en forma de hexafluoruro de uranio destinado a la producción de combustible nuclear para abastecer la central de Angra dos Reis.

El tablero comercial Brasil-Rusia: petróleo, fertilizantes y defensa

Para Moscú, Brasil también podría sustituir a Venezuela en relación con la cooperación petrolífera. “Brasil tiene petróleo de alta calidad, una producción creciente y consolidada en el yacimiento presalino“, declaró hace días Jean Paul Prates, expresidente de la petrolera brasileña Petrobras. Rusia cubre actualmente alrededor del 60% del diésel importado por Brasil, del cual es el principal proveedor. Las importaciones han crecido rápidamente: de 100 millones de dólares en 2022 a más de 5.000 millones en 2024. El tema de los fertilizantes también será central en el encuentro de hoy. Según el programa publicado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), en el Foro Empresarial Brasil-Rusia que se inaugura hoy participará también el presidente del Consejo Empresarial Rusia-Brasil, quien además preside la parte rusa del Consejo Empresarial de los BRICS y la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes, Andrey Andreevich Guryev. El hombre es hijo del oligarca ruso Andrey Grigoryevich Guryev y sucedió a su padre en el control de la empresa de fertilizantes PhosAgro, que tiene en Brasil un mercado estratégico, dado que el país es el cuarto mayor importador de fertilizantes del mundo, de los cuales el 23% proviene de Rusia. Andrey Andreevich Guryev fue condecorado con la Medalla de Rio Branco por Jair Bolsonaro durante su presidencia, en febrero de 2022, con motivo de su visita oficial a Moscú. Ambos Guryev, padre e hijo, fueron sancionados por Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido tras la invasión rusa de Ucrania. Desde hace tiempo, empresas productoras de fertilizantes de oligarcas rusos —que luego salieron de las estructuras societarias para evitar sanciones— operan en Brasil.

El objetivo del foro que se inaugura hoy es ampliar las inversiones entre ambos países en diversos sectores, no solo el de los fertilizantes, y evitar las sanciones. Aunque Brasil no se ha adherido a las sanciones contra Rusia, ha sufrido indirectamente su impacto debido a las dificultades logísticas en el envío de contenedores y a la exclusión de los principales bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT. Según datos de Apex, en 2025 el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 10.900 millones de dólares. Brasil exportó a Rusia alrededor de 1.500 millones de dólares, principalmente carne bovina, café sin tostar y soja, mientras que las importaciones rusas ascendieron a 9.400 millones de dólares, constituidas principalmente por petróleo y fertilizantes destinados al mercado brasileño. También en el ámbito de la defensa, desde la perspectiva rusa, Brasil puede sustituir a Venezuela. En 2025, Rosoboronexport, la empresa estatal rusa que exporta productos de defensa, participó en la Feria Internacional Latinoamericana de Aviación y Defensa, LAAD 2025, celebrada en Río de Janeiro. El director general de la empresa, Aleksandr Mikheev, declaró entonces que Rosoboronexport pretende desarrollar proyectos conjuntos no solo en Brasil, sino en toda América Latina, en particular en el sector de armas ligeras, drones y vehículos blindados.

Riesgos geopolíticos: entre Moscú y Washington

Una asociación más estrecha con Moscú podría generar muchos problemas para Brasil. Desde el punto de vista comercial, el país latinoamericano corre el riesgo de seguir dependiendo de los fertilizantes rusos, con el peligro de que su agricultura nacional entre en crisis si, por razones geopolíticas internacionales, los suministros llegaran a interrumpirse, teniendo en cuenta que Trump ha amenazado con imponer fuertes aranceles a quienes hagan negocios con Moscú. Además, si en las negociaciones de hoy se elaboran alternativas al uso del dólar en las transacciones comerciales, el tema podría volverse problemático en la relación con Washington. Sin mencionar sectores estratégicos como el petróleo y la energía nuclear, en los que el país latinoamericano podría debilitarse si abre sus puertas al régimen de Putin. “Si Brasil cede a la tentación de fortalecer las relaciones con Rusia, podría poner en peligro sus vínculos con Estados Unidos en un momento crucial de su historia", declaró al sitio de noticias Gazeta do Povo el politólogo Elton Gomes, profesor de la Universidad Federal de Piauí (UFPI).

La Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia se celebra en un momento delicado de las relaciones entre Brasilia y Washington. En los últimos días, Lula anunció una visita a la Casa Blanca en marzo. Entre los posibles temas en la agenda con Trump, además del de los aranceles, figura la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Fuentes de Brasilia dijeron a Infobae que la administración Lula también querría discutir con Trump un compromiso suyo de no interferir en las elecciones presidenciales de octubre, a cambio de una no injerencia de Brasil en los asuntos internos de Estados Unidos. Mientras tanto, uno de los principales aliados de Putin, el dictador de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, en el poder desde hace 31 años, ofreció ayuda a Lula para las elecciones de octubre, para que se desarrollen “en un ambiente pacífico y tranquilo”. “Si es necesario, haremos todo lo posible para garantizar que las elecciones en Brasil se realicen en interés de la población brasileña”, dijo en los últimos días Lukashenko al embajador brasileño en Minsk, Bernard Klingl.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes durante 50 minutos por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le planteó condiciones para sumarse a la Junta de Paz, el organismo que el republicano lanzó la semana pasada en Davos con la pretensión de resolver conflictos globales. Según un comunicado de Brasilia, el mandatario brasileño propuso que la iniciativa se circunscriba únicamente a la situación en Gaza y contemple la participación directa de Palestina.

El líder brasileño aún no ha respondido formalmente a la invitación que Trump extendió a decenas de mandatarios para integrar la Junta, inaugurada el 22 de enero en el Foro Económico Mundial con la adhesión de una veintena de países, entre ellos Argentina, Hungría, Turquía, Arabia Saudita. Las grandes potencias europeas y la mayoría de aliados tradicionales de Washington se han mostrado reticentes al considerar que el organismo debilita a Naciones Unidas.

El viernes, Lula había criticado con dureza el proyecto y acusado a Trump de querer convertirse en dueño de una nueva ONU. Durante la llamada del lunes, el brasileño le reiteró la importancia de impulsar una reforma amplia de la organización multilateral que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, una reivindicación histórica de Brasil.

La conversación también abordó la situación en Venezuela. Lula subrayó la necesidad de preservar la paz y la estabilidad regional tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero, cuando fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas. El mandatario brasileño había calificado la operación como una “afrenta gravísima a la soberanía” venezolana y un precedente peligroso que evoca los peores episodios de injerencia en América Latina. Maduro permanece recluido en un centro de detención federal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Pese a las diferencias, ambos presidentes destacaron la buena relación construida en los últimos meses, que ha permitido el levantamiento de parte significativa de los aranceles impuestos por Washington a productos brasileños. En noviembre, Trump eliminó los gravámenes de hasta 40% que pesaban sobre café, carne, frutas tropicales y otros alimentos, en una decisión que Lula celebró como una victoria del diálogo y la diplomacia.

Los mandatarios acordaron que Lula visitará Washington en una fecha por definir, después de que el brasileño concluya su gira por India y Corea del Sur en febrero. Será el primer encuentro presencial de ambos líderes en la capital estadounidense durante el segundo mandato de Trump.

Lula mantiene una intensa agenda diplomática orientada a defender el sistema multilateral. En los últimos días ha conversado con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. El brasileño también propuso a Trump cooperación bilateral para combatir el crimen organizado mediante el intercambio de datos financieros y el congelamiento de activos de facciones criminales.

La Junta de Paz, concebida inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, ha evolucionado hacia un foro con ambiciones globales. Trump preside el organismo con amplias facultades, incluido el poder de veto y la designación de miembros.

Brasil corre el riesgo de perder una cita clave con el futuro: convertirse en un país de referencia tecnológica para la construcción de nuevos centros de datos. El país es rico en energías renovables y desde hace tiempo se ha postulado como un hub internacional del sector. Sin embargo, lo que hoy frena este impulso hacia el futuro es la burocracia.

Hasta ahora, ninguna empresa ha logrado acceder a los incentivos prometidos por el gobierno de Lula, que obligaban a las compañías a destinar el 2% de sus inversiones a investigación y al menos el 10% de los servicios al mercado interno. A cambio, el gobierno renunciaba a recaudar impuestos por 7.500 millones de reales (1.410 millones de dólares) en los próximos tres años. El estancamiento se debe a que la medida provisional creada sobre este tema el pasado septiembre, a través del plan Redata, vence en febrero sin que el Ejecutivo haya elaborado la reglamentación necesaria para su funcionamiento.

Inversiones millonarias en riesgo

A pesar de que la Asociación Brasileña de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Brasscom) prevé para este año inversiones en el sector de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en el gigante latinoamericano, existe el riesgo de que las empresas brasileñas queden fuera de esta carrera tecnológica.

Según la intención del gobierno, esta medida provisional debía incorporarse al proyecto de ley sobre inteligencia artificial, cuyo relator es el diputado Aguinaldo Ribeiro, del partido Progressistas (PP). Sin embargo, este proyecto de ley también parece haberse estancado. “El problema es que nos enfrentamos además a una incertidumbre jurídica y fiscal, y no sabemos qué escenario será aprobado en relación con estos dos temas, tanto Redata como el proyecto de ley de inteligencia artificial", declaró al diario O Globo el presidente de la Asociación Brasileña de Centros de datos (ABDC), Renan Lima.

Según datos de ABDC de 2025, existen 162 centros de datos en Brasil, concentrados principalmente en el sudeste. No obstante, debido a los retrasos burocráticos, el número podría aumentar poco en los próximos meses, penalizando sobre todo a las empresas brasileñas de tamaño medio. Los gigantes del sector, en cambio, siguen viendo a Brasil como un destino estratégico.

ByteDance apuesta fuerte por Ceará

Prueba de ello es la inversión de la empresa china ByteDance, controladora de TikTok, en un megadata center cerca del puerto de Pecém, en el estado de Ceará, en el noroeste del país. Será la mayor instalación de un solo cliente en Brasil y también la primera orientada a la exportación, ya que los datos procesados allí corresponderán a usuarios de otros países. Las obras comenzaron a inicios de este mes. El complejo, con una capacidad inicial de procesamiento de 200 MW, prevé la construcción de cinco centros de datos y una inversión superior a 580.000 millones de reales (cerca de 109.050 millones de dólares), según el Ministerio de Desarrollo e Industria. La primera fase debería estar lista para septiembre de 2027.

El problema de los retrasos en los beneficios fiscales no parece haber afectado a la empresa china, que decidió construir su instalación dentro del perímetro de la Zona de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) de Ceará, un área que concentra industrias exportadoras y que ya cuenta con beneficios fiscales y aduaneros. El proyecto incluye también la construcción de un parque eólico para el suministro energético y una red de transmisión de alta tensión.

Preocupaciones ambientales y sociales

La obra obtuvo una licencia preliminar de las autoridades ambientales de Ceará al ser considerada de bajo impacto, pero en noviembre de 2025 el Ministerio Público Federal solicitó una pericia para evaluar si era necesario un estudio de impacto ambiental más exhaustivo. La pericia ya fue concluida, aunque los resultados aún no han sido divulgados.

Persisten las preocupaciones de las comunidades locales, incluidas las indígenas, y de los ambientalistas, ya que, según el sitio G1, el proyecto recibió autorización con un “estudio ambiental simplificado, el mismo que se exige para obras de pequeña y mediana envergadura”. También existe inquietud por el consumo de agua de la instalación y, sobre todo, por su origen. Se teme un mayor deterioro de los niveles de la Lagoa do Cauípe, la principal reserva hídrica de la región, ya sometida a estrés debido a sequías que se han producido 16 veces en los últimos 21 años.

Ceará: el nuevo hub tecnológico de Brasil

Con 13 centros de datos, Ceará ocupa el tercer lugar a nivel nacional, después de San Pablo y Río de Janeiro. Sus instalaciones cuentan con infraestructuras de vanguardia y certificación TIER III, que indica un alto nivel de fiabilidad y continuidad operativa. El estado es además el segundo hub de las Américas en número de cables submarinos, con 16 que pasan por el océano cercano, lo que también despierta temores de sabotaje o espionaje, dado que estos cables transportan datos y conexiones de internet entre las Américas y el resto del mundo.

Ceará también pretende posicionarse como un hub para la minería de bitcoin gracias a la presencia de la Digital Belt, una red de fibra óptica que se extiende por más de 6.000 kilómetros en todo el estado. Actualmente, cinco de los doce pares de fibras ópticas están sin uso y tres de ellos podrían activarse específicamente para atender a centros de datos ubicados en zonas rurales. Tether es una de las primeras empresas en haber manifestado su intención de minar bitcoin en Brasil utilizando energías renovables.

En cuanto a la inteligencia artificial, el plan anunciado por Lula en 2024 para contar con uno de los cinco supercomputadores más potentes del mundo e invertir unos 23.000 millones de reales (4.324 millones de dólares) en cuatro años avanza con dificultad en un sector que necesita rapidez para ser competitivo. También falta una ley sobre inteligencia artificial y soberanía digital.

Regulación de las Big Tech: acciones puntuales sin visión integral

En relación con la regulación de las Big Tech, la actuación de las autoridades brasileñas sigue siendo puntual, pero carece de una visión más amplia. Por ejemplo, el martes la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, junto con la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Fiscalía General, pidieron a la empresa que controla X que impida el uso indebido de Grok para crear contenidos sexualizados ilegales. Exigieron, en un plazo de 30 días, procedimientos para identificarlos y eliminarlos, la suspensión inmediata de las cuentas implicadas y la adopción de mecanismos eficaces de denuncia y protección de datos personales.

El debate electoral y la censura preventiva

También el Tribunal Superior Electoral (TSE), especialmente en este año decisivo de cara a las elecciones presidenciales de octubre, ha abierto una consulta pública sobre las normas electorales. La propuesta busca imponer a las plataformas digitales la obligación de retirar de forma proactiva e inmediata, incluso sin orden judicial, contenidos considerados ataques al sistema de votación electrónica o actos antidemocráticos.

La iniciativa adopta el enfoque del Supremo Tribunal Federal sobre el “deber de cuidado” de las plataformas y supera el modelo del Marco Civil de Internet, que vinculaba la responsabilidad de las empresas a decisiones judiciales específicas. En caso de omisión, las Big Tech podrían ser consideradas responsables civil y administrativamente. No obstante, expertos advierten que la medida corre el riesgo de delegar a las plataformas un poder de control típicamente judicial, favoreciendo bloqueos preventivos y un exceso de censura automatizada (overblocking).

El gobierno de Lula no ha comentado directamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán. “Con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas las transacciones realizadas con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió Trump en la plataforma Truth Social. La decisión de Washington es una respuesta a la gravedad de lo que está ocurriendo en estos días en el país gobernado por el régimen de los ayatolás, que está reprimiendo sangrientamente las protestas de la población, con miles de personas asesinadas. En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el Itamaraty, afirmó que “el gobierno brasileño sigue con preocupación la evolución de las manifestaciones que se han desarrollado en diversas localidades de Irán desde el 28 de diciembre. Brasil expresa su pesar por las víctimas y presenta sus condolencias a las familias afectadas. Al subrayar que solo los iraníes tienen el derecho soberano de decidir el futuro de su país, Brasil exhorta a todos los actores a comprometerse con un diálogo pacífico, concreto y constructivo”. Una frase que, como subraya Jamil Chade en el sitio ICL Noticias, alude a Trump y a su amenaza de una intervención militar en Irán.

No hubo, en cambio, ningún comunicado oficial sobre los aranceles. Según CNN Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva habría dado instrucciones a su equipo para evitar reacciones apresuradas y priorizar los canales diplomáticos. Sin embargo, si Estados Unidos los aplica, estos aranceles podrían representar un problema serio para el país latinoamericano.

En 2025, las empresas brasileñas importaron bienes de Irán por un valor de 84,5 millones de dólares, principalmente urea, pistachos y pasas. El superávit comercial fue de 2.830 millones de dólares a favor de Brasil. La urea, el principal fertilizante nitrogenado utilizado en la agricultura, representó el 79% de las importaciones brasileñas desde Irán, uno de los mayores productores mundiales, que en 2025 vendió a Brasil 184.700 toneladas. Pero la cifra real es mucho mayor. Para evadir las sanciones de Washington, el régimen de los ayatolás triangula parte de su urea a través de Omán. Esto explica los grandes volúmenes de urea iraní que en 2025 Brasil importó como si fueran de Omán: 2 millones de toneladas, por un valor aproximado de 452,9 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones brasileñas a Irán, estas totalizaron 2.900 millones de dólares, con el maíz, la soja y el azúcar como principales productos. El año pasado, Irán gastó 1.980 millones de dólares en maíz brasileño, el 23,1% del total de las exportaciones brasileñas de este producto. El impacto más fuerte de los aranceles se sentiría, por lo tanto, principalmente en el sector agrícola, que representa el 99% de las exportaciones brasileñas a Teherán Irán no figura entre los 20 principales socios comerciales del país latinoamericano, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Sin embargo, durante este tercer mandato de Lula, las relaciones con el régimen de los ayatolás se han fortalecido.

La semana pasada, tras la extracción de Maduro de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, habló por teléfono con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, para condenar la operación de Estados Unidos como “una clara violación de la Carta de la ONU”, según el comunicado iraní. Ambos países, señala el texto, también acordaron “movilizar a otras naciones en desarrollo para reforzar la cooperación y la coordinación” a través de foros internacionales, con el argumento de combatir el unilateralismo y defender el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

No se dieron detalles sobre el tipo de cooperación. “Ambas naciones forman parte de los BRICS, que en estos días están realizando ejercicios navales conjuntos en Sudáfrica. Sin duda, la cooperación militar podría ser uno de los aspectos. En el contexto de los BRICS, también existe una agenda compartida para reducir el papel del dólar como moneda internacional, además de cooperación científica y un aumento de los intercambios comerciales”, declaró a Infobae Emanuele Ottolenghi, investigador principal del Centro de Investigación sobre la Financiación del Terrorismo (CENTEF).

Brasil participa hasta mañana, en calidad de observador, en una serie de ejercicios navales conjuntos de Irán, Rusia y China en aguas de Sudáfrica, denominados operación BRICS Plus. El objetivo declarado de las maniobras, iniciadas el pasado 10 de enero, es garantizar la seguridad marítima en las rutas globales. Sin embargo, se desarrollan en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos, incluidos decomisos de petroleros vinculados a Rusia y Venezuela. En Sudáfrica, críticas internas —especialmente del partido Democratic Alliance— acusan al gobierno de comprometer la neutralidad del país y de convertirlo en una “pieza” en los juegos de poder entre “Estados canallas”.

En este momento, Irán tiene más interés que nunca en mostrar al mundo su fuerza militar. También lo ha hecho en Brasil en varias ocasiones. En abril de 2025, el ministro de Defensa iraní participó con un gran pabellón propio en el evento Aeroespacio y Defensa en América Latina (LAAD 2025), celebrado en Río de Janeiro. En esa ocasión desplegó todo su arsenal militar. Entre los principales modelos expuestos figuraban los sistemas de defensa aérea Khordad 9, Arman y el dron Mohajer-10.

A finales de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, entre otros, a una estatal venezolana, la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), vinculada a la aerolínea Conviasa y especializada en el ensamblaje y mantenimiento de drones como los iraníes Mohajer-2 y Mohajer-6, sancionados por la participación de Irán en actividades militares. En la muestra de Río de Janeiro también se exhibieron proyectos de la Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), como el avión de transporte ligero HESA Simorgh y el de entrenamiento avanzado HESA Yasin. HESA fue sancionada por Estados Unidos en 2008 y en 2010 incluida por la Unión Europea en la lista de entidades vinculadas a actividades nucleares sensibles a la proliferación iraní. Se temió asimismo que drones iraníes con funciones de reconocimiento estuvieran a bordo de los dos buques de guerra de Irán más importantes, el IRIS Dena y el IRIS Makran, que el gobierno de Lula autorizó a atracar en Río de Janeiro en enero de 2023.

En el ámbito naval, el pasado diciembre el buque iraní MV Ganj, sancionado por Estados Unidos, transportó a Brasil urea producida en el complejo petroquímico de Asaluyeh, atracando en el puerto de Imbituba, en el estado sureño de Santa Catarina. Además del barco, la empresa productora de la urea, Pardis Petrochemical, figura en la lista de entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica. En octubre, otro buque iraní sancionado, el Deruba, con 60.000 toneladas de urea de Pardis, atracó en San Francisco do Sul, también en Santa Catarina. Con la disuasión de Estados Unidos en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, es probable que el régimen de los ayatolás aproveche Brasil también para nuevas rutas de su flota fantasma, un conjunto de buques involucrados en la venta secreta de petróleo iraní para evadir sanciones. Estas naves no aparecen claramente en los registros oficiales ni en los sistemas de seguimiento, operan con identidades ocultas o engañosas y buscan eludir el control de las autoridades marítimas.

Las protestas en Irán, reprimidas dramáticamente con violencia, podrían además intensificar las redes de propaganda ya presentes en Brasil, que casi siempre circulan junto con la desinformación rusa y china. “Mucho dependerá del desenlace final de las protestas. Los canales de propaganda iraníes se están esforzando al máximo para difundir la narrativa del régimen, según la cual la revuelta popular es un complot del Mossad y de la CIA, y los manifestantes son terroristas”, afirma Ottolenghi a Infobae.

Mientras tanto, el mismo día de la operación militar de Estados Unidos que extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela, en un hotel de San Pablo se celebraba el aniversario de la muerte de Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, considerados terroristas por Washington y asesinados juntos el 3 de enero de 2020 por un dron estadounidense en Bagdad, Irak.

El iraní Soleimani era comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargada de las operaciones exteriores de Irán y considerada organización terrorista por países como Estados Unidos. El iraquí Abu Mahdi al-Muhandis fue fundador y líder de la milicia Kataib Hezbollah, uno de los grupos armados más poderosos y proiraníes de Irak. En cuanto al grupo terrorista libanés Hezbollah, presente desde hace años no solo en Brasil, sino en toda América Latina, el riesgo es que la olla a presión de Medio Oriente lo empuje a expandirse aún más en la región, con la posibilidad de atentados contra objetivos estadounidenses e israelíes. “Como en el pasado, la red de Hezbollah sigue dedicándose tanto a la financiación como al terrorismo. Las dificultades económicas del grupo en Líbano indican que las redes de apoyo en el exterior son ahora más necesarias que nunca para compensar la falta de fondos. Por lo tanto, espero que continúen sus actividades ilícitas en América Latina”, concluye Ottolenghi.

“Si no quieren entrar, solo avísenme, porque tengo 25 personas que no están aquí y que están dispuestos a reemplazarlos”. Frente a casi una decena de cámaras, Donald Trump presionó el viernes a varios ejecutivos de compañías petroleras para que inviertan de manera inmediata en Venezuela. La mayoría de ellos no se comprometió de inmediato. Según relató una crónica del WSJ, cuando la reunión pasó a ser privada, uno de ellos alegó: “Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces. Imagínense volver a entrar una tercera vez. Requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a lo que es ahora”.

Aunque con las respectivas diferencias del caso, el que hace tiempo hizo ese razonamiento para el caso argentino fue el mismo gobierno de Milei. O al menos de manera retórica. “Las reformas van a salir sea de la manera que sea. Con artículos que muestren mayor profundidad o menos. Pero tenemos que dar el gesto de que acá pasan cosas y que es un cambio con pretensiones disruptivas”, afirma un miembro del entorno presidencial a Infobae.

En ese sentido, después del período vacacional de varios altos integrantes del oficialismo, la Casa Rosada está comenzando a calentar motores para movilizar las diversas reformas que se pondrán a debatir en el Congreso en el próximo llamado a sesiones extraordinarias, el cual irá del 2 de febrero hasta finales de mes.

En un escenario optimista, el Gobierno apunta a sancionar la reforma laboral antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1 de marzo. Aun así, admiten que son estimaciones hechas “en el aire”, porque todavía no se adoptó una estrategia política clara sobre cómo proceder respecto a las concesiones o no del proyecto.

En el Senado, particularmente en las filas que responden a Patricia Bullrich, hicieron trascender que la intención es mantener el texto como entró al Congreso. O cuanto menos, hacerle la menor cantidad de cambios posibles. “Lo que dice es cierto. Por ahora estamos así. Queda un tiempo para que arranquen las extraordinarias. Y decir desde ahora que estamos dispuestos a modificar el texto, nos deja medio regalados”, explican una fuente gubernamental.

A pesar de que mermó su agenda, Bullrich no dejó de estar activa. Días atrás mantuvo un encuentro con Milei, quien la recibió vestido con su mameluco de YPF en la Quinta de Olivos. El jueves también se la vio entrar y salir rápidamente de la Casa Rosada. Más específicamente al despacho del asesor presidencial Santiago Caputo. No se quedó mucho tiempo porque la tumultuosa agenda vinculada a Venezuela impidió realizar la audiencia que tenía prevista para afinar la estrategia respecto a la reforma del Código Penal. Es muy probable que ese encuentro frustrado se realice al comienzo el lunes o el martes.

Caputo forma parte del ala del Gobierno que mayor cantidad de terminales y diálogos tiene con los sindicatos. También dicen estar dispuestos al diálogo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que durante la semana pasada recibió al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Claudio Stivelman, un área que oficia de control de las obras sociales sindicales, entre otras entidades sanitarias. La reunión, sin embargo, no habría tenido que ver con asuntos ligados los gremios.

Pese a los enfrentamientos palaciegos que mantuvieron en 2025, caputistas y menemistas habían coincidido a finales de diciembre en la necesidad de parar la pelota y negociar con mayor margen todo el articulado de la reforma laboral. Tal y como publicó Infobae, el Gobierno se resistirá a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleados sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Sí están abiertos a liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes, a suavizar la reglamentación del derecho de huelga y, como mínimo, a debatir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Hay miembros del Gabinete que consideran seriamente no habilitar diálogos en ese sentido. “No debería haber demasiada charla porque nosotros no estamos haciendo una reforma anti-sindicatos: estamos haciendo una reforma pro-generación de empleo”, afirma uno de ellos, que agrega: “Lo que sea sindical y pueda hacerlos mierda a ellos, pero no necesariamente te generen trabajo, va a quedar para la reforma sindical y otras reformas más que van a venir durante el año”.

La estrategia política comenzó a delinearse de manera preliminar con la agenda de reuniones con gobernadores que comenzó a elaborar el ministro del Interior, Diego Santilli. Su primer viaje se dio días atrás al visitar a Ignacio Torres (Chubut) a los fines de escuchar sus reclamos y poder avanzar en las tratativas para conseguir los votos de las dos legisladoras que le responden, Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

El lunes visitará a Leandro Zdero (Chaco), el martes recibirá en Casa Rosada a Sergio Ziliotto (La Pampa), el miércoles volverá al sur a recorrer las zonas damnificadas por los incendios junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el jueves viajará a ver a Alfredo Cornejo (Mendoza).

La jornada inaugural de las negociaciones políticas será el viernes. Allí comenzará a trabajar una comisión técnica en el Senado que tendrá a la abogada laboralista Josefina Tajes como principal asesora del Gobierno. Además, ese mismo día se reunirá en Casa Rosada la Mesa Política. En principio, el que la presidirá será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Varios de los asistentes habituales de ese encuentro creían que los hermanos Milei no estarán porque para ese día tenían que irse a Jesús María, Córdoba, a presencial el Festival Nacional de Doma y Folklore.

En la mesa chica presidencial también planean definir cuánta prioridad le darán a otros de los proyectos que presuntamente serían incluidos en el segundo llamado a extraordinarias: aparecen como pendientes la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal (la cual prohíbe el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, así como penas para funcionarios que incumplan estas reglas), el nuevo Código Penal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. De todas ellas, la única que tiene chances concretas de salir en el cortísimo plazo es la última, ya que tiene la adhesión de diversos gobernadores y de bloques numerosos de ambas cámaras.

No hay que descartar que se inserte el inminente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en la agenda parlamentaria de febrero. Por el momento, altísimas autoridades del Congreso marcaron que todavía no se definió, pero que es algo plausible. El acuerdo pasará al Parlamento Europeo para su aprobación. Al mismo tiempo, los gobiernos de cada país del bloque latinoamericano debe comenzar el proceso de ratificación de acuerdo a sus procedimientos nacionales: en el caso argentino, aprobarlo por ambas cámaras del Congreso.

La firma del acuerdo se producirá el 17 de enero en Asunción. No participarán de la ceremonia los presidentes del Mercosur porque ya se acordó que la rúbrica será hecha por los cancilleres de cada uno de los Estados Miembro, Pablo Quirno (Argentina), Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Mauro Vieira (Brasil) y Mario Lubetkin (Uruguay). “(Javier) Milei, (Santiago) Peña, Lula (da Silva) y (Yamandú) Orsi podrán ir si quieren, pero en todo caso será de manera testimonial”, marcó una fuente diplomática del bloque.

En Casa Rosada no afirmaron ni negaron que Milei tenga entre sus planes viajar ese sábado a la capital paraguaya. El presidente Peña es con quien primero forjó una alianza en la región y es con quien mejor se lleva dentro del Mercosur. Ese bloque de países virados al ámbito de la centroderecha y derecha se amplió a cerca de diez: a los dos anteriores se le suman Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

En caso de que vaya y de que también lo decida Lula, sería un nuevo encuentro presencial entre dos jefes de Estado que tienen un vínculo cada vez más tirante. Ayer trascendió que Brasil se retiró de la representación de la Embajada Argentina en Venezuela después de un año y medio de acudir en ayuda a pedido de la Casa Rosada.

En el Gobierno admitieron que no se esperaban esa decisión de Brasil. “Es un tema sensible”, se limitó a decir una fuente gubernamental. En el transcurso del jueves, Quirno recibió una nota diplomática de parte del embajador en Argentina, Julio Bitelli, en la que comunicaba que su administración se iba a retirar de la gestión de la Embajada, la Residencia Oficial y de la custodia de los locales de la misión argentina. Esa nota también fue enviada al régimen que ahora preside Delcy Rodríguez.

Hace una semana Infobae había adelantado el malestar de la administración de Lula da Silva por la posición argentina sobre el operativo de Estados Unidos en Venezuela y, en particular, por posteos de parte de Milei en la que se lo veía al presidente brasileño abrazando a Nicolás Maduro y una foto de un mapa de Sudamérica en la que se veía al bloque de países que suscribe Milei como “desarrollados” y a Brasil, Colombia y Venezuela como sitios en emergencia.

También molestó que los embajadores argentinos Carlos Cherniak (OEA) y Francisco Tropepi (ONU) no mencionaran las gestiones que Brasil realizó en asistencia de Argentina por el año y medio que tomó las riendas de la Embajada.

“Hubo mucha energía de Brasil. Tuvimos cinco refugiados que habían sido alojados por Argentina, asistimos en trámites consulares y gestiones para ciudadanos argentinos. Tuvimos que solucionar los problemas de luz y servicios que había en la Embajada. Con todo lo que sucedió recientemente, hubo la sensación de que nunca se dio importancia a esas tareas”, explicó una fuente de Brasilia a Infobae.

Otro funcionario marcó: “Con el cambio en Venezuela y las diferencias de posiciones entre ambas administraciones, sentimos que el ciclo se había terminado”. En Brasil busca comunicar que esperan que este clima actual con Argentina sea algo transitorio dado que “la agenda común es demasiado grande”.

Hace tres años, Brasil vivió una de las páginas más negras de su historia reciente, desde que la democracia sustituyó al régimen militar. Ese día, comparado luego con el asalto al Capitolio de Washington por parte de los partidarios de Trump, estuvo marcado por las invasiones y saqueos de los principales edificios institucionales de Brasilia por parte de cientos de bolsonaristas que no aceptaban la victoria de Lula en las elecciones presidenciales de 2022. Según la sentencia del Tribunal Supremo Federal, ese fue el capítulo final de un plan más amplio de golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro y su círculo de fieles que fueron condenados por estos cargos, el primero de ellos el ex presidente a 27 años y 3 meses.

Tres años después, en un año electoral crucial con un país aún dividido y polarizado, Lula ha organizado para hoy una gran ceremonia que, según personas cercanas a él, probablemente se verá sellada por su veto al proyecto de ley de dosimetría para reducir las penas por estos hechos, un veto que debería firmar hoy. Como escribe el sitio web de análisis político Platōbr, Lula “pretende convertir el evento en un acontecimiento popular. La idea es hacer una fotografía con el pueblo en la Plaza de los Tres Poderes, que sin duda se utilizará en la campaña electoral de este año”. Sin embargo, la jornada puede deparar muchas sorpresas. En primer lugar, no participarán en el evento los presidentes de la Cámara y el Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, respectivamente. Además, las manifestaciones convocadas no solo en Brasilia, sino en todo Brasil, por el ala radical del Partido de los Trabajadores (PT) podrían convertirse en un bumerán para la comunicación del Gobierno, ya que se han convocado contra Donald Trump y su operación en Venezuela y para defender la soberanía brasileña. Además de las manifestaciones, según informa CNN Brasil, el ala más radical del PT habría comenzado a cuestionar la adhesión de Brasil al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). El tratado fue firmado en 1998, durante el gobierno del entonces presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, y sancionó la renuncia formal del país a la capacidad nuclear. Los recientes acontecimientos en Venezuela, según esta facción más radical, habrían puesto de manifiesto que el peso estratégico de Brasil frente a las principales potencias mundiales se ha reducido. El ala moderada recomienda cautela, pero reconoce la necesidad de modernizar la defensa nacional.

Por lo tanto, hoy parece cernirse sobre esas manifestaciones el fantasma de Nicolás Maduro. Lula, que ha reconocido de inmediato a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, ha condenado la operación de Washington, condena que también se ha reiterado en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el embajador brasileño Benoni Belli ha calificado la detención de Maduro como “un secuestro”. En cuanto a los próximos meses, por un lado, el entorno del presidente brasileño, según informó el sitio web de noticias G1, cree que Washington necesitará al Gobierno brasileño para estabilizar Venezuela; por otro lado, sin embargo, se teme que cuando Brasil entre en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la Administración Trump pueda interferir, apoyando a un candidato en lugar de a otro, como ya ha hecho recientemente en Honduras. Además, el palacio presidencial de Planalto considera posible que la oposición brasileña pueda utilizar el tema de las relaciones entre Lula y Maduro —la última llamada telefónica entre ambos fue revelada por la prensa brasileña el pasado 11 de diciembre— para atacar a Lula en la campaña electoral. Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados brasileña, Filipe Barros, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, ha anunciado que en febrero, cuando se reanuden los trabajos parlamentarios, propondrá la convocatoria del ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y del asesor especial para la política exterior de Lula, Celso Amorim, para que den explicaciones sobre la posición del Gobierno brasileño con respecto a Venezuela. Barros tiene la intención de presentar una moción de apoyo a la detención de Maduro y enviar cartas a la ONU y a la OEA para obtener apoyo internacional para mantenerlo preso.

Sobre Brasil pesa además la gran incógnita de la redistribución geopolítica de países como China, Rusia e Irán, que están empezando a tener dificultades en Venezuela, a partir de la suspensión en Caracas, desde hace ya cinco días, del envío de petróleo a China, su principal comprador. Según Jean Paul Prates, expresidente de la petrolera brasileña Petrobras, Brasil debería asumir un papel estratégico de “reserva” para Beijing en el suministro de petróleo. “Brasil tiene petróleo de alta calidad, una producción creciente y consolidada en el yacimiento presalino, donde las empresas chinas poseen directamente participaciones y tienen un porcentaje en estos bloques”, declaró Prates a CNN Brasil. El año pasado, una investigación de la agencia de noticias Reuters reveló que más de mil millones de dólares en petróleo venezolano fueron enviados desde Venezuela a China desde 2024 con documentación falsa que indicaba puertos de origen brasileños.

Irán también ha comenzado a intensificar sus presiones sobre Brasil. En una llamada telefónica el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, habló con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. “El ministro de Relaciones Exteriores brasileño elogió la posición de principio de la República Islámica de Irán al respecto, describiendo la acción de Estados Unidos de secuestrar al presidente de un país independiente como una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. Los dos cancilleres hablaron de una colaboración más estrecha entre los dos países, sin dar más detalles. Sin embargo, es posible que el petróleo forme parte de esta nueva agenda, teniendo en cuenta también que la Guardia Revolucionaria de Irán ha comenzado a infiltrarse en este sector en Brasil. Según una información exclusiva de Infobae, una persona de nacionalidad iraní vinculada a ellos forma parte incluso de la plantilla de una empresa brasileña de combustibles que opera en el puerto de Paranaguá, en el sur de Brasil. También Rusia, que hasta el año pasado era el principal proveedor de Venezuela de nafta utilizada para diluir el petróleo (siete millones de barriles entre marzo y octubre de 2025 vendidos al régimen de Caracas), podría desplazarse a Brasil para compensar las pérdidas, aún más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Hasta septiembre de 2024, Moscú exportaba una media de 160.000 toneladas de nafta por mes al gigante latinoamericano, además de venderle diésel. Brasil fue el segundo mayor comprador de diésel ruso en este último mandato de Lula, con un récord de 7 millones de toneladas solo en 2024, según datos del Centro finlandés de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA, en inglés).

Habrá que ver también cómo se mueven los brasileños que han invertido en pozos petrolíferos en Venezuela. Es el caso de los hermanos Joesley y Wesley Batista, que pasaron de estar involucrados en el escándalo de corrupción de Lava Jato a ser importantes interlocutores del Gobierno de Lula 3.0. Según informa el diario O Globo, su empresa J&F posee pozos petrolíferos en el país vecino, pero el Gobierno de Lula ha sellado durante cinco años todos los documentos diplomáticos relacionados con estas operaciones. Según informa la prensa brasileña, el pasado mes de noviembre Joesley Batista se reunió en Caracas con Nicolás Maduro y trató de convencerlo de que renunciara a la presidencia antes de que Donald Trump lo destituyera por la fuerza. Siempre, según O Globo, también el propietario del banco brasileño Master, liquidado por el Banco Central por fraude, Daniel Vorcaro, primero detenido y luego liberado con medidas cautelares, habría informado a sus interlocutores desde 2024 que había invertido en petróleo venezolano. “A través de un complejo modelo de negocio, el ex banquero se convirtió hace dos años en socio de pozos de exploración petrolera en Venezuela, donde ya se han invertido 150 millones de dólares”, escribe Lauro Jardim en O Globo.

Mientras tanto, la situación en la frontera con Venezuela sigue siendo de máxima alerta, también porque desde que Lula reabrió en 2023 la embajada brasileña en Caracas, cerrada durante el gobierno de Bolsonaro, no se ha enviado ningún representante de la Abin, la agencia de inteligencia brasileña. “La ausencia de un representante en territorio venezolano compromete la recopilación de información fiable y complica la tarea de elaborar escenarios en la crisis desencadenada tras la captura del dictador Nicolás Maduro”, escribe el sitio web de noticias O Bastidor. Como medida preventiva, los controles se han endurecido, pero, a pesar de los más de 2.100 km de frontera que comparten ambos países, se han concentrado principalmente en la brasileña Pacaraima, en el estado de Roraima. A pocos metros, al otro lado de la línea fronteriza, se encuentra la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén, donde la Guardia Nacional Bolivariana desplegó el martes hombres armados en respuesta al despliegue de vehículos blindados brasileños y militares. En esta especie de Checkpoint Charlie en versión tropical, la agencia tributaria brasileña también ha establecido nuevas normas. Los venezolanos que entran en Brasil no pueden llevar consigo más de 500 dólares, mientras que los venezolanos residentes no pueden entrar en el gigante latinoamericano a bordo de vehículos con documentación extranjera para evitar la importación ilegal de automóviles.

La extensa frontera que se extiende desde Pacaraima es, sin embargo, porosa y, según las autoridades locales, podría convertirse en la ruta ilegal de cualquiera que desde Venezuela intente huir por vías ilícitas, ya se trate de narcotraficantes o de hombres armados del régimen. Aunque se encuentra dentro de la Amazonía occidental, esta región se caracteriza por una vegetación baja. Aquí viven comunidades indígenas con identidad binacional, como los Kauwê, los Tarau Paru, los Sakao Mota y los Pemones. “Lamentablemente, es muy fácil contrabandear mercancías ilícitas a través de estas comunidades, que están menos controladas”, dijo al diario O Estado de São Paulo la capitán Rosimeri, comandante de la 1.ª Compañía Independiente de Policía Militar de Frontera en Pacaraima.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tuvo que regresar antes de tiempo de sus vacaciones navideñas para gestionar junto con el ejecutivo de Lula la crisis venezolana. Ayer participó por videoconferencia en la reunión convocada a petición de Brasil por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que intervino el ministro de Asuntos Exteriores del régimen venezolano, Yván Gil, quien afirmó que “la agresión contra Venezuela es un ataque contra toda América Latina” y pidió a la organización que “exija la retirada de todas las fuerzas militares estadounidenses del Caribe”. Hoy, Brasil, representado ante las Naciones Unidas por el embajador Sérgio Danese, condenará la operación de Estados Unidos durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no sea un país miembro. La convocatoria de la reunión fue solicitada por Colombia. El sábado, el presidente Lula coordinó una reunión de emergencia de forma remota en la que participaron, entre otros, el ministro de Defensa, José Mucio, el jefe del Estado Mayor, el de la Secretaría de Comunicaciones Sociales de la Presidencia de la República y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la embajadora brasileña en Caracas, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Institucionales y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras la operación que condujo a la detención de Maduro, Brasil cerró, aunque solo durante unas horas, la frontera con Venezuela, que se extiende a lo largo de unos 2000 km. Según el ministro Múcio, no se registraron movimientos anómalos. “La situación sigue bajo control, a pesar de la circulación de información contradictoria”, afirmó el ministro. Múcio también informó de que había recibido una llamada telefónica del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, a primera hora de la mañana, preocupado por la escalada de los acontecimientos. La frontera con Venezuela es uno de los lugares más críticos para Brasil, hasta tal punto que en los últimos meses, tras las amenazas de Maduro de invadir Guyana para apoderarse del Esequibo, el ejército brasileño ha destinado de forma permanente a tres generales a la región. También ha añadido un escuadrón de vehículos blindados, pasando así de 20 a 50, de los cuales 28 son de combate, así como misiles antitanque y misiles antiaéreos. Según el ministro Múcio, hay unos 200 militares en la franja fronteriza, 2.300 en el estado de Roraima y unos 10.000 en la región amazónica. El sitio web de noticias Jovem Pam informó que el sábado, en una operación considerada rutinaria en estos casos, las Fuerzas Armadas brasileñas llevaron a cabo una consulta interna para verificar la disponibilidad de medios militares en caso de operaciones en la frontera.

El ataque que condujo al arresto de Nicolás Maduro en Caracas también fue objeto de un minucioso análisis por parte de expertos en Brasil, teniendo en cuenta que, en este tercer mandato, el Gobierno de Lula se está abriendo a un mercado de suministros militares multipolar, de países como China y Rusia. En los recientes acontecimientos venezolanos, ni los sistemas antiaéreos rusos ni los misiles antibuque chinos funcionaron. El sitio web especializado Defesanet especula que “Rusia podría haber desactivado los sistemas de forma remota”. Esto demuestra que no son socios fiables y que Brasil ha tomado la decisión correcta al cancelar la adquisición del sistema de defensa antiaérea Pantsir. De ahí la alerta geopolítica de los expertos de Defesanet. “Necesitamos vehículos blindados modernos y aviones de combate capaces de lanzar misiles BVR, diseñados para alcanzar objetivos aéreos más allá del alcance visual del piloto, y necesitamos urgentemente adquirir drones de ataque. Todo esto debe hacerse de inmediato con socios fiables que no impongan un embargo a Brasil ni desactiven los sistemas de forma remota cuando sea necesario”.

Mientras tanto, a diferencia de países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, el Gobierno brasileño no ha emitido hasta ahora ninguna orden de restricción para impedir la posible entrada de personas vinculadas al régimen venezolano que huyen del país. Además, a través de la porosa frontera del estado de Roraima también podrían llegar líderes del cártel criminal venezolano El Tren de Aragua, como ya ha ocurrido en el pasado. En los documentos del tribunal de Nueva York sobre la acusación de Maduro y su entorno se habla ampliamente del líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, y de sus relaciones con el régimen en cuestiones de narcotráfico. El pasado mes de septiembre, el jefe de la Unidad de Represión del Crimen Organizado del estado de Roraima, Wesley Costa de Oliveira, dio la voz de alarma en una entrevista a la revista VEJA. “Es posible que Guerrero se encuentre en Brasil, ya que todos los ingresos a través de la frontera venezolana se basan en autodeclaraciones. Por lo tanto, el venezolano entra y ni siquiera necesita presentar documentos. Ni siquiera tiene que dar su nombre en la frontera. Puede cruzarla sin pasar por los controles de inmigración, ya que, al tener una frontera terrestre con Venezuela, si camina mil metros a lo largo de la frontera, podrá entrar en el territorio nacional sin ningún tipo de inspección”, afirmó de Oliveira. Uno de los brazos derechos de Guerrero, Yohan José Romero (alias Johan Petrica), fue interceptado en Brasil en 2018, donde se presentó con su nombre real para registrar el nacimiento de su hijo en Boa Vista, donde posee varias propiedades.

La decisión tomada en estas horas por el Ejecutivo brasileño de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela podría contribuir a facilitar este flujo crítico. En una nota oficial, Lula condenó la operación de Estados Unidos. “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave ofensa a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, afirmó. A pesar de que tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024 hubo tensiones entre los dos Gobiernos, Lula nunca ocultó su estima por Maduro, aunque Venezuela tiene una deuda con Brasil de unos 10.300 millones de reales (1.899 millones de dólares) por préstamos concedidos para construir infraestructuras. “El prejuicio contra Venezuela es muy fuerte”, había dicho el presidente brasileño en 2023, en lo que fue la primera visita de Maduro a Brasil desde 2015 y que Lula calificó de “momento histórico”.

La detención de Maduro se produce en un año decisivo para Brasil, que en octubre deberá elegir a su nuevo presidente, y ya se está convirtiendo en un tema divisivo para la política brasileña. Si bien los políticos cercanos al ejecutivo han condenado los últimos acontecimientos en Venezuela, los aliados del expresidente Jair Bolsonaro han expresado su apoyo a Trump. “Una de las diferencias de la derecha es la franqueza: Trump ha sido claro”, dijo el líder del Partido Liberal (PL) en la Cámara, el diputado Sóstenes Cavalcante. Para la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, “la euforia de los bolsonaristas por la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos no tiene nada que ver con la defensa de la democracia. Por el contrario, refleja el deseo de una intervención extranjera en Brasil, contra nuestra democracia”, escribió en X.

El hijo primogénito de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, precandidato a la presidencia de la República, comparó a Lula con Maduro y expresó su esperanza de que el venezolano denuncie ahora al presidente brasileño. Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo, dijo que “una dictadura no cae de la noche a la mañana. Corroe las instituciones desde dentro, poco a poco, y quien paga el precio más alto es siempre la población. Que el arresto del dictador Maduro sea el primer paso en el camino hacia la libertad de Venezuela”. Para el experto Antônio Lavareda, especialista en comportamiento electoral y marketing político, la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela tendrá mucha influencia en las elecciones brasileñas. “Desde la noticia de los aranceles, Donald Trump ha irrumpido en el radar de la escena política brasileña de 2026. Se ha acercado a Lula y, ahora, el episodio de Venezuela tiende a prolongar esta influencia. Estamos ante una serie de la que hemos visto el primer capítulo este sábado”, declaró Lavareda al sitio web de noticias Platōbr.

La madrugada de este sábado marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Tras un operativo militar de gran escala ejecutado por Estados Unidos, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la región no tardó en dividirse.

Mientras en las calles de Caracas se escuchaba el estruendo de los bombardeos, en los gobiernos de izquierda en América Latina se activaba un dispositivo de protección diplomática hacia el líder chavista, ahora bajo custodia estadounidense.

El anuncio del presidente Donald Trump, quien confirmó el éxito del ataque y el traslado de Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo en suelo estadounidense, generó una ola de reacciones.

Los países que apoyan la libertad de Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Panamá se pronunciaron a favor de la libertad de Venezuela.

El mandatario argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en expresarse. Celebró el operativo de Estados Unidos y la captura de Maduro; y advirtió que el país acompañará la posición de la administración de Donald Trump en la reunión del Consejo de Seguridad convocada de urgencia por Naciones Unidas.

“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, aseguró Milei en declaraciones a LN+.

Para Milei, la captura de Maduro “significa la caída del régimen de un dictador”, y consideró que “venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder”.

Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, manifestó en X: “La detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región. Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado".

Y siguió: “Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional".

Por último, señaló: “Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional“.

Otro de los gobiernos que expresó su apoyo a la libertad de Venezuela fue el de Paraguay. El Ministerio de Exteriores publicó un comunicado en el que indicó que “la salida del líder de dicha organización terrorista (Maduro por el cartel de los Soles) debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de derecho, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana”.

Luego, el presidente, Santiago Peña, sostuvo en sus redes sociales: “El Gobierno del Paraguay ha tenido siempre una posición de compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela, y por ello ha venido alertando hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo, rapaz y dictatorial de Nicolás Maduro, que tanto daño ha causado a ese noble pueblo. Su caída solo puede ser una buena noticia“.

Y siguió: “En estas horas decisivas, instamos a priorizar por sobre todo las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos. Además, como un país que ha tenido una exitosa transición de un régimen autoritario a una democracia plena y vigorosa, el Paraguay ofrece a la comunidad internacional su cooperación y experiencia para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos. Estamos con el pueblo venezolano, que merece vivir días mejores en democracia, libertad y paz”.

El gobierno de Bolivia también publicó un comunicado firmado por su Cancillería, en el que expresó “su firme respaldo al pueblo venezolano en el camino iniciado de recuperación de la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos, y reafirma su compromiso con la paz y la asistencia humanitaria".

En tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó en X: “A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador".

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, también se pronunció a favor del operativo norteamericano. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde sutilmente publicó una bandera de Venezuela y un video acompañado de la foto de Maduro esposado en el Iwo Jima. En otro posteo se dirigió al senador Chris Van Hollen, de Maryand, quien custionó el operativo en Caracas: “Entonces, tú sólo quieras defender delincuentes”, le espetó.

Por último, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también utilizó su cuenta en la red social X para expresarse. “Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, destacó.

Los gobiernos que respaldan a la dictadura de Maduro

Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de la operación. Según Lula, la captura de Maduro representa una “afronta gravísima a la soberanía” y un “precedente extremadamente peligroso”. En un tono que priorizó la estabilidad regional sobre las acusaciones penales que pesan contra el dictador venezolano, el líder brasileño afirmó que atacar países en violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de “caos e inestabilidad donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”.

“Esta acción recuerda los peores momentos de la injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”, agregó Lula, instando a la comunidad internacional a “responder enérgicamente a este episodio” a través ed la ONU.

En México, la administración de Claudia Sheinbaum mantuvo la línea de la “no intervención” para condenar la acción militar. A través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano rechazó “enérgicamente” el operativo, calificándolo como una acción unilateral que viola la Carta de las Naciones Unidas.

México, que ha sido un aliado clave para el sostenimiento del chavismo en foros internacionales, urgió a la ONU a actuar de inmediato para facilitar un diálogo, omitiendo cualquier mención a la recompensa de 50 millones de dólares que pesaba sobre Maduro.

También en X, el canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción urgente de la comunidad internacional.

“Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de EEUU contra Venezuela”, dijo el canciller cubano; al tiempo que acotó: “Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país”.

De su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo gobierno mantiene una relación de interdependencia con Venezuela debido a la crisis migratoria y el conflicto armado en la frontera, fue de los primeros en reaccionar tras una madrugada de explosiones en Venezuela y antes de confirmarse que se trataba de un ataque perpetrado por Estados Unidos que implicó la captura de Maduro y su esposa.

Petro dijo que su Gobierno observaba con “profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Y agregó que Colombia “adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

Si bien evitó una defensa ideológica directa en los primeros minutos, su llamado a la “desescalada” y la movilización de tropas a la frontera fue interpretado como un intento de contener las repercusiones de la caída del régimen. Petro exhortó a las partes a “privilegiar el diálogo”, una fórmula que el chavismo ha utilizado repetidamente para ganar tiempo en momentos de asedio.

Por último, el gobierno de Uruguay publicó un comunicado en el que dijo que “está siguiendo con atención y seria preocupación los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana".

“Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas", enfatizó.

Y concluyó: “Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región. La Cancillería uruguaya está en permanente contacto con nuestro Consulado en Caracas, pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas en Venezuela, así como de nuestro personal consular y administrativo, que se encuentran en buen estado de salud".

“Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación”, concluyó.

Luego del texto del Ministerio de Exteriores, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en X: “Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el martes que mantiene una relación de amistad con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y restó impacto a los aranceles que Washington impuso y luego redujo sobre productos brasileños, al presentar un balance político y económico de fin de año desde el Palacio de Planalto, en Brasilia.

“Incluso la imposición de aranceles que Estados Unidos aplicó a Brasil terminó siendo irrelevante. Cuando muchos pensaban que Trump y yo íbamos a entrar en guerra, acabamos haciéndonos amigos”, expresó Lula durante un acto oficial en la sede del Gobierno brasileño.

El mandatario incluyó la recomposición del vínculo bilateral con Estados Unidos dentro del conjunto de noticias positivas que, según su evaluación, marcaron el cierre del año. Lula sostuvo que la relación con Washington atravesó un momento crítico, pero destacó el cambio de escenario tras una serie de contactos directos con el presidente estadounidense.

En el mismo acto, el jefe de Estado brasileño también se refirió a la situación económica interna y destacó la evolución de los precios. Señaló que la inflación interanual se ubicó en el 4,46%, un nivel inferior al techo de la meta establecida para este año. Lula vinculó ese desempeño con la necesidad de sostener el esfuerzo político y social.

“Tenemos que creer siempre y no desistir jamás. Hay que luchar todo el santo día y nunca desistir”, afirmó el presidente ante los asistentes, en un evento que incluyó la firma de un decreto para reconocer la música gospel como manifestación cultural nacional.

La relación entre Brasil y Estados Unidos atravesó una crisis sin precedentes a mediados de este año, cuando el presidente Trump anunció la aplicación de tarifas aduaneras del 50% sobre las importaciones brasileñas. La medida respondió, según lo expuesto entonces por la Casa Blanca, al proceso judicial que derivó en la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario republicano, a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

A esas tarifas se sumó una serie de acciones por parte de la Administración Trump. Entre ellas figuraron la apertura de investigaciones por presuntos abusos comerciales atribuidos a Brasil, sanciones contra el juez que supervisó el proceso judicial contra Bolsonaro y la revocación de visados de altos funcionarios brasileños. Ese conjunto de decisiones tensó el vínculo diplomático entre ambos países.

El escenario comenzó a modificarse tras un encuentro breve entre Trump y Lula en los pasillos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre en Nueva York. A partir de ese contacto inicial, se reactivaron los canales diplomáticos y el diálogo directo entre los dos gobiernos.

Desde ese momento, los mandatarios retomaron las conversaciones al más alto nivel. Según lo relatado por Lula, ambos líderes mantuvieron varias llamadas telefónicas y concretaron una reunión presencial el 26 de octubre en Kuala Lumpur. Ese acercamiento marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

Como resultado de las negociaciones, que continuaron en curso, Estados Unidos decidió rebajar o eliminar los aranceles que pesaban sobre parte de los productos brasileños. Además, Washington retiró las sanciones impuestas al magistrado que instruyó el caso judicial contra Bolsonaro, uno de los puntos más sensibles del conflicto diplomático.

En ese marco, Brasil y Estados Unidos también acordaron avanzar en la organización de visitas oficiales. Lula y Trump definieron la realización de encuentros en Brasilia y Washington, aunque sin establecer una fecha concreta para esos desplazamientos.

(Con información de EFE)

Machado explicó que no es posible comparar la situación de su país con la de otras naciones en las que, según sus declaraciones, los funcionarios del gobierno no están involucrados en actividades criminales.

La líder opositora subrayó que en Venezuela la problemática es diferente y más complicada: “Este no es el caso de Venezuela”, dijo Machado, dejando claro que en su país existe una situación muy particular debido a la implicación de miembros del régimen en asuntos criminales.

Su rechazo se basó en la percepción de que las propuestas de Lula no se ajustan a la realidad venezolana.

“Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición”, mencionó, haciendo una clara referencia a las diferencias fundamentales entre las situaciones de otros países y la de Venezuela.

Refiriéndose al contexto de Venezuela, Machado afirmó: “Ambos han sido grupos democráticos no involucrados en temas criminales y este no es el caso”. Con esta declaración, destacó la falta de similitud con otros ejemplos de coalición en el mundo, insistiendo en que los desafíos que enfrenta su nación son significativamente distintos y, en su opinión, más profundos.

En su intervención, Machado también tocó el tema de las garantías y salvaguardas para quienes están actualmente en el poder.

“Estamos dispuestos a dar garantías y salvaguardas, nosotros no vamos a iniciar un proceso de venganza, todo lo contrario”, afirmó, sugiriendo la necesidad de un enfoque diferente para resolver la crisis venezolana. Su mensaje fue claro: no se busca la revancha, sino un cambio que permita una transición pacífica sin animosidades.

Con respecto a la propuesta de la repetición de la elección presidencial, luego de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no haya mostrado aún las actas que esclarezca los resultados. Machado dijo que la oposición ya fue a una elección y la ganó.

“Si vamos a una segunda (elección) y no le gusta el resultado a Maduro, ¿qué hacemos, vamos a una tercera, y después a una cuarta o una quinta?. Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía pese a las críticas de muchos y ganamos”, enfatizó.

En cuanto a los resultados electorales, Machado catalogó la situación como una “victoria monumental” al señalar que Nicolás Maduro fue proclamado sin un conteo transparente de votos, algo que, nunca se había visto. Ella también mencionó que hay cientos de dirigentes opositores escondidos en todo el país y criticó el uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte del régimen para evadir la obligación de mostrar las actas.

Machado dijo que el régimen perdió su legitimidad, incluso dentro de las Fuerzas Armadas.

