Las piezas aportadas por la fiscalía incluyen audios donde aparecen conversaciones entre agentes y delincuentes, videos de seguimiento y testimonios de supuestas víctimas. Entre los episodios citados figuran asaltos con uso de armas de fuego, filtración de datos sobre rutas financieras y al menos dos homicidios que, según la investigación, estarían relacionados con la organización denominada “Los Piratas”.

Audios que comprometen a miembros del Escuadrón Verde

Las grabaciones difundidas en el reportaje muestran diálogos en los que se coordinan entregas de dinero, asignación de tareas y logística para los golpes. En esos audios se identifican voces atribuidas a policías con acceso a información reservada. La fiscalía señala que esas conversaciones permitieron acreditar la participación de servidores policiales en la estructura delictiva.

Los interlocutores empleaban códigos y referencias a sumas de dinero y vehículos; además, en al menos una pista se menciona una “cama de 140.000 dólares”, frase que aparece repetida en las interceptaciones. Según el material, los miembros de la red actuaban como si prepararan un operativo oficial, pero con fines delictivos.

Casos emblemáticos: cambistas y empresarios asesinados

El reportaje reconstruye hechos concretos vinculados a la banda. El 31 de enero de 2022, un cambista identificado como Hernán Laines fue emboscado tras acudir a una entrega de dinero en un hotel; las cámaras de seguridad registraron el ataque y la posterior ejecución. Asimismo, se relata el homicidio del empresario Jorge D’Ambrosio, agresión que ocurrió en el interior de su vivienda y que conmocionó a la comunidad de Tarapoto.

En ambos episodios, la fiscalía apunta a la existencia de filtraciones desde la propia institución policial: rutas, horarios y montos habrían sido conocidos por la organización antes de los asaltos. Testimonios de familiares incluidos en el reportaje piden justicia y reclaman severidad en las sanciones contra los responsables.

Mecanismo interno: roles, filtraciones y logística

La investigación describe una cadena operativa en la que participan policías en actividad, efectivos retirados y civiles con antecedentes. Algunos oficiales habrían usado sus funciones para obtener datos operativos y facilitar la ejecución de robos. La participación incluye desde el suministro de información hasta la planificación y la acción directa en los hechos.

El material aportado por la fiscalía y mostrado por Cuarto Poder sugiere que los delincuentes tenían acceso a información sensible sobre abastecimientos y movimientos de dinero de negocios locales, entre ellos un grifo que provee a varias patrullas. Esa relación, según la acusación, permitió interceptar fondos que posteriormente eran sustraídos.

Detenciones, delaciones y el avance de la investigación

Tras la acumulación de pruebas, se realizaron operativos simultáneos que derivaron en la captura de un número significativo de implicados. Fuentes judiciales citadas en el reportaje mencionan a veinte policías investigados y a otros cuatro que ya cumplen prisión preventiva por delitos previos en el penal de Tarapoto. Además, la fiscalía reporta la aparición de aspirantes a colaboradores eficaces dispuestos a detallar el funcionamiento de la red.

El expediente fiscal incluye imputaciones por robos agravados, extorsión y homicidios, y utiliza como soporte las escuchas y registros audiovisuales presentados en el reportaje. La pesquisa continúa abierta y, según las autoridades mostradas en las imágenes, se esperan nuevas diligencias para ampliar la identificación de responsabilidades.

‘Los Piratas’ es el nombre con el que las autoridades identificaron a una presunta organización criminal integrada por policías y civiles que, según la Fiscalía, operó durante al menos tres años en la Amazonía peruana. Su centro de operaciones estaba en Tarapoto, pero la red extendió su alcance a Iquitos, Pucallpa, Tocache, Moyobamba y Lima.

De acuerdo con las investigaciones, los miembros de esta organización habrían cometido sicariatos, extorsiones, robos agravados y tráfico de drogas, acumulando más de tres millones de soles en ganancias ilícitas.

