El debate sobre las reformas al subsector eléctrico volvió a generar posiciones encontradas luego de que el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales, cuestionó algunos de los planteamientos incluidos en la contrapropuesta presentada por la bancada del Partido Liberal.

Corrales señaló que la iniciativa liberal contempla, entre otros aspectos, exoneraciones para determinados sectores, una medida que, a su juicio, no debería incorporarse directamente dentro de una reforma que busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento del subsector eléctrico.

El funcionario consideró que la propuesta presentada por los diputados liberales constituye prácticamente un proyecto paralelo al planteamiento impulsado por el Poder Ejecutivo.

Según explicó, la intención sería que ambas iniciativas avancen y sean aprobadas de manera simultánea, un escenario que genera preocupación desde la perspectiva de la regulación del mercado energético.

Uno de los principales reparos expresados por Corrales está relacionado con el tratamiento que recibirían determinadas tecnologías dentro del nuevo marco legal.

El comisionado sostuvo que una reforma energética debe establecer reglas generales y evitar favorecer de manera específica a una tecnología sobre otra.

Desde su perspectiva, aprobar simultáneamente proyectos que contengan disposiciones diferenciadas podría terminar introduciendo ventajas particulares dentro del marco regulatorio.

Siguen sin acuerdo

La advertencia se produjo en medio de la discusión legislativa sobre los cambios que se pretenden introducir al subsector eléctrico, un área que involucra tanto la generación como otros componentes del sistema energético nacional.

Corrales también se refirió específicamente a las exoneraciones incluidas en la contrapropuesta liberal.

Según explicó, este tipo de beneficios no necesariamente tiene que formar parte de la reforma general al subsector eléctrico. Su posición es que las exoneraciones pueden ser analizadas y aprobadas mediante procedimientos independientes una vez que se hayan definido las modificaciones a la legislación energética.

La distinción resulta relevante porque una reforma estructural del sector eléctrico establece las reglas bajo las cuales funciona el mercado, mientras que una exoneración constituye un beneficio específico para determinados sectores o actividades.

Por ello, el comisionado consideró que primero debe discutirse y aprobarse el nuevo marco regulatorio y, posteriormente, analizar de manera separada las solicitudes de exoneración que correspondan.

Otro de los temas abordados por el funcionario fue la posibilidad de incluir una condonación de deuda dentro del proyecto de reforma.

Corrales señaló que no considera realista plantear una medida de este tipo sin contar previamente con la opinión de la Secretaría de Finanzas, debido a las implicaciones económicas que tendría para las cuentas públicas.

También puede generar efectos sobre los recursos del Estado y sobre las instituciones involucradas, por lo que, según el comisionado, debe existir una evaluación financiera antes de adoptar una decisión.

Su planteamiento apunta a que cualquier disposición que implique renunciar al cobro de recursos o asumir obligaciones económicas debe contar con el análisis de la autoridad encargada de las finanzas públicas.

Congelamiento de tarifas

El debate también alcanza uno de los temas que mayor impacto tiene para los usuarios: el precio de la electricidad. Consultado sobre la posibilidad de congelar las tarifas eléctricas, Corrales explicó que técnicamente es posible evitar que el usuario asuma determinados incrementos mediante un mecanismo de subsidios.

Sin embargo, aclaró que esta alternativa no elimina el costo de la energía, sino que implica trasladarlo a otra fuente de financiamiento. Para que el Gobierno pueda aplicar una medida de este tipo, debe disponer de los recursos necesarios a través de la Secretaría de Finanzas.

En otras palabras, un congelamiento de la factura eléctrica tendría que estar respaldado por fondos públicos suficientes para cubrir la diferencia que eventualmente se genere entre el costo real del servicio y el monto que finalmente pague el consumidor.

La discusión deja sobre la mesa uno de los principales desafíos de cualquier política destinada a contener las tarifas: determinar quién asumirá el costo de la medida.

Si el precio que paga el consumidor se mantiene por debajo del nivel que corresponde al costo del servicio, la diferencia debe ser cubierta mediante algún mecanismo financiero.

