Cristina Fernández de Kirchner revivió la imagen en su declaración del martes 17 de este mes, durante su indagatoria en el largo juicio de los cuadernos de las coimas. “Me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos… No voy a mencionar que hubo otro fiscal con palas buscando plata en la Patagonia”, afirmó. El “otro fiscal”, rápidamente, se dio por aludido. Entonces, llamó a este cronista.

Guillermo Marijuan fue el fiscal detrás de esas palas, uno de los momentos más incofundibles en la investigación de la corrupción kirchnerista, cuando, en abril de 2016, un comando de retroexcavadoras bajo sus órdenes revolvió la tierra de un campo en Santa Cruz, en el marco de la investigación de “la ruta del dinero K”, iniciada tras una investigación de Jorge Lanata y su equipo.

Las retroexcavadoras hurgaban tierras atribuidas a Lázaro Báez, acusado de lavar más de 50 millones de dólares, en una causa de alto impacto con Leonardo Fariña como buchón estrella. La causa fue, tal vez, la máxima expresión judicial de la grieta, el fenómeno que desfiguró a la política, al periodismo, y, por sobre todo, a la lógica de poder en los tribunales federales de Comodoro Py.

Cristina Fernández de Kirchner, al comienzo, fue imputada junto a Báez. “Podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada con qué involucrarme”, desafió la ex presidenta en su escrito presentado ante el juez del caso, Sebastián Casanello, en 2018. Las retroexcavadoras no encontraron nada. Y así fue. En mayo de 2023, Marijuan mismo pidió que la ex presidenta sea sobreseída en el caso.

El fiscal aseguraba que no había pruebas para imputar a la ex presidenta. El fiscal enfrentó críticas feroces por su decisión ataques desde la prensa editorialista, incluso de varios frentes del arco político. ¿Cómo podía ser que Marijuan, un supuesto hombre de la grieta, se rindiera ante el poder K? Así y todo, Lázaro Báez terminó condenado por el lavado del dinero kirchnerista a diez años de prisión, una pena ratificada por la Corte Suprema que fue unificada al monto que había recibido en la causa Vialidad.

Y diez años después, con un comentario al pasar, en medio de una breve salida de su silla en San José 1111, CFK revivió la cuestión. Desde ya, no es tan sencillo: el revival de las retroexcavadoras ocurre en un momento donde Comodoro Py mezcla las convulsiones de su pasado y su presente.

Marijuan -con 61 años, y con casi tres décadas a cargo de la Fiscalía Federal N°9, un hombre que vio el barrio de Retiro mutar de planicie a megavilla desde la vista de su despacho en el quinto piso del edificio-, lo sabe perfectamente.

La charla entre el fiscal e Infobae ocurrió este miércoles. Casi en simultáneo, Sergio Massa llegaba al edificio para declarar en el juicio por la causa Sueños Compartidos. Esa misma mañana, se supo que siete fiscales del fuero, entre ellos Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, otros dos históricos, habían pedido su jubilación. Y después, está la presunta corrupción del actual gobierno: días antes, en un movimiento sumamente infrecuente, el fiscal Eduardo Taiano se defendió en el sitio de la Procuración ante las críticas sobre su actuación en el caso $LIBRA. Y en otro edificio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3

Para Marijuan, la historia de la ruta del dinero K no terminó, no del todo. Hay cuatro pilas de papeles de más de un metro de alto frente a su escritorio, como si el fiscal conviviera con cuatro pequeños extraños. “Son más de 130 cuerpos fotocopiados”, dice.

-¿Es todo el expediente de la ruta del dinero K?

-Lo que pasa es que tiene un montón de anexos. Es muy voluminosa la causa, más toda la documentación es como si entrara en este despacho toda la causa. Esta es la parte principal, digamos.

-¿Y para qué lo tiene en su despacho?

-Hay un legajo patrimonial en trámite, un legajo de bienes, que fue el primero desde que se iniciaron todas las causas. Lázaro Báez, tenía declaradas 42 propiedades ante la AFIP con su empresa principal, Austral Construcciones. En realidad eran 400 inmuebles, aproximadamente.

-No pudo evitar sentirse aludido cuando CFK lo mencionó, sin nombrarlo.

-La imagen de ese procedimiento siempre se saca a la luz. Lo que nunca se dice son varias cosas.

Los fajos sin billetes

-Hoy, la retroexcavadora en Santa Cruz es una imagen histórica entre el afán de justicia y un acto fallido.

-Pero hay todo un trasfondo de que capaz no se conoce. La Coalición Cívica presentó unas filmaciones que trascendieron en todos los medios, era todo contemporáneo a la investigación y a la denuncia. Se veía de que Lázaro Báez tenía una casa en el centro de Río Gallegos, que en el subsuelo, según el relato de estas personas, habría tenido una bóveda donde guardaba una millonaria cantidad de dinero. Rápidamente se habría desmantelado esa bóveda, que eran todos cofres que tenía este subsuelo y se habría hecho una cava que estaba muy, muy nueva, digamos así, muy recientemente.

-Olía a pegamento.

-Exactamente. Lázaro convocó al periodismo para mostrar la cava diciendo: «Yo no tengo ninguna bóveda». La Coalición Cívica muestra un video de gente que se iba en unas camionetas transportando lo que se llevaban de la bóveda, que eran unas bolsas de residuos gigantes. Posteriormente, la policía me informa a mí de que había una estancia que tenía una gran superficie. Allí había tierra removida: el capataz de la estancia nunca supo explicar por qué había tierra removida. El mismo día, en uno de los domicilios de la familia, Báez, encontramos un bolso que había estado enterrado, o sea, totalmente lleno de tierra, que tenía una cantidad muy importante de cintas que envuelven los fajos. Y en otra casa, ese mismo día, encontramos otros dos portafolios con casi cien mil dólares.

-La historia termina en la condena de Báez y el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

-Y lo volvería a hacer. Con ella o con cualquier otra persona. El delito que se investiga en esta causa es el delito de lavado de dinero. El delito de lavado es distinto al delito antecedente. La gente tendría que entender que esta no es una causa de todo el posible flujo del dinero de la corrupción. Todas las causas que están en trámite actualmente se nutren de la causa que inicié hace diez años. Pudimos reconstruir, de cuáles eran las sociedades que estaban en Panamá, de las cuentas que se utilizaron a nombre de otras sociedades y de fundaciones en Suiza. No hay muchas causas de lavado de dinero con esta dificultad técnica.

El diario de ayer y el diario de hoy

-Ahora, el diario de 2016 se encuentra con el diario de 2026. La ley de inocencia fiscal de este gobierno beneficia a Lázaro Báez, que recibió un sobreseimiento parcial. ¿Qué impresión le dio ese fallo?

-No afecta al lavado de dinero en sí. Uno tiene que ser respetuoso de la ley, ¿no es cierto? Por más que a uno le cause mucho escozor. Las leyes que el Congreso ha dictado, no sé si lo han tenido en vista, pero pueden favorecer a muchas personas que están siendo investigadas por delitos fiscales.

-Me llama mucho la atención la coyuntura hoy en este edificio. Conviven la investigación a la presunta corrupción del, del Gobierno, del Gobierno kirchnerista con la presunta corrupción del Gobierno actual. Eduardo Taiano tuvo que salir a defenderse con un comunicado en el sitio de la Procuración. Esto es bastante impensado para un fiscal. ¿Cómo cree que convive la Justicia federal con la chance de su propio desprestigio?

-Se entiende perfectamente lo que me preguntás y...

-¿Y cómo se vive con eso?

-Después de más de treinta años de ser fiscal, lo que más me llama la atención es que no nos pudimos encausar como sociedad para tener gobiernos que puedan ser más transparentes y con menos conflictividad. El desprestigio de la Justicia federal, muchas veces, va de la mano con lo que tardamos en llegar a, a una condena, con todos los artilugios de los que se pueden valer las defensas, las querellas, etcétera, para que los procesos se hagan interminables. Obviamente, hay una reforma que trata de simplificar esos pasos. La sociedad, en definitiva, lo que quiere es que cuando le ponen un tema en la televisión, en las tapas de los diarios, quiere y exige que haya una resolución rápida de ese suceso.

-¿Cuánto daña jugar a la grieta?

-Muchísimo. Para mí, muchísimo. Para mí juega muchísimo y afecta muchísimo. Y a la larga, los que terminan creyendo de un lado, mientras los otros descreen y después puede darse vuelta. Es un ida y vuelta interminable. Estaría bueno que existan organismos independientes como la Oficina Anticorrupción, pero decididamente independientes.

-Bueno, no es lo que ocurrió. Es un poco una parodia.

-Bueno, que se presenten formalmente para hacer las denuncias que correspondan y no escuchen al político de turno que los haya puesto en el lugar

-¿Comodoro Py puede sobrevivir a la grieta?

-Sobrevivir, se puede, pero no sé si estamos bien.

La Corte Suprema nacional desestimó un recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez, condenado en la causa Vialidad junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, que solicitaba el cierre de un proceso penal por supuesta evasión tributaria y falta de aportes a la seguridad social de Austral Construcciones SA.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirmó la continuidad de la causa, impidiendo que Báez quedara eximido de responsabilidad penal en un expediente que involucra transferencias por casi 600 millones de pesos, según detalles del fallo.

La presentación de los abogados de Báez llegó hasta la Corte mediante un recurso extraordinario en queja, tras el rechazo previo del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE) y de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II. La defensa argumentó que los tributos reclamados se habían abonado en el expediente de quiebra de Austral Construcciones SA, bajo la intervención de síndicos, e insistió en que esos pagos equivalían a una “reparación integral” que haría innecesaria la persecución penal.

En el núcleo de la controversia, el tribunal puntualizó: “Debe notarse que si bien existe un monto transferido a la Administración Federal de Ingresos Públicos de $599.582.095,94, del que han dado cuenta tanto la sindicatura interviniente en el referido proceso de quiebra como el propio organismo recaudador, lo cierto es que de tales montos no puede sostenerse que se correspondan con montos actualizados de la pretensión sino que estamos ante un monto histórico que se encuentra actualizado a una fecha determinada, por lo cual al mismo se le debería sumar algún tipo de propuesta que permita considerarlo suficiente como reparador del presunto perjuicio”.

La oposición al pedido

Tanto la fiscalía como la querella se opusieron a la pretensión de Báez. La fiscalía remarcó que “los delitos tributarios no es posible la reparación integral”, mientras que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtió que no se podían imputar esos pagos, dado que “no eran concretos sino que tenían un carácter condicional”. Así lo expresaron los síndicos, quienes señalaron que en el detalle de los pagos no figuraban los créditos reconocidos a la AFIP de manera definitiva.

Las transferencias invocadas por la defensa, según la presentación escrita de Lázaro Báez, datan de agosto de 2023, por lo que la fiscalía argumentó que no podrían computarse para extinguir la acción penal. Además, los montos vinculados a las obligaciones tributarias aún están en debate ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y Austral Construcciones SA no manifestó ningún avenimiento ni allanamiento a las pretensiones de la AFIP.

La respuesta judicial subrayó la complejidad de un proceso en el que la acción penal se fundamenta en las denuncias por evasión de tributos y la falta de aportes al sistema de seguridad social. La estrategia de la defensa de Báez, basada en el pago unilateral en el contexto de la quiebra, fue considerada insuficiente para cancelar los conceptos fiscales reclamados en el expediente penal.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la negativa, y al recurrir a la Corte Suprema, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que el recurso no era procedente porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o asimilable.

Esta decisión mantiene vigente la causa penal por evasión tributaria contra Báez y refuerza la posición de la AFIP y el Ministerio Público Fiscal respecto a la necesidad de una reparación efectiva y validada, no basada en valores históricos ni en mecanismos concursales condicionados.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal cambió la situación judicial del clan Báez en una causa que investigaba millonarias deudas impositivas a través de la firma Austral Construcciones SA: este martes, el Tribunal Oral Económico Nº 3 dispuso el sobreseimiento parcial del empresario kirchnerista Lázaro Báez, sus hijos y otras 11 personas.

El expediente judicial analizaba la falta de pago del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y la tasa prevista en el artículo 37 de la ley de Ganancias. Los períodos fiscales bajo revisión abarcaban los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

La nueva legislación fijó que la evasión simple requiere un monto superior a los $100.000.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual. Para los casos de evasión agravada, la cifra mínima ascendió a$ 1.000.000.000. La norma también penaliza la utilización de facturas falsas cuando el perjuicio económico supera los $ 100.000.000.

Frente a este nuevo escenario normativo, los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos. Argumentaron que los montos evadidos en el pasado quedaron por debajo de los nuevos límites legales. El derecho penal argentino obliga a aplicar la norma vigente si esta resulta más beneficiosa para los acusados, incluso de manera retroactiva.

El fiscal general Diego Velasco rechazó los pedidos de las defensas. Sostuvo que la Ley 27.799 representa únicamente una actualización de montos para compensar la depreciación de la moneda y no constituye una ley penal más benigna. Exigió avanzar con la realización del juicio oral y público.

La parte querellante mostró una postura distinta. El abogado Nicolás Dertinopulos, en representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anticipó que no presentaría oposición si los montos quedaban por debajo de los nuevos umbrales. Aclaró que la acción penal continuaba vigente para los períodos fiscales con sumas superiores a ese piso.

Ante ese panorama, los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli desestimaron el planteo del fiscal y fundamentaron su decisión en la aplicación de la Ley 27.799, conocida como Ley de Inocencia Fiscal.

El juez Zabala destacó en su voto que los montos determinados para las evasiones imputadas no alcanzan los requisitos establecidos por la nueva ley, a excepción de los correspondientes al año 2012. Machado Pelloni, quien el pasado 12 de febrero resultó sorteado para integrar el tribunal que llevará a cabo el juicio Hotesur-Los Sauces, respaldó esta decisión, basándose en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impone la aplicación retroactiva obligatoria de la ley penal más benigna.

La jueza Perilli sumó argumentos vinculados al espíritu de la reforma. Transcribió el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional que acompañó el proyecto original. El texto oficial busca “racionalizar la normativa penal tributaria vigente con el fin de ordenar el ejercicio del poder punitivo” y “castigar de manera proporcional, efectiva y focalizada aquellas conductas que impliquen un perjuicio real y significativo a la hacienda pública”.

El fallo judicial detalla las cifras exactas del conflicto para Austral Construcciones SA. En 2010, los montos alcanzaron $23.959.038 en IVA y$ 46.461.367 en Ganancias. En 2011, treparon a $99.964.224 en IVA y$ 90.014.387 en Ganancias. En 2013, los valores descendieron a $8.753.187 en IVA y$ 8.495.232 en Ganancias. En 2014, el registro marcó $59.954.725 en IVA y$ 22.860.611 en Ganancias. Ninguno de estos números superó el nuevo piso legal de $ 100.000.000.

El único año que excedió el límite fue 2012. Durante ese ejercicio, la empresa registró deudas por $113.190.286 en concepto de Impuesto al Valor Agregado y$ 178.037.143 por Impuesto a las Ganancias.

En su resolución, el tribunal dictó el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez y de sus hijos Martín y Luciana. A su vez, dispuso el sobreseimiento total de su hijo menor, Leandro Báez. La decisión también benefició, con cierres totales o parciales, a otros implicados vinculados a la compañía: Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Eduardo Arrejín, Mario Delgado, Tomás Garzón, María Cristina González, Gastón Lemoine, Emilio Martín, Ariel Nieto y Hugo Uribe.

El proceso judicial principal sigue abierto. El tribunal ordenó continuar el trámite de la causa según su estado respecto de los hechos relacionados con el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado correspondientes al ejercicio 2012.

La Cámara Federal de Casación habilitó la revisión de una multa millonaria fijada contra el abogado Jorge Oscar Chueco, uno de los condenados en la causa por lavado de dinero conocida como “la ruta del dinero K”, cuyo principal protagonista fue el empresario patagónico Lázaro Báez.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes hicieron lugar a una queja presentada por la defensa pública de Chueco tras el rechazo de un recurso previo.

El planteo se originó en una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 porteño, que en diciembre de 2025 fijó el monto de una multa impuesta al abogado en el marco de la ejecución de la condena dictada en la causa donde fue hallado culpable. En esa decisión, el tribunal estableció que Chueco debía pagar una suma equivalente a 219.491.466,76 dólares, convertida a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.

La defensa intentó impugnar ese cálculo mediante un recurso de casación, pero el tribunal oral rechazó concederlo. Frente a esa negativa, acudió directamente a la instancia superior mediante un recurso de queja.

Al analizar ese planteo, los camaristas consideraron que el recurso había sido presentado en tiempo y forma y que los agravios invocados permitían habilitar la revisión del caso. En consecuencia, resolvieron declarar erróneamente denegado el planteo y concederlo para que sea analizado.

La decisión, en rigor, no se pronunció sobre el monto de la sanción económica fijada, sino que permitió que ese cuestionamiento sea examinado por la instancia de casación.

