El presidente Javier Milei reformó la Dirección Nacional de la Línea 144 y otras áreas de asistencia y prevención contra la violencia a las mujeres y por razones de género, tras una profunda reestructuración de las áreas que dependen del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La línea de atención telefónica y vía redes sociales continuará funcionando, pero perdió jerarquía administrativa y funcional con el Decreto 735/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Milei y Cúneo Libarona. Quedará bajo la órbita de una única jefatura: la Dirección de Fortalecimiento para el acompañamiento a las víctimas.

La medida se suma al fuerte achique de personal de operadoras de la Línea 144, que disminuyó su capacidad de atención tras el ajuste del gasto público que se llevó a cabo en el Estado desde diciembre del año pasado. Una de las áreas que perdió más recursos humanos y económicos fueron las políticas y programas que dependían el ex ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), donde se despidió a cerca del 80% de las empleadas.

El Gobierno recomendó el uso de la Línea 144 a las mujeres víctimas que padecen violencias, en medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. En los últimos días hubo un fuerte aumento de consultas. Pasó lo mismo con el caso de Thelma Fardin cuando acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.

Desde hoy, este canal de comunicación bajará dos escalones en la importancia dentro de la pirámide del Estado. Las operadoras reportarán directamente a la “Coordinación de Atención Inmediata”, una estructura de menor jerarquía que una dirección nacional.

Además, la misma dirección nacional tendrá a su cargo la Línea 137, de atención telefónica para personas víctimas de violencia sexual, grooming y familiar; y la Línea 149, creada con el fin de asistir a personas víctimas de delitos y sus grupos familiares con la Ley N° 27.372.

En su “batalla cultural”, el gobierno de Javier Milei sostiene que los delitos vinculados a razones de género no merecen una especial atención, a contramano de las protestas de los últimos años que visibilizaron los casos de femicidio, como las marchas del “Ni Una Menos”. Los libertarios también niegan que exista alguna desigualdad de género entre hombres y mujeres, y que se deba destinar una especial atención a las minorías sexuales.

Desde ese paradigma político, se avanzó primero con la desmantelación del ex ministerio de Mujeres, luego con la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, y finalmente con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Ayer, Milei los definió a ambos como órganos “siniestros que se utilizaban para perseguir ideológicamente”.

El último decreto es un paso más que licúa la estructura formal de algunos de los “ravioles” de la administración de estos dos organismos. Si bien muchas de las áreas ya estaban sin personal o virtualmente paralizadas, se eliminaron más de 60 de dependencias, junto a la fusión y creación de otras.

Algunas de las direcciones que derogaron son la de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género; de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas; de Refugios y Hogares de Protección Integral, de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, entre muchas otras.

Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en lo que va del año “se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144, en comparación con el 1er semestre de 2023″. Y en junio se despidió al 38% de las personas que trabajaban en ese canal de comunicación. En paralelo, está en plena desarticulación el Programa Acompañar, que era una ayuda económica para mujeres que la necesitan para poder salir de un vínculo violento con ex parejas y solo se ejecutó el 82% del presupuesto.

Con menos recursos y respaldo político, quedaron algunas dependencias que funcionalmente tendrán la responsabilidad de implementar programas vinculados a la igualdad de género que rigen por ley. Una de ellas es el cumplimiento del “cupo travesti-trans” en el empleo público, que se sancionó con la Ley N° 27.636. Esta obligación ahora depende de la “Coordinación de políticas de igualdad en la inclusión laboral”.

En lo que respecta a las tareas contra la discriminación vinculadas al ex INADI, esas funciones quedaron repartidas en el organigrama en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, junto a algunas direcciones específicas. Ayer hubo una protesta con un ruidazo en la sede del ministerio de Justicia por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que reclama una mesa de negociación por los despidos y otros temas laborales.

El proceso de reorganización en el Ministerio de Justicia incluyó también a la Oficina Anticorrupción (OA), que pasó de la órbita de la Presidencia de la Nación a la cartera de Cúneo Libarona. Otras funciones que quedaron podadas tras el decreto viernes son aquellas vinculadas a los derechos humanos que dependían de la Secretaría de Justicia. Una decena de áreas fueron eliminadas o fusionada a otras dependencias.

