La proliferación de once bandas criminales en el departamento del Atlántico provocó un recrudecimiento del crimen, especialmente en el centro y norte del territorio.

Debido a esta problemática, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presidió un consejo de seguridad en Baranoa el viernes 17 de abril, en el que anunció la adopción de nuevas estrategias para frenar los homicidios y la extorsión, dos delitos que han puesto en alerta roja a los municipios afectados por la disputa territorial de grupos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes.

“A pesar de estos esfuerzos, sigue persistiendo la amenaza, generando homicidios con incremento significativo en varios municipios”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez indicó que la principal causa del incremento de la violencia es la disputa por economías ilegales, a pesar de que el departamento carece de cultivos ilícitos, lo que obliga a repensar los mecanismos de prevención y reacción del Estado.

La situación de orden público se agrava en un corredor que incluye municipios como Sabanalarga, Sabanagrande, Usiacurí y Juan de Acosta.

Según datos presentados por Sánchez en el consejo de seguridad, los homicidios han experimentado un “incremento significativo en varios municipios”, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado durante el año, como los dos consejos de seguridad celebrados previamente.

El ministro precisó: “Esta es la quinta reunión que realizamos, en la cual hemos adquirido 38 compromisos con un cumplimiento del 83%. Durante este año ya hemos desarrollado dos consejos de seguridad”. Sin embargo, reconoció la persistencia de la amenaza debido a enfrentamientos entre bandas y a patrones de reincidencia en las víctimas, algunas con antecedentes judiciales.

“Los más peligrosos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros 11 grupos delincuenciales con incidencia en seis municipios”, afirmó el ministro de Defensa.

El recrudecimiento de la violencia se explica, de acuerdo con Sánchez, por la “codicia criminal” de grupos provenientes de otras regiones del país, que buscan controlar las rentas derivadas del microtráfico, la extorsión y el contrabando.

El ministro subrayó que, si bien en Atlántico no existen cultivos de coca, “sí hay consumo de cocaína” proveniente del Catatumbo y de marihuana procedente del Cauca, lo que genera impactos en el entorno local por la llegada y redistribución de estas sustancias ilícitas.

El enfrentamiento entre bandas ha derivado en un alza palpable de delitos graves, como asesinatos y extorsiones. Según el alcalde de Polonuevo (Atlántico), Óscar Javier Avilés Oliva, en declaraciones a El Heraldo, “estamos viviendo un pico de violencia en estos territorios y todo el departamento se encuentra en alerta roja”.

Tres estructuras –el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes– lideran la disputa territorial y han incrementado la presión sobre comerciantes. “Hay personas que prefieren cerrar porque no tienen cómo pagar. Esto está golpeando fuertemente a los municipios”, afirmó el alcalde.

La preocupación de las autoridades se incrementa ante el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

En Polonuevo se han registrado detenciones de jóvenes vinculados a estructuras delincuenciales, una problemática vinculada a los escasos recursos y oportunidades en la región.

Los alcaldes solicitaron una intervención integral del Gobierno Nacional y, aunque reconocen ciertos avances como el aumento del pie de fuerza y nuevos operativos, insisten en la insuficiencia de estas medidas para contener la escalada.

El consejo de seguridad concluyó con el anuncio de varias acciones concretas. Sánchez detalló la ampliación de la “cápsula operacional” con dos nuevas unidades de Policía Judicial y una coordinación más estrecha con la Dijín, Dipol y Gaula.

Además, anunció que las recompensas serán recategorizadas “para facilitar la captura de criminales” y que se evaluará el proyecto de construcción de una estación de Policía en Baranoa, que fortalecería la presencia estatal en el corredor más afectado.

En materia preventiva, se acordó crear una línea de prevención articulada entre el Icbf, la Gobernación, los mandos militares y la ciudadanía, para reducir el ingreso de menores y jóvenes al mundo de la violencia. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dijín revisarán la eficiencia del sistema judicial en casos de reincidencia.

Sánchez enfatizó la necesidad de colaboración ciudadana y anunció la articulación con el Ministerio de Justicia para la instalación de inhibidores de señal en los penales, con el objetivo de cortar la comunicación de los líderes criminales privados de libertad, sin afectar a las comunidades colindantes.

Las autoridades y gobiernos municipales subrayaron que, mientras las medidas de seguridad y justicia continúen intensificándose, la presión de los grupos criminales sobre los municipios y su población persiste, con consecuencias directas en la seguridad ciudadana, la economía y la posibilidad de desarrollo regional.

Tras la fuga de Pablo Escobar de La Catedral, el cartel de Cali se unió con los hermanos Castaño y otros capos para conformar Los Pepes, que tenían como objetivo dar de baja al máximo cabecilla del cartel de Medellín.

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El 2 de diciembre de 1993, Escobar murió en el tejado de una vivienda del barrio Los Olivos, en Medellín. Sobre su deceso hay diferentes historias, puesto que las autoridades se atribuyen el hecho, lo mismo que Los Pepes, mientras que los familiares del antioqueño aseguran que se suicidó.

Sin certezas sobre lo registrado en esa jornada, una de las claridades del caso es que el cartel de Cali y los demás enemigos de Pablo Escobar lograron interceptar las comunicaciones del mafioso, algo sobre lo que no se ha revelado mucho hasta el momento.

Heredero del cartel de Cali anunció un documental sobre la casería contra Pablo Escobar

En su cuenta de Instagram, Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, fundador del cartel de Cali que falleció en una prisión de Estados Unidos en 2022, decidió hablar sobre qué pasó con las grabaciones que su familia tenía sobre Pablo Escobar.

Mondragón indicó que todo el material está en poder de sus primos, hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, preso en Norteamérica, y anticipó que están realizando un documental al respecto.

“Lo tenía el cartel de Cali porque él también mandaba VHS y filmaciones. Todo este material está en poder de los hijos de mi tío Miguel. Ellos sacarán un documental que se hará y se llamará Los caballeros de Cali; allí se narrará todo lo que pasó durante la persecución del cartel de Cali contra Pablo Escobar”.

En la publicación, el hijo del “Ajedrecista” mencionó otros aspectos del material interceptado de Pablo Escobar, asegurando que la organización criminal fue clave para identificar la ubicación del capo antioqueño y no las autoridades.

“La caída de Pablo Escobar no fue solo el resultado de una ofensiva militar; fue, ante todo, una victoria de la inteligencia técnica. Durante años, el cartel de Cali operó la red de interceptación y espionaje más avanzada de la época, logrando capturar cada movimiento del cartel de Medellín. Esta superioridad tecnológica permitió a “La Corporación” anticipar atentados y rastrear los hilos de poder que sostenían a Escobar cuando las autoridades oficiales aún estaban a ciegas”.

Fernando Mondragón afirmó que las grabaciones que tienen sus primos serán el tema principal del largometraje, del que entregó pocos detalles.

“Este invaluable acervo histórico, compuesto por miles de cassettes, cintas VHS y grabaciones Beta, contiene las comunicaciones reales de Escobar y la bitácora de su declive. Actualmente, este material estratégico permanece bajo custodia de los hijos de mi tío, Miguel Rodríguez Orejuela, y será el eje central del documental”.

Por último, Mondragón mencionó las producciones que se han hecho sobre la vida de Pablo Escobar, asegurando que las grabaciones que tiene su familia van a desmentir todo lo que se ha afirmado sobre la muerte del capo del cartel de Medellín y la verdadera participación que tuvieron Los Pepes en este hecho.

“En esta producción, se desclasificará por primera vez el registro forense de la persecución y los audios originales que desmantelan las versiones distorsionadas de la televisión”.

Hay preocupación en el departamento del Atlántico, después de que empezara a circular un panfleto que amenaza a varios creadores de contenido de la ciudad de Barranquilla, al parecer, por apoyar negocios que estarían al servicio de la banda Los Pepes.

Mientras la autenticidad del documento sigue sin confirmarse, la alarma crece en una comunidad acostumbrada a la presencia constante de grupos criminales y a la incertidumbre sobre la seguridad cotidiana.

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La aparición del panfleto, que menciona a los creadores de contenido Omi Camacho, Danny Amaretto, Juan Pablo Puente, Linda Yepes, Andrés de la Rosa y Juancho, ha provocado una ola de preocupación entre seguidores y vecinos de Barranquilla.

“Comunicado a la opinión publica y creadores de contenido de Barranquilla y el Atlántico a partir del momento esos creadores de contenido que se la pasan incitando peleas y apoyando a los negocios de los pepes son declarados objetivo militar de nuestra organización las siguientes personas serán atacadas sin importar quien caiga”, se lee en la amenaza.

El documento, atribuido al grupo delincuencial Los Costeños bajo la facción Bloque Resistencia Caribe, declara a los creadores como “objetivos militares” y les prohíbe seguir trabajando en la ciudad.

El mensaje, que circula desde hace horas por redes sociales y cadenas de mensajería, advierte con frases como “si se creen muy machos, que se compren una pijama de palo”, haciendo referencia a una amenaza de muerte.

La mayoría de los influencers señalados produce contenido en Barranquilla, aunque figuras como “El Mundo de Juancho” son originarias de Cartagena.

Hasta el momento, solo Linda Yepes ha respondido públicamente a través de su cuenta oficial. En su publicación, desmintió las amenazas y pidió tranquilidad a sus seguidores. Las autoridades, por su parte, no han confirmado la procedencia del panfleto ni su vínculo real con estructuras criminales.

“No los queremos ver grabando videos ni en la ciudad ya lo saben y si se creen tan machos compren una piyama de palo (sic)”, culmina la amenaza.

Durante los últimos meses, Barranquilla ha visto cómo la criminalidad utiliza panfletos para amedrentar a sectores sociales, comerciantes e incluso profesionales de la salud.

Uso de panfletos como herramienta de intimidación

La circulación de estos mensajes intimidatorios ha dejado una huella psicológica en barrios del sur y suroccidente, donde muchas veces resulta imposible distinguir entre amenazas reales y actos de desinformación.

Según se ha informado, la estrategia de los panfletos se ha intensificado desde que terminó un cese de hostilidades temporal entre Los Costeños y Los Pepes, dos de las principales organizaciones criminales en disputa por el control de la ciudad.

En enero de 2026, tras el fin de esa tregua, se han reportado múltiples panfletos de ambos bandos. Algunos van dirigidos a presuntos colaboradores, otros buscan intimidar a comunidades enteras.

Las autoridades han identificado a alias Castor como líder de Los Costeños/Bloque Resistencia Caribe, grupo señalado en recientes ataques armados y explosivos.

Este escenario ha profundizado el clima de inseguridad. Residentes y comerciantes viven bajo el temor de que cualquier señalamiento público o vínculo comercial pueda convertirlos en objetivo de alguna estructura criminal.

La respuesta de las autoridades ante estos episodios ha sido pedir a la población no difundir información sin verificar y reportar cualquier intimidación a las líneas oficiales del Gaula y la Policía. Insisten en que algunos panfletos anteriores terminaron siendo apócrifos, aunque la sensación de amenaza permanece.

Actualmente, no existe una certeza sobre si se trata de una amenaza real, una maniobra de desinformación para sembrar miedo o parte de la guerra propagandística entre los grupos rivales.

El episodio se produce en un contexto de deterioro de la seguridad en Barranquilla. Los ataques armados, explosiones y tiroteos han sido recurrentes, con hechos recientes como el ataque explosivo cerca de la cárcel Distrital El Bosque.

Durante el martes 3 de febrero de 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el arroyo El Salao, que se encuentra ubicado bajo el puente de la calle 63 con carrera 22 en el barrio Las Moras del municipio de Soledad (Atlántico), hecho que causó alarma entre los habitantes desde las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo ocurrido, los vecinos que transitaban por el sector alertaron a la Policía sobre la presencia de lo que parecía ser un cadáver envuelto en sábanas blancas, lo que desató todo un operativo para determinar qué había ocurrido en el lugar.

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Hasta la zona se desplazaron peritos forenses de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla que confirmaron que el cuerpo no tenía cabeza ni extremidades superiores, por lo que su identificación tardaría un poco más de lo habitual.

Del mismo modo, se comunicó que los restos y las extremidades inferiores fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la verificación de su identidad, de acuerdo con lo que detallaron los medios locales.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Wilson Alexander Meléndez Marquina, de 21 años, de nacionalidad venezolana y dedicado al reciclaje, conocido como alias El mono, según lo reportado por las autoridades policiales en declaraciones recogidas por Zona Cero.

Minutos después del primer hallazgo, fue localizada la cabeza de la víctima en el sector Las Moras Etapa I, en el mismo barrio, lo que ayudó a avanzar en el proceso de identificación y demostró que el caso fue cometido con sevicia, por lo que los habitantes de la zona piden una exhaustiva investigación para encontrar a los responsables del hecho.

Las primeras pesquisas apuntan a que el crimen ocurrió en una zona que cuenta con presencia de la banda criminal Los Pepes, así que recaen sospechas de este caso en especial. Por ahora, las autoridades continúan con las averiguaciones para esclarecer los motivos y encontrar a los responsables.

Inseguridad en Atlántico

El aumento de homicidios en los municipios del área metropolitana de Barranquilla durante enero de 2026 reflejó el impacto de disputas entre bandas criminales, tras la ruptura de la tregua entre Los Costeños y Los Pepes, el 20 de enero, según datos de la Policía Nacional y Medicina Legal.

Las autoridades atribuyeron la mayoría de estos crímenes a ajustes de cuentas asociados al control del microtráfico y la extorsión, una dinámica que intensificó la sensación de inseguridad en la región.

El 28 de enero se identificó como el más violento del mes con siete homicidios: tres en Malambo y cuatro en Soledad. Las estadísticas oficiales revelaron que Soledad encabezó la lista al registrar 28 homicidios, lo que representa un incremento de seis casos respecto al mismo mes de 2025. Mientras tanto, Malambo presentó 6 asesinatos, 5 más que en enero del año anterior. Por su parte, Galapa y Puerto Colombia notificaron 4 homicidios cada uno, cifra que supera los registros del año pasado.

La información recolectada por Zona Cero indicó que 72 de los homicidios se ejecutaron bajo la modalidad de sicariato, 5 ocurrieron durante riñas, 2 durante atracos y cinco en otras circunstancias.

La suma de los homicidios de Barranquilla y los de su área metropolitana arrojó un saldo de 84 asesinatos durante enero de 2026. La capital reportó 42 muertes, lo que hizo que tanto Barranquilla como sus municipios aledaños concentraran casi el 50% de los casos del área metropolitana. Este total representa un incremento de 11 homicidios respecto a enero de 2025, cuando la cifra fue de 73.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Malambo convocó un Consejo de Seguridad junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla para analizar la situación y determinar un aumento del pie de fuerza. Se implementaron campañas preventivas bajo la coordinación de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, así como la colocación de puestos de control conjuntos entre la Policía y el Tránsito Municipal para la inspección de vehículos, motocarros y mototaxis.

Ante la situación se pronunció Augusto Rivero, secretario de Gobierno, que indicó lo siguiente: “Estamos garantizando a la comunidad que la percepción de seguridad va a regresar. Hacemos un llamado a la tolerancia y la prudencia, e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho a través de las líneas institucionales de la Policía Nacional 123 o directamente en la Fiscalía que funciona dentro del municipio de Malambo”.

Una explosión alarmó a residentes y visitantes la tarde del lunes, 2 de febrero, cerca de la cárcel Distrital El Bosque en el sur de Barranquilla.

Dos individuos en motocicleta lanzaron una granada en el área de parqueaderos y huyeron del lugar, lo que generó pánico y agudizó la tensión en la zona.

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Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Barranquilla investigan el hecho. La principal hipótesis vincula el ataque con la banda criminal Los Costeños, conocida también como Bloque Resistencia Caribe y encabezada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

Semana indicó que la investigación se centra en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los autores de la huida.

La disputa entre Los Costeños y Los Pepes, agrupación liderada por Digno Palomino, es el trasfondo de esta nueva oleada de violencia.

La llegada reciente de miembros de Los Pepes a la cárcel El Bosque avivó la rivalidad, ya que, tradicionalmente, Los Pepes permanecen en La Modelo y Los Costeños en El Bosque. Esta pugna interna por el control carcelario ha propiciado episodios violentos consecutivos.

La víspera del atentado, el domingo 1 de febrero, se produjo otro ataque en el sector. Hombres armados en motocicleta dispararon contra las personas que acudían a visitar a internos, entre ellos varios menores de edad. Después de ese hecho, la Policía reforzó los controles en la zona para evitar nuevos actos violentos, aunque los esfuerzos no lograron impedir el ataque explosivo del día siguiente.

Un panfleto con la firma de Los Costeños circuló en redes sociales tras la explosión, lo que refuerza la hipótesis policial en torno a la autoría del atentado. Sin embargo, las autoridades aún no han expresado una confirmación oficial.

La investigación se mantiene activa bajo la supervisión de la Policía local y de entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Barranquilla.

El reciente incremento de violencia en el sur de Barranquilla ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada las 24 horas para recibir información confidencial y así prevenir nuevos hechos violentos en la ciudad y su área metropolitana.

El presidente Petro ordena suspender traslado de criminales a cárcel de Barranquilla

El presidente Gustavo Petro anunció, el 16 de enero del 2026, la suspensión del traslado de criminales vinculados a las bandas Los Costeños y Los Pepes hacia la penitenciaría El Bosque en Barranquilla, argumentando que esta decisión responde a la necesidad de proteger a la ciudadanía y no pone en riesgo los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

La orden de detener el operativo, que incluía el movimiento de 45 miembros de Los Costeños y 7 de Los Pepes, entre ellos sus líderes, fue entregada apenas 24 horas antes de la fecha reprogramada, lo que alteró toda la logística prevista. El traslado tenía como objetivo avanzar en el proceso de desarme de más de 4.000 integrantes de bandas tras el cese al fuego acordado en septiembre de 2025.

Petro indicó en su cuenta de X que el proceso de diálogo y represión ha permitido una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla, pero advirtió: “El proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana“. Además, sostuvo que la mediación seguirá a cargo del padre Cirilo, a quien describió como un referente por su labor solidaria.

El mandatario respondió a las críticas del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien manifestó su preocupación por la llegada de más de 40 delincuentes —incluyendo a alias Digno, Castor y el Negro Ober— a cárceles que, según él, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad. Char afirmó: “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde“.

Un ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo 25 de enero de 2026 en el barrio Las Moras, municipio de Soledad, Atlántico, dejó como saldo la muerte de un joven de 22 años y dos personas lesionadas.

La víctima fatal fue identificada como John Leider Montes Mallarino, mientras que los heridos responden a los nombres de Willinton José Ortiz Manjarrez, de 26 años, y John Freddy Hernández Acosta, de 23.

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Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró hacia las 2:00 a. m., cuando las tres víctimas departían en la terraza de un apartamento.

En ese momento, un individuo se aproximó a pie, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el grupo. Tras realizar los disparos, el agresor huyó rápidamente del lugar y, según versiones preliminares, abordó una motocicleta para escapar.

El estruendo de las detonaciones alarmó a los habitantes del sector, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron de inmediato al Hospital Universidad del Norte. Pese a los esfuerzos médicos, John Leider Montes Mallarino falleció minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Los otros dos jóvenes permanecen bajo observación médica y su estado de salud es reservado, según informaron fuentes hospitalarias.

Agentes de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) acudieron al sitio para adelantar las labores de inspección y recolección de pruebas.

Uno de los sobrevivientes relató a las autoridades que el ataque ocurrió mientras compartían bebidas alcohólicas, cuando “hizo presencia un hombre que disparó”.

Las primeras hipótesis manejadas por la Policía apuntaron a una confrontación entre estructuras delictivas conocidas como Los Pepes y Los Costeños, organizaciones que se disputan el control territorial y la venta de estupefacientes en la zona.

Las autoridades señalaron que el barrio Las Moras se encuentra bajo la influencia de Los Costeños, grupo que mantiene presencia activa en diferentes sectores del municipio.

El caso sigue en investigación, mientras la Policía Metropolitana de Barranquilla refuerza los operativos en Soledad ante la escalada de violencia asociada a disputas entre bandas.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la identificación y captura de los responsables de este hecho, que vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad en el área metropolitana.

Hombre fue asesinado tras fin de tregua entre bandas criminales en Barranquilla

Un nuevo hecho violento sacudió la noche del sábado 24 de enero de 2026 en el barrio Rebolo, suroriente de Barranquilla, cuando un hombre fue asesinado a balazos mientras permanecía en una terraza junto a su esposa.

La víctima, identificada como John Jairo Villafañe Villa, de 29 años, fue abordada por un sujeto a pie que lo llamó por su nombre antes de dispararle al menos tres veces en la cabeza. La mujer que lo acompañaba resultó ilesa.

El ataque se produjo alrededor de las 8:40 p. m. en la calle 28 con carrera 34. Testigos afirmaron que, tras los disparos, el agresor huyó rápidamente del sector.

Los presentes intentaron auxiliar a la víctima, pero al verificar que no tenía signos vitales, permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Barranquilla inició de inmediato la investigación, asignando el caso a detectives de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín).

Los primeros indicios apuntan a una posible conexión con la disputa territorial entre las bandas criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes, quienes se enfrentan por el control del microtráfico en la zona.

El contexto detrás de este crimen se enmarca en el reciente fin de la supuesta tregua establecida entre ambas organizaciones, lideradas por Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

El acuerdo, que concluyó el pasado 20 de enero de 2026, precedió a un aumento de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana, generando preocupación en la comunidad y las autoridades locales.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que debió “pararse firme” para impedir el traslado de los líderes de Los Costeños y Los Pepes a cárceles de la ciudad, en una decisión que causó un fuerte cruce entre las autoridades locales y el Gobierno. El mandatario distrital insistió en que su administración no permitirá que este tipo de decisiones afecten la seguridad de los barranquilleros y cuestionó el manejo del caso por parte del Ejecutivo, en su estrategia de Paz Urbana.

Durante la entrega de un nuevo CAI de la Policía Nacional en el barrio Alboraya, Char reiteró su rechazo a la posibilidad de que Javier Enrique Char, alias Castor y Digno Palomino, jefes de estas estructuras, sean trasladados a centros de reclusión de Barranquilla. “El otro día nos querían mandar tres criminales para acá, y nos tuvimos que parar firme nosotros, firme por los barranquilleros, carajo”, afirmó, de acuerdo con afirmaciones recogidas por Caracol Radio.

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El mandatario local reiteró la negativa de la Administración distrital frente a la intención del Gobierno nacional, que finalmente suspendió el desplazamiento de los dos cabecillas, debido a que no habían cumplido con una serie de compromisos. “No permitimos eso”, señaló Char, en referencia a la propuesta de que los líderes de Los Costeños y Los Pepes permanecieran en cárceles de la ciudad mientras avanzan las conversaciones con estos grupos.

La postura de Álex Char recibió respaldo del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, que también manifestó su inconformidad con la posible llegada de estos criminales a cárceles locales. “Paz en las cárceles, esa es la esencia de lo que nosotros necesitamos”, sostuvo el mandatario seccional durante un acto público, según reportó El Heraldo, en el que mostró su preocupación por el impacto que podría tener la presencia de estos jefes criminales.

Y es que la seguridad de Barranquilla y el departamento del Atlántico se han convertido en un asunto que preocupa a las autoridades no solo locales, sino también nacionales. Mientras Char y Verano han advertido sobre el riesgo de que la reubicación de estos internos favorezca la reorganización de sus estructuras dentro y fuera de los penales, desde el Gobierno Petro se apuesta a establecer una mesa de negociación que permita bajar aún más los índices violentos.

El Gobierno nacional mantiene suspendido el traslado de ‘Castor’ y Palomino

Por su parte, la Alta Consejería para la Paz, a través de un comunicado oficial, confirmó que el traslado de los cabecillas de Los Costeños y Los Pepes a Barranquilla continúa aplazado. El Gobierno agradeció los aportes de las autoridades locales y de la ciudadanía al proceso de paz urbana y sometimiento a la justicia, y anunció que continuará el diálogo con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) en el territorio.

“El Gobierno avanzará en una agenda de trabajo referente a un espacio de conversación sociojurídico con las autoridades del territorio para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz”, señaló el comunicado frente a este asunto, en el que se instó a la Policía Nacional y a las autoridades locales a reforzar las acciones para combatir el crimen y garantizar la seguridad.

Mientras tanto, el proceso de diálogo con las estructuras criminales de Barranquilla y el Atlántico sigue en curso, con la presencia de Camilo Pineda como facilitador y el acompañamiento del padre Cyrillus Swinne como mediador. El Gobierno comunicó que la agenda incluye acciones sociales en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla, y mantiene abiertas las puertas a la exploración de acuerdos con los líderes de ambas organizaciones delictivas.

En ese orden de ideas, la entidad gestora de los procesos de paz en el país destacó la participación de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y el Concejo Distrital en la definición de acciones para la pacificación del territorio; y aprovechó la ocasión para reiterar que los traslados de cabecillas seguirán en revisión mientras se desarrolla la hoja de ruta para la reconciliación y el sometimiento a la justicia.

A menos de 24 horas de que expire la tregua criminal en Barranquilla entre Los Pepes y Los Costeños, el Gobierno nacional suspendió el traslado de cabecillas a cárceles de la ciudad y señaló que los diálogos por la paz urbana siguen abiertos.

La continuidad de delitos en la capital del Atlántico provoca escepticismo sobre la eficacia de dichas negociaciones, mientras gremios y autoridades locales advierten que la seguridad durante el Carnaval y la tranquilidad ciudadana siguen sin suficientes garantías.

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El acuerdo entre Los Pepes y Los Costeños, promovido con impulso oficial desde octubre de 2025, buscaba frenar violencias urbanas mediante una tregua que vencerá el 20 de enero de 2026.

“Teniendo el 20 de enero como la fecha de finalización del acuerdo gestionado para que estas estructuras avanzaran en el desescalamiento de las violencias urbanas como gestos de paz, es menester comunicar de forma precisa y oportuna las siguientes decisiones y consideraciones", se puede leer en un comunicado del gobierno nacional, obtenido por Semana.

Esta pausa resultó de meses de acercamientos y presión institucional para reducir homicidios y delitos de extorsión en Barranquilla y municipios cercanos.

El Gobierno nacional anunció que “se avanzará en un espacio de conversación sociojurídico para definir una hoja de ruta concertada sobre los indicadores, las metas y las acciones más adecuadas para avanzar hacia la construcción de paz, el sometimiento a la justicia y el tránsito hacia la legalidad”.

Las autoridades confirmaron el aplazamiento de los traslados de Digno Palomino (Los Pepes), Jorge Eliécer Díaz Collazos ( Alias Castor, Los Costeños) y Ober Ricardo Martínez (Alias El Negro Ober, Los Rastrojos Costeños), proceso inicialmente previsto en la Cárcel El Bosque de la ciudad.

La suspensión de los traslados obedece a la persistencia de delitos y a contradicciones identificadas en el proceso. El Ejecutivo solicitó a la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico y la Policía actuar de forma contundente para combatir el crimen y fortalecer la seguridad ciudadana, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.

El comunicado oficial también reconoció los aportes de las autoridades locales y de la Mesa Directiva del Concejo de Barranquilla como esenciales para avanzar en la consolidación de la paz urbana.

Las autoridades locales mantienen su alerta. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que las cárceles de la ciudad no cuentan con la capacidad de seguridad penitenciaria necesaria para recibir a más de cuarenta reclusos que debían ser trasladados, y señaló que dicha medida podría afectar la seguridad durante eventos masivos como el Carnaval. El mandatario local cuestionó la legitimidad de la tregua:

“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, expresó también preocupación sobre la preparación de las penitenciarías del departamento para albergar a los cabecillas.

Gremios empresariales manifestaron inquietud por las extorsiones que afectan a los comercios y que atribuyen directamente a las mismas organizaciones delincuenciales involucradas en el proceso de diálogo con el Gobierno. La expectativa de seguridad sigue siendo frágil entre comerciantes y la comunidad en Barranquilla.

En el centro del proceso figuran personajes como Digno Palomino, señalado como cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico y la extorsión, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, responsable de hechos delictivos que han afectado la seguridad pública de la región.

Ambos permanecen detenidos y continúan vinculados a los procesos de negociación impulsados por el Ejecutivo para reducir la violencia en el Atlántico.

El desarrollo del diálogo incluye la mediación de Camilo Pineda y, más recientemente, el acompañamiento de Cyrillus Swinne, confirmaron Semana e Infobae Colombia. La Iglesia católica, bajo la orientación del padre Cirilo, seguirá participando y respaldando estos acercamientos, según informó la Presidencia.

El presidente Gustavo Petro defendió la estrategia de paz urbana en sus declaraciones la Presidencia en la red X.

Destacó que, gracias a la combinación de diálogo y acciones de represión, se registró una “caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla”.

Los traslados de 17 cabecillas de los grupos armados Los Costeños y Los Pepes a penitenciarías de Barranquilla fueron suspendidos tras la decisión del alto comisionado de paz, Otty Patiño, de cancelar cualquier posibilidad de ejecución de la medida.

La suspensión ocurre en medio de los diálogos de paz urbana que el Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene con bandas criminales de diferentes ciudades del país, entre ellas Barranquilla y Medellín.

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La idea inicial era mover de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y La Picota de Bogotá a Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de Los Costeños; Digno Palomino, líder de la banda de Los Pepes, Ober Ricardo Martínez, “El negro Ober”, de Los Rastrojos Costeños, entre otros cabecillas, con el fin de establecer la mesa de diálogo en la cárcel de mediana seguridad El Bosque; en una fase que debía iniciar el 13 de enero.

Tras la decisión de suspender los traslados, el Gobierno nacional y la Alcaldía de Barranquilla iniciarán conversaciones para establecer una hoja de ruta que trace indicadores clave para monitorear la situación de estos delincuentes vinculados con problemas de orden público en la ciudad.

Alerta por la seguridad de las ciudades

Días antes de la suspensión, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aseguró que la medida del Gobierno lo había sorprendido, argumentando que las cárceles de la ciudad no contaban con condiciones de seguridad adecuadas para recibir a estos presos. En respuesta, convocó una reunión urgente para abordar el asunto, ante el temor de que la llegada de los cabecillas comprometiera la seguridad ciudadana.

El gobernador del Altlántico, Eduardo Verano de la Rosa, también manifestó que las penitenciarías del departamento no estaban preparadas para un proceso de este tipo, lo que podría generar riesgos para la región. Por su parte, gremios locales manifestaron preocupación por las extorsiones que ya afectaban a los establecimientos comerciales y cuya responsabilidad atribuían a las mismas bandas urbanas con las que el Gobierno estaba dialogando.

El traslado estaba programado antes de la finalización de la tregua entre ambas bandas, la cual comenzó en octubre de 2025 y concluiría el 20 de enero de 2026.

Pronunciamiento de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro explicó, a través de sus redes sociales, que la suspensión de los traslados se debía a que las actividades delincuenciales de Los Costeños contravenían la política de paz y ponían en riesgo la integridad de los ciudadanos.

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado agregó que la suspensión del traslado no pone en riesgo los diálogos entre su administración y los grupos armados, y que la Iglesia seguirá acompañando la mediación. “Por eso supendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas. La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, afirmó.

Además, Petro defendió la política de paz urbana de su Gobierno ante las críticas del alcalde Char, resaltando que se logró reducir la tasa de homicidios en Barranquilla a la mitad. “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, dijo.

Por su parte, el alcalde Char insistió en que la llegada de más de 40 delincuentes, incluyendo a alias Digno, Castor y el Negro Ober, a cárceles con condiciones de seguridad isuficientes podría afectar a la población y a la preparación de la ciudad para eventos masivos como el Carnaval, la principal festividad folclórica y cultural del país.

“Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, sostuvo.

El Gobierno nacional, en medio de los compromisos fijados tras el cese al fuego en septiembre de 2025, tenía previsto trasladar a líderes de bandas criminales a la penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, con el objetivo de avanzar en los diálogos hacia el desarme de más de 4.000 integrantes.

La operación incluía el traslado de 45 miembros de Los Costeños y siete de Los Pepes, entre ellos sus líderes, que habrían dirigido los primeros contactos para facilitar el plan de desarme. Este primer grupo de 14 reclusos se encontraba en Bogotá el sábado 10 de enero de 2026 a la espera de ser transportado en una avioneta hacia la capital del Atlántico y posteriormente conducido a la penitenciaría.

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La suspensión de los traslados se produjo a raíz de una orden entregada apenas 24 horas antes de la fecha reprogramada, el martes 13 de enero, alterando así toda la logística prevista.

Petro se pronunció sobre el fallido traslado de los criminales a Barranquilla

El presidente de la República, Gustavo Petro, explicó, en sus redes sociales, las razones de la decisión de su Gobierno de suspender los traslados.

Según el primer mandatario, el propósito de la colaboración con las bandas criminales es combatir la inseguridad y garantizar la omisión de delitos. Sin embargo, sostuvo que las actividades delincuenciales de Los Costeños van en contravía de la política de paz y ponen en riesgo la integridad de los colombianos.

“Reconocemos que el proceso de desactivación de bandas a través del diálogo que impulsa el gobierno nacional en forma paralela a su represión, ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla. Pero el proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

En efecto, el jefe de Estado señaló que la suspensión del traslado de los criminales a la penitenciaría El Bosque en Barranquilla no pone en riesgo los diálogos entre su administración y los grupos al margen de la ley. Así las cosas, explicó que la iglesia trabajará de las mano del Estado para seguir en la tarea de mediación entre las partes.

“Por eso supendimos el traslado hasta que se profundice el compromiso con la paz de esta personas. La persona que seguirá en esta mediación es el padre Cirilo, persona a la que respeto mucho por su solidaridad con la gente pobre de Barranquilla y su juventud”, sostuvo.

El presidente Petro defendió la actual política de paz urbana tras las críticas del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre el traslado intramural de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños. Según el mandatario, su administración ha conseguido disminuir la tasa de homicidios de la ciudad a la mitad.

“No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, afirmó en la misma plataforma.

La inquietud de Char se centró en la llegada de más de 40 delincuentes, entre ellos alias Digno, Castor y el Negro Ober, a cárceles que, de acuerdo con el alcalde, carecen de condiciones adecuadas de seguridad, por lo que sostuvo que Petro ignora el dolor de la población afectada por conductas al margen de la ley.

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, dijo el alcalde.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se despachó en la mañana del miércoles 14 de enero contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, después de las críticas expresadas contra el presidente Gustavo Petro.

Y es que el Gobierno nacional designó el traslado de al menos 40 cabecillas de bandas criminales, entre ellas Los Pepes y Los Costeños, a la capital del Atlántico, lo que generó el rechazo inmediato del mandatario distrital.

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Sin embargo, tras el fallido traslado, la senadora cuestionó a Char por, supuestamente, usar un lenguaje sectario, además de difundir supuestas mentiras sobre las negociaciones con bandas criminales.

“Alcalde Char usted parece la copia de Fico, se les sale la ciudad de las manos ¿O ya se le olvidó que Barranquilla estaba entre las ciudades más peligrosas del mundo? el Gobierno del presidente Gustavo Petro a través de La Paz Urbana logra la reducción de homicidios y eso parece que a usted le molesta. La Paz urbana se construye con diálogo, deje el sectarismo político y cuide la vida de los barranquilleros”, señaló la congresista.

Y es que el alcalde de Barranquilla ha sido objeto de ataques por parte del Gobierno y sectores afines a Gustavo Petro, después de que rechazara el traslado de los reclusos a pocos días del Carnaval, mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes.

Alejandro Char advirtió en su momento sobre el posible impacto que tendría la reciente llegada de al menos 40 cabecillas de bandas criminales a cárceles de la región, trasladados por decisión del Gobierno nacional.

El mandatario barranquillero fue contundente al atribuir la responsabilidad de cualquier alteración del orden público al Ejecutivo de Gustavo Petro. “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, escribió Char en su cuenta oficial, señalando directamente a la administración central.

La decisión de enviar a “Digno”, “Castor”, el “Negro Ober” y otros 40 delincuentes a la capital del Atlántico fue recibida con fuertes críticas desde el despacho local. “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales a cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, expresó el alcalde de Barranquilla a través de la red social X.

Las declaraciones de Char se producen en un momento en que la ciudad enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad. El alcalde recordó que Barranquilla ha invertido más de 150.000 millones de pesos para reducir la criminalidad y la extorsión, insistiendo en que la llegada de estos reclusos contradice los esfuerzos locales.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, cuestionó el funcionario.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión nacional y destacó una caída significativa en la tasa de homicidios en la capital del Atlántico. Según el jefe de Estado, la reducción se logró “a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”. Petro subrayó en la red social X: “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad”.

La polémica se intensificó porque, según Char, la administración nacional no consideró el sufrimiento de las víctimas locales al tomar la decisión. El alcalde lamentó que no se haya tenido en cuenta a las personas afectadas por la extorsión, a las madres que han perdido a sus hijos o a los comerciantes obligados a cerrar sus negocios por la violencia.

La llegada de Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino a cárceles de Barranquilla fue suspendida tras un desacuerdo entre autoridades y las propias bandas, en un episodio que reaviva el debate sobre la paz urbana.

El Ministerio de Justicia de Colombia había anunciado el traslado de Jorge Eliécer Díaz, conocido como alias Castor, y Digno Palomino a cárceles de Barranquilla, una decisión que buscaba facilitar el proceso de paz urbana en la capital del Atlántico.

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Al parecer, el plan incluía su reclusión en los penales de El Bosque y La Modelo, con la intención de que ambos cabecillas, rivales tras años de alianza criminal, iniciaran un diálogo en busca de acuerdos que redujeran la violencia en la región.

El historial de ‘Castor’ y Palomino

Alias Castor lidera la banda de Los Costeños, una organización con presencia en Barranquilla y municipios como Soledad. Su historial criminal incluye más de 30 anotaciones judiciales por delitos como extorsión, homicidio y tráfico de drogas.

Hace tres años fue deportado desde Venezuela y desde entonces se consolidó como una de las figuras más influyentes en el mundo criminal de la costa Caribe, conformando el listado de principales responsables de la extorsión desde las cárceles y de desmanes en centros penitenciarios. Actualmente permanece recluido en El Barne, un penal de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá.

Por su parte, Digno Palomino también figura entre los principales responsables de la extorsión y los homicidios en el departamento del Atlántico. Está preso en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde comparte reclusión con otros líderes de bandas como Juan Manuel Borré, exjefe de Los Rastrojos costeños.

De socios a enemigos

El vínculo entre Palomino y Castor se remonta a más de una década, cuando ambos coincidieron en la estructura de Los Rastrojos Costeños. Según reconstruyó El Tiempo, fue en ese grupo ilegal donde forjaron una alianza que, posteriormente, derivó en la fundación de Los Costeños.

Sin embargo, años después y tras un periodo en Venezuela, ambos capos rompieron su alianza y se desató una confrontación armada entre las dos facciones que lideran hoy: Los Costeños, bajo el mando de “Castor”, y Los Pepes, dirigidos por Palomino.

Actualmente, Los Costeños cuentan con cerca de 600 miembros en Barranquilla, mientras que Los Pepes reúnen alrededor de 400, según cifras mencionadas por el medio citado. Las dos bandas han protagonizado episodios de violencia que mantienen en alerta a las autoridades locales y a la población.

El traslado que se canceló

La propuesta de trasladar a ambos líderes a Barranquilla surgió en el contexto de las negociaciones de la mesa de paz urbana. La idea, impulsada por el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), buscaba facilitar que ambos grupos demostraran su disposición a alcanzar acuerdos.

El traslado se iba a materializar en la semana del anuncio, aunque requería cumplir una serie de requisitos establecidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La iniciativa generó rechazo inmediato en la alcaldía de Barranquilla. Alejandro Char, alcalde de la ciudad, expresó su preocupación por la seguridad local y la falta de condiciones en las cárceles para recibir a figuras de ese perfil.

“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, declaró Char.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, respondió que la reducción de homicidios en Barranquilla durante los últimos meses se atribuye a las gestiones para la paz urbana que involucran a estos cabecillas. “Las cifras respaldan nuestra afirmación”, indicó el ministro, señalando que la ciudad registró 428 homicidios en el 2025, frente a 493 en 2024.

Pese a los planes iniciales, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz decidió frenar los traslados por desacuerdos en los compromisos y protocolos exigidos a los capos. Camilo Pineda, delegado de la Consejería para la Paz, explicó a El Tiempo que la suspensión obedeció a la negativa de alias Castor y la falta de aceptación de los procedimientos por parte de Palomino.

Entre los requisitos para el traslado se encuentra la voluntad de participar en el proceso de paz, la definición del rol de cada líder y el área bajo su influencia, así como la situación jurídica de cada uno.

El contexto de la tregua entre Los Costeños y Los Pepes añade presión sobre el proceso. El cese de hostilidades acordado entre ambas bandas culmina el 20 de enero, fecha clave para medir el compromiso real de los cabecillas con la paz en Barranquilla y sus alrededores.

Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y Derecho, se pronunció frente a la suspensión de la medida que autorizaba el traslado de Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, al igual que Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El negro Ober, cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla.

En una rueda de prensa, el titular encargado de la cartera judicial aclaró que los sujetos no se trasladarán a la capital del departamento del Atlántico debido a la falta de compromisos de los grupos criminales que se encuentran vinculados a un proceso de ‘paz urbana’ con el Gobierno de Gustavo Petro, desestimando las críticas de varios sectores políticos de la región, entre los que se destaca el alcalde barranquillero Alejandro Char.

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“La suspensión de ese traslado no se da por la réplica del alcalde Char. La suspensión se da porque este fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales, en el marco de la mesa que tienen con la oficina del Alto Comisionado para la Paz”, expresó el funcionario a los medios de comunicación.

Del mismo modo, Idárraga advirtió que, una vez se superen las dificultades en el espacio socio jurídico entre el Ejecutivo y los grupos armados, se podrá autorizar la llegada de varios integrantes de dichas organizaciones a los centros penitenciarios de Barranquilla para adelantar la mesa de negociación.

“Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir. Y obviamente que nuestra prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público en la ciudad de Barranquilla, cosa que en nuestra consideración no han venido haciendo las autoridades del departamento y de la alcaldía de Barranquilla”, expresó.

Así mismo, recordó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que hoy es liderada por Otty Patiño, es la única entidad que puede decidir sobre el traslado o no de integrantes de grupos armados recluidos en las cárceles del país.

“En el caso del Ministerio de Defensa, es un vehículo para poder llegar a materializar los acuerdos que hacen en esa mesa. Es decir, el Ministerio de Justicia ni ningún otro ministerio toma parte ni decide si se van o no perse a una cárcel o a otra. Esas medidas se toman por solicitud de la oficina del Alto Comisionado para la Paz”, agregó.

Adicional a ello, se refirió a los cuestionamientos de varios sectores que señalaron que la presencia de estos sujetos en Barranquilla aumentaría la violencia en ese territorio.

“Las personas que se van a trasladar, si llegara a ser el caso, tienen que ser entrevistadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para saber para qué los trasladamos. No las trasladamos para delinquir más cerquita entre ellos. Las trasladamos para que estén en función del proceso de paz que se está llevando a cabo”, indicó.

Por último, el ministro encargado de Justicia insistió en que la viabilidad del proceso con Los Pepes y Los Costeños no depende de un marco jurídico que autorice dichos espacios, teniendo en cuenta el poco tiempo que tendrá el Gobierno Petro para concretar los acuerdos con estas estructuras delincuenciales.

“La experiencia nacional y la internacional demuestra que no necesariamente siempre tiene que existir un marco ya establecido y aprobado para poder llevar a cabo esas negociaciones. Así ocurrió en un proceso de paz con las Farc, de tal manera que no precisamos del marco, inicialmente para iniciar las conversaciones, pero sí se precisará de un marco para poder llevar a cabo la materialización y la protocolización de un posible acuerdo de paz”, puntualizó.

Por el momento, alias Castor permanecerá recluido en la Cárcel de Cómbita (Boyacá), mientras que Digno Palomino y ‘El Negro Ober’ seguirán detenidos en la Cárcel La Picota de Bogotá.

Una fuerte polémica política y social sacude a Barranquilla y la región Caribe tras la decisión del Gobierno de Gustavo Petro frente al traslado de Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, así como Óber Ricardo Martínez, alias Negro Ober, cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla.

El turno fue para la bancada de congresistas del Caribe colombiano, quienes advirtieron que la medida podría traducirse en un riesgo tangible para la seguridad ciudadana.

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Efraín Cepeda, expresidente del Senado, manifestó sus críticas al mandatario colombiano sobre la llegada de estos dos criminales a la capital del departamento del Atlántico, y consideró que estas acciones obedecerían a un supuesto “revanchismo” del presidente colombiano contra la región, a raíz de los resultados electorales de 2023.

