El recluso Francisco Riquelme (35), actualmente alojado en la unidad penitenciaria federal de Marcos Paz, fue condenado este viernes en Rosario como el jefe de una violenta organización dedicada al narcomenudeo, considerada una célula que operaba para el capo narco Esteban Lindor Alvarado.

Según la acusación de tres fiscales, entre 2021 y 2023 la estructura cometió al menos 16 asesinatos –seis formaron parte del debate oral y público–, balaceras y extorsiones en tres barrios de la zona noroeste de la ciudad: Industrial, Ludueña y Empalme Graneros. Todos los hechos de violencia se inscribieron en una disputa territorial con Los Monos.

El veredicto se dio a conocer por el tribunal de primera instancia integrado por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez. La lectura fue hecha en el Centro de Justicia Penal, que desde marzo –cuando empezó el debate oral y público– tuvo un operativo de seguridad especial por este trámite judicial.

Riquelme está preso desde abril de 2020, imputado por haber acribillado a tiros a Mariana Ortigala, testigo del juicio contra Esteban Alvarado –que a su vez era informante de la Fiscalía– que sobrevivió a una docena de disparos en la puerta de su casa de la ciudad de Roldán. Tras las rejas, empezó a conformar una banda que pelee territorios a Los Monos en representación del “Esteban”, su enemigo histórico.

Para los fiscales Patricio Saldutti, Franco Tassini y Adrián Spelta, “Fran” Riquelme creció en poder, en venta de droga y en armamento. Si bien no formó parte de este juicio, en 2023 lo acusaron por haber mandado a balear escuelas, comisarías y una cárcel con el objeto de mostrar descontento por el endurecimiento de las condiciones de detención.

La asociación ilícita investigada por Spelta, Saldutti y Tassini tiene 26 integrantes, de los cuales 14 ya habían sido condenados. Además, tres adolescentes cursan su proceso ante la Justicia de Menores.

Cuatro personas que no forman parte de la organización fueron llevadas al juicio que concluyó este viernes porque cometieron delitos para la estructura, pero sin responder orgánicamente a la misma.

Durante los últimos dos meses se expusieron evidencias sobre once carpetas judiciales. A su vez, se dio cuenta de otros 27 hechos delictivos perpetrados por la asociación ilícita a los fines de darle mayor contexto a la existencia de la banda, aunque los mismos no fueron juzgados.

La prisión perpetua también recayó sobre Francisco Ezequiel “Fey” Cabaña, Lemuel Abraham “Lemo” Scireta, Daniel Martín “Gatito” Miranda García, Lisandro Joel “Parce” o “Sicario” Orellana, Marcelo Andrés “Pachu” Chávez, Alexis David “Paisa” Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías “Milanesa” Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

Por su parte, le dieron seis años de cárcel a Mauro Leonel Medina y Franco Darío Aguiar, y cinco a Héctor Daniel Agüero.

Los once violentos hechos cometidos por “Los Riquelme”

Dentro de la violenta saga ventilada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales indicaron que Daniel Miranda y Gustavo Chávez asesinaron a tiros desde una moto a Brian Ortigoza el 12 de febrero de 2022 en horas de la madrugada en Pasaje Vergara al 2200.

Un día después de ese homicidio, Lisandro Orellana ingresó en un predio donde hay canchas de fútbol 5 de José Ingenieros al 6400 y abrió fuego en medio de un partido, por lo que lesionó a tres jóvenes que tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Otro crimen atribuido a la presunta organización es el de Cristian “Larva” Fernández, sindicado cabecilla de la célula de Los Monos en la zona noroeste, a quien ejecutaron a balazos el 14 de abril de 2022 mientras reparaba su auto en Gorriti al 6200. Por ese ataque fueron acusados Daniel Miranda, Fernando Cabañas, Lisandro Orellana y Lucas Racca.

El 19 de junio de 2022, de acuerdo con la línea cronológica mostrada por el Ministerio Público de la Acusación, el recluso de Coronda Héctor Agüero ordenó a gatilleros que balearan un domicilio situado en Formosa al 800 bis con el objeto de intimidar al dueño, al que le había dado dos opciones: abandonaba la propiedad o le pagaba un millón de pesos.

El 20 de junio de 2022, la estructura citó a Alejandro Ramírez para comprarle droga, aunque todo fue un engaño. Cuando la víctima llegó en su Fox a De La Salle al 5800 fue emboscado por Orellana y Sciretta, todo por encargo de Riquelme desde prisión. Fue César Acosta Muñoz, según los fiscales, quien se encargó de la custodia de la pistola de calibre 9 milímetros usada.

El 15 de septiembre de 2022, el recluso de Piñero Marcelo “Pachu” Chávez exigió a su novia Ludmila Loreley Orellana –sobre quien ejercía violencia de género– que fuera hasta la esquina de Génova y Chaco. Allí, en realidad, la esperaban dos sicarios que le dieron ocho tiros con una pistola calibre 9 milímetros, causa por la que falleció. El arma fue escondida también por Acosta Muñoz.

El 12 de febrero de 2023, Francisco Riquelme y Fernando Cabaña –detenido en Coronda por entonces– ordenaron balear una casa situada en Donizetti al 100. Los atacantes además debían dejar una nota para exigir que abandonaran el lugar. Por los tiros, una mujer que estaba en el inmueble sufrió una herida de arma de fuego en un tobillo.

El 23 de abril de 2023, la banda volvió a cometer un homicidio. Por encargo de Francisco Riquelme, Alexis Álvarez, Franco “Milanesa” Almaraz, Eric Enrique y Kevin Sosa pusieron en marcha un plan para engañar a Juan Cruz Ferrari con el supuesto cuento de que iban a comprarle la moto que había puesto a la venta. Lo convocaron en Reconquista y República Dominicana bajo la promesa de que el pago iba a ser una parte en dinero en efectivo y otra en droga. No hubo nada de eso: Kevin Sosa, al llegar al lugar, lo acribilló de múltiples disparos mientras otros partícipes filmaban todo. La víctima murió recién el 16 de mayo de ese año en el Heca.

El 2 de mayo de 2023 perpetraron otro crimen más. En un descampado situado en Donizetti, paralelo a las vías del ferrocarril, Alexis Álvarez mató a tiros a Ángel Coronel. La víctima había sido citada allí para entregarle un ladrillo de cocaína para que lo ponga a la venta.

Los últimos dos hechos tienen mecánica calcada y exponen el terror que habían sembrado “Los Riquelmes” en el distrito noroeste. El 5 de mayo de 2023, el recluso de Piñero Fernando Cabaña llamó a una mujer para obligarla a vender droga ante la baja –provocada por ellos mismos– de Ángel Coronel, a quien había ejecutado en el descampado de calle Donizetti.

El 6 de mayo de 2023 el mismo Cabaña hizo que su presunto soldadito Mauro Medina –que en ese momento estaba en libertad– llevara un celular con una llamada en altavoz en curso hasta el domicilio de un hombre ubicado en Renan al 300. Medina le pasó el teléfono a la víctima, que recibió exigencias de Cabaña para que sí o sí empezara a comercializar droga para la organización, caso contrario, iban a balear los domicilios de sus familiares, de quienes aportó detalles.

Dos instituciones educativas de la zona sur de Rosario se vieron obligadas a interrumpir sus actividades este martes 28 de abril tras la aparición de banderas con mensajes narco. Los mensajes se encontraban colgadas en las puertas de ingreso del jardín Nº 1.285 “San Casimiro”, en Margis y Nuestra Señora del Rosario, y en la escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, ubicada en B. Suárez al 5000.

Las banderas encontradas eran idénticas y mencionaban a un policía y a Andrés Bracamonte, hijo de “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado en noviembre de 2024. La Policía de Investigaciones secuestró las telas para realizar peritajes y seguir con la investigación del caso.

Frente a esto, decidieron suspender las actividades hasta tanto avance la investigación. En ese sentido, la escuela Yupanqui informó la decisión a través de un comunicado de la institución: “Suspendidas las clases por el día de hoy 28/4. Todos los niveles”. Los incidentes más recientes forman parte de una serie de intimidaciones similares ocurridas en abril, que incluyeron establecimientos de nivel primario, secundario y hasta un centro de salud municipal. En todos los casos apareció el nombre de Andrés Bracamonte.

Andrés “Pillín” Bracamonte, ex jefe de la barra brava de Rosario Central, fue asesinado durante una emboscada a la salida de un partido en el estadio del Gigante de Arroyito. La principal línea de invesigación detrás del ataque apunta a una disputa por el territorio, en medio del crecimiento de la banda Los Menores en la ciudad (señalada por su presunto vínculo con la banda de Los Monos).

Los mensajes narco que aparecieron en las escuelas de Rosario

La aparición de mensajes mafiosos en escuelas de Rosario encendió la preocupación en la comunidad educativa. En lo que va del año, cuatro establecimientos hallaron banderas con textos dirigidos a actores del narcomenudeo.

A principio de marzo, la escuela Nº 84 “José Mármol”, ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield, suspendió el turno mañana tras encontrar en su ingreso una bandera intimidatoria que mencionaba a Dylan Cantero, hijo del fundador de la banda Los Monos; Máximo Ariel “Viejo” Cantero; Jonatan Gómez o “Gordo Jony”; y a Andrés Bracamonte.

En un diálogo con Radio2, la directora de la escuela, Carolina, explicó luego del hecho: ″Están utilizando las escuelas para comunicarse. La escuela tiene que ser un lugar para aprender”. Recordó además un antecedente de abril de 2023, cuando la propia institución fue atacada a tiros durante una ola de agresiones a dependencias estatales, pero destacó que tras ese episodio “la comunidad educativa nos apoyó y logramos que la escuela sea segura”.

Otra bandera con mensajes narco fue colgada en la “Escuela Rey de Gloria”, en Perú al 300 bis. Además, la Policía de Investigaciones intervino en el colegio Nº 1.428 “Colegio del Sur”, en Regimiento 11 al 1100, donde una bandera con el mismo contenido apareció sobre una reja, lo que motivó que las autoridades desobligaran a los alumnos por precaución. Ese mismo día por la tarde se halló un cartel similar cerca del Policlínico San Martín, en Chubut al 7100, también dirigido a Jonatan Gómez, a quien relacionan con Dylan Cantero y Andrés Bracamonte hijo.

El otro incidente apareció en una sábana en un puente peatonal de la ruta 34 S y autopista Rosario Santa Fe, dirigida a quien, según el texto, habría dejado de recibir protección narco de Matías Gazzani. Las autoridades identifican a Gazzani como presunto líder de la banda Los Menores, prófugo desde hace cerca de un año.

“Desconocemos los nombres y a quién está dirigido, es algo atípico. Ante cualquier amenaza posible decidimos actuar con el protocolo y desobligar a los alumnos y al personal”, dijeron las autoridades en Radio 2.

La cárcel de Piñero, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, volvió a ser escenario del accionar delictivo de uno de sus reclusos más notorios. Sergio “Checho” Bareiro, de 33 años, sumó una nueva condena. Esta vez, por coordinar búnkeres de drogas y extorsiones desde su celda.

Puntualmente, se fue encontrado responsable de gestionar la venta de estupefacientes en el interior del penal, así como liderar la organización de tres búnkeres en el barrio Ludueña.

Bareiro, conocido por su implicancia en la violencia territorial que afectó a Ludueña en el año 2022, fue nuevamente apuntado por los investigadores a partir de 2025, en el contexto de una pesquisa por la venta minorista de drogas en ese sector del noroeste rosarino.

Según los informes de la investigación, logró montar un verdadero quiosco de drogas dentro de su celda en Piñero. La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el pasado 23 de mayo, que permitieron desbaratar parte de la estructura criminal que seguía operando desde el penal.

Los procedimientos recientes no solo permitieron incautar droga lista para su comercialización sino que además llevaron a la detención de varios presuntos colaboradores fuera de la cárcel. Esta situación pone en evidencia la capacidad de ciertas bandas para mantener redes de distribución y extorsión más allá de las rejas, según informaron fuentes judiciales.

Según informó el portal Rosario3, durante los operativos desplegados el 23 de mayo, los efectivos policiales irrumpieron en la cárcel de Piñero y en diversos domicilios situados en Junín al 5100 (ex 2200), Patagones entre Minetti y Casilda, y en Minetti al 5000 (ex 2100). En estos lugares, la Policía de Investigaciones secuestró marihuana, tanto prensada como en cogollos, y dosis de cocaína ya preparadas para la venta al menudeo. Además, fueron detenidos Vanesa y Joana C.; Kevin C., Máximo R. y Romelia S., quienes permanecen ligados a la causa.

Entre los elementos incautados también figuraban un pote de creatina y bicarbonato de sodio. Aunque ambas sustancias son legales y de uso común, la Fiscalía las consideró relevantes en tanto constituyen herramientas habituales en la comercialización de estupefacientes. La creatina, suplemento popular entre deportistas, es utilizada para “estirar” la cocaína, lo que permite multiplicar las ganancias en detrimento de su pureza. El bicarbonato de sodio, en tanto, es empleado para transformar la cocaína en crack, droga fumable que se consume principalmente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

La conexión entre el penal y el barrio Ludueña ilustra cómo las organizaciones criminales logran sortear las barreras físicas para mantener su influencia en la calle, según la información recabada en la causa.

Bareiro, apodado “Checho”, estuvo prófugo casi dos años hasta ser detenido el 20 de mayo de 2024 en Minetti y Felipe Moré durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico. Previamente, había logrado eludir diversos operativos policiales dirigidos a desarticular la violenta banda de la que formaba parte, una agrupación subsidiaria de Los Monos, organización señalada por su papel en el narcotráfico y la violencia urbana de Rosario.

En junio de 2025, el juez Pablo Pinto condenó a Bareiro a ocho años de prisión tras validar un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa. Se lo declaró miembro de una asociación ilícita —delito agravado por la participación de un menor de edad—, encubrimiento y responsable de siete casos de extorsión a comerciantes. Estas acciones se produjeron bajo la órbita de la banda liderada por Mauro Gerez, Andy Benítez, Julián Aguirre y Matías “Pino” César, quienes ya recibieron penas de entre nueve y veinte años de prisión.

La reincidencia de Bareiro en delitos cometidos desde el penal llevó a un nuevo acuerdo entre la fiscal Mercedes Banchio y la defensa, por el cual aceptó una pena de cuatro años de prisión en calidad de coautor por la venta de drogas. La sentencia, homologada por el juez Rodrigo Santana, fijó una pena única de doce años, sumando las distintas condenas.

La investigación judicial sostiene que Bareiro no actuaba solo. Su rol dentro de la organización incluía la coordinación de búnkeres y la gestión de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los puntos de venta de droga. Los procedimientos realizados permitieron confirmar que, incluso desde la cárcel, mantenía contacto con operadores externos encargados de la logística y la recaudación.

La escalada de violencia vinculada al crimen organizado en la ciudad de Rosario sumó un nuevo capítulo ayer jueves cuando personal escolar de la secundaria Nº 350 “Provincia de Santa Fe”, ubicada en Rodríguez al 4600, y de la primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis, en Nahuel Huapi al 4300, halló dos banderas con mensajes narco colgadas en las rejas de los establecimientos.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, con estos nuevos episodios, suman ya cuatro los mensajes similares colocados en instituciones públicas de la ciudad en los últimos tres días, incrementando la preocupación por la seguridad de la comunidad educativa y sanitaria.

Según trascendió, el mensaje advertía sobre un posible atentado contra la institución que ocurriía cerca de las 10 de la mañana.

El contenido de las amenazas reproduce de manera exacta el texto hallado el pasado martes en la escuela Luis María Drago, ubicada en Buenos Aires al 5300, y el último miércoles en un centro de salud de Bolonia al 5300.

En todos los casos, las banderas hacen referencia directa a integrantes de Los Monos y a miembros de la barra brava de Rosario Central, mencionando, entre otros, a Andrés Bracamonte, hijo del fallecido líder del paraavalanchas y víctima de un ataque en noviembre de 2024.

Según se informó, la aparición de estos mensajes no es un hecho aislado. A lo largo de marzo, se registraron episodios similares en otras instituciones de la ciudad santafesina. Algunos de los nombres mencionados en las banderas de esta semana ya habían aparecido en otros mensajes dejados en escuelas, en un puente peatonal sobre la ruta 34 S y la autopista Rosario-Santa Fe, y en el Policlínico San Martín. Esta reiteración muestra una estrategia sostenida de los grupos narco para marcar presencia y enviar advertencias a sectores específicos de la ciudad.

El clima de tensión creció aún más el lunes pasado, cuando las autoridades de la escuela Nº 1.210 “Luis Rullan”, en Pasaje San Telmo y Calle 1.350, resolvieron suspender las clases tras encontrar un encendedor con forma de granada y una nota dirigida a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, ambos detenidos por narcomenudeo en el norte de la ciudad. Esta medida preventiva se adoptó para resguardar a los estudiantes y al personal docente, en medio de la preocupación por posibles nuevos hechos de violencia.

Las banderas secuestradas y las notas encontradas son sometidas a peritajes por parte de la Policía, que busca rastros que permitan dar con los autores materiales de estos hechos. Mientras tanto, la preocupación crece entre padres, docentes y trabajadores de la salud, que reclaman medidas concretas para frenar la escalada de intimidaciones y restaurar la tranquilidad en los ámbitos educativos y asistenciales rosarinos.

El fenómeno de las banderas narco y la mención reiterada de integrantes de Los Monos y la barra brava de Rosario Central evidencian la persistencia de disputas internas en el mundo del crimen organizado local. Aunque las autoridades han logrado importantes detenciones en los últimos meses, los mensajes intimidatorios demuestran que la conflictividad continúa y que el desafío para las instituciones es creciente.

Estas amenazas aparecen en un momento de por sí complejo para las escuelas de todo el país y, en especial, de la provincia de Santa Fe, debido a que hace semanas un adolescente mató a un compañero de la misma escuela, Ian Cabrera (13). Todo ocurrió en la localidad santafesina de San Cristóbal.

Desde entonces, colegios de todo el país comenzaron a registrar amenazas de advertencia sobre la realización de posibles tiroteos en las instituciones.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible este martes el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa pública oficial del narco Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”, contra su incorporación al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del Servicio Penitenciario Federal.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, fue unánime. El máximo tribunal penal del país consideró que la impugnación no reunía los requisitos exigidos por los artículos 14 y 15 de la ley para habilitar la instancia extraordinaria, y señaló que Rodríguez Granthon cuenta con vías legales específicas para cuestionar las condiciones de su detención ante sus jueces naturales.

La sentencia confirmó entonces el rechazo del recurso de casación que la misma Sala III había declarado inadmisible el pasado 18 de diciembre. Con anterioridad, tanto el Juzgado Federal N° 2 de Morón como la Cámara Federal de San Martín habían descartado el habeas corpus presentado por la defensa contra la incorporación al SIGPPLAR, un régimen que restringe las comunicaciones y los movimientos de internos considerados de alto riesgo para la seguridad penitenciaria.

Rodríguez Granthon fue el piloto de los narcovuelos vinculados a Los Monos, la organización criminal liderada por la familia Cantero en la ciudad de Rosario. Preso desde 2019, cuenta con dos condenas federales por narcotráfico y causas vinculadas al crimen del exconcejal Eduardo Trasante y al caso “Cuevas Blancas”. Pese a estar detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, continuó dirigiendo su organización hasta que las autoridades le secuestraron el teléfono celular en julio de 2022, en el pabellón A de la Unidad Residencial VI del penal.

Desde ese dispositivo coordinaba la venta de cocaína —denominada “pollo” en las conversaciones internas—, administraba una flota de camiones de alta gama y daba instrucciones para el alquiler y venta de propiedades adquiridas a través de testaferros. Las investigaciones determinaron que compró lotes y mandó a construir viviendas en barrios cerrados de Alvear y Piñero, y una propiedad en Funes, todas a nombre de terceros. También era el verdadero dueño de las ferreterías “Tatan Tatan”, con tres sucursales en Funes, y contaba con la colaboración de su padre, Francisco Rodríguez Villarreal, detenido en 2024 durante un operativo de la Policía Federal Argentina.

Entre los integrantes de su red condenados figura Brian Emanuel “Negro” Villalba, identificado como jefe de sicarios, con una pena unificada de 46 años de prisión. Otros ocho miembros del grupo recibieron condenas de entre 3 y 6 años, entre ellos Noel Ramos, cuñado de Rodríguez Granthon, y Silvina Gauna, encargada de comercializar la droga. La causa por asociación ilícita se originó en una serie de balaceras ordenadas en 2022 contra una familia que le debía 150.000 dólares al imputado.

En cuanto a los fundamentos del rechazo, el camarista Mahiques, quien abrió el acuerdo, sostuvo que la defensa de “El Peruano” se limitó a expresar su discrepancia con lo resuelto sin demostrar la arbitrariedad alegada, y recordó que esa doctrina tiene carácter estrictamente excepcional. Yacobucci adhirió a esa postura. El juez Borinsky añadió que el recurso no refutó todos y cada uno de los fundamentos de la decisión apelada ni acreditó que lo resuelto fuera contrario a los derechos federales invocados. Los tres magistrados coincidieron en que no se verificaba la existencia de una “cuestión federal” debidamente fundada.

Pese a esta decisión, la defensa conserva la posibilidad de presentar una queja y presentarse de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia por el recurso extraordinario denegado.

El juicio contra Francisco “Fran” Riquelme y otros 14 acusados por asociación ilícita, homicidios y balaceras en Rosario entre 2021 y 2023, continuó este miércoles con el testimonio de un investigador del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien describió ante el tribunal el violento escenario que se vivía en aquel entonces.

Era una “guerra abierta” entre los barrios Ludueña y Empalme Graneros, Santa Fe, expresó el colaborador, quien explicó que a partir de 2021, una alianza con el sello de Los Monos disputó el territorio del noroeste con la banda de Riquelme en una zona que operaba en los alrededores de la Subcomisaría 24ª y de la Comisaría 20ª. Así lo describió Rosario 3.

A ese grupo lo conformaban, entre otros, Mauro Gerez, Jonathan Almada y Cristian “Larva” Fernández, junto a los internos Andy Benítez y Julián Aguirre. Contaban, además, con el apoyo de Matías César, quien mantenía vínculos con la organización liderada por Ariel “Guille” Cantero.

Parte de esto derivó en numerosos homicidios de referentes de organizaciones criminales y ataques a dependencias policiales, tales como el atentado perpetrado a la Subcomisaría 24ª y a la Comisaría 12ª, ocurridos en febrero de 2022. “Se vivía un clima de guerra”, recordó el investigador al señalar que ese fue el año con mas homicidios en Rosario.

El juicio, que se desarrolla ante los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez, debate la existencia de una asociación ilícita, la autoría de seis homicidios —con Riquelme señalado como instigador en algunos casos—, balaceras y amenazas. Según la acusación de los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini, la estructura comandada por “Fran” cometió en el lapso mencionado al menos dieciséis asesinatos, seis de los cuales forman parte del debate oral.

La solicitud de prisión perpetua recayó sobre el principal acusado, de 35 años, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Marcos Paz. Riquelme está sindicado como jefe de una organización dedicada al narcomenudeo, considerada una célula que operaba bajo la órbita de Alvarado.

Según la investigación, quedó detenido en abril de 2020, imputado por haber ordenado el ataque contra Mariana Ortigala, testigo en el juicio contra Alvarado, que sobrevivió a una docena de disparos. Durante el proceso, la Justicia provincial remarcó el crecimiento del poder de Riquelme en armamento y venta de droga.

En 2023 fue acusado de ordenar ataques armados contra escuelas, comisarías y una cárcel como forma de protesta por el endurecimiento de las condiciones de detención. La estructura investigada por los fiscales cuenta con 26 presuntos integrantes, de los cuales catorce ya fueron condenados y tres menores de edad cursan sus procesos ante la Justicia de Menores.

La prueba a presentar por la fiscalía abarca once carpetas judiciales y otros 27 hechos delictivos que serán expuestos para contextualizar la existencia de la banda. Además de Riquelme, la solicitud de perpetua incluye a Francisco Ezequiel “Fey” Cabaña, Lemuel Abraham “Lemo” Scireta, Daniel Martín “Gatito” Miranda García, Lisandro Joel “Parce” o “Sicario” Orellana, Marcelo Andrés “Pachu” Chávez, Alexis David “Paisa” Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías “Milanesa” Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

Por su parte, se solicitaron ocho años de cárcel para Mauro Leonel Medina y Héctor Daniel Agüero, y siete años para Franco Darío Aguiar.

Homicidios

Los fiscales señalaron que Daniel Miranda y Gustavo Chávez participaron en el asesinato de Brian Ortigoza, a quien dispararon desde una motocicleta la madrugada del 12 de febrero de 2022 en Pasaje Vergara al 2200.

Al día siguiente de ese hecho, Lisandro Orellana ingresó a un predio de canchas de fútbol 5 ubicado en José Ingenieros al 6400 y realizó disparos durante un partido, hiriendo a tres jóvenes que debieron ser trasladados a centros de salud.

La acusación también atribuye a la organización el homicidio de Cristian “Larva” Fernández, identificado como líder de una célula de Los Monos en la zona noroeste. Fernández fue baleado el 14 de abril de 2022 mientras arreglaba su automóvil en Gorriti al 6200. Por este hecho, fueron señalados como responsables Daniel Miranda, Fernando Cabañas, Lisandro Orellana y Lucas Racca. Estos fueron algunos de los homicidios que mencionaron las autoridades frente a los jueces aunque la lista es bastante mas extensa.

El recluso Francisco Riquelme (35), actualmente alojado en la unidad penitenciaria federal de Marcos Paz, comenzó a ser juzgado desde este lunes en Rosario como el presunto jefe de una violenta organización dedicada al narcomenudeo, considerada una célula que operaba para el capo narco Esteban Lindor Alvarado, por lo que afronta un pedido de prisión perpetua. Según la acusación de tres fiscales, entre 2021 y 2023 la estructura cometió al menos 16 asesinatos –seis forman parte del debate oral y público–, balaceras y extorsiones en tres barrios de la zona noroeste de la ciudad: Industrial, Ludueña y Empalme Graneros. Todos los hechos de violencia se inscribieron en una disputa territorial con Los Monos.

Riquelme está preso desde abril de 2020, imputado por haber acribillado a tiros a Mariana Ortigala, testigo del juicio contra Esteban Alvarado –que a su vez era informante de la Fiscalía– que sobrevivió a una docena de disparos en la puerta de su casa. Tras las rejas empezó conformar una banda que pelee territorios a Los Monos en rerpresentación del “Esteban”, su enemigo histórico.

Para la Justicia provincial, “Fran” Riquelme creció en poder, en venta de droga y en armamento. Si bien no forma parte de este juicio, en 2023 lo acusaron por haber mandado a balear escuelas, comisarías y una cárcel con el objeto de mostrar descontento por el endurecimiento de las condiciones de detención.

La audiencia de este lunes, llevada adelante ante el tribunal integrado por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez se hizo ante un refuerzo en el protocolo de seguridad en las inmediaciones del Centro de Justicia Penal, donde se desarrollará el debate hasta, por lo menos, mayo.

La presunta asociación ilícita investigada por los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini tiene 26 presuntos integrantes –catorce de ellos ya fueron condenados– y tres menores que cursan su proceso ante la Justicia de Menores. No obstante, cuatro personas que no forman parte de la organización fueron incluidas en el juicio porque cometieron delitos para la estructura, pero sin responder orgánicamente a la misma.

En total, los fiscales adelantaron que expondrán evidencia sobre once carpetas judiciales. De todos modos, darán cuenta de otros 27 hechos delictivos perpetrados por la presunta asociacion ilícita a los fines de darle mayor contexto a la existencia de la banda.

La solicitud de perpetua recayó sobre Francisco “Fran” Riquelme, Francisco Ezequiel “Fey” Cabaña, Lemuel Abraham “Lemo” Scireta, Daniel Martín “Gatito” Miranda García, Lisandro Joel “Parce” o “Sicario” Orellana, Marcelo Andrés “Pachu” Chávez, Alexis David “Paisa” Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías “Milanesa” Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

Por su parte, se pidieron ocho años de cárcel para Mauro Leonel Medina y Héctor Daniel Agüero, y siete años para Franco Darío Aguiar.

Los once violentos hechos cometidos por “Los Riquelme”, según los fiscales

Dentro de la violenta saga ventilada en el Centro de Justicia Penal, los fiscales indicaron que Daniel Miranda y Gustavo Chávez asesinaron a tiros desde una moto a Brian Ortigoza el 12 de febrero de 2022 en horas de la madrugada en Pasaje Vergara al 2200.

Un día después de ese homicidio, Lisandro Orellana ingresó en un predio donde hay canchas de fútbol 5 de José Ingenieros al 6400 y abrió fuego en medio de un partido, por lo que lesionó a tres jóvenes que tuvieron que ser trasladados a hospitales.

Otro crimen atribuido a la presunta organización es el de Cristian “Larva” Fernández, sindicado cabecilla de la célula de Los Monos en la zona noroeste, a quien ejecutaron a balazos el 14 de abril de 2022 mientras reparaba su auto en Gorriti al 6200. Por ese ataque fueron acusados Daniel Miranda, Fernando Cabañas, Lisandro Orellana y Lucas Racca.

El 19 de junio de 2022, de acuerdo con la línea cronológica mostrada por el Ministerio Público de la Acusación, el recluso de Coronda Héctor Agüero ordenó a gatilleros que baleen un domicilio situado en Formosa al 800 bis con el objeto de intimidar al dueño, al que le había dado dos opciones: abandonaba la propiedad o le pagaba un millón de pesos.

El 20 de junio de 2022, la estructura citó a Alejandro Ramírez para comprarle droga, aunque todo fue un engaño. Cuando la víctima llegó en su Fox a De La Salle al 5800 fue emboscado por Orellana y Sciretta, todo por encargo de Riquelme desde prisión. Fue César Acosta Muñoz, según los fiscales, quien se encargó de la custodia de la pistola calibre 9 milímetros usada.

El 15 de septiembre de 2022, el recluso de Piñero Marcelo “Pachu” Chávez exigió a su novia Ludmila Loreley Orellana –sobre quien ejercía violencia de género– que fuera hasta la esqunia de Génova y Chaco. Allí, en realidad la esperaban dos sicarios que le dieron ocho tiros con una pistola calibre 9 milímetros, causa por la que falleció. El arma fue escondida también por Acosta Muñoz.

El 12 de febrero de 2023, Francisco Riquelme y Fernando Cabaña –detenido en Coronda por entonces– ordenaron balear una casa situada en Donizetti al 100. Los atacantes además debían dejar una nota para exigir que abandonen el lugar. Por los tiros, una mujer que estaba en el inmueble sufrió una herida de arma de fuego en un tobillo.

El 23 de abril de 2023, la presunta banda volvió a cometer un homicidio. Por encargo de Francisco Riquelme, Alexis Álvarez, Franco “Milanesa” Almaraz, Eric Enrique y Kevin Sosa pusieron en marcha un plan para engañar a Juan Cruz Ferrari con el supuesto cuento de que iban a comprarle la moto que había puesto a la venta. Lo convocaron en Reconquista y República Dominicana bajo la promesa de que el pago iba a ser una parte en dinero en efectivo y otra en droga. No hubo nada de eso: Kevin Sosa al llegar al lugar lo acribilló de múltiples disparos mientras otros partícipes filmaban todo. La víctima murió recién el 16 de mayo de ese año en el Heca.

El 2 de mayo de 2023 perpetraron otro crimen más. En un descampado situado en Donizetti, paralelo a las vías del ferrocarril, Alexis Álvarez mató a tiros a Ángel Coronel. La víctima había sido citada allí para entregarle un ladrillo de cocaína para que lo ponga a la venta.

Los últimos dos hechos tienen mecánica calcadas y exponen el terror que habían sembrado “Los Riquelmes” en el distrito noroeste. El 5 de mayo de 2023, el recluso de Piñero Fernando Cabaña llamó a una mujer para obligarla a vender droga ante la baja –provocada por ellos mismos– de Ángel Coronel, a quien había ejecutado en el descampado de calle Donizetti.

El 6 de mayo de 2023 el mismo Cabaña hizo que su presunto soldadito Mauro Medina –que en ese momento estaba en libertad– llevara un celular con una llamada en altavoz en curso hasta el domicilio de un hombre ubicado en Renan al 300. Medina le pasó el teléfono a la víctima, que recibió exigencias de Cabaña para que sí o sí empezara a comercializar droga para la organización, caso contrario iban a balear los domicilios de sus familiares, de quienes aportó detalles.

Diez personas quedaron imputadas ayer jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario como presuntos miembros de una organización dedicada a la venta de drogas en barrio Plata, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. Entre los acusados figura Silvina Dantur, señalada como una de las cabecillas del grupo y conocida por haber sido pareja de Ariel Máximo “Guille” Cantero, sindicado líder de la banda Los Monos.

La investigación, que desembocó en la audiencia, se desarrolló durante varios meses y puso el foco en el funcionamiento de una estructura que, según la fiscalía, operaba de forma metódica y sostenida en el tiempo.

El grupo es acusado de haber comercializado cocaína y marihuana en dosis destinadas al consumidor final desde comienzos de 2025 —o incluso antes— hasta el 5 de marzo de este año, fecha en la que se realizaron los allanamientos que permitieron desarticular parte de la red.

La fiscal Alejandra Raigal, de la Unidad Especializada en Microtráfico, expuso ante la jueza Luciana Vallarella cómo la organización mantenía varios puntos de venta en distintos sectores de barrio Plata.

La estructura interna incluía roles diferenciados para la adquisición, el fraccionamiento, la distribución y la venta final de la droga. Durante la imputación, se detalló que Dantur ejercía un control territorial estricto, decidiendo quién podía vender en la zona y fijando los precios de los estupefacientes, además de coordinar el uso de viviendas usurpadas como búnkeres y cobrar un cánon a quienes participaban del negocio ilícito.

La audiencia imputativa tuvo como protagonistas a diez personas. Dantur fue acusada como coautora del delito de comercio organizado de estupefacientes, junto con Miguel Ángel Núñez —actualmente detenido por homicidio—, Joel Núñez y Tamara Acuña. Por su parte, Rosa N. fue imputada como partícipe necesaria, en un caso agravado por haberse servido de menores o haber actuado en perjuicio de ellos.

Según informó el portal Rosario3, otros nombres señalados en la causa son Débora N., Norma R., Maira A., Diego N. y Horacio R., quienes fueron acusados como partícipes secundarios.

La jueza Vallarella consideró que la acusación reunía los elementos suficientes para formalizar las imputaciones y procedió a dictar prisión preventiva para la mayoría de los implicados: Dantur quedó detenida por 90 días, con posibilidad de prisión domiciliaria, mientras que Miguel Ángel Núñez, Joel Núñez, Tamara Acuña y Rosa Núñez recibieron prisión preventiva por un año. Norma R. también enfrentará ese plazo, aunque con opción a cumplirlo bajo arresto domiciliario. Para los restantes, se dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.

Uno de los aspectos destacados por la fiscal Raigal fue el rol de Núñez, quien, aun encontrándose detenido en la cárcel de Piñero cumpliendo una condena perpetua por homicidio, habría continuado impartiendo instrucciones desde prisión. Núñez está sindicado como el nexo para la obtención de droga, supervisando el fraccionamiento, solicitando recaudaciones, disponiendo pagos y sanciones, y fijando condiciones de venta para los demás miembros.

Según la reconstrucción fiscal, Joel Núñez y su pareja Tamara Acuña tenían a su cargo la obtención de la droga y el fraccionamiento en dosis. Posteriormente trasladaban el material hasta el domicilio de Norma R., donde se almacenaba parte de la mercadería y se realizaban ventas esporádicas. La mayor parte de las dosis era entregada a Rosa N., encargada de la comercialización y del pago del dinero a Dantur.

En los escalones inferiores de la estructura, Débora N., Horacio R., Diego N. y Maira A. participaban en la venta al menudeo, alternándose en turnos a lo largo del día. Estas personas, conocidas como “soldaditos”, recibían una parte de las ganancias en función de la cantidad de ventas realizadas y cumplían tareas de vigilancia y distribución en los distintos puntos del barrio.

Según la información oficial, durante los allanamientos se secuestraron cocaína y marihuana, aunque no se precisó la cantidad. Además, los agentes incautaron cerca de dos millones de pesos en efectivo, balanzas de precisión, 26 teléfonos celulares, alhajas de oro y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

El nombre de Silvina Dantur no es nuevo para las crónicas judiciales de Rosario. En julio de 2021 fue imputada por organizar una balacera destinada a desalojar a una mujer y sus tres hijos pequeños de una vivienda en la calle Francia al 5300. También enfrentó cargos en la Justicia Federal por la tenencia de ladrillos de marihuana prensada.

La causa actual la ubica nuevamente como figura central en una estructura de venta de drogas, esta vez en el sudoeste rosarino y vinculada, según la acusación, a la red de influencia de Ariel Máximo “Guille” Cantero y la banda Los Monos.

El líder de la banda narco Los Monos, condenado a 139 años de cárcel, no exageraba -seguramente, impulsado por un interés particular- sobre la organización criminal que se impuso en las calles de Rosario en los últimos años con una forma de violencia diferente a la del clan Cantero más selectiva pero no menos brutal.

Desde entonces, “Los Menores” no dejaron de sonar en las crónicas policiales ligadas al negocio de la droga en la ciudad santafesina. Incluso, este domingo la Policía de Investigaciones detuvo a Alexis Emanuel Mendoza, alias “Chami”, de 31 años, uno de los prófugos de alto perfil que integraba la nómina de los 10 delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe.

Pero antes de la captura de Chami hubo otro episodio que puso en alerta a las autoridades: el hallazgo de un arsenal enterrado en un terreno en la localidad de Roldán vuelve a poner la lupa sobre la organización narco que es liderada por un ex peluquero prófugo. Incluso, su actividad comercial está inscripta en ese rubro.

Se trata de Matías Ignacio Gazzani. Con 30 años recién cumplidos, es el prófugo más buscado del país. El gobierno de Santa Fe ofrece una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita atraparlo.

No es menor que autoridades santafesinas sostengan que las armas iban a ser utilizadas en un presunto atentado contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Aunque no quisieron dar más detalles sobre ese supuesto plan.

Detrás del arsenal aparece la figura de Lisandro “Limón” Contreras, el principal socio de Gazzani. También llamado “Licha”, vivía en un country de Tigre hasta que fue capturado en diciembre de 2024 por su conexión con el doble homicidio de “Pillín” y su ladero, Daniel Attardo.

Fue enviado al módulo de máxima seguridad de la cárcel de Piñeiro, que encierra a narcotraficantes y a sicarios.

El origen de “Los Menores”

Ahora bien, ¿quiénes son “Los Menores”?, ¿cómo surgieron?, y ¿cuáles son las alianzas del grupo que ocupó el lugar que dejó vacante la familia Cantero?.

La estructura nació en un escenario complejo de extrema vulnerabilidad y violencia, marcado por la caída de los principales capos: Esteban Alvarado y “Guille” Cantero.

“Los Menores” se extendió en el noroeste de Rosario, específicamente, en el Barrio 7 de Septiembre, donde el ex peluquero reclutaba menores como soldados y sicarios.

Antes, Gazzani vendía droga para otro narco, Luis Claudio Lobo, miembro de Los Monos. Además, era archienemigo de Brian “Negro” Villalba, sicario del capo peruano Julio Rodríguez Granthon, que dominó esa zona con un esquema muy aceitado de distribución de cocaína en el territorio.

Al mismo tiempo, el peluquero también rivalizó con Matías “Pino” César, ladero de “Guille” Cantero, autor de balaceras al Poder Judicial en 2018 y creador en la prisión de “La Mafia Nueva Generación”, una pequeña célula que ejecutaba ataques para el líder de Los Monos. .

El nombre de Gazzani comenzó a resonar con un doble crimen en 2022 en el barrio ubicado detrás de la fábrica de La Virginia, y con una terrible balacera, en 2023, contra un cantobar en el que fueron asesinados dos hombres. Uno de ellos era un policía que prestaba servicios adicionales en el local.

Pese a sus vínculos con Los Monos, sobrevuela la idea de que es Esteban Alvarado, rival histórico del clan Cantero, quien estaría financiando al grupo por el control de la barra de Central.

“Pillín”, incluso, era asociado con la facción del líder de Los Monos. “La barra la manejaba él, pero le pagaba un canon a Guille para poder hacerlo”, detallaron investigadores a este medio.

Los delitos cometidos por “Los Menores” van desde asesinatos por conflictos personales hasta disputas por territorios, con una impronta muy fuerte entre 2020 y 2023.

La importancia que tomaron “Los Menores” se refleja en números: de 18 capturas priorizadas, la Policía de Santa Fe detuvo en 20 meses a 11 integrantes de la banda.

Y, en cuanto a ese límite borroso entre Alvarado y Guille en el que se mueven “Los Menores”, demuestra que hoy en Rosario hay una nueva configuración que reemplazó al enfrentamiento binario que desató una ola de crímenes narco entre 2012 y 2022, aseguraron las fuentes.

El arsenal

Respecto al arsenal hallado, preocupó -no sólo en Santa Fe- el poder de fuego de la banda. Entre las armas había dos fusiles semiautomáticos: un AR15 y un AKM (Norinco 84S). Ambos pueden perforar chalecos antibalas.

El hallazgo ocurrió tras un trabajo articulado entre el área de Inteligencia de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación. En el procedimiento, que incluyó allanamientos en la ciudad de Rosario y en Ibarlucea, se incautó dinero, una pala retroexcavadora y una lancha.

Las fuentes consultadas destacaron la importancia de la implementación de la Ley de Inteligencia que permitió la creación de “un sistema de inteligencia que cuenta con una Unidad de Análisis, con una Central de Inteligencia de Operaciones Especiales como brazo operativo y una Dirección de Información Patrimonial”.

“Chami”

Alexis Emanuel Mendoza, conocido como “Chami”, fue arrestado este domingo en Rosario tras un operativo de la Policía de Investigaciones de Santa Fe a través de la Unidad de Capturas de Alto Perfil.

La recompensa ofrecida por el Gobierno de Santa Fe alcanzó los 30 millones de pesos para quienes aportaran información sobre su paradero. Mendoza permanecía prófugo desde el 16 de mayo de 2025 y estaba siendo investigado como integrante relevante de la banda de Los Menores.

En el año 2018, recibió una condena de 4 años y 6 meses por los delitos de amenazas, lesiones, encubrimiento, homicidio en riña y portación ilegítima de arma de fuego.

Tras el arresto, Mendoza fue trasladado a la sede de la PDI, quedando a disposición judicial del MPA por delitos vinculados al manejo de armas y su rol en la organización delictiva Los Menores.

Con 48 horas de diferencia, el colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa (32), que había sido expulsado del país en agosto de 2023 tras una condena a cuatro años de prisión por venta de droga y portación de armas, protagoniza dos audiencias judiciales de peso en la ciudad.

La primera audiencia ocurrió este lunes, cuando dos fiscales federales le atribuyeron comercialización de estupefacientes en parte de la zona suroeste de la ciudad en la que históricamente operó la banda Los Monos, la organización narcocriminal que monopolizó, por décadas, la violencia en Rosario.

La segunda será este miércoles por la tarde, cuando la fiscal provincial Paula Barros lo ubique como presunto instigador de tres atentados “al voleo” –dos de ellos a supermercados– en los que se dejaron notas mafiosas para dos reclusos de la cárcel de Piñero.

Acevedo Figueroa, que ingresó de manera clandestina al país tras su expulsión, es conocido en legajos judiciales como “Nene”. El sábado pasado fue encontrado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un departamento céntrico, situado a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera.

Al ver el ingreso de los agentes federales, el colombiano arrojó tres celulares hacia una obra lindera. Tuvo mala fortuna, ya que los teléfonos quedaron incrustados en el barro –producto de una lluvia que tuvo lugar ese día en horas de la madrugada– con sus respectivas fundas y no se rompieron.

Los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra de la Procunar, quienes lo acusaron el lunes ante el juez Carlos Vera Barros por el hallazgo de cocaína, marihuana, éxtasis y ketamina en uno de los domicilios relacionados con él, dieron con él a partir del seguimiento a un celular que utilizaban internos del pabellón 5 de la cárcel de Piñero.

Entre ellos, un recluso con estrecha relación con Los Monos que opera en el barrio Vía Honda, en el distrito suroeste.

La línea telefónica de ese sector de la cárcel la usaron varios presos. Llamó la atención que, a veces, distintos reclusos dialogaban por Whatsapp con una misma interlocutora por la provisión de droga. Por ese motivo, la mujer fue allanada y se incautó su celular. De allí se extrajeron distintas conversaciones que resultaron de suma importancia.

La sospechosa hablaba con frecuencia con su novio y con otros compañeros de celda. Dentro de los chats se hallaron mensajes de abril y mayo de 2024 que intercambió con el colombiano Reinaldo López Morales, alias “Ronal”, quien estuvo en ese penal provincial hasta que fue deportado el 4 de agosto de 2023 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas tras purgar una sentencia por venta de droga.