Las áreas que se derogaron hoy en el Ministerio de Justicia

Unidad organizativa del Ministerio de Justicia

1. Auditoría interna adjunta sustantiva
2. Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género
3. Coordinación del Centro de Contactos
4. Dirección de Evaluación del Gasto Jurisdiccional
5. Coordinación de Asuntos Contenciosos
6. Coordinación de Dictámenes en Materia de Derechos Humanos y Servicio Penitenciario Federal

Secretaría de Justicia

1. Coordinación de Bases de Datos Legislativos y Jurídicos
2. Dirección de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia
3. Coordinación de Estudios y Evaluación de Proyectos
4. Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas
5. Coordinación del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI)
6. Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia
7. Coordinación del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia
8. Coordinación del Programa Las Víctimas contra las Violencias
9. Dirección de Registraciones Especiales y Publicidad Indiciaria
10. Dirección de Registros Seccionales
11. Dirección de Fiscalización y Control de Gestión
12. Dirección Técnico Registral y RUDAC
13. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales
14. Dirección de Coordinación y Asuntos Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual

Secretaría de Derechos Humanos

1. Delegación de Informática y Gestión de la Información en Derechos Humanos
2. Dirección de Comunicación Estratégica
3. Dirección Nacional de Coordinación Estratégica
4. Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional
5. Consejo Federal de Derechos Humanos-Secretaría Ejecutiva
6. Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad
7. Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas
8. Dirección del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia
9. Dirección Nacional de Formación
10. Dirección Nacional de Equidad Racial, Personas Migrantes y Refugiadas
11. Coordinación de Investigaciones Históricas (Archivo nacional de la Memoria)

Ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

1. Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género
2. Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad
3. Dirección de Capacitación del Sector Público en Género y Diversidad
4. Dirección de Formación en Género y Diversidad
5. Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros
6. Dirección de Campañas Culturales para la Igualdad de Géneros
7. Dirección de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales
8. Dirección de Relaciones Internacionales
9. Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y Gestión de la Información
10. Dirección Técnica de Registros y Bases de Datos
11. Dirección del Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género
12. Dirección Nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género
13. Dirección de Programas Integrales de Prevención
14. Dirección Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género
15. Dirección de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas
16. Dirección de la Línea 144
17. Dirección Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género
18. Dirección de Articulación Territorial para el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia
19. Dirección Nacional de Protección de Víctimas de Violencia por Razones de Género
20. Dirección de Redes Territoriales para la Emergencia
21. Dirección de Refugios y Hogares de Protección Integral
22. Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual
23. Dirección de Programas Especiales
24. Coordinación de Apoyo y Seguimiento de las Políticas contra la Trata y Explotación de Personas
25. Coordinación de Abordaje de la Violencia contra la Libertad Reproductiva
26. Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género en Contextos de Encierro
27. Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Personas Migrantes
28. Coordinación de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas
29. Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad
30. Dirección de Programas Transversales de Igualdad
31. Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política
32. Dirección Nacional de Políticas de Cuidado
33. Dirección de Mapeo Federal del Cuidado
34. Dirección de Articulación Integral de Políticas de Cuidado
35. Dirección de Protección de Derechos de la Diversidad Sexual y de Géneros
36. Coordinación de Acceso al Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros
37. Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva
38. Dirección de Promoción de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros
39. Coordinación de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
40. Coordinación de Prevención y Abordaje de la Violencia Institucional

No es la primera vez que pasa: la denuncia por violencia de género, acoso o abuso sexual formulada por una persona muy conocida públicamente desencadena una crecida en las llamadas a la Línea 144, que es la que se ocupa de atender esas consultas. El caso de Thelma Fardin fue emblemático en ese sentido: la demanda a esa línea especializada creció 240% en pocos días. La denuncia que la ex primera dama Fabiola Yañez presentó el 6 de agosto contra el ex presidente Alberto Fernández, a quien acusa de haberla violentado física y psicológicamente, desencadenó el mismo efecto.