En el caso de un subsidio estatal, esto significa que el Gobierno tendría que contar con una asignación presupuestaria para sostenerlo.

El Congreso Nacional deberá analizar ahora las distintas propuestas y determinar cuáles disposiciones serán incorporadas al marco legal.

Entre los puntos que generan mayor discusión están el tratamiento de las tecnologías, las exoneraciones, una eventual condonación de deuda y los mecanismos que podrían utilizarse para evitar aumentos en las tarifas eléctricas.

Victoriano Lorenzo, considerado el primer guerrillero de América, por la estrategia de guerrillas en vez de enfrentamientos directos con el ejército, fue fusilado en Panamá el 15 de mayo de 1903, a tres meses de que el istmo se separara de Colombia y fuera considerado como un país.

A 123 años de aquel evento, el país del Canal poco a poco olvida a uno de los líderes del campesinado, que según sus seguidores se alzó contra las injusticias sociales y territoriales cometidas por las élites locales y el gobierno central durante la época en la que Panamá era parte de Colombia.

La historia registra que Lorenzo tuvo una destacada participación en la llamada Guerra de los Mil Días (1899-1902), un conflicto que inició en el departamento de Santander, Colombia, y que se extendió al istmo panameño.

“El conflicto se extendió por varias zonas del Istmo. La economía, aunque saludable, se vio afectada, especialmente en la región de Coclé, donde la explotación de la sal, un producto clave para los indígenas, fue objeto de impuestos y monopolio. Esto llevó a líderes como Victoriano Lorenzo a levantarse en armas en defensa de su pueblo”, registra una nota de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

Lorenzo se unió al Partido Liberal, donde obtuvo el grado de General, convirtiéndose en el principal estratega y caudillo militar en el istmo.

Tras la firma del Tratado de Wisconsin (1902), que puso fin a la contienda, el 30 de noviembre de ese año fue arrestado, acusado de rebeldía y traicionado por las élites políticas, tras negarse a entregar las armas.

Lorenzo permaneció detenido a bordo del barco " Bogota", donde estuvo hasta el 24 de diciembre de 1902, de donde escapó, pero fue detenido al día siguiente, en lo que la historia señala que fue una trampa para que los jefes militares se llenaran de gloria.

Traicionado, se le acusó de crímenes atroces cometidos antes y durante la guerra, lo que motivó a quienes se decían testigos de esos hechos a pedir su fusilamiento, lo que no encajaba con la cláusula quinta del recién acordado Tratado de Paz, que estableció que cualquier delito común era competencia del poder judicial y no por un tribunal militar, indica el periodista e historiador Ricardo Fernández.

El 15 de mayo de 1903, luego de un Consejo Verbal de Oficiales Generales, el gobierno conservador de Colombia lo condenó y a sus 36 años de edad fue fusilado en Las Bóvedas de Chiriquí, hoy Plaza de Francia, en el casco antiguo de la ciudad de Panamá.

Datos históricos reseñan que minutos antes de su ejecución, Lorenzo se puso de pie, rogó por la unidad de todos los colombianos y dijo “Señores, oíd una palabra pública. Ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere... a todos los perdono... Yo muero como murió Jesucristo”.

Las autoridades se negaron a entregar su cadáver a sus amigos y familiares.

El 24 de julio de 1903, el periodista José Sacrovir Mendoza dedicó el número 85 de El Lápiz, semanario liberal editado en Ciudad de Panamá, al fusilamiento de Lorenzo. Cuando el general José Vázquez Cobo, jefe militar de la ciudad, se enteró de la publicación, ordenó que allanaran, destruyeran y sellaran la imprenta. Mendoza, director de El Lápiz, fue brutalmente golpeado.

El 30 de enero de 1966 la Asamblea Nacional de Panamá declaró injusta la ejecución del general Victoriano Lorenzo y lo presentó como un auténtico dirigente popular.

Posteriormente, en 2023 el gobierno panameño creó la condecoración nacional “Orden general Victoriano Lorenzo, como un homenaje permanente a la heroicidad y valentía de unos de los hombres de origen indígena más connotados de Panamá”.