Los policías implicados

El mayor escándalo gira en torno a los 12 agentes activos de la Policía Nacional del Perú que formaban parte de la red, entre ellos un capitán y un teniente. Algunos pertenecían al Grupo Terna, una unidad especializada en operaciones encubiertas, y habrían usado sus cargos para proteger a delincuentes, filtrar información de operativos y facilitar extorsiones.

“Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos graves, entre ellos homicidios y extorsiones. Las investigaciones determinarán el nivel de responsabilidad de cada uno de los policías implicados”, informó el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado.

En total, 26 personas están siendo investigadas, aunque aún faltan detener a siete. Según fuentes policiales, su captura sería cuestión de horas.

Los investigados hasta el momento:

• Jarry Ramos Sangama
• Lenin Tapullima Tapullima
• Nicolás Sánchez Moreno
• Gilmer Panduro Sol Sol
• Noe Ruiz Díaz
• Tylza Vallejos Soplin
• Juan Aquino Osorio
• William Ruiz Flores
• Jeniffer Pérez Gaviria
• Julian Dandti Sánchez Pérez
• Erikson Heli Guevara Farfán
• Lenin Cachay Quevedo
• Jarby Leider Bautista Portocarrero
• José Antonio Casimiro Vicos
• Will Admir Ushuñaúa Cabrera
• Yahir Gamonal Barreto
• Carlos Príncipe Gutiérrez
• Gabriel Panduro Silva
• Genix Pedrin Pizango Lancha
• Segundo Vásquez Vásquez
• Edilberto Sánchez Tarrillo
• Roly Coral Rengifo
• Antony García Paredes
• Estanlees Coronel Díaz
• Alex Ever Ramírez Quispe
• Robert Jarry Rengifo Yupe
• Arnold Franz Inga Catpo

El poder de ‘El Empresario’

Uno de los nombres más mencionados en la investigación es el de William Ruiz Flores, conocido como “El Empresario” en Tarapoto. Las autoridades lo señalan como uno de los cabecillas de la red y presunto autor intelectual de un asesinato cometido en 2022.

Ruiz habría cumplido el rol de financista y facilitador logístico, encargándose de lavar el dinero obtenido por los delitos cometidos. En el allanamiento de su vivienda, los agentes incautaron equipos electrónicos, documentos y vehículos que serán analizados para determinar el flujo de dinero ilícito.

Así operaban ‘Los Piratas’

Las investigaciones indican que la red empezó operando en Tarapoto, donde varios de los policías involucrados ofrecían “protección” a empresarios, transportistas y comerciantes locales a cambio de dinero. Quienes se negaban a pagar eran extorsionados o amenazados.

Además, los agentes habrían robado droga incautada durante operativos y la revendían a otros grupos delictivos. También utilizaban información interna de la PNP para identificar objetivos y encubrir a cómplices dentro de la institución.

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), junto a los fiscales de crimen organizado, inició el seguimiento del grupo en 2022 tras detectar un patrón de crímenes con presunta participación policial.

Un operativo sin precedentes en la Amazonía

La madrugada del martes 14 de octubre, tras meses de seguimiento e inteligencia, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un megaoperativo simultáneo en seis ciudades: Tarapoto, Iquitos, Pucallpa, Tocache, Moyobamba y Lima.

Se allanaron 19 inmuebles y se detuvo a 12 policías y 7 civiles, entre ellos “El Empresario”. Todos pasaron por el examen del médico legista y fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a las sedes de la Fiscalía.

Reacciones y próximos pasos

Los detenidos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad y permanecen en custodia mientras se formaliza el pedido de prisión preventiva. La Inspectoría General de la PNP abrió un proceso interno para determinar la responsabilidad administrativa de los agentes implicados, aunque la institución aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.

En las regiones intervenidas, la noticia ha causado indignación y preocupación entre los ciudadanos. “Si los mismos policías están involucrados, ¿en quién podemos confiar?”, expresó una vecina de Tarapoto tras conocer los resultados del operativo.