“El miércoles y jueves posteriores a la denuncia de Fabiola Yañez atendimos 50% más de llamados que los días inmediatamente anteriores. Con el correr de los días fueron bajando un poco pero la línea sigue movida”, explica Fernanda Fuentealba, operadora de la Línea 144 que dependía del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ahora degradado a una subsecretaria bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.

En la ciudad de Buenos Aires, que al igual que la Provincia tiene su propio equipo para atender los llamados, el incremento fue de igual magnitud. Fuentes de esa línea porteña aseguran que ese 50% de incremento se mantiene hasta estos días y explican qué hay detrás de ese fenómeno.

“Pasan dos cosas en simultáneo. Por un lado, el tema violencia se pone en agenda y muchas mujeres se empiezan a animar a hablar o hasta logran identificar que un comportamiento que padecían efectivamente es una de las formas de las violencias por motivo de género. Lo otro que sucede es que se difunde muchísimo la existencia de la línea. Cada vez que se habla del tema en radios y noticieros aparece la placa que informa que podés llamar al 144. La suma de esos dos fenómenos produce la multiplicación de los llamados”, destacan fuentes de la línea especializada del ámbito porteño.

Fuentealba, que es licenciada en Psicología y también secretaria general de ATE en la subsecretaría de la que depende la línea telefónica, describe qué llamados son mayoritarios por estos días: “Nos consultan sobre todo por escenas que no están seguras si son de violencia psicológica, como que les controlen constantemente su teléfono, sus movimientos y sus conversaciones, o que las celen. Y también por escenas vinculadas a extorsiones al momento de pagar la cuota alimentaria, en la que hay casos en los que llegan a exigirles relaciones sexuales a cambio de cumplir con esa cuota, que es una obligación para los padres”.

Según estiman las fuentes de la dependencia porteña, el promedio de demora para atender un llamado que ingresa a la línea 144 es de veinte segundos. A la vez, tanto desde la Ciudad como Fuentealba, enfatizan que en caso de emergencia o riesgo de vida siempre hay que llamar al 911, y que el 144 sirve para brindar información, contención, derivaciones a equipos especializados y seguimiento de esas derivaciones, pero no para radicar denuncias.

Desde el comienzo del año hasta el 30 de julio, la línea 144 porteña había derivado 98 casos de lo que se categoriza como “altísimo riesgo” al 911, que puede geolocalizar desde dónde se está emitiendo el llamado para enviar un móvil policial que intervenga. Se trata de un llamado cada dos días para intervenir en una situación de violencia de género que pone en riesgo de vida a una mujer, y sólo contemplando el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

En CABA, se atendieron antes de la denuncia de Yañez unas 200 llamadas diarias, y en lo que va del año se recibieron unas 31.600. A la vez, el canal Boti -el chatbot que el gobierno porteño tiene a través de WhatsApp- está abierto para recibir consultas por esa vía. A nivel nacional -y contemplando que la Provincia y la Ciudad tienen su propia base de operadoras-, se atendían entre 320 y 350 llamados diarios. “Antes de los despidos de fines de junio”, aclara Fuentealba.

Desde el Ministerio de Justicia de la Nación explican: “La línea 144 está funcionando todos los días las 24 horas, para asistir a personas en situación de violencia y riesgo cualquiera sea el sexo o la edad (hombre, mujer, niño, adulto, etc)”. Y suman: “Al día de la fecha, están trabajando 84 personas y está financiada correctamente”. Fernanda Fuentealba, operadora de la línea desde 2015, describe: “Hasta fines de junio éramos 146 personas trabajando para la línea, entre operadoras, equipos de relevamiento de qué recursos están disponibles para derivar a las víctimas y el equipo de salud mental. Ahora somos 82, un poco más de la mitad”.