En el teléfono de esa mujer también se localizaron mensajes de texto de Whatsapp con Acevedo Figueroa, quien casualmente había sido delegado del pabellón 5 de Piñero hasta que fue expulsado de Argentina en agosto de 2023, al igual que López Morales.

A “Nene” ya le habían encontrado celulares en su paso por el penal. El 8 de noviembre de 2022 se le secuestró un teléfono en el que se extrajeron fotos de dos pistolas, una ametralladora, mucho dinero en efectivo, envoltorios de cocaína y una gran cantidad de cartuchos.

Entre su deportación y su reingreso clandestino se cree que no pasó un año. Por las tareas investigativas de la PSA se pudo determinar que el colombiano únicamente salía de su departamento en horario nocturno, con rostro cubierto, y se desplazaba en dos Cruze. Se presume que esos vehículos eran usados para hacer delivery o transporte de droga hacia Vía Honda.

El crecimiento patrimonial del colombiano se vio reflejado en su pareja, quien el año pasado compró una casa en Rosario, se sospecha, gracias al dinero obtenido por el narcomenudeo de “Nene”.

Entre los datos que investiga la Procunar y el Ministerio Público de la Acusación también está la pista de que el delincuente puede tener vinculación con un ataque a tiros realizado a mediados de febrero en el barrio Toba en el que resultó lesionado un nene de once años por un disparo en una pierna.

Por haber compartido celda con integrantes de Los Monos se supone que Acevedo Figueroa tiene conexión con esa estructura. Sin embargo, no está claro cuál es su línea de abastecimiento actualmente y si en realidad paga un “permiso” para comercializar estupefacientes en un territorio históricamente explotado por esa organización.

Lo que sí asoma con certeza es que el colombiano impulsó una interna dentro de la banda narco.

De acuerdo a la investigación provincial encabezada por la fiscal Barros, es quien instigó tres ataques a tiros que ocurrieron entre el 22 y el 24 de febrero pasado, donde se dejaron notas con mensajes mafiosos para dos presos de Piñero, entre ellos, para Claudio Nahuel Canavo, condenado en 2018 por atentados contra edificios judiciales y domicilios de jueces, ordenados por el jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Barros, según la evidencia recolectada, sindicará a “Nene” por haber mandado a balear una sucursal de una conocida cadena de supermercados situada en Chacabuco y Ocampo, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur, hecho por el que resultó herido en la espalda un docente, cuando ingresaba a hacer las compras.

Dos gatilleros en moto abrieron fuego y arrojaron un papel con mensajes para los reclusos Federico García y Canavo, ambos en el pabellón 3 de Piñero.

Los otros dos atentados ocurrieron el 24 de febrero en horas de la noche, y con la misma mecánica: dos tiradores que se desplazaban en una moto. El primero fue contra una camioneta estacionada en Zelaya al 1300, en la zona norte, donde colocaron una nota en el parabrisas para Canavo.

La última de las balaceras tuvo lugar contra un supermercado chino situado en Felipe Moré y Lejarza, en la zona oeste. Dispararon contra el frente del comercio y tiraron un mensaje escrito para García y Canavo.

Por los tiroteos no solo se imputará a Acevedo Figueroa. Estarán otras tres personas que ya fueron detenidas hace más de una semana en procedimientos de la Policía de Investigaciones.

No obstante, se presume que la causa acumulará nuevos acusados, puesto que este mismo martes fue aprehendido una nueva sospechosa que, aparentemente, hizo tareas de vigilancia para la comisión de uno de los ataques a tiros.

Dos gatilleros en moto atacaron a tiros una camioneta estacionada, sin ocupantes, en la noche de este martes en la zona norte de Rosario. Antes de abrir fuego, el sicario dejó una nota mafiosa en el parabrisas del Fiat Strada, cuyo mensaje está dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero que está vinculado con la banda narco Los Monos. Es el segundo hecho de similares características que ocurre en los últimos días, ya que el domingo pasado un delincuente le dio un disparo a un docente que se dirigía a un supermercado y arrojó una nota para el mismo preso.

De acuerdo a los primeros datos trabajados por los investigadores, fueron 14 las detonaciones realizadas por el sospechoso, que colocó un papel amarillo escrito en fibra negra para Claudio Nahuel Canavo, un interno del pabellón 3 de Piñero, quien en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por atentados contra jueces y policías cometidos por encargo de Los Monos.

La primera hipótesis que surgió tras el ataque es que se habría tratado de un hecho “al voleo”, ya que el dueño de la camioneta no es de la ciudad, había llegado ocasionalmente allí a visitar a una familiar y no tiene ningún tipo de relación con el recluso mencionado.

“Estábamos acá, festejando el cumple de mi sobrinito. Se escucharon unos tiros y cuando salimos ya estaba la Policía. El hombre estaba de visita. Gente que nada que ver. Un desastre”, dijo una vecina en diálogo con Canal 3 de Rosario.

Es la segunda nota mafiosa que le dejan a Canavo en una balacera “al voleo”. El domingo pasado, en horas de la tarde, un docente que estaba por entrar a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados ubicada en Ocampo y Chacabuco, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur de la ciudad, recibió un tiro por la espalda de parte de dos gatilleros que pasaron en una moto y arrojaron una nota para el preso de Los Monos, aunque en la nota también se mencionaba a otro interno.

Luciano, el docente de 33 años, tuvo suerte, ya que en total fueron nueve los disparos que efectuaron los sicarios, según la cantidad de vainas que secuestró el personal de la Policía de Investigaciones, que además incautó el papel. Al salir del sanatorio el lunes pasado, habló con la prensa y dijo no tener “enemistad con nadie”.

“Escuché varios tiros y sentí un dolor impresionante, muy fuerte. Atiné a salir corriendo hacia la parte de las cajas, me miré y tenía sangre. Me asistieron otros clientes. Por suerte, había un cirujano que me tocó y me preguntó si me dolía. Él fue quien descartó que la bala haya dañado algún órgano”, comentó.

Por la balacera a Luciano, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) publicó un comunicado el lunes pasado, donde difundió capturas de pantalla de dos videos de cámaras de la zona y solicitó la colaboración para identificar a los dos ocupantes de la moto que hirieron al docente. En el texto, instan a llamar al 911 o comunicarse con las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción para brindar algún tipo de detalle respecto de los sospechosos.

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para la banda narco Los Monos en la zona oeste de Rosario, fue condenado este martes a la pena de prisión perpetua. Fue al término de un juicio en el que la Justicia santafesina lo consideró responsable de haber ordenado el 19 de julio de 2022 el secuestro y ejecución a tiros de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

La resolución fue dada a conocer esta tarde en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal, integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana, condenó a Camino y a otros tres imputados más: Melisa Negro (38), ex pareja del narco, y los integrantes de su organización Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22).

En tanto, los magistrados absolvieron por el beneficio de la duda a la presunta dealer de la banda Sandra Callegari (55), quien de todos modos seguirá presa por otro legajo por venta de droga.

Antes del juicio, el recluso acumulaba 40 años de prisión por causas por homicidio, balaceras y asociación ilícita.

Tras el veredicto, le quedan investigaciones abiertas muy resonantes, como en la que fue imputado como presunto instigador del ataque a tiros contra el supermercado Único, perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Según la acusación del fiscal Patricio Saldutti, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda del jefe de la célula de Los Monos de la zona oeste.

“El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el sicario de la estructura delictiva.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

Los femicidios

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste. Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación.

Por último, el dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

Después de que fuera acusado de ser parte de la banda narcorrosarina de Los Monos, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Jonatan “Pato” Velázquez en Villa Constitución. En esta oportunidad, se trataría de una causa vinculada a una extorsión narco contra una mujer.

El arresto fue solicitado por el fiscal Ramiro Martínez y se concretó el viernes en la intersección de las calles 9 de Julio y Provincias Unidas. El despliegue policial incluyó la participación del Grupo GAT y del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI. Así, el acusado permanece a disposición de la Fiscalía a la espera de ser imputado.

Previo a esto, las autoridades judiciales habían comenzado a investigarlo por presuntamente haber amenazado y obligado a la víctima a entregar tres millones de pesos. No obstante, no se descartaría una presunta conexión con una deuda relacionada con drogas.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Velázquez contaba con el antecedente de haber sido detenido en septiembre de 2022 por supuestamente integrar una banda de villenses afín a los intereses de Ariel “Viejo” Cantero, líder del clan de Los Monos. Asimismo, indicaron que se trataba de un expediente judicial que incluía un aproximado de 40 imputados por asociación ilícita.

Juzgarán al líder narco acusado de balear el supermercado de la familia Roccuzzo por el crimen de dos hermanas

El juicio por el doble femicidio de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito apunta a Pablo Nicolás Camino, jefe narco vinculado a Los Monos, por presuntamente haber ordenado el asesinato de ambas mujeres como parte de dinámicas de violencia interna en la banda. Además, hay cuatro supuestos cómplices señalados por presuntamente haber participado de la ejecución.

El proceso, que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal, apunta a esclarecer la responsabilidad de Camino, quien ya acumula condenas por 40 años de cárcel por delitos previos. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, las víctimas habrían sido utilizadas como “moneda de cambio” para saldar deudas internas.

De la misma manera, consideraron que habría sido una forma de enviar un mensaje de extrema crueldad, al matarlas y abandonar sus cuerpos en un descampado del barrio Cabin 9 de Pérez. Tras la ejecución, los cadáveres se hallaron el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte alertó a la policía, que los encontró sobre un pastizal junto a montículos de basura.

Willian Alberto Espinoza López fue arrestado minutos después, tras intentar huir en el Citroën C3 usado para el ilícito. En el momento en que fue interceptado por la Gendarmería, intentó frustradamente ocultarse en una vivienda sin éxito.

Al mismo tiempo, su presunto cómplice, Lucas Martín “Pelu” Castillo, se fugó a pie y logró evadirse. Se trata del señalado como el principal acusado de ejecutar los disparos, quien cayó recién en diciembre de 2022, cuando fue capturado por el Comando Radioeléctrico en la zona oeste de Rosario.

Entre los enjuiciados, también figuró Melisa Negro, ex pareja de Camino, imputada por su colaboración en el operativo de fuga de Castillo y también por extorsiones. Asimismo, Sandra Beatriz Calegari, presunta vendedora de estupefacientes, fue arrestada en un proceso paralelo y luego sumada a la causa del doble homicidio. A todos ellos se les solicita la pena de prisión perpetua.

La acusación señaló que la estructura criminal se comportó con una violencia “despiadada”, cumpliendo roles diferenciados entre los participantes. Así, reconstruyeron que Estefanía y Marianela fueron citadas bajo engaño a la esquina de Chubut y Garzón, obligadas a subir a un auto y luego despojadas de pertenencias antes de ser ultimadas.

La autopsia determinó que a Marianela le dispararon ocho veces y a Estefanía, cinco, causándoles destrucción cráneo-encefálica que provocó la muerte en el acto.

Dentro de la mecánica delictiva, resaltaron que Damián Rojas, el propietario del Citroën C3, aceptó un juicio abreviado por su participación, por lo que recibió una condena de 10 años de prisión. El segundo vehículo implicado fue clave para apoyar la fuga de Castillo y trasladar a Negro y Silva hasta el domicilio de Calegari, donde deshicieron pruebas.

Por otro lado, el fiscal Saldutti recalcó la existencia de vínculos sentimentales previos entre los acusados y las víctimas. Marianela mantenía una relación con Camino, mientras que Estefanía la tuvo con Castillo. No obstante, la negativa de Marianela a continuar la relación habría desencadenado amenazas, exigencias de desalojo y el supuesto reclamo de una deuda, situaciones que se sumaron como agravantes para la planificación del crimen.

Con estos elementos, el tribunal conformado por Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana deberá dirimir la responsabilidad de los acusados y el grado de organización exhibido por la presunta banda narcocriminal en un hecho caracterizado por su brutalidad y por la utilización de la violencia de género como instrumento de control interno.

El recluso Pablo Nicolás Camino (31), jefe de una célula que operó para Los Monos en la zona oeste de Rosario, comenzó a ser juzgado esta semana en Rosario por el secuestro y asesinato de dos hermanas que habían integrado su organización, hecho que ocurrió el 19 de julio de 2022 y por el que afronta un pedido a prisión perpetua.

Reconocido jefe narco de la ciudad, Camino acumula una condena unificada en 40 años de cárcel –por distintos delitos– y tiene una gravísima imputación por cinco crímenes, robos y 18 balaceras. Entre los casos se encuentra el ataque a tiros al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la selección argentina Lionel Messi.

Preso hace una década, Camino pasó por distintas unidades penitenciarias y elevó de manera llamativa su actividad criminal principalmente entre 2020 y 2023, período en el que cometió los delitos más graves que le endilga la Justicia santafesina.

Mientras estaba en Coronda, en 2022 instigó –según la acusación que se debate en el juicio en Rosario desde el pasado lunes– que su banda ejecute a Estefanía (25) y Marianela (28) Gorosito, quienes recibieron cinco y ocho tiros, respectivamente, en un descampado situado en el límite de la ciudad con Pérez.

Según la teoría del caso del fiscal Patricio Saldutti, el plan criminal cobró impulso cuando Marianela decidió no continuar con un vínculo sentimental con el capo narco. Desde ese momento, el recluso desde la cárcel exigió que abandone una casa que le había dado y, como no lo hizo, mandó a balear el domicilio. Luego, comenzó a reclamar un dinero por una supuesta deuda que ella había contraído con él.

Las hermanas, para el fiscal, “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. Allí, fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto. Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. Posteriormente, las llevaron hasta el lugar en el que fueron acribilladas.

En Coronda estuvo en el pabellón destinado a internos de alto perfil. Por una discusión mantenida con dos guardiacárceles, mandó a balear la oficina de Asuntos Penitenciarios, atentado que se consumó el 10 de mayo de 2022, cuando un gatillero en moto abrió fuego contra la dependencia pública que estaba situada en Alsina y Pellegrini y dejó una nota mafiosa.

Un mes después, el 20 de junio, a través de una cuenta de Facebook utilizada por un miembro de su banda, intimidó a otro agente penitenciario al enviarle información de su vida íntima y fotos de familiares, todo acompañado por el siguiente mensaje: “Vamos a ver si sos tan polenta como con mi jefe en un buzón. Así que sos el que verdugueás (sic) a mi jefe, ahora vas a tener novedades pronto”.

Camino fue condenado por la balacera a la oficina provincial y también por la amenaza al personal penitenciario, en un legajo que fue tramitado por el fiscal Pablo Socca. También por haber sido el jefe de la célula de Los Monos que tuvo actividad principalmente en los barrios Godoy, Villanueva y Bajo Cullen para Los Monos, territorio de la zona oeste donde perpetró desde 2020 una serie de usurpaciones, robos, balaceras y amenazas. Por todos esos delitos le dieron 16 años de prisión.

El recluso luego fue enviado al penal federal de Rawson, donde no interrumpió su liderazgo criminal. Es donde incluso lo amplió. Allí, quedó alojado junto a Leandro “Gordo” Vilches y Rodolfo Héctor “Eri” Masini, también relacionados con Los Monos.

Desde Rawson, tal como publicó Infobae tiempo atrás, Camino, Masini y Vilches protagonizaron un violento enfrentamiento por una supuesta deuda de un cargamento de cocaína contra otra facción de Los Monos que estaba alojada en el penal de Ezeiza, que es el lugar donde estaban Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos Damián “Toro” Escobar y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle.

La interna narco se dio intramuros, pero las consecuencias se vieron en la calle, en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez. Desde noviembre de 2022 comenzaron a ocurrir ataques incendiarios y a tiros contra dependencias públicas y sindicatos, que fueron el medio para dejar mensajes escritos entre ambas facciones. Todos esos hechos están en plena etapa investigativa y faltan detalles para que se solicite una fecha para hacer el juicio oral y público.

La violencia escaló el 1º de febrero de 2023. En cuestión de horas, balearon la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez –donde dejaron una nota para los presos de Ezeiza– y luego secuestraron al voleo al músico Lorenzo “Jimi” Altamirano que salía de ensayar en la zona oeste, a quien después ejecutaron de varios disparos a metros del Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s en el que Vinardi, Escobar y Avalle tienen especial injerencia al ser los cabecillas de la barrabraba rojinegra.

La hipótesis de que Altamirano fue asesinado para dejar en su cuerpo un papel dirigido a los reclusos de Ezeiza fue expuesta por los mismos fiscales que investigan el legajo.

Los fiscales también atribuyeron a Camino haber matado a un hombre el 20 de febrero de 2023 en Pasaje 1.752 al 2000. Y al día siguiente de haber matado a Pablo Sebastián Latorre en el velorio de Maturano, en una cochería ubicada en Teniente Agneta al 1700, en la zona oeste. Según la causa, en ambos casos el objetivo era matar al hijo de Maturano.

En el legajo fiscal, el jefe de la célula de Los Monos en la zona oeste también fue imputado por instigar múltiples balaceras, entre ellas, a un carrito de comidas rápidas y al supermercado Único de la familia Roccuzzo, atentados que fueron realizados con la misma pistola calibre 9 milímetros, según ventiló el Ministerio Público de la Acusación.

Para la Justicia provincial, el objetivo de esos hechos siempre fue el mismo: generar conmoción social para que se endurezcan las condiciones de encierro de sus rivales.

Después de la última seguidilla de violencia, el interno fue llevado al penal federal de Marcos Paz, desde donde sigue el juicio por el doble femicidio.

Un jefe narco preso, vinculado a Los Monos, comenzó a ser juzgado en Rosario por, presuntamente, haber ordenado el secuestro y la ejecución de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, respectivamente, el 12 de julio de 2022, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

Se trata de Pablo Nicolás Camino (31), quien acumula condenas por 40 años de cárcel por homicidio, balaceras y asociación ilícita y, en paralelo, está imputado por instigar la balacera contra el supermercado Único perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El debate oral y público se lleva adelante en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana.

El eje del debate es el rol que tuvo Camino y cuatro presuntos integrantes de su organización en el doble femicidio, quienes formaron parte, además, la estructura delictiva en el comercio de estupefacientes.

Junto al recluso son juzgados Melisa Negro (38) –expareja del preso–, la presunta vendedora de droga Sandra Beatriz Calegari (55), el presunto autor material del doble femicidio Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22), quien trasladó a las hermanas hasta el descampado donde las mataron. Todos afrontan un pedido de prisión perpetua.

Según la acusación, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda de Camino. “El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el presunto sicario.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular. Ese auto luego se dirigió hasta el domicilio de Sandra Calegari, donde descartaron elementos.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste.

Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación. Lo mismo, Calegari, quien fue arrestada por un legajo de narcomenudeo y posteriormente se la imputó por los asesinatos de Marianela y Estefanía.

El dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, en total se realizaron 29 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de ese barrio del sur rosarino. En esos procedimientos, los agentes desarticularon múltiples puntos de venta de estupefacientes.

A la vez, secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dispositivos electrónicos, una balanza de precisión, armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.

El operativo se realizó en el marco del Plan Bandera y contó con la intervención del Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la PFA. La investigación comenzó a partir de un requerimiento del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, en la causa que indaga el triple homicidio del 23 de diciembre pasado en el mismo barrio.

Según informaron fuentes policiales a Infobae en ese momento, dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en un terraplén cercano a Pasaje Lirio y España. Además, una cuarta víctima, identificada como Roque A., fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de arma de fuego en la cara y en el pecho, y debió ser internada en terapia intensiva.

En el lugar, la Prefectura Naval encontró los cuerpos de Érica Tamara Ayala, de 35 años, y de un hombre que, al momento del hallazgo, no había podido ser identificado. Más tarde se supo su nombre: Juan Pablo Enríquez (34).

Ambulancias trasladaron a dos heridos, entre ellos Sergio Fabio Roldán (34), quien murió poco después en el Hospital Centenario a causa de los disparos recibidos en el tórax y en los brazos.

Mientras tanto, el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones de Santa Fe trabajó en la recolección de vainas servidas y el relevamiento de rastros y cámaras de videovigilancia.

De acuerdo al parte difundido este viernes, la investigación de la PFA permitió identificar distintos puntos de venta de droga al menudeo en Las Flores Sur, presuntamente operados por varias organizaciones que se disputaban el control territorial para la venta de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos que derivaron en la detención de las once personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo y el secuestro de elementos clave para la causa.

Tanto la droga incautada como los detenidos quedaron a disposición judicial.

Detenidos por narcomenudeo en Rosario

El martes pasado, la PFA detuvo a cuatro personas en una maniobra de narcomenudeo detectada en la vía pública, en el barrio Parque Casado de Rosario. El operativo se realizó en la calle Centeno al 2.600, durante tareas de vigilancia encubierta por parte de la División Antidrogas Rosario.

Durante la observación, los efectivos advirtieron que dos hombres esperaban en actitud sospechosa en la vereda, mientras prestaban especial atención a su alrededor. Minutos después, un auto Chevrolet Onix se detuvo frente a ellos y, desde la ventanilla, se realizó un pasamanos de una bolsa plástica a cambio de la exhibición de un teléfono celular, lo que permitió inferir que se trataba de una transacción de droga con pago virtual.

Ante la evidencia, los agentes interceptaron a los cuatro involucrados y procedieron a identificarlos. Dos de ellos, de 27 y 20 años, habían entregado la bolsa de nylon con un trozo compacto de clorhidrato de cocaína con un peso total de 141 gramos, además de portar teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los otros dos, de 25 y 36 años, recibieron la sustancia y tenían en su poder un teléfono celular. Todo el procedimiento se realizó en presencia de testigos y bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Microtráfico del MPA.

Tras la detención, los cuatro fueron trasladados a una comisaría, acusados por infracción a la Ley 23.737.

El violento asesinato de Juan Carlos Fernández, registrado en Las Flores la noche del 23 de enero de 2019, se inscribe en una cadena de crímenes que sacudió al barrio y a la estructura interna de Los Monos. Ahora, siete años después, la Fiscalía imputó a uno de los responsables.

El homicidio, ejecutado mediante un ataque desde una moto mientras la víctima volvía de recolectar cartones, representó una nueva represalia tras la muerte de Petrona Isabel “Chabela” Cantero, hermana del fundador de la organización criminal, puesto que Fernández había estado involucrado en asesinato de la mujer.

Según la Fiscalía, la investigación dejó al descubierto un entramado de venganzas vinculadas a enfrentamientos familiares y la frágil seguridad que vivía la zona, donde los vecinos denunciaban amenazas constantes.

Finalmente, siete años después, la fiscal Paula Barros imputó a Diego Elías F. por su presunta participación como conductor de la moto desde la que se efectuaron los disparos que provocaron la muerte de Fernández. Según la información divulgada, la acusación se centra en la hipótesis de que Diego Elías F. era quien manejaba la moto durante el ataque.

El ataque ocurrió a las 22.30 en la intersección de calle España y Pasaje 5 de Agosto, frente a un playón municipal, en un sector seguido por cámaras de videovigilancia pública.

La jueza María Trinidad Chiabrera determinó dictar prisión preventiva por dos años al acusado, mientras pesa sobre él la imputación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio y portación ilegítima de arma de guerra.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, estas acusaciones derivan del relato fiscal, que le atribuyó a F. haber conducido la moto desde la que un cómplice disparó contra Fernández, de 33 años, y su amigo Jorge A., de 28.

El hombre recibió siete heridas de bala, uno de los disparos impactó en su cabeza, provocando la muerte por hemorragia masiva. El amigo, alcanzado por cuatro tiros, sobrevivió.

En el lugar, los peritos recolectaron al menos 11 vainas, calibre 9 milímetros, lo que reforzó la hipótesis de un atentado planificado. El ataque no fue percibido como un hecho aislado; familiares y vecinos lo consideraron como una reacción directa ante el asesinato previo de Chabela Cantero, ocurrido dos años antes en una pelea en el mismo barrio.

El crimen original que desató el ciclo de represalias había ocurrido el 16 de junio de 2017. Aquella tarde, Chabela Cantero, de 56 años, caminaba junto a su nieta Luisana, de 16, y era acompañada por dos hijas en moto.

De un momento a otro, “Pato” Schneider, conocida del barrio, salió de su casa, inició una pelea con las mujeres y, repentinamente, extrajo un arma de fuego. Ella disparó varias veces, hiriendo a Chabela, quien murió camino al Hospital Roque Sáenz Peña, y lesionando de gravedad a su nieta, que sobrevivió al balazo en el cráneo, aunque sufrió secuelas en la vista. La agresión dejó otros dos heridos.

La Justicia avanzó sobre ese hecho en febrero del año pasado, cuando Schneider fue condenada a 16 años de prisión y su hijo, Jonatan Itre, a once años por disparar en el mismo suceso y lesionar a otra integrante de la familia Cantero. Ambos habían sido detenidos en San Nicolás en 2022.

Desde el asesinato de Chabela Cantero, al menos cinco crímenes fueron atribuidos al clima de represalia instaurado tras ese hecho.

Y la muerte de Fernández, apodado “Nando” o “Juanca”, profundizó el temor de sus allegados. Según expresaron sus hermanas, la familia permaneció bajo custodia policial tras el ataque de 2017, protección que fue retirada días antes del asesinato de Fernández, quien tenía antecedentes y era identificado en el barrio.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que buscaba trasladar la supervisión de la ejecución de la sentencia contra Pablo Nicolás Camino —condenado como miembro de la organización narco “Los Monos”— del fuero federal al provincial de Santa Fe, resolviendo que siga bajo la órbita judicial federal.

La decisión se dictó este lunes y responde a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que advirtió la gravedad institucional y técnica de la causa.

El conflicto central enfrentó dos interpretaciones sobre quién debe controlar el cumplimiento efectivo de la condena a Camino, penado con 40 años de prisión por delitos federales y ordinarios de suma gravedad, y actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Federal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N°3 había remitido la ejecución de la pena a la justicia provincial. La fiscalía, encabezada por el Fiscal General Javier Augusto de Luca y litigada en primera instancia por Federico Reynares Solari, apeló la remisión argumentando la necesidad de que la federal siga a cargo por la complejidad y el alto perfil del caso.

Según el fiscal, la continuidad federal responde a razones técnicas y de política criminal: Camino fue condenado como integrante de una estructura dedicada al narcotráfico y su custodia está regulada por el Régimen de Alto Riesgo del Sistema SIGPPLAR—administrado sólo por el SPF según la Resolución Ministerial N° 35/2024—. Sostuvo que asignar el control a la jurisdicción provincial sería “material y funcionalmente inapropiado”, dado que no tiene competencia real sobre el ámbito penitenciario federal. En su presentación, insistió: “se garantizaría un tratamiento legal acorde a los estándares técnicos requeridos en casos de alto perfil y un seguimiento especializado”.

El caso de Camino ilustra la superposición de condenas en distintos fueros: una pena unificada de 40 años de prisión dictada en la provincia de Santa Fe, y una condena federal de 8 años, también unificada con penas anteriores, que llevó a declarar su reincidencia y a establecer 67,5 unidades fijas de multa e inhabilitación absoluta. Además, el tribunal federal acumula la ejecución de las condenas impuestas a otros integrantes de “Los Monos”, como Ariel Máximo “Guille” Cantero y Leandro “Pollo” Vinardi.

El fallo de Casación, que lleva la firma de los jueces Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, analiza la doctrina de la Corte Suprema sobre la unificación de sentencias cuando hay condenas en fueros distintos. El eje doctrinario remite al criterio de que quien dicta la última sentencia debe integrar las penas, aunque hace excepción por el perfil del caso de Camino.

En palabras del juez Gemignani, “corresponde recordar que Pablo Nicolás Camino fue condenado por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Rosario y zonas aledañas, junto a otros integrantes”. Sostuvo que, por las particularidades de la causa y en coincidencia con el Ministerio Público, debe ser el tribunal federal “quien proceda con arreglo al art. 58 CP –integrar la totalidad de las sentencias que pesan sobre Pablo Nicolás Camino– y también quien controle la ejecución de la sanción única que seleccione”.

Remarcó que concentrar los legajos de todos los condenados por la organización ante un único tribunal resulta fundamental “a fin de garantizar la observancia y tutela de los derechos y garantías que amparan a las personas condenadas”.

El fallo hace hincapié en que la justicia federal no sólo lleva los expedientes del propio Camino, sino que supervisa la ejecución de penas de otros líderes y miembros de la organización. Señala que la trascendencia institucional del caso y la especificidad de la logística penitenciaria federal justifican sobradamente la intervención federal continua. Además, resalta la incorporación de Camino al SIGPPLAR, lo que por sí solo torna “dificultoso, sino también inconveniente” ceder el control a una autoridad ajena a la competencia material —la provincia—.

Por su parte, el juez Carlos Mahiques subrayó: “la unificación peticionada y el control de la ejecución penal exorbitan la jurisdicción provincial” y ponderó tanto la naturaleza federal de los delitos como la situación particular del condenado.

El juez Mariano Borinsky adhirió a los fundamentos de sus colegas y recalcó que la razón central radica en la gravedad de los hechos federales por los que fue condenado Camino, el alcance institucional y la pertenencia a la organización “Los Monos”: “la condena impuesta a Pablo Nicolás Camino en el fuero federal lo fue por haber cometido graves hechos de narcotráfico y formado parte de una conocida organización narco-criminal con injerencia en la ciudad de Rosario y alrededores denominada ‘Los Monos’”.

Finalmente, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal hicieron lugar unánimemente al recurso fiscal, anularon la resolución que ordenaba el pase de la ejecución al fuero provincial y remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento acorde a los lineamientos fijados.

En Pérez, al oeste del Gran Rosario, un episodio de violencia armada sacudió las últimas horas del domingo: un hombre vinculado a la banda Los Monos fue emboscado y asesinado a tiros en plena vía pública.

La víctima, Walter Daniel Dilzen, de 38 años y conocido como “Teta”, fue sorprendido al transitar en su motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos por la avenida Los Talas al 400, en el barrio Cabín 9.

Según informó Rosario3, dos personas armadas lo interceptaron a bordo de otra moto y, sin mediar palabras, abrieron fuego en su contra. Al menos tres disparos fueron realizados a corta distancia, y dos de ellos impactaron directamente en el cuerpo de Dilzen, quien perdió la vida en el acto.

El ataque se produjo cerca de las 18 horas, en una zona donde la presencia policial se incrementó tras el suceso. Testigos de la escena alertaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) mediante un llamado al 911, acción que derivó en el arribo inmediato de los equipos sanitarios, quienes constataron que el hombre ya había fallecido.

El hombre asesinado mantenía antecedentes penales y tenía vínculos con la organización criminal rosarina. Las primeras versiones dan cuenta de que, durante los últimos años, estuvo vinculado a diferentes hechos policiales y pasó periodos detenido.

La investigación avanza para esclarecer la mecánica del crimen, definir la identidad de los autores materiales y deslindar motivaciones específicas detrás del ataque, siempre bajo un panorama marcado por disputas criminales y episodios de violencia organizada en la región.

En el lugar, el gabinete criminalístico preservó la escena y realizó un amplio relevamiento, recopilando pruebas balísticas y testimonios. El objetivo del operativo es identificar a los responsables de este nuevo episodio de sangre.

Los atacantes lograron escapar y, hasta el momento, no se reportaron detenidos relacionados con el homicidio.

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario

La ciudad de Rosario volvió a atravesar una noche violenta. En horas de la madrugada del sábado, se registró un ataque a tiros en el barrio Toba, ubicado en la zona oeste, que dejó como saldo a dos personas fallecidas y otras cuatro heridas, según informaron fuentes policiales a Infobae. Una de las víctimas fatales es una adolescente de 16 años.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en la intersección de Campbell y Cisneros. En el caso intervino el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda, quien fue notificado de la situación luego de que ingresaran múltiples llamadas al 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con las primeras informaciones, los disparos fueron contra un grupo que se hallaba en la vía pública y las autoridades investigan si en el sitio funcionaba un punto de venta de droga.

Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico constató la presencia de varios heridos a quienes se les brindó asistencia inmediatamente. Luego, dentro de un pasillo próximo al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien todavía no fue identificado. La Fiscalía ya dispuso la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal e indicó tareas periciales para confirmar la identidad y circunstancias del deceso.

También hallaron a una joven llamada Deisy Jazmín Durán, de 16 años, quien fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una grave herida de arma de fuego en la zona del cráneo. La adolescente fue asistida en la guardia, pero finalmente, a las 5:20, falleció.

En consecuencia, el fiscal Saldutti ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico para el levantamiento de rastros en la escena, la recolección de material balístico y el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. También se llevaron adelante tareas de planimetría, fotografía y toma de testimonios.

Las primeras averiguaciones permiten establecer que el atacante habría llegado solo y a pie, disparando hacia el grupo reunido en el lugar. La investigación se mantiene en reserva mientras se buscan determinar con precisión la mecánica del hecho e identificar al o los responsables. Además, voceros policiales indicaron que el barrio Toba es una de las zonas de Rosario donde la fuerza mantiene un refuerzo de presencia policial por antecedentes de episodios vinculados a la violencia y el tráfico de estupefacientes.

Uno de los cabecillas de la célula de Los Monos que operó desde 2021 en adelante en parte de la zona noroeste de Rosario –que mantuvo una violenta disputa con la célula liderada por el recluso Francisco Riquelme, quien responde a Esteban Alvarado– fue condenado este viernes a una pena unificada de 50 años de prisión. Se trata de Andy Fabián Benítez (28), quien aceptó un juicio abreviado, en el que fue declarado reincidente, por diez homicidios, dos tentativas de homicidios, balaceras, asociación ilícita y extorsiones.

En una audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Penal, el tribunal integrado por María Trinidad Chiabrera, Paula Álvarez y Silvana Lamas González homologó el procedimiento abreviado que había sido acordado entre los fiscales Marisol Fabbro y Alejandro Ferlazzo con la defensa del acusado, quien está en la cárcel desde 2020 por una causa por portación de arma. Desde entonces, su carrera delictiva no paró de crecer a partir de alianzas tejidas en el penal de Piñero, desde donde impartió órdenes a través de su celular a distintos integrantes de la estructura relacionada con Los Monos.

Uno de los diez homicidios por los que fue condenado Benítez es de los más graves que se cometieron en Rosario en los últimos años. Se trata del homicidio del colectivero César Roldán, perpetrado el 2 de diciembre de 2023, cuando un adolescente hizo señas en Eva Perón y Cullen a un colectivo de la línea 116, pero en lugar de subir como pasajero, acribilló al chofer y dejó una nota con un mensaje para Valentino Barjacoba, un gatillero de la organización de Alan Funes que también está alojado en Piñero. El insólito móvil fue dado a conocer por el fiscal Alejandro Ferlazzo: Benítez se habría enojado con Barjacoba por un amorío mantenido con una joven.

De acuerdo a la información brindada desde el Ministerio Público de la Acusación, además del asesinato de Roldán, el recluso fue condenado por instigar desde el pabellón 8 de la unidad penitenciaria santafesina los homicidios de Maximiliano González, Fabricio Maregui, Aarón Aguirre, Vicenta Muñoz, William Rillos, Gonzalo Contreras, Sergio Leguizamón e Iván Romero.

González, Maregui y Aguirre fueron víctimas de un triple homicidio que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2021 en México al 1700, hecho que fue enmarcado en un ataque para ampliar el dominio en esa zona de Rosario.

En tanto, Vicenta “Tita” Muñoz fue asesinada de varios disparos el 29 de diciembre de 2021 en Garzón y Tupac Amaru, un punto de venta de droga de la competencia de Benítez. En idéntico contexto, Williams Rillo fue ejecutado a tiros a media cuadra de la comisaría 12ª el 26 de enero de 2022, un año fatídico para las estadísticas criminales de la ciudad.

Distinta fue la situación de Gonzalo Contreras, que había formado parte de la célula –de hecho llegó a ser detenido por responder a otro cabecilla de Los Monos, el recluso Mauro Gerez–. Se presume que Benítez mandó a matarlo el 23 de julio de 2023 en un presunto aguantadero de Rafaela al 6000 tras haber mantenido una pelea intramuros en Piñero con su socio Gerez.

En el caso de Sergio Leguizamón, fue asesinado de un disparo en el rostro el 27 de julio de 2023 en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Se cree que fue otro hecho relacionado con una interna en la célula de Los Monos.

Iván Romero, en tanto, fue víctima de una balacera que no era para él. Ocurrió el 13 de diciembre de 2023 en Ghandi y Garzón, cuando un grupo de sicarios disparó contra cuatro personas, entre las que se encontraba Romero. Sin embargo, según la investigación, los tiros eran para una persona que estaba al lado suyo.

Los crímenes, como las balaceras y las extorsiones, tuvieron por objetivo conseguir que esa célula de Los Monos domine los barrios Industrial Ludueña y Empalme Graneros, donde hubo numerosos enfrentamientos a tiros con la célula de Riquelme, vinculada a Alvarado, para tratar de quedarse con el territorio para comercializar droga al menudeo.

Después de seis meses de investigación, la Justicia federal desarmó la estructura de un grupo de narcomenudeo que usaba a menores para vender drogas, especialmente bolsitas de cocaína, en Rosario. Eran conocidos como “La Banda del Playón” y tendrían, según sospechan, un vínculo comercial y territorial con “Los Monos” para poder operar sin riesgos.

El operativo, llevado a cabo por la Policía Federal, terminó con 28 allanamientos y una decena de detenciones, además del inicio de una nueva etapa en la investigación que, tal vez, le permita a la Justicia saber por dónde sigue el hilo en la cadena productiva narco.

Aunque el secuestro de sustancias fue módico, los investigadores se encontraron con casi 7 millones de pesos, la réplica de un arma y teléfonos celulares que podrán peritar en busca de pruebas y nuevos indicios.

De momento hay nueve personas detenidas. La banda del Playón es así conocida porque operan en la zona de Bielsa y Magallanes, justamente en un lugar identificado como “el playón”. Los policías encontraron una módica suma de dosis de cocaína y un manojo de plantas de cannabis en estado vegetativo (lo que indica que no estaban en su período de producción de flores, que son las que se comercializan porque contienen la molécula THC, que es la que genera los efectos psicoactivos).

“Si bien los allanamientos del otro día, en cuanto a secuestro de drogas y demás, no fueron muy fuertes, sí nos permitieron encontrar básicamente a estos actores que estaban operando afuera y que eran básicamente quienes estaban regenteando a los menores”, contó el fiscal Diego Giro de la Unidad Especial de Microtráfico, del Ministerio Público de la Acusación santafesino, que trabajó en equipo con la Justicia Federal dado que la “Banda del Playón” se cruzaba en sus respectivas investigaciones.

Durante los procedimientos, los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) también identificaron a otros treinta y cinco individuos, quienes fueron notificados de la causa pero no procesados. Según el parte oficial difundido por la fuerza, “se confiscaron 51 teléfonos celulares, 730 dólares, 25 euros, una réplica de revólver, un DVR, dieciocho cajas de papel para el armado de cigarrillos y documentación" presuntamente relevante.

Parte de los domicilios allanados ya habían sido objeto de investigaciones previas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe. La investigación se inició en febrero, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario detectó distintos puntos de venta de drogas ilegalizadas al menudeo, es decir, en pequeñas dosis.

“Bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Investigación encabezada por el Dr. Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación Rosario, los efectivos determinaron que estos lugares de expendio correspondían a las bandas mencionadas, que mantienen una disputa activa por el dominio de la ciudad", explicaron fuentes oficiales.

La banda del Playón estaba manejada por Oscar Lezcano, quien regenteaba desde la cárcel, a donde fue a parar en junio pasado igual que su esposa por estas mismas investigaciones. Sin embargo, uno de sus hijos manejaba el negocio familiar fuera de prisión bajo las órdenes de su padre y con la ayuda de dos colaboradores, Sergio Borda y Axel Duarte.

Entre todos manejaban a sus soldaditos, chicos de entre 14 y 18 años. Duro explicó que hay sobradas pruebas e incluso testimonios de algunos de los menores involucrados. De hecho, los chicos tienen abiertos otros procesos judiciales por tenencia de armas o de drogas ilegalizadas, por lo cual los expedientes se cruzan permanentemente.

“Nosotros tenemos la hipótesis de que respondían a una célula de Los Monos”, comentó el fiscal de Microtráfico y no descartó que el clan de Lezcano esté en el medio de una disputa mayor entre las dos bandas de narcomenudeo más pesadas de Rosario, Los Monos y Los Menores.

Los fiscales trabajaron infiltrados en el campo, se ordenaron seguimientos, hubo puestos de observación e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, lo que permitió identificar a los integrantes de las organizaciones y el rol que cada uno desempeñaba.

Una vez reunidas las pruebas necesarias, el Colegio de Jueces ordenó la ejecución de estos veintiocho allanamientos que explotaron en cadena el jueves en calles como Bielsa, Esquiu, Gorriti, De La Salle, Juan Vucetich, Francia, Calle 1323, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla y Schweitzer.

Dylan Lautaro Cantero (21), hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fue imputado este jueves junto con una de sus hermanas por venta minorista de droga en la zona sur de Rosario. El joven, que había sido baleado en octubre y en noviembre en cercanías de su casa de barrio La Granada, fue arrestado el viernes de la semana pasada ni bien fue dado de alta en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

El fiscal provincial César Pierantoni acusó a Dylan, a su hermana Mariana Cantero, Luzmila Melani Barrías y Sebastián Reyna por haberse dedicado al narcomenudeo entre marzo y septiembre de este año.

Según explicó ante el juez Rodrigo Santana, los integrantes del clan Cantero habrían ocupado el rol de presuntos organizadores de la estructura que comercializaba marihuana y cocaína, principalmente, en el barrio Las Flores.

Según la investigación del fiscal que integra Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Reyna y Barrías son personas de estrecha confianza de Dylan y Mariana. Ambos se encargaron de mantener contacto con quienes comercializan la droga en los distintos búnkeres de la zona sur, y también utilizan una propiedad de barrio La Granada para acopiar la droga.

El domicilio donde guardaban la droga fue allanado el 25 de septiembre pasado. Allí, la Policía incautó 1,928 kilos de marihuana, 776 gramos de cocaína, una balanza de precisión, bolsas de bicarbonato de sodio y una bolsa con precintos, que se utilizan para fraccionar el estupefaciente. También se secuestraron 45 cartuchos calibre .22, 39 cartuchos calibre 9 milímetros, una Toyota Hilux modelo 2016, una Honda Wave y una Honda Tornado.

El fiscal Pierantoni también llevó a audiencia a Maia Solange Alcaraz, pero no como presunta integrante de la organización. En su caso, es porque la Policía de Santa Fe halló en su domicilio una pistola calibre 9 milímetros y ocho cartuchos de ese calibre el pasado 28 de noviembre durante un allanamiento.

El 28 de noviembre, casualmente, fue dado de alta Dylan Cantero del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras permanecer 11 días internado después de haber resultado herido de varios disparos en el abdomen, en una pierna y en una mano en cercanías de su casa de barrio La Granada. En ese ataque, perpetrado el 17 de noviembre, también fueron lesionadas sus sobrinas de 12 años y 1 año y 8 meses, quienes fueron asistidas en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde ingresaron fuera de peligro.

Ni bien tuvo lugar la balacera donde resultaron heridos Dylan y sus sobrinas, el joven Cantero fue llevado rápidamente al Hospital Roque Sáenz Peña –desde donde luego lo derivaron al HECA– en un taxi que era manejado por Sebastián Reyna, hoy imputado y preso como su presunto mando medio en la cadena minorista de venta de droga.

El hijo del fundador histórico de Los Monos ya había sido atacado a tiros el 15 de octubre pasado, también a metros de su domicilio. En esa ocasión, el disparo había impactado en una de sus piernas. Estuvo menos de un día internado en el HECA, hospital que fue baleado horas después de que él fuera dado de alta. En la escena del atentado –por el que ya hay cinco imputados–, la Policía secuestró una nota dirigida a Dylan.

Por resolución del juez Santana, la audiencia imputativa de este jueves pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes. Cuando se reanude, expondrán las defensas y se discutirán las medidas cautelares.

La Justicia de Rosario condenó a tres integrantes de la banda de Luciano “Lucho” Cantero, lo que marca una nueva sentencia contra el crimen organizado. Los acusados, vinculados a robos de motos a mano armada y acopio de armas, aceptaron penas de 5 y 6 años de prisión por su pertenencia a una asociación ilícita.

Las condenas se alcanzaron en el marco de un juicio abreviado formalizado por la jueza Hebe Marcogliese. Dos de ellos, además, enfrentan cargos por el homicidio de Luciano Muscio, un joven asesinado durante un asalto.

Los ahora condenados fueron capturados entre 2022 y 2024. Según informó La Capital, la notoriedad de la organización liderada por Lucho Cantero, hijo del asesinado jefe de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, se consolidó en enero de 2021, cuando se viralizó una fotografía en la que posaba junto al trapero Zaramay y un grupo de jóvenes armados.

Este episodio, que atrajo la atención pública, precedió una serie de hechos violentos, como los disparos en una terraza de Arrieta al 1800 durante la Navidad de ese año y el ataque a balazos a un móvil de la Policía de Acción Táctica horas después. Por estos hechos, “Lucho” Cantero fue condenado en noviembre pasado a 6 años de prisión, aunque resultó absuelto por la causa de la fotografía.