Resaltó que ella y Edmundo González Urrutia, forman un equipo indisoluble y que no podrán ser separados por el oficialismo, subrayando la cohesión y unidad de su movimiento.

Machado dijo que la migración de venezolanos hacia Brasil ha aumentado exponencialmente desde el 28 de julio, registrando un incremento de siete veces, algo que la líder opositora considera muy alarmante. Argumentó que al iniciar un proceso de negociación para la transición, estos flujos migratorios se detendrán y muchos venezolanos regresarían a su país. Machado subrayó la importancia de hacerle entender a Maduro que el coste de su permanencia en el poder seguirá en aumento.

La líder opositora agradeció profundamente al gobierno de Argentina por su protección a seis de sus colaboradores más cercanos, quienes hoy estarían presos si no fuera por la intervención argentina. Afirmó que Maduro nunca ha estado tan aislado como ahora.

Con respecto al futuro, Machado mostró su compromiso de solo concebir su vida en libertad y en Venezuela. También subrayó que aunque la negociación todavía no ha comenzado, están dispuestos a hacerlo, pero el régimen se ha negado. Situó la fecha de la culminación de este proceso para el 10 de enero, momento en que afirmó que Venezuela tendrá un nuevo presidente y comandante de las Fuerzas Armadas.

Machado desestimó cualquier relevancia del TSJ en el proceso y declaró estar convencida de que el oficialismo no es un bloque monolítico ni jerárquico, reiterando que no habrá persecución ni venganza.

Explicó que muchas de las evidencias logradas en esta lucha fueron posibles gracias a la colaboración del Plan República, lo que permite mantener la confianza en la transición, aunque la negociación formal aún no haya comenzado.

A propósito de la manifestación convocada para el próximo sábado 17 de agosto, la líder opositora dijo que se realizará en más de 300 ciudades de mundo y que es una actividad pacífica y constitucional en la que espera que no sólo se sumen los venezolanos dentro y fuera del país, sino todos los ciudadanos de los diversos países del mundo que creen en la democracia y la libertad.

Más temprano, Lula da Silva, reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del pasado 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que “hasta ahora” no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

El gobernante brasileño afirmó que Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”.

No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones, algo que Machado considera que hay que tomar con cuidado, ya que no se trata de dos coaliciones democráticas, haciendo referencia a que dentro del régimen hay funcionarios que han cometidos crímenes, por lo que reiteró su propuesta de garantías y salvaguardas para concretar la transición pacífica y democrática.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, siguió Lula.

El líder brasileño aseguró que su relación con Maduro, que en el pasado era muy buena, se ha “deteriorado”, como consecuencia de que “la situación política está deteriorada en Venezuela”.

Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes para dispersarlos después de que algunos arrojaran objetos de gran tamaño contra ventanas y puertas de cristal de edificios en el barrio europeo. Las imágenes mostraron a policías golpeando a manifestantes en portales y persiguiendo a grupos de agricultores por las calles.

La policía de Bruselas informó que había autorizado una protesta con hasta 50 tractores, pero al inicio de la tarde del jueves alrededor de 1.000 vehículos agrícolas, en su mayoría con matrículas belgas, habían llegado a la capital. Las autoridades estimaron el número de manifestantes en 7.000 personas, significativamente menos que los 10.000 esperados por el grupo de presión agrícola Copa-Cogeca.

Los enfrentamientos se intensificaron a lo largo del día. Por la mañana, los manifestantes habían lanzado bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden, que respondieron con cañones de agua a presión. Más tarde, algunos grupos rompieron ventanas y puertas de cristal, lo que provocó cargas policiales más agresivas.

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, declaró a la AFP el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, afirmó, acusando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intentar “imponer el acuerdo”.

Las protestas se produjeron mientras los líderes de la UE debatían en una cumbre en Bruselas si el bloque debería firmar el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto, que lleva 25 años en negociación, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

Los críticos del acuerdo comercial temen que productos básicos baratos puedan inundar el mercado en detrimento de los productores europeos. Los agricultores afirman que facilitaría la entrada en Europa de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja producidos por sus homólogos sudamericanos, menos regulados.

Los planes de Von der Leyen de viajar a Brasil este fin de semana para firmar el acuerdo se vieron comprometidos el miércoles después de que Italia se uniera a Francia para solicitar un aplazamiento. No obstante, al llegar a la cumbre del jueves, Von der Leyen dijo que aún esperaba llegar a un acuerdo.

“Es de enorme importancia que obtengamos luz verde para el Mercosur y que podamos completar las firmas”, declaró la presidenta de la Comisión, quien mantuvo lo que calificó de reunión “buena y productiva” con una delegación de agricultores europeos.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia no apoyaría el acuerdo sin garantías más sólidas para sus agricultores. “Consideramos que aún no hemos llegado a ese punto y que el acuerdo no puede firmarse” tal y como está, declaró a los periodistas. Prometió que Francia se opondría a cualquier “intento de imponerlo”.

Con la oposición de Francia, Italia, Hungría y Polonia, los detractores del acuerdo tendrían suficiente influencia dentro del Consejo Europeo para rechazarlo si se sometiera a votación.

Alemania, potencia clave, así como España y los países nórdicos, apoyan firmemente el pacto, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y a una administración favorable a los aranceles en Washington.

“Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz.

Los agricultores de toda Europa afirman que el sector lleva años en crisis y acusan a la UE de socavar sus medios de vida mediante acuerdos comerciales y posibles recortes en el presupuesto de la Política Agrícola Común.

“Nuestro mensaje es muy sencillo: llevamos protestando desde 2024 en Francia, Bélgica y otros lugares”, declaró Florian Poncelet, del sindicato agrícola belga FJA. “Nos gustaría que por fin se nos escuchara”.

(Con información de AFP y Reuters)

Los manifestantes lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden mientras los líderes europeos se reunían en la capital belga para debatir sobre política comercial y agrícola. A media mañana, la policía respondió con cañones de agua a presión contra los manifestantes más cercanos, mientras cientos de agricultores hacían sonar las bocinas de sus tractores en señal de protesta.

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, declaró a la AFP el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, afirmó, acusando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intentar “imponer el acuerdo”.

El grupo de presión agrícola Copa-Cogeca estimó que unos 10.000 manifestantes se concentraron en el barrio europeo de la capital. Más de 150 tractores bloquearon las calles del centro de Bruselas por la mañana, y se esperaba la llegada de muchos más a lo largo del día.

El acuerdo con el Mercosur ocupó un lugar destacado en la cumbre de la UE, que se centraba originalmente en la financiación de la guerra de Ucrania. El pacto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y ayudaría a la UE a exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina en un momento de tensiones comerciales globales.

Sin embargo, los agricultores, especialmente en Francia, temen que el acuerdo les suponga una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes del gigante agrícola Brasil y sus vecinos. Afirman que facilitaría la entrada en Europa de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja producidos por sus homólogos sudamericanos, menos regulados.

Los planes de Von der Leyen de viajar a Brasil este fin de semana para firmar el acuerdo se vieron comprometidos el miércoles después de que Italia se uniera a Francia para solicitar un aplazamiento. No obstante, al llegar a la cumbre del jueves, Von der Leyen dijo que aún esperaba llegar a un acuerdo.

“Es de enorme importancia que obtengamos luz verde para el Mercosur y que podamos completar las firmas”, declaró la presidenta de la Comisión, quien mantuvo lo que calificó de reunión “buena y productiva” con una delegación de agricultores europeos para escuchar sus preocupaciones.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia no apoyaría el acuerdo sin garantías más sólidas para sus agricultores. “Consideramos que aún no hemos llegado a ese punto y que el acuerdo no puede firmarse” tal y como está, declaró Macron a los periodistas. Prometió que Francia se opondría a cualquier “intento de imponerlo”.

París y Roma han pedido cláusulas de salvaguardia más sólidas, controles de importación más estrictos y normas más rigurosas para los productores del Mercosur.

Con la oposición de Francia, Italia, Hungría y Polonia, los detractores del acuerdo tendrían ahora suficiente influencia dentro del Consejo Europeo para rechazarlo si se sometiera a votación. El revés provocó el miércoles una severa reprimenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo a sus socios de la UE que era ahora o nunca el momento de cerrar el acuerdo.

Alemania, potencia clave, así como España y los países nórdicos, apoyan firmemente el pacto con el Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y a una administración favorable a los aranceles en la Casa Blanca.

“Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz a los periodistas en Bruselas.

Los agricultores de toda Europa afirman que el sector lleva años en crisis y acusan a la UE de socavar sus medios de vida mediante acuerdos comerciales como el Mercosur y los posibles recortes en el presupuesto de la Política Agrícola Común.

“Nuestro mensaje es muy sencillo: llevamos protestando desde 2024 en Francia, Bélgica y otros lugares”, declaró Florian Poncelet, del sindicato agrícola belga FJA. “Nos gustaría que por fin se nos escuchara”.

(Con información de AFP y Reuters)

La nueva estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos, publicada por la Casa Blanca, representa un cambio en la geopolítica estadounidense, ya que, al resucitar la antigua doctrina Monroe en una versión 2.0, devuelve por primera vez en décadas al hemisferio occidental al centro de las estrategias de Washington, superando la prioridad histórica dada a Europa y Oriente Medio. El documento, que ha irritado a varios aliados europeos, indica que Washington concentrará sus recursos políticos, militares y diplomáticos principalmente en América, buscando “socios regionales capaces de garantizar la estabilidad, contener la migración y cooperar en la lucha contra los cárteles, el narcoterrorismo y la delincuencia organizada transnacional”. Brasil, por su tamaño y economía, tendrá un papel central, de ahí la relación pragmática que, más allá de la polémica sobre los aranceles, están llevando adelante ambos países.

La lucha contra el crimen organizado es uno de los puntos centrales del documento de la Casa Blanca, que pretende “centrarse en el reclutamiento de líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de estos socios”. El objetivo es frenar “la inmigración ilegal y desestabilizadora y neutralizar a los cárteles”.

El martes mismo, el propio presidente Lula declaró que le había dicho a Trump durante una conversación telefónica que el líder más destacado del crimen organizado brasileño se encuentra en Miami, Florida, sin especificar a quién se refería. “Llamé al presidente Trump y le dije que si quería hacer frente al crimen organizado, nosotros estábamos disponibles. Y ese mismo día le envié una propuesta sobre lo que queríamos hacer. También le dije que uno de los grandes jefes del crimen organizado brasileño, que es el mayor deudor de este país y también importador de combustibles, vive en Miami. Así que, si quiere ayudarnos, ayudémosle deteniéndolo inmediatamente”, dijo Lula.

Hasta ahora, Brasil se ha negado a designar como quería Washington a sus principales organizaciones criminales, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como grupos terroristas para evitar posibles intervenciones de Estados Unidos en nombre de la lucha contra el narcotráfico. En el documento de la administración estadounidense queda clara la voluntad de intervenir en la región. En el apartado dedicado a “soberanía y respeto”, el texto afirma que “Estados Unidos protegerá, sin disculparse, su soberanía”. También se abre una brecha para reacciones a temas como la fiscalidad y la regulación de las grandes tecnológicas, objeto de grandes contrastes entre Brasilia y Washington, después de que el juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, bloqueara el año pasado X durante un mes e impusiera multas muy elevadas a la red de Elon Musk.

Otro pilar de la estrategia de la administración Trump es asegurar que el hemisferio occidental permanezca “libre de incursiones hostiles” y que garantice a Estados Unidos el acceso a puntos estratégicos y cadenas de suministro críticas.

Para Brasil, las consecuencias son directas. Washington supervisará más de cerca las inversiones chinas en tecnología, energía, infraestructuras y 5G, los acuerdos políticos a nivel federal y estatal con Beijing, el acceso a minerales estratégicos y tierras raras, sector en el que Brasil posee el 23% de las reservas mundiales. Según los expertos, la disputa global entre Estados Unidos y China se intensificará precisamente en territorio brasileño, convirtiendo al país en un punto crítico de la competencia por las cadenas de producción del futuro. No han faltado críticas como la del exjuez del STF, Celso de Mello, que en un artículo publicado en O Estado de São Paulo calificó la reedición de la “Doctrina Monroe” como una “preocupante arrogancia imperial”. “Se trata, al mismo tiempo, de un gesto anacrónico, de una vocación hegemónica inadmisible y de una grave regresión histórica, ya que retoma fórmulas obsoletas que el derecho internacional y la conciencia democrática de las naciones han rechazado desde hace tiempo”, escribió de Mello.

Avance de China

A pesar de los planes de Trump, el avance de China y Rusia continúa en Brasil. Si bien Beijing invirtió entre 2007 y 2023 73.000 millones de dólares en 265 megaproyectos, hace unos meses cambió su estrategia. Desde la adquisición de colosos imponentes, China ha pasado a invertir en alianzas menores pero más extendidas y en sectores más diversificados. Según un estudio de Araújo Fontes, una empresa brasileña de inversiones especializada en fusiones y adquisiciones, las empresas chinas han invertido en la última década principalmente en el sector de la energía eléctrica, alrededor del 45%, en la extracción de petróleo, un 30%, y en minería, agricultura y producción industrial.

Basta pensar en la compra en 2017 por parte de la empresa estatal State Grid de CPFL Energia por 14.200 millones de reales (2.595 millones de dólares) o en la adquisición del 90% de la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP) por parte de China Merchants Ports Holding por 2.900 millones de reales (530 millones de dólares).

Luego se observó un fenómeno diferente, de pulverización y diversificación de las inversiones. El valor medio por proyecto, de más de 500 millones de dólares entre 2010 y 2014, descendió a 112 millones después de 2020. “Las adquisiciones se han generalizado y el número de proyectos que denominamos ‘greenfield’, es decir, los que parten de cero, ha aumentado vertiginosamente”, declaró a O Estado de São Paulo Marcio Santiago, de Araújo Fontes. Una inversión greenfield es una inversión extranjera en la que una empresa construye desde cero una nueva estructura productiva u operativa en otro país.

El poder blando de China también se manifiesta en su papel cada vez más relevante en la transición energética, respaldada inclusive durante la COP30, a pesar de que China sigue siendo uno de los países más contaminantes del mundo. Según O Estado de São Paulo, es casi seguro que las empresas chinas participarán en la subasta de baterías de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) prevista para abril de 2026. Se trata de la primera subasta de baterías a gran escala en Brasil, que deberán integrar el almacenamiento de energía procedente de fuentes intermitentes, es decir, solar y eólica, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para garantizar una mayor estabilidad del sistema eléctrico.

Se profundiza la relación con Rusia

El frente ruso también sigue caliente en Brasil. El pasado 3 de diciembre, el asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, recibió durante una ceremonia solemne en la embajada rusa en Brasilia la Orden de la Amistad, una condecoración del Gobierno ruso. En la videoconferencia también participó el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, quien, según el sitio web Defesanet, le agradeció el fortalecimiento de la asociación estratégica entre los dos países, la ampliación de las oportunidades de cooperación bilateral en diversos ámbitos y la mejora de su interacción en la escena internacional. Ese mismo día, Brasil debía votar en las Naciones Unidas la resolución sobre la devolución por parte de Rusia de los niños ucranianos secuestrados por Moscú, acción por la que Putin ha sido acusado de crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional. Brasil se abstuvo.

En cuanto a Sergey Vladimirovich Cherkasov, podría regresar pronto a Moscú a bordo de un avión puesto a disposición por el Kremlin. El ciudadano ruso, que tenía una identidad brasileña falsa con el nombre de Victor Muller Ferreira, está acusado por Estados Unidos de ser un espía a sueldo del Kremlin y se encuentra en prisión en Brasil desde abril de 2022. Washington solicitó su extradición en 2023. Actualmente cumple una condena de cinco años por falsificación de documentos en una prisión federal de Brasilia. Según las investigaciones de la Policía Federal recientemente concluidas, no hay pruebas de sus actividades de espionaje en el país latinoamericano, a pesar de que las autoridades holandesas lo habían expulsado a Brasil tras descubrir que se había infiltrado en el Tribunal de La Haya como becario. Su extradición a Rusia depende ahora exclusivamente de Lula, ya que las extradiciones en Brasil requieren la decisión del jefe del Ejecutivo.

La incógnita Venezuela

Por último, sigue siendo una incógnita considerable Venezuela. Si el régimen de Nicolás Maduro cae de forma violenta, Brasil podría enfrentarse a un nuevo flujo migratorio, pero también a una mayor expansión del narcotráfico venezolano en territorio brasileño. Luego está la cuestión política. Celso Amorim declaró al diario británico The Guardian que una posible acción militar estadounidense en Venezuela podría convertir a América Latina en un escenario similar al de la guerra de Vietnam.

Las relaciones entre los gobiernos del PT y el chavismo son profundas y antiguas y han compartido destinos comunes, incluso de corrupción. Basta pensar en la refinería de Ipojuca en Recife, la capital del estado de Pernambuco, creada durante el primer gobierno de Lula en colaboración con el gobierno venezolano. Fue objeto de Lava Jato. Además, los testimonios de algunos de los detenidos de esa investigación anticorrupción revelaron que los fondos sustraídos del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil también se utilizaron para financiar las campañas chavistas. Mientras tanto, la deuda que Venezuela tiene con Brasil desde 2018 por la construcción de infraestructuras financiadas con préstamos brasileños superó los 10.000 millones de reales (1.827 millones de dólares). Precisamente uno de los empresarios implicados en el escándalo de Lava Jato, Joesley Batista, copropietario del gigante cárnico JBS con operaciones en Estados Unidos, viajó a Venezuela el pasado 23 de noviembre para reunirse con Maduro e insistir en su dimisión. La visita, de la que Estados Unidos tenía conocimiento, tuvo lugar dos días después de la conversación telefónica entre Maduro y Trump.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este miércoles que la ejecución de la pena de 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro por el intento de revertir las elecciones de 2022 constituye “una lección de democracia para el mundo”. El ex mandatario de ultraderecha comenzó a cumplir la condena el martes, después de que el Supremo Tribunal Federal dejara firme la sentencia dictada en septiembre.

Lula afirmó en un acto oficial que la decisión judicial representa “un paso importante” para fortalecer las instituciones brasileñas. Según explicó, el juicio del Supremo transcurrió “sin ningún alarde” y con independencia frente a las presiones externas. El presidente aludió así a las sanciones comerciales y políticas que Estados Unidos impuso a Brasil durante el proceso, después de que Donald Trump calificara la investigación de “caza de brujas”.

Bolsonaro fue declarado culpable por conspirar para impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. Las autoridades brasileñas le atribuyen un plan para desestabilizar la transición y favorecer un movimiento insurreccional. La sentencia incluyó la participación de antiguos colaboradores cercanos, entre ellos generales y ex ministros que integraron su Gobierno entre 2018 y 2022.

Lula subrayó que el proceso judicial se inició por denuncias internas y no por acusaciones de la oposición. Según dijo, fueron “miembros de la banda que intentó dar un golpe” quienes aportaron información clave para la investigación. Destacó además el carácter inédito del fallo: “por primera vez en 500 años de historia de Brasil”, un ex presidente y varios altos mandos militares cumplen condena por un intento de golpe.

El ex mandatario fue trasladado el sábado a dependencias de la Policía Federal, después de que las autoridades anularan su régimen de detención domiciliaria por incumplir medidas cautelares relacionadas con el uso de una tobillera electrónica. El Supremo determinó que Bolsonaro intentó manipular el dispositivo que controlaba sus movimientos, lo que aceleró su envío a un centro de custodia.

La causa por el intento de golpe forma parte de un conjunto más amplio de investigaciones abiertas contra Bolsonaro desde que dejó el poder en enero de 2023. Entre ellas figuran supuestos fraudes durante la pandemia, el uso político de la Policía Federal y la apropiación indebida de joyas extranjeras recibidas como obsequios oficiales. Todas estas investigaciones avanzan por separado y mantienen al expresidente en una situación jurídica delicada.

Los hechos que derivaron en la condena se remontan a las movilizaciones que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula. Miles de seguidores se concentraron ante cuarteles y edificios públicos para exigir una intervención militar. La crisis culminó el 8 de enero de 2023, cuando grupos radicalizados irrumpieron en las sedes del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio del Planalto en Brasilia, en un episodio que evocó el asalto al Capitolio en Estados Unidos.

La firmeza del fallo del Supremo tiene una dimensión geopolítica. Durante el proceso, la Administración Trump impuso restricciones comerciales y políticas a Brasil, justificadas en su denuncia de que Bolsonaro estaba siendo perseguido. Washington mantiene posiciones divididas sobre el caso desde el retorno de Trump al poder, mientras que la Unión Europea ha insistido en la necesidad de preservar la independencia judicial brasileña.

La condena modifica el tablero político de cara a las próximas elecciones municipales y nacionales. Con Bolsonaro inhabilitado y encarcelado, el liderazgo de la derecha queda abierto a disputas internas. Figuras como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y la senadora Tereza Cristina comienzan a perfilarse como alternativas, aunque sin el peso electoral del expresidente.

Lula afirmó que no celebra las condenas de sus adversarios, sino la madurez institucional del país. Aseguró que la decisión del Supremo muestra que la democracia brasileña “vale para todos” y que las Fuerzas Armadas deben permanecer subordinadas al poder civil. El presidente evitó señalar nuevos pasos en la agenda judicial, pero dio por hecho que el caso marcará la relación entre política y Justicia en los próximos años.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), publicó una declaración en la víspera de la COP30, en la que estableció tres objetivos claros para la cumbre climática que se desarrolla en Belém, Brasil.

“En la víspera de la COP30, una cosa está clara: el Acuerdo de París está generando progreso real, pero debemos acelerar en el Amazonas”, escribió Stiell en su cuenta de LinkedIn, señalando que los daños climáticos devastadores ya están ocurriendo, desde el huracán Melissa golpeando el Caribe, supertifones arrasando Vietnam y Filipinas, hasta un tornado que azotó el sur de Brasil.

Según el funcionario de la ONU, la conferencia debe lograr tres cosas fundamentales. Primero, debe enviar una señal clara de que las naciones están completamente comprometidas con la cooperación climática, lo que significa acordar resultados sólidos en todos los temas clave. Segundo, debe acelerar la implementación en todos los sectores de todas las economías. Y tercero, debe conectar la acción climática con la vida real de las personas para ayudar a difundir sus beneficios: crecimiento más fuerte, más empleos, menos contaminación y mejor salud, y energía más asequible y segura.

“Esta es mi cuarta COP desde que asumí el cargo. En cada una, y en muchas antes, los países han superado sus diferencias y han cumplido”, declaró Stiell. “Entonces, pongámonos a trabajar”.

Stiell, un político granadino, se desempeña como secretario ejecutivo de la CMNUCC desde agosto de 2022. Anteriormente fue ministro de Medio Ambiente y Resiliencia Climática de Granada hasta junio de 2022.

“Cambiar por elección”

La COP30 se abrió este lunes en Belém, en la Amazonía brasileña, en un intento de salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva resistió todas las objeciones para que la ciudad acogiera a unas 50.000 personas durante el evento, pese a la falta de hoteles y la disparada de precios.

“Sería más fácil organizar la COP en un país rico”, declaró Lula. Pero “queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan”.

La Amazonía, cuyos árboles desempeñan un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre los embates de la deforestación, la minería ilegal, la contaminación de ríos y la violencia contra sus poblaciones indígenas.

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, enfatizó que los negociadores participen en un “mutirão”, palabra brasileña derivada de una expresión indígena que se refiere a un grupo que se une para trabajar en una tarea compartida. “Podemos decidir cambiar por elección, juntos, o se nos impondrá el cambio por tragedia”, escribió do Lago a los negociadores el domingo.

La mayor incertidumbre reside en cómo el mundo responderá a las últimas proyecciones desastrosas para el clima y, como siempre, al dinero. Una de las cuestiones centrales es cómo reunir las sumas necesarias para ayudar a los países golpeados por ciclones o sequías. El huracán que asoló Jamaica el mes pasado, el más violento en casi un siglo, es una clara prueba de las necesidades.

Lula también propuso una “hoja de ruta” para salir progresivamente de las energías fósiles. Esta promesa fue adoptada en la COP28 de Dubái, pero actualmente choca con un apoyo renovado a la industria petrolera. “¿Lograremos un consenso sobre energías fósiles? Es uno de los misterios de la COP30”, admitió do Lago el domingo.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, reconoce ahora que es “inevitable” que se supere próximamente el umbral de 1,5°C de calentamiento en comparación con el período preindustrial, establecido en el Acuerdo de París de 2015, y pide hacer lo necesario para que eso dure el menor tiempo posible.

La cumbre climática de 2025 o COP 30, conocida como la “COP del Bosque”, reunirá a más de 50 mil delegados en la puerta de entrada al mayor bioma tropical del planeta. La región busca reparar su liderazgo en un momento marcado por tensiones geopolíticas, desigualdad climática y la urgencia de cumplir objetivos globales que aún parecen lejanos.

La ciudad de Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña, ocupa el lugar central de la conversación climática global durante la COP30. Con 1,4 millones de habitantes y una historia profundamente vinculada al territorio amazónico, la ciudad se prepara para recibir a alrededor de 50.000 participantes provenientes de 197 gobiernos, organismos internacionales, empresas, organizaciones sociales, universidades y delegaciones indígenas.

El gobierno de Brasil decidió nombrarla capital simbólica durante los días que dure la conferencia, lo que señala una decisión política de situar la selva como eje de la agenda internacional.

¿Qué es la COP 30 y qué significa?

La COP30 corresponde a la trigésima edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se desarrollará del 10 al 21 de noviembre de 2025 y marcará un punto de inflexión para América Latina. Después de tres cumbres celebradas en países estrechamente asociados a la producción y comercialización de petróleo, como Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiján, la ciudad de Belém introduce un giro temático y simbólico: colocar la selva en el centro de la discusión sobre transición ecológica, finanzas climáticas y justicia ambiental.

La elección de esta sede también reabre una conversación pendiente en la región. América Latina intentó organizar la COP25 en 2019, pero la renuncia de Brasil a recibir la cumbre y posteriormente el estallido social en Chile terminaron trasladando el encuentro a Madrid. Aquella situación reflejó la dificultad de articular una voz común y estable en materia climática.

Sin embargo, la región concentra realidades que la colocan en un lugar crítico: emite alrededor del 11% de los gases de efecto invernadero, pero sufre la mayor proporción de eventos climáticos extremos registrados en los últimos años. El desbalance entre responsabilidad y vulnerabilidad resume el desafío político de fondo: mayor capacidad de decisión para quienes soportan impactos más severos.

¿Por qué es relevante la COP30?

• Después de casi un decenio de vigencia del Acuerdo de París (2015), la COP30 se perfila como una especie de “evaluación de mitad de camino” para ver si las naciones están cumpliendo o pueden elevar sus ambiciones.
• Los dilemas actuales (financiación climática, adaptación, transición energética, deforestación, justicia social) continúan sin resolverse y la COP30 representa una ventana para avanzar.
• Que se realice en Brasil, en la Amazonía, añade un componente geográfico y político muy fuerte: se espera que los debates sobre bosques tropicales, derechos de los pueblos indígenas y la relación entre clima y naturaleza tengan protagonismo.

¿Por qué arrancó con líderes mundiales y qué implica?

Aunque la conferencia formal de la COP30 inicia el lunes 10 de noviembre, hoy ya comenzaron actividades vinculadas: un llamado de Brasil para reunir a líderes mundiales, mesas redondas sobre economía de la transición, combustibles sostenibles, planes nacionales de clima, etc. La razón de arrancar antes es múltiple:

• Permite que los jefes de Estado y de Gobierno establezcan una “Hoja de ruta” de alto nivel antes de que empiecen las negociaciones técnicas.
• Facilita que temas estratégicos (por ejemplo el de bosques, transición energética, financiación) se planteen con visibilidad internacional elevada.
• Refuerza el papel de anfitrión de Brasil, que quiere marcar la agenda y mostrar liderazgo en clima.

En otras palabras: hoy se abre el “summit de líderes” o cumbre paralela al evento principal, donde la diplomacia de alto nivel se moviliza antes de las sesiones formales.

¿Qué se espera a partir del lunes 10 de noviembre?

Con el comienzo de las negociaciones formales el lunes 10, se espera lo siguiente:

• Que más de 100 países concurran con sus delegaciones oficiales para negociar en Belém.
• Que se presenten o actualicen los compromisos nacionales de clima (“NDCs” – Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) para reducir emisiones o adaptarse al cambio climático.
• Que se desbloqueen discusiones sobre financiación climática: cuánto dinero público y privado se movilizará para que los países vulnerables puedan adaptarse, reducir emisiones y proteger sus ecosistemas.
• Que Brasil proponga y lidere iniciativas específicas, por ejemplo sobre los bosques tropicales (detener deforestación, restaurar tierras degradadas), el desarrollo de combustibles más sostenibles o mecanismos de mercado de carbono.
• Que la transición energética —pasar del uso de combustibles fósiles a renovables o bioenergía— tenga un lugar central. De acuerdo con la IRENA, los biocombustibles sostenibles serán uno de los ejes clave.
• Que la COP30 abra espacios de participación para la sociedad civil, pueblos indígenas, jóvenes, privado y público, no solo las negociaciones entre gobiernos. Ésta inclusión es parte de la estrategia del anfitrión.
• Que se busque avanzar un “plan de transición justa” (just transition), es decir, una transición que incluya empleo, derechos humanos, comunidades vulnerables, para que el cambio climático no agrave desigualdades.

La Amazonía como eje político, jurídico y económico

La COP30 abre la puerta a un debate que podría marcar una nueva etapa en el derecho ambiental internacional: el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos.

Esta perspectiva, inspirada en precedentes legales como el reconocimiento del río Atrato en Colombia, propone que la protección del bosque deje de depender del voluntarismo de gobiernos y acuerdos bilaterales y pase a ser una obligación respaldada por normas claras, mecanismos de control y sanciones en caso de incumplimiento.

La Amazonía cumple una función ecológica insustituible. Sus bosques absorben aproximadamente el 15% del dióxido de carbono emitido en el planeta y regulan patrones climáticos de alcance continental. Sin embargo, su continuidad se encuentra comprometida por procesos de deforestación, incendios, expansión agropecuaria, minería ilegal y la presión permanente sobre los territorios habitados por pueblos originarios.

Estos pueblos, históricamente invisibilizados o excluidos de las negociaciones estatales, son reconocidos como protectores esenciales del bosque. Por eso, garantizar su participación plena y la consulta previa, libre e informada, estipulada en el Convenio 169 de la OIT, aparece como un principio ético y jurídico ineludible.

Entre las propuestas que se debatirán se encuentra el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), un mecanismo financiero que busca garantizar ingresos estables para países forestales incluso cuando la deforestación llegue a cero.

Este fondo, con un objetivo estimado de 125.000 millones de dólares, representa un cambio conceptual: el bosque no se financiaría por su destrucción, sino por su conservación sostenida, verificable y transparente. La idea intenta superar el modelo de incentivos inestables que caracterizó décadas de cooperación internacional.

Al mismo tiempo, la COP30 coincide con un período clave del Acuerdo de París. Cada cinco años, los países presentan sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que expresan los compromisos de reducción de emisiones y adaptación climática.

Con los planes actuales, el mundo se dirige a un calentamiento global de entre 2,1°C y 2,6°C. Esta nueva ronda —denominada NDC 3.0— es considerada por muchos científicos como la última oportunidad para sostener la meta de 1,5°C.

América Latina deberá priorizar la justicia climática en una región donde la desigualdad social se traslada al acceso al agua, la energía, la salud y la resiliencia territorial frente a tormentas, inundaciones y sequías extremas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió el martes “centrarse en los cabecillas del crimen organizado” tras criticar la operación policial en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos, entre ellos cuatro agentes.

“El Gobierno brasileño trabaja para desarticular la columna vertebral del narcotráfico y el crimen organizado. Esto se logra mediante una mayor labor de Inteligencia, la integración entre las fuerzas de seguridad y un enfoque en los cabecillas del crimen: quienes financian y dirigen las facciones”, afirmó Lula en un mensaje en la red social X.

El mandatario defendió las acciones de su gobierno en materia de seguridad y precisó que, desde 2023, las autoridades confiscaron 19.800 millones de reales a organizaciones criminales, “la mayor pérdida jamás infligida a la delincuencia”, con el objetivo de “debilitar el liderazgo y las redes financieras del crimen organizado”.

Según Lula, los operativos de la Policía Federal aumentaron un 80 por ciento desde 2022, al pasar de 1.875 a 3.393 en 2024. En lo que va de 2025 ya se realizaron 2.922 operaciones. El presidente agregó que en 2024 se decomisaron 850 toneladas de droga, lo que calificó como un “récord histórico”.

Para respaldar estos avances, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley Antipandillas, que endurece las penas y “asfixia financieramente a las bandas criminales”, además de la enmienda de Seguridad Pública, destinada a modernizar e integrar las fuerzas policiales y garantizar recursos permanentes para estados y municipios.

“Estas medidas completan el ciclo de seguridad. Una investigación más eficaz, la integración institucional y un marco jurídico sólido, una combinación que consolida la lucha contra el crimen en Brasil”, concluyó el presidente.

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río

La Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo al Gobierno de Río de Janeiro la “preservación y documentación” de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.

En una decisión dictada este domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma “rigurosa e integral” para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.

El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.

El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121.

El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.

Según las autoridades del estado, la gran mayoría de los muertos tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio y casi la mitad tenía órdenes de captura en su contra.

De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río de Janeiro y de otros estados, los 2.500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20.

Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados de Brasil, que la gobernación regional señaló como líderes de grupos armados de otras regiones vinculados al Comando Vermelho y que estaban refugiados en Río de Janeiro.

(Con información de EP y AFP)

El temor, que aumenta con el paso de las horas, es el de una posible represalia del Comando Vermelho. Uno de los principales líderes del grupo y primer objetivo de la operación del martes en el complejo de favelas do Alemao y da Penha, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, sigue prófugo. Nadie sabe dónde se esconde ni quién lo protege. Se teme que sea el primero en presionar para que se produzca una venganza, reavivando una mecha que Brasil ya conoció en 2006 en San Pablo.

En aquel momento, fue el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), el que obligó a la capital financiera del país a un confinamiento forzoso durante una semana tras sembrar la muerte y el caos, atacando comisarías y matando a decenas de policías. El balance fue dramático, con más de 500 muertos. El motivo en 2006 fue la decisión de la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de San Pablo de trasladar a 756 reclusos del PCC a la prisión de máxima seguridad de Presidente Venceslau, en el estado de San Pablo.

También en Río de Janeiro, en las últimas horas, las autoridades han decidido trasladar a los reclusos que forman la cúpula del Comando Vermelho, la llamada “Comisión”, en total una decena de personas, a una prisión estatal de máxima seguridad en Río de Janeiro, Bangu 1, a la espera de trasladarlos posteriormente a una de las prisiones federales del país consideradas más seguras.

Entre los reclusos que figuran en la lista se encuentran Marco Antonio Pereira Firmino, o My Thor, considerado uno de los principales líderes, y Rian Maurício Tavares Mota, también conocido como Da Marinha, famoso por ser un experto operador de drones. El objetivo es impedir la comunicación con los grandes jefes del Comando Vermelho, que ya se encuentran en prisiones federales, como Fernandinho Beira-Mar y Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como Marcinho VP, y sobre todo con el exterior.

Fuentes de la investigación han declarado a Infobae que la reacción del Comando Vermelho a la operación policial de ayer, con drones bomba y armas de alto calibre, fue ordenada desde el interior de la prisión de Bangu III. El Comando Vermelho, al igual que el Primer Comando de la Capital (PCC), es una organización criminal que nace en las cárceles sobre las que, al igual que el PCC, ejerce un control interno. Ahora se teme que desde las cárceles pueda comenzar una serie de revueltas para desestabilizar el país.

Una cuenta de Instagram, gestionada por personas cercanas a Marcinho VP, criticó la operación. “Hoy Río se ha convertido en escenario de luto e indignación. La favela pide paz”, se lee en la publicación, que incluye una foto con los muertos en la operación.

En otra publicación compartida, el comentario es más duro. “Lo que ha ocurrido en Complexo do Alemão y Penha tiene un nombre: ¡masacre!”.

La posibilidad de una venganza del Comando Vermelho en Río en las próximas horas y días es alta, también porque el gobierno de Río, a pesar de la polémica, sigue defendiendo la operación. El gobernador, Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, declaró que “la operación ha sido un éxito”, y añadió que “las víctimas solo han sido los policías”, que han sido cuatro.

El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, también ha anunciado que investigará por fraude procesal a quienes retiraron los cadáveres de las personas fallecidas en la zona boscosa alrededor de las favelas afectadas por la operación. Más de 70 cadáveres han sido trasladados en las últimas horas y expuestos públicamente en una plaza del Complexo da Penha.

“Vale la pena recordar, para desmentir ciertas narrativas, que parece haberse producido una especie de milagro con estos cadáveres. Estas personas se encontraban en el bosque, equipadas con trajes de camuflaje, chalecos antibalas y armas. Ahora, muchos de ellos aparecen solo en calzoncillos o pantalones cortos, sin ningún equipo, como si hubieran atravesado un portal y se hubieran cambiado de ropa”, dijo Curi.

Mucho dependerá también de cómo actúen los demás grupos criminales y de cómo pretendan sacar partido de lo ocurrido. El territorio de Río es desde hace tiempo objeto de disputa con las milicias, grupos paramilitares formados por antiguos agentes de policía convertidos en narcotraficantes que tienen todo el interés en ocupar ahora el espacio dejado por sus enemigos.

La decisión del PCC también podría influir en la evolución de los acontecimientos. A principios de año, el PCC firmó una tregua con el Comando Vermelho, que posteriormente se disolvió, pero aun así podría beneficiarse de la inestabilidad actual. Si las autoridades federales concentran sus esfuerzos en Río, esto podría aliviar la presión sobre San Pablo.

El impacto político de la operación tampoco debe descuidarse, sobre todo a largo plazo. De hecho, el enfrentamiento con el Gobierno federal no cesa. Castro ha vuelto a criticar su falta de apoyo diciendo que ahora espera “integración y financiación”. “No responderemos a ningún ministro o autoridad que quiera convertir este momento en una batalla política. El mensaje es: o se unen a la lucha contra la delincuencia o desaparecen”, afirmó.

Apenas unas horas después de la conclusión de la operación, Castro había polemizado diciendo que el Gobierno de Lula le había negado en tres ocasiones los blindados militares de la Marina brasileña. Según el sitio web de noticias Poder 360, entre los motivos del rechazo se encontraba el temor a que pudieran ser robados por los narcotraficantes.

Además, desde el punto de vista burocrático, para obtener esa autorización, el presidente Lula habría tenido que firmar la denominada Garantía de la Ley y el Orden (GLO), una especie de decreto de emergencia para la seguridad en el que se utilizan las Fuerzas Armadas, que ya ha firmado en su último mandato. Pero esto habría supuesto, según Poder 360, volver a recurrir a los ya elevados gastos del Gobierno. Sin embargo, según ha informado el gobernador de Pará, Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Lula ha decidido en estas dramáticas horas que declarará la GLO durante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30.

Tras la operación, se celebró una reunión de emergencia en la sede del palacio presidencial de Alvorada, a la que, además de los ministros, asistió el director de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues. Según Rodrigues, la institución que dirige ha sido contactada por la Policía Militar de Río de Janeiro “a nivel operativo” en relación con una “gran operación” que se llevaría a cabo en la ciudad.

Sin embargo, la valoración de los altos mandos regionales de la Policía Federal fue que la operación “no era razonable” y no se ajustaba a su modus operandi. “Esto crea una situación políticamente embarazosa para el Gobierno federal. El Gobierno federal no sabe cómo reaccionar. ¿Veinticuatro horas después de la operación policial más letal con repercusión internacional, la medida es enviar a dos personas a hablar con el gobernador?”, declaró el comentarista de la cadena de televisión Globo Octavio Guedes, refiriéndose a la delegación enviada por el Gobierno federal a Río.

Además del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, figuran la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, y la de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, además del director general de la PF, Rodrigues. Ayer por la noche, Lewandowski anunció junto con Castro la creación de una oficina de emergencia para la lucha contra el crimen organizado, aunque no se han dado detalles sobre su funcionamiento.

Lula, que debería haber comentado lo sucedido durante la toma de posesión de Guilherme Boulos como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, no se pronunció. “La valoración que prevaleció fue que su discurso podría inflamar la disputa política. También se temía que el presidente cometiera otro error, como el que cometió durante su viaje a Malasia, cuando definió a los traficantes de drogas como víctimas de los consumidores de drogas, lo que habría sido explotado por la derecha”, escribe Vera Magalhaes en el diario O Globo.

El presidente brasileño se limitó a publicar un mensaje en X a última hora de la noche. “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y difundiendo drogas y violencia en las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que golpee la columna vertebral del narcotráfico sin poner en peligro a agentes de policía inocentes, niños y familias”, escribió.

El caso de Río de Janeiro puede convertirse ahora en un tema candente, ya que la seguridad es una de las cuestiones más importantes para los votantes brasileños y será fundamental en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo año.

No es casualidad que el Congreso haya decidido entrar en el debate anunciando la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la operación de Río de Janeiro. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, ha anunciado que los trabajos comenzarán el próximo martes, 4 de noviembre.

“La comisión investigará la estructura, la expansión y el funcionamiento de la delincuencia organizada, centrándose en las actividades de las milicias y las facciones. Es hora de hacer frente a estos grupos delictivos con la unión de todas las instituciones estatales brasileñas, garantizando la protección de la población frente a la violencia que amenaza al país”, afirmó Alcolumbre.

Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, también ponente del proceso contra Bolsonaro por acusación de golpe de Estado, ha convocado, a petición del Consejo Nacional de Derechos Humanos, al gobernador Castro para el próximo 3 de noviembre para que explique todos los puntos de la operación.

Lo que ahora se ha convertido en el caso Río de Janeiro corre el riesgo de complicar la vida de Lula también a nivel internacional. Es cierto que tiene a la ONU de su lado. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado la operación en estas horas y ha pedido “investigaciones rápidas y eficaces”. En un comunicado firmado por el Alto Comisionado Volker Türk se cita el historial de alta letalidad de las operaciones policiales en el país latinoamericano y se pide a Brasil que “rompa el ciclo de brutalidad extrema”.

Pero la incógnita sigue siendo Estados Unidos. Tras el desbloqueo del diálogo entre Lula y Trump el pasado domingo en Kuala Lumpur (Malasia), sobre todo con vistas a la eliminación de los aranceles contra Brasil, la operación de Río de Janeiro pone el foco en un tema que en los últimos meses ha creado fricciones entre los dos Gobiernos.

Desde hace tiempo, Washington pide a Brasilia que designe tanto al PCC como al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, pero el Gobierno de Lula siempre se ha negado. El pasado mes de mayo, el ministro Lewandowski justificó la decisión diciendo que “los grupos terroristas son aquellos que causan disturbios sociales y políticos y que tienen una inclinación ideológica, algo que no pertenece a las organizaciones criminales”, afirmó.

Por su parte, Estados Unidos justifica esta medida como un instrumento para imponer sanciones mucho más severas. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro ya había sancionado al PCC junto con otras organizaciones criminales como los Guerreros Unidos de México. Ahora, precisamente el caos de Río de Janeiro podría aumentar las tensiones.

En su perfil X, Martin De Luca, el abogado estadounidense cercano a Donald Trump que representa a Trump Media y a la plataforma Rumble, ya escribió que “lo que está sucediendo en Río era inevitable. El Gobierno federal se ha quedado paralizado o no ha estado dispuesto a enfrentarse al PCC y al Comando Vermelho”, para luego añadir que “el Gobierno de Lula se ha negado” a aceptar la propuesta de Washington en nombre de la “soberanía”. “El Gobierno federal brasileño debe decidir qué tipo de soberanía quiere, la que protege a la población o la que protege a los delincuentes”, concluyó De Luca.

Mientras tanto, en estas horas, el Departamento de Estado, como es habitual en estos casos, ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajan a Río. “La situación está evolucionando rápidamente, por favor, presten atención a las noticias y a las aplicaciones de su teléfono”, se lee en el comunicado publicado en X.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que un acuerdo comercial entre Brasil y Estados Unidos podría concretarse en cuestión de días, posiblemente aliviando los aranceles punitivos después de meses de animosidad.

“Estoy convencido de que en unos días tendremos una solución definitiva, ya saben, entre Estados Unidos y Brasil, para que la vida pueda continuar bien y felizmente”, dijo Lula a los periodistas, al margen de una reunión de naciones del Sudeste Asiático en Malasia.

Lula se reunió el domingo con el presidente estadounidense Donald Trump en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), después de haber instado este mes al líder estadounidense a levantar los aranceles comerciales punitivos del 50%.

“La reunión que tuve con el presidente Trump fue sorprendentemente buena”, dijo. Lula agregó que “él (Trump) me aseguró que vamos a tener un acuerdo”.

Además de los aranceles, Estados Unidos también impuso sanciones contra varios funcionarios brasileños, incluido un alto juez de la Corte Suprema, para castigar a Brasil por lo que Trump calificó de “caza de brujas” contra su aliado, el ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Cuando un periodista le preguntó el domingo si Bolsonaro formaría parte de las conversaciones de Trump con Lula, Trump respondió: “No es asunto tuyo”.

Los presidentes acordaron el domingo iniciar de inmediato negociaciones para un acuerdo comercial bilateral. El encuentro duró aproximadamente 50 minutos y concluyó con señales alentadoras de ambas partes.

“He tenido una reunión excelente con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral”, explicó Lula en su cuenta en la red social X.

“Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió.

Trump se mostró optimista antes del inicio de la reunión. “Es un gran honor estar con el presidente de Brasil, un gran país. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así”, manifestó el mandatario estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró tras el encuentro que Lula “reiteró la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación”.

Vieira calificó el balance del encuentro como “óptimo” y destacó que Trump “declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

El canciller brasileño describió el diálogo como “distendido” y “muy alegre”, y reveló que “Trump afirmó que admira el perfil de la carrera política del presidente Lula y sus dos mandatos como presidente tras ser perseguido en Brasil y haber demostrado su inocencia para conseguir un tercer mandato”, en referencia a los casos de corrupción por los que fue investigado el líder brasileño.

La reunión se produjo en un momento de tensión comercial entre ambas naciones. Durante el encuentro, Lula también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky contra el juez Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. La legislación permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

Acompañaron a Lula en la reunión el ministro Vieira, Márcio Elias Rosa del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y Audo Faleiro, diplomático del equipo del asesor especial de la presidencia Celso Amorim.

Por parte estadounidense estuvieron presentes el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Greer.

(Con información de AFP)

El encuentro bilateral, que tuvo lugar en los márgenes de la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el Centro de la Ciudad de Kuala Lumpur, duró aproximadamente 50 minutos y concluyó con señales alentadoras de ambas partes.

“He tenido una reunión excelente con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral”, explicó Lula en su cuenta en la red social X. “Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z

— Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Trump se había mostrado optimista antes del inicio de la reunión. “Es un gran honor estar con el presidente de Brasil, un gran país. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así”, manifestó el mandatario estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró tras el encuentro que Lula “reiteró la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación”. Vieira calificó el balance del encuentro como “óptimo” y destacó que Trump “declaró que daría instrucciones a su equipo para iniciar hoy mismo una negociación, porque espera que esto se resuelva muy rápidamente”.

El canciller brasileño describió el diálogo como “distendido” y “muy alegre”, y reveló que “Trump afirmó que admira el perfil de la carrera política del presidente Lula y sus dos mandatos como presidente tras ser perseguido en Brasil y haber demostrado su inocencia para conseguir un tercer mandato”, en referencia a los casos de corrupción por los que fue investigado el líder brasileño.

La reunión se produjo en un momento de tensión comercial entre ambas naciones. Estados Unidos impuso los aranceles del 50% tras la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022. Bolsonaro, amigo personal de Trump, fue encontrado culpable por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien ahora enfrenta sanciones estadounidenses bajo la ley Magnitsky.

Durante el encuentro, Lula también pidió a Trump suspender la aplicación de esta ley contra el juez Moraes, su esposa y otros ciudadanos brasileños. La legislación permite al gobierno estadounidense sancionar a individuos que considera vinculados a violaciones de derechos humanos o corrupción.

En un momento incómodo durante las declaraciones previas a la reunión, Trump elogió a Bolsonaro frente a Lula. “Siempre me ha gustado. Me siento muy mal por lo que le ha ocurrido”, dijo el presidente estadounidense, mientras el líder brasileño mostraba impaciencia. Sin embargo, cuando le preguntaron si hablaría del expresidente brasileño con Lula, Trump respondió: “No es asunto suyo”.

El encuentro tiene implicaciones económicas significativas. China ha dejado de comprar soja a Estados Unidos debido a la guerra comercial y ha elegido a Brasil como su principal proveedor. Se espera que las exportaciones de soja de Brasil alcancen los 102,2 millones de toneladas hasta finales de octubre, superando los volúmenes anuales de 2024 y 2023.

Vieira señaló que la medida arancelaria “no es justa”, ya que Brasil tiene un déficit en su balanza comercial con Estados Unidos.

La reunión marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambos líderes. Trump y Lula se encontraron en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde afirmaron tener “buena química”. A principios de octubre, ambos hablaron durante unos 30 minutos por teléfono en una conversación calificada como “amistosa”, durante la cual el líder brasileño propuso este encuentro en Malasia.

Acompañaron a Lula en la reunión el ministro Vieira, Márcio Elias Rosa del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, y Audo Faleiro, diplomático del equipo del asesor especial de la presidencia Celso Amorim. Por parte estadounidense, estuvieron presentes el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson Greer.

Antes de la reunión, Lula había estado en Kuala Lumpur desde el sábado, cuando se reunió con el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, después de un viaje a Indonesia, en busca de acuerdos comerciales para mitigar el impacto de las tarifas estadounidenses.

Trump participó solo en las reuniones del bloque ASEAN este domingo y pondrá rumbo el lunes a Japón, antes de viajar a Corea del Sur para encuentros adicionales, incluida una cumbre prevista con el presidente chino Xi Jinping el jueves.

Brasil quiere aprovechar la reciente decisión de China de limitar la exportación de sus minerales críticos —es el país que más posee en el mundo—, lo que favorece indirectamente al gigante latinoamericano. Así lo ha declarado la semana pasada el propio ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. “Brasil tiene abundancia de tierras raras, oro, cobre, uranio y minerales críticos y estratégicos. Por lo tanto, se abre una enorme ventana de oportunidades para nosotros”, afirmó.

El gigante latinoamericano tiene alrededor del 10% de las reservas mundiales de minerales críticos y tierras raras. Los primeros se consideran estratégicos para la economía y la seguridad nacional. La lista varía de un país a otro, pero incluye litio, níquel, cobalto, grafito y cobre, por citar solo algunos ejemplos. También pueden englobar las tierras raras, que son una familia específica de elementos químicos complejos de extraer y refinar, como el neodimio, utilizado en la fabricación de discos duros y turbinas eólicas.

El problema es que Brasil tiene hasta ahora una producción efectiva muy baja, equivalente al 0,09% de la producción mundial. Por eso la semana pasada, el Gobierno celebró la primera reunión del Consejo Nacional de Política Minera (CNPM), presidida por el ministro Silveira, y con la participación del presidente Lula. Durante la reunión, se aprobaron seis resoluciones que redefinen la gobernanza de la política minera del país, con especial atención a los minerales críticos y las tierras raras.

Además en el Parlamento se está avanzando en un proyecto de ley, el 2780/2024, sobre los minerales críticos que se presentó con carácter de urgencia en el pasado mes de septiembre. Esto significa que podrá debatirse directamente en el plenario, sin pasar por todas las comisiones. El proyecto principal elaborado por el diputado de Minas Gerais Zé Silva, del partido Solidaridad, se ha enriquecido con otras propuestas, entre ellas la de su compañero de partido, Aureo Ribeiro, que prevé la creación de una nueva empresa estatal, “EBMinerals”, con funciones de coordinación e inteligencia en el sector, similar a otras empresas estatales como las del sector eléctrico, por ejemplo. En la propuesta que se debate en el Parlamento también figura la posibilidad de que las grandes empresas que operan con minerales críticos estén obligadas a destinar el 0,4% de su facturación a investigación y desarrollo.

Sobre todo, el proyecto de ley prevé la creación de una Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos gestionada por un comité interministerial con la participación de la sociedad civil, precisamente para mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental y social de la extracción minera. Se han planteado dudas sobre la creación de una empresa estatal que complicaría el sistema en lugar de hacer más eficientes las estructuras existentes. También está prevista la constitución de un Fondo de Inversión en Minerales Críticos administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Fuentes de Brasilia han declarado a Infobae que la idea es que el texto de la ley se apruebe antes de la COP30. Se trata de un paso importante que también reviste relevancia internacional, teniendo en cuenta el interés de países como China y Estados Unidos por los minerales estratégicos brasileños, mencionados también por el presidente estadounidense Donald Trump en las discusiones sobre los aranceles.

Entre los minerales críticos en los que Brasil ha apostado se encuentra el litio, también llamado “oro blanco” por su importancia en la producción de baterías y en la transición energética, y que se concentra significativamente en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, donde recientemente la empresa automovilística china BYD obtuvo los derechos de exploración de dos lotes de litio.

Sin embargo, siguen existiendo algunas incógnitas. El pasado mes de septiembre, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil solicitó a la Agencia Nacional de Minería la suspensión temporal de las autorizaciones de investigación y explotación de litio en esta región para garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y tradicionales de la región, tal y como establecen las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el fiscal Helder Magno, la falta de consulta a las poblaciones locales corre el riesgo de repetir “un ciclo histórico de explotación depredadora”, comprometiendo los derechos de las comunidades y la sostenibilidad medioambiental. De hecho, se han puesto de manifiesto significativos impactos medioambientales, entre los que se incluyen restricciones hídricas, descenso del nivel de los ríos y superposición de zonas mineras en áreas donde viven 248 comunidades.

Además, en este escenario, la crisis internacional del litio también está empezando a afectar a Brasil. Desde el pico alcanzado en diciembre de 2022, cuando el carbonato de litio llegó a costar 68 dólares el kilo, el precio se ha desplomado un 86,5%, situándose en una media de 9,26 dólares el mes pasado. Esta caída ha tenido efectos directos en los proyectos de expansión y en las inversiones del sector en Brasil. Empresas como Companhia Brasileira de Lítio (CBL) y Sigma Lithium han tenido que suspender o ralentizar sus planes de expansión de la capacidad productiva. Los expertos estiman que, para que la cadena de suministro brasileña sea sostenible, el precio del litio debería oscilar entre 23 y 27 dólares el kilo.

La reducción de los precios está relacionada con varios factores: la saturación del mercado, una demanda más lenta de lo previsto y, sobre todo, un fuerte exceso de oferta a nivel mundial. Durante la pandemia, los precios se inflaron temporalmente debido a la escasez de oferta y a los incentivos chinos para la venta de vehículos eléctricos, lo que elevó los costes a niveles récord. Además, entre 2021 y 2024, países como Australia, Chile, Brasil y Zimbabue ampliaron su producción, lo que provocó un exceso de oferta que hizo que los precios se desplomaran, especialmente entre diciembre de 2022 y abril de 2023. China ha desempeñado un papel fundamental en la caída de los precios, ya que ha ampliado la producción de lepidolita, un mineral rico en litio, lo que ha reducido los costos. Los analistas prevén que los precios del carbonato de litio se mantendrán bajos al menos hasta 2027, cuando la demanda mundial de vehículos eléctricos, especialmente en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, podría volver a impulsar los valores hasta los 30-35 dólares por kilo. Queda por ver si, a más largo plazo, las baterías de litio serán sustituidas por nuevas tecnologías, lo que reduciría aún más el mercado.

A este escenario se suma también la sombra de la corrupción en el sector minero, lo que complica aún más el debate sobre el tema. El pasado mes de septiembre, la Policía Federal brasileña puso en marcha la operación “residuos mineros”, que desmanteló una amplia trama de corrupción en el sector minero y medioambiental, con un volumen de negocio estimado de 1.500 millones de reales (272 millones de dólares) y con sobornos investigados por más de 7 millones de reales (1,27 millones de dólares). Las investigaciones involucraron, entre otros, a algunos altos funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entre ellos el director de la ANM, Caio Mário Trivellato Seabra Filho, y el ex director de la Policía Federal y actual director de Administración y Finanzas del Servicio Geológico Brasileño (SGB), Rodrigo de Melo Teixeira, mientras que la sede de la agencia fue objeto de un registro. En total, se dictaron 22 órdenes de detención preventiva, 79 órdenes de registro y se ordenó el bloqueo de bienes y la suspensión de las actividades de las empresas implicadas. Según la Policía Federal, el grupo sobornaba a funcionarios públicos para obtener licencias medioambientales y autorizaciones ilegítimas en el sector de la extracción de hierro en el estado de Minas Gerais, célebre por sus minas, incluso en áreas protegidas, con graves riesgos medioambientales y sociales.

Tras la operación de la Policía Federal, una delegación encabezada por la Asociación Brasileña de Municipios Mineros (Amig) se dirigió al Congreso para presionar a favor de la presentación de un proyecto de ley contra la evasión fiscal en el sector. La Amig entregó al presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara, Diego Andrade, una carta con varias peticiones. Entre ellas figuran la posibilidad de que la ANM acceda a la información fiscal y documental de las empresas mineras, una mayor transparencia en los planes de explotación económica de las minas, desde la producción prevista hasta la duración, y un refuerzo de la ANM, garantizando su independencia técnica e institucional y evitando recortes presupuestarios.

(Desde San Pablo) El pasado 14 de octubre, un apagón repentino afectó a una extensa parte de Brasil, dejando sin electricidad a millones de personas y a oscuras infraestructuras estratégicas como aeropuertos y hospitales. Según una primera reconstrucción, la interrupción fue causada por un incendio en una subestación de alta tensión en el estado sureño de Paraná. El Gobierno y el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), que gestiona el sistema eléctrico brasileño, precisaron que el apagón no fue causado por una escasez de energía, sino por problemas infraestructurales en la transmisión. La restauración de las redes fue rápida. El norte, noreste, sureste y centro-oeste de Brasil volvieron a la normalidad en una hora y media, mientras que la región sur recuperó completamente la energía después de aproximadamente dos horas y media. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, confirmó que el Gobierno está investigando las causas y que el ONS está preparando un informe sobre el suceso. El presidente Lula se reunió con Silveira pocas horas después del apagón, pero según el Ministerio, el tema en la agenda era solo la discusión sobre la creación de un Consejo Nacional para la política minera.