La Diviac continuará con el análisis del material incautado para identificar a más miembros de la red y esclarecer el grado de participación de los detenidos. Según el Ministerio Público, las próximas horas serán clave para la captura de los siete prófugos restantes.

La medida apunta a un total de 26 personas, incluidos varios oficiales de la PNP como tenientes y capitanes. El coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, precisó que la red delictiva, bautizada como ‘Los Piratas’, es señalada por delitos que abarcan homicidios, extorsiones y robos agravados, además del comercio ilícito de drogas.

“Se han detenido a este momento nueve policías y siete civiles. Esta organización criminal ha cometido una serie de delitos, entre los más graves, el sicariato. Hay varios homicidios. También están vinculados al tema de extorsiones, robo de droga y una serie de delitos más que van a ser materia de investigación”, manifestó Chávez Cotrina a RPP Noticias.

De acuerdo con la información recogida por RPP Noticias, las acciones de captura y allanamiento se ejecutaron al mismo tiempo en ciudades como Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba.

¿Cómo operaban ‘Los Piratas’?

La presunta organización criminal conocida como ‘Los Piratas’ operaba en la región de San Martín y otras ciudades del país, ejecutando actividades delictivas como sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado. El grupo incluía a agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes, junto a civiles, habrían facilitado acciones ilícitas y brindado información desde sus posiciones.

Parte de sus operaciones incluía robo de droga, marcaje y la coordinación de robos y homicidios, involucrando tanto a personal externo como a policías activos y reclusos en el penal de Tarapoto.

La Fiscalía identificó como el autor intelectual a William Ruiz, alias “el Empresario”, quien también fue presidente de la Unión Tarapoto. Las actividades del grupo tenían como finalidad obtener recursos ilegales, sumando más de tres millones de soles provenientes de sus delitos.

La investigación fue iniciada en 2022 donde se evidenció que la banda coordinaba dentro y fuera de los penales, valiéndose de su acceso a información privilegiada.

¿Quiénes son los investigados?

De acuerdo con la tesis fiscal, estos ciudadanos estarían relacionados con la red, por lo cual se ha realizado la intervención. La investigación continúa su curso.

• Jarry Ramos Sangama
• Lenin Tapullima Tapullima
• Nicolás Sánchez Moreno
• Gilmer Panduro Sol Sol
• Noe Ruiz Díaz
• Tylza Vallejos Soplin
• Juan Aquino Osorio
• William Ruiz Flores
• Jeniffer Pérez Gaviria
• Julian Dandti Sánchez Pérez
• Erikson Heli Guevara Farfán
• Lenin Cachay Quevedo
• Jarby Leider Bautista Portocarrero
• José Antonio Casimiro Vicos
• Will Admir Ushuñaúa Cabrera
• Yahir Gamonal Barreto
• Carlos Príncipe Gutiérrez
• Gabriel Panduro Silva
• Genix Pedrin Pizango Lancha
• Segundo Vásquez Vásquez
• Edilberto Sánchez Tarrillo
• Roly Coral Rengifo
• Antony García Paredes
• Estanlees Coronel Díaz
• Alex Ever Ramírez Quispe
• Robert Jarry Rengifo Yupe
• Arnold Franz Inga Catpo

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda (30), el “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua y uno de los autores materiales del secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

La víctima fue plagiada por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño desde su departamento ubicado en la comuna santiaguina de Independencia, a fines de febrero de 2024 y diez días después, su cuerpo fue hallado al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.

La captura de Henríquez Pineda elevó a 12 los detenidos directamente relacionados con el caso y constituye un avance clave en la investigación, la que ha llevado al Ministerio Público chileno ha sostener que el asesinato del malogrado disidente venezolano tuvo un móvil político, tesis que es compartida por el gobierno de Gabriel Boric y que terminó por romper las febles relaciones diplomáticas que quedaban entre Chile y Venezuela.