La estructura de la banda, con base en los barrios Las Flores y La Granada, se dedicaba al comercio de drogas, acopio de armas, extorsiones y robo de vehículos, y se le atribuyen varios homicidios. Desde junio de 2021 hasta los allanamientos de enero de 2022, la organización sumó cerca de 30 implicados. Según la acusación, Cantero ejercía el liderazgo junto a su pareja Erica Bullón y su madre Lorena Verdún, ambas ya condenadas, y contaba con Dylan “Capocha” Baldón como organizador.

Los condenados este martes, Juan Ignacio “Juani” González, Yamir José “Yami” o “Jeimi” Insaurralde y Agustín “Kaki” Varela, fueron considerados miembros activos de la organización, que suma como agravante la participación de menores de edad.

González e Insaurralde recibieron penas de 6 años de prisión, mientras que Varela fue sentenciado a 5 años por su pertenencia al grupo.

Yamir Insaurralde, de 23 años, fue detenido el 30 de marzo de 2022 por gendarmes que lo sorprendieron con un arma en un pasillo del pasaje 528, entre 507 y Khantuta, en barrio Las Flores. Tras una persecución, le incautaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros y un cargador de otra arma que habría descartado durante la huida. En la vivienda utilizada como aguantadero, la Policía halló tres motos robadas: una Honda CB 190, una Honda Wave y una KTM Duke 250, todas sustraídas en distintos hechos recientes. Por estos delitos, sumó cargos por tenencia ilegal de arma y encubrimiento.

La sentencia sostiene que Insaurralde “era empleado por sus jefes para el cumplimiento de tareas delictivas”, con acceso a armas y vehículos. En escuchas telefónicas, Lucho Cantero y su tío Dylan lamentaron la pérdida de las armas y motos incautadas por la policía. Dylan Cantero, baleado días atrás en La Granada y próximo a enfrentar una acusación por narcomenudeo, también aparece en las conversaciones intervenidas.

Juan Ignacio González, de 21 años, fue identificado como participante de “reuniones vinculadas a operaciones” del grupo en la casa de Capocha Baldón. La condena indica: “Como los demás integrantes tiene a su disposición armas de fuego y material balístico, así como rodados de todo tipo para la ejecución de los planes delictivos”.

González fue detenido el 30 de agosto de 2022 con una pistola Browning 9 milímetros con numeración limada. Ese mismo día, en el pasaje 528 y 207, también fueron apresados Capocha y un menor con una Bersa Thunder y una moto robada.

Las escuchas revelaron que Lucho Cantero solicitaba a González sus datos para que lo visitara en la cárcel de Marcos Paz. La sentencia describe su función como “mano armada” de la organización y encargado de obtener vehículos robados que luego eran desguazados o modificados en su titularidad.

Agustín Varela, de 23 años, fue el último prófugo capturado en agosto de 2024 cuando circulaba en auto por Avellaneda y Lamadrid. Además de su pertenencia a la banda, se le imputó portación ilegal de arma. Las escuchas lo mencionan como amigo de Lucho Cantero y un hábil “piloto” de la organización.

Tanto Kaki Varela como Juani González aguardan juicio como coautores de un homicidio criminis causa, delito que prevé prisión perpetua. Se los acusa del asesinato de Luciano Muscio, un técnico en refrigeración de 28 años, baleado el 3 de julio de 2022 para robarle la moto cuando regresaba con su novia de un encuentro de aficionados a las motos.

Las escuchas revelaron que, tras la rotura de una moto de Kaki, Dylan Cantero informó a Lucho, quien ordenó conseguir una similar. Capocha sugirió realizar el robo en la colectora de la autopista a Buenos Aires o en una reunión convocada por el perfil de Instagram Gálvez Stunt. Muscio, que había adquirido un Volkswagen Gol y planeaba independizarse, asistió ese día al evento con su pareja.

Al regresar, cerca de las 17.40, una moto se les emparejó a la altura del kilómetro 278 de la autopista a Buenos Aires, frente a la planta de General Motors. Desde una KTM Duke conducida por Kaki y con González como acompañante, según la acusación, le apuntaron a Muscio con un arma y le exigieron la moto. El joven no tuvo tiempo de reaccionar y recibió dos disparos con un arma calibre .380, que le provocaron la muerte por shock hemorrágico. Su novia resultó ilesa. Los atacantes se llevaron la moto en dirección al sur de Rosario.

Las autoridades de Rosario imputaron a los integrantes de una banda dedicada al microtráfico de droga, que operaba en los barrios Nuevo Alberdi y La Cerámica de la zona norte de Rosario. La investigación identificó a Brian Adrián Acuña, actualmente preso en la cárcel de Piñero, como supuesto líder de la organización, quien coordinaba las operaciones desde el teléfono fijo del pabellón 11.

La audiencia imputativa, celebrada este martes involucró a 7 integrantes de la banda, quienes, de acuerdo con la acusación, operaron al menos entre agosto y noviembre de este año, según informó el medio local Rosario3.

La causa se activó a partir de una denuncia por amenazas y episodios violentos, lo que permitió a los investigadores profundizar en la estructura del grupo.

La fiscal Banchio señaló ante el juez Hernán Postma que Acuña, condenado en diciembre de 2014 a 10 años y 8 meses de prisión por el homicidio del rapero Ariel Alejandro Ávila en el barrio Empalme Graneros, mantiene vínculos con la banda “La Mafilia”, liderada por los presos Pablo Camino y Leandro Vilches, de Los Monos.

Entre los imputados figuran Valeria “La Polaca” Monserrat, Emanuel “Berraco” Verón, Brenda Malena Núñez, Darío Exequiel Cristaldo, Carlos Francisco “Pancho” Pérez –también detenido–, Priscila Ayelén Anguilante y Federico Emanuel Flores. El juez Postma dispuso prisión preventiva efectiva para todos, excepto para Flores, quien recibió una medida cautelar de 90 días. Además, se establecieron restricciones en las comunicaciones para los miembros que ya se encontraban privados de libertad.

La investigación sostiene que, tras recuperar la libertad por una condena previa relacionada con la venta de drogas, Monserrat y Verón asumieron el rol de organizadores dentro de la estructura dirigida por Acuña. Ambos informaban periódicamente al líder sobre las ventas, las deudas y la dinámica territorial.

La droga era almacenada inicialmente en el domicilio de Presidente Quintana al 200 bis, en barrio Tablada, bajo la custodia de Monserrat y Verón. Posteriormente, los estupefacientes se trasladaban a una vivienda de Siripo al 1500, donde Núñez y otra persona se encargaban de fraccionar la sustancia y prepararla para su comercialización en la vía pública.

El reparto de funciones dentro de la organización incluía a Cristaldo, responsable de fraccionar y vender marihuana en un punto de Hipólito Irigoyen al 1300. Por su parte, Anguilante fue identificada como vendedora, ya que fue observada realizando “pasamanos” en un callejón de Héctor Palacios y Cullen y Ugarte, en el barrio Nuevo Alberdi. La fiscalía también atribuyó a “Pancho” Pérez, compañero de pabellón de Acuña, la gestión del ingreso de Anguilante a la banda y la asignación de un punto de venta.

En el caso de Flores, la acusación se centró en la tenencia de 75 gramos de cannabis sativa en una vivienda de Zelaya al 900, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento de dosis.

Hospitalizaron a un peligroso preso que se tragó un tenedor

Este fin de semana, un interno de la Unidad XI de Piñero fue trasladado de urgencia el sábado por la tarde al hospital Cullen de Santa Fe tras ingerir un tenedor, lo que provocó una lesión interna que requirió atención médica inmediata y un operativo de seguridad de gran escala.

La incertidumbre sobre los motivos que llevaron al recluso, identificado como A. C., de 27 años, a tragar el utensilio motivó a las autoridades penitenciarias a iniciar una investigación interna para esclarecer el contexto del incidente, según informó una fuente del hospital Cullen a Rosario3. El caso involucra a un detenido considerado “de alto perfil”, aunque no se difundieron detalles sobre su condena o situación judicial.

El operativo de traslado, que se realizó cerca de las 19:00, incluyó la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe y equipos médicos de emergencia. El paciente permanece internado bajo estricta vigilancia policial mientras los médicos evalúan su estado y definen el tratamiento a seguir.

Hasta el momento, no se informó si la ingestión del tenedor fue accidental, voluntaria, parte de una protesta, resultado de un padecimiento psicológico o un intento de autolesión. El futuro inmediato del interno dependerá de su evolución clínica.

Dylan Lautaro Cantero (21), el joven integrante de Los Monos que fue atacado a tiros el lunes de la semana pasada en la puerta de su casa en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario, fue dado de alta este viernes al mediodía en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí estuvo internado con impactos de bala en el abdomen, en una pierna y en una mano. Ahora, fue llevado a la cárcel porque el fiscal provincial de Microtráfico de drogas, César Pierantoni, ordenó su arresto por una investigación que tiene en curso.

El hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fue sacado del hospital en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal, que contó con la colaboración de la Policía santafesina. Se lo vio en silla de ruedas, con chaleco balístico, casco y esposado.

Según pudo conocer Infobae de investigadores policiales, tres personas que habían ido a buscar a Dylan al Heca también fueron aprehendidas. Su situación procesal se resolverá en las próximas horas.

El joven integrante del clan Cantero fue baleado el 15 de octubre y el 17 de noviembre en Caña de Ámbar al 1800. En la primera ocasión lo hirieron en una pierna. Al día siguiente, en horas de la mañana, le dieron el alta. Horas después, dos gatilleros en moto abrieron fuego contra el hospital y arrojaron una nota dirigida a él. Por ese atentado ya hay cinco sospechosos imputados.

En el último ataque sufrió heridas de arma de fuego más complejas que requirieron intervenciones quirúrgicas y una mayor estadía en el hospital, que desde un primer momento estuvo bajo un fuerte operativo policial que incluyó el corte de calle Crespo, la arteria por la que había tenido lugar la balacera el 16 de octubre pasado.

El lunes de la semana pasada, horas después del ataque a Dylan, hubo otros dos episodios sangrientos. En uno, también en la zona sur, balearon a Rosa Caminos –hermana del asesinado líder de la barra brava de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, que fue condenada por narcotráfico– y sus dos hijos Yoana Marisel C. (39), Rubén Alberto C. (35) en Presidente Quintana al 100 bis.

Ocho personas fueron acusadas penalmente por ese hecho el pasado miércoles, uno como el presunto tirador y los otros por encubrimiento, ya que habrían intentado incendiar la moto usada para la balacera.

El otro caso tuvo lugar en la zona de Felipe Moré y Gaboto, donde cuatro gatilleros divididos en dos motos abrieron fuego en un pasillo de casas e hirieron a Daiana Florencia T. (31), Joaquín R. (21) y Tiago Nahuel C. (18). El más joven es familiar de un recluso sindicado como presunto miembro de la banda narco Los Menores.

Después de las tres balaceras ocurridas en la tarde de este lunes en distintos puntos de Rosario, donde resultaron heridas nueve personas –integrantes de los clanes narco Cantero, César, Caminos y Cappelletti– la Policía de Santa Fe detuvo a ocho sospechosos con una moto robada que habría sido utilizada en al menos uno de los ataques.

Los efectivos también secuestraron un auto que, suponen, estuvo involucrado en los disparos a Dylan Cantero, el hijo de Ariel Cantero, fundador de Los Monos, y hermano de Claudio “Pájaro” Cantero -asesinado en mayo de 2013- y de Ariel “Guille” Cantero, que acumula más de 100 años de prisión por sus crímenes. El joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Personal del Comando Radioeléctrico llevó a cabo un procedimiento en Garibaldi al 100, en barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad, al seguir a un sospechoso que vestía prendas similares a las señaladas por los testigos de la balacera perpetrada en horas de la tarde en Presidente Quintana al 100 bis.

En ese hecho resultaron lesionados Yoana Marisel C. (39), Rubén Alberto C. (35) y Rosa Anahí Caminos (56), conocida por ser la hermana del asesinado líder de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Caminos, y por haber sido condenada por narcotráfico en el operativo “Rosa Blanca”.

Los agentes aprehendieron a Luis Alberto A. (37), Brian Cristian Z. (35), Sebastián Esteban G. (33), Ezequiel Juan Carlos R. (31), Jonatan Gastón Z. (30), José Ramón P. (22), Elías Uriel A. (21) y Franco Rafael R. (20). También incautaron la indumentaria que podría tener conexión con uno de los hechos y celulares.

En el mismo operativo, la Policía dio con una Duke KTM 200, parecida a la moto que quedó grabada en las cámaras de Presidente Quintana al 100 bis, desde donde dos gatilleros abrieron fuego contra las víctimas.

Por las averiguaciones realizadas, el vehículo tiene un pedido secuestro activo desde el pasado 3 de agosto por robo. Fue llevada a la comisaría 15ª junto con los demorados, que quedaron a disposición del fiscal Patricio Saldutti del Ministerio Público de la Acusación.

El Comando Radioeléctrico también incautó un 208 gris oscuro durante la tarde de este lunes en inmediaciones de Alsina al 5300. Según testigos, de ese auto se bajaron cuatro personas y una de ellas limpió una de las puertas traseras antes de irse a pie.

Como dato curioso, sobre el limpiaparabrisas trasero, los uniformados hallaron una vaina servida calibre 9 milímetros, mismo calibre que el usado para balear a Dylan Cantero en Caña de Ámbar al 1800, en barrio La Granada, donde fue atacado por segunda vez en un mes.

El 208 podría ser, para los investigadores, el vehículo utilizado por los gatilleros que hirieron tanto a Dylan como a sus sobrinas de 13 años y 1 año y 8 meses. Ambas están fuera de peligro.

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros otra vez este lunes a metros de su casa de la zona sur de Rosario, informaron fuentes oficiales a Infobae. Está grave.

Las mismas fuentes dijeron a este medio que junto a Dylan estaban dos de sus sobrinas: de 13 años y de 20 meses e hijas de Mariana y Macarena Cantero, respectivamente. Ambas niñas resultaron heridas, ya que estaba junto a su tío cuando lo atacaron en la vereda de su casa, ubicada en Caña de Ámbar y Pasaje 512, en la zona sur de Rosario.

“Fue Macarena quien trasladó a su hermano, a su hija y a su sobrina en taxi a un centro de salud”, ampliaron. Las menores están fuera de peligro.

El hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero y sus sobrinas fueron ingresados al hospital Roque Sáez Peña. Dylan presentaba “dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en la región lumbar”, según indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Luego, lo derivaron Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en código rojo y, debido a la gravedad de su cuadro, fue ingresado al quirófano. Está grave.

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti, quien dispuso las medidas de rigor y que se tome testimonios a los testigos del ataque. Así, en la zona donde fueron baleados los Cantero se levantaron 33 vainas servidas: 10 impactos y 21 plomos.

“Por dichos de los vecinos, los sicarios podrían circular en un auto marca Peugeot 208 color gris”, especificaron los investigadores.

El primer y segundo ataque

El pasado 15 de octubre, Dylan Cantero también fue atacado a tiros en el barrio La Granada de la zona sur de Rosario. Ese día, cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo del “Viejo” Cantero. También lo trasladaron en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde fueron apostados policías del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Al día siguiente y con Cantero Jr. ya dado de alta, aunque nadie lo sabía, dos sospechosos en moto balearon el HECA. No se registraron heridos.

“Al menos dos (tiros) dieron sobre una ventana donde una persona atiende las 24 horas el conmutador de emergencias", comentaron a esta medio los informantes. Y agregaron que había una mujer que estaba en ese sector “se movió” justo y los disparos le pasaron muy cerca. Quedó "shock“.

Los agresores dejaron una nota. “Dylan Cantero, no batas la cana”, ese fue el mensaje dejado en un papel por los sicarios.

El fiscal Franco Tassini quedó a cargo del expediente que al día siguiente del ataque dejó detenidos a tres sospechosos: fueron encontrados prendiendo fuego una parte de la moto utilizada para la balacera, que estaba parcialmente desguazada, en bulevar Seguí y las vías del ferrocarril.

Pero recién el 23 de octubre un adolescente de 16 años se entregó ante la Justicia de Santa Fe tras haber sido allanado cinco domicilios de su círculo familiar en Rosario. El menor está sindicado en la investigación que lleva adelante el fiscal Tassini como el presunto autor material de los disparos contra el HECA.

Por el ataque a tiros al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ocurrido el pasado 16 de octubre en Rosario, fue detenido un quinto sospechoso. Se trata de Mariano Alfredo G. (30), quien fue allanado y arrestado por la Policía de Investigaciones en la zona oeste de la ciudad por pedido del fiscal Franco Tassini, a cargo del caso.

A Mariano G. lo ubicaron en un domicilio situado en las inmediaciones de Felipe Moré y las vías del ferrocarril, donde se secuestró un celular que será enviado a peritar por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Según se presume, el sospechoso habría participado en una acción posterior al atentado, relacionado con la parte logística, de acuerdo a los datos brindados por el Gobierno provincial. Posiblemente, será llevado a audiencia imputativa a comienzos de la próxima semana en el Centro de Justicia Penal.

Por este legajo, el pasado 25 de octubre el fiscal Franco Tassini imputó a Fabián Gabriel Espinosa (32), Roque Ismael Fernández y Emanuel Oscar Perichón (30) por el delito de encubrimiento. Son quienes al día siguiente del ataque fueron aprehendidos mientras prendían fuego las partes de la Honda Wave utilizada para el hecho –que había sido robada el 30 de septiembre–. Dicho procedimiento ocurrió en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

El juez Rodrigo Santana resolvió la prisión preventiva efectiva hasta febrero próximo para los tres.

En tanto, el fiscal Ernesto Ducasse, de Responsabilidad Penal Juvenil, acusó en la misma audiencia a L. G. I., el adolescente de 16 años detenido. Fue ante el juez de Menores Estanislao Surraco. En su caso, le atribuyeron haber sido quien el pasado 16 de octubre por la tarde disparó contra uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y arrojó una nota con un mensaje para Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos.

El sospechoso se entregó tras haber sido buscado sin éxito en operativos que realizó la Policía de Investigaciones. Finalmente, se entregó: sin compañía de abogado, ingresó en la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y expresó que se ponía a derecho.

Por los indicios recolectados en la causa, el menor habría sido quien iba como acompañante en la moto desde la que se abrió fuego contra el hospital, sobre el ala que está por calle Crespo. Antes de tirar, el sospechoso arrojó una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había estado internado allí el día anterior tras una balacera en barrio La Granada, donde recibió un impacto en una pierna.

Al adolescente lo acusaron por la calificación legal de tentativa de homicidio, una situación poco frecuente en las imputaciones de este tipo.

Dylan Cantero había sido baleado el 15 de octubre en Caña de Ámbar al 1800. Con heridas en las piernas, fue trasladado al Heca, donde permaneció internado hasta la mañana del 16 de octubre, horas antes del atentado, en el que no hubo lesionados.

Este lunes, el Tribunal de Rosario dictó condena para uno de los casos más resonantes de los últimos años en la región. Los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Carlos Leiva sentenciaron a Nahuel Matías Basualdo, alias “Ciruja”, a 17 años de prisión tras considerar acreditada su responsabilidad en el homicidio agravado de Ismael Barboza, un joven de 19 años que perdió la vida acribillado en la puerta de su casa del barrio Alvear durante mayo de 2022.

Según informó el portal Rosario3, la condena fue leída en la sede judicial ayer al mediodía, confirmando la hipótesis presentada por la Fiscalía desde el inicio del proceso.

La investigación, dirigida por el fiscal Lisandro Artacho, llegó a consolidar una serie de pruebas contundentes contra el acusado, tanto por testimonios directos como por pericias forenses.

Durante el debate oral, la figura de Basualdo emergió como la de un conocido trapito en la zona, vinculado a tareas eventuales en el cruce de Seguí y Carrasco, a menos de 200 metros del escenario del crimen.

A pesar de los intentos de la defensa por desligar a Basualdo, el Tribunal evaluó las pruebas reunidas a lo largo de la causa y determinó que el acusado disparó cinco veces hacia Barboza.

Según consta en el fallo, cerca de las 18:20 del 9 de mayo de 2022, Barboza se encontraba dentro de su domicilio de calle Biedma al 2800, en el barrio Alvear.

Dos testigos claves, amigos de la víctima, declararon que, mientras jugaban videojuegos en el fondo de la vivienda, escucharon cómo alguien llamaba a la puerta. “Negrito, ¿todo bien? ¿Está el Isma?”, preguntó una voz reconocida por su tono y el particular lunar en el rostro, detalle que luego ayudó a identificar a Basualdo como el tirador.

Al salir, Barboza recibió tres impactos de bala en el tórax y, tras trastabillar hacia el interior, murió frente a sus amigos y familiares.

El agresor huyó del lugar y permaneció prófugo durante cinco meses hasta que fue localizado y detenido. El pedido de detención surgió tras los reconocimientos que hicieron testigos en una rueda de personas.

De acuerdo con el relato del fiscal, la casa de la víctima había sido allanada por una investigación vinculada a la banda narco liderada por Máximo Ariel “Viejo” Cantero, líder histórico del clan de Los Monos. Incluso la madre y una de las hermanas de Barboza continuaban detenidas como supuestas integrantes de esa red, aunque en el juicio no se demostró una conexión directa entre ese contexto y el motivo del crimen.

A pesar del cúmulo de elementos en su contra, Basualdo nunca admitió su responsabilidad ante el tribunal. Durante la audiencia, intentó deslindar su participación, argumentando que el verdadero homicida estaba ubicado detrás de él en la escena o alegando que debió huir por temor pese a su inocencia.

Los jueces descartaron esta versión por considerarla carente de sustento y por la contundencia de los testimonios y peritajes balísticos.

En la causa judicial se destacó que el homicida y la víctima sostenían una disputa previa, aunque no quedó claro en el debate el origen ni la magnitud del conflicto. En ese sentido, se mencionó a una posible “bronca” entre ambos, pero la Fiscalía subrayó que el entorno narco de la víctima no constituyó un elemento determinante, apenas un telón de fondo sin incidencia directa en la motivación del asesinato.

El hallazgo de teléfonos celulares e indumentaria presuntamente relacionados con el ataque armado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario representó un avance significativo en la investigación que encabeza el fiscal Franco Tassini.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del jueves y estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y los grupos de irrupción, ambos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. En esta oportunidad, los puntos de interés fueron varios domicilios ubicados en Dean Funes al 4400, Felipe Moré al 4300 y en el área de las vías férreas del barrio Triángulo.

Según explicaron las autoridades, los allanamientos permitieron el secuestro de material de interés para la causa, entre los que se destacan los dispositivos móviles y prendas de vestir que podrían estar directamente vinculados con el hecho ocurrido el jueves 16 de octubre.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, En esa fecha, dos individuos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra una parte del hospital público, aunque no se reportaron heridos como resultado del ataque.

Recientemente, la causa sumó a un nuevo detenido, luego de que un adolescente de 16 años se entregara voluntariamente. El joven, señalado como presunto autor material de los disparos efectuados hace una semana contra el centro de salud, acudió sin la asistencia de un abogado a la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y manifestó su decisión de ponerse a disposición de las autoridades.

El fiscal Tassini había ordenado previamente el allanamiento de cinco domicilios vinculados al entorno familiar del menor. De hecho, la Policía de Investigaciones había intentado localizarlo el miércoles anterior mediante diversos operativos, aunque sin éxito. Finalmente, el adolescente optó por entregarse el jueves al mediodía.

Según los elementos reunidos en la investigación, el menor habría ocupado el lugar de acompañante en la motocicleta desde la que se efectuaron los disparos contra el hospital, específicamente sobre el ala ubicada en la calle Crespo.

Antes de abrir fuego, el sospechoso habría arrojado una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo de Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, fundador histórico de la organización criminal Los Monos. El sucesor del jefe narco había permanecido internado en el hospital el día anterior, tras resultar herido de bala en una pierna durante un ataque en el barrio La Granada.

El mensaje dejado por los atacantes, incautado por la PDI, decía: “Dylan Cantero, no batas la cana”. Además del papel, los agentes recogieron seis vainas servidas en el lugar, tomaron declaraciones a testigos y analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona, siguiendo instrucciones del Ministerio Público de la Acusación.

En el expediente, el fiscal ya había dispuesto la detención de tres personas que, al día siguiente del ataque, fueron sorprendidas mientras intentaban incendiar una parte de la motocicleta utilizada en la balacera. El vehículo, parcialmente desguazado, fue hallado en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

Por esto, el Ministerio Público de la Acusación solicitó que los cuatro detenidos —el adolescente y los tres implicados en el intento de destrucción de la moto— comparezcan en una audiencia imputativa conjunta. Esta instancia podría realizarse en el Centro de Justicia Penal este sábado, si así lo determina la Oficina de Gestión Judicial. Aún restaría identificar al conductor de la motocicleta empleada en el ataque y, eventualmente, al instigador del atentado, en el que no se registraron personas heridas.

El atentado contra el centro médico se cree que surgió como consecuencia de la balacera contra Cantero. Según reconstruyeron las autoridades, cuatro atacantes dispararon en su contra desde un vehículo color blanco.

De acuerdo con el testimonio de la madre de Dylan, estos dispararon desde la intersección de Caña de Ámbar y el Pasaje 512. Allí, los efectivos encontraron dos vainas servidas, manchas de sangre y daños de bala en una de las viviendas de la cuadra.

Un adolescente de 16 años se entregó en el mediodía de este jueves ante la Justicia de Santa Fe tras haber sido allanado cinco domicilios de su círculo familiar en Rosario. El menor está sindicado en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Tassini como el presunto autor material de los disparos contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, ocurrido hace exactamente siete días.

El sospechoso había sido buscado sin éxito este miércoles en operativos que realizó la Policía de Investigaciones. En las últimas horas, sin compañía de abogado, ingresó en la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y expresó que se ponía a derecho.

Por los indicios recolectados en la causa, el menor habría sido quien iba como acompañante en la moto desde la que se abrió fuego contra el hospital, sobre el ala que está por calle Crespo. Antes de tirar, el sospechoso arrojó una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había estado internado allí el día anterior tras una balacera en barrio La Granada, donde recibió un impacto en una pierna.

“Dylan Cantero, no batas la cana”, fue el mensaje dejado por los sicarios. El papel fue incautado por personal de la Policía de Investigaciones, que también levantó el material balístico –seis vainas servidas–, tomó testimonios y relevó las cámaras de videovigilancia de la zona por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

En el legajo, el fiscal Tassini ya dejó detenidos a tres sospechosos que al día siguiente del ataque a tiros al Heca fueron encontrados prendiendo fuego una parte de la moto utilizada para la balacera, que estaba parcialmente desguazada, en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se solicitó que los cuatro detenidos, el menor y los tres aprehendidos por el incendio del vehículo, sean llevados juntos a una misma audiencia imputativa, que podría celebrarse en el Centro de Justicia Penal el próximo sábado si así lo dispone la Oficina de Gestión Judicial.

En la investigación resta establecer la identidad del conductor de la moto que sirvió de transporte para la balacera, y eventualmente el instigador del atentado en el que no hubo personas lesionadas.

El ataque a Dylan Cantero

Cantero resultó herido por disparos durante la tarde del miércoles pasado en el barrio La Granada, al sur de Rosario. Cuatro atacantes dispararon desde un vehículo blanco y los balazos alcanzaron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi al HECA.

El tiroteo tuvo lugar poco después de las 18, en las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Al llegar al sitio, personal del Comando Radioeléctrico habló con Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan y ex pareja de “Viejo” Cantero.

Según la mujer, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina con el Pasaje 512, dirigiendo los balazos contra su hijo, identificado como parte del clan Cantero.

Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Dada la presencia de Dylan Cantero, la Unidad Regional II había determinado reforzar la seguridad alrededor del hospital, por lo que se preveía algún posible ataque como el ocurrido.

Se dispuso la presencia de efectivos del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata armados, estableciendo un perímetro sobre la manzana comprendida entre avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Luego del ataque con armas de fuego al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de la ciudad de Rosario —en donde habían internado a Dylan Cantero, de Los Monos—, las autoridades dieron a conocer este lunes los últimos avances en la causa. La Secretaría de Asuntos Penales de la ciudad santafecina informó que cuatro personas resultaron detenidas en el marco de la investigación por el hecho registrado el jueves de la semana pasada.

Según precisó la titular del área en diálogo con Radio 2, Lucía Masneri, tras los arrestos, continúan trabajando en el análisis de las imágenes captadas en la zona donde ocurrió la balacera para avanzar con el esclarecimiento de los hechos bajo investigación del fiscal Franco Tassini.

Todo sucedió un día después de que Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos, Máximo Ariel “Viejo” Cantero, haya sido ingresado al HECA por una herida de bala en su pierna el miércoles pasado después de las 18.

En ese episodio, ejecutaron una serie de disparos, desde un vehículo blanco en el que circulaban cuatro individuos, y uno de ellos impactó en Cantero. El joven fue trasladado en taxi desde las inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800 al HECA. Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó al sitio donde se originó todo, hablaron con la madre de la víctima, Patricia Contreras. Según contó, los agresores transitaban en el automóvil y solo dispararon al llegar a la esquina del Pasaje 512. Los oficiales hallaron dos vainas servidas, manchas de sangre y registraron daños de bala en la fachada de una vivienda vecina.

Por este caso, la fiscal confirmó que hay vigente una recompensa por 12 millones de pesos para quien aporte datos sobre el ataque.

El ataque contra el hospital ocurrió el jueves a la tarde, cuando dos sospechosos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el frente ubicado sobre la calle Crespo. Según indicaron, una mujer que cumplía funciones en ese sector se desplazó unos segundos antes del ataque, lo que evitó que resultara alcanzada por los proyectiles. La empleada fue atendida luego del episodio y manifestaba síntomas de shock, aunque no sufrió lesiones físicas. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre el personal de salud ni entre las personas que transitaban la zona al momento del tiroteo.

Por de internación de Cantero, la Unidad Regional II había dispuesto con anticipación mayores medidas de seguridad en el entorno del hospital, ante la posibilidad de que se produjera un ataque como el registrado.

En consecuencia, se asignó personal del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata, que establecieron un cerco armado en la cuadra delimitada por avenida Pellegrini y Vera Mujica. Cuando al mediodía el familiar del líder de la banda recibió el alta, la vigilancia en el área se levantó.

De acuerdo a los datos a los que pudo acceder Infobae, tras el relevamiento de la escena, los agentes aseguraron haber recolectado seis vainas servidas. Los disparos impactaron en una abertura del hospital donde por lo general hay una persona para la atención. “Al menos dos (tiros) dieron sobre una ventana donde una persona atiende las 24 horas el conmutador de emergencias”, sostuvieron fuentes del caso, en diálogo con este medio.

De acuerdo con información indicada por Rosario3 y confirmada por el Ministerio Público de la Acusación, los sospechosos resultaron detenidos el viernes último, cerca de bulevar Seguí y las vías del ferrocarril en la zona oeste de la ciudad. Allí, personal policial los interceptó mientras quemaban una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo y que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para disparar en cuatro ocasiones contra el nosocomio. Los adultos quedaron a disposición de la Fiscalía.

Según explicaron los integrantes del Ministerio Público de la Acusación ante el juez Aldo Bilbao Benítez, Fernández está preso luego de haber sido imputado en 2023 como presunto organizador de la banda liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, causa por la que podría ser condenado antes de fin de año a través de un juicio abreviado.

La audiencia, que comenzó el lunes, pasó a varios cuartos intermedios. Continuó el miércoles, siguió el jueves y este viernes terminaron de exponer las partes, por lo que la próxima semana se conocerá la resolución del juez. La extensión se debió a una cuestión lógica: son 33 los imputados, con “Jano” a la cabeza.

Los fiscales señalaron que Fernández “fue designado” por parte de presos de Los Monos que están alojados en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, como son los casos de Leandro “Pollo” Vinardi, Carlos Damián “Toro” Escobar y Cristian “Pupito” Avalle -históricos laderos del líder de la banda- y “Guille” Cantero. Todos también conocidos, entre otras cosas, por haber formado parte de los enormes dibujos de aquella bandera que se desplegó en el estadio de Newell’s durante el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez frente a Lionel Messi y Claudio Tapia.

Vinardi, Escobar y Avalle acumulan condenas por homicidio, asociación ilícita, balaceras y narcotráfico. Los tres además siempre estuvieron apuntados por liderar la barra brava de Newell’s con gente de Villa Gobernador Gálvez y parte de la zona sur de Rosario.

El motivo del cambio de mando de Los Monos se debió, según dijeron los fiscales, al aislamiento y endurecimiento del régimen de comunicaciones y visitas que tuvieron “Pollo”, “Toro” y “Pupito” en Ezeiza y Marcos Paz.

“Fernández, desde su lugar de alojamiento (Piñero), tuvo un rol de mayor protagonismo mediante el uso indebido de celulares y contactos personales de sus visitas para el gerenciamiento de esta organización”, ponderaron los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

La cocaína que comercializa la estructura investigada lleva el logo de un delfín, un sello ya visto en distintos operativos en distintos puntos del país.

En una parte de la audiencia, los fiscales reprodujeron varios videos que muestran el volumen de dinero que mueve el narcomenudeo. Si bien en las filmaciones se ven fajos de billetes, los investigadores ponderaron un millonario caudal de dinero que reciben los dealers vía transferencia bancaria o por billeteras virtuales.

Uno de los videos exhibidos ante el juez encabeza esta nota y muestra a un vendedor de cocaína haciendo una prueba de pureza de la droga ante la queja que habían recibido de varios clientes.

“Jano” había sido uno de los integrantes de Los Monos que en octubre de 2023 quedaron expuestos en escuchas telefónicas junto con “Pupito” Avalle intentando gestionar encuentros con precandidatos a jefe comunal en distintas localidades santafesinas y con gremialistas para extorsionarlos para que le cedan actividades.

Según indicó Avalle a Fernández en una conversación telefónica, a los dirigentes políticos no les pedían plata. “Les decimos: ‘Queremos simplemente que nos des los servicios que vos tenés ahí para cortar el pasto, cosas. Las cooperativas’. Y si hay un sindicato, queremos estar adentro”.

En el legajo también consta que a distintos gremios los extorsionaron –incluso intimidaron mediante balaceras y notas– para exigirles que les cedan el negocio de las viandas de los afiliados.

De los 33 imputados en esta maratónica audiencia también están cinco compañeros del pabellón 5 de Fernández: Milton Joel “Oreja” Rivero, Cristian David Ayala, Marcos Daniel Vera, Yair Agustín Vera y Miqueas Fernando Gómez, todos relacionados con Los Monos.

En el caso de Ayala, está preso por haber sido quien trasladó la bandera de la barra de Newell’s que se mostró en el homenaje de “La Fiera” Rodríguez. En tanto, Rivero recibió una pena a perpetua por haber matado a Osvaldo “Popito” Zalazar, un interno que estaba sindicado por el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero.

Los hermanos Marcos y Yair Vera, a su vez, fueron condenados como miembros de la organización encabezada por Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador histórico de Los Monos.

A los acusados se sumó Gladys Retamozo, madre de “Pupito” Avalle, que estaba en la cárcel por asociación ilícita. Morena Avalle, hermana del recluso, ya había sido llevada a audiencia, donde le atribuyeron formar parte de la estructura.

El listado de imputados se completó con Alejandro Daniel “Zapa” o “Zapatito” Vallejos –presunto líder de la barra brava de Newell’s–, José María “Yiyo” Medrano –presunto jefe de la barra de Coronel Aguirre, un club de Villa Gobernador Gálvez–, Rubén Ricardo Rodríguez, Damián Nicolás Escobar, Marianela Pedraza, Alejandra Elizabeth Vera, Érica Vanina Márquez y Norma Itatí Arocha.

Los siguen Leonardo Javier “Mosca” Di Renzo, Rubén “Ponja” González, Hugo “Tiburón” Oscariz, Nicolás Nahuel Orellano, Luis Marcelo Castro, Daniel Brito “Dominicano” De León, Mirco Joaquín Gruning, Luis Alberto Flores, Lucas “Cepe” Fita Alustriza, Carolina Eliana Marín Rojas, Karen Berlari, Yamila Velázquez, Marcia “Chami” Ortigoza, Eliana Muñóz, Milagros Evelyn Romero y Agustín Gonzalo “Jamaica” García.

A otras dos personas, Stéfano Horacio López y Antoine Arabian, se les atribuyó haber vendido dólares blue a la presunta banda de “Jano” Fernández para que puedan comprar cocaína con la divisa.

Para la investigación, debajo de Fernández se situó su mano derecha, Rubén Rodríguez, quien administra la droga y lleva la contabilidad al punto de ser a quien le mandan todas las transferencias de dinero.

La próxima semana, el juez Bilbao Benítez dará a conocer si hace lugar a las calificaciones legales escogidas por el Ministerio Público de la Acusación y a los pedidos de prisión preventiva.

Dylan Cantero (21), hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, fue atacado a tiros en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.

Cuatro gatilleros abrieron fuego desde un auto blanco e hirieron en la pierna derecha al hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero. El joven fue trasladado en taxi hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado fuera de peligro.

La balacera ocurrió pasadas las 18 en inmediaciones de Caña de Ámbar al 1800. Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y entrevistó a Patricia Celestina Contreras, madre de Dylan Cantero, y ex pareja del “Viejo” Cantero.

La mujer señaló que los agresores pasaron en el auto y recién al llegar a la intersección con el Pasaje 512 tiraron en dirección al joven integrante del clan Cantero.

Los agentes encontraron dos vainas servidas en la escena del hecho, manchas de sangre y constataron los impactos de varios disparos en la fachada de una casa vecina.

Por la presencia del miembro de Los Monos, desde la Unidad Regional II se dispuso un operativo de seguridad especial en las adyacencias al hospital, donde fueron apostados policías del Grupo Táctico Multipropósito y del Grupo de Infantería de Respuesta Inmediata con armas largas, estableciendo un perímetro en toda la manzana de la zona de avenida Pellegrini y Vera Mujica.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonios, levantamiento de material balístico y relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.

Dylan Cantero quedó en libertad a finales del año pasado tras purgar un tiempo en la cárcel por dos causas judiciales por las que tuvo una condena unificada en tres años de prisión efectiva.

Uno de los expedientes es de cuando era menor de edad, por una tenencia ilegítima de arma de fuego y por un encubrimiento vinculado a motos robadas que hallaron en su domicilio.

La otra causa fue por haber aceptado un juicio abreviado como integrante de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero –hijo del asesinado Claudio Ariel “Pájaro” Cantero–, motivo por el cual había caído detenido en septiembre de 2022.

La condena unificada en 3 años de prisión efectiva se dio después de una instancia de apelación, donde la defensa del miembro del clan Cantero planteó que la sentencia por los dos legajos estaba determinada en una pena de 5 años y 6 meses de cárcel, por una suma matemática que no correspondía aplicar.

Fue así que el camarista Tomás Orso en octubre del año pasado hizo lugar al planteo de la defensa y redujo el monto de la pena de Dylan.

Tras una investigación conjunta entre cuatro fiscales santafesinos, este lunes se hicieron 110 allanamientos en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez por venta de droga al menudeo y hechos de violencia. Dentro de las 33 personas detenidas se encuentra Alejandro Daniel “Zapa” V., el presunto jefe de la barra brava de Newell’s, relacionado con la banda narco de Los Monos.

El legajo, en el que intervienen los fiscales Pablo Socca, Federico Rébola, Brenda Debiasi y Franco Carbone, está enfocado en tres estructuras delictivas. Una de ellas, con principal asiento en Villa Gobernador Gálvez, es la que gerencia la barra de Newell’s a través de los reclusos Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan Emiliano “Jano” F, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los procedimientos se llevaron a cabo entre la División Antidrogas de la Policía Federal, la División Judiciales de la Unidad Regional II, grupos tácticos de la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones. En total, se secuestraron 19.500.000 pesos, 2.100 dólares, cocaína, marihuana, elementos de corte y balanzas de precisión.

Los agentes también incautaron seis armas de fuego: dos escopetas, una pistola tumbera, dos revólveres calibre .22 y uno calibre .32.

Por la causa se requisaron celdas del pabellón 8 de la cárcel de Piñero y los establecimientos penitenciarios federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se halló un celular, papeles con anotaciones y tarjetas SIM.

Según comentaron a este medio fuentes de la investigación, la mayoría de los domicilios particulares allanados son de familiares o parejas de reclusos con vinculación con las organizaciones que disputan el territorio para la venta de droga al menudeo en Villa Gobernador Gálvez y parte del sur de Rosario.

Hay, al menos, 20 prófugos. Una de las personas evadidas es una empleada municipal de un hospital de Rosario que está en pareja con el preso Jonatan “Jano” F.

Dentro de la causa están investigados trabajadores de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, como es el caso de José “Yiyo” M., sindicado jefe de la barra brava del club Coronel Aguirre, de esa ciudad vecina a Rosario, quien fue arrestado. También una policía que cumple funciones en un hospital, que está sospechada por posible complicidad.

A los 33 detenidos este lunes se agregan 20 presos, entre los que están Avalle, Escobar, “Jano” F. y Jerónimo “Jeringa” B., quienes serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, en principio, dentro de dos semanas.

En un operativo ejecutado por la Policía de Santa Fe, a través de la Unidad Especial de Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), se concretó la detención de R. O. y A. F. B. tras una serie de allanamientos simultáneos en Rosario y Roldán, en el marco de una investigación por extorsión que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y responde a una causa que tiene a una concesionaria como víctima. R. O. tiene un largo historial penal, puesto que es un ex integrante del clan de Esteban Alvarado, que luego pasó a trabajar para Los Monos.

Según informó el Gobierno de Santa Fe, la intervención policial se desplegó en dos viviendas de Rosario, ubicadas en Eva Perón al 4900 y México al 1400, y en un domicilio de Roldán, en Bulevar de la Fe al 1100. Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a R. O., conocido por su pasado en organizaciones narcocriminales, y a A. F. B.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y, según lo dispuesto, comparecerán en una audiencia imputativa el próximo lunes en el Centro de Justicia Penal.

El fiscal Federico Rébola, responsable de la investigación, ordenó además el secuestro de diez teléfonos celulares, dos pendrives y un vehículo Citroen C4. Estos elementos serán incorporados como evidencia en la causa que investiga un intento de extorsión contra la concesionaria.

R. O. cuenta con una condena de un año y medio de prisión por haber señalado a un empresario como objetivo para que la banda de Los Monos perpetrara una extorsión, hecho que fue probado en grado de tentativa. Anteriormente, integró la organización de Esteban Alvarado junto a su hermana Mariana. Cambió de bando tras testificar en un juicio contra Alvarado y pasó a colaborar con Los Monos.

Cayó “Dibu” Gómez, barra de Newell’s con vínculos con Los Monos y uno de los 10 delincuentes más buscado de Santa Fe

Hace menos de un mes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, de 39 años, en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda. Figuraba en la lista de los diez más buscados de la Provincia de Santa Fe y sobre él pesaba una recompensa de 35 millones de pesos por información que condujera a su captura.

El arresto de “Dibu” se dio en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en el sur del Conurbano. La detención de Gómez responde a investigaciones abiertas en su contra por homicidio y por asociación ilícita.

De acuerdo con el MPA, se lo señalaba como responsable de un crimen ocurrido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal bajo el mando de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso en el penal de Ezeiza con condena a prisión perpetua y vinculado a la banda narco Los Monos, de acuerdo con información oficial.

El detenido, además, fue identificado como referente de la barra brava de Newell’s Old Boys, junto con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar. Ambos se encuentran detenidos y fueron mencionados en las disputas internas que derivaron en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado a balazos el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, había presentado la nómina de los 10 delincuentes más buscados el 5 de agosto, en la que se incluía a Gómez.

La captura de Gómez se inscribe en el marco de una política de seguridad que busca avanzar sobre estructuras delictivas de alto impacto en la provincia. Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de operativos requieren coordinación interinstitucional y trabajo sostenido entre distintos estamentos del Estado. En este caso, la participación de múltiples organismos permitió cerrar el cerco sobre un prófugo que se encontraba fuera del territorio santafesino, lo que implicó mayores niveles de complejidad logística.

Desde su traslado, permanece alojado en el penal de Piñero, a disposición de la Justicia provincial. Las causas que lo involucran siguen en curso y bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.

La Justicia sigue intentando que Ariel Máximo “Guille” Cantero(36), jefe de la banda narco Los Monos, entienda que no es libre de hacer lo que le plazca y que no lo será por mucho tiempo: está condenado a 139 años de cárcel. En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana resolvió hacerlo pagar por haber quemado un colchón en el penal de Marcos Paz.

El juez Adrián González Charvay le aplicó el mecanismo de reparación integral del daño a “Guille”, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y acumula múltiples condenas por distintos delitos.

La decisión del magistrado pone fin a la acción penal por el incendio de un colchón en el pabellón donde Cantero estaba alojado: la quema ocurrió el 8 de junio de 2021 y generó daños valuados en $4.800 de esa época.

La causa que ahora cierra Charvay con el pago de los daños se inició tras el incidente en el Salón de Usos Múltiples del Pabellón VII, Módulo II, cuando Cantero provocó un foco ígneo al prender fuego un colchón.