Sin embargo, el apagón de esta semana no es más que el síntoma de un problema mucho más profundo. En el primer semestre de 2025 se registraron en Brasil 22 apagones con reducciones de al menos 100 MW y una duración mínima de diez minutos, lo que supuso un total de 7.914 MW de carga interrumpida. Esta cifra casi duplica los 4.084 MW reducidos en los primeros seis meses de 2023, cuando se produjeron 13 episodios similares. Los datos ponen de manifiesto la fragilidad del sistema nacional de transmisión y han desencadenado un debate sobre la urgente necesidad de modernizar la infraestructura brasileña.

“Aunque este tipo de sucesos tienen causas puntuales, sus efectos en cadena muestran cómo las averías localizadas pueden afectar a millones de consumidores cuando no existe suficiente redundancia en la transmisión”, declaró el experto José João Cunha Filho al sitio web brasileño especializado Escenario Energía (Cenário Energia en portugués). La redundancia es una especie de duplicación estratégica con sistemas o líneas de transmisión alternativas que permiten mantener el servicio incluso si una parte de la red falla. “El episodio pone de relieve la necesidad de un mapeo continuo de los puntos críticos de la red, con especial atención a la gestión de emergencias y al mantenimiento preventivo. El uso de sensores inteligentes, la monitorización en tiempo real y las inspecciones predictivas son prácticas que ayudarían a detectar anomalías antes de que se conviertan en fallos sistémicos, reduciendo el riesgo de interrupciones a gran escala”, declaró Cunha Filho.

Brasil ha registrado al menos nueve grandes apagones desde finales de los años 90, dos de ellos durante los dos primeros gobiernos de Lula, tres durante el primer gobierno de Dilma Rousseff, uno durante el de Michel Temer y otro durante el de Bolsonaro. Las causas de estos acontecimientos, que afectaron a millones de personas y pusieron en dificultades las infraestructuras urbanas, el transporte, las industrias y los servicios esenciales, son similares a las de los apagones más recientes. Además de fenómenos naturales como la sequía, son sobre todo los problemas de infraestructura y las averías técnicas los que hacen vulnerable la red brasileña. Según algunos, la carrera por reducir el coste de la energía, a menudo con fines políticos, también puede haber influido en la reducción de las inversiones para el mantenimiento y la actualización tecnológica de las redes.

Luego está la incógnita de los centros de datos, en los que Brasil está invirtiendo masivamente. El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Lula presentó una medida provisional, la 1.318/25, también conocida como Redata, que establece el Régimen Especial de Tributación para los Servicios de Centros de Datos. El objetivo es atraer inversiones al sector. La medida forma parte de la Política Nacional de Centros de Datos que, en el marco del programa Nueva Industria Brasil, tiene como objetivo potenciar las infraestructuras digitales del país en sectores clave de la Industria 4.0, como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, y recuperar una parte significativa de los datos que actualmente se procesan en el extranjero, que representan alrededor del 60% total. Para el próximo año se han previsto incentivos por valor de 5.200 millones de reales (954 millones de dólares). Entre los puntos principales del programa se encuentran la exención fiscal para las inversiones en infraestructuras y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la descentralización geográfica, con mayores facilidades para los proyectos en el norte, noreste y centro-oeste del gigante sudamericano. “Al promover los centros de datos, Brasil promueve toda nuestra cadena digital. Nuestro objetivo es convertir a Brasil en un gran exportador no solo de materias primas y productos básicos, sino también de inteligencia, investigación e innovación tecnológica”, declaró el presidente Lula al firmar la medida provisional.

Si bien los centros de datos representan un importante reto tecnológico para Brasil, el problema de su consumo energético no es insignificante. Así lo demuestra la alarma lanzada en Estados Unidos por los posibles apagones energéticos relacionados con la expansión de los centros de datos alimentados por inteligencia artificial. Un informe reciente de la consultora Monitoring Analytics alerta sobre cómo el vertiginoso aumento de la demanda de energía por parte de los grandes centros de procesamiento de datos en Estados Unidos está ejerciendo presión sobre la red eléctrica gestionada por una empresa estadounidense que cubre 13 estados y alberga el mayor número de centros de datos del país. El documento advierte de que la capacidad de suministro actual ya no es suficiente para sostener el crecimiento del consumo debido a la IA, la nube y las infraestructuras digitales, y tampoco lo será en el futuro. Para evitar sobrecargas y aumentos de precios para los usuarios, los expertos recomiendan que los nuevos centros de datos produzcan su propia energía, calibrada en función de la ubicación y los horarios de funcionamiento. En Estados Unidos, gigantes como Google están cooperando para mitigar el problema comprometiéndose a reducir temporalmente el consumo energético de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial cuando la demanda de la red nacional alcance niveles críticos.

Brasil, por su parte, tiene la ventaja de poder consumir energías renovables, de las que el país es rico, pero no es suficiente para evitar el riesgo de apagones, hasta tal punto que en abril, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) rechazó la solicitud de conexión al proyecto de centros de datos de la empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, con un valor total de 50.000 millones de reales (9.172 millones de dólares) en el estado nororiental de Ceará. Sin embargo, en los últimos días se ha sabido que la situación ha dado un giro y que Bytedance comenzará las obras dentro de seis meses en la ciudad de Caucaia, también en Ceará. El proyecto será gestionado por una empresa brasileña especializada en energía eólica. Sin embargo, no faltan las críticas. La ciudad tiene un historial de sequías y comunidades indígenas como los Anacé han denunciado la falta de consultas previas, por temor a que se vea afectado el suministro de agua local. La planta consumirá unos 30.000 litros de agua al día para refrigerar los sistemas; para mitigar el impacto, se construirá una estación de tratamiento y reutilización de aguas residuales.

Recordemos que Brasil vive una paradoja energética. En algunos momentos de exceso se ve obligado a suspender la producción de energía renovable, mientras que en otros debe activar centrales termoeléctricas, más costosas y contaminantes. El problema surge del hecho de que el sistema eléctrico brasileño, construido en los años 60 y 70 en torno a grandes presas hidroeléctricas, no se ha adaptado a la nueva realidad de una matriz que hoy en día es casi un 90% renovable. La red de transmisión funciona según un principio de equilibrio según el cual solo se puede producir si hay consumo. Pero con el rápido crecimiento de la energía eólica y solar y la reducción de la demanda en determinados horarios, como los días festivos, se genera más energía de la que el sistema puede absorber, lo que conlleva el riesgo de apagones incluso por exceso de electricidad. Por ello, desde 2023, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) ha implementado recortes obligatorios en la producción de energía, el llamado “curtailment”, es decir, cuando los sistemas renovables como la energía eólica y solar se detienen para evitar sobrecargas. La decisión se tomó después de que, el 15 de agosto de ese año, una avería en la línea de transmisión Quixadá-Fortaleza II, en Ceará, provocara un corte que afectó a 25 estados y al Distrito Federal, dejando sin energía a unos 30 millones de personas. Según el ONS, la reducción forzada de la generación está aumentando y causando pérdidas millonarias, desde 2023 alrededor de 5.000 millones de reales (917 millones de dólares) para la energía eólica y 1.200 millones de reales (220 millones de dólares) para la solar solo en 2025. La ONS advierte que el problema podría empeorar hasta 2029, con recortes que podrían alcanzar los 40.000 MW y afectar hasta el 84% del tiempo entre las 9:00 y las 15:59, lo que equivale a tres veces la producción de la presa de Itaipú. Otro punto crítico es la explosión de la micro y minigeneración distribuida (MMGD), la llamada “energía de tejado” suministrada por paneles solares instalados en hogares y empresas que ya cubren más del 18% de la capacidad instalada y podrían llegar al 24% en 2029. Sin embargo, esta energía no está controlada directamente por la ONS y complica el equilibrio de la red.

(Desde San Pablo) El esperado encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva podría tener lugar en Brasil. Así lo afirmó el propio Trump tras la conversación telefónica del lunes pasado con el presidente brasileño, que calificó de “fantástica”. “Estamos valorando ir a Brasil. Y él vendrá a Estados Unidos. Lo hemos hablado”, declaró Trump.

La llamada, que duró aproximadamente media hora, se produjo pocos días después del breve encuentro entre ambos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde Trump llegó a hablar de “buena química” con Lula. En la llamada, el presidente brasileño reiteró que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil. A continuación, pidió a Trump que eliminara los aranceles adicionales del 40% impuestos en agosto y que suspendiera las medidas restrictivas decididas para algunas autoridades brasileñas, en particular las sanciones aplicadas en virtud de la ley Magnitsky al relator del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro, el juez del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes, su esposa Viviane Barci de Moraes y su empresa familiar. Geraldo Alckmin, uno de los presentes en la llamada telefónica, la describió como “incluso mejor de lo que esperábamos”.

Si no se reúnen en Brasil, Lula sugirió encontrarse con Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia a finales de octubre. Además, reiteró a su homólogo estadounidense su invitación a la COP30 de Belém en noviembre. Si el presidente brasileño ha evitado por el momento la posibilidad de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde podría haber sufrido una humillación similar a la que vivió el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, la gran incógnita ahora es Marco Rubio. Trump ha decidido que sea su secretario de Estado quien lleve a cabo las negociaciones con Brasil, una noticia que ha puesto en alerta al propio Lula, hasta tal punto que, como reveló en una entrevista en una televisión de Maranhao, TV Mirante, ha pedido a Trump que Rubio “dialogue con Brasil sin prejuicios”. Rubio, que es de origen cubano, ha expresado en los últimos meses duras palabras contra el Gobierno de Lula. Fue él quien denunció el programa brasileño Más Médicos, que utilizaba médicos cubanos, como un “plan para exportar el trabajo forzoso del régimen cubano” y ordenó, como castigo, la revocación de los visados de los funcionarios brasileños vinculados al proyecto, entre ellos el actual ministro de Salud de Lula, Alexandre Padilha, sus familiares y algunos antiguos empleados del ministerio. El año pasado, Rubio también calificó a Lula de “líder de extrema izquierda que oculta la naturaleza criminal del narco-régimen de Maduro” y habló de “censura” cuando el juez Moraes bloqueó durante un mes X.

En CNN Brasil, el ex director de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevêdo, declaró que la elección de Rubio es un punto negativo para las negociaciones y alertó sobre la posible dimensión política que se esconde detrás de esta decisión. Azevêdo reveló que, en una visita anterior a Washington con la delegación de la Confederación Brasileña de la Industria (CNI), se le informó de que las negociaciones con otros países las llevaban a cabo los departamentos de Comercio y Hacienda, y no Rubio. Para el economista João Gabriel Araujo, en cambio, el nombramiento de un representante para llevar a cabo las negociaciones con Brasil representa, a pesar de las opiniones divergentes, un acercamiento diplomático. “En este caso, las negociaciones serán necesarias, sobre todo dada la presión interna causada por la posible inflación de los alimentos en Estados Unidos”, declaró Araujo al sitio web de noticias Gazeta do Povo.

La elección de Rubio ha dividido a los políticos brasileños. El hijo de Bolsonaro, Eduardo, que se mudó hace meses a Estados Unidos, donde está articulando la defensa de su padre con la administración Trump, calificó la elección de Rubio como un “gran gol”, y añadió que Rubio “conoce bien América Latina” y “nunca entraría en la discusión sobre la independencia del poder judicial”. Su hermano Flávio, senador por el Partido Liberal (PL), ha dicho que el diálogo con Rubio es “una oportunidad para confrontarse con alguien que comprende los daños del socialismo”, mientras que su compañero de partido, el diputado Sóstenes Cavalcante, ha calificado la medida como un “golpe maestro” y “un mensaje directo al Palacio Presidencial del Planalto”. En cuanto a los partidos del Gobierno, como el Partido de los Trabajadores (PT), su senador Humberto Costa declaró que “mientras la política del odio siembra la división, perjudicando a toda la nación, Lula responde con el diálogo y la construcción”. Más dura es la postura del presidente del PT, Edinho Silva, quien en una entrevista al diario Folha de São Paulo reiteró lo que había dicho en el pasado sobre Trump, es decir, que es “fascista” y que “está sembrando una Tercera Guerra Mundial” con los aranceles.

En la mesa de negociaciones, Brasil espera ahora que la administración Trump plantee el tema de los acuerdos de colaboración para los minerales estratégicos brasileños y la cooperación contra los cárteles de la droga. Hasta ahora, el Gobierno de Lula siempre se ha opuesto a la posibilidad de que los dos principales grupos criminales del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), sean designados como grupos terroristas por Washington. Es probable que Trump utilice como palanca sobre Brasil el fantasma de la corrupción destapada por la operación brasileña Lava Jato.

De hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría reabrir el caso Odebrecht, que está en el centro de toda la operación. Washington está revisando el acuerdo de clemencia firmado en 2016 con la multinacional brasileña especializada en la construcción de infraestructuras, relativo al pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos Brasil. Durante este tercer mandato de Lula, recordemos, el juez del STF Dias Toffoli literalmente enterró la Lava Jato al anular la condena de Marcelo Odebrecht y otros directivos de la empresa por considerar inválidas las pruebas presentadas durante el acuerdo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el fiscal Edward Martin envió una carta a su predecesor, Andrew Weissmann, pidiendo aclaraciones sobre las omisiones presentes en el acuerdo, en particular la ausencia de detalles sobre los contratos inflados que impiden indemnizar a las víctimas. Martin señaló que, en otros casos de corrupción, el Departamento de Justicia había garantizado información completa y la devolución de los fondos, lo que no ocurrió con Odebrecht.

Por su parte, Brasil tiene como baza el tema de la soja para el mercado chino. De hecho, China ha reducido casi a cero las importaciones de soja estadounidense, lo que ha creado espacio para el aumento de las brasileñas. Según la Federación Americana de Oficinas Agrícolas (American Farm Bureau Federation, en inglés), la principal organización que representa a la industria agrícola estadounidense, si en 2024 Beijing compró 26,5 millones de toneladas en Estados Unidos, es decir, aproximadamente la mitad del total importado, este año las compras se han reducido a 5,8 millones de toneladas. Brasil, por su parte, ha exportado este año 77 millones de toneladas a China.

Lo mismo ocurre con la carne. Este año, Brasil, a pesar de los aranceles, ha exportado al mundo 314.700 toneladas de carne de vacuno, lo que supone un aumento del 25,1% con respecto a septiembre de 2024, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex). Aunque los aranceles de agosto redujeron ligeramente las exportaciones de carne de vacuno con respecto a julio, de 286.600 toneladas a 276.900 toneladas, el crecimiento de este año se debió a la ampliación de mercados, como el mexicano, además de la mayor potenciación del chino. Es importante recordar que, según la prensa brasileña, han sido gigantes como la cárnica JBS y la industria aeroespacial Embraer los que han tejido en las últimas semanas con Washington la posibilidad de una negociación entre ambos países. El punto crítico sigue siendo, de hecho, la caída del 20,3% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos en septiembre. La caída ha afectado tanto a los productos sujetos a aranceles, como el azúcar (-77%), las armas (-92%), el tabaco (-95,7%) y el café (-29%), como a los productos excluidos de la medida, como el hierro fundido (-41%), la celulosa (-27%) y el mineral de hierro (cero exportaciones).

José Velloso, presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas e Implementos (Abimaq), calificó la llamada telefónica entre Lula y Trump como “una medida que era de esperar”, recordando que su sector ha sido uno de los más afectados por los aranceles. Velloso confía en que se produzcan “más excepciones” a los aranceles, con algunos productos que “deberían pasar del 50% al 10%”, y considera posible un acuerdo comercial más amplio en 2026. “Brasil es muy importante en la estrategia norteamericana en América Latina”, declaró al diario O Estado de Sao Paulo. El sector textil también ha acogido con satisfacción este giro en las relaciones entre ambos países. “Washington es el mayor inversor extranjero en Brasil y el segundo socio comercial más importante”, declaró Fernando Valente Pimentel, director de la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección (Abit).

El resultado de la reunión entre Lula y Trump, además de eliminar los aranceles y las sanciones, también podría poner fin a sus turbulentas relaciones diplomáticas, que comenzaron durante la campaña electoral brasileña de 2022. Trump, que en ese momento aún no era presidente, había apoyado públicamente la candidatura de Bolsonaro llamando a Lula “Lulu” y calificándolo de “lunático”. Luego fue el turno del brasileño que, una vez convertido en presidente, apoyó a Kamala Harris en la campaña electoral estadounidense diciendo que la victoria de Trump sería “el nazismo bajo otra forma”. A partir de ahí, las tensiones fueron en aumento hasta la drástica ruptura de los últimos meses.

Mientras tanto, cada lado político está tratando de sacar provecho del encuentro con Trump. Según una encuesta de Genial/Quaest publicada ayer, la aprobación del gobierno de Lula ha crecido significativamente entre los votantes con ingresos más altos, del 37% al 45%, mientras que la desaprobación ha bajado del 60% al 52%. Se trata de una variación significativa, atribuida por el politólogo Felipe Nunes “a la apertura del diálogo entre Lula y Donald Trump que surgió en la Asamblea General de la ONU, lo que reforzó la percepción de una posible distensión diplomática con Estados Unidos”. Entre los ingresos más bajos y medios, en cambio, las cifras se mantienen estables, con un 54% de aprobación entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos y un 46% entre quienes ganan de dos a cinco.

En cuanto al centro-derecha, la inminente reunión entre Lula y Trump es más divisiva que nunca. Según escribe Bela Megale en el diario O Globo, parte del ala bolsonarista reprocha a Eduardo Bolsonaro no haberse reunido con Trump desde febrero, sino solo con representantes de su Gobierno. “Los bolsonaristas consideran que el diputado debería escuchar más a la clase política y al mundo empresarial brasileños (...) Eduardo debería haberse posicionado en contra del aumento de los aranceles, ofreciéndose incluso a involucrar a los productores brasileños en las conversaciones con la administración Trump”, escribe Megale. Según varios analistas, sobre todo un posible resultado positivo de la reunión con Trump para Lula, podría empujar a los bolsonaristas a acelerar la selección de un candidato definitivo para las elecciones presidenciales del próximo año y, sobre todo, a preparar una agenda política. En cualquier caso, el efecto Trump en las próximas semanas promete sorpresas en la vida política brasileña.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que espera mantener reuniones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto en Brasil como en Estados Unidos, después de mantener una videoconferencia con él que calificó de “muy buena”.

“Esta mañana tuve una conversación telefónica muy buena con el presidente Lula, de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países”, declaró en su red social, Truth Social.

“Seguiremos conversando y nos reuniremos próximamente, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Disfruté mucho de la conversación. ¡A nuestros países les irá muy bien juntos!”, agregó.

La llamada, la primera entre ambos, se centró en los aranceles del 50% que Estados Unidos aplica desde agosto a gran parte de los productos de brasileños en represalia por el juicio contra el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, un aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula.

El mandatario brasileño resaltó que Brasil es uno de los tres países del G20 cuyas relaciones comerciales con Estados Unidos arrojan superávit para la economía estadounidense, y solicitó la eliminación de la sobretasa a productos brasileños, así como la anulación de las medidas restrictivas implementadas contra distintas autoridades del país sudamericano.

Lula recordó en el mensaje que el diálogo permitió repasar la “buena química” experimentada durante su reciente encuentro en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, y recalcó la importancia de “restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias del Occidente”.

Durante la conversación, Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar nuevas negociaciones con el vicepresidente Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira y el ministro de Hacienda Fernando Haddad. Lula y Trump manifestaron la intención de reunirse en persona próximamente, sugiriendo la Cumbre de la ASEAN en Malasia como posible escenario, además de reiterar la invitación al líder estadounidense para participar en la COP30, que se celebrará en Belém, Brasil. Lula también subrayó su disposición a viajar a los Estados Unidos para abordar estos temas en un futuro cercano.

La comunicación directa entre ambos presidentes se produjo mientras persisten los efectos de la abrupta escalada comercial decidida por la Casa Blanca en agosto pasado. El 6 de agosto entraron en vigor los aranceles que incrementaron en cinco veces las tasas aplicadas a los bienes brasileños, alcanzando el 50% para numerosos productos de exportación clave, como el café, la carne y el azúcar. El impacto de estos gravámenes se calcula sobre alrededor del 36% del comercio brasileño con el mercado estadounidense, uno de los principales destinos de las exportaciones de Brasil.

La creciente tensión diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil, agudizada por la imposición de aranceles del gobierno de Donald Trump, también ha puesto en riesgo una posible alianza estratégica entre ambos países destinada a desarrollar la explotación de las vastas reservas brasileñas de tierras raras. Esta cooperación buscaba reducir la dependencia estadounidense de Beijing en el suministro de estos minerales esenciales para tecnologías avanzadas, pero el conflicto político ha frenado las negociaciones y empujado a Brasil a buscar nuevos socios internacionales como China.

La Presidencia brasileña informó en un comunicado que la llamada, en la que el mandatario pidió una revisión de los aranceles, tuvo una duración de 30 minutos y transcurrió en un tono “amistoso”.

El comunicado apunta que Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebrará el 26 de octubre próximo en Kuala Lumpur (Malasia).

Sin embargo, el líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

(Con información de EFE)

Cientos de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro se concentraron este domingo en varias ciudades brasileñas para protestar contra la Corte Suprema por el juicio en su contra por golpismo, y apoyar las sanciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, a Brasil.

Los bolsonaristas se manifestaron en Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y San Pablo, donde ondearon banderas de Estados Unidos, Brasil e Israel, y portaron carteles con el mensaje “Fuera De Moraes”, en alusión al juez instructor del proceso contra Bolsonaro.

Las protestas coinciden con el Día de la Independencia de Brasil y se producen en medio del juicio oral contra el ex mandatario, acusado de liderar un complot para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La fase final del pleito empezó la semana pasada y se reanudará el próximo martes, cuando los cinco jueces de la Primera Sala del Supremo darán su veredicto y dictarán sentencia.

Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares impuestas por De Moraes, se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

Además de criticar al Supremo, los seguidores del capitán retirado del Ejército instaron al Congreso a aprobar una ley de amnistía “amplia, general e irrestricta” para los condenados hasta ahora por la asonada golpista.

Manifestantes piden “acabar” con el Supremo

Nilton Neiva ha viajado toda la noche en autobús desde el vecino estado de Minas Gerais para sumarse a la protesta de la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo.

“El juicio contra Bolsonaro es una cobardía. El Supremo se transformó en una banda. No hay nada contra Bolsonaro. (...) Vamos camino de convertirnos en Venezuela”, dice este empresario de 64 años, equipado con una camiseta con los colores de la bandera nacional y una gorra en la que sobresale el apellido de su líder.

“El Supremo tendría que ser destruido”, completa.

Neiva también expresó su aprecio por Trump, quien en su opinión debería imponer más sanciones a Brasil porque “no hay otra forma” para presionar a los jueces de la máxima corte del país.

El líder republicano ha revocado la visa a varios magistrados del tribunal e impuesto aranceles del 50 % a buena parte de las importaciones brasileñas en represalia por el juicio a Bolsonaro, a quien considera víctima de “una caza de brujas”.

Fabiana Beraldo, de 46 años, es dueña de una herrería, afirma que el juicio contra Bolsonaro es “injusto” y que “lo primero” que habría que hacer es “detener a Alexandre de Moraes” y “acabar con el Supremo”.

Ataviada con unos aretes con la bandera de EEUU, cree que las sanciones de Trump son “maravillosas”. “Alguien tiene que hacer algo por nuestro país”, dice.

También en São Paulo, militantes de izquierda, movimientos sociales y sindicalistas se manifestaron en otro punto de la ciudad para mostrar su rechazo a Trump, protestar contra una eventual amnistía y defender la soberanía nacional.

Lula lideró desfile por la Independencia

Por otra parte, Lula da Silva encabezó este domingo el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia de Brasil, centrado este año en la defensa de la soberanía.

El mandatario, ataviado con la banda presidencial, pasó revista a las tropas y después se dirigió al palco de autoridades para presidir el desfile, al que acudieron ministros de su Gobierno, líderes del Congreso, mandos militares y representantes del Poder Judicial, en Brasilia.

El Ejecutivo de Lula eligió para las conmemoraciones del 7 de septiembre de este 2025 mensajes de exaltación patriótica, como “Brasil soberano” y “Brasil de los brasileños”, decorados con los colores verde y amarillo de la bandera nacional.

En un pronunciamiento en red nacional el sábado, Lula afirmó que Brasil “no será colonia de nadie” ni “acepta órdenes” de ningún otro país, en aparente alusión a la ofensiva de Trump.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) subrayó además que la Constitución brasileña “establece la independencia entre los tres poderes”.

“Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”, expresó.

Además de la defensa de la soberanía, el desfile cívico-militar reservó un espacio para destacar la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el sábado que el país no aceptará presiones de gobiernos extranjeros y acusó a políticos opositores de atentar contra los intereses nacionales. El mensaje se transmitió en cadena nacional de radio y televisión en la víspera del Día de la Independencia, que se conmemora este domingo 7 de septiembre.

Lula declaró: “No somos ni volveremos a ser colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y cuidar de nuestra tierra y de nuestra gente, sin la interferencia de ningún gobierno extranjero”.

El mandatario subrayó que Brasil mantiene “relaciones amistosas con todos los países”, pero aclaró que no aceptará órdenes externas. “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño. Defendemos nuestra democracia y resistiremos ante cualquiera que intente golpearla”, afirmó.

En otra parte de su mensaje, insistió en la autonomía de los poderes públicos: “Eso significa que el presidente de Brasil no puede interferir en las decisiones de la Justicia brasileña, al contrario de lo que quieren imponer a nuestro país”.

Lula también se refirió a las investigaciones que alcanzan a la familia Bolsonaro y consideró inaceptable la actitud de ciertos dirigentes. “Es inadmisible el papel de algunos políticos brasileños que estimulan ataques contra Brasil”, dijo en alusión a Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del ex presidente.

Al cerrar su discurso, lanzó una acusación directa: “Fueron elegidos para trabajar por el pueblo brasileño, pero solo defienden sus intereses personales. Son traidores a la patria. La historia no los perdonará”, expresó.

El mensaje, de aproximadamente cinco minutos, mostró a Lula con una corbata en los colores de la bandera brasileña y buscó reforzar la defensa de la soberanía y de la democracia en un momento de fuerte tensión institucional.

El pronunciamiento presidencial se produjo en medio de la disputa judicial que enfrenta Jair Bolsonaro. El ex presidente afronta un juicio en el Supremo Tribunal Federal, acusado de “liderar” un plan golpista para impedir la toma de posesión de Lula tras perder las elecciones de 2022.

El proceso comenzó esta semana y continuará en los próximos días. Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, podría recibir una condena de hasta cuarenta años. En el banquillo lo acompañan ex ministros de su Gobierno y mandos militares.

El caso tuvo repercusión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones contra jueces del Supremo y contra Brasil como represalia por el proceso a Bolsonaro. Entre ellas, revocó visados a magistrados del Supremo y a un ministro de Lula, además de aplicar aranceles del 50% a un conjunto de importaciones brasileñas. Trump calificó el juicio como una “caza de brujas”.

La Policía Federal investiga a Bolsonaro y a su hijo Eduardo por haber buscado apoyo de Washington para presionar contra la Justicia brasileña. Según el informe, ambos intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno estadounidense a aplicar sanciones contra el Supremo y contra el propio país.

Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos desde hace seis meses y, de acuerdo con las autoridades, respaldó las gestiones que desembocaron en las medidas de Trump.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este jueves a una movilización social contra el proyecto de ley que busca la amnistía de quienes participaron en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre ellos el ex mandatario Jair Bolsonaro. Durante su visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais, Lula advirtió sobre el riesgo de que el Congreso Nacional, dominado por sectores conservadores, apruebe la propuesta impulsada por la oposición, encabezada por el Partido Liberal (PL).

“Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”, expresó el líder brasileño.

En un encuentro con influencers, Lula subrayó la importancia de la participación ciudadana para frenar la medida.

“La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía (...). Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes”, afirmó.

El proyecto de ley propone otorgar indulto a todos los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo no solo a los autores materiales, sino también a los financiadores, promotores y organizadores de los disturbios que resultaron en el asalto y daños a las instituciones estatales.

De avanzar la iniciativa, podría beneficiar directamente al ex mandatario Bolsonaro y a otros siete integrantes considerados parte del núcleo central de la trama, quienes están imputados por asociación criminal, intento de abolir violentamente el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público.

“Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es”, expresó Lula.

El actual presidente también remarcó la importancia de la transparencia en el proceso judicial y sostuvo que “la gente solo tiene que ser sincera” y relatar los hechos de forma fidedigna.

“Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos”, agregó Lula.

Por su parte, Bolsonaro presentó el pasado 14 de agosto ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido formal para ser absuelto en el juicio donde se lo acusa de encabezar un supuesto complot golpista. En el escrito entregado a la Corte, la defensa de Bolsonaro sostuvo que no existen pruebas que respalden ninguno de los cinco delitos atribuidos al ex mandatario y rechazó que hubiera intentado obstaculizar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

En la etapa final del juicio, los abogados defensores del hombre de 70 años argumentaron que “no hay cómo condenar a Bolsonaro con base en las pruebas producidas en los autos, que demostraron que él determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)”.

(Con información de Europa Press)

Se empieza a ejecutar la estrategia del gobierno de Donald Trump para América Latina, anunciada, en términos generales, por el secretario de Defensa como el “patio trasero” de EEUU, en la cual “los países deberán optar entre Estados Unidos y China”, como afirmó el presidente norteamericano.

Al lado de la firme oposición de los gobiernos de izquierda en el hemisferio (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chile y Brasil), el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio -senador de Florida, ultraconservador, primera generación de cubanos que salieron de Cuba-, está tomando medidas concretas para fortalecer a los gobiernos de derecha (El Salvador, Paraguay, Argentina y ahora Bolivia).

Asimismo, intenta revertir la tendencia pendular de gobiernos de izquierda en la región, para influir en las elecciones para elegir gobiernos alineados a las políticas de Washington, “para construir un hemisferio más seguro, más fuerte y más próspero”.

Las medidas tomadas hasta ahora resucitan la Doctrina Monroe de 1823, para la cual “América era para los americanos”, alejando la influencia de Europa y el corolario Roosevelt (1904) autorizando la intervención militar para la defensa de las empresas norteamericanas.

Actualizada, la nueva Doctrina Monroe busca alejar a los países de la región de la creciente presencia de China, hoy principal socio comercial de casi la totalidad de los países de la región, y defender a las empresas norteamericanas.

La primera intervención fue en Panamá, forzando al gobierno a terminar los contratos con empresas chinas, a los efectos de controlar el flujo de transporte por esa vía estratégica para EEUU. Más recientemente, el Departamento de Estado firmó acuerdos con Paraguay para crear una base en la frontera con Brasil contra Hezbollah, integrada por agentes del FBI.

La semana pasada, junto con el canciller paraguayo se firmó en Washington un acuerdo para que Paraguay reciba asilados de otros países residentes en los Estados Unidos, en el contexto de la amplia asociación estratégica en seguridad, diplomacia y economía, en especial en el combate al crimen transnacional, estabilidad regional, energía, minería y tecnología.

En ese contexto, llaman la atención las declaraciones de Marco Rubio sobre la posibilidad de intervención de Washington en la utilización de la energía de la binacional Itaipu, para la instalación de data centers, en función del excedente de energía y su bajo costo.

En otra iniciativa, también la semana pasada, el comando del Sur, en Florida, envió 4.000 fusileros y fuerza naval para el combate al narcotráfico, que amenaza la seguridad nacional, para las costas de Venezuela, “gobernado por un presidente ilegítimo y un cartel de narcoterroristas”. La Casa Blanca afirmó que “Trump mantiene todas las opciones abiertas”, incluso la intervención armada en los países para atacar a los traficantes.

Apoyo al eventual movimiento de parte del Ejército contra Nicolás Maduro y protección a Guyana, con elecciones el 1 de setiembre, pueden ser otros de los objetivos de la marina de Estados Unidos.

Brasil parece ser uno de los objetivos preferidos de Washington, desde la imposición de las tarifas más elevadas (50%), junto a India, para la exportación de productos hacia Estados Unidos.

También con la escalada de sanciones políticas al ministro del Tribunal Superior Federal (STF) y de funcionarios del Ministerio de Salud por haber coordinado la llegada de médicos cubanos a Brasil y de un informe sobre derechos humanos crítico al país sudamericano.

En una situación de impasse en las negociaciones comerciales, es posible prever nuevas acciones después del juicio a Jair Bolsonaro en septiembre, con una inaceptable injerencia en asuntos internos que atenta contra la soberanía nacional. La resistencia del gobierno brasileño a esas interferencias, contrarias a la evolución normal de las relaciones entre los dos países, y el intento de formación de un frente opositor a las medidas proteccionistas norteamericanas, podrían crear una situación de graves consecuencias diplomáticas entre los dos países. La posible intervención militar en Venezuela entró en la agenda de Lula en las conversaciones con el presidente de Ecuador y con los jefes de Estado en la reunión del Tratado de Cooperación Amazónica, realizada en Bogotá.

No se puede descartar la posibilidad de que Brasil esté siendo usado como ejemplo para los países que osen oponerse a la nueva versión de la Doctrina Monroe. Además de Itaipu, como base de colonización tecnológica, y tal vez el Amazonas, cuya desforestación está siendo objeto de investigación en el contexto de la sección 301 de la ley de comercio norteamericana, por los recursos minerales y por ser la mayor reserva de agua del planeta, podrán ser, en un futuro, los próximos objetivos de la agresiva política imperial de Washington.

La decisión del STF sobre la aplicación de la Ley Magnitski en Brasil, con potencial fuerte impacto sobre los bancos y las señales de distanciamiento de los Estados Unidos en el área de Defensa, con la cancelación de la Conferencia Espacial de las Américas, organizado por la Fuerza Aérea, y de la Operación Formosa, el principal ejercicio de la Marina, son los últimos ejemplos de la escalada entre los dos países.

El intervencionismo del gobierno norteamericano en América Latina comienza a someter a los países de la región con presiones que violan la soberanía o demandan subordinación, disfrazada de cooperación, y las amenazas de intervención militar, bajo pretexto de combate a los “narcoterroristas”.

Esos movimientos de Washington se presentan como el mayor desafío de la política exterior brasileña en las últimas décadas.

El presidente Javier Milei recibió este lunes la distinción “Economista del Año 2025” por la Ordem dos Economistas Do Brasil, entidad civil con base en San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región.

Milei había recibido la notificación del reconocimiento en febrero, donde participaron de la reunión el presidente de la Orden de Economistas de Brasil, Manuel Enríquez García; el Vicepresidente, Luis Carlos Barnabé; el coordinador Local en Argentina, Iván Slepoy; los miembros honorarios, Ricardo Sayeg, Héctor Trabucco; y Javier Goldstein.

La Orden de Economistas de Brasil fue la primera asociación profesional de economistas, fundada el 11 de enero de 1935 en la Facultad de Ciencias Económicas de São Paulo. Poco después de su fundación (el 15 de enero de 1936), recibió el reconocimiento como gremio profesional (aunque conservó el nombre de Orden de Economistas de São Paulo).

En un mensaje transmitido por cadena nacional, el Presidente adelantó el viernes que tomará dos medidas concretas para resguardar el equilibrio fiscal y evitar que el Congreso revierta las políticas de ajuste de su Gobierno.

En medio del conflicto abierto con la oposición en el Congreso por la reciente aprobación de leyes que aumentan el gasto público, el jefe de Estado anunció la prohibición formal de financiar el gasto primario con emisión monetaria y el envío de un proyecto de ley para castigar penalmente la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal.

La primera medida que anunció Milei consiste en una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro nacional utilice fondos del Banco Central para cubrir el gasto primario del Estado. En la práctica, esto bloquea la posibilidad de apelar a la emisión monetaria como vía de financiamiento de los déficits fiscales.

“El lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto”, afirmó el Presidente durante su discurso. Según el mandatario, esta forma de financiamiento ya estaba descartada en la práctica durante su gestión, pero ahora ese compromiso quedará formalizado mediante una resolución administrativa.

Desde el punto de vista de la doctrina económica a la que adscribe el Gobierno, la emisión sin respaldo fue uno de los motores principales de la inflación que la Argentina arrastró durante años. El Presidente insistió en que el exceso de dinero en la economía “destruye el valor del dinero que está en el bolsillo de cada uno de los argentinos”. Al eliminar esta vía, Milei busca garantizar que no se repita la dinámica inflacionaria registrada en el pasado reciente.

La segunda medida va más allá y propone cambiar el marco legal. Milei adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.

En la fundamentación, el Presidente sostuvo que la historia argentina reciente muestra que cada vez que el Estado aumentó el gasto sin capacidad de financiamiento genuino, recurrió a la emisión o un mayor endeudamiento. Esto, advirtió, terminó en procesos de inflación acelerada, pérdida del poder adquisitivo y, como consecuencia, más pobreza e inestabilidad social.

“Como les dije hace algunos meses, cuando anunciamos la salida del cepo cambiario, nosotros vinimos a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismos, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario”, dijo Milei.

Mientras el mundo espera con gran expectación la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, con la esperanza de un posible acuerdo de paz en Ucrania, en Brasil la dicotomía Rusia/Ucrania está más viva que nunca, no sin problemas.

Los que parecen pagar las consecuencias son sobre todo los ciudadanos brasileños, castigados por los aranceles de Washington, que ha querido golpear sobre todo al eje de los BRICS, del que Rusia es miembro fundador, y por una política exterior y comercial con la que muchos dicen no identificarse.

Según una encuesta de PoderData publicada a finales de julio, el 59% de los brasileños cree que se deben estrechar más los lazos comerciales con Estados Unidos que con China. En un editorial titulado “Los BRICS son un espejismo”, el diario O Estado de São Paulo escribe que “la reciente expansión de los BRICS, patrocinada por China y Rusia con la complacencia de Lula, ha diluido la influencia brasileña y reforzado el carácter autoritario del club.

En la práctica, desempeñamos el papel de testaferros para causas externas. (…) En lugar de abrir el camino a negociaciones directas con Washington, Lula ha preferido comprometerse con un grupo incapaz de ofrecer respuestas concretas.

Esta elección tiene menos que ver con el pragmatismo y más con la esclerótica ‘doctrina Amorim’, inspirada por el ministro de Asuntos Exteriores de facto Celso Amorim: “El antiamericanismo como principio, el acercamiento automático a China y Rusia como medio y, como fin, la convicción de que existe un ‘Sur del mundo’ cohesionado que espera con impaciencia el liderazgo de Lula”, reza el texto.

Antes de su reunión con Trump, Putin llamó a Lula el sábado. En la conversación telefónica, que duró unos cuarenta minutos, el ruso agradeció “el compromiso y el interés de Brasil” en la búsqueda de la paz para el conflicto en Ucrania.

Lula reiteró que su país “siempre ha apoyado el diálogo y la búsqueda de una solución pacífica” y reafirmó la disposición de su Gobierno a contribuir “con todo lo necesario, incluso en el marco del Grupo de Amigos de la Paz”, iniciativa lanzada conjuntamente con China. Según el comunicado de la presidencia brasileña, Lula y Putin también discutieron el actual “escenario político y económico internacional”, además de la cooperación, bilateral y multilateral, dentro de los BRICS.

Los dos presidentes confirmaron además su intención de organizar antes de finales de este año la próxima reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación Brasil-Rusia, la mesa política y económica más importante entre ambos países. El Kremlin también ha subrayado la voluntad común de “reforzar la asociación estratégica” y la colaboración en el marco de los BRICS.

Quién sabe si en la conversación telefónica del sábado Lula y Putin también hablaron del caso de Sergey Vladimirovich Cherkasov, detenido en abril de 2022 en San Pablo por la Policía Federal.

A finales de julio, según el sitio web de noticias Metrópoles, la fiscalía brasileña concluyó la investigación sosteniendo que no se trata de un espía y, por lo tanto, investiga su presunta participación en delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal.

El ruso había sido acusado de espionaje tras introducirse en la Corte Penal Internacional de La Haya utilizando la falsa identidad brasileña de Victor Muller Ferreira. Expulsado de los Países Bajos a Brasil en 2022, su detención desencadenó una batalla diplomática entre Estados Unidos y Rusia.

Ambos países solicitaron su extradición. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, según el sitio web Bellingcat, una estrategia habitual cuando quiere sacar de su país a uno de sus espías, mientras que Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, ya que también se infiltró en una universidad estadounidense y en Irlanda.Según la fiscalía brasileña, el ruso recibió 89.600 reales (16.495 dólares) entre enero de 2021 y julio de 2022 en una sucursal bancaria de Leblon, en Río de Janeiro.

Las imágenes obtenidas por los investigadores demostraron que los valores fueron depositados por funcionarios del consulado ruso en Río. La investigación también reveló que un empresario carioca realizaba depósitos a petición de los diplomáticos de Moscú, recibiendo mil dólares por cada transacción. Sobre esta base, la fiscalía federal brasileña ha solicitado ahora que el caso Cherkasov pase de la jurisdicción de San Pablo a la de Río de Janeiro.

Si Cherkasov fuera extraditado a Rusia en las próximas semanas, podría agravarse la crisis diplomática con Washington, que ya ha amenazado con sanciones secundarias a los países que comercian con Moscú, como Brasil, que compra petróleo y más del 30% de los fertilizantes que importa.

Por ello, el sector agroalimentario del gigante latinoamericano está en estado de alerta y, según el diario Folha de Sao Paulo, habría avisado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Itamaraty. Recordemos que la relación con Rusia está en crecimiento. En el primer semestre de 2025, Brasil importó 5,71 millones de toneladas de fertilizantes rusos por un valor de 1.980 millones de dólares, con previsiones de más de 12 millones de toneladas para finales de año, cerca del récord de 2024 (12,5 millones). La tendencia está en fuerte aumento con respecto a 2015, cuando las importaciones fueron de 3,7 millones de toneladas.

En cuanto al petróleo, en 2024 Brasil se convirtió en el segundo mayor importador de Rusia, con la compra de unos siete millones de toneladas por un valor aproximado de 38.000 millones de reales (cerca de 7.000 millones de dólares).

Antes del conflicto, Estados Unidos era el principal proveedor, pero tras las sanciones occidentales impuestas a Moscú en 2022, muchas empresas brasileñas se decantaron por el diésel ruso, atraídas por descuentos de hasta 0,15 reales por litro (2,8 centavos de dólar).

La dependencia se acentuó con el fin de la política de Paridad de Precios de Importación (PPI) de Petrobras, introducida por Lula en mayo de 2023, que mantuvo los precios internos más bajos e impulsó a los importadores privados a buscar combustible en el extranjero a precios aún más bajos, en particular de Rusia.

El efecto ha sido un aumento de las importaciones: de 95 millones de dólares en 2022 a 4.500 millones de dólares en 2023. Actualmente, entre el 40% y el 65% del petróleo importado en Brasil es de origen ruso.

Según los analistas, esta estrategia ha creado vulnerabilidades externas: los rusos están reduciendo progresivamente los descuentos y las sanciones secundarias de Estados Unidos podrían interrumpir repentinamente los suministros.

Las sanciones secundarias también podrían tener un efecto en cadena en Brasil, es decir, limitaciones al acceso al sistema financiero internacional, bloqueo del crédito, suspensión de contratos, aumento del riesgo legal para las empresas brasileñas y posibles barreras técnicas o reglamentarias.

Poco antes de la amenaza de sanciones estadounidenses, el sector pesquero brasileño, duramente afectado por los aranceles del 50% de la administración Trump, también intentó abrir nuevos mercados en Rusia para compensar las pérdidas.

En la segunda quincena de julio de 2025, el Gobierno brasileño envió a las autoridades sanitarias rusas la documentación de 15 plantas interesadas en exportar a Rusia. Las empresas candidatas proceden principalmente del noreste, pero también de los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Pará.

La decisión final corresponde ahora a Rusia, que a su vez ha solicitado la autorización de sus propias plantas para vender pescado en Brasil, con vistas a la reciprocidad comercial.

En cuanto a Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky ha decidido no nombrar un nuevo embajador en Brasil, tras la marcha, en junio, de Andrii Melnyk, ahora en la ONU.

La decisión refleja el descontento de Kiev con algunas posiciones de Lula, consideradas favorables a Rusia. Las tensiones aumentaron tras la visita de Lula a Moscú en mayo, con motivo de las celebraciones del 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y después de que Ucrania rechazara al menos dos intentos de conversación telefónica con el líder brasileño. Kiev percibió el intento de acercamiento de Lula como un gesto “cínico” para enmascarar una mayor apertura hacia Putin.

Y mientras crece la tensión entre Kiev y Brasilia, el flujo de brasileños que se han alistado para luchar contra Moscú en la Legión Internacional Ucraniana, que reúne a mercenarios extranjeros con el objetivo de obtener altas ganancias, parece haber llegado a un punto muerto. De hecho, muchos se quejan de la diferencia entre los contratos propuestos y la realidad que se han encontrado en Ucrania.

Es el caso, por ejemplo, de Magdiel Bastos, un hombre de 35 años de Imbituba, en el estado sureño de Santa Catarina, que el pasado mes de julio intentó alistarse atraído por las promesas de un salario elevado y una indemnización para su familia en caso de muerte.

El contrato que le propusieron le prometía 5.000 reales (921 dólares) al mes, que se convertirían en 25.000 reales (4.603 dólares) si iba a combatir en primera línea, con una indemnización de 2 millones de reales (368.202 dólares) para la familia en caso de fallecimiento. Sin embargo, una vez allí, descubrió que las cifras eran mucho más bajas y que la indemnización en caso de muerte solo se pagaría si se recuperaba el cuerpo, algo muy difícil debido al avance del ejército ruso.

Otro brasileño, Lucas Felype Vieira Bueno, de 20 años, también declaró en sus redes sociales que había sido engañado. “Vine a Ucrania como voluntario con la promesa de trabajar con tecnología militar, principalmente en el campo de los drones. Pero desde que llegué aquí, todo ha cambiado. Me ponen una pistola en la mano y me llevan a una zona de guerra sin mi consentimiento”, dijo.

También en julio se confirmó la muerte en el frente de otro brasileño, Gustavo Viana Lemos, también originario del estado de Santa Catarina. Algunos brasileños también se alistaron en el ejército ruso, reclutados directamente en Brasil, según informa CNN Brasil. La familia de uno de ellos, Anderson de Oliveira Ferreira, de 25 años, no tiene noticias suyas desde fin de junio.

Por último, en las pasadas semanas, ha causado alarma la información publicada por el sitio web de investigación francés Intelligence Online, según la cual los drones de ataque FPV (First-Person View), ampliamente utilizados con éxito en Ucrania, están despertando el interés de los cárteles de la droga mexicanos, que habrían intentado aprender directamente sobre el terreno las mejores técnicas de uso.

Estas armas podrían dar a los cárteles una ventaja significativa en sus conflictos internos. Así lo ha señalado un informe del Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) enviado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) que, según Intelligence Online, ha abierto una investigación sobre unidades vinculadas al segundo escuadrón de la Legión Internacional, entre ellas el Tactical Group Ethos, una formación semiclandestina activa en Donbass y en la región de Kharkiv.

Las investigaciones también se centrarían en la posible participación de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que podrían haber seguido el mismo patrón para aprender a utilizar estas tecnologías. Fuentes de inteligencia han informado a Infobae de que también criminales brasileños han mostrado interés por este tipo de formación en el campo de batalla en Ucrania.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó 63 de los 400 artículos de una ley aprobada por el Congreso que flexibiliza la concesión de licencias ambientales para proyectos de infraestructura. El texto, promulgado con modificaciones, permite que el Legislativo revierta los vetos si alcanza mayoría absoluta.

La Presidencia informó que los recortes buscan garantizar la “protección ambiental” y la “seguridad jurídica”. Según el documento oficial, entre los puntos excluidos figura una disposición que autorizaba el inicio de obras con una simple declaración de las empresas sobre su impacto ambiental, sin requerir autorización previa de las autoridades competentes.

Otro artículo vetado eliminaba restricciones a las consultas previas a comunidades indígenas potencialmente afectadas por proyectos. También quedó fuera una medida que reducía la protección del bosque atlántico, un bioma considerado en estado crítico por el propio gobierno. La Agencia Brasil destacó que la argumentación presidencial incluyó el riesgo de daños irreversibles a áreas que ya sufren deforestación y degradación severa.

La ley, conocida como Proyecto de Ley de Licencias Ambientales, divide a los sectores políticos y económicos del país. El Ministerio de Medio Ambiente expresó desde el inicio que el texto aprobado por el Congreso contenía “excesivas concesiones” a empresas, con el riesgo de debilitar los mecanismos de control. Organizaciones ecologistas nacionales e internacionales también advirtieron que la reducción de requisitos afectaría la capacidad de prevenir daños ambientales y proteger comunidades vulnerables.

El sector agrícola y parte de la industria de la construcción respaldaron la versión original de la norma, al considerar que agiliza inversiones y reduce lo que describen como “burocracia” en los procesos de licenciamiento. Representantes de gremios empresariales argumentan que los plazos actuales para obtener permisos frenan proyectos estratégicos en transporte, energía y logística.

El Congreso aprobó el texto en un contexto de presión de legisladores vinculados a la bancada ruralista, que reclamaban un marco legal “más eficiente” para obras y emprendimientos privados. Sin embargo, la exclusión de la obligación de estudios previos detallados sobre impacto ambiental generó objeciones de expertos. Juristas y académicos señalaron que la medida podría vulnerar compromisos asumidos por Brasil en acuerdos internacionales sobre protección ambiental.

El veto presidencial reabre el debate legislativo. La Constitución permite que ambas cámaras del Congreso derriben vetos con mayoría absoluta de sus miembros. Si esto ocurre, las disposiciones originalmente rechazadas por el Ejecutivo se incorporarán al texto final y entrarán en vigor.

El bosque atlántico, una de las regiones aludidas en los vetos, conserva menos del 12% de su cobertura vegetal original, según datos de institutos de investigación brasileños. La reducción de su protección, afirman especialistas, podría agravar la pérdida de biodiversidad y el impacto en el ciclo hídrico de la región.

El Ministerio de Medio Ambiente señaló que el modelo de licenciamiento ambiental vigente requiere ajustes, pero advirtió que estos deben preservar mecanismos de evaluación y participación social. En un comunicado, destacó que la política ambiental debe “combinar desarrollo económico y preservación de los recursos naturales” en un marco de seguridad jurídica.

(Con información de Europa Press)

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene hasta el próximo 8 de agosto para decidir si promulga o no el proyecto de ley sobre licencias ambientales, el PL 2159/2021, aprobado por el Congreso el pasado mes de julio y actualmente en fase de análisis por parte del Gobierno federal. Rebautizado como “el proyecto de ley de la devastación”, representa una de las propuestas legislativas más controvertidas de los últimos años en Brasil, donde ha desatado un debate aún más acalorado que el que sigue en curso sobre la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas. En estos días, en varios edificios del centro de San Pablo se ha proyectado incluso, en señal de protesta, la frase “Prohíbe todo, Lula”.

Este proyecto de ley, apoyado por el lobby agrícola del país, promete una simplificación administrativa y burocrática y, por lo tanto, una aceleración de los plazos y un impulso económico. Sin embargo, corre el riesgo de hacerlo a expensas de la protección del medio ambiente, en un país como Brasil, que ya presenta graves índices de deforestación en zonas fundamentales para el medio ambiente, como la Amazonia.

En concreto, el proyecto de ley prevé una profunda reforma del sistema de licencias medioambientales en el gigante latinoamericano, introduciendo nuevas modalidades y facilidades para obtener las autorizaciones necesarias para realizar obras públicas y actividades económicas. Entre los principales cambios previstos figura la exclusión de las directrices del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para las grandes obras mineras, reduciendo así el papel de este organismo en la regulación de los proyectos de alto impacto medioambiental. Entre los puntos más criticados se encuentran las dos nuevas licencias medioambientales que presentan un alto grado de vulnerabilidad, la licencia medioambiental única (LAU) y la licencia de adhesión y compromiso (LAC). La primera es una especie de autorización “todo en uno”, que cubre en un solo paso la instalación, ampliación y funcionamiento de una actividad. La segunda, en cambio, es un procedimiento simplificado, basado en la autodeclaración de las empresas, que reduce los controles medioambientales preventivos y el papel de organismos como el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente). La LAU exime de la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental. También han sido objeto de críticas los puntos que prevén la exención de la licencia para la mayoría de las actividades agropecuarias, entre ellas los cultivos agrícolas permanentes y temporales y la ganadería extensiva, semi-intensiva e intensiva a pequeña escala.

Por no hablar del hecho de que, según la nueva ley, la Fundación Nacional del Pueblo Indígena (FUNAI), el organismo federal que protege a las comunidades indígenas del país, solo podrá intervenir en el proceso de autorización en el caso de los territorios indígenas denominados homologados, es decir, aquellas áreas cuyo proceso de demarcación y registro haya sido completado y aprobado por las autoridades competentes. Según la ONG Instituto Socioambiental, hay al menos 259 tierras indígenas aún en proceso de homologación, lo que supone alrededor del 32% de las tierras indígenas del país. Un informe del Consejo Indígena Misionero (CIMI) de 2023 revela una situación aún más crítica, con un total de 1.381 territorios y solicitudes territoriales indígenas, de los cuales 850 tienen pendientes administrativas y 563 no tienen ningún procedimiento administrativo iniciado. Para las comunidades indígenas del país, esto supondría un desastre que se sumaría al proyecto de ley 490/2007, también conocido como Marco Temporal. Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados en mayo de 2023 con 283 votos a favor, 155 en contra y una abstención, limita la demarcación de las tierras indígenas a aquellas ocupadas físicamente por los pueblos indígenas en el momento de la entrada en vigor de la Constitución brasileña de 1988. El Gobierno de Lula, aunque se opuso, no obtuvo la mayoría en el Congreso para bloquearlo. Si bien, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo brasileño (STF) declaró inconstitucional el Marco Temporal, el juez del STF, Gilmar Mendes, en lugar de apoyar la decisión ya tomada por el Tribunal Supremo, creó una “cámara de conciliación” que, el 23 de junio pasado, tras 23 audiencias, logró un acuerdo sobre los cambios mínimos al Marco Temporal. El movimiento indígena se retiró en protesta de esa “cámara de conciliación” y todavía no se sabe qué próximos pasos tomará el Tribunal Supremo brasileño, reporta el sitio de la revista Brasil de Fato.

Ambos proyectos de ley debilitan el marco normativo medioambiental y los derechos garantizados por la Constitución brasileña, respectivamente, el artículo 231 para las tierras indígenas y el 225 para el medio ambiente. Si el PL 2159/2021, al reducir el papel de organismos federales como el IBAMA, viola el principio de no regresión medioambiental, que establece que las normativas, políticas y prácticas de protección medioambiental no deben debilitarse ni reducirse con respecto a los estándares ya existentes, el Marco Temporal niega el “derecho originario” de las comunidades indígenas a sus tierras, reconocido por la Constitución.

Posible boomerang para Brasil

La combinación de estos dos proyectos de ley podría convertirse en un boomerang para Brasil. Por un lado, corre el riesgo de aumentar la deforestación, especialmente en la Amazonía y en la Mata Atlántica, y por otro, podría provocar un aumento de los conflictos con las comunidades indígenas, que pierden tanto el derecho a la tierra como la posibilidad de oponerse a proyectos invasivos.

El proyecto ha sido muy criticado tanto dentro como fuera de Brasil. Incluso las Naciones Unidas han intervenido. Un grupo de cuatro relatores especiales ha expresado su “profunda preocupación”. Los expertos han pedido a Brasil que evite lo que califican de “grave retroceso” legislativo, que podría comprometer los derechos de las generaciones actuales y futuras mediante la desregulación de las licencias medioambientales. En un comunicado transmitido a la diplomacia brasileña el 25 de julio de 2025 en Ginebra, el grupo declaró que el PL 2159/2021 contradice las obligaciones legales internacionales de Brasil, incluidas las derivadas de la Constitución y de tratados globales como el Acuerdo de París. “Este retroceso legislativo contradice las obligaciones jurídicas internacionales de Brasil”, se lee en el mensaje transmitido a la diplomacia brasileña. “Pedimos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete las partes del proyecto de ley sobre licencias medioambientales que contradicen las obligaciones constitucionales e internacionales de Brasil”, escribieron los expertos, y subrayaron que, si se promulga, la ley corre el riesgo de debilitar las protecciones medioambientales y comprometer la credibilidad de Brasil de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém, en el estado de Pará, en noviembre.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también se opuso al proyecto de ley, declarando que no basta con un simple veto por parte de Lula, sino que es necesario proponer un modelo alternativo que preserve los pilares de las licencias ambientales en el país. “Ya se ha tomado la decisión de que es necesario preservar las licencias medioambientales brasileñas, porque es esencial no destruir uno de los principales instrumentos para la protección del medio ambiente en Brasil”, afirmó la ministra. Según Marina Silva, “el presidente será guiado de la mejor manera posible para tomar esta decisión. Y fue él quien nos pidió que hiciéramos este meticuloso trabajo para preservar los fundamentos de las licencias medioambientales brasileñas”. Organizaciones no gubernamentales, movimientos cívicos y una parte del mundo académico y empresarial han calificado el proyecto de ley como un “grave retroceso” de las políticas medioambientales desde el retorno de la democracia.