La aprobación de una moción para la realización voluntaria de pruebas antidoping a los diputados por parte del Congreso Nacional expone un debate de fondo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. El episodio, protagonizado por el congresista liberal Mario Segura y el diputado libre Sergio Castellanos, terminó de manera inesperada cuando ambos legisladores, tras un cruce de acusaciones, salieron juntos del recinto y se sometieron a los análisis en un laboratorio.

El ambiente se intensificó cuando Segura se refirió sobre el comportamiento de su colega del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresó: “Muchos dicen que Sergio camina cruzado porque siempre está alegre”, aludiendo en tono mordaz a Castellanos, quien manifestó su descontento y replicó señalando que, en su departamento de El Paraíso, circulaban rumores persistentes sobre supuestos consumos indebidos de Segura: “Solo repito lo que es un secreto a voces”, aclaró Castellanos, aunque reconoció que no tenía pruebas personales.

En medio del intercambio de palabras, Castellanos desafió a su compañero y propuso iniciar la aplicación de las pruebas en ese mismo momento, comenzando por los miembros de la junta directiva. Segura aceptó el reto: “Sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”, aseveró.

Ambos diputados abandonaron el pleno y, escoltados por periodistas, acudieron a un laboratorio privado, donde formalizaron la documentación y se sometieron a la prueba antidoping. Castellanos insistió durante el trámite en que la iniciativa debía extenderse a los “254 clientes más”, aludiendo a la suma de los 128 diputados propietarios y los suplentes. Segura, quien cubrió el costo de 750 lempiras por examen, remarcó la accesibilidad de la prueba y se comprometió a pagar por sus colegas del partido opositor.

Al salir del laboratorio, los dos legisladores anunciaron que harían públicos sus resultados y Castellanos agregó que solicitaría la aplicación de un panel ampliado de 12 sustancias. Solicitó también a la Junta Directiva y a las distintas bancadas, incluida la nacionalista, que se sumaran al procedimiento: “A partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve”.

La iniciativa de Segura fue aprobada por mayoría, aunque se estableció como un mecanismo estrictamente voluntario. La moción, que plantea que los diputados, tanto propietarios como suplentes, puedan someterse a exámenes de laboratorio, busca, en palabras del propio legislador, que los representantes “actúen con integridad, ética y sobriedad” en momentos de deterioro de la confianza social en las instituciones. La parte esencial de la moción señala: “Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los honorables diputados, se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”.

Castellanos subrayó su disposición a “someterse a un panel ampliado de 12 drogas” y prometió “invitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso y a las diferentes bancadas, incluida la nacionalista, a practicarse la prueba”. Explicó además: “la prueba tiene un valor de 750 lempiras, por lo que todos pueden hacérsela sin ningún problema”.

De acuerdo a los términos aprobados, la moción queda activa desde ahora, pero será el comportamiento concreto de los legisladores y la publicación efectiva de los resultados, lo que determine si esta experiencia inaugura un proceso de transparencia o se limita a un gesto simbólico en medio de un debate.

En 1961, el filósofo francés Raymond Aron publicó La definición liberal de la libertad. Crítica de la obra de F. A. Hayek, un ensayo como una respuesta crítica a Los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek, un texto que hasta hoy representa un punto clave en la tradición liberal.

Friedrich August von Hayek (1899-1992) fue un economista y filósofo político austríaco-británico, conocido por su defensa del liberalismo clásico y su análisis de los sistemas económicos. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1974.

Sus ideas siguen siendo influyentes. El presidente argentino Javier Milei ha citado a Hayek como una de sus principales influencias intelectuales. Milei, defensor del liberalismo libertario, comparte con Hayek la visión de que la intervención estatal en la economía es perjudicial y que el libre mercado es el mecanismo más eficiente para asignar recursos. Ha incorporado ideas de Hayek en su discurso político, como la crítica al colectivismo y la promoción de una economía desregulada.