Por este hecho, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón lo procesó por el delito de daños, previsto en los artículos 45 y 183 del Código Penal. El expediente transitó varias instancias judiciales y, tras una compensación de causas, llegó al Juzgado Federal de Campana.

Durante el proceso, la defensa de Cantero, representada por la Defensora Pública Oficial ante el tribunal, ofreció en marzo de 2022 abonar la suma original de los daños con cargo al peculio del interno, es decir, el dinero que el detenido tiene depositado en la administración penitenciaria.

Sin embargo, la Dirección de Auditoría General del Servicio Penitenciario Federal rechazó esa propuesta, lo que llevó a la continuación del trámite judicial.

Ahora, la defensa presentó una nueva oferta: $130.000 a descontar de manera inmediata del peculio de Cantero, con el objetivo de extinguir la acción penal. La fiscal federal interviniente consideró procedente la reparación integral como alternativa válida para resolver el conflicto.

Y señaló que “en este caso resulta procedente la reparación integral (...) como forma alternativa de resolución del conflicto”. También ponderó que la ley penal lo “prevé”, ya que, de lo contrario, “debería afrontar un juicio oral con la posibilidad de que se le imponga una pena, lo cual resulta ventajoso para la práctica judicial, dado que permite descongestionar la administración de justicia”.

La Dirección Judicial del Servicio Penitenciario Federal también aceptó la propuesta, manifestando su conformidad con el monto ofrecido.

El juez federal de Campana fundamentó su decisión en la lógica de la justicia restaurativa, que busca recomponer el daño causado y restablecer la armonía social.

El magistrado remarcó que “se extinguirá la acción penal, sin más, en todo caso penal en el cual, cualquiera que sea el delito, haya reparado integralmente el perjuicio porque esta regulación de la ley penal es clarísima y no admite dudas ni limitaciones”.

En su análisis, el juez ponderó el tiempo transcurrido desde el hecho, la naturaleza del delito, el dispendio de recursos públicos que implicaría un juicio oral y las condiciones personales de Cantero, quien ya cumple una larga condena.

Consideró Charvay que la finalidad de prevención general y especial de la pena se satisface mejor con el resarcimiento económico que con una nueva condena privativa de la libertad, que en este contexto resultaría meramente simbólica.

La resolución ordena descontar de inmediato $130.000 del peculio de Cantero en favor de la Tesorería General de la Nación, debiendo la defensa presentar los comprobantes correspondientes ante el tribunal.

Según detalló el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Marcelo Albornoz, el traslado comenzó el viernes por la tarde.

El equipo de la TOE acudió a la Comisaría 3ª de Dock Sud, donde Gómez se encontraba alojado tras su captura. Allí, fue entregado al grupo de intervención, que lo condujo en un vehículo especialmente preparado hasta la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, donde ingresó alrededor de las 3.30 del sábado.

El operativo se desplegó con seis efectivos armados con armamento corto y largo, sin contratiempos. A diferencia del momento de su arresto, en el que Gómez ofreció resistencia, el traslado se desarrolló con normalidad. “El traslado fue normal y sin inconvenientes”, afirmó Albornoz.

La detención de Gómez, quien integraba la lista de los diez delincuentes más buscados de Santa Fe, fue resultado de una investigación impulsada por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, presidida por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Esta unidad está conformada por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal, el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Gómez fue arrestado en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini, en pleno Dock Sud. Con esta captura, ya son ocho los prófugos de alto perfil localizados por esta unidad en el último año, dos de ellos en el último mes, según fuentes oficiales.

Contra Gómez pesaban causas judiciales por homicidio y asociación ilícita, ambas investigadas por el MPA. Entre los hechos que se le atribuyen figura un asesinato ocurrido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en la ciudad de Rosario, además de su supuesta participación en una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle. Este último guarda relación con la banda Los Monos y cumple una condena a prisión perpetua en el penal federal de Ezeiza.

Gómez también fue identificado como uno de los referentes de la barra brava de Newell’s Old Boys, junto a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, ambos actualmente detenidos. Los tres están vinculados a la violenta interna de la hinchada rojinegra que derivó en el homicidio de Lorenzo “Jimi” Altamirano, asesinado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

El Estado santafesino había ofrecido una recompensa de 35 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero. Tras la detención, el ministro Cococcioni confirmó que ese monto será reasignado a otra búsqueda. “Ya nos comunicamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares, para notificar que esa recompensa vacante se destinará a la búsqueda de otra persona, que pasará a integrar la lista de los diez más buscados”, señaló el funcionario.

La captura de Gómez se inscribe en el marco de una política de seguridad que busca avanzar sobre estructuras delictivas de alto impacto en la provincia. Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de operativos requieren coordinación interinstitucional y trabajo sostenido entre distintos estamentos del Estado. En este caso, la participación de múltiples organismos permitió cerrar el cerco sobre un prófugo que se encontraba fuera del territorio santafesino, lo que implicó mayores niveles de complejidad logística.

Desde su traslado, Gómez permanece alojado en el penal de Piñero, a disposición de la Justicia provincial. Las causas que lo involucran siguen en curso y bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena de Lucía Estefanía Uberti (31), quien el 30 de septiembre de 2021 recibió una pena de 20 años de prisión por haber organizado gran parte de los atentados que perpetraron Los Monos contra domicilios de jueces, edificios judiciales y policiales a mediados de 2018.

“Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”, decía uno de los mensajes que se encontraron en su celular en el marco de la investigación por la que a Ariel Máximo “Guille” Cantero le dieron 22 años de cárcel.

La resolución de primera instancia había sido ratificada en noviembre de 2022 por decisión de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción.

En diciembre de 2023 fue la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que rechazó un recurso de queja de la defensa de Uberti, como así también los agravios por el cumplimiento de la pena impuesta debido a que tenía un hijo menor de edad.

Tras los reveses judiciales, la defensa de la organizadora de los atentados cometidos por Los Monos contra el Estado santafesino interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal de Justicia del país bajo el argumento de que se había violado el principio de inocencia y el debido proceso.

Este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron una resolución en la que consideró desistido el planteo que había sido elevado.

Según el legajo judicial por el que fue condenada, Uberti participó en la planificación de diez de los quince atentados que tuvieron lugar entre el 29 de mayo y el 26 de agosto de 2018.

Los ataques

Los ataques que se le endilgaron a la joven delincuente fueron los siguientes: el 30 de junio de 2018 organizó una balacera contra un domicilio del policía Ariel Lotito de la División Judiciales, quien había declarado contra Los Monos en el famoso juicio de 2017 por asociación ilícita, homicidios y extorsiones.

Uberti también organizó los cuatro atentados contra inmuebles en los que había vivido la jueza Marisol Usandizaga, una de las magistradas que condenó a la banda narco de la zona sur de Rosario. Fueron todos ataques a tiros en el centro y en barrio Martín, donde se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera, que se perpetraron entre el 26 de julio y el 10 de agosto.

La misma “jefa de gatilleros” del clan Cantero dio las instrucciones para que baleen domicilios en los que habían vivido las camaristas Gabriela Sansó y Carolina Hernández, hechos que tuvieron lugar el 5 y 13 de agosto de ese año. Las dos juezas de segunda instancia fueron las que participaron en la confirmación de las condenas por la asociación ilícita, donde “Guille” Cantero y su círculo cercano recibieron altas penas.

Uberti también fue quien orquestó el primer atentado a tiros contra el Centro de Justicia Penal el 4 de agosto, una balacera a la sede de la Fiscalía Regional –cuando funcionaba en pleno centro de Rosario– y una intimidación a la base de la Policía de Investigaciones, donde el 26 de agosto arrojaron una granada de gas lacrimógeno.

El tribunal del Centro de Justicia Penal de Rosario condenó a prisión perpetua a los cuatro imputados que fueron llevados a juicio por el homicidio de Osvaldo Maximiliano “Popito” Zalazar. De esta manera, concluyeron que el hombre había sido atacado durante un traslado realizado bajo custodia del Servicio Penitenciario de Santa Fe como parte de una venganza orquestada por Los Monos.

La resolución se dio a conocer el viernes, cuando los jueces Carlos Leiva, Silvana Lamas González e Ismael Manfrin consideraron culpables a Jonatan Urquiza (30), Milton Rivero (23), Damián Constantini (25) y Juan Ignacio Álvarez (24) de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio simple agravada y portación ilegal de arma de guerra, en calidad de coautores.

En este sentido, la pena máxima fue decidida luego de que el fiscal Patricio Saldutti probara que los acusados pertenecían a una estructura criminal dedicada a cometer ejecuciones por encargo. Asimismo, comprobó el nexo de la banda con Los Monos, quienes les habrían encargado el ataque a modo de venganza.

Según la información publicada por Rosario3, el crimen de Pupito se cometió como respuesta al asesinato del histórico líder de la banda narcorosarina, Claudio “Pájaro” Cantero, quien fue asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gobernador Gálvez el 26 de mayo de 2013.

Tres de ellos estaban detenidos desde el agosto de 2022, cuando fueron localizados con las armas usadas y el vehículo robado que utilizaron como móvil. No obstante, el cuarto implicado fue identificado y capturado a partir del hallazgo de sus huellas digitales.

La emboscada a Zalazar: así mataron al interno

El ataque a Zalazar tuvo lugar la tarde del 14 de agosto de 2022, cuando era trasladado en una combi Mercedes Benz Sprinter del Servicio Penitenciario provincial hacia la cárcel de Piñero. El interno regresaba de una visita familiar, que había sido realizada durante una salida transitoria.

Al circular por la zona de Los Talas al 100, el vehículo fue interceptado por disparos provenientes de un Ford Focus blanco, que había sido robado una semana antes. Los tres agentes a bordo relataron en el juicio que el tiroteo fue inmediato y sin aviso.

Desde el automóvil, se descargaron al menos 27 balas con armas de fuego, incluyendo una ametralladora. Según los investigadores, la ráfaga hirió gravemente al agente Marcelo M. y le provocó heridas mortales a Osvaldo Zalazar, quien falleció tres días después en el hospital.

Poco después del ataque, el personal policial localizó el coche en el que huían los agresores a escasa distancia de la escena. Aunque se produjo una persecución a lo largo de Las Palmeras y ruta 33, tres de los sospechosos fueron detenidos al intentar fugarse a pie al haber chocado el vehículo.

En el auto robado se había encontrado una ametralladora FMK3 y, en las cercanías, una pistola Beretta calibre 11.25 y una Browning 9 milímetros. Los peritajes terminarían por confirmar que fueron las armas utilizadas durante el tiroteo.

Una cadena de venganzas en Rosario

De esta forma, la investigación confirmó que el asesinato de Zalazar formó parte de una serie de venganzas iniciadas tras la muerte del líder narco Claudio “Pájaro” Cantero en 2013. El nombre de Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, preso e identificado como un referente dentro de Los Monos, apareció como instigador del crimen.

Durante un proceso abreviado celebrado en marzo, Avalle admitió la autoría intelectual no solo del ataque contra Pupito, sino de otras 26 órdenes de delitos graves impartidas desde prisión.

En el caso del preso asesinado, se confirmó que este ya había enfrentado un proceso judicial en 2017 junto a otros imputados, relacionados al homicidio de Cantero. Si bien el preso había recibido una condena menor por portación de armas, fue absuelto del asesinato.

Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), jefe de Los Monos, y su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero (22), presunto líder de la tercera generación de la organización, recibieron un revés judicial este lunes que convalidó el cese de las comunicaciones telefónicas de ambos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de los reclusos, que se encuentran desde enero del año pasado en la cárcel de Marcos Paz, dentro del Sistema de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

La resolución salió con el voto coincidente de los jueces Mariano Hernán Borinsky –presidente de la sala– y Gustavo Hornos, quienes se pronunciaron de manera idéntica al Juzgado Federal en lo Criminal N° 2 de Morón –a cargo de Jorge Rodríguez–: el magistrado había dispuesto la prohibición para ambos del teléfono de acceso público para internos del penal federal.

El juez Rodríguez también había excluido a dos visitas permitidas para “Guille”: Jorge Ramírez y Soledad Galarza, a quienes el narco señaló como sus nuevas parejas al declararse bisexual. La medida también contemplaba que únicamente puedan usar el teléfono del pabellón 7 para hablar con sus abogados, cuyos nombres están autorizados.

El fallo de Rodríguez fue apelado por “Guille” y “Lucho” Cantero, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario rechazó la presentación. Ante esa situación, la defensa de los jefes de Los Monos interpuso un recurso de casación que fue denegado este lunes.

Procesados

El cese de las comunicaciones dispuesto por el juez de Morón luego fue acompañado por un procesamiento de los sindicados cabecillas de Los Monos. Fue por una investigación basada en escuchas que, según los fiscales instructores Sebastián Basso y Diego Iglesias de la Procunar, está fechada desde noviembre de 2022 a marzo del año pasado, donde se le atribuye a “Guille” haber ordenado un ataque a tiros contra el complejo penitenciario de Marcos Paz el 13 de noviembre de 2022, donde además se dejó un cartel con la firma “Con la mafia no se jode”.

En las comunicaciones también se detectó que el jefe del clan Cantero intentó vengar un ataque a tiros sufrido por dos allegados.

De acuerdo a los fiscales, los cabecillas de Los Monos presos en Marcos Paz usaron sus contactos telefónicos autorizados de familiares directos para triangular comunicaciones con terceros con el objetivo de brindar órdenes delictivas.

En las intervenciones telefónicas, los investigadores detectaron que el jefe de Los Monos contaba con la participación de su hija Triana y de otros tres jóvenes que posteriormente fueron allanados y detenidos con droga, por lo que a todos se les achacó una causa por venta de estupefacientes.

En tanto, su sobrino se valió de su hermana para triangular los llamados en los que hablaba sobre comercialización de estupefacientes.

El flujo de dinero de Uriel Cantero, hijo del asesinado líder de la banda Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, quedó evidenciado en una charla que mantuvo con su hermana donde habla sobre la construcción de una casa con jacuzzi y lotes de mármol que costaban cerca de nueve millones de pesos que iban a usar para la obra.

La Cámara Federal de San Martín rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Máximo Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, quien había alegado que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) realizaba “controles al solo fin de incomodarlo, molestarlo y despersonalizarlo” en su lugar de detención.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, concluyó que “los argumentos en que el recurrente fundó su agravio (...) no se estiman un agravamiento que requiera de una decisión jurisdiccional para su interrupción” y resolvió confirmar la decisión de primera instancia que había rechazado la acción contra el SPF.

En rigor, la defensa del capo narco había denunciado requisas realizadas los días 3 y 5 de junio, la pérdida de acceso a un canal de música en televisión, la “omisión y excesiva burocratización” en la autorización de visitas para sus hijos menores y la suspensión de videoconferencias con sus abogados desde su encierro en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

El tribunal, tras analizar las actuaciones, señaló que “no se ha restringido la comunicación con su asistencia técnica, la que se ha mantenido por otros medios”, en tanto “ha sido un específico medio de comunicación el que sufrió alteraciones y eso (...) se debe a cuestiones operativas”. A su vez, con relación al canal televisivo reclamado, destacó que Cantero “está habilitado a ver el canal de música TV CHANEL, que fuera el que específicamente reclamara” y que “las inclemencias climáticas pueden alterar y perturbar la normal recepción” de la señal sin que ello implique una restricción arbitraria por parte de la autoridad penitenciaria.

Además, al estudiar el tema de las visitas al líder máximo de Los Monos, los jueces indiciaron que “se ha autorizado a la hermana del detenido –Melisa Cantero– a ingresar con los menores” y que, habiendo cesado el acto que se entendía como agravamiento, corresponde que la situación sea evaluada por el juez natural de la causa. Y en cuanto a las requisas, que según la defensa “tendrían la única finalidad de incomodar al detenido”, la Cámara advirtió que “se habrían fundado en las previsiones del régimen especial al cual está sometido Cantero”.

La sentencia dedicó varios párrafos a puntualizar el alcance del habeas corpus. “Debe entenderse, entonces, que la excepcionalidad de la vía, se funda, principalmente, en la existencia de una afectación actual que sufre el requirente, que la judicatura debe hacer cesar”, explicó el tribunal.

“Sentado ello -precisó después-, (...) los argumentos en que el recurrente fundó su agravio, sobre las requisas realizadas, el cambio de persona autorizada a ingresar con los hijos del detenido y la limitación del canal de música en su televisión, no se estiman un agravamiento requiera de una decisión jurisdiccional para su interrupción”.

Cantero, detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, acumula condenas que suman 139 años de prisión -aunque la ley establece un máximo de 50 años de cumplimiento efectivo- por homicidios agravados, narcotráfico, secuestro extorsivo, asociación ilícita, tenencia de armas y extorsiones. A principios de este mes aceptó un juicio abreviado y recibió siete años de cárcel por extorsionar al dueño de una agencia de quiniela en Rosario desde prisión. En diciembre de 2024, en tanto, recibió otra condena a 19 años de cárcel por otros delitos vinculados al narcotráfico.

“Los Monos” son un clan criminal familiar de Rosario, liderado por la familia Cantero, que desde comienzos de los 2000 dominó el narcomenudeo en la zona sur de esa ciudad santafecina a través del despliegue de puntos fijos de venta de droga abiertos las 24 horas, protegidos por complicidad policial. Surgidos en barrios vulnerables como Las Flores, aprovecharon la ubicación estratégica del territorio para el ingreso de marihuana paraguaya y cocaína boliviana, combinando violencia extrema -secuestros, asesinatos y sicariato- con una estructura empresarial para administrar compras, ventas y lavado de activos ilegales.

El líder de la banda narco Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero (37), volvió a ser condenado. Este lunes aceptó un juicio abreviado por haber habilitado una serie de extorsiones al dueño de la firma de quinielas “El Califa” de Rosario, por lo que recibió la pena de 7 años de prisión.

El recluso, que permanece alojado en el penal federal de Marcos Paz, acumula un total de 139 años de cárcel por fallos por narcotráfico, secuestro extorsivo, amenazas, homicidios, asociación ilícita y balaceras, aunque el límite máximo establecido por el Código Penal es de 50 años.

El juez Nicolás Vico Gimena homologó en la tarde de este lunes el acuerdo al que llegaron los fiscales Federico Rébola, Juliana González y César Pierantoni con la defensa del jefe de Los Monos.

Según la investigación, Los Monos exigieron el pago de un millón y medio de dólares en concepto de “protección” al dueño de la agencia de quinielas “El Califa”. Para poder doblegar a la víctima, realizaron intimidaciones –balaceras y ataques incendiarios– en dos secuencias bien marcadas en el tiempo: una fue entre 2021 y 2022, y la otra en 2023.

La forma de habilitar las extorsiones fue a través del teléfono fijo del pabellón de Marcos Paz, de acuerdo a la investigación. Cantero, para los fiscales, se comunicó siempre a un teléfono cuya titular era Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón –también involucrada en causas por venta de droga por la que se encontraba bajo arresto domiciliario en San Nicolás–, quien luego triangulaba las llamadas con quien pidiera “Guille”.

Los primeros en “apretar” al empresario fueron, a criterio de la causa, Mariana Ortigala y su pareja Sebastián Rodolfo Felipe, quienes lo abordaron en un gimnasio situado en el barrio de Fisherton en la zona noroeste de Rosario.

Esa mujer, para entonces, no era cualquier persona: era una testigo clave en la investigación contra Esteban Lindor Alvarado, casualmente, el capo de la organización enemistada a Los Monos.

Ortigala luego se descubrió que había sido informante de manera irregular del Ministerio Público de la Acusación. Y, actualmente, está acusada por otras causas federales. Además de haber extorsionado al quinielero, está imputada por subalquilar departamentos a integrantes de Los Monos con pedido de captura, y de haber realizado presuntas maniobras de lavado sirviendo de testaferro de “Guille” Cantero en la compra de inmuebles que en realidad eran del jefe narco.

Llamativamente, nunca fue acusada como integrante de esa banda.

La víctima de las intimidaciones se negó a pagar el millón y medio de dólares. A partir de allí, algunas sucursales fueron atacadas con bombas molotov por sicarios que arrojaron notas mafiosas. También balearon un domicilio del empresario y un local de la zona norte de Rosario.

Al año siguiente, según la investigación de Rébola, González y Pierantoni, Los Monos volvieron a la carga. Pero en esa ocasión, “Guille” Cantero delegó las intimidaciones a otras personas de su confianza, ya no en Ortigala y Felipe. Fue allí que prendieron fuego dos agencias de quiniela, una en el barrio de Pichincha y otra en Echesortu.

Todo se supone que fue bajo las directivas del preso Brian Díaz –ya condenado por las extorsiones, hermano de Maximiliano “Cachete” Díaz, sindicado por el crimen del casino City Center de enero de 2020–.

Más condenas

En la audiencia que se llevó a cabo este lunes en el Centro de Justicia Penal hubo otras tres personas que recibieron condenas: Vanesa Barrios (41), esposa de “Guille” Cantero, el mencionado Sebastián Rodolfo Felipe (52) y Kevin David Moreno (23) un integrante de la banda.

Vanesa Barrios recibió la pena de 5 años y 3 meses de cárcel. Como ya tenía un fallo en su contra por narcotráfico –por la conocida causa “Los Patrones”–, se unificó el monto en 17 años y 3 meses.

El fallo para Barrios fue haber extorsionado y despojado de una camioneta y un comercio en 2022 a un condenado narcotraficante al que “Guille” Cantero responsabilizaba por no haber logrado conseguir libertad de su esposa en la causa federal, ya que por entonces tenía arresto domiciliario, que, curiosamente, cumplía en una casa usurpada en la ciudad de Funes.

En tanto, Sebastián Rodolfo Felipe aceptó un abreviado por 4 años y 6 meses de cárcel por haber participado en las extorsiones al dueño de la agencia de quinielas y al narcotraficante al que le sacaron una camioneta y un inmueble de uso comercial.

El jefe de Los Monos y su esposa, para los fiscales provinciales Rébola, González y Pierantoni, instigaron tres atentados dirigidos contra el narcotraficante: dos contra un minimarket en julio de 2021 y enero de 2022 –el primero fue una balacera y el segundo un ataque incendiario– y contra un gimnasio situado dentro de un club en enero de 2022.

Por su parte, Kevin David Moreno (23) aceptó una pena de 3 años y 8 meses de prisión por haber sido participado en la primera secuencia de extorsiones al quinielero entre 2021 y 2022 para exigir el dinero a la víctima.

Un conocido lugarteniente de Los Monos que fue atacado a tiros frente a un hospital de niños el pasado 22 de julio en Rosario, murió en la noche de este jueves en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se trata de Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez (51), quien había recibido un disparo en el cuello y otro en una mano de parte de un sicario que llevaba puesto un casco y se desplazaba en una moto con caja de delivery.

Por los datos recolectados por la fiscal Georgina Pairola, Ramírez estaba en la puerta de su casa de Rueda al 1800, cuando el sicario le dio ocho tiros sin mediar palabra. La víctima rápidamente fue identificada por el vecindario como alguien vinculado al hampa local, ya que su nombre integró la larga lista de condenados como miembro de Los Monos. En su caso, en abril de 2015 aceptó un juicio abreviado por el que recibió la pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

Los vecinos apuntaron desde un primer momento que “Cascarita” solía ser visto en el barrio Hospitales con tobillera electrónica. Según pudo constatar Infobae, estuvo con domiciliaria hasta el 19 de junio pasado, cuando venció una condena de 4 años y 6 meses de prisión por venta de droga, cuya sentencia tuvo lugar el 21 de junio de 2022.

A Ramírez se lo recordó también por haberse fugado de la Jefatura de la Policía de Rosario una vez que fue arrestado por la causa de asociación ilícita por la que después terminó condenado. En enero de 2014, un guardia lo había dejado esposado a una baranda de una escalera y él logró zafarse al tirar fuerte de las esposas. Por esa evasión luego recibió una pena de 5 meses de cárcel y la situación también salpicó judicialmente a un policía, que también formaba parte de la organización liderada por el clan Cantero.

Quienes conocieron a “Cascarita” lo supieron ver en la barra brava de Rosario Central años atrás. Llamó la atención en junio pasado que gente de “Guille” Cantero lo sindicara como el “nuevo jefe” del paraavalanchas de Newell’s, donde además fue fotografiado el 20 de julio pasado, cuando La Lepra jugó de local ante Banfield.

Casualmente, a una cuadra de la casa de Juan Ramírez ese 20 de julio mataron a Brian Nahuel Figueroa (30) a la salida del partido que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa. “Chino”, como lo conocían, era miembro de la banda de Los Coni, que opera en La Lata. Tenía antecedentes por robo y portación de arma de fuego y lo habían allanado en un legajo por venta de droga. No está claro si los homicidios están relacionados.

Figueroa iba al volante de un Polo –junto a dos mujeres, una nena de 5 años y un bebé de un año–, cuando dos sicarios en moto se pusieron a la par en Virasoro al 1900 y dispararon entre siete y ocho tiros. Brian falleció en el HECA, mientras que las dos mujeres sufrieron heridas en las piernas.

“Cascarita” Ramírez había sido noticia también en diciembre de 2020, cuando la Unidad de Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo en Rueda al 1800, en la misma casa donde fue baleado. En esa ocasión, fue por un legajo federal encabezado por el fiscal Claudio Kishimoto y el juez Carlos Vera Barros, donde estaba sospechado por venta de droga y por la muerte de un nene de 7 años que había fallecido en el incendio de una casilla en el barrio El Mangrullo, en la zona sur, en lo que habría sido un ataque intencional por una deuda por narcotráfico de un familiar.

Un conocido lugarteniente de Los Monos fue atacado a tiros en la tarde de este martes frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Los atacantes eran dos y abrieron fuego desde una moto, de acuerdo a los primeros testimonios. Juan Domingo Argentino “Cascarita” Ramírez (51), que estaba con tobillera electrónica por una causa federal de venta de droga desde 2022, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con un disparo en el cuello y su estado es delicado.

Ramírez estaba en la puerta de su casa de Rueda al 1800, lindera a un kiosco que está frente al hospital de niños, cuando los sicarios realizaron seis tiros sin mediar palabra. El hombre rápidamente fue identificado por el vecindario como alguien vinculado al hampa local, ya que su nombre integró la larga lista de condenados como miembro de Los Monos. En su caso, en abril de 2015 aceptó un juicio abreviado por el que recibió la pena de 3 años y 6 meses de cárcel.

A Ramírez se lo recuerda también por haberse fugado de la Jefatura de la Policía de Rosario una vez que fue arrestado por la causa de asociación ilícita por la que después terminó condenado. En enero de 2014, un guardia lo había dejado esposado a una baranda de una escalera y él logró zafarse al tirar fuerte de las esposas. Por esa evasión luego recibió una pena de 5 meses de cárcel y la situación también salpicó judicialmente a un policía, que también formaba parte de la organización liderada por el clan Cantero.

Quienes conocen a Ramírez lo supieron ver en la barra brava de Rosario Central años atrás. Aunque en las últimas semanas llamó la atención que gente de “Guille” Cantero lo sindicaba como el “nuevo jefe” del paraavalanchas de Newell’s. Casualmente, a una cuadra de la casa de Juan Ramírez el domingo pasado mataron a Brian Figueroa a la salida del partido que jugó la Lepra ante Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.

Figueroa iba al volante de un Polo –junto a dos mujeres, una nena de 5 años y un bebé de un año–, cuando dos sicarios en moto se pusieron a la par en Virasoro al 1900 y dispararon entre siete y ocho tiros. Brian falleció en el HECA, mientras que las dos mujeres sufrieron heridas en las piernas.

“Cascarita” Ramírez había sido noticia también en diciembre de 2020, cuando la Unidad de Narcotráfico de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvo en Rueda al 1800, en la misma casa frente a la que fue baleado este martes. En esa ocasión, fue por un legajo federal encabezado por el fiscal Claudio Kishimoto y el juez Carlos Vera Barros, donde estaba sospechado por venta de droga y por la muerte de un nene de 7 años que había fallecido en el incendio de una casilla en el barrio El Mangrullo, en la zona sur, en lo que habría sido un ataque intencional por una deuda por narcotráfico de un familiar.

Seis sospechosos fueron detenidos durante el último fin de semana en una serie de allanamientos realizados por la División Unidad Operativa de Investigaciones Rosario de la Policía Federal en distintos puntos de la ciudad santafecina. Los operativos, ordenados por el Ministerio Público de la Acusación, apuntaron al entorno de la ex pareja de Dylan Cantero, hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, histórico fundador de la organización conocida como Los Monos.

Las medidas se ejecutaron en domicilios ubicados en Alzugaray al 900, Batlle y Ordóñez al 2700, Alvear al 4500 y Corrientes al 1800, todas viviendas en las que residen familiares de la joven que mantuvo una relación con Dylan Cantero.

Según confirmaron fuentes judiciales al portal Rosario3, el ingreso a los inmuebles fue solicitado por el fiscal Franco Carbone, en el marco de una investigación que comenzó en febrero por presuntas maniobras de microtráfico de droga en la zona de Alzugaray.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron envoltorios que contenían cocaína y marihuana, preparados para su distribución. También se incautaron fajos de dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de los estupefacientes. Tras el operativo, los seis sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

En la investigación también intervino el fiscal provincial César Pierantoni. De acuerdo con los investigadores, los detenidos integrarían un eslabón menor en la cadena de comercialización barrial vinculada a Los Monos. Las actuaciones judiciales continúan abiertas y no se descartan nuevas diligencias para avanzar sobre otras estructuras relacionadas con la organización.

Los procedimientos se enmarcan en una serie de acciones que el Ministerio Público impulsa con el objetivo de neutralizar redes locales de venta de droga en Rosario, una ciudad atravesada por distintos conflictos ligados al narcotráfico y sus derivaciones territoriales.

Desbarataron una banda narco que operaba en Mar del Plata y era dirigida desde la cárcel de Batán

En una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Mar del Plata y dentro de la propia Unidad Penal XV de Batán, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a una organización criminal conocida como el “Clan Costa”, dedicada al tráfico de estupefacientes..

El operativo derivó en la detención de seis sospechosos —tres hombres y tres mujeres— y en el secuestro de más de nueve kilogramos de marihuana, dosis de cocaína, 11 pastillas de éxtasis, cuatro plantas de cannabis sativa, 394.160 pesos en efectivo, cartuchos de pistola calibre 40 milímetros, una tobillera electrónica, siete teléfonos celulares y documentación vinculada a la causa.

Según consignó el portal 0223, todo comenzó tras una serie de tareas investigativas realizadas por la División Antidrogas de la PFA en Mar del Plata, donde se detectaron maniobras de tráfico de drogas con origen y destino en esa ciudad. Con aval de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, encabezada por el fiscal federal Santiago Eyherabide y con colaboración del ayudante fiscal Hércules Giffi, los uniformados desplegaron un trabajo de campo que incluyó seguimientos discretos, vigilancias prolongadas y la intervención judicial de 30 líneas telefónicas.

A partir del entrecruzamiento de datos, los agentes lograron reconstruir el funcionamiento de la estructura, identificar a sus miembros y localizar siete domicilios en Mar del Plata vinculados a la banda. También determinaron que las órdenes operativas partían desde el penal de Batán, donde el líder del grupo —un interno condenado— coordinaba las acciones delictivas con el resto de los integrantes.

Con la información reunida, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó ocho allanamientos simultáneos, incluyendo uno dentro del establecimiento penitenciario. Las acciones concluyeron con las detenciones y el decomiso de drogas, armas, dinero y otros elementos de interés para el expediente judicial.

La organización operaba de forma sostenida y con un esquema definido, utilizando domicilios particulares como puntos de acopio y distribución. El dinero en efectivo hallado durante los procedimientos fue atribuido a la comercialización de las sustancias incautadas.

No obstante, se detectó en la investigación que tiene una marca registrada: la de adoctrinar a sus propias vendedoras de droga con torturas que fueron transmitidas por videollamada para que la presenciara el jefe de la estructura desde su celda.

La resolución de Brezik fue producto de un juicio abreviado que fue homologado el pasado martes por el juez de Garantías Carlos Vera Barros, quien hizo lugar al acuerdo entre los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi del Ministerio Público Fiscal de Rosario y Matías Scilabra de la Procunar con el defensor particular del acusado.

En el fallo se unificó la pena en 24 años de prisión, ya que arrastraba otras sentencias por venta de droga que están firmes.

En el procedimiento abreviado hubo otro condenado más. Se trata de Martín Gonzalo Ramírez (20), que recibió 4 años de prisión. Según la acusación, a sus 18 años fue filmado mientras picaneaba y golpeaba en el rostro a una adolescente que, de acuerdo al legajo, vendía droga para la organización.

Esa tortura fue transmitida por videollamada a Brezik, quien daba órdenes a Ramírez de cómo proceder con la paliza. En tanto, una chica de 16 años que se presume que forma parte de la organización sostenía el teléfono para que el preso pudiera ver todo.

“¿Cuántas veces conociste el lado bueno conmigo? Ahora conociste el lado malo. Estás obligada a trabajar a la fuerza. El día que no vayas le doy un tiro en la boca a tu pariente y le saco la casa. ¿Escuchaste?”, le dijo el preso por videollamada a la menor, que recibió descargas eléctricas en las piernas, en los brazos, en la cara y en el cuello.

Cuando fueron exhibidas las imágenes en la audiencia, el juez le llamó la atención a Ramírez, ya que se reía del video. De la joven torturada no se conocieron datos respecto de su paradero.

No fue la única vez que quedó registro de una golpiza transmitida en directo al “Gordo”. En 2020, fue filmado otro soldadito de la estructura que le dio una feroz paliza a una vendedora de droga mientras mantenía una llamada telefónica con el preso. En el video, la víctima fue obligada a poner las manos en el suelo para recibir varillazos como muestra de “enojo” ante un supuesto faltante de droga y plata.

La nueva condena de Brezik estuvo basada en la operatoria narco que llevó adelante entre febrero y diciembre de 2023 en el barrio en el que está instalado el estadio mundialista de hockey. Su banda, de acuerdo a una investigación provincial de los fiscales Alejandro Ferlazzo y Gisela Paolicelli, cometió en los últimos dos años por lo menos cuatro homicidios, usurpaciones, balaceras y extorsiones. También se investiga si tiene relación con la desaparición de tres personas.

La estructura criminal

En la causa provincial fue ubicado Brezik como el jefe. Debajo suyo fue situada Nicole Iñarra, como la encargada de retransmitir todas las directivas del preso, y Nahuel Romero, Franco Noguera, Lucas Saban y Bruno Pupo como sus sicarios.

Romero, Noguera, Pupo y Saban fueron los encargados de captar soldaditos y dealers, de acuerdo a la investigación. Generalmente, buscaban sumar como miembros a jóvenes que tenían algún tipo de situación de vulnerabilidad, como problemas de consumo de droga o un delicado pasar económico.

También en el legajo provincial se detectó que algunos integrantes de la organización fueron atacados de una forma muy violenta cuando robaban droga o contraían una deuda con Brezik. Paolicelli y Ferlazzo ponderaron que eran baleados o torturados con picanas y alicates, y que dicha situación era mostrada por videollamada.

En algunos casos, las agresiones terminaron en homicidios. Un caso fue el de Susana Mena, de 27 años, que solía encargarse de hacer tareas de limpieza para la estructura narco. El 19 de octubre de 2023 fue pateada en el rostro y también baleada, aunque no hizo denuncia alguna. El 11 de enero del año pasado fue encontrado su cuerpo en una casa de Magaldi al 8800.

El presunto sicario Nahuel Romero fue imputado de haber matado a Mena, a quien le dio golpes, luego la ató, la introdujo en una bolsa y posteriormente la ahorcó con un cable.

Lucas Saban, otro de los supuestos sicarios, fue acusado por el asesinato de Luciano Alejandro González. Las características del caso muestran que fue sometido a una serie de tormentos antes de ser asesinado. El cadáver fue hallado el 2 de septiembre de 2023. Estaba incinerado, atado de pies y manos y enterrado en una bolsa blanca –como las que se utilizan para materiales de la construcción–.

Por su parte, Brezik también fue condenado por la Justicia provincial a la pena de 22 años de prisión –que no está firme– por haber organizado el crimen de Rodrigo Carlos Sánchez, la mano derecha del condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, casualmente, rival de Los Monos.

Sánchez fue acribillado a tiros en el mediodía del 19 de marzo de 2020 mientras se desplazaba en su Hilux por Wilde y San Lorenzo, en la zona noroeste. De acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación, se trató de la venganza de Los Monos a una balacera ocurrida seis días antes en Roldán, donde resultó herida Mariana Ortigala, quien en ese momento era la “testigo estrella” de la Justicia provincial en la causa contra Esteban Alvarado.

Casualmente, Ortigala actualmente está presa, entre otras causas, por haber realizado extorsiones a pedido de “Guille” Cantero. Sin embargo, nunca fue considerada por la Fiscalía como una integrante de Los Monos.

El asesinato de Sánchez no habría sido el único ataque que gestionó Brezik por pedido de Los Monos. Un informe de inteligencia de la Policía Federal que data de hace 7 años lo ubicó como uno de los encargados de planificar el asesinato en prisión de Luis Paz, enemigo de “Guille” Cantero que ya fue condenado por narcotráfico y lavado.

De acuerdo a ese plan, desde Resistencia, “El Gordo” ofrecía un millón de pesos y una casa a un compañero de pabellón de Paz de la cárcel de Coronda para que le arroje una granada en su celda para matarlo. Dicha información surgió de conversaciones telefónicas detectadas por la Justicia.

Luego de haber aceptado un juicio abreviado, un integrante de Los Monos fue condenado a ocho años de prisión tras haber confesado su rol como organizador de las extorsiones que tuvieron como víctimas a vecinos y comerciantes de Rosario. Se trata de Sergio Alberto “Checho” Bareiro, de 32 años, uno de los hombres de la banda que operaba en los barrios Ludueña y Empalme Graneros.

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Pinto, quien homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal Pablo Socca y la defensa del acusado. De esta manera, Bareiro fue condenado por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y extorsión, en el marco de una causa que descubrió el modo en que la célula de la banda Los Monos operaba en la zona.

Según la investigación, la estructura era liderada desde la cárcel de Piñero por Matías “Pino” César, quien delegaba instrucciones a los cabecillas Andy Benítez, Julián Aguirre, Mauro Gerez y Oscar Ramírez. Asimismo, se estableció que el acusado ocupaba un lugar intermedio en la organización, tras haber sido identificado como el hombre de confianza de Gerez.

De acuerdo con las pruebas reunidas, en la estructura delictiva Bareiro se encontraba en un escalón por debajo de los jefes y por encima de los ejecutores directos de los delitos, conocidos como “gatilleros”. No obstante, el fiscal Socca consideró acreditado que “Checho” no solo planificaba y organizaba las extorsiones, sino que, en ocasiones, las perpetraba personalmente o por teléfono.

Tal como se comprobó en otros casos, el acusado seguía la misma modalidad extorsiva, debido a que se encargaba de intimidar a las víctimas para que paguen sumas de dinero bajo la promesa de “protección” o incluso las amenazaba para que abandonen sus hogares.

La investigación determinó que Bareiro también distribuía estupefacientes fraccionados entre otros miembros de la banda para su venta minorista y era el encargado de recolectar el dinero recaudado por esas operaciones. Bajo su mando se encontraban al menos tres personas, a quienes daba órdenes relacionadas tanto con la venta de drogas como con balaceras y extorsiones.

Dos integrantes de Los Monos fueron condenados por extorsionar a un empresario

La Justicia de Rosario dictó penas de prisión para dos personas vinculadas a la banda narco criminal Los Monos, tras comprobarse su participación en una serie de extorsiones dirigidas contra un empresario del sector del juego entre 2021 y 2023. Las condenas se confirmaron el pasado 15 de mayo, luego de que la jueza Silvia Castelli homologara acuerdos de juicios abreviados aceptados por los acusados.

Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón recibió una pena de tres años y medio de prisión. El fallo estableció que actuó como enlace en las comunicaciones que el jefe de la banda, Ariel “Guille” Cantero, realizaba desde la cárcel federal de Marcos Paz. Según la acusación encabezada por el fiscal Federico Rébola, garantizó la continuidad de las maniobras extorsivas al facilitar los contactos entre Cantero y otros interlocutores mientras cumplía prisión domiciliaria en San Nicolás.

El otro condenado, Brian Ezequiel Díaz, aceptó su responsabilidad como coautor de extorsiones en grado de tentativa. Fue sentenciado a cuatro años, que se sumaron a una condena previa dejando un total de nueve años y cuatro meses. Díaz cumple reclusión en el penal de Piñero, donde ya había sido condenado a 29 años por el asesinato de un apostador en el Casino City Center.

La investigación determinó que “Guille” Cantero articuló una ingeniería extorsiva contra el dueño de la casa de lotería “El Califa”, en busca de obtener 1,5 millones de dólares a cambio de supuesta protección. Según la reconstrucción judicial, las amenazas y presiones se iniciaron en marzo de 2021, con intervenciones de Mariana Ortigala y Sebastián Felipe —acusados de ser testaferros de Cantero—, quienes abordaron a la víctima en el gimnasio La Estación de Fisherton.

Además, la Fiscalía estableció que las extorsiones se ejecutaron mediante dos grupos distintos, ambos autorizados por Cantero. En el primer episodio participaron Ortigala, Felipe y Lorena Córdoba (viuda del “zar” del juego clandestino David Perona). Brian Díaz se sumó para el segundo ataque, perpetrado en junio de 2021.

Durante 2021, Díaz coordinó desde la cárcel de Piñero incendios contra locales de “El Califa” en los barrios Pichincha y Echesortu, atribuyéndose la autoría “la mafia” y “el de lentes”, aludiendo a Cantero. También se le adjudicó la organización de amenazas y extorsiones en un bar relacionado con apuestas clandestinas.

Dos personas vinculadas a la banda de Los Monos recibieron condenas en juicios abreviados, luego de haber sido encontrado culpables de participar en una serie de extorsiones que tuvieron como víctima a un empresario del sector del juego en Rosario entre 2021 y 2023.

Las penas fueron confirmadas este jueves por la jueza Silvia Castelli, luego de que ambos acusados aceptaran los cargos formulados por el fiscal Federico Rébola. De esta manera, Daiana Micaela “La Diabla” Leguizamón fue sentenciada a cumplir una pena de tres años y medio de prisión por actuar como enlace en las comunicaciones del líder Ariel “Guille” Cantero desde la cárcel federal de Marcos Paz.

En el caso de Brian Ezequiel Díaz, aceptó ser condenado como coautor de extorsiones en grado de tentativa, por lo que recibió una pena de cuatro años, que unificó en un total de nueve años y cuatro meses. Actualmente, se encuentra detenido en el penal de Piñero, en donde purga otra condena de 29 años por el homicidio de un apostador en el Casino City Center.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Cantero había planificado una serie de extorsiones en contra del dueño de la casa de lotería “El Califa”, con el objetivo de extraerle 1,5 millones de dólares a cambio de ofrecerle una supuesta protección. Asimismo, plantearon que el jefe narco habría utilizado uno de los teléfonos fijos de la cárcel para poder comunicarse.

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, las extorsiones iniciaron en marzo de 2021, cuando Mariana Ortigala y su pareja, Sebastián Felipe, acusados de ser testaferros del líder de Los Monos, presionaron a la víctima en el gimnasio La Estación de Fisherton.

Antes de ser desplazados, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno señalaron que dos secuencias de extorsiones habrían sido realizadas por dos grupos de personas diferentes, pero que habían contado con la autorización de “Guille” Cantero. Asimismo, acusaron a Leguizamón de facilitar las comunicaciones mientras cumplía prisión domiciliaria en la localidad de San Nicolás.

“Era la encargada de contactarlo y/o derivarlo y/o incorporar a diversos interlocutores a la comunicación con Cantero para permitir la continuidad y el desarrollo de las actividades ilícitas, obstaculizando la identificación de los interlocutores y la investigación de la Justicia”, explicaron sobre los hechos registrados entre 2021 y 2023.

En este sentido, indicaron que el primer grupo de personas que llevó a cabo la primera extorsión estuvo compuesto por Ortigala, su esposo y Lorena Córdoba, la viuda del jugador de póker y “zar” del juego clandestino en Rafaela, David Perona. Además, remarcaron que Brian Ezequiel Díaz se sumó a la misión en el segundo ataque ocurrido en junio de 2021.

Desde la cárcel de Piñero, Díaz fue acusado de coordinar incendios en los locales de El Califa, ubicados en Pichincha y Echesortu,, cuya autoría se atribuyeron a “la mafia” y al “de lentes”, en referencia al aspecto de Cantero. Además, habría estado a cargo de orquestar aprietes en un bar, donde se habrían desarrollado apuestas clandestinas.

Por su parte, Leguizamón fue allanada en septiembre de 2023, mientras cumplía prisión domiciliaria en un domicilio ubicado en San Gerónimo al 400, por haber sido señalada como una integrante de la banda de la jefa del narcomenudeo Olga “Tata” Medina.

Durante el procedimiento, destruyó evidencia, se tragó un chip y amenazó a los oficiales, lo que le valió una condena de tres años de prisión. “Sí, me lo tragué, hijos de puta, ahora no van a encontrar nada porque vinieron por eso”, vitoreó.