“El desprecio del presidente Petro por Barranquilla hoy se traduce en un riesgo real para la seguridad de sus ciudadanos. Las decisiones impuestas desde el Gobierno nacional, sin concertación con las autoridades locales, exponen a la ciudad a escenarios que ya han demostrado ser fallidos en otros territorios”, expresó el senador del Partido Conservador en su cuenta de X.

Igualmente, el dirigente político sostuvo que situaciones similares “ya han demostrado ser fallidas en otros territorios”, y cuestionó si el modelo adoptado podría derivar en una participación de estructuras criminales en procesos electorales, como ha sucedido en Medellín bajo el pretexto de una ‘paz total’.

“Barranquilla no puede ni va a ser laboratorio de improvisaciones ni de apuestas políticas disfrazadas de paz. La seguridad de sus ciudadanos no es negociable ni puede subordinarse a agendas ideológicas. El Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad, rectificar estas decisiones y entender que la paz se construye con institucionalidad, legalidad y respeto por los territorios, no exponiendo a la gente ni premiando a quienes durante años la han violentado”, añadió.

Por su parte, el senador liberal Mauricio Gómez Amín lanzó fuertes críticas contra el presidente Petro, ante la llegada de los líderes de Los Pepes y Los Costeños.

“Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad. Una decisión que sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito. Petro vuelve a dejar clara su postura: condescendencia con los bandidos, cero empatía con las víctimas”, expresó en sus redes sociales.

Así mismo, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, transmitió su respaldo al alcalde Alejandro Char y expresó inquietudes fundamentales frente al proceso de paz urbana en Barranquilla.

“Compartimos plenamente tu preocupación ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el acompañamiento del gobierno nacional para todo lo que esto implica? No encontramos respuestas a tantos interrogantes”, planteó.

Origen de la polémica

La controversia por el traslado de los tres máximos cabecillas de los grupos criminales de la región Caribe se originó cuando el Gobierno nacional expidió la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, en la que autorizaba a Digno Palomino y a alias Castor para participar en el proceso de paz urbana.

Dentro de esta resolución, se dispone el traslado de veinte reclusos a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla, así como la autorización expresa al Estado para entablar contactos formales con los líderes capturados otros privados de la libertad señalados como integrantes de estas organizaciones ilegales.

“Las personas autorizadas adelantarán sus labores bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y estricta confidencialidad respecto de todos los aspectos relativos al desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso”, se lee en el documento.

Este documento generó todo tipo de reacciones en la capital atlanticense. Por un lado, el alcalde Alejandro Char rechazó la decisión del Ejecutivo, y afirmó que esto no responde a las denuncias de la ciudadanía sobre el actuar de las estructuras delincuenciales en la ciudad.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, indicó Alejandro Char en su red social X.

No obstante, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario local, asegurando que su gestión como presidente ha permitido reducir la tasa de homicidios en la capital del Atlántico a la mitad.

“No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, señaló en la misma plataforma digital.

La crisis desatada por el traslado de reconocidos capos criminales a cárceles de Barranquilla, como Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, cabecilla de ‘Los Costeños’; Digno Palomino, líder de la banda de ‘Los Pepes’ y Ober Ricardo Martínez, “El negro Ober”, de ‘Los Rastrojos Costeños’, motivó una respuesta inmediata en la región Caribe: debido a lo que sería la amenaza latente del accionar de estas estructuras criminales, según denunció el alcalde Alejandro Char.

En medio de la controversia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, propuso en la tarde del lunes 12 de enero de 2026 reactivar la Cumbre de Gobernantes Caribe para coordinar una respuesta regional frente a la inseguridad y el impacto de las decisiones del Gobierno nacional. La solicitud surgió tras el reclamo de su homólogo de la capital del Atlántico, que expresó su rechazo al traslado de jefes de estas peligrosas organizaciones delictivas a la ciudad.

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Este anuncio fue el primer llamado a la acción colectiva de los mandatarios de la región. “Actuemos como fuerza regional. Reactivemos la Cumbre de Gobernantes Caribe, para continuar con la revisión de asuntos conjuntos, entre esos la seguridad urbana y rural”, expresó Turbay, que propuso que Barranquilla sea la sede para un encuentro urgente, con el objetivo de analizar en detalle las estrategias y acciones que se están implementando en los territorios.

Según Turbay, las alcaldías y gobernaciones han hecho grandes esfuerzos financieros y logísticos para fortalecer las capacidades de las fuerzas militares y de policía, pero consideran que las acciones individuales resultan insuficientes frente a un fenómeno criminal de escala regional. "La seguridad debe ser entendida como un propósito colectivo que trascienda fronteras municipales y beneficie a toda la Región“, enfatizó el alcalde de la capital de Bolívar.

El reclamo de Barranquilla y el impacto en la seguridad local

La polémica se originó tras la decisión del Gobierno nacional de trasladar a peligrosos criminales, junto a otros cuarenta internos, a cárceles que, según las autoridades locales, no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad, motivo el cual expresó su inconformidad frente al accionar del Gobierno nacional, que determinó que, en los avances de la ‘Paz Urbana’, se requiera de la presencia de estos cabecillas para establecer la mesa de negociación.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, expresó Char, que no ocultó su indignación frente a lo que estaría ocurriendo en este proceso de diálogo.

Frente a este asunto, recordó que los esfuerzos de la ciudad en materia de seguridad han requerido inversiones superiores a $150.000 millones, destinados a la reducción de la criminalidad y la extorsión. “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, cuestionó el mandatario local.

Ante la ola de críticas desde la región Caribe, Petro defendió la política de su administración y los resultados obtenidos en materia de seguridad y recordó que su administración logró reducir la tasa de homicidios en Barranquilla. “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, puntualizó.

Gobernador de Córdoba también se unió a la propuesta de cumbre regional por la seguridad

Por su parte, Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, indicó que el Caribe colombiano representa una región estratégica cuyo bienestar y seguridad dependen de la acción coordinada entre alcaldes y gobernadores, que buscan proteger los intereses de la población mediante un frente común. “Coincido con Alejandro Char y Dumek Turbay: desde los entes territoriales hemos asumido esfuerzos financieros significativos para fortalecer a la fuerza pública”, expresó.

Del mismo modo, el mandatario regional destacó que mantener la seguridad en los territorios exige una colaboración efectiva entre el Gobierno nacional y las regiones, y reconoció el aporte fiscal y operativo de departamentos y municipios. Y remarcó en su publicación en redes sociales que, en consecuencia, la construcción de entornos seguros no puede hacerse sin la participación activa de las regiones ni sacrificando sus intereses.

“La seguridad en los territorios no puede construirse sin las regiones ni, mucho menos, a costa de ellas. Requiere coordinación real, corresponsabilidad y decisiones que reconozcan el esfuerzo fiscal y operativo que hoy hacen departamentos y municipios”, afirmó Zuleta, que hizo énfasis en que desde Córdoba está dispuesto a contribuir, coordinar y exigir soluciones responsables, reafirmando que la fortaleza de Colombia radica en sus regiones.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazó la decisión del Gobierno nacional de trasladar al menos 40 cabecillas de bandas criminales a la ciudad y a sectores cercanos.

El mandatario local responsabilizó al Gobierno, liderado por Gustavo Petro, sobre las posibles consecuencias que podría generar los traslados a la capital del Atlántico.

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“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, indicó Alejandro Char en su red social X.

Ante las críticas de Char, el presidente Gustavo Petro le respondió a través de la misma red social. El jefe de Estado afirmó que su gestión como presidente ha permitido reducir la tasa de homicidios en la capital del Atlántico a la mitad.

Según el mandatario colombiano, la reducción de homicidios en Barranquilla se logró mediante procesos de paz entre grupos armados.

“No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X.

¿Qué dijo Alejandro Char?

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, criticó la reciente decisión del Gobierno nacional de trasladar a jefes de grupos criminales a cárceles de la ciudad, medida que consideró pone en riesgo la seguridad local ante la proximidad del Carnaval.

En su cuenta oficial de X, el mandatario señaló: “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!”, y cuestionó que, en vez de reforzar la presencia de la fuerza pública en el territorio, “nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”.

Char enfatizó que la decisión del Ejecutivo ignora el impacto que han sufrido las víctimas de la delincuencia en la ciudad.

“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, expresó en la publicación.

El alcalde recordó que Barranquilla ha realizado inversiones superiores a 150.000 millones de pesos en materia de seguridad, con el objetivo de lograr una reducción en los índices de criminalidad y extorsión.

Frente a este esfuerzo, Char planteó: “Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”

La advertencia del mandatario llega cuando la ciudad se prepara para recibir a miles de turistas durante el Carnaval, una de las principales fiestas folclóricas y culturales de Colombia.

Alejandro Char indicó que cualquier situación que afecte el orden público durante estas celebraciones será responsabilidad de la administración nacional. En sus palabras: “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”.

El alcalde convocó a una reunión urgente e hizo un llamado a las autoridades y sectores sociales para exigir respuestas coordinadas.

“Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador y el Ministerio Público para una reunión urgente”, escribió Char.

No cesa el rechazo de Barranquilla contra el decreto del Gobierno nacional que obliga al traslado de, al menos, 40 cabecillas de bandas criminales a la capital del Atlántico y municipios cercanos.

De hecho, aunque la Alcaldía de Barranquilla ya había expresado su rechazo a la decisión nacional, en la mañana del lunes 12 de enero, el alcalde Alejandro Char no dudó en despacharse contra el presidente Gustavo Petro.

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A través de su cuenta de X, el mandatario barranquillero responsabilizó al Gobierno nacional por las posibles consecuencias que podrían derivarse de esta medida, especialmente durante la temporada de Carnaval, cuando la ciudad recibe a miles de visitantes.

El traslado de figuras reconocidas del crimen organizado como alias Digno, alias Castor y el ‘Negro Ober’ fue el principal motivo de preocupación para el alcalde distrital. Según expresó Char Chaljub, las cárceles del departamento no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a estos reclusos de alto perfil.

“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, escribió.

El mandatario criticó el manejo de la llamada “Paz Urbana” por parte del presidente Gustavo Petro. Cuestionó que, en lugar de enviar refuerzos a la fuerza pública de la ciudad, el Gobierno haya decidido trasladar a líderes de organizaciones como Los Costeños y Los Pepes.

“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”, señaló Char.

Incluso, el alcalde de Barranquilla cuestionó al presidente y su gabinete por la baja gestión de recursos para el Atlántico en materia de seguridad, mientras estaría presionando cada vez más tensiones en las cárceles del departamento con el ingreso de poderosos cabecillas con fuertes influencias en esa capital y municipios aledaños.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?, cuestionó el mandatario.

Asimismo, Alejandro Char cuestionó que la decisión se haya tomado justo cuando la capital del Atlántico se prepara para recibir a miles de turistas nacionales e internacionales que esperan vivir la edición del Carnaval de Barranquilla.

Incluso, el mandatario responsabilizó al presidente Gustavo Petro y a las entidades estatales de los posibles riesgos para la seguridad que se puedan presentar durante esas festividades tras la llegada de los delincuentes, además de calificar como malo el manejo de la política de seguridad urbana.

Char Aseguró que esta estrategia no cuenta con el respaldo jurídico adecuado y exigió la adopción de “decisiones responsables” y coordinadas con las autoridades locales.

“Barranquilla se prepara para recibir miles de turistas para el Carnaval, la fiesta folclórica y cultural más importante del país. Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana” que no tiene ni marco jurídico que lo respalde", continuó.

Finalmente, el alcalde convocó a una reunión urgente con organismos de control, representantes de las víctimas y el gobernador Eduardo Verano De La Rosa, además de representantes del Gobierno nacional, para verificar cuáles serían las posibles consecuencias del traslado de estos cabecillas en plenas festividades.

“Exigimos decisiones responsables y concertadas con las autoridades locales y departamentales, y convocamos a todos los entes de control, gremios, representantes de las víctimas, la academia, al gobernador Eduardo Verano de la Rosa y el Ministerio Público para una reunión urgente”, concluyó Alejandro Char en su cuenta de X.

El Ministerio de Justicia de Colombia confirmó el traslado de Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias El negro Ober, a la ciudad de Barranquilla.

Esta decisión se produce dentro de la estrategia de paz urbana impulsada por el Gobierno nacional y ocurre en un contexto de creciente incertidumbre sobre la seguridad en la región.

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La llegada de Martínez Gutiérrez se suma a la de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, otros dos nombres señalados como líderes de organizaciones criminales en la Costa Caribe.

Con base fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la medida incluye el traslado de hasta 17 integrantes de estructuras delictivas a la capital del Atlántico, aunque la cifra total podría llegar a 40 personas pertenecientes a las bandas Los Costeños y Los Rastrojos.

Las autoridades no han confirmado la fecha exacta, pero el operativo se prevé antes del 20 de enero, fecha límite de la tregua pactada entre estas bandas y el grupo rival conocido como Los Pepes.

Contexto de la medida y reacción de las autoridades locales

El anuncio del traslado de Óber Ricardo Martínez Gutiérrez sorprendió a la Alcaldía de Barranquilla, que expresó su preocupación por no haber sido notificada previamente. La administración distrital solicitó formalmente que se establezca una coordinación técnica permanente entre las administración nacional, departamental y las autoridades locales, para definir estrategias que reduzcan riesgos para la población.

“Hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, comunicó el Distrito, según citó El Heraldo.

De acuerdo con el cronograma del Inpec, los integrantes de Los Costeños bajo el mando de Díaz Collazos serían recluidos en la Penitenciaría El Bosque, mientras que Digno Palomino y otros miembros de la organización serían trasladados a la cárcel La Modelo, ubicada en la Vía 40 de Barranquilla.

La figura de alias El negro Ober y su historial judicial

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, considerado uno de los principales cabecillas de Los Costeños, permanecía hasta ahora en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. El Gobierno nacional no ha informado sobre la existencia de acercamientos oficiales o diálogos con Martínez Gutiérrez, lo que acentúa las dudas sobre los criterios del traslado.

Recientemente, Martínez Gutiérrez fue condenado a 36 meses de prisión por amenazas contra una fiscal que procesaba judicialmente a su esposa, hecho ocurrido en marzo de 2023. Su inclusión en la lista de traslados fue confirmada en la misma resolución que autorizó la llegada de Díaz Collazos y Palomino a Barranquilla.

La llegada de estos líderes coincide con la fase exploratoria de una posible mesa de diálogos entre el Gobierno y las estructuras criminales, la cual podría instalarse oficialmente en las próximas semanas. El proceso se da dentro de la llamada “paz total” que promueve el presidente Gustavo Petro, aunque hasta el momento no existe un marco jurídico plenamente definido para estas negociaciones.

Críticas y controversias alrededor de la estrategia de paz urbana

La estrategia de traslado y diálogo con líderes criminales generó críticas entre especialistas en seguridad y en sectores políticos. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad, advirtió en declaraciones recogidas por Semana.

“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”.

La polémica se intensifica ante la inminencia de una jornada electoral y la falta de información precisa sobre los acuerdos entre las partes involucradas. Para algunos analistas, la decisión del Gobierno podría alterar los equilibrios de poder en la región y aumentar la presión sobre las autoridades locales.

En el contexto de esta medida, las fuerzas de seguridad preparan un dispositivo especial para los traslados, que podrían ejecutarse en cualquier momento a partir del martes 13 de enero.

La preocupación radica en que la presencia de figuras como Martínez Gutiérrez, Díaz Collazos y Palomino podría reavivar conflictos entre organizaciones criminales, en un periodo marcado por la tregua temporal entre Los Costeños y Los Pepes.

La decisión del Ministerio de Justicia de trasladar a Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, dos cabecillas de los grupos criminales de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en Barranquilla, ha generado controversia, situando a la seguridad ciudadana y la política de diálogo con el crimen organizado en el centro del debate público.

La decisión se dio luego de que se firmara la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025, como parte de la política de ‘Paz urbana’, una estrategia que busca facilitar acercamientos exploratorios con las estructuras criminales de mayor influencia regional, con el fin de reducir la violencia en el departamento del Atlántico.

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Dentro de esta resolución, se dispone el traslado de veinte reclusos a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla, así como la autorización expresa al Estado para entablar contactos formales con los líderes capturados otros privados de la libertad señalados como integrantes de estas organizaciones ilegales.

“Las personas autorizadas adelantarán sus labores bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y estricta confidencialidad respecto de todos los aspectos relativos al desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso”, se lee en el documento.

No obstante, esta determinación ha generado una ola de preocupación en la administración local, obligando a activar alertas institucionales ante el posible resurgimiento de la violencia en el Caribe colombiano.

Críticas de la Alcaldía de Barranquilla

En un comunicado a la opinión pública, la Alcaldía Distrital de Barranquilla cuestionó que esta decisión fue adoptada sin una coordinación técnica adecuada entre las autoridades locales, la Gobernación y el Gobierno nacional, al recordar que en traslados pasados, los líderes de las estructuras criminales seguían operando y extendiendo sus redes de extorsión y sicariato en la ciudad y sus alrededores, sin importar si estuvieran en prisión.

En su declaración, la administración de Alejandro Char ha enfatizado el apoyo histórico a las iniciativas de paz gubernamentales, aunque subraya la necesidad de un trabajo conjunto y técnico ante una decisión que involucra a individuos de alto perfil criminal.

“Siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional (...) con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, afirma el Distrito barranquillero en la misiva.

A su vez, la alcaldía solicitó formalmente a la Oficina dela Consejería Comisionado de Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la apertura de canales de comunicación permanentes y eficientes, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a este movimiento.

Qué responde el Gobierno Petro

Ante las críticas de la administración Char, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Justicia aseveró que el traslado de Diego Palomino y de alias Castor no significa ningún trato privilegiado, sino que busca la protección de la ciudadanía para desarticular el accionar criminal de estas organizaciones en esta parte del país.

“No van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para sostener la tregua y proteger a la población (...) la paz no es impunidad, es control, legalidad y vigilancia permanente, siempre del lado de la ciudadanía”, indicó Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia y del Derecho.

Según la información oficial, la transferencia responde a directrices presidenciales que autoriza los acercamientos entre el Ejecutivo y los grupos de delincuencia común.

Así mismo, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que “dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República”.

Por último, el Gobierno nacional reiteró que “la prioridad absoluta es la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de Barranquilla y del Atlántico, y que estas decisiones están orientadas a preservar los avances de la tregua sin renunciar al principio de autoridad del Estado”.

En el final del 2025, con intervención del Gobierno nacional, Los Pepes y Los Costeños, que son las estructuras criminales de mayor importancia en el Atlántico, anunciaron que protagonizarían una tregua momentánea.

Este anuncio fue producto de meses de trabajo en las que el Gobierno Petro ha negociado con Jorge Eliecer Díaz “Castor” (líder de Los Costeños) y Digno Palomino (cabecilla de Los Pepes), a pesar del rechazo general al respecto en la región.

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En un accionar parecido al que se registra en Antioquia con cabecillas del crimen organizado, el objetivo del Estado es consolidar una “paz urbana” que ha generado opiniones divididas.

Entre los argumentos negativos al respecto, líderes políticos de los dos departamentos han indicado que, mientras el Gobierno negocia con criminales en prisión, las bandas delincuenciales siguen cometiendo crímenes en las calles.

Avanza la “paz urbana” en Barranquilla

En una decisión polémica, el 10 de enero El Heraldo informó que, tanto “Castor”, como Digno Palomino, serán trasladados a una prisión en Barranquilla tras la firma de una solicitud del Ministerio de Justicia por parte de Jorge Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El medio citado mencionó la resolución 442 del 5 de diciembre de 2025 como argumento principal para que sea aprobado el traslado de los dos criminales condenados.

“Por la cual se autoriza adelantar acercamientos exploratorios y contactos con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto autodenominadas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’”, es parte de la resolución.

En la solicitud del Ministerio de Justicia se plantea el traslado de veinte personas privadas de la libertad a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque, en Barranquilla. El documento no especifica fechas para el movimiento, pero sí insta a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad que permitan llevar a cabo la medida.

El texto señala que la Consejería Comisionada de Paz ha avanzado en la identificación de los reclusos que serían trasladados, siguiendo una petición realizada por Jorge Díaz Collazos, líder de una de las organizaciones involucradas en el proceso. El listado con los nombres de los privados de la libertad será remitido a los organismos correspondientes a través de los canales oficiales dispuestos para este trámite.

El documento enfatiza que la resolución vigente autoriza el desarrollo de estos acercamientos, cuyo propósito es comprobar la disposición real de los implicados para alcanzar la paz, formalizar conversaciones y avanzar hacia acuerdos. Estas gestiones responden a los lineamientos establecidos por el presidente para la consolidación de la “paz urbana”, que busca reducir la violencia en la capital del Atlántico y sus alrededores.

El perfil de los criminales mencionados

Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos “Castor”, son identificados como dos de los principales líderes de organizaciones criminales que han operado en Barranquilla y otras zonas del Caribe colombiano.

Digno Palomino ha sido señalado como cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico, la extorsión y otros delitos de alto impacto en la región. Su nombre ha estado vinculado a disputas violentas por el control de rutas y territorios.

Por su parte, Jorge Eliecer Díaz, alias Castor, es considerado líder de otra organización con actividades similares, responsable de múltiples hechos delictivos que han afectado la seguridad y el orden público en Barranquilla.

Ambos han figurado en investigaciones y operativos de las autoridades, y su influencia ha sido señalada como un factor clave en la persistencia de la violencia urbana en el Atlántico. Actualmente, forman parte de procesos de diálogo en el marco de iniciativas de paz urbana impulsadas por el gobierno.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia confirmó el traslado de los criminales, pero garantizó que seguirán recluidos en prisiones de alta seguridad, no en “hoteles”.

El Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a Yagger José Buelvas Rivera, conocido como alias El Negro, durante un allanamiento en el barrio Ciudadela 20 de Julio, al sur de la ciudad.

La operación, tras varios meses de labores de inteligencia, representa un golpe directo a las estructuras dedicadas a la extorsión en Barranquilla, según detalló Semana.

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Alias El Negro es señalado como presunto integrante de la banda Los Pepes, organización que, de acuerdo con las investigaciones, ejerce una fuerte presión sobre comerciantes mediante extorsiones. Durante el procedimiento, los agentes encontraron un arma de fuego en poder de Buelvas Rivera, que carecía de documentos que certificaran su legalidad.

Las autoridades informaron al medio mencionado que, antes de ser detenido, el capturado vigilaba distintos negocios en el centro de la ciudad. Recolectaba datos sobre los horarios de atención, la rutina de los empleados y otros detalles sensibles, información que posteriormente entregaba a delincuentes recluidos fuera de Barranquilla.

Según fuentes judiciales, uno de los principales contactos de alias El Negro era alias Alexito, quien permanece en una estación de Policía en Medellín, Antioquia. Ambos se comunicaban por aplicaciones de mensajería para coordinar extorsiones.

Este esquema permitía que, desde los centros de detención, continuaran las amenazas y exigencias económicas a víctimas identificadas previamente.

Los Pepes son investigados por la Policía como uno de los principales generadores de violencia en Barranquilla. Además de la extorsión, se les atribuyen homicidios y la venta de estupefacientes, delitos que afectan especialmente al sector comercio y a la seguridad de los ciudadanos de la región.

El coronel Diego Mora, subcomandante de la Policía Metropolitana, subrayó la importancia de la labor coordinada de inteligencia e investigación criminal para enfrentar a estos grupos.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal que nos permite golpear directamente las estructuras dedicadas a la extorsión”, aseguró el oficial tras el éxito del operativo a Semana.

Finalmente, el oficial renovó el compromiso de la Policía de Barranquilla con la protección del sector comercial e instó a quienes sean víctimas de extorsión a comunicarse con las autoridades, recordando que la colaboración ciudadana resulta clave para frenar este delito.

Los líderes de Los Costeños y Los Pepes piden que el Gobierno integre a Mancuso como facilitador en diálogos de paz

Líderes de Los Costeños y Los Pepes solicitaron al Gobierno Nacional incorporar a Salvatore Mancuso como facilitador en los diálogos exploratorios orientados a la reducción de la violencia en Barranquilla y el Atlántico.

La iniciativa fue enviada mediante cartas dirigidas al ministro del Interior Armando Benedetti, en medio de una tregua de tres meses vigente hasta el 20 de enero de 2026 y tras haberse registrado una disminución de hurtos, homicidios y extorsiones frente a los índices de 2024, según reportes oficiales.

La propuesta de involucrar a Mancuso surge en un contexto marcado por el alto costo de su esquema de seguridad, que supera los $200 millones mensuales, conforme informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Solo la nómina de seguridad ronda los $94 millones por mes, con un costo por escolta de $11.7 millones y viáticos diarios de $180.000 durante quince días cada mes por integrante, según datos de Analtraseg.

La protección comprende ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional, chaleco de protección, internet satelital Starlink y adaptaciones adicionales que inicialmente no figuraban en el plan de la UNP.

En las comunicaciones a las que accedió W Radio, los abogados de Jorge Eliecer Díaz (“Castor”, jefe de Los Costeños) y Digno Palomino (líder de Los Pepes) pidieron formalmente la participación de Mancuso como facilitador en el proceso sociojurídico para la paz, alineado con las políticas del presidente Gustavo Petro.

Los remitentes aseguran que se han producido acercamientos previos con el equipo jurídico de Mancuso, quien manifestó disposición a participar siempre y cuando exista una invitación oficial del Gobierno.

El Gobierno mantiene a Jorge Lemus (director de la Dirección Nacional de Inteligencia), Ricardo Rey y Felipe Marín Silva (representante del diálogo “La Inmaculada”) como voceros oficiales de este proceso, definidos a través de resolución presidencial.

El papel de Salvatore Mancuso en los procesos de paz volvió a ocupar el centro del debate público luego de que se conociera que las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes solicitaron formalmente al Gobierno Nacional su designación como facilitador en los diálogos exploratorios que buscan desescalar la violencia en Barranquilla y el Atlántico.

La petición se produjo en un momento en el que el exjefe paramilitar enfrenta cuestionamientos por el elevado costo de su esquema de seguridad, cuyo valor supera los doscientos millones de pesos mensuales, según confirmó la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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La controversia por su protección coincidió con la revelación de dos cartas enviadas al ministro del Interior, Armando Benedetti, a las que tuvo acceso el medio W Radio, en las que los abogados de Jorge Eliecer Díaz —alias Castor, jefe de Los Costeños— y de Digno Palomino —líder de Los Pepes— solicitaron que Mancuso sea incorporado como facilitador en las conversaciones con estas organizaciones.

De acuerdo con W Radio, en una de las comunicaciones, los abogados expresan: “Me permito solicitarle, por indicaciones de mi representado, la incorporación del señor Salvatore Mancuso Gómez en su condición de facilitador en el proceso que se adelanta en el departamento del Atlántico y en el Área Metropolitana, a fin de avanzar en el proceso sociojurídico que busca la paz en la región de acuerdo con las políticas del presidente Gustavo Petro”.

De acuerdo con los remitentes, ya se habrían realizado acercamientos preliminares con el equipo jurídico de Mancuso, quien habría manifestado su disposición a participar siempre que exista una invitación formal del Gobierno.

La intención de las organizaciones criminales de contar con su mediación se enmarca en el anuncio de una tregua de tres meses, vigente hasta el 20 de enero de 2026, que —según reportes oficiales— ha reducido hurtos, homicidios y extorsiones en comparación con los niveles registrados en 2024.

Las autoridades del Atlántico han documentado en los últimos treinta días una caída significativa de actividades ilícitas, que atribuyen al desescalamiento impulsado por los acercamientos exploratorios con ambas estructuras.

El Gobierno mantiene como voceros oficiales del proceso al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; al funcionario Ricardo Rey; y a Felipe Marín Silva, representante del espacio de diálogo denominado ‘La Inmaculada’, definido mediante resolución presidencial.

Esta petición coincide con la creciente visibilidad de Mancuso desde su regreso al país en 2024, en su calidad de gestor de paz y enlace entre el Estado, comunidades afectadas y organismos judiciales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, la solicitud para mediar en los procesos del Caribe se produce en medio de la controversia por el alto costo de su esquema de seguridad, un aspecto que ha generado críticas en el espectro político y social.

La W Radio confirmó que la protección asignada a Mancuso incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, un vehículo convencional y un chaleco de protección.

Según Analtraseg, únicamente la nómina del personal de seguridad alcanza los $94 millones mensuales, con un costo aproximado de $11,7 millones por escolta, sin incluir viáticos, que ascienden a $180.000 diarios por quince días al mes para cada integrante, ni los gastos de combustible, mantenimiento y adecuaciones vehiculares.

Entre estas modificaciones se encuentra la instalación de internet satelital Starlink y refuerzos de amortiguadores y suspensión, intervenciones que —según la emisora— no estaban contempladas inicialmente por la UNP.

En respuesta a la controversia, Mancuso emitió un comunicado en el que defendió la legalidad y necesidad de su esquema de protección. Allí afirmó que este no responde a preferencias personales, sino a estudios técnicos de riesgo.

“La obligación del Estado de brindarme protección no es un privilegio ni un beneficio discrecional, es una garantía inherente a la desmovilización y nace de los compromisos que Colombia asumió en el marco de una negociación política de paz”, aseguró.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre los acercamientos entre el Gobierno nacional y las bandas criminales de Barranquilla, específicamente con los grupos Los Costeños y Los Pepes, tras la autorización otorgada por el presidente Gustavo Petro para iniciar los diálogos con estas estructuras armadas ilegales.

El Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, mediante la resolución 442 de 2025, autorizó los acercamientos exploratorios con estas estructuras armadas, con el objetivo de evaluar su voluntad de paz y avanzar hacia el sometimiento a la justicia.

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Según el documento, estos acercamientos deberán llevarse a cabo bajo estricta confidencialidad, sin que ello implique un reconocimiento político o de beligerancia de los grupos armados ilegales. Por lo que el ministro Benedetti fue tajante al afirmar que los resultados de estas negociaciones ya son visibles y que la seguridad de la región ha mejorado considerablemente.

El ministro Benedetti, que estuvo muy activo en su cuenta de X el 11 de diciembre, defendió abiertamente las conversaciones con las organizaciones criminales.

En un mensaje publicado en la red social, el funcionario destacó los logros obtenidos a raíz de estas negociaciones: “Es verdad. Gracias a que el Gobierno de Gustavo Petro ha logrado sentar a alias Castor y a Digno Palomino en una mesa inicial de acercamiento, los homicidios se han reducido en un 50% en Barranquilla y su área metropolitana desde el mes de septiembre”, afirmó Benedetti.

Además, el ministro resaltó que, incluso en lo que va de diciembre de 2025, la cifra de homicidios había disminuido en un 24%.

En esta misma línea, el ministro destacó la disminución de otros delitos: “La extorsión se ha reducido en un 80% desde septiembre. Ojo coterráneos, todo ha sido producto de estrategias del Gobierno Nacional y su política de paz urbana”.

Con estas declaraciones, el alto funcionario y mano derecha del presidente Gustavo Petro buscó reafirmar la efectividad de las políticas implementadas bajo el mandato de Gustavo Petro, especialmente en una ciudad que ha sufrido altos índices de violencia en los últimos años.

Así, el ministro Benedetti confirmó la reunión entre los representantes del Gobierno y los cabecillas alias Castor y Digno Palomino como parte del inicio de los diálogos de paz con las bandas Los Pepes y Los Costeños de Barranquilla.

Paz urbana: supuesta clave para reducir violencia en las ciudades, según Benedetti

El decreto 441 de 2025, firmado por el presidente Petro el 6 de diciembre, autoriza los acercamientos con las bandas mencionadas, grupos que, según las autoridades, tuvieron una notable presencia en la región Caribe del país.

El Gobierno designó a varios funcionarios clave, como Ricardo Rey, director de contrainteligencia, y Alexander Rojas, exgobernador de Nariño, para liderar estos acercamientos y evaluar las condiciones para formalizar un posible proceso de paz con estas estructuras armadas.

“Las conversaciones, acercamientos y contactos a que se refiere el presente artículo deberán llevarse a cabo bajo criterios de confidencialidad, y en ningún caso implican reconocimiento político ni de beligerancia de esas estructuras armadas organizadas”, establece el decreto en su artículo 3.

Este enfoque resalta la importancia de que estos diálogos se lleven a cabo dentro del marco legal vigente, sin que se les otorgue legitimidad política a los grupos delictivos.

Cabe destacar que la política de paz urbana que mencionó el ministro del Interior forma parte de la estrategia de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, centrada en combatir la violencia y el crimen organizado en las grandes ciudades, situación que mantiene en el ojo crítico de la oposición sobre la administración gubernamental.

A diferencia de los diálogos con grupos rurales, esta política busca desarticular las bandas urbanas responsables de homicidios, extorsiones y microtráfico. Se basa en dos ejes: el diálogo socio-jurídico y sometimiento a la justicia, que busca acuerdos para reducir la violencia, y la inclusión social, que aborda las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la falta de oportunidades.

Bolaños, un hombre con antecedentes policiales y señalado preliminarmente por la PNP como presunto integrante de la organización criminal norteña “Los Pulpos”, fue acribillado la noche del 30 de noviembre en plena vía pública, en Jesús María, pese al estado de emergencia vigente en la capital. El ataque, que dejó consternados a los vecinos, culminó con quince disparos que impactaron en el cuerpo de la víctima.

Comandante Óscar Arriola se pronuncia

El hecho ocurrió en la intersección del jirón Castro Virreyna con la avenida Brasil, un punto concurrido, iluminado y rodeado de comercios, lo que incrementó aún más el impacto entre quienes presenciaron los segundos finales de la víctima. Testigos y residentes no solo quedaron sorprendidos por la violencia del ataque, sino también por la proximidad con la residencia presidencial, un sector donde se presume mayor presencia policial y protocolos adicionales de seguridad.

Mientras los peritos realizaban las primeras diligencias y se levantaban aproximadamente 14 a 15 casquillos de bala, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, llegó hasta la escena para confirmar que se trataba de una víctima conocida dentro del mapa criminal del país. En sus declaraciones, explicó con detalle la secuencia del ataque, los antecedentes del fallecido y las posibles motivaciones detrás del crimen.

Según informó la PNP, Sergio Bolaños Sarmiento no era ajeno al mundo delictivo. Estaba investigado por vínculos con “Los Pulpos”, una organización criminal asentada principalmente en el norte y dedicada, entre otras actividades ilícitas, a la minería ilegal, secuestro, extorsión y tenencia ilegal de armas. Incluso, según Arriola, un familiar suyo había sido blanco recientemente de un ataque con explosivos en Trujillo, un episodio que fue reportado en su momento por diversos medios. Además, Bolaños había tenido ingresos previos a penales por delitos vinculados a armamento.

Lo estaban siguiendo

El comandante general relató que el ataque no fue al azar, sino una ejecución planificada, donde la víctima fue vigilada y seguida desde el momento en que salió de la vivienda donde estaba hospedado. Sus declaraciones, textuales, reconstruyen con precisión los minutos finales del fallecido:

“Él ha salido de una casa que estaba alojado por acá, muy cerca, y a él lo han estado vigilando. Estaba comiendo un helado, llegó a la esquina. Ya vino uno, una persona con casco que le ha acercado mientras una moto estaba en la esquina de allá para dirigirse hacia el oeste. Y es así que el que está acá se le acerca, él se da cuenta y empieza, por eso que corre y llega hasta casi la mitad de la avenida. Y han realizado quince disparos”, detalló Arriola ante la prensa.

A la precisión técnica de su narración, uno de los agentes presentes añadió: “Quince disparos”, enfatizando la magnitud de la agresión.

Arriola continuó: “Igual cantidad de heridas por proyectiles de arma de fuego presenta el cuerpo. Es el examen, al examen de los médicos legistas, los peritos de Criminalística, el Ministerio Público y las pesquisas de Homicidios”, confirmando así que todos los disparos impactaron en el cuerpo del hombre, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio premeditado y ejecutado con clara intención de eliminarlo.

La violencia del ataque, en una zona donde la seguridad debería ser estricta debido a la presencia de la residencia presidencial, ha generado cuestionamientos y preocupación entre los vecinos. Aunque las investigaciones aún están en curso, la policía sostiene preliminarmente que el crimen responde a un ajuste de cuentas relacionado con disputas internas o vendettas propias del crimen organizado.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no descarta ninguna línea de investigación, pero se mantiene firme en que el móvil principal apunta a un enfrentamiento entre bandas o una venganza por hechos previos cometidos en el norte del país.

Todo ocurrió, en la intersección del jirón Castro Virreina con la avenida Brasil, a solo dos cuadras de la vivienda del presidente José Jerí, fue asesinado Sergio Bolaños Sarmiento, un hombre de 29 años con historial delictivo y presuntos vínculos con la organización criminal Los Pulpos. El ataque, ejecutado con una precisión que reveló seguimiento previo, incluyó quince disparos que no le dieron opción de escapar.

El crimen ocurrió cerca de las ocho de la noche, en un punto céntrico del distrito y en plena zona residencial, donde se esperaba un alto nivel de vigilancia debido a la proximidad con el edificio donde reside el jefe de Estado. Esa cercanía, sumada al hecho de que la capital se encuentra bajo estado de emergencia, incrementó la preocupación de vecinos y autoridades, quienes señalaron su sorpresa ante la facilidad con la que los sicarios actuaron para luego huir sin ser capturados.

Implicado en la minería ilegal, secuestro, a la tenencia ilegal de armas

Hasta el lugar llegó la prensa y diversas unidades especializadas de la Policía. En transmisión en vivo para un medio conocido, el reportero describió el ambiente: calles parcialmente cerradas, vecinos observando desde las ventanas y el cuerpo de la víctima aún tendido sobre la vía, rodeado de peritos y casquillos esparcidos sobre el pavimento.

“Aquí hace tan solo algunas horas un hombre fue baleado hasta morir, con quince disparos. Ello ha sorprendido a los vecinos, sobre todo porque ha ocurrido en una zona bastante céntrica y donde debería existir bastante seguridad debido a la proximidad que existe con la vivienda del presidente”, relató el periodista de Exitosa.

La autoridad que brindó la primera reconstrucción oficial de los hechos fue el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien confirmó la identidad de la víctima y detalló que este no era un ciudadano ajeno al mundo delictivo.

“La persona asesinada es nada menos que Sergio Bolaños Sarmiento, con antecedentes policiales y con operaciones en Trujillo ligadas a la minería ilegal, al secuestro, a la tenencia ilegal de armas”, señaló ante la prensa. Sus palabras fueron contundentes al recalcar que el crimen apunta a un ajuste de cuentas.

Arriola también recordó que uno de los episodios más notorios relacionados con la víctima fue el atentado con dinamita registrado meses atrás en Trujillo. “Uno de los atentados dinamiteros en avenida Mi Perú, en Trujillo, es la casa de un familiar de él”, explicó, haciendo referencia a la explosión que destruyó la vivienda de su madre y afectó a más de veinte viviendas en agosto pasado. En aquel momento, la Policía ya manejaba varias hipótesis de que la explosión había sido una advertencia criminal.

De acuerdo con la reconstrucción del comandante, Bolaños había salido minutos antes de una vivienda cercana, donde se encontraba alojado. En ese momento, no se habría percatado de que estaba siendo vigilado por dos sujetos en motocicleta. “Él estaba comiendo un helado, llegó a la esquina y ya vino una persona con casco, se le ha acercado mientras que una moto estaba en la esquina de allá para dirigirse hacia el oeste”, indicó Arriola. Cuando Bolaños vio al atacante a pocos pasos, corrió desesperadamente intentando cruzar la avenida, pero no llegó lejos. “Le han realizado quince disparos. Y igual cantidad de heridas por proyectil de arma de fuego están presentes en el cuerpo, según el examen de los médicos legistas y peritos de criminalística”, añadió.

La secuencia no tomó más de un minuto. Los vecinos, que escucharon la ráfaga, pensaron inicialmente que se trataba de pirotecnia o de un choque, pero al ver a la gente gritar rápidamente entendieron que se trataba de un ataque directo y letal. Algunos mencionaron que el sonido fue tan fuerte que retumbó en los edificios cercanos, lo que significa que el sicario disparó a corta distancia y sin silenciamiento.

El general Arriola descartó, por el momento, que el ataque esté vinculado directamente a la residencia del presidente, pero sí remarcó su cercanía como un factor que evidencia la audacia de las bandas criminales. También confirmó que Bolaños tenía ingresos a un penal por tenencia ilegal de armas y que seguía siendo investigado por brigadas especializadas en Trujillo por su presunta conexión con la red delictiva Los Pulpos, activa en cobros de cupos, extorsión, minería ilegal y sicariato.

Meses atrás, tras el atentado contra la vivienda de su familia, Bolaños negó vínculos con el crimen organizado y afirmó que se trataba de un intento por perjudicarlo. Sin embargo, la Policía sostiene que existían indicios suficientes para colocar su nombre dentro de estructuras delictivas que operan entre La Libertad y Lima. En paralelo, se investiga si mantenía conflictos recientes con integrantes de bandas rivales como Los Pepes, conocidos por atacar propiedades con explosivos como mecanismo de amenaza.

Las primeras diligencias realizadas en Jesús María incluyen la revisión de cámaras municipales y privadas, pues los sicarios huyeron por una avenida transversal sin dejar huellas visibles. Según información preliminar, el celular de la víctima contenía intercambios recientes con otras figuras criminales trujillanas, entre ellas “Jhonsson”, enemigo de “Jolín”, a quien él mismo había señalado anteriormente como responsable del ataque dinamitero.

Mientras agentes de Homicidios y peritos trabajan en la recolección de pruebas, el crimen abre de nuevo el debate sobre la eficacia del estado de emergencia y la capacidad de respuesta ante la escalada del sicariato. El hecho de que un ataque de esta magnitud ocurra a metros del hogar del presidente no solo genera inquietud en la ciudadanía, sino que también plantea interrogantes sobre la sofisticación con la que operan estas organizaciones.

En la parte final del reporte en vivo, el periodista cerró con la confirmación policial: “Esto se trataría, muy probablemente, de un ajuste de cuentas. Se conoce la vida criminal que ha tenido esta persona, sin embargo, se va a investigar cuáles han sido los móviles para determinar quiénes terminaron con la vida de esta persona”. El caso continúa en investigación.

El ataque ocurrió cuando caminaba por la avenida Brasil, aparentemente con la intención de ingresar a una tienda cercana. No llegó a hacerlo. Dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y dispararon más de ocho veces, dejándolo tendido sobre el pavimento, sin posibilidad alguna de sobrevivir.

Los testigos escucharon la ráfaga y algunos incluso creyeron que se trataba de pirotecnia. Solo cuando vieron al joven desplomarse y a la motocicleta acelerar a toda velocidad en dirección al cruce con la avenida 28 de julio entendieron que habían presenciado un hecho que ya forma parte del modus operandi más temido en la capital: una ejecución directa y calculada.

Habrían encontrado más de 15 casquillos

En la escena se encontraron varios casquillos dispersos, más de 15 casquillos, evidencia de la violencia con la que actuaron los agresores. La Policía Nacional ha confirmado que el ataque estuvo dirigido exclusivamente contra él y que no se trató de un asalto ni de un intento de robo. Todo apunta a un mensaje claro: eliminar a un objetivo previamente marcado.

La muerte de Bolaños se vuelve aún más significativa por el historial reciente que lo rodeaba. Su nombre saltó a los titulares en agosto pasado cuando una carga de explosivos destruyó por completo su vivienda en la avenida Perú, un acto que sembró miedo y desconcierto entre los vecinos de Trujillo. En aquel momento, la policía señaló que el ataque tenía características propias de un acto ligado a la extorsión y al crimen organizado, un fenómeno que viene golpeando con fuerza el norte del país.

A partir de ese atentado, la figura de Sergio Bolaños quedó envuelta en controversias y versiones encontradas. Las autoridades policiales lo vinculaban de manera preliminar a la organización criminal Los Pulpos, conocida por controlar zonas de Trujillo mediante cobro de cupos y violencia extrema. Él lo negó públicamente, asegurando que era víctima de una campaña para perjudicarlo y que lo querían “hacer quedar mal”. En sus declaraciones, señaló directamente a “Jolín”, un presunto delincuente enfrentado históricamente con “Jhonsson”, ambos nombres conocidos dentro de los circuitos criminales del norte.

Según Bolaños, el ataque con explosivos no tenía que ver con él como persona, sino con la guerra entre estas dos facciones. Aseguró incluso que lo estaban utilizando para “tapar otras cosas” y que su nombre había sido arrastrado, sin fundamento, a la pugna entre bandas. Su versión contrastaba con la de los investigadores, quienes mantenían abiertas varias líneas sobre su posible relación con actividades ilícitas.

