El fallo del Tribunal Constitucional de Bulgaria subraya que la presidenta del Parlamento no tenía competencia para determinar la admisibilidad o no de la propuesta de referéndum sobre la moneda nacional. Según informó el medio proporcionado, la corte especificó que corresponde únicamente a la Asamblea Nacional analizar y decidir sobre los requisitos legales para convocar una consulta popular.

El medio detalla que este pronunciamiento judicial responde a un recurso presentado por el presidente Rumen Radev, quien había solicitado que se celebrara un referéndum acerca de la permanencia del lev como moneda de Bulgaria en lugar de avanzar hacia la adopción del euro. La iniciativa del presidente, marcada por su inclinación prorrusa, buscaba consultar a la población argumentando la inexistencia de un acuerdo amplio dentro de la sociedad sobre la conveniencia de unirse a la eurozona.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Natalia Kiselova, rechazó la propuesta de referéndum impulsada por Radev y justificó su decisión alegando que la consulta resultaba inadmisible por incompatibilidad con la Constitución de Bulgaria. Ante esta negativa, el presidente Radev elevó el caso ante el Tribunal Constitucional y denunció que tanto la Asamblea como su presidenta habían incurrido en una "violación sin precedentes de la ley", según publicó la fuente consultada.

De acuerdo con la información divulgada, el Constitucional precisó en su fallo que "la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene la facultad de evaluar los requisitos establecidos por ley para la celebración de un referéndum ni de rechazar una propuesta presentada por un órgano autorizado por la ley". Además, resaltó que dicha atribución corresponde en exclusiva al pleno parlamentario, lo que deja sin efecto la decisión personal de Kiselova de impedir la consulta.

La decisión del tribunal se da en un contexto en el que la Unión Europea ya ha confirmado la disposición de Bulgaria para sumarse a la zona euro. El medio reportó que, en julio pasado, los ministros de Economía y Finanzas de la UE otorgaron su aprobación definitiva para que Bulgaria, miembro del bloque comunitario desde 2007, adopte oficialmente el euro a partir del 1 de enero de 2026. Este visto bueno se produjo tras la evaluación positiva de la Comisión Europea, la cual concluyó que el país cumplía las condiciones necesarias para integrarse plenamente en la moneda común.

El debate sobre la adopción del euro en Bulgaria ha generado divisiones políticas y sociales. Por un lado, quienes respaldan la transición argumentan los beneficios de pertenecer a la eurozona y la consolidación del país dentro del marco económico europeo. Por otro, diversas voces, incluyendo la del presidente Radev, insisten en la necesidad de mayor consenso y participación pública en una decisión de este alcance, proponiendo una consulta popular como alternativa.

La resolución difundida por el Tribunal Constitucional implementa un precedente respecto al alcance de las funciones de los líderes parlamentarios en Bulgaria y los procedimientos para canalizar demandas sociales sobre asuntos de trascendencia nacional. Conforme a lo dictado por la corte y recogido en el informe del medio, cualquier decisión sobre propuestas de referéndum corresponde a la Asamblea Nacional en pleno y no a una decisión individual de su presidente.

El proceso hacia la adopción del euro por parte de Bulgaria sigue abierto a controversias políticas y a manifestaciones de sectores de la población que solicitan mayor involucramiento en las decisiones estratégicas del país. Según mencionó el medio, todo avance en esa dirección debe acatar las resoluciones de los órganos institucionales facultados y respetar las garantías que ofrece el marco legal búlgaro.

La principal concentración tuvo lugar frente a la sede del Banco Nacional de Bulgaria, bajo el lema "Insistimos en nuestro lev (la moneda búlgara), insistimos en nuestro referéndum", una consigna que resume la oposición de esta formación -con 33 de los 240 escaños en el Parlamento- a abandonar la moneda nacional.

Las protestas, que también tuvieron lugar frente a embajadas de Bulgaria en países de la Unión Europea, transcurrieron sin incidentes.