“Yo voy a acceder al expediente, voy a averiguar sus datos y van a ver con quién se metieron”, amenazó la mujer a los uniformados que participaron del operativo. Para luego sentenciar: “La van a pagar, si a ustedes los venden por dos pesos”.

Las autoridades confirmaron que la familia de Leguizamón también estaba ligada a actividades ilícitas, ya que una de sus hermanas se vio implicada en la “boda narco” ocurrida en enero de 2022 en Ibarlucea, en donde fue asesinada una familia que había sido invitada a la celebración. Además, se comprobó que otra de sus hermanas enfrentaba cargos por drogas en la Justicia bonaerense.

Una sábana escrita con un aerosol rojo fue colgada en la noche de este martes en una reja de la escuela primaria “Constancio Vigil”, ubicada en el barrio Tablada, en la zona sur de Rosario, con mensajes mafiosos dirigidos a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “Viejo” Cantero, y Andrés Bracamonte, hijo del jefe de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado el pasado 9 de noviembre. El mismo cartel fue encontrado en el mediodía de este miércoles sobre un auto estacionado a doce cuadras del establecimiento educativo.

El trapo hallado en el colegio situado en Ayacucho al 2700 estaba atado con alambres. Fue visto por personal docente, que dio aviso y rápidamente el Comando Radioeléctrico acudió al lugar. Luego, la Policía de Investigaciones, por pedido de la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, incautó la bandera para la realización de pericias.

Por el momento, se desconoce la razón del “escrache” a los mencionados. Investigadores policiales creen que Dylan Cantero encabeza una interna dentro de Los Monos, que es aprovechada por la presunta banda narco Los Menores para arrinconar a la organización de la zona sur. En tanto, el posible trasfondo del mensaje a Bracamonte vendría justamente por el manejo del paraavalanchas de Rosario Central, que actualmente está ocupado por Los Menores, quien se cree que mandó a matar al “Pillín”.

A pesar de la situación, el establecimiento educativo dio clases con normalidad. El delegado de Amsafe Rosario Juan Pablo Casiello expresó a Radio 2: “Es imposible hablar de una situación de normalidad cuando esto nos lleva a la época en la que bandas se mandaban mensajes a través de las escuelas. Es inevitable, también, vincularlo a la situación de la cúpula policial”.

La alusión del gremialista guarda relación con las intimidaciones a escuelas ocurridas en Rosario en 2023, que merecieron dos investigaciones paralelas de parte de varios fiscales. En un legajo se pudo establecer que bandas narco usaban el edificio escolar para atentar con el objetivo de luego arrojar papeles con mensajes escritos. Así, lograban conmoción en la comunidad educativa y difusión de los textos que dejaban en la escena. En otra causa, los funcionarios judiciales dieron cuenta de que, en menor porcentaje de casos, estudiantes aprovecharon el contexto y amenazaban con atacar contra colegios con la finalidad de que no haya clases.

La última cuestión contextual apuntada por Casiello sobre la Policía es por la intervención de la Policía de Rosario tras los 38 allanamientos llevados a cabo el pasado viernes en la región por una investigación del fiscal José Luis Caterina sobre corrupción. Básicamente, es una causa donde hay 16 policías y cuatro civiles detenidos que serán imputados la próxima semana por haber hecho maniobras de desvío de fondos que estaban destinados para la carga de combustible de los patrulleros.

Según estimó el secretario de Seguridad Pública Omar Pereira en declaraciones a distintos medios locales, se cree que los sospechosos se alzaban con 45 millones de pesos “mensuales o bimensuales” de las partidas que enviaba el Estado provincial.

Por otra parte, este miércoles al mediodía, se encontró otra bandera blanca, también escrita con aerosol rojo, sobre el parabrisas delantero de un auto estacionado en inmediaciones de San Martín y Garay. Se dio aviso a la Policía, que incautó el cartel. Desde el Ministerio Público de la Acusación se pidió relevar las cámaras de las zonas donde fueron dejadas las banderas para tratar de avanzar en la posible identificación de quienes quieren enviar los mensajes mafiosos.

A su vez, este miércoles por la mañana atacaron a tiros el frente del domicilio de Norma Acosta, quien se hizo conocida en Rosario por sus denuncias sobre el narcotráfico, delito por el cual también fue condenada. A la mujer le asesinaron a su padre en 2020 y la Justicia investiga cómo fue la muerte de su pareja, que estaba detenida en 2013 en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de la ciudad.

Acosta, en redes sociales, publicó en febrero pasado los nombres de algunos de los policías que esta semana fueron arrestados por corrupción, por lo que se intenta establecer si el ataque a tiros de este miércoles tiene relación con ese hecho. Por el momento, hay un sospechoso y varias medidas en curso por parte de la Justicia provincial.

El Banco Mundial destacó que el Plan Bandera que puso en marcha el gobierno de Javier Milei en Rosario para frenar la violencia narco “tuvo un éxito casi inmediato, reduciendo la tasa de homicidios en un 65 por ciento”, al mismo tiempo puso como ejemplo la política de endurecimiento de las condiciones de detención de las bandas criminales en las cárceles.

En el informe “Crimen Organizado y violencia en América Latina y el Caribe”, el organismo de crédito multilateral dedicó un apartado especial para analizar la “intervención en las cárceles de Rosario en 2024″, como un punto decisivo en una política más amplia de combate contra la criminalidad compleja y la violencia narco.

“El endurecimiento de las condiciones de seguridad carcelaria en marzo de 2024 provocó una serie de asesinatos al azar en las calles, ordenados por los líderes encarcelados de la banda Los Monos como protesta. No obstante, las autoridades respondieron con firmeza, y la tasa de homicidios descendió rápidamente”, destacó el trabajo del Banco Mundial al que accedió Infobae.

Tras difundirse el informe, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, manifestó en un mensaje publicado en sus redes sociales: “El Banco Mundial destacó el Plan Bandera en Rosario y el nuevo sistema de alto riesgo en las cárceles. El resultado es claro: 65% menos homicidios. Narcos aislados. Y una ciudad que dejó de estar en manos del crimen, donde hoy manda la ley y la gente puede vivir en paz”.

En el apartado específico, el organismo destacó que “desde el 2013, el crimen violento aumentó significativamente en la ciudad de Rosario. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el narcotráfico, con la mayoría de asesinatos asociados con disputas territoriales entre la banda criminal más grande de Rosario —Los Monos— y organizaciones rivales".

“A pesar del encarcelamiento de la mayoría de los líderes de Los Monos, la tasa de homicidios siguió aumentando, hasta 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 (cinco veces la tasa de Argentina). La corrupción dentro del sistema carcelario permitía a los líderes de los grupos criminales encarcelados continuar con sus actividades criminales fuera de la cárcel”, agregó.

El Banco Mundial recordó que en 2022, “Los Monos abrieron fuego contra la residencia de un juez federal que había ordenado el traslado de cárcel de uno de sus líderes”. “A inicios de 2024, las autoridades federales y provinciales implementaron el Operativo Bandera, que incluyó endurecer sustancialmente las condiciones carcelarias de los líderes de los grupos criminales, hacer cumplir la prohibición del uso de teléfonos celulares, implementar inspecciones repentinas, reasignar presos, agrupar a los miembros de cada banda criminal en pabellones separados y ejercer un mayor control sobre las visitas”, indicó el organismo.

“Los grupos criminales respondieron con una serie de asesinatos aleatorios de civiles en las calles. Sin embargo, el gobierno mantuvo las condiciones de encarcelamiento más estrictas para los líderes de las bandas criminales y -prosiguió el informe- respondió con el despliegue de 1.400 agentes de seguridad federal adicionales en la ciudad, en coordinación con la policía provincial. El Operativo Bandera tuvo un éxito casi inmediato, reduciendo la tasa de homicidios de Rosario en un 65 por ciento”.

El Plan Bandera -que ejecuta en Rosario el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini- incluye el despliegue de uniformados de fuerzas federales, sobre todo Gendarmería y Prefectura, móviles, recursos y la colaboración logística de Fuerzas Armadas.

En el informe, el Banco Mundial destacó que “países como Chile, Bolivia, Perú y Argentina reportan tasas de homicidio relativamente bajas en relación con sus niveles generales de crimen”, pero resaltó que en la principal ciudad de Santa Fe se puso en marcha un programa para enfrentar la violencia narco.

“Las autoridades en América Latina y el Caribe deben retomar el control de las cárceles mediante la interrupción de las comunicaciones celulares y otras formas de comunicación, el sometimiento de los líderes de las bandas criminales a controles más estrictos en instalaciones de alta seguridad, y una mejor asignación de los reclusos para evitar la exposición de criminales menores a miembros de grupos criminales al interior de las cárceles”, advirtió el BM.

Y reconoció que “estas intervenciones son desafiantes, porque los operativos dentro de las cárceles pueden provocar represalias violentas tanto dentro como fuera de las cárceles”, pero puso como ejemplo los resultados que tuvo la experiencia del gobierno de Javier Milei en Rosario.

“Para reducir el hacinamiento, es fundamental considerar alternativas al encarcelamiento. Estas alternativas pueden ser especialmente valiosas para evitar que jóvenes y criminales de bajo nivel sufran una experiencia de encarcelamiento criminógena bajo la influencia de organizaciones criminales. En Argentina, el monitoreo electrónico ha demostrado ser una alternativa rentable a la cárcel, reduciendo la reincidencia en aproximadamente 50 por ciento”, consignó el informe.

El subsecretario Angelini destacó que el Plan Bandera “prueba que con decisión política, estrategia, coordinación y firmeza se pudo devolver la paz a los rosarinos” y recordó que “en los momentos más difíciles no se retrocedió, ni hubo especulación política”.

“Se fue a fondo por la decisión inquebrantable del presidente Milei y la ministra Bullrich. Se avanzó en la implementación de sistema acusatorio, más investigación, inteligencia criminal y despliegues en las zonas calientes, más un sistema penenciario que acabó con el home office carcelario”, afirmó el funcionario.

Una pareja fue detenida este martes acusada de extorsionar a un integrante de la barra brava de Newell’s Old Boys, vinculado a la facción disidente liderada por Alejandro “Rengo Fica” Ficcadenti.

La causa, que involucra amenazas con nexos al narcotráfico, fue impulsada por el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada.

La intervención fue ordenada por la jueza penal Lorena Aronne y el operativo se llevó a cabo en el barrio Las Flores con la participación de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

De acuerdo con la información de El Ciudadano, el operativo se centró en desarticular un grupo delictivo que amenazó a Antonio Mauro, miembro de la barra de Newell’s y actualmente prófugo de la Justicia, por una causa de asociación ilícita.

Las amenazas, que ocurrieron el 6 de abril, incluían un pedido de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de Mauro. Las intimidaciones fueron acompañadas por referencias al asesinato de Gustavo “Guli” Bovio, ocurrido en marzo en la calle España al 3200.

Las escuchas realizadas por la Policía Federal lograron vincular uno de los números telefónicos utilizados en las amenazas con Nahuel Iván C., un hombre relacionado con la familia Cantero, que lidera la organización criminal de Los Monos.

Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Nahuel C., ubicada en Moreno al 6400, fueron detenidos tanto él como su pareja, Daiana S., quienes ahora enfrentan cargos por extorsión simple en grado de tentativa.

También fueron demorados Luis C., hermano de Nahuel, y su pareja, Alejandra C., aunque aún se investiga si participaron activamente en las amenazas. Además de las detenciones, los agentes secuestraron cinco celulares y otros elementos de interés para la causa.

Este episodio de extorsión se inscribe dentro de la feroz disputa que atraviesa la barra de Newell’s, donde las facciones lideradas por Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi han tenido enfrentamientos con la facción de Pablo Camino, Héctor “Eri” Masini y Leandro “Gordo” Vilches.

El fiscal Franco Carbone había señalado previamente a Ficcadenti como responsable de una serie de ataques violentos, que incluyen el intento de homicidio de Lucho Gallardo y amenazas al futbolista Ángel Di María.

Además, el caso está relacionado con el crimen del ex jefe de la barra Nelson “Chivo” Saravia, por el cual el “Rengo Fica” está siendo investigado y se encuentra a la espera de juicio oral con una petición de perpetua.

La detención de Ficcadenti en julio del año pasado, frustrando su intento de tomar el control del paravalanchas, refleja el contexto de creciente violencia dentro de las barras.

Sigue la investigación por el crimen de “Pillín” Bracamonte

A casi seis meses del asesinato del ex líder de la barra de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su colaborador Daniel Attardo, la Policía de Santa Fe demoró a 26 personas durante un operativo realizado en la zona noroeste de Rosario. La orden fue emitida por la Fiscalía de Flagrancia, luego de que surgiera el dato de que entre los sospechosos podría encontrarse el auto de los homicidios y su cómplice.

El procedimiento fue realizado el viernes 18 de abril en un espacio verde ubicado en Sánchez de Loria y Pujato en el barrio 7 de Septiembre, en donde se encontraban varios miembros de la banda de Los Menores, la cual fue señalada como la presunta responsable de los crímenes.

Luego de que el personal policial se presentara en el potrero, se confirmó que 26 mayores de edad y 8 menores fueron demorados. Asimismo, se dispuso el traslado de las 34 personas a la sede de la División Judiciales, en donde fueron identificados.

Según la información obtenida por Rosario3, se dispuso la liberación de los menores de edad, mientras que el resto de los hombres quedaron aprehendidos de manera preventiva. Las autoridades explicaron que el contingente continuará privado de su libertad hasta que lleguen los resultados de las pericias realizados sobre los registros de las cámaras de seguridad.

No obstante, uno de ellos fue detenido formalmente, luego de que los oficiales constataran que cargaba con una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y municiones dentro de su mochila.

El foco de la investigación fue puesto en Los Menores, luego de que el pasado 27 de marzo Alejandro “Cani” Zamudio y Alejandro Vásquez, dos presuntos allegados a la banda fueran detenidos e imputados como partícipes primarios de los crímenes, ya que sospecharían que habrían sido los responsables de haber trasladado a los autores hasta la zona donde las víctimas fueron emboscadas.

La Policía Federal recapturó en Santa Fe a una mujer que formaba parte de la banda narcocriminal “Los Monos”, que se escapó cuando debería cumplir con su prisión domiciliaria por haber sido partícipe de un secuestro extorsivo.

El hecho por el que se la condenó sucedió el 23 de julio de 2021, cuando un hombre fue secuestrado en Arroyo Seco, una localidad de la provincia de Santa Fe. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a torturas físicas y, posteriormente, liberada tras el pago de un rescate por parte de su familia, negociado mediante extorsiones con los captores.

Tras la investigación y el proceso judicial correspondiente, la mujer fue condenada a seis años de prisión domiciliaria por su participación activa en el secuestro como integrante de una organización narcocriminal. Sin embargo, en un intento de evadir la Justicia, la detenida logró desactivar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se fugó, generando una nueva causa penal para dar con su paradero.

El caso fue asumido por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, bajo la Presidencia del Dr. Osvaldo Facciano y la secretaría de la Dra. Celeste Rodríguez, quienes coordinaron una serie de investigaciones que permitieron identificar el posible lugar donde se ocultaba la mujer. La información recabada apuntó a una zona descampada de Villa Gobernador Gálvez, también en Santa Fe.

Gracias a un operativo de rastreo meticuloso en los alrededores, efectivos federales localizaron a la criminal en las inmediaciones de una vivienda situada sobre la calle José Ingenieros. Su captura fue inmediata y, dada su vinculación con una estructura criminal de alta peligrosidad liderada por Ariel “Guille” Cantero, se ejecutó con custodia reforzada.

Finalmente, la mujer —mayor de edad y de nacionalidad argentina— fue puesta nuevamente a disposición de la Justicia, acusada de los delitos de secuestro extorsivo y narcotráfico. Su recaptura representa un nuevo golpe contra la organización criminal y evidencia la continuidad del accionar coordinado entre el sistema judicial y las fuerzas federales en el marco del “Plan Bandera”.

Dictaron prisión preventiva para el ex policía que fue detenido por filtrar información a Los Monos

A finales de marzo, la Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el ex policía que fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por filtrar información a la banda de Los Monos. Se le atribuyó formar parte de la asociación ilícita de la barra brava de Newell’s.

La acusación contra Juan José Raffo estuvo en manos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina, quienes plantearon que su rol en la barra consistía en brindar información y posibilitar el funcionamiento de la organización criminal, con favores.

El juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez ordenó que se imponga una prisión preventiva para Raffo por el plazo de 90 días. También se impuso una prórroga automática de la medida en el caso de que la Fiscalía no llegue a recopilar toda la información necesaria durante ese período.

De acuerdo con la acusación presentada, los fiscales lograron probar que Raffo filtró información clave sobre investigaciones judiciales a Guillermo Sosa, uno de los cabecillas de Los Monos, quien se encontraba prófugo por el homicidio de Nelson Saravia y fue arrestado el 4 de mayo de 2022.

Además, al ex oficial de las fuerzas de seguridad se la atribuye haber sido un factor clave en la expansión territorial de Los Monos. Raffo está vinculado con un ex agente de la SIDE de Rosario en la filtración de información sensible sobre investigaciones y allanamientos a miembros de la red narco liderada por Leandro “Pollo” Vinardi, desarticulada parcialmente durante la “Operación Romaní” en 2023.

La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el ex policía que fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) semanas atrás, por filtrar información a la banda de Los Monos. Los fiscales le atribuyeron formar parte de la asociación ilícita de la barra brava de Newell’s.

La acusación contra Juan José Raffo estuvo en manos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina, quienes plantearon que su rol en la barra consistía en brindar información y posibilitar el funcionamiento de la organización criminal, con favores.

En este contexto, el juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez ordenó que se imponga una prisión preventiva para Raffo por el plazo de 90 días. De igual forma, impuso una prórroga automática de la prisión preventiva en el caso de que la Fiscalía no llegue a recopilar toda la información necesaria durante ese período, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Schiappa Pietra y Caterina lograron probar que Raffo filtró información clave sobre investigaciones judiciales a Guillermo Sosa, uno de los cabecillas de Los Monos, quien se encontraba prófugo por el homicidio de Nelson Saravia y fue arrestado el 4 de mayo de 2022.

Además, a Raffo se la atribuye haber sido un factor clave en la expansión territorial de Los Monos. Según pudo saber Infobae, Raffo está vinculado con un ex agente de la SIDE de Rosario en la filtración de información sensible sobre investigaciones y allanamientos a miembros de la red narco liderada por Leandro “Pollo” Vinardi, desarticulada parcialmente durante la “Operación Romaní” en 2023.

Los investigadores policiales y judiciales lo señalan como intermediario entre los narcos ligados a Vinardi y operadores de cuevas financieras dedicadas al movimiento de divisas, utilizadas posteriormente para el ingreso de cargamentos de droga. Aunque había recuperado la libertad en julio de 2019, tras cumplir parte de su condena de 5 años y 10 meses impuesta en 2018 por integrar una organización criminal activa desde hace más de dos décadas en Rosario, las autoridades sostienen que continuó implicado en actividades ilícitas.

El pasado 28 de febrero, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó colaboración a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ante la sospecha de que Raffo se ocultaba en un barrio porteño. Tras tareas de inteligencia realizadas por la División de Investigaciones Especiales, fue arrestado en la vía pública el 11 de marzo, en la intersección de Regimiento de Patricios y Aráoz de Lamadrid. Luego del arresto, fue trasladado a la sede del Ministerio de Justicia de la Ciudad y quedó a disposición de las autoridades judiciales santafesinas.

Según fuentes judiciales, Raffo estuvo vinculado a personas de la comunidad gitana, entre ellas Mariano “Gordo” Salomón, quien también fue condenado por su participación en la organización de Los Monos. Esta conexión se enmarca dentro de una trama más amplia de operaciones ilícitas en la que el ex policía desempeñaba un papel clave.

En la investigación federal, se reveló que el servicio de inteligencia alertó a Raffo sobre su identificación en un vehículo en Ezeiza, lo que, según los investigadores, habría motivado que dejara de utilizar dicho auto y la línea telefónica asociada. Se sospecha que este cambio de comportamiento fue parte de un intento por escapar de las autoridades.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es el hallazgo de documentos en el celular de un agente de inteligencia, quien también habría colaborado con Raffo, relacionados con causas judiciales federales de Rosario, específicamente sobre cargamentos de droga provenientes de la Terminal Puerto Rosario. Estos documentos no deberían haber estado en manos de ese agente, ya que no tenía ningún tipo de intervención formal en esas operaciones.

Un policía de 36 años se entregó este lunes en la sede de la Tropa de Operaciones Especiales de la ciudad de Rosario tras permanecer más de tres meses prófugo. Se trata de Jonatan Garraza, buscado por la fiscal provincial Georgina Pairola y sospechado de ser la mano derecha de Lisandro “Licha” o “Limón” Contreras, uno de los cabecillas de la presunta banda narco Los Menores.

Justamente, esa banda es la principal sindicada por el doble crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Raúl “Rana” Attardo, jefe y subjefe de la barra brava de Rosario Central, respectivamente, acribillados a tiros el 9 de noviembre pasado. Los mataron tras el partido que jugó Central de local ante San Lorenzo.

Garraza y Contreras son casi como hermanos, según distintos investigadores policiales que siguen sus pasos hace meses. De hecho, el policía es padrino del hijo de “Limón”, quien fue arrestado el 7 de diciembre pasado en Tigre, aunque su domicilio estaba en el barrio San Sebastián de la localidad de Pilar.

Cuando fiscales provinciales y distintas brigadas policiales se abocaron al esclarecimiento del doble crimen de Bracamonte y Attardo, interceptaron a Garraza mientras salía con su auto de un complejo de casas del barrio de Fisherton, situado en el noroeste de Rosario.

En ese entonces, había ido al domicilio de Ornella Dipietri, por entonces pareja de “Limón”, y suponían que en el vehículo podía estar el propio Contreras, aunque no fue así. La mujer también está imputada en la investigación provincial.

El policía, que estaba en disponibilidad y que tuvo como último paso una comisaría de la localidad de Acebal, ubicada a 22 kilómetros de Rosario; está señalado como posible organizador de la asociación ilícita encabezada por “Limón”.

Se sospecha que filtraba información y conseguía armas en caso de ser requeridas para distintos ataques.

De acuerdo al legajo, la fiscal Pairola atribuye a la presunta banda haber estado detrás de balaceras, apuestas y juego clandestino, estafas con ventas de terrenos, creación de sociedades fantasmas e inversiones en monedas virtuales.

En dicha estructura también están acusados como organizadores, Leandro “Gordo” Vilches y Héctor Rodolfo “Eri” Masini, reclusos que purgan condenas en cárceles federales y son considerados miembros de Los Monos, aunque en los últimos dos años dieron origen a una facción “disidente” a la que encabeza Ariel Máximo “Guille” Cantero.

El nombre del agente hoy detenido aparece con frecuencia en las visitas que recibió Contreras en el country de Pilar antes de caer en los operativos que hizo la Policía Federal y la Tropa de Operaciones Especiales.

Garraza fue también como policía a averiguar el estado de situación de “Licha” después de haber sido aprehendido el 18 de febrero de 2022 en un operativo. Cayó preso porque se detectó que estaba arriba de un auto con tobillera electrónica por una causa por robo y portación de un arma de uso civil por la que había recibido una pena de 6 años y 10 meses de prisión. Claramente, incumplía la modalidad de arresto.

La mano derecha del cabecilla de Los Menores fue hasta la comisaría 12ª, donde había quedado alojado, para hacer la consulta. Curiosamente, esa seccional fue atacada a tiros al día siguiente.

Se espera que el policía sea llevado a audiencia imputativa en los próximos días en el Centro de Justicia Penal.

De Los Menores también habrá más novedades en las próximas horas, ya que, en paralelo, por el crimen de Bracamonte y Attardo serán acusados en otra audiencia otros dos presuntos integrantes que fueron arrestados el jueves de la semana pasada en allanamientos de la Tropa de Operaciones Especiales.

Se trata de Alejandro Z. y Alejandro V., quienes están sospechados de haber brindado apoyo logístico para perpetrar el doble homicidio. En esa acusación estará la fiscal Pairola, pero también su colega Luis Schiappa Pietra.

Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, segunda línea de la banda narco Los Monos, fue condenado este viernes por la tarde a la pena de prisión perpetua por 27 causas judiciales en su contra por asociación ilícita, balaceras, asesinatos, tentativas de homicidios y extorsiones. Actualmente, está alojado en el penal federal de Ezeiza, desde donde instigó los delitos que le atribuyó el Ministerio Público de la Acusación.

La resolución tuvo lugar después de que el tribunal integrado por los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Hebe Marcogliese homologara el acuerdo entre los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone con la defensa del delincuente que opera con su organización, principalmente, en Villa Gobernador Gálvez, ciudad lindera al sur de Rosario.

Todos las causas contra “Pupito” tuvieron lugar entre 2021 y el año pasado, y exponen cómo desde el penal de Ezeiza Avalle planificaba una estructura que, según los legajos, tenía una treintena de integrantes, entre lugartenientes, sicarios, cobradores de extorsiones y organizadores de los hechos.

Los últimos delitos atribuidos, incluidos en la condena, fueron los ataques incendiarios que tuvieron lugar en abril del año pasado contra distintos frigoríficos de la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, que habrían sido con el objetivo de dejar mensajes a dirigentes gremiales que están en la comisión directiva del Sindicato de la Carne.

Avalle ya había sido condenado por robo calificado, por narcotráfico y por un secuestro extorsivo al hijo de un empresario de la localidad de Arroyo Seco al que le extirparon una uña para mandarle una foto a sus familiares como muestra del daño que podían causarle a la víctima, motivo por el cual, luego se abonó un rescate.

Según las investigaciones, a través de su banda, la segunda línea de Los Monos mandó a balear gremios con el objetivo de intimidarlos para que les cedan negocios de viandas para afiliados, o de transporte. También la casa de un empresario de transporte que tiene una causa por lavado de activos para sacarle plata y a una escuela.

Para los fiscales, debajo de Avalle, la organización tiene como cabecillas a Héctor Daniel Noguera, alias “Gordo Dani”, y a Carlos Alberto Olguín, que lideran sus propias células, consideradas “ramificaciones” de la banda de “Pupito”.

El origen de la multiplicidad de causas contra el recluso de Ezeiza ocurrió en marzo de 2021 por una extorsión de la estructura del preso al local “Burguer House” de Villa Gobernador Gálvez. El dueño de ese negocio, producto de las intimidaciones, empezó a pagar los 21 de cada mes la suma de 200 mil pesos, hasta el 21 de mayo de ese año. Esa fecha fue bisagra, porque Olguín intentó ”mejicanearle” la mensualidad a su jefe “Pupito”.

Según explicaron los acusadores, Olguín mandó a su gente a decirle al comerciante que desde mayo, los 200 mil pesos se los debía abonar a su presunta banda y ya no a la pareja de Avalle, quien iba todos los meses a retirar la plata. Como el titular de “Burguer House” se negó a pagar más dinero en extorsiones o a cambiar de destinatario (al desconocer al nuevo), Olguín planificó una balacera contra el local, que fue cometida desde una camioneta blanca. Algunos de esos disparos dieron en la cabeza y mataron a Hugo Villán, uno de los cadetes de la hamburguesería que había ido a retirar un pedido para trasladarlo a un domicilio.

Entre los homicidios atribuidos a la organización está también el de Ariel “Nico” Leguizamón, un joven al que confundieron con su primo, a quien habían intentado matar sin éxito (lo habían herido en su pierna izquierda) por salir con la pareja de Olguín. Cuando fueron a buscarlo de nuevo para asesinarlo directamente atacaron a Ariel, que también tenía un yeso en la pierna izquierda producto de un siniestro vial y que vivía en el mismo pasillo que su familiar.

Desde el Ministerio Público de la Acusación también se atribuyó a Avalle la instigación de los homicidios de Miguel Ángel Roulin (46) y Ricardo Américo Carrizo (60), y una balacera contra el multimedio rosarino Grupo Televisión Litoral ocurrida el 12 de diciembre de 2022, hecho para el que usó a integrantes de la banda narco “Los salteños”, que luego fueron expuestos en una pueblada en el barrio Los Pumitas tras el crimen del nene Máximo Jerez, de 12 años, que estaba cerca de un búnker que fue atacado a tiros.

En la investigación se presume que “Pupito” planificó el atentado contra Televisión Litoral para generar conmoción pública y para dejar una nota escrita con los nombres de narcotraficantes de la competencia, a los fines de que sean “escrachados” a partir del violento hecho.

Roulin fue asesinado a principios de diciembre de 2022 en Los Ángeles al 3700, en el barrio Puente Gallego de Rosario, por un sicario de Avalle que filmó la agresión como forma de certificar que había cumplido con el trabajo que le habían encargo por dinero.

En tanto, Carrizo fue acribillado cuatro días después del de Roulin, en Villa Manuelita. El hombre mateaba con su grupo familiar en la puerta de su casa de Cepeda al 3600, cuando increparon a sicarios que estaban por balear un búnker situado a pocas cuadras de su propiedad. Los gatilleros terminaron baleando a Américo y a tres de sus familiares, entre ellos, a un nene de 9 años.

El policía exonerado Juan José Raffo, condenado como parte de la banda narco Los Monos de Rosario, fue detenido en las últimas horas en un operativo de la Policía de la Ciudad y Gendarmería en uno de los edificios más destacados del barrio porteño de Barracas. No cayó solo. Otros cinco sospechosos fueron atrapados tras allanar varias unidades de la propiedad ubicada en avenida Regimiento Patricios al 1000. Allí encontraron drogas, ropa trucha y hasta una máquina para imprimir entradas falsas.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que lo curioso es que también hallaron planos de navegación de los ríos interiores y limítrofes, que incluían la ubicación de radares emplazados en las vías fluviales.

Y que la investigación apunta a que el grupo criminal estaría implicado en actividades de contrabando y falsificación de indumentaria y otros artículos.

Raffo, anteriormente un miembro respetado de la fuerza policial, fue expulsado tras ser vinculado con actividades ilícitas y más tarde identificado como un operativo clave dentro de la estructura de Los Monos.

Su caída comenzó con acusaciones de colaborar con narcotraficantes y facilitar la logística para el tráfico de drogas. Con un pedido de captura activo desde 2023, el ex policía fue sospechoso de filtrar información a la banda narco liderada por Leandro “Pollo” Vinardi, un cercano asociado de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder del clan en Rosario.

Las autoridades ahora investigan si Raffo integraba una banda delictiva que operaba en Capital Federal. Así, fueron a buscarlo.

Durante el operativo -ordenado por la Unidad Fiscal de Crimen Organizado y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, junto con la PROCUNAR y el Juzgado Federal N°4-, agentes de Gendarmería y de la División Investigaciones Especiales (SII) allanaron cuatro departamentos, uno del segundo piso y tres del quinto.

Allí, las autoridades secuestraron drogas, dinero en efectivo, vehículos de alta gama y una máquina para la impresión de entradas falsas para partidos de fútbol en los estadios de Boca Juniors y River Plate.

Según precisaron las fuentes, en uno de los departamentos registrados se encontraron 1.004 dólares estadounidenses, 370 euros y 910.750 pesos argentinos, 649 gramos de marihuana, tres tarjetas de memoria, dos pendrives, dos teléfonos celulares, un reloj inteligente, un router portátil y una consola de videojuegos.

En otra unidad se localizó la máquina para la impresión de tickets para partidos del club Xeneize y del Millonario, más tres entradas para partidos en La Bombonera y una para el estadio Monumental.

La inspección siguió en una tercera vivienda, donde se incautaron 18.750 dólares estadounidenses y 200.000 pesos argentinos, un anillo y dos cadenas de oro, tres pendrives, siete gramos de tusi (una droga sintética conocida como “la cocaína rosa”), una balanza de precisión, siete gramos de pasta base, una tarjeta de memoria y dos relojes de alta gama, además de 19 entradas para partidos en el estadio de Boca Juniors y 97 perfumes importados y un pasaporte.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron tres vehículos: un Volkswagen Nivus a nombre de Raffo, un Citroën C4 y un Audi A1 que estaba estacionado en el playón del edificio.

Por disposición de la Justicia, Raffo quedó detenido e incomunicado, mientras que el resto de los sospechosos (cinco hombres de 20, 26, 29, 36 y 41 años, dos de los cuales residen en los departamentos allanados) solamente fueron notificados de la causa.

Las fuentes, por último, remarcaron que la mercadería incautada iba a comenzar a ser trasladada desde este martes a la ciudad de Bahía Blanca para ser donada a los damnificados por las inundaciones.

El policía exonerado Juan José Raffo, condenado como integrante de la banda narco Los Monos, fue detenido este martes en un operativo llevado a cabo por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en Barracas.

Tenía pedido de captura desde 2023 por una causa provincial y otra federal, donde está sospechado de haber filtrado información sensible a la presunta banda narco liderada por el preso Leandro “Pollo” Vinardi, histórico ladero de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder del clan que atemorizó Rosario por décadas con episodios de extrema violencia y homicidios.

Raffo fue arrestado en la vía pública, en la intersección de Regimiento de Patricios y Araoz de Lamadrid luego de tareas de inteligencia hechas por la División de Investigaciones Especiales de la Policía porteña. Rápidamente, fue trasladado a la sede del Ministerio de Justicia de la Ciudad, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales de Santa Fe, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La captura se dio después de que el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitara a la Policía de la Ciudad el pasado 28 de febrero colaboración para dar con su paradero, ya que se sospechaba que se escondía en un barrio de la capital federal.

El policía exonerado había recibido en 2018 la pena de 5 años y 10 meses de prisión como miembro de la organización que opera hace más de dos décadas en Rosario.

Como había sido detenido en diciembre de 2013, en julio de 2019 recuperó la libertad. No obstante, su actividad delictiva continuó, a criterio de los investigadores policiales y judiciales, que lo tienen sindicado como un nexo entre los narcos que responderían a Vinardi y cuevas financieras en las que se hacían operaciones de divisas para luego traer cargamentos de droga.

Además, Raffo está señalado junto a un ex agente de la SIDE de Rosario como quienes pasaban datos de investigaciones en curso y allanamientos a miembros de la estructura de Vinardi, que fue allanada el año pasado bajo el nombre de “Operación Romaní”.

Se le dio ese nombre porque quienes recibieron los dólares fueron personas de la comunidad gitana, algunos de ellos viejos conocidos de la Justicia, como Mariano “Gordo” Salomón, también condenado en la trama de Los Monos.

En la causa federal se agregó que el servicio de inteligencia también alertó a Raffo que lo habían observado en ese auto en Ezeiza, lo que se supone que provocó que el policía dejara de usar ese vehículo y la línea telefónica que tenía en ese momento. Sospechan que el ex agente lo ayudó a escapar.

Por los datos trabajados en la investigación, también generó curiosidad que se haya encontrado en el celular del agente de inteligencia cómplice del ex policía en documentos vinculados a causas de la Justicia federal de Rosario sobre la salida de cargamentos de droga desde la Terminal Puerto Rosario, ya que él no tenía intervención formal en esas tareas.

De acuerdo a los investigadores, la facción de Los Monos a cargo de Vinardi, además tiene entre sus filas a Guillermo “Chupa” u “Ojitos” Sosa, otro cabecilla de la barra brava de Newell’s que cayó el 4 de mayo de 2022 al ser imputado por el asesinato del ex barra leproso Nelson “Chivo” Saravia en San Nicolás al 3700.

El líder de la banda criminal de Rosario “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, afrontará un nuevo juicio oral y público. El fiscal federal de Morón Sebastián Basso y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) pidieron que sea elevado a esa etapa por manejar el negocio de la venta de drogas desde la cárcel federal de Marcos Paz y por haber ordenado una balacera en 2022 a su propio lugar de detención.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que a fin de año la Fiscalía y la PROCUNAR presentaron su dictamen en el que dieron por cerrada la investigación y solicitaron que Cantero y otras cinco personas sean enviadas a juicio oral, entre ellas su pareja, su hija y un sobrino.

“Se probó cómo Ariel Cantero está en constante comunicación no solo con el mundo extramuros sino también con personas detenidas en otros penales, tal como lo hizo con su sobrino Luciano”, señala el pedido de elevación a juicio oral.

“Guille” Cantero ya tiene cinco condenas penales por distintos hechos. La última fue en diciembre pasado, cuando un Tribunal Oral Federal de Rosario lo condenó a 19 años por el manejo de bunkers de droga en el marco de un secuestro extorsivo en julio de 2021. Por todas las condenas, Cantero tiene una pena unificada de 48 años de prisión.

En el nuevo pedido de juicio oral se determinó que por lo menos desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2024 Cantero organizó “el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y demás actos violentos”.

Así lo determinó la Fiscalía luego de una investigación que se centró en intervenciones telefónicas y en lo que se encontró que aparatos tecnológicos –principalmente celulares– que se secuestraron en lugares de detención, a pesar de la prohibición para eso y las especiales medidas de seguridad con las que está preso Cantero por su perfil. Esas medidas se incrementaron desde la llegada del gobierno de Javier Milei cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, implementó el Sistema de Gestión Integral de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

Al frente de esa operatoria estaban “Guille” Cantero y su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero que mantenían comunicaciones desde sus lugares de detención. “Desde allí impartieron las órdenes tendientes a llevar a cabo diversos delitos entre los que podemos destacar las conductas de tráfico propiamente dichas y -con respecto al primero- la intimidación efectuada el día 13 de noviembre de 2022 en la inmediación del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz”, resumen el dictamen que firmaron Basso y Patricia Cisnero de la PROCUNAR

La acusación también señala que de la organización participaron la pareja de “Guille”, Débora Rivas, y su hija Triana Cantero en el rol de ser el nexo entre él y la gente que debía cumplir sus órdenes y del manejo del dinero. La misma función cumplía Mía Cantero, sobrina de “Guille” y hermana de “Lucho”, de 15 años cuando ocurrieron los hechos y que por ser menor de edad quedó fueron de la acusación. En tanto, Yanina Rolón y Jonatan Ligorria se encargaban de la venta de drogas. Para todos ellos, la Fiscalía pidió su elevación a juicio.

El manejo de la venta de droga desde la cárcel se hacía mediante comunicaciones desde el penal. Una de ellas mediante triangulación de llamadas. Los presos de alto perfil pueden comunicarse con personas previamente indicadas. Pero se determinó que una vez que se daba esa comunicación se hacía una segunda llamada a personas no autorizadas. “Esta forma de evadir los controles penitenciarios permite que, una vez iniciado el llamado, el contacto habilitado una a terceras personas a la comunicación y así se conectaba Cantero con sujetos excluidos del listado”, destaca el dictamen.

Eso ocurrió con personas también detenidas. Uno de los casos citados fue una comunicación de diciembre de 2023 de “Lucho” Cantero con una persona en libertad en la que hablaban sobre un arma y el detenido le pidió que vaya a la calle a disparar y se escucharon los tiros.

El dictamen también señala el “uso indiscriminado de equipos de telefonía celular” que se hacían ingresar a la cárcel mediante distintas modalidades que fueron expuestas por la PROCUNAR en un informe del año pasado: desde mini celulares, hasta métodos de las visitas para ingresarlos con falsas mujeres embarazadas para no pasar por los rayos X y la connivencia con agentes penitenciarios.

También las escuchas telefónicas de los teléfonos públicos de los pabellones que están intervenidos. Por esa metodología de detectó una charla de “Guille” Cantero con Leandro “Pollo” Vinardi, integrante de “Los Monos” preso en la cárcel federal de Ezeiza, en la que le decía cómo entrar celulares en carnes: “agarra unos pedazos de carne, congelalos re bien, pero bien congelados y metelo ahí adentro… si sabes lo que tienen que renegar ellos para descongelarte un coso, tienen que ir con un martillo monchito y darte martillazos darle”.

A “Lucho” Cantero se le secuestró en su lugar de detención un celular I-phone. De su análisis se encontró una comunicación en la ordena balear una casa. La persona identificada como “Uri” le pregunta si la vivienda es la de la foto que le manda. “Si esa. Pasa y tirale como 5,6”, le ordena Cantero. En una conversación posterior “Uri” le manda el video de la balacera: “Si ya esta puto”.

Del mismo celular se encontraron imágenes y videos de armas de fuego en un maletín. Días antes, en diciembre de 2023, “Lucho” había mantenido una comunicación con una persona apodada “Zorro” a quien le pidió que le lleve “al gordo”, “en el maletín, limpita” y le consultó si estaba “sin rayar”. Para los fiscales la conversación corresponde con las fotos y los videos de las armas.

“Del gran caudal de evidencia recolectada, no caben dudas que los Cantero operaban en forma conjunta desde los penales, por lo que podemos sostener que las importantes sumas de dinero que reflejaron en mayor medida las escuchas de Luciano, como el secuestro de estupefacientes, elementos de fraccionamiento y pesaje que acompañaron la detención de Triana Cantero, Rolón y Ligorria, son atribuibles al negocio criminal que ambos integraban”, concluyeron los fiscales.

La Fiscalía también solicitó que “Guille” Cantero sea juzgado por haber instigado el ataque de 12 tiros desde un auto el 13 de noviembre de 2022 a una garita de control de la cárcel de Marcos Paz, donde está preso. “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario. Con la mafia no se jode”, decía el cartel que dejaron los atacantes en el lugar.

“La participación de `Guille` Cantero en el suceso se construyó a partir del análisis conglobado de una serie de indicios y antecedentes que nos convencen de que fue él quien ordenó realizar el ataque”, destacaron los fiscales.

Señalaron que el cartel que se dejó hacía referencia directa a Cantero, que las medidas de seguridad dentro de la cárcel se habían incrementado y que ya tiene antecedentes por hechos similares. “Tenía los medios necesarios para mantener contacto con el afuera a través de distintos métodos evasivos de las restricciones judiciales y administrativas aplicadas, que - como se vio- le posibilitaron controlar y ordenar distintos actos ilícitos en miras a perpetuar sus actividades ilícitas fuera del penal”, remarcaron.

La acusación para los seis imputados es por el delito de tráfico de drogas y para “Guille” Cantero por el ataque a la cárcel de Marcos Paz por coacción doblemente agravada por haberse realizado con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos y por la utilización de un arma.

El pedido de elevación a juicio fue presentado ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez. Están pendientes de resolución algunos planteos de las defensas de los acusados para lugar decidir el envío a juicio del expediente.

El Tribunal Oral Federal 3 de Rosario aceptó este miércoles elevar el expediente de Mayra Belén Mansilla, condenada a 11 años y medio de cárcel por delitos vinculados con la banda narco “Los Monos”, para tratar su pedido de prisión domiciliaria en la Cámara Federal de Casación. La mujer, de 28 años, compartió el banquillo de los acusados con el líder de esa organización, Ariel Máximo “Guille” Cantero y sus laderos Leandro “Pollo” Vinardi y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, entre una docena de acusados por tráfico ilícito de drogas.

Mansilla fue encontrada culpable por el tribunal rosarino en noviembre del año pasado en el marco de dos expedientes -“Malvestitti” y “Prokopiec”- que se unificaron en el mismo debate que juzgó y condenó a Cantero por el manejo de un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe. El primero tramitó el caso de un secuestro extorsivo agravado, en concurso real con tenencia agravada de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que el segundo versó sobre el hallazgo, en manos de Mansilla -y de Emanuel Prokopiek-, de 20 gramos de cocaína distribuidos en 87 envoltorios y 4 gramos de marihuana considerados para su venta.

El secuestro extorsivo donde la condenada resultó coautora se encuadró penalmente con triple agravamiento. Ocurrió el 23 de julio de 2021, cuando un joven hijo de un empresario fue capturado en Arroyo Seco mientras compraba marihuana junto a un amigo. Tras el rapto, donde un hombre que bajó de un Astra estacionado se hizo pasar por policía, la víctima recibió torturas y fue liberado, dos horas después, después de una negociación que culminó en el pago de un rescate por parte de sus familiares de 10 mil dólares y joyas.

En los alegatos de cierre, el fiscal Federico Reynares le había pedido a la imputada 12 años de cárcel por su participación en ese hecho, sumado al ilícito de tenencia de droga para la venta en el Departamento de Rosario, agravado por servirse de menores de 18 años, por haber sido cometido con violencia e intimidación y por la intervención de tres o más personas. Asimismo, también contempló lo comprobado en las actuaciones “Prokopiec”.

El juicio oral en cuestión recayó en los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Osvaldo Alberto Facciano y Mario Jorge Gambacorta y se llevó a cabo durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año pasado a través de largas jornadas sucesivas. Además de las condenas contra Mansilla y el capo narco de Los Monos, Leandro ”Pollo” Vinardi y Cristian Nicolás “Pupito”, próximos a “Guille” Cantero y alojados en el penal de Ezeiza, obtuvieron 14 años de cárcel. Otros nueve imputados, en tanto, sufrieron penas de prisión.

Así las cosas, el defensor público de Mansilla interpuso ante el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario un pedido de detención domiciliaria en favor de su clienta, quien ya en sus palabras finales en el juicio había relatado su condición de madre soltera a muy corta edad, sin contención familiar ni la presencia del padre de su hijo. La resolución 01/25-EP denegó, el pasado 14 de enero, ese planteo. Contra el rechazo, el abogado formuló un recurso para elevar el legajo a Casación Federal.