Para la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), se trata del “peor ataque al sistema medioambiental nacional” desde los años de la dictadura, argumentando que el texto ignora “la crisis climática actual”. Otras organizaciones ecologistas, como Greenpeace y el Observatorio del Clima, han denunciado los riesgos que esta decisión supone para la Amazonia, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, ya que podría acelerar la deforestación y debilitar el sistema de protección medioambiental. “Si se aprueba esta ley, acabaremos con las licencias medioambientales. Además, corremos el riesgo de volver a escenarios como los que teníamos hasta los años 80, con ciudades industriales como Cubatão, tristemente famosas por sus altos índices de contaminación”, declaró a la BBC Brasil Suely Araújo, ex presidenta del IBAMA y actual coordinadora de políticas públicas de la ONG brasileña Observatorio del Clima. Según Araújo, el nuevo proyecto de ley eximiría al 90% de los proyectos del país de una evaluación de impacto ambiental. Para Angela Barbarulo, responsable jurídica de Greenpeace Brasil, a pesar de las advertencias del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA) sobre los riesgos del PL 2159/2021, el Gobierno no ha actuado con rapidez para contrarrestar el avance del proyecto en el Congreso. “Ha sido una clara renuncia a la agenda socioambiental en favor de otras prioridades políticas”, declaró a la revista jurídica brasileña Jota, Barbarulo, según la cual, para Lula, el PL 2159/2021 es ahora “una bomba de relojería”.

Por el contrario, el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, junto con los sectores económicos de las infraestructuras, la agroindustria y la energía, apoya el proyecto de ley y critica el sistema actual por ser excesivamente fragmentado, lento y burocrático, y sostiene que las normas vigentes generan inseguridad jurídica, desalientan las inversiones y ralentizan las obras públicas. “Este proyecto de ley simplemente desbloquea y simplifica, pero no debilita el mecanismo. Las sanciones para quienes no tienen licencias son aún más severas que las actuales”, declaró en una rueda de prensa a finales de mayo la ex ministra de Agricultura del Gobierno de Bolsonaro y actual senadora Tereza Cristina, del Partido Progressistas (PP). Según el senador Jayme Campos, de Unión Brasil, hay 5.000 proyectos de infraestructura bloqueados en Brasil. “Es un delito contra la nación. A menudo se desperdicia dinero porque las obras comienzan y, poco después, interviene el IBAMA o los departamentos estatales, bloqueando el proyecto”, dijo durante un debate sobre el proyecto de ley en una comisión del Senado. La última palabra la tiene ahora Lula en una semana muy delicada, también por los aranceles estadounidenses que deberían entrar en vigor, salvo que se negocie el jueves, y que ya han puesto de rodillas a algunos sectores de la agricultura brasileña.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que Brasil está abierto a negociar con Donald Trump, pero solo si su país recibe un trato igual al de Estados Unidos, y reiteró que no cederá a la presión política del presidente estadounidense.

“Queremos negociar. Queremos negociar en igualdad de condiciones”, declaró Lula este domingo en un evento del Partido de los Trabajadores en Brasilia. “Apoyaremos a nuestras empresas, defenderemos a nuestros trabajadores y les diremos: ‘Miren, cuando estén listos para negociar, nuestras propuestas estarán sobre la mesa’”, añadió.

En julio, Trump colocó a Brasil en el centro de su guerra comercial global, amenazando con imponer aranceles del 50 por ciento a sus productos a menos que el Tribunal Supremo desestimara de inmediato la demanda contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

La semana pasada, Estados Unidos retrasó el aumento de aranceles, que debía entrar en vigor el 1 de agosto, aunque eximió a numerosos productos de gravámenes más altos, pero también impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien supervisa los casos legales de Bolsonaro y ha tenido enfrentamientos con empresas estadounidenses de redes sociales.

Trump declaró el viernes que Lula puede llamarlo, declaraciones que el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, celebró como un paso adelante. Haddad afirmó que pronto hablará con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre los aranceles y las sanciones contra Moraes, informó Bloomberg.

Aunque este domingo ha mostrado su disposición a dialogar, el mandatario brasileño también mantuvo su tono desafiante hacia Estados Unidos, afirmando que era “inaceptable” “intentar usar un asunto político para imponernos sanciones económicas” y reiteró su afirmación de que Trump intenta trastocar el multilateralismo global.

Lula también afirmó que no cejará en sus esfuerzos por desarrollar alternativas al dólar en el comercio exterior, otro tema que ha irritado a Trump, incluso cuando el bloque BRICS de países de mercados emergentes, del cual Brasil forma parte, ha avanzado poco al respecto.

“Brasil hoy no depende tanto de Estados Unidos como antes”, afirmó. “No subestimaré la importancia de nuestra relación diplomática con Estados Unidos. Pero, de ahora en adelante, necesitan saber que tenemos asuntos que negociar. Tenemos tamaño, tenemos una postura, tenemos intereses económicos y políticos que plantear”, advirtió.

Las declaraciones de Lula coinciden con las marchas de los partidarios de Bolsonaro en las principales ciudades contra el gobierno y Moraes, a quien el ex presidente ha acusado de perseguirlo políticamente a él y a sus aliados de derecha.

En la capital del país, seguidores del ex mandatario aseguraron que la “democracia fue robada” y que “se perdió la libertad para hablar”, como dijo Jacuí Anaí Campos Silva, una pensionada de 61 años que denunció la inexistencia de un “proceso político legal” para Bolsonaro.

En Río de Janeiro, el acto convocado en la playa de Copacabana estuvo liderado por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien dijo que los manifestantes “están ayudando a rescatar la libertad en el país”.

Ya en São Paulo se registró la mayor concentración entre todas las ciudades del país, con un acto realizado en la tarde en la Avenida Paulista y que estuvo presidido por el pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales aliados del líder ultraderechista.

Pese a que la convocatoria reunió a miles de manifestantes en las principales ciudades brasileñas, la participación fue aparentemente menor que en otras oportunidades, según lo que pudo constatar EFE en Brasilia y por las imágenes mostradas por medios locales en otras capitales.

(Con información de Europa Press y EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó este miércoles la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y calificó como "inaceptable la interferencia" estadounidense en la Justicia brasileña.

Las declaraciones se produjeron luego de que la administración de Donald Trump anunciara medidas financieras contra el magistrado y nuevos aranceles a las importaciones provenientes de Brasil.

“Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia”, sostuvo Lula en una nota oficial titulada Brasil es un país soberano y democrático.

La sanción contra De Moraes fue aplicada bajo la Ley Magnitsky, un instrumento que permite al Gobierno estadounidense bloquear activos y restringir transacciones financieras con personas extranjeras acusadas de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Según detalló Washington, el magistrado enfrenta restricciones en sus posibles bienes en EEUU y en sus vínculos financieros con ciudadanos estadounidenses.

Alexandre de Moraes es el juez encargado de los procesos judiciales contra el ex presidente Jair Bolsonaro, entre ellos una causa por presunta participación en un complot golpista tras la derrota electoral en 2022. La Fiscalía brasileña lo acusa de “liderar” un intento de revertir los resultados de las elecciones mediante acciones ilegales.

Lula atribuyó las sanciones a “la acción de políticos brasileños que traicionan” al país, en alusión al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario y quien se encuentra en Estados Unidos en busca de apoyo internacional para su padre.

“En Brasil, la ley se aplica a todos los ciudadanos y todas las empresas. Cualquier actividad que afecte la vida de la población y de la democracia brasileña está sujeta a normas”, afirmó el jefe de Estado.

En paralelo, Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 50% a una amplia gama de productos brasileños. El presidente justificó la medida como represalia ante el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro, a quien considera víctima de una “caza de brujas”.

“La motivación política de las medidas contra Brasil atenta contra la soberanía nacional y contra la propia relación histórica entre ambos países”, declaró Lula, quien recordó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil desde hace varios años.

Al respecto, dijo que su gobierno “sigue dispuesto a negociar los aspectos comerciales”, aunque advirtió que utilizará los instrumentos de defensa previstos en la legislación nacional.

Durante un acto oficial en Brasilia, Lula agregó: “Hoy es el día sagrado de la soberanía” y prometió defender “la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de los Estados Unidos”.

El conflicto diplomático escaló luego de la reunión entre el canciller brasileño Mauro Vieira y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington. El encuentro fue el más relevante entre ambos gobiernos desde el inicio de las tensiones.

Vieira calificó como “inaceptable” la sanción al magistrado del Supremo y declaró ante la prensa que “Brasil se reserva el derecho de responder”. En sus declaraciones a Rubio, expresó que “la justicia brasileña no se inclinará ante presiones externas” y que el gobierno de Lula mantiene disposición para seguir negociando en el ámbito comercial.

La Corte Suprema brasileña también se pronunció. En un comunicado oficial, el tribunal expresó su “solidaridad” con el juez Moraes y afirmó: “No se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes”.

El texto añadió que el juzgamiento de delitos relacionados con ataques a la democracia es “de exclusiva competencia de la justicia del país”.

(Con información de AFP y EFE)

El general retirado del Ejército de Brasil Mário Fernandes reconoció el jueves ante la Corte Suprema haber redactado un documento que incluía un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del juicio que enfrenta el ex presidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en una trama golpista destinada a impedir la asunción del mandatario electo.

El militar, quien durante el gobierno de Bolsonaro se desempeñó como jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia, confirmó haber elaborado e impreso el documento en el Palacio de Planalto, aunque alegó que se trataba únicamente de una reflexión personal.

“Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, declaró por videoconferencia durante su interrogatorio ante el máximo tribunal. Según su testimonio, imprimió el texto únicamente para leerlo en papel y luego lo destruyó. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, aseguró.

De acuerdo con la fiscalía, el documento formaba parte de una operación identificada como “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba el asesinato de Lula, del entonces vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes, responsable del juicio que se lleva adelante contra Bolsonaro en la Corte Suprema.

Según el Ministerio Público, el documento habría sido trasladado por Fernandes a la residencia presidencial de la Alvorada, el 6 de diciembre de 2022, para sostener “tratativas” con el entonces presidente.

Ese mismo día, Bolsonaro también habría recibido un borrador de decreto que establecía medidas excepcionales para anular los resultados de las elecciones presidenciales, según la información recabada por los investigadores. La fiscalía sostiene que se trataba de un plan más amplio que buscaba desconocer la victoria electoral de Lula da Silva y evitar su toma de posesión.

El presunto intento de golpe de Estado, atribuido a sectores del gobierno saliente, no llegó a ejecutarse debido a la falta de apoyo entre los altos mandos militares, de acuerdo con los fiscales. No obstante, el caso involucra a una treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro, quienes están siendo procesados junto con el ex mandatario.

La causa judicial gira en torno a la acusación de que Jair Bolsonaro —quien ocupó la presidencia entre 2019 y 2022— dirigió un plan para alterar el orden constitucional y frustrar la transición democrática del poder luego de ser derrotado en la segunda vuelta electoral por el actual presidente Lula.

El resultado de los comicios de octubre de 2022 fue ajustado, y desde entonces Bolsonaro ha sido acusado de alentar discursos de fraude electoral y de promover la desconfianza en el sistema democrático brasileño.

El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” estaba programado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, pocos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero de 2023. Las autoridades aseguran que el objetivo era eliminar a las principales figuras del gobierno entrante, así como al magistrado que presidía la autoridad electoral, cuya función era validar el proceso electoral y proclamar los resultados.

La semana pasada, la fiscalía solicitó la condena de Bolsonaro por su presunto papel en la organización del complot. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.

(Con información de AFP)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro cuestionó este jueves la política exterior del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y le atribuyó la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel del 50% sobre productos brasileños a partir del 1 de agosto, medida anunciada la víspera por el mandatario estadounidense Donald Trump.

“Brasil camina rápidamente hacia el aislamiento y la vergüenza internacional”, escribió Bolsonaro en su cuenta oficial de X, al referirse a la notificación enviada por Trump al gobierno brasileño, en la que comunica la entrada en vigor de las sanciones.

“Recibí con responsabilidad la noticia de la carta enviada por el presidente Donald J. Trump al Gobierno brasileño, comunicándole y justificando el aumento de aranceles a los productos brasileños. Expreso mi respeto y admiración por el gobierno de Estados Unidos”, sostuvo el ex mandatario, quien gobernó entre 2019 y 2022.

En su publicación, Bolsonaro calificó la medida como un reflejo del “alejamiento” del actual gobierno brasileño de sus “compromisos históricos con la libertad, con el Estado de derecho y con los valores que siempre sustentaron su relación con el mundo libre”.

El líder de la derecha también instó a los “Poderes” del país a actuar con urgencia, aunque no precisó a qué instituciones se refería: “Los Poderes deben actuar con urgencia presentando medidas para rescatar la normalidad institucional”.

En su declaración, Bolsonaro afirmó que la ruptura con los Estados Unidos no se habría producido durante su mandato y celebró la actitud del republicano: “Trump defiende con firmeza y valentía la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento y de participación política, cuestiones que actualmente están en juego en Brasil”, dijo.

Asimismo, Bolsonaro volvió a referirse al proceso judicial que enfrenta por su presunta implicación en un intento de impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. En su mensaje, calificó la causa en su contra como una “caza de brujas”, expresión que también utilizó Trump esta semana en defensa del ex mandatario brasileño.

“Esa caza de brujas no es solo contra mí. Es contra millones de brasileños que luchan por la libertad y se rehúsan a vivir bajo la sombra del autoritarismo”, escribió Bolsonaro.

En la carta de sanciones comerciales enviada a Brasil, Trump también calificó de “caza de brujas” el proceso legal contra Bolsonaro y exigió que esa “persecución” finalice “inmediatamente”.

El presidente estadounidense justificó la imposición del arancel basándose en un supuesto desequilibrio comercial —que en realidad favorece a EEUU desde hace 15 años—, pero sobre todo en el argumento de que el gobierno brasileño estaría aplicando una persecución judicial contra su “aliado”.

En respuesta a la medida, el presidente Lula anticipó que intentará primero negociar las tarifas con Washington y, de no llegar a un acuerdo, planea recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En caso de no prosperar ninguna de estas vías, el gobierno brasileño prevé aplicar el principio de reciprocidad, imponiendo también un arancel del 50% a productos estadounidenses.

(Con información de EFE)

La cancillería brasileña convocó este miércoles a Gabriel Escobar, encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país, para que explique una nota divulgada por esa legación que hace una enérgica defensa del ex presidente Jair Bolsonaro, quien responde a un juicio penal por golpismo.

Fuentes oficiales dijeron a EFE que Gabriel Escobar, responsable de la legación diplomática en ausencia de un embajador, fue citado después de que, este mismo miércoles, esa embajada publicara una dura nota sobre el juicio que cursa contra Bolsonaro, que ya había sido criticado esta semana por el presidente Donald Trump.

La nota en cuestión afirma que “Jair Bolsonaro y su familia han sido fuertes socios de Estados Unidos” y afirma que “la persecución política contra él, su familia y sus seguidores es vergonzosa e irrespeta las tradiciones democráticas de Brasil”.

También refuerza “la declaración del presidente Trump” y agrega que la embajada sigue “de cerca esa situación” y que “no comenta sobre próximas acciones del Departamento de Estado en relación con casos específicos”.

La nota siguió el tono adoptado por Trump en mensajes que publicó el pasado lunes y en la noche del martes en su red Truth Social.

“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil —se llama una elección—. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”, escribió.

Sostuvo además que “Brasil está tratando de forma terrible al ex presidente” y dijo que ha “observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO!”, afirmó.

El primer mensaje de Trump motivó una inmediata respuesta del jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le dio carácter institucional al asunto y reaccionó mediante una nota oficial de la Presidencia.

“La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea”, afirmó Lula.

Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, cuando coincidió durante dos años con el primer mandato de Trump, está acusado de haber planificado, junto a jefes militares y antiguos ministros, diversos planes para impedir la investidura de Lula tras la victoria del líder progresista en las elecciones de octubre de 2022.

Esa trama, según la Fiscalía, desembocó en el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

El juicio cursa en la Corte Suprema, que el mes pasado concluyó la fase de instrucción del proceso, que se prevé que quedará listo para sentencia entre septiembre y octubre próximos.

Bolsonaro y el intento de golpe

A principios de 2025, la Fiscalía General de Brasil, liderada por el fiscal Paulo Gonet, presentó una contundente denuncia contra Bolsonaro por presuntamente orquestar un plan golpista para desconocer los resultados electorales de 2022 y mantenerse en el poder. El escrito, de casi 300 páginas, describe una “organización criminal” organizada desde el Estado, en la que participaron exministros, mandos militares y colaboradores cercanos.

El principal eje de la acusación es un informe de la Policía Federal que aporta documentos, grabaciones y testimonios que vinculan directamente a Bolsonaro con preparativos para declarar un estado de emergencia, disolver el Congreso, arrestar autoridades y reorganizar el poder a través de un decreto elaborado por su círculo más cercano.

Uno de los testimonios clave es el del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera ayuda de campo de Bolsonaro y fue posteriormente detenido. Según la Policía, Cid “reunió documentos con el objetivo de obtener respaldo legal y judicial para la ejecución de un golpe de Estado”, según el análisis de su teléfono.

La Fiscalía sostiene además que planeaban incluso deshacerse físicamente de figuras clave, como el presidente Lula y el juez Alexandre de Moraes, ya sea mediante arrestos traumáticos o asesinatos por envenenamiento, según consta en el expediente.

El punto culminante de esta estrategia, según los fiscales, se materializó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores irrumpieron violentamente en los edificios del Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia. La Fiscalía sostiene que fue el desenlace premeditado de una ofensiva institucional destinada a provocar un caos justificante para justificar una intervención militar.

(Con información de EFE)

El sector azucarero argentino advirtió que la intención manifestada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, de incorporar el libre comercio del azúcar en el ámbito del Mercosur “resulta inadmisible”, dado que significaría un “grave perjuicio para la economía del NOA, al tener que competir “en condiciones muy desiguales” con la producción del país vecino, que viene de largos años de subsidios

El comunicado es respuesta al planteo del presidente brasileño durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires, donde puntualizó que hay “obstáculos que superar, como la inclusión de los sectores automotriz y azucarero en la unión aduanera”.

En una declaración conjunta, el Centro Azucarero Argentino, la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán, Salta y Jujuy; los Centros de Agricultores Cañeros de Tucumán, del Este y del Sur, recordaron que el objetivo del Plan Proálcool (Programa Nacional del Alcohol), implementado por Brasil en 1975, fue sustituir parcialmente las importaciones de combustibles fósiles mediante la producción y uso masivo de etanol derivado de caña de azúcar. El programa implicó décadas de subsidios directos e indirectos, financiamiento estatal a tasas preferenciales, incentivos fiscales y precios regulados, generando una estructura productiva fuertemente apalancada por el sector público.

Aseguran que las consecuencias de estas políticas incluyen la creación de una “capacidad productiva excedente sostenida artificialmente”; la acumulación de capital y tecnología en el sector, que no hubiese sido posible sin la intervención estatal y la generación de “un mercado cautivo y protegido”, con acceso prioritario de la caña al mercado energético interno y con subsidios cruzados entre el azúcar y el etanol.

El sector azucarero argentino advierte que este proceso produjo distorsiones competitivas a nivel regional e internacional. De hecho, en el Mercosur estas situaciones han sido formalmente reconocidas como “asimetrías” que justifican tratamientos arancelarios diferenciales (GMC, Acta de la VI Reunión del 23 al 25 de junio de 1992, Documento 1).

En el caso de Argentina, tuvo en cuenta al mercado interno, la actividad azucarera como economía regional clave, fundamental para el empleo, la generación de valor agregado y la cohesión social en el Noroeste Argentino.

La política seguida por nuestro país, aseguran los referentes del sector azucarero argentino, “busca evitar los impactos de la competencia desleal, que implicaría el ingreso de un producto subsidiado durante décadas y con ventajas acumuladas artificialmente, en claro perjuicio de la competitividad y sostenibilidad de la industria local, que opera sin subsidios equivalentes y que constituye un instrumento de desarrollo y equilibrio territorial”.

En ese contexto, puntualizan, Argentina mantiene aranceles y medidas de administración de comercio sobre el azúcar, “consistentes con los acuerdos internacionales y con las normas y autorizaciones vigentes en el Mercosur”.

Concluyen que se trata de un mecanismo legítimo para evitar el impacto interno negativo de “distorsiones de larga data originadas en el mercado brasileño”.

¿Qué ha quedado, aparte de la polémica, de la visita de Lula a Putin el pasado 9 de mayo en Moscú, para asistir al desfile, junto con numerosos dictadores del mundo, por el 80º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? En primer lugar, es posible que ambos se vuelvan a ver pronto en la reunión del BRICS prevista en Río de Janeiro los próximos 6 y 7 de julio.

Recordemos que Lula invitó a su homólogo ruso a participar en el evento, a pesar de que Putin tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, es decir, por haber deportado a cientos de niños ucranianos a Rusia. La semana pasada, el presidente brasileño declaró que la decisión de venir a Río de Janeiro dependerá de Putin.

“Es uno de los fundadores de los BRICS. Puede participar o no. Ha sido condenado por un tribunal internacional, sabe que corre peligro, pero la decisión le corresponde a él. Está invitado porque es un miembro natural, es el creador de los BRICS junto con Brasil, India y China”, declaró Lula. Mientras tanto, en su encuentro cara a cara en Moscú, se reforzó el vínculo entre los dos países.

“Mi visita tiene como objetivo reforzar y reconstruir con mayor fuerza nuestra asociación estratégica”, afirmó Lula. “Brasil tiene intereses políticos, comerciales, culturales, científicos y tecnológicos con Rusia. Somos dos grandes naciones en continentes opuestos. Formamos parte del Sur del mundo y tenemos la oportunidad, en este momento histórico, de hacer crecer significativamente nuestras relaciones comerciales”, concluyó el presidente brasileño.

El propio ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, fue quien, en declaraciones a los periodistas, proporcionó detalles sobre lo que será esta nueva alianza entre ambos países. Silveira anunció que Brasil y Rusia comenzarán a colaborar para crear una asociación sobre el uranio brasileño y para el desarrollo de pequeños reactores modulares (Small Modular Reactors, SMR en inglés).

“El presidente Putin ha ordenado a Rosatom (la agencia estatal rusa para la energía nuclear) que inicie lo antes posible una asociación con el Gobierno brasileño para desarrollar estos pequeños reactores nucleares, que serán esenciales para el futuro de la energía”, declaró Silveira. Los SMR son una nueva generación de reactores nucleares diseñados para ser pequeños, con menor potencia y modulares. Son ventajosos por su mayor flexibilidad energética y por su posible uso en procesos industriales (por ejemplo, para la producción de hidrógeno o calor para las industrias).

Sin embargo, sus limitaciones son los altos costes, el hecho de que aún hay pocos ejemplos en funcionamiento y la gestión de los residuos radiactivos. Además, existe un riesgo geopolítico. Aunque no han sido diseñados con fines bélicos, pueden utilizarse potencialmente con fines militares.

En particular, pueden suministrar energía a bases militares remotas o en zonas difíciles de abastecer con combustibles convencionales. Además, pueden proporcionar apoyo logístico y de infraestructura en situaciones de guerra y guerra híbrida, para generar electricidad, calor, agua desalinizada o hidrógeno en teatros operativos.

Algunas tecnologías SMR pueden tener un doble uso, es decir, pueden utilizarse tanto para fines civiles como para programas militares encubiertos. También existe un riesgo de proliferación, especialmente si no se dispone de una normativa sólida o si el combustible gastado se gestiona mal o incluso se roba.

La mayoría de los SMR diseñados o en fase de desarrollo en la actualidad utilizan uranio como combustible nuclear. Brasil posee la octava reserva de uranio del mundo, con unas 280.000 toneladas de mineral disponible. “Tenemos grandes reservas de uranio y el potencial para ser líderes en este sector a nivel mundial”, declaró Silveira. Según el ministro, tal y como informa el sitio web especializado en energía Petronotícias, “los rusos iniciarán con Brasil un proceso de planificación en el sector minero del uranio y de evaluación de nuestro potencial”.

“Posteriormente —dijo Silveira— ayudarán a identificar nuestros recursos en el resto de nuestro territorio y estarán disponibles para comenzar a discutir cómo establecer una asociación en reactores nucleares pequeños“. Brasil no solo permitirá al Gobierno ruso cartografiar los recursos estratégicos de Brasil, sino también participar en la industria nuclear del país latinoamericano.

“Los rusos aportarán su amplia experiencia en este sector con fines pacíficos, por supuesto. Pero también contribuirán a que podamos llevar a cabo lo que propuse en mi informe presentado al Consejo Nacional de Política Energética: avances en el sector nuclear”, declaró el ministro Silveira en la entrevista, refiriéndose a Angra 3, una central nuclear en construcción en Brasil, situada en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.

La historia de Angra 3 ha sido turbulenta desde el principio. Proyectada en los años 90, las obras se interrumpieron y se reanudaron varias veces por motivos económicos, políticos y relacionados con la corrupción, ya que se vio envuelta en el escándalo de Lava Jato.

La apertura de Brasil a Rusia en el sector nuclear coincide con una de las fases más críticas del conflicto en Ucrania. Putin no solo ha rechazado hasta ahora las propuestas de acuerdo mediadas por la comunidad internacional, sino que a finales de mayo amenazó con utilizar armas nucleares contra el país que invadió en 2022.

Ayer, precisamente en relación con el tema nuclear, el presidente ruso intervino proponiéndose como mediador entre Israel e Irán, cuyo mandatario, Masoud Pezeshkian, declaró a Putin que “Irán no tiene intención de poseer armas nucleares”. Sin embargo, el día anterior, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) votó por primera vez en 20 años una resolución contra Irán. “Teherán viola las obligaciones de no proliferación nuclear”, se lee en el texto. La respuesta de Irán a la decisión del Consejo del OIEA no se hizo esperar. Tras calificarla de “política”, Teherán anunció que creará una nueva planta de enriquecimiento de uranio.

En este contexto geopolítico tan complejo, Rusia no solo está interesada en el uranio brasileño, sino también en el litio. “Disponemos de reservas que ya se encuentran en fase de desarrollo y apostamos por unas relaciones sólidas y recíprocas con socios estratégicos como TENEX”, declaró el ministro Silveira. TENEX, abreviatura de Techsnabexport, es la filial internacional de comercio exterior de Rosatom. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, las reservas brasileñas de litio ascienden a un millón de toneladas.

La región que alberga las principales reservas de litio conocidas del país es el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, y ya es explotada por las brasileñas Sigma Lithium y Companhia Brasileira de Lítio. Recientemente, el fabricante chino de automóviles BYD confirmó que ha adquirido los derechos de exploración de dos lotes de reservas de litio, esencial para las baterías de los coches eléctricos.

En cuanto a Brasil, sigue comprando petróleo ruso, necesario para cubrir un déficit del 25% entre la producción interna y la demanda de combustible. Sin embargo, para el país latinoamericano crece el riesgo de sanciones. Mientras que la Unión Europea anunció en mayo el decimoséptimo paquete desde el inicio del conflicto en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, apoyó una propuesta de ley presentada en el Congreso de los Estados Unidos por el senador Lindsey Graham, que prevé un arancel del 500% sobre todos los intercambios comerciales con Rusia, incluidos los países que siguen comerciando con Moscú, como es el caso de Brasil. Según datos de la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles (Abicom), el 63,6% del diésel importado por Brasil en 2024 procede de Rusia, frente al 50,4% en 2023.

También queda el problema de los espías. Un artículo del New York Times, publicado tras la visita de Lula a Moscú, volvió a centrar la atención en la llamada “fábrica” de espías en Brasil. Al menos nueve agentes rusos utilizaron documentos brasileños auténticos como parte de sofisticadas tapaderas para operar en otros países. La red fue parcialmente desmantelada gracias a la captura en 2022 de Sergey Cherkasov, alias Victor Muller Ferreira, que intentaba infiltrarse en la Corte Penal Internacional de La Haya haciéndose pasar por brasileño. Cherkasov fue devuelto a Brasil, donde sigue en prisión tras ser condenado por uso de documentos falsos, aunque siempre ha negado ser espía. La detención de Cherkasov desencadenó una batalla diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Ambos países solicitaron su extradición. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, acusación que se considera falsa, mientras que Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje. En 2023, un posible intercambio de extradición entre Cherkasov y el bloguero bolsonarista Allan dos Santos, refugiado en Estados Unidos, no llegó a buen puerto.

Las investigaciones posteriores llevaron al descubrimiento de otros ocho presuntos agentes rusos, entre ellos Mikhail Mikushin, detenido en Noruega con el nombre brasileño de José de Assis Giammaria, y Artem Shmyrev, alias Gerhard Daniel Campos, desaparecido poco antes de ser detenido. Otros seis, entre ellos modelos y falsos empresarios, habrían utilizado nombres brasileños para crear una tapadera creíble.

Estos agentes no solo cambiaban de nombre y nacionalidad, sino que creaban vidas falsas con todo detalle. Cherkasov, por ejemplo, tomaba clases de forró, un baile local, en San Pablo. Una de las tapaderas más insólitas es la de una presunta agente que se hacía pasar por modelo. Pero, ¿por qué precisamente Brasil? El país fue elegido por los servicios de espionaje rusos por los escasos controles de los registros civiles, por su neutralidad en los conflictos internacionales y por su población étnicamente diversa, útil para crear identidades creíbles. Los certificados de nacimiento utilizados por los agentes eran auténticos y expedidos por oficinas públicas, probablemente gracias a connivencias internas.

Precisamente en estos días ha llamado la atención de las autoridades brasileñas la noticia de un turista ruso, Denis Kopanev, con ciudadanía británica y residente en Londres, que desapareció repentinamente del apartamento en el que se alojaba en la zona sur de Río. Las cámaras situadas fuera de la vivienda lo grabaron alejándose por la noche solo, sin equipaje, con una bolsa de plástico. Según un amigo brasileño, el hombre visitaba Brasil cada tres o cuatro meses porque “adora nuestra cultura”, dijo el brasileño. Sin embargo, se ha perdido todo rastro de él. Incluso su pasaporte británico se quedó en la casa alquilada para turismo.

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil rechazó el viernes un nuevo recurso presentado por la defensa de Jair Bolsonaro para frenar el proceso judicial que lo investiga por su presunto papel en una trama golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. El ex presidente será interrogado la próxima semana, en el marco de la fase de instrucción del caso.

La defensa de Bolsonaro alegó que no tuvo acceso completo al conjunto de pruebas recolectadas por la Policía Federal y la Fiscalía General, y solicitó postergar la audiencia prevista hasta que se tomen primero las declaraciones de otros acusados que podrían, según argumentaron, implicarlo en sus testimonios. No obstante, el juez Alexandre de Moraes desestimó los planteos.

“Si los testigos mencionados (...) hubieran sido considerados importantes para la defensa del acusado Jair Bolsonaro, deberían haber sido incluidos en el momento procesal oportuno”, afirmó Moraes en la decisión, citada por el portal local G1. El magistrado también sostuvo que toda la documentación está a disposición de las partes y que los nuevos elementos incorporados “en nada alteran los hechos imputados”.

Bolsonaro está acusado junto a otros siete integrantes del núcleo central de la supuesta conspiración, que habría tenido como objetivo impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

Las imputaciones en su contra incluyen los delitos de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado y destrucción del patrimonio, cuya pena acumulada podría alcanzar los 40 años de prisión.

Según la Fiscalía, la conspiración se organizó luego de la derrota electoral de Bolsonaro en octubre de 2022. El plan habría incluido maniobras jurídicas, presiones sobre las Fuerzas Armadas y el uso de desinformación para sembrar dudas sobre el proceso electoral.

La ofensiva concluyó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del ex mandatario asaltaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto en Brasilia. Por esos hechos ya fueron condenadas más de 500 personas.

Durante un acto del Partido Liberal (PL) el viernes, Bolsonaro confirmó que comparecerá ante el STF la próxima semana. “No voy allá para desafiar a quien sea, estaré allá con la verdad de nuestro lado”, afirmó. También calificó el proceso como una “inquisición” y convocó a sus seguidores a seguir en vivo su declaración, que tendría lugar entre martes y miércoles.

El ex mandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, será el sexto en declarar dentro del cronograma de interrogatorios, que comenzará el lunes y se extenderá hasta el viernes. La Corte Suprema también rechazó en paralelo una solicitud para aplazar su testimonio, reiterando que las pruebas están disponibles para su revisión.

(Con información de EFE y EP)

"Le entregué la carta enviada por el presidente Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) invitándolo a visitar Brasil y a participar en la COP30 en Belém y él la recibió con mucha simpatía", afirmó Alckmin, que representó al Gobierno brasileño en la misa de este domingo de inicio de pontificado de León XIV, en declaraciones a la prensa de Brasil.

El vicepresidente dijo que le entregó la invitación oficial en una corta audiencia que tuvo tras la multitudinaria misa en el Vaticano.

Lula aprovechó la misiva para recordarle al nuevo pontífice que en 2026 se conmemorarán los 200 años del inicio de relaciones entre el Vaticano y Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo.

Alckmin, un católico fervoroso, afirmó que Brasil considera a León XIV como el segundo pontífice latinoamericano ya que, pese a que nació en Estados Unidos, vivió toda su vida sacerdotal en Perú, país del que se nacionalizó.

Dijo igualmente que también se le puede ser considerado como el primer papa amazónico, ya que Perú es uno de los países que comparte la mayor selva tropical del mundo, lo que refuerza la posibilidad de que acuda a la primera Cumbre Climática que la ONU realizará en la Amazonía.

El vicepresidente brasileño destacó que, como León XIV habla español con fluidez, consiguieron conversar en "portoñol".

"También aproveché para conversar con varios cardenales sobre la COP. La Iglesia, y el papa Francisco en especial, siempre mostraron una gran preocupación en los problemas actuales, especialmente una preocupación con la justicia social, con los que más sufren, y con el medio ambiente", aseguró.

Uno de los interlocutores de Alckmin en esta reunión sobre la posición de la Iglesia en torno a las negociaciones climáticas mundiales fue el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario del Vaticano para las relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. EFE

"Su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la ternura pueden ir de la mano. Y de que el coraje y la fuerza pueden ir acompañados de humildad y desapego", expresó en una nota Lula, quien se encuentra en Pekín, tras participar en la cumbre ministerial entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Lula, de 79 años, comentó que amaneció en la capital china con la "triste noticia" del fallecimiento de Mujica, sobre el que dijo que le dejó "muchos aprendizajes".

"En sus casi 90 años de vida, Mujica combatió con fervor la dictadura que existió en su país. Defendió, como pocos, la democracia. Y nunca dejó de luchar por la justicia social y por el fin de todas las desigualdades", describió el líder progresista brasileño.

Lula y Mujica, además de compartir ideales, coincidieron en el poder de sus respectivos países en 2010. Entonces, el líder brasileño terminaba su segundo mandato y el uruguayo comenzaba el suyo, el cual se extendería hasta 2015.

"Su grandeza humana trascendió las fronteras de Uruguay y de su mandato presidencial. La sabiduría de sus palabras se convirtió en un verdadero canto de unidad y fraternidad para América Latina", manifestó Lula.

El jefe de Estado brasileño aseguró además que "su forma de comprender y explicar los desafíos del mundo actual seguirá guiando a los movimientos sociales y políticos que buscan construir una sociedad más igualitaria".

Lula se reunió con Mujica cada vez que iba a Montevideo. Su último encuentro fue en diciembre pasado, cuando al margen de una cumbre del Mercosur le concedió el Gran Collar de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, la mayor condecoración que otorga el Estado brasileño a ciudadanos extranjeros.

Entonces, en un emotivo encuentro, Lula se refirió a Mujica, ya enfermo, como "la persona más extraordinaria" entre los presidentes con quienes convivió.

'Pepe' Mujica, quien siempre apoyó a Lula, también cuando este último estuvo en prisión por procesos de corrupción que luego fueron anulados, falleció en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

"Que el amor que Mujica siempre entregó a su pueblo sea ahora devuelto a la querida Lucía Topolansky, a sus familiares, amigos y compañeros. Y que el consuelo llegue pronto a sus corazones", concluyó el gobernante brasileño. EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares (899 millones de euros) en la producción de SAF (combustible de aviación renovable) a través del grupo chino Envision, y en la creación de un Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) en asociación entre la china Windey Technology y Senai Cimatec en el área de energías renovables.

Así lo ha anunciado el mandatario en el marco de su última visita a China, tras mantener cuatro audiencias con ejecutivos de empresas chinas vinculadas a los sectores de energía sostenible y defensa.

El ministro de Casa Civil, Rui Costa, ha explicado que varias empresas chinas invertirán en Brasil, formarán alianzas con instituciones brasileñas, instalarán centros de investigación y generarán desarrollo tecnológico en el sector energético.

"Brasil se convertirá en uno de los mayores productores de combustibles verdes para la aviación. SAF es una alternativa al combustible de aviación de origen fósil, producido a partir de materias primas y procesos que cumplen con los estándares de sostenibilidad", ha subrayado el ministro.

Todas estas sinergias buscan crear alianzas en el área de desarrollo tecnológico, incluyendo la formación de talentos y la instalación de centros de investigación y producción en Brasil. Entre los acuerdos están iniciativas clave que involucran energías renovables, energía eólica, energía solar, proyectos híbridos y almacenamiento en territorio brasileño.

Putin, que en octubre de 2024 ya rompió su aislamiento diplomático por la guerra con la cumbre del grupo BRICS en Kazán, estará escoltado el viernes durante el desfile militar en la plaza Roja por los líderes chino y brasileño, y acompañado por presidentes y primeros ministros de casi una treintena de países.

Con la vista puesta en la guerra en Ucrania, Putin declaró un alto el fuego unilateral de 72 horas que entró en vigor la pasada medianoche, pero el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, amenaza con aguar la fiesta al no sumarse a la tregua.

Rusia ha acusado a algunos países europeos de intentar abortar este cónclave al cerrar su espacio aéreo a los vuelos de algunos dirigentes, en concreto el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

 Invitados de honor, de Asia a América Latina

Los invitados procedentes de los cuatro continentes, entre los que figuran varios dirigentes considerados autoritarios por Occidente y las organizaciones de derechos humanos, serán agasajados hoy y mañana con una recepción de gala, un banquete y un concierto.

El chino Xi Jinping, que no visitaba Rusia desde hace dos años, es el invitado de honor. Su presencia hoy en el Kremlin y mañana en la plaza Roja es una demostración de que Estados Unidos no ha logrado meter una cuña entre ambos aliados, pese al reciente acercamiento entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Le sigue otro abanderado de un mundo multipolar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien no pudo participar en la cumbre de los BRICS debido a un accidente doméstico.

Lula, quien dijo venir en son de paz, siempre ha querido asumir un papel mediador en el arreglo del conflicto en Ucrania. Se desconoce si coincidirá con el líder venezolano, Nicolás Maduro, cuyo ingreso en el Grupo BRICS fue rechazado por Brasil.

También participarán en los festejos los controvertidos líderes de países africanos como Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, y el autoritario presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

El gran ausente será el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien no pudo ausentarse de su país en medio de la escalada militar con la vecina Pakistán.

 Nuevo consenso mundial

Putin -que nunca ha aceptado el resultado de la Guerra Fría- y sus invitados quieren un lugar de honor en la mesa de reparto de zonas de influencia cuando se forje un nuevo consenso mundial.

Ese nuevo orden mundial no puede ser liderado por Occidente, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU debe incluir a países como India, Sudáfrica o Indonesia, pero nunca a los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, Japón o Alemania.

En esa nueva Yalta -en referencia a la conferencia de 1945-, que será directamente consecuencia del desenlace de la guerra en Ucrania, la OTAN debe limitarse a Europa Occidental y nunca aproximarse a las fronteras rusas o inmiscuirse en la región de Asia Pacífico.

Estados Unidos y, en menor medida, los países europeos serían los grandes perjudicados de este nuevo consenso en el que la no interferencia en los asuntos internos será el dogma por delante de los valores democráticos o los derechos humanos.

En un adelanto de ese nuevo "contubernio", militares chinos desfilarán mañana por el empedrado de la plaza Roja y los soldados norcoreanos combatieron junto a los rusos en la liberación de la región de Kursk.

 Moscú, una fortaleza

Moscú se ha convertido estos días en una fortaleza de máxima seguridad. Además del notable incremento del dispositivo policial en las calles y el metro, las autoridades han decidido limitar el uso de internet en el centro de la capital en previsión de posibles provocaciones.

Igual que hiciera en Pascua, Putin declaró el alto el fuego "por motivos humanitarios", aunque todo el mundo entendió lo que realmente le preocupa al Kremlin es la seguridad de sus invitados.

El alto el fuego entró en vigor la pasada medianoche, horas después de que aterrizara el avión con Xi, que permanecerá en Moscú hasta el sábado.

Zelenski aceptó la tregua pascual, pero rechazó categóricamente la del Día de la Victoria, e insistió en su demanda de que Moscú declare un alto el fuego de 30 días prorrogable.

"Nuestra postura es muy simple para todos los países que viajen a Rusia el 9 de mayo. No podemos hacernos responsables de lo que ocurra en territorio de la Federación Rusa", dijo.

No obstante, los drones ucranianos dejaron de valor justo esta medianoche después de provocar durante los últimos días un auténtico caos aeroportuario en Rusia con decenas de miles de pasajeros afectados.EFE

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La participación del presidente Lula en la celebración en la Plaza Roja de Moscú del 80º aniversario del Día de la Victoria, que conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ha creado mucha polémica no sólo en Brasil, sino también en Ucrania. Fuentes diplomáticas del país ocupado por Rusia en 2022 declararon al sitio de noticias Metrópoles que “este viaje solo a Moscú, en medio de una agresiva guerra rusa que está matando a civiles, será considerado por Ucrania como un acto hostil, con todas las consecuencias negativas para la cooperación bilateral. Kiev está considerando la posibilidad de reducir las relaciones diplomáticas”.

Lula fue invitado personalmente por Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación masiva de niños ucranianos. El presidente brasileño asistió al desfile militar de tanques, drones y misiles utilizados contra los ucranianos junto a los principales líderes autoritarios de la tierra, aliados del Kremlin contra Occidente, entre ellos la China de Xi Jinping, la Venezuela de Nicolás Maduro y la Bielorrusia de Aleksandr Lukasheko. En la delegación brasileña a Moscú también estuvieron presentes la ex presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), que preside el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, varios ministros del Ejecutivo, como el de Exteriores, Mauro Vieira, y el de Minas y Energía, Alexandre Silveira, así como el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. La esposa de Lula, Rosangela da Silva, conocida como Janja, incluso partió una semana antes, según comunicó la oficina presidencial de Planalto, “para iniciativas relacionadas con la educación, la cultura y la lucha global contra el hambre y la pobreza”.

“El presidente Lula parece considerar a Putin como su igual”, explica a Infobae Scott Morgan, analista de seguridad residente en Washington. “En estos 80 años, las cosas han cambiado. Se ha olvidado que las tropas brasileñas estaban del lado de los aliados occidentales mientras avanzaban lentamente hacia el norte de Italia. En vez de celebrar junto al Reino Unido, el presidente Lula se fue a Moscú”, dijo Morgan a Infobae.

Unos 25.000 soldados brasileños lucharon contra la Wehrmacht en Italia desde junio de 1944. “Y Brasil tomó el lado ‘correcto’, es decir, el lado de las potencias occidentales cuyos sistemas de gobierno, instituciones y valores son considerados por Brasil como los pilares de su democracia”, escribe el periodista brasileño William Waack en el diario O Estado de São Paulo.

“Nuestros soldados lucharon y murieron por la democracia. Celebrar esta victoria junto a Putin es como darles una bofetada”, concluye Waack. “Lula podría haber ido a Moscú en cualquier momento, pero eligió este momento. Esto no es sólo ignorancia histórica y estupidez política, es la agresión diplomática más grave después de muchas otras a las democracias europeas hasta ahora. Tendrá consecuencias”, declaró el analista político Ricardo Rangel al sitio de noticias brasileño G1.

En su encuentro con Putin tras el desfile militar, Lula elogió las relaciones entre ambos países. “Esta visita mía aquí sirve para fortalecer y reconstruir, con mucha más fuerza, nuestro camino de construcción de una asociación estratégica. Brasil tiene intereses políticos, comerciales, culturales, científicos y tecnológicos con Rusia. Por su parte, Rusia debe tener muchos intereses con Brasil”, prosiguió, añadiendo que también deseaba “establecer una cooperación en el ámbito de las pequeñas centrales nucleares”.

No faltaron los ataques a la administración Trump. “Las últimas decisiones anunciadas por el presidente de Estados Unidos de imponer aranceles comerciales a todos los países del mundo, de forma unilateral, echan por tierra la gran idea del libre comercio, destruyen el concepto de fortalecimiento del multilateralismo y muchas veces pisotean el respeto a la soberanía de los países, que por el contrario debemos preservar,” dijo Lula.

La visita del presidente brasileño a Moscú fue precedida en abril por la del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, que asistió a una reunión con sus homólogos de los BRICS en Río de Janeiro. En aquella ocasión, Lavrov afirmó que la expansión del bloque se reanudaría “muy pronto” y que se daría prioridad a miembros asociados como Venezuela. En un post en las redes sociales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, Itamaraty, defendió que el viaje de Lula a Moscú tiene como objetivo encontrar “soluciones a los conflictos”, poniendo a Brasil “a disposición para ayudar en las negociaciones de paz en Ucrania y Oriente Medio”.

El presidente brasileño había sido invitado por su homólogo Volodimir Zelensky, a través de su embajador en Brasil, Andrii Melnyk, a visitar Kiev antes del viaje a Moscú, quien había sugerido que la visita a Rusia podría equilibrarse con un gesto hacia Ucrania. “¿Por qué no visitar primero Ucrania y Kiev, hablar con el presidente, conocer a la gente, ver la destrucción, sentir personalmente este terrible aliento de guerra?”, había preguntado el embajador al vicepresidente Geraldo Alckmin. En abril, Zelensky había rechazado una petición del gobierno brasileño para mantener una conversación telefónica con Lula, alegando problemas de agenda.

En enero, había dicho que Lula ya no era relevante en las negociaciones. Los dos presidentes, que asistieron al funeral del Papa Francisco en Roma, no se reunieron, mientras que Zelensky habló con Trump. Fuentes gubernamentales ucranianas criticaron duramente la visita en la prensa brasileña, considerándola un apoyo explícito a Putin. Dijeron que la petición brasileña de una llamada telefónica no era más que un “pretexto” para justificar la presencia en un “horrible evento militar ruso disfrazado de misión de paz”. Las tensiones entre ambos países podrían aumentar en los próximos meses. El embajador ucraniano en Brasil, Andrii Melnyk, va a ser trasladado a la ONU, y Kiev aún no ha nombrado un sustituto, un gesto que parece indicar descontento con el gobierno brasileño.

Lula sigue insistiendo en la propuesta de paz tejida junto con el gobierno de Beijing para el conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania. Después de Moscú, Lula se reunirá con Xi Jinping en China, donde asistirá a la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). En la reciente cumbre en Río de Janeiro de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de los BRICS, el chino Wang Yi y Celso Amorim, asesor especial de Lula para Asuntos Internacionales, acordaron intensificar el trabajo del grupo “Amigos de la Paz”. Este grupo fue creado como una iniciativa conjunta de ambos países en 2024. “No se menciona la restauración de la integridad territorial de Ucrania, ni hay lenguaje que culpe a Putin por la reanudación del conflicto.”, dijo Morgan a Infobae. “Es probable que esta propuesta sea recibida con entusiasmo en Moscú. Pero la pregunta es: ¿quién se la presentará al Presidente Zelensky en Kiev? Una pregunta aún mejor es: ¿cuándo se presentará?”, dijo Morgan a Infobae.

Ucrania, por su parte, sigue luchando por defender su territorio. En las últimas semanas, ha mirado a Brasil para reclutar nuevos mercenarios que luchen contra Rusia, ofreciéndoles sueldos de hasta 25.000 reales (4.425 dólares) al mes. La campaña, traducida al portugués, se lleva a cabo a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. El objetivo es replicar el éxito alcanzado en Colombia, donde cerca de 2.000 ex militares y también ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) se unieron a las fuerzas ucranianas, atraídos por los altos salarios. En los últimos meses, el número de colombianos que se han unido a las fuerzas ucranianas ha disminuido, debido principalmente a la alta tasa de mortalidad entre los combatientes y a las complicaciones burocráticas a las que se enfrentan las familias para obtener indemnizaciones. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores colombiano, y basándose en datos facilitados por Rusia, al menos 300 ciudadanos colombianos murieron combatiendo en Ucrania durante los más de tres años que dura el conflicto.

En el caso de Brasil, las cifras son menores que en Colombia. Itamaraty informa que desde 2022 ocho brasileños han sido declarados oficialmente muertos en combate, mientras que otros trece están desaparecidos, un término que, en círculos diplomáticos, implica una muerte probable aún no confirmada por el hallazgo de los cuerpos. Se estima que 100 brasileños forman parte actualmente de la Legión Internacional Ucraniana, aunque estas cifras no han sido confirmadas oficialmente.

En la reunión con Putin también se abordaron las relaciones bilaterales entre Brasil y Rusia, con especial atención al aumento del comercio y la inversión. En 2024, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 12.400 millones de dólares, con un déficit para Brasil de 9.500 millones de dólares. Los principales productos importados de Rusia son el gasóleo y los fertilizantes. Rusia, recordemos, sigue sometida a sanciones europeas y estadounidenses, y Brasil se ha convertido en el segundo importador mundial de su petróleo. En 2024, los importadores brasileños compraron más de siete millones de toneladas de gasóleo ruso, por un valor superior a 38.000 millones de reales (6.726 millones de dólares), según datos del think tank finlandés Centre for Energy and Clean Air Research (CREA). En los primeros 11 meses de 2024, Brasil también fue el principal importador de fertilizantes de Rusia, seguido por India y China. En conjunto, estos países importaron esos productos por valor de casi 6.160 millones de dólares, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Brasil lideró las compras, con un 55% del total, con unos 3.380 millones de dólares en importaciones de fertilizantes.

En las relaciones con Moscú, sin embargo, persisten muchos otros conos de sombra. Tras el descubrimiento de varios espías rusos con documentos e identidades brasileñas, el sitio de noticias Metrópoles publicó recientemente una noticia que abre inquietantes interrogantes. Interceptaciones en una investigación del Ministerio Público de San Pablo revelaron que algunos miembros del principal grupo criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), se reunieron con “personas de la Embajada de Rusia en Brasil”. Según uno de los mensajes, a estas personas se les habría pedido “el contacto de alguien para hablar con Kassio Nunes“. Se trata de Kassio Nunes Marques, uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) a quien, según las investigaciones del Grupo Especial de Implementación para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de San Pablo, el PCC habría intentado abordar en Brasilia para una reunión. En sus 683 páginas, sin embargo, el documento del Gaeco deja claro que no se encontraron pruebas de que la reunión tuviera lugar.

Como explica el analista y periodista de investigación Leonardo Coutinho en sus redes sociales, “el intercambio de mensajes indica que el personal de la Embajada rusa desconocía los objetivos del PCC en relación con el STF, pero esto no permite afirmar que no supieran que se reunieron con miembros del PCC”, escribe Coutinho en su perfil X. El analista brasileño también recuerda que en 2018, el embajador ruso en Argentina denunció una red de tráfico de cocaína que usaba la embajada de Buenos Aires para enviar cientos de kilos de droga a Moscú. Las autoridades argentinas detuvieron a un diplomático ruso implicado en la trama. “La proximidad del PCC a personas de la embajada rusa en Brasilia (y, por qué no, de otras representaciones) es una señal de alarma por el riesgo de reclutamiento de personal diplomático”, escribe Coutinho.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destituido este lunes a la ministra de Mujeres, Cida Gonçalves, y ha nombrado a la exministra de Desarrollo Social Márcia Lopes (2010-2011) como su sustituta en el cargo.

Lula, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffman, ha recibido esta mañana en el Palacio de Planalto a Lopes en una reunión en la que también ha participado Gonçalves, según ha informado el mandatario brasileño a través de su perfil en la red social X.

La nueva ministra ha recibido la noticia "con alegría y profundo sentido de responsabilidad" y ha asegurado que asume "esta misión con humildad, valentía y el compromiso de toda una carrera dedicada a la justicia social, la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de políticas públicas que transformen vidas, especialmente la vida de las mujeres de este país".

"Estoy inmensamente agradecida por el cariño y apoyo que he recibido en los últimos días. Sé que este viaje no será sencillo, pero será colectivo. Y es con vosotros, a través de la escucha y del diálogo, que pretendo seguir", ha manifestado a través de su perfil en la red social Instagram.

Por su parte, la extitular de la Cartera, en declaraciones a la prensa, ha afirmado que su salida ha sido "muy pacífica": "No es un cambio por incompetencia, acoso, ni disputas. No es eso, es un cambio de rumbo, de momentos. Hay momentos en que estás limitada en lo que puedes avanzar y llega gente nueva con una nueva perspectiva", ha asegurado.

Posteriormente, en sus redes sociales ha defendido que regresó al Gobierno de Lula en 2023 como ministra "con la misión de reconstruir políticas desmanteladas por seis años de regresión", en referencia al Ejecutivo de Jair Bolsonaro (2019-2023). "Nos encontramos con un escenario de abandono y desinversión. Con el esfuerzo colectivo recuperamos nuestro protagonismo", ha afirmado, antes de destacar las medidas implementadas durante su mandato.

Así, ha expresado que ha terminado su "ciclo como ministra con orgullo y gratitud" y ha deseado a la nueva ministra "un camino de continuidad en esta reconstrucción", mientras que ha mostrado su compromiso con los movimientos y las luchas sociales que "construyen igualdad" y "promueven un mundo más justo".

La decisión del Instituto Brasileño del Medioambiente (IBAMA) sobre si aprueba o no la explotación petrolífera de la estatal Petrobras en la cuenca amazónica podría llegar en cuestión de semanas, si no de días. La zona forma parte del llamado Margen Ecuatorial. Se trata de una zona de aguas profundas del Atlántico en la que Guyana y Surinam ya descubrieron reservas con hasta 13.000 millones de barriles de crudo. Petrobras estima que el horizonte de explotación en esa zona puede rendir 14.000 millones de barriles de petróleo. En total, Petrobras planea perforar 16 pozos hasta 2028 en el Margen Ecuatorial, con una inversión estimada de 3.100 millones de dólares en exploración en la región que se extiende desde Amapá hasta Rio Grande do Norte.

La cuestión divide a Brasil desde 2023, con dos bandos contrapuestos, no sin enfrentamientos. Por un lado, la petrolera Petrobras, que también cuenta con el apoyo del presidente Lula, afirma ser capaz de mitigar los posibles riesgos medioambientales del proyecto. Por otro lado, las comunidades locales, entre ellas muchos indígenas, los ecologistas y la ministra de Medioambiente, Marina Silva, llevan meses advirtiendo de posibles daños a todo el ecosistema de la región. Por eso, en mayo de 2023, el IBAMA denegó la autorización. Dos días después, Petrobras recurrió. Hasta la fecha no ha llegado la respuesta del organismo de control medioambiental. El Gobierno presiona para que llegue y sea positiva en la primera parte del año y no en la segunda. Toda la atención estará centrada en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30) que se celebrará en noviembre en Belém, capital del estado amazónico de Pará. Esta conferencia es la postal de la agenda verde de Lula. Según el Gobierno, Petrobras ya ha atendido todas las demandas del IBAMA y, como informa CNN Brasil, el retraso es ahora meramente “político”. El actual presidente del IBAMA es Rodrigo Agostinho, ex diputado federal del Partido Socialista Brasileño (PSB) y miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.

Durante tres años consecutivos (2019 a 2023), como diputado, Agostinho coordinó el Frente Parlamentario Ambientalista en el Congreso. En las últimas semanas se ha producido una aceleración en este caso. A finales de febrero, los técnicos del IBAMA emitieron su dictamen técnico. Aunque el texto sigue siendo confidencial, la recomendación de los especialistas se ha filtrado a la prensa: no conceder la licencia de explotación petrolífera a Petrobras. Su opinión, sin embargo, no tiene poder para bloquear la decisión final, que corresponderá al presidente Agostinho. Mientras tanto, el IBAMA autorizó esta semana a Petrobras a limpiar la sonda que debe perforar el llamado bloque FZA-M-59, en la cuenca del emblemático río Amazonas.

“A la luz de las informaciones presentadas por la empresa, incluyendo las áreas de navegación y las precauciones a ser tomadas durante la intervención (...) consideramos que la Propuesta de gestión de la bioincrustación de Coral-Sol en el casco de la plataforma (...) está de acuerdo con las recomendaciones sobre las actividades de perforación en el bloque FZA-M-59, de la cuenca del río Amazonas, y puede llevarse a cabo tal como fue presentada”, reza el documento firmado por un analista ambiental de la Coordinación de Licencias Ambientales para Exploración de Petróleo y Gas Offshore del IBAMA. El presidente del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, del partido Unión Brasil, que figura entre los partidarios de la exploración petrolífera en el Margen Ecuatorial, divulgó una nota en la que afirmaba haber recibido “con satisfacción la aprobación por parte del IBAMA del plan de Petrobras para la limpieza de la sonda que se utilizará en la perforación en el Margen Ecuatorial”.

La directora de asuntos corporativos de Petrobras, Clarice Coppetti, había declarado en febrero que el inicio de la limpieza de la sonda sería el comienzo del cronograma para el inicio de la perforación. Sin embargo, según la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, esta autorización no tendría nada que ver con la explotación petrolífera. “El IBAMA recibe constantemente solicitudes de autorización para limpiar sondas y cascos de barcos que contienen especies exóticas, porque éstas crean un problema para la biodiversidad marina brasileña", declaró ayer la ministra. En el caso concreto de esta solicitud, la limpieza es necesaria porque los equipos de Petrobras están infestados de coral solar, una especie invasora que puede colonizar los ecosistemas locales y dañar la biodiversidad local.

En cuanto a la autorización para la exploración, según Marina Silva, “está siendo analizada por los técnicos del IBAMA y la respuesta que se dará, sea cual sea, será técnica”, dijo. “Este proceso técnico pasa por los que analizan el proceso, pasa por el coordinador de licenciamiento, pasa por la dirección de licenciamiento, que también es técnica, y pasa por el presidente del IBAMA. Es un proceso republicano", añadió. En cuanto al presidente del IBAMA, Agostinho, declaró el martes al diario O Globo que “no está en condiciones” de decir si su decisión se tomará en marzo. “No estoy en condiciones de dar un plazo; los técnicos están completando un dictamen que aún no me ha sido enviado al sistema, para que pueda llevar a cabo el análisis.” El dictamen de los técnicos ni siquiera es público y haremos un análisis técnico sobre él para poder tomar una decisión", dijo.