Los organizadores critican que el Gobierno quiera introducir el euro sin consultar a la ciudadanía, y ven en la moneda comunitaria una amenaza para la soberanía económica y temen subidas de precios, lo que puede afectar al país más pobre de la UE, con un 30 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social.

"El lev no es solo una moneda. Es un símbolo de nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho a decidir nuestro propio futuro", declaró un manifestante a la radio nacional BNR.

Otro manifestante, en la ciudad costera de Varna, relató a esa emisora su experiencia en Italia durante la adopción del euro en 2001: "Los precios subieron de inmediato, todo se encareció y muchos restaurantes cerraron".

El presidente del país, Rumen Radev, también se ha alineado con la protesta y reclamó que se escuche la voz de la ciudadanía.

"Quiero que el pueblo sea escuchado, porque se enfrenta a precios que el Estado no puede controlar. Hace apenas unos días, los reguladores ya reconocieron que no tienen el personal ni la capacidad financiera para acciones a gran escala contra los aumentos de precios sin control", dijo a la prensa.

"Tanto las protestas que estamos viendo como las encuestas sociológicas demuestran claramente que los búlgaros quieren que se escuche su voz", agregó.

Radev propuso el pasado 9 de mayo la convocatoria de un referéndum para decidir sobre la entrada en la eurozona.

Sin embargo, la presidenta del Parlamento rechazó trasladar la iniciativa a los diputados alegando que contraviene el Tratado de Adhesión de Bulgaria a la UE, en vigor desde 2007.

El Tribunal Constitucional estudia ahora la legalidad de esa consulta popular, cuyo fallo se espera en los próximos días.

El Gobierno búlgaro espera recibir la próxima semana un informe extraordinario de convergencia de la Comisión Europea, con el que confía obtener la aprobación definitiva para la adopción del euro el 1 de enero de 2026.EFECOM

(foto)

La principal concentración tuvo lugar frente a la sede del Banco Nacional de Bulgaria, bajo el lema "Insistimos en nuestro lev (la moneda búlgara), insistimos en nuestro referéndum", una consigna que resume la oposición de esta formación -con 33 de los 240 escaños en el Parlamento- a abandonar la moneda nacional.

Las protestas, que también tuvieron lugar frente a embajadas de Bulgaria en países de la Unión Europea (UE), transcurrieron sin incidentes.

Los organizadores critican que el Gobierno quiera introducir el euro sin consultar a la ciudadanía, y ven en la moneda comunitaria una amenaza para la soberanía económica y temen subidas de precios, lo que puede afectar a Bulgaria, el país más pobre de la UE, con un 30 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social.

"El lev no es solo una moneda. Es un símbolo de nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho a decidir nuestro propio futuro", declaró un manifestante a la radio nacional BNR.

Otro manifestante, en la ciudad costera de Varna, relató a esa emisora su experiencia en Italia durante la adopción del euro en 2001: "Los precios subieron de inmediato, todo se encareció y muchos restaurantes cerraron".

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, también se ha alineado con la protesta y reclamó que se escuche la voz de la ciudadanía.

"Quiero que el pueblo sea escuchado, porque se enfrenta a precios que el Estado no puede controlar. Hace apenas unos días, los reguladores ya reconocieron que no tienen el personal ni la capacidad financiera para acciones a gran escala contra los aumentos de precios sin control", dijo a la prensa.

"Tanto las protestas que estamos viendo como las encuestas demuestran claramente que los búlgaros quieren que se escuche su voz", agregó.

Radev propuso el pasado 9 de mayo la convocatoria de un referéndum para decidir sobre la entrada en la eurozona.

Sin embargo, la presidencia del Parlamento búlgaro rechazó trasladar la iniciativa a los diputados con el argumento de que contraviene el Tratado de Adhesión de Bulgaria a la UE, en vigor desde 2007.

El Tribunal Constitucional búlgaro estudia ahora la legalidad de esa consulta popular, cuyo fallo se espera en los próximos días.

El Gobierno búlgaro espera recibir la próxima semana un informe extraordinario de convergencia de la Comisión Europea, con el que confía obtener la aprobación definitiva para la adopción del euro el 1 de enero de 2026.EFE

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