Ahora, su asesinato en Jesús María introduce un elemento nuevo y potencialmente decisivo. De acuerdo con fuentes policiales preliminares, al revisar el celular de la víctima se habrían encontrado conversaciones recientes con “Jhonsson”, el rival directo de “Jolín”. Este hallazgo podría reconfigurar la interpretación del caso y generar nuevas hipótesis sobre las motivaciones detrás del crimen. Aunque la investigación está en curso y falta confirmar la autenticidad y el contenido exacto de esos mensajes, la sola existencia de esa comunicación abre interrogantes sobre la verdadera posición de Bolaños dentro del entramado que disputan estas organizaciones.

La presencia de estas conversaciones adquiere un peso particular si se recuerda que, tras el atentado con dinamita, Bolaños había proclamado públicamente que el responsable era “Jolín”. Si en paralelo mantenía contacto con su adversario, “Jhonsson”, las investigaciones podrían orientarse hacia la posibilidad de que el joven estuviera involucrado, voluntaria o involuntariamente, en un conflicto que terminó por atraparlo.

Temía por su vida

En Jesús María, un distrito que se percibía tradicionalmente como seguro, el impacto del crimen ha sido profundo. Los residentes se mostraron consternados al ver que un ataque tan directo pudiera ejecutarse en una de las avenidas más iluminadas y vigiladas de Lima. La motocicleta utilizada por los agresores refuerza el patrón que se ha repetido en los últimos meses en la capital: ataques rápidos, precisos, con rutas de escape estudiadas y sin margen para que la víctima pueda reaccionar.

La Policía, por su parte, trabaja con la Divincri y el Departamento de Homicidios para reconstruir el trayecto de la motocicleta mediante cámaras de vigilancia instaladas desde el cruce con Brasil hasta avenidas colindantes. Sin embargo, los agentes reconocen que en casos de sicariato profesional los autores suelen utilizar motocicletas sin placa visible, cilindradas rápidas y, en ocasiones, rutas previamente ensayadas.

La muerte de Bolaños marca un desenlace trágico para un joven que, tras la explosión en su vivienda, declaró en más de una oportunidad que temía por su vida y la de su familia. Cambió de residencia, evitó regresar a Trujillo y buscó permanecer fuera del radar. Pero las dinámicas del crimen organizado, especialmente en contextos donde existen disputas internas, suelen trascender ciudades, horarios y fronteras. Para los investigadores, el hecho de que haya sido localizado y ejecutado en Lima revela que sus enemigos —o quienes lo tenían en la mira— conocían su rutina.

La casa dinamitada en Trujillo

Bolaños no era un desconocido para la Policía. En agosto pasado, tras la explosión de dinamita que destruyó la vivienda de su familia en Trujillo, las autoridades lo mencionaron como un hombre presuntamente vinculado a la organización criminal Los Pulpos, una de las bandas más violentas dedicadas a la extorsión, el cobro de cupos y otros delitos de alto impacto en el norte del país.

Aunque nunca fue condenado por integrar dicho grupo, su nombre aparecía en informes de Inteligencia que monitoreaban movimientos entre Los Pulpos, Los Pepes y otras facciones emergentes del hampa trujillana.

Después del atentado contra su casa, Sergio Bolaños declaró públicamente que él no tenía vínculos delictivos y que era víctima de una maniobra para “hacerlo quedar mal”.

En aquella ocasión, responsabilizó directamente a “Jolín”, un personaje identificado por la División de Investigación Criminal como uno de los rivales más violentos de “Jhonsson”, cabecilla histórico de Los Pulpos. Su versión apuntaba a una disputa ajena en la que, según él, lo habían usado de pretexto. “Quieren destruir a mi familia y a mí. Me quieren involucrar en cosas que no he hecho”, dijo entonces, asegurando que se había mantenido lejos de cualquier actividad criminal.

Los detectives no descartan que el ataque esté conectado tanto al atentado con explosivos en Trujillo como a conflictos internos entre facciones de Los Pulpos, que en los últimos meses han sufrido divisiones, pugnas por territorios de extorsión y disputas por liderazgo.

Para los agentes, la manera en que se ejecutó el asesinato —sicarios en moto, ráfagas directas, fuga rápida y certera— sigue un patrón de hitman profesional, típico de organizaciones criminales con capacidad financiera y logística.

Otra pieza que evalúa la Policía es si el ataque fue una represalia por haber señalado públicamente a “Jolín” como responsable de la explosión en Trujillo.

Lo que está claro para los agentes es que la muerte de Sergio Bolaños Sarmiento no fue al azar. Los sicarios sabían quién era, dónde vivía y cuáles eran sus rutinas. Incluso manejan la hipótesis de que pudo haber sido seguido desde otro punto de Jesús María o desde su vivienda, algo que las cámaras de seguridad podrían confirmar en las próximas horas.

El Ministerio Público ya ha dispuesto el levantamiento del cuerpo y la revisión integral de las imágenes de la zona, donde hay cámaras municipales y privadas en casi cada esquina.

Las autoridades han registrado a lo largo de este tiempo un vínculo directo entre los episodios de violencia que cercaron al empresario y la intensificación del pulso entre Los Pulpos, La Jauría y la disidencia denominada Los Pepes. Detrás de los ataques se revelan viejos rencores, acusaciones cruzadas y la ambición por el control de circuitos de extorsión, con daños colaterales que han dejado barrios enteros atemorizados y cifras récord de víctimas y afectados en la región La Libertad y Lima.

Explosivos, firmas mafiosas y un barrio sitiado

El 14 de agosto por la noche, la tranquilidad del barrio El Molino, en Trujillo, se quebró bajo una detonación equivalente a un artefacto militar. Un grupo de Los Pepes usó entre quince y veinte cartuchos de emulsión, explosivos embargados usualmente para la minería ilegal, y voló la fachada de la vivienda de la madre de Bolaños Sarmiento, en la cuadra ocho de avenida Perú. La onda expansiva arrasó ventanas, veredas y autos; siete vecinos resultaron heridos y casi cuatro manzanas sufrieron daños materiales considerables según reportes de la Policía Nacional.

La investigación primaria halló rastros claros de origen y motivación: la orden de ejecutar el ataque vino, según fuentes policiales de El Comercio, desde Chile, bajo las directivas de Andy Yofran Quispe Cruz, alias “Pepe”, miembro de Los Pepes y pariente cercano de Johnson Smith Cruz Torres, apodado “Johnson Pulpo”. No hubo robo. La acción fue directa y planificada. Pocas horas más tarde, videos y mensajes dejaron constancia pública de la amenaza: “Hoy 14 de agosto, Bolaño pagas o te mueres”, junto a la exigencia de un millón de soles como señal de que las hostilidades no cesarían.

Disputas sin tregua: extorsión, amenazas y ajustes de cuentas a cielo abierto

La escalada de violencia no era ajena al historial de la víctima. Bolaños Sarmiento ya había sido objeto de atentados armados, incluso antes de la explosión. En julio, un tiroteo en Trujillo lo tuvo entre sus objetivos; en noviembre de 2024, tras otro ataque a balazos cerca del centro histórico, fue capturado por la policía y hallado junto a municiones y cargadores, episodio donde dos agentes resultaron heridos de gravedad. Las autoridades veían en él a un actor relevante en el esquema financiero de Los Pulpos y lo vinculaban, sin pruebas concluyentes, a posibles colaboraciones con la justicia y delaciones internas.

Sin embargo, Bolaños Sarmiento defendía públicamente su inocencia. En intervenciones radiales luego del atentado con dinamita, negó haber recibido amenazas previas y rechazó cualquier nexo con organizaciones criminales. Según sostenía, los ataques provenían de venganzas relacionadas a la muerte de “Chatore”, hermano de Jholin Bazán Valderrama (“Jholin”), líder de la Nueva Jauría, y señalaba —sin titubear— que su encarcelamiento carecía de fundamento real. Señaló que no tenía antecedentes y que sus negocios eran lícitos, descartando también que actuara como informante policial.

Lima como escenario final

La última tarde de noviembre, la cadena de hostigamientos llegó a su clímax. Sergio Bolaños Sarmiento fue interceptado a unos metros de la residencia presidencial, en la avenida Brasil de Jesús María, Lima. Sicarios en moto se le acercaron, realizaron un disparo al aire y luego lo abatieron por la espalda, asegurando su muerte de forma inmediata ante transeúntes y bajo la mirada de cámaras de seguridad. El crimen, además de su dificultad para las fuerzas del orden, consolidó la percepción de poder e impunidad de las mafias en la capital.

La policía confirmó que este asesinato no fue un hecho aislado. La víctima venía de denunciar atentados consecutivos, incluido el ataque explosivo en Trujillo y varios intentos de homicidio previos. Fotografías y registros de llamadas ubicaron a Bolaños en el radar de la organización Los Pulpos y de la Nueva Jauría, aunque él insistió hasta el final en que no pertenecía a ninguna banda y que las acusaciones al respecto carecían de respaldo documentado. La hipótesis de un ajuste de cuentas por el control de mercados ilícitos ganó terreno en la investigación.

En la madrugada del domingo 23 de noviembre de 2025 se registró la fuga de siete presos del CAI Hipódromo, ubicado en la carrera 30 con calle 26 del barrio Hipódromo, en Soledad, Atlántico.

De acuerdo con información obtenida por El Heraldo, tres de los reclusos fueron recapturados poco después, mientras que cuatro continúan prófugos. La Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene un operativo especial para dar con el paradero de los evadidos.

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Al parecer, el escape se produjo cuando un grupo de internos rompió el techo de la celda y abrió un hueco por el que solo lograron salir los más delgados, debido al reducido tamaño de la abertura. En total, siete personas huyeron del recinto, que al momento de la fuga albergaba a 32 reclusos.

Las autoridades recapturaron a Axel Gabriel Morales Benavides, Joel Vizcaíno Caballero y José Luis Barrios Álvarez en el sector de Villa Concord, en Malambo. Los tres permanecían privados de la libertad por los delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego, según confirmó el mismo medio.

Por su parte, los cuatro reclusos que permanecen en fuga han sido identificados como Osneider Enrique Daza Bolívar, capturado por homicidio; Omar Sebastián Fábregas Ferrer, Antony José Paredes Cordero y Luis Franyer Mendoza Reyes, los tres detenidos por porte ilegal de arma de fuego.

Al parecer, estos individuos estarían vinculados a las estructuras criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo de búsqueda intensiva y mantiene vigilancia reforzada en el CAI Hipódromo, mientras continúa la investigación sobre las circunstancias que permitieron la evasión. El centro de atención inmediata contaba con 32 personas privadas de la libertad al momento del incidente.

Como parte de la respuesta institucional, las autoridades han implementado un cerco de seguridad en la zona y en los municipios aledaños, con el objetivo de ubicar y capturar a los cinco reclusos que aún permanecen en libertad.

Ya se han registrado múltiples fugas de estaciones de policía en 2025

Y es que en lo que va de 2025, se han reportado varios incidentes graves de fugas o intentos de fuga en estaciones de policía, lo que evidencia un problema estructural relacionado con el hacinamiento y la falta de controles efectivos.

Uno de los casos más llamativos se registró el 9 de noviembre en la estación de Policía de Barrios Unidos, en Bogotá: durante la entrega de alimentos y la limpieza rutinaria, 14 detenidos se abalanzaron contra los custodios, lo que derivó en un motín. Según la Policía, cinco reclusos resultaron heridos por arma de fuego y cuatro lograron fugarse.

De esos prófugos, al menos dos ya fueron recapturados. Las autoridades activaron un Plan Candado con despliegue en diferentes zonas de la ciudad para dar con ellos.

Este tipo de incidentes se agrava por la sobrepoblación: según la Personería de Bogotá, las estaciones de detención transitoria tienen un hacinamiento que alcanza el 169%, lo que convierte esas sedes policiales en espacios poco seguros para custodiar a las personas privadas de libertad.

Pero los intentos de fuga no solo ocurren en estaciones muy visibles: el 6 de mayo, cerca de cien hombres detenidos en la estación de Policía de San Cristóbal, sur de Bogotá, protagonizaron un amotinamiento.

Según los reportes, los reclusos abrían un hueco en la pared para intentar huir masivamente, algo que fue detectado por los guardias y controlado con el apoyo de unidades especializadas de la Policía.

Estos episodios muestran una debilidad en la infraestructura de detención policial y en los mecanismos de supervisión: el hacinamiento, la vigilancia limitada y las rutinas de custodia son factores que recurrentemente se combinan para generar fugas o intentos de escape.

La mañana del viernes 21 de noviembre de 2025, y en medio de un operativo de rutina que se desarrollaba en Bogotá se confirmó la detención del que es considerado uno de los hombres de confianza de Jorge Eliécer Díaz Collazos, más conocido como alias Castor, jefe de la organización criminal Los Costeños, una de las más poderosas de Barranquilla.

El hoy detenido fue identificado como Juan Carlos Rosete, alias Boliqueso, y cayó en medio de una labor de patrullaje que se adelantaba de manera habitual por parte de uniformados cerca al sector de Modelia, localidad de Fontibón (misma zona en donde se cometió el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025).

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“Este hombre de 30 años deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico o fabricación o porte de armas de fuego”, señaló en declaraciones a medios de comunicación el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

De acuerdo con los detalles del procedimiento, la actitud sospechosa que mostró “Boliqueso” en vía pública llevó a los agentes que estaban en ese momento de turno (del CAI —Comando de Atención Inmediata— Hayuelos) lo detuvieran y al momento de requisarlo se le encontró un arma de fuego.

Es de agregar que aparte de lo anterior, el capturado tenía vigente una orden judicial emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías de Barranquilla.

‘Boliqueso’ seguía órdenes de ‘Castor’: desde la cárcel

Dentro de las pesquisas que se llevaron a cabo luego de arrestar a “Boliqueso” se estableció que sería la mano derecha de alias Castor, y como lo calificó el general Cristancho, “coordinador logístico del grupo delincuencial común organizado Los Costeños”.

“Es de resaltar que alias Boliqueso había sido capturado en la ciudad de Medellín y actualmente tenía medida de aseguramiento detención domiciliaria”, detalló en su reporte luego de la captura el alto oficial.

De acuerdo con las investigaciones que se dieron antes, durante y después de la captura de “Castor” (el martes 4 de abril en Cúcuta (Norte de Santander), luego de ser deportado desde Venezuela), los integrantes de Los Costeños ejercían control criminal en varios sectores de esta ciudad mediante homicidios selectivos, cobros extorsivos y tráfico de estupefacientes.

Por último, y uno de los detalles que más llamó la atención es que Díaz Collazos, que se encuentran en estos momentos adelantando diálogos (y hasta declararon una tregua) con el máximo cabecilla de Los Pepes, el bando rival en Barranquilla, Digno José Palomino Rodríguez, más conocido como Digno Palomino, es que “Boliqueso” recibía órdenes de “Castor” para seguir dinamizando las actividades delincuenciales contra comerciantes.

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado por parte de las autoridades, dichos cobros extorsivos “iban desde un millón hasta cincuenta millones de pesos”.

Por último, el general Cristancho señaló que el criminal fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos que se le acusan, además de la condena que ya estaba pagando.

Alias Boliqueso ya había sido noticia en 2024: los detalles de su captura

En varios informes de medios colombianos se puede confirmar lo que mencionaron las autoridades desde Bogotá.

Por ejemplo, y tras una ofensiva a nivel nacional que se denominó operación Aquiles (a inicios de diciembre de 2024), se pudo confirmar que “‘Boliqueso’ fue capturado en la ciudad de Medellín a donde había sido enviado por su jefe ‘Castor’ para que evadiera el control de las autoridades mientras que continuaba dinamizando las actividades delincuenciales contra comerciantes de los barrios Las Nieves, Simón Bolívar, Los Trupillos, La Chinita, Rebolo, Montes, San Roque y Chiquinquirá en la capital atlanticense”, señaló en ese entonces el general José Luis Ramírez Hinestroza, Jefe Nacional del Servicio de Policía.

El hoy detenido seguía delinquiendo en Barranquilla, pero dando las órdenes desde Medellín, y “a través de exigencias entre 1 y 50 millones de pesos para no atentar en su contra“, agregó el mismo oficial.

La captura de alias Boliqueso, señalado como uno de los hombres de mayor confianza de Jorge Eliécer Díaz Collazos, marcó uno de los golpes más relevantes contra la estructura de Los Costeños de la 40, grupo que opera bajo el liderazgo de “Castor” desde prisión, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia en ese momento.

En total fueron 178 personas capturadas las que dejó la operación Aquiles en Barranquilla, Medellín y Cartagena, y en departamentos clave como Cundinamarca, Norte de Santander, Putumayo, Meta, Caldas, Valle, Nariño y Cesar.

Las investigaciones realizadas durante cinco meses permitieron a la policía recolectar material audiovisual que vincula a “Boliqueso” con instrucciones directas de “Castor”.

En varios videos, el detenido aparece recibiendo órdenes precisas dirigidas a actividades delictivas y extorsiones, incluida la amenaza contra víctimas a cambio de pagos para no atentar contra ellas.

Integrantes de Los Costeños mantenían una lealtad particular a su líder, “Castor”, hasta el punto de tatuarse y portar gorras con la marca OCC (Oficina de la Costa Los Costeños), además de componerle una canción.

Estos detalles, aportados por la Policía Nacional, ilustran el nivel de cohesión interna de la organización.

La Operación Aquiles también se orientó a otras bandas dedicadas a la extorsión y el secuestro. Entre ellas, Los Peludos, cuyos 17 presuntos miembros fueron detenidos en Medellín en hechos que incluyeron desplazamiento forzado y la utilización de menores en delitos.

En varias zonas, la banda extorsionaba a comerciantes y vendedores, sometiéndolos a pagos obligatorios a cambio de su “protección”; quienes se resistían, sufrían desplazamiento forzado y perdían sus viviendas.

El despliegue reciente permitió a la Policía Nacional golpear un total de 22 grupos delictivos en varias regiones del país, y que como concluyó esa vez el general Ramírez para referirse al cobro de extorsiones y secuestros, son “los delitos que más impactan la percepción de inseguridad de los colombianos”.

La noche en la que un partido de fútbol prometía distensión en el suroccidente de Barranquilla terminó convertida en escenario de violencia, cuando un ataque armado en la cancha de Villa Cordialidad dejó tres personas muertas y dos mujeres heridas, en lo que las autoridades consideran un nuevo episodio del enfrentamiento entre las bandas Los Costeños y Los Pepes.

El hecho, que constituye la cuarta masacre registrada en el departamento del Atlántico en 2025, reavivó el temor en una ciudad marcada por la persistencia de la criminalidad, pese a los recientes intentos de tregua entre los grupos delictivos.

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El ataque ocurrió luego de que cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas irrumpieron en el polideportivo de Villa Cordialidad. Los parrilleros descendieron y abrieron fuego en ráfagas contra jugadores y asistentes, provocando una estampida de quienes se encontraban en el lugar.

Testigos relataron que la cancha, minutos antes colmada de gritos y jugadas, quedó sumida en el caos, con cuerpos tendidos en el suelo y decenas de personas huyendo en medio de los disparos.

Un residente de la zona describió la escena: “Eso fue un desastre total. Estaba la gente corriendo para allá, corriendo para acá. Había un desastre, no se sabía lo que pasaba. Hubo muchos tiros, muchos disparos”, según La FM.

Entre las víctimas mortales se encuentran Eider Manuel Padilla Guerra, de 37 años; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25; y Roxana Chiquinquirá Huertas Ríos, de 27. Las dos mujeres heridas, Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31, y Yusmari Núñez De la Peña, de 26, fueron trasladadas a centros asistenciales.

Según el reporte policial, Cantillo tenía cinco anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y hurto, mientras que Padilla presentaba una por tráfico de estupefacientes.

El coronel Belkin Villarreal, subcomandante de la Policía Metropolitana, detalló: “Uno de estos dos había sido capturado el 1 de octubre por tráfico porte de estupefacientes, pero fue dejado en libertad. Información preliminar indica que este hecho sicarial estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre miembros del grupo delincuencial Los Pepes y Los Costeños. Se ha destacado toda la capacidad institucional a través de nuestra policía judicial para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial así como los móviles y los autores”.

La hipótesis principal de las autoridades apunta a un ajuste de cuentas entre Los Costeños, organización dedicada al microtráfico en el sector, y su rival Los Pepes. La Policía Metropolitana sostiene que las víctimas estarían vinculadas a la estructura de Los Costeños, mientras que los sicarios serían integrantes de Los Pepes.

El ataque se produce en un contexto de tensión creciente, pese a que los cabecillas de ambas bandas, Digno Palomino y Jorge Eliércer Díaz Collazos, alias Castor, firmaron un cese de actividades el 2 de octubre en la cárcel La Picota de Bogotá, acuerdo que, según lo anunciado, se extendería hasta el 20 de enero de 2026.

El contraste con los hechos del fin de semana anterior resulta llamativo. En la cancha de arena del barrio Barlovento, presuntos miembros de Los Pepes y Los Costeños participaron en un partido de fútbol simbólico, resultado de la tregua pactada en octubre y de los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

El evento, celebrado por líderes comunitarios y familiares de los jefes de las bandas, transcurrió sin incidentes y fue visto como un primer paso hacia la convivencia. La cancha se llenó de tambores, cánticos y aficionados del Junior, que alentaron a ambos equipos sin distinción. Los jugadores, muchos de ellos jóvenes marcados por años de violencia barrial, salieron al terreno con el propósito de demostrar que la coexistencia era posible.

El ataque en Villa Cordialidad puso en entredicho la vigencia de la tregua. La Policía Metropolitana investiga si este hecho marca el fin del cese de hostilidades anunciado por los líderes de las bandas.

El subcomandante encargado, teniente coronel Belkin Villarreal, reiteró: “Se ha destacado toda la capacidad institucional, a través de nuestra Policía para establecer a quién iba dirigido el ataque sicarial, así como los móviles y los autores”.

Según testigos, durante el encuentro deportivo había entre 80 y 90 personas, lo que incrementó el impacto del ataque. Un habitante del sector afirmó: “Hay más heridos, hay pelaos que tienen tiro en el tobillo, otro en la parte de arriba de la pantorrilla. Hay varios heridos”.

En un hecho que meses atrás hubiera sido impensado, y en el que el resultado hipotético hubiese sido una serie de víctimas fatales y heridos, un partido de fútbol celebrado en la cancha del barrio Barlovento el fin de semana del 9 de noviembre de 2025 en Barranquilla, presuntos miembros de dos de las organizaciones criminales más temidas de la capital del Atlántico jugaron un partido de fútbol.

Y es que de acuerdo con lo que se conoció por medio de reporte en la presa regional, este encuentro futbolístico en el que el resultado luego de treinta minutos fue lo último que importó, dejó una muestra más de las intenciones de diálogo para hacer la paz entre los miembros de Los Pepes y Los Costeños.

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Hombre bajo órdenes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido bajo el alias de Castor y líder máximo de Los Costeños; y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes; y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, llevaron a cabo la actividad, en un gesto que surge luego del anuncio de diálogos entre ambos cabecillas, y que a su vez llevó a una tregua que ha impactado en una reducción significativa en los hechos violentos, según autoridades locales.

Lo anterior, y según datos oficiales dela Consejería de Paz, el primer mes luego de la firma de la tregua entre ambos líderes, y hecha alrededor de varias autoridades y representantes legales de ambos bandos, dejan un saldo favorable: los homicidios descendieron un 57%; las extorsiones 84% y los hurtos a comercios un 60%.

De acuerdo con lo que expresó el mismo coordinador de los diálogos de paz, Camilo Pineda Serje, “ellos propusieron este tipo de encuentros como parte de los gestos de reconciliación territorial mientras avanza la conversación con el Gobierno”.

El Gobierno nacional no tuvo nada que ver en el partido entre Los Costeños vs Los Pepes en Barranquilla

El evento contó con la presencia de hinchas del Junior de Barranquilla, que con sus instrumentos alentaron el encuentro futbolístico, en medio de una recepción positiva por parte de la ciudadanía, y con miras a que estos espacios puedan abrir la chance de que la administración de Gustavo Petro instale de manera forma un espacio que blinde forma sociojurídica a los jóvenes de ambos bandos, para someterse.

Sumado a todo lo anterior, Pineda agregó en diálogo con la emisora Emisora Atlántico: “Nosotros, como oficina comisionada para los asuntos de paz (Consejería Comisionada de Paz —CCP—) fuimos informados durante el desarrollo del cotejo. Fueron enviando fotografías y fueron enviando registros fílmicos, y a través del abogado del señor Jorge Díaz, pues enviando la notificación y el gesto de paz que, que buscan mostrar con esto tanto Costeños como Pepes”.

Lo anterior, siguió el funcionario, explicó que se hizo “para decirle que el Gobierno nacional, pues no tuvo una participación en la organización ni en la definición metodológica de la actividad. Lo recibimos como un gesto de paz por parte, tanto del señor Digno como del señor Jorge, que dentro de la explicación del asunto, se hace en Barlovento por ser un centro, digamos, histórico de disputa territorial por parte de las organizaciones”.

Adicional a esta explicación, y como un panorama de todo el territorio que se estaban disputando Los Costeños y Los Pepes, se confirmó que “en realidad, todo el suroriente y el centro de Barranquilla siempre ha sido una zona en disputa y lo toman (Barlovento) como un epicentro para mandar un mensaje de paz, de reconciliación entre ambos bandos”, concluyó Pineda.

Mientras que Ana Cecilia Palomino, hermana de “Digno Palomino” le expresó a Rtvc su emoción al ver lo que allí estaba ocurriendo ese domingo.

“Felicidad porque, antes de que se dieran estos malos entendidos, Jorge es muy buen amigo, a él lo aprecio mucho… llena de felicidad y de gratitud por todo, porque este paso ya se dio y vamos con paso firme buscando esa justicia y esa paz”, dijo Palomino, a la espera de que se confirme la revisión de una solicitud en la que ambos cabecillas tienen que ver.

Todo porque desde el jueves 30 de octubre se conoció que la oficina jurídica de la Consejería de Paz y el Departamento Administrativo de de la Presidencia (Dapre) sostuvieron una reunión para evaluar el posible traslado de “Castor” y “Digno Palomino” a centros reclusorios en Barranquilla.

La captura de Roger Ismael Zambrano Solano, conocido como alias Roger, representa un nuevo avance en la lucha contra las extorsiones que afectan a comerciantes del departamento del Atlántico.

La operación, liderada por el Gaula de la Policía Nacional en desarrollo del Plan Cazador y en el contexto de la estrategia S2D, contó con la coordinación del Departamento de Policía Atlántico y se efectuó mediante orden judicial en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con lo revelado por el coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Departamento de Policía Atlántico, “este sujeto, con el alias Roger, era la persona encargada de recibir todo el cobro de las extorsiones, especialmente de los comerciantes de los municipios de Baranoa y Sabanagrande”.

El Heraldo precisó que el recaudador habría alcanzado a obtener más de 100 millones de pesos producto de las extorsiones realizadas a comerciantes locales.

La detención de Zambrano Solano se realizó cuando se movilizaba en motocicleta por una vía pública de Soledad.

En el momento de la captura, los agentes incautaron un teléfono celular presuntamente utilizado para coordinar los cobros ilícitos.

Según datos recabados por las autoridades judiciales, el ahora capturado actuaba como recaudador y pieza clave en el engranaje criminal de Los Pepes, organización acusada de amedrentar e intimidar a comerciantes con amenazas para exigirles pagos bajo amenaza.

“Alias Roger sería el encargado de recibir el dinero producto de las amenazas realizadas a comerciantes de los municipios de Baranoa y Sabanagrande, logrando recaudar más de 70 millones de pesos mediante actividades extorsivas”, confirmaron fuentes policiales.

La labor de investigación incluyó el seguimiento de denuncias a la línea 165, herramienta que, según el coronel Peña, permite avanzar en la judicialización de integrantes de bandas organizadas.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente de Atlántico por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.

La audiencia de legalización de captura se llevó a cabo ante el Juzgado 9 Penal Municipal de Barranquilla con función de Control de Garantías. El proceso judicial, que incluye imputación de cargos y definición de la medida de aseguramiento, continuará el 11 de noviembre de 2025.

Capturado presunto miembro del grupo criminal Los Pepes, tras extorsiones y quema de locales en el municipio Sabanagrande, Atlántico

Otro operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Gaula, con el apoyo de la Fiscalía de Soledad, permitió la captura de un presunto miembro del grupo criminal Los Pepes, implicado en extorsiones y en la quema de establecimientos en Sabanagrande, Atlántico.

La acción tuvo lugar el 25 de octubre de 2025 en el barrio Centro tras la denuncia formal de una víctima.

El detenido, identificado como Kevin Díaz Charris, de 29 años, fue arrestado a pocos minutos de haber recibido 500.000 pesos presuntamente entregados bajo presión.

Las autoridades informaron que el indiciado usaba panfletos amenazantes y exigía pagos a comerciantes para evitar represalias, como incendios provocados contra sus negocios.

La colaboración ciudadana, junto con la rápida intervención policial, fue fundamental para el resultado del procedimiento.

La denuncia oportuna de una de las personas afectadas permitió que los uniformados concretaran la detención, que fue puesta rápidamente a disposición del sistema judicial local.

En las audiencias realizadas ante el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal de Sabanagrande, se legalizó la captura en situación de flagrancia, se presentaron cargos por extorsión y el procesado quedó cobijado con medida de aseguramiento.

Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de inmediato actos de intimidación en Sabanagrande y municipios vecinos, reforzando el compromiso institucional para combatir la violencia ligada a organizaciones delincuenciales.

La Consejería Presidencial para la Paz y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) tienen previsto reunirse el jueves 30 de octubre, con el fin de examinar la posibilidad jurídica y operativa de trasladar a los cabecillas Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, líderes de Los Costeños y Los Pepes, a cárceles en la ciudad de Barranquilla.

La cita busca establecer los parámetros que permitan la apertura de un diálogo socio jurídico entre las dos estructuras, como parte de la política de Paz Total que impulsa el Gobierno nacional.

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El encuentro abordará temas relacionados con seguridad, logística, acompañamiento institucional y verificación del proceso, con el objetivo de asegurar que cualquier medida se adopte dentro del marco legal. El Gobierno asegura que pretende crear un espacio de conversación que contribuya a disminuir la violencia urbana y a fortalecer la presencia del Estado en el Caribe colombiano.

De acuerdo con los planes iniciales, alias Castor y aproximadamente 45 miembros de Los Costeños serían llevados a la cárcel El Bosque, mientras que Digno Palomino y unos 30 integrantes de Los Pepes serían recluidos en la cárcel La Modelo, ambas en Barranquilla.

La propuesta ha suscitado posiciones encontradas. Algunos sectores advierten sobre el riesgo de que los cabecillas reciban beneficios indebidos o un tratamiento privilegiado, mientras que otros consideran que el diálogo con estos grupos puede ser una alternativa viable para pacificar los entornos urbanos y consolidar la Paz Total.

Sin embargo, el análisis sobre los posibles traslados se da luego de que el pasado 9 de octubre se realizaran en Barranquilla las primeras reuniones exploratorias con el fin de estudiar los mecanismos que permitan establecer un diálogo socio jurídico con ambas estructuras criminales.

Reunión previa en la Gobernación del Atlántico

El encuentro tuvo lugar en la Gobernación del Atlántico, donde el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y su delegado, Camilo Pineda, fueron recibidos por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Durante la sesión, Patiño explicó que el Gobierno ya dispone de las herramientas jurídicas necesarias para iniciar un proceso de sometimiento a la justicia.

“Ya hay un marco jurídico, y lo importante ahora es que ellos entren y comprendan ese marco. Este es un paso clave para construir la paz urbana que tanto necesita Barranquilla y su área metropolitana“, afirmó Patiño, al tiempo que destacó que el trabajo conjunto entre autoridades nacionales y locales es esencial para lograr resultados duraderos.

El alto comisionado reiteró que no se contemplan amnistías ni beneficios políticos para los cabecillas, sino la aplicación de mecanismos judiciales y de reparación. “Debemos hablar con todos, incluso con los actores ilegales, pero fortaleciendo la institucionalidad y el tejido empresarial del Atlántico,” expresó. Añadió que el proceso busca generar cambios estructurales y consolidar la autoridad del Estado en zonas afectadas por la delincuencia organizada.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano manifestó la disposición del departamento para colaborar con el Gobierno en la búsqueda de la paz. “La paz debe construirse con hechos, justicia y oportunidades reales. Estamos dispuestos a acompañar al Gobierno dentro de la legalidad y sin bajar la guardia frente al delito,” declaró. También aseguró que el Atlántico continuará reforzando a la fuerza pública mediante inversión tecnológica y apoyo logístico. “Es un trabajo de doble vía: avanzar hacia la reconciliación sin permitir que la criminalidad se fortalezca,” puntualizó.

Alias Castor respalda la tregua desde prisión

Las gestiones del Gobierno coinciden con las declaraciones recientes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, que desde prisión reiteró su compromiso con la tregua pactada con Los Pepes, vigente hasta el 20 de enero de 2026. El jefe de Los Costeños expresó que su organización respalda los esfuerzos de diálogo.

“Los barranquilleros pueden estar tranquilos. Este proceso no busca protagonismo ni beneficios políticos,” dijo en entrevista con W Radio. Además, negó la existencia de acuerdos con el Gobierno para obtener el nombramiento de gestor de paz, e indicó que los acercamientos actuales se centran en mantener la tregua, evitar el microtráfico cerca de instituciones educativas y erradicar la extorsión.

Aseguró también que las denuncias recientes de cobros ilegales corresponden a “estructuras independientes que usan el nombre de las bandas para intimidar a comerciantes y transportadores.”

Un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional y el Gaula, en coordinación con la Fiscalía del municipio de Soledad, culminó con la captura de un presunto integrante del grupo delincuencial Los Pepes, señalado por las autoridades como responsable de la quema de establecimientos comerciales en Sabanagrande y extorsión a comerciantes.

La acción policial se produjo en el barrio Centro de Sabanagrande, Atlántico, tras recibir la denuncia de una víctima.

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El detenido fue identificado como Kevin Díaz Charris, de 29 años de edad, que fue capturado poco después de recibir 500.000 pesos, suma que la víctima habría entregado bajo coacción.

De acuerdo con la información de las autoridades y recogidas por El Heraldo, el presunto miembro de la organización delincuencial Los Pepes intimidaba a los comerciantes con panfletos alusivos a la estructura delincuencial y exigía pagos para evitar represalias, entre ellas la quema de locales.

La detención fue posible debido a la “denuncia oportuna de una comerciante y la rápida reacción de la Policía”, precisó el medio citado.

La Fiscalía local de Soledad dejó a disposición de la autoridad judicial al sospechoso, quien enfrenta cargos de extorsión, de acuerdo con los procedimientos legales informados.

Posteriormente, durante las audiencias cumplidas en el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal de Sabanagrande, se legalizó la captura en flagrancia, se formuló imputación de cargos y se impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía de Sabanagrande y de los municipios cercanos a que denuncien cualquier acto de extorsión o intimidación.

Este operativo representa una respuesta institucional ante las denuncias presentadas por comerciantes afectados en Sabanagrande, afectados por hechos de violencia relacionados con el accionar de organizaciones delictivas como ‘Los Pepes’.

Detenido conductor de carro de tracción animal en Atlántico tras denuncia por maltrato a caballo

La detención reciente de un hombre de 62 años en el municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, motivada por una denuncia ciudadana, provocó un análisis sobre las condiciones en las que se encuentran los animales de trabajo en esta región.

Los agentes de la Policía de Protección Animal detectaron un caso de abuso animal cuando un carro de tracción animal circulaba con un caballo visiblemente lesionado y en estado de salud alarmante.

La intervención policial tuvo origen en una alerta telefónica a la línea 123, donde un testigo informó sobre el posible maltrato a un caballo en la zona.

Los agentes, al inspeccionar el lugar, identificaron al equino con múltiples heridas y dificultad para desplazarse debido a las cargas que le exigía trasladar. “Al inspeccionar las unidades de carabineros, a este animal se le encontraban laceraciones”, afirmó el coronel John Peña, comandante de la Policía del Atlántico.

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía, mientras que el animal se derivó a observación veterinaria para recibir tratamiento y evaluar su proceso de recuperación.

El registro oficial de la intervención precisa que el estado del caballo motivó la activación de los protocolos dispuestos en la Ley Ángel, medida aprobada por unanimidad en marzo de 2025 por el Congreso de Colombia.

Esta normativa establece directrices específicas para la protección de los animales y faculta a las autoridades para intervenir cada vez que se reportan episodios de maltrato.

La Ley Ángel endureció las sanciones para quien atente contra la integridad animal. El marco normativo contempla penas privativas de la libertad superiores a tres años para delitos como lesiones graves, muerte intencionada o violencia sexual hacia animales.

Adicionalmente, la legislación retira los beneficios de excarcelación en estos casos, con el propósito de reducir la alta tasa de impunidad que, según datos recientes, alcanza el 98% en delitos de maltrato animal en Colombia.

La implementación de la Ley Ángel enfrenta retos logísticos y resistencia institucional, factores que, de acuerdo con organizaciones defensoras de los animales, obstaculizan la vigilancia y el cumplimiento pleno de la normativa.

En el departamento de Atlántico, un ataque armado contra un establecimiento en el municipio de Sabanagrande evidenció que operativos criminales continúan a pesar de acuerdos de cese al fuego entre los principales grupos ilegales de la región.

De acuerdo con la información que conoció Caracol Radio, dos hombres en motocicleta dispararon contra un local comercial, sin dejar personas lesionadas.

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Las primeras investigaciones del Departamento de Policía Atlántico señalan que los agresores utilizaron un arma traumática para efectuar los disparos, causando daños materiales en el lugar.

El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante de la Policía en el Atlántico, explicó al medio que unidades del Gaula ya avanzan con las investigaciones, pero no se descarta una posible relación con presuntos casos de extorsión en la zona.

Las autoridades han intensificado sus operativos, especialmente después de que los líderes criminales conocidos como alias Castor y Digno Palomino, cabecillas de los grupos ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, ordenaran públicamente el cese al fuego, tras diálogos con el Gobierno.

Pese a ello, la información oficial apunta a que algunos integrantes no han acatado las directrices y mantienen actividades delincuenciales, incluido el cobro de extorsiones y la expansión hacia municipios donde antes no operaban.

El mayor Nelson Manríquez Ramírez, comandante del Gaula Atlántico, confirmó a Caracol Radio que se ha detectado la reactivación de amenazas y presiones en nuevas áreas, lo que ha motivado el despliegue de estrategias conjuntas con la Seccional de Investigación Criminal. El objetivo es contener el avance de estas estructuras y reforzar la seguridad en los territorios más vulnerables.

La representante a la Cámara por el Cesar Ana Rogelia Monsalve Álvarez en sus redes sociales confirmó los hechos y condenó el ataque.

“Rechazo el ataque armado ocurrido en el municipio de Sabanagrande. Ningún hecho violento puede poner en riesgo la tranquilidad ni la seguridad de nuestras comunidades. Expresamos toda nuestra solidaridad con los comerciantes y habitantes afectados, y respaldamos la labor de la @PoliciaColombia y del @GaulaPolicia que ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables”, dijo.

Agregó que “es inaceptable que, pese a los anuncios de cese al fuego, algunos miembros de estructuras criminales continúen extorsionando y sembrando miedo en nuestros municipios. Desde el Congreso seguiré exigiendo al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes fortalecer las estrategias de seguridad, la inteligencia y la presencia institucional en todo el Atlántico. No vamos a permitir que la delincuencia se apodere de la vida, el trabajo y la esperanza de nuestra gente".

Capturan a once integrantes de ‘Los Pepes’ tras redada contra el microtráfico en Malambo

En una operación realizada en Malambo, Atlántico, autoridades capturaron a once integrantes del grupo Los Pepes durante una serie de allanamientos en varios barrios del municipio.

Según reportó El Tiempo, el operativo permitió desarticular parte de la estructura dedicada al microtráfico de estupefacientes, incautando cerca de doscientas dosis de cocaína listas para su comercialización.

De acuerdo con la información de las autoridades, entre los detenidos figura alias La Negra, señalada por la Policía Nacional como la principal cabecilla de la red criminal en la zona.

Investigadores atribuyen a esta mujer de 45 años el liderazgo en la coordinación de puntos de venta y la distribución de drogas en barrios como San José, La Milagrosa, Villa Berta, El Carmen y La Esperanza. La captura de alias La Negra representa el fin de aproximadamente cinco años de dominio territorial en el sector conocido como “5x10”.

La operación, liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), incluyó seis allanamientos. De los once capturados, seis recibieron medida judicial y cinco fueron detenidos en flagrancia.

Los implicados acumulan quince anotaciones judiciales por delitos que abarcan tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto.

Junto a la líder de la organización, los aprehendidos incluyeron a alias Yaiser, Migue, Caquito, Soldadito y Pacho, todos identificados con antecedentes penales. Las pruebas recolectadas confirman la existencia de una red de expendios permanentes de drogas que mantenía disputas violentas con el grupo Los Costeños, otro Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) que opera en la región. La rivalidad ha provocado incidentes que incluyen intimidaciones a comerciantes y alteraciones a la seguridad ciudadana.

El posible traslado de los líderes de las bandas criminales Los Pepes y Los Costeños a cárceles de Barranquilla se convirtió en uno de los puntos más debatidos tras la primera mesa de trabajo entre autoridades nacionales y locales para avanzar en los diálogos de paz urbana.

Camilo Pineda Serje, delegado del alto comisionado para la Paz, reconoció que esta opción está siendo evaluada, aunque subrayó que no se trata de una decisión tomada y que requeriría la coordinación con el Inpec, la Policía y los organismos de inteligencia.

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La reunión, celebrada en el salón Magdalena del hotel El Prado, de Barranquilla, congregó a representantes del Gobierno nacional, encabezados por el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, así como a alcaldes del área metropolitana, gremios y miembros de la academia.

El objetivo principal fue establecer un canal de diálogo directo con las autoridades territoriales para articular acciones que permitan avanzar en la construcción de paz en la ciudad y su entorno metropolitano.

Durante el encuentro, Pineda Serje explicó que la posibilidad de trasladar a Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, a una prisión en Barranquilla responde a la necesidad de facilitar la comunicación en el marco de los diálogos con estas estructuras armadas.

Actualmente, “Castor” se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, lo que dificulta la interacción con los equipos negociadores.

“Es un escenario. Sin embargo, no es una decisión que podamos tomar unilateralmente. Hay que trabajar de la mano con el Inpec. Debe haber un trabajo articulado con la Policía, con inteligencia, porque un movimiento irresponsable en ese sentido podría echar a la basura algunos logros que hemos ganado”, afirmó Pineda Serje en declaraciones recogidas por varios medios de comunicación.

El delegado del alto comisionado para la Paz insistió en que la medida se encuentra en fase de revisión y que solo se adoptará si se considera que puede generar condiciones favorables para la seguridad de la ciudad y el departamento.

“Podría generar algunas condiciones favorables para que el proceso esté más cerca de la ciudad y más cerca del departamento; sin embargo, esa es una decisión que se está evaluando y que se tomará o se descartará en el momento correspondiente”, sostuvo Pineda Serje.

La mesa de trabajo también abordó la situación de otras organizaciones criminales que operan en la región. Pineda Serje advirtió que “Los Pepes” y “Los Costeños” no son las únicas estructuras delictivas presentes en Barranquilla y su área metropolitana, y que existen otros grupos que buscan expandir su control y obtener rentas ilegales.

En este sentido, subrayó la importancia de que cualquier avance en el desmantelamiento de estas bandas vaya acompañado de garantías para evitar que nuevos actores ocupen los espacios liberados.

La postura de las autoridades locales frente a los diálogos de paz con estos grupos ha sido crítica. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó su inconformidad con las conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con organizaciones responsables de sembrar el terror en la ciudad.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?”, manifestó Char durante la entrega de un CAI de la Policía en Puerta Dorada.

El mandatario insistió en que la prioridad debe ser la ley y la institucionalidad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos: “Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad. Primero la seguridad”.

En el balance de la primera mesa de trabajo, Pineda Serje destacó que se logró un avance significativo en la articulación institucional entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales del área metropolitana de Barranquilla.

“Hoy hemos logrado algo muy importante, un gran paso para consolidar una articulación institucional entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales del área metropolitana de Barranquilla. Esa claridad la hago porque la idea es seguir avanzando y poder trabajar articuladamente con otras municipalidades del departamento del Atlántico”, detalló el delegado.

El plan de trabajo acordado incluye la identificación y priorización de acciones para llevar la paz a los territorios, con especial atención a los sectores sociourbanos más vulnerables, que podrían convertirse en laboratorios de paz. Pineda Serje reiteró la necesidad de actuar tanto en el frente de la seguridad como en el desmantelamiento de las estructuras criminales, atendiendo a la población más expuesta a la violencia y ofreciendo alternativas a jóvenes, niños y adolescentes.

La alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, calificó como positivo el encuentro, aunque pidió mayor claridad sobre el impacto de los acuerdos en la reducción de las extorsiones, uno de los delitos que más afecta a la población del área metropolitana.

“La pregunta importante es si solamente van a disminuir los homicidios o también van a disminuir las extorsiones. Entonces, las respuestas a esas preguntas fueron qué es un proceso que se está iniciando, un proceso que quedó firmado hasta el año 2026, en el mes de enero, y que la idea no es retroceder. La idea es que van a hacer unas observaciones de todos los delitos”, expresó Sandoval en declaraciones publicadas por El Heraldo.

La alcaldesa aportó datos sobre la evolución de la violencia en la región: “El año anterior fue un año desastroso (por la extorsión). Actualmente, desde que inició esta tregua entre estas dos bandas, podemos concluir que en el mes de septiembre, que fue un mes violento en el 2024, donde tuvimos prácticamente más de 36 homicidios, este año prácticamente terminamos con 8 o 9 homicidios. Entonces vemos la disminución, pero significativa de estos homicidios y en cuanto a la extorsión también ha disminuido. El compromiso, dice el comisionado (Otty Patiño), es que no solamente sea el tema de los homicidios, sino también de la extorsión, porque eso es lo que financia estas estructuras y eso es lo que hay que erradicar realmente”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, coincidió en que la tregua entre “Los Pepes” y “Los Costeños” ha tenido un impacto en la reducción de homicidios.

Según sus cifras, en septiembre se registró una disminución del 55% en Barranquilla y del 50% en el área metropolitana, en comparación con el año anterior. El general Urrego estimó que entre el 16% y el 17% de esta reducción podría atribuirse directamente a la tregua entre las bandas.

“Hay que recordar que la disminución está entre el 50 y el 55%, lo que significa que la mayor reducción está dada a través del trabajo sistemático, continuo, mes a mes, que se ha venido realizando con todas estas estructuras desde que empezamos a fortalecer toda la capacidad institucional”, afirmó el oficial.

El general Urrego subrayó que la Policía Nacional mantendrá una respuesta contundente frente a cualquier manifestación criminal en el área metropolitana de Barranquilla.

El proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y los grupos conocidos como Los Costeños y Los Pepes avanza bajo la existencia de un marco jurídico vigente, según confirmó Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, tras reunirse con el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano.

Este marco legal, ya establecido, constituye la base sobre la que se desarrollan las negociaciones y permite que las partes involucradas comprendan los límites y alcances de los acuerdos. Durante una rueda de prensa, Patiño subrayó la importancia de que los actores armados se acojan a este marco normativo

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“Sí hay un marco jurídico que ya está y lo importante es que ellos entren y comprenden ese marco jurídico”, aseguró Patiño durante una rueda de prensa.

En el contexto de estas negociaciones, los máximos líderes de ambos grupos, Digno José Palomino (de Los Pepes) y Jorge Eliécer Díaz Collazos (de Los Costeños), suscribieron una tregua que tendrá vigencia hasta el 20 de enero. Además del cese temporal de hostilidades, el acuerdo incluye otros compromisos asumidos por las partes, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones pacíficas.

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano enfatizó que, entre tanto sigan los acercamientos con estos grupos, su administración seguirá continuará con las ofensivas contra las bandas delincuenciales del departamento.

“Mientras se realizan estos acercamientos, la administración departamental continuará fortaleciendo a la Fuerza Pública mediante la entrega de nuevas herramientas tecnológicas, equipos logísticos y apoyo operativo, con el fin de combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad en todo el territorio”, aseguró el gobernador Verano tras su reunión con el alto comisionado de Paz.

El histórico acuerdo entre Los Pepes y Los Costeños sellado en la Picota

Un acuerdo alcanzado entre los líderes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ ha sido calificado como un avance sin precedentes en la lucha por la pacificación de los centros penitenciarios y la región Caribe, especialmente en Barranquilla y su área metropolitana.

El pacto, sellado el jueves 2 de octubre de 2025 en la cárcel de La Picota de Bogotá, surgió tras una cumbre entre Jorge Eliecer Díaz Collazos, conocido como Castor (cabecilla de Los Costeños), y Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno Palomino, también apodado el “Viejo” y “Sebastián” (líder de Los Pepes).

El acuerdo, que fue suscrito en presencia de defensores legales, representantes estatales y organizaciones de derechos humanos, establece una serie de compromisos orientados a la desarticulación de las estructuras criminales y la reducción de delitos vinculados al control carcelario.

Entre los puntos centrales del documento se encuentran el desarme progresivo de las organizaciones, la prohibición de involucrar a menores de edad en actividades delictivas, la transformación de economías ilegales hacia actividades lícitas y sostenibles y la implementación de proyectos de resocialización en los centros penitenciarios.

La vigilancia sobre el cumplimiento de estos compromisos recaerá en las autoridades y en las organizaciones garantes del proceso, con el objetivo de disminuir la violencia que se origina y se replica desde las cárceles colombianas. Observadores penitenciarios han destacado el carácter histórico de este primer acuerdo, subrayando la relevancia de erradicar tanto la instrumentalización de menores como la reproducción de economías ilícitas dentro de los recintos de reclusión.

El proceso, que cuenta con la supervisión constante del Estado y la sociedad civil, representa un nuevo esfuerzo por pacificar los penales y contener la violencia que, desde las prisiones, se extiende hacia las calles del país. El pacto alcanzado deja acciones concretas para avanzar hacia el desarme y la desarticulación de estas organizaciones, configurando una hoja de ruta en desarrollo para la pacificación de la región.

La tregua entre Los Costeños y Los Pepes, sellada en la cárcel La Picota de Bogotá, coloca a Barranquilla y el Atlántico en el centro de un experimento para reducir la violencia urbana y transformar estructuras criminales mediante negociación directa entre sus líderes.

En entrevista con W Radio, Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido bajo el alias de Castor y líder máximo de Los Costeños, desglosó la lógica, las condiciones y los límites de la tregua pactada con Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes.

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Sus respuestas, recogidas en una conversación que duró cerca de treinta minutos, ofrecen una visión profunda sobre intereses, contradicciones y anhelos en el entorno criminal de la región caribe.

Alias Castor y su compromiso con la paz: inició con una cita de la Biblia

La entrevista inicia con una invocación religiosa; “Castor” citó una frase bíblica para enmarcar su posición: “Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia” (Santiago 3:18).

Según las palabras de Díaz Collazos, todos los miembros relevantes de Los Costeños han decidido respaldar el proceso con un compromiso total, resaltando la fatiga por los muertos y el desgaste de la violencia.

Para el líder criminal la dimensión humana pesa: “Ellos también tienen sus familias, se ha perdido mucha gente en esta guerra y ya nadie quiere seguir en eso”.

El convenio con Los Pepes incluye el cese bilateral de hostilidades hasta el 26 de enero de 2026 y la promesa de reducir actividades ilegales, como extorsiones y reclutamiento de menores.

La importancia de este acuerdo radica en que buscan disminuir la presión sobre la ciudadanía y permitir unas festividades menos violentas en Barranquilla y municipios cercanos de cara al inicio de la temporada de fin de año.

El impacto inmediato y los límites del control: la guerra entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

No obstante, el pacto ha sido puesto a prueba casi de inmediato; todo porque medios locales reportaron incidentes graves ocurridos luego del anuncio, incluyendo un triple homicidio un día después del anuncio de la tregua —el viernes 3 de octubre, y que dejó como víctimas a José Robles Rocha (24 años), Jefferson Villegas Ramírez (31) y Alejandro Osorio Piñeres (24)— y el crimen de una cajera que se negó a pagar una extorsión.

Sobre estos hechos, Castor sostuvo: “Eso es materia de investigación. No pretendemos que se nos endilgue todo lo que sucede en la ciudad”, y remarcó que parte de esa violencia escapa al control de las dos bandas principales.

Díaz Collazos explicó que han reportado estos incidentes a las autoridades, indicando que existen bandas que, valiéndose de los nombres de Los Costeños y Los Pepes, cometen delitos de manera autónoma.

Una situación similar a la que ocurrió en Bogotá con varias organizaciones que cobran extorsiones haciéndose pasar por miembros del Tren de Aragua y Los Satanás.

Extorsión, uno de los dolores de cabeza en Barranquilla: dinámicas y atribuciones entre Costeños y Pepes

La extorsión fue el aspecto central en el diálogo. Sobre este delito, que afecta a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes, “Castor” argumentó a la emisora que muchas de las amenazas y cobros ilegales son ejecutados por actores independientes que utilizan la imagen de las organizaciones.

“La mayoría de los comandos en los barrios todos los días reclaman a gente que simplemente se les hace fácil llevar un panfleto, extorsionar un negocio y no pertenecen a ningún grupo”, explicó Díaz.

El jefe criminal detalló que como parte del acuerdo con Los Pepes, este delito quedó prohibido entre los miembros de ambas estructuras.

“Todas las extorsiones por parte de Costeño y de Pepe se organizó para que fueran algo prohibido, para que el Atlántico fuera una zona libre de extorsión”, aseveró el líder de Los Costeños.

A pesar de este compromiso, “Castor” admite que identificar y desarticular a los grupos independientes será una tarea compleja y de largo plazo, aunque reportó una reducción significativa en el número de casos desde septiembre.

La tregua entre Los Costeños y Los Pepes: restricciones y expectativas

Según alias Castor, el acuerdo no se limita a la no agresión directa entre bandas.

“En los diálogos la petición nuestra es transformar las economías ilícitas a lícitas”, expuso Díaz Collazos, el señalar que dentro del pacto se incluyeron condiciones como la suspensión total del microtráfico en las cercanías de colegios, parques y lugares de recreación familiar.

También se comprometieron a no involucrar menores en actividades delictivas.

Sobre el plazo del acuerdo, el líder criminal señaló que hasta el 20 de enero la “misión” es consolidar un acuerdo más robusto, con el objetivo de dejar condiciones para la pacificación permanente.

Asimismo, “Castor” reiteró que cualquier transformación depende, en parte, de la voluntad estatal (endilgando de alguna forma todo esto al Gobierno del presidente Gustavo Petro) para facilitar proyectos económicos y educativos que permitan la reintegración de sus miembros.

El papel del Estado: peticiones y rechazo

Alias Castor Negó que existieran acuerdos secretos para su traslado o para el nombramiento como gestor de paz, puntualizando que su estructura busca cambios para los jóvenes.

“No estamos pidiendo nada que no se pueda realizar. Queremos proyectos productivos y acompañamiento para cambiar vidas”, expresó el jefe criminal.

Según sus declaraciones, la petición principal es abrir la posibilidad de que los actuales integrantes de las bandas migren a actividades legales bajo supervisión y con apoyo psicológico y académico.

“Hay muchos talentos dentro de ambos grupos, personas inteligentes, con capacidades y virtudes para trabajar con la comunidad y desarrollar los barrios”, declaró Díaz Collazos.

Mientras que en el momento que fue Consultado sobre el componente político, “Castor” fue tajante al decir: “Nosotros no tenemos ningún interés político. Somos una estructura que busca una salida negociada a un conflicto urbano que afecta a miles”.

De paso, el líder de Los Costeños aclaró que las acciones sociales, como la entrega de mercados o kits escolares, llevan años ejecutándose y no buscan votos ni representación formal.

Guerra entre Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla: pandillas satélite y responsabilidad de terceros

En el diálogo radial surgió la pregunta por la presencia de otras organizaciones criminales en Barranquilla y el Atlántico.

“Castor” evitó mencionar nombres concretos, invocando razones de seguridad y requerimientos jurídicos.

“No sería prudente nombrar; ellos sabrán por este mensaje que deben sumarse a la paz urbana”, contó Díaz Collazos. Sin embargo, advirtió que sin el compromiso de estos actores es bastante complicado un escenario de convivencia.

Aclarando cómo son las dinámicas criminales en Barranquilla y el área metropolitana de la capital del Atlántico, “Castor” sostuvo que detrás de muchos hechos de violencia y extorsión operan estructuras menores armadas que, a pesar de usar el nombre de las grandes bandas, actúan con independencia.

También hizo hincapié en que la reducción de homicidios y extorsiones es resultado del proceso conjunto de tregua iniciado meses atrás, y no solo de un anuncio formal.

Reparación a las víctimas y la búsqueda de justicia

Cuando le tocaron cómo serán reparadas las víctimas de la violencia, Castor expuso que el primer paso es conocer la verdad de los hechos.

“La reparación empieza con la verdad. Las víctimas tienen derecho a saber por qué, qué ocurrió y a manos de quién”. Díaz Collazos puntualizó que ya están entregando información detallada sobre crímenes a la Fiscalía y remarcó el costo humano de las disputas.

“En esta guerra se mataban amigos. Digno (Palomino, su rival y líder de Los Pepes) vivió en mi casa, yo en la de él; nuestros hijos se consideran familia. Es una guerra entre conocidos”, explicó “Castor”.

El líder sostuvo que el proceso deberá contemplar aspectos de reparación moral, social, psicológica y económica, y que la mejor manera de resarcir a la comunidad será ver a los jóvenes de las bandas integrados a la vida productiva, abandonando la criminalidad.

‘Castor’ aseguró que fue víctima de la criminalidad y por eso decidió combatirla: “Amenazaban mi vida”

Al hablar de su historia personal, “Castor” relató que originalmente era estudiante de derecho en la Universidad del Atlántico y manejaba taxis antes de verse forzado a abandonar su carrera por amenazas de grupos rivales.

“Aparecí en unos panfletos de Los Rastrojos, donde amenazaban mi vida. Decidí vender mis taxis y enfrentar la violencia”, reconoció Díaz Collazos, y detalló que la cultura de conflicto de su barrio de origen, San Roque, influyó en este tránsito a la actividad criminal.

Hoy en día el líder de Los Costeños cursa estudios de administración de empresas desde prisión y aseguró a la cadena radial que busca redimir su vida y la de sus allegados mediante el estudio y la autocrítica.

En este sentido, alias Castor recordó propuestas pasadas para convertir colegios en centros de formación técnica, idea que plantea como ruta para la reinserción de jóvenes en la región.

El preacuerdo judicial y el mensaje de ‘Castor’ a sus hombres: ‘Los Costeños’

Alias Castor confirmó que participa en un proceso de preacuerdo con la Fiscalía, admitiendo delitos y colaborando con la justicia.

“He decidido aceptar mis delitos, contar la verdad de la guerra y contribuir a la reparación”, remarcó Díaz Collazo, y describió que la búsqueda de una salida negociada también surge de haber perdido familiares a causa del conflicto.

“Yo también soy víctima; mi papá fue asesinado en represalia. Pero la guerra debe quedar entre quienes están en ella. Debemos tomar conciencia de que son vidas humanas”, aclaró “Castor”.

Al final, dirigió un mensaje a sus seguidores y miembros del grupo: “Muchachos, saben que esto va a llegar a su fin, que la tranquilidad de sus hogares depende de este proceso de paz”, mencionó Díaz Collazos, que llamó a dejar atrás la extorsión, el asesinato y el reclutamiento de menores. Además, expresó que la transformación debe ser real y durable, para no repetirse el ciclo de violencia.

El rol de las autoridades locales y los pedidos expresos al Estado

Díaz Collazos explicó que la alcaldía de Barranquilla todavía no se ha integrado de manera formal al proceso de pacificación, aunque augura que en próximas semanas habrá coordinación con los gobiernos locales en Malambo, Soledad, Jalapa y Puerto Colombia.

En ese mismo orden, el líder criminal le pidió al alcalde Alejandro Char y a las federaciones de comerciantes que se sumen al proceso: “No estamos exigiendo nada imposible. Deben tener voz también las víctimas y toda la ciudadanía”.

“Castor” advirtió que no existen reclamos de impunidad ni exigencias políticas, sino voluntad de colaborar en una transición vigilada socialmente, “para demostrar que la paz urbana puede ser un éxito en el Atlántico”, concluyó.

Durante el 2025 se ha registrado una crisis de seguridad en el Atlántico por la disputa territorial que encabezan las estructuras criminales de Los Pepes y Los Costeños.

Es por ello que el Gobierno nacional concretó un espacio de diálogo entre Digno Palomino y Jorge Eliéce Díaz “Castor” en la cárcel de La Picota, en Bogotá, en donde los cabecillas de las organizaciones delincuenciales llegaron a un acuerdo.

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Desde la Consejería Comisionada de Paz informaron que la tregua entre Los Costeños y Los Pepes sería la apertura para un proceso de diálogo con el que se buscaría recuperar en todos los aspectos a la región.

Tregua se rompió en menos de 24 horas

Después de la firma de la tregua, en Barranquilla se registró una masacre en la que fueron vinculadas las estructuras criminales mencionadas.

En el informe expuesto por las autoridades se informó que tres jóvenes fueron asesinados al interior de una barbería en la capital del Atlántico. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Villegas, José Robles y Alejandro Osorio.

Las tres víctimas trabajaban en el negocio como barberos, hasta qué hombres armados los increparon al interior del establecimiento y los asesinaron, en el local fueron encontradas más de 10 vainillas de diferentes calibres de proyectiles.

Además, se encontraron tarjetas de prestamistas de “gota a gota”, en los que se mencionan a Inversiones DJ y El Curso, que son nombres que suelen ser utilizados por las estructuras criminales para este tipo de negocio ilícito.

Durante la entrega de un Centro de Atención Inmediata en Barranquilla, el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandor Char, atendió a los medios de comunicación para exponer su preocupación por el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y los cabecillas de las estructuras criminales más importante de la región.

“Hablamos de paz y me mataron a tres muchachos”, cuestionó Char cuando le preguntaron por la tregua firmada por Digno Palomino y “Castor”.

En ese sentido, el mandatario local afirmó que sería feliz si se concreta un acuerdo de paz con los criminales, pero reafirmó que seguirá combatiendo a las estructuras hasta que esto no sea una realidad.

“Por supuesto, nos alegra la voluntad de diálogo, la voluntad de paz, acompañamos el proceso, pero mientras se metan con el barranquillero, aquí estaremos firme construyendo los espacios que den tranquilidad y que permitan dormir en paz al barranquillero”.

En ese sentido, Char no solo mencionó el caso de los barberos asesinados, sino que expuso que en la capital del Atlántico se registró un nuevo asesinato ligado al cobro de extorsiones en las últimas horas.

“Hablamos de paz, y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?“.

Sobre el crimen de los tres jóvenes, El Tiempo informó que desde la cárcel de La Picota, los cabecillas de Los Pepes y Los Costeños indicaron a las autoridades que sus hombres no estaban involucrados en lo registrado en Barranquilla.

De la misma forma, habrían entregado los alis de las personas que ordenaron la masacre en el establecimiento comercial, pero llama la atención que habría sido mencionado “El Negrito del Rubí”, que hace parte de la lista de criminales a los que se le vincula con la estructura de “Castor” en el Atlántico.

Sobre este criminal, las autoridades indican que sería una de las figuras más mencionadas por víctimas de extorsión en la región en lo que se conoce como el cartel de la tierra, por la disputa de poder que se registra en varios barrios de Barranquilla.

El hecho, ocurrido hacia las 4:20 p. m., se suma a una serie de homicidios en Barranquilla que han marcado el panorama de seguridad en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

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Según el reporte oficial, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta negra llegaron hasta el establecimiento ubicado en un segundo piso. Uno de ellos ingresó al local y disparó en repetidas ocasiones contra los que se encontraban en el interior.

Dos personas fallecieron en el lugar, mientras que una tercera fue trasladada de urgencia al centro asistencial Paso El Pueblito, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Los tres hombres asesinados fueron identificados como José Robles Rocha (24 años), Jefferson Villegas Ramírez (31 años) y Alejandro Osorio Piñeres (24 años).

Según el informe oficial, las víctimas se encontraban dentro del establecimiento cuando sujetos no identificados ingresaron al lugar a bordo de motocicletas de alto colindraje y abrieron fuego. Las primeras hipótesis de las autoridades consideran un posible ajuste de cuentas, sin descartar otras posibilidades como disputas vinculadas al control de economías ilegales en la zona.

La Policía desplegó un plan candado en el área para encontrar a los responsables del crimen múltiple, pero hasta el momento no se han logrado capturas.

“La Policía Nacional se permite informar el lamentable hecho donde mueren al interior de una barbería del barrio Pinal del Río de la ciudad de Barranquilla dos personas. Una más, herida, fue trasladada al centro asistencial, pero en el trayecto llega sin signos vitales al centro hospitalario”, expresó el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Y agregó: “En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho”.

Por último, el oficial reiteró su llamado a la ciudadanía a que aporte cualquier información valiosa que sirva para esclarecer este triple homicidio.

“Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Cualquier llamada, cualquier mensaje de WhatsApp al número 317 896 5523″, concluyó.

Tregua criminal entre Los Pepes y Los Costeños

El atentado se produjo apenas un día después de que se anunciara, desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá La Picota, la firma de un acuerdo de tregua criminal entre las estructuras Los Pepes y Los Costeños. Aunque no se ha atribuido el ataque violento a alguna de estas estructuras criminales de gran impacto en la ciudad.

Estas organizaciones, señaladas por su participación en crímenes, extorsiones y tráfico de drogas y armas en la capital atlanticense, acordaron sumarse al llamado de paz urbana promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los cabecillas Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino suscribieron una declaración en la que expresaron su voluntad de respaldar la iniciativa oficial.

El pacto contempla una vigencia inicial hasta el 20 de enero de 2026, aunque el ataque en Pinar del Río ha puesto en entredicho la efectividad de la tregua para contener la violencia en la ciudad.

Cifras oficiales revelarían el complejo panorama en la ciudad y sus alrededores. Entre enero y septiembre de 2025, la ciudad registró 680 homicidios, de los cuales 597 ocurrieron en el área metropolitana. Barrios populares y periféricos, como Pinar del Río, enfrentan de manera constante ataques sicariales, extorsiones y enfrentamientos entre bandas, lo que mantiene a la comunidad bajo una presión permanente.

Gustavo Petro usó sus redes sociales para enviar un mensaje a los barranquilleros con respecto a la “tregua” entre los cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, tras una serie de diálogos, que irá hasta el 20 de enero de 2026.

Dijo el presidente sobre el anuncio que “la paz no es entre dos bandas en Barranquilla. La paz debe ser entre las bandas que se deben desmantelar y la ciudadanía Barranquillera”.

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Sin embargo, agregó una crítica a la administración distrital de la capital del departamento del Atlántico, que gestiona un proyecto que no sería incluyente, a juzgar por sus palabras.

“La pobreza extrema ha aumentado en Barranquilla por un proyecto de ciudad que excluye. Una ciudad más equitativa será una ciudad pacífica”, dijo.

De qué trata el cese de hostilidades entre los grupos criminales

En la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, se gestó un acuerdo inédito entre los máximos líderes de las temidas bandas, organizaciones criminales con fuerte presencia en Barranquilla y zonas del Atlántico.

El pacto fue logrado tras meses de negociaciones y acercamientos. En conversación con Caracol Radio, Camilo Pineda, delegado de la oficina del Consejero Comisionado de Paz, detalló los compromisos asumidos por ambas estructuras como antesala de un proceso de desarme.

De acuerdo con Pineda, el primer punto del acuerdo establece un cese de actividades ilícitas hasta enero de 2026, iniciativa en la que participaron directamente Digno Palomino Rodríguez (alias Digno), cabecilla de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz Collazos (alias Castor), líder de “Los Costeños”, junto a funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, representantes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y abogados.

“Eso nos va a dar un tiempo de maniobra para hacer cosas y para construir importante”, explicó Camilo Pineda.

Incluso, se comprometen a que “en estas épocas festivas, coger las fiestas populares de pick-ups y fiestas de barrio, ya no como espacios donde se puedan vender, consumir, si se quiere vincular a jóvenes en actividades delictivas, sino que por el contrario usemos la contracultura y aprovechemos esos espacios para generar cultura de paz. Otros compromisos están ligados también al desmonte paulatino de las estructura”, dijo.

La magnitud de las agrupaciones involucradas es considerable. Según la información confirmada por Pineda, “Los Costeños” disponen de entre 1.000 y 2.500 miembros, mientras que “Los Pepes” suman unos 600 integrantes, la mayoría menores de 40 años.

Ambos grupos propusieron iniciar un proceso de reintegración para jóvenes privados de la libertad, basado en proyectos productivos que puedan ser punto de partida para construir alternativas económicas legales.

Pineda dijo que “se han presentado unos planes de paz en los cuales describen algunas iniciativas que a su entender consideran que pueden ser un punto de partida para cambiar la actividad económica criminal e ilegal a una actividad económica legal que le permita también la reinserción a la vida civil de los jóvenes que componen su estructura”.

El delegado gubernamental subrayó la intención manifiesta de los líderes de pasar a la vida civil: “Yo creo que ellos tienen la suficiente capacidad para realizar entregas de armamentos, para ayudar a la desarticulación de estas estructuras, desde las bases. Entonces yo los veo cansados los veo realmente queriendo estar más cerca de sus familias. Yo creo que hay una real intención del desmantelamiento de estas estructuras con la entrega de armas, de bienes y de otras cosas que les permitan a ellos solucionar rápidamente sus problemas con la justicia y reintegrarse a la vida civil”, afirmó.

La tregua también se debe al director del DNI

A su vez, el Monseñor César Narváez, sacerdote anglicano que ha sido mediado en el proceso, instó al presidente Petro a respaldar de forma decidida la gestión de Jorge Lemus, director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), figura clave en la consecución del acuerdo.

“Necesitamos aunar esfuerzos para que esto no solo sea un gesto de paz. Que el presidente Gustavo Petro respalde al doctor Lemus y le de los respaldos jurídicos que él necesita. Por otras instituciones fue muy complejo”, solicitó monseñor Narváez.

Durante su intervención, monseñor Narváez describió el proceso como el resultado de una tarea coordinada y prolongada, que supondrá un respiro para la región.

“Lo que se logró fue un trabajo que viene orquestándose desde hace un buen tiempo. Las condiciones en que se da el acuerdo están en el marco de la favorabilidad, en el entendimiento del Gobierno Nacional y la voluntad de estos muchachos para darle un respiro al departamento”, comentó.

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor; y Digno José Palomino Rodríguez, alias Dino, se encuentran actualmente bajo estrictas medidas de seguridad en un pabellón especial de la cárcel La Picota, a la espera de una reunión privada con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) programada para el lunes 29 de septiembre de 2025.

El traslado de los líderes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes a este recinto de alta vigilancia se realizó en la mañana del sábado 27 de septiembre, de acuerdo con lo confirmado por Blu Radio.

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La intención del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es que, tras la reunión, Díaz Collazos regrese a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras que Palomino Rodríguez sea devuelto a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde fue recluido a mediados de 2025 después de verse involucrado en una violenta riña.

La expectativa en torno a los beneficios que alias Castor, líder de Los Costeños, planea solicitar ante el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, marca un nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las principales estructuras criminales del país.

Las conversaciones entre el Gobierno nacional y estas organizaciones criminales han enfrentado obstáculos en las últimas semanas. Blu Radio reportó que la mesa de diálogo sufrió contratiempos debido a una presunta falta de compromiso por parte de la estructura de Los Pepes. Este factor ha generado incertidumbre sobre la continuidad y los alcances de las negociaciones.

En el caso de Los Costeños, su máximo líder ya habría definido los beneficios específicos que pretende solicitar en el marco de este proceso, los cuales serán presentados formalmente ante el Alto Comisionado para la Paz: este paso se considera clave para avanzar en la agenda de diálogo y explorar posibles acuerdos.

El contexto de estas negociaciones se enmarca en una estrategia gubernamental que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha comenzado a mostrar resultados positivos.

“Las cifras de criminalidad han venido bajando por el acercamiento que se ha venido dando con las estructuras delincuenciales, en especial por el pacto de cese al fuego que se ha establecido y que, según el alto funcionario, han mostrado ‘los primeros beneficios en las estadísticas’”, aseguró desde Barranquilla el ministro del Interior.

Aunque Benedetti evitó ofrecer detalles específicos sobre los avances, si aseguró que “se ha adelantado bastante” en el proceso de acercamiento con las bandas, con miras a un eventual diálogo de paz.

El ministro también sugirió que la Cartera que dirige podría desempeñar un papel directo en la conducción de estas conversaciones, ya que la cartera ha sostenido “unas conversaciones importantes” con los actores involucrados, según lo informado por Blu Radio.

Investigan al juez que concedió casa por cárcel a Digno Palomino

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico está investigando la decisión de conceder prisión domiciliaria a Digno José Palomino Rodríguez, identificado como el principal cabecilla del grupo criminal Los Pepes.

La medida, adoptada el 12 de septiembre de 2025 por un juez en Barranquilla, abrió la puerta para que Palomino Rodríguez pudiera abandonar el centro penitenciario, lo que desencadenó una reacción inmediata de las autoridades disciplinarias.

El tribunal intervino en el caso al asumir la revisión de las actuaciones judiciales vinculadas a la situación jurídica de Palomino Rodríguez, que enfrenta múltiples procesos penales por homicidio y concierto para delinquir agravado.

La presidenta de la Comisión, María José Casado Brajín, solicitó que se compulsaran copias contra el juez responsable, con el objetivo de que la actuación fuera asignada como queja disciplinaria ante la misma sala.

El 17 de septiembre se formalizó el reparto del proceso disciplinario, y la Comisión informó que en breve se definiría la apertura formal de la investigación. En el oficio oficial se especificó: “Se ordenará la compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”.

La medida, dictada el 12 de septiembre de 2025, iba a facilitar que Palomino abandonara la cárcel, lo que motivó la apertura de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso.

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El caso cobró notoriedad cuando la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió la revisión de las actuaciones judiciales relacionadas con la situación jurídica de Palomino Rodríguez, que enfrenta múltiples procesos penales por homicidio y concierto para delinquir agravado.

María José Casado Brajín, presidenta de la Comisión, solicitó la compulsa de copias contra el juez responsable, con el fin de que se asignara como queja disciplinaria ante la misma sala.

En efecto, el 17 de septiembre se formalizó el reparto del proceso disciplinario, y la Comisión anunció que en breve se determinaría la apertura formal de la investigación.

“Se ordenará la compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”, se lee puntualmente en el oficio.

La polémica decisión

La orden que permitió a Palomino cumplir su detención en casa fue adoptada por el juez 102 penal municipal con función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla William Saleme.

Según el oficio de la Comisión, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”, lo que llevó a la revisión de su proceder.

El proceso judicial experimentó un giro el 15 de septiembre, cuando el mismo juez Saleme revocó la medida de detención intramural que había impuesto previamente al líder de Los Pepes, que había sido imputado por su presunta responsabilidad en 17 homicidios.

La secuencia de decisiones judiciales comenzó cuando el juez Saleme ordenó inicialmente el encarcelamiento de Palomino el 25 de marzo de 2025 por el juez 102 penal municipal. Sin embargo, la defensa del acusado apeló la medida, lo que llevó el caso ante la jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, Shelia Ortega Téllez.

La jueza Ortega Téllez, encargada de resolver el recurso, señaló que la decisión inicial “careció de sustento probatorio” y calificó la argumentación del juez de primera instancia como “totalmente general”. Por ello, ordenó que el juez de control de garantías sustentara nuevamente la medida de aseguramiento.

En su segunda revisión, el juez Saleme argumentó que no existía una prueba irrefutable de que Palomino hubiera adquirido medios electrónicos desde la cárcel para ordenar homicidios, como sostenía la Fiscalía. Por este motivo, consideró que la medida proporcional era la prisión domiciliaria y no la reclusión en un centro carcelario. El juez fundamentó su decisión en la ausencia de evidencia concluyente sobre el uso de dispositivos electrónicos por parte del acusado desde el interior de la prisión.

La Fiscalía, por su parte, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y presentó una apelación. El ente acusador sostuvo que existía material probatorio suficiente para demostrar que Palomino es el cabecilla de una banda considerada peligrosa en la capital del Atlántico, lo que, a su juicio, lo convierte en un peligro para la sociedad. La Fiscalía insistió en que la gravedad de los delitos imputados y la capacidad de liderazgo criminal de Palomino justificaban su permanencia en un centro de reclusión.

Mientras la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico avanza en la revisión de los hechos, se espera que la decisión sobre la apertura formal de la investigación disciplinaria contra el juez se tome en breve, lo que podría marcar un nuevo capítulo en este caso de alto impacto público en Atlántico.

En el caso que involucra a Digno Palomino, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Pepes y procesado por delitos como homicidio y concierto para delinquir agravado, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla anuló la decisión judicial previa que ordenaba su detención.

La jueza Sheila Ortega Téllez resolvió la apelación presentada por la defensa, concluyendo que la decisión anterior “presentó una ausencia absoluta de motivación, motivación incompleta y deficiente”, según sus propias palabras.

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“La Fiscalía presentó información relacionada con que el imputado es el cabecilla de ese GDO y entonces es grave, es necesario, pero no dice más nada. Habla de los artículos, de los delitos que imputaron y no dice más, entonces, se le imputó al procesado el liderazgo de un grupo de delincuencia organizada como autor de 17 homicidios en 11 eventos, dijo el señor fiscal en razón a eso, pues a una teoría de aparatos organizados del poder.

“Sin embargo, no hubo referencia al cumplimiento de los requisitos de las figuras, la posición de mando del actor, los indicios que fueron sujetos vinculados a la organización, por qué precisamente ese nexo causal para además sustentar la encarecía razonable de la que nada dijo y el peligro para la comunidad o la víctima que tanto dio vueltas”, fueron los argumentos de la juez.

La resolución afecta el auto emitido por el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el cual vinculaba a Palomino por su presunta relación con 17 homicidios.

Tras un análisis de los argumentos presentados en audiencia, la jueza Ortega determinó que era necesario devolver el expediente al juzgado que dictó la medida, exigiendo que en un periodo de tres días se tome una nueva determinación ajustada a los requerimientos de motivación legal.

“En razón de lo anterior, realmente, inclusive la competencia del juez de segunda instancia se activa con la tesis, que es la decisión de primera instancia, la antítesis, que es la defensa. Pero la defensa inclusive, en su derecho a contradicción al apelar, lo que dijo es que decretaran la nulidad porque no tenía cómo atacar precisamente esa decisión. Entonces, en ese orden de ideas, no habiendo ningún tipo de solución diferente, como ya se dijo según los criterios jurisprudenciales o reglas jurisprudenciales, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla resuelve decretar la nulidad del auto impugnado”.

Tras riña en cárcel La Dorada, el Inpec trasladó a Digno Palomino

En respuesta directa a una serie de altercados ocurridos el 20 de junio en el centro penitenciario de La Dorada, las autoridades colombianas ejecutaron el traslado de dos líderes de estructuras criminales en la región Caribe, según información confirmada por los organismos de seguridad.

Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Digno o ‘Dino’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, fueron removidos a establecimientos carcelarios de mayor control tras una confrontación física que, aunque no implicó armas blancas, sí originó agresiones que pusieron en alerta a las entidades penitenciarias.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) encabezó la decisión tras constatar que la disputa interna involucraba de forma directa a Palomino. Las medidas buscaban evitar escaladas violentas dentro del penal, siendo tajantes al subrayar que la prioridad fue “prevenir mayores riesgos para la convivencia y seguridad penitenciaria”.

Tras estos hechos, Digno Palomino fue conducido a la cárcel de alta seguridad de Picaleña en Ibagué, descrita como uno de los centros más estrictamente controlados del país. Este traslado representa un parteaguas en la gestión carcelaria, pues Palomino es considerado uno de los líderes más influyentes y peligrosos de la costa norte, señalado por actividades que van desde el narcotráfico hasta homicidios selectivos y extorsión masiva.

Junto a Palomino, Jorge Eliécer Díaz también fue reubicado en el penal de Picaleña. Díaz, vinculado a Los Costeños, es señalado por dirigir confrontaciones armadas por el control territorial de rutas del narcotráfico, extorsión y dominio en municipios estratégicos como Barranquilla y Soledad, según sostiene la información judicial divulgada.

La posibilidad de una tregua prolongada entre bandas criminales en el Atlántico cobró fuerza tras la propuesta de Los Pepes de sumarse y extender el cese al fuego en la región.

Este avance, que involucra a Los Costeños y contaría con el respaldo de autoridades locales y nacionales, abre la puerta a una mesa de diálogo con bandas criminales que podría transformar la seguridad en Barranquilla y sus alrededores.

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Durante un conversatorio realizado en la Universidad Autónoma del Caribe, la defensa de Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, anunció la intención de la organización de adherirse al cese de hostilidades previamente declarado por Los Costeños.

El abogado Yesid Lengua, representante de Los Pepes, propuso que la suspensión de actividades ilícitas se extienda más allá del 30 de septiembre, hasta completar un periodo de 90 días. “Alarguemos ese término, porque aquí los victoriosos van a ser la propia comunidad y si tenemos la intención, tenemos que darle también herramientas de credibilidad a nuestros vecinos, a nuestros habitantes del departamento del Atlántico y al mismo Estado”, afirmó Lengua en declaraciones recogidas por Blu Radio.

El evento contó también con la intervención virtual de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo líder de Los Costeños, que desde la cárcel de Cómbita envió un mensaje dirigido a los jóvenes involucrados en actividades delictivas.

El condenado delincuente instó a abandonar la violencia y a replantear los valores que guían sus vidas. “Muchachos, hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar esa ideología de la riqueza que se hace en el dinero. Vamos a creer en una riqueza basada en la familia, en la reconciliación, en el amor, porque son las únicas riquezas que son duraderas en la comunidad”, expresó, al tiempo que solicitó al Gobierno enfocar los esfuerzos de paz en el futuro de la juventud.

Desde el Gobierno nacional, la iniciativa ha sido recibida como una oportunidad para lograr un caso de éxito en la pacificación urbana, en contraste con experiencias en otras ciudades.

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, designó a Camilo Pineda como facilitador del proceso. Pineda valoró el anuncio del cese de actividades ilícitas, pero destacó la necesidad de avanzar en la protección de menores y en la reparación a las víctimas.

“Ya hoy estamos informados de que hay una voluntad y que se van a hacer unas muestras de paz. Esto va a ser verificado, va a ser estudiado desde Bogotá y desde el ámbito institucional acá en el Distrito de Barranquilla, pero necesitamos más cosas. Aquí la prioridad son los niños, las niñas y los adolescentes y tenemos que sacarlo de la dinámica del conflicto urbano”, señaló Pineda, citado por el medio.

El sector comercial también expresó su disposición a participar en el proceso. Orlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, propuso que los comerciantes afectados por la extorsión se unan al diálogo, con el objetivo de encontrar una solución pacífica al conflicto que afecta la vida cotidiana y la economía local.

En cuanto al papel de la academia, el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, precisó que la institución no interviene en la negociación directa, sino que actúa como facilitadora del espacio de encuentro entre los distintos actores. “Ese es el espacio que estamos abriendo aquí, que todos converjan: los representantes de los actores armados, los representantes de la institucionalidad, los representantes de la sociedad civil y entre todos tratemos de lograr una salida, al menos temporal, tipo tregua o tipo suspensión de actividades delictivas, etcétera”, señaló puntualmente.

El proceso en marcha en el Atlántico representa un punto de encuentro entre representantes de bandas armadas, autoridades y sociedad civil, con la expectativa de que la suspensión de actividades delictivas pueda abrir nuevas posibilidades para la reconciliación en la región.

El mercado de Barranquillita, en el Centro Histórico de Barranquilla, fue escenario de un crimen que provocó una ola de rechazo e indignación en la comunidad.

En la madrugada del miércoles 27 de agosto, Ramón Fidel García Quintero, conocido como “el viejo Fidel”, murió tras ser atacado por dos sicarios en moto cuando se disponía a abrir su puesto de aguacates.

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El asesinato, ocurrido a las 12:10 a. m. en la calle 10 con carrera 41B, pondría de relieve la creciente inseguridad y la presión que enfrentan los pequeños comerciantes en la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes del hecho, García Quintero, de 71 años, llegó como cada día a su lugar de trabajo en la plaza de mercado de Barranquillita. Apenas se preparaba para iniciar su jornada cuando dos hombres vestidos de negro, a bordo de una motocicleta AX4 del mismo color, se acercaron.

Testigos relataron que el parrillero descendió del vehículo y disparó varias veces contra la víctima, impactándolo directamente en la cabeza.

Perfil de la víctima y posible hipótesis del asesinato en Barranquilla

“El no ganaba casi, él se iba a rebuscar ofreciendo sus aguacates para llevar algo de comida para su casa”, relató un conocido del sector amedios de comunicación locales, describiendo la rutina diaria de Fidel y la precariedad con la que subsistía.

Asimismo, la comunidad lo reconocía como un hombre trabajador y apreciado, que cada mañana, sin importar las condiciones, abría su puesto con la esperanza de obtener el sustento diario.

Tras el ataque, García Quintero fue trasladado de urgencia al Hospital General de Barranquilla. Aunque ingresó con signos vitales, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), mientras que agentes de la Sijín y de inteligencia iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables.

Extorsión y amenazas a comerciantes en el mercado de Barranquillita

Fuentes cercanas a la víctima señalaron de manera extraoficial que Fidel había sido objeto de extorsiones.

Según estas personas, recibía amenazas presuntamente de la banda Los Pepes, que le exigían pagos semanales para permitirle trabajar en paz.

A pesar de la presión, al parecer nunca formalizó una denuncia ante el Gaula de la Policía. En el lugar del crimen, los investigadores hallaron su teléfono celular, que podría contener los presuntos mensajes intimidatorios que resultarían determinantes en la investigación..

El caso de Fidel no es aislado. Comerciantes del sector habrían expresado ante el CTI que enfrentan una situación similar: deben pagar cuotas a bandas criminales para poder ejercer su actividad sin ser víctimas de amenazas, hostigamientos o incluso atentados contra sus vidas.

La extorsión se ha convertido en una práctica extendida en Barranquillita y otros barrios del área metropolitana, donde grupos como Los Costeños, Bloque Resistencia Caribe y Los Pepes ejercen control territorial.

De hecho, la Policía ha recibido más de 600 denuncias formales de extorsión en lo que va de 2025, aunque la propia institución reconoce que la cifra real podría duplicarse, ya que muchas víctimas optan por el silencio por temor a represalias. Las modalidades de intimidación son diversas: desde llamadas y mensajes amenazantes hasta visitas personales, panfletos y videos con advertencias explícitas.

La muerte de Fidel deja un vacío entre quienes lo conocieron y evidencia la vulnerabilidad de quienes, como él, solo buscan ganarse la vida en medio de un entorno marcado por la violencia y la extorsión.

“Desgraciados asesinos al infierno van a parar”; “Barranquilla es dueña de los que extorsionan”; “No joda que maldad tan grande extorsión a un vendedor que a veces ni para el transporte tienen...(sic)”, fueron algunas reacciones de indignación frente al homicidio.

Hasta la redacción de esta nota no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades en este caso.

La noche del jueves 14 de agosto, los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, La Libertad, vivieron momentos de tensión tras la detonación de una potente carga de dinamita, material habitualmente usado en la minería ilegal. La explosión generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, provocando el colapso de viviendas y sembrando temor en los alrededores.

El impacto alcanzó un radio de cien metros, dañando seriamente alrededor de 90 inmuebles. Ventanas destrozadas, techos desprendidos y paredes con fisuras fueron parte del escenario que dejó el atentado.

Decenas de familias perdieron pertenencias y, en los casos más graves, quedaron sin un lugar donde pasar la noche. Incluso algunos vecinos resultaron con lesiones físicas, mientras que otros enfrentan las secuelas emocionales de haber estado tan cerca de la tragedia.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS) informó que a partir de la próxima semana comenzarán las reparaciones de las casas con daños moderados, que incluyen arreglos en puertas, marcos y techos. Para las viviendas declaradas colapsadas o inhabitables, se activará el Bono de Arrendamiento para Vivienda de Emergencia (BAE), que otorgará S/500 mensuales durante dos años a los damnificados.

Plan de apoyo y coordinación entre autoridades

El ministro de Vivienda, Durich Fran Whittembury Talledo, precisó que el levantamiento de información será realizado junto a la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objetivo de identificar las zonas más perjudicadas y priorizar la ayuda inmediata. Este plan busca que las familias afectadas puedan acceder rápidamente a un espacio seguro mientras se define la reconstrucción de sus hogares.

Además de la asistencia en vivienda, las autoridades señalaron que se brindará soporte psicológico a los vecinos, considerando el impacto emocional que provocó la explosión. El Ejecutivo recalcó que la intervención no se limitará a la reparación material, sino también a la recuperación integral de la comunidad.