En el libro ― publicado ahora por Página Indómita, con traducción al español de Luis González Castro y con prólogo de Gwendal Châton―Aron cuestiona los límites del concepto de libertad propuesto por Hayek, a la vez que defiende la necesidad de priorizar las libertades políticas frente a una visión excesivamente economicista.

Este intercambio entre ambos representa una de las discusiones más relevantes del siglo XX sobre la naturaleza y los alcances del ideal liberal, las contradicciones internas del liberalismo, y también la complejidad y los desafíos que supone definir un concepto tan amplio como “libertad”.

El uso y abuso de “libertad”

El término “libertad” es una de esas palabras que, a fuerza de ser repetidas y apropiadas por discursos diversos, perdieron gran parte de su precisión original.

En la política contemporánea, ejemplos como Isabel Díaz Ayuso y Kamala Harris, defensoras de visiones políticas opuestas, ilustran cómo la misma palabra puede ser empleada para justificar posturas antagónicas. La polisemia, más que enriquecer el término, genera confusión y reduce su impacto como ideal político.

De forma similar, dentro de la tradición liberal, autores como Tocqueville, Rawls o Friedman fueron agrupados bajo la misma etiqueta, a pesar de sostener perspectivas filosóficas en ocasiones irreconciliables. Esto refleja la pluralidad del liberalismo, una corriente de pensamiento atravesada por tensiones internas sobre el significado y las prioridades del término “libertad”.

La colisión entre Hayek y Aron

El punto de partida del análisis de Aron es elegante y estratégico: reconoce el valor de Los fundamentos de la libertad, pero lo desmonta desde una postura crítica.

Hayek, influenciado por Isaiah Berlin, definía la libertad como “ausencia de coerción” y priorizaba la economía sobre la política. En su visión, el Estado debía limitarse al máximo y adoptar un modelo cercano al Estado mínimo. Este enfoque consolidó una línea de pensamiento que Chaton define en el prólogo como “marxismo invertido”, en el que el mercado sustituye al proletariado como eje de transformación social.

Por su parte, Aron defendía la primacía de las libertades políticas sobre la libertad económica. Para él, reducir el concepto de libertad a una cuestión exclusivamente económica era un error fundamental. Aron argumenta que no es posible utilizar la misma palabra para describir fenómenos tan distintos como “liberarse de la policía” y “liberarse del hambre”, subrayando la necesidad de matices al abordar cuestiones de libertad.

Aron inicia su crítica reconociendo el mérito intelectual de Hayek y destaca el valor de su obra como una contribución significativa al pensamiento liberal. En lugar de descalificar a Hayek, Aron utiliza su reconocimiento como punto de partida para demostrar las limitaciones de una visión excesivamente reduccionista de la libertad, lo que refuerza la profundidad de su análisis.

La tensión entre Hayek y Aron simboliza una de las contradicciones más profundas del liberalismo: la relación y jerarquía entre derechos civiles y libertad económica. Mientras Hayek defendía la superioridad del mercado como garante de la libertad individual, Aron advertía contra los peligros de un reduccionismo economicista que podría socavar las bases democráticas.

Hoy, más de seis décadas después, estas tensiones siguen vigentes. En un mundo donde las crisis económicas, políticas y sociales exigen respuestas rápidas y complejas, el debate sobre la libertad no solo sigue siendo relevante, sino esencial. La reflexión de Aron, al destacar la centralidad de las libertades políticas, plantea una advertencia oportuna contra los peligros de una visión limitada que ignore las implicaciones humanas y sociales de priorizar exclusivamente la economía.

[Fotos: Bettmann Archive, Grosby]

Fuente: El País

Imane Rachidi

La Haya, 1 oct (EFE).- Un liberal de carrera y primer ministro de Países Bajos durante 14 años, Mark Rutte marcó la forma de hacer política en su país y se rigió por el “modelo del pólder” neerlandés a la hora de negociar con aliados y enemigos para tomar decisiones por consenso, un estilo con el que aterrizó este martes como secretario general de la OTAN.