La causa conocida como “la ruta del dinero K” investigó un esquema de lavado de activos que permitió mover millones de dólares al exterior mediante sociedades y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de los fondos y reintroducirlos luego en el circuito económico formal.

El principal condenado en ese expediente es Lázaro Báez, empresario de la construcción oriundo de la provincia de Santa Cruz y fundador del grupo Austral, que durante años fue uno de los principales contratistas de obra pública en esa región.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, mientras que Chueco recibió ocho años de cárcel por su participación en el circuito financiero investigado.

La sentencia fue revisada en 2023 por la Cámara Federal de Casación, que confirmó las responsabilidades penales pero redujo varias penas. En ese fallo, la condena de Báez quedó fijada en 10 años de cárcel y la de Chueco en seis años.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Báez, lo que dejó firme la sentencia y dio inicio a la etapa de ejecución de las diferentes condenas.

Chueco fue señalado en la investigación como parte de la estructura jurídica utilizada para canalizar parte de las operaciones financieras bajo análisis. Su nombre apareció en las primeras etapas del caso vinculadas a la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”- y a la firma Helvetic Service Group, implicadas en las maniobras para mover al menos USD 55 millones al exterior.

Durante el juicio oral, el abogado -hoy de 74 años- sostuvo que había sido contratado para realizar tareas de asesoramiento y que desconocía el origen ilícito del dinero. También afirmó que su vínculo con Báez se había iniciado a través del contador Daniel Pérez Gadín.

Además de esta causa, Chueco también fue condenado en el expediente conocido como “El Entrevero”, relacionado con la compra de una estancia en Uruguay por 14 millones de dólares mediante una estructura de sociedades utilizada para canalizar fondos vinculados al empresario.

En ese caso recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que Báez fue condenado a cuatro años y seis meses.

El presidente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, confirmó la realización de la audiencia programada para el 6 de marzo de 2026, en la que se revisarán los recursos presentados contra la ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad, pese al pedido de suspensión presentado por la defensa de Lázaro Báez.

El monto total del decomiso, fijado en $684.990.350.139,86, constituye el núcleo patrimonial de la condena y será el eje de la deliberación. La decisión judicial, adoptada este martes, ratifica el avance procesal a pesar de las objeciones de los acusados, una definición clave en una de las causas de corrupción más relevantes del escenario judicial argentino.

La defensa de Báez había solicitado postergar la audiencia argumentando que aún no recibió respuesta de los Tribunales Orales Federales N° 2 y N° 4, sobre la certificación y descripción detallada de los bienes alcanzados por el decomiso y otras medidas cautelares asociadas. En particular, requería información oficial sobre la individualización de cada bien involucrado, el alcance, la naturaleza y vigencia de las medidas patrimoniales vinculadas tanto a Báez como a personas jurídicas relacionadas.

Sostuvo que sin esos elementos, se le impedía ejercer “de manera plena y eficaz el derecho de defensa”. La audiencia oral convocada para el 6 de marzo a las 11 horas abordará precisamente los aspectos del decomiso regulado por el artículo 23 del Código Penal.

En el incidente de ejecución de sentencia, participan también representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti, Raúl Pavesi, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes también interpusieron recursos contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que dispuso la tasación y eventual liquidación de bienes registrables pertenecientes a los condenados, por considerarlos producto o provecho del delito.

Casación sostiene la instancia de revisión y debate oral

En su resolución Hornos fundamentó que la instancia jurisdiccional prevista es la adecuada para debatir el contenido, alcance y ejecución del decomiso bajo revisión, por lo que resultaba innecesario postergar el acto procesal. La sala estará integrada por los jueces Mariano H. Borinsky y Diego G. Barroetaveña, junto a Hornos en la presidencia, en el marco de una audiencia oral y pública donde se analizarán los argumentos de todas las defensas respecto a la aplicación de la sanción patrimonial.

El decomiso millonario abarca bienes registrables de los condenados, una decisión considerada crucial para satisfacer la pena pecuniaria derivada de la causa Vialidad. La resolución del tribunal de origen estimó que estos activos constituyen producto o provecho de las maniobras juzgadas, estableciendo su realización para cubrir el importe total fijado.

Una audiencia clave

La audiencia del 6 de marzo se mantiene como instancia clave para definir la suerte procesal y patrimonial de los bienes incautados en una causa que involucra a principales figuras y empresarios vinculados a la obra pública en Argentina.

La condena contra la ex presidenta y los demás imputados en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y confirmó la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Tras la audiencia, los jueces deberán analizar los cuestionamientos planteados por las defensas en torno al alcance y la ejecución patrimonial del decomiso dispuesto en esta causa.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes un recurso presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez y mantuvo vigente la pena única de 15 años de prisión en su contra que le fue impuesta tras la unificación de las condenas dictadas en las causas conocidas como la Ruta del Dinero K, por lavado de activos, y Vialidad, por fraude en la adjudicación de 51 obras públicas en Santa Cruz.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. En la resolución, los magistrados resolvieron rechazar “in limine el planteo de nulidad efectuado por la defensa particular de Lázaro Antonio Báez; con costas”. También desestimaron el pedido de apartamiento del juez Carbajo.

En rigor, la pena de 15 años de cárcel había sido fijada en julio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la ciudad de Buenos Aires, que compaginó la condena de 10 años impuesta al empresario por lavado de dinero con la de 6 años dictada en el expediente de Vialidad, donde compartió juicio con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados.

En el primero de esos casos, la Justicia determinó que el entonces titular del grupo Austral participó en maniobras para blanquear más de 54 millones de dólares mediante sociedades constituidas en el exterior. En el segundo, fue hallado culpable por fraude a la administración pública en el direccionamiento de contratos de obra vial en favor de sus empresas de construcción.

Tras el rechazo del recurso de casación en diciembre pasado, la defensa de quien fuera amigo del matrimonio Kirchner promovió un incidente de nulidad contra esa resolución. En su escrito sostuvo que la sentencia había sido dictada con “integración irregular del tribunal” por la intervención del juez Carbajo, quien previamente se había excusado de intervenir en la causa Vialidad al considerar comprometida su imparcialidad.

Sin embargo, la Sala IV concluyó que la nulidad “no puede prosperar en la medida en que no constituye un remedio procesal idóneo para impugnar los pronunciamientos de esta Cámara”. Recordó que, como regla, las decisiones de Casación no son susceptibles de nulidad o reconsideración y que la vía prevista para su eventual revisión es el recurso extraordinario federal.

Los camaristas también señalaron que la excusación del magistrado había sido resuelta en el marco de la causa de Vialidad, mientras que la resolución cuestionada fue dictada en el proceso de unificación de pena. En ese contexto, precisaron que la defensa no llegó a demostrar “inobservancia legal alguna” que justificara invalidar la sentencia adoptada.

Además, los jueces remarcaron que el condenado y su abogada conocían la integración del tribunal al momento de la audiencia oral celebrada el 5 de noviembre de 2025. Según consta en el acta y el registro fílmico, los nombres de los magistrados fueron dados a conocer “a viva voz por el Presidente, antes de comenzar la audiencia”. Por eso, remarcaron que la nulidad pretendida “no constituye un remedio procesal idóneo para reclamar ahora la invalidez de la constitución del tribunal -ya consentida- que dictó la sentencia”.

La Sala IV, por otro lado, también rechazó el pedido de apartamiento de Carbajo por considerarlo “extemporáneo” y porque la excusación en la causa Vialidad no resultaba extrapolable a este trámite de unificación. En ese punto, el fallo precisó que, tal como sostuvo la propia defensa de Báez, “la unificación no importa revisión de los hechos ni reapertura del juicio de culpabilidad ya concluido”.

Con todo, el máximo tribunal penal del país dispuso dar trámite al recurso extraordinario federal del empresario y ordenó correr traslado al Ministerio Público Fiscal y a las querellas. Eso significa que la pena única de 15 años continúa vigente, aunque la decisión podría ser revisada por la Corte Suprema de Justicia el recurso es concedido.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que comenzará a tratar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en el marco de la ejecución de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por el direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz. El monto que está en juego, establecido como reparación al Estado nacional, asciende a $684.990.350.139,86.

La convocatoria fue dispuesta por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes estudiarán los recursos presentados contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).

Dicha sentencia dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado, en ejecución de la resolución firme dictada en 2022. El monto originalmente fijado en $84.835.227.378,04 fue reformulado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

La condena contra la ex presidenta quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y dejó confirmada la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En una primera fase, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes titularidad de CFK y Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas al empresario, entre ellas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Se trata principalmente de inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, que deberán ser tasados antes de su eventual subasta. También se dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La decisión del Tribunal Oral respondió al pedido formulado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la incautación para satisfacer la suma fijada en la condena.

Uno de los puntos que ahora deberá resolver Casación es la inclusión de 19 propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa y recibieron esos bienes por herencia. El TOF 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incorporó esas propiedades al esquema de decomiso. Las defensas apelaron esa decisión.

Los abogados de la ex mandataria y el apoderado de sus hijos sostuvieron que se trata de inmuebles de terceros ajenos al proceso penal y que su afectación vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.

En sentido contrario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó confirmar lo resuelto por el Tribunal Oral. Señaló que deben analizarse los “patrones de incremento patrimonial injustificado” y la vinculación entre el delito y la expansión patrimonial.

En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal presentó un nuevo pedido para ampliar el decomiso. Se reclamó incorporar 141 inmuebles adicionales -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez-, además de 46 vehículos y distintas sumas en dólares.

Entre los bienes identificados figuran el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución -sede del arresto domiciliario de la exvicepresidenta-; el hotel La Aldea, en El Chaltén; y departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. También se solicitó el decomiso de USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros montos depositados en cuentas bancarias.

Así las cosas, la audiencia del 5 de marzo será la instancia en la que la Sala IV escuchará los argumentos de las partes antes de resolver sobre el alcance del decomiso dispuesto por el TOF 2.

Tras avanzar el viernes último con el rechazo a los pedidos de la detenida Cristina Kirchner para dejar de usar tobillera electrónica y aliviar restricciones a su encierro domiciliario, a la Cámara Federal de Casación Penal le resta tomar una decisión sobre la ejecución de bienes de la ex presidenta y su entorno familiar, como parte de la condena en la causa Vialidad. Esta medida apunta a cubrir más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como reparación al Estado nacional.

Está semana la fiscalía avanzó con un nuevo pedido de decomiso de más propiedades y millones de dólares, mientras está pendiente de resolución un tema clave: qué pasará con 19 propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Los bienes de los hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incluyó en una primera etapa a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola un total de 20 propiedades de la familia Kirchner. Dentro de ese conjunto, solo una figura a nombre de la ex mandataria, mientras que las restantes pertenecen a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes los recibieron como herencia. Este es el punto a estudio del máximo tribunal penal federal y eje del conflicto que Casación está ya en condiciones de definir: si pueden afectarse al decomiso bienes heredados por parte de personas ajenas al proceso penal. El TOF2 ya dio el sí y esa decisión está apelada.

El tema es cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad y la decisión será de los mismos jueces que ya confirmaron por mayoría el uso de tobillera electrónica y dieron el aval a todo lo resuelto sobre visitas y permisos para CFK en su detención domiciliaria. Esa decisión fue firmada el viernes por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con disidencia de Mariano Borinksy.

“Avasallamiento”, dijo la defensa

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF 2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.

En concreto, la ex jefa de Estado y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya pidió rechazar los planteos y confirmar la decisión del Tribunal Oral sobre esos bienes porque deben tenerse en cuenta “patrones de incremento patrimonial injustificado” entre “la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio”. En ese sentido, incluir esas propiedades en la ejecución está a tono con “estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos” y también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Qué está en juego

En Comodoro Py hay coincidencia: el proceso de ejecución del decomiso en la causa Vialidad es inédito por su magnitud y sus protagonistas. Y sólo está comenzando. Muestra de ello es que a esta primera tanda de bienes se sumó también esta semana otro pedido fiscal sobre más propiedades y esta vez, también, se incluyó dinero a nombre de Florencia Kirchner: poco más de cinco millones de dólares embargados y hallados en una caja de seguridad y en cuentas bancarias.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de 111 bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales Luciani y Mola y se incluyó lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.

El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.

Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación. La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

Ahora la fiscalía reclamó sumar otros 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 y $ 3.280,24 depositados en cuentas también bajo titularidad de esta última. Con este nuevo pedido a estudio del Tribunal Oral Federal 2, sumarían 252 propiedades cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas y sociedades vinculadas como Los Sauces y Hotesur, que si prosperan los reclamos fiscales, pasarían al Estado Nacional.

La fiscalía reclamó este jueves que se avance con el decomiso de nuevos bienes y dinero para cumplir con la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez en la causa Vialidad.

Se trata de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Báez-; 46 automotores y 4.664.000 dólares embargados en una caja de seguridad abierta a nombre de la hija de la condenada ex presidenta, en el marco de la ejecución del decomiso multimillonario ordenado.

Los fiscales identificaron nuevos bienes y dinero y así lo informaron al Tribunal Oral Federal 2 que tiene que ejecutar el decomiso por 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En concretó se pidió respecto de Cristina Kirchner “el decomiso de 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA; USD 4.664.000, USD 992.134 y $ 53.280,24″ a nombre de Florencia Kirchner, su hija. La primera suma está en una caja de seguridad bancaria y la segunda depositada en una cuenta, todo embargado.

Sobre Lázaro Báez se reclamó, entre otros nuevos bienes identificados, el decomiso de inmuebles en Santa Cruz y automotores a nombre de sociedades donde tiene participación. También de 81 propiedades en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires y 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, “en la cual Báez tiene el 95 % de participación accionaria”.

“Ni un solo peso” depositado

“Todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, advirtieron los fiscales en el dictamen al que tuvo acceso Infobae.

Una primera tanda de 111 bienes que el Tribunal Oral Federal 2 ordenó ya decomisar para recuperar el dinero parte de los delitos fue apelada por las defensas ante la Cámara Federal de Casación, que tiene que resolver sobre el asunto.

Los condenados, agregó ahora la fiscalía, “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales -declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores-. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme".

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, analizaron poco después.

Muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”, se advirtió además.

Los nuevos bienes

La fiscalía solicitó el decomiso para el Estado nacional del departamento de San José 1111, en Constitución, “ya que fue adquirido por Los Sauces SA en 2015″. Allí cumple arresto domiciliario CFK condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de otro condenado, el dueño de “Austral Construcciones” Lázaro Báez.

Además se reclamó decomisar el hotel La Aldea, de la familia Kirchner, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz, y dos departamentos y siete cocheras en Puerto Madero de la sociedad “Los Sauces” . Uno de ellos es un duplex de más de 600 metros cuadrados.

“Estas propiedades se encuentran en el exclusivo barrio de Puerto Madero, más precisamente en el complejo Madero Center (el mismo edificio donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita, donde, tal como se comprobó por sentencia firme, se realizaron las maniobras de lavado de dinero por las cuales se condenó a Lázaro Báez, entre otros)”, agregó el pedido fiscal.

Los representantes del Ministerio Público advirtieron que “existe una vinculación razonable entre el incremento patrimonial de las sociedades -pertenecientes a las personas condenadas- y el delito fuente que motiva el decomiso, además de una concomitancia temporal evidente”.

“Luego de la constitución de Los Sauces SA por parte de Néstor Carlos Kirchner, Cristina E. Fernández y el hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner (7/11/2006), y de la adquisición de Hotesur SA por Néstor y Máximo Kirchner (7/11/2008), se inició un proceso cuya nota distintiva fue la interconexión económica que se estableció entre esas sociedades -pertenecientes a la familia Kirchner- y Lázaro Antonio Báez, sus empresas y su entorno", fundamentó el pedido.

A pesar del receso judicial de enero, la Cámara Federal de Casación Penal continuó con actividad jurisdiccional y administrativa durante la feria, donde ingresaron más de un centenar de expedientes y se dictaron resoluciones en causas de relevancia pública, entre ellas distintos pedidos vinculados al empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el juez federal de Rosario Gastón Salmain.

La información surge de las actuaciones desarrolladas entre el 1 y el 9 de enero de este año, bajo la presidencia del magistrado Diego Barroetaveña, actual titular del máximo tribunal penal del país. Durante ese lapso, la Sala de Feria estuvo integrada por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani.

Según el reporte oficial, en materia de gestión administrativa y tramitación ingresaron 109 expedientes, de los cuales 68 fueron remitidos a la Sala de Feria. En 40 de esos casos se dictaron resoluciones, mientras que otros 30 expedientes y 12 escritos quedaron reservados para su tratamiento una vez finalizada el receso estival, por no encuadrar en las cuestiones habilitadas para ese período, conforme la Acordada 07/09 del tribunal.

Entre las decisiones adoptadas durante este periodo se incluyeron resoluciones en causas penales de alto impacto público. En el caso del empresario Báez, Casación confirmó que deberá continuar detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. El ex titular de Austral Construcciones cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Carbajo y Ledesma, mientras Borinsky se pronunció en disidencia. La sede ratificó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N° 4, que había ordenado el traslado del condenado desde el Hospital Penitenciario Central al pabellón común del penal de Ezeiza. Los camaristas que integraron la mayoría consideraron que los informes médicos oficiales indicaban que el interno se encontraba clínicamente estable y que el Servicio Penitenciario Federal contaba con los recursos necesarios para atender sus patologías crónicas dentro del establecimiento carcelario.