Previo a su efectiva elevación, el tribunal de origen debe analizar si la solicitud para remitir las actuaciones a la máxima instancia penal del país cumple con los “requisitos de admisibilidad” exigidos por el Código Procesal Penal de la Nación. Y a eso, en efecto, se abocó este miércoles la jueza de cámara Elena Beatriz Dilario en una resolución a la que tuvo acceso Infobae.

“En tal sentido, por un lado, cabe señalar que dicho remedio procesal ha sido interpuesto en legal término, por parte de quien tiene legitimación para recurrir y ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. Asimismo, el escrito del recurso interpuesto por el Defensor Público Oficial resulta autosuficiente en tanto contiene un detalle de las principales circunstancias del caso, las disposiciones legales que -a criterio del recurrente- no han sido observadas, los motivos en que se funda, y la solución que se pretende”, explicó la magistrada.

Y añadió: “Resta decir que, a pesar de que no se trata de un recurso contra una de las decisiones especificadas en el art. 457 del CPPN, se considera, por sus efectos, comprendida en esa enumeración, toda vez que traería aparejado un gravamen de imposible reparación ulterior o de insuficiente reparación ulterior, y por ende puede ser objeto de revisión por el superior".

De esa manera, Casación tendrá en sus manos el expediente donde se estudia la posible morigeración de la situación carcelaria de la joven. La semana pasada, el mismo TOF 3 ordenó la captura de otra condenada en las mismas actuaciones que Mansilla por violar el régimen de prisión domiciliaria y fugarse de su vivienda.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 (TOCF) de Rosario ordenó la captura de Marina Liliana Núñez, quien había sido condenada en noviembre de 2024 a seis años de cárcel en un juicio por delitos vinculados al narcotráfico y un secuestro extorsivo. En esa causa, la mujer compartió acusación con Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de la banda narco “Los Monos”, condenado también a 19 años de prisión. En tanto, la orden de captura y alerta policial se tomó tras constatarse que Núñez había violado el régimen de prisión domiciliaria al abandonar su vivienda y desactivarse la tobillera electrónica que la monitoreaba.

Marina Núñez recibió por parte del TOCF 3 rosarino una condena como partícipe secundaria en un secuestro extorsivo tres veces agravado ocurrido el 23 de julio de 2021, en el que un joven fue capturado en la localidad de Arroyo Seco, Santa Fe, mientras compraba marihuana junto a un amigo. Tras el rapto, la víctima recibió torturas y fue liberado dos horas después luego del pago por parte de la familia de un rescate por 10 mil dólares y joyas. La imputada en cuestión, además, fue culpada como coautora en delitos de tráfico de estupefacientes cometidos en Rosario y sus alrededores entre 2020 y 2021, con el uso de menores de edad y violencia.

La situación procesal de Núñez está relacionada, en efecto, con un debate oral más amplio que incluyó diversos casos ligados a operaciones de narcotráfico. Allí, por ejemplo, compartió el banquillo de los acusados con el líder de “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero. En ese proceso, el líder narco fue condenado a 19 años de prisión por su rol como organizador de diversos delitos, recibiendo a su vez la absolución por los cargos del secuestro extorsivo. A su vez, además de Núñez, una docena de personas obtuvieron condenas de entre seis y catorce años de prisión con sus correspondientes inhabilitaciones absolutas.

En ese marco, Infobae accedió a la Resolución N° 04/25, emitida por el TOCF 3 de Rosario en el incidente de prisión domiciliaria de la condenada, dentro del expediente N°FRO 13942/2021. En dicho trámite, Núñez había recibido la autorización para estar detenida en su casa, pero el 8 de enero pasado la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica puso en conocimiento del tribunal que la beneficiada “se quitó los dispositivos de monitoreo y se fue del domicilio”.

Con esa información, se habilitó la feria judicial y se dispuso que personal de Gendarmería Nacional se dirigiera a la vivienda fijada en autos por la condenada, en la calle Esmeralda al 2000 de la ciudad de Rosario, para dar cuenta de la situación. Los agentes de la fuerza de seguridad federal constataron la ausencia de Núñez e informaron de inmediato al tribunal compuesto por los jueces Osvaldo Alberto Facciano, Elena Beatriz Dilario y Román Pablo Lanzón.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la revocación del beneficio procesal otorgado, la declaración de rebeldía y la orden de captura de la imputada. Por su lado, la Defensa Pública Oficial no presentó ningún escrito para contestar estos pedidos de la fiscalía.

“Que, en punto a resolver sobre lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, liminarmente se impone consignar que, en el marco del expediente principal, Marina Liliana Núñez fue condenada ‘como partícipe secundaria del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate exigido, por haberle causado a la víctima lesiones graves y por la participación en el hecho de 3 o más personas; en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por servirse de menores de 18 años, cometido con violencia e intimidación y por la participación de tres o más personas, en carácter de partícipe secundaria (...) a la pena de 6 años de prisión‘“, reseñaron los jueces antes de votar.

Luego explicaron que el artículo 34 de la ley 24.660 establece que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio”, lo que dieron por cierto en virtud de las verificaciones de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Gendarmería Nacional.

“Siendo ello así -precisaron los magistrados-, corresponde que se revoque la modalidad domiciliaria de la detención que venía cumpliendo Marina Liliana Núñez (...)”, y luego añadieron: “En paralelo, a la luz de los informes aludidos, se confirma en torno a (...) Núñez la concurrencia de los supuestos que prevé el art. 288 del CPPN, toda vez que se comprobó su fuga del lugar donde se hallaba detenida bajo la modalidad domiciliaria. De tal suerte, también corresponde declararla rebelde y ordenar su captura“.

El tribunal dispuso que se libren avisos a la Policía de Santa Fe, al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y a la Dirección Nacional de Migraciones para que adopten los recaudos correspondientes. También ordenó comunicar lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencia.

La Justicia de Misiones investiga la misteriosa aparición de una serie de pasacalles en Posadas, con amenazas y que estarían vinculados a la barra de Newell’s. La causa está caratulada como “intimidación pública” y hay dos personas detenidas.

Los carteles, que aparecieron la semana pasada en la intersección de las avenidas Centenario y Corrientes, llevan frases como: “Queremos volver, queremos que vengas!”, acompañados de imágenes de pistolas en sus extremos. Otro de los pasacalles lleva el escudo de Newell’s y el texto que se observa dice: “El capo de la villa. Los dueños de Rosario”.

En este contexto, la principal hipótesis de la Justicia es que se podría tratar de un mensaje mafioso. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Misiones Online, la Policía de Misiones logró dar con los hombres que habían confeccionado los carteles y recibido el pago por los mismos luego de una investigación a cargo de la Dirección de Investigaciones Complejas.

El primero de ellos fue identificado como Jorge Omar C., de 65 años, quien realizó los pasacalles y los colgó en plena vía pública. Lo atraparon gracias a las cámaras de seguridad de la zona que lo registraron mientras los colocaba durante la noche del 7 de enero cerca de las 23.30. El testimonio de los vecinos también fue clave para su detención.

Con la declaración de Jorge Omar, las autoridades pudieron establecer cómo fue que recibió el pedido. Se habrían contactado con él a través de la red social de Facebook, desde la ciudad de Rosario, Santa Fe. El pago se realizó en dos partes: uno para asegurar su confección y el segundo se abonó luego de que el trabajo estuviera terminado.

El otro detenido fue identificado como Ignacio Marín S., de 45 años. Él fue vinculado a la investigación por haber sido quien recibió el primer pago de 46 mil pesos. Al revisar el celular del primer detenido, se constató también que existían registros de conversaciones relacionadas con el caso. Además, la Policía secuestró una notebook que será sometida a las pericias correspondientes.

Mientras termina de esclarecerse qué hay detrás de la aparición de los pasacalles, la Justicia de Santa Fe avanza con una causa por asociación ilícita contra Ariel Máximo “Guille” Cantero. A él se lo acusa de ser el jefe de la barra brava de Newell’s, mientras que a los otros miembros de la cúpula de Los Monos se los considera parte de la estructura de la asociación ilícita.

El primo del capo narco, Diego Gabriel Cantero, el reconocido Leandro “Pollo” Vinardi y Alejandro “Rengo” Ficcadenti figuran entre los acusados en una causa por asociación ilícita, que en total involucra a diez personas. Ficcadenti, actualmente detenido, enfrenta cargos por amenazas dirigidas al futbolista Ángel Di María y por su presunta participación en el secuestro del empresario Gastón Tallone, cuyo cuerpo continúa desaparecido.

Carlos Damián “Toro” Escobar y “Pollo” Vinardi, junto con sus respectivos grupos, lideraron las dos facciones en las que “Guille” Cantero había dividido el control de la barra brava, una estrategia que fortaleció la presencia de Los Monos en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa. Según la investigación, Cantero generaba 1.500.000 pesos con la venta de 1.700 entradas de protocolo, además de tener acceso a entre 10 y 20 camisetas oficiales, y cuotas cobradas tanto a quienes cuidaban los autos en las inmediaciones del estadio como a los vendedores de comida rápida.

La influencia de la barra quedó al descubierto durante el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez, un evento en el que participaron figuras de renombre como Lionel Messi, Ángel Di María y Claudio “Chiqui” Tapia. En esa ocasión, se desplegó una bandera de gran tamaño que reafirmó el poder y la presencia de la organización en el Coloso Marcelo Bielsa.

Tras un conflicto con “Toro” Escobar, Vinardi asumió la conducción total del paraavalanchas. Para dirigir las actividades ilícitas, Vinardi se apoyó en Sabrina Ivana Barrias, conocida como “Doña”, y su hijo Emir Rodríguez, quienes desempeñaron roles clave en la estructura.

Sin embargo, según la investigación llevada a cabo por los fiscales Carbone, Spelta y Schiappa Pietra, un nuevo conflicto comenzó el 10 de enero del año pasado, cuando Cantero, desde prisión, acordó con Ficcadenti el desplazamiento de Vinardi por ofrecerle menos dinero en la gestión de la barra.

El liderazgo de la hinchada quedó finalmente en manos de Leandro “Pollo” Vinardi, tras una decisión comunicada el 22 de julio por Diego Cantero, quien transmitió que “Guille” Cantero había resuelto mantener a Vinardi al frente de la organización, cerrando así la disputa con Ficcadenti.

La Justicia continuará este lunes con la audiencia de imputación contra Ariel Máximo “Guille” Cantero por ser el presunto jefe de la barra brava de Newell’s. Están apuntados también otros miembros de lo que se conoce como la cúpula de Los Monos.

Los fiscales Adrián Spelta, Franco Carbone y Luis Schiappa Pietra comenzaron la acusación formal del capo de la organización criminal el viernes por la mañana en el Centro de Justicia Penal ante el juez Fernando Sosa. Durante la audiencia, se explicó la estructura jerárquica dentro de la hinchada leprosa y se señaló el rol de cada uno de los acusados en el esquema de poder. Los fiscales sostienen que se encuentran frente a una asociación ilícita.

Sin embargo, el trámite se extendió y el juez Sosa dispuso un receso durante el fin de semana. Así, la audiencia se retomará a las 8 de la mañana de hoy, cuando los abogados defensores discutan los hechos imputados y la calificación elegida.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, los defensores consideraron como “irrisoria” la acusación planteada.

En total serían diez los acusados por asociación ilícita. Entre ellos, se encuentran “Guille” Cantero; su primo Diego Gabriel Cantero; su histórico ladero Leandro “Pollo” Vinardi; y Alejandro “Rengo” Ficcadenti —preso por amenazas al futbolista Ángel Di María y señalado por el secuestro del empresario Gastón Tallone, cuyo cadáver sigue sin ser encontrado—.

Dentro de la lista de implicados también están Sergio “Bebe” Di Vanni, quien junto a Ficcadenti están sospechados de haber participado en el secuestro del empresario, hecho por el que se pagó en vano un rescate de 65 mil dólares.

Otro de los sospechados son Sabrina Ivana Barrias, pareja de “Pollo” Vinardi; Luciano Román “Lucho” Gallardo; Emir Rodríguez, hijo de Barrias; y Oscar Rubén Mauro, quienes en el último año formaron parte, según la investigación, de la organización de la barra brava leprosa.

En línea con el planteo de los fiscales, el jefe de Los Monos ejercía control sobre los ingresos generados en cada partido local en el Coloso Marcelo Bielsa. Sus ingresos incluían aproximadamente 1.500.000 pesos, provenientes de la venta de 1.700 entradas de protocolo, además de que recibía entre 10 y 20 camisetas oficiales. A su vez, cobraba a quienes cuidaban los autos en los alrededores del estadio y a los carritos de comida rápida para que operar durante los eventos deportivos.

Años atrás, Cantero había dividido el control de esta estructura en dos grupos principales: uno liderado por Vinardi y su círculo, y otro bajo el mando de Carlos Damián “Toro” Escobar y sus allegados. Esta estrategia permitió consolidar la influencia de la organización en las tribunas.

La organización del paraavalanchas quedó expuesta públicamente durante el partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez, evento en el que participaron figuras destacadas como Lionel Messi, Ángel Di María y Claudio “Chiqui” Tapia. En esa ocasión, se desplegó una bandera de gran tamaño que simbolizaba el poder y la presencia de la barra en el estadio.

Luego de un enfrentamiento entre “Pollo” y “Toro”, el líder de Los Monos decidió delegar el control de la barrabrava a Vinardi, quien asumió la conducción apoyándose en dos personas clave para manejar los negocios ilícitos: su pareja, Sabrina Ivana Barrías, alias “Doña”, y el hijo de esta, Emir Rodríguez.

Barrías, quien cumplía arresto domiciliario por una causa de narcotráfico que incumplía de manera constante, se convirtió en una pieza central en la estructura. Por su parte, Rodríguez fue acusado de lanzar una bomba de estruendo en julio pasado en el Coloso Marcelo Bielsa, tras el empate sin goles entre Newell’s e Independiente Rivadavia.

De acuerdo con lo expuesto por los fiscales Carbone, Spelta y Schiappa Pietra, el conflicto se originó el 10 de enero del año pasado, cuando “Guille” Cantero, desde prisión y a través de una comunicación triangulada, acordó con Ficcadenti el desplazamiento de Vinardi, ya que este último le ofrecía menos dinero para el manejo de la barra.

Para intentar arrebatar el liderazgo, Ficcadenti había recurrido a medidas drásticas. En marzo del año pasado instigó amenazas contra la familia de Ángel Di María, con el propósito de impedir su regreso a Rosario Central y ganar notoriedad. En julio, ordenó el asesinato de “Lucho” Gallardo en Villa Gobernador Gálvez, cuando un sicario disparó tras golpear la puerta de su domicilio, aunque en el ataque resultó herido su hijastro, un adolescente de 16 años.

El 22 de julio pasado, Diego Cantero notificó a las partes involucradas que, por decisión de “Guille” Cantero, el control de la barrabrava seguiría bajo las órdenes de Vinardi, poniendo fin, según la investigación, a la disputa entre las facciones de “Pollo” y “Rengo” Ficcadenti.

La investigación de la muerte del juez federal de Concepción del Uruguay Pablo Andrés Seró, que ayer jueves cayó al vacío en el edificio donde vive su madre en la ciudad entrerriana, continúa con pruebas contundentes.

El teléfono celular del magistrado, que hasta ayer no había sido encontrado, fue hallado por la Policía de Entre Ríos en su despacho. Hoy, el aparato está en manos de la fiscal María Occhi, que trabaja para esclarecer el fallecimiento, a la espera de ser peritado.

Mientras tanto, se conocen los resultados de la autopsia al cuerpo. Los forenses provinciales que analizaron el cuerpo determinaron que falleció por una serie de traumatismos severos. Se hallaron múltiples fracturas de cráneo y varias fracturas de costillas que afectaron las arterias de corazón y le hicieron estallar el hígado, según el reporte al que accedió Infobae.

Todas estas lesiones, entienden los investigadores, son compatibles con la caída que sufrió.

También, el análisis de cámaras reveló que Seró entró solo al edificio. El portero, que lo conocía, lo dejó subir. Su madre no se encontraba en el lugar al momento del hecho. El exhaustivo análisis criminalístico de la Policía de Entre Ríos en el lugar, hasta ahora, no encontró pruebas de la aparición de un tercero en la escena: las cámaras de seguridad también tomaron el momento en que Seró asciende a la terraza.

Las pruebas, hasta ahora, apuntan a un posible suicidio. De todas formas, el análisis al teléfono será clave para reforzar o desechar esta hipótesis.

Seró había investigado hasta hace pocas semanas el secuestro del empresario entrerriano Gastón Tallone, capturado el 8 de julio en el Abasto. La causa, sin embargo, hoy tramita en los tribunales de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, luego de una declaración de incompetencia de los fiscales originales del caso, Josefina Minata y Santiago Marquevich, dado el lugar del hecho.

La mano narco es evidente en el caso: por el hecho fue arrestado Gustavo Juliá, que cumplió una condena de 13 años de cárcel por el tráfico de 944 kilos de cocaína en España en el caso “Narcojet”. “El auto utilizado para el traslado de Tallone registra una oblea de peaje a nombre de Gustavo Adolfo Julia, quien lo abona a través de una tarjeta de crédito suya”, asegura una fuente clave del caso, una primicia del autor de esta nota.

A mediados de diciembre,Stornelli requirió en el expediente la indagatoria de Alejandro Ficcadenti, “El Rengo”, acusado de ser un miembro de la cúpula de Los Monos , tal como reveló Agustín Lago, periodista de este medio.

Ficcadenti es señalado como un jefe de la barra de Newell’s Old Boys: justamente, hoy Ficcadenti -que fue acusado en su momento por amenazar a la familia de Ángel Di María- enfrentará una audiencia imputativa en los tribunales de Rosario, donde fiscales como Luis Schiappa Pietra lo acusarán junto a “Guille” Cantero, capo máximo de la principal facción de Los Monos y su ladero, Leandro “El Pollo” Vinardi

Tallone, un personaje al menos polémico, estaba relacionado a negocios en el puerto de Concepción del Uruguay y en 2013 tuvo una causa por falsificación de moneda en un juzgado federal del conurbano bonaerense. En su provincia, la fiscal federal Minata lo investigaba por lavado de activos, según publicó este medio en agosto pasado, un rastro que llevó a la revelación de su secuestro que, la Justicia federal, fue cometido en venganza por una deuda de medio millón de dólares.

A pesar de que su familia pagó un rescate en dólares, Tallone nunca regresó. La Justicia federal lo presume muerto hace meses; su cadáver sigue sin ser hallado.

Ariel Máximo “Guille” Cantero, el multicondenado capo de la banda narco Los Monos que acumula más de un siglo de sentencias, será acusado mañana viernes en Rosario como el presunto jefe de la barra brava de Newell’s, una situación que siempre se mencionó en audiencias judiciales, pero que nunca se había materializado en una imputación. En el banquillo se sentarán también su primo Diego Gabriel Cantero, su histórico ladero Leandro “Pollo” Vinardi, Alejandro “Rengo” Ficcadenti –preso por amenazas al futbolista Ángel Di María y señalado por el secuestro del empresario Gastón Tallone, cuyo cadáver sigue sin ser encontrado– y otros sospechosos.

De acuerdo a la información publicada por la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia comenzará a las 8 AM de mañana en el Centro de Justicia Penal ante el juez Fernando Sosa. La acusación será llevada a cabo por el cuerpo de fiscales integrado por Adrián Spelta, Franco Carbone y Luis Schiappa Pietra.

En total, serán diez los acusados por asociación ilícita. También estarán Sergio “Bebe” Di Vanni, quien junto a Ficcadenti están sospechados de haber participado en el secuestro extorsivo de Gastón Tallone, ocurrido en julio pasado en Almagro, hecho por el que se pagó en vano un rescate de 65 mil dólares.

La lista continúa con Sabrina Ivana Barrias, pareja de “Pollo” Vinardi, Luciano Román “Lucho” Gallardo, Emir Rodríguez (hijo de Barrias) y Oscar Rubén Mauro, quienes en el último año formaron parte, según la investigación, de la organización de la barra brava leprosa.

Se presume que la jornada podría tomar hasta doce horas de debate en función de la cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público de la Acusación, la cantidad de imputados y de defensores. No se descarta la posibilidad de que la audiencia pase a cuarto intermedio y continúe otro día.

La hipótesis principal de los fiscales es que “Guille” Cantero maneja, hace años, el paraavalanchas de Newell’s desde el penal federal de Marcos Paz, donde cumple condenas por 132 años –dictadas en diversos juicios entre el fuero provincial y federal–. Debajo suyo, pero como su delegado, Vinardi habría cumplido con sus órdenes al extorsionar a dirigentes del club y de regentear los negocios ilícitos de la barra.

Vinardi, preso en Ezeiza y supuesto jefe de la célula de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, habría creado su grupo de confianza para el manejo del paraavalanchas ordenado por Cantero a través de Emir Rodríguez, Luciano Gallardo y su pareja Sabrina Barrías.

Hay una cierta interna, al parecer. Ficcadenti, junto con Di Vanni y Oscar Mauro, habrían sido quienes recibieron el apoyo telefónico de “Guille” Cantero para desplazar al “Pollo” Vinardi y erigirse como la nueva jefatura de la barra. Para esto, intimidaron a la familia de “Fideo” Di María el año pasado, en un contexto donde se rumoreaba su regreso a Rosario Central, el clásico rival de Newell’s.

Días después de las intimidaciones, con una balacera y la entrega de la cabeza de un cerdo en la puerta de la inmobiliaria de la hermana del jugador, el propio “Rengo” Ficcadenti se jactó vía mensaje de texto de WhatAapp de haber instigado las amenazas. “Yo siempre cumplo, gracias a mí no viene”, escribió.

Rosario está por cerrar, en lo que respecta a estadísticas criminales, uno de los años con menor cantidad de homicidios dolosos en los últimos 15. Sin embargo, luego de una rigurosa investigación que demandó 10 meses, los fiscales provinciales Gastón Ávila y Carla Cerliani imputaron este viernes a un grupo de ocho personas que entre 2021 y octubre de este año –período que, a excepción de 2024, abarca los años de mayor nivel de violencia narcocriminal de la ciudad– tenía un aceitado sistema para volcar armas al mercado negro.

En la causa se pudo determinar que, en algunos casos, le vendieron armamento y cartuchos de diferentes calibres a la presunta banda narco liderada por Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero y actual jefe de la tercera generación de Los Monos, que está preso en el penal de Marcos Paz.

La acusación de los fiscales comenzó el pasado lunes y recién culminó este viernes, cuando la jueza de primera instancia María Melania Carrara dictó la prisión preventiva efectiva para todos, con distintos plazos en función del rol que tenía cada uno dentro del esquema expuesto por el Ministerio Público de la Acusación.

Para Ávila y Cerliani, el presunto jefe de la organización fue Lucas Petrovelli. Debajo suyo estaban Javier Alberto Hernández, encargado de ventas de la armería Bordoni de la zona sur de Rosario; Mauricio Lo Giudice, hijo de la dueña de la armería; el psiquiatra Marcelo Lemoine; el instructor de tiro Paulo Fedeli; el testaferro Marcelo Godoy; Rodrigo Sinsing, encargado de la captación de nuevos prestanombres; y Flavio Petrovelli, hermano del principal investigado.

La causa surgió producto de nuevos lineamientos de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de María Cecilia Vranicich, en sintonía con los de la Fiscalía Regional de Rosario, cuyo titular es –por ahora, de manera provisoria– Matías Merlo, quienes dispusieron la creación de un equipo de trabajo que se dedique específicamente a detectar el funcionamiento del mercado negro de armas de una ciudad que durante más de una década estuvo signada por la violencia y los tiros.

El presunto jefe de la estructura, Lucas Petrovelli, era legítimo usuario registrado ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Según los datos del sistema, en los últimos tres años adquirió 43 armas de fuego por casi 30 mil dólares –cuyo valor de reventa al mercado negro se presume que se duplica–. Trece de esas armas fueron conseguidas en la armería Bordoni, donde también compró 7.450 cartuchos de distintos calibres por 6.631.000 pesos, a valores de octubre de este año. Según la causa, se presume que todas las operaciones estuvieron motivadas por la finalidad de destinarlas a personas que no están autorizadas a tener o portar armas.

Petrovelli, junto a Rodrigo Singsig, tenían la tarea de “reclutar” testaferros. Petrovelli lo hizo con allegados con los que jugaba semanalmente partidos de fútbol. Sinsig, en cambio, buscaba a personas en situación económica vulnerable y les pagaba a cambio de que hicieran el trámite de legítimo usuario con otros presuntos miembros de la banda –el médico psiquiatra Marcelo Lemoine y el instructor de tiro Paulo Fedeli– y después fueran a la armería Bordoni a llenar papeles en blanco. Con eso, posibilitaron nuevas “ventas fantasma” a clientes que no existían técnicamente, para únicamente comercializar las armas con numeración suprimida, lo que dificulta la trazabilidad del armamento.

Sinsig también es legítimo usuario y registró 18 armas de fuego, de las cuales 14 fueron entre junio y diciembre del año pasado, mientras que las otras cuatro entre julio y septiembre de 2024. A su vez, compró solo el año pasado 2.350 cartuchos de diferentes calibres por 2.200.000 pesos, a valores de octubre de este año.

Según explicó Ávila, Petrovelli y Sinsig llevaban a los testaferros de armas ante Lemoine y Fedeli para que pudieran recibir la credencial. En el caso del médico, “si la persona no veía bien de un ojo, no importaba. Si no escuchaba de un oído, tampoco”. “Y el instructor de tiro, con total libertad, declaraba ante ellos que tenían idoneidad en el manejo de armas de fuego”, aseguró.

Otro de los presuntos miembros de peso de la estructura es Javier Hernández, quien ponía a disposición “sus servicios de gestoría a partir de su vínculo con Petrovelli y Sinsig, a sabiendas de que las armas que adquirían ellos, o las personas que ellos llevaban, que fungían de prestanombres, eran revendidas en el mercado ilegal, entre otros, a ‘Lucho’ Cantero”.

Flavio Petrovelli, el hermano del presunto líder, es quien ofició de nexo con la organización del presunto jefe de la tercera generación de Los Monos. Puntualmente, a través de Agustín “Kaki” Varela, que está sindicado de formar parte de esa organización. “La maniobra la hizo con al menos 24 armas de fuego, de las cuales, 17, eran pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros, cuatro eran pistolas semiautomáticas calibre .380, dos calibre .40 y otra calibre .45. De todas esas adquisiciones, ocho se hicieron en la armería Bordoni”, ponderó Ávila.

“Adquirió entre diciembre de 2021 y septiembre de 2024 en la armería Bordoni la suma de 11.900 municiones de diferentes calibres por 10.609.000 pesos y las volcó al mercado ilegal, al igual que las armas”, subrayó.

A modo de ilustrar que la presunta asociación ilícita “vendía al mejor postor” y no solo a bandas narco, se desprende un mensaje de texto de WhatsApp de Flavio Petrovelli, que aclara: “El que viene con la plata se la lleva. Es así de simple. Yo no ando renegando para que me paguen”.

En celulares que fueron incautados en allanamientos por esta extensa investigación, otras personas intercambian mensajes en las que cuenta que ellos le ofrecieron una pistola Taurus 9 milímetros por 260 mil pesos.

A “Kaki” Valela, de la banda de “Lucho” Cantero, una persona le contó: “Ya estamos contando la plata. Ya está todo listo. Decile (a Flavio) que es seguro, apenas la termine de limar… ¿La vas a ir a buscar vos? ¿La van a traer? ¿Cómo vas a hacer?”.

En otro intercambio de mensajes de presuntos miembros de esa organización, de Los Monos, destacan que la supuesta banda “las traen nuevas” a las armas. “Eso no se consigue”, ponderaron.

La Justicia le dio este viernes un nuevo golpe a Los Monos en Rosario, ya que ordenó la detención de Diego Gabriel Cantero, primo de Ariel “Guille” Cantero y nexo entre la banda narco y el manejo de la barra brava de Newell’s.

En horas del mediodía, por disposición de los fiscales Adrián Spelta, Schiappa Pietra y Franco Carbone, que lo investigan por asociación ilícita, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedió a la detención de quien solía ser una visita recurrente del líder de Los Monos en el penal de Marcos Paz hasta que le restringieron el régimen. Fue en un domicilio de la calle Grandoli al 4800.

Ahora, Diego Cantero será imputado junto a otras personas por asociación ilícita y estar sindicado como quien transmitía las órdenes de su primo a la barra del club de Parque Independencia. Entre otras cosas, definía al líder de las tribunas y qué negocios se llevaban a cabo.

Diego Cantero, en los últimos tiempos, había puesto al mando de la barra de Newell’s a Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien está detenido en el sector de alto perfil de la Unidad penitenciaria Nº11 de Piñero junto a Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni por los atentados contra Ángel Di María y su familia y ahora es investigado también por haber participado en el secuestro extorsivo de Gastón Alfredo Tallone, un empresario portuario que fue raptado el 8 de julio pasado cerca de un hotel en el barrio porteño de Almagro. Se encuentra bajo monitoreo, con restricción de comunicaciones y visitas.

Sin embargo, la confianza de los Cantero en Ficcadenti, caído en desgracia, decayó y actualmente le devolvieron el poder a Leandro “Pollo” Vinardi, un histórico ladero de “Guille” que se encuentra detenido en Ezeiza por homicidio y narcotráfico. Además, en septiembre de este año fue imputado por haber extorsionado y amenazado al presidente de Newell’s, Ignacio Astore, con la exigencia de entradas de protocolo y dinero. Según la investigación, llevó a cabo estos delitos desde el penal.

En aquella audiencia imputativa ante el juez Hernán Postma, el fiscal Franco Carbone le atribuyó a Vinardi varias intimidaciones al presidente de Newell’s, que habrían comenzado años atrás.

En primer término, indicó que, periódicamente, el club le paga un millón y medio de pesos a la barra brava leprosa, que se desembolsa en efectivo en las jornadas previas o posteriores a cada partido. Y quien suele cobrar ese dinero es otro barra, Luciano “Lucho” Gallardo, generalmente a través del jefe de seguridad de la institución.

“Astore y las personas entrevistadas bajo identidad reservada dijeron que desde que asumieron son obligados por partido de local a entregar entradas de protocolo, que en la actualidad son 1.700, dinero en efectivo, que actualmente es un millón y medio de pesos, y entre 15 y 25 camisetas”, precisó Carbone.

La disputa entre las facciones de la barra de Ficcadenti y Vinardi tuvo varios episodios de extrema violencia, como cuando balearon en la cabeza al hijastro de Gallardo y otro ataque en el que le dieron un tiro en el tórax al hijastro de Vinardi.

Es una pelea en la que lo que está en juego es una enorme billetera, que se llena con lo que ingresa desde los aprietes al club que acobijó la niñez de Lionel Messi y el dinero recaudado en negocios relacionados, como los trapitos, la reventa de entradas, la venta de camisetas, puestos de comida alrededor del estadio Coloso Marcelo Bielsa y otros.

Ahora, con el líder de Los Monos detenido, al igual que Ficcadenti y Vinardi, en los próximos días podría recrudecerse la lucha interna, ya que Diego Cantero, quien oficiaba de nexo y daba el veredicto final, cayó este viernes.

Lisandro Damián “Licha” o “Limón” Contreras, el cabecilla de la presunta banda narco Los Menores, que cayó el 7 de diciembre pasado en un operativo de la Policía Federal en Tigre, fue imputado en la mañana de este viernes en una extensa audiencia encabezada por los fiscales Georgina Pairola, Agustina Eiris y Luis Schiappa Pietra. En el legajo también figuran otras cinco personas, entre las que se encuentran Pablo Nicolás Camino, Rodolfo Héctor “Eri” Masini y Leandro “Gordo” Vilches, reclusos que están alojados en el penal de Ezeiza y que son considerados mandos medios de Los Monos.

De acuerdo a la exposición de los fiscales ante el juez Pablo Pinto, la presunta asociación ilícita que logró mediatización por ser mencionada como la que habría matado a tiros el 9 de noviembre pasado al jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel Raúl “Rana” Attardo, se fundó en noviembre de 2022, a partir de una ruptura interna de la estructura que lidera Camino desde prisión.

Pairola ubicó a Camino, Masini, Vilches y Contreras como presuntos jefes de la organización, que tiene entre sus miembros a Jonatan Garraza, agente de la Policía de Investigaciones –que se encuentra en disponibilidad– con pedido de captura, que está sospechado de haber filtrado información. En el caso de “Licha”, era el único que no estaba tras las rejas, ya que años atrás cumplía prisión domiciliaria en la ciudad de Funes por una condena –6 años y 10 meses– derivada de un robo calificado y una portación de arma de fuego de uso civil de mayo de 2015.

Los fiscales explicaron que Camino –condenado a 16 años por asociación ilícita y extorsiones, e imputado por homicidios y balaceras, entre ellas al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo– buscó ampliar su territorio, que por entonces eran los barrios Godoy, Belgrano, Villa Nueva y Villa Urquiza. Lo mismo su compañero de pabellón Vilches –quien purga una pena de 11 años como integrante de Los Monos y tiene causas por narcotráfico–, que tenía su banda distribuida en la ciudad de San Lorenzo y en los barrios República de la Sexta y Empalme Graneros de Rosario.

Por su parte, Masini –condenado a 11 años de cárcel por narcotráfico– ordenaba a distintos miembros de su presunta banda que consiguieran armas de fuego y vehículos para llevar adelante la comisión de diferentes delitos.

“Cada uno ocupa un liderazgo dentro de la asociación y tiene a su vez una estructura que le es propia, pero no exclusiva. A veces, se sirven de personas que en sus respectivos roles ejecutan las órdenes impartidas o desarrollan su rol dentro de la autonomía que le es permitida”, señaló Pairola.

De acuerdo a la investigación, Los Menores se encargó de dominar distintos puntos de Rosario, donde usurpó departamentos, casas y puso puntos de venta de droga al menudeo. Para desplazar a otras organizaciones también robó vehículos que luego utilizó para ejecutar balaceras, algunas de ellas, contra instituciones públicas.

A “Licha” Contreras le atribuyeron haber instigado a cambio de dinero balaceras y estar al mando de un grupo de personas relacionadas con “apuestas y juego clandestino, estafas a través de la venta de terrenos, creación de sociedades fantasma, inversiones en monedas virtuales del producido de esas actividades”.

El presunto narco figuraba empleado en la firma Odontotecnicaba SRL, de Buenos Aires, que fue allanada por esta investigación. Del relevamiento realizado surgió que posee una Amarok que tiene una cédula de autorización para manejar a nombre del financista Juan Ignacio Suris, ex pareja de la vedette Mónica Farro, quien está preso por narcotráfico y estafa.

Debajo de “Limón”, la fiscal Pairola situó a tres personas que están prófugas, entre ellas, al agente de la Policía de Investigaciones.

Pairola también nombró a Ornella Lucía Dipietri, una de las imputadas de este viernes, como la encargada de administrar el dinero de las sociedades, el juego clandestino y contratos de alquiler. La mujer es la ex pareja de Contreras.

Jorge Andrés “Viejo” Fleitas y Emanuel Sebastián Cáceres también fueron acusados en la audiencia por haber sido quienes se dedicaron a organizar reuniones donde se hacían apuestas clandestinas en el Pellegrini Bochín Club, que fue allanado el 8 de diciembre, donde se incautó material de interés.

Por otra parte, el presunto líder de Los Menores, Matías Gazzani, permanece prófugo. Su nombre, los de Contreras, Camino, Vilches, Masini y la connivencia con un policía quedaron expuestos en una balacera contra la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, donde dejaron una nota intimidatoria.

Durante la audiencia también se ventiló que “Licha” fue detenido en febrero de 2022 en un procedimiento de la brigada motorizada. Estaba en un vehículo, con tobillera electrónica, junto a Jonatan Riquelme, hermano de Francisco Riquelme, un preso considerado ladero del capo narco Esteban Lindor Alvarado. En esa oportunidad, Contreras fue trasladado a la comisaría 12ª de barrio Ludueña, que al día siguiente fue baleada desde una moto.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará el próximo lunes a las 8.

Una nueva condena recayó esta tarde sobre Érica Elena Bullón, la actual pareja de Uriel Luciano “Lucho” Cantero, reconocido por pertenecer a la familia de la banda narco “Los Monos”. Tras declararse culpable de liderar una asociación ilícita, la justicia dictaminó una pena de 9 años, que se suma a la que ya estaba cumpliendo en la Unidad 5 del Complejo Penitenciario de Rosario.

Según informó Rosario 3, el juez Fernando Sosa determinó que la acusada cumplía el rol de jefa junto a su pareja —quien actualmente se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por tres causas que impulsó el fiscal Luis Schiappa Pietra—, y su madre, Lorena Verdún.

A su vez, Bullón se encuentra cumpliendo una condena desde julio del 2022, en una causa por extorsiones y balaceras dirigidas a dos hombres involucrados en la compraventa de automóviles. En ese entonces, se le asignó una pena de 3 años por extorsión en grado de tentativa en concurso ideal con amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, en donde se confirmó su rol como coautora e instigadora. Los delitos fueron organizados por su pareja desde la prisión en la que se encontraba, contra dos personas a las que les había alquilado una casa y les había comprado un Jeep Renegade. En ese entonces se determinó que Bullón cumplió con las órdenes de exigir 200 mil dólares a las víctimas.

Al momento de dictar la sentencia, teniendo en cuenta el prontuario de la mujer, la fiscal Marisol Fabbro y el defensor penalista Leonel Iesari solicitaron, a través de un acuerdo, una pena unificada de 9 años por el delito de asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad.

Esto se debió a que, sobre la acusada, ya había otras sentencias firmes. Es decir, la mencionada del mes de julio y previamente, una causa por el hallazgo del arsenal en el domicilio de Caña de Ámbar al 1.700 en el que se encontraba. En ese entonces, se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria debido a que estaba al cuidado de su bebé.

En la investigación, la fiscal presentó cargos contra 40 personas, acusadas del delito por el cual fue condenada este miércoles Bullón, y otros, relacionados con la pandilla de Cantero. “La Fiscalía pudo analizar las listas sábanas de las líneas telefónicas utilizadas tanto por Bullón como por Cantero, lo que permitió comprobar que mantenían una comunicación constante y fluida antes de la detención de ella”, señalaron los investigadores sobre la constante comunicación que mantenía la pareja.

Los llamados demostraron “la capacidad de mando y organización que Bullón mantenía dentro de la estructura criminal, así como su rol en la coordinación de las órdenes de Cantero”, añadieron.

El pasado 27 de noviembre “Lucho” de 21 años, reconocido por ser el hijo del asesinado líder de la banda, Claudio “Pájaro” Cantero, fue condenado a la pena de 6 años de prisión, por varios delitos: haber disparado al aire desde la terraza de una casa, en la Navidad de 2021; por la tenencia de un arsenal que fue incautado en su domicilio y por haber posado armado en varias fotos junto al cantante de trap Agustín Carlos García, conocido por su nombre artístico Zaramay.

El tribunal de la Justicia Penal —integrado por los jueces Eleonora Verón, Gustavo Pérez de Urrechu y Paola Aguirre— consideró responsable al presunto líder de la tercera generación de Los Monos, por tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, pero lo absolvieron por intimidación pública.

Cantero había sido detenido en enero de 2022, tras un allanamiento llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal, como consecuencia de una causa donde se le seguían los pasos por varios delitos. El operativo había sido solicitado por los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery.

Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda criminal rosarina “Los Monos”, amenazó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a los agentes del Servicio Penitenciario Federal que a fines de noviembre fueron premiados por Javier Milei. “Cuando mis hijos no quieran venir y yo esté enojado, voy a ir a buscar al que le dieron el sable y lo voy a esperar en la puerta de su casa y lo voy a cagar matando”, fue la amenaza de Cantero que hizo ante propios agentes de la cárcel federal de Marcos Paz.

Así consta en una nota que las autoridades de Marcos Paz enviaron a la justicia federal de Rosario y a la que accedió Infobae. El informe da cuenta que la expresión se relaciona con el acto que encabezaron Milei y Bullrich -de quien depende el SPF- en Casa Rosada a fines de noviembre en la que hicieron entrega de sables a oficiales de fuerzas federales de seguridad. Además de amenazas concretas a la ministra.

En ese acto, Milei anunció que se prohibirá que en base a cambios de géneros los presos pidan pasar a cárceles de mujeres. Y dijo: “Tan sólo -la semana pasada- se supo que el jefe de la banda de “Los Monos” pidió 10 Hábeas Corpus para cambiarse de género y poder recibir visitas de hombres. Sólo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad”. Cantero, en rigor, se había declarado ante la justicia como bisexual para también recibir la visita íntima de hombres, pero en escuchas telefónicas la justicia determinó que era todo mentira y no se lo permitieron.

La amenaza de Cantero fue escuchada por tres agentes de la cárcel federal de Marcos Paz el lunes de la semana pasada a la noche. Fue cuando pidió una audiencia porque dijo tener información sobre las personas que ese fin de semana habían amenazado a Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en un video en el que están encapuchados con armas y mamelucos y que se conoció en redes sociales. Por ese hecho, hubo detenciones la semana pasada en una localidad cercana a Rosario.

La audiencia que pidió Cantero duró una hora y se realizó en el pasillo de la celda que ocupa. El líder de “Los Monos” está alojado en un módulo solo sin contacto con otros presos y bajo el régimen de presos de alto riesgo. Lo que dijo Cantero quedó registrado en una nota de dos páginas.

Allí consta que Cantero entregó una nota en la que pedía una audiencia en la Fiscalía General de Rosario para hablar sobre el video de las amenazas. El narco dijo “tener conocimiento sobre el armamento que fue exhibido en la filmación viralizada, tanto respecto de su origen, circunstancias en las que fue adquirido, así como también de quien lo portaría en la actualidad”.

“Hizo saber que si le daban la oportunidad él podía acomodar las cosas en Rosario, ya que conoce tanto a la Policía, como a los funcionarios judiciales, y que posee amplios recursos provenientes del fútbol, de la venta de inmuebles, vehículos y de sus vínculos con el sindicato”, agrega la nota según los dichos de Cantero.

Luego llegó la amenaza a Bullrich: “A continuación, en su relato el interno hizo referencias hacia la ministro de Seguridad Patricia Bullrich, más precisamente respecto de las medidas de seguridad por ella implementadas, y que como consecuencia de las mismas podría tomar represalias en su contra, como así también contra las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”. Al día siguiente, Bullrich sancionó a Cantero con 30 días de incomunicación con cualquier persona, excepto con sus abogados.

Tras esa frase, Cantero habló sobre la entrega de los sables. Pero continuó. Dijo que tenía “información detallada respecto de la identidad y los domicilios” de los agentes del SPF que trabajan en la cárcel de Marcos Paz y que tenía recursos para filmarlos. “Vamos a buscar la dirección de todos y un día vamos y le cagamos a tiros la casa y nos quedamos calladitos”, dijo Cantero de manera textual según consta en el informe.

Mariana y Macarena Cantero, hermana del capo de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, fueron detenidas este miércoles en el marco de una redada de 19 allanamientos que llevó a cabo la Prefectura de Zona Bajo Paraná, ordenada por el Ministerio Público Fiscal de Rosario que investiga un esquema de narcomenudeo. En los operativos hubo seis arrestados y un secuestro de dinero en efectivo y elementos que supera el valor de 147 millones de pesos, según la estimación hecha por la propia fuerza federal.

En la investigación de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Mariana y Macarena Cantero aparecen como las personas a quienes rendían cuentas los vendedores de droga al menudeo en el barrio La Granada, donde la mayoría de los integrantes del clan Cantero tienen registrados sus domicilios.

En un escueto comunicado, la Prefectura Naval informó que se secuestraron una veintena de bolsas de cocaína, balanzas de precisión, 40 celulares, dispositivos informáticos, alhajas, máquinas de contar billetes y cuadernos con anotaciones.

En una sola propiedad, los agentes federales incautaron 60 millones de pesos y 20 mil dólares, según indicaron a Rosario3, investigadores judiciales.

Otra hermana de “Guille” Cantero fue allanada en estos operativos, pero no figura entre las personas aprehendidas. También se allanó una distribuidora de bebidas y alimentos de la zona sur que tendría relación con Mariana y Macarena.

El líder de Los Monos fue noticia esta semana porque desde el Servicio Penitenciario Federal se le suspendieron las visitas por el plazo de 30 días en el penal de Marcos Paz, donde cumple condena por 132 años, de acuerdo a las sentencias en su contra del fuero provincial y federal.

De esta forma, Cantero únicamente podrá mantener comunicación con los abogados que lo defiendan en las investigaciones en su contra, y de manera telefónica.

En los considerandos de la disposición se indica que la sanción es por las declaraciones que hizo el capo narco en una audiencia celebrada el 25 de noviembre, donde estaba acusado de narcotráfico y por el secuestro del hijo de un empresario de Arroyo Seco, juicio en el que después recibió la pena de 19 años de prisión.