El debate en las últimas semanas había adquirido tintes acalorados, con el presidente Lula quejándose públicamente de los retrasos del IBAMA en autorizar el proyecto. Según CNN Brasil, el Gobierno se plantea incluso cambiar la cúpula de la entidad y entre los nombres favoritos figura el actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Márcio Macêdo, del núcleo duro del Partido de los Trabajadores (PT) y muy próximo a Lula.

En cuanto a Petrobras, protagonista en los últimos años de los escándalos de la operación anticorrupción Lava Jato, vive un momento contradictorio. Por un lado, está llevando a cabo varios proyectos importantes y, por otro, no le faltan asuntos criticados. Además de la exploración en el Margen Ecuatorial, la petrolera brasileña se está expandiendo en África y Colombia. Seis años después de vender su filial que operaba en el continente africano, el año pasado anunció la adquisición de un bloque de explotación de petróleo en Sudáfrica. “En diciembre pasado, Petrobras había anunciado el descubrimiento de lo que llamó la mayor reserva de gas de la historia de Colombia.” Además, el diario estatal brasileño Folha de São Paulo informó esta semana de que también estaba interesada en Argentina. Entre los atractivos del país vecino está el petróleo, pero también el gas de la región de Vaca Muerta, ya que un gasoducto que une Argentina, Bolivia y Brasil podría servir para transportarlo.

En casa, mientras tanto, no faltan los problemas. A finales de febrero se conocieron las cifras de ganancias de la empresa para 2024: 36.600 millones de reales (6.313,2 millones de dólares), un desplome de casi el 70% respecto al año anterior. Petrobras quedó así en séptimo lugar en la clasificación internacional de las diez mayores petroleras del mundo. Se trata de la peor clasificación de la compañía desde 2019. Por si fuera poco, también está el problema de los precios de los combustibles en Brasil. A pesar de que el precio global del petróleo ha caído un 13% desde enero, según la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles (Abicom), el precio medio de la gasolina en las refinerías nacionales es un 3% más alto que en el extranjero. Mientras tanto, el diésel tiene una disparidad del 2%. Esta diferencia ha reavivado el debate sobre la política de precios de Petrobras, que abandonó la Paridad de Precios de Importación (PPI) en mayo de 2023. Aunque los precios de la gasolina no han sido ajustados por Petrobras desde hace 240 días, su precio aumentó un 2,9% en febrero, hasta una media de 6,43 reales (1,11 dólares) por litro. “Si el precio es mucho más alto que el del mercado y vemos que esa es la tendencia, sin duda haremos cambios.”, dijo ayer la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

Por último, la Policía Federal está investigando una serie de ataques de hackers que no sólo afectaron a los sitios web del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), sino que también crearon inestabilidad al de Petrobras. Los ataques fueron clasificados como DDoS, un tipo de ciberofensiva que consiste en “bombardear” un sitio web con numerosas peticiones de acceso por segundo para sobrecargar las defensas informáticas y permitir así a los hackers entrar en los servidores. Petrobras afirmó en un comunicado que la inestabilidad se limitó a su sitio web y que sus sistemas internos no se vieron afectados.

El sector exportador brasileño se encuentra bajo presión, tanto interna como externa. Desde el 24 de febrero, el estado de Maranhao, en el noreste del país, ha impuesto una tasa de exportación del 1,8% hasta 2043 a los cereales producidos en su territorio o simplemente en tránsito por sus puertos. Esto significa que la soja, el trigo y el sorgo, incluso los procedentes de otros estados del nordeste pero que utilizan los puertos de Maranhao para llegar a los mercados internacionales, están sujetos a este impuesto, denominado Impuesto Especial sobre los Cereales.

La justificación de las autoridades es que este tributo sirve para financiar el Fondo Estatal de Desarrollo Industrial para inversiones en el sector logístico. Sin embargo, según los expertos, sería un intento de frenar “la inflación alimentaria, que en Brasil se está convirtiendo en un grave problema tanto para la popularidad del gobierno de Lula como para el bolsillo de los consumidores”.

Tanto es así que la idea a nivel nacional llegó a discutirse hace quince días en una reunión a la que asistieron tanto Lula como su ministro de Agricultura, Carlos Fávaro. Fávaro incluso había amenazado con dimitir si el Gobierno aprobaba este impuesto. El vicepresidente Geraldo Alckmin, que también es Ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, se reunirá hoy con Fávaro y Paulo Teixeira, que es Ministro para el Desarrollo Agrario, para hablar nuevamente de la inflación alimentaria. Alckmin también recibirá a representantes del sector en el Ministerio de Agricultura. Tras estas reuniones técnicas, Lula decidirá qué medidas tomar.

El impuesto sobre la exportación de cereales ya ha desatado protestas y pánico en el sector, que teme un escenario similar al que vivió Argentina en 2008. La ex presidenta Cristina Kirchner, en su segundo mandato, también gravó las exportaciones, desatando una guerra con el campo que contribuyó en parte a desencadenar la crisis económica de su país.

El temor ahora es que la medida de Maranhão se extienda a otros estados, como ya se ha intentado en el estado amazónico de Pará. El impuesto agrícola debía entrar en vigor en febrero, pero debido a las protestas, el gobernador Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), dio un paso atrás.

“Si eres productor y exportas tu producción, puedes estar tranquilo. Presentaré un proyecto de ley para derogar este impuesto”, dijo.

Mientras tanto, la Asociación de Productores de Soja y Maíz del Estado de Maranhão (Aprosoja MA), la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove) y tres grandes productores de cereales han presentado tres denuncias ante la justicia de Maranhão para intentar bloquear el impuesto. Hace una semana, sin embargo, un juez denegó la petición de Abiove.

Los riesgos de la guerra comercial

El escenario podría empeorar ahora con la nueva postura de China hacia Estados Unidos. En respuesta al aumento del 20% de los aranceles impuesto por Washington, China ha suspendido las licencias de importación de soja de tres proveedores estadounidenses y ha dejado de comprar madera aserrada. La disputa intensifica la competencia y podría favorecer a Brasil. Sin embargo, aunque la balanza comercial crecería, el país podría encontrarse con menos alimentos para el mercado interno y, por tanto, con una mayor inflación y precios más altos.

Según los datos oficiales de comercio exterior de Comex Stat, en 2024, Brasil exportó a China productos por valor de 94.270 millones de dólares, es decir, el 28% del total vendido por el país latinoamericano en el exterior. Los productos agrícolas representaron el 36% de este total, generando un volumen de negocio de 33.940 millones de dólares. Entre los 10 principales productos vendidos por Brasil a China, la soja ocupa el primer lugar, junto con otros tres productos alimenticios, a saber, la carne en cuarto lugar, el azúcar en séptimo y el pollo en octavo.

También complica el escenario la reciente inversión china en el puerto de Santos por valor de 2.840 millones de reales (495 millones de dólares). Se trata de lo que se ha definido como el puerto más grande dentro del puerto de Santos, es decir, una terminal gigantesca operada por el gigante chino del comercio agrícola China Oil and Foodstuffs Corporation, Cofco, que se inaugurará este mes. A plena capacidad, la instalación pretende operar 14 millones de toneladas anuales, principalmente de soja, maíz y azúcar.

Se trata de la mayor terminal de exportación del mundo gestionada por Cofco Internacional, que opera en 36 países, una especie de puerto peruano de Chancay en versión brasileña para facilitar aún más las exportaciones a China, no sin preocupaciones medioambientales. Según una investigación realizada en 2023 por el Centro Pulitzer y Repórter Brasil, noticiero brasileño producido y transmitido por la estatal TV Brasil, Cofco ha comprado en el pasado soja y aceite de palma supuestamente procedentes de tierras deforestadas ilegalmente en Brasil e Indonesia. La empresa siempre ha negado estas acusaciones.

Incertidumbre sobre la respuesta de EEUU

Si Brasil piensa a corto plazo que puede aprovecharse de este cambiante escenario arancelario internacional, como declaró José Augusto de Castro, presidente de la Asociación Brasileña de Comercio Exterior (AEB), al diario Estado de São Paulo, “no se sabe lo que pasará después” y un mayor acercamiento de Brasil a China podría llevar al Gobierno de Washington a tomar represalias comerciales contra el país latinoamericano.

El martes, en su primer discurso ante el Congreso, el presidente de EEUU Donald Trump mencionó a Brasil. “Hay países que llevan décadas usando aranceles contra nosotros y ahora nos toca a nosotros empezar a usarlos contra ellos. La Unión Europea, China, Brasil e India, México y Canadá y una serie de otras naciones están aplicando aranceles que son tremendamente más altos que los que nosotros les aplicamos a ellos. Es injusto”, afirmó.

Según el gobierno de Lula, Washington no va a tocar de momento productos alimenticios como la carne o el café. El año pasado, EEUU fue el segundo principal destino de los productos agrícolas brasileños, con exportaciones por valor de 12.092 millones de dólares, el 7,4% del total exportado por la agroindustria durante el año. Por otra parte, el ejecutivo brasileño está casi seguro de nuevos aranceles de Washington sobre el etanol, el acero y el aluminio. El etanol brasileño, en particular, fue citado por el presidente estadounidense hace quince días por falta de reciprocidad. El impuesto actual de Washington sobre el etanol brasileño es del 2,5%; el de Brasil sobre el etanol estadounidense es del 18%.

Además, la cuestión ucraniana también puede repercutir en Brasil. Si EEUU continúa con su decisión de cortar la ayuda militar al país invadido por Rusia en 2022 y que se encuentra entre los mayores exportadores de trigo del mundo, se producirá una crisis global de suministro a la que Brasil podría responder con más exportaciones, pero con un posible aumento de los precios internos.

La incógnita de Argentina y el Mercosur

Por último, en el frente latinoamericano, queda la incógnita de Argentina. En un discurso pronunciado estos días ante el Congreso argentino, el Presidente Javier Milei arremetió contra el bloque Mercosur y Brasil.

“Para aprovechar esta oportunidad histórica de crecimiento, debemos estar dispuestos a ser flexibles. Si esto significa abandonar el Mercosur, que así sea”, afirmó. “Desde su creación, este bloque no ha hecho más que enriquecer a los grandes industriales brasileños, a costa de empobrecer a los argentinos”, prosiguió. Trump también echó leña al fuego al declararse abierto a analizar un posible acuerdo comercial con Argentina y Milei, al que calificó de “gran líder”. Un acuerdo entre Washington y Buenos Aires arrinconaría, según analistas brasileños, a Brasil aún más en los brazos depredadores de Beijing.

La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante latinoamericano, Itamaraty, fue inmediata y defendió el bloque económico en un comunicado. “El Mercosur es un instrumento fundamental para la integración comercial e industrial de América del Sur. Brasil continuará trabajando para fortalecer la asociación entre los países miembros y explorar nuevas oportunidades de crecimiento conjunto”, reza el texto.

El gobierno brasileño también destacó que el bloque ha logrado avances significativos en la cooperación regional y que las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina son estratégicas para ambos países.

La posición de Brasil ha encontrado interlocutores en la industria argentina, a través de la Unión Industrial Argentina, que, en dirección opuesta a Milei, ha propuesto en cambio un fortalecimiento de la relación comercial entre los dos países.

Según datos oficiales de comercio exterior de Comex Stat, si Brasil exportó bienes a Argentina en 2023 por un valor total de 16.712 millones de dólares, en 2024 el valor cayó a 13.777 millones de dólares. Por el contrario, las importaciones procedentes de Argentina aumentaron de 11.997 millones de dólares en 2023 a 13.577 millones dólares en 2024.

El anuncio oficial se produjo hace apenas quince días. Río de Janeiro acogerá los días 6 y 7 de julio la cumbre de los BRICS, el bloque fundado por Brasil, Rusia, India y China en 2009, al que se sumó Sudáfrica en 2011. Desde 2024 se ha ampliado para incluir a países como Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y, desde el 6 de enero de este año, Indonesia.

“El presidente me autorizó a anunciar que la reunión de jefes de Estado de los BRICS se realizará en Río de Janeiro, en julio de este año, los días 6 y 7, cuando recibiremos en la ciudad a los jefes de Estado de los 20 países que integran los BRICS, como miembros plenos y países asociados”, dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en un vídeo filmado en la “ciudad maravillosa”, que incluso creó un comité ad hoc, el Comité Río BRICS.

La modalidad de los países asociados se creó en 2024, durante la cumbre de Kazán (Rusia) y, si bien no son miembros plenos, son estados observadores que participan de todas las cumbres y reciben apoyo de los BRICS. Actualmente, los países asociados son 9, es decir, Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Cuba, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Nigeria, mientras que Argelia es miembro del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB en su sigla en inglés) de los BRICS.

La participación de Venezuela, en cambio, ha sido bloqueada en los últimos meses por Brasil tras una serie de enfrentamientos diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro por las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.

La cita de Río de Janeiro es un hito importante en la agenda del Gobierno de Lula. Desde el 1 de enero de este año, de hecho, el gigante latinoamericano asumió la presidencia rotativa del bloque que durará hasta fin de año.

“Es importante que en esta reunión de los BRICS fortalezcamos realmente dos aspectos fundamentales: el multilateralismo y el libre comercio”, dijo Lula desde Uruguay en los últimos días, al margen de la toma de posesión del presidente Yamandú Orsi. “Si no hay libre comercio, si no hay multilateralismo, no hay democracia y las relaciones desiguales perjudican a los países”, añadió.

Dilma Rousseff y el Banco de los BRICS

Al frente del Banco de los BRICS, a partir de marzo de 2023 y durante cinco años, se encuentra otra famosa brasileña, la ex presidenta Dilma Rousseff. La presidencia del NDB es rotativa y periódica: cada uno de los miembros fundadores nombra al presidente del banco cada cinco años y los miembros de los demás países a cuatro vicepresidentes. Según el diario Folha de São Paulo, la gestión de Dilma Rousseff, que en 2016 dejó la presidencia de Brasil tras un juicio político y la crisis económica provocada por su Gobierno, no ha sido halagüeña.

Rousseff, según Folha de São Paulo, ha sido criticada dentro del NDB, con acusaciones de asedio moral y retrasos en las metas previstas por la institución en el quinquenio 2022-2026. Según informa el diario brasileño, uno de los directores designados por India, Prasanna Salian, afirmó en una de sus votaciones que el banco sólo había alcanzado el 20% de su objetivo de préstamos y que sólo se había cofinanciado un proyecto. Además, los presupuestos anuales del NDB para 2023 y 2024 no han sido publicados, a diferencia de los de años anteriores. Según Folha de São Paulo, la elevada rotación de funcionarios y la presencia en el NDB de Rusia, que está en guerra con Ucrania, perjudicarían el funcionamiento y la competitividad del banco.

“Los volúmenes de préstamos del banco han sido inferiores a los previstos en la estrategia global para 2017-2021 y se han ralentizado aún más en 2022 y 2023”, dice un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del NDB, firmado por el director general Ashwani Muthoo en mayo del año pasado.

La oficina de prensa del NDB rebatió el informe de Folha de São Paulo diciendo que no haría comentarios sobre las acusaciones de asedio moral y que los objetivos son quinquenales. “No es apropiado concluir que el NDB no ha alcanzado sus objetivos, ya que el ciclo estratégico aún está en curso”, rezaba su respuesta al periódico brasileño.

A finales de febrero, mientras tanto, una delegación del NDB aterrizó en Brasilia para la verificación final necesaria para prestar 3.800 millones de reales (645,7 millones de dólares) al Correo brasileño, que se destinarán, según se afirmó, “a inversiones”.

Los Correos, de propiedad estatal, viven uno de los peores capítulos de su historia económica. Según datos del Ministerio brasileño de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, registraron una pérdida de 2.100 millones de reales de enero a septiembre de 2024 (357 millones de dólares) y un déficit primario de 3.200 millones de reales (544 millones de dólares) el año pasado.

Alternativas al dólar y tensiones internacionales

Ahora, el banco de los BRICS también corre el riesgo de ser objeto de críticas por las amenazas de Trump de imponer aranceles del 100% a los países del bloque que busquen una alternativa al dólar en sus transacciones comerciales.

En la primera reunión de los jefes negociadores del BRICS, celebrada la semana pasada en Brasilia, se supo que el bloque tiene la intención de avanzar con una propuesta para desarrollar un sistema que permita el uso de monedas locales en las transacciones comerciales entre los países participantes. Fuentes en Brasilia, sin embargo, dijeron a Infobae que Brasil no quiere chocar con Washington y que el abordaje del tema será técnico y delimitado.

Después, queda pendiente el capítulo de Rusia. Lula expresó en varias ocasiones en el pasado su deseo de invitar a Brasil a Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por deportar a Rusia a miles de niños ucranianos. Por otra parte, la actual crisis en las negociaciones entre la Ucrania de Zelensky y Donald Trump podría crear un clima favorable para que el dictador moscovita viaje a Brasil, con el fin de reconquistar el reconocimiento, al menos en parte, en la escena internacional.

Con Putin o sin Putin, la cumbre de los BRICS también tendrá en cuenta la cita de noviembre de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en la Amazonia, en Belém, la capital del estado de Pará.

De la reunión de negociadores de los BRICS, la semana pasada en Brasilia, también surgió que el bloque intentará presentar una posición unificada en la COP30, en relación a la cuestión de la financiación, según declaró el negociador por Brasil Maurício Lyrio al sitio de noticias G1. Según Lyrio, se necesitan 1,3 billones de dólares para combatir el cambio climático. “Tendremos la COP30 en la segunda mitad del año, de ahí la importancia de vincular todos los procesos: G20, BRICS y COP30. Los países en desarrollo y emergentes no quedaron del todo satisfechos con el resultado de Bakú porque, en términos de financiación -y dada la necesidad de más financiación para combatir el cambio climático-, los resultados fueron modestos”, afirmó Lyrio, refiriéndose a la COP29 celebrada en Azerbaiyán en noviembre del año pasado.

Las contradicciones de los BRICS y la influencia de Irán y China

La adhesión a los BRICS sigue siendo un tema controvertido en el debate público y político brasileño debido a sus contradicciones estructurales. Brasil, que es una democracia, es miembro fundador de un bloque que reúne a democracias y regímenes dictatoriales en busca de objetivos comunes.

De hecho, realidades como China e Irán se benefician y se fortalecen en Brasil, con lógica depredadora y, en el caso de Irán, apoyando redes vinculadas a la organización terrorista Hezbollah. El régimen de Teherán lanzó a finales de enero la versión portuguesa de Hispan TV, Hispan TV Brasil, el canal de televisión de propaganda del régimen de los ayatolás en portugués. El funeral en Líbano del líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, el 23 de febrero, también invadió la programación para el público brasileño, mientras el Centro Islámico de San Pablo organizó una ceremonia en su memoria.

En cuanto a Beijing, continúa su expansión en el gigante latinoamericano. Grupos chinos han invertido unos 4.700 millones de reales (799 millones de dólares) en los últimos seis meses en el sector de los minerales estratégicos.

En noviembre, la estatal China Nonferrous Metal Mining Group (CNMC) compró a la peruana Minsur la empresa minera de estaño Taboca, en la Amazonia, por 340 millones de dólares. La mina, situada en el municipio de Presidente Figueiredo, a 100 km de Manaos, contiene enormes reservas de estaño, del que también se obtienen niobio, tantalio y hafnio. También en febrero, otra empresa china, MMG Singapore Resources, filial de MMG Limited (MMG), que a su vez está vinculada al gigante China Minmetals, sociedad estatal y una de las mayores empresas mineras de China, firmó un acuerdo con Anglo American para adquirir níquel en Brasil a través de dos unidades de explotación de ferroníquel situadas en el estado de Goiás. La capacidad de producción de las unidades vendidas es de 40 mil toneladas de níquel aleado por año.

Por último, en relación con Rusia, muchos se preguntan cuánto pesará la actual crisis internacional para resolver el conflicto con Ucrania en los preparativos de la cumbre de los BRICS.

Desde Montevideo, Lula comentó la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, diciendo que la disputa entre ambos era “grotesca” y que el presidente de Ucrania “fue humillado” por su homólogo estadounidense.

En el pasado, Lula había intentado postularse como mediador de un plan de paz para el conflicto ucraniano. En 2022, declaró en una entrevista al semanario estadounidense TIME que el presidente ucraniano era tan responsable de la guerra como Putin. “Zelensky es tan responsable como Putin. Porque en una guerra no hay una sola persona a la que culpar”, había dicho, añadiendo también que “Zelensky se cree el rey de los pasteles de coco cuando en realidad habría que tener una conversación más seria con él: ‘oye, amigo, eres un buen artista, eres un buen cómico, pero no vamos a empezar una guerra para que te hagas notar’. Y decirle a Putin: ‘Oye, Putin, tienes muchas armas, pero no hace falta que las uses contra Ucrania. Hablemos de ello’”, afirmó Lula.

Madrid, 8 dic (EFE).- Una veintena de seguidores del expresidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro se manifestaron este domingo en Madrid y pidieron la libertad de los encarcelados por su participación en el asalto al Congreso de Brasil del 8 de enero de 2023.

"¡Abajo el comunismo!, ¡que viva la libertad carajo!", gritaron los manifestantes convocados en la Puerta del Sol de la capital española por Patriotas Conservadores Brasileños en España.

Un grupo de brasileños que estaban de paseo por el centro de Madrid se han acercado a los manifestantes atraídos por las banderas brasileñas y cuando han oído las consignas se han enfrentado verbalmente a los manifestantes y les han llamado "mentirosos, racistas y homófobos", además de gritar "¡viva Lula!" y "Brasil no es comunista, es una democracia".

Tras recorrer las calles Carretas y de la Bolsa, la protesta ha llegado hasta la plaza de la Provincia, donde está la sede el Ministerio de Exteriores y donde cuatro cubanos del Movimiento Acciones por la Democracia han desplegado una pancarta con fotografías de cubanos encarcelados.

"Estamos aquí para luchar contra el comunismo en Latinoamérica y pedir la libertad de todos los presos políticos", dijo a EFE el portavoz del movimiento Lázaro Mireles.EFE

(Vídeo)

En Florianópolis, Brasil, una cadena de ropa y equipamiento deportivo se convirtió en un punto de referencia para los turistas argentinos durante las vacaciones. Decathlon, la empresa francesa con presencia en 76 países y más de 1.700 tiendas, registró una afluencia diaria de entre 4.000 y 5.000 clientes en su sucursal local. Según la directora de marketing de la compañía, Liana Kerikian, el 90% de los compradores son argentinos.

El atractivo principal de la tienda radica en la diferencia de precios con respecto a Argentina. Con el peso más fuerte frente al real brasileño, los turistas aprovechan para adquirir productos a valores considerablemente más bajos que en su país de origen. Un ejemplo es una camiseta deportiva, que en Brasil cuesta 129,99 reales, mientras que en la Argentina un modelo similar se vende a 45.000 pesos, equivalentes a 250 reales. Así lo consignó el portal Exame.

La fuerte demanda llevó a la empresa a reforzar su stock con seis entregas semanales desde el centro de distribución en São Paulo. A pesar de esto, las reposiciones diarias resultan insuficientes para cubrir el ritmo de ventas. En varias oportunidades, los clientes deben hacer largas filas para ingresar, y muchos encuentran estanterías vacías al llegar a la tienda.

Una oportunidad impulsada por la economía argentina

El peso argentino experimentó una apreciación del 50% frente al real en 2024 y generó condiciones favorables para el turismo y el consumo en Brasil. Esta revalorización invirtió la tendencia que predominó hasta principios de ese año, cuando los brasileños encontraban más conveniente viajar a Argentina.

El Índice Big Mac, elaborado por The Economist, ubicó al peso argentino como la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, con un diferencial del 20,1% respecto del dólar. En la versión ajustada por PBI per cápita, el peso se posicionó como la moneda más sobrevalorada globalmente, con un 56,7% de sobrevaluación.

La situación cambiaria generó un cambio en los patrones de consumo de los argentinos en el exterior. En años anteriores, los productos más demandados en Decathlon eran artículos accesibles, como remeras y zapatillas. Este verano, muchos turistas optaron por bienes de mayor valor, como kayaks y tablas inflables de stand-up paddle.

El regreso de Decathlon a Argentina

Ante la fuerte demanda de sus productos por parte del público argentino, Decathlon anunció su regreso al país tras más de dos décadas de ausencia. La compañía abrirá 20 locales en Argentina antes de finales de 2026, con los dos primeros establecimientos previstos para este año en Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte del conurbano bonaerense.

El Grupo One, liderado por Manuel Antelo, Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia, estará a cargo de la operación en Argentina. Mulliez pertenece a la familia dueña de conglomerados como Leroy Merlin y Auchan, mientras que Aguirre Saravia cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero.

El plan de expansión contempla locales en grandes centros comerciales y avenidas comerciales, con el objetivo de alcanzar todas las ciudades con más de 300.000 habitantes. En Sudamérica, Decathlon opera directamente en Brasil y Chile, mientras que en Uruguay y Paraguay trabaja en sociedad con Grupo One.

La última experiencia de la marca en Argentina fue en el año 2000, cuando inauguró una sucursal en el shopping Soleil de San Isidro. Sin embargo, el colapso económico de 2001-2002 llevó a su cierre definitivo. En esta nueva etapa, la empresa busca capitalizar la demanda de productos deportivos y consolidar su presencia en el mercado local.

Repercusiones del fenómeno en Florianópolis

El alto nivel de consumo en la tienda de Decathlon Florianópolis generó impacto en la dinámica comercial de la ciudad. En la temporada alta, los comercios minoristas y gastronómicos también registraron un crecimiento en la afluencia de turistas argentinos.

Para garantizar el abastecimiento, la empresa planificó su inventario con meses de anticipación y reforzó la logística de distribución. A pesar de estas medidas, la alta demanda superó las expectativas y provocó un fenómeno inusual en la cadena: la sucursal de Florianópolis se convirtió en la tienda de mayor facturación a nivel mundial. Así quedó reflejado en una nota de Exame.

En este contexto, muchos argentinos optan por aprovechar los precios competitivos en el exterior. Florianópolis se consolidó como un destino clave, donde el turismo de compras se suma al atractivo de sus playas y actividades recreativas.

En Brasil ha estallado una guerra de precios. Tras la polémica por la inflación en el sector alimentario, ayer la gasolina y el gasóleo subieron un 7,1%, o 0,10 reales, y un 5,3%, o 0,06 reales, respectivamente. Esta subida, debida al aumento del impuesto sobre la circulación de bienes y servicios de cada Estado, el llamado ICMS, es, sin embargo, sólo un anticipo de lo que espera a los consumidores brasileños. Ayer, de hecho, la petrolera nacional Petrobras anunció un ajuste en el precio del gasóleo para los distribuidores que aumentará un 6,89%, es decir, 0,22 reales por litro. Recordemos que el coste del gasóleo repercute en el coste del transporte y, por tanto, también en las mercancías transportadas, como los alimentos, que corren el riesgo de sufrir un nuevo aumento.

Es precisamente en el sector alimentario donde la guerra lleva ya semanas. En enero, el IPCA-15, indicador considerado anticipo de la inflación oficial, aumentó un 0,11%. A pesar de una ralentización con respecto a diciembre, cuando se situó en el 0,34%, el índice siguió impulsado por el sector de la alimentación y las bebidas, que subió un 1,06% en enero. El café, en particular, uno de los productos icónicos de Brasil, ha alcanzado su precio más alto en 50 años, debido a la sequía, los tipos de cambio y el aumento de las exportaciones. En 2024 aumentó un 40% respecto a 2023, mientras que en solo un mes, de diciembre pasado a enero, el incremento fue del 6,9%. Mientras tanto, en Brasil, la gente hace lo que puede para limitar los daños. En la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo, que es un gran productor de café, el alcalde Rodrigo Manga anunció en sus redes sociales que las empresas tostadoras no pagarán el impuesto predial, el llamado IPTU, y obtendrán un descuento del 50% en todos los demás impuestos municipales.

Según los últimos datos del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, las tres ciudades del país donde el aumento de los precios de los alimentos fue mayor son San Pablo, con un 10,07%, Goiânia, en el estado de Goiás, con un 10,65%, y Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, con un 10,07%. Se trata de ciudades donde el consumo de carne de vacuno es muy elevado y su precio ha subido hasta un 31,32%. Según Felipe Nunes, fundador de la empresa de sondeos Quaest, estas cifras han contribuido al empeoramiento de la popularidad del Gobierno. Su último sondeo, publicado el 27 de enero, reveló que el 49% de los brasileños desaprueba al actual Ejecutivo, superando por primera vez desde el inicio de esta legislatura a los que lo aprueban. Además, para el 83% de los encuestados en enero, la inflación de los alimentos ha aumentado en el último mes, frente al 65% de los que respondieron afirmativamente a la misma pregunta en octubre. Según Nunes, “la subida de los precios de los alimentos ha alcanzado al mayor número de brasileños de toda nuestra serie histórica, lo que refuerza su importancia para explicar esta fuerte caída de la popularidad del Gobierno”.

La guerra de precios también ha desatado la polémica sobre la comunicación del Ejecutivo. La semana pasada, el ministro de Civil, Rui Costa, había anunciado una “acción conjunta” para reducir el precio de los alimentos, que incluía la posibilidad de flexibilizar su fecha de caducidad. Sin embargo, Costa se vio obligado a dar marcha atrás ante las protestas de muchos consumidores, que temían que el Gobierno adoptara medidas artificiales con un importante impacto fiscal. Mientras tanto, los ministros de Lula siguen discutiendo posibles medidas para bajar el precio de los alimentos, como la reducción de las tasas de importación de productos como el maíz. “El maíz en el mercado interno es un poco más caro que en el mercado internacional. No queremos hacer ningún tipo de intervención heterodoxa. Somos exportadores de alimentos, pero no es posible que nuestros alimentos sean más caros aquí que en el extranjero. Podríamos bajar las tarifas”, dijo el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro.

La otra estrategia que el propio Lula anunció en su primer discurso del año a la prensa el jueves es aumentar la oferta de productos para reducir el precio, siguiendo la regla de la competencia de mercado. La idea es la de un nuevo plan agrícola nacional para estimular la producción agroindustrial, incluida la de los pequeños agricultores. “Lo que necesitamos es aumentar la producción de todo lo que producimos. Garantizar que los pequeños y medianos agricultores, que son responsables de la producción de casi el 100% de los alimentos, puedan producir más. Para ello, necesitamos proporcionar más financiación y más modernización a la producción de estas personas”, dijo Lula. El presidente brasileño también prometió cautela en el manejo de este asunto. “No tomaré medidas que sean bravatas. No crearé una cuota, no enviaré un helicóptero para ir a la granja y acorralar al ganado, como se ha hecho en el pasado. No crearé nada que provoque un mercado paralelo”, dijo. Lula añadió que el aumento del precio de los alimentos es “siempre muy negativo” porque afecta a los más pobres.

El gobierno también estaba estudiando otras medidas, como una nueva regulación de los cupones de alimentos, que serían gestionados directamente por el Banco Central. El presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB), Edegar Pretto, del Partido de los Trabajadores (PT), declaró al sitio de noticias Brasil de Fato que el gobierno estudiaba también la posibilidad de una especie de programa de “Farmacia Popular de Alimentos”. Como ya ocurre con los medicamentos, la idea es vender alimentos baratos, especialmente en los suburbios de los centros urbanos.

“Queremos garantizar la creación de una red de pequeños minoristas en los suburbios, que haya productos más baratos. Al menos los esenciales”, dijo Pretto. La propuesta, sin embargo, fue descartada por el Ministro de la Casa Civil, Rui Costa.

Mientras tanto, los consumidores empiezan a cuestionarse los efectos de esta crisis de precios también en la calidad de los productos alimenticios que se venden. Los aceites de orujo de oliva turcos han empezado a aparecer en las estanterías de los supermercados para sustituir al aceite de oliva virgen extra europeo, que se ha encarecido mucho, y en las cadenas especializadas en la venta de carne y pescado se vende ahora pescado de origen chino. Precisamente en los últimos días, un reportaje de la web de investigación venezolana Armando.info ha alertado del problema de seguridad alimentaria que une en este caso a Venezuela y Brasil. Según Armando.Info, Venezuela sigue vendiendo un compuesto de suero de leche con almidones espesantes producido por una empresa brasileña con sede en Rio Grande do Sul. El pasado mes de diciembre, el Ministerio Público de este estado procesó a 15 personas de esta empresa acusadas de utilizar sosa cáustica y agua oxigenada para producir el compuesto lechoso al que también se añadía comida caducada para perros para aumentar el volumen final. Si en Brasil se detuvo la venta del producto, en Venezuela continúa. Otro escándalo de fraude alimentario estalló en enero, cuando la policía federal se incautó de parte de un cargamento de 800 toneladas de carne de vacuno que se había podrido durante las inundaciones de Rio Grande do Sul en mayo pasado y se revendía en todo Brasil como carne noble uruguaya.

Hasta ahora, el aumento de precios también se ha visto afectado por el fuerte fortalecimiento del dólar frente al real, que llegó a 6,31 al 17 de diciembre pasado, si bien ayer cerró a 5,84. Eso también porque el banco central de Brasil intenta contenerlo, siguiendo vendiendo reservas sin descanso. En enero vendió 4.000 millones de dólares, que se sumaron a los 25.800 millones de dólares de las reservas ya quemadas en diciembre. Pero las subastas por sí solas no bastan para cambiar el complejo escenario económico del país. El miércoles, el Comité de Política Monetaria del Banco Central (COPOM) tuvo que subir de nuevo la tasa Selic, en un punto porcentual, del 12,25% al 13,25% anual. En el comunicado que acompañó su decisión, el Banco Central también afirmó que las perspectivas económicas son “inciertas”, que está alerta a los riesgos económicos y que está “listo para ajustar” su postura sobre la gestión de los tipos de interés. Los analistas esperan que el escenario empeore en los próximos meses, con la tasa Selic alcanzando el 15% anual en junio de 2025, el nivel más alto desde 2006. “La cuestión del precio de los alimentos afecta a los votantes más tradicionales del Partido de los Trabajadores (PT), es decir, a los más pobres. Sin embargo, el Gobierno no ve que gran parte de esta cuestión del aumento de los precios se deriva de la subida del dólar y de la falta de credibilidad de la política económica, y sin embargo no consigue frenar el aumento del gasto”. dijo a CNN Brasil el analista político Cristiano Noronha.

En cuanto a los recortes del gasto público, el propio Lula negó en su discurso del jueves la posibilidad de nuevas medidas fiscales. “Si depende de mí, no habrá ninguna”, dijo. Según Lula, el presupuesto de este año tendrá “restricciones en los gastos, pero no en las inversiones”, palabras que hacen eco a las del gobierno de Dilma Rousseff, cuando la distinción entre gastos e inversiones llevó a la entonces presidenta a ser acusada de prevaricación fiscal y a su posterior impeachment, también por la grave recesión causada por sus políticas económicas. En cuanto al presupuesto para 2025, aún debe ser votado por el Congreso Nacional, que justamente ayer ha elegido los nuevos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Otros datos también empiezan a pesar en este escenario. El déficit de las empresas estatales en 2024, anunciado ayer por el Banco Central, fue de 8,1 billones de reales (1,39 billones de dólares), el peor de la historia del país. Sin embargo, este resultado es diferente del declarado por el Gobierno federal, que calculó el déficit de las empresas estatales en 4,04 billones de reales (692 millones de dólares). En cuanto al déficit del sector público, es de 47.600 millones de reales (8.149 millones de dólares), mientras que la deuda ha alcanzado el 76,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Son cifras que, inevitablemente, seguirán repercutiendo en la vida cotidiana de los brasileños y en sus carritos de la compra.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente este lunes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien le reafirmó el “compromiso” de Brasil con “la promoción de la paz” y la solución negociada de conflictos, informaron fuentes oficiales.

Lula “expresó su preocupación por el escenario internacional” y le reiteró a Putin los esfuerzos de Brasil y China por lograr una solución negociada para el conflicto desatado por la invasión rusa a Ucrania, informó en una nota oficial la Presidencia brasileña.

Según el comunicado, Putin “agradeció la contribución de actores como Brasil” y acordó con Lula que seguirán “en permanente contacto” para proseguir las discusiones “sobre ese tema”.

Putin también expresó su apoyo a la presidencia brasileña de los BRICS, foro fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que celebrará su cumbre anual a mediados de este año en Río de Janeiro.

Aunque aún no se ha aclarado oficialmente, es probable que Putin no asista a esa cita, al igual que se ausentó de la cumbre del G20 celebrada en diciembre pasado también en Río de Janeiro, debido a la orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional como consecuencia de la invasión de Ucrania.

Según el comunicado de la Presidencia brasileña, Putin sí invitó a Lula a estar presente en Moscú en mayo próximo, en el marco del 80 aniversario del fin del sitio a Leningrado, que Rusia conmemora como el Día de la Victoria de la entonces Unión Soviética contra las tropas de Adolf Hitler.

Qué son los BRICS

Los BRICS son considerados inicialmente como las “cinco economías emergentes”. Todo comenzó en 2001, cuando el prestigioso grupo de inversión Goldman Sachs publicó un informe en el que se detallaban cuatro economías con potencial para posicionarse entre las grandes economías globales. Por entonces no se contaba con Sudáfrica, que fue incluida en el bloque en 2010.

Los BRIC comenzaron inicialmente como una coalición informal como alternativa al G7, un espacio de diálogo para que los gobiernos coordinasen políticas económicas y políticas, pero este bloque ha ido evolucionando con el tiempo y ha incorporado a nuevos países. Esa necesidad fue manifestada por el líder chino Xi Jinping en 2022 y, un año después, el bloque invitó formalmente a otros seis países, entre los que se incluyen Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. No obstante, el primero de ellos decidió no unirse al bloque tras la elección de Javier Milei.

De acuerdo con esta institución, las economías de los BRICS en conjunto representan aproximadamente el 37,3% del producto interior bruto (PIB) mundial, medido en términos de paridad del poder adquisitivo.

China lidera este bloque con una contribución del 19,05% al PIB global, seguida por India, que aporta el 8,23%. En comparación, Estados Unidos y la Unión Europea tienen una participación similar, de alrededor del 14,5% cada uno.

El comercio de petróleo es uno de los sectores donde los BRICS demuestran su fuerza. Según un análisis de S&P Global, la posible incorporación de países como Irán, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita al bloque podría otorgarles el control de casi la mitad de la producción mundial de petróleo. Además, estos países representarían aproximadamente el 35% del consumo global de este recurso.

(Con información de EFE)

Para-dictatoriales son los “gobiernos democráticos que sirven a las dictaduras de crimen organizado, las sostienen, buscan legitimarlas, incumplen obligaciones internacionales, traicionan y perjudican sus intereses nacionales”. Son los presidentes de México, Brasil, Colombia y Honduras que han puesto gobierno, país, política exterior y recursos internos al servicio de las dictaduras que bajo el mando de Cuba someten a los pueblos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. La política exterior de Estados Unidos con Trump señala el fin del doble juego de beneficiarse como democracias mientras sirven al crimen.

Con rótulo de “antiimperialismo”, narrativa populista, terrorismo de Estado con presos políticos y secuestros para intercambiarlos por sus criminales, el socialismo del siglo 21 agrede sostenida e implacablemente a las democracias de las Américas con narcotráfico, migraciones forzadas, crimen común, tráfico de personas, desestabilización política, ataque a los principios y valores de la libertad y otras formas de “guerra híbrida”. Las dictaduras del socialismo del siglo 21 agreden, invaden y amenazan a toda la región, respaldadas por gobiernos democráticos para-dictatoriales, a cuyos mandatarios han llevado al poder para que funcionen como sus satélites.

Es necesario repetir que la guerra hibrida es “la estrategia en que se utilizan toda clase de medios y procedimientos, fuerza convencional o medios irregulares (insurgencia, terrorismo, migración, crimen común, narcotráfico, cibernética…)”, es “un nuevo tipo de guerra que da por superada la guerra asimétrica (ejército regular contra fuerza insurgente)”, y que tiene la “ventaja de que el agresor puede evitar que le atribuyan el ataque”.

La realidad objetiva actual y la histórica de los últimos años demuestra que la estabilidad de los países democráticos de las Américas ha sido y es agredida con migración forzada, narcotráfico, crimen común organizado y trasnacional, trata de personas, desestabilización interna, asesinato de la reputación de líderes democráticos, asesinatos físicos, terrorismo y un sistema destinado a debilitar los principios y valores fundados en los derechos humanos y las libertades individuales.

La víctima más importante es los Estados Unidos, pero países como Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Panamá, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, en verdad todos los países democráticos de las Américas, han sufrido y sufren los efectos de las migraciones forzadas producidas y manipuladas por las dictaduras del socialismo del siglo 21, del narcotráfico operado desde los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de la penetración de organizaciones criminales que son instrumentos operativos de este sistema de desestabilización permanente que funciona con los para-dictaroriales.

El crimen organizado que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua usa la soberanía, la representación internacional y la política para destrozar las democracias. En esta agresión busca y logra -por medio de elecciones en países democráticos- la formación de gobiernos bajo su control, auspiciando y promoviendo candidatos que una vez en el poder convierten al país en para-dictatorial. Son los casos de López Obrador y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum en México, de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, de Gustavo Petro en Colombia y de Xiomara Castro en Honduras. Ahora desmarcado Gabriel Boric de Chile.

Los gobiernos para-dictatoriales se acogen y benefician de todo el sistema democrático y desde él sostienen a las dictaduras, este es su doble juego. Lo demuestra la posición de México, Brasil, Colombia y Honduras respecto a las elecciones en Venezuela con su respaldo a la ocupación e invasión que -fraude y crímenes de por medio- perpetra Nicolás Maduro como punta de lanza del socialismo del siglo 21 bajo mando de la dictadura de Cuba.

En el ámbito económico y comercial se benefician de todo el sistema democrático de libre mercado mientras sostienen grupos criminales vinculados a las dictaduras como el ELN y las FARC en Colombia; cárteles de droga en México que controlan estados de ese país como narcoestados; disfrazan y auspician operaciones de China, Rusia e Irán; apoyan la invasión Rusa a Ucrania; condenan la defensa de Israel frente al terrorismo; atacan el sistema económico internacional y proponen alianzas mundiales con las dictaduras como lo ha hecho Lula; o rompen tratados de extradición para proteger narcotraficantes como Castro en Honduras.

Los gobiernos para-dictatoriales tienen como mercado a los Estados Unidos y participan de operaciones de ataque híbrido. Por ejemplo México, que ha condecorado al dictador de Cuba Diaz Canel, ha recibido con honores y no ha ejecutado la orden de detención internacional contra Nicolás Maduro, ha protegido a Evo Morales extrayéndolo de Bolivia para evitar su detención, contrata personal esclavo de la dictadura castrista y encubre los crímenes de Daniel Ortega dándole condición de gobierno legítimo…

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

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El gobierno de Brasil estudia la respuesta de la empresa Meta al pedido oficial de explicaciones sobre su nueva política de verificación de datos, informaron este martes las autoridades.

El encargado de la agencia de defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, dijo a la prensa que Meta contestó al ultimátum brasileño a las 23H50 del lunes, diez minutos antes de que venciera el plazo de 72 horas fijado por el gobierno para una respuesta.

La AGU (Abogacía General de la Unión) detalló en una nota enviada a la AFP que la respuesta de la empresa se discutirá este martes en una “reunión técnica” de representantes de varios ministerios.

“Sólo después de ese análisis, la AGU, junto con los demás órganos, se pronunciará sobre los próximos pasos” y “hará público el tenor” de la respuesta, dijo el organismo.

La manifestación de la empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram responde a un pedido extrajudicial de explicaciones hecho el 10 de enero por el gobierno sobre el cierre de su programa de verificación de datos en redes sociales.

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva exigió que Meta proteja los “derechos fundamentales” de los ciudadanos en sus plataformas y reclamó aclaraciones sobre su política de verificación digital en Brasil.

Messias había advertido que su oficina adoptaría “medidas legales y jurídicas” si la compañía de Mark Zuckerberg no respondía a tiempo a la notificación, sin precisar cuáles serían las consecuencias de un eventual desacato.

Zuckerberg, fundador y director de Meta, sacudió el mundo de las comunicaciones al anunciar el 7 de enero que cesará su programa de “fact-checking” en Estados Unidos, un giro radical en sus políticas de verificación de contenido que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida generó preocupación en varios países, incluido Brasil, donde las autoridades libran una batalla contra la desinformación en línea.

El mayor país de Latinoamérica ganó protagonismo mundial en torno a la cuestión de las plataformas digitales en agosto, cuando la red X fue bloqueada durante 40 días en toda la nación por decisión de la corte suprema por desobedecer órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

Facebook paga para usar las verificaciones de unas 80 organizaciones a nivel global en su plataforma, así como en WhatsApp e Instagram.

(Con información de AFP)

El pasado viernes, el gobierno brasileño, a través de su brazo jurídico, la Procuraduría General de la Unión (AGU), otorgó 72 horas, es decir, hasta esta tarde, a Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp, para que dé cuenta de su decisión. De hecho, fue el propio Zuckerberg quien anunció la semana pasada el fin del programa de chequeo de información en sus redes sociales. A partir de ahora serán los usuarios los que inserten correcciones y comentarios en las publicaciones que puedan contener información falsa, de forma similar a lo que ya ocurre en X.

Liderada por el abogado general de Brasil Jorge Messias, la AGU pidió a Meta información sobre las medidas que piensa adoptar para frenar la violencia de género, garantizar la protección de niños y adolescentes, prevenir actos de racismo y homofobia y frenar la incitación al odio. Si no obtiene respuestas, el gobierno, dijo Messias, puede responder con medidas judiciales contra la empresa estadounidense. La iniciativa de la AGU se decidió en una reunión ministerial convocada de urgencia por Lula el pasado viernes. En la misma reunión, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), anunció la formación de un grupo de trabajo para iniciar un diálogo con los parlamentarios y la sociedad civil con el fin de mejorar las leyes brasileñas del sector. En particular, el gobierno se centrará, según lo anunciado el viernes, en la presentación de dos nuevos proyectos de ley sobre la tributación de las big tech y la regulación de la competencia en el sector, además del proyecto gubernamental sobre la Inteligencia Artificial (IA), ya aprobado en el Senado.

Los proyectos sobre tributación y sobre competencia ya estaban en discusión en el Ministerio de Hacienda, pero ahora pasarán a ser la prioridad del Gobierno. Luego hay otro frente en el que el Ejecutivo quiere centrarse, a saber, la actuación de los órganos administrativos, como la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon). Finalmente, el último frente será un mayor seguimiento de los temas relacionados con las elecciones de 2026.

De hecho, la verdadera incógnita para Brasil es la magnitud del impacto de los cambios de Meta en el escenario electoral que el país empieza a experimentar a partir de este año de cara a las presidenciales del año que viene. Zuckerberg no dio muchos detalles sobre la implementación de las “notas de la comunidad”, quién formará parte de ella, para qué contenidos, cómo se mitigarán los sesgos ideológicos.

Actualmente, por ejemplo, las publicaciones de políticos y candidatos no están cubiertas por el análisis de chequeo de hechos. Hasta ahora, en Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha garantizado el control de la desinformación, adoptando una resolución sobre la propaganda electoral con muchas obligaciones y restricciones. Entre ellas, la de imponer a las empresas la obligación de adoptar medidas eficaces para mitigar determinados riesgos, como la violencia política de género, y políticas de contenido destinadas a reducir la circulación de desinformación. Sin embargo, el año que viene el TSE estará presidido por el juez Nunes Marques, nombrado por el ex presidente Jair Bolsonaro. Muchos se preguntan si habrá un cambio de enfoque y si el Tribunal Superior Electoral adoptará una postura más permisiva hacia la desinformación.

Lula: “Proteger la soberanía”

La decisión de notificación extrajudicial de la Procuraduría General de la Unión (AGU) enviada a Meta el pasado viernes fue respaldada por Lula, que también fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de Zuckerberg. “Me parece extremadamente grave que se quiera que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad que quien comete un crimen en la prensa escrita”, dijo el presidente brasileño. “Es como si un ciudadano pudiera ser castigado por hacer algo en la vida real y no por hacer lo mismo digitalmente. Lo que realmente queremos es que cada país proteja su soberanía. Un ciudadano, dos ciudadanos, tres ciudadanos no pueden creer que pueden dañar la soberanía de una nación”, añadió. El vicepresidente Geraldo Alckmin también entró en el debate, defendiendo la necesidad de potenciar las plataformas y regularlas. “No se puede tener una plataforma con presencia global sin responsabilidad, sin rendición de cuentas. No se puede desinformar a la gente, no se puede calumniar, mentir, difamar; hay que tener responsabilidad. Vivir en sociedad implica derechos y deberes”, dijo Alckmin en una entrevista a la emisora de radio brasileña Eldorado.

Zuckerberg en su anuncio también había acusado, sin entrar en detalles, a algunos países latinoamericanos. “Los países latinoamericanos tienen tribunales secretos que pueden ordenar a las empresas que eliminen contenidos de forma silenciosa”, dijo, haciendo un llamamiento al presidente de Estados Unidos que tomará posesión el próximo 20 de enero, Donald Trump, para que luche contra estas decisiones judiciales. El jefe de Meta probablemente se refería también a Brasil, que el año pasado vivió un tira y afloja por este mismo asunto entre el magnate Elon Musk y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que bloqueó X durante más de un mes.

El propio Moraes fue el primero en reaccionar a la noticia el pasado miércoles. “No podemos hablar por el resto del mundo, pero por Brasil tengo la absoluta certeza y convicción de que el STF no permitirá que las redes sociales sigan siendo utilizadas, de forma intencionada o culposa, o incluso sólo con fines lucrativos, para amplificar el discurso del odio, el nazismo, el fascismo, la misoginia, la homofobia y el discurso antidemocrático”, afirmó. Sin embargo, fue el propio Moraes quien había calificado a Meta de “uno de los principales colaboradores del STF” en plena polémica con Musk.

En la reunión del viernes, los ministros también propusieron la formación de un frente internacional contra la desinformación como arma política, en el que también participe la Unión Europea. La forma en que Brasil quiere manejar el control de la desinformación, sin embargo, va en contra del resto del mundo. Si el debate a nivel internacional ya existe, depende mucho de las legislaciones nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Primera Enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión, siempre ha condicionado el debate. En Europa, en cambio, existe el Digital Services Act (Norma de servicios digitales), según la cual las plataformas deben revelar información que hoy es secreta, como el funcionamiento de los algoritmos en la moderación y difusión de contenidos falsos. Sin embargo, Europa, a diferencia de Brasil, se centra en la regulación de los procesos, no de los contenidos.

Meta lleva meses criticando, sin embargo, la propuesta brasileña sobre la regulación de las redes que es objeto de un juicio del Supremo Tribunal Federal, iniciado el año pasado en relación con parte del llamado “marco civil de Internet”, la ley de 2014 que regula Internet en Brasil. Si se aprueba la propuesta del STF, las empresas propietarias de las redes sociales tendrán que responder judicialmente por los contenidos publicados por terceros, incluso en ausencia de una decisión judicial.

Debate candente

El debate sobre las redes sociales y su regulación está más candente que nunca en Brasil. El analista geopolítico Lourival Sant’Anna escribe en el diario O Estado de São Paulo que “la decisión de Zuckerberg viola una libertad fundamental, la de que las personas sean quienes son. La eliminación de las restricciones fomentará la exclusión y la violencia contra las personas que, por su orientación sexual o de género, serán tratadas como aberraciones”. “Musk y Zuckerberg están favoreciendo a quienes utilizan intencionadamente las redes sociales para mentir y difundir el odio, trasladando la carga de protegerse a los segmentos más vulnerables de la sociedad”, añadió Sant’Anna.

Como señalan varios expertos, ya antes de la decisión de Zuckerberg no faltaban los problemas. “Siempre ha sido una gran caja negra, siempre hemos tenido grandes dificultades para medir cómo se aplica este tipo de política de moderación”, declaró Viktor Chagas, profesor de comunicación de la Universidad Federal Fluminense, al diario Folha de São Paulo. “La propia definición de lo que constituye contenido político, entre los propios investigadores, es divergente”, afirmó Chagas. Para Mariana Carvalho, profesora de comunicación de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, la decisión de Zuckerberg “hará más difícil la lucha contra la desinformación”.

“Olvida que los defensores de la red como territorio no regulado luchan por la libertad”, escribió Fabiano Lana en el diario O Estado de São Paulo. “Por detrás de toda la retórica de grupos empresariales y movimientos sociales y políticos, en la disputa por el control de las redes sólo hay una lucha por consolidar o recuperar el poder. Es en este contexto que el gobierno del PT sueña con un mayor control sobre las redes, que hoy son más territorio hostil que amigable para Planalto. Una reunión entre el Presidente de la República y sus ministros para discutir esta cuestión no es más que una representación teatral. Está claro que se trata de una preocupación relacionada con el caso individual y no con los principios”, afirmó Lana.

Lula atraviesa desde hace tiempo una crisis de imagen. Según la última encuesta de AtlasIntel, el índice de desaprobación alcanza el 49,8%, lo que le ha obligado a tomar medidas correctivas. El miércoles cambió al ministro de la Secretaría de Comunicación, sustituyendo a Paulo Pimenta por el experto en marketing Sidônio Palmeira, responsable de su victoriosa campaña electoral de 2022.

Mientras tanto, el impacto de la decisión de Zuckerberg ya empieza a notarse en algunas instituciones del país. Riccardo Cappelli, que tras los asaltos a los palacios del poder en Brasilia el 8 de enero fue nombrado por el Gobierno de Lula interventor federal en el área de seguridad y que ahora es presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI), firmó ayer una orden ejecutiva que hace obligatorio el uso exclusivo de una aplicación brasileña de mensajería creada específicamente para la ABDI. Cappelli, que como presidente de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) trajo a Fidel Castro a Brasil en 1999 para un Congreso de la UNE, criticó la decisión de Zuckerberg en sus redes sociales. “¿Por qué China y Rusia bloquean las redes sociales de Estados Unidos? ¿Por qué el post-Brexit y el auge de la ultraderecha en la UE establecieron normas estrictas que ahora Zuckerberg pisotea? Las redes son comunicación. Y la comunicación es poder”, escribió.

El Gobierno brasileño afirmó que sigue “con gran preocupación las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra opositores” en Venezuela, según un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En un comunicado distribuido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo de Brasil destacó que “para la plena validez de un régimen democrático, es esencial que a los líderes de la oposición se les garanticen los derechos básicos de ir y venir y manifestarse pacíficamente con libertad y con garantías para su integridad física”.

En el comunicado, el Ministerio de Exteriores también repudió “los recientes episodios de detenciones, amenazas y persecución de opositores políticos”, aunque reconoció “los gestos de distensión del régimen de (el dictador venezolano, Nicolás) Maduro” como la liberación de detenidos o la reapertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, en abril de 2024.

En este sentido, Brasil insta a “las fuerzas políticas venezolanas a dialogar y buscar el entendimiento mutuo” para “resolver controversias internas”.

Hasta este momento, ni el Gobierno ni la cancillería brasileña se habían pronunciado oficialmente sobre la nueva investidura de Maduro aunque el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, abordó el asunto en una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Según una nota de la Presidencia francesa, ambos mandatarios coincidieron en pedir a Maduro que retome el diálogo con la oposición para que sea posible “la vuelta de la democracia y de la estabilidad” en ese país.

El Gobierno brasileño no ha reconocido la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en las que la oposición mayoritaria denuncia fraude y reivindica el triunfo del candidato opositor venezolano, Edmundo González Urrutia.

Lula ha intentado mediar en el conflicto y se ha sumado a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que el CNE divulgue las actas electorales y así comprobar el resultado de los comicios, lo que ha producido algunas fricciones con Caracas.

Por su parte. la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que integran Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, rechazó la nueva investidura presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, a la que calificaron de ilegítima y producto de “un fraude electoral impuesto a través del terror de Estado contra el pueblo venezolano”.

En un comunicado conjunto, la ADD insistió en que “existe evidencia” de que el electorado venezolano “votó pacífica y masivamente a favor de Edmundo González Urrutia”, el candidato de la mayoría opositora que se enfrentó a Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, y que es considerado por varios países como el legítimo ganador.

La Alianza recordó que “la oposición, liderada por González y María Corina Machado, dio a conocer más del 80 % de las actas -obtenidas el mismo día de la votación- que certifican la victoria de González Urrutia”, si bien estas no son aceptadas como válidas por el chavismo.

“Dichas actas fueron verificadas como auténticas y originales por el Centro Carter, único observador internacional imparcial que pudo estar presente durante dichas elecciones”, señalaron los cuatro países sobre el organismo con sede en Atlanta (Estados Unidos), que desplegó una misión de observación junto a otros organismos como Naciones Unidas.

La ADD consideró también que en Venezuela ha habido “múltiples acciones fraudulentas perpetradas por el régimen con el objetivo de mantener a Nicolás Maduro” y que estas “contravienen la Declaración Universal de Derechos Humanos”, entre otros instrumentos internacionales de derecho internacional como la Carta Democrática Interamericana.

(Con información de EFE)

Dos años después de las invasiones de los palacios del poder en Brasilia por una multitud de partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, que contestaron la victoria de Lula, el Gobierno organizó ayer una jornada de celebraciones en Brasilia para homenajear la democracia. Para el presidente brasileño, “la democracia necesita ser cuidada con todo el cuidado y vigilancia posibles por cada uno de nosotros, siempre. Seremos siempre implacables contra cualquier intento de golpe de Estado”, afirmó. “Soy un amante de la democracia porque, la mayoría de las veces, los hombres están más enamorados de su amante que de su mujer”, añadió Lula. El presidente concluyó diciendo que “hoy es el día de decirlo alto y claro: seguimos aquí”, citando el título de la película de Walter Salles protagonizada por la actriz Fernanda Torres que ganó el prestigioso Globo de Oro hace unos días.