También durante la feria, el máximo tribunal penal determinó De Vido deberá continuar cumpliendo su condena por la tragedia ferroviaria de Once en una unidad penitenciaria. El exministro fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, pena que quedó firme en noviembre de 2025 tras la decisión de la Corte Suprema. Desde entonces permanece detenido en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza.

La Sala de Feria rechazó el pedido de prisión domiciliaria formulado por su defensa, que había invocado la edad del condenado -76 años- y diversas patologías de salud. El voto mayoritario, encabezado por el juez Carbajo y acompañado por Yacobucci, sostuvo que la edad no habilita de manera automática el beneficio y que, según los informes del Cuerpo Médico Forense y del propio servicio penitenciario, el estado de salud del detenido se encontraba compensado y podía ser tratado en el ámbito carcelario. El juez Borinsky votó en disidencia, al considerar que correspondía conceder el arresto domiciliario.

En el mismo período, se dictaron resoluciones en expedientes como el del juez Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario y acusado de haber cobrado coimas para facilitarle a una financiera el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial a fines de 2023, durante la aplicación del cepo cambiario.

Además de la actividad jurisdiccional, el tribunal informó que durante el receso se atendieron diversas cuestiones administrativas, como solicitudes de integración de tribunales en distintas jurisdicciones y requerimientos y oficios remitidos por otros organismos a lo largo del país.

En materia de infraestructura, y con intervención de la intendencia, se continuó supervisando las obras actualmente en ejecución en el edificio de Comodoro Py. Hasta el momento se registraron avances en los trabajos de electricidad, tanto en instalaciones internas como externas, y en la puesta en valor de los accesos Retiro y Río. Las tareas incluyeron saneamiento y reconexión del sistema pluvial en veredas del ala Río y la limpieza de placas de granito en el ala Retiro, obras oportunamente aprobadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

A su vez, se avanzó en la entrega de escritorios y la realización de trabajos en instalaciones sanitarias, con previsión de nuevas intervenciones durante la segunda quincena de enero.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Lázaro Báez continuará su detención en la cárcel y rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Purga una pena de 15 años por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, mientras que el camarista Mariano Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de otorgar el beneficio.

Con este fallo, se confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 de retirarlo del Hospital Central Penitenciario para ser alojado en el pabellón “K” del penal de Ezeiza.

El empresario patagónico condenado por lavado de dinero, a través de sus abogados, argumentó que el establecimiento penitenciario no contaba con los recursos necesarios para tratar sus múltiples problemas de salud y que su presencia en su casa resultaba indispensable para el cuidado de su pareja y sus hijos.

La defensa fundamentó el reclamo en la edad del condenado, quien tiene 69 años y está próximo a cumplir 70, así como en un cuadro clínico que incluye diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma y antecedentes cardíacos.

Además, indicaron que su estadía en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza agravó sus patologías debido a supuestas deficiencias de higiene y falta de atención médica especializada. Y alegaron que la distancia de más de 2.700 kilómetros respecto a su domicilio familiar en Santa Cruz impedía el contacto fluido con sus seres queridos.

Según la defensa, la pareja de Báez padece una enfermedad oncológica y, por esta razón, el dueño del grupo Austral cumplía un rol fundamental en la crianza de los dos hijos menores de ella, de 12 y 14 años. De acuerdo a este planteo, la ausencia del empresario generó un deterioro emocional en los niños y una sobrecarga para la madre, quien debe afrontar su tratamiento médico.

El fallo de Casación

El voto mayoritario desestimó estos argumentos y ratificó que el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está en condiciones de alojar detenidos con problemas de salud como los de Báez.

El juez Carbajo destacó que los estudios realizados por especialistas en neumonología, cardiología y oftalmología del Cuerpo Médico Forense y el SPF concluyeron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y compensado.

Los peritos oficiales indicaron que las dolencias podían tratarse adecuadamente dentro de la unidad carcelaria, siempre que se cumplieran las indicaciones farmacológicas y los controles periódicos.

El fallo remarcó que el Servicio Penitenciario Federal informó contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento necesarios para atender las necesidades sanitarias del interno, incluyendo guardia médica permanente y ambulancia para traslados de urgencia.

Para los magistrados que lideraron la votación, la defensa no logró probar que la permanencia en prisión implicara un riesgo cierto para la vida de Báez ni que existiera una falta de atención por parte del Estado.

En cuanto a la situación de los menores, los jueces Carbajo y Ledesma consideraron que no se verificó un estado de desamparo que justificara la excepción al régimen de ejecución de la pena.

Evaluaron que los niños conviven con su madre, quien recibe ayuda de otros familiares, y que sus derechos a la educación y la salud se encuentran resguardados. Además, señalaron que la mujer cuenta con medios económicos para la subsistencia del grupo familiar.

Por el contrario, el juez Borinsky votó en soledad por conceder el arresto domiciliario. En su disidencia, valoró que el acusado estaba próximo a cumplir la edad que la ley contempla para este beneficio y que sus patologías crónicas mostraban un agravamiento progresivo. También ponderó el interés superior de los niños y la conformación de una familia ensamblada, coincidiendo con el dictamen de la unidad funcional especializada en menores, la cual había apoyado la solicitud.

Finalmente, la resolución judicial dispuso que las autoridades carcelarias garanticen la comunicación de Báez con sus familiares según la normativa vigente. Asimismo, el tribunal autorizó que el condenado sea trasladado a un pabellón común -denominado con la letra “K”- dentro del penal de Ezeiza para iniciar su tratamiento penitenciario, dado que los médicos informaron que ya no requería internación continua en el área hospitalaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dio este lunes un nuevo paso en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez por lavado de activos, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por la defensa de su hijo Martín Báez y por la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que despejó el camino para que continúe el proceso de ejecución de los decomisos ordenados en la sentencia condenatoria, que ya se encuentra firme.

Las resoluciones fueron dictadas por la Sala IV del más alto tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. En ambos pronunciamientos, los camaristas rechazaron los planteos dirigidos contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de iniciar la ejecución de los decomisos dispuestos en la causa, al concluir que los recursos extraordinarios no reunían los requisitos formales para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

En el caso del planteo presentado por la defensa de Martín Báez, hijo mayor del ex titular de Austral Construcciones, Casación sostuvo que la sentencia cuestionada no constituía una “sentencia definitiva ni equiparable a tal”, como exige el artículo 14 de la Ley 48. Además, señaló que el recurso no refutó de manera concreta los fundamentos centrales de la decisión impugnada y se limitó a expresar una discrepancia con el criterio adoptado por el tribunal oral, sin demostrar la existencia de una “cuestión federal” ni un supuesto de “arbitrariedad” que habilitara la vía extraordinaria.

Un razonamiento similar aplicó la Sala IV para analizar el recurso presentado por la UIF. Según el tribunal, el organismo no logró acreditar que la resolución cuestionada vulnerara derechos federales ni que se encontrara configurado alguno de los supuestos excepcionales que permiten abrir la instancia de la Corte.

Las resoluciones se inscribieron en el proceso de ejecución de la sentencia dictada el 26 de abril de 2021 por el Tribunal Oral Federal N° 4, que condenó a Lázaro Báez, además de familiares, allegados y empresarios, a 12 años de cárcel por lavado de activos y ordenó el decomiso de un total de 61.130.860,86 dólares. También dispuso la incautación de distintas sumas en pesos actualizables conforme al índice de precios al consumidor del INDEC. Esa condena fue confirmada por Casación el 28 de febrero de 2023 y quedó firme el 29 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas.

Apenas quedó firme la condena, el juez Néstor Costabel, integrante del tribunal oral que llevó adelante el juicio, dispuso iniciar la ejecución del decomiso conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal de la Nación. En esa resolución ordenó poner a disposición del Estado Nacional, bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia, el dinero y los bienes inmuebles individualizados oportunamente por la fiscalía.

El decomiso, en rigor, alcanza activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares e incluye dinero en efectivo, cuentas bancarias en el exterior, activos financieros y más de 70 propiedades ubicadas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. En particular, la sentencia ordenó la incautación de fondos depositados en el Banco Lombard Odier de Suiza y en el Banco CBH de Bahamas, que concentran casi cuatro millones de euros y más de 900.000 dólares. El fallo también dispuso la repatriación de esos fondos.

El planteo presentado por la UIF estuvo centrado en el destino de los bienes decomisados. Según argumentó el organismo, la decisión de transferir los fondos a la órbita de la Corte afectaría el esquema de autofinanciamiento y la autonomía operativa previstos en la Ley 25.246, que regula el sistema de prevención del lavado de activos. En ese sentido, el organismo sostuvo que los recursos provenientes del decomiso debían ser asignados a la entidad para fortalecer su capacidad institucional en la lucha contra el crimen organizado.

Tanto el tribunal oral como la Cámara de Casación descartaron ese planteo al considerar que la ejecución de la sentencia debía ajustarse al procedimiento legal vigente, sin que correspondiera, en esta etapa, revisar o redefinir el mecanismo previsto para la administración de los bienes decomisados.

La causa conocida como la “ruta del dinero K” investigó una compleja maniobra de lavado de dinero atribuida al empresario Báez, que incluyó la utilización de sociedades offshore, testaferros y transferencias financieras irregulares para sacar fondos del país y luego reintroducirlos al circuito formal. El expediente adquirió una fuerte notoriedad pública a partir de la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y de Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en el barrio porteño de Puerto Madero.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el empresario Lázaro Antonio Báez por el delito de lavado de activos en la causa conocida como “El Entrevero”. Ese era el nombre de una estancia que compró en Uruguay con 14 millones de dólares provenientes de la corrupción y la evasión de impuestos, según logró probar la Justicia. Con este pronunciamiento, el dueño del Grupo Austral acumula penas por 19 años y medio de cárcel.

La Sala IV del máximo tribunal penal analizó la sentencia previa del Tribunal Oral Federal N° 4 y las apelaciones de las defensas, y este lunes resolvió convalidar la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión para el empresario de la construcción. También ratificaron la multa económica, que asciende a tres veces el monto de las operaciones de lavado.

Ahora los jueces a cargo de la ejecución de la condena deberán decidir si unifican esta pena con los 15 años que el contratista más cercano al matrimonio Kirchner ya purga por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”, donde tiene sentencias firmes.

En cuanto a sus bienes, la Corte Suprema de Justicia inicio a principios de diciembre el trámite para incorporar al patrimonio del Estado los fondos decomisados tanto a él como a su hijo Martín Báez. La fortuna en cuestión supera los 61 millones de dólares.

Lázaro Báez fue declarado penalmente responsable de inyectar fondos de origen ilícito en el mercado formal mediante operaciones inmobiliarias complejas, en calidad de coautor. Además del “El Entrevero”, se comprobó que la maniobra volvió a repetirse con un campo en la ciudad uruguaya de Maldonado y un departamento en Av. Libertador 2424, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Casación también confirmó las condenas de otros involucrados en la estructura jurídica y contable del empresario patagónico. Daniel Rodolfo Pérez Gadín recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que al abogado Jorge Oscar Chueco se le confirmaron tres años y seis meses de cárcel. Ambos fueron señalados como piezas clave en la instrumentación de las maniobras de blanqueo de capitales, especialmente luego de que el grupo empresarial rompiera relaciones con Leonardo Fariña, quien había iniciado las gestiones originales.

Por su parte, Santiago Walter Edgardo Carradori fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su rol en la intermediación financiera necesaria para mover los fondos. Maximiliano Goff Dávila recibió una pena de cinco años, ya que se le atribuyó responsabilidad no solo en la compra del campo sino también en la adquisición de un departamento en la Avenida del Libertador. Por último, Alejandro Maximiliano Acosta recibió una pena de dos años y seis meses de ejecución condicional.

En cambio, la Cámara de Casación revocó la condena y absolvió a Oscar Osvaldo Guthux, de quien el tribunal entendió que existía un margen de “duda razonable” sobre su conocimiento y voluntad de participar en el delito, dado su breve paso por la presidencia de una de las sociedades utilizadas y escasa vinculación con el resto de la organización.

El caso

El hecho principal giró en torno a la adquisición de la estancia “El Entrevero”, con una extensión de 150 hectáreas y ubicada frente al mar.

La investigación judicial comprobó que la operación de compra del campo se realizó mediante una estructura de sociedades pantalla para ocultar al verdadero dueño del dinero.

Inicialmente, se utilizó la firma Traline S.A., que luego cedió sus derechos a Jumey S.A., cuyo beneficiario final era la empresa Helvetic Service Group. Esta ingeniería societaria permitió cortar los lazos con la fuente generadora de los fondos y simular una apariencia de licitud en la adquisición del inmueble rural.

Para apelar el fallo, los abogados defensores de Báez argumentaron que estas maniobras ya habían sido analizadas en el juicio de “La Ruta del Dinero K”. En base a esto reclamaron que no se lo podía juzgar dos veces por el mismo hecho.

Sin embargo, los camaristas descartaron este planteo al explicar que se trataba de eventos distintos e independientes. Señalaron que los fondos utilizados para comprar “El Entrevero” no eran los mismos que los expatriados a cuentas suizas en la otra causa, y que la mecánica de lavado tuvo características propias y diferenciadas.

También se rechazaron los cuestionamientos sobre la jurisdicción argentina para juzgar delitos cometidos en Uruguay. La Sala IV sostuvo que la maniobra tuvo un carácter transnacional, con actos de planificación y ejecución iniciados en Argentina, y que los efectos del delito afectaron el orden económico y financiero nacional. Además, se valoró que la propia Justicia uruguaya había remitido los antecedentes para que la investigación continuara en el país vecino.

Otros planteos que trató la Cámara buscaban declarar la ausencia de imparcialidad de los jueces y la jueza del TOF N° 4, como también la falta de legitimación autónoma de la querella estatal para requerir el dictado de condena. Nada de esto prosperó.

El origen ilícito del dinero utilizado para estas compras se vinculó con los delitos de evasión tributaria de la empresa Austral Construcciones y con los fraudes en la obra pública vial.

La sentencia de la Casación también ratificó el decomiso de las sumas involucradas en las operaciones. Esto incluyó los 14 millones de dólares de la estancia “El Entrevero”, otros 320.000 dólares correspondientes a la compra de un terreno en el Faro de José Ignacio -también en Uruguay- y 800.000 dólares más que se pagaron por el departamento en Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia comenzó el procedimiento formal para incorporar al patrimonio del Estado los fondos y bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. El monto supera los 61 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 4 que llevó adelante el juicio y los condenó recibió un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero.

Allí se informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias, la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas” y también de bienes inmuebles que estén registrados a nombre de Lázaro Báez y su hijo mayor. Ambos quedaron con condena firme por lavado de activos.

Esos bienes deberán ser inscriptos “bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal y 522 del Código Procesal Penal, detalla el oficio.

En cuanto al dinero en efectivo decomisado, la Corte pidió al TOF 4 que lo transfiera a dos cuentas bancarias, una en pesos y otra en dólares, que pertenecen al máximo tribunal.

Se trata de dinero secuestrado y también del obtenido en subasta judicial de bienes.

Además, requirió que se remita toda la documentación relativa a las subastas.

En la sentencia dictada en abril de 2021 al término del juicio oral por la llamada “ruta del dinero” se ordenó decomisar un total de 61.130.860,86 de dólares.

En el veredicto se incluyeron distintas cifras en pesos, que el tribunal dispuso ajustar “conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC”, que suman unos 4.174.697 de pesos.

El 28 de febrero de 2023, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión.

El 29 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles recursos de las defensas, dejó firme las condenas y los decomisos.

Apenas quedó firme la condena, el juez del Tribunal que llevó adelante el debate, Néstor Costabel, dispuso la ejecución del decomiso.

La medida incluye propiedades, cuentas bancarias en el exterior y activos líquidos en distintas monedas.

El magistrado firmó en ese momento una resolución que ordenó la transferencia de todos los bienes al Estado Nacional, bajo titularidad de la Corte Suprema de Justicia, algo que ahora comienza a instrumentarse.

El detalle del decomiso

La sentencia firme dispuso la incautación de activos por un valor aproximado de 61 millones de dólares.

El fallo también alcanzó cuentas radicadas en el Banco Lombard Odier de Suiza y el Banco CBH de Bahamas, que acumulan casi 4 millones de euros y más de 900 mil dólares en activos financieros.

Se ordenó la repatriación del dinero. También hay más de 70 propiedades en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.

La causa

La causa conocida como “ruta del dinero K” investigó la operatoria de lavado de dinero por parte de Lázaro Báez, amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La investigación reveló una red de sociedades off-shore, testaferros y movimientos financieros irregulares.

Báez fue condenado a 12 años de prisión.