“¡El Gobierno atenderá a las familias afectadas por atentado en Trujillo! El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión e informó a la población que se “resarcirán todos los daños que han sido ocasionados por este acto criminal”“, postearon en las redes sociales de la cartera en mención.

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, indicó que la Policía Nacional del Perú ya investiga el hecho, el cual estaría vinculado a la disputa de tres organizaciones criminales que operan en la región. Aunque las pesquisas continúan, se busca identificar a los responsables y garantizar que no se repitan hechos similares.

Mientras avanzan las indagaciones, el Gobierno ratificó su compromiso de mantener el despliegue de recursos en Trujillo. El subsidio de S/500 mensuales por dos años será una de las principales medidas para mitigar el impacto de este atentado con dinamita, mientras que los trabajos de reparación en las viviendas menos dañadas comenzarán en breve.

La explosión en la avenida Perú no solo dejó daños materiales, sino también la necesidad de reforzar la seguridad y la atención inmediata a los damnificados, quienes esperan recuperar la tranquilidad perdida aquella noche de agosto.

La réplica de la imagen mariana, muy venerada en la región, se encontraba en la casa de Ana María Almadoz, una de las familias afectadas por el atentado. La explosión destrozó las ventanas, puertas y ventanales de la vivienda, pero los vidrios de la urna permanecieron sin daños.

“Todos los cuartos, baños y ventanales grandes quedaron destrozados. Pero lo que más nos sorprendió es que el vidrio de la Virgen, que es antiguo y muy delgadito, no se rompió. Para nosotros esto es un milagro”, expresó conmovida Almadoz.

Testimonios de fe en medio del terror

La familia vivió momentos de terror tras la detonación. Ana María relató que su hija se encontraba descansando en su habitación cuando ocurrió la explosión y, aunque las ventanas de su cuarto estallaron, no sufrió heridas.

“Como todo se oscureció, no nos dimos cuenta de inmediato, pero luego mi hija me dijo: ‘La Virgen no se ha hecho nada’. Para nosotros es un milagro que también los vidrios no hayan lastimado a mi hija, que estaba en la cama en ese momento”, señaló.

Virgen de la Puerta: símbolo de esperanza

La devoción a la Virgen de la Puerta es profunda en esta familia, que recibió la réplica hace más de 30 años como herencia. Aunque no pueden acudir a Otuzco cada diciembre para la tradicional festividad, realizan misas y celebraciones en su hogar.

“Somos muy devotos de la Virgencita. Ella siempre nos acompaña y ahora sentimos que nos ha protegido. Este hecho nos renueva la fe”, aseguró Almadoz para Andina Noticias.

Para los vecinos y feligreses de Trujillo, la imagen intacta de la Virgen de la Puerta se ha convertido en un símbolo de esperanza frente al dolor que dejó el ataque. En medio del miedo y la violencia, la devoción popular se ha fortalecido. “Creemos que la ‘Mamita’ está con nosotros y que seguirá protegiendo a Trujillo”, afirmaron familiares y vecinos, quienes consideran lo ocurrido como una muestra de fe que alienta a toda la comunidad.

Atentado por disputa entre mineros ilegales

El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, afirmó que el atentado con explosivos ocurrido en Trujillo estaría vinculado a una disputa entre mineros ilegales. Señaló que las autoridades ya habían advertido sobre el posible retorno de organizaciones criminales a la región. La mañana del viernes 15 de agosto, el titular del Interior llegó a la ciudad para supervisar las investigaciones en torno al ataque registrado la noche anterior.

Malaver Odias precisó que la información preliminar indica que los atacantes usaron entre 15 y 20 cartuchos de emulsión, un explosivo común en socavones de minería ilegal, lo que refuerza la hipótesis de la participación de redes criminales ligadas a esa actividad. Según la investigación inicial de la Policía Nacional y del Departamento de Investigación Criminal (Dirincri), la principal línea apunta a una pugna entre organizaciones criminales por el dominio de espacios en la ciudad y el retorno de actividades ilícitas, como la extorsión. “La hipótesis sostiene que es una disputa entre grupos criminales, no un caso de extorsión directa”, afirmó el titular del Miniter.

El titular del Interior recordó que la situación ya había sido advertida con anticipación por las autoridades policiales. “El general Arriola, mi persona y otros oficiales lo habíamos anticipado públicamente, y hoy nos enfrentamos a un riesgo que no era desconocido”, declaró Malaver Odias ante la prensa.

El líder principal de ‘Los Pepes’ es identificado como Andy Yofran Quispe Cruz, alias ‘Andy’ o ‘Pepe’, quien es primo de Johnsson Cruz y sobrino de Jhon Pulpo, un conocido cabecilla de ‘Los Pulpos’ que se encuentra presuntamente refugiado en Chile. La banda opera principalmente en los distritos de El Porvenir y Alto Trujillo, donde han sido capturados varios de sus miembros en operativos recientes.

Actividades delictivas

• Extorsión y amenazas

‘Los Pepes’ se dedican principalmente a extorsionar a empresarios, comerciantes y empresas de transporte en Trujillo, exigiendo el pago de cupos (sumas de dinero) a cambio de no atentar contra sus víctimas. Un caso destacado ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando la banda amenazó al gerente de la empresa de transportes Salaverry Express. Los delincuentes dejaron un arreglo fúnebre acompañado de una carta amenazante en la vivienda del gerente, exigiendo el pago de un cupo extorsivo. Este acto fue grabado y enviado por WhatsApp, captado por cámaras de seguridad.

También se reportaron amenazas contra la empresa de transporte 20 de Junio, donde un integrante disparó contra un conductor como advertencia para exigir el pago de una suma de dinero.

• Uso de explosivos

La banda ha sido señalada por el uso de dinamita en atentados. Un caso notable ocurrió este 14 de agosto, cuando una explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, destruyó una vivienda y afectó a más de 20 casas cercanas, dejando entre tres y cinco heridos. Este ataque fue atribuido a ‘Los Pepes de El Porvenir’ y dirigido contra Sergio Joel Bolaños Sarmiento, un exintegrante de ‘Los Pulpos’ que habría colaborado con la Policía y la Fiscalía para capturar a miembros de esa organización. En un video difundido en redes sociales, la banda exigió a Bolaños el pago de un millón de soles bajo amenaza de muerte. Durante allanamientos, la Policía encontró cartuchos de dinamita Emulnor 3000, evidenciando el uso de explosivos como método de intimidación.

• Otros delitos

Se les atribuyen secuestros, asesinatos y actos de violencia extrema, como mutilaciones, siguiendo el modus operandi de ‘Los Pulpos’. También han sido vinculados a la tenencia ilegal de armas y explosivos, así como al robo de vehículos, como una mototaxi en el centro poblado de Poroto.

Operaciones policiales y detenciones

La Policía Nacional del Perú ha intensificado los operativos en Trujillo para desarticular a ‘Los Pepes’. Recientemente, se logró la captura de cinco presuntos miembros de la banda, quienes fueron detenidos en flagrancia por extorsionar a la empresa Salaverry Express. Entre los capturados están:

• J.A.C.C. (“Cachaco”), menor de 17 años, conductor del vehículo usado en la extorsión.
• Calet Jeampier Gonzales Cardoso (“Gemelo”), de 18 años, quien dejó el arreglo fúnebre y grabó el video.
• Ray Aldayr Salvador Reymundo (“Ray”), de 30 años, vinculado a transferencias bancarias para financiar el atentado.
• Carlos David Ferrel Fasabi (“Negrasho”), de 23 años, enlace con el líder Andy Quispe.
• Luis Alberto Rodríguez Vásquez (“Barny”), de 20 años, titular de la cuenta bancaria usada.

Durante los allanamientos en distritos como El Porvenir, Alto Trujillo y Río Seco, se incautaron dos cartuchos de dinamita, un vehículo, manuscritos con amenazas, stickers extorsivos y teléfonos celulares. El 8 de agosto de 2025, otra operación en el centro poblado de Poroto resultó en la captura de cinco personas, incluido Hugo David Arteaga Ventura (“Gringo”), presunto cabecilla de una célula de ‘Los Pepes’. Se incautaron ocho emulsiones explosivas, municiones y teléfonos celulares, además de recuperar una mototaxi robada.

Contexto de violencia en Trujillo

Trujillo enfrenta una guerra de bandas entre ‘Los Pepes’, ‘Los Pulpos’ y otra organización conocida como ‘La Jauría’, lo que ha incrementado la inseguridad en la región. La escalada de violencia, con atentados como el uso de dinamita, refleja un deterioro de la seguridad en La Libertad, con Trujillo como epicentro. Otros incidentes, como un atentado con explosivos frente al Ministerio Público en enero de 2025, muestran el uso recurrente de métodos violentos por estas organizaciones.

El Ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció el despliegue de agentes especializados para capturar a los integrantes de ‘Los Pepes’ y reforzar la presencia policial en las zonas afectadas. También se ofrecen recompensas de hasta 500 mil soles por información que lleve a la captura de líderes de ‘Los Pulpos’.

La noche del 14 de agosto de 2025, un potente artefacto explosivo estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, dejando tres personas heridas, daños en más de veinte viviendas y cortes de electricidad en la zona. La onda expansiva fue tan fuerte que se escuchó en urbanizaciones a varios kilómetros, generando pánico entre los vecinos.

De acuerdo a un video publicado en redes sociales, se señala como respondable a la organización criminal Los Pulpos como presunta autora del atentado.

El mensaje intimidatorio de “Los Pepes”

Un video difundido por Los Pepes, dirigido al individuo identificado como “Bolaños”, contiene amenazas explícitas: “un millón de soles vale tu vida ... 48 horas … sigo derramando sangre.” Este mensaje acompañó la presunta explosión con dinamita en una vivienda de la avenida Perú, en la cuadra 8, como método de coerción claro y alarmante.

El móvil del atentado

De acuerdo con investigadores, la explosión estaría relacionada con una disputa por el cobro de cupos a comerciantes locales. La vivienda atacada pertenecería a una persona que habría denunciado públicamente a miembros de la organización. El uso de dinamita —un método de alto impacto— tendría como objetivo enviar un mensaje claro: la negativa a pagar “cuotas” tendría consecuencias fatales.

La respuesta de las autoridades

Tras la explosión, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y bomberos llegaron al lugar para evacuar a los heridos y asegurar el perímetro. La División de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó la zona para descartar la presencia de más artefactos. El Ministerio Público abrió investigación preliminar por delitos de terrorismo y crimen organizado, y el Ministerio del Interior recordó que mantiene recompensas vigentes por información que lleve a la captura de líderes de Los Pulpos, llegando en algunos casos hasta los 500 mil soles.

¿Quiénes son “Los Pepes”?

Aunque no hay reportes en medios masivos sobre el origen exacto de Los Pepes, se presume que es una facción rival emergente, relacionada con Los Pulpos, motivada por disputas de poder, territorios o control del cobro de extorsiones en Trujillo y zonas aledañas.

El peligroso legado de “Los Pulpos”

Los Pulpos, liderados por la familia Cruz Arce, operan desde los años noventa, expandiéndose incluso a Chile. Se les atribuyen secuestros, extorsiones, asesinatos y aterrorizante violencia, como la mutilación de sus víctimas. Su influencia ha sido tan consolidada que, cuando su fundador fue liberado, expertos y autoridades advirtieron que ello podría intensificar la violencia criminal en Trujillo.

Contexto de inseguridad

Este enfrentamiento se desarrolla en un escenario más amplio de deterioro de la seguridad. Perú atraviesa una grave crisis con alzas sostenidas en extorsión y homicidios; La Libertad es una de las regiones más afectadas, con Trujillo como epicentro. Además, atentados con explosivos como el registrado frente al Ministerio Público en enero de 2025 reflejan un modus operandi cada vez más usado por estas organizaciones.

Una serie de operativos desarrollado por parte de efectivos de la Policía Metropolitana de Barranquilla dejó como resultado la captura de nueve presuntos miembros de la estructura criminal Los Costeños.

Así se le conoce a una de las organizaciones criminales que se disputa el control del territorio con el fin de liderar las rentas por microtráfico y extorsión en la capital del Atlántico, y cuyo principal bando contendor son Los Pepes.

Además de Barranquilla, el vecino municipio de Soledad (área metropolitana) también fue el otro punto donde se hicieron los allanamientos que dejaron entre los detenidos a alias Kevin el gordo y “Chayane”, señalados por las autoridades como jefes de zona de la organización.

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Alias Kevin El Gordo cuenta con una trayectoria de ocho años en actividades delictivas y registra seis anotaciones judiciales por homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

A su vez, alias Chayane fue identificado como dinamizador del tráfico de drogas, extorsiones y ataques contra comerciantes y transportadores.

Según información de inteligencia, ambos sujetos coordinaban homicidios selectivos y actividades de distribución de estupefacientes en la región.

La operación permitió el esclarecimiento de cinco homicidios, una tentativa de homicidio y una amenaza, además de afectar las finanzas criminales del grupo en más de 111 millones de pesos mensuales.

Durante los procedimientos, se realizaron dos notificaciones en centro carcelario y se incautaron un vehículo, dos armas de fuego, munición, seis celulares, dinero en efectivo y documentos que sirven de material probatorio, señaló el comunicado por parte de la las autoridades.

Los capturados suman en total 20 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas.

La Policía indicó que continuará intensificando los controles y operativos en los barrios de Soledad y Barranquilla.

Para finalizar, se invitó a la ciudadanía a denunciar situaciones sospechosas o hechos delictivos a través de la línea 123 o del número contra el crimen 3178965523. Se garantiza absoluta reserva.

Asesinan a joven en Malambo por cambiarse de bando entre estructuras criminales: de Los Pepes a Los Costeños

Elkin Dolceys Brocheros Flórez, conocido como alias el Mister y presunto integrante de la organización criminal Los Pepes, fue asesinado a tiros la noche del 15 de julio en el parque Bellavista del municipio de Malambo, en la región metropolitana de Barranquilla.

El joven, de 22 años, fue llevado de urgencia a la Clínica Campbell, donde los médicos confirmaron su muerte por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el testimonio de una acompañante, Brocheros Flórez acudió al parque tras recibir una llamada que lo citaba en el sitio.

Después de esperar varios minutos, dos hombres en moto se aproximaron y, sin mediar palabra, uno de ellos disparó repetidas veces contra la víctima.

Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas ligado a la disputa territorial por el microtráfico entre las bandas Los Pepes y Los Costeños, agregó El Heraldo.

Fuentes locales confirmaron que alias el Mister había recibido amenazas una semana antes, tras conocerse su intención de abandonar Los Pepes para sumarse a Los Costeños. El cambio de bando es considerado una traición grave en el mundo criminal. Brocheros Flórez era señalado como expendedor de estupefacientes en la zona.

El homicidio está en proceso de investigación y las autoridades trabajan para identificar a los responsables materiales del ataque. La disputa entre Los Pepes y Los Costeños ha sido una de las principales causas de violencia en Barranquilla y el Atlántico.

En ese entonces y en paralelo a la escalada de violencia, los líderes de Los Costeños y Los Pepes, Digno José Palomino Rodríguez (alias Dino) y Jorge Eliecer Díaz Collazos (alias Castor), expresaron su disposición a participar en mesas de diálogo con el Gobierno nacional. El objetivo es avanzar hacia un proceso de paz en el marco de la Ley de Paz Total, con el propósito de reducir la extorsión, el homicidio y otros delitos de alto impacto en la región Caribe.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que se instalará una mesa de negociaciones técnicas para caracterizar a los miembros de las organizaciones, conocer su estructura y definir la oferta institucional para quienes opten por la desmovilización.

Se incluirán alternativas de inclusión social, educación, empleo y vivienda para aquellos que renuncien a la actividad criminal. Además, el obispo César Alfonso Narváez Muñoz fue nombrado gestor de paz para facilitar la mediación en este proceso.

Al menos diez impactos de bala habría recibido Michael Alberto Álvarez Camargo, un miembro activo de la barra Frente Rojiblanco Sur del Junior de Barranquilla, que le ocasionaron su muerte en la noche del lunes 21 de julio de 2025 en el barrio Rebolo, del suroriente de la capital atlanticense, una de las zonas de la ciudad más golpeadas por la criminalidad. En el mismo ataque, otra persona resultó herida.

El ataque ocurrió frente a una vivienda ubicada en la calle 21 con carrera 33, lugar donde varios sujetos que se desplazaban en un vehículo abrieron fuego contra Álvarez y su acompañante, en un hecho que las autoridades vinculan a la prolongada disputa entre las organizaciones criminales Los Costeños y Los Pepes, de acuerdo con fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de la ciudad citadas por El Espectador.

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Estos grupos han mantenido enfrentamientos en la zona de Rebolo durante meses, en una pugna por el control de actividades ilícitas. La víctima, de 29 años, además de ser reconocida por su pertenencia a la barra del Junior, también tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas y hurto. Las autoridades investigan si el atentado responde a un ajuste de cuentas o a retaliaciones derivadas de la lucha por el dominio territorial en este sector estratégico de la ciudad.

La muerte de Álvarez ha vuelto a poner en primer plano la escalada de violencia que atraviesa Rebolo. Solo en lo que va de 2025, este barrio ha registrado al menos 16 víctimas mortales por sicariato, una cifra que evidencia la intensidad de los conflictos armados locales y la dificultad de las autoridades para contenerlos.

La modalidad de sicariato, según los reportes de la Policía Metropolitana, sigue siendo la principal forma de homicidio en Barranquilla y su área metropolitana. Los crímenes suelen estar relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras criminales que se disputan el control de rutas de narcotráfico, redes de extorsión y territorios clave para sus operaciones.

Barranquilla acumula más de 300 homicidios entre enero y julio de 2025, concentrando el 64% de los casos del área metropolitana del Atlántico, según el Sistema de Alertas Tempranas y reportes de la Policía Metropolitana.

Benedetti liderará diálogo con los líderes de Los Costeños y Los Pepes

A propósito del presunto lazo de Los Costeños y Los Pepes con el crimen del barrista Álvarez Camargo, este martes 22 de julio de 2025 se conoció que el presidente Petro designó al ministro del Interior Armando Benedetti para encabezar los diálogos con Jorge Eliécer Díaz Collazos -alias Castor- como Digno José Palomino Rodríguez -alias Dino-, los máximos líderes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, respectivamente.

Hasta el momento, los intentos de negociación solían recaer en actores técnicos o autoridades regionales, pero la presencia del ministro en la ciudad fue interpretada como una señal inequívoca de que el Ejecutivo nacional tomará las riendas de la situación.

“El ministro del Interior vino a decirnos que hará parte del equipo del orden nacional que estará liderando el proceso o el acercamiento a esta mesa de negociación con las bandas delincuenciales de Los Costeños y Los Pepes”, afirmó José Antonio Luque, secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, en declaraciones a medios locales.

La fase actual del proceso se mantiene en un estadio preliminar. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, alias Castor y Digno Palomino han expresado su disposición a dialogar con el Estado, lo que abre una ventana para la construcción de una mesa de negociación formal. Este gesto, aunque inicial, representa un avance en la búsqueda de soluciones a la violencia que afecta a la región.

Mientras tanto, las entidades nacionales han comenzado un proceso de caracterización de los miembros de ambos grupos criminales, un proceso se perfila como el primer filtro para la viabilidad de un diálogo con estas agrupaciones delictivas.

El anuncio de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, será quien encabece el proceso de diálogo con alias Castor y Digno Palomino marca un nuevo enfoque del Gobierno nacional frente a la crisis de seguridad en Barranquilla.

Así lo dio a conocer José Antonio Luque, secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, tras una reunión celebrada el lunes 21 de julio en la capital del departamento.

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“El ministro del Interior vino a decirnos que hará parte del equipo del orden nacional que estará liderando el proceso o el acercamiento a esta mesa de negociación con las bandas delincuenciales de Los Costeños y Los Pepes”, afirmó Luque, en declaraciones a medios locales.

La visita de Benedetti fue interpretada por las autoridades locales como una señal clara de que el Gobierno de Gustavo Petro asumirá directamente el proceso, sin delegarlo en actores técnicos o regionales.

Luque precisó que las negociaciones estarán enmarcadas dentro de la legislación nacional vigente, y que las autoridades del Atlántico cumplirán un rol de articulación. “Definitivamente es un tema del orden nacional 100%”, agregó el funcionario.

El acercamiento con los cabecillas de estas organizaciones —responsables de extorsiones, homicidios y enfrentamientos armados en la región— se encuentra en una fase preliminar.

Según la Dirección Nacional de Inteligencia, alias Castor y Digno Palomino han manifestado su disposición a sentarse en una mesa de diálogo con el Estado.

En ese sentido, entidades del orden nacional adelantan un proceso de caracterización de estos líderes, paso previo a cualquier avance formal.

“Ambos están en la sintonía de entrar a la mesa de negociación y ahora mismo están en un proceso ya de caracterización por entidades del orden nacional”, explicó Luque.

El funcionario reiteró que desde el ámbito departamental se mantendrán atentos a los próximos llamados para colaborar en las siguientes etapas.

El encuentro del lunes también contó con la presencia de Yesid Turbay, secretario de Seguridad de Barranquilla, quien respaldó el enfoque nacional del proceso, aunque insistió en que las autoridades locales deben seguir actuando frente a la violencia urbana que persiste en la ciudad.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char, aunque no estuvo presente en la reunión con Benedetti, se pronunció ese mismo día durante una visita a una obra de infraestructura policial.

Según Caracol Radio, desde el sitio donde se construye un nuevo CAI, el mandatario distrital enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia estatal.

“Aquí en Barranquilla estamos poniéndole el pecho, hemos usado cien mil millones en seguridad. Si no hay seguridad, no hay prosperidad”, afirmó, al tiempo que pidió respaldo del Gobierno nacional para enfrentar el fenómeno criminal.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano ha confirmado que tanto alias ‘Castor’ como Digno Palomino han reafirmado su disposición a participar en mesas técnicas de negociación, lo que representa una oportunidad histórica para reducir la violencia que afecta gravemente al Atlántico, donde el 86 % de los homicidios están ligados a estas bandas.

Aunque el ministro Benedetti no ha emitido un pronunciamiento formal sobre su papel específico en la mesa, ya había valorado como “positivo” el gesto de los cabecillas de querer dialogar.

El proceso de diálogo con alias Castor, líder de Los Costeños, y Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, se ha complementado con la mediación religiosa del obispo César Alfonso Narváez Muñoz, designado gestor de paz, quien busca fortalecer la confianza y legitimidad del proceso.

Actualmente, el proceso avanza hacia una fase técnica liderada por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que se encargan de caracterizar a estas organizaciones para entender su estructura, tamaño y zonas de influencia.

Esta caracterización es fundamental para construir programas de inclusión social, como empleo, educación y vivienda, dirigidos a jóvenes vinculados a estas bandas.

No obstante, persisten dudas en la comunidad sobre la sinceridad del proceso, las garantías para víctimas y testigos, y la necesidad de un fortalecimiento institucional para asegurar justicia y prevención en las zonas más afectadas.

La deportación de alias Castor desde Venezuela en marzo y la participación de actores eclesiásticos constituyen elementos novedosos que podrían facilitar la reconciliación, siguiendo experiencias previas en Colombia y América Latina.

La Policía Metropolitana de Barranquilla efectuó un golpe contundente contra Los Pepes, luego de la captura de Rodrigo Javier Pantoja, conocido como alias Rodrigo, considerado uno de los principales hombres de confianza de Digno Palomino, máximo cabecilla de dicha estructura criminal.

Pantoja enfrentará procesos judiciales por un historial delictivo que se remonta a los últimos 15 años.

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Tras la captura de varios de sus subalternos, alias Rodrigo se había ocultado en Magangué (Bolívar), desde abril de 2025. Sin embargo, regresó a Barranquilla, donde un operativo de inteligencia y seguimiento permitieron su arresto en la vía pública del barrio Barlovento.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, “Rodrigo” se desempeñaba como cabecilla de zona dentro de Los Pepes y lideraba actividades de extorsión en sectores como Barrio Abajo, Chambacú, Vía 40, Barlovento, Mercado y La Isla.

Allí coordinaba amenazas y presiones contra comerciantes y transportadores. Además, estaría vinculado al despojo y desplazamiento forzado de residentes en el sector La Isla para que la organización se apropiara de los predios y obtuviera beneficios económicos mediante venta o alquiler.

“En el marco de la operación Vulcano, adelantada por parte de la Policía Nacional y a través de nuestro Gaula, se logra la captura de Rodrigo Javier Pantoja, del cual se tiene conocimiento que es cabecilla de zona del grupo de delincuencia común organizada Los Pepes, hombre de confianza de Digno Palomino y quien se dedicaba a dinamizarla extorsión en diferentes sectores de Barranquilla”, explicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Alias Rodrigo presenta antecedentes judiciales por delitos como extorsión, hurto y fuga de presos, por lo que fue dejado a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a su judicialización. En el operativo le fue incautado un celular, que será clave para continuar con las labores investigativas y dar con posibles próximas capturas.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 (Policía Nacional), 165 (Gaula) o al número directo 317 896 5523. Su información es vital para seguir combatiendo estas estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos”, agregó Urrego.

Estructura criminal y crisis de seguridad

Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, son protagonistas de una disputa violenta por el control de rentas ilegales en Barranquilla y su área metropolitana.

Palomino, nacido en Barlovento, fue vinculado inicialmente a delitos como hurtos y microtráfico, y ganó notoriedad tras su vinculación con Los Rastrojos Costeños y posteriormente Los Costeños.

Ambos líderes fueron capturados en Venezuela durante 2018, luego de operaciones binacionales impulsadas por circulares de Interpol. Palomino fue deportado a Colombia en 2024 y quedó bajo detención domiciliaria, decisión que fue cuestionada por las autoridades locales ante la persistente crisis de seguridad. Luego, en febrero de 2025, la Fiscalía lo imputó por su presunta participación en 17 homicidios relacionados con el control de actividades criminales en el Atlántico, por lo que permanece recluido en la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de La Dorada (Caldas).

Y es que Barranquilla y municipios del Atlántico registran altos índices de delitos atribuidos a la disputa entre Los Pepes y Los Costeños. Por ellos, los líderes de estos grupos criminales han expresado su disposición para integrarse a mesas de diálogo en el desarrollo de la paz total del Gobierno nacional, respaldado por las autoridades departamentales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, informó que ambos cabecillas reiteraron su interés en participar en un escenario de negociaciones de carácter técnico. Y señaló que este paso puede constituir una oportunidad relevante para reducir la violencia generada por la confrontación entre estructuras criminales en la región.

“Tenemos que caracterizar cuáles serían las personas que, según ellos, participarían de un proceso de desmovilización, saber cuáles son sus actividades, cuáles son las actividades que se van a disminuir, a paralizar o a tratar de concretar. Creo que estamos en la etapa de conocernos”, expresó Verano en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Un joven de 22 años fue asesinado a tiros la noche del martes 15 de julio en el parque Bellavista, en el municipio de Malambo, ubicado en la región metropolitana de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Elkin Dolceys Brocheros Flórez, conocido como alias el Mister, presunto integrante del grupo criminal Los Pepes, uno de los más peligrosos en la capital del departamento de Atlántico.

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De acuerdo con el testimonio de una amiga que conoció el diario El Heraldo, Brocheros Flórez la invitó a acompañarlo hasta el parque luego de recibir una llamada en la que una persona lo citó en ese sitio.

Según el relato de la mujer, “llevábamos casi 20 minutos esperando cuando vimos pasar a dos hombres en moto que se comportaban de forma sospechosa. Él me dijo que nos fuéramos, pero en ese momento los motorizados regresaron y uno de ellos sacó un arma y disparó varias veces sin decir palabra”.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a la Clínica Campbell de Malambo, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Fuentes consultadas por el mismo medio local en Barranquilla señalaron que alias el Mister integraba las filas de Los Pepes y había recibido amenazas de muerte aproximadamente una semana antes de perpetrarse el crimen.

Todo porque sus anteriores compañeros de bando se habrían enterado de sus intenciones: cambiarse al grupo rival, ‘Los Costeños’. Esto es considerada como la mayor traición entre grupos criminales, además de ser un soplón (o ‘sapo’, término acuñado en Colombia).

Brocheros Flórez se desempeñaba como expendedor de estupefacientes en la zona, según lo que algunos testimonios recogidos por el mismo diario revelaron.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas relacionado con la lucha por el control territorial del microtráfico en Malambo entre las estructuras Los Pepes y Los Costeños.

En tanto que la investigación sigue abierta con el fin de identificar a los autores materiales del homicidio.

Los líderes de Los Costeños y Los Pepes expresaron su deseo de participar en diálogos con el Gobierno nacional

Un día antes del anterior caso (16 de julio), los principales líderes de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, Digno José Palomino Rodríguez, alias Dino, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, expresaron en público su disposición a participar en mesas de diálogo con representantes del Gobierno nacional, autoridades departamentales y distritales.

Este paso busca avanzar en el proceso de paz impulsado bajo la Ley de Paz Total y se presenta como una oportunidad para reducir delitos de alto impacto, como la extorsión y el homicidio, en la región Caribe.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó el aval de ambos cabecillas para la instalación de una mesa de negociaciones técnicas.

“Tenemos que caracterizar cuáles serían las personas que, según ellos, participarían de un proceso de desmovilización, saber cuáles son sus actividades, cuáles son las actividades que se van a disminuir, a paralizar o a tratar de concretar. Creo que estamos en la etapa de conocernos”, declaró Verano, señalando que el proceso de caracterización es clave para definir la oferta institucional en materia de empleo, vivienda y educación para quienes dejen la criminalidad.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, anunció que ya se celebró la primera reunión de la mesa técnica de caracterización, con una segunda sesión programada para la próxima semana.

Los equipos de trabajo, integrados por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, avanzan en la identificación del número de integrantes, estructura operativa, zonas de influencia y conexiones de cada banda con otras organizaciones criminales.

Luque afirmó: “Solo conociendo los perfiles de estas bandas podremos ofrecer alternativas reales y transversales desde la Gobernación, la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno nacional para transformar las vidas de estas personas y sacar a estos muchachos de la violencia”.

El proceso incluye el diseño de propuestas de inclusión en educación, empleo y vivienda, con el objetivo de ofrecer rutas legales para todos aquellos que renuncien a la actividad delictiva.

Además, el obispo César Alfonso Narváez Muñoz, de la Vicaría Episcopal de Soledad, fue designado gestor de paz y mediador, incorporando un componente religioso para generar confianza entre las partes.

Las autoridades destacaron la importancia de este avance, considerando que el 86 % de los homicidios ocurridos en el Atlántico están vinculados al sicariato y a enfrentamientos entre bandas delincuenciales (y que en su mayoría son por la guerra entre Los Pepes y Los Costeños).

La mesa técnica y la caracterización buscan sentar las bases para una desmovilización organizada y un proceso de reintegración social y económica.

El asesinato reciente de Ada Luz Pérez Santana, cajera de 27 años en Barranquilla, a manos de ‘Los Costeños’ por negarse a pagar una extorsión, resaltó la urgencia de llegar a acuerdos que disminuyan la violencia y los crímenes de alto impacto en la región.

Por último, y en un informe revelado a comienzo de mes por el portal Zona Cero, Barranquilla y el Atlántico finalizaron junio de 2025 con cifras preocupantes de muertes violentas.

Durante ese mes se reportaron 78 homicidios en el departamento: 45 en Barranquilla y 18 en Soledad, según balance de las autoridades.

En lo que va de 2025 el Atlántico registra cerca de 470 asesinatos, una tendencia que proyecta un cierre de año con más de 900 casos, superando los registros de 2024.

Tanto Jorge Eliecer Díaz Collazos -alias Castor- como Digno José Palomino Rodríguez -alias Dino-, los máximos líderes de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes, respectivamente, han manifestado su disposición a participar en mesas de diálogo, abriendo la puerta a un proceso de paz impulsado por el Gobierno nacional con respaldo de autoridades departamentales y distritales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó que tanto Digno Palomino como Jorge Eliécer Díaz reafirmaron su intención de sentarse en una mesa de negociaciones técnicas. Según Verano, esta iniciativa representa “una oportunidad histórica para desactivar la confrontación criminal en la región”. El proceso, respaldado por la Ley de Paz Total, ha sido preparado durante meses con la participación de la Gobernación del Atlántico y busca como propósito inicial reducir delitos de alto impacto, como la extorsión y el homicidio.

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“Tenemos que caracterizar cuáles serían las personas que, según ellos, participarían de un proceso de desmovilización, saber cuáles son sus actividades, cuáles son las actividades que se van a a disminuir, a paralizar o a tratar de de concretar. Creo que estamos en la etapa de conocernos”, dijo Verano en declaraciones recogidas por la emisora Blu Radio.

Por su parte, el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, explicó que la mesa técnica de caracterización ya celebró su primera reunión y tiene prevista una segunda sesión la próxima semana. El siguiente paso, de carácter técnico, estará a cargo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes investigarán el número de integrantes, las estructuras operacionales, los territorios bajo control y los vínculos de ambas organizaciones criminales con otros grupos.

Este análisis, precisa Luque, permitirá diseñar una propuesta integral de inclusión social, con programas de empleo, educación y vivienda dirigidos principalmente a jóvenes involucrados en estas bandas.

“Solo conociendo los perfiles de estas bandas podremos ofrecer alternativas reales y transversales desde la Gobernación, la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno nacional para transformar las vidas de estas personas y sacar a estos muchachos de la violencia”, afirmó el funcionario en declaraciones conocidas por el periódico El Tiempo.

El secretario del Interior también subrayó que uno de los objetivos centrales es que los jóvenes vinculados a estas estructuras accedan a programas de formación técnica, oportunidades laborales y subsidios de vivienda, facilitando rutas de salida del ciclo delictivo mediante herramientas concretas y acompañamiento institucional.

La importancia de la caracterización de las bandas delincuenciales

El proceso de caracterización, según el gobernador Verano, resulta esencial para definir no solo quiénes estarían dispuestos a desmovilizarse, sino también la oferta institucional que se les brindará en materia de educación, vivienda y empleo. Esta responsabilidad será compartida entre la Gobernación, la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno Nacional.

Las autoridades también anunciaron la designación del obispo César Alfonso Narváez Muñoz, de la Vicaría Episcopal de Soledad, como gestor de paz, incorporando un componente de mediación religiosa considerado clave para generar confianza entre las partes.

Este proceso marca un salto cualitativo en materia de seguridad, ya que en el Atlántico el 86 % de los homicidios se relacionan con el sicariato y los enfrentamientos entre estas bandas. Además, tanto ‘Los Pepes’ como ‘Los Costeños’ encabezan los principales esquemas extorsivos, afectando a comerciantes, conductores, familias trabajadoras y pequeños empresarios.

En 12 de julio de 2025 se estableció la responsabilidad de Los Costeños en el asesinato de Ada Luz Pérez Santana, una joven cajera de 27 años del barrio La Paz en Barranquilla, por negarse a pagar una extorsión. Tras su sepelio en el municipio de Plato, Magdalena, la comunidad y las autoridades lamentaron profundamente su muerte, que se suma a una larga lista de víctimas de la extorsión y el sicariato en la región.

Una serie de altercados ocurridos en el centro penitenciario de La Dorada, en el departamento de Caldas, desencadenó el traslado de dos de los principales líderes de estructuras criminales que operan en la región Caribe colombiana.

Las autoridades confirmaron el movimiento carcelario de Digno José Palomino Rodríguez, identificado por los organismos de inteligencia como alias Digno o “Dino”, y de Jorge Eliécer Díaz Collazos, más conocido con el alias de “Castor”, ambos vinculados a redes de criminalidad con amplio historial delictivo en el norte del país.

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La confrontación entre internos, ocurrida el 20 de junio, involucró directamente a Palomino y a otro recluso. Aunque el incidente no implicó el uso de armas blancas, sí se presentaron agresiones físicas que, de acuerdo con los informes judiciales, obligaron a tomar decisiones inmediatas con el objetivo de prevenir escaladas violentas.

Digno Palomino, cuya vida en el mundo del crimen es seguida de cerca por agencias nacionales y extranjeras, fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Picaleña, ubicada en Ibagué. Este penal, considerado uno de los más rigurosos del país, ahora aloja a uno de los individuos más señalados por su papel en la organización conocida como Los Pepes, a la cual se le atribuyen delitos que van desde el narcotráfico hasta homicidios selectivos y extorsión a gran escala.

De igual manera, otros integrantes de alto rango de la organización Los Costeños, entre ellos quienes habrían participado en los enfrentamientos, como alias Otón y Junior Guerra, fueron enviados al centro penitenciario de Tramacúa, en Valledupar. La medida, adoptada por las autoridades, busca mitigar las tensiones entre las facciones enfrentadas y se acompaña de un estricto esquema de control implementado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Alias Digno fue capturado en Venezuela en 2022, tras varios años de permanencia en ese país, donde se refugiaba luego de ser requerido por las autoridades colombianas. Su regreso al país se dio en medio de un proceso de deportación y desde entonces permanece en centros carcelarios bajo vigilancia reforzada. El nombre de Palomino fue vinculado a una disputa territorial con Los Costeños.

En el mismo operativo se procedió al traslado de Jorge Eliécer Díaz, que igualmente fue llevado al centro penitenciario de Picaleña. Su agrupación, Los Costeños, protagonizó múltiples enfrentamientos con estructuras rivales por el dominio de rutas para el narcotráfico, cobros extorsivos y control de zonas estratégicas en Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico.

Desde la dirección del Inpec se precisó que se incrementaron las medidas de seguridad internas, incluyendo monitoreo constante, limitación en el contacto con otros internos y vigilancia estricta en las comunicaciones hacia el exterior.

Gobierno evalúa acercamientos a estructuras criminales sin parar operativos

Este traslado de figuras criminales de alto nivel ocurre en paralelo con los esfuerzos del Gobierno colombiano por establecer canales de interlocución con líderes de estructuras ilegales que operan principalmente en el litoral Caribe. A través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, y en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia, se adelantan gestiones para conformar una mesa de conversaciones.

Así lo aseguró Yesid Turbay, responsable de la Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla, al señalar que el presidente Gustavo Petro delegó a funcionarios específicos para iniciar acercamientos dentro de la política de ‘Paz Total’.

Pese a que las cifras oficiales reflejan una disminución en los casos de homicidio, las autoridades territoriales alertan sobre la persistencia de otras conductas delictivas, como la extorsión y la intimidación a comerciantes, que continúan teniendo un impacto severo en la vida cotidiana de la población. Por esta razón, la exigencia de frenar las actividades ilícitas de estas organizaciones sigue siendo una tarea urgente en las agendas locales y nacionales.

La iniciativa de paz urbana promovida por el Gobierno nacional enfrenta serios desafíos en Barranquilla, donde el accionar de organizaciones delictivas como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo, así como los recientes hechos violentos, exponen la complejidad del panorama del distrito portuario.

De hecho, las autoridades han alertado sobre el crítico entorno de seguridad que enfrenta Barranquilla. La ciudad experimenta un conflicto permanente entre grupos delictivos por el control de extorsiones, tráfico de drogas y ataques armados, situación que representa uno de los principales desafíos para la administración del alcalde Alejandro Char.

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Incluso, en una carta remitida al alto comisionado para la paz, funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación solicitaron participar en las negociaciones que plantea el Gobierno con organizaciones criminales, para coordinar una respuesta conjunta: “Consideramos fundamental articular esfuerzos en el marco de las estrategias nacionales para la construcción de la paz total”, señala la misiva firmada por Yesid Salomón Turbay y José Antonio Luque.

Aunque el Distrito de Barranquilla asegura que existen avances exploratorios para posibles diálogos, la persistencia de episodios violentos sigue minando la tranquilidad. El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, reconoció ante la prensa: “Han disminuido homicidios, pero han aumentado extorsiones. Buscamos generar un ambiente de tranquilidad para los ciudadanos que no padezcan hurtos, atracos y homicidios”.

De acuerdo con Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte, citado por El Tiempo, Los Pepes y Los Costeños, formadas en su mayoría por jóvenes, mantienen una guerra intensa por el control de territorios estratégicos para el microtráfico y la extorsión.

El Clan del Golfo, con fuerte presencia en el área metropolitana de Barranquilla y control sobre la salida de drogas por puertos y zonas costeras, lidera la estructura criminal en la región.

El presidente Gustavo Petro, en un cabildo en Barranquilla, anunció la intención de dialogar con las bandas juveniles de la ciudad y sus cabecillas en prisión.

Esta iniciativa, similar a las mesas de paz intentadas en Medellín, Buenaventura y Quibdó, es vista por sectores académicos con escepticismo.

Amaranto Daniels, director del Instituto de Estudios Internacionales y del Caribe de la Universidad de Cartagena, advirtió, citado por el mencionado medio: “No hay todavía las bases jurídicas ni la estructura organizacional para el sometimiento de estas bandas criminales relacionadas con economías ilegales”. Considera que la falta de un marco legal claro dificulta una paz sostenible y que el enfoque actual responde, entre otros factores, a una reducción coyuntural de homicidios.

En paralelo, bandas como Los rastrojos costeños y Los leones continúan operando en la ciudad, muchas veces vinculadas al Clan del Golfo para acciones de extorsión y tráfico de drogas.

La Policía reveló recientemente una nueva modalidad de extorsión a comerciantes, en la que detenidos de Los Costeños intimidan a las víctimas mediante videollamadas desde la cárcel, intento que según las autoridades busca forzar la atención del Gobierno en el marco de la propuesta de paz.

Las recientes acciones de estructuras delictivas que operan en Barranquilla

El lunes 7 de julio, horas antes de la apertura del Foro de Desarrollo Local de la Ocde en la ciudad, las autoridades capturaron a cuatro hombres en el norte de Barranquilla que portaban un arsenal de guerra.

Entre las armas incautadas se encontraban un fusil Colt calibre 50, un fusil calibre 5.56, un fusil tipo AR-15, tres pistolas y municiones de varios calibres. Además, los detenidos tenían en su poder cuatro vehículos reportados como robados, con los que, según la Policía, planeaban ejecutar un atentado.

Al día siguiente, el empresario portuario Michael Mulford, gerente general de Riverport, sobrevivió a un ataque armado en el populoso sector conocido como La Bendición de Dios. Hombres armados con prendas institucionales interceptaron el vehículo en el que se desplazaba y abrieron fuego.

La escolta del empresario respondió y abatió a uno de los atacantes, identificado como Jean Paul Rodríguez, un joven de 21 años con antecedentes por porte ilegal de armas, homicidio y fuga de presos.

Para las autoridades, el hecho fue perpetrado por la banda criminal Los Pepes, dedicada a la extorsión en la zona portuaria.

Entre tanto, en la noche del jueves 10 de julio, en el barrio La Paz, una joven de 27 años identificada como Adaluz Pérez Santana recibió un disparo en la cabeza. La Policía investiga si el hecho está relacionado con extorsiones ejercidas por Los Costeños contra el restaurante donde trabajaba la víctima.

El 21 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, subió a la tarima de La Alpujarra, Medellín, a varios de los criminales más peligrosos de la ciudad, un acto que generó controversia y críticas desde diversos sectores políticos y sociales.

Entre los “invitados” al evento estaban “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, todos recluidos en la cárcel de Itagüí.

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Con respecto a los acercamientos del Gobierno nacional con los grupos delincuenciales, Digno Palomino, líder de la banda Los Pepes, envió una carta dirigida al jefe de Estado y la senadora de la República por el Pacto Histórico Isabel Zuleta, en la que respalda una solicitud de mesa de diálogo que hizo inicialmente Marín Silva, alias Pipe Tuluá, líder de La Inmaculada en el municipio de Tuluá, Valle del cauca.

“Por medio de la presente, el suscrito ciudadano DIGNO JOSE PALOMINO RODRIGUEZ se permite señalar de manera libre, consciente y voluntaria, en mi calidad facilitador y vocero de la organización LOS PEPES con injerencia territorial en el departamento del Atlántico, la firme intención que tengo de adherirme y respaldar plenamente la propuesta liderada por el señor Andrés Felipe Marín Silva, quien actúa como representante y líder de la organización OFICINA LA INMACULADA del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, con la finalidad de materializar el sagrado derecho constitucional a la Paz de la cual somos merecedores todos los ciudadanos de este país”, se lee en la misiva.

En este sentido, agregó: “Solicito al Gobierno Nacional tener en cuenta nuestra disposición y voluntad de participar activamente en las mesas urbanas de paz, con el propósito de aportar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y reconciliada, así como el derecho a la igualdad respecto a los otros departamentos que vienen adelantando las mesas urbanas de paz”.

