El emérito vuelve a la comunidad autónoma gallega apenas quince días después de su anterior viaje a España, el primero de 2025, donde llegó a navegar en la ría de Pontevedra con el velero 'Bribon'.

El avión en el que viaja Juan Carlos I tiene previsto aterrizar en Vigo este lunes por la tarde, según fuentes próximas al emérito, para, posteriormente, desplazarse a la localidad turística de Sanxenxo, en la ría de Pontevedra.

La tripulación del 'Bribon' prevé participar en la tercera serie de la Liga Española de la modalidad de 6 metros de eslora, programada del viernes al domingo.

El viernes, en Santander, se celebrará el acto de conciliación entre el emérito y Revilla por la demanda interpuesta por Juan Carlos I por derecho al honor por las "expresiones calumniosas e injuriosas" que entiende que vertió el expresidente de Cantabria contra él en diversos medios de comunicación de mayo de 2022 a enero de 2025.

Además, reclama a Revilla la rectificación de manera pública y por los mismos medios de sus manifestaciones y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados, que, de serle abonados, serán donados a Cáritas.

Podrán acudir ellos mismos o por medio de sus procuradores y, en el caso del expresidente cántabro, su abogado ha confirmado que Revilla sí asistirá al acto.

La semana pasada trascendió que el Tribunal Supremo rechazó una querella interpuesta por un grupo de juristas, en ejercicio de la acción popular, contra el rey Juan Carlos por los mismos presuntos delitos contra la Hacienda Pública respecto a los que la Fiscalía Anticorrupción acordó ya en su día el archivo.

La querella sostenía que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum. EFE

El auto de la Sala Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, acuerda el archivo de las actuaciones, en sintonía con el criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.

Para esta formación, "se repite la jugada que ya se ejecutó hace poco más de cuatro años con la querella presentada por Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas por delitos similares y también con el polémico magistrado Marchena como ponente", señala en un comunicado.

La querella sostenía que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum, que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito.

IU lamenta que "la nueva decisión del TS de dar portazo a investigar si el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, pudo cometer hasta cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública por la gestión de importantes cantidades de dinero a través de estructuras opacas en el extranjero muestra de nuevo el pacto de impunidad que existe a nivel de distintas estructuras del Estado en relación con el ahora rey emérito". EFE

En el punto de mira por sus recientes denuncias contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen por las declaraciones injuriosas y difamatorias que habrían hecho en su contra en los últimos años, el Rey Juan Carlos respira aliviado.

Y es que tal y como hemos conocido este lunes, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la querella que presentaron el pasado noviembre contra el Emérito magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública, rechazando la apertura de una causa penal contra el padre de Felipe VI.

Al igual que concluyó la Fiscalía Anticorrupción sobre la fortuna de Don Juan Carlos -se abrieron diligencias contra el Monarca el 2020, archivándose la causa el 2 de marzo de 2022 tras una "exhaustiva investigación"- el Supremo apunta que o bien no hay delito o bien de haber existido ya ha prescrito, y los pagos que realizó en su día para regularizar su situación fiscal llegaron a tiempo para evitar la apertura de un proceso penal.

La resolución recuerda que la querella sostenía que el Emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum. Y explica que el grupo de juristas querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.

Sin embargo, los magistrados del Supremo sostienen que los hechos investigados ya fueron objeto de archivo razonado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y que la querella presentada no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación porque nada ha cambiado "en términos jurídicos" en los últimos tres años, como señalan en su escrito, para "alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal".

Así, el tribunal concluye que admitir la querella "supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos, así lo ha confirmado la Hacienda Pública, y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito".

El auto enumera las razones por las cuales los hechos no son perseguibles penalmente: en algunos casos por haberse producido la prescripción de los delitos fiscales investigados, en otros porque la regularización tributaria efectuada -aunque con errores formales- tuvo efectos exoneradores conforme al artículo 305.4 del Código Penal, al haberse realizado antes de que existiera un conocimiento formal de las infracciones fiscales obeto de regularización.

Cabe recordar que en marzo de este año, la Fiscalía indicaba que en el decreto de archivo emitido por Anticorrupción se hacía constar que "pese a que la investigación desarrollada (...) no permite ejercitar acción penal alguna contra" el Rey Emérito por, "básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal", fue la actuación de la Fiscalía "la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas". Una cuantía correspondiente, según recordaba, "a las cuotas tributarias adeudadas por Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora".

El auto de la Sala Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, acuerda el archivo de las actuaciones, en sintonía con el criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.

La querella sostenía que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum.

Los querellantes defendían que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito, al tratarse de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.

Sin embargo, el Tribunal Supremo asume el criterio del Ministerio Fiscal, contrario a la admisión de la querella, y señala que los hechos investigados ya fueron objeto de archivo razonado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y que la querella presentada no aporta nuevos datos, pruebas ni documentos que justifiquen reabrir la investigación.

En su auto, considera que “la selección fragmentada e interesada” del decreto de archivo de la Fiscalía “no puede ser ahora la causa determinante de la apertura de un proceso penal contra el aforado. En términos jurídicos, nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”.

Un decreto de archivo -precisan los magistrados- “no puede ser reformateado para hacerle decir lo que no dice, para transmutar las razones del cierre de una exhaustiva investigación en motivos para la apertura de una causa penal”.

El tribunal concluye que admitir la querella “supondría convertir a los querellantes en entusiastas valedores de unos intereses tributarios que ya han sido satisfechos -así lo ha confirmado la Hacienda Pública-, y hacerlo para la persecución de unos hechos que el Ministerio Fiscal considera que conceptualmente no son ya constitutivos de delito”.

Señala que los argumentos por los que la Fiscalía justificó la decisión de archivo de las diligencias abiertas hace dos años son “razonables, coherentes con el resultado de las investigaciones y cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial sobre unos hechos que, ya desde ahora se advierte, en sintonía con el criterio del Fiscal, que no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados”.

El auto enumera las razones por las cuales los hechos no son perseguibles penalmente: en algunos casos por haberse producido la prescripción de los delitos fiscales investigados, en otros porque la regularización tributaria efectuada -aunque con errores formales- tuvo efectos exoneradores conforme al artículo 305.4 del Código Penal, al haberse realizado antes de que existiera un conocimiento formal de las infracciones fiscales objeto de regularización.

Recuerda el tribunal que no cabe abrir un proceso penal por hechos que no alcanzan los umbrales económicos que exige el delito fiscal. Asimismo, invoca también la doctrina consolidada sobre los límites de la acción popular, que no puede sustituir la iniciativa del Ministerio Fiscal ni de los órganos públicos competentes cuando estos han descartado la existencia de delito.

La Sala destaca la imprecisión y falta de claridad que la Fiscalía aprecia en el relato de hechos de la querella. “Estas dificultades formales (…) se hacen todavía más intensas a la vista de la ausencia de toda aportación documental que pueda respaldar los hechos imputados. El relato fáctico se limita a una glosa crítica de las decisiones de la Fiscalía, sin contrarrestar los argumentos que fundamentaron el archivo con algún apoyo documental de contraste”.

Para el tribunal, los querellantes “no rebaten ninguna de estas razones, se limitan a instar de esta Sala que repita la investigación, que reclame todos los documentos que han dado apoyo a la decisión de archivo del Fiscal y que, a partir de ahí, recalculemos los plazos de prescripción o del expediente de regulación”.

La Sala ha estado compuesta por los magistrados Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Palomo, Ana María Ferrer, Vicente Magro, Javier Hernández. EFE