El caso adquirió notoriedad pública tras la difusión de imágenes del financista arrepentido Leonardo Fariña y Martín Báez contando grandes sumas de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en Puerto Madero.

Con la firma de tres resoluciones vinculadas al mismo caso, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la continuidad del Tribunal Oral Federal Nº 2 en el juicio del segundo tramo de la causa Vialidad, rechazó un planteo de Lázaro Báez contra la ejecución del decomiso ordenado en el expediente original y declaró inadmisible la revisión presentada por la defensa de otro condenado, Juan Carlos Villafañe, quien pretendía revocar la condena por considerar prescripto el delito.

La intervención estuvo en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes en primer lugar rechazaron una queja presentada por la defensa de Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y luego subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad, quien será juzgado en la causa correspondiente a Vialidad II.

La defensa había intentado recusar al juez Andrés Basso, integrante del TOF 2 que intervino en el primer tramo. En ese marco, la Sala sostuvo que el rechazo de la recusación “no constituye una resolución susceptible de ser impugnada” al no tratarse de una sentencia definitiva, y señaló que el planteo tampoco acreditó “algún perjuicio de imposible reparación ulterior o alguna cuestión federal debidamente fundada”. A su vez, los camaristas recordaron que los cuestionamientos reproducían argumentos ya tratados y confirmados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que resolvieron “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Sandro Férgola, con costas”.

Vialidad II, en efecto, investiga presuntas irregularidades en 27 expedientes de obra pública en Santa Cruz y tiene como imputados, además de Férgola, a Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti, entre otros empresarios y funcionarios de escala intermedia que revistaron en la Dirección Nacional de Vialidad durante la época kirchnerista y que habrían sido parte de las maniobras por las cuales las empresas constructoras de Lázaro Báez, titular del Grupo Austral, se beneficiaron de contratos por 46 millones de pesos.

Este expediente es una ramificación del principal, que examinó la adjudicación irregular de 51 contratos viales al mencionado Grupo Austral entre 2003 y 2015. La acusación, en manos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, señalaron que había existido un esquema de direccionamiento sistemático vinculado a Báez, con participación de organismos nacionales y provinciales, adjudicaciones concentradas y obras inconclusas o sobrevaluadas.

La causa concluyó con la sentencia del 6 de diciembre de 2022 dictada por el TOF 2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- que impuso penas de prisión e inhabilitación por administración fraudulenta y ordenó el decomiso de bienes como provecho del delito. Además de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Báez, fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros funcionarios del área.

El 10 de junio pasado, la Corte Suprema dejó firmes las nueve condenas al desestimar los recursos directos de las distintas defensas contra el fallo de la Sala IV de Casación, que había confirmado la sentencia en noviembre de 2024.

En ese contexto, en otra de las resoluciones dictadas este martes, los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña desestimaron el planteo de incompetencia formulado por Lázaro Báez respecto de la ejecución del decomiso, ordenado como parte de la condena y recalculado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte en 685.000 millones de pesos. La defensa del empresario sostenía que debía intervenir el TOF 4, que juzgó al condenado en la causa conocida como “La ruta del dinero K” y unificó todas sus penas. Esa postura fue rebatido en el voto del juez Borinsky al considerar que era el tribunal oral que dictó la sentencia el encargado de “materializar las sanciones dispuestas”.

La tercera resolución fue la declaración de inadmisibilidad de la revisión solicitada por Juan Carlos Villafañe, condenado a cinco años de prisión en Vialidad I. Su defensa alegaba que la acción penal estaba prescripta al momento de su indagatoria y procuraba revocar la sentencia -con autoridad de cosa juzgada- mediante esa vía procesal.

Por unanimidad, la Sala IV resolvió declarar “inadmisible” el planteo del ex director de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz tras consignar, en los términos del juez Hornos, que el pedido “no se encuentra fundado en circunstancia novedosa alguna dentro de los concretos supuestos en los que procede la excepcional vía intentada para cuestionar una sentencia firme”.

La confesión de Ernesto Clarens durante el juicio de los Cuadernos arrojó luz sobre el funcionamiento interno de una de las tramas de recaudación ilegal más complejas de la historia reciente argentina. En la tercera audiencia del juicio oral, se leyeron los fragmentos más significativos de su declaración como imputado colaborador, en la que describió con precisión su papel en el circuito de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. “Yo me ocupaba por cambiar los pesos por dólares”, se escuchó en la audiencia, en referencia a su rol central en la conversión y traslado de fondos.

Cristina Kirchner está procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho y es juzgada junto a De Vido, Baratta y otros 83 acusados.

La exposición de Clarens, un hombre cercano a Lázaro Báez, se realizó en una audiencia virtual en la que la expresidenta no estuvo presente durante las cuatro horas que duró la sesión. El relato comenzó con un episodio de mediados de 2005, cuando Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara de la Construcción, lo convocó a una reunión en la sede de la Cámara Argentina de Empresas Viales (conocida como la “Camarita”). Allí, según Clarens, Wagner le informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria que requería su intervención para recibir pagos de constructoras en concepto de aportes o retornos, y que debía asegurarse de que esos fondos llegaran al secretario de Obras Públicas, José López, o a quien él indicara.

Clarens explicó que fue elegido para esa función porque era conocido como el financista de Báez. Tras recibir la instrucción de Wagner, verificó la operatoria con López y Báez, quienes le facilitaron el contacto de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. Muñoz le indicaba los lugares de encuentro para la entrega de dinero, que variaban según el monto a transferir.

El mecanismo, según la confesión, se desarrollaba de la siguiente manera: representantes de las empresas constructoras —en muchos casos los propios titulares, gerentes financieros o contadores— acudían a la oficina de Clarens, primero en Maipú 311 y luego en Manuela Sáenz 323, ambas en la ciudad de Buenos Aires. En ocasiones, era el propio Clarens quien se desplazaba a las sedes de las empresas. Entre los enviados habituales mencionó a Collazo por HELPORT, Santiago Altieri por IECSA, Eduardo Kennel por CHEDIACK, Losi en persona, Tito Biaggini por CARTELLONE, Copola por ESUCO, Aznar por DECAVIAL y Gerbi por COARCO. Clarens subrayó que, en la mayoría de los casos, los titulares de las firmas participaban directamente en la entrega.

Algunas empresas como Electroingeniería, tenían una relación directa con el poder y no entregaban la recaudación a Clarens. El sistema, instaurado por orden de Néstor Kirchner, consistía en que los representantes de la Camarita dejaban sumas en pesos junto con una anotación detallando el monto cobrado y el concepto. El valor de cada entrega rondaba los USD 300.000 y se realizaba semanalmente. Con el tiempo, los montos disminuyeron porque las empresas tenían dificultades para reunir el dinero, ya que la Dirección Nacional de Vialidad demoraba los pagos de los certificados de obra. El porcentaje habitual de la recaudación era el 10% de lo cobrado, aunque en ocasiones se entregaban sumas menores por los retrasos en los pagos oficiales.

Clarens detalló que su función principal era cambiar los pesos recibidos por dólares en el mercado informal, obteniendo una comisión que constituía su ganancia en negro. Para ello, recurría a un corredor llamado Vallarino, operando en “cuevas” financieras y, en ocasiones, a través de la mesa de dinero del Banco Finansur, que actuaba como intermediario con casas de cambio.

En una etapa posterior, Daniel Muñoz le solicitó que procurara euros en billetes de quinientos, por su menor volumen físico. Las entregas de dinero a Muñoz se realizaban en el Hotel Panamericano, donde el secretario tenía una habitación, o en el edificio de Juncal y Uruguay, residencia del matrimonio Kirchner, especialmente cuando se trataba de sumas importantes. Clarens precisó que nunca accedió al departamento, sino que Muñoz lo recibía en el hall de la planta baja.

La Camarita entregaba mensualmente a Clarens un listado con las obras licitadas, que incluía datos como la fecha, número de licitación, obra, presupuesto oficial, empresa adjudicataria, monto ofertado y porcentaje de sobreprecio. Un segundo listado correspondía al ranking de las empresas cartelizadas. La licitación preveía un adelanto financiero del veinte por ciento del total de la obra, del cual se exigía a la empresa la entrega de la mitad en una sola vez. Si el anticipo era del diez por ciento, se solicitaba ese monto en cuotas. Clarens aclaró que nunca participó en la selección de las empresas adjudicatarias.

Sobre el funcionamiento de la Camarita, Clarens describió que, tras la convocatoria a licitación de Vialidad Nacional, los interesados en los pliegos eran citados a la sede de la cámara. Allí, se resolvían los “pases” entre empresas, es decir, se negociaba la renuncia a determinadas obras en función de turnos y acuerdos previos. El proceso se reducía progresivamente hasta que quedaban pocas empresas, que en ocasiones se asociaban en UTE. La jornada de negociación se extendía desde las diez hasta las dieciocho horas.

Una vez definido el ganador, se discutía el precio a ofertar, que siempre superaba el presupuesto oficial en torno al 20%. De ese sobreprecio, la mitad se destinaba a coimas y la otra mitad a la generación de dinero negro. Clarens señaló que, aunque los presupuestos oficiales eran correctos en líneas generales, las ofertas y los adicionales posteriores incrementaban los valores, y sobre estos adicionales también se cobraban sobornos, aunque él no participaba en esa recaudación. Tras la muerte de Néstor Kirchner, Wagner y López le informaron que la recaudación se había discontinuado. Clarens estimó que el dinero movilizado en este esquema rondó los USD 30 millones.

En otro tramo de su confesión, Clarens relató que, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner buscó salvar a la constructora GOTTI, absorbida por Lázaro Báez. Por orden de la presidenta, José López le pidió a Clarens que apoyara a GOTTI, que debía operar como subcontratista de empresas con obras adjudicadas, aportando su capacidad de construcción y equipos. Dado que GOTTI tenía sus cuentas cerradas, Clarens gestionó la cobranza y se celebró un convenio de gestión financiera entre GOTTI y COFICRED. Posteriormente, GOTTI fue adquirida por ROVELLA, interesada en su capacidad operativa y equipamiento, con el objetivo de ingresar en la Patagonia.

Consultado sobre el motivo por el cual Cristina Kirchner quería salvar a GOTTI, Clarens respondió que lo desconocía, aunque sugirió que podría tratarse de una promesa pendiente de Néstor Kirchner a la empresa. Describió la situación de Sergio Gotti como desesperada, con la sociedad en bancarrota y abandonada por Báez, lo que habría motivado un pedido urgente a la presidenta.

Durante 2012 y 2013, Clarens afirmó que José López le comunicó que algunas empresas aportarían dinero para la campaña del kirchnerismo. Mencionó específicamente a ESUCO, CARTELLONE, LOSI, CHEDIACK y ROGGIO como firmas que entregaron fondos con ese fin. Tras cambiar el dinero a dólares, Clarens entregaba la recaudación directamente a López en un departamento cercano al Hotel Faena en Puerto Madero.

La demanda de fondos continuó durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2014 y 2015, Clarens preguntó a López por la razón de la persistencia de los pedidos, y este le respondió que había recibido un reclamo de Hebe de Bonafini por el programa Sueños Compartidos, y que necesitaba 70 millones de pesos para entregarlos a un estudio de abogados de la provincia de Mendoza. Clarens precisó que la recaudación total en este contexto ascendió a aproximadamente USD 30 millones, y que la efectuaba para José López.

Clarens corroboró un dato aportado por el propio ex secretario de Obras Públicas: “José López preparaba el listado del pago de Vialidad con Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban primero”.

En la parte final de su declaración, Clarens reveló que Muñoz le había contado que el dinero en efectivo se almacenaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en el subsuelo de la casa del matrimonio Kirchner en El Calafate, donde se percibía un fuerte olor a tinta. Muñoz le explicó que el dinero se transportaba los viernes en aviones oficiales que partían del sector militar de Aeroparque y aterrizaban en Río Gallegos o en El Calafate, siendo este último el destino final de los fondos.

Las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires no solo afectan a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también alcanzan a familiares y allegados a través de un nuevo régimen de visitas domiciliarias y el pedido de una nómina exhaustiva de personas con autorización para ingresar en su residencia. Según publicó Todo Noticias, esta disposición judicial forma parte de una serie de medidas más amplias en la denominada “Causa Vialidad” y responde a la condena de seis años por corrupción vinculada a la adjudicación de obras públicas, por la que la ex presidenta cumple arresto domiciliario. La principal noticia radica en el avance del tribunal sobre la confiscación de un extenso número de bienes pertenecientes a la familia Fernández y a empresarios asociados, así como la transferencia de más de 80 propiedades al Estado.

De acuerdo con la información reportada por Todo Noticias, las restricciones en el entorno de Fernández de Kirchner establecen que solo podrá recibir a tres o cuatro personas en simultáneo, hasta dos veces por semana. Esta limitación incluye a familiares directos, personal de custodia, profesionales de la salud y abogados de su equipo de defensa, quienes, tras figurar en la lista entregada al tribunal, podrán ingresar sin autorización puntual. Todas aquellas personas no incluidas deberán tramitar un permiso específico ante la Justicia para cada visita. Estas decisiones judiciales buscan fortalecer el control del entorno inmediato de la ex mandataria durante su arresto domiciliario, en tanto avanzan las definiciones sobre su patrimonio.

El medio Todo Noticias detalló que el fallo del Tribunal Oral Federal condujo al decomiso de 20 bienes a nombre de miembros directos de la familia Fernández, principalmente registrados bajo la titularidad de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. Además, se dispuso la transferencia al Estado de más de 80 inmuebles relacionados con Lázaro Báez, empresario cercano al círculo kirchnerista, cuya vinculación con el caso Vialidad ha sido objeto de numerosas investigaciones. El monto total de activos bajo incautación supera los 684.990 millones de pesos argentinos, cifra que equivale a más de 422 millones de euros al tipo de cambio vigente en la fecha de la resolución.

La investigación judicial sostiene, según consignó Todo Noticias, que los bienes sujetos al decomiso fueron adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso que coincide con los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández en Argentina. Los magistrados puntualizaron que la decisión abarca tanto el patrimonio directo de la ex presidenta y sus hijos, como las sociedades empresariales de Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos y Loscalzo y Del Curto. La resolución también incluye propiedades previamente transferidas a descendientes directos y bienes inmuebles distribuidos en varias provincias, como terrenos, departamentos y establecimientos rurales.

Todo Noticias indicó que el propósito central de estas medidas es evitar que los condenados, tras la sentencia judicial, mantengan ventajas patrimoniales derivadas de delitos comprobados por la Justicia. El tribunal explicó en su resolución que el decomiso cumple con el objetivo de “impedir el aprovechamiento de los activos generados ilícitamente y compensar el daño público causado por las conductas fraudulentas”, remitiéndose a los principios del Código Penal argentino en materia de restitución de bienes obtenidos de manera ilícita por corrupción y manejo irregular de fondos estatales.

La defensa de Cristina Fernández ha sostenido de manera reiterada que gran parte de los activos en cuestión fueron adquiridos antes de los hechos investigados. Tras la reciente comunicación del fiscal Diego Luciani sobre el inminente decomiso de los bienes, la ex presidenta denunció, según recogió Todo Noticias, lo que califica como una “persecución política y judicial” en su contra. Los abogados y familiares de Fernández han anunciado su intención de presentar recursos y apelar tanto el decomiso como las condiciones del régimen de visitas, dentro de los plazos legales del sistema judicial argentino.

El canal de noticias puntualizó que, tras la concreción del decomiso, los bienes pasarán a la administración de organismos estatales según la normativa vigente, con el objetivo de resguardar los valores y revertir el daño causado al Estado durante el periodo investigado. La resolución del tribunal se emitió en una etapa clave del proceso, motivada por las advertencias fiscalía respecto al riesgo de que los activos pudieran eludir el control estatal sin una medida inmediata.

La “Causa Vialidad”, según documentó Todo Noticias, se consolida como uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la política argentina de los últimos años. La figura de la ex presidenta, junto con empresarios del entorno, continúa en el centro del debate judicial y mediático, mientras el patrimonio involucrado y los derechos procesales de los afectados son objeto de presentaciones permanentes ante la Justicia. La magnitud de los activos alcanzados por la resolución incluye un variado repertorio de bienes inmobiliarios, empresariales y financieros, cuyos detalles y destino seguirán bajo la observación de las autoridades competentes hasta la ejecución plena de la sentencia.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinó, por mayoría, declarar inadmisible un pedido de la defensa del empresario condenado Lázaro Báez que buscaba excluir a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de querellante en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

El planteo de la defensa se originó tras la resolución previa del Tribunal Oral Federal N° 4 que ya había rechazado una objeción presentada por los abogados de Báez, que cuestionaba la capacidad de la UIF para seguir participando en el proceso.

Los abogados del imputado argumentaron que ese organismo ya no poseía las facultades legales para mantener su condición de parte acusadora en el expediente. Sostuvieron que la UIF desistió de su papel como parte acusadora durante la etapa de alegatos en otra causa relacionada, conocida como “Vialidad”, donde inclusive pidió la absolución del mencionado Báez.