Su captura

El arresto del “Gordo Alex” se logró la semana pasada en medio de un operativo de Carabineros en la comuna santiaguina de Estación Central, quienes buscaban a los responsables del secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido en Quilicura.

Al revisar los teléfonos de los detenidos, los uniformados se percataron de que uno de ellos era nada menos que uno de los sujetos de interés buscados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de las indagatorias por el crimen de Ojeda.

Henríquez Pineda había salido del país por un paso irregular junto a otros miembros de la banda rumbo a Perú, Colombia y finalmente Venezuela, entre el 27 y el 28 de febrero de 2024, luego del secuestro y antes de que el cuerpo de Ojeda apareciera enterrado el 1 de marzo. Regresó a Chile hace pocos meses, también por un paso no habilitado, con la misión de rearticular a “Los Piratas”, y trabajaba sin papeles como maestro de sushi de día, a modo de fachada.

“Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura transnacional“, aseguró el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana.

El persecutor explicó que el “Gordo Alex” fue uno de los falsos policías que entraron al edificio de Ronald Ojeda en la comuna de Independencia y se lo llevaron en calzoncillos, la noche del 21 de febrero del año pasado.

“Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases, entre ellas la ubicación, el secuestro, el traslado, el cautiverio y por último la muerte de esta víctima y la inhumación ilegal”, aclaró Barrientos.

“En una de esas fases es donde es autor material este último detenido y sería en la fase del secuestro, particularmente“, agregó.

El fiscal regional coordinador ECOH Metropolitano, Héctor Barros, informó por su parte que, tocante a los autores intelectuales del asesinato, “ahora lo que tenemos es una información que está incorporada en la investigación penal que da cuenta de los encargos que han hecho. Cuando existan antecedentes que a juicio nuestro ameriten una formalización o una orden de detención, obviamente se va a realizar como en cualquier otro caso”.

Cabe recordar que de 12 detenidos directamente relacionados con el crimen de Ojeda, cuatro se encuentran en el extranjero, a saber: Adrián Gámez -“El Turco”-, detenido en Estados Unidos; y Luis “Gocho” Carrillo, Carlos “Bobby” Gómez y Dayonis “El Boti” Orozco, cuya extradición desde Colombia se encuentra en proceso.

Ojeda fue plagiado por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño desde su departamento ubicado en la comuna santiaguina de Independencia, a fines de febrero de 2024 y diez días después, su cuerpo fue hallado al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.

La captura de Henríquez Pineda constituye un avance clave en la investigación, la que ha llevado al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público ha sostener que el crimen del malogrado disidente venezolano tuvo un móvil político, tesis que es compartida por el gobierno de Gabriel Boric y que terminó por romper las febles relaciones diplomáticas que quedaban entre Chile y Venezuela.

La captura

El arresto del “Gordo Alex” se logró en medio de un operativo de Carabineros en la comuna santiaguina de Estación Central, quienes buscaban a los responsables del secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido en Quilicura la semana pasada.

Al revisar los teléfonos de los detenidos, los uniformados se percataron de que uno de ellos era nada menos que uno de los sujetos de interés buscados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de las indagatorias por el crimen de Ojeda.

Henríquez Pineda había salido del país por un paso irregular junto a otros miembros de la banda rumbo a Perú, Colombia y finalmente Venezuela, entre el 27 y el 28 de febrero de 2024, luego del secuestro y antes de que el cuerpo de Ojeda apareciera enterrado el 1 de marzo. Regresó a Chile hace pocos meses, también por un paso no habilitado, con la misión de rearticular a “Los Piratas”, y trabajaba sin papeles como maestro de sushi de día, a modo de fachada.

“Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura transnacional“, aseguró el jueves el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana.

El persecutor explicó que el “Gordo Alex” fue uno de los falsos policías que entraron al edificio de Ronald Ojeda en la comuna de Independencia y se lo llevaron en calzoncillos, la noche del 21 de febrero del año pasado.

“Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases, entre ellas la ubicación, el secuestro, el traslado, el cautiverio y por último la muerte de esta víctima y la inhumación ilegal”, aclaró Barrientos.

“En una de esas fases es donde es autor material este último detenido y sería en la fase del secuestro, particularmente“, agregó.

Por su parte, el fiscal regional coordinador ECOH Metropolitano, Héctor Barros, informó que Henríquez Pineda es el detenido número 12 en la causa del crimen contra el disidente venezolano, y que su formalización se llevará a cabo este lunes a primera hora.

Tocante a los autores intelectuales del asesinato, Barros indicó que “ahora lo que tenemos es una información que está incorporada en la investigación penal que da cuenta de los encargos que han hecho. Cuando existan antecedentes que a juicio nuestro ameriten una formalización o una orden de detención, obviamente se va a realizar como en cualquier otro caso”, indicó.

La conexión con Diosdado Cabello

Cabe recordar que según la declaración de un testigo protegido, la orden de matar al malogrado disidente venezolano provino directamente de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro.

Dicho testigo sostuvo que Rafael Gámez Salas, alias “El Turco”, líder principal de “Los Piratas” y autor intelectual del crimen-, recibió de Carlos “Bobby” Gómez la “confianza” para “hacer un trabajo complejo de concretar”.

A su vez, Carlos “Bobby” habría sido contactado por el jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor “El Niño” Guerrero -actualmente prófugo- quien cerró el trato con Diosdado Cabello y dio curso a la operación.

El testigo protegido señaló además que, una vez realizado el “trabajo”, Cabello hizo el pago de la suma acordada a Guerrero en el Perú, pero que varios de los involucrados quedaron con las manos vacías, puesto que el dinero “quedó arriba” y no chorreó como manantial hasta los soldados hoy formalizados.

Cabe señalar que dicho testigo protegido era el encargado de proveer los automóviles con los que “Los Piratas” de Aragua cometían sus delitos y es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.

“El Turco” fue arrestado en Estados Unidos, mientras que Carlos “Bobby” Gómez y otro sujeto identificado como Larry “Changa” Álvarez fueron detenidos en Colombia y están en proceso de extradición.

Asesinato político

Tras la detención del “Gordo Alex”, el fiscal Barros reafirmó su tesis de que el crimen de Ronald Ojeda fue un “hecho político”, tal como señaló taxativo a inicios de este año su jefe, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien indicó que “hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.

“Al Tren de Aragua tenemos que verlo como una organización que comete no solo un tipo de delito o no se especializa en solo un delito: se especializa en la trata de personas, en la explotación sexual, en el tráfico de drogas, en los secuestros y en los homicidios”, complementó Barros.

Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que “el perfil de esta persona es muy relevante para explicar la forma y modo en que se cometió ese crimen (...) hemos tenido casos de secuestro con homicidios y en los cuales han participado organizaciones similares a estas. Pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este”, agregó.

Según la autoridad, el gobierno chileno respalda la tesis de un crimen político del Ministerio Público, toda vez que el malogrado ex militar era buscado por el régimen de Maduro.

“Por cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, nosotros hemos solicitado como Estado las respectivas extradiciones”, agregó.

Finalmente, recordó que bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua “una vez que se desbaratan, se rearticulan en estructuras de menor experiencia”.

Así las cosas, las indagatorias por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda terminaron por quebrar las casi nulas relaciones entre Chile y Venezuela que quedaban tras el cierre de la embajada chilena en Caracas, después de que el presidente Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Gobierno de Gabriel Boric reafirmaron su tesis de que el secuestro y crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda fue un “hecho político” tras la reciente captura del “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua, señalado como uno de los autores materiales del hecho ocurrido a fines de febrero de 2024.

Cabe recordar que Ojeda fue plagiado por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño desde su departamento ubicado en la comuna santiaguina de Independencia, a fines de febrero de 2024. Días después, su cuerpo fue hallado al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.