A la par, el líder de Los Pepes sostuvo que para el Gobierno nacional podría ser valiosa su experiencia, puesto que han tenido una presencia activa en varias zonas del territorio nacional. A propósito, dijo que tiene conocimiento de las dinámicas sociales de las comunidades afectadas, por lo que entienden las problemáticas y necesidades de los habitantes.

Asimismo, resaltó que durante años diversas organizaciones y grupos urbanos han ejercido control territorial en municipios del departamento del Valle del Cauca, “así como en otras regiones del país, situación que ha generado confrontaciones, tensiones y conflictos que afectan la convivencia y el desarrollo integral de nuestras comunidades”.

Y agregó: “Por ello, con pleno convencimiento y responsabilidad histórica, reitero mi compromiso absoluto con la búsqueda de la paz total en el territorio nacional, liderado por el señor Andrés Felipe Marín Silva, quien ha demostrado una genuina disposición por encontrar caminos de reconciliación y soluciones integrales que permitan avanzar hacia la transformación social”.

De igual manera, mencionó que todos los grupos ligados a la organización estarán dispuestos a colaborar con la política de Paz Total de la actual administración con el fin de impulsar el diálogo y la reconciliación en el departamento.

“Adicionalmente, quiero expresar que en el marco de este proceso se promoverá una unión sólida y coordinada entre todas las organizaciones y estructuras involucradas, con el objetivo de llegar a acuerdos conjuntos que contribuyan a la consolidación de una agenda común de paz, convivencia y desarrollo. Esta unión permitirá crear espacios de diálogo, construcción colectiva y establecimiento de compromisos firmes en beneficio del departamento y de toda la nación. Agradezco de antemano la atención prestada a la presente comunicación y reitero nuestra plena disposición para avanzar en la construcción de una paz urbana, inclusiva y sostenible”, puntualizó el documento.

Más allá de la guerra frontal entre los dos grupos delincuenciales, se han gestado varios ataques contra comerciantes y demás figuras que mueven la economía del distrito portuario y su área metropolitana, que no habrían atendido sus exigencias delictivas.

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Precisamente, esa sería una de las hipótesis detrás del atentado contra Michael Mulford, gerente de la empresa portuaria Riverport, ocurrido el lunes 7 de julio mientras se desplazaba en una camioneta blanca junto a sus escoltas.

Se trata del segundo atentado contra Mulford en menos de 10 meses. Este último ataque quedó registrado en un video de cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se muestra cómo el vehículo fue interceptado por un grupo de hombres armados que portaban chaquetas similares a las usadas por la Policía judicial, Sijín.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:40 p. m., cuando Mulford salía de su oficina y se dirigía al puerto de Barranquilla. Al atravesar el sector suroriente de la ciudad, los agresores, que ya lo esperaban en una esquina, salieron corriendo hacia su objetivo e intentaron bloquear su paso, abriendo fuego. Ante la situación, los escoltas respondieron con sus armas de dotación, generando un intenso cruce de disparos.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Urrego, explicó que uno de los atacantes vestía prendas de la Policía judicial, una gorra institucional, cintilla y portaba incluso un carné falso para hacerse pasar como agente activo.

Tras la reacción de los escoltas de Mulford, uno de los sicarios murió en el lugar. Se trata de Jean Paul Patiño Rodríguez, alias Azulita, de 21 años, que tenía antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas y fuga de presos.

Según una fuente citada por Semana, el ataque habría sido perpetrado por miembros del grupo criminal Los Pepes; el sicario neutralizado sería “hombre de confianza de Mairon José Bustamante Pérez, cuñado de Digno José Palomino Rodríguez”, identificado como el jefe de finanzas de la organización.

Las autoridades investigan si el objetivo era presionar a empresas de la zona portuaria mediante extorsión, práctica común en el área bajo influencia de esa estructura.

Durante el operativo posterior al atentado, la Policía incautó el vehículo usado por los agresores y halló en su interior una segunda chaqueta falsa de la Sijín con rastros de sangre.

El vehículo, un Mazda 3 de placas KHQ-173, fue abandonado cerca del lugar y quedó a disposición de la Fiscalía.

Horas después, se conoció que un hombre herido en el brazo ingresó a un hospital de la ciudad, por lo que es investigado por su presunta vinculación a los hechos. “Estamos haciendo labores de tamizaje porque una persona con una herida similar llegó a un centro médico”, precisó el general Urrego.

Las primeras indagaciones apuntan a que cuatro personas participaron en el atentado: una neutralizada, otra herida y dos más que lograron huir. La rápida reacción de la escolta se considera determinante para evitar que el ataque tuviera consecuencias más graves.

Las autoridades trabajan con los registros de cámaras, testimonios recogidos en la zona y análisis de comunicaciones para identificar a los demás responsables y determinar si existe relación con el atentado sufrido por Mulford en noviembre de 2024, también en el barrio La Bendición de Dios.

Cabe señalar que Riverport es una de las principales empresas portuarias del Caribe colombiano. Se investiga si existen amenazas contra su gerente y si se relacionan con su actividad empresarial o si responden a otras retaliaciones criminales.

La Policía Metropolitana reforzó el esquema de seguridad de Mulford e hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en la investigación. “Estamos comprometidos en esclarecer los hechos y ubicar a los demás involucrados en este atentado”, declaró el general Urrego.

Se trata de la operación Raziel, que permitió que las autoridades aplicaran extinción de dominio a 46 bienes, entre muebles e inmuebles, por un valor superior a los $4.469 millones.

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La ofensiva se realizó en Barranquilla y en los municipios de Galapa, Sabanalarga, Malambo y Baranoa. En estos lugares, la Policía y la Fiscalía materializaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes presuntamente vinculados al grupo delincuencial.

Entre los activos afectados se encuentran 15 inmuebles, 30 vehículos y una sociedad comercial. Destacan apartamentos de alto valor ubicados en el norte y centro de Barranquilla, relacionados con la sociedad Inversiones Owen.

Esta empresa fue fundada por Wilmer Ariza Sánchez, alias Matacaballo, señalado como principal líder de Los Pepes, asesinado en agosto de 2024.

La investigación señaló que Los Pepes habían estructurado un esquema financiero para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como la extorsión, tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito. Según la Policía, alias Matacaballo lideró la consolidación de la red financiera destinada a ocultar activos resultado de operaciones criminales.

De acuerdo con lo citado por El Heraldo, los inmuebles ocupados por la Fiscalía fueron utilizados como centros de acopio y expendio de drogas bajo la administración de alias la Profe y alias Beto, identificados como presuntos distribuidores y comercializadores de estupefacientes en Barranquilla. Ambos resultaron capturados en mayo de 2024.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las operaciones financieras y de propiedad relacionadas con la mencionada estructura criminal como parte de las acciones para combatir el crimen organizado y limitar su capacidad económica en la región.

Autoridades incautan ocho inmuebles de Los Pepes usados para el tráfico de drogas en Soledad

Este importante operativo judicial se conoce luego de que el 25 de junio de 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada de Extinción del Derecho de Dominio informara sobre la aplicación de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo sobre ocho bienes inmuebles vinculados presuntamente a actividades de tráfico de estupefacientes al servicio de esta estructura criminal.

El procedimiento, liderado por la Seccional de Investigación Criminal, incluyó 36 diligencias de allanamiento en inmuebles utilizados para el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

Durante este operativo se produjo la captura en flagrancia de un sujeto residente en uno de los predios intervenidos. De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el hombre cuenta con siete anotaciones judiciales por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y fuga de presos..

Las investigaciones establecieron que estos predios, ubicados en su mayoría cerca de centros educativos, servían como puntos de acopio y expendio de drogas, un hecho que facilitaba el acceso y consumo de sustancias psicoactivas por parte de menores en espacios públicos. Esto provocaba un deterioro en la seguridad y el entorno social de la comunidad afectada.

En una de las viviendas intervenidas, localizada en el barrio Costa Hermosa del municipio de Soledad, se decomisaron aproximadamente 30 gramos de base de cocaína. El avalúo de los ocho inmuebles asciende a cerca de 1.200 millones de pesos colombianos.

Los bienes quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), organismo encargado de su custodia y posterior destinación, conforme a la normativa vigente. Esta acción, según la Policía Nacional, representa un avance en la lucha contra las finanzas criminales y el narcotráfico, al tiempo que busca proteger el tejido social y la seguridad ciudadana.

Después de la captura de “La Negra Dominga” en España, en el Atlántico se desarrolla una guerra entre Los Costeños, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos “Castor”, y Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes.

En esta disputa fue vinculado el Clan del Golfo, que estaría a favor de los hombres de “Castor”; mientras que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada estarían respaldando a Digno Palomino y el “Negro Ober”, ambos en prisión.

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En medio de la disputa, Digno Palomino fue herido con arma blanca en la cárcel de La Dorada, Caldas, por parte de Félix Junior Peña Escorcia, “Junior Guerra”, que es el jefe de zona de Los Costeños y mano derecha de “Castor”.

Hasta el momento el Inpec no ha expuesto ningún reporte sobre el estado de salud del líder de Los Pepes.

De acuerdo con El Heraldo, la disputa demuestra la guerra territorial que se registra entre Los Pepes y Los Costeños, en la que también fue herido Tommy Joel Zerpa Brito, conocido en el bajo mundo como “Tommy Masacre”, encargado de la seguridad de Palomino.

El medio citado informó que no se habría tratado de una riña aislada, sino que la agresión a Digno Palomino y sus hombres sería parte de un plan para terminar con la vida del líder de Los Pepes y consolidar la alianza entre Los Costeños y el Clan del Golfo.

Cabe recordar que en varias zonas del Atlántico la Policía Nacional ha aumentado su pie de fuerza ante las denuncias de comerciantes que afirman ser víctimas de cobros extorsivos por parte de dos estructuras criminales, que llaman a estos pagos un “impuesto criminal”.

Criminales amedrentan a quienes paguen extorsión a sus rivales

La disputa territorial que se registra en el Atlántico ha llegado al punto que comerciantes, tenderos y emprendedores han denunciado que se encuentran en medioa.

En diálogo con Zona Cero, víctimas expusieron que hombres de Los Pepes y Los Costeños les exigen que no paguen “vacuna” a sus rivales, o de lo contrario están en peligro de ser asesinados.

Habitualmente, cuando se registran los cobros extorsivos, los delincuentes ofrecen “seguridad” a cambio del abono constante por parte de los comerciantes; sin embargo, esto no es una posibilidad para los tenderos en Barranquilla, que temen ser asesinados por pagar o por no pagar.

La preocupación de la ciudadanía ha aumentado después de que el 19 de junio fueron asesinados dos motocarristas en Soledad; de los cuales, uno de ellos estaba pagando 40.000 pesos mensuales a una estructura criminal.

Una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el crimen se registró como una demostración de que entre los bandos no permitirán que sus rivales tengan poder absoluto de una zona en el Atlántico.

Después del doble asesinato, en las calles han sido expuestos panfletos en los que se amenaza a conductores, que desde entonces han preferido no sacar a la calle sus vehículos.

De la misma forma, el 23 de junio se registró el ataque a una tienda en el barrio Abajo, más específicamente en la carrera 52 con calle 47, en donde hombres armados descendieron de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra la estructura del establecimiento comercial.

Tras estos hechos, se ha reportado el cierre definitivo de cuatro tiendas en la zona, que han expuesto a medios locales que se han visto obligados a dejar a un lado su emprendimiento por no poder pagar la extorsión de Los Costeños y Los Pepes.

Mientras las investigaciones avanzan, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo de la Rosa, siguen sin pronunciarse al respecto.

Desde que se registró la captura en España de Álvaro Ospino Illera, conocido en Colombia como la “Negra Dominga”, uno de los pilares de la criminalidad en el Atlántico, se registra una guerra por el poder territorial de las rutas de microtráfico en la región, que se disputa entre Los Pepes y Los Costeños.

En medio de las disputas, que se llevan a cabo principalmente en las calles del Atlántico, Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, fue herido en medio de una riña al interior de la cárcel de La Dorada, en Caldas.

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En un principio, se conoció que en la pelea el criminal recibió heridas con arma blanca, pero horas más tarde se reveló que la disputa había sido protagonizada por Félix Junior Peña Escorcia, “Junior Guerra”, que es el jefe de zona de Los Costeños y mano derecha de Eliécer Díaz, alias Castor.

Sobre Peña, las autoridades indicaron que fue capturado en agosto de 2024 en un operativo ejecutado por la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que identificó a “Junior Guerra” en el barrio Caribe Verde.

Antes de su detención, Guerra llevaba cinco años ligado a Los Costeños, cumpliendo tareas de sicariato y como cobrador de extorsiones en Soledad; de la misma forma, se le vinculó como el encargado de coordinar y determinar a las personas que debían asesinar.

En su momento, las autoridades expusieron que Peña tenía antecedentes judiciales por casos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio.

La policía agregó que alias Junior Guerra sería la columna vertebral de las finanzas de esta Los Costeños y la instrumentalización a menores de edad en la capital del Atlántico. “Este presunto delincuente habría obtenido el beneficio de medida cautelar en detención domiciliaria cuando fue capturado por el delito de homicidio en el año 2021”, expusieron las autoridades en ese momento.

De acuerdo con El Heraldo, la disputa demuestra la guerra territorial que se registra entre Los Pepes y Los Costeños, en la que también fue herido Tommy Joel Zerpa Brito, conocido en el bajo mundo como “Tommy Masacre”, encargado de la seguridad de Palomino.

El medio citado informó que no se habría tratado de una riña aislada, sino que la agresión a Digno Palomino y sus hombres sería parte de un plan para terminar con la vida del líder de Los Pepes y consolidar la alianza entre Los Costeños y el Clan del Golfo.

Cabe recordar que en varias zonas del Atlántico la Policía Nacional ha aumentado su pie de fuerza ante las denuncias de comerciantes que afirman ser víctimas de cobros extorsivos por parte de dos estructuras criminales, que llaman a estos pagos un “impuesto criminal”.

Tras el ataque a Digno Palomino, las autoridades están planeando el método de mitigar el impacto de las estructuras delicuenciales en la zona, puesto que en los últimos meses se ha registrado un aumento de casos de homicidio en Barranquilla.

Entre las zonas más afectadas está el barrio Rebolo, en donde se han emitido panfletos con amenazas por parte de ambas pandillas, que mientras extorsionan a comerciantes son amenazados por el grupo contrario.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha recibido órdenes directas desde Bogotá de proteger a la ciudadanía, redoblando el pie de fuerza y la protección hacia comerciantes.

En medio de esta situación, y ante la alianza entre Los Costeños y el Clan del Golfo, Digno Palomino y “El negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que, en caso de confirmarse, haría que la guerra que se registra entre los grupos armados en Magdalena, también se libre en el Atlántico; mientras que el Gobierno nacional sigue con la idea de desarrollar un proceso de paz con ambas estructuras.

En los últimos meses, en Barranquilla se registra una guerra territorial entre Los Pepes y Los Costeños, bandas delincuenciales que se han disputado las zonas de microtráfico y extorsión con ayuda de grupos armados.

Entre los líderes de las estructuras criminales se destaca Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, que, aunque está en prisión, las autoridades han afirmado que sigue delinquiendo a pesar de que ha sido trasladado de prisión en varias ocasiones.

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Precisamente, en la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de La Dorada, en Caldas, en donde permanece desde hace varios meses, fuentes de Infobae Colombia informaron que se registró una riña en la que Palomino fue herido.

Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la herida, hecha con arma blanca, que recibió el delincuente, solo se ha descartado que se tratara de un atentado. “El tipo protagonizó una pelea en la cárcel de La dorada y terminó herido”.

¿Quién es Digno Palomino?

Palomino es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la crisis por casos de extorsión en el Atlántico, fue capturado en diciembre de 2019 en Venezuela, en donde funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol cumplieron con una circular azul emitida desde Colombia.

En su momento fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación informó que tenía información que vinculaba a Palomino con al menos 17 homicidios en el Atlántico, la mayoría en medio de la disputa territorial entre pandillas o víctimas de extorsión que no aceptaron pagar las sumas pedidas por el delincuente y sus hombres.

Guerra en el Atlántico

En mayo de 2025, en España se registró la captura de Álvaro Ospino Illera, conocido en Colombia como la “Negra Dominga”, uno de los pilares de la criminalidad en el Atlántico, puesto que era uno de los líderes de la banda delincuencial Los Costeños, lo que representó el auge de la guerra territorial en el Atlántico.

Con la caída de Ospino, en Barranquilla solo quedan dos líderes de las bandas delincuenciales más reconocidas de la región, se trata de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz alias Castor, que se encuentran en prisión, pero en el Atlántico se afirma que siguen delinquiendo desde la cárcel.

Al respecto, Voragine presentó un análisis de cómo está el mundo criminal en Barranquilla y sus alrededores, en donde el dominio se divide entre Los Pepes y Los Costeños, pero también el Clan del Golfo, que tendría una alianza con “Castor”, bajo la inoperancia de las autoridades.

El medio citado indicó que en el Atlántico es normal observar camionetas blindadas que no son propiedad del Estado, fiestas en las que participan artistas de la región y con ello, también masacres y violencia en los barrios más pobres.

Además, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo por el poder territorial, una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común.

Como respuesta a ello, Digno Palomino y “El negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que en caso de confirmarse, haría que la guerra que se registra entre los grupos armados en Magdalena, ahora también se libre en el Atlántico, mientras que el Gobierno nacional sigue con la idea de desarrollar un proceso de paz con ambas estructuras.

La noche del lunes 16 de junio se tornó violenta en el barrio Rebolo de Barranquilla (Atlántico), luego de que una balacera dejara una persona muerta y cinco capturados.

El reloj marcó las 9:30 p. m., cuando Damián José Márquez Hernández, de 32 años, fue atacado a balazos en la carrera 30B con calle 6A, justo en frente de su residencia, en un acto atribuido a la disputa entre organizaciones criminales que operan en la zona.

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Testigos citados por El Heraldo señalaron que la víctima fue llamada desde la calle y, apenas se asomó a la puerta, un grupo de individuos abrió fuego en su contra.

Márquez, señalado como presunto integrante de la estructura Los Pepes, recibió varios impactos de bala. Su deceso se confirmó en el Hospital General de Barranquilla, a donde fue trasladado de urgencia.

Luego, en horas de la madrugada, la Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la captura de cinco hombres señalados como partícipes del hecho: Maicol de Jesús Peralta Camargo, Junior Humberto Viloria Villalobos, Jeovanis Mogollón Alonso, Leider Elías Roldán Díaz y Jorvis Eduardo Semmler Manjarrez.

Todos fueron llevados ante la URI de la Fiscalía y presentaban antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, homicidio, hurto y delitos relacionados con estupefacientes.

Entre tanto, las autoridades manejan como principal hipótesis una retaliación entre grupos armados ilegales. De acuerdo con la investigación, el ataque habría sido ordenado por alias Danilo, presunto miembro de Los Costeños y hermano de Kevin Omar De la Hoz Vallejo, asesinado esa misma mañana en el mismo sector. Damián Márquez Hernández estaría implicado en ese primer homicidio y, según sostuvo el medio mencionado, habría celebrado el crimen de De la Hoz Vallejo horas antes de su propia muerte.

El amplio prontuario criminal del fallecido

En cuanto al fallecido Damián Josef Márquez Hernández, se conoce que registraba un prontario criminal que incluía seis anotaciones judiciales: dos por homicidio, tres por porte ilegal de armas y una por lesiones personales.

Durante las últimas horas, el barrio Rebolo ha registrado al menos tres homicidios, comenzando con el crimen de Jefferson Alexander Domínguez Fernández, comerciante informal de 29 años, en la noche del domingo 15 de junio; seguido por el asesinato de Kevin Omar De la Hoz Vallejo y, finalmente, el de Damián José Márquez Hernández.

Las autoridades mantienen operativos en la zona ante la escalada de violencia y el incremento de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales en el sector.

Barranquilla y su área metropolitana registran 476 homicidios en ocho meses

Entre el 15 de noviembre de 2024 y el 17 de junio de 2025, el Área Metropolitana de Barranquilla acumuló 476 homicidios, según el más reciente informe del Sistema de Alertas Tempranas, citado por Diario La Libertad.

De esta cifra, Barranquilla concentra 307 casos, lo que equivale al 64 % del total metropolitano, ubicando a la ciudad en el centro de la crisis de seguridad que enfrenta la región.

El informe detalla que, en ese mismo periodo, Soledad sumó 104 homicidios, Malambo 36, Galapa 12 y Puerto Colombia 17. Estos datos superan los reportes de muertes violentas del cierre de 2024, cuando, entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024, se registraron 114 homicidios en toda el área metropolitana —79 de ellos en Barranquilla y el resto en los otros municipios.

El análisis mensual de este año revela una tendencia al alza en el primer semestre: enero registró 85 homicidios, seguido de marzo con 67, mayo con 64, abril con 63, febrero con 45 y junio con 38 casos. Estos picos mensuales encendieron las alertas de las autoridades, que intensificaron operaciones de control en las zonas más afectadas.

Al examinar la evolución histórica, se observa que la región venía mostrando una disminución sostenida de homicidios: en 2022 hubo 611 casos, en 2023 bajó a 677 y en 2024 se reportaron 846. No obstante, el balance parcial de 2025 —con 362 homicidios en el primer semestre— sugiere que, si persiste el ritmo actual, las cifras de este año podrían igualar o superar a las de periodos anteriores.

Tres integrantes de la célula delictiva 'Los Pepes’ fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México luego de que fueran identificados por las autoridades capitalinas como los presuntos responsables de la agresión con arma de fuego en contra de un conductor de taxi.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cerro de la Estrella, en el que los sujetos fueron identificados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras llevar a cabo un seguimiento por la zona en la que el pasado 6 de junio se registró el ataque a tiros.

Tras el seguimiento que abarcó imágenes del sistema de videocámaras de vigilancia de la capital, los oficiales detectaron a los tres sujetos cerca de la avenida España y la calle Lebrija cuando se encontraban frente a una camioneta color negro y manipulaban pequeños envoltorios usados para comercializar drogas.

Al acercarse, los sujetos intentaron huir pero fueron alcanzados metros más adelante por los oficiales, quienes realizaron una revisión preventiva a los hombres para descartar algún hecho delictivo.

Derivado de la acción les fueron asegurados un arma de fuego corta, tres cartuchos útiles, tres teléfonos celulares y 50 pequeñas bolsas de plástico con aparente marihuana.

Los sujetos, de 36, 27 y 20 años de edad, fueron presentados junto a lo asegurado y el vehículo en el que se encontraban ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones del caso.

De acuerdo con las autoridades, el hombre de 36 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado en pandilla ocurrido en el año 2019.

Los Pepes, la célula delictiva bajo el mando de un salvadoreño

Infobae México pudo conocer que los detenidos responden a los nombres de Ricardo “G”, alias ‘El Richar’, Jonathan “G”, alias ‘El Nito’, y David Alejandro “G”, alias ‘El Archi’, quienes pertenecen a la célula delictiva de Los Pepes.

Esta célula está vinculada con el homicidio de un taxista en la colonia Los Ángeles de la alcaldía Iztapalapa ocurrida el pasado 6 de junio debido a rencillas por el uso de la base para recoger pasaje.

De acuerdo con la información obtenida, los detenidos obedecen las órdenes de un hombre de nacionalidad salvadoreña conocido como ‘El Cholo’. Estos sujetos de dedicaban a la venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Iztapalapa.

Un operativo realizado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, resultó en la captura de 21 integrantes de las bandas delictivas ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, acusados de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

Estas acciones se llevaron a cabo en varias ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Medellín y el municipio de Soledad, y marcan un golpe importante contra el crimen organizado en Colombia.

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En la primera de estas operaciones, centrada en desarticular la estructura de ‘Los Pepes’, se llevaron a cabo cuatro diligencias simultáneas de allanamiento y registro.

Estas resultaron en la captura de catorce personas, de las cuales trece fueron detenidas por órdenes judiciales, mientras que una fue aprehendida en flagrancia, acusada de porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Según las autoridades, entre los detenidos se destaca el cabecilla de esta organización, alias Alexito, quien estaría vinculado a la coordinación de extorsiones, atentados armados y circulación de panfletos amenazantes.

“En la primera operación se realizaron cuatro diligencias de allanamiento y registro en Barranquilla, Bogotá, Medellín y el municipio de Soledad, logrando la captura de 14 personas”, informaron voceros de la Policía.

La operación contra ‘Los Pepes’ permitió la captura de otros integrantes clave como alias Piña y alias Erick, jefes de zona señalados de planificar homicidios selectivos, incluida una tentativa contra un comerciante en el barrio Ciudadela en noviembre de 2024.

También fue aprehendida alias Yeraldine, presunta responsable de la gestión de las finanzas y rentas criminales de la banda.

Según el reporte policial, esta estructura operaba en los barrios Ciudadela 20 de Julio, Santo Domingo, Santa María y Los Girasoles, y obtenía ingresos semanales de entre 15 y 20 millones de pesos por extorsiones.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron un arma de fuego, once celulares, doce panfletos intimidatorios y quinientos gramos de marihuana.

Por otro lado, en una segunda operación orientada a desarticular a la banda ‘Los Costeños’, se efectuaron cinco allanamientos en los barrios Villa María y Las Moras, en el municipio de Soledad.

Aquí, ocho individuos fueron capturados por orden judicial bajo acusaciones de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado.

Entre los detenidos se destacan alias Harly y alias Rosa, señalados como jefes de zona del barrio Villa Paraíso, responsables de coordinar cobros extorsivos, ordenar asesinatos y dirigir grupos de sicarios.

“En la segunda operación se ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios Villa María y Las Moras, logrando la captura de ocho personas”, detalló la Policía.

Esta estructura criminal generaba ingresos semanales estimados entre 25 y 30 millones de pesos, principalmente a través de extorsiones a comerciantes locales.

Además, las investigaciones vinculan a los capturados con al menos 18 anotaciones judiciales por delitos que incluyen tráfico ilegal de armas y extorsión. Durante los operativos, las autoridades incautaron ocho teléfonos presuntamente usados para coordinar actividades ilícitas.

Ambas bandas acumulan, en conjunto, un total de 42 anotaciones judiciales que incluyen homicidio, hurto, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas, entre otros delitos, según informaron las entidades responsables.

Además, estas acciones son vistas como un esfuerzo coordinado para restablecer la seguridad en sectores altamente afectados por el accionar de dichas organizaciones.

El impacto de estas operaciones demuestra la efectividad en la lucha contra el crimen organizado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación.

En un comunicado, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar las líneas de emergencia para denunciar cualquier actividad sospechosa, asegurando confidencialidad absoluta en el manejo de la información proporcionada.

Así lo manifestó en esta ciudad, la principal del Caribe colombiano, en donde encabezó una manifestación en la que la gente lo respaldó por la presentación de una nueva consulta popular.

"Quiero hablar en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar un diálogo con las bandas juveniles de Barranquilla", aseguró el jefe de Estado.

Esos diálogos con grupos armados ilegales ya se desarrollan en Medellín y Quibdó, capitales de los departamentos de Antioquia y Chocó, respectivamente, y en Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales los 'Shottas' y los 'Espartanos'.

Aunque Petro no nombró las bandas con las que dialogará para la paz, las más conocidas en Barranquilla son 'Los costeños', 'Los rastrojos costeños' y 'Los pepes', que se disputan el control del microtráfico e incluso tienen alianzas criminales con grupos guerrilleros y con el Clan del Golfo.

"Queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto (narcotraficante) y al político, que van de la mano. Que empiecen con nosotros la formación del liderazgo popular, que este Gobierno les ofrece la mano", aseguró Petro.

El mandatario destacó que esos diálogos han rendido sus frutos principalmente en Medellín, de la que dijo "está a punto de tener solo un dígito de tasa de homicidios".

Explicó que con los diálogos se busca que esos jóvenes de Barranquilla tengan "una segunda oportunidad porque Colombia no es una tierra de bandidos; por eso iniciaremos ese diálogo de paz en esta ciudad". EFE

(foto)(video)

En medio del cabildo abierto realizado el martes 20 de mayo de 2025 en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará nuevos diálogos de paz con organizaciones criminales de la capital del departamento del Atlántico.

Durante su intervención, el mandatario colombiano sostuvo que dicho proceso será el inicio de la ‘pacificación de la región’, en la que aprovechó para lanzar fuertes críticas al alcalde barranquillero Alejandro Char.

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“Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto y al político que van de la mano (...) Este Gobierno les ofrece la mano, que a sus presos en las cárceles los vamos a escuchar. Vamos a pacificar Barranquilla porque el alcalde no pudo”, dijo el jefe de Estado.

Aunque el presidente no confirmó los grupos que entrarán a la denominada ‘paz urbana’, Petro recalcó que la conformación de grupos criminales obedece a la falta de oportunidades para los jóvenes del Caribe colombiano, así como la influencia de organizaciones armadas que pretender tener el control del territorio para actividades ilícitas como el narcotráfico.

“Esos muchachos que por miles están siendo enrolados en ese tipo de organizaciones que llaman bandas, lo hacen porque no tienen universidad (...) Hay que preguntarse por qué, porque ahí no están haciendo ninguna revolución. Olvídense, ahí están traqueteando. Están usando el puerto de Barranquilla para sacar cocaína, para traer textiles que arruinan a los industriales y armas para que el pueblo se mate entre sí”, aseguró.

Incluso, el mandatario nacional puso como ejemplo los procesos realizados con los grupos criminales de Medellín, donde se llevan a cabo varias mesas de diálogos en el Valle de Aburrá, y en la que aprovechó para criticar al alcalde Federico Gutiérrez. “Medellín está a punto de tener solo un dígito en tasa de homicidios, aunque el alcalde no lo quiera reconocer”, afirmó.

Bandas criminales que estarían en los diálogos de paz con el Gobierno Petro

Según información revelada por El Espectador, entre las bandas delincuenciales que se someterían a la denominada paz urbana serían Los Costeños, Los Leones, Los Rastrojos Costeños y Los Pepes, grupos que hacen presencia en el sur y sur-oriente de la capital atlanticense.

Además, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su informe publicado en diciembre de 2024, detalla que la posición geográfica de Barranquilla no solo facilita el acceso al comercio marítimo, sino que también la convierte en un punto estratégico para el tráfico de mercancías ilegales. Este contexto ha permitido que las bandas criminales mencionadas se consoliden en áreas específicas de la ciudad, donde su influencia se ha extendido en los últimos años.

“Por un lado, porque permite acceder con facilidad a la desembocadura del Río Magdalena, por otro, por su fácil acceso a un puerto vital para el flujo de mercancía”, señaló Pares en su informe.

Estas organizaciones no solo operan en el ámbito del narcotráfico, sino que también están vinculadas a otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y el bienestar de los habitantes locales.

La disputa territorial ha llevado a la captura de varios cabecillas en diferentes localidades de Barranquilla y su área metropolitana. Sin embargo, estas detenciones no han logrado frenar la escalada de violencia. Las autoridades locales, con el apoyo de la Policía y la Alcaldía de Barranquilla, han implementado medidas para contener los homicidios en algunos sectores de la ciudad, pero el conflicto persiste.

El impacto de esta guerra no solo se refleja en las cifras de asesinatos, sino también en la percepción de inseguridad entre los habitantes de Barranquilla. La lucha por el control de las rentas ilícitas ha generado un clima de tensión constante, afectando la vida cotidiana de la población y dificultando los esfuerzos por garantizar la seguridad en la región.

Se trata de la captura de Eris Antonio Rada Mendoza, conocido en el mundo criminal como “Erick Chupeta”, durante labores de patrullaje en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

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De acuerdo con las autoridades, Rada Mendoza sería el cabecilla del grupo delincuencial común organizado, en donde coordinada diferentes hechos delictivos, en especial, contra comerciantes víctimas de extorsión.

La detención se produjo tras una verificación de antecedentes realizada por los uniformados mediante un dispositivo PDA (Asistente Personal Digital), el cual arrojó una orden de captura vigente en su contra por el delito de extorsión agravada.

El presunto delincuente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder judicialmente.

Así operaba “Erick Chupeta” dentro de la organización criminal Los Pepes

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, Rada Mendoza era señalado como el principal responsable de coordinar y ordenar múltiples extorsiones dirigidas a comerciantes y repartidores en Malambo (Atlántico).

Estas actividades delictivas se realizaban mediante llamadas telefónicas, mensajes intimidantes y distribución de panfletos con exigencias económicas.

Las pesquisas también permitieron establecer que quienes se negaban a realizar los pagos exigidos por la organización delincuencial eran posteriormente víctimas de hurtos o atentados. Este patrón de intimidación y retaliación formaba parte del modus operandi del grupo liderado por “Erick Chupeta”.

Además de la orden vigente por extorsión agravada, el detenido contaba con antecedentes judiciales por el delito de homicidio. Según las autoridades, también se desempeñaba como responsable de la comercialización y distribución de armas de fuego y estupefacientes en la zona suroriental del departamento del Atlántico.

El teniente coronel Juan Arango, comandante de la Estación de Policía de Usme, confirmó la importancia del operativo: “La Policía Nacional capturó a Antonio Rada Mendoza, alias Erick Chupeta, cabecilla del grupo delincuencial común organizado Los Pepes. Su captura se logró en la localidad de Usme y le registraba una orden de captura vigente por el delito de extorsión agravada”.

Arango precisó que la captura representa un avance significativo contra las estructuras delictivas que operan en el Caribe colombiano: “Es señalado como el principal coordinador de extorsiones a comerciantes y repartidores en el municipio de Malambo. Además, se pudo establecer que las víctimas que se negaban al pago de esas exigencias económicas eran objeto de hurto y atentados. Esta persona tenía antecedentes por homicidio y sería el responsable de la comercialización de armas y estupefacientes en el suroriente del Atlántico”.

El comandante Arango indicó que esta detención forma parte de un esfuerzo más amplio para desarticular grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. En ese sentido, reiteró su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123.

También se registró importante golpe contra Los Pepes en Barranquilla

El jueves 15 de mayo de 2025, durante un operativo de allanamiento en el barrio Villanueva, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla (Atlántico), agentes del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana capturaron a diez presuntos integrantes de la estructura criminal Los Pepes, además de la aprehensión a un menor de edad señalado de actuar como sicario. Todos están indiciados por el delito de fabricación, tráfico y o porte de armas de fuego.

Tres de los detenidos tenían requerimientos judiciales por concierto para delinquir, homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. En la intervención, las autoridades incautaron un fusil AK-47, dos pistolas, silenciador, proveedores, cartuchos y panfletos extorsivos.

Entre los capturados se encuentra Steven Márquez Pertuz, alias Steven la Monita, tercer cabecilla del grupo, vinculado a múltiples homicidios selectivos.

Asimismo, fue detenido Steven Silva Calle, alias Steven Calentura, señalado como jefe de sicarios, y Roiner Castillo Espinoza, alias Roiner, supuesto enlace logístico con el Clan del Golfo.

La Policía indicó que los detenidos acumulan 43 anotaciones judiciales. El menor aprehendido había escapado del Centro de Reeducación El Oasis el 11 de mayo. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.

El 14 de mayo las autoridades españolas informaron sobre la captura de Álvaro Ospino Illera, conocido en Colombia como la “Negra Dominga”, uno de los pilares de la criminalidad en el Atlántico, puesto que era uno de los líderes de la banda delincuencial Los Costeños.

Uno de los crímenes por los que será imputado el delincuente es el triple asesinato registrado el 27 de febrero de 2024 en Valencia, siendo Roberto Carlos Vega Daza, miembro del clan Vega Daza, una de las víctimas.

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Cabe recordar que las autoridades en Colombia informaron que la “Negra Dominga” y otros criminales de la región serían los autores intelectuales del asesinato de Carlos Vega, que era el último sobreviviente de uno de los clanes delictivos más reconocidos de la región.

Sobre la captura, autoridades españolas indicaron que el colombiano estaba en un apartamento en compañía de varios de sus hombres, que también fueron capturados por miembros de la Guardia Civil de Valencia.

De la misma forma, el Levante Valenciano reveló que el operativo para la captura de la “Negra Dominga” se había organizado desde hace varios meses, puesto que la policía lo había asociado desde un principio con el triple asesinato mencionado.

Cabe recordar que en marzo de 2025 Ospino había sido capturado en Colombia, pero quedó libre luego de que las autoridades indicaran que no había ningún proceso en su contra, lo que le permitió al oriundo de Bolívar viajar hasta Europa.

“Ahí, en Madrid, estaba el grupo de homicidios para ponerle las esposas por la narcomasacre del Saler, el último capítulo de una sangrienta guerra entre clanes del narco que tiene su origen en la venganza jurada tras una sangrienta fiesta de cumpleaños que acabó a tiros allá, cerca de Barranquilla, hace dos años y medio”, indicó el medio citado al respecto.

Así quedó el poder territorial en el Atlántico

Tras la caída de la “Negra Dominga”, en Barranquilla solo quedan dos líderes de las bandas delincuenciales más reconocidas de la región, se trata de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz alias Castor, que se encuentran en prisión, pero en el Atlántico se afirma que siguen delinquiendo desde la cárcel.

Cabe recordar que tras la caída del clan Vega Daza, en el Atlántico, comenzó una guerra territorial entre Digno Palomino, líder de Los Pepes y Jorge Díaz alias Castor, líder de Los Costeños.

Al respecto, Voragine presentó un análisis de cómo está el mundo criminal en Barranquilla y sus alrededores, en donde el dominio se divide entre Los Pepes y Los Costeños, pero también el Clan del Golfo, que tendría una alianza con “Castor”, bajo la inoperancia de las autoridades.

El medio citado indicó que en el Atlántico es normal observar camionetas blindadas que no son propiedad del Estado, fiestas en las que participan artistas de la región y con ello, también masacres y violencia en los barrios más pobres.

Además, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo por el poder territorial, una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común.

Como respuesta a ello, Digno Palomino y “El negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que en caso de confirmarse, haría que la guerra que se registra entre los grupos armados en Magdalena, ahora también se libre en el Atlántico, mientras que el Gobierno nacional sigue con la idea de desarrollar un proceso de paz con ambas estructuras.

Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Colombia presentan un panorama problemático para el país sobre la realidad que afrontan los niños, niñas y adolescentes de varios departamentos del país. En los últimos cinco años, más de 1.000 menores de edad fueron reclutados de manera forzada por grupos armados en todo el territorio colombiano.

Los datos indican que los departamentos de Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y Norte de Santander son los más afectados por esta práctica ilegal, y que Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Huila han evidenciado un aumento, por lo que los niños están en mayor riesgo de reclutamiento en esas zonas del país.

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“El reclutamiento interrumpe infancias, vulnera los derechos de la niñez y pone en riesgo su vida. Esto no puede seguir ocurriendo: los niños y niñas deben de estar en las escuelas, con sus familias y comunidades, no en la guerra”, explicó Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, citada por la organización en un comunicado.

La inclusión forzada de menores de edad en filas armadas y delincuenciales también tiene en alerta a Barranquilla, capital del Atlántico, debido al aumento de homicidios y de casos de extorsión. Pues, al parecer, niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por organizaciones criminales como Los Pepes, Los Costeños y el Clan del Golfo, para que cometan delitos.

Los pagos por asesinar y extorsionar en Barranquilla

Los menores están siendo instrumentalizados para cometer asesinatos selectivos y extorsionar a la ciudadanía. Por incurrir en estos delitos, estarían recibiendo sueldos de $500.000. Esto, según explicó el expersonero de Barranquilla Arturo García Medrano a RCN Radio, ha tenido como resultado la expansión y fortalecimiento de los grupos al margen de la ley.

“Las ventas ilegales para ellos son fundamentales, porque hoy tenemos niños de escasos 10 años llevando los panfletos de amenazas extorsivas a los vecinos de la vuelta de su casa, el delito de la extorsión no se ha terminado”, detalló el exfuncionario, experto en criminalidad, en su denuncia.

Por otro lado, los adolescentes con más edad estarían siendo utilizados para cobrar las rentas ilegales de las estructuras criminales, puesto que son una de sus principales fuentes de financiación, asó como el “narcomenudeo”, que sirve para su sostenimiento.

La problemática se ha hecho evidente en al menos 24 barrios de la ciudad y en otros 26 del municipio de Soledad (Atlántico). Y, de acuerdo con el medio citado, en Barranquilla se registraron 42 muertes violentas en marzo de 2025 y en Soledad, 22.

Según explicó en su momento la investigadora de la Universidad del Atlántico, Muriel Jiménez, citada por Blu Radio, los fines del reclutamiento forzado han ido cambiando en Colombia. En 2021, por ejemplo, los menores de edad que integraban las organizaciones criminales y que caían en manos de las autoridades eran aprehendidos por delitos menores como el hurto. Sin embargo, ahora cometen crímenes más graves, como la fabricación y porte de arma de fuego, el asesinato y la extorsión.

“Vemos cómo están cambiando los delitos. Instrumentalizan a los menores porque ellos enfrentan penas más bajas. Aprovechan que en el sistema los niños entran y salen más rápido. Además, son más rentables, pues desde la lógica de para estas bandas ellos cuestan menos”, detalló la experta.

El programa que ha prevenido el reclutamiento de más de 100.000 niños

Para hacer frente a la situación y disminuir el número de niños, niñas y adolescentes reclutados, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puso en marcha el programa Atrapasueños, con el que ha logrado atender a 122.866 menores de edad en riesgo de reclutamiento en 472 municipios del país, según cifras reveladas el 2 de abril de 2022.

“Solo este año hemos rescatado 125 niños que tienen un riesgo de ser reclutados muy grande, nos llaman de la zona, como primera medida reacciona la alcaldía y la Defensoría, ellos logran ese vínculo y nosotros sacamos a la víctima junto con su familia”, detalló la directora del Icbf, Astrid Cáceres, en un debate de control político realizado en la Comisión de Paz del Congreso de la República.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta estructura criminal, presuntamente vinculada al grupo armado conocido como Los Pepes, extraían contenedores de exportación de manera ilegal, los cargaban con cocaína y los devolvían a la terminal marítima para su envío. Durante el proceso investigativo, que incluyó labores de inteligencia y seguimiento, se logró la incautación de 1.272 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado internacional supera los 32 millones de dólares.

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El general Triana compartió detalles de la operación a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), destacando que las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Barranquilla, Soledad, Sabanagrande y Santa Marta. En estos lugares se realizaron las capturas de los presuntos integrantes de la red, quienes fueron identificados como Jesús David Almeira Pérez, Wilson Mena Elles, Emerson Deyvis Vergel Guevara, Grace Yiretd Márquez Pérez, Ismael Antonio Cera Rivera, Jesús Manuel Manjarrés Ramírez, Marlos Mauricio Marimón Mendoza y Wanderley Alberto Gallardo Llanos.

Los detenidos enfrentaron audiencias judiciales en las que no aceptaron los cargos imputados. Sin embargo, el juez del caso determinó imponerles medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.

El caso de Wilson Mena Elles y su vínculo con una fundación

Entre los capturados destaca el nombre de Wilson Mena Elles, que trabajaba como tutor en la Fundación Hogares Claret, una organización que presta servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Mena Elles desempeñaba sus funciones en el Centro de Reeducación El Oasis, ubicado en el municipio de Soledad, un espacio destinado a menores procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El procedimiento de captura de Mena Elles se llevó a cabo el 5 de marzo, mientras este se encontraba en la entrada del centro durante su turno laboral. Aunque no se ha establecido una conexión directa, las autoridades investigan si este individuo podría estar relacionado con la fuga de siete menores de edad, considerados peligrosos sicarios y presuntamente vinculados a la estructura criminal Los Costeños, ocurrida dos días antes en pleno Carnaval.

La red desmantelada operaba con un alto nivel de organización y logística, lo que le permitía contaminar contenedores de exportación sin ser detectada. Este modus operandi no solo representaba un desafío para las autoridades locales, sino que evidenciaba la capacidad de estas organizaciones para infiltrarse en sectores estratégicos como el comercio marítimo.

De igual modo, el general Carlos Fernando Triana destacó que esta operación forma parte de una ofensiva frontal contra el narcotráfico en la región Caribe, donde las organizaciones criminales han encontrado en los puertos una vía clave para el envío de drogas hacia Europa. La colaboración con agencias internacionales como la DEA fue fundamental para identificar y desarticular estas redes.

Con base en las investigaciones, los capturados estarían vinculados a Los Pepes, una estructura criminal conocida por su capacidad para traficar grandes cantidades de droga. Este grupo, que opera en varias regiones de Colombia, ha sido señalado en el pasado por su participación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

En redes sociales se ha viralizado un video donde se observan a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo lanzando amenazas contra los grupos delincuenciales Los Costeños y Los Pepes.

En el filme audiovisual, se observan a los sujetos encapuchados con prendas de color negro, y que serían parte del frente Nicolás Antonio Urango Reyes del grupo armado, en la que anunciaban su confrontación armada con los grupos delincuenciales que operan en el departamento de Atlántico.