En su discurso, el presidente brasileño también afirmó que había escapado a un atentado de un grupo de irresponsables, “yo diría una panda de locos”, en referencia a la reciente investigación de la Policía Federal (PF) que llevó a la detención de más de 30 militares, entre ellos varios generales y el exministro de Defensa de Bolsonaro, Walter Braga Netto. Se les acusa de haber preparado un plan para matar no solo al presidente, sino también a su adjunto Geraldo Alckmin y al entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) Alexandre de Moraes. Según la PF brasileña, existen también pruebas contra Jair Bolsonaro que demuestran “inequívocamente” que el expresidente “planificó, actuó y tuvo control directo y efectivo sobre los actos ejecutivos realizados por la organización criminal que tenía como objetivo llevar a cabo el golpe de Estado y la abolición del Estado democrático de derecho”.

Ni el presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), ni el del Senado, Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata (PSD), ambos con mandato expirando, asistieron al acto de ayer. También estuvieron ausentes el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, y 23 de los 27 gobernadores del país. La participación ciudadana fue mínima, con apenas 1.200 personas, según cálculos del sitio de noticias Poder360.

Al fin y al cabo, el Brasil de hoy no es el mismo de hace dos años, cuando salía de una agresiva campaña electoral y de la adrenalina del voto. El resto del mundo también ha experimentado profundos cambios geopolíticos desde entonces. Si el 8 de enero en Brasil estaba asociado en sus símbolos y significado a otra invasión, la del Capitolio en Washington por los trumpistas el 6 de enero de 2021, hoy Estados Unidos se prepara para la toma de posesión de Trump como presidente. En Brasil, la imagen de Lula, que se fortaleció con las invasiones del 8 de enero como defensor de la democracia, viene perdiendo consenso desde hace meses, incluso entre sus votantes, principalmente por la situación económica del país. En los últimos dos años, el tratamiento de los detenidos por los sucesos del 8 de enero también ha creado mucho debate y cierta polémica, incluso entre los juristas.

“Seremos implacables”, dijo ayer Lula. También añadió que “nadie ha sido ni será detenido injustamente. Todos pagarán por los crímenes cometidos, todos. Incluidos los que planearon el asesinato del presidente, del vicepresidente de la República y del presidente del Tribunal Superior Electoral. Tendrán amplios derechos de defensa y tendrán derecho a la presunción de inocencia”. Sin embargo, 78 personas detenidas por los sucesos del 8 de enero siguen en prisión sin haber sido condenadas todavía. El motivo aducido en la mayoría de las decisiones adoptadas por el juez del STF, Alexandre de Moraes, para mantener a estas personas en la cárcel es que no cumplen las medidas cautelares, como el uso de un brazalete electrónico, o que suponen un peligro para el desarrollo del juicio. Según el Defensor Público Federal Gustavo de Almeida Ribeiro, que colabora en algunos de los procesos penales en curso en el STF, entre los detenidos por los sucesos del 8 de enero “hay una masa desigual de personas”, con situaciones económicas y casos diferentes, que “han sido tratadas todas de la misma manera”. “En algunos casos hay necesidad de más explicaciones, o de una mejor justificación antes de la detención, y en otros ha habido incluso un desacatamiento reiterado de las órdenes judiciales y sin explicación”, declaró Ribeiro al diario O Estado de São Paulo.

Hasta la fecha, 371 personas han sido condenadas a penas de entre tres y 17 años. Otras 573 han firmado un acuerdo de no enjuiciamiento (ANPP), en virtud del cual el infractor confiesa un delito y, a cambio, no se presenta a juicio, sino que acepta medidas cautelares y colabora con los servicios sociales. Sólo cinco fueron absueltos.

El 23 de diciembre, Lula también decidió no conceder a los condenados por los sucesos del 8 de enero el llamado indulto de Navidad. Se trata de un instrumento legal que extingue las penas de los condenados en función de criterios definidos por el jefe del Ejecutivo. En el decreto por el que concedió el beneficio en 2024, Lula impidió el indulto de presos condenados por crímenes contra el Estado democrático de derecho, el tipo de delito en el que se encuadran los condenados del 8/1. “Los autores de crímenes muy graves, sorprendidos en flagrante delito, han gozado de prerrogativas negadas a los presos del 8/1″, dijo la asesora jurídica Katia Magalhães al sitio de noticias Gazeta do Povo, recordando las “innumerables situaciones de mujeres involucradas en el tráfico de drogas, pero liberadas por la necesidad de cuidar de sus hijos menores”, tras las decisiones del STF. La jurista también recordó la concesión del habeas corpus en noviembre de 2024 a un camionero que transportaba 823 kg de cocaína en su camión.

Según algunos expertos, detrás de esta mano dura del STF está el temor a abrir el espacio para la amnistía que la oposición, con Bolsonaro a la cabeza, reclama desde hace meses. La nueva presidenta del Superior Tribunal Militar (STM) que asumirá el 12 de marzo, Maria Elizabeth Rocha, dijo en estas horas al diario O Globo que “es prematuro, es demasiado pronto para hablar de amnistía” y que “el 8 de enero es una herida abierta y costará dinero curarla ». El año pasado se había presentado en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara un proyecto de ley para amnistiar todos los hechos relacionados con el 8 de enero, pero no se votó porque el presidente Arthur Lira transfirió el proyecto a una comisión especial, lo que ralentizó el proceso. Ahora la patata caliente pasa al nuevo Presidente de la Cámara. El candidato más favorecido es el diputado Hugo Motta, del partido Republicanos. En el acto de presentación de su candidatura, el 29 de octubre, Motta, refiriéndose al 8 de enero, dijo que el “triste episodio” no debe repetirse, pero también habló de “sentencias por encima de lo que debe ser correcto”.

Bolsonaro no hizo comentarios sobre las celebraciones de ayer. En sus redes sociales, sólo anunció que había sido invitado por Trump a su investidura el 20 de enero y dijo que había pedido al STF que autorizara la devolución de su pasaporte. El documento le fue retirado en febrero del año pasado por su presunta implicación en los hechos relacionados con el 8 de enero. Sin embargo, su hijo Eduardo publicó ayer en las redes sociales de su padre un vídeo en el que defiende a los manifestantes del 8 de enero. “Nos quieren hacer creer que fue un intento de golpe. Donald Trump ciertamente se identifica con Jair Bolsonaro en este sentido, porque él también en EE.UU. ha sido perseguido por un activismo judicial repugnante, bajo y sin escrúpulos”, dijo.

Muchos se preguntan ahora cuál será el impacto de las celebraciones de ayer en las decisiones de los votantes de cara a las elecciones presidenciales de finales de 2026. Pablo Marçal, que quedó tercero como candidato a la alcaldía de San Pablo en las elecciones municipales del pasado octubre por el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), aprovechó el protagonismo de las celebraciones de Brasilia para anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026. “Seré candidato a la presidencia del PRTB en 2026. El espíritu emprendedor es la clave para liberar a nuestro pueblo y promover el desarrollo económico”, afirmó en un comunicado. El político, coach de profesión, está siendo investigado por el Tribunal Superior Electoral por, entre otras cosas, captar fondos para la anterior campaña electoral. En caso de ser condenado, será inelegible.

Para algunos politólogos como Elton Gomes, profesor de la Universidad Federal de Piauí (UFPI), el evento de ayer reavivó la polarización en el país. “El objetivo es lograr lo que en ciencia política llamamos control narrativo. Se quiere mantener viva la idea de que todo el grupo político vinculado al expresidente Bolsonaro ha intentado subvertir el orden democrático y destituir a las autoridades republicanas mediante el uso de la fuerza”, dijo Gomes al portal Gazeta do Povo. Para otros, como Elisabete Barreto, abogada y ex profesora universitaria, no se trata de polarizar el país, sino de enseñar a las nuevas generaciones el valor de la historia. “Cualquiera que tenga la menor idea de la dictadura de 1964 y de los acontecimientos de 2023 debe estar del lado de la democracia. Si Brasilia le parece lejana de entender, trate de imaginar lo que pasaría en su ciudad si los votantes contrarios se unieran a un alcalde antidemocrático para impedir la llegada de un alcalde nuevo y causar la destrucción de la ciudad”, dijo al sitio de noticias A Hora.

También pesó ayer la cuestión venezolana. Como informa el periodista Jamil Chade, el Gobierno de Maduro invitó al de Brasil, que enviará a su embajadora, Glivânia Maria de Oliveira. Una decisión que contrasta con la de muchos países latinoamericanos que han anunciado que no asistirán a la ceremonia. Por eso, en las redes sociales muchos brasileños se preguntaron cómo es posible celebrar la democracia y luego asistir a la toma de posesión de un dictador. Para el senador Rogério Marinho, del Partido Liberal, “el presidente que habla de democracia inquebrantable es el mismo que defiende la democracia relativa en Venezuela. Dos días después del circo de la Praça dos Três Poderes, Brasil estará oficialmente representado en la violación de la democracia venezolana”, afirmó Marinho.

Brasil rememora este miércoles la invasión de los tres poderes perpetrado el 8 de enero de 2023 por miles de activistas de extrema derecha, con varios actos simbólicos encabezados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el cerco judicial se estrecha sobre el ex mandatario Jair Bolsonaro.

Autoridades de los tres poderes del Estado se darán cita en el Palacio presidencial de Planalto, dos años después del episodio conocido como el asalto de Brasilia, por el que se han abierto 1.552 acciones penales que por el momento han desembocado en 371 condenas por golpe de Estado y otros delitos.

En uno de los actos previstos, se entregarán algunas de las obras de arte restauradas que fueron objeto de la furia de los bolsonaristas que invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema a fin de provocar una intervención militar que pusiera fin al recién estrenado Gobierno de Lula.

Entre esas obras figura el impresionante mural ‘As mulatas’ (Las Mulatas), de Di Cavalcanti.

Acto seguido, habrá una ceremonia solemne en el Salón Noble del Palacio de Planalto y, por último, tendrá lugar el “Abrazo de la Democracia” en la plaza de los Tres Poderes, el corazón político del país, según informó la Presidencia brasileña.

Lula, quien se recupera de una hemorragia intracraneal que le obligó a pasar por el quirófano de urgencia en diciembre, bajará la rampa del Palacio de Planalto junto con las principales autoridades y se reunirá con el público para darse un abrazo.

A los actos del Gobierno se le sumarán otra serie de eventos organizados por los otros poderes de la Nación. El Supremo acogerá un simposio en el que participarán funcionarios y colaboradores que ayudaron a reconstruir los destrozos causados por los radicales.

La corte también lanzará una plataforma digital “de memoria” con “informaciones completas” sobre el 8 de enero, desde cómo ocurrieron los ataques hasta la responsabilización de los involucrados.

En paralelo, los investigados por el asalto de Brasilia, reunidos en la Asociación de los Familiares y Víctimas del 8 de Enero, realizarán una “superjornada” en directo vía redes sociales para denunciar lo que tachan de “dos años de farsa” judicial.

Según la organización, participarán familiares, juristas, parlamentarios y periodistas, quienes harán un repaso a las supuestas “irregularidades” en el desarrollo de las causas y a la situación de los investigados que optaron por huir a países de la región, como Argentina.

Bolsonaro, en el foco de la Justicia

Mientras, las autoridades brasileñas continúan con las indagaciones sobre el 8 de enero, en las que Bolsonaro figura como investigado por incitar a sus acólitos.

La tesis de la Policía es que el asalto a los tres poderes fue el colofón de un plan político-militar que buscó anular la victoria de Lula en las presidenciales de 2022 y promover una intervención militar que mantuviera a Bolsonaro en el poder.

En paralelo a la investigación del 8 de enero, la Policía Federal presentó cargos a finales del año pasado contra Bolsonaro y otras 39 personas, entre ellas militares de alto rango y antiguos ministros, por planear un golpe de Estado en el que se sopesó incluso asesinar a Lula y a otras altas autoridades.

A los 40 se les acusa de “abolición violenta del estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.

Las conclusiones de la Policía están ahora en manos del fiscal general de la República, Paulo Gonet, quien debe decidir próximamente si presentará una acusación formal ante la Justicia.

Bolsonaro, inhabilitado políticamente en 2023 por sembrar sospechas sobre las elecciones y atacar la democracia, niega las acusaciones de golpismo, aunque en una entrevista reciente admitió que estudió la posibilidad de aprobar un decreto para ordenar una intervención militar en 2022, según él, amparada por la Constitución.

(Con información de EFE)

Se avecinan grandes cambios en el Gobierno brasileño. Desde hace días, a pesar de las fiestas, se habla de una reforma ministerial con vistas a las elecciones presidenciales de 2026, a las que Lula aspira, pero que parecen cada vez más lejanas debido a la crisis en curso. El año que acaba de comenzar promete ser complejo, sobre todo desde el punto de vista de las cuentas públicas y de la cuestión fiscal que ha visto, entre otras cosas, la caída del real y la fuga de capitales extranjeros. Una reforma ministerial es vista hasta ahora como la posible salida para un gobierno de Lula cada vez más percibido negativamente por los electores.

Las encuestas sobre la popularidad del presidente desde 2023 hasta finales de 2024 indican un descenso constante de la aprobación entre los votantes. El mismo desplome afecta también a la esposa de Lula, Rosângela da Silva, conocida como Janja, que en los dos primeros años de la presidencia de su marido intentó ocupar cada vez más espacio junto a él. Según la encuesta Quaest, la primera dama de Brasil pasó de un 41% de aprobación en febrero de 2023 a un 22% en 2024. Además, la reciente hospitalización de Lula, que sufrió una hemorragia cerebral en diciembre, ha llevado al primer plano del debate público la cuestión de su reelección, tanto por su edad -cumplirá 81 años en 2026- como por su estado de salud. De ahí el plan de reforzar la base gobernante en el Congreso para hacer avanzar la agenda de Lula, mejorando la ejecución de los programas anunciados durante la campaña electoral de 2022.

El apoyo con el que cuenta Lula en el Congreso ha sido hasta ahora complicado, dado que la mayoría de los parlamentarios pertenecen al Centro, el llamado Centrão, y a la centroderecha bolsonarista. De ahí la necesidad en estos dos primeros años de ofrecer enmiendas, es decir, fondos sin rendir cuentas, para aprobar los proyectos afines al Ejecutivo. A pesar de esto, muchos no fueron aprobados. Por el contrario, Lula goza de un excelente apoyo del Supremo Tribunal Federal (STF), objeto de muchas críticas, incluso de la prensa extranjera, por “nepotismo y privilegios”, como ha escrito en los últimos días el diario alemán Handelsblatt.

Por eso, también de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Lula, como ya ha anunciado la prensa brasileña, quiere barajar de nuevo las cartas en el equipo de Gobierno, una operación que probablemente sólo comenzará en febrero, cuando los parlamentarios regresen de sus vacaciones. Si bien es cierto que en su tercer mandato ha optado por un gobierno con menos ministerios en manos de su PT, en los puestos clave de la gobernabilidad del país el presidente sólo ha incluido a miembros de su partido.

Hasta ahora, sin embargo, el único cambio que se da por hecho es la sustitución del actual ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta, por el experto en marketing político Sidônio Palmeira, lo que demuestra que el objetivo es preparar la campaña electoral de 2026. Pimenta podría ser trasladado a la Secretaría General de la Presidencia.

La reforma ministerial también podría servir para zanjar los conflictos internos que han surgido en esta primera mitad del tercer mandato de Lula, como el que enfrenta al ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con el de la Casa Civil, Rui Costa, ambos del PT, que estalló por la cuestión del paquete de recortes de gastos. Mientras Haddad quiere frenar el gasto público, Costa quiere financiación para proyectos sociales y nuevas infraestructuras.

En los últimos meses también han circulado informaciones sobre la posible dimisión por motivos familiares de los ministros de Defensa, José Múcio Monteiro, y de Justicia, Ricardo Lewandowski. Un nombre que ha estado circulando para Defensa es el de Rodrigo Pacheco, del PSD, que dejará la presidencia del Senado en febrero.

No hay cambios a la vista para el Ministerio de Asuntos Exteriores; se espera que Mauro Vieira permanezca en su puesto, al igual que el asesor especial de política exterior de Lula, Celso Amorim. Las decisiones de ambos, sin embargo, podrían tener un impacto significativo en la popularidad de Lula en los próximos meses.

Lula también está tardando en nombrar a la dirección del evento climático más importante del año, la COP30, en Belém. En este contexto de tentativas de cambio, el 1 de enero tomaron posesión de sus cargos los alcaldes y concejales que ganaron las elecciones municipales de octubre pasado. Por ejemplo, el alcalde reelegido de Santa Quitéria, en el estado nororiental de Ceará, José Braga Barrozo, del Partido Socialista Brasileño (PSB), fue detenido pocas horas antes de tomar posesión del cargo por sospechas de relaciones con la facción criminal Comando Vermelho. Su hijo lo sustituyó.

El Gobierno de Brasil enviará a su embajadora en Caracas, Gilvania Oliveira, a la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, que tendrá lugar el próximo viernes 10 de enero en la capital del país.

Fuentes del Ministerio de Exteriores brasileño han confirmado al diario O Globo y al portal de noticias UOL que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva estará presente en la investidura de Maduro a través de su embajadora en el país caribeño. Las autoridades brasileñas no enviarán a Caracas a ningún ministro ni alto representante.

La relación entre ambos países no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela, con las autoridades de Brasil, Colombia y México pidiendo la divulgación de las actas oficiales, si bien ya todo comenzó a enturbiarse en marzo del año pasado cuando el Gobierno brasileño reprochó a las autoridades venezolanas que impidieran registrar una candidatura de la oposición para esos comicios.

Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que escalar, con Lula negándose a reconocer la proclamación de victoria de Maduro, cuyo régimen no ha escatimado en ataques directos hacia el presidente brasileño. El último detonante ha sido el veto de Brasil a Venezuela a su entrada en los BRICS a finales de octubre.

El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, ha asegurado recientemente que, pese a que “las circunstancias impongan una inevitable reducción de las relaciones”, no hay intención alguna de romper vínculos diplomáticos con Venezuela.

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se reunirá el sábado con Javier Milei a menos de una semana de la fecha donde debería asumir la primera magistratura de ese país, confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Milei fue uno de los primeros presidentes que reconoció al dirigente venezolano como el legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio, y acusó al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de haber ejecutado un fraude masivo. Ese posicionamiento internacional derivó en la decisión de la dictadura venezolana de expulsar al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, la representación está a cargo de Brasil.

La relación entre la Argentina y Venezuela se volvió a complicar a principios de diciembre, debido a la arbitraria detención del gendarme Nahuel Agustín Gallo, quien ingresó a ese país con el objetivo de visitar a su esposa y su pequeño hijo, y terminó de rehén del régimen, que lo tiene cautivo sin informar el lugar del arresto ni quiénes están asistiéndolo legalmente.

En este contexto es que, según pudo confirmar Infobae de fuentes oficiales, el presidente Milei tendrá un encuentro con Edmundo en la Casa Rosada el próximo sábado. Allí está previsto que le exprese su respaldo a pocos días de que se cumpla la fecha prevista para el final del mandato de las autoridades actuales.

Edmundo González Urrutia, que recibió asilo en España, inició en las últimas semanas una fuerte ofensiva internacional para contar con apoyo de líderes, presidentes y dirigentes de todo el mundo, para intentar torcer la decisión de Maduro y Cabello de prolongar su gobierno más allá del 10 de enero. Estuvo en la Unión Europea y con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

(Con información de Europa Press)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presenta una “mejora progresiva” tres semanas después de someterse a una operación de urgencia por una hemorragia craneal, informaron sus médicos después de unos exámenes este martes.

Una tomografía realizada en el Hospital Sirio Libanés de Brasilia a la cabeza del mandatario, de 79 años, mostró una “importante reabsorción” del hematoma, dijo el equipo médico en una nota.

Eso indica una “mejora progresiva coherente con el excelente estado del Presidente”, añadieron.

Los médicos habían anunciado previamente que el jefe de Estado se realizaría exámenes de control regularmente tras su hospitalización en Sao Paulo para una cirugía de emergencia, la noche del 9 al 10 de diciembre.

Esa operación intracraneana buscaba reabsorber un hematoma causado por un sangramiento relacionado con un accidente en octubre, cuando Lula se golpeó en la nuca al caerse en el baño de su residencia oficial.

El líder brasileño salió del hospital el 15 de diciembre y volvió a Brasilia cuatro días después, tras una primera tomografía que mostró un resultado “extremadamente satisfactorio”.

“Puede ejercer sus actividades normalmente, todo está perfecto desde el punto de vista cognitivo, puede trabajar”, había asegurado entonces su médico personal, Roberto Kalil.

Desde que salió del hospital, Lula no deja de lucir en público un sombrero panamá para tapar los vendajes dejados en su cabeza tras la operación.

Se mostró con el sombrero durante su mensaje televisivo en la víspera de Navidad, en el que aseguró estar “aún más fuerte” y mostró su agradecimiento por la “cadena de solidaridad” y los “mensajes de cariño” que recibió durante su hospitalización.

Según Kalil, Lula pudo haberse enfrentado a “lo peor”.

Este nuevo problema de salud, sumado a un cáncer de laringe en 2011 y una operación de cadera el año pasado, lanzó dudas sobre la capacidad del referente de la izquierda latinoamericana para emprender una nueva campaña electoral en 2026, como propios y extraños afirman es su intención.

Lula llega a la mitad del mandato

Por otra parte, Lula llega este 1 de enero al ecuador de su tercer mandato sin mayores conflictos internos, pero con su apuesta por la integración en vilo con la vuelta de Donald Trump y sus discrepancias con el mandatario argentino Javier Milei.

En los dos años que lleva de su tercer mandato, Lula ha pacificado la política interna tras las turbulencias generadas por su antecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y ha encaminado la economía del país, pese a la desconfianza del mercado en su política fiscal y una fuerte devaluación del real.

Todas las previsiones apuntan a que Brasil terminará 2024 con un crecimiento económico del 3,4%, tras el 3,2% de 2023, con la inflación algo acelerada y en torno al 4,9%, pero con el desempleo en mínimos históricos del 6,1%, fuertes compromisos de inversiones y una importante reducción de la pobreza.

En lo político, tendrá su primer desafío en febrero, cuando se renovará la dirección del Parlamento, controlado por una centroderecha que hasta hoy apoya sus planes económicos, en su mayoría de corte liberal, pero suavizados con una fuerte inversión social del Estado.

(Con información de AFP y EFE)

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha dicho que si bien ha descendido el grado de relación con las autoridades venezolanas después de los últimos cruces de declaraciones y reproches, no hay intención alguna de romper vínculos diplomáticos. "Reconocemos Estados y no gobiernos", ha dicho.

En una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Congreso, ha señalado que a pesar de que "las circunstancias impongan una inevitable reducción de las relaciones", eso no significa que Brasil deba romper relaciones con Venezuela".

"Por el contrario, diálogo y negociación y no aislamiento (...) son la clave para cualquier solución pacífica en Venezuela", ha defendido Vieira, quien ha confirmado que las autoridades de ambos países continúan manteniendo contactos, los últimos los que él ha mantenido esta semana con su par venezolano, Yván Gil.

Vieira ha revelado que negocian la salida de seis opositores del Gobierno venezolano que están bajo asilo en la Embajada argentina en Caracas. Asimismo, ha informado de que el embajador venezolano, Manuel Vadell, puede regresar a Brasilia cuando quiera y de que no retirarán a la embajadora brasileña, Glivania de Oliveira.

"Las relaciones pacíficas y respetuosas con nuestros doce vecinos son patrimonio de la política exterior brasileña. Brasil reconoce Estados, no gobiernos", ha zanjado con respecto a esta cuestión en una sesión en la que también, por otro parte, ha dirigido críticas hacia el Gobierno de Israel.

La relación entre ambos no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela, si bien ya todo comenzó a enturbiarse en marzo de este año cuando el Gobierno brasileño reprochó a las autoridades venezolanas que impidieran registrar una candidatura de la oposición para esos comicios.

Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que escalar, con Lula negándose a reconocer la proclamación de victoria de Maduro, cuyo Gobierno no ha escatimado en ataques directos hacia el presidente brasileño. El último detonante ha sido el veto de Brasil a Venezuela a su entrada en los BRICS hace apenas unas semanas.

Este 2024 llega a su fin y también terminan los dos primeros años de los cuatro del tercer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. Como siempre, la conclusión de cada año es un momento para hacer balance y nuevas promesas para el año venidero, y esto también se vale para Lula. Según una encuesta de PoderData realizada a mediados de diciembre, el 48% de los brasileños rechaza su gobierno, la tasa más alta desde el inicio de su mandato, mientras que sólo el 45% lo aprueba. Lula ha conseguido mantener algunas de sus promesas de la campaña electoral de 2022, como la política de aumento del salario mínimo por encima de la inflación, la ampliación del subsidio Bolsa Familia para los más pobres y una nueva reforma fiscal. Pero esto, evidentemente, no fue suficiente para eliminar la decepción pública y la controversia sobre otras cuestiones que también ocupaban un lugar destacado en su agenda política al inicio de su mandato.

De sus promesas electorales, Lula no ha logrado hasta ahora poner en marcha una nueva ley de trabajo, ni acabar con el llamado orçamento secreto, creado en el gobierno de Jair Bolsonaro, es decir, fondos entregados por el ejecutivo al Congreso, pero no sujetos a rendición de cuentas y, por lo tanto, utilizados principalmente para obtener la aprobación de los parlamentarios en cuestiones que interesan al gobierno. Hasta ahora, Lula ha fracasado incluso en la tan prometida deforestación cero.

De hecho, según datos de MapBiomas y su Monitor de Incendios, el área devastada por incendios en Brasil de enero a noviembre de 2024 fue de 29,7 millones de hectáreas, la mitad de ellas en la Amazonia, lo que representa un aumento del 93% respecto al mismo periodo de 2023. Se perdió una superficie comparable a la de todo el estado meridional de Rio Grande do Sul. Habrá que ver hasta qué punto estas cifras pesarán también en la imagen de Brasil en la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Belém, en el estado amazónico de Pará, del 10 al 21 de noviembre de 2025.

El balance de las principales empresas estatales brasileñas, entre ellas los Correos, también es negativo y presenta el peor déficit de los últimos 15 años, en torno a los 3.300 millones de reales (532 millones de dólares). En cuanto a la sanidad pública, 2024 será recordado por algunos episodios trágicos que conmocionaron a la opinión pública, como la muerte de un joven que esperó durante horas en la sala de espera de una clínica pública de Rio de Janeiro a pesar de ser un caso urgente. El gobierno de Lula también será recordado en 2024 por la explosión de la dengue: más de 6,2 millones de casos en 2024, según cifras del Ministerio de Salud. Murieron 5.950 personas, un aumento del 400% respecto al año pasado, cuando el país registró 1.179 muertes.

Desafíos en seguridad y economía

El tema de la seguridad también ha sido divisorio en este 2024 que termina. A pesar del aumento significativo de la pequeña delincuencia y de las actividades del narcotráfico, el gobierno de Lula no ha conseguido implantar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP). El presidente presentó a los gobernadores una propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) para incluir el SUSP en la Carta Magna. Sin embargo, la iniciativa fue criticada tanto por los gobernadores como por diversos sectores de la sociedad civil. Entre las demás promesas de Lula en la campaña electoral de 2022 figuraba también la eliminación de Brasil del mapa del hambre. Sin embargo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), publicado en julio, indicó sí una reducción de la tasa de hambre en el país, pero Brasil aún permanece en el mapa mundial con 8,4 millones de ciudadanos que sufren hambre y 20% de la población sin acceso adecuado a alimentos en los últimos tres años.

La principal incógnita para Brasil en el próximo año sigue siendo la fiscal. Como titula el diario Gazeta do Povo, “la inflación parece Dilma, será Dilma”, en referencia a la grave recesión económica que vivió el país durante la presidencia de Dilma Rousseff y que terminó con su impeachment en 2016. El 5 de enero, el Banco Central había comenzado el año con previsiones optimistas para 2024, como el cambio del dólar a 5 reales y el impuesto Selic al 9%. En vísperas de 2025, la realidad es muy diferente de las previsiones de hace 12 meses. El dólar ha pasado a 6,19 y el impuesto Selic se ha situado en el 12,25%. En cuanto a la inflación, las previsiones del pasado mes de enero esperaban un 3,9%, mientras que en diciembre rozó el 5%.

Por otro lado, sorprendió el Producto Interior Bruto, que creció más del 2% previsto y se espera que se sitúe en torno al 3,5% a finales de 2024. El fortalecimiento del dólar frente al real en 2025 será probablemente el gran tema de debate político y social. El efecto en la vida cotidiana de los brasileños se sentirá ya en los primeros meses, no sólo en los productos importados, sino también en los nacionales, debido al aumento de los costos logísticos por el precio del petróleo comprado en dólares. El fortalecimiento del dólar ya golpeó al sector de commodities, como la soja, que, al volverse cada vez más competitiva en el mercado externo, reduce la oferta interna, generando inflación.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República (Secom) se distancia de las críticas, afirmando que es prematuro decir que no se han cumplido las promesas electorales. “El gobierno busca integrar diferentes acciones, articulando diferentes áreas de política para garantizar que sus impactos sean duraderos y tengan efectos directos en la vida de los brasileños, especialmente en las poblaciones más vulnerables”, dice el comunicado. “Este enfoque pretende, por lo tanto, no sólo responder a las emergencias inmediatas, sino también establecer bases sólidas para el desarrollo futuro, con un claro compromiso de mejorar las condiciones de vida de las personas de forma amplia y sostenible”, añade la Secom.

Fuga de inversiones extranjeras

En el frente regional, Brasil corre el riesgo de ser superado por Argentina en términos de inversión extranjera. ARGT, el principal fondo cotizado de Argentina en Estados Unidos (o Exchange-Traded Fund-ETF en inglés), atrajo 600 millones de dólares en 2024. En cambio, el equivalente brasileño, EWZ, registró salidas de inversión por valor de 900 millones de dólares. Desde enero, el EWZ brasileño ha caído un 35%, mientras que el ARGT ha subido un 63%. La bolsa brasileña también perdió alrededor de 25.000 millones de reales (4.032 millones de dólares) en inversiones extranjeras en 2024.

Las fluctuaciones monetarias corren el riesgo de aumentar la dicotomía entre Brasil y Argentina en favor de este último, ya que el real brasileño se debilitó un 21% frente al dólar en un año, el peor resultado del mundo. En 2024 chocaron dos políticas económicas opuestas. El crecimiento de Brasil se basó en gran medida en el estímulo gubernamental, lo que supuso un impulso a corto plazo. Sin embargo, esta economía de la “fiebre del azúcar”, como la han llamado los analistas, puede enfrentarse pronto a un duro baño de realidad. En cambio, Argentina ha optado por lo que se ha dado en llamar “expansión orgánica sostenible”, reduciendo el excesivo gasto público. 2025 podría ser, por tanto, el año del ajuste de cuentas, con la Argentina de Milei emergiendo en la región, en detrimento de Brasil.

Política exterior: Venezuela, Rusia y China

Incluso en política exterior, el Gobierno de Lula podría tropezar, debido a las relaciones con Rusia y China, cada vez más desequilibradas a favor de estos países y con menos beneficios para los ciudadanos brasileños, como ha demostrado en los últimos días el caso de la empresa automovilística china BYD, que explotó a cientos de trabajadores en la construcción de su fábrica en Camaçari, en Bahía, en lugar de utilizar trabajadores brasileños, como había prometido. La fiscalía brasileña acusó a la empresa de trabajo esclavo y suspendió temporalmente la concesión de visados de trabajo a la multinacional china.

Sin embargo, la primera prueba real para el gobierno de Lula es la toma de posesión del próximo presidente de Venezuela, el 10 de enero. El sábado, el gobierno de Maduro revocó el permiso otorgado al gobierno de la República Federativa de Brasil para representar a la embajada de la República de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados cinco colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, como informó la cancillería venezolana en un comunicado.

En los últimos días, Lula recibió una carta firmada por varios movimientos sociales brasileños, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, pero también por asociaciones de periodistas, como la Asociación Brasileña de Prensa, y dos organizaciones propalestinas, la Federación Árabe Palestina de Brasil y el Instituto Brasil Palestina. En la carta piden al presidente brasileño que “reconozca la legitimidad de la reelección del presidente Maduro”. “El reconocimiento de estas elecciones no sólo reafirma nuestro compromiso de respetar la soberanía venezolana, sino que también fortalece los lazos de amistad y cooperación que históricamente unen a nuestras dos naciones”, reza el comunicado. El Gobierno brasileño, que nunca ha hablado de fraude electoral en relación con Maduro, había dicho en los últimos meses que no reconocería las elecciones hasta que se presentaran las actas con los resultados, que, puntualmente, nunca se presentaron. El régimen venezolano también había atacado al asesor especial de Lula para la política exterior, Celso Amorim, acusando a la diplomacia brasileña de servir a los intereses de Estados Unidos.

Si el 10 de enero es, por tanto, la primera prueba de fuego para Lula en política exterior, en 2025 se repetirá probablemente la misma dinámica que en 2024, marcada por los continuos ataques a Israel. El último en orden cronológico fue el del 26 de diciembre de la ministra de Sanidad, Nísia Trindade, que al expresar su solidaridad con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), condenó “el atentado de Israel contra el aeropuerto de Yemen”, escribió en sus redes sociales, agregando que “es inaceptable la escala de violencia que estamos viviendo, y que siembra el terror, el sufrimiento y la muerte”. En cuanto a Irán y Rusia, Brasil acogerá la cumbre de los BRICS en el primer semestre de 2025, muy probablemente en Rio de Janeiro. La anterior se celebró en Kazán, Rusia, en octubre de 2024. Aún no se han divulgado detalles sobre quiénes formarán parte de las delegaciones rusa e iraní. Entre los temas que ya figuran en la agenda, además del cambio climático, está la inteligencia artificial.

En cuanto a la política interna, 2025 podría traer la detención de Bolsonaro y, sin duda, se verá un Brasil aún polarizado. El anunciado aumento de 20 centavos de real en las tarifas de autobús en la ciudad de San Pablo, a partir de enero, corre el riesgo de desencadenar una crisis social y política como la de 2013, cuando el mismo aumento desató una ola de protestas sin precedentes que sólo terminó en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff. En 2025, los principales partidos políticos del país también calentarán motores para las elecciones presidenciales de 2026, que, sin embargo, podrían verse privadas de candidatos fuertes. De hecho, es probable que la salud de Lula sea el centro de nuevos giros en el próximo año, lo que podría obligar a Brasil a elaborar un plan B.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hospitalizado desde el pasado lunes para tratar una hemorragia intracraneal, fue dado de alta este domingo por sus médicos, que aclararon que el líder progresista tendrán que permanecer en San Pablo hasta el jueves para exámenes de control.

“El presidente recibió el alta hospitalaria pero no el alta médica. Aun son necesarios algunos exámenes de control, como una tomografía a la que será sometido el jueves, antes de que pueda regresar a Brasilia”, afirmó su médico personal, Roberto Kalil, en una rueda de prensa.

El especialista explicó que el jefe de Estado, de 79 años, fue autorizado a abandonar el hospital en la mañana de este sábado y que inicialmente se dirigirá a su residencia particular en Sao Paulo.

La rueda de prensa fue interrumpida por el propio Lula, que apareció en el auditorio de sorpresa ya vestido y listo para abandonar el hospital, pero usando un sombrero Panamá para, según admitió, ocultar el curativo por causa de su vanidad.

El mandatario hizo una corta declaración para agradecer por los cuidados, admitir que se asustó cuando se enteró de la cantidad de líquido (sangre) derramado en su cabeza.

“Yo creía que estaba curado tras haber hecho cinco tomografías (tras sufrir un golpe en la cabeza por una caída en el baño en octubre), pero me asustó el crecimiento del volumen de líquido en mi cabeza. Me preocupó”, dijo el líder progresista.

El mandatario agregó que ahora está regresando a casa tranquilo, consciente de que tiene que cuidarse y listo para trabajar.

Kalil aclaró que el líder progresista podrá retomar sus actividades normales como presidente, pero que tendrá que trabajar moderadamente al menos por los próximos 60 días y que tendrá totalmente restringidas las actividades físicas.

“Con excepción de pasear, todas las actividades físicas están prohibidas. Las otras actividades podrá desempeñarlas, pero moderadamente. Pero puede volver a sus actividades normales, como reuniones en su despacho”, afirmó.

El médico afirmó igualmente que Lula sólo podrá viajar a Brasilia y retomar su trabajo en el Palacio presidencial de Planalto si los exámenes a los que será sometido hasta el jueves no muestran ninguna alteración.

Dijo igualmente que todos sus viajes internacionales están prohibidos hasta nueva orden y que Lula solo podrá realizar vuelos cortos.

Tras una cirugía de urgencia en la noche del lunes en la que los médicos le drenaron el hematoma intracraneal que le fue detectado después de que se quejara de fuertes dolores de cabeza, Lula fue sometido el jueves a una segunda intervención, preventiva, complementaria y de menor riesgo.

Se trató de una embolización de la arteria meníngea media para minimizar el riesgo de posibles nuevas hemorragias intracraneales.

El hematoma fue consecuencia de la caída que el presidente sufrió el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, cuando se golpeó la cabeza en el baño y tuvo que recibir cinco puntos de sutura en la nuca.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue sometido exitosamente a una embolización de la arteria meníngea media hoy por la mañana en el Hospital Sirio-Libanés, en San Pablo. Es la segunda intervención que atraviesa el mandatario de 79 años en 48 horas, ya que el martes le habían realizado una craneotomía para drenar el hematoma cerebral subdural que le detectaron tras una caída doméstica que sufrió en octubre.

Esta segunda intervención comenzó hoy alrededor de las 7:25 y tuvo como objetivo minimizar el riesgo de futuras hemorragias intracraneales. Según el doctor Roberto Kalil, cardiólogo del presidente brasileño, se trató de un procedimiento relativamente sencillo y de bajo riesgo, que duró una hora y se realizó en la sala de cateterismo, no en un quirófano.

“El procedimiento fue un éxito, ya está despierto y hablando. Ahora irá a la misma cama que estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos”, detalló el doctor Kalil tras la intervención, según informó el diario O Globo.

Ante la consulta del Infobae, el neurocirujano y referente regional en cirugía endovascular, Pedro Lylyk subrayó que este procedimiento es altamente efectivo para evitar nuevos episodios hemorrágicos. “El problema de los hematomas subdurales es que pueden volver a aparecer”, afirmó, por lo que el objetivo principal de la embolización es garantizar que Lula no sufra otra hemorragia cerebral en el futuro.

Lylyk, quien es director general de ENERI (Equipo de Neurocirugía Endosvascular y Radiología Intervencionista) y de la Clínica La Sagrada Familia, dijo que si bien la embolización “es un procedimiento que tiene 40 años”, antes no se hacía de forma programada como en la actualidad. “Gracias a tres grandes estudios científicos de los años recientes -continúo Lylyk- hoy se cuenta con evidencia de que la embolización tiene una eficacia comparable a la cirugía en términos de recidiva”, es decir, que es efectiva para frenar la recurrencia del hematoma subdural.

Respecto al manejo de este tipo de hematomas cerebrales, Lylyk explicó que el tratamiento se divide en etapas, en algunos casos se realiza la embolización primero y luego la cirugía intracraneal o al revés, como ocurrió con Lula, que fue sometido a una cirugía de urgencia el martes.

En el caso del presidente brasileño, según Lylyk, es probable que el equipo médico haya evaluado “primero descomprimir y evacuar sangre; y luego buscó que no vuelva a ocurrir”. Para lograr esto, el procedimiento utiliza la propia sangre del paciente.

En el mismo sentido, el doctor Mariano Socolovsky, jefe de Neurocirugía del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA), detalló a Infobae: “La embolización de la arteria meníngea media es un procedimiento que consiste en obstruir una arteria localizada en la duramadre, la membrana que recubre el cerebro. Al bloquear esta arteria, se ha demostrado que disminuye significativamente el índice de recidiva, es decir, el riesgo de resangrado. Entonces, potencia y aumenta la eficacia de la cirugía previa”.

“Aunque desde el punto de vista instrumental la técnica no es especialmente innovadora, su aplicación en el tratamiento de hematomas subdurales, como el que sufrió el presidente Lula, sí lo es”, señaló Socolovsky.

El experto del Hospital de Clínicas consideró que la innovación no radica tanto en la técnica en sí misma, sino en el respaldo científico reciente: “El año pasado se publicó un estudio multicéntrico, un metaanálisis, que confirmó la utilidad de este procedimiento, cuya efectividad era previamente controversial. A partir de esta evidencia, la técnica se comenzó a implementar en casos puntuales de hematomas para incrementar la tasa de éxito de la cirugía”.

El equipo médico informó que internación de Lula no debería prolongarse debido a esta nueva intervención, según informó el diario O Globo. Se espera que deje la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en los próximos días y regrese a Brasilia la próxima semana. Según declaraciones de su esposa, el mandatario se encuentra en buen estado y “volverá renovado para seguir trabajando”.

Qué es la embolización endovascular

La técnica implica la introducción de un catéter a través de una punción en la ingle, guiado hasta la arteria meníngea media mediante imágenes en tiempo real. El cierre de los pequeños vasos sanguíneos por donde fluye la sangre se realiza con precisión, utilizando un agente embolizante que garantiza la obstrucción eficaz de la arteria afectada.

El médico neurocirujano y director del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Matías Baldoncini señaló a Infobae los detalles del procedimiento innovador: “El bloqueo de la arteria meníngea media se realiza mediante una técnica endovascular, que consiste en acceder a través de un pinchazo en una arteria para cerrarla desde el interior utilizando un agente llamado Onyx. Este material funciona como un tapón que se solidifica dentro de la arteria”.

La arteria meníngea media es una arteria que suministra sangre a las meninges, las membranas que recubren y protegen el cerebro. Como se encuentra dentro del cráneo, cualquier daño o ruptura de esta arteria puede provocar hemorragias subdurales (sangrado entre el cerebro y las meninges). Esta técnica es comúnmente empleada en pacientes que han sido sometidos a drenaje de hematomas cerebrales, como ocurrió con Lula hace dos días. Además, puede realizarse bajo sedación o anestesia general, decisión tomada en el momento del procedimiento según las condiciones del paciente.

El diario O Globo remarcó que la embolización de la arteria meníngea media es una técnica moderna que, como destacó el equipo médico, no se considera una cirugía tradicional. Este procedimiento permite tratar las hemorragias intracraneales de manera menos invasiva, con alta precisión y un tiempo de recuperación reducido. Su aplicación en Lula refuerza su eficacia como método de prevención de complicaciones graves en pacientes con hematomas subdurales crónicos.

Cuáles son los riesgos asociados al procedimiento

Aunque se considera seguro, la embolización conlleva ciertos riesgos, como infecciones, reacciones alérgicas al material embolizante, daños a otros vasos sanguíneos o sangrado en el sitio de inserción del catéter. Para minimizar estos riesgos, los médicos aplican presión en el lugar de la punción tras retirar el catéter.

En términos generales, la recuperación de los pacientes sometidos a una embolización suele ser favorable, siempre que no existan otras enfermedades que compliquen el cuadro clínico. Baldoncini afirmó: “Algunos pacientes pueden requerir rehabilitación con kinesiología tras la cirugía, pero el proceso de recuperación es exitoso en la mayoría de los casos”.

Este procedimiento destaca por ser una alternativa moderna y menos invasiva para tratar hemorragias intracraneales, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas tradicionales que implican mayores riesgos y tiempos de recuperación más prolongados. Además, su capacidad para ser guiado por imágenes en tiempo real asegura una intervención precisa y eficaz, lo que lo convierte en un avance clave en el tratamiento de hematomas subdurales crónicos.

La primera operación de urgencia

El lunes por la noche, Lula fue trasladado de urgencia desde Brasilia a San Pablo tras ser diagnosticado con hemorragia intracraneal, para someterse a una cirugía destinada a drenar un hematoma, detectado tras experimentar intensos dolores de cabeza.

El hematoma fue consecuencia de una caída sufrida el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente, cuando se golpeó la cabeza en el baño, lo que requirió cinco puntos de sutura en la nuca.

La primera intervención, realizada para drenar el hematoma, fue considerada un éxito. A las pocas horas, los médicos informaron que Lula se encontraba lúcido y conversando. Según el cardiólogo Roberto Kalil, la segunda intervención llevada a cabo este jueves y descrita como “complementaria”, había sido planificada desde el inicio como parte del tratamiento.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “evolucionó bien” al día siguiente de ser operado de emergencia para drenarle un hematoma en la cabeza, informó este miércoles el hospital en el que se encuentra ingresado.

El mandatario, de 79 años, “está lúcido, orientado, conversando y pasó bien la noche”, señaló el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, donde fue sometido a una cirugía intracraneal la madrugada del martes.

“Evolucionó bien en el posoperatorio inmediato, sin complicaciones. El presidente aún tiene drenaje mientras aguarda nuevos exámenes de rutina”, agregó el comunicado.

En principio, el jefe de Estado, quien está acompañado por su esposa Rosângela “Janja” da Silva, permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta este jueves para cumplir con las 48 horas de precaución y después continuará en observación hasta que vuelva a Brasilia, lo que puede ocurrir el 16 de diciembre.

Lula se empezó a sentir mal en la tarde del lunes y esa noche acudió a la unidad del Sirio Libanés de Brasilia con “dolores de cabeza”. Allí se sometió a una resonancia magnética que constató “un sangramiento” de “tres centímetros” entre el cráneo y el cerebro.

“Fue un hematoma frontoparietal en el lado izquierdo” de la cabeza, detalló el doctor Marcos Stavale.

El equipo médico decidió entonces trasladarlo de urgencia a San Pablo para ser intervenido.

La cirugía

La cirugía duró unas dos horas y transcurrió sin problemas. A partir de una trepanación, procedimiento que consiste en agujerear el cráneo, se le drenó el hematoma, fruto de la caída que sufrió el pasado 19 de octubre en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia, en Brasilia.

Lula se cayó ese sábado en el baño, se golpeó la cabeza y recibió cinco puntos de sutura en la nuca. Sin embargo, el hematoma detectado ahora no fue en el mismo lugar donde se golpeó.

“Cuando uno se golpea la cabeza, la hemorragia no se produce en el lugar del golpe, sino que es producida a raíz de la sacudida del cerebro porque el cerebro se mueve dentro del cráneo”, explicó el doctor Stavale.

Lula se sometió entonces a varias revisiones y, por seguridad, los médicos le recomendaron no realizar viajes de larga duración en avión.

Así, se vio obligado a cancelar su participación en la cumbre de líderes del grupo BRICS, en Kazán (Rusia), y en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29), celebrada en Bakú.

Semanas después, retomó su agenda con total normalidad.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre, Lula tuvo una intensa agenda de trabajo. Fue el anfitrión en Río de Janeiro de la cumbre de líderes del G20 y la semana pasada viajó a Montevideo para la reunión semestral de presidentes del Mercosur.

Los médicos indicaron además que el hecho de que el sangramiento se haya producido dos meses después de la caída entra dentro de lo posible, y que, una vez reciba el alta, el presidente hará vida “normal”.

Otros contratiempos médicos

Lula ocupa la Presidencia desde el 1 de enero de 2023, después de haber gobernado durante dos mandatos consecutivos entre 2003 y 2010.

En noviembre de 2022, poco después de ganar las elecciones frente al líder ultraderechista Jair Bolsonaro, Lula estuvo hospitalizado para la retirada de una pequeña área de “leucoplasia” -manchas blancas- en las cuerdas vocales.

Entonces, se le realizaron diversas pruebas que mostraron la completa remisión del tumor de laringe que padeció en 2011 y que lo obligó a someterse a varias sesiones de quimioterapia.

Ya en el poder, en marzo de 2023, tuvo una bronconeumonía que lo obligó a postergar una importante visita de Estado a China. El líder progresista insinuó hace unos meses que pretende presentarse a la reelección en 2026, cuando tendrá cerca de 81 años.

(Con información de agencias)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 79 años, ha tenido diversos problemas de salud que lo obligaron a frenar su ritmo intenso de trabajo.

A continuación, una lista de las principales afecciones sufridas por el referente de la izquierda latinoamericana, operado de emergencia la madrugada del martes en Sao Paulo.

Pérdida de meñique

En 1964, sufrió un accidente cuando trabajaba como operario en una fábrica metalúrgica.

Una prensa se quebró y, cuando intentó arreglarla, el dedo meñique de su mano izquierda fue aplastado, según ha contado.

Su mano con un dedo menos se convirtió en una de sus marcas.

Crisis de hipertensión

Lula tuvo una crisis de hipertensión en enero de 2010, en el final de su segundo mandato.

El mandatario, entonces de 64 años, fue hospitalizado durante unas horas en la ciudad brasileña de Recife (nordeste).

El aprieto fue causado probablemente, según los médicos, por estrés y cansancio. A partir de entonces, abandonó el cigarrillo después de cincuenta años como fumador.

Cáncer de laringe

Tras dejar el poder en 2011, fue diagnosticado con cáncer de laringe y se sometió a quimioterapia y radioterapia.

Los médicos anunciaron “una recuperación total” al año siguiente, aunque su voz quedó con un sello particular: ronquez.

Durante la campaña a la presidencia en 2022, algunos adversarios cuestionaron su estado de salud debido al deterioro de su voz.

Prótesis de cadera

En septiembre de 2023 fue operado de la cadera para colocarse una prótesis completa y aliviar un dolor que le aquejaba desde hacía más de un año.

Lula sufre de artrosis, un desgaste en los cartílagos que revisten las articulaciones, y que puede limitar el movimiento.

El mandatario, quien a menudo destaca su buen estado de salud, ha publicado videos motivacionales haciendo ejercicios.

Golpe en la nuca y hemorragia intracraneal

El 19 de octubre de 2024 se cayó en el baño de su residencia y sufrió una herida en la nuca. Debió recibir puntos de sutura.

Por recomendación médica, a raíz de ese accidente, canceló su participación en la reunión de los BRICS en Rusia. Despachó desde la residencia oficial durante varios días.

A consecuencia de esa caída, sufrió una hemorragia intracraneal por la cual fue operado de emergencia la madrugada del 10 de diciembre en Sao Paulo.

“No tuvo secuela alguna” tras la intervención, dijo en conferencia de prensa el doctor Roberto Kalil, miembro del equipo médico a cargo de la cirugía.

Lula estará las próximas 48 horas “en observación” en la Unidad de Cuidados Intensivos y permanecerá hospitalizado hasta “la semana próxima”, agregó.

(Con información de AFP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue trasladado anoche de urgencia a San Pablo tras ser diagnosticado con hemorragia intracraneal, derivada de un accidente doméstico ocurrido el 19 de octubre. En la capital paulista, el mandatario de 79 años fue sometido a una craneotomía para drenar el hematoma.

Según el parte médico difundido esta madrugada por el Hospital Sírio-Libanés, el procedimiento quirúrgico se realizó sin complicaciones y el presidente brasileño mandatario permanece bajo supervisión médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su estado de salud es estable.

El accidente que desencadenó el hematoma ocurrió en el baño del Palacio de Alvorada, en Brasilia, cuando una caída accidental le provocó un golpe en la cabeza. Lula recibió atención médica inmediata ese día y le dieron cinco puntos de sutura en la nuca por el corte que sufrió. Sin embargo, los efectos del impacto se hicieron evidentes semanas después, cuando anoche, tras tener fuertes dolores de cabeza, se le realizaron nuevos estudios y una resonancia magnética confirmó la gravedad del cuadro, lo que determinó que los médicos decidieran una intervención de urgencia.

Los médicos que operaron al mandatario señalaron durante una conferencia de prensa esta mañana que Lula ya está consciente, se comunica con normalidad, se alimenta y no presenta secuelas. Asimismo, señalaron que permanecerá en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 48 horas como medida de precaución.

“La cirugía duró alrededor de dos horas, el sangrado se localiza entre el cerebro y la membrana meníngea llamada duramadre, comprimiendo el cerebro. Se eliminó el hematoma, se descomprimió el cerebro y se conservaron sus funciones neurológicas”, detalló el neurocirujano Marcos Stavale.

Los tipos de hemorragias cerebrales y su gravedad

Ante la consulta de Infobae el médico neurocirujano Matías Baldoncini (MN 135985), director del Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quien se desempeña en el Sanatorio Mater Dei, explicó los detalles sobre los tipos de hemorragias que pueden desarrollarse tras un traumatismo de cráneo provocado por una caída, como en el caso de Lula, o por otro tipo de accidente o golpe.

Este tipo de sangrados pueden ser intracerebrales o extracerebrales, y cada uno tiene características y consecuencias diferentes. Sobre las intracerebrales, Baldoncini señaló que “generalmente generan un deterioro neurológico inmediato en el paciente y se llaman hematomas intracerebrales o ACV hemorrágico”.

En cuanto a las hemorragias extracerebrales, como la de Lula da Silva, especificó que se clasifican en dos tipos: “Existe una membrana que recubre el cerebro por fuera que se llama duramadre. Dependiendo de la localización respecto a la duramadre, se pueden clasificar esos hematomas en extradurales, es decir, entre la duramadre y el cráneo, o subdurales, entre la duramadre y el cerebro propiamente dicho”.

En relación con los hematomas subdurales, Baldoncini explicó que estos suelen estar asociados a complicaciones neurológicas que aparecen a largo plazo tras un traumatismo craneal, como en el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre este tipo de lesión, precisó que “se encuentran entre la superficie cerebral y la duramadre. Cuando se produce un traumatismo de cráneo que impacta sobre la superficie ósea del hueso craneal, el cerebro se desplaza internamente, golpea, y alguna de las venas de la superficie cerebral pueden presentar un sangrado, generando un hematoma subdural Generalmente son causados por sangrados venosos”.

El neurocirujano describió que “este hematoma subdural, cuando es muy pequeño, no se deteriora neurológicamente al paciente y con el paso del tiempo puede crecer en tamaño y se transforma de un hematoma subdural agudo, es decir, a un hematoma crónico subdural”.

¿Qué es una craneotomía y cómo se realizó en el caso de Lula?

La intervención a la que fue sometido Lula es conocida como craneotomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en la remoción temporal de una parte del hueso del cráneo para permitir el acceso al cerebro. En el caso del presidente, el objetivo era drenar el hematoma resultante del golpe sufrido semanas atrás.

El proceso incluyó varias etapas críticas. Bajo anestesia general, los cirujanos realizaron una incisión en el cuero cabelludo para extraer el fragmento óseo necesario. Luego, acceden al cerebro, drenaron el hematoma y, tras asegurar que no hubiera complicaciones, reposicionaron el hueso con placas y tornillos.

La cirugía fue realizada en la unidad de São Paulo del Hospital Sirio-Libanés, una de las instituciones médicas más prestigiosas de Brasil, y concluyó sin complicaciones, según informó el parte médico difundido esta madrugada por el centro médico.

Baldoncini detalló que existen dos tipos de intervenciones según el estado del hematoma cerebral. “Cuando se indica una cirugía para un hematoma subdural, existen dos tipos de posibilidades quirúrgicas. Realizando uno o dos orificios de trépano en el cráneo, es decir, dos pequeños orificios de diez milímetros de diámetro para abrir la duramadre y drenar el hematoma”. Este procedimiento se realiza en la fase crónica del hematoma, cuando “tiene un contenido líquido. Entonces, con uno o dos orificios, uno puede evacuarlo”.

En qué casos se realiza una craneotomía

Sin embargo, si el hematoma está en una fase subaguda, con un contenido más sólido, es necesario recurrir a una craneotomía. Según explicó Baldoncini, la craneotomía consiste en abrir “una pequeña ventana a nivel craneal”.

“Se retira un fragmento craneal, se abre la duramadre, se drena el hematoma subdural, que insisto, se encuentra entre el cerebro y la duramadre, y se vuelve a cerrar la duramadre nuevamente, y se coloca el hueso nuevamente en su posición”.

Por último, subrayó que los hematomas subdurales suelen estar relacionados con sangrados venosos y pueden evolucionar en el tiempo, lo que explica que los síntomas aparecen días o semanas después del evento traumático inicial.

Ante la consulta de Infobae, el médico neurólogo Alejandro Andersson, director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), señaló que el tratamiento depende del tamaño y síntomas del hematoma.

“Los hematomas pequeños y asintomáticos pueden manejarse con observación y controles regulares. Sin embargo, los casos sintomáticos requieren drenaje quirúrgico mediante perforaciones en el cráneo (burr holes) o craneotomía para evacuar el hematoma y reducir la presión intracraneal”, detalló Andersson.

“El manejo médico incluye el control de la presión intracraneal, suspensión de anticoagulantes y tratamiento sintomático para el dolor y convulsiones. El pronóstico varía según el tipo de hematoma y la rapidez con la que se trate. Los hematomas agudos tienen un pronóstico reservado, mientras que los crónicos suelen responder bien si se intervienen a tiempo, aunque existe riesgo de recurrencia en un 20% de los casos”, completó el neurólogo.

Según detalló Andersson, el hematoma subdural agudo ocurre en las primeras 72 horas tras un traumatismo severo, mientras que el subagudo se manifiesta entre 3 y 14 días. El hematoma crónico, por su parte, se desarrolla lentamente a lo largo de semanas o meses y es frecuente en adultos mayores debido a la atrofia cerebral y mayor predisposición a caídas.

“Las causas más comunes incluyen traumatismos craneoencefálicos por caídas, accidentes de tránsito o deportes de contacto. Factores de riesgo como el uso de anticoagulantes, trastornos de la coagulación y consumo excesivo de alcohol también predisponen a esta condición”, amplió el experto

El médico neurólogo apuntó que la incidencia de hematomas subdurales crónicos es de 8 a 14 casos por cada 100.000 habitantes al año, pero que aumenta a más de 50 por cada 100.000 en personas mayores de 70 años.

Cuáles son los síntomas del hematoma craneal

Respecto a los síntomas del hematoma subdural agudo, Andersson precisó que incluyen pérdida de conciencia, cefalea severa, vómitos, confusión y hemiparesia, mientras que en el crónico predominan cefalea progresiva, pérdida de memoria, confusión y dificultades para caminar.

El diagnóstico se confirma mediante una tomografía computarizada (TC) de cráneo, y en algunos casos, se utiliza la resonancia magnética (RM) para más detalles.

Cómo es la recuperación tras una craneotomía

Tras la intervención quirúrgica, Lula permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los médicos supervisan de cerca su evolución. Según el parte médico de la madrugada, el presidente se encuentra estable y responde bien al tratamiento, y su recuperación incluye pasos críticos como el manejo del dolor, la evaluación neurológica y la prevención de infecciones en el sitio de la incisión.