Cabe recordar que el dueño del Grupo Austral tiene las condenas unificadas por estas dos causas, por las que deberá purgar 15 años de prisión.

Además, los defensores centraron su crítica en un cambio normativo reciente: el decreto del Poder Ejecutivo Nº 274/2025.

En la Cámara de Casación, el tribunal se integró con los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos. El voto mayoritario estuvo compuesto por los últimos dos, quienes se inclinaron por desestimar la apelación.

El juez Carbajo, en su pronunciamiento, señaló que la decisión atacada por la defensa no constituyó una sentencia definitiva. Es decir, no fue un pronunciamiento que pusiera fin al proceso, ni a la pena, ni imposibilitara la continuación de las actuaciones.

El juez Hornos compartió este criterio, afirmando que la decisión no superó el límite de impugnabilidad objetiva previsto por la ley de procedimientos.

En cambio, el camarista Mariano Borinsky adoptó una postura diferente. Inicialmente, estimó que el recurso sí resultaba formalmente admisible, considerando que la naturaleza federal de la queja alegada por la defensa era de imposible o tardía reparación ulterior, por lo cual correspondía equipararla a una resolución definitiva.

Al ingresar al fondo del asunto, Borinsky consideró válido el argumento referente a la modificación normativa. Recordó que el decreto Nº 274/2025 revocó expresamente la autorización que poseía la UIF para intervenir como acusador particular en procesos penales.

Este cambio se fundamentó en las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que aconsejó reconsiderar la intervención de la UIF como acusador, ya que dicha actividad podría impactar su independencia operativa. Borinsky también destacó que la derogación buscó evitar la superposición de tareas con el Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de promover la acción penal pública. Por todo ello, el magistrado propuso acoger el recurso y apartar a la Unidad de Información Financiera de su rol de acusador particular en el proceso.

Este fallo significó, en la práctica, que la UIF continuará interviniendo como acusador particular en la causa judicial de la Ruta del Dinero K.

Paul Starc, presidente de la UIF, señaló que, con este fallo, “el Tribunal despejó toda duda sobre nuestra permanencia en el expediente, brindando estabilidad procesal y garantizando la continuidad institucional en una causa de enorme trascendencia pública”.

Y reafirmó el compromiso institucional del organismo: “Continuaremos trabajando con rigor técnico, independencia y cooperación interinstitucional. La resolución adoptada fortalece nuestro rol en esta causa y reafirma la importancia de la inteligencia financiera dentro del sistema penal argentino”.

El decomiso de bienes

En el marco de la causa Vialidad, este miércoles el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó decomisar los bienes de Báez, Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el juicio.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y arrojó una devolución total de $684.990.350.139,86.

El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.

De allí que el decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

El Tribunal Oral en los Criminal Federal 2 de Buenos Aires decidió este martes avanzar con el decomiso de propiedades que están a nombre de la ex presidenta Cristina Kirchner como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner para alcanzar la cifra de $684.990.350.139,86 que todos los involucrados en la Causa Vialidad deben pagar.

Cabe remarcar que la dos veces mandataria recibió este año la ratificación de la condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, hay otros ex funcionarios y empresarios que también fueron ratificados en sus respectivas penas.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

La medida incluye el decomiso de bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado.

Entre los inmuebles que ordenaron decomisar, se destaca un inmueble ubicado en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, una propiedad adquirida en 2007 que abarca una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El fallo alcanza también a un conjunto de lotes que fueron cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Entre ellos se ubican las diez unidades que están sobre la calle Mitre al 500, en la ciudad de Río Gallegos, todas ellas adquiridas en 2007.

También dentro de la capital santacruceña, el listado abarca un inmueble ubicado en 25 de Mayo al 200, adquirido en 2010, así otra propiedad de la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada al patrimonio de la familia en 2006.

A esto se agregan los bienes emplazados a los hermanos Kirchner en el Departamento III Lago Argentino. Entre ellos figuran terrenos adquiridos respectivamente en 2008 y 2007, cuyas ubicaciones refieren a grandes extensiones en las inmediaciones de El Calafate. Entre ellos se destaca el lugar donde se construyó el conocido Complejo Hotel Los Sauces, una infraestructura hotelera relevante y parte de otra causa judicial que investiga a la ex mandataria. Este lote fue comprado en 2002 para tal fin y su desarrollo posterior implicó la suma de otras parcelas adyacentes que pasaron a formar parte integral del mismo proyecto hotelero tras ser adquiridas en 2007.

En el mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de grandes dimensiones y gran valor catastral: la primera responde a una superficie de 44.106 metros cuadrados, originaria de una operación concretada en 2007; la segunda, comprende 87.046 metros cuadrados y fue incorporada en el mismo año al patrimonio familiar.

La evolución del patrimonio de la ex presidenta y su entorno familiar fue reconstruida por Infobae a partir de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y el cotejo con períodos de alta inflación. En 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la pareja declaró un patrimonio neto de $7 millones, compuesto principalmente por 25 inmuebles —18 casas, dos locales, cuatro departamentos (incluidos dos en el barrio porteño de Recoleta) y un terreno en El Calafate—, así como dos plazos fijos: uno por $1,2 millones y otro en dólares que totalizaba USD 1,6 millones. Estas cifras reflejaron operaciones de cobro judicial y adquisiciones de bienes a bajo costo durante la dictadura militar y los años posteriores, impulsadas por la actividad profesional del matrimonio como abogados en Santa Cruz.

El crecimiento de la fortuna familiar se mantuvo durante los siguientes años: en 2007, con Cristina Fernández de Kirchner ya en la presidencia, los activos anotados superaban los $25,5 millones, con un notable salto en el número y superficie de las propiedades. La pareja llegó a contabilizar 44 inmuebles entre viviendas, terrenos y locales, multiplicando por 33 la superficie registrada en 2003. Según lo que pudo averiguar este medio, múltiples lotes en El Calafate se adquirieron a valores considerados marginales —algunos por menos de $7,5 el metro cuadrado— y que en uno de esos terrenos se construyó el hotel boutique Los Sauces, edificado por Austral Construcciones.

El aporte de la familia Kirchner al negocio inmobiliario no se limitó a la adquisición de terrenos y edificaciones para renta; también incluyó la creación de sociedades como Los Sauces SA en 2006, destinada a centralizar el alquiler y la gestión de bienes. En 2008, la brecha patrimonial volvió a ampliarse: los activos ascendieron a $47,3 millones y una nueva operación con la compra de otro inmueble de 16.189 m2 que posteriormente se transformó en el hotel Las Dunas.

La muerte de Néstor Kirchner en 2010 supuso la redistribución legal de los bienes, integrando a Máximo y Florencia Kirchner como herederos directos de una parte sustancial de las propiedades y activos financieros. Las sucesivas declaraciones juradas reflejan cambios notables: en 2011, tras la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio real se vio reducido a $37,7 millones, aunque manteniéndose la posesión de 26 propiedades. Para 2015, último año de su mandato, los activos netos informados ascendían a casi $72,2 millones, con un marcado incremento en los fondos bancarios.

La cesión del patrimonio familiar llegó en 2016. Cristina Fernández de Kirchner donó en vida a sus hijos el 50% de las 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo, así como acciones en las empresas familiares, operación que totalizó $74 millones. Esta transferencia se concretó en plena escalada de los procesos judiciales por corrupción, pocos días antes de que se inhibieran sus bienes.

Según lo reconstruido por Infobae, esta acción respondió al avance de causas como la de “dólar futuro”, Hotesur, Los Sauces y el direccionamiento de obra pública, donde la Justicia acabó por dictar embargos preventivos y procesamientos contra la ex mandataria y sus hijos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la causa por administración fraudulenta contra el Estado, según la resolución firmada el 18 de noviembre de 2025. La medida alcanza a Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, otras personas condenadas y sociedades vinculadas, así como a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner en calidad de titulares de bienes identificados en el proceso.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835.227.378,04, monto que fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal adoptó la metodología de actualización propuesta y requirió el pago del monto actualizado a los condenados, quienes no cumplieron con la intimación.

El tribunal ordenó la tasación y ejecución de los bienes incluidos en el decomiso, dando prioridad a aquellos en poder de los condenados y de las sociedades identificadas en la maniobra delictiva.

De allí que el decomiso dispuesto incluye bienes inmuebles de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA, Loscalzo y Del Curto SRL, así como propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. También se prevé la realización de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich en caso de que los activos decomisados inicialmente resulten insuficientes para cubrir el monto fijado. La resolución señaló que los bienes decomisados deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

La Fiscalía individualizó bienes inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período delimitado por el tribunal como relevante para la maniobra delictiva.

Las defensas de los condenados, entre ellos Báez, Ganora, Pavesi y Fernández de Kirchner, así como los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, solicitaron el rechazo del decomiso de los bienes identificados, argumentando falta de acreditación del nexo causal entre los activos y el delito, insuficiencia probatoria y vulneración de principios constitucionales. También cuestionaron la extensión de la medida a bienes adquiridos antes del ejercicio de los cargos públicos y la inclusión de bienes previamente investigados en otras causas con sobreseimientos firmes.

El tribunal consideró que la sentencia firme acreditó la existencia de beneficios económicos directos e indirectos para Báez y la familia Kirchner derivados de la adjudicación y ejecución irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Según la resolución, el decomiso alcanza los bienes que constituyen instrumentos, efectos o provecho del delito, incluso si se encuentran en poder de terceros, salvo que estos sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.

La decisión se fundamenta en la normativa nacional e internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen la obligación de recuperar activos provenientes de delitos de corrupción. El tribunal estableció que el decomiso puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable y temporalmente concomitante con el delito fuente.

El tribunal comunicó la resolución a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine el destino de los inmuebles, conforme al reglamento vigente. Se estableció que la finalidad prioritaria del decomiso es la reparación del daño causado a la administración pública y la sociedad, en línea con los estándares internacionales y la jurisprudencia local.

La resolución aclara que la Fiscalía mantiene la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia, siempre que cumplan con los parámetros fijados por el tribunal. El proceso de realización de los bienes se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

No fue un día positivo para Cristina Kirchner en cuanto a lo judicial. Además de haber participado de la primera jornada del juicio por la causa Cuadernos, como acusada en lo que es considerado el proceso más extenso en materia de corrupción en la historia del país, este jueves además Casación rechazó los recursos presentados por las defensas de la ex presidenta y Lázaro Báez y ratificó el decomiso de casi $700 mil millones contra los condenados en la causa Vialidad.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego G. Barroetaveña, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados y confirmó la actualización del monto del decomiso en 684.990.350.139,86 pesos, fijado por el Tribunal Oral en la causa Vialidad, donde se descubrió una de las defraudaciones más importantes contra la administración pública.

Este fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes el pasado 16 de octubre exigieron que se ejecutara el decomiso de manera inmediata, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario en las condenas.

La defensa de Cristina Fernández había recurrido el monto del decomiso al considerar que el método utilizado por el tribunal oral, con una actualización conforme al índice de precios al consumidor, era inadecuado, y que era más apropiado el implementado por el perito contador de parte, que arribó a un monto de poco menos de $42.500 millones. Además, los letrados habían solicitado la suspensión de la ejecución de la medida.

Se hicieron eco de ese recurso de casación las defensas de Lázaro Antonio Báez, José Francisco López y Mauricio Collareda, los demás afectados por la medida. 

Por unanimidad, los magistrados de la casación sostuvieron que la actualización efectuada sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) no resultaba arbitraria y constituía un método idóneo para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.

Por ello, y por considerar que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa, desestimaron los planteos y confirmaron lo resuelto en su momento por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2.

Además, la resolución reafirma la naturaleza obligatoria del decomiso como consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento con lo establecido por el Código Penal y las Convenciones Internacionales contra la corrupción.

El monto en cuestión surge de la actualización del daño económico a la Administración Pública determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022 del TOF 2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, que impuso penas de prisión y el decomiso de los efectos del delito por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La cifra originalmente fijada en $ 84.835 millones fue recalculada por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y llevada a casi $ 685.000 millones, luego de que el fallo quedara firme por decisión del máximo tribunal el 10 de junio de 2025.

El pasado 10 de junio, en una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre del año pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedara firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de bienes ya desarrollado.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes las apelaciones interpuestas por las defensas de Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, así como la queja que presentó la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). De esta manera el máximo tribunal penal del país confirmó el decomiso de bienes en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, que asciende a 54.872.866 dólares.

Los fallos de la Casación llevaron las firmas de los jueces Mariano H. Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, y avalaron la decisión que había adoptado en agosto el Tribunal Oral Federal N°4 -que llevó adelante el juicio- para ejecutar la recuperación del dinero.

El inicio del trámite se decretó recién una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas.

Según determinaron los jueces, casi 55 millones de dólares es el monto detectado en las maniobras de lavado de dinero cometidas entre 2010 y 2013, a partir de la corrupción con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Los Báez, entre su patrimonio y el de sus empresas, llegaron a tener 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero. Muchas de estas posesiones ya se subastaron en otros procesos.

De acuerdo a una tasación que se realizó en noviembre de 2017, su fortuna ascendía a 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares, según el tipo de cambio de aquel momento.

Qué dijo la Cámara de Casación

La Sala IV ya había confirmado el 28 de febrero de 2023 el decomiso dictado por el Tribunal en la sentencia de la “Ruta del dinero K”. Ahora, los mismos jueces volvieron a pronunciarse acerca de la orden de ejecutar el trámite.

“El recurso de casación, cuya denegación motiva la presente queja, no puede prosperar en la medida en que no se dirige contra una sentencia definitiva ni una que pueda a ser equiparable a tal por sus efectos en tanto la defensa no ha logrado demostrar, ni se advierte, la existencia de un agravio de imposible o tardía reparación ulterior”, concluyó la Casación.

Los defensores de los Báez podrán insistir ante la Corte Suprema de Justicia.

Lázaro Báez, hoy internado en el Hospital de Ezeiza por su estado de salud y cumpliendo detención en el Complejo Penitenciario Federal de esa misma ciudad, está condenado a 15 años de prisión.

Su hijo Martín Báez, en tanto, fue sentenciado a una pena de 6 años y medio.

Por otros hechos de lavado de activos incluidos en la “Ruta del dinero K”, sobre el dueño del grupo Austral también pesa la orden de decomisar otros 5 millones de dólares y 4.174.697 de pesos, que deberán ser ajustados por inflación.

El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó repatriar dinero que Báez padre giró al exterior. En Suiza, las autoridades solicitaron la remisión o transferencia de $907.202 dólares que se encontraban invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier.

En Bahamas, se requirió la repatriación o transferencia de €2.981.646,12 euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y €1.009.391,16 euros de la cuenta 590207 del mismo banco, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.

La sentencia también ordenó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV–MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL. Estos fondos totalizaron 4.300.000 pesos, que fueron depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina, y serán adjudicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se desprende del fallo del TOF N° 4.

Lázaro Báez está internado desde el sábado en el Hospital “Dr. Eurnekian” de Ezeiza por algunas complicaciones en su salud. Los médicos recomendaron que se realice estudios clínicos, a los que el empresario -condenado a 15 años de prisión por las causas conocidas como “Ruta del dinero K” y “Vialidad”- será sometido durante este lunes.

Hace tan solo unas semanas, Báez fue nuevamente alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, tras ser derivado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. El traslado se aprobó para que, dadas sus condiciones de salud, esté detenido en un lugar más adecuado.

Entre la serie de estudios que solicitaron se encuentran una endoscopia, una radiografía de estómago, así como también un análisis de laboratorio. Entre las afecciones que presenta el condenado figuran EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y trastornos gastrointestinales, según detalló su defensa.

La noticia llega luego de que se le haya rechazado el pedido de prisión domiciliaria, debido a su salud, y regresara al penal de Ezeiza. El cambio de lugar de detención fue ordenado por el juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, quien autorizó su inmediato traslado a Buenos Aires en atención a su cuadro clínico. La decisión se produjo luego de que sus abogados presentaran un habeas corpus, solicitando que se garantizara su integridad física y denunciando un supuesto “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.

La defensa, a cargo de los letrados Yanina y Lucas Nicoletti, reclamó que Báez fuera internado en un centro médico especializado, como el Hospital SAMIC de El Calafate, pero esa posibilidad fue descartada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que alegó no contar con los medios necesarios para realizar un traslado hasta esa localidad, ubicada a más de 300 kilómetros de su anterior lugar de detención. En la audiencia ante el juez Vázquez, el SPF planteó su negativa con argumentos logísticos y operativos, lo que derivó en la decisión de alojarlo en Ezeiza.

El empresario, de 69 años, había permanecido en la Unidad 15 de Río Gallegos desde junio de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 resolvió revocar el régimen de arresto domiciliario que había tenido desde marzo de 2020. En ese momento, no pesaban sobre él condenas firmes. Sin embargo, tras la ratificación de las penas impuestas en las causas por lavado de dinero y direccionamiento de obra pública, se dispuso su ingreso a un penal federal.