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Ante esta situación, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, anunció que se están adelantando varias investigaciones para determinar la autenticidad del material audiovisual, así como la identificación de los sujetos que mencionan los mensajes intimidatorios.

“La Policía Nacional se permite informar que ha dispuesto de todas las capacidades, primero de inteligencia, para establecer la veracidad de dicho video, pero también las capacidades de investigación criminal, para judicializar a los responsables de estas amenazas”, declaró el oficial.

Además, el brigadier general enfatizó en que “tanto el Clan del Golfo como los Costeños y los Pepes son estructuras criminales dedicadas a la extorsión, al narcotráfico, al homicidio, entre otros delitos”. Estas estructuras han sido objeto de investigaciones previas debido a su impacto en la seguridad y el orden público en el Caribe colombiano.

Posteriormente, el oficial subrayó la importancia de la cooperación ciudadana en estos casos, ya que la información suministrada por la comunidad puede ser clave para avanzar en las investigaciones y garantizar la seguridad en la región.

“Hemos alertado a las 6.200 unidades de Policía que se encuentran en la metropolitana de Barranquilla para que estén atentos y reciban cualquier información que nos ayude a esclarecer este hecho (...) estamos recibiendo información sobre este y otros hechos criminales a través de la línea contra el crimen: 317 896 5523, se garantiza total reserva”, puntualizó.

Este tipo de amenazas, según las autoridades, no solo generan temor en la población, sino que también reflejan las disputas internas entre grupos delictivos por el control territorial y económico en la región.

Captura de posible atacante de enlace de Los Pepes y el Clan del Golfo

Las amenazas contra las organizaciones mencionadas se suman a la reciente detención de dos personas vinculadas en el ataque contra alias Gordo 40, un supuesto enlace entre las organizaciones criminales Los Pepes y el Clan del Golfo, ocurrido el pasado 18 de enero de 2025 en Barranquilla (Atlántico).

Según informaron las autoridades, uno de los capturados fue alias Chopita o El Diablo, quien iba a acompañado de su pareja sentimental, en un operativo realizado en el barrio Rebolo, ubicado al sur oriente de la capital atlanticense.

De acuerdo con la investigación, alias Chopita conducía un taxi al momento de su detención. Este individuo habría jugado un papel clave en la logística del atentado, aunque los detalles sobre su participación específica no han sido divulgados.

Por ahora, los dos procesados fueron trasladados a una unidad judicial para continuar con el proceso de judicialización. La captura de los sospechosos representa un avance significativo en las investigaciones, aunque las autoridades aún no han revelado detalles sobre el móvil exacto del ataque ni sobre las posibles conexiones de los detenidos con otras estructuras criminales.

El Clan del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más grandes de Colombia, ha sido señalado en múltiples ocasiones por su participación en actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.

Por su parte, ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’ son estructuras criminales de menor escala, pero con una fuerte presencia en el Caribe colombiano, especialmente en Barranquilla y sus alrededores. Estas bandas han sido vinculadas a delitos como extorsión a comerciantes, tráfico de drogas y homicidios selectivos.

La disputa entre estas organizaciones ha generado un clima de inseguridad en la región, afectando tanto a la población civil como a los sectores económicos locales. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desarticular estas estructuras y reducir su impacto en la comunidad.

Por el momento, la investigación sigue en desarrollo, y las autoridades han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con este caso.

El asesinato del joven cantante Zair Guette y su manager Teddy Vergara conmocionó a la ciudad de Barranquilla y al país entero. El martes 18 de febrero, la capital del Atlántico se unió en una multitudinaria caravana para darles el último adiós, en un acto cargado de emotividad y homenajes.

La caravana fúnebre partió desde la funeraria Hispana a las 8:30 a. m., recorriendo gran parte del norte de Barranquilla hasta llegar al Cementerio Jardines de la Eternidad, ubicado en Puerto Colombia. El féretro de Guette fue transportado en un camión de Bomberos, un gesto simbólico que recordó su paso por esta institución antes de dedicarse a la música.

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En el cementerio, familiares, amigos y seguidores se congregaron para despedir a las víctimas. Durante el sepelio, se escucharon frases como “Me duele el alma” y “Guette, lidera el coro celestial”, expresiones que reflejaron el profundo impacto que dejó este crimen en la comunidad. Varios artistas locales de distintos géneros musicales rindieron homenaje al joven cantante interpretando canciones en su memoria. Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo de seguridad para garantizar el orden durante el recorrido y en el lugar del entierro, evitando cualquier alteración del orden público.

Nuevas pistas en el caso

Mientras Barranquilla llora la pérdida de Zair Guette y Teddy Vergara, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos detrás de este doble homicidio. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron inicio a las investigaciones para determinar las causas del crimen.

Fuentes judiciales citadas por Semana indicaron que una de las hipótesis preliminares apunta a que el asesinato podría estar relacionado con una venganza. Sin embargo, los investigadores continúan recopilando pruebas materiales y testimonios para confirmar esta teoría. Las autoridades solicitaron prudencia a la ciudadanía mientras avanzan las pesquisas, con el objetivo de evitar la propagación de rumores que puedan entorpecer el proceso judicial.

Según informó el medio El Heraldo, otra de las líneas de investigación más recientes se centra en un pago de $5′000.000 que ambos recibieron antes de viajar al lugar donde fueron atacados. Este dinero, destinado a cubrir los costos de transporte y logística, podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar si el crimen fue planeado desde Barranquilla.

De acuerdo con las declaraciones de Vergara, quien sobrevivió por unas horas tras el ataque, ambos hombres fueron interceptados por un grupo de delincuentes que los trasladaron a un sitio desconocido. Allí, fueron golpeados y torturados antes de que los agresores intentaran acabar con sus vidas. Zair Guette falleció en el lugar, mientras que su mánager fue encontrado con signos de tortura y trasladado a un hospital en Buga, donde murió poco después. Las autoridades ahora buscan rastrear el origen del dinero recibido por las víctimas, así como el contrato que los llevó al Valle del Cauca, el cual podría haber sido una trampa.

Además, las autoridades están analizando la relación entre este pago y un panfleto que circuló previamente, atribuido a la estructura criminal conocida como Los Pepes. En dicho documento, se acusaba al cantante de tener vínculos con un individuo identificado como “Castor”, lo que podría haber motivado el ataque. Este panfleto también mencionaba a la hija del exfutbolista Oswaldo Mackenzie, que, tras el asesinato de Guette, decidió abandonar Barranquilla por temor a represalias.

En medio del dolor por la pérdida, los familiares de Zair Guette emitieron un comunicado en el que agradecieron las muestras de apoyo recibidas, pero también hicieron un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información. “Hemos sido testigos de diversas especulaciones y comentarios en redes sociales, algunos con buenas intenciones y otros llenos de desinformación. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño, pero pedimos que se eviten rumores que solo aumentan nuestro dolor”, expresaron en el documento.

Asimismo, los familiares manifestaron su confianza en las autoridades para esclarecer los hechos y pidieron privacidad durante este difícil proceso. “Confiamos en las autoridades para esclarecer los hechos y, por ahora, nuestra prioridad es despedir a mi amado esposo Zair Guette con el amor y la dignidad que merece como ser humano. Pedimos privacidad para nuestra familia en este difícil proceso. Agradecemos a quienes nos han acompañado con su respeto y solidaridad”, añadieron en el comunicado.

Dionisio Enrique Frías Castillo, conocido como alias Gordo 40, fue capturado en Medellín, Antioquia. Es señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Pepes y, además, tendría nexos con el Clan del Golfo, lo que amplía su prontuario delictivo.

Al parecer, Frías Castillo se trasladó el mes pasado a Medellín para continuar con procedimientos médicos debido a la gravedad de las heridas que sufrió tras ser blanco de un ataque sicarial el 18 de enero de 2025 en Barranquilla, donde también resultó herido su hermano menor, Danny Frías Castillo.

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Según informó El Heraldo, la captura se llevó a cabo cuando “Gordo 40″ salía de un centro asistencial donde estaba recluido. Las autoridades aprovecharon su estado de vulnerabilidad para abordarlo y notificarle los cargos en su contra: homicidio, porte, tráfico y tenencia de armas de fuego, así como concierto para delinquir.

Detalles del ataque sicarial

Los hechos ocurrieron en el centro de Barranquilla, cuando los hermanos Frías Castillo se movilizaban en un vehículo particular Nissan Versa de placas MHZ 688, y fueron interceptados por hombres armados en motocicletas, quienes, sin mediar palabra, dispararon con un arma tipo Mini Uzi, dejándolos gravemente heridos.

Pese a la gravedad del ataque, lograron desplazarse en su propio automóvil hasta la clínica La Merced, ubicada a pocas cuadras del lugar, donde fueron atendidos por el personal médico. De acuerdo con el reporte de la institución, alias Gordo 40 fue impactado en 14 oportunidades por los proyectiles, mientras que su hermano recibió 11 disparos.

Detención de los hermanos Frías Castillo

Los dos hombres estuvieron recluidos en un centro penitenciario en el mes de mayo del año 2022, luego de ser detenidos por las autoridades por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego, cargos a los que no se allanaron. Sin embargo, la cárcel Modelo de Barranquilla los recibió, pero a los días recobraron su libertad debido a la decisión de un juez de control de garantías, que deslegitimo las forma en la que se realizó el procedimiento de captura por parte de uniformados de la Policía.

Dionisio Enrique Frías Castillo, alias ‘Gordo 40′, es señalado de ser el presunto cabecilla de la extinta banda criminal conocida como ‘Los 40 Negritos’, que tenía su accionar criminal en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana de Soledad.

En agosto de 2014, la Policía Metropolitana identificó a Dionisio Enrique Frías Castillo, alias ‘Gordo 40′, como uno de los hombres más buscados de la ciudad. En ese momento, Frías seguía operando dentro de ‘los 40 Negritos’. Con el paso de los años, su nombre empezó a vincularse con ‘los Costeños’, un grupo liderado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’. En abril de 2022, tras una nueva detención de Frías y su hermano, el Grupo Gaula aseguró que estos habrían sido “designados por Castor” para dirigir ‘los Costeños’ y enfrentarse a un grupo rival, ‘los Rastrojos Costeños’.

Sin embargo, la relación entre Castor y los hermanos Frías se fracturó poco tiempo después. Ante esta ruptura, los Frías se habrían aliado con Digno Palomino Rodríguez, otro líder criminal que, desde la cárcel, dirige junto con su familia el grupo conocido como ‘los Pepes’. Según informes de las autoridades, Frías, alias ‘Gordo 40′, se convirtió en un miembro activo de este grupo, desempeñándose como jefe de zona responsable de controlar las rentas criminales bajo órdenes directas de Palomino Rodríguez.

Otra faceta relevante en las operaciones de ‘Gordo 40′ sería su papel como intermediario entre Palomino y el Clan del Golfo, organización que busca dominar las rentas ilícitas del departamento del Atlántico, actualmente bajo el control de ‘los Costeños’. Este dato refleja la compleja red de alianzas y rivalidades dentro del crimen organizado en la región.

Según lo que se había podido conocer hasta el momento, las víctimas eran presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Pepes, y el ataque habría sido perpetrado por pistoleros vinculados a la banda rival, Los Costeños, y que ya fueron capturados por las autoridades.

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El hecho se registró pasadas la 1:20 p. m., y como parte de la indagación que se abrió para condenar a los hoy detenidos por este doble homicidio, se conoció el video que será pieza clave en proceso judicial, y en donde quedó en evidencia el momento exacto cuando las víctimas se encontraban en el lugar esperando la reparación de una llanta de un vehículo Hyundai con placas TPY-325.

De acuerdo con lo que informó El Heraldo, los atacantes llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra los dos hombres, que murieron allí mismo.

El video del ataque sicarial en la estación El Muñeco, en Barranquilla

El video que ha circulado en redes sociales muestra el momento exacto del crimen. En las imágenes, se observa a las víctimas conversando con un mecánico de la estación de gasolina, cuando los sicarios irrumpen en la escena y disparan contra ellos.

Este material audiovisual ha sido fundamental para que las autoridades puedan reconstruir los hechos, pero también ha generado gran impacto en la opinión pública debido a la violencia explícita del ataque y la sangre fría con la que este par de sicarios llegaron a sembrar de terror a los trabajadores y transeúntes en este punto del barrio Ciudad Jardín.

Según la hipótesis preliminar que más fuerza ha tomado hasta el momento por parte de las autoridades, y que confirmaron la identidad de las víctimas y su presunta relación con ‘Los Pepes’, el doble sicariato estaría relacionado con disputas entre bandas criminales por el control de actividades ilícitas en la zona.

La estación de gasolina donde ocurrió el ataque, conocida como la bomba de El Muñeco, se encuentra en una zona concurrida de Barranquilla. Este sector, ubicado en el barrio Ciudad Jardín, es un punto estratégico debido a su cercanía con importantes vías de la ciudad.

La elección de este lugar para perpetrar el ataque refleja la audacia de los sicarios, que no dudaron en actuar en un espacio público y a plena luz del día, pero no contaron con la oportuna reacción de los agentes y el video donde quedaron ponchados en cámara.

“Cuando nuestro cuadrante advierte la situación inicia una persecución y después de un enfrentamiento de disparos logra la captura de estos dos individuos, la incautación de una pistola y la incautación de la motocicleta en la cual se movilizaban”, informó en su momento el general Edwin Urrego, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar).

Los sicarios fueron identificados como Fredy de Jesús Zabala (23 años), y Jonathan David Tirado de La Cerda (24). “De acuerdo con actividades de inteligencia, hemos podido establecer que, al parecer, los hechos habrían ocurrido en retaliación y enfrentamiento entre estructuras criminales”, agregó el jefe de la Mebar.

De momento las pesquisas siguen para poder determinar el móvil preliminar que se comentó, y que toma fuerzas con otro hecho violento que se registró en Barranquilla con solo tres días de diferencia.

Otros dos homicidios se ligarían a las disputas y víctimas que dejó el caso en El Muñeco

El domingo 19 de enero de 2025 Dionisio Frías Castillo, de 41 años y reconocido en el mundo de la criminalidad con el alias de Gordo 40, y su hermano, Danny William Frías Castillo (34) fueron baleados en el centro de Barranquilla.

Las dos víctimas serían presuntos integrantes de la organización criminal Los Pepes. “Fueron heridos con arma de fuego dos ciudadanos que se encontraban al interior de un vehículo. Se logró establecer que se tratarían de ‘Gordo 40′ y su hermano, integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Pepes”, confirmó el coronel Urrego.

De igual manera, el jefe de la Mebar aseguró que “entre los dos (hombres asesinados) tienen un prontuario delictivo que suman 20 anotaciones judiciales, varias por el delito de homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego”.

Por último, se confirmó que “(...)al parecer, el hecho se habría originado por disputas entre esta estructura y ‘Los Costeños’”, finalizó el oficial de la Policía, y confirmó que se siguen adelantando las labores para poder determinar a los autores de estos dos hechos violentos en la capital del Atlántico.

Barranquilla es nuevamente escenario de sangre, luego de que se reportara el atentado sicarial contra dos personas que se encontraban cambiando la llanta del vehículo en el que se movilizaban.

Los hechos se registraron en la tarde del miércoles 22 de enero, en la carrera 43 con calle 74 esquina, en el barrio Colombia, ubicado en el noroccidente de Barranquilla. Las víctimas, dos hombres identificados como Kevin Humberto Vides Vera y Ramiro Sneider Ascanio Cuesta, estaban en la estación de gasolina conocida popularmente en el sector como “El muñeco”, cuando fueron interceptados por dos sicarios a bordo de una motocicleta.

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Sin mediar palabra, uno de los delincuentes disparó en repetidas ocasiones contra la integridad de las víctimas, que intentaron resguardarse de los impactos en un lavadero del sitio; sin embargo, murieron en el lugar.

Ante la alerta de la comunidad que presenció el hecho de sangre, patrullas de la Policía de la zona iniciaron con una persecución que terminó en balacera y en la captura de los atacantes, que al ser retenidos fueron golpeados por algunos habitantes presentes.

“Cuando nuestro cuadrante advierte la situación inicia una persecución y después de un enfrentamiento de disparos logra la captura de estos dos individuos, la incautación de una pistola y la incautación de la motocicleta en la cual se movilizaban”, afirmó al respecto el general Edwin Urrego, comandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

Los sicarios fueron identificados como Fredy de Jesús Zabala, de 23 años, y Jonathan David Tirado de La Cerda, de 24 años, que, presuntamente, pertenecerían a la estructura criminal denominada “Los Costeños”. Los delincuentes suman anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y hurto.

De acuerdo con lo indicado por el general Urrego, el doble homicidio pudo ser consecuencia de retaliaciones entre estructuras armadas. “De acuerdo con actividades de inteligencia, hemos podido establecer que, al parecer, los hechos habrían ocurrido en retaliación y enfrentamiento entre estructuras criminales”, explicó.

Víctimas serían integrantes de Los Pepes

En cuanto a los dos fallecidos, las autoridades determinaron que también contaban con anotaciones judiciales y serían presuntos integrantes del grupo criminal “Los Pepes”.

De Kevin Humberto Vides Vera se conoció que tiene antecedentes por fabricación o porte de armas de fuego, lesiones culposos y uso de documento falso. Mientras que de Ramiro Sneider Ascanio Cuesta, se registran anotaciones por fabricación o porte de armas de fuego, lesiones y homicidio culposo.

Asesinan líder social en Barranquilla: dejaron macabro mensaje junto a su cuerpo

La comunidad de Las Gardenias, en el suroriente de Barranquilla, se encuentra sumida en el luto y la incertidumbre tras el asesinato de Miller Ojeda Muñoz, un destacado líder comunitario y administrador del conjunto residencial 11 de esta urbanización.

El crimen ocurrió la noche del viernes 17 de enero, cuando Ojeda fue atacado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Junto a su cuerpo, los atacantes dejaron una nota con el mensaje intimidante: “por sapo”.

Ojeda, de 49 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, un hecho que conmocionó a los habitantes de Las Gardenias y encendió las alarmas sobre la inseguridad que enfrentan los líderes sociales en esta región.

Entre tanto, las autoridades manejan dos posibles hipótesis sobre los motivos detrás del asesinato de Miller Ojeda. La primera sugiere que el crimen podría estar relacionado con las recientes capturas de integrantes de bandas delictivas en la zona, entre ellos un hombre conocido como alias Butaca, que residía en el conjunto habitacional administrado por Ojeda. Según consignó Zona Cero, esta línea de investigación apunta a una posible represalia por parte de estas estructuras criminales.

La segunda hipótesis plantea que el asesinato podría estar vinculado a una denuncia que Ojeda había presentado ante la Fiscalía. Según detalló el medio, el líder comunitario había sido agredido por agentes de Policía mientras intentaba defender a una mujer que estaba siendo maltratada durante un supuesto operativo de allanamiento.

Tres días después de que se conociera sobre el ataque armado en pleno centro de Barranquilla en el que resultaron heridos Dionisio Enrique Frías Castilla, alias Gordo 40, y su hermano Danny William Frías Castillo, alias Danny 40, presuntos líderes del grupo ‘Los Pepes’, la situación en la capital del Atlántico sigue siendo tensa.

De hecho, después del atentado ocurrido el sábado 18 de enero, los hermanos lograron llegar por sus propios medios a la clínica La Merced, donde fueron ingresados en estado crítico.

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Según la información conocida hasta ahora, alias Gordo 40 sufrió una importante pérdida de sangre, lo que ha complicado su estado de salud, mientras que su hermano también se encuentra en condiciones delicadas.

Sin embargo, la situación en la clínica La Merced se ha vuelto tensa tras el ingreso de los hermanos Frías.

De hecho, la institución emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de amenazas contra el personal médico que atiende a los dos hombres y aseguró que la situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

“Ante recientes amenazas a esta entidad de salud que han generado inquietud, informamos que la situación ha sido reportada y queda en manos de las autoridades competentes, quienes ya han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad”, señaló el documento

Y es que en las últimas horas han empezado a aparecer panfletos amenazantes contra los doctores y enfermeros de la clínica, al parecer, creados por Los Costeños, presuntos perpetradores del ataque sicarial contra Gordo 40 y su hermano.

En uno de estos mensajes, supuestamente firmado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de la organización criminal Los Costeños, se advierte que “cada enfermera, doctor en general, son considerados objetivo militar de nuestra organización”.

Otro panfleto, atribuido a los Rastrojos-Costeños, anuncia recompensas por la vida de los trabajadores de la clínica, acusándolos de no haber acatado un “primer llamado”.

Según datos conocidos por la revista Semana, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha implementado estrictas medidas de seguridad en el centro asistencial para prevenir posibles nuevos ataques.

Patrullas mixtas de la Policía y el Ejército vigilan de manera permanente tanto el interior como los alrededores de la clínica, mientras familiares de los heridos permanecen en el lugar bajo un ambiente de temor.

De momento, las autoridades atribuyen el ataque a una disputa entre las organizaciones criminales Los Pepes y Los Costeños, quienes mantienen una guerra violenta por el control de las rentas ilegales en el departamento del Atlántico.

Alias Gordo 40, una de las víctimas del atentado, es señalado como un cabecilla de la banda criminal Los 40 Negritos, ahora vinculada a Los Pepes. Este individuo cuenta con un amplio historial delictivo que incluye anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas, extorsión y concierto para delinquir.

Por su parte, alias Danny 40 también tiene antecedentes judiciales por delitos similares. Ambos hermanos residían en el norte de Barranquilla, en las inmediaciones del Parque Sagrado Corazón, y su relación con actividades delictivas los habría convertido en objetivos de sus rivales.

Ante la circulación de los panfletos amenazantes, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha señalado que, tras un análisis preliminar, no se puede confirmar la autenticidad de los mensajes.

“No existe certeza de su veracidad teniendo en cuenta varios aspectos que usualmente se observan en los mensajes intimidatorios atribuibles a estructuras delincuenciales”, indicó la institución en un comunicado.

Sin embargo, las autoridades han pedido a la comunidad evitar la difusión de estos mensajes para no generar pánico generalizado. Además, han reforzado la vigilancia en la clínica y mantienen comunicación constante con sus directivos, quienes aseguran que las operaciones del centro asistencial continúan con normalidad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó un ataque sicarial contra Dionisio Frías Castillo, conocido como alias Gordo 40, junto con su hermano Danny William Frías Castillo, que son señalados de liderar la banda delincuencial denominada Los Costeños.

Según el reporte entregado por las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Centro, ubicado en el norte de la capital del Atlántico, sobre las cinco de la tarde del sábado 18 de enero de 2025, cuando las dos personas se movilizaban en un vehículo Nissan Versa de placas MHZ 688 por el sector barranquillero.

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De repente, fueron interceptados por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta, y sin mediar palabra, desenfundaron un arma tipo miniuzi contra el automotor en múltiples oportunidades.

Alias Gordo 40, de 41 años de edad, recibió 14 impactos de bala, mientras que su hermano tuvo 11 disparos en su cuerpo, por lo que fueron llevados hasta la clínica La Merced de Barranquilla, donde permanecen en estado crítico.

Por el momento, la Policía nacional avanza en la investigación de los hechos para determinar las causas de este ataque contra los exlíderes de Los Costeños. Sin embargo, voces cercanas a la Policía Metropolitana de Barranquilla le dijeron a El Tiempo que este caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas “o un intento de consolidar el control territorial por parte de las facciones en guerra”.

De igual manera, las autoridades no descartaron que el ataque sicarial fue producto de una traición interna de dicha organización. En días anteriores al atentado, según declaraciones al medio El Heraldo, alias Gordo 40 se encontraba en su vivienda celebrando su cumpleaños. Sin embargo, la Policía, al verificar la residencia, hallaron dos armas de fuego, por lo que fueron capturados y judicializados.

Ante este nuevo ataque, el observatorio de seguridad de Barranquilla mencionó que este no ha sido el único ataque sicarial que se ha registrado en la capital atlanticense, durante el primer mes del año 2025.

El pasado 11 de enero, las autoridades reportaron el asesinato de Ronald De Jesús Ortiz Collazos, de 41 años, quien fue ultimado por sicarios cuando se encontraba en un billar del barrio Porvenir de Barranquilla.

Posteriormente, el 12 de enero de 2025, fue asesinado Pablo Enrique Roncallo Beltrán en el barrio San José, pero que, para las autoridades, era presunto cocinero de drogas de la banda Los Pepes, organización criminal que se encuentra en disputa con Los Costeños por el control del microtráfico de la región.

Ese mismo día, fueron asesinados cinco personas en el barrio La Chinita, entre ellos, una joven de 14 años de edad. “La situación es crítica y no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la comunidad que vive con miedo”, manifestó un delegado del observatorio de seguridad de Barranquilla a El Tiempo.

Historia criminal de alias Gordo 40

Según información revelada por El Espectador, Dionisio Frías Castillo, alias Gordo 40, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo criminal. Había sido líder de algunas bandas delincuenciales de la región como Los Carambola y Los 40 negritos, y sería responsable de las extorsiones, microtráfico y homicidios selectivos en la ciudad, cuando lideró la banda Los Costeños.

Sin embargo, las autoridades revelaron que este sujeto, junto a su hermano William Frías Castillo, habían sostenido alianzas con Digno Palomino, máximo cabecilla de la organización delincuencial Los Pepes, quienes actualmente se encuentran en disputa con Los Costeños por el control del microtráfico, según detalló la Policía al citado medio de comunicación, por lo que tampoco descartarían que fuera represalia del ataque en cuestión.

Alias Gordo 40 ya había permanecido algún tiempo en un centro penitenciario por los delitos de homicidio agravado doble, y porte ilegal de armas de fuego, en el año 2022. Del mismo modo, en 2020 había sido detenido en una fiesta, sin embargo, quedó en libertad luego de que una juez determinara que la captura fue ilegal.

De acuerdo con Semana, el vehículo involucrado no estaba relacionado con actividades de extorsión, como se especuló inicialmente. Sin embargo, dentro del automóvil viajaban al menos tres integrantes de la banda criminal Los Costeños, quienes aparentemente huían de un ataque planeado por el grupo rival Los Pepes. Este enfrentamiento entre bandas habría sido el detonante de la peligrosa persecución que culminó en el barrio Arboleda de Soledad.

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Fuentes judiciales consultadas por el medio citado revelaron que, horas antes del incidente, varios miembros de Los Costeños se reunieron en el barrio Los Robles, también en Soledad, para discutir asuntos relacionados con sus actividades ilícitas en el área metropolitana de Barranquilla. Tras el encuentro, el vehículo Mazda fue seguido por una motocicleta con dos hombres, quienes, según las autoridades, tenían la intención de asesinar a los ocupantes del automóvil.

La persecución se extendió por varias zonas del municipio, incluyendo Villa Estadio, Las Moras y Villa Muvdi, hasta llegar al barrio Arboleda. Durante el trayecto, la comunidad alertó al Centro de Atención de Despacho de la Policía Nacional sobre la presencia de un carro sospechoso. Fue en este contexto que los uniformados intentaron detener el vehículo, pero los ocupantes, en su intento de escapar de los sicarios, ignoraron la orden policial, lo que resultó en el atropello del patrullero Castrillón Torrado.

En medio del operativo, la Policía logró capturar a uno de los ocupantes del vehículo, identificado como Evert Enrique Faxl Díaz, alias Sobri. Según las autoridades, este individuo es un sicario de Los Costeños con un extenso historial delictivo que incluye 12 anotaciones judiciales por diversos crímenes. Además, cuenta con una circular roja de Interpol en su contra. Al momento de su detención, alias Sobri intentó engañar a las autoridades presentando una cédula falsa, pero su verdadera identidad fue confirmada mediante pruebas dactiloscópicas.

Los otros dos ocupantes del Mazda, incluido el conductor, lograron escapar tras abandonar el vehículo en una calle del barrio Hipódromo de Soledad. El automóvil fue posteriormente inmovilizado por agentes del Instituto de Tránsito y ahora está bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con Semana, uno de los fugitivos sería familiar de una alta funcionaria de la Procuraduría en el Atlántico, un dato que añade un elemento de complejidad al caso.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque contra los ocupantes del Mazda fue orquestado por Los Pepes, una banda criminal conocida por su violencia extrema. El objetivo de este grupo era asesinar a los tres integrantes de Los Costeños que se encontraban en el vehículo. Este enfrentamiento entre bandas pone en evidencia la creciente tensión y los conflictos por el control de actividades ilícitas en el área metropolitana de Barranquilla.

Mientras las autoridades trabajan para identificar a los otros dos ocupantes del vehículo y esclarecer los detalles del caso, la comunidad de Soledad sigue conmocionada por los hechos. Las autoridades enfrentan ahora el desafío de desarticular estas redes criminales y garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio de un panorama cada vez más complejo.

En la madrugada del domingo 12 de enero, Pablo Enrique Roncallo Beltrán, alias Pablito, fue asesinado mientras permanecía en un taxi estacionado en el barrio San José, en el sur de Barranquilla.

Según el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando dos hombres en motocicleta se acercaron al vehículo de servicio público y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Roncallo, de 39 años, fue trasladado de emergencia al centro asistencial Camino Adela de Char, donde falleció hacia las 5:00 a.m. Se sabe que alias Pablito tenía un amplio prontuario judicial con seis anotaciones por delitos como porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir.

Además, Roncallo Beltrán había sido capturado en marzo de 2024 durante un operativo contra la estructura criminal Los Pepes, en el que también fue detenida Lili, una mujer que fungía como rectora de un jardín infantil y era señalada como líder de una red de tráfico de drogas sintéticas.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación lo identificó como el ‘cocinero’ de drogas de la organización y lo vinculó con alias Hanner, hermano de Digno Palomino Rodríguez.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que Roncallo habría sido asesinado por conflictos relacionados con la venta de estupefacientes. Además, se había revelado que alias Castor, líder de otra organización criminal, había ordenado su asesinato por sus vínculos con los hermanos Palomino.

Aunque Roncallo había sido enviado a prisión, no se conocía públicamente que ya se encontraba en libertad. Las investigaciones continúan para esclarecer los móviles y dar con los responsables del homicidio.

Alias Pablito, el químico clave en una red criminal

Durante la investigación contra alias Pablito, identificado como el principal químico de una organización criminal liderada por los hermanos Duque Rengel Palomino Rodríguez, alias Hanner, y Digno Palomino, alias el Viejo, la Fiscalía presentó pruebas que expusieron la complejidad y el alcance de las operaciones ilícitas de este grupo.

Según informó el medio regional Zona Cero, las autoridades revelaron interceptaciones telefónicas que no solo detallaron las actividades delictivas de la organización, sino que también muestran las tensiones internas y los riesgos de violencia que enfrentan sus miembros.

De acuerdo con las grabaciones presentadas, Roncallo Beltrán, conocido como alias Pablito, discutió en una llamada sobre un intento de asesinato en su contra, supuestamente financiado por integrantes de una banda rival.

En la conversación, Beltrán menciona a varios individuos, entre ellos Choco, Polaco, Cachete y Víctor, a quienes señala como responsables de haber proporcionado información sobre su paradero y de haber financiado el ataque. Según las palabras de Beltrán, “Choco y Polaco fueron los que financiaron para que me mataran, porque ellos dicen que fui yo el que dijo donde vivían ellos y el papá”.

La Fiscalía también ha destacado el papel central de alias Pablito en la producción de estupefacientes para la organización. Aunque en un momento había decidido abandonar estas actividades, un ofrecimiento económico realizado por Hanner lo llevó a retomar su rol como químico.

Según informó el medio mencionado, la organización liderada por Hanner y el Viejo ha sido señalada como una de las más peligrosas y activas en la región, con un esquema de producción y distribución de drogas que involucra a múltiples actores y que opera bajo un constante clima de violencia y desconfianza.

En una de las conversaciones interceptadas, Roncallo Beltrán detalla cómo los rumores y las acusaciones dentro de la organización llevaron a que se planeara su asesinato. Según sus palabras, “El Niño y Morocho fueron los que dijeron eso, de que los estaba mal informando y esos manes pagaron para que me clavaran (mataran)”.

Dentro de la investigación que llevan a cabo las autoridades ecuatorianas tras la operación Fénix, que dejó la captura de diez presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Pepes, salió a la luz el nombre de una exreina de belleza que resultó siendo una de las hoy detenidas.

La mujer, identificada como Myrka Shania Cedeño Cedeño, fue incluida en el cartel divulgado por la Policía Nacional del Ecuador, donde apareció su rostro. Según la Fiscalía de ese país, los capturados estarían involucrados en varios casos de homicidio y hurto, incluida una masacre, que dejó un saldo de 24 víctimas mortales.

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Como operación Fénix 381 fue denominada la acción llevada a cabo por las autoridades en los cantones Manta, Sucre, Jaramijó, Montecristi, Jipijapa y Santa Ana, situados en la provincia de Manabí, occidente de Ecuador.

En declaraciones a medios de comunicación locales, el comandante de la Policía de Ecuador, general Víctor Zárate, informó que los detenidos tras la operación realizada el 13 de noviembre de 2024 serían miembros de Los Pepes, una célula delictiva “relacionada con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, cuyo brazo armado sería el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Lagartos”.

“Entre los 10 detenidos se encuentra Ángel B., alias Gordo, quien posee un amplio historial delictivo y enfrenta varios procesos judiciales vigentes por asesinato, tráfico de drogas, tenencia y porte de armas, extorsión, robo, entre otros delitos”, agregó el oficial.

Además, durante la presentación de los resultados a la prensa, se confirmó que Myrka Shania Cedeño Cedeño era una de las diez personas capturadas, conformadas por dos mujeres y ocho hombres.

La exreina iba a escapar a Colombia, aseguraron desde Ecuador, pero ella dijo que volvieron una “novela” su caso

El diario El Comercio informó que, durante la operación Fénix 381, la exreina de belleza Myrka Shania Cedeño Cedeño, conocida como alias Myrka Maru, fue identificada por las autoridades ecuatorianas como socia y pareja sentimental de John Jaramillo, alias Elías, uno de los sicarios encargados de robos y homicidios selectivos para la organización criminal Los Pepes.

La investigación, que duró cerca de ocho meses, reveló que alias Elías estaba involucrado en varios actos violentos, incluyendo la masacre de tres personas ocurrida el 9 de octubre de 2024 en Manta, entre los barrios La Pradera y Las Orquídeas. Estas zonas son controladas por Los Choneros, grupo criminal rival, lo que ha generado múltiples enfrentamientos violentos.

Según las autoridades, Cedeño y Jaramillo planeaban huir a Colombia debido a las amenazas de muerte que alias Elías había recibido. En los teléfonos incautados a los detenidos se encontraron imágenes de armas de fuego, ametralladoras y fotografías de Cedeño portando un rifle de alto calibre.

Además, la Fiscalía descubrió que Cedeño alquilaba vehículos que eran utilizados por la organización para cometer diversos crímenes, lo que agravó los cargos en su contra. “Se estableció que serían autores de la incineración de 40 vehículos que fueron utilizados para cometer actividades ilícitas durante este año y alrededor de 24 muertes violentas ocurridas en esta provincia (Manabí), agregó el general Zárate.

En consecuencia, la Fiscalía ecuatoriana solicitó medida de prisión preventiva para Cedeño Cedeño. Pero debido a que la mujer está en embarazo, el juez dispuso medida de detención domiciliaria con algunas aclaraciones, como la prohibición para salir del país y la presentación periódica ante la justicia por parte de la exreina de belleza ecuatoriana mientras avanza el caso.

La exreina de belleza enfrenta serias acusaciones, y debido a todos estos detalles que se dieron a conocer por medios locales fue que decidió salir a aclarar algunos aspectos de la investigación, que cuestionó.

Qué dijo la exreina de belleza tras su captura

A través de un video que se conoció a final de 2024 e inicios de 2025 a través de la red social TikTok, Myrka Shania Cedeño Cedeño aseguró que las autoridades estarían utilizándola como un “chivo expiatorio” con la intención de mostrar resultados ante la opinión pública.

“Me dijo ustedes ya que yo pretendía resolver mi situación legal y demostrar mi inocencia sin pronunciarme al respecto, pero en vista de que varios medios de comunicación mal intencionados, han insistido en destruir mi honra mi honor y poner en entredicho, mi nombre me veo obligada a dar mi versión, a contar la realidad de la historia”, inició el relato de la mujer.

“Se me está acusando de pertenecer a dos bandas y ser la supuesta coordinadora de varios hechos criminales, sin pruebas, y solamente por haber sido una figura pública varias personas y medios de comunicación se han aprovechado de eso para hacer de una mentira una novela, donde se me está utilizando a mí para dar un falso positivo a la comunidad, y no están teniendo en cuenta que su irresponsabilidad está poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia, aparte de mi libertad ya que filtrando información falsa meten presión mediática”, siguió con su testimonio Cedeño Cedeño.

Durante el video que dura 3 minutos y 49 segundos, la exreina de belleza ecuatoriana precisó que la “están utilizando (...) como un chivo expiatorio para hacer creer que se está haciendo algo para detener la delincuencia, cuando solamente están perjudicando a una mujer inocente”. Asimismo negó poseer dinero y propiedades producto de la delincuencia organizada. “No existe tal dinero, no existe tal propiedades, ni siquiera tienen pruebas, porque eso no existe ni siquiera he podido volver a conseguir un trabajo ya, que con esto prácticamente me están arrebatando, mi vida”.

Por último, la mujer detenida destacó que seguirá adelante con el proceso judicial donde buscará limpiar su nombre, dado que considera como “injusto” lo que está sucediendo con ella.

“Yo me voy a seguir defendiendo legalmente, demostraré mi inocencia, aunque esta situación injusta me está arrebatando muchísimas cosas, incluida mi salud. Yo voy a seguir con mi cabeza en alto porque sé que soy inocente, víctima de las circunstancias, víctima de las personas que supuestamente deberían de cuidarnos”, cerró la exreina de belleza ecuatoriana Myrka Shania Cedeño Cedeño.

El pasado 23 de diciembre, Fabio Ochoa Vásquez, exintegrante del temido Cartel de Medellín, fue deportado a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas en una prisión de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

A su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el excapo, de 67 años, pisó suelo colombiano por primera vez desde su extradición en 2001.

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Este regreso reavivó las historias sobre su papel en el cartel liderado por Pablo Escobar y, en particular, sobre la ruptura de su relación con el jefe del narcotráfico más temido de Colombia. Según reveló la familia de Escobar al medio Semana, la relación entre ambos terminó marcada por traiciones y diferencias irreconciliables.

De acuerdo con lo informado la fractura entre Escobar y los Ochoa, que alguna vez fueron aliados estratégicos en el envío de cientos de toneladas de cocaína al exterior, tuvo dos momentos clave.

El primero de ellos se relaciona con una supuesta filtración de información confidencial al grupo paramilitar conocido como Los Pepes, que buscaba acabar con Escobar. Según detallaron allegados al capo, una de las esposas de los hermanos Ochoa habría colaborado con este grupo, proporcionando datos sobre los movimientos de Escobar y su familia.

“Cuando estaban en plena guerra, la casa donde vivía la esposa y la hija de Pablo se llamaba Altos del Campestre. En ese mismo sitio vivían las esposas de los hermanos Ochoa. Una de ellas se comprometió con Los Pepes a entregar información para que pudieran coger a Pablo cuando saliera de ahí”, relató una fuente cercana a la familia Escobar a Semana.

Esta colaboración habría permitido a Los Pepes seguir de cerca los pasos de Escobar, poniendo en riesgo su vida y la de sus allegados. Según los testimonios, la precisión de los seguimientos realizados por el grupo paramilitar generó una profunda desconfianza en Escobar hacia los Ochoa.

“Ellos sabían los carros en los que Pablo andaba porque ella era la que entregaba esa información. Cuando Pablo murió, murió muy ofendido con ellos porque lo estaban delatando, entregándolo para que lo mataran”, afirmó uno de los familiares del capo.

El segundo punto de quiebre en la relación entre Escobar y los Ochoa ocurrió cuando estos últimos decidieron someterse a la justicia durante el gobierno de César Gaviria, en un intento por evitar la extradición a Estados Unidos.

Los hermanos Ochoa instaron a Escobar a seguir el mismo camino y abandonar la confrontación violenta que mantenía con sus antiguos socios, entre ellos los hermanos Castaño y alias Don Berna, quienes buscaban el control territorial tras su ruptura con el Cartel de Medellín.

Sin embargo, Escobar rechazó tajantemente esta propuesta. “Esto es algo que nunca se ha contado. Cuando le dijeron que se sometiera a la justicia y no siguiera en la guerra con Los Pepes, él mandó una frase muy famosa y muy fea también, pero él les mandó a decir: ‘Díganle a los Ochoa que yo a este mundo no vine a comer ni a cagar, sino a dejar historia’”, reveló la misma fuente a Semana.

La relación entre Escobar y los Ochoa, que en su momento fue fundamental para consolidar el poder del Cartel de Medellín, terminó marcada por estas diferencias.

Mientras Escobar fue abatido en 1993 en una azotea de Medellín, Fabio Ochoa cumplió 26 años de prisión en Estados Unidos. A su regreso a Colombia, Ochoa manifestó que fue víctima de un supuesto montaje y aseguró no arrepentirse de los hechos que protagonizó en el pasado.

Sin embargo, la familia Escobar Gaviria mantiene una visión crítica sobre el papel de Fabio y sus hermanos en el mundo del narcotráfico. Los Ochoa no solo fueron aliados de Escobar, sino también de figuras como Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, y estuvieron involucrados en la creación del grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores), fundado tras el secuestro de su hermana Marta Nieves.

El regreso de Fabio Ochoa a Colombia no solo revive los episodios más oscuros del narcotráfico en el país, sino que también pone de manifiesto las tensiones internas que marcaron el declive del Cartel de Medellín. La historia de traiciones, alianzas rotas y decisiones estratégicas que llevaron a la caída de Escobar y sus socios sigue siendo un recordatorio del impacto que estas figuras tuvieron en la historia reciente de Colombia.

Un contundente golpe le dieron las autoridades de la ciudad de Barranquilla a la organización criminal denominada Clan del Golfo en las últimas horas.

La operación fue llevada a cabo por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, con el apoyo de las Seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia, y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía.

En la acción, se logró la captura de 16 miembros de la estructura en un predio ubicado en la vía que conduce del municipio de Galapa al corregimiento de Paluato, en el departamento del Atlántico.

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Según el informe de las autoridades, estas personas estaban reunidas con otros miembros de otro grupo criminal denominado Los Pepes, con el fin de planear nuevos atentados en la zona.

Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, entregó los resultados de los operativos: “Se logró, en las últimas horas, la captura, a través de una diligencia de allanamiento y registro, de 16 individuos que se encontraban reunidos en una finca en zona rural del municipio de Galapa. Según información de ciudadanos, estarían realizando acuerdos entre los Pepes y el Clan del Golfo para adelantar actividades delictivas en la ciudad de Barranquilla”.

En la diligencia se incautaron dos armas traumáticas tipo fusil, un arma de fuego, un vehículo tipo buseta para el transporte de pasajeros y cuatro vehículos particulares. Además, se encontraron $500.000 en efectivo, ocho teléfonos celulares y cientos de panfletos con mensajes extorsivos.

Entre los capturados se encuentra alias William, quien sería uno de los cabecillas de la organización en el municipio de Soledad. También están alias Winsy y alias Dary, quienes son señalados de varios delitos. Así lo explicó la Policía de la ciudad de Barranquilla: “Dentro de los capturados se encuentran alias Winsy y alias Dary, de quienes se tiene conocimiento de que serían dinamizadores del homicidio, la extorsión y el tráfico de estupefacientes en este territorio”.

Al momento de realizar el ingreso al predio, se presentó un enfrentamiento armado entre los uniformados de la policía y los delincuentes, quienes intentaron evadir la captura. Sin embargo, debido al despliegue de la fuerza, los criminales se vieron doblegados, lo que permitió las capturas. Entre todos los detenidos acumulan 18 anotaciones en el sistema judicial por múltiples delitos.

En un reciente operativo, Luis Alfredo Arévalo, conocido como alias Italiano, ha sido identificado por la Policía como el principal cabecilla del Clan del Golfo en la región del Atlántico. Con una trayectoria criminal que se extiende por más de 12 años, fue capturado junto a otros 13 presuntos miembros de esta organización, quienes estarían implicados en actividades delictivas como homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y extorsiones en Barranquilla y varios municipios cercanos, según informaron las autoridades.

La captura de estos individuos se enmarca en una serie de acciones policiales dirigidas a desmantelar las operaciones del Clan del Golfo en el departamento del Atlántico. Las autoridades han señalado que estos sujetos estarían vinculados con amenazas y hostigamientos a las sedes de la compañía Super Giros, una empresa que ha sido blanco de intimidaciones en la región.