Además, dependiendo de la respuesta de su organismo, no se descarta que deba someterse a rehabilitación neurológica para recuperar funciones motoras o cognitivas afectadas.

Consultado sobre los tiempos de recuperación tras una intervención de esta magnitud en un paciente de 79 años, el médico neurocirujano Baldoncini señaló que “generalmente en hematomas subdurales crónicos, si el paciente tiene buen estado de salud previo suelen cursar sin complicaciones”.

“Apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”, dice el décimo punto del “Pacto de Mayo” que Javier Milei propuso el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y suscribió el 9 de julio en Tucumán junto a una maciza mayoría de gobernadores.

La apertura es así un eje explícito de la gestión gubernamental que este martes cumplirá un año, así como el alineamiento con “Occidente”, y en particular con Estados Unidos e Israel, es un credo político de Milei.

Durante su campaña electoral, tras su triunfo en las PASO y a seis días del voto en primera vuelta, el entonces candidato había dicho: “Nosotros no hacemos pactos con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”. Su preferencia por EEUU era clarísima.

Pero del mismo modo que en “Una leona de dos mundos”, una vieja película sobre una cachorra criada en cautiverio que, ya grande, es devuelta a la selva y debe adaptarse a ella, como presidente Milei aceptó ser un león de dos mundos y repentinamente colmó de elogios a China.

“Tuvimos una reunión con el Embajador (de China en Buenos Aires) y al otro día nos destrabaron el swap; son un socio comercial muy interesante; no exigen nada; lo único que piden es que no los molesten”, le dijo a Susana Giménez en una entrevista televisiva. “Son un socio fabuloso (…) y ¿sabes qué? Tenemos economías complementarias. Con lo cual, el bienestar de los argentinos exige que yo profundice en mis vínculos comerciales con China”, ahondó en una entrevista con la revista inglesa The Economist.

Pleno político

Por otra parte, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en EEUU puso en valor la preferencia explícita que Milei reveló antes de la votación y que le valió ser considerado puntal sudamericano de una internacional conservadora encabezada por el ex y futuro jefe de la Casa Blanca, como planteó en una reciente reunión internacional en Buenos Aires Steve Bannon, un ideólogo del trumpismo.

El último viernes, en Montevideo, Milei asistió por primera vez a una Cumbre del Mercosur. Fue un debut auspicioso: allí se anunció un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) del bloque con la Unión Europea, hito que marca el inicio de su presidencia del bloque. “Estamos formando un mercado de más de 700 millones de consumidores. Esta alianza va a fortalecer las cadenas de valor y crear trabajo para ambos lados del Atlántico”, resaltó la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen”.

Como presidente, Milei ha hecho así equilibrio entre su inequívoca preferencia por EEUU (tercer socio comercial de la Argentina) y por Trump, su frialdad en la relación con Lula da Silva, el presidente de Brasil, principal socio comercial del país, su rechazo del régimen chino (segundo mayor socio comercial), pero con un toque pragmático, y su visión hipercrítica de la agenda global, en buena medida europea, sobre el cambio climático y los temas étnicos y de género, sobre los que se pronunció descarnadamente ante el Foro de Davos y la Asamblea General de la ONU.

Esto se combina con una apertura comercial, que se inició con la regularización de los pagos de comercio exterior, se profundizó con la facilidad para importar ciertos bienes de consumo y continúa con medidas como la triplicación (a USD 3.000 por persona) de límite de compras online en el exterior de envío por courier (franquicia de 400 dólares incluida), en un contexto de un tipo de cambio que en poder adquisitivo local cayó a lo largo del año, encareció a la economía argentina en dólares y plantea a varios sectores, en especial a los industriales, desafíos de competitividad y hasta de supervivencia.

Todo esto en un contexto de reservas internacionales netas del BCRA negativas, interrogantes sobre la capacidad de pago de los vencimientos de deuda y estrechamiento del saldo de la balanza comercial. En octubre el superávit (USD 888 millones) fue el segundo más bajo del año y si bien el acumulado de diez meses arroja un saldo a favor de USD 15.955 millones, el dato mensual implica una caída de más del 50% respecto de agosto. Destaca allí la continuidad de un fuerte déficit bilateral con China (de nuevo por sobre los USD 1.000 millones al mes), que como comprador pasó a ser el quinto cliente, detrás de Brasil, Chile, EEUU y la India.

El realismo mileísta incluyó la reunión bilateral, en el marco de la reciente Cumbre del G20 en Río de Janeiro, con el presidente chino, Xi Jinping, en la que Milei subrayó su interés económico y comercial (no político) acompañado por 7 funcionarios estrechamente vinculados a la economía (el ministro Luis Caputo, su vice, José Luis Daza, su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el entonces secretario de Producción, brevemente secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería y ahora elegido para encabezar ARCA, la agencia fiscal, Juan Pazo, el secretario coordinador de Energía, Daniel González, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili) y solo 3 de otras áreas gubernamentales: el canciller Gerardo Werthein, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Aunque política e ideológicamente Milei ha mostrado afinidad con EEUU y Trump, su preferencia también tiene aspectos comerciales y financieros. En un estudio previo a las elecciones estadounidenses, Marcelo Elizondo, experto en relaciones económicas internacionales, recordó que al inicio del siglo XX la Argentina y EEUU y Argentina gozaban de un PBI per cápita similar (unos USD 5.700) y parecían destinados a ser potencias rivales, pero, a mitad de la tercera década del siglo XXI, la Argentina ya no es un país de peso mundial mientras que EEUU sigue siendo un líder global, principal sede de la nueva economía del conocimiento y con un PBI por habitante siete veces superior al argentino.

EEUU, marcó Elizondo, sigue siendo el mayor emisor de inversión extranjera hacia la Argentina y el principal destino de la exportación de servicios argentinos (seguido de Brasil y Uruguay), así como uno de los principales proveedores de insumos y tecnología, aunque la intensidad de la relación bilateral es menor a su potencial, porque la Argentina es uno de los cinco países con menor participación del comercio exterior en su PBI del mundo y uno de los de más baja inversión extranjera en relación al PBI de la región, mientras EEUU es el mayor importador y el mayor inversor extranjero del planeta.

“Para la Argentina -escribió el experto- la calidad de la relación con EEUU tiene un efecto sistémico: EEUU es el principal centro de financiamiento del mundo y el mayor socio en el FMI, por lo que el estado del vínculo con Washington influye en las relaciones de la Argentina con los mercados voluntarios de deuda y en la fluidez del trato con los entes multilaterales”.

El FMI, de la aspereza a la docilidad

El propio Milei dijo a The Economist que la victoria de Trump hizo una diferencia “rotunda” en la relación de su gobierno con el FMI, al punto que -afirmó- “algunos funcionarios del Fondo que antes eran ásperos, ahora están muy dóciles”. La administración Biden, se quejó, ni le atendía el teléfono al entonces embajador argentino en EEUU, el ahora canciller Werthein, que -aseguró el presidente- “hoy tiene vínculo con todos los ministros, con todos los secretarios (de Trump): la relación es mucho más profunda y vamos a poder avanzar sin lugar a dudas en términos de lazos comerciales y lazos financieros”.

¿Cómo influirá todo esto en el futuro de las relaciones globales? Por un lado, Javier Milei decidió no “sacar los pies del plato” del Mercosur, aunque aspira a un Acuerdo de Libre Comercio con EEUU, algo que no entusiasma a Lula, más a gusto en los BRICS, bloque que, encabezado por China, aspira a liderar “el Sur global” y en su más reciente Cumbre debatió la creación de una moneda común para evitar el uso del dólar. Cuestión a la que Trump respondió advirtiendo que impondría aranceles del 100% al ingreso a EEUU de bienes provenientes de países que busquen debilitar la moneda norteamericana.

Cómo quedó posicionado

En un panel del último evento minero Oro, Plata y Cobre 2024, Fabián Calle y Felipe de la Balze, dos expertos en política internacional y miembros del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) resaltaron la buena posición internacional en que quedó el gobierno mileísta.

Calle destacó que Milei cree claramente que el mundo es bipolar, se alineó con EEUU y acertó en su apuesta por Trump, mientras que Lula (de quien dijo que volvió al poder “viejo y resentido”), piensa que el mundo es multipolar. El que se equivoque en su evaluación geopolítica, advirtió, pagará caro ese error.

La amistad de Milei con Donald Trump, aseguró el experto, “le traerá beneficios a la Argentina en la negociación con el FMI y en la generación de una corriente de inversiones”. Trump, anticipó. podría protagonizar una “presidencia imperial” (status que Richard Nixon disfrutaba y perdió hace más de 50 años, por el caso Watergate) dado el dominio institucional en que asumirá al frente de la Casa Blanca: tendrá mayoría en ambas cámaras del Congreso, una Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora, más de la mitad de gobernaciones afines y ya inició sus movimientos para reemplazar figuras clave en agencias como el FBI, la CIA y el Pentágono.

Por primera vez, enumeró Calle, el gobierno de EEUU tendrá tres altos funcionarios (el secretario de Estado, el de Defensa y la jefa del Gabinete de Asesores) interiorizados sobre América Latina. Florida y su ciudad más importante, Miami -dijo- ganarán protagonismo sobre Texas y California en los asuntos de la región.

Trump, vaticinó el experto, premiará los vínculos personales y el contraste con figuras como Lula, el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el chileno, Gabriel Boric, mejorará el status regional de Milei. Además, destacó el interés comercial de los EEUU en los negocios de petróleo y gas en la Argentina y el estratégico en minerales críticos y dominio del Atlántico Sur.

De la Balze dijo incluso que Milei podría establecer con Trump una relación similar a la que, a fines de los 50 y principios de los 60, en tiempos de la “Alianza para el Progreso”, tuvieron los entonces presidentes Arturo Frondizi y John Kennedy y que generó una oleada de inversiones petroleras, petroquímicas y automotrices norteamericanas en la Argentina. Aunque esta vez, observó, las inversiones apuntarían a sectores como la minería y minerales como el litio y el cobre.

La competencia entre EEUU y China por los “minerales críticos”, prosiguió, ya está lanzada y se refleja en hechos muy recientes, como las restricciones de venta de EEUU a China de ciertos bienes tecnológicos, la réplica de Beijing de prohibir la venta a EEUU de grafito, galio, germanio y minerales super-duros y la asistencia del aún presidente Joseph Biden a Angola, a la inauguración del primer tramo del “Corredor Ferroviario de Lobito” (acto en el que se quedó dormido), para dar salida al Atlántico a minerales como cobre, cobalto, grafito y litio y competir en Africa con la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de China, que en los últimos 20 años invirtió fuertemente para asegurarse fuentes de aprovisionamiento africanas con salida a la costa oriental.

Si EEUU impulsó esa estrategia en Angola, país que durante la Guerra Fría tuvo fuerzas soviéticas y cubanas en su territorio, cuánto más podría hacer en Argentina, sugirió De la Balze. Si Milei logra que el riesgo-país llegue a unos 300 puntos básicos, calculó, Wall Street podría proveer el financiamiento de las inversiones de infraestructura que la Argentina necesita, pues tiene una capacidad crediticia 20 a 30 veces superior a la de China. Pero esas inversiones, aclaró, deberían apuntar al Océano Atlántico y el aprovechamiento de la Hidrovía más que al Pacífico, salida que privilegian las inversiones chinas.

La orientación exterior de Milei tiene la ventaja de coincidir con las preferencias de la sociedad argentina. La reciente encuesta de “Creencias sociales” del centro Pulsar de la Universidad de Buenos Aires sobre “La Argentina y el mundo”, reveló que sobre más de 1.250 personas consultadas en todo el país ante la pregunta “¿Con qué país cree usted que Argentina debería relacionarse?”, EEUU apareció por buen margen en el primer lugar, con 33%, seguido de Brasil (19%), España (10%) y China (9 por ciento).

Más notable aún es que a la pregunta “¿A qué país le gustaría que Argentina se parezca?”, las respuestas fueron 33% a EEUU, 19% a España, 10% a Canadá, 7% (cada uno) a Italia y Brasil, 6% a Uruguay y Alemania, y 3% a China e Inglaterra.

En sus “conclusiones”, el informe subraya que la población tiene una “preferencia aspiracional” por Occidente que -dice- se destaca también en la visión y el lugar que ocupan la Unión Europea (como bloque) y España.

Pragmatismo y multilateralismo

El informe destaca el enfoque práctico de la población argentina: “EEUU, principal potencia mundial, aparece primera, seguida de Brasil, principal potencia regional. Tercera queda la historia: España”. La encuesta también revela que la lectura sobre los países “tiene un lente partidario contrastante: EEUU y China muestran divisiones más claras entre votantes de LLA y JxC, de un lado, y del PJ del otro, aunque la valoración positiva sobre España y la Unión Europea es transversal a todos los espacios”.

Esos resultados coinciden con apreciaciones de Dante Sica, cofundador de la consultora Abeceb y exministro de Producción (lo fue durante el gobierno de Mauricio Macri) quien ante una reciente consulta de Infobae dijo: “Con EEUU, la Unión Europea, también con Japón, coincidimos en valores. Son democracias liberales. Nuestra Constitución prácticamente nos manda a asociarnos con ellas, y tenemos intereses comunes en materia de defensa y seguridad. Pero la economía de EEUU, en otra escala, es competitiva con la Argentina. No tenemos un gran comercio, aunque sí valores comunes”.

Sica agregó: “Hoy, la Argentina es estratégica en varios sentidos. Para Asia, porque tiene cosas que demanda: minerales estratégicos, alimentos y energía. Y para EEUU, porque el Atlántico Sur tiene proyección Antártica y el estrecho de Magallanes es muy importante en un mundo en el que hay pasos en riesgo. Argentina tiene mucho a favor para buscar un equilibrio entre las grandes potencias, teniendo en cuenta que China es un poco como el caso de Dr Jekyll y Mr Hyde”.

Entre esos dos mundos y en ese equilibrio se desarrolló la política económica internacional de Javier Milei durante su primer año de gestión.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyará en la cumbre del G20 las propuestas del presidente brasileño y anfitrión del evento, Luiz Inácio Lula da Silva, para una alianza contra la pobreza y el hambre, que cuenta con un respaldo unánime, y un impuesto global a las grandes fortunas que provoca división.

Sánchez viaja este domingo a Río de Janeiro, sede de la cumbre que, con el lema “Un mundo más justo en un planeta sostenible”, reúne este 18 y 19 de noviembre a todos los líderes del G20 salvo el presidente ruso, Vladímir Putin.

De la delegación española forma parte el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el jefe del Ejecutivo estará acompañado también por su esposa, Begoña Gómez.

Gómez comunicó al juez Juan Carlos Peinado que su presencia en Brasil le impedía acudir a la citación de este lunes para declarar como investigada por dos delitos sobre la contratación de un software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, y esa citación se ha pospuesto para el 18 de diciembre.

Ante el resto de líderes, según fuentes de Moncloa, Sánchez resaltará la trascendencia de la IV Conferencia de la ONU para la Financiación al Desarrollo que albergará Sevilla el próximo año.

El Gobierno considera que esa conferencia, del 30 de junio al 3 de julio y en la que se espera una masiva participación, será un hito para impulsar la reforma de la arquitectura financiera internacional y las necesidades de financiación para cumplir en 2030 los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

Compromisos concretos

Más allá de poner en valor esa conferencia, Sánchez dará un respaldo pleno a la alianza global contra el hambre y la pobreza que ha auspiciado Lula y que será una de las iniciativas que alumbrará Río de Janeiro.

Esta alianza se configurará como un espacio de intercambio de ideas, buenas prácticas y medidas, y contará con contribuciones financieras que habrá que detallar.

De momento nace con compromisos concretos de 39 países y 30 organizaciones internacionales para beneficiar a unos 500 millones de personas en trece países de tres continentes.

Si se prevé la unanimidad para esta iniciativa, no ocurre lo mismo con otra que defiende Lula, un impuesto global a las grandes fortunas.

Aún se negocian las conclusiones de la cumbre y la mención que pueda haber a este asunto, pero el Gobierno apoya ese impuesto por coherencia y convicción, según las fuentes de Moncloa, tras adoptar medidas similares en España.

El Ejecutivo aprobó en noviembre de 2022 un impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas con carácter temporal y en noviembre del año pasado lo prorrogó de forma indefinida hasta que haya una revisión de la tributación patrimonial en las comunidades que vinculó a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Este impuesto grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros y las mismas deducciones que el impuesto de patrimonio.

Los tipos que se aplican son del 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5,4 millones de base imponible; 2,1 % para entre 5,4 y 10,7 millones; y 3,5 % a partir de los 10,7 millones.

El debate en el G20 llega mientras el Gobierno intenta sacar adelante en España un paquete fiscal que no cuenta por ahora con el respaldo de sus socios y cuya votación en la comisión de Hacienda del Congreso se ha pospuesto al lunes.

Un paquete que incluye el mantenimiento del impuesto a la banca pero que provoca el rechazo de formaciones como ERC y Bildu al no prorrogar el impuesto a las energéticas al que se opone Junts.

El Gobierno es consciente de que hay países, como Argentina, contrarios al impuesto a las grandes fortunas, y al hilo de ello resaltan la diferencia del actual papel de este país en el G20 respecto a otras cumbres anteriores ya fuera con gobiernos de Alberto Fernández o de Mauricio Macri.

Así, explican que la actitud de la actual administración argentina está siendo negativa al oponerse también de forma radical a algunas menciones en el G20 a la igualdad de género, el cambio climático o los objetivos de desarrollo de la ONU.

Argentina ya impidió que la cumbre iberoamericana de esta semana en Ecuador concluyese con una declaración oficial al oponerse a un texto que incluía acuerdos en materia de equidad de género, acciones para luchar contra el cambio climático e impulsar la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Con Milei y Sheinbaum

Sánchez volverá a coincidir en Brasil con Javier Milei después de que ambos asistieran en junio a la Conferencia de Paz sobre Ucrania que se celebró en Lucerna (Suiza) sin intercambiar siquiera un saludo tras la crisis provocada por los insultos del presidente argentino al jefe del Gobierno español y a su esposa durante su participación en Madrid en un acto de Vox.

El Gobierno llegó a retirar a su embajadora en Buenos Aires, aunque la situación intenta reconducirse y ya ha nombrado nuevo embajador.

También acude a la cumbre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su primer viaje al exterior desde que asumió el cargo el pasado 1 de octubre y rompiendo así la práctica de su predecesor, Ángel Manuel López Obrador, que durante su mandato no asistió a ningún G20 y a casi ningún otro foro internacional.

Sheinbaum mantiene la exigencia de López Obrador a España para que pida perdón por la conquista, una polémica ante la que México no invitó al rey a acudir a la toma de posesión de la presidenta y el Gobierno respondió anunciando que no enviaría ningún representante a ese acto.

Sobre la cumbre de Río sobrevolará lo que puede deparar la nueva administración estadounidense de Donald Trump, y será previsiblemente la última ocasión en la que Sánchez coincidirá con Joe Biden como presidente.

No hay prevista a priori ninguna reunión con él, y por ahora el presidente del Gobierno tiene previstos cuatro encuentros en los márgenes de ese evento con los primeros ministros de Vietnam (Pham Minh Chinh), Canadá (Justin Trudeau) y Australia (Anthony Albanese), y con la directora gerente de Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

* Con información de Agencia EFE

São Paulo, 27 oct (EFE).- El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, que aspira a ser reelegido con el respaldo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro y es el claro favorito en las encuestas, afirmó tras votar este domingo que está "muy optimista" para poder seguir trabajando por la mayor ciudad del país.

"Estoy muy optimista. No lo voy a negar. La expectativa es grande", afirmó el dirigente del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y al que todos los sondeos pronostican como vencedor de la segunda vuelta de las elecciones municipales con una diferencia de más de diez puntos.

De acuerdo con el sondeo divulgado el sábado por la firma Datafolha, Nunes obtendría el 57 % de los votos válidos, mientras que su rival, el izquierdista Guilherme Boulos, respaldado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se quedaría con el 43 %.

"En los últimos días, especialmente el sábado, fui testigo de una energía muy positiva de la población y por eso la expectativa en torno al resultado es buena", agregó el regidor de São Paulo, que, con sus 12 millones de habitantes, es la mayor ciudad de Brasil y de Suramérica.

Agregó que espera que las urnas lo consagren como nuevo alcalde y que la población respalde el proyecto que propuso.

"Quiero comenzar a trabajar (en el nuevo mandato) para que podamos avanzar en nuestros proyectos de empleo y renta, de inversiones, de prosperidad, de oportunidades...", dijo.

Nunes, que votó acompañado por el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el principal impulsor de su campaña, le agradeció el apoyo no solo en las elecciones sino también en la gestión de la ciudad.

De Freitas, que fue ministro en el Gobierno de Bolsonaro y uno de sus principales hombres de confianza, es considerado como uno de los posibles candidatos de la derecha a las presidenciales de 2026 en caso de que el líder ultraderechista no consiga revertir la inhabilitación con la que fue sancionado por sus ataques a las instituciones.

Nunes, que votó en una escuela pública en la zona sur de São Paulo, acudió a las urnas acompañado igualmente por Tomás Covas, hijo del fallecido exalcalde Bruno Covas, de quien era compañero de fórmula, como candidato a vicealcalde, en las municipales de 2020.

La posible derrota de Boulos, un diputado de Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que era el principal líder del Movimiento de los Sin Techo, representará un duro golpe para Lula.

Pese a que participó poco en las campañas para las elecciones municipales de este año, Lula se involucró directamente en la de Boulos, acudió a algunos de sus mítines y le escogió su candidata a vicealcalde. EFE

(foto) (vídeo)

Moscú/Kazán, 22 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, intentó hoy demostrar a Occidente que no está aislado al inaugurar la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, a la que acudieron los líderes de China, India, Irán o Egipto, los integrantes de lo que el Kremlin llama la nueva "mayoría mundial".

"En estos años de esfuerzos comunes la autoridad y la influencia de nuestra alianza han aumentado. Nosotros nos proponemos seguir fortaleciendo esta organización", dijo Putin antes de abrir la cumbre en la ciudad rusa de Kazán.

Esta es la primera reunión internacional que se celebra en Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania, que convirtió a este país en un paria a ojos del resto del mundo al ser objeto de miles de sanciones.

Durante las últimas semanas el Kremlin ha destacado que los países miembros del grupo fundado en 2006 son una alternativa al monopolio occidental, ya que representan un tercio de la economía mundial y cerca de la mitad de la población del planeta.

Putin, que no acudirá en noviembre a la cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional, recibió en la capital tártara a una veintena de líderes de América Latina, Asia y África.

Con la espectacular mezquita del Kremlin de Kazán como fondo, Putin agasajó a los invitados con una cena informal.

Durante toda la jornada el líder ruso mantuvo encuentros con los líderes de China, India, Egipto y Sudáfrica, además de con la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de BRICS, Dilma Rouseff.

El líder chino, Xi Jinping, echó un cable a Putin al defender la "inquebrantable" amistad con Rusia, pese a la turbulenta situación internacional.

Además, describió los BRICS como una plataforma que contribuirá al advenimiento de "un orden multipolar estructurado" y "una globalización económica accesible para todos".

También Lula, que no acudió a Kazán tras sufrir un accidente doméstico, llamó hoy por teléfono al anfitrión, y el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, viaja mañana a Rusia, al igual que el secretario general de la ONU, António Guterres, lo que no gustó en Kiev.

La guerra en Ucrania estuvo presente en todas las conversaciones. El primer ministro indio, Narendra Modi, le dijo a Putin que su país apoya una solución del conflicto exclusivamente por medios pacíficos.

"Como dije en el pasado, consideramos que el problema debe solventarse por medios pacíficos. Apoyamos plenamente el pronto restablecimiento de la paz y estabilidad", afirmó.

Subrayó que su país siempre ha concedido prioridad a la vida humana, por lo que, con el fin de lograr la paz, está dispuesto "a brindar cualquier ayuda en el futuro".

"El primer ministro indio subrayó que el diálogo y la diplomacia son la vía para lograr una solución al conflicto", añadió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El Kremlin admitió también en la televisión que Putin y Xi -cuyo país y Brasil presentaron un plan de arreglo de seis puntos rechazado ya por Kiev- también dedicaron "no poco tiempo" a abordar el conflicto ucraniano.

Precisamente, Putin ha señalado a India, China y Brasil como posibles mediadores en unas futuras negociaciones de paz con Ucrania, aplazadas indefinidamente por el Kremlin por la ocupación parcial ucraniana de la región de Kursk.

Al respecto, Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin, aseguró que los países miembros de BRICS ya han consensuado una declaración final que incluye una "postura común" sobre Ucrania.

"Nadie ha puesto objeción alguna", señaló

Una de las intrigas de la cumbre era conocer la identidad de los nuevos miembros del grupo que recibirán el estatus de estados asociados, pero el Kremlin les echó un jarro de agua fría.

"El tema de la ampliación no figura (en la agenda). Existen diferentes puntos de vista", dijo Peskov.

El pasado 1 de enero ingresaron en el grupo Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, mientras Arabia Saudí y Argentina cambiaron de idea en el último momento.

Países como Turquía, Azerbaiyán o Cuba han mostrado oficialmente interés en ingresar, mientras otros como Venezuela, Nicaragua, Tailandia y Malasia también han expresado deseos de adherirse.

Lula aseguró la pasada semana que defenderá el equilibrio de todas las regiones del mundo en la ampliación de BRICS, donde para ingresar uno debe rechazar las sanciones unilaterales y apoyar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el seno de BRICS no existe consenso para la ampliación y tampoco parece haberlo a la hora de buscar una alternativa al dólar, ya que, según los analistas, India se niega a que esa divisa sea el yuan chino.EFE

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El alcalde de la ciudad brasileña de San Pablo, Ricardo Nunes, ganó este domingo la elección municipal más importante del país con el 59,49 % de los votos frente al 40,51 % del izquierdista Guilherme Boulos.

Nunes, de la formación de centroderecha Movimiento Democrático Brasileño (MDB), se impuso en la mayor ciudad de Brasil y de Sudamérica por una diferencia de más de un millón de votos, según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral con más del 95 % de las actas escrutadas.

Con la amplia victoria, este político relativamente desconocido revalidó el cargo que ocupa desde hace casi tres años y medio, tras la muerte en 2021 del alcalde Bruno Covas por un cáncer.

El resultado da alas al ex mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), quien había apoyado al alcalde, si bien de forma tímida.

Al mismo tiempo, la derrota de Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), supone un varapalo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó su apoyo público y notorio al candidato y participó en varios actos de campaña a su lado.

Los resultados confirmaron la condición de favorito del actual alcalde que ya había sido apuntada por las encuestas hace semanas y que se mantuvo pese a un reciente apagón eléctrico que dejó a 3,1 millones de personas sin luz.

Boulos no consiguió remontar la segunda posición que le daban las encuestas, lastrado por un pasado como activista considerado radical por una parte del electorado.

Poco después de la apertura de los colegios electorales, el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, un aliado de Nunes, afirmó sin presentar pruebas que el PCC, la mayor facción criminal de Brasil, había pedido el voto para Boulos.

El candidato de la izquierda tachó la declaración de “mentirosa” e interpuso una demanda ante la Justicia electoral contra el mandatario regional por “abuso de poder político” y “uso indebido de los medios de comunicación”.

San Pablo, con 12 millones de habitantes sin contar la región metropolitana, era la principal batalla política de la segunda vuelta de las municipales y era vista como un termómetro sobre la fuerza de Bolsonaro y de Lula, quien ha sugerido que se presentará candidato a la reelección en 2026.

Cerca de 33 millones de electores brasileños estaban llamados este domingo a las urnas para elegir a 51 alcaldes de grandes ciudades, tras una primera vuelta celebrada a principios de mes.

Otras elecciones municipales en Brasil

El resultado de San Pablo se repitió a lo largo y ancho del mapa de Brasil, donde la mayoría de las capitales se tiñeron de los colores de los partidos de derecha y centroderecha, algunos bajo el paraguas del bolsonarismo y otros, aliados del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De las quince capitales que estaban en juego este domingo, la derecha y centroderecha cantó victoria en trece.

Estas fuerzas ampliaron su poder en la Amazonía y también avanzaron en antiguos reductos de la izquierda, como en algunas capitales del noreste, región más pobre del país, y en la zona metropolitana de San Pablo.

Los candidatos de izquierda apoyados por Lula ganaron este domingo en dos capitales, Fortaleza y Belém, y tuvieron derrotas en otras seis, las más sonoras en San Pablo y Porto Alegre.

En Belém, capital de Pará que será sede de la Cumbre del Clima (COP30) en 2025, ganó con un 56,4 % de los votos Igor Normando, candidato del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centro derecha) y quien contó con el apoyo de algunos ministros de perfil liberal del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el balotaje se impuso al comisario Éder Mauro Cardoso, afiliado al Partido Liberal (PL), que lidera Jair Bolsonaro, defensor de expandir la minería y las actividades agropecuarias en el mayor bosque tropical del planeta.

Mauro Cardoso se quedó con el 43,6 % de los apoyos. Durante la campaña, Cardoso fue acusado de ser un “negacionista medioambiental”, pues como diputado federal ha defendido la expansión de la minería y la liberación de pesticidas.

Además, el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, fue reelegido en el balotaje de las elecciones municipales de este domingo en Brasil, en las que derrotó a una candidata apoyada por Lula da Silva, pese a su cuestionada gestión durante las históricas inundaciones sufridas por la ciudad este año.

Melo, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), obtuvo el 61,55 % de los votos, con una amplia ventaja sobre la diputada Maria do Rosário Nunes, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, que se quedó con el 38,45 % tras ser escrutado el 98,99 % de los sufragios.

Las elecciones en esta sureña ciudad de Brasil se caracterizaron por el elevado índice de abstención, del 34,82 %.

En Paraíba, el alcalde de João Pessoa, Cícero Lucena, fue reelegido este domingo en el balotaje de las elecciones municipales en la capital del estado brasileño de Paraíba, en las que derrotó a Marcelo Queiroga, el ministro de Salud de Jair Bolsonaro que negó la gravedad de la pandemia del covid.

Lucena, del centroderechista Partido Progresistas (PP), obtuvo el 64,05 % de los votos, frente al 35,95 % de Queiroga, aspirante por el Partido Liberal (PL), la formación de ultraderecha liderada por Bolsonaro, tras ser escrutado el 97,91 de los votos, según el Tribunal Superior Electoral.

El balance final de las elecciones deja solo una de las 26 capitales brasileñas en las que hubo comicios en manos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

No obstante, candidatos de otros partidos apoyados por Lula también obtuvieron triunfos importantes, el más destacado, el del centrista Eduardo Paes, que ganó la reelección en Río de Janeiro en la primera vuelta, celebrada el pasado 6 de octubre.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro tendrá cuatro alcaldes de capitales regionales, mientras que un ramillete de partidos de centro-derecha se llevó la mayoría de las grandes ciudades.

La fuerza con mayor poder municipal, cinco capitales y más de 880 municipios, es el Partido Social Democrático (PSD), una formación de centroderecha que apoya a Lula en el Congreso y que en estas elecciones tenía tantos candidatos favorables a Lula, como el de Río de Janeiro, como otros bolsonaristas declarados, como el de Florianópolis.

(Con información de EFE)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está “estable” y “apto” para trabajar, dijo el martes su equipo médico tras una nueva evaluación, después de golpearse la cabeza el sábado en un accidente doméstico.

El mandatario, de 78 años, habló asimismo este martes por teléfono con su par ruso, Vladimir Putin, anfitrión de la cumbre de los BRICS de la que el brasileño debió ausentarse tras caerse en el baño de su residencia presidencial en Brasilia, según fuentes oficiales brasileñas.

Lula se golpeó la parte posterior de la cabeza y fue ingresado en el Hospital Sirio-Libanés de la capital brasileña, donde recibió varios puntos de sutura.

“El examen de imagen está estable en comparación al anterior”, según el boletín médico del martes, que agregó que “está apto para realizar su rutina de trabajo”.

Un nuevo examen de control está previsto en 72 horas.

Lula dijo el lunes que el accidente fue “grave”, pero aclaró que “no afectó ninguna parte delicada”.

Por recomendación médica, canceló el viaje que tenía previsto a Rusia el domingo para la cumbre de los BRICS, pero la presidencia informó que participaría por videoconferencia.

El martes, antes de acudir al hospital para realizarse nuevos exámenes, Lula conversó con Putin por cerca de 20 minutos.

“El presidente Putin quiso conocer el estado de salud del presidente (Lula) y lamentó que no pudiera asistir a la cumbre de los BRICS, al igual que el presidente Lula”, dijo la presidencia en un comunicado.

La cita iba a ser el primer encuentro de Lula y Putin en el tercer mandato del brasileño. En septiembre, ambos hablaron por teléfono sobre una propuesta conjunta de Brasil y China para poner fin a la guerra de Ucrania.

Cumbre Brics

En la cumbre de los BRICS, la delegación brasileña está encabezada por el ministro de Exteriores, Mauro Vieira, y el propio Lula tiene previsto participar por videoconferencia.

Uno de los puntos centrales de la cumbre será la discusión de los mecanismos para crear una nueva categoría de países asociados a los BRICS, sin que esto suponga ampliar la lista de nueve miembros del foro.

El grupo fue fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y el pasado 1 de enero ingresaron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.

Deberían de haber consumado su entrada también este año Arabia Saudí y Argentina, pero la primera nunca confirmó su decisión de ingresar y la segunda retiró su solicitud en el último momento por decisión del presidente, Javier Milei.

Cerca de 30 países han manifestado públicamente su interés de ingresar en el foro, entre ellos Cuba, Venezuela, Turquía, Azerbaiyán y Malasia.

El Gobierno brasileño defiende que los BRICS mantengan un equilibrio en la representación de las diferentes regiones del mundo y que los nuevos miembros o países asociados tengan buenas relaciones con todos los integrantes del foro.

El asesor para asuntos internacionales del Gobierno brasileño, el ex canciller Celso Amorim, se declaró en contra de la entrada de Venezuela en los BRICS y ha llamado a “ir despacio” con la ampliación, para que el grupo no se convierta en un “nuevo G-77″.

(Con información de AFP y EFE)

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva canceló su viaje a Rusia este domingo para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico, aunque participará por videoconferencia, informó la presidencia.

Lula era esperado por su homólogo ruso, Vladimir Putin, que reunirá entre el 22 y el 24 de octubre a una veintena de líderes mundiales en la ciudad de Kazán para una cumbre de aliados y socios destinada a demostrar el poder ruso y el fracaso de la política de aislamiento de Occidente por la guerra en Ucrania.

Lula, que el próximo domingo cumplirá 79 años, “por consejo médico no viajará a la cumbre de los BRICS en Kazán, debido a un impedimento temporal para los viajes en avión de larga duración”, señaló la presidencia en un comunicado, sin detalles sobre lo ocurrido al mandatario.

No obstante, participará por videoconferencia en la reunión y mantendrá su agenda de trabajo esta semana, agregó.

El Hospital Sirio-Libanés de Brasilia informó por su parte que Lula fue ingresado el sábado “después de un accidente doméstico, con una herida corto-contusa en la región occipital”.

Según medios locales, la noche del sábado Lula sufrió una caída en el baño de la residencia presidencial en Brasilia y se golpeó la parte posterior de la cabeza. Debió recibir puntos de sutura.

El vuelo a Rusia estaba previsto para despegar el domingo desde Brasilia a las 17H00, pero el equipo médico recomendó al mandatario “evitar viajes aéreos de larga distancia”, aunque dijo que podía “realizar sus demás actividades”.

La cancillería anunció que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, encabezará la delegación brasileña, que volará a Kazán la noche de este domingo.

La cumbre de los BRICS iba a ser el primer encuentro de Lula y Putin en el tercer mandato del brasileño. En septiembre, ambos hablaron por teléfono sobre una propuesta conjunta de Brasil y China para poner fin a la guerra de Ucrania.

Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por la deportación de niños ucranianos, de la que Kiev acusa a Moscú, desistió de ir a la cumbre anterior de los BRICS en Sudáfrica.

El viernes anunció que no asistirá a Rio de Janeiro para participar en la cumbre presidencial del G20 el 18 y 19 de noviembre, para no “perturbarla”.

El encuentro en Kazán, cuyo anfitrión será el presidente ruso Vladimir Putin, tiene previsto recibir a más de 30 jefes de Estado y de Gobierno.

Los BRICS, cuyos miembros originales eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se encuentran en plena expansión, tras incluir este año a otros cuatro países: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.

Durante el encuentro, los mandatarios de los países miembros deben definir cuáles serán los criterios para que otras naciones puedan formar parte del bloque como asociados.

Brasil quiere que dos de los criterios sean, por ejemplo, no apoyar sanciones económicas aplicadas sin autorización de la ONU y defender la reforma del Consejo de Seguridad, según relataron fuentes diplomáticas del país.

(Con información de AFP y EFE)

París, 10 oct (EFE).- La patronal francesa Medef, a contracorriente de todos los grandes partidos políticos del país, está a favor de un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur y no quiere resignarse al bloqueo que se prolonga desde hace muchos años que impide avanzar con esa región y con otros acuerdos futuros.

"La solución no puede ser el statu quo", subrayó este jueves Fabrice Le Saché, vicepresidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef) y responsable de cuestiones europeas, en un encuentro con la prensa en París.

Le Saché insistió en que mientras no se concluye ese acuerdo "perdemos desde el punto de vista geopolítico" porque otras grandes potencias mundiales están ocupando el terreno comercial en Mercosur que podría tener la UE, que se cierra muchas oportunidades de negocio.

Recordó que hay 280 millones de personas en el mercado común sudamericano y que "no se puede dejar a los industriales sin una solución".

Prácticamente toda la clase política francesa se opone a ratificar ese pacto comercial que lleva empantanado desde el acuerdo de comienzos de 2019 entre los dos bloques, empezando por el presidente, Emmanuel Macron, que ha dicho repetidamente que sólo le daría luz verde con una serie de condiciones en el terreno climático, pero sobre todo para el sector agrícola.

Más allá de la exigencia de 'cláusulas espejo' para que los productos llegados de Mercosur cumplan las condiciones sanitarias y medioambientales que se exige a los europeos, Macron justificó su bloqueo durante el mandato del anterior presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por su política de deforestación y de alejamiento de los Acuerdos de París sobre el clima.

Pero para el Medef, "no se puede decir que el Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula (el actual presidente) sea lo mismo en el terreno de la deforestación".

Le Saché anunció, por otro lado, que su organización va a organizar durante el primer trimestre de 2025 "una cumbre patronal europea", en la que participarán las organizaciones de "como mínimo 16 países miembros" para luchar las "discriminaciones" que considera que sufre la energía nuclear en las reglas europeas.

En particular, quieren combatir las condiciones diferentes que se imponen a las inversiones en el sector nuclear respecto a las destinadas a las energías renovables.

Macron se ha comprometido a relanzar el sector en Francia con la construcción a partir de al menos media docena de nuevos reactores nucleares que entrarían en servicio progresivamente en, como mínimo, una docena de años y que vendrían a reforzar y reemplazar el parque que está en actividad actualmente, con el que se genera alrededor del 70 % de la electricidad del país.

El Medef está convencido de que la energía nuclear va a seguir aportando a las empresas francesas competitividad en el costo de la energía, además de garantizar una estabilidad de suministro que a su parecer por ahora no pueden ofrecer por sí solas las renovables.

Le Saché dijo que la patronal francesa está inquieta por algunos signos de debilidad de la economía francesa, como la inversión de las empresas o la destrucción de empleos, así como por la situación de las finanzas públicas.

Sobre este último punto, el mismo día en que el Gobierno del primer ministro conservador, Michel Barnier, presenta en detalle los presupuestos para 2025, hizo hincapié en que "la primera prioridad es bajar el gasto público", que en Francia tiene el mayor peso relativo no sólo en la UE, sino en toda la OCDE.

En cuanto a los planes ya anunciados por Barnier para aumentar la fiscalidad de las grandes empresas, Le Saché afirmó que "debe ser extremadamente selectivo y excepcional".

Igualmente, defendió la controvertida reforma de las pensiones de Macron, adoptada el pasado año, que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años (el Medef quería que fueran 65). EFE

Brasil podría intervenir en el conflicto entre el gremio de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y el Gobierno Nacional. Tras varios paros salvajes de los distintos sindicatos, y en medio de las tensiones por la declaración de la línea aérea como empresa “sujeta a privatización”, el Sindicato Nacional Dos Aeronautas (SNA) del país vecino se reunió ayer con un funcionario de Lula da Silva para tratar la posible injerencia de empresas brasileras en la huelga de las tripulaciones argentinas.

Desde el sindicato brasileño opinan que la posibilidad de que empresas extranjeras, incluyendo las de su país, asuman operaciones de la línea de bandera argentina configura una “práctica antisindical” que puede tener consecuencias directos para sus “derechos laborales y sindicales”. En esa línea, el encuentro fue con Francisco Macena, secretario ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil.

“La reunión fue solicitada por SNA, después de recibir con preocupación los relatos de APLA y AAA sobre las acciones del gobierno argentino, que configuran una amenaza al derecho de huelga y a la libertad sindical”, informaron desde el sindicato, a través de un comunicado. Respecto a la respuesta de Macena, aseguraron que el funcionario se posicionó a favor de las demandas del SNA y que solicitará una agenda junto con el gremio, el Ministerio de Puertos y Aeropuertos y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC, de Brasil) para tratar el tema.

A su vez, el sindicato de pilotos argentino celebró el apoyo de sus homólogos del mundo. En sus redes sociales figuran cartas enviadas desde TALPA (Turkiye Airline Pilots’ Association) de Turquía; SAS Pilot Group, de Dinamarca, Noruega y Suecia; DELTA MEC, de la estadounidense Delta Airlines; TTALPA, Trinidad and Tobago Airline Pilots Association; ALPA Canada, el grupo holandés Dutch ALPA, y Vereinigung Cockpit, de Alemania.

Esta semana, el Gobierno Nacional declaró a Aerolíneas Argentinas como una empresa del Estado sujeta a privatización. Esta decisión, que se hizo oficial mediante la publicación del decreto 873/2024, se da en medio del fuerte conflicto que mantiene el Gobierno nacional con los representantes sindicales por los importantes beneficios que mantienen sus empleados y que contribuyen a que la empresa de bandera sufra pérdidas considerables en materia económica. La tensión escaló luego de los paros llevados a cabo por algunos dirigentes del sector aerocomercial.

De hecho, en el considerando de la norma, el Ejecutivo menciona algunos de esos beneficios. “Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”, dice la normativa.

Desde el Gobierno consideran que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

El decreto se ampara en la Ley de Reforma del Estado de 1989 (N° 23.696) y sus modificatorias que establecen que el Poder Ejecutivo Nacional podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.

Bajo estas modalidades, la legislación contempla que la transferencia sea a una o varias personas humanas, personas jurídicas privadas, municipios, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otra persona pública.

El próximo domingo los brasileños acudirán a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes, y concejales para los 5.569 municipios.

Cómo vengo siguiendo, y valorando, hace años -como factor fundamental del gran crecimiento de nuestro vecino país basado en su estado federalista, Brasil vuelve a privilegiar una elección en que solo se vota a nivel local.

Esto sumado al nivel de autonomía de sus municipios, le dio plenas posibilidades de seguir creciendo, más allá que gobiernen Lula o Bolsonaro.

Así como en Argentina hay un predominio del poder central, en el caso de Brasil hay un verdadero federalismo, caracterizado por la dispersión del poder.

Aunque hay candidatos de los grandes referentes nacionales, en la mayor cantidad de ciudades son los partidos del centro, conocidos como centrão (gran centro), los que avanzan en las elecciones municipales.

El término centrão surgió en la Asamblea Constituyente de 1988, encargada de redactar la Constitución que rige en Brasil desde el regreso de la democracia y se usó para designar al bloque mayoritario que se formó en el centro, que rechazaba posturas extremas por izquierda y por derecha y es el bloque de partidos conservadores que domina la política brasileña desde la vuelta a la democracia en 1989. Tienen gran capacidad de sumar votos en el interior del país, y se quedarán con la mayor parte de los alcaldes elegidos en los comicios municipales.

En 11 de las 15 capitales con mayor número de electores aparecen como líderes candidatos del MDB, del Partido Social Democrático (PSD), de la União Brasil y de Avante, todas formaciones de centro que solo piensan en ganar sus territorios.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, de las más de 450.000 candidaturas registradas, los partidos de centro presentan una mayoría de aspirantes, seguidos por el PL, Republicanos y luego el PT, el PSB y demás partidos de izquierda.

Las elecciones municipales, como ya es una tradición en Brasil, demuestran que las preferencias electorales se centran principalmente en cuestiones locales. La gente vota a nivel municipal a sus mejores administradores, que son los que le dan solidez al sistema, pues todo sigue funcionando más allá de los enfrentamientos nacionales.

Los votantes sancionan, o recompensan, principalmente el desempeño de los equipos municipales por temas sanitarios, salud, seguridad y educación.

Gane quien gane, la dinámica política y económica de Brasil seguirá intacta por la fortaleza de sus autonomías municipales, por ser una verdadera federación, y por tener entre otros motivos elecciones municipales separadas cronológicamente, de las elecciones nacionales.

En Brasil como en Argentina, y en gran parte del mundo ha habido un crecimiento de una política de odio y resentimiento, también un proceso de crisis mundial de la democracia representativa liberal, y un modelo de capitalismo -en especial en Latinoamérica- que aumenta o muestra brutalmente la desigualdad social. Pese a todo esto, Brasil a diferencia de Argentina, sigue con desarrollo y crecimiento.

En nuestro país y otros países de la región el federalismo fue un pacto redistributivo, que permitió a las partes integrantes de la federación su supervivencia, a través de la participación de la riqueza nacional entre de las provincias más pobres, que dependen de la coparticipación federal. En el caso argentino, el federalismo centraliza los recursos para distribuirlos hacia toda la Nación.

Los recursos descentralizados con su autonomía política y económica, llevo a que Brasil sea Brasil, y se constituya en una gran potencia política y económica, la fortaleza e independencia política de los gobiernos locales, en la gestión cotidiana, táctica y estratégica, han ayudado mucho a su gran crecimiento económico.

Brasil es Brasil por un verdadero Federalismo basado en gran medida en su tradición, pero también en su sistema electoral desdoblado, que este domingo vuelve a dar otra gran muestra de su fortaleza.

São Paulo, 30 sep (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar sugirió este lunes en São Paulo que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, debería preocuparse por favorecer la democracia en Venezuela y no solo por formular propuestas para una mediación entre Rusia y Ucrania.

"Me llama la atención, lo digo con todo el respeto, que el actual Gobierno de Brasil, por ejemplo, haga propuestas para mediar en Ucrania y no haga propuestas por la democracia en Venezuela o no se concentre más" en el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, afirmó Aznar en una conferencia en la sede de la Asociación Comercial de São Paulo (Brasil).

En declaraciones posteriores a EFE, el exjefe del Ejecutivo español (1996-2004) defendió que lo que ha ocurrido en Venezuela, a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio, "es un golpe de Estado" y llamó a todos los países a hacer "una reflexión muy seria" al respecto.

"Maduro ha perdido las elecciones, ha hecho un fraude electoral gigantesco, pero, sobre todo, lo ha convertido en un golpe de Estado (...) Si aceptamos que un dictador pueda dar un golpe de Estado y falsear los resultados electorales, las consecuencias para nuestros países y nuestras democracias serán complicadas", explicó.

En este sentido, indicó que es "muy importante" que se reconozca al líder opositor Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, como "el legítimo presidente electo de Venezuela".

"Eso es una obligación que tienen todos los gobiernos, incluido el Gobierno de España", añadió.

Aznar también destacó que está "totalmente de acuerdo" con la posición del líder del Partido Popular de España (PP), el conservador Alberto Núñez Feijóo, quien advirtió a las "empresas que colaboran con Maduro que se equivocan".

Lula no ha reconocido ni la victoria de Maduro ni la de González Urrutia y ha insistido desde el inicio en la publicación de las actas electorales de forma desglosada, algo que las autoridades venezolanas no han hecho hasta el momento.

El líder progresista brasileño ha intentado sin éxito mediar entre las partes, junto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en favor de la divulgación de esas actas, que la oposición hizo públicas en internet con un resultado ampliamente favorable a González Urrutia.

No obstante, Lula no mencionó la semana pasada, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la crisis en Venezuela, pero sí comentó la guerra en Ucrania y además defiende una iniciativa de paz que ha impulsado junto con China para detener ese conflicto.

En este contexto, Aznar se preguntó por qué Brasil y China han propuesto un plan de paz para la invasión militar rusa en Ucrania, que se extiende ya desde febrero de 2022, lo que, a su juicio, favorece los intereses del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Al final, uno analiza el plan de paz y resulta que es darle la razón a Putin en todo", sostuvo. EFE

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este domingo a la capital mexicana para asistir a la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ceremonia que se celebrará el martes 1 de octubre.

A su llegada, Lula fue recibido con una alfombra roja por una comitiva del Gobierno mexicano, encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, próximo jefe de oficina de la Presidencia de Sheinbaum.

Cerca de las 17:30 hora local, Lula aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México (centro), para asistir a la histórica investidura de Sheinbaum, a la cual fue el primero en confirmar.

Lula iniciará su agenda oficial el lunes, cuando tendrá una reunión privada con la próxima presidenta en vísperas de la toma de posesión, para discutir diversos asuntos, entre los cuales, la crisis venezolana, según anticiparon fuentes diplomáticas brasileñas.

El mandatario brasileño quiere analizar con Sheinbaum la posibilidad de continuar intentando una mediación conjunta de Brasil, Colombia y México para propiciar un diálogo entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición después de las elecciones de julio pasado.

Se esperaba que el presidente colombiano, Gustavo Petro, también arribara este domingo, pero decidió aplazar a mañana, lunes, por el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) durante una misión humanitaria en el departamento del Vichada, en el este del país, lo que causó la muerte a sus ocho tripulantes.

Esta mañana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue el primero en aterrizar en el AIFA para la histórica investidura de Shienbaum, y este lunes tiene previsto asistir con otros mandatarios extranjeros a una comida privada con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Luego, se espera que Sheinbaum ofrezca una cena a la que su predecesor dijo que no asistirá.

Hasta el momento son 16 los dirigentes internacionales que han confirmado su participación en el acto, la mayoría de ellos latinoamericanos, tal y como comunicó Sheinbaum la semana pasada.

Este listado incluye además de Brasil, Colombia y Cuba, a los presidentes de Bolivia, Luis Arce; Chile, Gabriel Boric; Honduras, Xiomara Castro; República Dominicana, Luis Abinader; Guatemala, Bernardo Arévalo, y Paraguay, Santiago Peña.

De la región caribeña asistirán además los mandatarios de Belice, Santa Lucía, Dominica y Haití, mientras que desde África los presidentes de Ghana y Libia también han anunciado su presencia.

Además, acudirán representantes de hasta 105 países y 22 organismos internacionales, entre los que destaca la presencia de la primera dama estadounidense, Jill Biden, quien encabezará la comitiva del país norteamericano.

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Brasilia, 29 sep (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, partió este domingo rumbo a México, donde asistirá a la investidura de Claudia Sheinbaum y se reunirá tanto con la nueva presidenta del país norteamericano como con el saliente, Andrés Manuel López Obrador, informaron fuentes oficiales.

Lula llegará a Ciudad de México al final de la tarde e iniciará su agenda oficial el lunes, cuando tendrá una reunión privada con la próxima presidenta en vísperas de la toma de posesión, para discutir diversos asuntos, entre los cuales, la crisis venezolana, según anticiparon fuentes diplomáticas brasileñas.

Lula quiere analizar con Sheinbaum la posibilidad de continuar intentando una mediación conjunta de Brasil, Colombia y México para propiciar un diálogo entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la oposición después de las elecciones de julio pasado.

Hasta ahora, las gestiones hechas por Brasil junto con Colombia y, en menor medida con México, han sido infructuosas para lograr ese objetivo.

Ninguno de los tres países ha reconocido el resultado anunciado por el organismo electoral y el Tribunal Supremo de Venezuela, que le atribuyó la victoria a Maduro y fue denunciado como fraudulento por la oposición, que postuló como candidato a Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.

El mismo lunes el mandatario brasileño también tendrá una reunión privada con López Obrador y participará en la clausura de un seminario empresarial que reunirá a unas 150 empresas brasileñas y otras 250 mexicanas.

El martes, la agenda del presidente brasileño se limitará a los actos protocolarios de la investidura de Sheinbaum, tras los cuales regresará a Brasilia. EFE

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María Angélica Troncoso

Río de Janeiro, 29 sep (EFE).- A una semana de las elecciones municipales en Brasil el centro y la derecha toman fuerza en las principales capitales del país, pero las atenciones se concentran en São Paulo, donde la disputa está cabeza a cabeza entre los candidatos apoyados por Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

El próximo 6 de octubre 155,9 millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de 5.569 municipios en la primera vuelta de una contienda que medirá el peso político entre el progresismo de Lula y la ultraderecha de Bolsonaro.

La atención está centrada en la capital paulista, la ciudad más poblada del país, principal colegio electoral de Brasil y motor financiero de la mayor potencia económica de América Latina.

Razón de más para que los líderes de ambas tendencias quieran salir victoriosos en la capital donde más se siente la polarización política del país.

Según la última encuesta de la firma Datafolha, Ricardo Nunes, actual alcalde y candidato apoyado por Bolsonaro, cuenta con el 27 % de las intenciones de voto, seguido de Guilherme Boulos, que, con la bendición de Lula, tiene el 25 % del favoritismo.

A los preferidos les sigue de cerca Pablo Marçal, un polémico empresario e 'influencer' mesiánico de derecha, que tiene un 21 %, con lo que cualquiera de los aspirantes puede pasar a segunda ronda.

Los candidatos arropados por Lula y Bolsonaro no pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT) ni al Partido Liberal (PL), las formaciones que lideran el actual presidente y el exmandatario.

Nunes representa al Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y Boulos es la cara del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Aunque en São Paulo la polarización Lula-Bolsonaro es clara, en las principales capitales del país, son los partidos del centro, conocidos en Brasil como centrão (gran centro), los que están mandando la parada en las municipales.

En 11 de las 15 capitales con mayor número de electores aparecen como líderes candidatos del MDB, del Partido Social Democrático (PSD), de la União Brasil y de Avante, todas formaciones de centro que coquetean en sus regiones según los intereses del momento.

A manera de ejemplo, mientras en la capital paulista el candidato del MDB es apoyado por Bolsonaro, en Maceió (nordeste), Rafael Brito es respaldado por Lula.

La derecha lidera en Belo Horizonte y Vitoria, con el partido Republicanos, y en Fortaleza, el PL está en empate técnico con el PT.

La izquierda solo está a la cabeza en Recife con el Partido Socialista Brasileño (PSB).

Según datos del Tribunal Superior Electoral, de las 463.354 candidaturas registradas para las elecciones del domingo, el MDB lidera en número de aspirantes, seguido por el Partido Progresistas (PP, centro derecha), el PSD, la União Brasil, el PL y Republicanos.

Ya entre la sexta y la décima posición están el PT, el PSB, Podemos (derecha), el Partido Democrático Laboral (PDT, izquierda) y el Partido Social Demócrata Brasilero (PSDB, centro).

Con igual número de candidatos el PT y el PL aspiran a la alcaldía en 13 de las 26 capitales del país.

La sigla del líder ultraderechista tiene posibilidades reales de ganar las elecciones solo en dos capitales, una leve ventaja sobre la formación de Lula, que no tiene opción real en ninguna.

Alguna esperanza le queda al PT en otras cuatro capitales, donde sus candidatos están en empate técnico con los favoritos, una situación que el PL tiene en tres.

De las trece capitales en que ambas siglas tienen candidato solo en tres -Fortaleza, João Pessoa y Aracaju-, todas en el nordeste, los aspirantes del PT y del PL están en duelo directo. EFE

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Brasilia, 27 sep (EFE).- Una juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este viernes todas las decisiones, incluidas las condenas por corrupción, que pesaban sobre el empresario Leo Pinheiro, quien en el pasado declaró contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Operación Lava Jato.

El fallo es del magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien ya ha anulado diversas piezas judiciales que afectaban a otros condenados o investigados por corrupción.

El expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, condenado a más de 30 años de prisión por corrupción y quien testificó en diversas ocasiones contra Lula, es el último beneficiado.

Lula llegó a pasar 580 días en prisión, entre 2018 y 2019, por causas relacionadas con la Operación Lava Jato que más tarde fueron anuladas por el Supremo debido a irregularidades procesales y tras declarar parcial al juez que lo procesó.

De hecho, una de las declaraciones del propio Pinheiro sirvió como base para condenar al líder progresista, hoy libre de toda sospecha tras ver archivadas todas las causas que enfrentaba en la Justicia.

En su decisión, a partir de la cual anuló todas las decisiones penales e investigaciones contra Pinheiro, Dias Toffoli argumentó que los fiscales de la Lava Jato y el entonces juez encargado de los casos, el hoy senador Sergio Moro, no respetaron el debido proceso legal.

Según él, el combate anticorrupción capitaneado por la Lava Jato se llevó a cabo "de manera clandestina e ilegal".

"Determinados fiscales y ciertos magistrados ignoraron el debido proceso legal, la amplia defensa y la propia institucionalidad para garantizar sus objetivos -personales y políticos-, lo que no se puede admitir en un Estado Democrático de Derecho", alegó el juez.

Los abogados de Pinheiro afirmaron en una nota enviada a la prensa que la resolución de hoy "reafirma el compromiso de la Justicia y garantiza la imparcialidad y equidad" en relación a otros fallos que ya declararon nulos los procedimientos de la Lava Jato.