Según Fuentealba, esa reducción repercutió inmediatamente en la cantidad y también en la calidad de atención disponible: “En estos días en que creció tanto la demanda ves que entran llamados y no hay quiénes puedan tomarlos y es angustiante, porque detrás de ese llamado hay alguien que está pidiendo ayuda. Hay llamados que se resuelven en apenas minutos y otros, en los que hay que contener, explicar, tal vez hablar con alguien de la red de esa persona que llama o de algún equipo especializado, o incluso comunicarte con el juzgado para que se dicte alguna medida de protección. Podés estar una hora o una hora y media con un caso así”.

El Ministerio de Justicia también explica a Infobae: “La línea 144 va a continuar operativa y pasará a llamarse ‘de atención a personas en situación de violencia y riesgo’”. Se trata de una forma de diferenciarse del nombre anterior y de la perspectiva de género. “Nuestras políticas están orientadas siempre a favor de las víctimas y en contra de cualquier tipo de violencia (...) Para erradicar la violencia creemos que hay que ser implacables con los violentos, los asesinos y los violadores sin importar su sexo y/o su ideología”.

“No tenemos la misma cantidad de operadoras para atender, y mientras menos operadoras haya, más llamados quedarán sin respuesta”, asegura por su parte Fuentealba. Es en un contexto en el que los teléfonos suenan aún más que en días “comunes”, en los que se atienden unos quince llamados por hora sin contemplar a los dos distritos que concentran al 45% de la población. Y en los que, algunos de esos llamados, los categorizados como “de altísimo riesgo”, hacen la diferencia entre la vida y un femicidio.

El ex presidente Alberto Fernández fue denunciado por su ex pareja, Fabiola Yáñez, por violencia de género y lo que definió como “terrorismo psicológico” el martes 6 de agosto. El juez federal Julián Ercolini decidió que el ex mandatario no pueda salir de Argentina, ni tener contacto de ningún tipo con Yáñez (tampoco por redes sociales) a quién acompañó, antes de terminar su presidencia, a instalarse en Madrid donde ella sigue viviendo con su hijo.

En junio, Fabiola no había querido hacer la denuncia, pero ahora la situación se modificó. Ella le contó al magistrado que él la presionaba y llamaba (o chateaba) diariamente, en lo que definió como acoso telefónico de manera diaria presuntamente para que no haga la denuncia. Y que, por eso, modificó su decisión y decidió avanzar con la presentación judicial.

La causa original es por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación tiene que determinar si el ex presidente facilitó negocios a su ex secretaria María Cantero y su marido Héctor Martínez Sosa. En esa causa secuestraron el celular de Cantero y en la búsqueda de pruebas encontraron chats, fotos y vídeos de Yáñez. La versión de Alberto Fernández es que se trataba de “discusiones de pareja” pero no de violencia de género y que ella envió los mensajes como una forma de desahogo.

El juzgado, sin embargo, se contactó con ella y le ofreció denunciar. La ex Primera Dama no quiso presentarse como víctima de violencia de género y la causa se archivó. Pero, después de la publicación mediática y en razón de las presiones que ella detalló, la investigación dio un giro porque ella decidió avanzar (la justicia no podía hacerlo de oficio) y el caso se desarchivó. Fabiola va a recibir atención psicológica y el ex Jefe de Estado no va a poder comunicarse con ella ni presionarla de forma directa para modificar sus decisiones o revictimizarla.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) describió algunas consideraciones básicas: “Creemos en la palabra de la mujer en situación de violencia. La justicia tiene la obligación de investigar y tomar medidas de manera veloz y eficaz, procurando la protección de la mujer que toma la decisión de denunciar. En otro momento de la historia, hubiera sido imposible denunciar a una persona con tanto poder. Si hoy hay tantas personas dispuestas a creer en la palabra de la víctima es porque las mujeres trabajamos para que esto suceda desde hace muchas décadas”.

Argentina es un país con grieta partidaria, pero sin grieta en relación al machismo. Hoy casi todo el arco político es más machista que hace una década: o ya lo era o volvió a hacerlo o resurgieron fuerzas explícitamente machistas. Los machistas, han ejercido, encubierto y practicado un machismo gravísimo y si se aplicaron políticas públicas no machistas, no fue gracias a los machistas, sino a las exigencias de los feminismos.