El operativo que llevó a la captura de Arévalo y sus presuntos cómplices es parte de un esfuerzo continuo por parte de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado en la zona. La Policía ha destacado la importancia de estas detenciones para reducir la influencia del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Las actividades delictivas atribuidas a este grupo incluyen no solo el tráfico de drogas y extorsiones, sino también la ejecución de homicidios selectivos, lo que ha generado un clima de inseguridad en las áreas afectadas. Los municipios de Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Juan de Acosta y Piojo han sido identificados como puntos críticos donde el Clan del Golfo ha extendido su red de operaciones.

A pesar de que los índices de asesinatos van en aumento en Barranquilla, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, que el 10 de octubre le otorgó el beneficio de libertad condicional durante cuatro meses y 25 días a Digno Palomino, cabecilla visible de Los Pepes.

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Por su parte, el 8 de noviembre se conoció un video en el que varios integrantes de Los Costeños anunciaron que ya no serán conocidos bajo ese nombre, que su líder, Jorge Eliecer Díaz Collazos alias Castor (en prisión) ya no seguiría al frente de la estructura criminal y que de ahora en adelante deberán ser nombrados como Bloque Resistencia Caribe.

De la misma forma, “Castor” anunció que la decisión de alejarse de Los Costeños (no es la primera vez que afirma esto), está motivada por sus intenciones de seguir un camino de paz y ser vinculado a procesos de esta índole por el Gobierno nacional.

“Se hace oficial del retiro del que hasta hace unas semanas fue nuestro líder, dando paso para que llevemos el control de esta gran familia costeña. Hoy se ha nombrado un comando central en el que nuestros comandantes tendrán la tarea de seguir adelante nuestra organización”.

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano, que ha cubierto gran parte de la guerra entre bandas delincuenciales en Barranquilla, recordó que no es la primera vez que “Castor” busca convertirse en gestor de paz, puesto que con este beneficio tendría más libertad de acción para continuar la guerra contra Digno Palomino.

“La guerra continúa, las bandas criminales en Barranquilla buscan nuevas alianzas, nuevos frentes, solo en octubre van 83 asesinatos, son muchos muertos y las autoridades no han podido controlar el flagelo de las bandas criminales”.

De la misma forma, mencionó la alianza que tienen Los Costeños, ahora Bloque Resistencia Caribe con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que describió como la acción que permite que “Castor” pueda estar alejado de los focos en el conflicto.

“”Castor” sigue al frente de todo, pero quiere mantener un perfil bajo, y con la nueva chapa de frente de resistencia Caribe quiere enfrentar al Clan del Golfo con más fuerza y unirse a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que libran esa misma guerra, además de grupos en Bolívar y Sucre donde están operando para hacerse más fuertes”.

A pesar de que “Castor” anunció que se aleja de las estructuras criminales, el pronunciamiento de Los Costeños también cumple con un factor que había sido anunciado previamente por Solano, que tras la libertad de Digno Palomino, indicó que este se estaba refugiando en Santa Marta y que sus enemigos buscarían llegar hasta su escondite, lo que ahora es una posibilidad con la ampliación de la estructura liderada por Díaz Collazos a otras zonas por fuera del Atlántico.

“Hay varias bandas operando en simultáneo, la extorsión sigue disparada, el Clan del Golfo sigue con presencia en toda la región. Digno Palomino está debilitado y ahora se expanden a Bolívar y Sucre. ”Castor” quiere quitarse el protagonismo, quiere bajar el fuego a su imagen y el grupo lo va a liderar una asociación, pero la guerra sigue, ayer hubo cinco asesinatos en seis horas”, puntualizó el periodista.

El 7 de noviembre de 2024, un video difundido ampliamente en redes sociales desató una nueva alarma sobre la seguridad en la región Caribe.

En el video, seis individuos vestidos con uniformes militares aparecieron frente a la cámara para anunciar una serie de cambios dentro de la estructura de la organización criminal Los Costeños, quienes ahora se autodenominan Bloque de Resistencia Caribe.

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En un mensaje que marcó el inicio de una reestructuración interna, el vocero de la organización comunicó que, de manera “voluntaria y de forma irrevocable”, la organización decidió “retirarse” de su líder alias Castor, quien hasta ese momento había comandado la estructura criminal.

Como resultado de esta reorganización, alias Comando Gonzalo fue nombrado como el nuevo comandante militar. “Se ha nombrado como comandante militar al comando Gonzalo, quien, debido a su antigüedad y por su resultado operativo, será quien nos guíe militarmente”, expresó el portavoz, dejando claro que Gonzalo será quien dirija las operaciones del grupo en adelante.

La estructura reorganizada también incluye la creación de un “comité central” conformado por “cuatro de nuestros comandantes”, quienes trabajarán de manera coordinada para fortalecer las actividades del grupo.

Esta nueva configuración se presenta bajo el nombre de Bloque de Resistencia Caribe, una denominación que surge tras una “alianza con los hermanos de Bolívar y Sucre”, lo que señala una expansión territorial y estratégica de la organización en el Caribe colombiano.

El vocero de la nueva estructura explicó que esta reorganización tiene el objetivo de “hacerle frente a cualquier grupo delictivo, ya sea el Clan del Golfo, Pepes o como se quieran llamar.”

En su declaración, el portavoz del Bloque de Resistencia Caribe lanzó un claro desafío a otras organizaciones criminales que operan en la región, como el Clan del Golfo y Los Pepes.

Con un tono desafiante, el vocero afirmó: “Declaramos mucha frontal contra los Pepes y sus colaboradores”, asegurando que el grupo emprendería acciones directas contra estos y otros grupos con los que tienen conflictos territoriales.

A pesar de su postura beligerante hacia otros grupos, el vocero hizo un intento por marcar una diferencia con ellos en cuanto a las prácticas delictivas.

Afirmó tajantemente que “el Bloque de Resistencia Caribe no envía panfletos ni realiza extorsiones”, buscando distanciarse de las prácticas de extorsión que comúnmente se asocian con los grupos criminales en la región, y posiblemente con la intención de mejorar su imagen ante la opinión pública y las autoridades.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido al Gobierno nacional y a las autoridades locales del Caribe colombiano, a quienes se les instó a “mostrar voluntad de paz”.

A pesar de este llamado a la paz, el portavoz dejó claro que, mientras no exista una voluntad de negociación por parte de las autoridades, la organización continuará con su lucha: “Seguiremos en pie de lucha con un Caribe colombiano libre y en convivencia”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el grupo se mantenga activo en la región bajo sus propios términos.

Clan del Golfo y Bloque de Resistencia Caribe: una guerra territorial que comenzó en Barranquilla

Lo que comenzó en Barranquilla como una disputa por el control del microtráfico ha evolucionado en una intensa lucha territorial entre grupos criminales, afectando a numerosos puntos de la región Caribe.

La guerra, que involucra principalmente al Bloque Resistencia Caribe y al Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha dejado un rastro de violencia que incluye el reclutamiento de jóvenes, extorsiones, desplazamientos y asesinatos.

Según autoridades, el Bloque Resistencia Caribe, surgidos como una división de la banda Los Rastrojos, han mantenido una fuerte influencia en la región a pesar de múltiples capturas de sus líderes.

En el otro extremo está el Clan del Golfo, el grupo armado organizado más grande y peligroso de Colombia, que cuenta con miles de combatientes distribuidos en distintos municipios del país.

El microtráfico, una de las actividades más lucrativas dentro del narcotráfico, ha establecido “fronteras invisibles” en Barranquilla, restringiendo la movilidad de los habitantes en los barrios más vulnerables y fomentando una ola de violencia.

Un informe de la Universidad Tadeo Lozano estima que más del 60% de los homicidios en la ciudad están vinculados a la actividad del microtráfico.

Esta guerra territorial se ha expandido desde Barranquilla hacia otros puntos del Caribe, mientras el Clan del Golfo amplía su influencia usando tácticas de corrupción y violencia para afianzar su poder. El BRC sin embargo, siguen siendo un actor fundamental en el crimen organizado de la región.

Sin duda alguna, Pablo Emilio Escobar Gaviria es el fiel reflejo de uno de los episodios más oscuros en la historia de Colombia. Y es que el exjefe de Cartel de Medellín fue uno de los principales promotores de una época marcada por la violencia en todo el territorio nacional.

No obstante, a pesar de que, sobre dicho personaje, que fue abatido por las autoridades colombianas el 2 de diciembre de 1993, es considerado como uno de los hombres más temidos y crueles de la historia, todavía hay quienes ven en él una figura digna de seguir y alabar.

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Y es que, con el paso de los años, en el exterior se ha vuelto común que la figura de Pablo Escobar sea “agigantada”, a tal punto que miles de personas visiten el territorio nacional con el fin de conocer de cerca la tierra que vio nacer al capo. Sin embargo, en esta ocasión, fue un colombiano quien hizo alusión al antioqueño emulando una de sus fotos más polémicas.

Fue en la tarde del domingo 3 de noviembre de 2024 que la Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer la captura de Kenner Russo Romero, conocido como alias Russo, que sería uno de los sicarios más temidos de la estructura criminal Los Pepes, una de las más peligrosas en La Arenosa y en el Atlántico.

Este sujeto fue detenido por las autoridades luego de ser señalado por delitos como homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego, además de ser sindicado como la persona encargada de cometer homicidios selectivos para el control de las rentas criminales al mando de Los Pepes.

Puntualmente, desde la Policía Metropolitana de Barranquilla basaron la detención de Russo en el homicidio de Jaider Andrés Galiano Rodríguez, que ejercía como vigilante de un parqueadero en el barrio arrizal de Barranquilla.

Al parecer, Russo Romero habría disparado contra Rodríguez en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte el 27 de octubre de 2024.

Así las cosas, miembros de la fuerza pública concretaron la captura de Russo y, una vez las autoridades procedieron con la respectiva reseña policial, este presunto criminal optó por sonreír al momento de tomar la foto.

A pesar de que la escena pasó inadvertida para los uniformados que vigilaban la escena, es importante recordar que Pablo Escobar protagonizó una escena similar cuando su prontuario criminal apenas comenzaba en Antioquia.

Pablo Escobar sonrió en una reseña policial

La foto de Pablo Escobar sonriendo en una reseña policial se ha convertido en una imagen icónica que simboliza la vida y la influencia del infame narcotraficante colombiano.

Capturada en 1976, la fotografía muestra a Escobar con una expresión de aparente orgullo y tranquilidad durante su breve detención por cargos de tráfico de drogas. Esta imagen ha generado una mezcla de fascinación e indignación, ya que a menudo se interpreta como una representación de la confianza y el poder que Escobar tenía en aquel momento.

Para entender el contexto de la foto, es importante señalar que Escobar estaba en las primeras etapas de lo que sería su imperio criminal. Su capacidad para desafiar la autoridad y su habilidad para manipular el sistema judicial le otorgaron una reputación de intocable.

La sonrisa que muestra en la fotografía refleja no solo su desafío frente a la ley, sino también un presagio de la corrupción generalizada que su organización terrorífica introduciría en la sociedad colombiana y más allá.

Con el pasar de los años, esta imagen se ha convertido en un símbolo del auge y la caída de Escobar. Su capacidad para mantener la calma mientras enfrentaba cargos criminales resalta su temeridad y el control que ejercía sobre su entorno.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, decidió concederle la libertad condicional a Digno Palomino, jefe de la estructura criminal ‘Los Pepes’.

El documento emitido por el despacho el jueves 10 de octubre de 2024, precisa que el 11 de septiembre se ordenó que Palomino tuviera un periodo de prueba de cuatro meses y 25.5 días a Palomino, sin exigir una caución prendaria.

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El juzgado también le solicitó al jefe de ‘Los Pepes’ suscribir el acta de compromiso de acuerdo con el Código de las Penas, que una vez firmada permitirá la liberación de Digno Palomino de forma inmediata.

“Una vez suscrita el acta de compromiso, líbrese la orden de libertad ante las directivas de la Penitenciaria de esta localidad, la cual deberá ser efectiva de manera inmediata”, se lee en el documento.

Además, advirtieron que, en caso de incumplir cualquiera de las obligaciones contraídas o la realización de un nuevo delito, se tomará la decisión de revocar la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas.

“El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas o la comisión de un nuevo delito, dará lugar a la revocatoria del subrogado penal concedido”, se lee en el auto.

Una vez tomada la decisión, el expediente será remitido al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, como asunto de competencia, debido a que el fallo corresponde a esa parte judicial.

El argumento del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, para conceder la libertad se debe a que Digno Palomino pagó las tres quintas partes de su condena, que corresponde a 14 meses de presión.

El criminal fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego y fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Digno Palomino y Los Costeños

Digno José Palomino Rodríguez, conocido como alias Digno Palomino o El Viejo, es uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial Los Costeños en Barranquilla. Nacido en el barrio Barlovento de Barranquilla, Palomino ha estado involucrado en actividades criminales desde hace al menos nueve años. Lo curioso es que los principales sospechosos de la muerte de su hombre de confianza hacen parte de la misma banda delincuencial.

De hecho, Los Costeños son un grupo criminal liderado por “Castor” y “Digno Palomino”, y se estima que cuenta con alrededor de 500 miembros activos. Esta organización se dedica a una variedad de actividades delictivas, tales como extorsión, microtráfico, homicidios y sicariato, consolidando su control sobre gran parte de la criminalidad en la zona.

En Barranquilla, Los Costeños son conocidos por extorsionar a comerciantes, empresarios y ciudadanos, exigiendo pagos a cambio de “protección” y usando amenazas de violencia para aquellos que se niegan a pagar. Además, controlan una gran parte del tráfico de drogas en la ciudad, distribuyendo estupefacientes en diversos barrios y sectores.

La banda también ha sido responsable de numerosos homicidios y actos de sicariato, recurriendo a la violencia para mantener su control y eliminar a rivales. Este ambiente de violencia ha afectado la seguridad y calidad de vida en la región, generando un clima de temor e inseguridad en muchos sectores de la sociedad.

Las autoridades han llevado a cabo múltiples operativos para desmantelar la organización y capturar a sus líderes. Sin embargo, Los Costeños han demostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia. Por ejemplo, a pesar de la captura de “Castor” en abril de 2023, la organización permanece activa.

Una de las preocupaciones de las autoridades y la ciudadanía es el hecho de que algunos miembros de Los Costeños han recibido beneficios judiciales, como la prisión domiciliaria. Esto ha generado debates sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra el crimen organizado.

El brigadier general Herbert Benavidez, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que alrededor de 259 homicidios están directamente relacionados con la disputa entre estas bandas.

Digno Palomino, identificado por las autoridades como líder de la banda criminal ‘Los Pepes’, recibió una orden de libertad condicional tras cumplir tres quintas partes de una condena de 24 meses por porte ilegal de armas de fuego, según RCN Radio.

El 11 de septiembre, la jueza Diana Vera, de Ejecución de Penas de La Dorada, Caldas, concedió la libertad condicional a Palomino, quien comenzó a cumplir su condena el 3 de abril de 2023, tras ser deportado a Colombia.

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La decisión se basa en el cumplimiento de una parte significativa de su sentencia. No obstante, la libertad está condicionada a un periodo de prueba de cuatro meses y 25 días, durante el cual cualquier incumplimiento de las obligaciones o la comisión de un nuevo delito podría revocar la medida.

A pesar de esta decisión judicial, Palomino permanecía encarcelado debido a una medida de aseguramiento por cargos graves que incluyen homicidio agravado, desaparición forzada, y uso de menores para la comisión de delitos, entre otros. Aún se está a la espera del dictamen oficial de las autoridades para conocer si el temido líder quedará en libertad.

Este proceso ha generado preocupación entre las autoridades, ya que Palomino está presuntamente vinculado a numerosos homicidios y extorsiones, según investigaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Según Semana, las autoridades judiciales del Atlántico están en alerta máxima ante la posible liberación de Palomino, quien residía en un edificio en el sector de Villa Carolina, en el norte de Barranquilla. La banda de Los Pepes mantiene una alianza con el Clan del Golfo, lo que les permite controlar actividades ilícitas en la región.

Además, se ha ordenado el traslado de Palomino a la cárcel La Tramacúa en Valledupar, Cesar, lo cual podría ocurrir en cualquier momento. Este traslado es parte de las medidas de seguridad que las autoridades están implementando para manejar la situación.

El conflicto entre Palomino y Díaz Collazos ha intensificado la violencia en Barranquilla, donde recientemente se registró un atentado sicarial que resultó en la muerte de vendedores de estupefacientes en la ciudad.

La batalla entre Los Pepes y Los Costeños ha aumentado la tasa de delitos en Barranquilla

Según las autoridades, el conflicto entre Los Pepes y Los Costeños ha sido responsable de aproximadamente el 50% de los homicidios en la región durante 2024. A pesar de que los líderes de estas organizaciones, Jorge Eliécer Díaz Collazos y Digno José Palomino, están encarcelados, la violencia no ha disminuido.

El brigadier general Herbert Benavidez, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que alrededor de 259 homicidios están directamente relacionados con la disputa entre estas bandas.

Benavidez explicó que el objetivo de estas organizaciones es controlar las finanzas criminales mediante el establecimiento de una hegemonía delictiva en el territorio. Además, otras estructuras criminales como Los Papalópez y Los Rastrojos Costeños también están involucradas en esta guerra.

Para enfrentar esta ola de criminalidad, la Policía ha intensificado sus esfuerzos, logrando más de 5,300 capturas en lo que va del año y confiscando más de 1,250 armas de fuego, que son el principal medio utilizado en los homicidios de la región.

El brigadier general destacó la implementación de programas metodológicos y desarrollos operacionales en colaboración con la Fiscalía General de la Nación como parte de las acciones de prevención, control y disuasión para mejorar la seguridad en la ciudad.

Un reciente atentado, atribuido a la guerra entre estas bandas, dejó herido a Mairon José Bustamante Pérez y resultó en la muerte de su cuñado, Jorge Leonardo Gutiérrez Blanco. Este ataque, ocurrido el 1 de octubre, es considerado un posible “ajuste de cuentas” vinculado a las tensiones entre Los Pepes y Los Costeños.

La rivalidad entre estas organizaciones se intensificó tras una ruptura en 2022, cuando ambos grupos, que anteriormente formaban parte de una misma estructura, comenzaron a enfrentarse tras un homicidio que los dividió. Desde entonces, han sido responsables de múltiples masacres y actos violentos en la región.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, podría quedar en libertad debido al vencimiento de términos en sus procesos judiciales, según informaron fuentes de la Fiscalía Seccional de Barranquilla.

Castor, según lo informó El Tiempo, quien obtuvo acceso al mencionado informe, que actualmente se encuentra detenido en la cárcel de El Barne, en Cómbita, Boyacá, es señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial los Costeños y está vinculado a múltiples delitos, incluyendo homicidio, concierto para delinquir y porte de armas.

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Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de este año, se han registrado 479 muertes violentas en el área metropolitana de Barranquilla, un incremento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 451 homicidios.

Este aumento en la violencia se atribuye a la disputa territorial entre varias redes delictivas que buscan controlar el microtráfico, narcotráfico y las extorsiones en la región, según el medio mencionado, tanto alias el Castor, como su organización criminal, tendrían responsabilidad en ese incremento.

En Barranquilla operan al menos cinco grupos delincuenciales organizados: los Costeños, en alianza con los Rastrojos Costeños, enfrentan a los Pepes. Además, se encuentran activos Papalopez y el Clan del Golfo, todos ellos contribuyendo a la escalada de violencia en la ciudad.

El caso de alias Castor es particularmente preocupante para las autoridades. La Fiscalía no ha podido imputarle 107 homicidios ocurridos en el área metropolitana de Barranquilla debido a problemas técnicos, la no disposición del abogado defensor y la no presentación de Castor a las diligencias judiciales por parte del Inpec.

Esta situación ha generado alarma ante la posibilidad de que Castor quede en libertad por vencimiento de términos, a pesar de su vinculación penal y los procesos vigentes en su contra.

Alias Castor, de 39 años, ha sido señalado de participar en al menos diez masacres que cobraron la vida de 36 personas en Barranquilla. Una de las más recientes, la del ‘clan Vega’ el 29 de julio de 2023, en la que fueron asesinados Rafael Julio Vega Cuello, Ronald y Raily Vega Daza, habría sido ordenada por Castor desde la cárcel.

El historial delictivo de Castor es extenso. Su primera captura se registró el 1 de noviembre de 2006, cuando se le encontró en posesión de un arma de fuego. Desde entonces, ha sido detenido en varias ocasiones por delitos como homicidio, tráfico y porte de armas. En 2019, Castor se encontraba prófugo de la justicia y fue capturado en Venezuela, siendo deportado a Colombia el 5 de abril de 2023 para responder por el delito de homicidio.

Los procesos judiciales contra Castor suman 46, de los cuales 30 son por homicidio, dos por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, uno por concierto agravado con fines de narcotráfico, cinco por tráfico y porte de armas, uno por hurto calificado, cinco por concierto para delinquir y uno por extorsión agravada.

La situación en Barranquilla refleja una compleja red de violencia y criminalidad que las autoridades locales y nacionales intentan controlar. La posible liberación de alias Castor añade una capa de incertidumbre y preocupación en una ciudad que ya enfrenta altos niveles de inseguridad y violencia.

Tercer intento de líder criminal para unirse al proceso de paz del gobierno

Alias Castor, líder del grupo criminal Los Costeños, ha solicitado nuevamente su inclusión en el proceso de “paz total” del Gobierno nacional.

En una carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Díaz Collazos asegura que las actividades delictivas de su organización han disminuido significativamente, según un informe del Gaula.

Alias Castor ya había intentado ingresar al proceso de sometimiento del Estado en dos ocasiones anteriores, en julio y diciembre de 2023, sin recibir respuesta del entonces comisionado Danilo Rueda. Con la llegada de Otty Patiño a la entidad, Díaz Collazos espera que esta vez su solicitud sea aceptada.

En el documento, revelado por W Radio, Castor asegura que las extorsiones en el Atlántico se redujeron entre un 40% y un 50%, cumpliendo así con lo prometido.

“Como podrá apreciar, las extorsiones en el Atlántico disminuyeron notablemente, como se puede apreciar en el mes de octubre, en comparación con el mes de diciembre disminuyeron en un 41% y en lo relativo en el mes de noviembre al mes de diciembre disminuyeron en un 53%”, se lee en la carta.

El líder de Los Costeños atribuye esta reducción a un acuerdo alcanzado entre los líderes de los distintos grupos criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, anunciado a finales de 2023. Este pacto, según Díaz Collazos, ha sido fundamental para la disminución de las actividades extorsivas en la región.

La muerte de Roberto Carlos Vega Daza en febrero de 2024 representó la desaparición de uno de los clanes criminales más conocidos en el Atlántico, por lo que se especuló con que esto daría comienzo a una guerra territorial entre Digno Palomino, líder de Los Pepes y Jorge Diaz alias Castor, líder de Los Costeños.

Siete meses después, Voragine presentó un análisis de cómo está el mundo criminal en Barranquilla y sus alrededores, en donde el dominio se divide entre Los Pepes y Los Costeños, pero también el Clan del Golfo, que tendría una alianza con “Castor”, bajo la inoperancia de las autoridades.

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En el informe se nombran barrios como La Chinita, La Luz, Las Nieves o Rebolo, que han sido referenciados durante varios años como espacios peligrosos en los que hay una clara presencia y poder de las estructuras criminales, pero que ahora también se registra en el área metropolitana de Barranquilla.

A pesar de que las autoridades afirman lo contrario, en las calles de la capital del Atlántico se ha vuelto a sentir la inseguridad que en el inicio de los 2000 generó una crisis social.

Voragine recordó que durante el auge de las autodefensas en la región y la posterior conformación de bandas criminales que asumieron el poder territorial tras el proceso de paz con las AUC, se registraron 7.402 homicidios en Barranquilla, cifra que fue superada entre 2012 y 2023 con la nueva ola de violencia.

En esa comparación, destacaron que la cifra de asesinatos en 2001 fue de 654, mientras que en 2021 fueron más de 700, lo que se mantuvo en 2022 y 2023, por lo que en la región existe esa percepción de intranquilidad como en el comienzo de los 2000.

A diferencia del auge paramilitar, en la actualidad no existe una ideología narcoparamilitar, sino que las estructuras criminales batallan por tener el control de una ciudad clave en el mapa del traslado de la droga hacia el exterior, en la que también ha sido nombrada la injerencia de los carteles mexicanos.

“La federación de organizaciones criminales que están en proceso de reacomodamiento. Vivimos un tremendo aumento de la violencia criminal. Cada año es peor que los anteriores, creo que ni en la época paramilitar habíamos padecido algo así”, declaró un investigador al medio citado.

Este destacó que en el Atlántico es normal observar camionetas blindadas que no son propiedad del Estado, fiestas en las que participan artistas de la región y con ello, también masacres y violencia en los barrios más pobres.

Cabe recordar que, el 6 de agosto la policía encontró la cabeza de un joven de 22 años que tenía un mensaje de intimidación y declaración de guerra, ya que decía que este era el futuro que le esperaba “a todo aquel colaborador, jíbaro, extorsionista de los tales Pepes”.

En ese sentido, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo, una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común.

Como respuesta a ello, Digno Palomino y “El negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, lo que en caso de confirmarse, haría que la guerra que se registra entre los grupos armados en el Magdalena, ahora también se libre en el Atlántico, mientras que el Gobierno nacional sigue con la idea de desarrollar un proceso de paz con ambas estructuras.

De la misma forma, también la fiscalía tendría un papel negativo en el conflicto, puesto que el investigador informó que hay “un juez que dejaba en libertad a Los Costeños, nos tocó sacar órdenes de captura por otra ciudad por las sospechas contra la fiscalía. Desde el momento en el que se abre una noticia criminal estás expuesto. Estamos ante estructuras muy poderosas y eso también genera miedo en Barranquilla”.

Las autoridades de la capital del Atlántico confirmaron la identidad del hombe asesinado en el centro histórico de Barranquilla. Se trata de Carlos Johan Rodríguez Arrieta, alias el Peque.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles 7 de agosto de 2024, en en el sector de Barlovento ubicado en la localidad Norte de la ciudad, según la información confirmada por parte de la Policía Metropolitana.

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De acuerdo con los informes del hecho, alias el Peque fue asesinado tras recibir más de veinte balazos en plena vía pública, sobre las 2:30 de la tarde. Rodríguez llegó a esa zona de la ciudad en un mototaxi y fue sorprendido por individuos desconocidos que, sin mediar palabra, le dispararon hasta dejarlo sin vida.

Rodríguez Arrieta, señalado por la Policía y exhibido en el cartel de los más buscados por homicidio, tenía múltiples anotaciones judiciales. Las autoridades locales, en un trabajo conjunto con Fiscalía General de la Nación, mantienen la hipótesis de que el ultimado pretendía encontrarse en la zona con alias Tripita, un jefe de zona de la estructura criminal ‘los Pepes, liderada por Digno Palomino Rodríguez, quien continúa como el cabecilla desde la cárcel.

Según las primeras indagaciones del caso, el homicidio estaría relacionado con el intento de alias el Peque de separarse y crear su propia facción dentro del mundo criminal de Barranquilla.

Este enfoque es respaldado por las actividades de Inteligencia de la Policía, que fortalecen la teoría del encuentro entre alias el Peque y alias Tripita como excusa para que los criminales encargados de asesinarlo supieran dónde y con quién estaría el sujeto.

Este hecho se suma a la serie de actos violentos relacionados con bandas criminales en la ciudad, incrementando así la preocupación por la seguridad pública y la intensificación de conflictos entre facciones delictivas en Barranquilla. La muerte de Rodríguez Arrieta es un reflejo de los ajustes de cuentas que caracterizan estos grupos organizados.

Tras la confirmación de su identidad, las autoridades también reportaron que alias el Peque estaría relacionado con al menos ocho casos de homicidio en Malambo, en los que sería autor intelectual.

La guerra entre bandas criminales en Barranquilla

Los Pepes es una de las bandas delincuenciales más temidas de Barranquilla y otras zonas del Atlántico, pero no es la única, entre las que más destacan comparten el lugar con Los Costeños, con quienes precisamente han disputado el territorio en varias ocasiones dejando decenas de muertes.

Un informe hecho por el diario local El Heraldo, con ayuda de expertos en seguridad de esa zona del país, establece que la confrontación entre las dos estructuras dejó entre 700 y 800 muertes entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.

La situación es particularmente alarmante en Barranquilla, Soledad y Malambo, las cuales están clasificadas dentro de la “zona crítica de riesgo” en un informe que emitió el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte.

Esta asignación territorial está basada en la lucha por el control de las rentas y economías ilegales, un fenómeno que ha “disparado los casos de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana entre 2022 y 2023,” como se detalla en el análisis.

Un aspecto notable que resalta el diario mencionado es que el municipio de Malambo tuvo en el último año una de las tasas de homicidios más altas del país. “Ubicado a tan solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, Malambo tuvo una tasa de homicidios de 51.1 por cada 100 mil habitantes, es decir, es la tasa de homicidios más alta del área metropolitana, la más alta del departamento del Atlántico y es casi el doble de la tasa de homicidios promedio a nivel nacional”.

El modelo de homicidios predominante es la modalidad sicarial, y la mayoría de las víctimas presentaban anotaciones judiciales.

Los vecinos del barrio Carlos Meisel, en la ciudad de Barranquilla, siguen consternados tras el descubrimiento de una cabeza humana dentro de una bolsa plástica, que fue abandonada por unos motociclistas en una zona de basuras cercana al lugar donde unos menores de edad jugaban y que por eso se percataron del hecho.

La víctima ya fue identificada como Yesid Andrés Cabrera Ortega. Según la información publicada por medios locales del departamento del Atlántico, era un joven exconvicto que había salido de un centro penitenciario en junio.

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El hallazgo, registrado en la tarde del 6 de agosto, sucedió cuando, al parecer, uno de los menores acudió a un adulto para informar sobre la bolsa negra. Ahora bien, según lo que conoció Semana, otra versión apunta a que los habitantes del barrio habían notado un olor putrefacto emanando de una zona enmontada. Al investigar, encontraron la cabeza al abrir la bolsa.

Lo que sí confirmaron las autoridades de la zona de Barranquilla fue que el joven de 22 años había sido reportado como desaparecido el lunes 5 de agosto, lo que facilitó a la policía identificarlo, aunque sus restos, aparte de su cabeza, aún están ubicados en otra zona de la ciudad.

Elines Jaraba, hermana del fallecido, confirmó al portal informativo Zona Cero la identidad de Yesid Andrés Cabrera Ortega desde las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad.

“Nos enteramos por las fotos que comenzaron a circular en redes sociales y nos dimos cuenta de que era él”, dijo, y agregó: “La cabeza no la hemos visto físicamente; solo en la Fiscalía nos mostraron las fotos para confirmar que era él. Supimos que había especulaciones sobre restos encontrados en Malambo, pero aún no han aparecido. No hemos sabido más”.

Según la versión de la hermana, el joven era mecánico y no se encontraba empleado en el momento de su muerte. Además, solicitó que la justicia les ayude “para que aparezca mi hermano, es lo único que queremos. Que se haga justicia”.

Las anotaciones judiciales y delitos de Cabrera Ortega

Según el historial judicial de Yesid Andrés Cabrera Ortega, este salió de la cárcel el 20 de junio, pues había cumplido una condena por extorsión. Su hermana reveló que al momento de su captura, se le encontraron panfletos extorsivos. Desde ese momento, se conoció que residía en el mismo barrio Carlos Meisel, junto a su madre.

Incluso, se supo que la Policía asoció al joven Cabrera Ortega con una pandilla barranquillera conocida como Chicos Cultura, que estaría bajo la influencia y operación de Los Pepes.

El caso no solo ha generado dudas en la comunidad y en los familiares de la víctima, sino también especulaciones sobre un posible ajuste de cuentas.

La Sijín (Seccional de Investigación Judicial) está a cargo de las pesquisas para determinar el contexto del asesinato. Los agentes recabaron pruebas en el lugar del hallazgo y trasladaron la cabeza a Medicina Legal para su análisis. Por el momento, no se han divulgado más detalles sobre la autopsia.

Impactantes detalles del crimen

Uno de los detalles más impactantes de esta escabrosa muerte fue la nota que hallaron junto a la cabeza de Yesid Cabrera. Las palabras contenidas en la misiva ya fueron reveladas a través de una foto que circula en las redes sociales. Su contenido es intimidatorio y contiene serias amenazas de muerte para quienes colaboren con Los Pepes.

Por ahora, no se conoce el origen o la procedencia de la carta. No obstante, se puede deducir que la muerte, en efecto, habría sido un asesinato. Aun así, las autoridades son las encargadas de emitir el dictamen de la muerte una vez concluya la investigación.

El texto de la nota dice lo siguiente: “Todo aquel colaborador, jíbaro, extorsionista de los tales Pepes será objetivo militar en los barrios mencionados, como: Nueva Colombia, Meisel, Bajo Valle, y la Manga. Serán declarados objetivo militar y quedarán así como el sapo este. Att: La muerte (sic)”.

Una medianoche de octubre de 1992, meses después de escaparse de la cárcel La Catedral, el todopoderoso Pablo Escobar, que siempre supo protegerse con sicarios asesinos para defenderse y también matar, llegó timorato y caracterizado con peluca, gorrita y anteojos espejados para que no lo reconocieran a la casa de su prima Luz en su barrio natal, La Paz, en Envigado, donde supo crecer como mafioso, empezando a hacerse fuerte y millonario.

Ahora estaba en la mala, intentando sobrevivir a la persecución de sus enemigos, Los Pepes (Grupo paramilitar autollamado Perseguidos por Pablo Escobar), que lo buscaban ferozmente para liquidarlo como fuera. Era consciente de que solo le quedaba a su lado “Limón”, su fiel lugarteniente, y también Victoria Eugenia Henao, su mujer, y Juan Pablo y Manuela, sus hijos, a los que no podía ver ni hablarles por teléfono para no exponerlos, aunque sabía que también sus rivales querían hallarlos “para cortarlos en pedacitos y llevárselos en una bolsa”, como lo proclamaban sin tapujos.

Quería salvar su vida y la de los suyos, pero sabía que había perdido poder de fuego y eso lo desesperaba. Estaba acostumbrado a salir al frente y mandar a cortar cabezas, pero ahora debía ocultarse como un ladronzuelo de poca monta.

Luz lo recibió sorprendida pero se alegró con su inesperada visita. Estaba huyendo una vez más. Sabía que se arriesgaba yendo allí porque era uno de los sitios donde más se lo buscaba y se realizaban constantes allanamientos, pero pensó que era la última alternativa que le quedaba.

Luego de ingresar sigilosamente a la casa de su prima le pidió si estaba dispuesta a cuidarlo casi como cuando era un niño/adolescente. Luz lo miró a los ojos, los suyos se enrojecieron y le contestó que por supuesto, que para ella hacerlo representaría una gran alegría sin importarle los peligros que podrían venir.

Pablo le dejó una importante cantidad de dólares y le pidió que comprara una vivienda en las inmediaciones del barrio Los Olivos, a la que consideraba una zona relativamente segura por la calma que reinaba en sus calles. También le pidió que no se lo contara a nadie y que de ahí en más no se conectarían por teléfono porque de esa forma podían ubicarlos. Así determinaron una serie de lugares tipo postas para encontrarse en ciertos días y horarios.

Recién el año siguiente Luz pudo concretar la compra de la ansiada casa que serviría como refugio para Pablo. Una clásica vivienda familiar de dos plantas con un living amplio, comedor, cocina, tres cuartos, dos baños y un garage, para nada llamativa. A Escobar le llamó la atención y le agradó que tuviera salida por el tejado en la planta alta, que por paradoja del destino luego fue el lugar donde encontró su muerte.

Luz le contó a Juan Pablo, su hijo, como fue todo aquello, vivencias que él detalló de manera puntillosa y muy profesional en el libro “Pablo Escobar In Fraganti, Lo que mi padre nunca me contó”, de Editorial Planeta. “Duré un año viéndome con su papá mientras yo organizaba las cosas. Él me decía qué hacer y yo hacía caso en todo. Pero vea, qué tristeza, en esa casa solo alcanzamos a permanecer diez días nada más”, relató Luz para la investigación.

Pablo se instaló pero estaba entre desorientado y preocupado por la seguridad de su familia. Temía seriamente que si no lo encontraban a él podían ir por ellos. Y su angustia se multiplicó cuando para fines de noviembre su esposa y sus hijos viajaron a Alemania con el fin de exiliarse y salvar sus vidas. Pero al enterarse de que los suyos no fueron aceptados en ese país y resultaron inmediatamente regresados a Colombia en el mismo avión, se descontroló y caló hondo en su psiquis la frustración de no poder hacer nada por ellos, a quienes no les quedó otra que volver a las Residencias Tequendama en Bogotá a merced de sus enemigos.

Confundido como nunca, Pablo iba de un lado a otro de la casa sin parar. Cuando la veía a su prima que llegaba visitarlo y traerle sancocho, su comida preferida, él solo hablaba de la preocupación que le generaba la indefensión en especial de su niña Manuela que era muy pequeña.

Lucía como perturbado, enloquecido, y en medio de ese estado de desesperación decidió que iba a seguir dando pelea. Así resolvió que iba generar dinero, que ya le estaba escaseando, secuestrando personas millonarias en los preparativos de las fiestas de fin de año cuando la gente se manejaba más relajada. Para eso dijo que contaba con decenas de jóvenes fuertemente armados que le ayudarían a cumplir el objetivo, y hasta tenía los sitios donde los escondería hasta cobrar los rescates.

Llegó el 1° de diciembre, día de su cumpleaños 44. Pablo seguía armando estrategias, pero también quería pasarlo con su prima y con Limón, su chofer y ladero. Luz ya tenía preparada una torta de chocolate y una botella de champagne. Comieron y brindaron, pero Escobar seguía con preocupación y se fue a recostar.

Al otro día se despertó pasadas las doce como era su costumbre y empezó a hacer llamadas telefónicas, en especial a “El Gordo”, otro hombre fiel con el que también pensaba llevar a cabo sus planes.

Por los testimonios que siguió recogiendo Juan Pablo para su libro, advirtió que su papá había perdido la cordura, principal objetivo de Los Pepes, sus feroces enemigos, que buscaban desgastarlo día a día mientras no cesaba su búsqueda por cielo y tierra, con helicópteros y patrullas que iban y venían.

Pablo durante esos días no paró un minuto. El 2 de diciembre le pidió a su prima que fue a ver a sus hijos que estuviera en las primeras horas de la tarde luego del almuerzo porque debía salir para ver a alguien. Ella le dejó la comida lista y se fue, mientras Pablo seguía comunicándose telefónicamente pese a que sabía que se estaba condenando. La última llamada la hizo al celular que le había hecho llegar a Nora, su suegra, adonde solo llamaba ante situaciones extremas. Respondió un amigo de la familia y justo en ese momento se oyó el intenso ruido que provocó un helicóptero sobre la casa. Nora advirtió el peligro y pidió que interrumpieran la comunicación.

Pese que Pablo le había insistido a Luz que no se demorara, su prima debió auxiliar a alguien en la calle y llegó en busca de Escobar más tarde de lo previsto. La mujer vio demasiados movimientos extraños en los alrededores, sospechó lo peor, no se acercó y partió raudamente. Luego lo comprobó con las noticias de que lo habían atrapado y de su muerte.

En la investigación que presentó Juan Pablo en su libro, asegura que a Pablo Escobar ya no le quedaron alternativas: “debía elegir entre su vida o la de sus seres queridos. Entonces optó por el camino de permitirnos seguir con vida y suicidarse él; con ello confirmó el infinito amor que le profesó a mi madre, a mi hermanita –su adoración- y a mí”, escribió el hijo del narcotraficante más temido, planteando que no lo mataron, sino que él mismo se quitó la vida, desafiando las versiones que corrieron acerca de su final, porque si no lo hallaban a él masacrarían a su familia.

Su esposa también creyó en la versión del suicidio, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de sellar la paz con sus enemigos, le preguntó a Carlos Castaño, líder de Los Pepes, cómo había muerto su marido. Él le confesó que poco antes de darle caza estuvieron a nada de abandonar la operación de búsqueda ya que habían aniquilado a casi todos sus secuaces pero no daban con él. Para colmo, a los jefes de policía que participaban les habían dicho que si no había resultados inmediatos la orden era dar por terminada la pesquisa.

Pero apareció una pista, alguien lo alcanzó a ver asomado a una ventana y todo terminó. Carlos le relató que él iba adelante en el operativo. Y cuando los agentes la emprendieron a mazazos contra la puerta de entrada, Pablo salió corriendo descalzo hacia el segundo piso de la vivienda. Disparó con su Sig Sauer contra quien se le cruzara mientras el grupo paramilitar mataba a Limón. Finalmente llegó al tejado de la casa de al lado pero lo estaban esperando. Y según Castaño le dieron un disparo de fusil detrás del hombro y otro en la pierna que terminaron con su vida.

Más allá de no creerlo, su hijo admitió en su libro que su padre era un bandido: “pero para sus hijos fue un padre amoroso que se perdió los mejores momentos de su vida junto a la familia, verlos crecer, conocer a sus nietos y envejecer con su mujer”.

El panorama de seguridad es realmente complejo en todo el territorio nacional. Los criminales han expandido sus operaciones en diferentes regiones del país, sembrando el terror en la ciudadanía, que vive atemorizada ante los actos violentos que protagonizan los delincuentes a diario.

Una de las ciudades que más ha atestiguado esta problemática es Barranquilla, donde los grupos criminales se han convertido en el principal dolor de cabeza para las autoridades y donde, además, los homicidios se han vuelto cada vez más comunes.

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Estos atentados están basados, en su mayoría, en los múltiples casos de extorsión que se reportan en la ciudad, así como en su área metropolitana. Es en estas zonas en donde estructuras criminales como la de Los Pepes desarrollan sus operaciones desde hace varios meses.

Precisamente, dicho grupo criminal, que es dirigido por alias Digno Palomino, uno de los criminales más peligrosos del país y que permanece recluido en la cárcel de Cómbita, sufrió uno de los golpes más fuertes de los últimos meses el pasado lunes 6 de mayo de 2024.

Y es que alias Alberto, uno de los hombres más importantes en la línea de mando de Los Pepes, que además recibía órdenes de Digno Palomino, fue capturado en un operativo en el que, además, fueron interceptados 27 miembros de la estructura criminal.

El procedimiento se registró en Juan de Acosta, Atlántico, y representó una baja realmente importante para el criminal que permanece preso en territorio boyacense, debido a que Alberto llevaba más de 10 años dentro del grupo delincuencial. Además, este criminal, identificado como Harlin Alberto Valencia, era el encargado de hacer el cobro de las extorsiones en el centro de Barranquilla, así como en Soledad, por orden expresa de Digno Palomino.

Así las cosas, según explicó el periodista Jacobo Solano Cerchiaro, que ha seguido de cerca la situación de inseguridad en esta zona de la costa Atlántica, estos criminales habían fijado unas “tarifas” para cada una de las “profesiones” en la región.

Cómo serían las tarifas de extorsión en Barranquilla

Explicó Solano que los criminales cobraban ciertas sumas de dinero, con el fin de brindar “servicios de seguridad”:

• Comerciantes medianos: $70.000.
• Transportadores: $50.000.
• Carretilleros: $20.000.
• Prostitutas: $30.000.
• Vendedores de tinto: $5.000.
• Coteros: $5.000.

Frente a ello, el periodista aseguró que quienes se nieguen a pagar tales cifras, serían asesinados. Y es que, las revelaciones de Solano se registran pocos días después de que Calixto Baldovino Ortega, un comerciante de 50 años que era dueño de un establecimiento comercial en Barranquilla, fuera asesinado en frente de su negocio.

Este episodio es una muestra más del alcance al que ha llegado la extorsión no solo en Barranquilla, sino en todo el país, donde los casos son cada vez más frecuentes.

Extorsión, uno de los crímenes más frecuentes

Según cifras entregadas por la Policía Nacional, en el año inmediatamente anterior se registraron 9.548 casos de extorsión en el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades enfatizaron en que el 77% de los episodios no fue “exitoso” para los criminales.

Además, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer en octubre de 2023 que, para ese momento, se habían registrado 3.130 víctimas de este delito desde enero del mismo año. Dicha cifra se habría incrementado en medio de la tensa situación de orden público que se vive en algunas regiones del país.

Por tal motivo, los organismos encargados solicitaron a los organismos encargados dar pleno funcionamiento a los inhibidores de señales telefónicas en inmediaciones a las cárceles en el país.