La Operación Lava Jato destapó millonarios desvíos de recursos de la petrolera estatal Petrobras y envió a prisión numerosos empresarios y políticos, además de servir de base para la apertura de investigaciones por corrupción en otros países de América Latina. EFE

Aunque Brasil está centrado estas semanas en sus asuntos internos, ya que el 6 de octubre se celebrarán las elecciones municipales, su política exterior sigue siendo objeto de debate internacional. La semana pasada, en una entrevista exclusiva con el periodista Samuel Pancher, del sitio de noticias brasileño Metrópoles, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó a Brasil y China de hacer una propuesta “destructiva” porque ambos países consultaron a Rusia pero no lo discutieron con Ucrania. “No somos estúpidos”, dijo. “¿Para qué sirve este teatro? Hablaron con Rusia y dijeron que esta es nuestra propuesta, pero no nos pidieron nada. Y viene Rusia y dice que apoya la propuesta de Brasil y China. Esto es una falta de respeto a Ucrania”, dijo dirigiéndose a los dos países. Recordando, además, que Brasil ratificó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), y acogerá este año la cumbre del G20, Zelensky se preguntó “cómo puede presentarse Putin sin ser detenido”, dado que tiene una orden de arresto de la Cpi por crímenes de guerra por deportar a niños ucranianos a Rusia. “¿Se sentarán los países del G20 a la mesa con alguien que necesita ser detenido?”, se preguntó. Putin ha sido invitado por Lula a asistir a la cumbre del G20 en Rio de Janeiro los días 18 y 19 de noviembre.

El embajador brasileño en Ucrania, Rafael de Mello Vidal, rebatió las declaraciones del presidente Zelensky en Metrópoles. “No me consta que esta propuesta haya sido negociada previamente con Rusia. Es una propuesta resultante de una reunión de Celso Amorim (el asesor especial de política exterior del presidente Lula) en Beijing. Es una propuesta de alto el fuego que no establece un acuerdo de paz. Las condiciones de un acuerdo de paz serán definidas por Ucrania y Rusia. La propuesta de alto el fuego propone que las dos partes se sientan en una mesa de negociaciones y a partir de ahí discutan las condiciones para un acuerdo”, dijo el embajador a Pancher.

Las relaciones Brasil-Rusia

En relación con el conflicto en Ucrania, otra noticia ha causado alarma en el país latinoamericano, la de uno de sus compatriotas que, pensando que simplemente respondía a un anuncio de trabajo, se encontró sin saberlo luchando en el frente ruso, acabando como prisionero de los ucranianos. Así lo reveló el militar Petro Yatsenko, representante de la Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania. Fue el brasileño, cuya identidad no se hizo pública, quien tras ser hecho prisionero por los ucranianos les contó su increíble historia. “Dijo que no había ido a Rusia a luchar, que sólo había sido contratado como empleado por una empresa rusa y que había ido a Rusia a trabajar, no a hacer la guerra. Pero dijo que lo engañaron y le llevaron al frente como ‘carne de cañón’”, reveló el militar ucraniano a Metrópoles.

También la semana pasada, el regalo ofrecido el 9 de septiembre por el Ministro de Asuntos Exteriores Mauro Vieira a su homólogo ruso Sergey Lavrov en Arabia Saudita creó polémica en Brasil. Se trataba de una camiseta de la selección brasileña firmada personalmente por una de las estrellas del fútbol del país latinoamericano, Vinicius Júnior, “uno de los favoritos de Lavrov”, como el mismo agradeció. El diario portugués Observador comentó el hecho preguntándose si “¿Rusia y Brasil (son) amigos?”. La noticia fue ampliamente difundida por la televisión rusa RT, que recientemente aterrizó en el radar del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el secretario de Estado, Antony Blinken, los empleados de RT utilizan tácticas de inteligencia y empresas fantasma como tapadera para interferir en la agenda política de varios países.

El comunicado de la diplomacia rusa señala que Vieira y Lavrov hablaron de la crisis ucraniana y de las relaciones bilaterales entre Brasil y Rusia. “Los jefes de los departamentos de política exterior tocaron el tema de la interacción entre Moscú y Brasilia en plataformas multilaterales, principalmente en la ONU, BRICS y G20. Discutimos por separado los problemas de la crisis ucraniana”, reza el texto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La semana pasada, el asesor especial de política exterior de Lula, Celso Amorim, en su tercera visita a Moscú, también se reunió con Lavrov, así como con el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y ayudante de Putin, Nikolai Patrushev. A continuación, Amorim asistió en San Petersburgo a la 14a reunión de Altos Representantes de los BRICS sobre cuestiones de seguridad nacional. Sin nombrarlo en su discurso, Amorim se refirió al caso de Elon Musk y a la suspensión de X en Brasil, afirmando que “ninguna empresa o individuo debe pensar que está por encima de la ley. Nuestra soberanía no está en venta”. A continuación, elogió el tema elegido por Moscú para su presidencia de los BRICS en 2024, a saber, “Fortalecer la multipolaridad para el desarrollo y la seguridad mundiales”.

“La multipolaridad es un concepto central para la política exterior de Brasil”, dijo, refiriéndose a la visión antioccidental del sur global que ve unidos a regímenes autoritarios como Irán, Rusia y China.

En San Petersburgo, Amorim también se reunió en un encuentro paralelo con el chino Wang Yi, ex ministro de Asuntos Exteriores y ex consejero de Estado que ahora es un poderoso miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino. Según informa la agencia estatal China Media Group, “China está dispuesta a reforzar la coordinación estratégica con el país sudamericano”. Según Amorim, Brasil planea mantener más intercambios de alto nivel en la próxima etapa con China, “con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones bilaterales”. No está claro si Amorim se refería a la adhesión de Brasil a las iniciativas “La Franja y la Ruta”, ya anunciada en julio por el presidente Lula. Además, China participó por primera vez la semana pasada en unos ejercicios militares de la operación Formosa en el estado brasileño de Goiás. También estuvieron presentes 50 militares estadounidenses. El comunicado oficial de los marines estadounidenses destacó el papel equilibrador que su país quiso aportar al evento. “La participación de los marines estadounidenses muestra el apoyo a los continuos esfuerzos de Brasil en la promoción de los valores democráticos y la defensa del Estado de Derecho en todo el continente”, reza el texto.

Condena de un brasileño al servicio de Hezbollah

En cuanto a Irán, el brasileño Lucas Passos Lima fue condenado a 16 años de prisión por el Segundo Tribunal Penal Federal de Belo Horizonte, Minas Gerais. Según la acusación, había sido reclutado junto con otros compatriotas suyos por Hezbollah, respaldado por Irán, para llevar a cabo una serie de atentados contra objetivos israelíes en Brasil. Afortunadamente, los atentados habían sido frustrados por la Policía Federal en el marco de la Operación Trapiche, que estalló el pasado noviembre. La sentencia fue histórica porque Passos Lima fue condenado por terrorismo a pesar de que Hezbollah no está reconocida como organización terrorista en Brasil. El juez, sin embargo, hizo prevalecer la ley de terrorismo vigente en el gigante latinoamericano desde 2016 y, reza el fallo, “las tres convenciones de las que Brasil es signatario, las dos primeras fruto de la Asamblea General de las Naciones Unidas”. Pese a la condena de la justicia brasileña, el riesgo que la Operación Trapiche suponía no sólo para las comunidades judías de Brasil sino para la propia seguridad nacional no ha sido hasta ahora sopesado públicamente frente a Irán, país con el que el gigante sudamericano sigue manteniendo sólidas relaciones. Según informó la agencia de noticias del régimen iraní, IRNA, en San Petersburgo Celso Amorim mantuvo una reunión paralela con el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Akbar Ahmadian. Irán es miembro del bloque BRICS desde este año, que anteriormente sólo incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según IRNA, Irán y Brasil enfatizarán “el fortalecimiento de las relaciones políticas, económicas y de seguridad”.

En un editorial titulado “Brasil calla ante el terror”, el diario O Estado de São Paulo, comentando la condena de los brasileños al servicio de Hezbollah, escribe que “lo mínimo que se esperaba era que el gobierno brasileño interrogara al menos a Teherán sobre los planes terroristas de Hezbollah en territorio nacional. No se puede permanecer en silencio ante la aterradora posibilidad de que la guerra de poder de Irán contra Israel utilice Brasil como uno de sus campos de batalla, a costa de la vida de ciudadanos brasileños. Es sabido que el presidente Lula da Silva tiene en alta estima a Irán, a pesar de que Teherán patrocina el terrorismo y viola sistemáticamente los derechos humanos de los iraníes.¿Podría el presidente utilizar al menos este afecto por el régimen de los ayatolás en favor de los brasileños amenazados por las milicias chiíes libanesas?”.

Alianza Venenezuela-Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra

En cuanto a Venezuela, el ex canciller venezolano Jorge Arreaza anunció la semana pasada una alianza con el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil. “El presidente Nicolás Maduro hace realidad el proyecto soñado por el comandante Hugo Chávez y el MST (y el gobierno de Brasil de entonces, que era distinto del actual)”, escribió el ex canciller en Telegram, aludiendo también al actual gobierno de Lula, que según el comunicado evidentemente no parece ser el mismo que el de la era Chávez. El proyecto prevé en la fase inicial la concesión de 10 mil hectáreas de tierra en el estado venezolano de Bolívar que serán administradas por el movimiento brasileño para producir trigo, soja y frijoles. “Estamos dando tierras en Venezuela para que el MST pueda transferir sus conocimientos de producción agroecológica a los campesinos de nuestra comunidad y producir para la vida a una escala inimaginable hasta ahora”, dijo Arreaza.

Sin embargo, parece no ser más que otro anuncio retórico de la dictadura de Nicolás Maduro, ya que el MST de Brasil produce en realidad a muy pequeña escala. Durante la campaña electoral, Lula había enunciado un pensamiento similar al de Arreaza, al declarar que el “MST es el mayor productor de arroz orgánico de Brasil”, pero sus declaraciones fueron posteriormente desmentidas por los datos de las asociaciones de agricultores. En la cosecha de 2022, el MST del estado de Rio Grande do Sul, que concentra el 70% de la producción nacional de arroz, había promovido un evento para celebrar una cosecha de 15,5 toneladas de producto orgánico, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que la producción anual de arroz de Brasil se estima en unos 11 millones de toneladas al año.

El anuncio de Arreaza fue acompañado de un vídeo con el lema “el movimiento es sin tierra en Brasil” pero “con tierra en Venezuela”. La iniciativa fue impulsada por el propio Maduro, que recientemente vistió una gorra brasileña del MST en una cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), recibido por representantes del movimiento en el evento. En aquella ocasión, el dictador había invitado personalmente al MST “a venir con cientos de sus campesinos, a producir en Venezuela”. En esa misma reunión, la diputada del Partido de los Trabajadores (PT) por el Estado de Pernambuco Rosa Amorim se fotografió junto a Maduro, diciendo que era una “alegría conocerlo” y que le llevaba “el cariño de los brasileños”.

Como escribe el sitio de noticias Poter 360, a pesar de que Brasil no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro, “Lula y su gobierno están adoptando la cautela y un tono suave e indulgente con respecto a la fiabilidad de las elecciones celebradas el 28 de julio”. A diferencia de otros países de América Latina y del mundo, como Argentina, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos, el presidente ni siquiera dice que “el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales”.

Este tipo de política exterior está alejando a Brasil de una escena internacional orientada hacia Occidente. Como informa Jamil Chade en el sitio de noticias UOL, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, no ha prometido el apoyo de su gobierno a la entrada de Brasil en una posible ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU. En un discurso pronunciado el pasado jueves, dijo que la Casa Blanca aprueba el ingreso de India, Alemania y Japón. “No expresamos explícitamente nuestro apoyo a Brasil” agregó la embajadora Thomas-Greenfield.

Luego de que la dictadura de Nicolás Maduro informó este sábado su decisión de revocar, “de manera inmediata” y unilateral, el permiso para que Brasil custodie la Embajada de Argentina en Caracas, Cancillería emitió un comunicado en el que rechazó la medida y advirtió al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“La República Argentina expresa su reconocimiento a la hermana República Federativa del Brasil por la representación de los intereses argentinos en la República Bolivariana de Venezuela y agradece su compromiso y responsabilidad en velar por la custodia de los inmuebles argentinos en dicho país”, comienza el documento publicado por la cartera que conduce la ministra Diana Mondino.

En el texto, además, se denuncia ante la comunidad internacional que actualmente hay patrullas de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad venezolanas que rodean la residencia oficial en Caracas y adelantan que cualquier intento de invasión al edificio será condenado internacionalmente.

En este sentido, el comunicado enfatiza: “La República Argentina rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”.

Y concluye: “Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional. Acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”.

La Embajada de Argentina en Caracas quedó bajo la custodia de Brasil a principios de agosto, luego de que el régimen chavista expulsara a los diplomáticos argentinos bajo el argumento de una injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, a poco más de un mes de este episodio, Maduro revocó el permiso. En consecuencia, envió a agentes policiales del gobierno a asediar el edificio donde se encuentran refugiados seis opositores desde marzo.

“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”, anunció Venezuela en un comunicado difundido en la mañana del sábado.

Y agrega: “En este contexto, el gobierno brasileño destaca, en los términos de las Convenciones de Viena, la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina, que actualmente albergan a seis asilados venezolanos, así como sus bienes y archivos”.

Una de las refugiadas es Magalli Meda, la jefa de campaña opositora para las elecciones presidenciales, quien en las últimas horas denunció que están sin luz y con los accesos a la sede tomados por el régimen. “6:30 am. En la Embajada de Argentina en Venezuela custodiada por Brasil, estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”, manifestó a través de su cuenta en la red social X, al tiempo que compartió dos fotografías tomadas por ella desde el interior de la sede diplomática.

A su denuncia se sumó la del Comando con Venezuela, de los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que también manifestó la presencia de las fuerzas de seguridad del régimen: “07:35AM. Así amanece la sede de la embajada de Argentina en Caracas, rodeada por agentes del régimen, encapuchados y armados, quienes -además- impiden acceso a periodistas, aunque la calle no está cerrada”.

Cerca del mediodía, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela, denunció que seguía el asedio contra la embajada. Además de Meda y Urruchurtu, también se encuentran asilados el ex diputado Omar González, miembro de Voluntad Popular (VV); Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.

Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía chavista los acusara de varios delitos, como “conspiración” y “traición a la patria”, entre otros.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es un enemigo de la democracia. Pide que se repitan elecciones en Venezuela, llama genocida a Israel, defiende a Hamás y apaña la brutalidad de Putin contra Ucrania. Todos hechos repudiables, en especial viniendo del actual Presidente del G20 y la democracia más grande de América Latina.

Al lado de Hamás. El Ministerio de Exteriores de Brasil emitió comunicado condenando el aniquilamiento de Ismail Haniyeh, uno de los terroristas más buscados a nivel global y principal figura de Hamás. “Brasil condena enérgicamente el asesinato del Jefe de la Oficina Política de Hamás, Ismail Haniyeh”, reclamó el gobierno de Lula.

“Brasil repudia el flagrante irrespeto por la soberanía de Irán y su integridad territorial, en clara violación al principio de la carta de Naciones Unidas”, declara el comunicado de Itamaraty, la Cancillería brasileña.

Lula un amigo y defensor del régimen de ayatolás en Irán. Durante la toma de posesión del presidente persa Masoud Pezeshkian, el Vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, celebró los 120 años de relación bilateral con Teherán. El vicemandatario estuvo sentado y sonriente en primera fila junto a representantes de Irán, Hamás y Hezbolá.

El presidente brasileño ha sido declarado persona non grata, tras comparar los esfuerzos de autodefensa de Israel con el Holocausto provocado por Hitler. “Ha cruzado una línea roja”, afirmó el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, quien señaló que “Israel está luchando para defenderse y asegurar su futuro hasta la victoria total”.

Durante su última gira por África, el Jefe de Estado de Brasil aprovechó para comparar la guerra en Gaza con el Holocausto sufrido por 6 millones de judíos. Una analogía aberrante y antisemita. Las causas, cifras y letalidad de ambos hechos no son ni remotamente comparables. Este tipo de enfoque refuerza una peligrosa narrativa antijudía y añade dolor a la nación víctima de los ataques de Hamás.

Lula también es admirador y defensor de Vladimir Putin. El líder de Brasil ha pedido a Ucrania que rinda su soberanía y que seda territorio patrio al agresor ruso. Estados Unidos criticó esta postura como una mera repetición de la propaganda rusa y Europa lo reprochó por poner en igual condición al agredido y al agresor.

Alfombra roja para Putin en el G20. El presidente de Brasil ha dicho que le gustaría invitar a Putin a la Cumbre del G20 de Rio. Todo esto pese a que la Corte Penal Internacional ha girado orden de captura por sus crímenes de guerra en contra de niños ucranianos.

Repetir las elecciones en Venezuela hasta que gane el tirano. El presidente Lula ha pedido que ante la derrota electoral de Nicolás Maduro se repitan las elecciones, pese a la diferencia de 30 puntos porcentuales frente al presidente electo Edmundo González.

Lula no pide libertad para 2 mil presos políticos, el fin de los campos de concentración de niños, un alto para las torturas en el Helicoide o justicia para los familiares de casi 30 asesinados por el régimen de Venezuela.

Otros lamentables actos de política exterior de Lula incluyen su respaldo a la esclavitud moderna de los médicos cubanos, la tiranía genocida de Daniel Ortega en Nicaragua y el modelo totalitario de Xi Jinping en China.

Brasil debe volver a defender los ideales patrios de su bandera, que clama orden y progreso. Lula da Silva debería dejar atrás su resaca ideológica y enaltecer y defender la libertad, la justicia y los derechos humanos. Como dice el himno nacional de Brasil ser un rayo vívido de amor y esperanza para América Latina y más allá.

*El autor es periodista exiliado, exembajador ante la Organización de Estados Americanos y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega.

En el Palacio de San Carlos de Bogotá, los cancilleres de Colombia y Brasil, Luis Gilberto Murillo y Mauro Vieira, sostuvieron el jueves 15 de agosto de 2024 un encuentro bilateral en el que el motivo principal fue la evaluación del avance de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, pero además, un espacio para analizar en profundidad las posibles salidas a la crisis política en Venezuela.

La reunión, prevista tras encuentro en abril entre los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva, en la que se tomó la decisión de profundizar el intercambio estratégico en la región, sirvió como pretexto para abordar un presente que genera preocupación en la región, tras los comicios del 28 de julio, en los que se habría desconocido el triunfo del opositor Edmundo González, en favor del dictador Nicolás Maduro.

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No obstante, y contrario a lo que se creía, los ministros no se refirieron en la declaración conjunta a lo que acontece al otro lado de la frontera, debido a que los puntos abordados por ambos mandatarios, en conversación que sostuvieron en la jornada del miércoles 14 de agosto, fueron adelantados por cada uno en pronunciamientos hechos en sus canales oficiales. En especial Petro, en su perfil de X.

En efecto, el jefe de Estado Colombiano indicó que una salida a lo que acontece en Venezuela podría ser la implementación de un frente nacional, como ocurrió en Colombia, pues según él es “una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”. Al punto que destapó una de sus ideas, ya adelantada por sus opositores: que se lleven a cabo de nuevo los comicios.

“Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”, fue el mensaje de Petro que desató una fuerte controversia por su posición acerca de este conflicto, que ha llevado a que miles de ciudadanos fueran capturados y decenas cayeran en la confrontación armada.

Con ello, el primer mandatario, manifestó que las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. “Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”, remarcó Petro en su pronunciamiento, pese a las fuertes voces en su contra, como la del expresidente Iván Duque Márquez, que había adelantado la posición de Colombia con respecto a la actualidad en Venezuela.

Positivo balance del encuentro bilateral entre cancilleres de Colombia y Brasil

En el encuentro, estuvieron por parte del Gobierno colombiano el ministro en Brasil, Guillermo Rivera; al igual que las ministras de Ambiente y Ciencias, Susana Muhamad y Yessenia Olaya, entre otros, y se estudiaron temas como el comercio entre ambas naciones, en lo referente a la tecnología de la información y la agricultura y, del mismo modo, el tema medioambiental.

“Colombia resalta el apoyo de Brasil y los demás países megadiversos en lo que tiene que ver con la realización de la COP16, en octubre próximo en Cali, y reiteramos la importancia que tiene para Colombia la participación de Lula en este evento”, indicó Murillo.

Además, el funcionario se mostró agradecido por la generosidad del gobierno de Brasil de invitar a Petro a participar en la cumbre del G20, prevista para el 18 y 19 de noviembre, en Río de Janeiro. “Auguramos éxitos conjuntos en el contexto bilateral, regional y global en la paz de nuestros países”, agregó el alto funcionario, que destacó las virtudes que trae este aliado en Sudamérica.

Esta es la segunda reunión en un mes que sostienen los ministros, pues en julio se encontraron en Brasilia. “Además de los encuentros personales, mantenemos un contacto intenso por teléfono (...) y constatamos los avances significativos en los esfuerzos para consolidar la relación estratégica, que se traduce en iniciativas concretas”, dijo Vieira, que hizo énfasis en la conexión tecnológica en ambos territorios.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron el miércoles 14 de agosto de 2024 una nueva conversación telefónica para abordar la dura situación social y política que se registra en Venezuela; país en el que habría serias sospechas de fraude en las elecciones del domingo 28 de julio, en favor del dictador Nicolás Maduro y en detrimento de Edmundo González.

Aunque no se conoce ni la duración de esta comunicación ni sus conclusiones, ambos mandatarios han insistido en que el diálogo entre los actores políticos, además de la divulgación de las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de los comicios, es el camino para superar la delicada realidad que se vive en el país carbeño.

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“Disculpas a ustedes, me demoré porque estaba atendiendo un llamado con Colombia, intentando encontrar una salida política para el problema de Venezuela”, indicó Lula, antes de llegar a un evento de gobierno. Este diálogo se dio al margen de la decisión del mandatario de México, Andrés López Obrador, de no establecer más contactos hasta tanto las autoridades en Venezuela no se pronuncien.

“Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral (de Venezuela)”, indicó el presidente mexicano ante el interrogante de cómo avanzarían los diálogos, luego de que el 1 y 8 de agosto, luego de encuentros virtuales, los tres países en mención insistieran en la necesidad de que las autoridades electorales en Venezuela den plenas garantías para llevar a cabo una veeduría internacional.

“Creo que el viernes de esta semana (16 de agosto) van a resolver sobre las actas y sobre los resultados. Vamos a esperar”, agregó López Obrador, como si tuviera información privilegiada del avance del panorama político en territorio venezolano. Y justo cuando las medidas represivas por parte del régimen van en aumento, no solo en las calles, sino también a nivel tecnológico.

Infobae Colombia pudo conocer que en el encuentro entre los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Brasil, Mauro Vieira, que se llevará a cabo el jueves 15 de agosto en Bogotá, como parte de la agenda bilateral entre ambos países, se prevé que se emita un nuevo pronunciamiento conjunto; como ha sido la costumbre semana tras semana, aunque, como cabe reiterar, esta vez sin México.

Estados Unidos insiste en que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela

La comunicación entre Lula y Petro se dio a conocer el mismo día en que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ratificó la postura del Gobierno de Estados Unidos, que reconoció la victoria de Edmundo González sobre Nicolás Maduro. “Ha obtenido la mayoría de los votos y eso está claro (...) Lo hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo, Maduro debe reconocerlo”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con la información presentada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), González resultó ganador, según sus cifras, con 7.303.480 de los votos (67%), escrutado el 83,5%, frente al 3.316.142 del jefe del régimen (30%); números que son distantes de los presentados por el CNE, que con el 96,87% de los sufragios se refirió al 51,95% de Maduro, frente al 43,18% del aspirante opositor.

Jean-Pierre, que se sumó al pronunciamiento previo del Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., explicó que desde la Casa Blanca se seguirán evaluando los caminos “para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”. Pese a que por el momento no dio a conocer cuáles serían esas alternativas para afrontar esta problemática.

La palabra clave que ha agitado estas últimas horas en Brasil ha sido “boomerang”. Las declaraciones del presidente Lula, pero sobre todo de su asesor especial para la política exterior, Celso Amorim, después de haber dado la vuelta al mundo, le están saliendo como un boomerang al gigante latinoamericano, desatando la polémica de los expertos, pero también la indignación de los brasileños que podrían tomarse la revancha con las próximas elecciones municipales previstas para el 6 de octubre. Amorim comparecerá hoy en el Senado, donde tendrá que dar cuenta de los últimos acontecimientos sobre Venezuela.

La mecha saltó durante la última reunión ministerial, el 8 de agosto, pero no se filtró hasta pasados cinco días. En esta reunión con sus ministros, Lula propuso nuevas elecciones en Venezuela para resolver la crisis. Sin embargo, la idea es de Celso Amorim, como él mismo admitió, añadiendo que se trata de una propuesta informal y aún en proceso. En otra entrevista con el portal de noticias UOL, el martes, Amorim también dijo que “si ambas partes piensan que han ganado, nadie tiene nada que temer”. De hecho, por tanto, la idea que propone Brasil es la de una anulación de la votación en la que al menos más de 7,3 millones de votos, según el 85% de las mesas escrutadas por la oposición, votaron para mandar a Maduro y a su régimen a casa. Amorim, quizá anticipándose a la polémica, calificó su propuesta como «una especie de segunda vuelta» en la que sólo concurrirían Maduro, por un lado, y Edmundo González Urrutia, por otro. A cambio, dijo, se concedería una amnistía al perdedor mientras que Maduro tendría que permitir la presencia de observadores internacionales. “Si quieren negociar un paquete sobre estas cosas, incluyendo el fin de las sanciones, es posible hacer una especie de segunda vuelta con un buen acompañamiento internacional”.

Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell del think tank de Washington The Inter-American Dialogue, dijo a Infobae que “la propuesta de nuevas elecciones no tiene ningún sentido. En Venezuela hubo elecciones y, a pesar de las enormes dificultades, la gente salió masivamente a votar y hubo un resultado electoral que no es un capricho sino que es un producto de las actas oficiales que juntaran los testigos en los más del 80 % de las mesas y que dan como ganador a Edmundo González Urrutia”. Para Broner “la conversación ahora tiene que ser cómo implementar que se respete la voluntad popular de los venezolanos”. “Cuando Lula ganó las elecciones y hubo un intento por parte del gobierno de Jair Bolsonaro de no reconocer ese resultado, nadie hizo pedido a Lula que compartiera el poder con Jair Bolsonaro en un pacto de coexistencia política o que volviese a hacer las elecciones. ¿Por qué habría Edmundo González Urrutia de aceptar alguna condición como esa?” afirmó Broner a Infobae.

Sin embargo, no sorprende que pocas horas después de las declaraciones de Amorim, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera una reforma de la ley electoral de su país que prohibiría la presencia de observadores extranjeros. “Propongo una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más puedan posicionarse extranjeros en nada que tenga que ver con las elecciones. ¿Por qué tienen que venir? ¿En nombre de qué? ¿Qué capacidad tienen?”, dijo durante una sesión de la Asamblea Legislativa. Rodríguez también calificó de “basura” al panel de expertos de la ONU, autores de un informe sobre las elecciones del 28 de julio en el que efectivamente se acusaba al Consejo Electoral venezolano de falta de integridad y transparencia en la gestión de los comicios del 28 de julio.

La semana pasada Amorim ya había anticipado la idea de trasladar las elecciones, argumentando que considerar inútiles estas actas electorales - por el tiempo transcurrido y por la posibilidad de que hubieran sido amañadas o falsificadas - sería lo mismo que proponer una nueva votación. Sin embargo, el ex presidente Iván Duque había advertido ya el domingo 5 de agosto que ese era en realidad el plan de Maduro, quien, tras lograr que el Tribunal Supremo anulara la votación del 28 de julio, montaría entonces la pantomima de repetir los comicios “en paz”. “No podemos caer en la trampa de pensar que la celebración de nuevas elecciones para anular las del 28 de julio en Venezuela es el único camino para la paz. Lo único que hay que negociar es la salida del dictador Nicolás Maduro, no su permanencia en el poder”, había escrito Duque en sus redes sociales.

De hecho, Brasil le pone ahora este escenario en bandeja de plata al dictador venezolano. Es más, el gobierno de Lula sigue haciendo hincapié en las sanciones, considerando evidentemente que esta es la prioridad para los venezolanos que están sucumbiendo a la represión del régimen. Incluso en su llamada telefónica del martes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente brasileño insistió, según informaron sus propias oficinas en el palacio presidencial de Planalto, en lo que considera errores de la comunidad internacional, es decir, las sanciones y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente en 2019. También el martes, Amorim habló por teléfono con el cardenal Pietro Parolin, jefe de la diplomacia vaticana. Parolin había sido nuncio apostólico en Caracas durante el papado de Benedicto XVI. No se filtraron detalles sobre el contenido de la llamada telefónica centrada en la crisis venezolana, salvo la preocupación, repetida durante días, de que la situación en Venezuela se resuelva pacíficamente. En los últimos días, los hackers de ‘Anonymous’ han informado de que también han identificado cuentas del régimen venezolano en el banco vaticano, el IOR.

Para Hussein Kalout, politólogo y ex secretario especial para cuestiones estratégicas durante el gobierno de Michel Temer, “la crisis política en Venezuela es la prueba más importante de la política exterior del gobierno Lula 3″, como escribió en el diario Folha de São Paulo. Kalout destaca también lo que considera los tres principales errores cometidos por Brasil en la gestión de la crisis venezolana. El primero fue “haber extendido la alfombra roja” a Maduro al permitir su visita al gigante latinoamericano en 2023. El segundo fue creer en la buena fe del dictador venezolano “sin exigir un compromiso firme” y condiciones a cambio. El tercer error fue confiar en los acuerdos de Barbados como herramienta para contener la ‘furia autoritaria’ de Maduro. Según Kalout, el establishment de Lula está dividido. Pese a la disidencia de algunos de sus dirigentes, el Partido de los Trabajadores reconoció la victoria del dictador e incluso recibió su agradecimiento por ello. “El teorema en el que se basa el gobierno brasileño está anclado en la siguiente perspectiva: si Maduro cae y la oposición triunfa, el resultado será una victoria del ‘imperialismo occidental’. Si el régimen prevalece, sin importar la forma y las circunstancias, esto significa la derrota de EEUU y el triunfo de los países antagonistas (China, Rusia y el resto del Sur Global)». El perdedor, sin embargo, según Kalout, es el propio Brasil. “Lo que la crisis política venezolana expone, fundamentalmente, son las limitaciones del liderazgo brasileño para resolver este impasse - o las limitaciones de Brasil para conducir complejos procesos de pacificación y estabilización en su propia región. El postulado mítico de que Brasil es el “líder natural” de Sudamérica ya no se sostiene. Se trata de una expresión ficcionalizada en los círculos diplomáticos, que en realidad ha perdido ‘control y tracción’”.

Para el politólogo Augusto de Franco, “no es de ahora. Lula y el PT siempre se han aliado con dictaduras, siempre que fueran de izquierdas como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Angola. El gobierno de Lula todavía duda - más de dos semanas después del fraude - en condenar la dictadura venezolana y exigir respeto a los derechos humanos en ese país. Por el contrario, se ha aliado con los gobiernos neopopulistas de México y Colombia, dando tiempo a Maduro para encontrar una solución que le permita mantenerse en el poder”.

En definitiva, no basta, como hizo Lula en las horas en que se conoció la noticia de su propuesta sobre Venezuela, recibir con pompa y circunstancia, junto a su ministro de Economía Fernando Haddad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para recordarle a Brasil lo importante que es para su gobierno la idea del Sur Global. Como escribe agudamente en sus redes sociales el periodista de investigación brasileño Leonardo Coutinho, “Kicillof es probablemente el nombre que la agrupación liderada por Cristina Kirchner utilizará para desafiar a Javier Milei en 2027. Lula no está anunciando una visita de cortesía de un amigo. Está avisando que ha decidido jugar todas sus cartas en la campaña argentina. Todas”.

Una vez más ayer, Lula reiteró que Brasil quiere encabezar un proceso de integración de los países latinoamericanos «sin querer ser imperialista» y citó bloques como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creados por Hugo Chávez, como importantes para su estrategia. Sin embargo, esta idea del Sur Global sigue resultando totalmente improductiva para los ciudadanos brasileños, incluso un boomerang porque sus países, casi todos regímenes autoritarios, en realidad sólo velan por sus propios intereses, como advierte la web de seguridad brasileña Defesanet. “El dúo Lula-Celso Amorim nunca comentó ni aplicó restricciones, desde hace más de 10 años, para la acumulación de sistemas estratégicos posicionados por Venezuela en la frontera norte brasileña, como los misiles S-300. Así como por otros sistemas de defensa antiaérea y potentes centros de guerra electrónica adquiridos por Venezuela a Rusia y China”.

Por no hablar de los demás países del Sur Global comprometidos en la mediación a favor de Venezuela, a saber, México y Colombia. La medida de Lula de convocar elecciones anticipadas en realidad levantó el velo sobre la ineficacia de la alianza con estos dos países para una solución efectiva a la crisis venezolana. Pocas horas después de las declaraciones del presidente brasileño, su homólogo mexicano, López Obrador, se distanció inmediatamente de la tríada al afirmar que no participaría en el diálogo de los otros dos países sobre Venezuela.

“Ahora no, porque estamos esperando que el Tribunal Supremo de Venezuela tome una decisión”, dijo en referencia a la revisión que realiza el Tribunal sobre los documentos presentados por las organizaciones políticas y los ex candidatos, que, según dijo, sigue su curso. Es casi seguro que la sentencia que se emita “validará” la victoria de Maduro, ya que el Tribunal está controlado por el régimen. Según Amorim, la propuesta de Lula aún no ha sido presentada a Maduro, ya que la llamada telefónica con él, al menos por ahora, no ha tenido lugar ni se ha hecho pública. En cambio, la discutió ayer con Petro en una conversación telefónica sobre la crisis venezolana.

Estos tres países “tienen la oportunidad y la responsabilidad de avanzar con una propuesta de solución negociada a la crisis venezolana” dijo Tamara Taraciuk Broner a Infobae. “Para que eso sea exitoso, tienen que basarse en un diagnóstico correcto y deben dejar de hablar con eufemismos. No se trata solo de pedir que no se violen derechos humanos sino que hay que pedir expresamente que terminen con la represión. Y no se trata solamente de pedir que se presente evidencia de los resultados electorales, más deberían llamar las cosas por su nombre y decir que en Venezuela hubo fraude” explicó Broner a Infobae.

Para el sitio independiente venezolano de noticias y análisis Caracas Chronicle, “la apuesta de Maduro es que Lula se aburra y busque otro proyecto para su Nobel de la Paz, y que Petro no tenga más remedio que tragarse la enorme ola de migrantes que está llegando. Por solidaridad izquierdista, Maduro esperará que las relaciones sigan siendo cordiales”. Este análisis también es confirmado por algunas fuentes del gobierno brasileño que dijeron a Infobae que Brasil no romperá con Venezuela como ya lo hizo con países como Rusia o China donde tampoco hay elecciones. En 2018, el gobierno de Michel Temer había tenido un comportamiento diferente al no reconocer la reelección de Maduro, mientras que en 2019 el entonces presidente Jair Bolsonaro reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

En un extenso editorial, el diario O Estado de São Paulo escribe que «un presidente brasileño comprometido con los valores democráticos y los derechos de los venezolanos debería dejar claro que Brasil apoyará la suspensión de Venezuela en los foros de los que es miembro, y también sanciones directas contra los perpetradores de la tiranía. La cuestión es si Lula es suficientemente presidente para ello. La retórica del pragmatismo le ha permitido eludir la respuesta. Pero se acerca la hora de la verdad”. En todo este debate entre los países latinoamericanos del Sur Global, Brasil, sin embargo, echó la cuenta sin la huéspeda, es decir, la oposición venezolana. María Corina Machado, la principal dirigente de Piattaforma Unitaria Democrática, ha dejado claro en varias ocasiones, incluso muy recientemente, que no se puede hablar de nuevas elecciones. “Por favor, ¿en qué cabeza cabe que haya más elecciones?” Sólo queda entonces la ironía del sitio web satírico venezolano El Chigüire Bipolar, que resumió la paradoja de las declaraciones de Lula y Amorim con un solo titular: “Brasil propone repetir elecciones hasta que gane Maduro”.

El encuentro se mantuvo bajo reserva y, para potenciar el golpe de efecto, no fue incluido en la agenda oficial que Carlos Bianco dio a conocer el lunes por la mañana, durante la habitual conferencia de prensa que realiza cada semana en la Casa de Gobierno bonaerense.

“En martes vamos a ir a Brasil para tener tres reuniones muy importantes: Kicillof se reunirá con el vicepresidente Geraldo Alckmin; además será recibido por el ministro de Economía (Fernando Haddad) y por el Canciller (Mauro Vieira)”, detalló ayer el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se guardó la carta fuerte porque nunca dijo que el Gobernador también iba a ser recibido por Lula da Silva.

A pesar de que había sido consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Brasil y el mandatario bonaerense, Bianco optó por hacerse el desentendido: “La agenda que está prevista es la que comente”, respondió de forma escueta. Así se preparó el terreno para darle más fuerza a la foto que se difundió sobre el mediodía de la Argentina.

Por supuesto, la imagen de Lula y Kicillof no es sólo una postal de un encuentro entre dirigentes políticos, también es un golpe sobre la mesa en esta pulseada permanente que el gobernador bonaerense mantiene con Javier Milei. En ese contexto, seguramente generará una reacción en las filas del gobierno nacional.

“En el Palacio do Planalto recibí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más grande de Argentina, Axel Kicillof, junto al ministro Fernando Haddad. Axel también se reunió con el vicepresidente y ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin. La provincia de Buenos Aires es la más grande y más industrializada de Argentina”, informó el mandatario brasileño.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que en el encuentro Lula expresó un “compromiso absoluto de colaboración con la provincia”. En la red social X, el gobernador explicó que el encuentro buscó “fortalecer la articulación entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y poner en común una agenda de inversiones y desarrollo productivo”.

Por su parte, el gobierno de Brasil, en una declaración oficial destacó que el encuentro forma parte de “la diplomacia de América del Sur” y que las reuniones fueron “para tratar asuntos importantes para Brasil y para Argentina”. Fue importante que en la misma mesa donde Lula recibió a Kicillof estuvo sentado Celso Amorim, el alfil más importante en cuestiones regionales que tiene Brasil.

Con Kicillof sí, con Milei no

A diferencia de Kicillof, Lula no aceptó nunca mantener una reunión mano a mano con Javier Milei, quien de hecho viajó a Brasil y estuvo reunido con su archirrival, Jair Bolsonaro, en un encuentro que se realizó en Camboriú, con el foro de la “nueva derecha” global llamado CPAC.

La mala relación política personal entre ambos, de todos modos, no fue un obstáculo para que el gobierno brasileño acepte hace dos semanas extender la protección de diplomática de su bandera a las sedes diplomáticas que tiene Argentina en Venezuela, en una de las cuales -la residencia del Embajador en Caracas- hay seis militantes opositores a Nicolás Maduro en calidad de refugiados. De hecho, ese gesto fue agradecido por Milei al gobierno, pero evitó nombrarlo a Lula.

En el encuentro con Lula, Kicillof repasó las medidas que tomó el gobierno libertario en las últimos meses desde que asumió la presidencia de la Nación, muchas de las cuales perjudicaron fuertemente a la provincia de Buenos Aires. El gobernador viene planteando que Milei busca “castigar” a los bonaerenses por no haberlo votado en ninguna de las tres elecciones que hubo el año pasado y que utiliza los recursos del Estado Nacional para complicar la provisión de bienes y servicios públicos a sus ciudadanos. El mandatario peronista expuso ante Lula el estado de situación financiera que tiene el distrito más grande de la Argentina, pero hasta última hora del martes no hubo anuncios.

Con un nuevo comunicado conjunto, los Gobiernos de Colombia, Brasil y México se refirieron el jueves 8 de agosto a la situación política en Venezuela tras las fallidas elecciones del 28 de julio, en las que fue declarado como ganador el dictador Nicolás Maduro, en medio de fuertes sospechas de fraude en los comicios. Y en perjuicio del opositor Edmundo González, que ha sacado sus propias cifras, y a diferencia de las presentadas por el órgano electoral, lo darían como claro vencedor.

Los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula Da Silva y Andrés López Obrador hicieron una clara petición, una semana después del último pronunciamiento que habían hecho en este sentido, tras el primer encuentro virtual. Los tres países manifestaron en la misiva que consideran “fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) de los resultados de las elecciones presidenciales” de aquella jornada, desglosados por mesa de votación.

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Y remarcaron que, al tomar nota del proceso iniciado ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en torno al proceso electoral, los tres Gobiernos “parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales”. Lo que fue entendido como una especie de “guiño” al pronunciamiento que había hecho en esta misma línea el opositor González, que demandó la misma actuación.

Piden verificación internacional, pero respetando “soberanía” popular de Venezuela

Del mismo modo, los tres países reafirmaron la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, a través de lo que sería la presencia de una veeduría internacional, pero en la que se respete el principio fundamental de la soberanía popular. Con ello, se enfatizó en la necesidad de que se tenga en claro que este es un asunto en la que no puede haber injerencia de otras naciones, sino que corresponde a los actores políticos involucrados resolverlas.

“Además, reiteran el llamado a los actores políticos y sociales del país para que ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones y eventos públicos y a las fuerzas de seguridad del país, para que garanticen el pleno ejercicio de este derecho democrático dentro de los límites de la ley. El respeto a los Derechos Humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”, acotaron en el texto compartido desde los canales oficiales de la Cancillería.

Asimismo, y reiterando el “respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano”, Petro, Lula y López Obrador anunciaron por intermedio de este comunicado que continuarán con conversaciones a alto nivel. “Y enfatizan su convicción y confianza de que las soluciones a la situación actual deben surgir de Venezuela”, se leyó en la misiva, en la que remarcaron la necesidad de disponer esfuerzos de diálogo y entendimiento que contribuyan “a la estabilidad política y a la democracia”.

Este intenso diálogo entre los mandatos de Brasil, Colombia y México es, según sus protagonistas, un reflejo del compromiso de estos países latinoamericanos de buscar salidas negociadas a la crisis. En este orden de ideas, los ministros de Relaciones de los tres países han mostrado un enfoque del más alto perfil diplomático y colaborativo para enfrentar esta situación, en la que destacan la importancia de que sea un proceso electoral transparente y verificable ante el mundo.

El comunicado surgió tras la segunda reunión entre los presidentes, efectuada el miércoles 7 de agosto, vía virtual, en la que se encontraron para continuar dialogando sobre la realidad por la que atraviesa Venezuela y los posibles escenarios que ayuden a entender los reclamos de la oposición y la posición del régimen en mención, que ha arreciado en los ataques a la población civil y ya registra más de 2.000 capturas y más de 30 decesos.

A continuación, el comunicado íntegro de Colombia, Brasil y México sobre la situación en Venezuela:

A una semana del rotundo triunfo de la candidatura de Edmundo Gonzales Urrutia liderada por María Corina Machado sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de Julio (28-J), la libertad de Venezuela se disputa en dos escenarios: el interno, con la prueba documentada de la victoria electoral y movilizaciones populares contra las falsificaciones y la represión criminal; y el internacional, por el reconocimiento del resultado y de González Urrutia como Presidente Electo. Para que Maduro retenga el poder ilegal e ilegítimamente, el socialismo del siglo 21 -bajo mando de la dictadura de Cuba- ha activado su sistema de terrorismo de Estado con envío de grupos de represión en lo interno, y demora y confusión con Lula, López Obrador y Petro en lo internacional.

El dogma de Fidel Castro en su sistema dictatorial es que “el poder no se entrega”. El poder es definitivo e ilimitado en el concepto dictatorial/criminal del castrismo, que se ha expandido en las Américas como socialismo del siglo 21 o castrochavismo con la alianza hecha pública en 1999 cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela y junto con Fidel Castro y Luis Inácio Lula da Silva pusieron en marcha el grupo antidemocrático con discurso antiimperialista. Hoy controlan como dictaduras a Venezuela, Bolivia y Nicaragua y como gobiernos para dictatoriales a México con López Obrador, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Chile con Boric (desmarcado hasta ahora en las elecciones de Venezuela).

Las Américas y el mundo en el siglo XXI no son lo mismo de la segunda parte del siglo XX o de la Guerra Fría en que la dictadura de Cuba irrumpió y ensangrentó la región y el mundo creando guerrillas urbanas y rurales, realizando invasiones e intervenciones sangrientas, organizándose como el primer narcoestado de la región, estableciendo el terrorismo de Estado bajo justificación revolucionaria con presos políticos, torturas, exilio de millones y fusilamientos. Por eso han creado el “sistema de dictadura electoralista en que los pueblos votan pero no eligen”, para aparentar democracia mientras continúan cometiendo los mismos crímenes del castrismo del siglo pasado.

Las elecciones del 28-J en Venezuela, se convocaron y realizaron en el escenario y condiciones de una dictadura electoralista del socialismo del siglo 21, con presos y exiliados políticos, sin estado de derecho, sin separación e independencia de poderes públicos, sin libre organización política, sin ningún elemento esencial de la democracia, con oposición funcional, registro electoral manipulado que impide votar a millones de venezolanos y con autoridades electorales y judiciales títeres. Elecciones en un país cuyo régimen dictatorial operado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino está controlado por la dictadura jefe de Cuba que convirtió a Venezuela -desde la muerte de Chávez- en su principal plataforma o satélite.

Los regímenes del socialismo del siglo 21 no pueden ganar en elecciones libres y limpias, por eso cometen una larga cadena de crímenes para falsificar un resultado que imponen por la fuerza y la violencia. Lo que pasa hoy en Venezuela ya ha sucedido en Bolivia desde la llegada al poder de Evo Morales con la crisis de 2019 y 2020, ya lo vimos en Nicaragua el 2021 y vivió la misma Venezuela. Los dictadores no ganan elecciones porque tienen el repudio popular de alrededor del 80% fundado en la miseria y la desesperación que producen en la gente.

El pueblo venezolano está luchando por la libertad de las Américas, la recuperación de la democracia en Venezuela marca el final de la dictadura de Cuba y la debacle del socialismo del siglo 21. Con la recuperación de la libertad en Venezuela se acaban los financiamientos de campañas electorales espurias y las conspiraciones para debilitar las democracias desde dentro, se termina el soporte para presentar la tortura como acción de liberación de los pueblos, se debilita el crimen organizado que tiene en el territorio venezolano la base más importante de las dictaduras de Rusia, China e Irán y el soporte de las FARC, el ELN y otros para amenazar la paz y seguridad internacionales en el hemisferio.

Los efectos del triunfo del 28-J son vitales para la libertad y devastadores para las dictaduras de las Américas y del mundo, por eso, en lo interno la represión, la violación de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no tienen límite ni clemencia; y por eso en el ámbito internacional han decidido ganar tiempo para torcer la contundente evidencia en espera de que el respaldo y la movilización popular se debiliten.

Para la operación interna, el envío público a Venezuela de tropas especiales de la represión de Cuba (avispas negras y otros) para sostener el terrorismo de Estado y controlar a militares y policías nacionales son un recurso desesperado cuya efectividad tiene como límite la fortaleza del pueblo y el honor de los hombres y mujeres de armas venezolanos.

En el ámbito internacional los operadores de la “estrategia de demora y confusión” son los presidentes de Brasil Lula da Silva, de Colombia Gustavo Petro y de México López Obrador, (todos integrantes del Foro de San Pablo, del Grupo de Puebla y que deben sus posiciones al socialismo del siglo 21), quienes simulando defender la democracia piden una información que conocen y que es de dominio público mundial, para que mientras tanto la violencia criminal someta las movilizaciones populares y terminen en una mesa de negociación legitimando al dictador que se ha robado las elecciones.

Nada nuevo, es el castrismo, socialismo del siglo 21 o castrochavismo, el crimen organizado trasnacional operando para convertir a los criminales en políticos, a los narcos en empresarios, a los terroristas en líderes sociales, a los reos en ganadores de elecciones y a sus víctimas en acusados y culpables de los crímenes de los tiranos.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Los presidentes de Brasil, Colombia y México tienen la responsabilidad de encausar una transición pacífica del poder en Venezuela, partiendo de un hecho incontrovertible y que ellos mismo saben, Edmundo González ganó ampliamente las elecciones y las pruebas son las actas que están cargadas en https://resultadosconvzla.com/.

Es difícil pensar cómo negociar en Venezuela cuando los resultados son tan blancos y negros. No es que el margen es pequeño, es que estamos hablando de una diferencia a favor de María Corina Machado y Edmundo González de casi 4 millones de votos. No es que son sospechas, es que tenemos en este momento más del 80% de las actas y el CNE de Maduro también las tiene, pero se niega a publicarlas. Hasta Cristina Fernández de Kirchner les ha pedido que la publiquen. Por un momento piensen, ¿qué pasaría en cualquier país donde el ente comicial anuncie un resultado sin respaldo? Nadie lo reconocería. Y es precisamente eso lo que está pasando en Venezuela.

El país y el mundo entero vieron lo que ocurrió en Venezuela el pasado domingo. Los ojos de todos presenciaron la gesta libertaria más gloriosa que se haya dado en este siglo en América Latina. Más de 13 millones de venezolanos salieron a votar masivamente para decidir su futuro. Aunque la dictadura de Maduro ha pretendido clausurar lo que sucedió ese día por medio de un fraude monumental, la comunidad internacional, el pueblo venezolano, y María Corina Machado y Edmundo González están decididos a avanzar para que la voluntad popular sea respetada y se inicie cuanto antes una transición pacífica de poder en Venezuela.

A Maduro no le ha quedado otra opción que intentar imponerse por la fuerza. Para el momento en que escribo esta columna, hay más de 19 venezolanos asesinados, cerca de 2,500 detenidos y otros tantos heridos. En tan solo cinco días, la dictadura ha desatado una represión nunca vista sobre miles de manifestantes que salen a la calle, pero también sobre el liderazgo de la oposición. Han secuestrado a dirigentes políticos nacionales, así como a personas que participaron en la elección como miembros de mesa o como testigos. Ni hablar de las amenazas de cárcel que hoy pesan sobre María Corina Machado y Edmundo González por encabezar la resistencia democrática.

Pero la desesperación y la violencia del dictador nacen de un hecho muy concreto: Maduro nunca imaginó que la oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, iba a lograr recopilar las actas de escrutinio de las 30,026 mesas de votación de manera tan rápida. Hoy tenemos 24,532 actas (81.70% del total) en nuestras manos y el resultado es el siguiente: Edmundo González 7,156,462 votos (67%) y el dictador Maduro 3,241,461 votos (30%). Estamos hablando de una diferencia de 37 puntos, que además no son cifras inventadas; son las actas que ellos también tienen y por eso el Consejo Nacional Electoral se niega a publicarlas, a pesar de que todo el país y la comunidad internacional se lo pide a gritos. Esta cifra de 67% coincide con lo que proyectaban las encuestas, pero también con lo que presentaron las exit polls de firmas como Edison Research, una prestigiosa empresa dedicada a realizar estudios a boca de urna en más de 40 países.

De este modo, lo que quiero transmitir es que las matemáticas del 28 de julio en las elecciones venezolanas son incontrovertibles. El fraude que Maduro ha hecho es tan burdo que, en menos de doce horas, obligó a que lo proclamaran como el ganador de la elección, aún sin haber terminado de dar los datos falsos que leyó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que es amigo personal y cómplice de Maduro desde hace muchos años.

Ahora mismo debemos trabajar en tres frentes de manera unida y decidida. En primer lugar, luchar para completar el cien por ciento de las actas; la dictadura debe hacer públicos los resultados, como lo ha pedido toda la comunidad internacional, incluso sus propios observadores internacionales. En segundo lugar, iniciar, como han anunciado María Corina Machado y Edmundo González, una enorme movilización popular a favor de la transición democrática venezolana. Nuestro pueblo está tan harto de la dictadura que, en las últimas horas, ha salido a protestar y a destruir las estatuas de Hugo Chávez. Y, en tercer lugar, es fundamental que la denuncia y el apoyo internacional, que hasta ahora ha exigido poder auditar todas las actas que Maduro esconde, además de construir amenazas creíbles de mayor presión sobre Maduro y su círculo de poder.

El mundo debe entender de una vez por todas que el problema de Venezuela no es simplemente Nicolás Maduro, un dictador en un país de Sudamérica. Se trata del campo abierto en el corazón de América para que, desde Venezuela, la agenda de Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua pueda desarrollarse en la erosión de la democracia en todo el continente y una agenda antioccidental. Venezuela, recordemos, tiene la cuarta parte de las reservas petroleras del mundo y las octavas reservas de gas. Por eso, este cuadrante antidemocrático y antioccidental ve en Venezuela un espacio vital para minar la presencia de los valores occidentales. Además, la continuidad de Maduro será la profundización del éxodo más grande de este continente; se estima que un 20% de los venezolanos abandonaría el país si el dictador se impone por la fuerza.

Llegó la hora de la libertad.

Avanzó en la tarde del jueves 1 de agosto de 2024 la reunión virtual entre el presidente Gustavo Petro, y sus pares Luiz Inácio Lula Da Silva, mandatario de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, de México, y que tuvo como tema central el análisis de la grave situación por la que atraviesa Venezuela; en especial, luego de los comicios del 28 de julio, en los que la oposición denunció fraude en contra de su candidato, Edmundo González.

Petro, que dio la instrucción a su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas, de abstenerse de apoyar la resolución promovida en la entidad sobre la exigencia al dictador Nicolás Maduro a que permita que se conozcan las actas de las elecciones, sostuvo diálogo con dos de sus grandes aliados en la región, que, por el contrario, no respondieron al llamado del secretario de la OEA, Luis Almagro.

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En esta reunión, se dio línea acerca del contenido de un comunicado conjunto en el que sienten su posición sobre lo que ocurrió en la jornada electoral en territorio venezolano y esbocen una hoja de ruta que permitan abordar la problemática en materia política y social en el país vecino, frente a las numerosas movilizaciones en las calles por parte de los simpatizantes de González, y el choque con las fuerzas del orden, que han dejado muertos.

Según se conoció, de parte de los tres países se instó a las autoridades electorales de Venezuela para que “avancen de forma expedita y divulguen públicamente los datos desagregados por mesa de votación”, con el fin de despejar cualquier duda sobre el particular. Y, en especial, cuando la oposición ya relevó el 81,5% de los votos, en los que Edmundo González aventajaría con casi cuatro millones de sufragios a Maduro.

Y, del mismo modo, según indicó por la Cancillería, se elevó un llamado a los actores políticos y sociales de Venezuela “para que ejerzan la máxima precaución y contención en sus manifestaciones y eventos públicos”, con el propósito de evitar una escalada de episodios violentos, como se han registrado tras el anuncio de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que con el 80% decretó como ganador a Maduro con menos del 6% de ventaja.

Aprovechando la cercanía de tipo ideológico entre los tres mandatarios, considerados de vertientes de izquierda, se prevé apostar por el diálogo para la solución de este conflicto, en contraste con la postura manifestada por otros gobiernos de la región, entre ellos los de Panamá, Perú, Chile y Argentina, entre otros, que han sido más radicales e, incluso, han roto relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen venezolano.

En contexto

El encuentro se da un día después de la controversia que generó en el país por la postura de Colombia en la asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando en la votación sobre el proyecto de resolución sobre las elecciones en Venezuela del 28 de julio de 2024, el embajador Luis Ernesto Vargas manifestó que la decisión era la de abstenerse a apoyar la misma; en un voto que pudo ser crucial.

Y, también, luego de los elogios de parte del dictador Maduro hacia el presidente colombiano, durante las declaraciones que dio desde el Palacio de Miraflores., en el que no tuvo problema en llamarlo como un hombre honorable. “Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro, y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino en los asuntos internos de Colombia, nunca”, afirmó el jefe del régimen.

Brasil está en negociaciones con México y Colombia para publicar un comunicado conjunto que exija que Venezuela cuente todos los votos y publique los registros electorales de cada distrito, según dijeron a la agencia Bloomberg dos funcionarios del gobierno brasileño familiarizados con el asunto.

Los ministerios de Relaciones Exteriores de los tres países —todos encabezados por presidentes de izquierda que históricamente han mantenido estrechos vínculos con el venezolano Nicolás Maduro— emitieron declaraciones el lunes en las que se negaron a reconocer el resultado de las elecciones del domingo hasta que Caracas tome medidas para garantizar la transparencia del proceso.

Pero Brasil ve una declaración conjunta de los aliados más cercanos de Maduro en la región como una forma de aumentar la presión sobre su gobierno, que hasta ahora ha ignorado las solicitudes de la oposición venezolana y la comunidad internacional para que se publiquen las actas, dijeron los funcionarios.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva está molesto con la situación en Venezuela y cree que Maduro ha incumplido sistemáticamente sus promesas de transparencia en el proceso electoral, dijeron los funcionarios, que solicitaron el anonimato para discutir el pensamiento del presidente.

Subrayando la insatisfacción, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ordenó al embajador del país en Caracas que no asistiera a una ceremonia celebrada el lunes por el organismo electoral de Venezuela para certificar el resultado. Según un recuento parcial de votos publicado por el Gobierno, Maduro obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% del principal candidato de la oposición, Edmundo González.

Lula dijo la semana pasada que Maduro “necesita aprender: cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas y te preparas para disputar otras elecciones”, y advirtió que el futuro económico de Venezuela depende de una elección limpia con un resultado que la comunidad internacional considere legítimo.

Más temprano este lunes, Brasil pidió una “verificación imparcial de los resultados” de las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela.

En un comunicado divulgado por la cancillería, el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva reafirmó “el principio fundamental de la soberanía popular, a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados” de la votación.

Brasil también afirmó “seguir con atención el proceso de recuento” de votos y saludó “el carácter pacífico de la jornada electoral de ayer (domingo) en Venezuela”.

Brasil “espera, en este contexto, la publicación por el Consejo Nacional Electoral de los datos desagregados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado de la contienda”.

A su turno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a los comicios e hizo una llamado para que se termine el conteo de los votos y así conocer el avance del proceso legal de las elecciones.

“Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cual es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos, si la autoridad electoral confirma esta tendencia nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia”, explicó el mandatario federal.

En la misma línea, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró en la red social X que “la comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso”.

Al respecto, Murillo dijo que Colombia hace “un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”.

Finalmente, el ministro del Gobierno de Petro dijo que los resultados deben “contar con toda la credibilidad y legitimidad posibles para bien de la región y sobre todo, del pueblo venezolano”.

(Con información de Bloomberg)