“Últimamente, estoy mirando la tele, se aparecieron unos menores, mataron a toda la gente. No sé de dónde salieron. Supuestamente, los malos éramos Los Monos, no sé… En cualquier momento van a matar a un fiscal, se les está yendo de las manos”, expresó el jefe de Los Monos, de acuerdo a la resolución.

La medida también hizo alusión al video en el que cuatro sospechosos armados se filmaron amenazando a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Por este video, Gendarmería detuvo hoy jueves a tres posibles delincuentes y demoró a otros cuatro en la zona de Puerto San Martín del departamento San Lorenzo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de Rosario, a cargo del juez Eduardo Rodrigues Da Cruz, condenó al financista Yalil Roberto Azum a cumplir una pena de 6 años en prisión por tráfico y comercialización de estupefacientes junto con otras seis personas. El condenado, conocido por tener vínculos con Los Monos y con la barrabrava de Newell’s Old Boys, también fue imputado por varios delitos que agravarían su situación.

La sentencia que se dio a conocer el viernes está vinculada a una investigación iniciada en 2017 producto de una denuncia anónima realizada en la sede fiscal ubicada en la calle Entre Ríos al 700. El denunciante advirtió a las autoridades sobre la existencia de una red que funcionaba en el Club Echesortu, en donde funcionaba una mesa de dinero.

“Se blanquea la plata de la droga y de Los Monos, que llegan de la mano de El Turco, quien los visita en la cárcel y les ofrece negocios”, aportó el informante, quien apuntó directamente contra uno de los directivos de la asociación deportiva de barrio. Asimismo, describió que el dinero se blanqueaba por medio de estafas con carnet de la ex AFIP y agregó: “Prestan planta a intereses usuarios y se queda con propiedades de la gente”.

El hecho descubrió a una banda que se encargaba de distribuir droga en el macrocentro rosarino y en el barrio Hospitales que se ubica al sur de la ciudad. Mientras que la instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, en el juicio tomó la posta el titular de Litigio Oral Estratégico de Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, el fiscal general Federico Reynares Solari.

Luego de que se encontraran pruebas en contra de los siete imputados, se llegó a un acuerdo para realizar un juicio abreviado. Por este motivo, el juez sentenció a Yalil Roberto Azum, a Cristian Carlino y a Mario Alberto a cumplir 6 años de prisión y pagar una multa económica de 472.500 pesos cada uno por haber sido considerado como autores penalmente responsables de delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, según la información proporcionada por Rosario3.

En el caso del financista, la Justicia consideró que fue el encargado de proveer la droga y coordinar las actividades de acondicionamiento, fraccionamiento, acopio, distribución y comercialización. Sin embargo, Carlino y Alberto solo habrían sido vinculados a la proveeduría de los estupefacientes.

Respecto a los otros tres implicados en la causa, Walter Mastrocola y Carina Febre fueron condenados a 4 años en la cárcel y una multa de 236.250 pesos por haber sido señalados como partícipes secundarios. Mientras que Alejandro Sharif Azum recibió la misma pena, con el diferencial de que el monto aumentó a 280.000 pesos por haber proveído a la banda de estupefacientes, Mariano Gatti fue sentenciado a una condena de 3 años en prisión y una multa de 236.250 pesos.

Por otro lado, Yalil Azum podría volver a ser sentenciado a una pena más severa que estaría relacionada con los múltiples delitos que le atribuyeron. Desde el Centro de Justicia Penal de Rosario solicitaron una condena de 27 años por presuntamente haber sido el jefe de una asociación ilícita, coautor de juego clandestino, encubrimiento agravado en dos hechos, partícipe secundario de un homicidio calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y para procurar la impunidad del mismo delito agravado por el uso de arma de fuego, y como autor de 20 hechos de usura agravada por la habitualidad.

No obstante, su rol como financista fue lo que lo hizo volverse conocido ante los ojos de la Justicia luego de que la fiscal Viviana O’Connel lo señalara por supuestamente financiar a los jóvenes que buscaban adentrarse en el negocio de las drogas. “Cuando comenzaban a producir dinero, se ocupaba de las inversiones”, acusó. En línea con esto, el acusado también se habría dedicado a prestar dinero con intereses, una actividad que habría comenzado a desarrollar en 2012 hasta que fue detenido.

“Los préstamos se efectivizaron en la mayoría de sus casos a través de WhatsApp, y eran difundidos mediante folletos o por recomendación de clientes”, explicó la Fiscalía sobre la modalidad que había adoptado el acusado. Además, indicaron que Lisandro Scalcione habría sido la persona responsable de administrar el servicio de mensajería.

Ariel Máximo “Guille” Cantero (36), líder de la facción principal de Los Monos, volvió a ser condenado por narcotráfico. Este jueves, el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario le dio la pena de 19 años de prisión por el manejo de un punto de venta de droga de Arroyo Seco de la organización, donde el 23 de julio de 2021 fue secuestrado el hijo de un empresario que había ido a comprar marihuana y fue liberado horas después en Villa Gobernador Gálvez tras el pago del rescate de sus familiares. Con este fallo, el capo narco acumula un monto de 132 años de cárcel.

En el veredicto, que lleva la firma de los jueces Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero, también fueron condenados otras doce personas de estrecha relación con Cantero: sus laderos Leandro “Pollo” Vinardi y Cristian Nicolás “Pupito” Avalle -alojados en el penal de Ezeiza-, quienes recibieron 14 años de prisión.

A Sabrina Ivana Barrías, pareja de Vinardi, los jueces le dieron 6 años y 1 mes de cárcel. La mujer y el “Pollo”, en paralelo, están imputados por el fiscal provincial Pablo Socca por extorsiones al presidente de Newell’s Ignacio Astore, a quien le exigían entradas y plata por partido por ser quienes gerenciaban la barra brava del club bajo las órdenes de “Guille”.

Los otros condenados fueron Jonatan Leonardo Lencina -que recibió 12 años y 6 meses-, Pablo Pascua -12 años-, Mayra Belén Mansilla -11 años y 6 meses-, Gregorio Agustín Núñez -11 años y 6 meses-, Virginia Malvestitti -10 años-, Laureano Espeche Aznarez y Alexander Daniel Alcarez -10 años y 6 meses-, y Axel Vilches -8 años-.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por Federico Reynares Solari, Rodrigo Romero, fiscales del Ministerio Público Fiscal de Rosario y Matías Scilabra de la PROCUNAR, la víctima se había juntado a cenar con un grupo de amigos y después fue a comprar marihuana tras haber pactado un encuentro con Virginia Malvestiti, una de las acusadas de vender droga para la célula de Los Monos que supuestamente gerencia Vinardi en Villa Gobernador Gálvez.

La víctima, al bajar del vehículo para ir al búnker, fue atacado por un hombre que bajó de un Astra estacionado y vestía como policía. En simultáneo, otro sospechoso apareció en la escena y le dio un culatazo en la cabeza. El joven intentó escapar, pero fue obligado a subir al auto de los agresores, donde había otras dos personas.

Luego fue trasladado hasta una vivienda de la intersección de Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. En ese lugar, permaneció cautivo varias horas, mientras comenzaron las llamadas a sus padres para exigirles el dinero por su liberación.

Los secuestradores se comunicaron primero con la madre del joven. A través de WhatsApp, le enviaron audios y una fotografía del chico a modo de “prueba de vida”: en la imagen se veía al joven con los ojos vendados y dos pistolas apuntándole a la cabeza.

La mujer creyó que se trataba de una broma y bloqueó el contacto. Los captores, entonces, le hablaron por medio del celular de su hijo: “Desbloquee a los pibes que le mandaron primero, porque si no a tu hijo no los vas a ver más, así corta la bocha”, la amenazaron en un mensaje de voz.

“Le dimos una hora, doña, ya van 10 minutos. Fíjese lo que va a hacer que esto no es joda. Desbloquee a los muchachos porque voy a empezar a verduguear a tu hijo, viste la foto que te mandé, le voy a mandar un dedo”, la volvieron a intimidar luego.

Durante las negociaciones, los secuestradores exigieron cien mil dólares. Como los padres no contaban con el dinero, posteriormente bajaron sus pretensiones y terminaron aceptando un pago de 10 mil y algunas joyas.

La entrega se hizo en las inmediaciones del Puente Cargill de esa localidad santafesina. El joven fue liberado de madrugada, cerca de las 2. Durante su cautiverio, lo cortaron con un cuchillo y lo golpearon: sufrió fracturas en un dedo, una mano y un codo. También le robaron el short de Independiente, la remera y las zapatillas blancas que vestía.

Uriel Luciano “Lucho” Cantero (21), presunto líder de la tercera generación de Los Monos y que está preso en el penal de Marcos Paz, fue condenado este miércoles por la tarde a la pena de 6 años de prisión por tres causas penales que impulsó el fiscal Luis Schiappa Pietra. Se trata del hijo del asesinado líder de la banda Claudio “Pájaro” Cantero, que estaba acusado por recibir la Navidad de 2021 disparando al aire en la terraza de una casa, por la tenencia de un arsenal que fue incautado en su domicilio y por haber posado armado en varias fotos junto al trapero Zaramay.

La resolución tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, donde el tribunal integrado por los jueces Eleonora Verón, Gustavo Pérez de Urrechu y Paola Aguirre consideró responsable a Cantero por tenencia y portación ilegítima de arma de fuego de guerra, pero lo absolvieron por intimidación pública.

“Lucho” cayó el 18 de enero de 2022 en un allanamiento llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal, hoy reconvertida bajo el nombre de la Policía de Investigaciones, en un procedimiento pedido por los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery.

Los operativos habían sido la consecuencia de una causa donde se seguía los pasos del hijo del “Pájaro” Cantero por varios delitos. Uno de ellos, por estar en las fotografías que en enero de 2021 subió Zaramay a su cuenta de Instagram, donde se lo veía en Rosario acompañado por Los Monos, cuyos integrantes estaban fuertemente armados. Por ese hecho, el trapero tuvo que aceptar una probation que incluyó una multa de medio millón de pesos tras pasar un mes en la cárcel.

Otro de los casos debatidos en el juicio fue la filmación que hicieron los allegados a “Lucho” Cantero durante la Navidad de 2021, cuando quedaron grabados mientras realizaban ráfagas de tiros al aire con distintas armas. Al momento de su arresto, la Policía secuestró en la casa del presunto líder de la tercera generación de Los Monos, en el barrio La Granada, 20 armas de fuego y 800 cartuchos.

En paralelo, “Lucho” Cantero afronta varias causas penales, por las que ya fue imputado. Una de ellas es por haber sido el presunto jefe de una asociación ilícita que tiene una treintena de acusados y que, según la fiscal Marisol Fabbro, “procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”. En la atribución, la fiscal afirmó que sus integrantes cometieron “homicidios, amenazas, extorsiones, venta de estupefacientes y balaceras”.

Para la investigación, la tercera generación de Los Monos habría comenzado a operar al menos desde junio de 2021 y alcanzó a expandirse hacia los barrios Plata y Las Delicias, además de tener su base en La Granada y Las Flores.

Una vez arrestado, “Lucho” también sumó una acusación por un crimen que ocurrió en junio de 2021 en Balcarce y Anchorena, donde fue asesinado de diez tiros Damián Gómez. Según el fiscal de ese caso, Gastón Ávila, la víctima vendía droga para Cantero y había comenzado a recibir amenazas después de haber sido detenido por narcomenudeo.

“Ahí hubo un quiebre en la relación (con Cantero). No sabemos si por pérdida de estupefacientes o por la deuda generada por esa pérdida. Fue amenazado directamente por Cantero y le balearon la casa. Ahí decidió irse del barrio. En junio se dio el desenlace fatal, cuando le efectúan más de diez disparos calibre 9 milímetros”, contó el fiscal después de acusar a “Lucho”, causa por la que tiene prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Tras desestimar una serie de recursos de queja, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes este martes las condenas contra ocho integrantes de la banda narco conocida como “Los Monos”, quienes en una de las causas recibieron penas de prisión de hasta ocho años por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El expediente que llegó hasta el Máximo Tribunal se vincula con las condenas que dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario (TOCF) contra once miembros de la organización criminal que desplegó sus operaciones centrales ligadas al narcotráfico en esa ciudad de Santa Fe. Entre los condenados por el TOCF, estuvieron el expolicía Cristian Negrete, sentenciado a 8 años de cárcel, junto a Ángel Fleitas, Joel David Pucheta y Juan Javier Granelli (excandidato a senador), quienes recibieron penas de 6 años y medio cada uno como coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación de tres o más personas.

Por el mismo ilícito también fue condenada Adriana Susana González a 6 años de prisión. A su vez, Julio y Gustavo Fernández fueron culpados con 4 años y 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente, como partícipes secundarios en el tráfico de droga de una de las bandas dominantes de Rosario. Asimismo, Raúl Ruiz y Sergio Silva obtuvieron 4 años de prisión, mientras que Franco Bermúdez fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Según determinó la justicia, la organización narco, liderada en su momento por Ariel “Guille” Cantero, estuvo involucrada en una larga lista de hechos violentos relacionados con el control territorial del comercio de drogas “al menudeo” en Rosario. Los primeros años de la banda estuvieron, en efecto, bajo el mando de Ariel Cantero, padre de “Guille”. Durante su liderazgo, se consolidaron vínculos con barras bravas de los clubes de fútbol locales y con miembros de distintas jerarquías policiales, que pasaron a cooperar y coordinar con “Los Monos”.

Tras la detención de Ariel Cantero padre, la jefatura de la organización pasó a sus hijos Claudio, Ezequiel y Ariel “Guille” Cantero, hasta que el asesinato de Claudio provocó un nuevo reordenamiento jerárquico dentro del grupo, dividido en diferentes roles y estratos. En cualquier caso, “Los Monos” se convirtieron en una de las bandas más conocidas y organizadas de la región, manteniendo un férreo control territorial a través de la intimidación, las amenazas y el uso de la extrema violencia. Incluso con operaciones ilícitas desde la cárcel, tras la detención y condena de los jerarcas de la banda.

En ese contexto, tras la resolución condenatoria dictada por el TOCF rosarino, las defensas de los acusados presentaron numerosos planteos ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación, máxima instancia penal del país, que al momento de pronunciarse confirmó todas las condenas. Eso motivó la interposición de recursos extraordinarios por parte de ocho de los condenados -Negrete, los dos Fernández, Fleitas, González, Silva, Ruiz y Bermúdez-.

Para los apelantes, asistidos por el abogado Mariano Juárez, defensor público coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, la sentencia impugnada careció de una “revisión integral” y de una “omisión” al tratar distintos cuestionamientos planteados por cada parte.

Con todo, el máximo tribunal penal federal rechazó los recursos extraordinarios, lo que derivó en la presentación de sendas quejas para llevar las actuaciones directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta instancia, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal rechazó los recursos por considerar que no cumplían los requerimientos para ser admitidos. De ese modo, las condenas a prisión adquirieron firmeza para su ejecución.

El jefe de la célula de Los Monos que operó desde 2021 hasta la actualidad en la zona noroeste de Rosario fue condenado este martes. Se trata de Matías César (27), alias “Pino” o “Marta”, que aceptó un juicio abreviado por 20 años de prisión. Otros cuatro integrantes de peso en la estructura también recibieron penas de entre 9 y 20 años de cárcel.

En una audiencia que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal, César dio el visto bueno al acuerdo entre su defensa y el fiscal Pablo Socca, que fue homologado por el Tribunal pluripersonal integrado por las juezas Silvia Castelli, Hebe Marcogliese y Lorena Aronne.

Es la segunda sentencia en su contra, ya que en septiembre de 2021 recibió 20 años de cárcel por organizar atentados a tiros contra domicilios de policías y jueces y edificios judiciales, por orden del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero.

“Pino”, a criterio del fiscal, fundó en 2021 la célula que respondía a “Guille” Cantero. Lo hizo en el pabellón 8 de la cárcel de Piñero al hacer una alianza con otros compañeros carcelarios, que fueron Andy Benítez (27) y Julián Aguirre (25), quienes nacieron y se criaron en el barrio Ludueña.

Aguirre y Benítez fueron, según la causa, los encargados de juntar la “mano de obra” de la banda para cometer balaceras, crímenes por encargo, distribución y venta de droga al menudeo, extorsiones y usurpaciones. Ellos también aceptaron el abreviado que, por su actividad, los ubicaba como jefes, y les cabía una pena de 20 años.

Entre 2021 y 2023, en los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros se produjeron una serie de enfrentamientos a tiros entre Los Monos y la célula presuntamente liderada por Francisco Riquelme, un preso cercano al condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que se tradujo en homicidios y balaceras con personas heridas.

Aguirre y Benítez solían dar instrucciones a dos personas de manera puntual: Mauro Gerez (30) y Oscar Omar “Nenu” Ramírez (34), sindicados como organizadores de la estructura que cumplían roles puntuales.

“Nenu” Ramírez tuvo una detención mediática en octubre de 2022, cuando la Agencia de Investigación Criminal –ahora reconvertida bajo el nombre de la Policía de Investigaciones– lo siguió al salir del Gigante de Arroyito, donde había asistido a ver un partido de Rosario Central contra Colón de Santa Fe, y lo capturaron cerca de un domicilio familiar.

De acuerdo a los indicios recolectados, Ramírez era una persona de estrecha confianza de Andy Benítez. Su tarea era controlar la distribución y venta de droga al menudeo, la recaudación, el resguardo de cartuchos y armas de fuego. Este martes recibió 12 años de prisión.

En el caso de Gerez, el fiscal lo situó como el “jefe de sicarios” y el encargado de reclutar soldaditos que se encargaban de balaceras y homicidios. Como miembro de la asociación ilícita y la participación en una extorsión le dieron 9 años de prisión efectiva.

A más de un mes del crimen de Samuel Medina, conocido como “Gordo Samu”, el yerno del capo narco de Los Monos, se conocieron nuevos detalles de la investigación. Mientras tanto, la Justicia intenta establecer si el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, se trató de un “ajuste de cuentas” por el homicidio de Medina.

El yerno de Ariel Máximo “Guille” Cantero fue atacado por sicarios desde una moto el 1° octubre. Recibió 16 disparos mientras conducía un Volkswagen Polo blanco y murió en el acto. Medina viajaba junto con un joven de 18 años que fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un disparo en el brazo izquierdo.

Desde entonces, la Justicia intenta establecer los motivos detrás del crimen. En este contexto, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos para poder dar con la moto que utilizaron los asesinos al momento de la balacera. Los procedimientos se realizaron el 19 de noviembre, pero los resultados del operativo se conocieron el lunes, debido al profundo hermetismo con el que se lleva adelante la causa.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, se allanaron cuatro domicilios. Así, en la vivienda ubicada en la calle Valparaíso al 1400, personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) secuestró una decena de revólveres y escopetas y más de 200 municiones. En consecuencia, un hombre fue detenido, identificado bajo las siglas M. A. F., por el delito de tenencia ilegítima de armas de guerra y de arma de fuego de uso civil en concurso real. De igual forma, no hallaron el rodado en cuestión.

Tras el crimen de Medina, las primeras medidas de la investigación fueron ordenadas por el fiscal Luis Schiappa Pietra, de turno en la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación. Así, recolectaron de la escena del crimen 16 vainas servidas calibre 9 milímetros.

A su vez, en el vehículo de la víctima encontraron 35 mil pesos, un reloj inteligente, una gorra, dos perfumes, cadenas y anillos dorados y dos entradas del partido de Rosario Central y Vélez. Según los indicios recopilados por los investigadores, los agresores habrían empleado una ametralladora durante el hecho.

Un mes después del homicidio del “Gordo Samu”, tuvo lugar el doble crimen de los líderes de la banda de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte y su mano derecha, Daniel “Rana” Atardo.

“Pillín” se encontraba dentro de una camioneta blanca junto a Atardo, en la calle Avellaneda al 700 bis, cuando fue fusilado. Todo ocurrió cerca de los hinchas que salían del estadio y a pocos metros de un conocido bar donde varias personas estaban cenando.

En consecuencia, el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo instruyó a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones para llevar a cabo la recolección de testimonios, el levantamiento de material balístico y el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

Tal como sucede con el caso de Samuel Medina, las autoridades manejan esta investigación con extrema cautela. Por el momento, la Justicia baraja varias hipótesis. Por un lado, en el ámbito del imperio canalla, se rumorea en voz baja que Pillín habría obtenido ciertos beneficios en la causa por lavado de dinero en su contra, a cambio de mencionar algunos nombres de manera aparentemente casual durante interrogatorios. Ese tipo de acciones se paga con sangre.

Por otro, las autoridades plantearon que Bracamonte habría roto un pacto con Los Monos por el control del territorio, algo que disgustó a dos laderos de “Guille” Cantero y ordenaron a uno de sus hombres que actuara en consecuencia para quedarse con los negocios ilegales al rededor del fútbol.

Otra versión señala que el conflicto habría surgido a partir del supuesto “doble juego” de Pillín, lo que habría provocado la ira de Cantero, quien ordenó a su grupo, liderado por su yerno Samuel Medina, que tomara el control de la barra. Medina fue asesinado el mes pasado, y el ataque de “Pillín” podría tratarse de una represalia por ese crimen. Días después de su crimen, Los Monos colgaron una bandera en el estadio Gigante de Arroyito en honor a Samuel, que advertía: “No respetamos a nadie”.

Por último, una cuarta hipótesis apunta a la posible implicación de la familia Alvarado, el otro gran clan narco de la provincia, aunque esta teoría cuenta con menos sustento.

No hay dudas que Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, pasará una larga estadía en prisión, tal vez por el resto de su vida: a la fecha acumula 113 años de condena y podría sumar otros 25. Mientras tanto, parece entretenerse presentando habeas corpus en los que hace los más diversos pedidos sobre su encierro en el penal de Marcos Paz. Entre ellos, ya fue noticia uno en el que se declaró bisexual y poliamoroso para recibir la visita de dos supuestos novios y una novia. Desde entonces, las exigencias no se detuvieron, con varios pedidos analizados tras diversas apelaciones de su defensa por la Cámara Federal de San Martín, con jurisdicción en el penal de Marcos Paz. Todo esto, en medio de un repunte de la violencia en Rosario, en el que fue asesinado su yerno, Samuel Medina”, “El Gordo Samu”.

Una de estos reclamos es la temperatura de su celda. En octubre pasado, el narco solicitó que sea acorde al clima de la época, del mismo modo que la ropa que le proveyeron desde el Servicio Penitenciario Federal. Quiere que sea adecuada al tiempo y de su talla.

En ese sentido, se quejó de que la cantidad de ropa que le dieron los guardias no es la adecuada para que no pase frío, una conducta que, según su defensor, lesiona su derecho a la integridad y dignidad, “y podría también encuadrarse en una conducta vejatoria, cruel, inhumana y degradante, por ser equiparable a castigo o violencia corporal y psíquica”.

Al mismo tiempo, reclamó por su educación, de modalidad virtual. Sostuvo que ese tipo de enseñanza no es eficiente ni igualitaria con respecto a las personas en libertad, insuficiente para poder reinsertarse en la sociedad.

En otro habeas corpus, “Guille” también reclamó por las zapatillas que le proporcionó el SPF. Dice que es talla 41 y el calzado que le proporcionaron es 44, es decir, tres números más grandes. “Otra vejación”, aseveró.

Uriel Luciano Cantero, hijo del fundador asesinado de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero y sobrino de “Guille”, tampoco está conforme con la vestimenta que deben llevar los presos alojados en pabellones de alto perfil. “Resulta indigno, inhumano y estigmatizante atento a que se le brinda un uniforme símil de obrero que nada tiene que ver con un recluso”, alegó su abogado. Al igual que su tío, se quejó del tiempo que le dan para comunicarse con su defensa.

Los llamados tienen un capítulo extra. “Guille” no se siente cómodo con la nueva modalidad: los penitenciarios marcan el número telefónico y, cuando se aseguran que detrás de la línea este la persona a contactar, transfieren la llamada a su pabellón. Sostuvo que los agentes se quedan escuchando sus conversaciones privadas. Aunque nunca vio la escena, asegura que le repiten frases o palabras que él dijo en la comunicación.

Al mismo tiempo, reclamó por el contacto físico con sus hijos, a quienes ve a través de un vidrio tipo Blindex, debido a las nuevas reglamentaciones en las prisiones federales. Los menores no pueden pasar por el body scan debido a las contraindicaciones por su edad. En consecuencia, el narco no puede abrazarlos. Al mismo tiempo, pidió comunicarse con su mamá, Patricia Celestina Contreras, también recluida, por videollamada.

No le gusta, a la vez, el modo de las requisas porque, según dice, afectan su intimidad. El líder de la organización que dominó por décadas la zona sur de Rosario debe quitarse sus prendas para la revisión de rutina. Los guardas toman el recaudo de sacarle la parte de arriba, requisarlo, colocarle la ropa y luego, proceden de la misma manera con la parte inferior del cuerpo.

Por otro lado, exigió dejar de tomar el agua de las canillas de la celda que ocupa. Argumentó que no hay garantías de que sea potable, debido a una obra en las bombas del penal. Sin embargo, el SPF indicó que los presos tienen a disposición una provisión de agua filtrada de aproximadamente cuatro litros por interno por día para consumo.

En cuento al agua, surgió otro motivo de descontento: el límite que tiene para gastar en la cantina de la cárcel. “Solo 31 mil pesos”, detalló.

Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo de Claudio “Pájaro” Cantero —capo narco asesinado de Los Monos—, se enfrentará hoy a un juicio oral en su contra por tener un arsenal de armas bajo su poder, como también al estar acusado de intimidación pública. Una de las pruebas que conforman el expediente es la foto que se tomó con el trapero Zamaray y que generó una gran conmoción en la sociedad.

El joven se encuentra detenido desde enero de 2022 en el marco de la investigación por acopio de armas que está en mano de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. “Lucho” es considerado el líder de la tercera generación de la organización criminal que funciona en Rosario y otras ciudades santafesinas.

Sin embargo, la investigación en su contra comenzó meses antes, a mediados de 2021. Según pudieron establecer, la banda logró expandirse hacia los barrios Plata y Las Delicias, con sus bases en La Granada y Las Flores. Ahora, el capo de la banda se enfrentará a un juicio oral, en donde será juzgado también por disparar al aire en el barrio 17 de Agosto en la Navidad de 2021, incidente un patrullero resultó baleado, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Dentro del expediente, se encuentra la foto que se tomó “Lucho” Cantero en 2021 junto al trapero Zamaray y otros de sus cómplices. Las imágenes fueron publicadas el 26 de enero de 2021 en la cuenta de Instagram del cantante.

Entre el armamento exhibido en las imágenes, según reportaron medios locales, destacaban dos fusiles FAL, pistolas de distintas marcas como Glock, Bersa y Taurus, además de una carabina GSG AK-47 Black. Junto a estas armas, se identificaron cargadores de alta capacidad, incluyendo modelos KCI surcoreanos con capacidad para 50 o 100 disparos.

De hecho, en esa oportunidad, el fiscal Edery explicó: “Es una investigación que ya viene desde mediados de 2021; muchas de las armas que secuestramos las habíamos visto en la foto del cantante Zaramay. Se empezó a seguir la pista de un grupo de personas que podrían tener estas armas”.

Parte del armamento fue llamado durante los allanamientos en los que cayó el hijo del “Pájaro” Cantero. A su vez, también las autoridades incautaron 3 millones de pesos, 300 dólares, 50 euros, 5 autos y 8 motos.

Durante la jornada del miércoles, la Justicia condenó a su madre y última pareja del jefe narco de Los Monos. Se trata de Lorena Miriam Verdún, de 45 años, quien se declaró responsable de los cargos de los que se la acusa y accedió a un juicio abreviado, a diferencia de su hijo, que optó por el juicio oral.

El tribunal compuesto por los jueces Nicolás Vico Gimena, Aldo Bilbao Benítez y Silvia Castelli aprobó el acuerdo alcanzado entre los fiscales Marisol Fabbro y Luis Schiappa Pietra con la defensa, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal.

De esta manera, se estableció una pena unificada de 13 años de prisión para Verdún, considerando que en octubre de 2019 ya había recibido una condena de 5 años de cárcel dictada por la jueza Beatriz Caballero de Barabani. Esta última sentencia fue resultado de una causa federal en la que el fiscal Fernando Arrigo la acusó de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Aunque contaba con una condena del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, la ex pareja del “Pájaro” Cantero permanecía en libertad debido a que la sentencia aún no estaba firme. Sin embargo, fue nuevamente detenida el 18 de enero de 2022 durante una serie de allanamientos, más de veinte, llevados a cabo a solicitud del Ministerio Público de la Acusación en los barrios Las Flores, La Granada y en el centro de Rosario.

Lorena Miriam Verdún (45), ex pareja del asesinado jefe de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, fue condenada este miércoles por la mañana a través de un juicio abreviado. Aceptó una pena de 8 años de prisión como integrante de la banda que lidera su hijo Uriel Luciano “Lucho” Cantero (20) y por la tenencia de un arma de fuego que fue incautada en su domicilio de barrio La Granada en enero de 2022.

En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Aldo Bilbao Benítez y Silvia Castelli homologó el acuerdo entre los fiscales Marisol Fabbro y Luis Schiappa Pietra con la defensa.

En la resolución, el tribunal le dio una pena unificada de 13 años de prisión, ya que Verdún a finales de octubre de 2019 había recibido una condena de 5 años de cárcel de parte de la jueza Beatriz Caballero de Barabani por una causa federal en la que fue acusada por el fiscal Fernando Arrigo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A pesar de tener esa sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario en su contra, la ex pareja del “Pájaro” Cantero se encontraba en libertad porque no estaba firme el fallo. Volvió a caer detenida el 18 de enero de 2022 en una veintena de allanamientos solicitados por el Ministerio Público de la Acusación en Las Flores, La Granada y en el centro de Rosario.

La investigación por la que ahora resultó condenada Verdún es por una asociación ilícita que, a criterio de los fiscales, lidera su hijo “Lucho” como cabecilla de la tercera generación de Los Monos, quien actualmente está alojado en el penal federal de Marcos Paz, donde también está preso su tío Ariel Máximo “Guille” Cantero. El legajo cobró impulso después de que en la Nochebuena de 2021 distintos integrantes de la organización se filmaran disparando al aire desde el techo de la casa de Cantero.

Según la imputación formulada por los fiscales, la presunta estructura –que tiene una treintena de acusados– “procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”. En la atribución, Fabbro afirmó que sus integrantes cometieron “homicidios, amenazas, extorsiones, venta de estupefacientes y balaceras”.

Para la investigación, la tercera generación de Los Monos habría comenzado a operar al menos desde junio de 2021 y alcanzó a expandirse hacia los barrios Plata y Las Delicias, además de tener su base en La Granada y Las Flores.

Una vez arrestado, “Lucho” Cantero también sumó una acusación por un crimen que ocurrió en junio de 2021 en Balcarce y Anchorena, donde fue asesinado de diez tiros Damián Gómez. Según el fiscal de ese caso, Gastón Ávila, la víctima vendía droga para Cantero y había comenzado a recibir amenazas después de haber sido detenido por narcomenudeo.

“Ahí hubo un quiebre en la relación (con Cantero). No sabemos si por pérdida de estupefacientes o por la deuda generada por esa pérdida. Fue amenazado directamente por Cantero y le balearon la casa. Ahí decidió irse del barrio. En junio se dio el desenlace fatal, cuando le efectúan más de diez disparos calibre 9 milímetros”, contó el fiscal después de acusar a “Lucho”, causa por la que tiene prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

Un grupo de fiscales federales de Rosario pidió este lunes que el líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, sea condenado a la pena de 25 años de prisión. Es por haber participado en el secuestro extorsivo de un joven de 21 años que el 23 de julio de 2021 fue a comprar marihuana y terminó raptado por la banda narco. Los atacantes le extirparon la uña de un dedo a la víctima –que es hijo de un empresario de Arroyo Seco– y mandaron imágenes suyas a sus familiares, quienes pagaron el rescate al entregar pesos, dólares y joyas.

La solicitud fue dada a conocer durante los alegatos de clausura del juicio que se lleva adelante contra el jefe narco, encerrado en Marcos Paz, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, integrado por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez Ferrero y Mario Gambacorta. La hizo el cuerpo de fiscales compuesto por Federico Reynares Solari, titular del área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de Rosario, el auxiliar fiscal Rodrigo Romero y Matías Scilabra de la Procunar.

De ser condenado, Cantero sumaría más tiempo a su abultada carrera penitenciaria: ya acumula 113 años por diferentes delitos.

En el debate oral y público también pidieron una pena unificada de 25 años y 11 meses para Leandro “Pollo” Vinardi, histórico ladero del jefe de Los Monos, que está preso en el penal de Ezeiza. Para la pareja del “Pollo”, Sabrina Ivana Barrías, solicitaron 6 años y medio.

Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, otro de los mandos medios de Los Monos, afronta una petición de condena unificada a 18 años y 25 días. En paralelo, acumula imputaciones en el fuero provincial por homicidios, extorsiones y balaceras.

En los alegatos también pidieron 15 años y 3 meses para Jonatan Leonardo Lencina, 14 años de cárcel para Axel Aldo Nahuel Vilches y Pablo Javier Pascua, 12 años para Virginia Malvestiti y Mayra Belén Mansilla, 11 años para Alexander Daniel Alcaraz y Laureano Aznarez Espeche, y 6 años para Marina Liliana Núñez.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo, la víctima se había juntado a cenar con un grupo de amigos y después fue a comprar marihuana tras haber pactado un encuentro con Virginia Malvestiti, una de las acusadas de vender droga para la célula de Los Monos que gerencia Vinardi en Villa Gobernador Gálvez.

La víctima, al bajar del vehículo para ir al búnker, fue atacado por un hombre que bajó de un Astra estacionado y vestía como policía. En simultáneo, otro sospechoso apareció en la escena y le dio un culatazo en la cabeza. El joven intentó escapar, pero fue obligado a subir al auto de los agresores, donde había otras dos personas.

Luego fue trasladado hasta una vivienda de la intersección de Simón Bolívar y Bomberos Voluntarios, de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. En ese lugar, permaneció cautivo varias horas, mientras comenzaron las llamadas a sus padres para exigirles el dinero por su liberación.

Los secuestradores se comunicaron primero con la madre del joven. A través de WhatsApp, le enviaron audios y una fotografía del chico a modo de “prueba de vida”: en la imagen se veía al joven con los ojos vendados y dos pistolas apuntándole a la cabeza. La mujer creyó que se trataba de una broma y bloqueó el contacto. Los captores, entonces, le hablaron por medio del celular de su hijo: “Desbloquee a los pibes que le mandaron primero, porque si no a tu hijo no los vas a ver más, así corta la bocha”, la amenazaron en un mensaje de voz.

“Le dimos una hora doña, ya van 10 minutos. Fíjese lo que va a hacer que esto no es joda. Desbloquee a los muchachos porque voy a empezar a verduguear a tu hijo, viste la foto que te mandé, le voy a mandar un dedo”, la volvieron a intimidar luego.

Durante las negociaciones, los secuestradores exigieron USD 100 mil. Como los padres no contaban con el dinero, posteriormente bajaron sus pretensiones y terminaron aceptando un pago de USD 10 mil y algunas joyas.

La entrega se hizo en las inmediaciones del Puente Cargill de esa localidad santafesina. El joven fue liberado de madrugada, cerca de las 2. Durante su cautiverio, le realizaron cortes con un cuchillo y lo golpearon: sufrió fracturas en un dedo, una mano y un codo. También le robaron el short de Independiente, la remera y las zapatillas blancas que vestía.

Lo esencial: Vanesa Barrios y Mariana Ortigala fueron indagadas el viernes por presunto lavado de activos relacionado con la compra de inmuebles, utilizando nombres de terceros. La Unidad Fiscal de Rosario sospecha que el dinero de estas operaciones proviene de actividades delictivas de la banda Los Monos. Los fiscales señalaron que Ortigala, quien permanece detenida desde 2022 por extorsión, jugó un papel clave en estas operaciones, facilitando propiedades para actividades ilícitas. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por fiscales especializados en narcocriminalidad y criminalidad económica en colaboración con otras fiscalías.

Vanesa Barrios, esposa del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, y Mariana Ortigala, presunta testaferro del jefe de la banda narco, fueron indagadas este viernes por maniobras de lavado de activos. Las propiedades que se sospecha que adquirieron con dinero de la venta de droga fueron allanadas la semana pasada en Rosario, Funes y Roldán.

El jefe de Los Monos y Paula Bay, hija de Vanesa Barrios e hijastra de “Guille”, serán imputados por las mismas operaciones la próxima semana, según adelantaron investigadores judiciales a Infobae.

La causa fue llevada adelante por el Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Federico Reynares Solari, junto con la Delegación Regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procuraduría de Criminalidad Económica y los fiscales coadyuvantes Santiago Alberdi, Franco Benetti y Matías Mené. Ellos, a su vez, cruzaron información con fiscales del Ministerio Público de la Acusación, quienes tienen varios legajos contra Los Monos.

De acuerdo a la teoría de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, “Guille” Cantero giró recursos económicos a su esposa y a su hijastra Paula Bay para que compren tres inmuebles que fueron puestos a nombres de otras personas.

Los fiscales ponderaron que para ejecutar las operaciones inmobiliarias fue “trascendental” el rol que jugó Mariana Ortigala, quien se encuentra presa desde septiembre del año pasado, cuando un fiscal provincial la imputó por extorsionar en nombre de Los Monos al dueño de una agencia de quinielas de Rosario.

A Ortigala además le atribuyeron una maniobra similar a la que ya le habían imputado el año pasado: poner su nombre en un contrato de alquiler de una propiedad que, en realidad, luego subalquilaba a una persona relacionada con Los Monos.

La mujer está por ir a juicio en la Justicia federal porque desde 2019 le subalquilaba un departamento en el macrocentro –sin el consentimiento de la propietaria– a Alan Gabriel Coronel, quien fue allanado en agosto de 2021 por estar sindicado como vendedor de droga al menudeo, aunque en ese procedimiento no lo encontraron.

A Coronel lo atrapó la Policía Federal en agosto del año pasado. Según los indicios que tienen en la Justicia, tiene una relación que data de hace tiempo con Los Monos. De hecho, fue condenado en diciembre de 2018 por la causa “Los Patrones” junto a “Guille” Cantero. En su caso, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

Por otra causa de narcotráfico, donde la Justicia iba tras los pasos de la banda narco liderada por el peruano Julio Andrés “Coco” Rodríguez Granthon, se allanó en 2019 un departamento de Castellanos y Rioja, en barrio Echesortu, donde se secuestraron 7,3 kilos de cocaína con el sello de una corona, más de 2 millones de pesos y 110 mil dólares. Allí vivía un presunto miembro de la organización que le subalquilaba el lugar a Mariana Ortigala, según confiaron los investigadores a Infobae.

En la indagatoria de este viernes que se realizó ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros, los fiscales imputaron a Barrios por la compra de dos inmuebles, mientras que a Ortigala le atribuyeron participación en tres operaciones inmobiliarias más haber facilitado dos casas para que se lleve adelante la comercialización de estupefacientes.

Jonathan Raúl Brezik, alias “El Gordo”, hermano de crianza de “Guille” Cantero, capo de la principal facción de Los Monos, es un jugador de la escena narco rosarina envuelto en acusaciones fuertes. Hoy, Brezik, preso en el penal federal de Resistencia, Chaco, es investigado por supuestamente encabezar una violenta organización en la zona noroeste de Rosario, con un expediente a cargo de los fiscales provinciales Alejandro Ferlazzo y Gisela Paolicelli. Por otra parte, la Justicia su posible cuatro homicidios y tres desapariciones en el barrio Gráfico, donde se encuentra el estadio mundialista de hockey.

Los fiscales llegaron a Brezik por un doble crimen cometido en Magaldi al 8700 –donde se supone que donde funcionaba un búnker– el 21 de noviembre de 2023. Allí, fueron acribillados a tiros Francisco Clementino “Negro” García y Karina Soledad Ferreyra, ambos de 23 años. Por ese ataque fueron imputados y están presos los presuntos autores, Lucas Saban y Bruno Leonel Pupo, sindicados como los que “manejaban la calle” a Brezik.

Al avanzar contra Saban y Pupo, los investigadores encontraron indicios de que habrían hecho más trabajos criminales por encargo.

Los homicidios investigados son los de Luciano González, Elio Orlando Romero, Jeremías Villalba y Susana Mena, perpetrados entre febrero del año pasado y enero de 2024. En tanto, se busca establecer si la organización de “El Gordo” está detrás de la desaparición de una mujer que había vendido droga para la banda y de otros dos jóvenes.

Así, este miércoles, los fiscales ordenaron más de una decena de allanamientos contra la estructura de Brezik, donde la Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a Franco Ezequiel N., Nahuel Ángel R. y Jésica Noelia P.

La mujer no era requerida por la Justicia provincial, pero fue arrestada porque en su domicilio se encontró una pistola Tanfoglio calibre .45. Los dos jóvenes, en tanto, sí se presume que integran la organización que regentea Brezik desde Resistencia. Los agentes, además, incautaron 26 teléfonos, cartuchos calibre .45 y 9 milímetros, una notebook y cinco plantas de cannabis. Todos serán imputados la próxima semana en el Centro de Justicia Penal.

Brezik tiene tres condenas en su contra. Dos de la Justicia federal por narcotráfico, a 13 y 17 años de cárcel, y otra del fuero provincial a 22 años por instigar el asesinato de Rodrigo Carlos Sánchez, conocido ladero de Esteban Lindor Alvarado, quien fue emboscado en marzo de 2020 en Wilde y Urquiza mientras se desplazaba en su camioneta.

El crimen de Sánchez, de acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación, fue la respuesta de Los Monos a un intento de homicidio que había sido cometido días antes en la vecina localidad de Roldán, donde había sido baleada Mariana Ortigala, sindicada como la testaferro de “Guille” Cantero que, a su vez, era testigo en el juicio contra Alvarado, rival del capo de Los Monos.

El de Sánchez no habría sido el único ataque que Brezik habría realizado por pedido de Los Monos. Un informe de inteligencia de la Policía Federal que data de hace 6 años lo ubicó como uno de los encargados de planificar el asesinato en prisión de Luis Paz, enemigo de “Guille” Cantero que ya fue condenado por narcotráfico y lavado.

De acuerdo a ese plan, desde Resistencia, “El Gordo” ofrecía un millón de pesos y una casa a un compañero de pabellón de Paz de la cárcel de Coronda para que le arroje una granada en su celda para matarlo. Dicha información surgió de conversaciones telefónicas detectadas por la Justicia.

Brezik también es conocido en distintos legajos por aplicar “mano de hierro”. Está sospechado de pedirle a sus soldaditos de presenciar por videollamada las palizas a las que eran sometidas las personas que contraen deudas con la presunta organización.

“Domina la organización no solo en el aspecto económico y logístico, sino que él mismo ordenaba golpizas por teléfono para intimidar y amenazar a las víctimas”, señaló el fiscal de juicio Federico Reynares Solari durante uno de los juicios por narcotráfico contra el “Gordo”.

El hermano de crianza de “Guille” Cantero nació en el barrio La Granada, donde justamente creció parte del clan Cantero. Según se detectó en varias oportunidades por parte de los investigadores policiales y judiciales, desde prisión mantenía comunicaciones telefónicas con Patricia Celestina Contreras, la madre del líder de Los Monos.

Una inquietante escena ocurrio este domingo por la tarde durante el partido que disputaron Rosario Central y Banfield en el Gigante de Arroyito, que terminó 1 a 1. Ni bien Central anotó su gol, desde un sector de la popular arrojaron una bomba de estruendo que cayó cerca del arquero rival Facundo Sanguinetti, lo que provocó una breve suspensión del encuentro.

Luego, dos hombres con el rostro tapado y con camisetas que decían “Samuel siempre presente” exhibieron una bandera que tenía el rostro de un mono y la frase “No respetamos a nadie”. La bandera tenía entre sus ilustracions la cara de un mono con un sombrero piluso rodeado del siguiente texto: “Siempre mono, nunca sapo. LMQ”.

Investigadores policiales y judiciales consultados por Infobae sostienen que la bandera es un homenaje a Samuel Medina, alias “Gordo Samu”, pareja de la nuera de “Guille” Cantero, capo de Los Monos, el joven de 24 años que fue acribillado a tiros el pasado 1º de octubre en la zona norte de Rosario, mientras se desplazaba en un Volkswagen Polo blanco junto a otras dos personas. Ese ataque ocurrió después del partido que jugó Rosario Central de local ante Vélez Sarsfield.

Por el crimen del “Gordo Samu”, por ahora no hay detenidos. Versiones que llegaron a oídos de los investigadores que intentan esclarecer el homicidio dieron cuenta de que se podría haber tratado de una emboscada después de una pelea por una interna en la barra brava canalla. Allí, se presume, cobra sentido la frase “No respetamos a nadie” que lucía la bandera de este domingo.

Medina fue ejecutado a corta distancia, desde una moto: se cree que los sicarios usaron una ametralladora. En la escena del crimen, los peritos forenses incautaron 16 vainas servidas calibre 9 milímetros que fueron enviadas a analizar por orden del fiscal Luis Schiappa Pietra.