Pero desde el actual gobierno disolvieron todas las políticas públicas para atacar al machismo y, desde la oposición, acusan al feminismo de la derrota y vuelven con épica, discursos y prácticas machistas. Los medios, el streaming, la radio, el periodismo, las redes y todo lo demás está en la misma línea. Y, por si hiciera falta, muchas mujeres también, que culpan al feminismo de defender su derecho a tener un espacio porque, una vez que las diputadas llegan por el cupo o la paridad, queda bien desmarcarse y hacerse la que se llegó solita, sin necesidad de lo que sí necesitaron para ocupar el lugar que ocupan, incluso, para hablar mal del feminismo.

El regreso de un machismo desaforado y sin resquemores, un monstruo que vuelve recargado y que, de paso, se devora a las que intentaron acorralarlo, es una mounstruosidad coyuntural. Pero la culpa no es del monstruo sino de las víctimas. Solo una película de terror clase B podría tener un argumento tan malo. Pero la actualidad es eso: una mala película de terror que, sin embargo, da pesadillas y hace doler la panza. Es de terror y da terror.

“Las feministas se pasaron seis pueblos”, es el lema del peronismo que se opone al matrimonio igualitario, al aborto legal y a cualquier medida que haya dado más derechos pese a que los que ocuparon cargos no lograron frenar una inflación descontroladamente alta y les parece que el problema del país no fue su mayor problema -la economía- sino su victoria -ser un país de vanguardia- y que entonces retroceder es la alternativa al oficialismo.

La actual administración anuló todas las políticas contra la violencia de género, las que había dejado el gobierno anterior y las que habían incorporado en La Libertad Avanza -la Subsecretaría de Protección a las Víctimas de Violencia de Género- y que destruyeron en su propia gestión mientras se vanagloriaban de despedir trabajadoras sociales y operadoras de la Línea 144 que ahora dicen es para todos los casos de violencia, algo que no tiene sentido, porque el sentido era que sea una atención capacitada para víctimas de violencia de género.

No se puede ejercer violencia de género y estar al frente de una gestión que tiene políticas públicas para erradicar la violencia de género. No se puede condenar a la violencia de género si se dice que no existe la violencia de género. No se puede usar la violencia de género para callarse si el que la ejerce es alguien cercano ideológica o personalmente. No se puede usar la violencia de género para que importe si la ejerce el que no me gusta y reclamar impunidad, inocencia o desmantelamiento si se acusan a los varones indignados por la interpelación feminista. No se puede criticar, perseguir y generar violencia contra las que lucharon contra la violencia de género.

La gravedad de la denuncia por violencia de género contra un ex presidente es muy alta. En la historia argentina reciente se soportó la violencia de un ex mandatario -incluso que se expulse de la Quinta de Olivos a la ex primera dama y a sus hijos- y en casos de gobernadores, diputados e intendentes el lema era que la violencia era parte de la “vida privada”. El feminismo vino a decir, a mostrar y a exigir que la violencia de género es intolerable. De todas maneras, que Alberto Fernández, en una sociedad con un debate instalado, políticas públicas, asesoras y capacitaciones sea capaz de ejercerla y de encubrirla y de presionar para que no sea denunciado es más grave, imperdonable, cuestionable y castigable. Es un acto de mayor responsabilidad y de mayores consecuencias.

La denuncia es contra un hombre -Alberto Fernández- pero la realidad actual muestra un fracaso. Los varones, en su mayoría, no soportaron la interpelación sobre su violencia y la niegan, la ejercen, la encubren, la minimizan y la fomentan. El fracaso no es de quienes dijeron “Yo te creo, hermana”, “Se acabó”, “El tiempo es ahora”, “Mira como nos ponemos”, “No nos callamos más”, “A mí también”, “Ni Una Menos” y “Vivas nos queremos”. El fracaso es de los que se hicieron que escuchaban y golpearon o de los que callan a las que hablan para que no puedan denunciar los golpes.