Los argumentos de la defensa

En el escrito presentado por sus defensores, se describió que Báez estaba alojado en un sector identificado en la jerga carcelaria como “buzón” o “leonera”, un espacio que definieron como de castigo, sin ventilación adecuada, sin baño, con filtraciones y una alimentación deficiente. Además, según indicaron, compartía un solo baño con veinte internos y se encontraba aislado durante más del 90% del tiempo, sin contacto social ni acceso a actividades recreativas.

En esa oportunidad, el juez de ejecución penal Néstor Costabel, presidente del TOF N° 4, dispuso una evaluación cardiológica completa, debiéndose incluir la realización de un electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo.

También solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determine si Báez se encuentra “en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, tal como argumentó la defensa con base en estudios médicos particulares.

En paralelo al operativo de traslado, los abogados denunciaron públicamente que durante varias horas desconocieron el paradero de su defendido. En una presentación elevada al Tribunal Oral Federal N° 4, advirtieron sobre “una situación de total incertidumbre tanto para su familia como para quien suscribe, que evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”.

Además de la pena de 15 años que cumple por las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero K”, Báez tiene otra condena –aún no firme– de tres años y seis meses de prisión, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, por apropiación indebida de aportes patronales correspondientes a empleados de Austral Construcciones y otras empresas vinculadas a su grupo.

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de 14 exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz y de un técnico ligado al empresario Lázaro Báez, al considerar que cada uno de ellos tuvo un rol relevante en las maniobras que beneficiaron de manera recurrente e irregular al grupo Austral Construcciones en la adjudicación de obras públicas viales durante los gobiernos del matrimonio Kirchner.

La resolución fue dictada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala II, quienes avalaron el criterio del juez federal Julián Ercolini. El magistrado había imputado a los funcionarios provinciales como coautores de fraude en perjuicio a la Administración Pública y a José Carlos Pistán, representante técnico de las firmas del empresario Báez, como partícipe necesario del mismo delito.

Los jueces coincidieron en que los acusados incumplieron de manera sistemática con sus obligaciones, al omitir una serie de controles y verificaciones que debían garantizar la transparencia del proceso de licitaciones públicas. Esa omisión, explicaron, permitió alcanzar el “resultado criminal” que fuera “oportunamente probado en las actuaciones principales”, en alusión al juicio por la causa conocida como “Vialidad”, donde la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta junto a Báez y otros imputados.

Entre los procesados de la resolución de la Alzada figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves.

De acuerdo con la Cámara Federal, los funcionarios santacruceños constituyeron “un engranaje esencial” que facilitó el direccionamiento de las obras viales hacia las constructoras del grupo Báez. La maniobra incluyó prácticas como la participación simultánea de las mismas firmas en licitaciones, adjudicaciones rápidas y con montos que excedían su capacidad técnica, pagos anticipados y prórrogas injustificadas en los plazos de entrega.

“El hecho de que esas conductas se repitieran durante más de una década, sin correcciones internas, demuestra que no se trató de irregularidades aisladas ni de errores administrativos, sino de un esquema estructurado para favorecer de modo sistemático a un grupo empresario determinado”, remarcaron los magistrados de la Sala II.

Para los camaristas, a su vez, las conductas de los imputados provinciales posibilitaron la implementación de la “maquinaria de corrupción” en el ámbito local, dentro del marco de competencias que les correspondía en materia de obras públicas viales. Sin embargo, el tribunal diferenció la magnitud del perjuicio económico en comparación con el nivel nacional, al señalar que los exfuncionarios santacruceños tuvieron una “menor capacidad de daño” que la atribuida a los funcionarios federales condenados en el proceso principal.

En virtud de esa diferencia, la Cámara Federal reajustó el monto del embargo dispuesto sobre los bienes de los distintos acusados, que ahora quedó fijado en una suma de 8.000 millones de pesos, muy por debajo de los más de 600 mil millones establecidos entonces en el tramo central de la causa.

La decisión consolida la línea de investigación que describió un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo dentro de la estructura estatal santacruceña, utilizado para favorecer de manera recurrente al empresario Báez -ex socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner- entre los años 2003 y 2015.

Con la confirmación de los procesamientos, además, el expediente derivado del esquema principal quedó en condiciones de continuar su curso en la etapa instructoria, donde el Ministerio Público Fiscal apunta a recabar elementos para debatir responsabilidades penales en un eventual juicio oral.

Mientras tanto, en las actuaciones centrales, la Cámara Federal de Casación ratificó la semana pasada la competencia del TOF N°2 para ejecutar el decomiso de los bienes de los condenados con el fin de recuperar activos ligados a la corrupción.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avanzará desde esta semana con las audiencias con las que se revisarán las penas de los condenados por la causa “El Entrevero”, en la que el empresario Lázaro Báez fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión.

El dueño de Austral Construcciones purga otros 15 años de prisión por las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K”, y el jueves la Corte Suprema de Justicia dictó su sobreseimiento definitivo en un expediente por la retención indebida de aportes laborales de sus empleados, donde había recibido una cuarta condena de tres años y seis meses de cárcel, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3.

“El Entrevero” es una estancia ubicada en Uruguay que se adquirió por un valor de 14.000.000 de dólares. Según dio por probado el Tribunal Oral Federal N° 4, que llevó adelante el juicio contra Báez, Leonardo Fariña y otras seis personas, la operación fue una maniobra destinada a lavar dinero proveniente de la corrupción con la obra pública en Santa Cruz.

Luego de las respectivas apelaciones de las defensas, el caso llegó a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país. Los magistrados Mariano H. Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos convocaron a todas las partes para escuchar sus argumentos y luego tomar una decisión sobre las condenas.

La primera audiencia, prevista para el pasado jueves, tuvo que postergarse. Debían exponer sus fundamentos los abogados de Lázaro Báez, que cambió de patrocinio letrado y, en esa transición, se sucedieron una serie de inconvenientes respecto de su representación ante los tribunales federales, tal como viene contando Infobae.

Es así que desde esta semana el resto de las partes comparecerán ante la Casación, con audiencias previstas hasta el 6 de noviembre. Ese día será el turno del dueño del grupo Austral.

Una vez finalizadas las audiencias, los jueces tienen 20 días hábiles para fallar. De esta manera Lázaro Báez conocerá antes de fin de año si es ratificada o no una tercera condena que, de confirmarse, lo dejaría cerca de los 20 años de prisión. Actualmente el empresario está detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

“El Entrevero”

El TOF N° 4, en una sentencia dictada el 22 de octubre de 2024, dio por probadas complejas operaciones de lavado de dinero que se desarrollaron entre 2010 y 2013, utilizando fondos provenientes de maniobras de corrupción que ya se habían juzgado en la causa “Vialidad” y de la evasión de impuestos.

Los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez determinaron que el empresario Lázaro Báez, junto a sus colaboradores y asesores, conformó una estructura societaria y financiera, tanto en Argentina como en el extranjero, para canalizar, transferir y ocultar esos capitales ilícitos, buscando otorgarles una apariencia de legalidad.

El hecho central fue la compra de “El Entrevero” en Uruguay, una estancia de 150 hectáreas y ubicada frente al mar. Leonardo Fariña, en un principio, inició las gestiones de la inversión y le presentó el negocio a Báez, quien lo autorizó.

La investigación judicial

Según la causa judicial, Fariña gestionó la compra con Maximiliano Goff Dávila, otro de los condenados, quien contactó a intermediarios inmobiliarios para la reserva del campo a fines de 2010. Para asegurar la operación, se depositó una seña de 1.400.000 dólares en una cuenta del escribano Adolfo Pittaluga Shaw.

Estos fondos se transfirieron desde cuentas vinculadas a la firma Administradora de Fondos de Inversión Sur (AFISUR) por orden de Daniel Pérez Montero y Santiago Walter Edgardo Carradori, según reconstruyó el Tribunal en los fundamentos de la condena.

La operación se formalizó primero a nombre de la sociedad uruguaya Traline S.A., una entidad con “acciones al portador”, que permitió el anonimato de sus dueños, designando a Alejandro Maximiliano Acosta como su presidente temporal. Goff Dávila,a su vez, recibió un mandato general de disposición y administración de la sociedad.

A comienzos de 2011, la relación entre Fariña y Báez se interrumpió. Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco asumieron el control de la operación y viajaron a Uruguay para informarse sobre la compra.

Posteriormente, Pérez Gadín y Chueco gestionaron el traspaso de la promesa de compraventa a la sociedad Jumey S.A., una entidad con acciones nominativas. Pérez Gadín, como presidente de esa empresa, declaró ante las autoridades que el beneficiario final del activo era la firma Helvetic Services Group.

Para completar la adquisición del campo, se realizaron transferencias coordinadas desde cuentas en Suiza y España, en particular desde una firma española vinculada a Helvetic Services. La escrituración final se concretó a nombre de Jumey S.A. en agosto de 2011.

Un segundo hecho analizado en la causa involucró a Báez, Pérez Gadín, Acosta y Oscar Osvaldo Guthux en la compra de un terreno baldío en El Faro de José Ignacio por 320.000 dólares, una operación donde se constató que el valor de la escritura fue superior al monto real que percibió la vendedora. Este terreno también pasó de Traline a Jumey.

Finalmente, el TOF N° 4 comprobó que Maximiliano Goff Dávila compró en marzo de 2011 un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por 800.000 dólares en efectivo, sin presentar justificación del origen de los fondos, utilizando un boleto de compraventa y un poder especial para escriturar a nombre de un tercero.

Goff Dávila escrituró la propiedad a su nombre en 2017, aprovechando el régimen de sinceramiento fiscal, y la vendió ese mismo día por 1.350.000 dólares.

La justicia concluyó que existió un plan coordinado en el que Lázaro Báez proveyó el capital ilícito y los demás imputados ejecutaron los pasos necesarios para introducir ese dinero en el circuito formal, consumando el delito de lavado de activos.

En enero de este año el Poder Judicial uruguayo subastó la estancia “El Entrevero”. Se vendió en 10.800.000 dólares a una sociedad que pertenece al empresario Eduardo Costantini y al jugador de polo Adolfo Cambiaso.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves el sobreseimiento del empresario Lázaro Báez en una causa por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social pertenecientes a empleados de distintas firmas que integraban el Grupo Austral, un conglomerado encabezado por el propio imputado. La decisión se adoptó tras rechazar un recurso extraordinario del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar.

El fallo -dictado en el expediente CPE 536/2016/89/1/1/RH11 “Báez, Lázaro”- fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), que faculta al máximo tribunal a desestimar recursos “por falta de cuestión federal suficiente”, sin necesidad de fundamentar los motivos.

La resolución de la Corte dejó firme lo dispuesto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en un expediente en el que se analizó si el empresario amigo del matrimonio Kirchner había omitido depositar dentro del plazo legal los correspondientes aportes retenidos a trabajadores de las firmas Valle Mitre S.A., Austral Agro S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L., Sucesión Adelmo Biancalani y Kank & Costilla S.A..

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que esas compañías no ingresaron en término las contribuciones previsionales descontadas de los salarios, configurando el delito previsto en la Ley Penal Tributaria 24.769. Sin embargo, con el artículo 280 del CPCCN, el máximo tribunal no trató la impugnación presentada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, y terminó por ratificar el sobreseimiento dictado por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Lázaro Antonio Báez, considerado durante años uno de los principales contratistas del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, acumula actualmente una condena unificada de 15 años de prisión por los casos “Vialidad” y “Ruta del Dinero K”. Desde el último domingo permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, por orden del juez federal Claudio Vázquez, quien denegó su prisión domiciliaria y dispuso su traslado desde el penal de Río Gallegos hasta el de la localidad bonaerense.

A sus 69 años, el empresario nacido en Corrientes padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales, según consta en los legajos médicos que administra el Servicio Penitenciario. Además, enfrenta otra resolución -no firme- de tres años y seis meses de cárcel, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, por apropiación indebida de aportes laborales de empleados de Austral Construcciones y otras firmas del grupo, en una causa similar a la que ahora llegó hasta la Corte.

Por otra parte, Báez resultó condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de lavado de activos a través de la compra del campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, uno de los destinos más exclusivos de Uruguay. Ese terreno fue subastado por orden judicial: partió de una base de 3,5 millones de dólares y se vendió finalmente en 10,8 millones a una sociedad vinculada a Eduardo Costantini y Adolfo Cambiaso.

También figura entre los imputados en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas”, cuyo juicio comenzará el 6 de noviembre próximo ante el Tribunal Oral Federal N° 7. En el banquillo estarán más de un centenar de acusados, entre exfuncionarios y contratistas del Estado, investigados por presuntos pagos de sobornos entre 2005 y 2015.

La lista incluye a la expresidenta Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Julio De Vido, a sus excolaboradores Roberto Baratta y José López, y a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, junto con distintos referentes del sector de la obra pública.

El fiscal general Mario Villar, a cargo de la Fiscalía N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal, dictaminó que corresponde rechazar las impugnaciones de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner sobre el decomiso de los $684.990.350.139,86 que deben devolver entre los nueve condenados por corrupción en la causa “Vialidad”.

Las defensas de la ex presidenta de la Nación y del dueño del Grupo Austral cuestionaron, con distintos argumentos, la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 sobre la ejecución del decomiso. La Sala IV del máximo tribunal penal, que integran los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, se pronunciaría sobre el caso la próxima semana.

El TOF N° 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dictó el 6 de diciembre de 2022 -junto con la sentencia- el recupero de los 84.835 millones de pesos que se sustrajeron de fondos de la obra pública y en perjuicio del Estado.

Cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena, en junio de este año, esa cifra se actualizó con el índice IPC y resultó en los casi 685 mil millones de pesos que los condenados tuvieron la oportunidad de devolver voluntariamente hasta el 13 de agosto pasado.

La Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó las apelaciones con las que las defensas intentaron rebatir tanto el monto total del decomiso como la fórmula con la que se calculó su valor actual.

Ahora, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en representación de la exmandataria, reclaman que el TOF N° 2 decline su jurisdicción en favor de un Juzgado Civil y Comercial Federal. En ese fuero, el mes pasado, la Cámara confirmó la caducidad de la demanda civil que había iniciado la Dirección Nacional de Vialidad contra los condenados por corrupción con la obra pública, por lo que el expediente está cerrado.

Por su parte, la defensa del Lázaro Báez pidió que el trámite del decomiso pase al Tribunal Oral Federal N° 4. El argumento que elevaron sus abogados a la Casación es que su condena en Vialidad fue unificada con la sentencia previa que le habían dictado en la “Ruta del dinero K”, por lo que la ejecución de la pena le corresponde, a su entender, a este último Tribunal.

El dictamen fiscal

En un dictamen de 13 páginas firmado este miércoles, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal Villar concluyó que los recursos de Casación presentados por las defensas debían ser rechazados.

La Fiscalía dejó en claro que el decomiso en este caso de corrupción es “una consecuencia jurídica independiente” a la pena, que incluso “puede ser ordenado sin condena previa” -según lo prevé el Código Penal- y que tampoco debe confundirse con la restitución de los daños que puedan reclamar terceros damnificados, como lo hizo Vialidad en la acción civil que caducó por inacción del organismo.

Además, el fiscal Villar hizo hincapié en que la finalidad de la recuperación debe ser “eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente, que pueden inducir al autor a cometer nuevos delitos”.

En relación con el argumento de Báez, la Fiscalía contestó que, dado que el decomiso no constituye una pena, no puede estar incluido en el régimen de unificación.

Además, separar su situación del resto de los condenados podría implicar que la cuestión se resuelva de forma incoherente por dos tribunales diferentes, dictaminó Villar.

Finalmente, la postura de la Fiscalía resaltó los compromisos asumidos por el Estado argentino en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, entre los que aparece la recuperación de los activos originados en actividades ilícitas.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción establecen la obligación de los Estados de decomisar bienes o derivados de la comisión de delitos vinculados con la corrupción.

Y, particularmente, ambas tienen un mandato de optimización que llama a descartar cualquier solución procesal que pretenda demorar, entorpecer o menoscabar la ejecución del desapoderamiento de los bienes.

En el mismo sentido que Villar, los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola ya habían reclamado la semana pasada -con un dictamen propio- mayor celeridad para que se lleve adelante el decomiso.

“La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años, además de mostrar su falta de arrepentimiento, constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley (art. 16, CN). Esto obliga al tribunal a activar los mecanismos necesarios para ejecutar los bienes embargados, hasta cubrir la suma de la defraudación”, postularon.

La condena contra la corrupción y el reclamo por la ejecución de los bienes decomisados en la causa Vialidad se convirtió en el eje central de la disertación que el fiscal Diego Luciani ofreció este miércoles, en una charla exclusiva para los socios del Rotary Club. En su primera aparición pública tras la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal exigió al tribunal oral que intervino en el expediente que avance con el remate de los activos embargados, subrayando la necesidad de que la Justicia envíe un mensaje contundente a la sociedad y al sistema político.