En el auto de la víctima, la Policía santafesina encontró 35 mil pesos, un reloj inteligente, una gorra, dos perfumes, cadenas y anillos dorados y dos entradas del partido entre Central y Vélez.

Samuel era conocido no solo por ser la actual pareja de Paula Bay -hija de Vanesa Barrios, esposa de “Guille” Cantero-. Había sido condenado por las imágenes que posteó en febrero de 2021 el cantante de trap Agustín Roberto García, conocido como Zaramay, donde posó armado junto a integrantes de Los Monos que exhibían armas largas y cortas. Medina tuvo un lugar preponderante junto al cantante en la sesión; a su lado, también posó Uriel Luciano Cantero, hijo de “El Pájaro” Cantero, el asesinado líder de Los Monos, jefe de su propia facción, hoy preso en Marcos Paz.

Por esa sesión de fotos, el cantante recibió dos años de prisión de ejecución condicional.

Dylan Lautaro Cantero (20), hijo de Máximo Ariel “Viejo” Cantero, fundador histórico de Los Monos, tuvo una buena noticia este viernes. En una audiencia, el camarista Tomás Orso le redujo la condena que había recibido por una unificación de causas de cuando era menor de edad y de cuando cometió delitos en la adultez. Así, pasó de tener 5 años y 6 meses de cárcel a 3 años de prisión efectiva, que está a punto de terminar de cumplir, de acuerdo a la estimación que se realiza sobre el cómputo del tiempo que ya purgó en detención preventiva.

El integrante del clan Cantero está detenido desde finales de septiembre de 2022, cuando el Ministerio Público de la Acusación lo imputó como miembro de la asociación ilícita que lidera su sobrino Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio “Pájaro” Cantero. Por ese expediente, en diciembre del año pasado Dylan aceptó un juicio abreviado por el que le dieron 3 años de prisión efectiva. Dicha resolución había sido homologada por el juez Román Lanzón.

Como acumulaba dos causas del fuero de menores, una por tenencia ilegítima de arma de fuego y otra por encubrimiento –por motos robadas que hallaron en su domicilio de barrio La Granada–, el 4 de julio pasado la jueza de Menores de la Primera Nominación María del Carmen Musa decidió establecer una pena única de 5 años y 6 meses de prisión, que fue apelada por la defensa del hermano de Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Haciendo eje en que no se comprendía el cálculo matemático que había aplicado la jueza de Menores, el abogado José Alcacer afirmó que la sentencia fue por una “estigmatización” a Dylan por el apellido familiar.

La asesora de Menores que intervino en la audiencia María Laura Manso adhirió a lo planteado por el defensor particular y apuntó que el informe sobre el que se basó la magistrada “resultó estigmatizante y discriminatorio en virtud de su familia de pertenencia”.

La fiscal Estrella Galán, por su parte, coincidió en que la pena aplicada al hijo del “Viejo” Cantero no era la adecuada. “Si bien cometió hechos de no punible que fueron mencionados erróneamente, no tendrían que agravar su situación. Él comienza con un delito que es imputado, que es la tenencia de arma. El segundo es encubrimiento. Y el tercero, ya como mayor, por asociación ilícita. Bueno, en el transcurso de todos estos años, desde los 16 hasta ahora que tiene 20, ¿Qué es lo que hizo el Estado? ¿En qué ayudó a esa readaptación del menor?”, señaló.

Galán recordó que Dylan Cantero, por las causas de menores, ya purgó 9 meses de prisión preventiva, parte de ese tiempo en modalidad domiciliaria.

Si se toma en cuenta que además de ese período de tiempo está detenido desde septiembre de 2022 por el expediente de asociación ilícita, por los delitos que cometió de adulto, se infiere que en diciembre podría vencer su pena unificada, según indicaron a Infobae investigadores judiciales.

Como la fiscal adhirió al planteo del defensor de Cantero de que la pena había sido “excesiva”, el camarista Tomás Orso redujo la condena unificada.

Dylan ya había pedido en junio pasado ante un juez de Ejecución Penal la posibilidad de tener salidas transitorias, que fueron denegadas porque faltaba gestionar una instancia administrativa ante el Servicio Penitenciario de la cárcel de Piñero y porque además no tenía un concepto de conducta ejemplar en el año previo a la petición, ya que en una requisa llevada adelante en su celda los guardiacárceles habían encontrado un celular.

Samuel Miqueas Medina, de 25 años, yerno de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos, fue asesinado de 16 disparos en la noche de este martes en la zona norte de Rosario. Fue atacado por sicarios desde una moto mientras conducía un Volkswagen Polo blanco. Murió en el acto. Un joven de 18 años que iba como su acompañante terminó internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con un disparo en el hombro izquierdo. Así, se convierte en el testigo clave del caso.

Las primeras medidas de la investigación fueron ordenadas por el fiscal Luis Schiappa Pietra, de turno en la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación, que comisionó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones. Los peritos secuestraron 16 vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del crimen.

En el auto de la víctima, la Policía santafesina encontró 35 mil pesos, un reloj inteligente, una gorra, dos perfumes, cadenas y anillos dorados y dos entradas del partido de Rosario Central y Vélez, que se disputó ayer martes por la noche en el Gigante de Arroyito, por lo que se presume que tanto Medina como su acompañante venían de ver el encuentro que terminó 3 a 0 para Central.

Los agresores habrían utilizado una ametralladora, según los indicios que tienen los investigadores que trabajaron en la escena del ataque.

Samuel Medina era conocido en las investigaciones policiales no solo por ser la actual pareja de Paula Bay -hija de Vanesa Barrios, esposa de “Guille” Cantero-. Había sido condenado por las imágenes que posteó en febrero de 2021 el cantante de trap Agustín Roberto García, conocido como “Zaramay”, donde posó armado junto a integrantes de Los Monos que exhibían armas largas y cortas. Samuel Medina tuvo un lugar preponderante junto al cantante en la sesión; a su lado, también posó Uriel Cantero, hijo de “El Pájaro” Cantero, el asesinado fundador de Los Monos, jefe de su propia facción.

En las imagenes se observan al menos dos fusiles FAL, pistolas 9 milímetros Glock, Bersa y Taurus, una carabina GSG AK-47 Black y cargadores KCI surcoreanos de 50 o 100 disparos.

Por esta sesión de fotos, Medina recibió dos años de prisión de ejecución condicional.

El Volkswagen Polo del yerno de “Guille” Cantero quedó incautado en la investigación. En la primera revisión hecha por los agentes se constataron once orificios de arma de fuego sobre la puerta delantera izquierda y dos sobre la trasera izquierda.

Según investigadores, la situación solo se puede poner peor. El nuevo asesinato promete una nueva escalada de violencia en la ciudad, tras una relativa paz en medio de la baja de homicidios en la ciudad que fue celebrada por Javier Milei en su último discurso en Parque Lezama.

El rol de Medina en la trama de Los Monos

Paula Bay, la pareja de Samuel, se entregó ante la Policía de Investigaciones a fines de diciembre pasado. Luego, fue imputada por el fiscal Federico Rébola, acusada de haber sido una de las personas que participó en la trama extorsiva por la que, mediante ataques incendiarios y a tiros, Los Monos despojaron a un joven condenado por narcotráfico de un local ubicado en la esquina de Mendoza y Matienzo, en la zona oeste de Rosario, por una supuesta deuda.

En esa causa, Rébola afirmó que la hija de Vanesa Barrios quedó como la responsable o cara visible del comercio tomado por la fuerza a la víctima, donde se instaló un almacén que funcionaba las 24 horas. El inmueble, no obstante, en los papeles fue puesto a nombre de Ariel Ricardo Dantur, tío de Samuel Medina, y Sandra Cerrudo, quienes también fueron acusados.

Al lado del mercado funcionó, hasta hace once meses, una carnicería que investigadores policiales aseguraron a Infobae que explotaba comercialmente Samuel Medina y su novia para Los Monos. Sin embargo, los dos negocios quedaron abandonados después de que el fiscal Rébola impulsara las detenciones e imputaciones.

Triana, hija de Cantero, de 19 años, fue detenida en marzo de este año tras la denuncia de una mujer que aseguró que había sido retenida en contra de su voluntad para vender droga para la organización. En la redada en su contra le incautaron 80 gramos de cocaína, una balanza, tres celulares, chips, bolsas de nailon y precintos.

Dentro de la pena, también se le atribuyó los delitos de maltrato animal y abusos a una adolescente, desde sus 13 hasta sus 15 años en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde estaba alojado el integrante del clan Cantero.

El procedimiento abreviado fue homologado este lunes por la tarde por la jueza Silvana Lamas González en una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal. En la resolución se establece que no podrán acceder a las “distintas etapas progresivas que prevé el ordenamiento legal para obtener egresos anticipados de las unidades penitenciarios”.

“En sus casos particulares, la pena deberá ser ejecutada completamente de manera intramuros”, sostiene el fallo.

Cantero y Montero habían sido detenidos el 27 de abril de 2022 en su domicilio de Avellaneda al 4500, en la zona sudoeste de Rosario, por una investigación de los fiscales Carbone y Valeria Haurigot por una seguidilla de ataques a tiros contra estaciones de servicios, escuelas, una tentativa de homicidio y extorsiones.

En el domicilio de la pareja, la Policía de Santa Fe incautó 8 mil kilos de alimentos a granel, 137 cajas de alimentos del plan Cuidar de la Municipalidad de Rosario, pájaros, caballos, galgos y hasta gallos de riña. Luego, el patriarca de Los Monos y Montero fueron imputados el 4 de mayo como cabecillas de una asociación ilícita que tenía más de 20 integrantes y que cobraba dinero a cambio de dar “luz verde” a otras organizaciones para que vendan droga en la zona oeste y sudoeste de la ciudad.

Esa estructura, a criterio de los funcionarios judiciales, habría estado detrás de balaceras contra dos estaciones de servicio y dos escuelas, atentados que ocurrieron en noviembre de 2021, en la semana previa a las elecciones generales legislativas.

Los fiscales también acusaron a la pareja por haber organizado peleas de gallos y cinchadas de caballos. Algunos de los maltratos animales fueron exhibidos en videos durante la audiencia imputativa.

El 9 de noviembre de 2022, Cantero y su concubina fueron acusados por la fiscal Carla Cerliani por abusos sexuales. De acuerdo a la teoría del caso, las violaciones fueron en 2017 en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde “El Viejo” cumplía prisión preventiva por la megacausa Los Monos por la que al año siguiente recibió la pena de 6 años de prisión como integrante de la organización.

En la investigación, Cerliani indicó que Montero llevaba a una familiar adolescente a la celda de Cantero, donde se consumaban los ataques sexuales. La víctima sufrió dichos abusos desde sus 13 hasta sus 15 años.

Además, desde el Ministerio Público de la Acusación afirmaron por entonces que había imágenes de tocamientos que había hecho Rosa Montero a la menor.

El capo de la barra brava disidente de Newell’s, Alejandro “Rengo” Ficcadenti (30) y su ladero Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (43), fueron imputados este martes como los presuntos instigadores de la amenaza que recibió la hermana de Ángel Di Maria el pasado 25 de marzo en su inmobiliaria del centro de Rosario. En ese hecho, un cadete entregó en el edificio una caja que contenía un mensaje para el futbolista -que en ese momento se rumoreaba que podía regresar a Rosario Central- y la cabeza de un cerdo con una bala incrustada.

Ficcadenti y Di Vanni están presos hace un mes y medio porque el fiscal Socca los acusó el 2 de agosto de haber instigado la otra intimidación que sufrió la familia de “Fideo” el pasado 25 de marzo, cuando ocupantes de un Renault Megane gris realizaron disparos al aire contra el country Funes Hills donde vivían. Allí, arrojaron un cartel que decía: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más. Porque si no le matamos cagando un Familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos, plomo y muertos tiramos”.

Por los tiros al aire y el papel intimidatorio ya fueron imputados en abril pasado Pablo Ezequiel Acotto (35) y Sara Belén Gutiérrez (23), quienes fueron señalados como los ocupantes del Megane gris.

El caso de la cabeza del cerdo no había sido denunciado por la familia ante la Justicia. Sí lo dio a conocer Ángel Di María en una entrevista con Rosario3, donde contó que no optar por no hacer una presentación judicial por miedo a represalias. No obstante, Socca actuó de oficio y este martes afirmó que quien redactó de puño y letra los carteles arrojados en Funes y en la inmobiliaria céntrica fue Sergio Di Vanni.

De acuerdo a la teoría del fiscal, quien instigó las dos intimidaciones del 25 de marzo fue “El Rengo” Ficcadenti. “Bebe” habría sido quien diseñó un “plan macabro” para entregar la cabeza del cerdo en Santa Fe al 1700, un edificio de oficinas.

La cabeza del animal fue puesta en una caja de archivo plástica de color verde con el rótulo de “inmobiliaria”, donde también se colocó un papel que decía: “Si vol’b’és la próxima (cabeza) que recibas es la de..., tu hija. No vengas. Hacé caso, nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muertos. Ni Pullaro te zafa. Pullaro-Bullrich… Levanten el circo y vayansé HDP”.

El paquete, según explicó Socca, fue trasladado por un delivery que llegó al edificio y se lo entregó a una mujer que ingresaba a la torre. Luego, el seguridad privada se lo entregó a una mujer que trabaja en una escribanía del piso 11 y tiene de vecino a una oficina de una inmobiliaria.

Quienes recibieron la caja rápidamente se dieron cuenta de que no era para ellos, sino para la inmobiliaria de la hermana de Di María, que está en el piso 12.

Para Socca, Ficcadenti y Di Vanni intimidaron a la familia del futbolista para que él no regrese a Rosario Central, club del que surgió de las divisiones inferiores. Incluso, “Rengo” se jactó de haber sido el instigador meses después de las amenazas. Puntualmente, el 15 de julio le escribió el siguiente mensaje de texto de Whatsapp a un contacto suyo: “Yo siempre cumplo lo que prometo, gracias a mí no viene Fideo”.

El fiscal agregó que los dos hechos fueron pensados por Ficcadenti para ganar consenso entre sus seguidores para luego asumir como único líder de la barra brava de Newell’s, corriendo así a Luciano “Lucho” Gallardo, que luego cayó detenido por otra causa.

Marcelo Fabián Bassi, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, integrante de un clan familiar narco, fue detenido en las últimas horas en Córdoba, acusado de ser el proveedor de droga de una organización que opera en Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, liderada por Facundo “Macaco” Muñoz, preso en el penal de Ezeiza y blanco de un atentado a tiros durante un traslado, en 2017.

Los Bassi tienen una historia de sangre detrás: la familia fue diezmada por Los Monos en su cacería más feroz, cuando acusaron al hermano de Marcelo Fabián de ser el responsable de la muerte de “El Pájaro” Cantero, líder y fundador de la banda criminal, ocurrida en 2013.

Bassi había sido detenido por la misma causa el año pasado, pero fue liberado. Ante una apelación de la fiscalía, se volvió a ordenar su captura, pero cuando la Policía de Santa Fe fue a buscarlo para volver a ponerle las esposas, el supuesto proveedor se había esfumado.

Lo encontraron tras un entrecruzamiento de información entre la División Antidrogas Córdoba y la Policía Federal Argentina. El operativo, realizado por la FPA, fue supervisado por la Fiscalía de Instrucción Móvil del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Por último, el Ministerio Público cordobés informó que será traslado al Establecimiento Penitenciario N°9 de barrio Cáceres, mientras el fiscal federal de Rosario Franco Benetti y la PROCUNAR cierran los detalles del pedido de elevación a juicio, al juez Carlos Vera Barros.

La cara de Marcelo Bassi no es nueva en el territorio. Por el contrario, él y su familia protagonizaron uno de los capítulos más oscuros y trágicos de historia del negocio narco en la ciudad de Lionel Messi y Ángel Di María.

Su hermano, Luis “Pollo” Bassi, es uno de los enemigos más acérrimos de Los Monos, la banda narco que se enquistó en el sur de Rosario por décadas. Incluso, en la lista negra de la banda, se encuentra por encima de Esteban Alvarado, el archirrival de Ariel “Guille” Cantero. El clan lo responsabilizó por el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero, el líder acribillado a tiros en mayo de 2013, en la puerta de un boliche de Villa Gobernador Gálvez. En ese momento, Bassi era sindicado como el jefe de una banda local, con influencia en la barra brava de Newell´s, que pretendía hacerle sombra a los Cantero.

Aunque fue absuelto en el juicio en su contra por el crimen, Los Monos ya habían firmado su propia sentencia. Lo culparon de haber organizado -presuntamente, por pedido de Luis Paz, otro de sus adversarios- la emboscada contra “El Pájaro”.

La supuesta vendetta narco dejó una sangrienta huella en las estadísticas criminales de ese año y del siguiente. Los familiares de Marcelo Fabián cayeron uno por uno.

El 31 de diciembre de 2013, fue ejecutado por sicarios Leonardo Bassi, hermano de Luis y Marcelo. El 11 de febrero de 2014, fue el turno de Maximiliano Bassi, otro hermano. Por último, Luis Bassi, el padre de todos ellos, fue acribillado con una ametralladora.

La escena del crimen fue la misma en los tres casos: la remisería familiar ubicada en Villa Gobernador Gálvez.

“Nos están matando como a perros”, dijo una viuda del clan a Perfil, tras el homicidio de su esposo. “Somos víctimas de un plan sistemático para hacernos desaparecer”, agregó en referencia a la presunta cacería que los tenía como uno de los principales blancos.

“Con mi marido tocamos todas las puertas. Pedimos protección y nos mandaron muerte. Tenemos miedo. Recién cuando nos maten a todos van a buscar la verdad”, mencionó en esa oportunidad la mujer.

En 2015, la familia denunció a la provincia de Santa Fe por los crímenes y exigió casi $6 millones en concepto de resarcimiento. “Al negarle la seguridad (a los Bassi) la provincia decide quién vive y quién muere”, afirmó Enrique García Arquiola, el abogado que realizó la presentación.

Pero la saga de crímenes continuó. En marzo de 2019, mataron a Eduardo Cisneros, el suegro de “El Pollo, y a su pareja cuando tomaban mate en el garage de su casa.

Un soldadito de Los Monos fue condenado por disparar frente a la sede del Sindicato de Camioneros en Rosario en octubre del año pasado, a modo de intimidación. Este hecho fue parte de una ola de amenazas y enfrentamientos contra sindicatos en la ciudad.

El hecho ocurrió el 2 de octubre del año pasado, cuando el ahora condenado, identificado como Gonzalo Nawojczyk, de 21 años, llegó frente a la sede sindical a bordo de una moto Yamaha FZ roja robada. Una vez allí, realizó tres disparos al aire.

Nawojczyk intentó huir, pero tuvo un problema mecánico con la moto, por lo que debió abandonar el rodado y escapar a pie. A las dos cuadras, fue detenido por la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II y se le secuestró una pistola calibre .380, que el sospechoso intentó descartar debajo de un contenedor de residuos.

El joven quedó arrestado y ahora fue condenado a cuatro años de prisión tras un juicio abreviado. La Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo por los delitos de abuso y portación de armas y encubrimiento, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Horas después del hecho, se supo que Nawojczyk es hermanastro del futbolista rosarino Brian Mansilla, ex jugador de Racing, Platense y actual jugador del FC Oremburgo en la Liga Premier rusa. Además, se sabe que el joven es uno de los soldaditos de Cristian “Pulpito” Alvalle, recluso cercano a Los Monos.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho gracias a los llamados de los vecinos de la zona de Pasco y Sarmiento. Los tiros ocurrieron cerca de las 22.30. Cuando llegó, la Policía no constató ningún impacto de bala en la fachada del edificio. Lo que sí halló fueron tres vainas servidas y una moto abandonada, que tenía una denuncia por robo del 28 de septiembre pasado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

Un vecino que observó toda la secuencia le señaló a los agentes cómo vestía el sicario y explicó que se fue corriendo porque no había podido arrancar la moto.

Consultado sobre cuál podría llegar a ser el motivo de la amenaza, Sergio Aladio, secretario general de Camioneros en Santa Fe, respondió: “A mí me han amenazado, pero no puedo decir que esto provenga del mismo lugar, hasta el día de hoy trabajamos con tranquilidad, de forma activa. Esperamos para hablar con el fiscal para tener más noticias”.

Existen indicios en una causa judicial de que supuestamente planeaban matar a Aladio en el marco de una interna con la Federación Nacional, liderada por Hugo Moyano. La sospecha se desprende de una comunicación telefónica mantenida por el secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe Juan Mateo Chulich –que responde a Moyano– con un recluso de la cárcel de Piñero. Sin embargo, eso no ha podido probarse en la causa.

“Hola, ¿Juan? Cuchá (sic), tu número me lo pasó Seba Camaño. Nosotros somos los que le prendimos fuego el sindicato a Aladio. ¿Ahora vos querés que lo caguemos a tiros? Tenés que bajar la moneda, amigo. Bajá la moneda y lo cagamos a tiros al toque… Como la vez pasada. Vos sabés que bajás la moneda y lo hacemos al toque. Después nos comunicamos bien. Bajá la moneda y le hacemos lo que vos quieras, como siempre”, le dijo el preso a Chulich, cuyo teléfono estaba intervenido. La conversación data de septiembre de 2021.

La llamada fue detectada por la Agencia de Investigación Criminal y el fiscal Iván Raposo de Venado Tuerto, quien había pedido intervenir el teléfono del dirigente cercano a Moyano. El origen de la causa fue una denuncia que radicó el 29 de junio de 2021 un afiliado de esa ciudad del sur santafesino, quien aseguró que había sido amenazado para desafiliarse de la obra social de Camioneros a nivel provincial para ser traspasado a la nacional.

Nawojczyk, por su parte, tiene varios posteos de fotos con Marcelo “Pipi” Andrada, un dirigente de recolección de residuos que es afín a Moyano.

Alejandro Nicolás Ficcadenti, alias “El Rengo”, el jefe de la facción disidente de la barra brava de Newell’s que fue acusado hace dos semanas en Rosario por ordenar la amenaza a la familia de Ángel Di María, volverá a ser llevado a audiencia imputativa. El fiscal Franco Carbone le atribuirá este viernes haber ordenado el intento de asesinato del hijastro de Luciano “Lucho” Gallardo, el actual líder del paraavalanchas rojinegro, un adolescente de 16 años. El 13 de julio pasado, el joven recibió ocho disparos. Se encuentra internado con pronóstico reservado desde entonces.

Ficcadenti, según los investigadores, habría ideado el ataque a tiros, que tuvo lugar en Villa Gobernador Gálvez. Según fuentes del caso, los sicarios -que permanecen prófugos de la Justicia- llegaron hasta la casa del adolescente, preguntaron por él y abrieron fuego al ver que se acercaba hacia la puerta.

El menor fue asistido en el hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez y luego, por su delicado cuadro de salud, lo derivaron a un hospital de Rosario. Recibió cuatro disparos en el brazo derecho, uno en la espalda, dos en el abdomen y otro en el tórax.

La sombra de Los Monos, la mayor banda narco de Rosario, sobrevuela la interna de Newell’s. “Lucho” Gallardo opera bajo las órdenes de Leandro “Pollo” Vinardi, hoy preso en el penal de Ezeiza, un histórico ladero de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos. El año pasado, en el partido homenaje a “Maxi” Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa, la facción oficial demostró su poder con una megabandera que mostraba un gorila enfurecido, Cantero y un pollo, Vinardi mismo.

Vinardi, su pareja Ivana Sabrina Barrias, su hijastro Emir Rodríguez y Gallardo fueron imputados la semana pasada por el fiscal Carbone, quien les atribuyó haber mandado a balear la casa de una dirigente de Newell’s el pasado 26 julio y haber llevado adelante una serie de extorsiones al presidente del club, Ignacio Astore.

En la causa, Carbone afirmó que la barra brava de Newell’s es dirigida por “Guille” Cantero –preso en Marcos Paz–, quien delegó el gerenciamiento en Vinardi y su círculo, representado en Barrias, Rodríguez y “Lucho”.

En este contexto, el hijastro de “Pollo” Vinardi también fue baleado. Se trata de Facundo, joven de 19 años y hermano de Emir Rodríguez: el 6 de agosto pasado recibió un disparo en el pecho en inmediaciones del club Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez.

Ficcadenti, no obstante, no estará solo en la audiencia de este viernes. Lo acompañará Brian Walter L., de 28 años, quien fue arrestado en las últimas horas en un allanamiento realizado la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones en la zona sudoeste de la ciudad.

A “Rengo” y a Brian L., según adelantaron fuentes del expediente, se les atribuirá otra balacera, que tuvo lugar el 24 de julio pasado en la zona sur, donde un joven resultó herido en la pierna derecha. Se cree, en función de los indicios recolectados, que Ficcadenti habría dado la orden y quien la ejecutó fue Brian L..

El jefe de la facción disidente de la barra brava de Newell’s sumará así su tercera imputación. Por un lado, afronta un pedido de prisión perpetua por haber participado en el homicidio del ex barra brava de Newell’s Nelson “Chivo” Saravia –cometido el 23 de octubre de 2021–, hecho por el que fue arrestado al año siguiente. En las últimas dos semanas, se le agregó la intimidación a la familia de Di María y ahora los dos ataques a tiros que ocurrieron en Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Leandro “Pollo” Vinardi, histórico ladero de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, fue imputado este miércoles por haber extorsionado y amenazado al presidente de Newell’s, Ignacio Astore, con la exigencia de entradas de protocolo y dinero. Según la investigación, Vinardi llevó a cabo estos delitos desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece encerrado por homicidio y narcotráfico.

Junto a él se sentaron en el banquillo de los acusados –de manera virtual, porque todos estaban por videoconferencia– su pareja, Ivana Sabrina Barrías; su hijastro, Emir Rodríguez y su hombre de confianza en el paraavalanchas rojinegro, Luciano “Lucho” Gallardo.

La información se conoce después de que este martes dos sicarios en moto realizaran un disparo al aire en la puerta del estadio, y en la previa al tradicional banderazo que se hará en la cancha por el clásico ante Rosario Central, que se disputará el próximo sábado en el Gigante de Arroyito.

En la audiencia imputativa ante el juez Hernán Postma, el fiscal Franco Carbone le atribuyó a Vinardi varias intimidaciones al presidente de Newell’s, que habrían comenzado años atrás.

En primer término, indicó que, periódicamente, el club le paga un millón y medio de pesos a la barra brava leprosa, que se desembolsa en efectivo en las jornadas previas o posteriores a cada partido. Y quien suele cobrar ese dinero es Gallardo, generalmente, a través del jefe de seguridad de la institución.

“Astore y las personas entrevistadas bajo identidad reservada dijeron que desde que asumieron son obligados por partido de local a entregar entradas de protocolo, que en la actualidad son 1.700, dinero en efectivo, que actualmente es un millón y medio de pesos, y entre 15 y 25 camisetas”, precisó Carbone.

De acuerdo a la explicación del fiscal, la acusación tiene lugar en medio de una violenta disputa entre la facción liderada por Vinardi y Gallardo contra la disidente, encabezada por Alejandro “Rengo” Ficcadenti. Ese barra fue acusado, el viernes pasado, de haber ordenado las intimidaciones que sufrió la familia de Ángel Di María, con el objetivo de que el jugador no regrese a Rosario Central.

Entre las situaciones violentas, Carbone recordó que hace tres semanas balearon en la cabeza al hijastro de Gallardo y este domingo le dieron un tiro en el tórax al hijastro de Vinardi, ambos hechos cometidos en Villa Gobernador Gálvez. Y subrayó la posibilidad de que en este contexto haya ocurrido el disparo al aire que se efectuó desde una moto este martes en la puerta del Coloso Marcelo Bielsa.

En ese marco, Carbone señaló que una intimidación realizada al club se dio el 22 de julio pasado, cuando Astore le entregó a la facción de Ficcadenti 1.700 entradas de protocolo para el encuentro que se jugó días después en el Coloso ante Independiente de Rivadavia.

Ante el enojo de la barra “oficial”, Ficcadenti devolvió las entradas y las autoridades del club se las dieron a la gente de Vinardi y Gallardo. Sin embargo, el enojo de la gente del “Pollo” persistió y se hizo notorio cuando terminó el partido entre Newell’s e Independiente de Rivadavia, cuando desde la popular arrojaron bombas de estruendo hacia el plantel visitante y la Policía que lo custodiaba.

Para Carbone, quien estuvo detrás de la pirotecnia, una vez finalizado el encuentro, fue Emir Rodríguez por encargo de Vinardi y de Barrías.

El fiscal amplió que después de ese mensaje hacia la dirigencia, el malestar continuó y se lo hicieron saber al club con un ataque a tiros que fue perpetrado el 26 de julio pasado contra la casa de una vocal que integra la comisión directiva, que después del hecho pidió licencia.

En ese caso, desde un Clio gris dispararon ocho balas calibre 9 milímetros. Como consecuencia de esa balacera, el presidente de Newell’s entregó un millón y medio de pesos a “Lucho” Gallardo a través del jefe de seguridad de la institución.

La barra regenteada por Vinardi, Barrías, Rodríguez y Gallardo también fue acusada de haber gestionado un recital del cantante de cumbia Sergio Torres para inaugurar el 8 de julio pasado un sector de parrilleros en el predio donde está el Coloso Marcelo Bielsa.

Como Astore al enterarse del evento, lo prohibió porque consideraba que no estaban dadas las condiciones, hecho que fue comunicado por la vocal cuya casa después fue baleada. Entonces, la barra brava exigió el pago de 8.000.000 de pesos al presidente leproso. La dirigencia, finalmente, pagó, pero 3 millones, a “Lucho” Gallardo a través del jefe de seguridad leproso el pasado 30 de julio en el interior del club.

A su vez, el fiscal recordó que, en agosto de 2022, la barra brava del club abordó al plantel en el Coloso Marcelo Bielsa luego de perder 2 a 1 ante Godoy Cruz, hecho en el que le robaron a un integrante del cuerpo técnico de Javier Sanguinetti y, además, increparon a los jugadores.

Según expresó Carbone, a raíz de esa situación, Astore decidió no entregar el medio millón de pesos que recibía la barra brava leprosa la semana posterior a cada partido que jugara el equipo. Actualmente, el monto es el triple, detalló.

Esa determinación derivó en comunicaciones telefónicas de Vinardi al jefe de Seguridad de Newell’s, que datan del 23 de septiembre de 2022 y del 27 de octubre de ese año, donde el ladero de “Guille” Cantero le pide hacerle saber al presidente leproso que, con su decisión, estaba haciendo “renegar a los pibes”.

El fiscal añadió que tras esas llamadas, el 12 de diciembre de 2022, un auto negro frenó frente al Hospital Privado de Rosario –donde trabaja el presidente de Newell’s–, y sus ocupantes escribieron con aerosol en la pared “Doctor Astore no traicione. Te metemos balas”. Acto seguido, arrojaron un piedrazo que ocasionó una rotura en el vidrio del frente del edificio.

Dos gatilleros en moto efectuaron al menos un disparo al aire en las afueras del Coloso Marcelo Bielsa en la noche de este martes. La Policía cortó el tránsito y halló una vaina servida que será enviada a peritar por pedido de los fiscales Franco Carbone y Pablo Socca. La intimidación ocurre horas antes de que se realice la audiencia imputativa contra el capo de la barra brava de Newell’s, Leandro “Pollo” Vinardi –histórico ladero del jefe de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero, que está preso–, su pareja Ivana Sabrina B., su hijastro Emir R. y el su hombre de confianza en el paraavalanchas rojinegro Luciano “Lucho” G. por un atentado contra la casa de una integrante de la comisión directiva del club.

Los llamados que ingresaron al 911 dieron cuenta de que dos sospechosos en una moto blanca habían efectuado tiros al aire, en inmediaciones de la puerta 6 del estadio, en Avenida Morcillo y Daniel Infante. La Brigada Motorizada y el Comando Radioeléctrico cortaron el tránsito a la espera de la llegada del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que llevará adelante las tareas de levantamiento balístico, toma de testimonios y relevamiento de cámaras de videovigilancia.

La intimidación ocurrió en un momento particular, espeso, en Newell’s. Este miércoles desde las 8.30, los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola imputarán al “Pollo” Vinardi, su pareja Ivana B., su hijastro Emir R. y su hombre de confianza en la barra brava del club “Lucho” G. por una balacera ocurrida el 26 de julio pasado en la zona sur, cuando dos sicarios en moto abrieron fuego contra el domicilio de una integrante de la comisión directiva que, después del hecho, pidió licencia.

Además, el pasado domingo otro hijastro de Vinardi resultó herido en una balacera que tuvo lugar en Soldado Aguirre y Buenos Aires, en Villa Gobernador Gálvez, cuando dos gatilleros en moto le dispararon a él y a otro joven. En su caso, Facundo R. terminó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un impacto en el tórax. La otra víctima sufrió una lesión en el brazo derecho.

El ataque a Facundo R., según se presume, se inscribió en una violenta disputa entre la barra brava liderada por “Lucho” G., y la facción disidente encabezada por Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien fue imputado el pasado viernes por haber sido quien pagó 4 millones de pesos para intimidar a la familia de Ángel Di María el 25 de marzo pasado para que no venga a jugar a Rosario Central.

La balacera a Facundo R. y la intimidación de este martes frente al Coloso suceden en la antesala del tradicional banderazo que harán los hinchas de Newell’s el jueves desde las 17, en la previa al clásico que disputará ante Rosario Central el próximo sábado en el Gigante de Arroyito desde las 16.30. Para dicho evento, el gobierno provincial dispuso un operativo con 200 agentes en los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa.

En tanto, para el clásico entre Newell’s y Rosario Central habrá 550 policías afectados al operativo en los anillos de seguridad en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Las puertas del estadio, por su parte, se abrirán a las 13.30 para evitar demoras en los ingresos de los hinchas canallas.

Además, desde la Unidad Regional II se destinarán otros 300 agentes para la custodia de “objetivos especiales”, que el Coloso Marcelo Bielsa, las sedes de ambos clubes, tiendas oficiales y predios de entrenamiento.

En las últimas horas, dos sicarios a bordo de una moto hirieron a tiros uno de los hijastros de Leandro “Pollo” Vinardi, histórico ladero de “Guille” Cantero, capo de Los Monos, vinculado a la violencia en la tribuna de Newell’s. La víctima es Facundo Uriel R., de 19 años, que fue atacado en Villa Gobernador Gálvez. El joven agredido se encuentra internado con pronóstico estable en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez., con un disparo en el tórax.

El ataque ocurre en la previa a la audiencia que tendrá lugar este miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el fiscal Franco Carbone imputará a Vinardi por un atentado ocurrido hace diez días contra la casa de una dirigente de Newell’s.

Emir R., hermano de Facundo y su madre Ivana Sabrina B., también fueron detenidos por el ataque.

Facundo R. resultó herido mientras caminaba junto a un grupo de personas en las inmediaciones del club Coronel Aguirre. En la misma balacera fue lesionado Kevin T., un joven de 22 años que fue derivado al Hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Gálvez por un impacto de bala en el brazo derecho.

La feroz interna barra: más de mil policías para el próximo clásico

El atentado, según se presume, se inscribió en una violenta disputa entre la barra brava liderada por “Lucho” G., otro detenido por el atentado a la dirigente, y la facción disidente encabezada por Alejandro “Rengo” Ficcadenti, quien fue imputado el pasado viernes por haber sido quien pagó 4 millones de pesos para intimidar a la familia de Ángel Di María en marzo pasado para que no venga a jugar a Rosario Central.

La balacera a Facundo R. también tiene lugar en la antesala del tradicional banderazo que harán los hinchas de Newell’s el jueves, en la previa al clásico que disputará ante Rosario Central el próximo sábado en el Gigante de Arroyito desde las 16.30. Para dicho evento, el gobierno provincial dispuso un operativo con 200 agentes en los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa.

En tanto, para el clásico entre Newell’s y Rosario Central habrá 550 policías afectados al operativo en los anillos de seguridad en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Las puertas del estadio, por su parte, se abrirán a las 13.30 para evitar demoras en los ingresos de los hinchas canallas.

Además, desde la Unidad Regional II se destinarán otros 300 agentes para la custodia de “objetivos especiales”, que el Coloso Marcelo Bielsa, las sedes de ambos clubes, tiendas oficiales y predios de entrenamiento.

El delegado del pabellón 6 de la cárcel de Piñero Brandon Paulo Aramburu (27 años) fue imputado este jueves por haber vendido droga dentro de la cárcel al menos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 20 de marzo de este año, período en el que se alzó con más de 14 millones de pesos. A la cocaína y la marihuana, según la acusación que formuló el fiscal Franco Carbone, las hacía ingresar a través de embarazadas que, por esa condición, no eran revisadas en los escáneres de la unidad penitenciaria. Quien cobraba por la comercialización de los estupefacientes era su novia, Celeste Evelyn Barjollo (29), también presa. Generalmente lo hacía mediante transferencias bancarias hechas por Ualá y Mercado Pago.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez Hernán Postma, quien ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley y el congelamiento de las cuentas bancarias de Barjollo, la recaudadora del dinero por la venta de droga.

Según la información ventilada por el fiscal Carbone, la mecánica para la entrada de la droga era la siguiente: la llevaban embarazadas que no pasaban por los escáneres de la prisión y que se anotaban como visitas de internos que generalmente no recibían a nadie. “Cada visita ingresaba a razón de 50 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína por semana. Generalmente eran dos visitas. Todo el pabellón le compraba droga a él”, reseñó un testimonio.

De acuerdo a la causa, las transferencias bancarias que recibía la pareja de Aramburu eran hechas siempre por familiares de los compañeros de prisión. Agregó que, en caso de atrasos en pagos por la droga, los internos eran atacados a golpes y amenazados, y recién podían pedir una reubicación en la unidad penitenciaria si habían cancelado el monto.

En caso de que los familiares de los consumidores no tuvieran dinero bancarizado para enviar a las cuentas de Barjollo de Mercado Pago y Ualá, debían llevar el efectivo hasta un domicilio de la zona oeste de Rosario, donde vive una allegada de Aramburu, según los datos recolectados en el expediente.

A su vez, se obtuvieron testimonios que dieron cuenta de que el precio que los reclusos pagaban para poder consumir la cocaína dentro del penal era ostensiblemente más elevado que el precio al que se podía conseguir en un búnker. A modo de ejemplo, la bochita de cocaína que podía adquirirse por 1.500 pesos en la calle, en ese pabellón de Piñero se comercializaba a 5.000 pesos.

Según pudo saber Infobae, Barjollo está detenida desde el 20 de marzo pasado, cuando fue imputada como presunta integrante de la banda que lidera Gastón Schneider, hijo de Claudio “Pájaro” Cantero, el asesinado jefe de Los Monos. Casualmente, su novio, Aramburu, está preso desde 2018 y recientemente fue acusado como presunto miembro de la estructura que tiene a Uriel Luciano “Lucho” Cantero a la cabeza, otro hijo del “Pájaro” Cantero, a su vez medio hermano de Gastón Schneider.

El fiscal provincial Mariano Ríos Artacho, quien se reincorporó el pasado 18 de junio a su puesto dentro del área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada tras haber cumplido una suspensión de dos meses -resuelta por la Legislatura de Santa Fe-, presentó su renuncia este martes al alegar “motivos personales”. Se trata del funcionario judicial que había sido sancionado por haber entregado de presunta forma irregular un Mercedes Benz C250 Kompressor secuestrado en un allanamiento a un comisario que fue detenido por abuso sexual.

La renuncia, que entrará en vigencia desde el próximo lunes 1º de julio, fue entregada este martes ante el fiscal regional interino Matías Merlo, a cargo del distrito Rosario del Ministerio Público de la Acusación tras la intervención dispuesta el 19 de marzo pasado por la jefa de fiscales de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

La decisión de Ríos Artacho generó sorpresa en el Ministerio Público de la Acusación, ya que venía de cumplir la sanción de 60 días que le había impuesto la Legislatura el 18 de abril pasado y no figuraba imputado en ninguna causa penal.

El fiscal, según publicó Infobae el 14 de mayo pasado, aparece mencionado -no imputado- en un expediente federal por el que se allanó y detuvo a una parte de una presunta estructura que responde a Los Monos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Entre los arrestados estuvo un agente de inteligencia federal, que recientemente fue excarcelado.

En esos procedimientos no fue localizado el policía exonerado Juan José Raffo, quien fue condenado en 2018 como integrante de Los Monos, y sobre quien pesa un pedido de captura. Raffo, según la investigación, logró escabullirse de la Justicia gracias a datos confidenciales que le habría dado el agente de inteligencia.

El policía condenado como miembro de Los Monos fue seguido en Rosario y en Buenos Aires por investigadores policiales, que lo vieron desplazarse por Ezeiza en un Cruze cuya documentación de la póliza de seguro figuraba a nombre del fiscal Ríos Artacho. De acuerdo a intervenciones telefónicas y a la acusación de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, el agente de inteligencia avisó a Raffo y a Ríos Artacho de que el auto era seguido por policías.

Según suponen en la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, esa alerta hizo que Raffo no usara nunca más el vehículo. Por otra parte, el fiscal provincial se presentó de manera espontánea ante sus colegas Luis Schiappa Pietra y Matías Edery -quienes colaboraban con la causa federal- a ofrecer un descargo y documentación para mostrar que había vendido el Cruze y que por cuestiones burocráticas aún su gestora no había terminado de hacer la transferencia del vehículo.

En su argumentación, Ríos Artacho afirmó haberle vendido el Cruze al comisario Álvaro Rosales, un policía al que señaló conocer hace más de una década. Afirmó desconocer qué había sucedido con el auto y añadió que lo dejó asegurado a su nombre para mantener la responsabilidad civil hasta que finalizaran los trámites registrales para el traspaso de titularidad.

Rosales, a su vez, es el mismo policía al que le encontraron en diciembre de 2022 el Mercedes Benz C250 Kompressor que el propio fiscal le había entregado de manera presuntamente irregular tras un allanamiento en lugar de enviarlo a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El comisario actualmente está imputado por abuso sexual.

Patricia Celestina Contreras, madre del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue condenada este lunes a la pena de 4 años de prisión efectiva. La resolución tuvo lugar después de que la jueza Silvana Lamas González homologara un juicio abreviado –acordado entre el fiscal Franco Carbone y la defensa particular– por el que aceptó haberle dado dinero a sicarios por haber cometido ataques a tiros contra dos escuelas y dos estaciones de servicio de Rosario en la previa a las elecciones legislativas de 2021.

“La Cele”, como se la conoce en el hampa local, tiene actualmente 57 años. Desde comienzos de junio del año pasado está con detención domiciliaria –con tobillera de monitoreo electrónico– y continuará bajo esa modalidad, dado que la propia Justicia santafesina resolvió otorgar ese tipo de arresto basado en dictámenes del consultorio médico forense, del hospital Centenario y del Servicio Penitenciario en el que se dejó indicado que debía realizar un tratamiento de diálisis tres veces a la semana por la diabetes que padece, y que le causó deterioro físico.

Contreras, con esta nueva resolución, tiene una condena por un monto total de 14 años de prisión. Eso es porque también fue considerada miembro de la estructura de Los Monos dedicada a la venta de droga. Dicha causa, por estar presos los líderes de la organización, “Guille” Cantero y Jorge Emanuel Chamorro, fue llamada “Los Patrones” porque ubicaba a las parejas de ambos reclusos como las encargadas de seguir las instrucciones para sostener el negocio narco.

La madre de “Guille” Cantero cayó en allanamientos llevados a cabo en abril de 2022 por pedido de los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot contra el fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, ex esposo de “La Cele”, por estar sospechado de estar detrás de los atentados a tiros contra estaciones de servicios y escuelas de noviembre de 2021 que tuvieron por objetivo, según la investigación, generar conmoción pública.

Dentro de las personas detenidas en 2022 estuvieron presuntos integrantes de una célula o subestructura que reportaba al “Viejo” Cantero, que era la liderada por el recluso de la cárcel de Coronda, Nelson “Pandu” Aguirre, que cometía los ataques como una especie de “brazo armado” del fundador de Los Monos.

A Contreras, los fiscales no la ubicaron como integrante de la organización que tenía de jefe de su ex esposo. Le atribuyeron haberle entregado dinero al presunto sicario Nazareno “Anteojitos” Gauna por cuatro atentados a tiros: el perpetrado el 9 de noviembre de 2021 contra el minishop de la YPF de San Martín y Saavedra, el del 12 de noviembre de ese año contra la YPF de Ovidio Lagos al 4900 situada frente a la Jefatura de la Policía local, y las dos balaceras cometidas el 14 de noviembre –fecha de los comicios legislativos– contra la escuela de educación técnica N° 472 “Crisol” y contra el complejo educativo “Santa Isabel de Hungría”.

Los cuatro ataques ejecutados por “Anteojitos”, de acuerdo a la teoría del caso, fueron ordenados desde Coronda por el recluso Nelson “Pandu” Aguirre, quien por entonces le indicó al presunto gatillero Gauna que todos esos hechos eran porque “El Viejo” Cantero le había dado “semáforo verde” para regentear parte de la zona sudoeste de Rosario en su nombre. Esa situación se desprende de escuchas telefónicas que fueron reproducidas en las audiencias de la investigación.