La introducción de penas de prisión por manipulación digital en Panamá ha encendido el debate público.

Diversos gremios periodísticos han advertido sobre los riesgos de las nuevas reformas al proyecto de ley 51, que propone modificar el artículo 196 del Código Penal para sancionar con cárcel la generación y difusión de material creado mediante inteligencia artificial o edición digital cuando se dañe el honor de una persona.

La propuesta, defendida por la diputada oficialista Dana Castañeda, apunta a combatir delitos como la clonación de voz o la alteración de imágenes. Establece penas que van de tres a seis años de cárcel para quienes elaboren o distribuyan este tipo de contenido. Si la infracción ocurre por redes sociales, plataformas digitales o de forma anónima, la pena puede aumentar hasta siete años.

Según la impulsora de la reforma, la actual legislación resulta insuficiente ante los desafíos de la tecnología moderna. La diputada ha señalado que el objetivo es proteger especialmente a menores, familias y personas con discapacidad frente a los riesgos de la manipulación tecnológica.

La legisladora explicó que estas tecnologías, utilizadas de forma indebida, pueden hacer que alguien aparezca diciendo o haciendo cosas que nunca dijo ni hizo, o que sea colocado falsamente en situaciones vergonzosas, ofensivas, deshonrosas o perjudiciales para su vida personal, familiar, profesional o pública.

La iniciativa establece que cuando los supuestos ofendidos sean alguno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho.

Esta exención no será aplicable cuando el autor atribuya al servidor público un hecho falso, a sabiendas de su falsedad, con el propósito de dañar su honra, y lo difunda públicamente a través de redes sociales o plataformas digitales.

El punto que ha generado mayor inquietud entre los principales gremios de prensa es la posibilidad de que la nueva normativa termine restringiendo la crítica pública y la fiscalización a funcionarios.

El Consejo Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí han manifestado que una ley pensada para delitos tecnológicos podría utilizarse para criminalizar la opinión o la denuncia ciudadana.

Esto, sobre todo en un país donde los funcionarios, entre ellos ministros, diputados, directores y hasta el propio presidente de la República son más proclives al halago que a la critica de la población.

Estos colectivos periodísticos consideran esencial que los servidores públicos permanezcan bajo control social y mediático, dada su responsabilidad en el manejo de recursos y decisiones que afectan a toda la sociedad.

En su análisis, señalan que el mayor peligro reside en que la reforma pueda convertirse en un instrumento de intimidación dirigido a periodistas, medios y ciudadanos críticos.

En las discusiones actuales sobre el proyecto, diversos medios de comunicación han planteado una pregunta clave: ¿la reforma busca proteger a las víctimas de abusos tecnológicos o puede terminar como un obstáculo al ejercicio libre del periodismo en Panamá?

El temor es que, bajo el pretexto de combatir la desinformación y los “deepfakes”, se reinstalen sanciones penales contra quienes cuestionen a las autoridades, lo que supondría un retroceso en derechos fundamentales.

Los gremios periodísticos no niegan la urgencia de regular la suplantación digital ni el uso fraudulento de inteligencia artificial. Sin embargo, insisten en que cualquier discusión sobre estos temas debe evitar restringir la crítica pública y el debate democrático, dos pilares de la labor periodística y del derecho ciudadano a denunciar.

En este contexto, la pregunta sobre si la nueva ley representa una protección necesaria o una amenaza encubierta a la libertad de prensa permanece sin respuesta definitiva.

Mientras el debate legislativo continúa, los periodistas y comunicadores reclaman garantías para que las respuestas legales a la era digital no comprometan la fiscalización pública ni el derecho de la sociedad a cuestionar a quienes detentan el poder.

El proyecto de ley N.388, que busca que los bancos y otras entidades financieras que operan en Panamá reconozcan de manera administrativa y sin la necesidad de una declaración judicial que prescriban las deudas de sus clientes, es rechazado por el sector bancario.

La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, manifestó en un comunicado que el proyecto de ley, que la semana pasada fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, “más allá de su dudosa constitucionalidad” podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

En Panamá el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Gracias a esa cultura de pago responsable, los banqueros aseguran en un comunicado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

Las últimas estadísticas del sistema bancario panameña indican que a 2025 la cartera hipotecaria logró resultados por unos $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.

Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones, registrando un alza anual de 2.8%.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha reiterado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya prescritas, situación que da como resultado que terceros sigan gestionando el cobro a los usuarios.

Advirtió que la medida no modifica los términos legales para cobrar las deudas, que en el Código de Comercio se estable un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros, una vez se incumpla con el compromiso bancario.

Solo se trata de crear una vía administrativa que permita que los clientes bancarios soliciten la prescripción directamente a los bancos, sin tener que iniciar un proceso judicial, argumentó Cedeño.

Pero, para el sector bancario algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley.

En contraste, aquellos que con esfuerzo y sacrificio enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá, puntualiza el comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá.

La banca da por hecho que el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre, afirman.

Explican que cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá agrega que reafirma su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.

Esta semana el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que solicitará el veto del proyecto de ley No.388 que, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, solo espera la sanción presidencial.