La causa de violencia de género se conoció a partir de la investigación por la trama de la contratación de seguros. La justicia se comunicó con Fabiola Yañez a partir de comunicaciones que se encontraron en un teléfono. Y la derivaron con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos al punto. Si no se hubiera aprobado la ley 24.685 para prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos (en el 2009) no se podría luchar contra la violencia física, psicológica y económica y si una persona amenaza a otra no se podría hablar de “terrorismo psicológico” porque no estaría habilitado.

La justicia no vería violencia de género si no fuera un tema judicial, la víctima no podría denunciar si no estaría legislada la violencia de género, la OVD no existiría si no se hubiera creado por la demanda de las feministas (y la apertura a cargo de la ex Jueza Elena Highton de Nolasco) que pelearon por una atención judicial especial para las víctimas de violencia de género y si el repudio a esta denuncia se percibe masivo es por una sociedad que entiende que a las víctimas se les cree y a los golpeadores se los condena.

ELA también definió: “Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostado compromiso con los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece, no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político partidaria”.

Mientras que advirtió al gobierno nacional: “No aceptamos la doble vara en ningún caso, tampoco del Gobierno, que reacciona con sobreactuada indignación. Mientras impostan preocupación y recomiendan a las víctimas llamar a la línea 144, la realidad es que se eliminó el organismo encargado de prevenir y atender a las mujeres atravesadas por la violencia y 19 políticas públicas están siendo desmanteladas”.

En la conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni -que había festejado los despidos en el área del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que, en la actual gestión dependió, en principio, del Ministerio de Capital Humano y, después, del Ministerio de Justicia- dijo que la Línea 144 sigue funcionando. Sin embargo, ELA alerta: “En lo que va del año se ejecutó un 28% menos de presupuesto de la Línea 144, en comparación con el primer semestre de 2023. En junio 2024, despidieron al 38% de las personas que trabajaban y quedaron turnos con solo dos trabajadoras atendiendo”.

Otro dato central: “La línea 144 recibió10 mil comunicaciones consultando por el Programa Acompañar, que era una ayuda económica para mujeres que necesitan salir de un vínculo violento. Se ejecutó 82% menos del presupuesto de este programa comparando con el primer semestre de 2023 en el que lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el primer trimestre de 2024 sólo llegó a 434 mujeres. Es decir, un 98.63% menos”. Y se preguntan: “Si se se desmantelan todas las políticas públicas, ¿qué pueden ofrecerle a las personas que llaman a la 144 para acompañarlas?”

Por eso, ELA realizó una presentación judicial contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género y por la incertidumbre generada ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Prevención de Violencias y el despido del 85% de sus trabajadores. Se advierte que hay víctimas que están regresando con su agresor por falta de posibilidades. Fabiola no va a volver a la Quinta de Olivos. Pero otras mujeres, que dejan de estar acompañadas, sí lo pueden hacer. La responsabilidad de quién vive en la residencia presidencial es mayor. Pero la inacción con las víctimas también tiene consecuencias.

Un hombre con poder puede ser un golpeador. Pero las mujeres golpeadas no tienen el poder de salir solas de la violencia. Por eso, se necesita que la película de terror se termine y que vuelva una grieta legítima: los que están en contra de la violencia de género deben demostrarlo, no denostar a las que cambiaron la historia, sino dejar que las que tienen ojos morados puedan volver a mirar de frente.

Ahora tiene que continuar la investigación. Y, por sobre todo, aunque no se trata de un caso más, sino de una causa que representa la hipocresía, la frustración y la rabia que quién dirige a un país pueda maltratar a una mujer y violar las leyes que tiene que hacer cumplir, tienen que regresar los recursos para que, igual que Fabiola, las mujeres puedan seguir denunciando y la película de terror no tenga ninguna temporada más.