Durante el encuentro, al que asistieron figuras como el procurador interino Eduardo Casal, el fiscal Diego Iglesias, Martín Cazares —secretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal— y el presidente del Rotary Club, Esteban Carcavalo, Luciani sostuvo: “La corrupción es un atentado contra la democracia”, y remarcó que este flagelo priva de recursos esenciales a los sectores más vulnerables, afectando áreas como la salud, la educación y la infraestructura.

“Tolerancia cero”

En su exposición, el fiscal describió el saqueo sistemático de bienes del Estado como un delito “absolutamente execrable” y defendió la necesidad de mantener una posición de tolerancia cero frente a la corrupción. Luciani enfatizó que la Justicia debe actuar con firmeza y celeridad, y que las sentencias ejemplares solo se consolidan cuando se logra la recuperación de los bienes sustraídos.

En este sentido, reclamó: “No hay sentencias ejemplares si no se recupera lo que se robaron. Esto es importante que también la sociedad lo vea”.

En la sesión de preguntas, la periodista Clara Mariño consultó sobre el estado actual de la ejecución de los bienes en la causa Vialidad. Luciani respondió: “Nosotros hemos hecho diferentes presentaciones. Entendemos que la condena está firme. El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares". Y agregó: “No pagaron. Lo que hay que hacer es decomisar”.

“Esa es la pelea que estamos dando con distintas presentaciones que hemos hecho y esperemos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme”.

Elogios al respaldo de Casal

A lo largo de su intervención, Luciani elogió en reiteradas ocasiones la gestión de Eduardo Casal al frente de la Procuración General, calificándolo como un ejemplo de integridad y rectitud. El fiscal destacó que, gracias al respaldo institucional del Procurador y su equipo, fue posible avanzar en la investigación y sostener la independencia del Ministerio Público Fiscal frente a las presiones políticas.

Luciani también repasó las dificultades enfrentadas durante la investigación y el juicio, señalando que tanto él como su equipo padecieron presiones y operaciones mediáticas, especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordó el episodio en el que el entonces presidente expresó en televisión: “Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide”, y aclaró que la hipótesis investigativa sostiene que a Nisman lo mataron.

Intento de colonizar la Justicia

En su análisis, Luciani denunció los intentos del gobierno anterior de “colonizar la Justicia” mediante reformas orientadas a designar jueces a dedo, modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y aumentar la representación política en el Tribunal de Enjuiciamiento. El fiscal advirtió sobre el riesgo que estas iniciativas representaban para la autonomía judicial y la independencia de los fiscales, y subrayó que el límite a estos avances lo impusieron tanto la Justicia como el Congreso.

Al referirse a la causa Vialidad, Luciani detalló la magnitud de la investigación: “Nuestro equipo de trabajo tuvo que analizar 100 cuerpos de la causa principal, 51 procesos licitatorios. El juicio nos demandó más de 3 años de debate, 130 audiencias, 600 horas de debate. Les puedo asegurar que juzgar al poder mientras está en el poder es un trabajo titánico”.

El fiscal detalló que la corrupción institucionalizada en la provincia de Santa Cruz permitió a Lázaro Báez —quien no poseía bienes registrables en 2003— adquirir en 12 años más de 420.000 hectáreas, equivalentes a 20 ciudades de Buenos Aires, además de más de 400 inmuebles y 900 bienes muebles, con 55 millones de dólares fugados al exterior.

Luciani remarcó que la sociedad argentina está harta de la corrupción y exige una Justicia independiente y eficiente. En su alegato final, el fiscal resumió el dilema central del proceso: “Esto es corrupción o justicia”.

El juez federal Julián Ercolini archivó por inexistencia de delito la denuncia de los abogados de Lázaro Báez contra Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, a cargo de la ejecución de su condena. El empresario, que está preso por corrupción, había reflotado su pedido para recibir prisión domiciliaria, y el fin de semana fue trasladado desde el penal de Río Gallegos hacia la cárcel de Ezeiza.

La desestimación de la denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público había sido solicitada por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien recibió la causa por sorteo.

La acción judicial comenzó el 13 de octubre, a partir de dos presentaciones que realizaron los abogados Yanina Nicoletti y Lucas Nicoletti. Denunciaron haber sufrido impedimentos injustificados para visitarlo en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15, ubicada en la provincia de Santa Cruz.

Según la reconstrucción de los hechos que hicieron los defensores, el 9 de octubre de 2025 Yanina Nicoletti comunicó al TOF N°4 que dos colaboradores de su estudio se acercarían a la cárcel de Río Gallegos para mantener una entrevista profesional con Báez.

El personal del Servicio Penitenciario Federal les habría comunicado al día siguiente que el Tribunal no autorizó la entrada al complejo, de acuerdo a la denuncia.

La abogada consideró que la medida “careció de todo sustento legal y contravino directamente las normas que aseguran el contacto de las personas detenidas con su defensa técnica”.

Por su lado, en una segunda denuncia, el defensor Lucas Nicoletti relató que el 12 de octubre intentó nuevamente -y sin éxito- reunirse con Lázaro Báez.

Este equipo de abogados reemplazó hace algunas semanas a la defensa que encabezó Juan Martín Villanueva, el abogado que llevó adelante el patrocinio en la mayoría de las causas en las que estuvo involucrado Báez y su empresa Austral Construcciones.

Qué determinó la justicia

El fiscal Stornelli analizó los hechos que se relataron y determinó que “no encuadran siquiera presuntivamente” en los delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público, según plasmó en el dictamen que elevó al Juzgado y al que tuvo acceso este medio.

El Fiscal explicó que la figura de abuso de autoridad se refiere al funcionario que dicte resoluciones u órdenes que contraríen las leyes o que no ejecute las normas que le corresponde cumplir. Este tipo de acción requiere un uso indebido de la autoridad, cuando el funcionario utiliza su posición para actuar de manera ilegal, violando la ley o la Constitución

La otra figura (incumplimiento de deberes) alude al funcionario que ilegalmente omite o retarda hacer un acto propio de su oficio.

Stornelli sostuvo que no se advirtió “una conducta penalmente relevante en este aspecto ni en ninguna otra figura penal”.

Además, la Fiscalía entendió que el asunto quedó “subsanado” a partir de que la defensa finalmente pudo acceder al penal y entrevistarse con Báez.

Desde el Juzgado de Río Gallegos habrían intercedido y destrabado aquel incidente con el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la ejecución de la causa “Vialidad”, donde también fue condenado Báez.

“Fue el Dr. Jorge L. Gorini, presidente de este último tribunal, quien autorizó el ingreso de la defensa a la Unidad N° 15 del S.P.F., ante la injustificada negativa del Dr. Costabel”, habían plasmado los defensores en su denuncia.

El juez Ercolini, que subroga el Juzgado Federal N° 12, se pronunció en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal y desestimó el caso por inexistencia de delito.

Lázaro Báez, que enfrenta una condena unificada de 15 años de prisión por “Vialidad” y la “Ruta del dinero K”, está detenido desde el último domingo en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Así lo ordenó el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria pero dispuso que su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, dado su delicado estado de salud.

A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.

Además, Báez tiene otra condena -que todavía no está firme- impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.

Este domingo por la mañana, Lázaro Báez ingresó nuevamente a la cárcel de Ezeiza, luego de ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos. Así lo había ordenado el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó la posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria pero dispuso que su alojamiento en un lugar con mejores condiciones, dado su delicado estado de salud.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el empresario condenado por corrupción en la “Ruta del dinero K” y “Vialidad” empezó el proceso de traslado el sábado. Primero fue llevado por tierra hacia la ciudad de Trelew, en Chubut, donde se tomó un avión que lo llevó hasta Ezeiza. El operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal.

Hasta este mediodía, Báez permanecía en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel para hacerse estudios y todavía no le habían asignado un pabellón. En ese sector del complejo penitenciario hay muy pocos presos. Uno de ellos es Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma en la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa de Lázaro Báez había presentado esta semana un habeas corpus en el que exigían su salida de la prisión de Río Gallegos, donde hasta ayer compartía un solo baño con otros 20 reclusos.

En ese escrito, definieron su lugar de alojamiento como un “buzón” o “leonera”, lo que “se conoce en la jerga carcelaria como lugar de castigo, carente de habitabilidad mínima, sin baño ni ventilación adecuada, con filtraciones y deficiente alimentación”.

A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4 que tiene a cargo la ejecución de la condena de Báez, ordenó el jueves una “nueva evaluación cardiológica respecto del interno, debiéndose incluir la realización de un electrocardiograma, ecocardiograma y laboratorio completo”.

El magistrado también le pidió al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que determine si Báez “se encuentra en estado crítico, con riesgo cierto de muerte súbita”, como sostiene -luego de un estudio médico de parte- su defensa, integrada por los abogados Lucas y Yanina Nicoletti.

Ese informe será determinante para definir el reclamo que sostiene el empresario para dejar la prisión y acceder a un régimen domiciliario.

El juez Costabel giró luego el habeas corpus hacia su par de Río Gallegos, Claudio Vázquez, quien convocó a una audiencia entre todas las partes. Allí se analizaron los argumentos de los defensores.

Al considerar que los fundamentos sanitarios que expusieron los abogados eran adecuados, el Juzgado Federal de Río Gallegos habilitó el sábado su inmediato traspaso hacia el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.

Báez había pedido quedar internado en el Hospital SAMIC de El Calafate, pero el Servicio Penitenciario Federal se opuso a esa posibilidad porque, según esgrimieron en la audiencia, no tenían los medios necesarios para trasladarlo hasta esa ciudad, ubicada a unos 300 kilómetros de la Unidad Penitenciaria N° 15.

Además, luego de varias horas de discusión sobre la ejecución de la pena, el juez Vázquez concluyó que no se comprobó un “agravamiento ilegítimo de las formas y condiciones de detención”.

En medio del traslado de Santa Cruz a Buenos Aires, los defensores perdieron contacto con Báez y, como desconocían su paradero, salieron a denunciar “una situación de total incertidumbre tanto para su familia como para quien suscribe, que evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”, según plasmaron en una presentación que hicieron ante el TOF N° 4.

Por “Vialidad” y la “Ruta del dinero K”, Lázaro Báez purga una pena unificada de 15 años de prisión. Además tiene otra sentencia -que todavía no está firme- impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.

El empresario Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión en la causa “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, será trasladado nuevamente al penal de Ezeiza por orden judicial. La medida responde al rechazo del habeas corpus que solicitó su defensa.

Los representantes legales de Báez -quien se encuentra actualmente en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos- habían reclamado con urgencia que se garantizara su atención médica. Advirtieron un estado de salud “crítico” y pidieron que fuera atendido en el Hospital Samic de El Calafate, al considerar que el Hospital Regional de Río Gallegos no cuenta con el equipamiento necesario para sus estudios médicos. Además, insistieron con regresar al régimen de prisión domiciliaria.

En esa línea, presentaron dos escritos: uno ante el juez federal Claudio Vázquez y otro ante el juez de Ejecución, Néstor Costabel.

Así, este viernes se realizó una audiencia en el Juzgado Federal de Río Gallegos, con la presencia del juez Vázquez, del propio Báez, sus abogados Yanina y Lucas Nicoletti, y el médico Mario Kamelman, quien lo atiende. También asistieron el director de la Unidad N° 15 y personal del Servicio Penitenciario Federal, a cargo de su custodia.

Según informó el medio santacruceño La Opinión Austral, la audiencia comenzó a las 9:45 y se extendió por casi dos horas. Tras analizar el habeas corpus, el juez Vázquez lo rechazó y resolvió que Báez sea trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, para garantizar su atención médica. El empresario ya había estado detenido en ese penal entre el 5 de abril de 2016 y el 12 de diciembre de 2019.

De acuerdo con el mismo medio, Báez podrá realizarse los estudios médicos en una clínica privada —posiblemente Medisur—, cuyos costos serán asumidos por su defensa. Los abogados podrían apelar.

El último incidente se desató el pasado domingo, cuando el dueño de Austral Construcciones tenía previsto un turno médico. Desde la defensa alertaron que su estado de salud empeoró gravemente y que tiene “riesgo de vida” en las condiciones actuales.

Los letrados presentaron dos denuncias en los tribunales de Comodoro Py por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

En la denuncia formulada por el defensor Lucas Nicoletti, se advirtió que la última semana el juez Costabel habría impedido el ingreso del equipo de defensores a la Unidad N° 15 para mantener una entrevista profesional con Lázaro Báez.

En el mismo sentido radicó la segunda denuncia la defensora Yanina Nicoletti, quien advirtió una “conducta sistemática y persistente de entorpecimiento del ejercicio de la defensa técnica, afectando la independencia profesional de los abogados, la garantía de imparcialidad judicial, y los derechos al debido proceso y defensa en juicio”.

Los escritos se presentaron luego de que el pasado domingo el Servicio Penitenciario Federal le negara nuevamente el acceso a la defensa. Aquel día Lázaro Báez tenía una audiencia virtual y una consulta médica con un cardiólogo que finalmente se concretó el lunes.

Según la denuncia del abogado Lucas Nicoletti, se encuentra autorizado desde hace más de dos meses para intervenir como letrado colaborador ante el TOF N° 4 por la “Ruta del dinero K”.

Además, indicó que Báez “lo propuso recientemente” como su defensor particular en otra actuación que tramita ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de prisión por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.

El estado de salud de Lázaro Báez

La defensa de Báez lo acompañó este lunes al Hospital Regional de Río Gallegos, donde lo atendió un cardiólogo. A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales.

Por un episodio de presión alta, hace algunos días sufrió un derrame en un ojo que lo obligó a asistir al oftalmólogo. También se agravaron sus problemas digestivos y desde hace semanas “hace materia fecal con sangre”, según advirtieron sus defensores.

Los abogados de Báez volvieron a reclamar que le otorguen la prisión domiciliaria, ya que entienden que la cárcel de Río Gallegos no es apta para alojarlo. Dicen que comparte un único baño con otros 20 presos en el pabellón, y que muchas veces se resigna a orinar en botellas por el tiempo que debe esperar para usar el inodoro.

A fines de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria y ratificó la resolución del TOF N° 4, que dispuso el cumplimiento efectivo de la pena en la Unidad N° 15.

Lázaro Báez instruyó a sus abogados para que denuncien al juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N° 4, uno de los magistrados que lo condenó en la “Ruta del dinero K”. Según la denuncia, los nuevos defensores que contrató el empresario preso por múltiples delitos de corrupción tuvieron problemas para visitarlo en la cárcel de Río Gallegos, donde purga una pena de 15 años.

El último incidente se desató el domingo, cuando el dueño de Austral Construcciones tenía previsto un turno médico. Desde la defensa alertaron que su estado de salud empeoró gravemente y que tiene “riesgo de vida” en las condiciones actuales, razón por la cual insisten con que obtenga la prisión domiciliaria.

La letrada Yanina Nicoletti, defensora principal, y Lucas Nicoletti, como colaborador, presentaron dos denuncias en los tribunales de Comodoro Py por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Ambos reemplazaron en el último tiempo a Juan Martín Villanueva, el abogado que llevó adelante la defensa en la mayoría de las causas en las que estuvo involucrado Báez y su empresa Austral Construcciones. Precisamente, la disyuntiva radicaría en la transición del patrocinio de un estudio a otro.

En la denuncia formulada por el defensor Lucas Nicoletti, que tramita en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, se advirtió que la última semana el juez Costabel habría impedido el ingreso del equipo de defensores a la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para mantener una entrevista profesional con Lázaro Báez.

“El episodio mencionado contaba ya con un antecedente previo en julio de 2025″, dice la denuncia, “negando el ingreso de la Dra. Yanina Nicoletti a la misma Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal. Como consecuencia de ello, y tras permanecer más de cinco horas sin poder entrevistarse con su asistido, se hizo necesario recurrir ante el Juez competente de Río Gallegos, lugar donde se encuentra alojado el Sr. Lázaro Antonio Báez, a fin de interponer un habeas corpus”.

Siguiendo el relato denunciante, desde el Juzgado de Río Gallegos habrían intercedido y destrabado aquel incidente con el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la ejecución de la causa “Vialidad”, donde también fue condenado Báez.

“Fue el Dr. Jorge L. Gorini, presidente de este último tribunal, quien autorizó el ingreso de la defensa a la Unidad N° 15 del S.P.F., ante la injustificada negativa del Dr. Costabel”, sostuvo la defensa del empresario.

En el mismo sentido radicó la segunda denuncia la defensora Yanina Nicoletti, que recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, subrogado por el juez Julián Ercolini. Allí la letrada advirtió una “conducta sistemática y persistente de entorpecimiento del ejercicio de la defensa técnica, afectando la independencia profesional de los abogados, la garantía de imparcialidad judicial, y los derechos al debido proceso y defensa en juicio”.

Los escritos se presentaron luego de que el pasado domingo el Servicio Penitenciario Federal le negara nuevamente el acceso a la defensa. Aquel día Lázaro Báez tenía una audiencia virtual y una consulta médica con un cardiólogo que finalmente se concretó el lunes.