Este jueves, en un punto de prensa, el fiscal ECOH Metropolitano, Héctor Barros, aseguró que “nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que es un hecho político“, tal como sostuvo a inicios de este año su jefe, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien indicó que “hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.

“Al Tren de Aragua tenemos que verlo como una organización que comete no solo un tipo de delito o no se especializa en solo un delito, se especializa en la trata de personas, en la explotación sexual, en el tráfico de drogas, en los secuestros y en los homicidios”, agregó el persecutor.

El perfil del “Gordo Alex”

Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el trabajo de las policías y el Ministerio Público en la captura del “Gordo Alex” la madrugada de este jueves, en la comuna de Estación Central, durante un allanamiento realizado en el marco de otra causa relacionada con el secuestro de un empresario el pasado 7 de agosto.

“El perfil de esta persona es muy relevante para explicar la forma y modo en que se cometió ese crimen (...) hemos tenido casos de secuestro con homicidios y en los cuales han participado organizaciones similares a estas. Pero de la forma y estructura en cómo se ejecutó, la logística que se utilizó, los medios que tenían a su disposición, no tenemos un caso similar a este”, agregó.

Según la autoridad, el gobierno chileno respalda la tesis de un crimen político del fiscal Barros, toda vez que el malogrado exmilitar era buscado por el régimen de Maduro.

“Por cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, nosotros hemos solicitado como Estado las respectivas extradiciones”, agregó.

Finalmente, recordó que bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua “una vez que se desbaratan, se rearticulan en estructuras de menor experiencia”.

Las indagatorias por el secuestro y homicidio del ex militar han deteriorado las relaciones entre Chile y Venezuela. La dictadura venezolana evidenció la ruptura entre ambos países y solicitó el cierre de los dos consulados chilenos en el país caribeño “como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas” entre Santiago y Caracas.

Sin embargo, en la práctica, los vínculos estaban rotos desde agosto del año pasado, cuando Maduro ordenó la salida de la diplomacia y cerró la embajada chilena en Venezuela después de que Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio de 2024.

Caracas, 24 ene (EFE).- El titular del Ministerio de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, recordó este viernes que la Administración de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Chile en agosto de 2024, luego de que la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá, dijera hoy que el Ejecutivo de Gabriel Boric no romperá relaciones con el país caribeño.

En su canal de Telegram, Gil recordó que Venezuela rompió "toda relación" con el Gobierno de Chile y retiró a su personal venezolano del país austral, luego de que Boric no reconociera a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales del 28 de julio, como proclamó el Consejo Nacional Electoral, una victoria que la mayor coalición opositora considera fraudulenta.

"Mientras el gobierno imitador de Sebastián Piñera no asuma un papel digno y de respeto a nuestro país, no habrá ninguna relación posible", reiteró Gil.

Más temprano, Tohá insistió que el Ejecutivo chileno no romperá relaciones con Venezuela pese a que la Fiscalía apunta a la Administración de Maduro como presunto responsable del asesinato, en febrero pasado, del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago.

"El gobierno de Chile no está de acuerdo con este método. Creemos que el día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia ni se facilitan las investigaciones", indicó la secretaria de Estado.

Al romper relaciones diplomáticas, subrayó Tohá, "no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano".

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó el jueves que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del Gobierno venezolano y que al menos uno de ellos señala que "el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello", actual ministro de Interior venezolano.

La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un "móvil político", es avalada también por el Gobierno de Boric, que en el último tiempo ha endurecido su posición en contra Maduro.

Disidente del chavismo y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.

Al menos cuatro personas fueron detenidas el miércoles pertenecientes al grupo Los Piratas, una facción de la banda trasnacional Tren de Aragua, vinculada con el asesinato del exmilitar.

El Tren de Aragua, una organización criminal nacida en la prisión venezolana de Tocorón, se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. EFE