Este lunes se cumplen nueve años de la histórica movilización “Ni Una Menos”, realizada el 3 de junio del 2015, que cambió la historia de Argentina, América Latina y el mundo porque levantó la voz de las mujeres contra el abuso sexual, la violencia de género y el femicidio. Fue la marcha de la palabra porque nadie se quería ir de la plaza y las chicas, las grandes, las hijas, las nietas, las abuelas, contaban las historias que siempre habían callado y que, a partir de ese momento, formaron un huracán de relatos, protestas y demandas.

Después del enorme avance que implicó la masiva marcha, la conversación pública contra el acoso y la violación y el avance en leyes y programas, en el actual contexto se generó un enorme retroceso. El gobierno de La Libertad Avanza recortó un 33% el presupuesto de las políticas que apuntan a reducir la desigualdad de género, según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización feminista y apartidaria que trabaja promoviendo derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Si una mujer está siendo golpeada y necesita pedir ayuda tiene que llamar para denunciar, solicitar refugio, pedir una abogada o acompañamiento psicológico. Pero ya no va a ser escuchada de la misma manera. Se redujo un 25,52% el presupuesto de la Línea 144. Si se tiene que ir de su casa para evitar ser asesinada, violada o pateada es fundamental que no esté sola. Sin embargo, el Programa Acompañar sufrió una caída del 80% en la ejecución interanual de su presupuesto. Salir de la violencia no es fácil. Y sin ayuda es casi imposible. No se trata de una política de ajuste o de austeridad. Se trata de dejar solas a las víctimas de violencia. La peor de las conclusiones: “Las mujeres en situación de violencia dejan de buscar ayuda”.

ELA estudió la implementación, a nivel provincial y municipal, de los principales programas que comenzaron a funcionar con el ya desaparecido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y que se encontraban vigentes hasta el 10 de diciembre del 2023. La conclusión es que se interrumpieron varios programas, se redujeron recursos humanos y financieros y que, además, faltan datos sobre el funcionamiento de la prevención de la violencia de género.

El principal problema es que las instituciones están gravemente afectadas para brindar atención y protección por falta de apoyo económico. En conclusión: si una mujer es golpeada y golpea puertas para dejar de ser golpeada se la cierran porque “no hay plata”. Y, lo peor, es que, con la puerta cerrada, tienen que volver al lugar donde las golpean y las pueden matar. Si hay inacción frente a la violencia de género hay responsabilidad por omisión.

Otro hit: aumentan los discursos de odio y la violencia hacia mujeres y LGBTI+. No es que es igual, es peor. No es que quedo afuera un Ministerio, es que se están quedando afuera las mujeres víctimas de violencia. No es que es inocuo: es un retroceso y un peligro para las mujeres que no pueden irse, tienen que volver a las casas donde las maltratan y suba el riesgo de femicidios. Por eso, ELA define la situación con un semáforo en rojo con la caracterización de “estado de alerta”.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del decreto 86/2023 fue eliminado. Se creó la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que fue paseada de cartera en cartera. En el sorteo de un área que se demuestra menospreciada, por la actual gestión, primero quedo en el Ministerio de Capital Humano y, a partir del 24 de mayo, en el Ministerio de Justicia, por el decreto 450/2024.

La responsable es Claudia Barcia que fue designada en febrero. Se publicitó que se trataba de un cargo ad honorem. Pero no es gratis. Ella era fiscal en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad, no es que no cobra, sino que sigue ganando su sueldo y que pidió una licencia y un pase “en comisión”. Ya pasó el verano y el invierno es crudo, pero todavía no informa que programas van a continuar, con cuántos fondos y cómo se van a llevar a cabo. No da notas a la prensa y las reuniones con organizaciones dejaron un sabor amargo.

No hay estructura interna aprobada. La ley 26.485 estipula que se debe diseñar e implementar un Plan Nacional de Acción contra las Violencia para el 2024-2026. Pero no hay ni planes de plan. Ni respuestas a los pedidos de acceso a la información pública que son obligatorios de responder por el Poder Ejecutivo. Aunque los recortes, sí se notan. Todos los programas que pertenecían al Ministerio de Mujeres tuvieron una caída de, al menos, 50%.