Rutte se despidió del gobierno el 2 de julio, entre halagos de sus socios y de la oposición, que le había criticado activamente durante sus 14 años de gobiernos. Tras decir adiós a los funcionarios, Rutte se subió a su bicicleta, y se marchó como un ciudadano más, no como el gestor del Estado neerlandés.

Se fue de vacaciones y apenas se le vio en público desde entonces. En agosto celebró su fiesta de despedida en un chiringuito en el barrio costero de La Haya, un convite con 1.400 invitados que costó 150.000 euros, por encima del presupuesto de 30.000 euros para estos casos, según el canal RTL.

El gabinete defendió que Rutte se merecía una “gran despedida”, ya que gobernó el país desde 2010 y lideró cuatro gobiernos sucesivos, llegando a acuerdos con partidos de diferentes ideologías, desde la derecha radical en su primera legislatura, pasando por los socialdemócratas, los progresistas y los más conservadores como Unión Cristiana (CU) y los democristianos.

Junto a la crisis financiera en 2010 y la pandemia de COVID-19, la tragedia del MH17 -el derribo del avión de Malaysia Airlines en 2014 en Ucrania con 298 personas a bordo, en su mayoría neerlandeses- fue su peor pesadilla y “el momento más importante” de su vida política.

Llegó con 43 años a Het Torentje, su oficina en La Haya. Se convirtió en el primer jefe de gobierno liberal en casi un siglo. ¿La clave? Su capacidad pragmática de apostar por la búsqueda de acuerdos, sin importar con quién, y aplicando a rajatabla el modelo del 'pólder', el consenso a la neerlandesa por el que se ponen sobre la mesa las diferencias de todos, para solo salir de la reunión con un trato.

Eso también le perfiló como el eterno superviviente y un político con una capacidad camaleónica de adaptarse a paisajes complejos y salir ileso de los escándalos. Su récord de permanencia en un gobierno europeo solo lo supera el húngaro Viktor Orbán, con quien mantuvo varios rifirrafes en los últimos años, pero acabó ganando su apoyo para liderar la OTAN.

Rutte también dejó varios momentos “virales”, como los de su “amnesia conveniente”. En 2021 se evidenció que mintió al Parlamento al negar que quería deshacerse de un diputado crítico encontrándole una “posición en otro lugar”, lejos de su escaño. Preguntado por ello, dijo: “No tengo memoria activa de eso”, una expresión que ha sido incluida en el diccionario Van Dale de la lengua neerlandesa.

Tras cada escándalo, la sociedad tardaba días en perdonarle mentiras y errores: se le volvía a ver saludando a unos y otros por la calle, y le volvían a votar en las siguientes elecciones, incluidas aquellas que había convocado tras dimitir por algún escándalo.

Su marca de identidad ha sido la “normalidad”, lo que le valió el aprecio de neerlandeses de todas las ideologías, que votaban a su persona, más que a su partido VVD: da clases una vez por semana en un instituto, va en bicicleta sin una seguridad obvia, vive en la misma casa desde hace décadas y conserva su Saab destartalado aparcado en la puerta.

El mayor de seis hermanos, Rutte nació el 14 de febrero de 1967, y quiso ser pianista, pero no logró ingresar en el conservatorio, así que acabó estudiando Historia en la Universidad de Leiden. Terminó en 1992, empezando su vida laboral en el sector privado, hasta que en 2002 empezó su carrera de éxitos en la política, siempre en el partido liberal VVD.

En lo personal, Rutte siempre fue un hombre reservado y solitario. Perdió durante la pandemia a su madre, la "mujer de su vida", y nunca se le ha conocido pareja.

Ahora que asume la secretaría general de la OTAN, Rutte marca récord: es el cuarto neerlandés al frente de la organización, ningún país de la Alianza puede decir lo mismo.

Lejos de las calles de La Haya, podrá poner en práctica su papel de mediador para mantener la sintonía entre los 32 socios.

“Lo hice lo mejor que pude. Cometí errores. Algunas cosas funcionaron, otras no. Pero lo dí todo”, dijo al despedirse de Países Bajos. Quizás algún día se le escuche decir lo mismo sobre la OTAN. EFE