El presupuesto nacional se redujo un 24,4%. Pero las políticas para las mujeres el doble. Si el país es una torta el gobierno de Javier Milei quitó un cuarto de fondos para solventar el país. Pero dejó sin la mitad de la torta (los fondos) para proteger la vida de las mujeres. Si todo lo que se hacía para frenar el gatillo machista contra las mujeres no alcanzaba, ahora directamente está paralizado el chaleco anti balas.

Las mujeres están más desprotegidas que antes de Ni Una Menos y más que nunca desde que la violencia de género es un tema de agenda pública. El programa “Acompañar”, creado por Decreto 734/2020, fue impulsado para fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género a través de apoyo económico y psicosocial. Se inició en septiembre del 2020 y, hasta noviembre del 2023, asistió a más de 352.000 personas de todo el país. Pero entre diciembre del 2023 y febrero del 2024 hubo, aproximadamente, menos de 8 mil incorporaciones.

Pero, además, Capital Humano (en crisis por la falta de reparto de alimentos) realizó los pagos del programa a 41.384 personas en enero y en febrero a 33.271 personas. ¿Hubo casi 10.000 víctimas menos o hubo un Estado que desamparó a casi 10.000 mujeres que contaban con ese recurso para salir de situaciones de violencia? En marzo todo empeoró: apenas recibieron el apoyo 25.013 personas. Ni pan, ni protección.

ELA apunta que hay una caída en la ejecución presupuestaria del 80% si se compara el primer cuatrimestre del 2024 con el del 2023 en valores reales. En entrevistas con funcionarias provinciales, de distintas fuerzas políticas, se informa que la comunicación oficial es que “la ayuda a las víctimas de violencia de género está frenada”. No se puede permitir un freno a la ayuda a mujeres que ya reciben golpes, cortes, insultos, abusos, empujones y descalificaciones. El freno no es freno, es un empujón al vacío.

Por otra parte, la organización Fundar expresó su preocupación, en el aniversario de “Ni Una Menos”, por “el congelamiento del presupuesto del programa Acompañar; el cierre del Programa Registradas, el achicamiento del equipo del Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA); la eliminación de los proyectos de obra pública que impactan en el plan de creación de infraestructura de cuidados. Y que no existen datos actualizados del gasto público dedicado al cierre de brechas de género porque ya no se publica el presupuesto abierto”.

Amnistía Internacional también alertó sobre el riesgo del desmantelamiento de la prevención del embarazo adolescente: “A esto se suma la erosión del Plan ENIA que enfrenta recortes presupuestarios significativos. El Gobierno nacional desmantela una política efectiva que puso a las jóvenes en el centro con el acompañamiento de profesionales en centros de salud y en las escuelas y así logró la reducción de la tasa de fecundidad adolescente en un 49% y con ello combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza”.

Además Amnistía sostuvo que “la falta de métodos anticonceptivos e insumos para acceso al aborto, ante la paralización de su envío por parte del Estado nacional, contribuye a profundizar la desigualdad entre las niñas y mujeres de nuestro país y pone en riesgo la salud, la vida y el futuro de las mujeres”. Y advirtió: “En contextos de crisis económica y social, la violencia de género se profundiza. Esta situación se ve agravada por narrativas que niegan la violencia de género, la falta de claridad sobre las políticas públicas y los recortes presupuestarios a programas necesarios”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina destacó: “Observamos con profunda preocupación cómo este gobierno, que es muy firme para tomar decisiones estructurales, con ese mismo énfasis corre del centro de la escena a las verdaderas protagonistas: las niñas y mujeres víctimas de violencia. A este diagnóstico se suma el aumento de discursos de odio y desinformación promovidos por autoridades nacionales”.

Ni Una Menos es Ni Una Menos. Ahora, el retroceso, desprotege a las que quieren salvarse, desalienta a las que quieren salir adelante, pone en riesgo a las que ya están en riesgo y es responsable de un aumento en la violencia hacía las mujeres. Por eso, es fundamental, que se escuche el grito que vuelve a pedir “Vivas nos queremos”.