Según la denuncia del abogado Lucas Nicoletti, se encuentra autorizado desde hace más de dos meses para intervenir como letrado colaborador ante el TOF N° 4 por la “Ruta del dinero K”.

Además, indicó que Báez “lo propuso recientemente” como su defensor particular en otra actuación que tramita ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, que condenó al empresario a tres años y seis meses de prisión por la apropiación indebida de los aportes de los trabajadores Austral Construcciones y otras empresas.

El estado de salud de Lázaro Báez

La defensa de Báez lo acompañó este lunes al Hospital Regional de Río Gallegos, donde lo atendió un cardiólogo. A sus 69 años, el empresario padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales.

Por un episodio de presión alta, hace algunos días sufrió un derrame en un ojo que lo obligó a asistir al oftalmólogo. También se agravaron sus problemas digestivos y desde hace semanas “hace materia fecal con sangre”, según advirtieron sus defensores.

Los abogados de Báez volvieron a reclamar que le otorguen la prisión domiciliaria, ya que entienden que la cárcel de Río Gallegos no es apta para alojarlo. Dicen que comparte un único baño con otros 20 presos en el pabellón, y que muchas veces se resigna a orinar en botellas por el tiempo que debe esperar para usar el inodoro.

A fines de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria y ratificó la resolución del TOF N° 4, que dispuso el cumplimiento efectivo de la pena en la Unidad N° 15.

Para el próximo viernes Báez tiene prevista una revisión de la junta médica en el Cuerpo Médico Forense, que analizará nuevamente su caso y podría recomendar que se profundicen los estudios clínicos, tal como exigieron sus abogados, quienes afirmaron que en las últimas consultas no lo examinaron adecuadamente.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este martes rechazar por mayoría una queja presentada por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y convalidó la incorporación de un audio de Lázaro Báez como prueba en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. Se trata de una grabación en la que el empresario, condenado por lavado de dinero, reconoce que los fondos que administraba “eran de alguien de arriba” y admite que pudo haberlos “administrado mal”.

En esas actuaciones se acreditó la intervención de Báez y de un grupo de personas y sociedades vinculadas al Grupo Austral en una operatoria bancaria calificada por los tribunales como lavado de activos por unos 55 millones de dólares. Tanto el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de la Ciudad de Buenos Aires como después la Sala IV de Casación entendieron que esos movimientos financieros provenían de maniobras de fraude contra la administración pública y de evasión tributaria.

En consecuencia, el TOF 4 condenó a Báez a 12 años de prisión; a su hijo Martín Báez a 9 años; a Leonardo Fariña a 5 años, con reducción por su condición de arrepentido; a Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco a 8 años cada uno; a Julio Mendoza a 6 años; a Juan De Rasis a 6 años; a Fabián Rossi, César Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zanzot a 5 años; y a Federico Elaskar, Martín Eraso, Claudio Bustos y Carlos Molinari a 4 años y 6 meses de cárcel. Además, se dispuso el decomiso de casi 55 millones de dólares y la aplicación de multas a las distintas empresas involucradas.

Posteriormente, la Sala IV del máximo tribunal penal del país revisó ese fallo y redujo varias penas: Báez quedó condenado a 10 años de prisión; su hijo a 6 años y 6 meses; Fariña a 3 años y 6 meses; Pérez Gadín y Chueco a 6 años; Mendoza a 5 años; y Rossi, Fernández y De Rasis a 4 años y 6 meses. También dictó absoluciones parciales, como la de Báez por la compra de un campo en Mendoza y la de Molinari por uno de los hechos. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas al rechazar los recursos extraordinarios de los imputados.

En ese marco, la investigación actual apunta a esclarecer si la ex presidenta tuvo algún grado de participación en esas operaciones de alta complejidad financiera internacional. La pesquisa tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, mientras que el encargado de la acusación es el fiscal Guillermo Marijuan, quien inicialmente impulsó la instrucción e imputó a la ex jefa de Estado, pero luego dictaminó que correspondía su sobreseimiento.

Ante ese dictamen, la asociación civil Bases Republicanas se presentó como querellante en el expediente y pidió mantenerlo abierto, reclamando nuevas medidas probatorias, entre las que se encuentra la incorporación a las actuaciones del audio atribuido a Báez en una conversación, en la que éste admite que los fondos que administraba “eran de alguien de arriba” y que pudo haberlos “administrado mal”. Para la querella, esa afirmación resulta esencial porque respalda la hipótesis de que el empresario actuó como presunto testaferro del matrimonio Kirchner, del cual era cercano.

En marzo de este año, el juez Casanello rechazó la producción de esa prueba argumentando que “no se ha fundamentado acerca de la conducencia y/o pertinencia de la medida peticionada”, conforme al artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, en agosto, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña revocó esa decisión y ordenó producir la prueba. Contra ese fallo, la defensa de Fernández de Kirchner interpuso un recurso de casación.

Con ese planteo, la causa quedó radicada nuevamente en la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes consideraron que la queja de la ex vicepresidenta era improcedente.

“La vía intentada por la parte recurrente resulta improcedente en tanto que la decisión atacada no encuadra dentro de las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, en la medida en que no se trata de una sentencia definitiva o equivalente”, afirmaron en un voto compartido los camaristas Hornos y Carbajo.

Además, sostuvieron que tampoco “se advierte, ni el recurrente alcanzó a demostrar, que la resolución cuestionada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior”. También remarcaron que no se acreditó la existencia de una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación como tribunal intermedio, conforme al precedente “Di Nunzio” de la Corte Suprema.

En disidencia, Borinsky consideró que la presentación había sido deducida en tiempo y forma y que el agravio planteado tenía “naturaleza federal” y estaba “razonablemente fundado”. En consecuencia, propuso conceder el recurso de casación y habilitar la instancia para su análisis, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Bajo esos términos, la mayoría de la Sala IV resolvió “no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas en la instancia” y tener presente la reserva del caso federal. Así, quedó confirmada la decisión de admitir como prueba en la instrucción penal la desgrabación del audio atribuido al empresario de 68 años nacido en General Paz, provincia de Corrientes.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez. La decisión, adoptada por la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, ratificó la resolución previa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOF 4), que había dispuesto el traslado de Báez a la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, para el cumplimiento efectivo de su condena.

El TOF 4 había resuelto el 11 de junio pasado trasladar a Lázaro Báez desde el arresto domiciliario que cumplía como medida cautelar en otra causa, hacia una unidad carcelaria, tras la confirmación de la condena en la causa conocida como “la ruta del dinero”. Esta decisión se produjo después de que la Corte Suprema de la Nación rechazara, el 29 de mayo de este año, los planteos de la defensa, lo que dejó firme la condena impuesta por el delito de lavado de activos agravado.

Los argumentos de la negativa

La resolución apelada por la defensa de Báez había sido emitida por el TOF 4 después de que Casación devolviera el expediente para que se analizaran en profundidad las constancias de la causa, especialmente las vinculadas a la situación de salud del condenado y la posible incidencia de la unificación de condenas en una pena única de quince años de prisión. Esta pena comprende la condena de diez años por lavado de activos agravado y la de seis años en la causa denominada Vialidad, por defraudación contra la administración pública.

En el análisis de la solicitud de prisión domiciliaria, el juez Carbajo consideró improcedente abordar la situación de salud de Lázaro Báez en esta instancia, señalando que la defensa debía presentar un nuevo pedido ante el TOF 4 y, solo en caso de rechazo, recurrir a la Cámara de Casación.

Por su parte, el juez Hornos sostuvo que no se encontraban acreditados los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, los cuales, según su criterio, deben interpretarse de manera restrictiva.

En disidencia, Borinsky propuso conceder la prisión domiciliaria a Báez. Fundamentó su postura en que el tribunal de ejecución omitió, en dos oportunidades, realizar un análisis efectivo sobre la situación actual de salud del condenado. El juez calificó de arbitraria la decisión de enviarlo a una unidad penitenciaria únicamente por la firmeza de una de las condenas, sin considerar que se le había otorgado arresto domiciliario por razones de salud en otra causa ante el mismo tribunal.

Además, subrayó que Báez había cumplido durante cinco años las obligaciones inherentes a la prisión domiciliaria, y que la modificación de su régimen de detención se realizó sin una revocación previa por incumplimientos, a pesar de que la unificación de condenas aún no está firme.

Báez está próximo a cumplir setenta (70) años, y padece diabetes, hipertensión arterial, arritmias, cardiopatías, insuficiencia respiratoria y asma, entre otras afecciones.

De este modo, y con el voto de dos de sus jueces, la mayoría de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la negativa a conceder la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, quien deberá continuar cumpliendo su condena en una unidad penitenciaria.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, junto con los demás condenados en la causa “Vialidad”, el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso y como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron tanto el monto a decomisar como la metodología de actualización empleada, dos puntos que los defensores de la exmandataria habían impugnado.

El decomiso total fijado originalmente por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 -integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- fue de 84.835.227.378,04 pesos. Esa sanción, junto con las distintas condenas a prisión, resultó confirmada el 13 de noviembre de 2024 por la Cámara de Casación Penal y luego ratificada, en junio pasado, por la Corte Suprema.

Al actualizar los valores del monto a decomisar en favor de la Administración Pública, los peritos oficiales del Máximo Tribunal aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y elevaron la cifra del TOF a casi 685.000 millones.

El 15 de julio, el TOF 2 dictó una providencia donde dispuso “proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y en tal sentido intímase a las personas condenadas al pago de la suma de (...) -$684.990.350.139,86-, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez hábiles a partir de la notificación del presente. Ello, de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

Contra ese pasaje de la resolución, los abogados de Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel, presentaron un recurso de casación por considerar que se habían vulnerado derechos de defensa y que existió un trato desigual respecto de otros casos. A su vez, criticaron la elección del IPC como índice de actualización y calificaron la resolución como “arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia”.

Según plantearon los letrados, el tribunal convirtió lo que había sido una "estimación provisoria" en un cálculo definitivo que no pudo ser “controvertido por las partes”, lo que, a su criterio, constituyó “una severa lesión al derecho de defensa en juicio”. También citaron doctrina de la Corte Suprema para sostener que debían ser descalificadas aquellas sentencias que omitían pronunciarse sobre cuestiones propuestas o que lo hacían con afirmaciones genéricas sin fundamentación.

Al recurso de casación interpuesto por los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, se adhirieron después las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda.

Así, radicadas las actuaciones en la máxima instancia penal federal, el fiscal general Mario Villar, en dictamen previo, pidió ratificar el decomiso. En su escrito reseñó que la sanción se trataba de una pena accesoria vinculada al delito de fraude a la administración originado, en rigor, en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante doce años de gobiernos kirchneristas.

Según expresó Villar, “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”, y recordó que el decomiso, su monto y la metodología fueron debatidos en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, por lo que la cuestión está “firme y pasada en autoridad de cosa juzgada”.

Sobre la crítica al uso del IPC, el fiscal de Casación remarcó que el tribunal “fundamentó adecuadamente su decisión en los informes periciales” y que ese índice fue una de las metodologías sugeridas por la propia perito del Ministerio Público Fiscal. “El razonamiento del tribunal no demuestra defectos lógicos y presenta una sólida argumentación, que respalda sus conclusiones”, indicó. Incluso puntualizó que ninguno de los peritos de parte impugnó de manera concreta la metodología elegida.

En contraste, el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, había señalado que el cálculo debía ubicarse en torno a los 42.494 millones de pesos, apenas un 6% del monto fijado por los contadores de la Corte.

Al momento de expresar su voto y liderar el acuerdo de la Sala, el camarista Gustavo Hornos desestimó el agravio de la ex presidenta respecto a la supuesta estimación “provisoria” de la suma a decomisar a los condenados, ya que “la cuestión fue tratada fundadamente tanto en la sentencia condenatoria como al ser revisada en esta instancia, donde se explicó con precisión que el monto fijado en concepto de decomiso constituía una determinación concreta y definitiva de los efectos del delito”.

“La referencia a su ulterior actualización -continuó el juez- se vinculó únicamente a la necesidad de resguardar el valor real del monto dinerario frente al transcurso del tiempo y las variables económicas, y no a la apertura de un nuevo debate sobre la procedencia ni el alcance de la medida”.

Hornos consideró que en el marco del expediente se había detallado el procedimiento utilizado para calcular el monto en disputa, y remarcó que “se habían tomado como base la totalidad de la colusión en los procesos licitatorios y los sobreprecios verificados -como hipótesis de mínima en tres expedientes-”. En consecuencia, ponderó, al total se había llegado gracias a los “informes periciales, documentación administrativa y otros elementos de prueba incorporados al debate”.

Explicó además que el decomiso configuraba una pena accesoria a la principal que “constituye un efecto de la sentencia condenatoria” y que “se encuentra dirigido a reparar el equilibrio quebrado y a restituir a la comunidad lo indebidamente detraído”.

Para el juez de Casación, la cuestión vinculada al monto a decomisar y a su actualización por inflación “también ya fue objeto de un análisis exhaustivo por este tribunal”, y, de ese modo, “no puede sostenerse que los pronunciamientos recurridos hayan introducido una novedad o alterado la decisión ya firme sobre el ‘quantum’ del decomiso’”.

“Cabe destacar que la resolución recurrida se dictó en el marco de la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria, una vez adquirida su firmeza por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025. En tal carácter, la intervención del tribunal oral se encuentra prevista en los arts. 490 y 491 del CPPN, que expresamente regulan la ejecución de las sentencias firmes -en este caso el aspecto patrimonial de la sentencia- y facultan al órgano a cargo de la ejecución a adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la condena. Desconocer ello equivaldría a ignorar que, una vez firme la condena, el debate sobre la procedencia y extensión del decomiso queda clausurado, y solo resta su ejecución conforme a la normativa procesal aplicable”, aclaró el líder del acuerdo.

Además, precisó: “La defensa sostiene que la actualización del decomiso constituiría una nueva determinación del monto de la sanción y, por ende, integraría la sentencia definitiva. Sin embargo, tal premisa es errónea en tanto el ‘quantum’ ya fue fijado en la sentencia firme, y lo que se ordenó en esta oportunidad fue únicamente su adecuación al contexto económico mediante índices técnicos. Se trata, entonces, de la ejecución de un pronunciamiento firme”.

En otro orden de temas, el magistrado afirmó que tampoco podría avanzar el cuestionamiento introducido por los abogados de la ex presidenta contra la resolución que dispuso la actualización del monto del decomiso, a los que consideró arbitraria. En ese marco, dijo: “Al contrario de lo que se alega, el auto impugnado contiene una motivación suficiente y clara respecto de la metodología adoptada, de modo que no se verifica el vicio de nulidad que se postula”.

“En efecto -añadió el juez antes de resaltar la ”solidez técnica" del dictamen de la perito interviniente-, el tribunal explicó que siguió la metodología de reexpresión monetaria sugerida por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello no fue realizado de manera automática, sino porque concurrían múltiples razones que avalaban esa elección".

A su término, el juez Mariano Borinsky adhirió a la postura de Hornos y rechazó los agravios de las defensas. Bajo esos términos, señaló: “En cuanto a la actualización monetaria del decomiso llevada a cabo por el tribunal de ejecución, se aprecia que los cuestionamientos invocados por los recurrentes no logran rebatir el razonamiento seguido para sustentar dicho temperamento”.

Luego destacó: “El parámetro económico seguido por el a quo, en las particulares circunstancias del caso, no luce arbitrario, en tanto constituye la vía idónea para mantener el valor del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria. De la lectura del decisorio impugnado se advierte que allí se les otorgó debida intervención a las partes, previamente a resolver la actualización del monto debido y, en ese escenario, pudieron presentar peritos de parte para sustentar su visión, de modo que no se aprecia un apartamiento palmario del derecho aplicable conforme las constancias de la causa.

Y señaló: “Conforme lo explicitó en su decisión, el a quo escogió el mecanismo de actualización propuesto por la perito contadora oficial perteneciente al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual también fue considerado como un método plausible por las profesionales que participaron de la junta pericial en representación del Ministerio Público Fiscal. El tribunal a quo empleó la misma técnica de actualización que había utilizado al momento de determinar provisoriamente el monto del decomiso en la sentencia condenatoria, es decir, índices de precios al consumidor (IPC)“.

De acuerdo al camarista Borinsky, “la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no brindó en su recurso de casación razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en la instancia previa, ni aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el tribunal a cargo de la ejecución de la pena, resulte una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva. De la lectura de la resolución recurrida tampoco se advierte un déficit de fundamentación que conlleve su descalificación como acto jurisdiccional válido".

Por último, el juez Diego Barroetaveña advirtió: “Los antecedentes de la causa (...) ponen en evidencia el amplio marco de discusión y el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las partes para abordar y atacar todos los aspectos vinculados al decomiso ordenado, inclusive en esta etapa ya que, en forma previa al decreto del 15 de julio pasado tuvieron intervención los peritos de parte que dictaminaron sobre el asunto, lo que nos exime de mayores fundamentos para indicar que no se vio vulnerado derecho constitucional alguno, y si la parte recurrente omitió ejercer alguna defensa debido a un error en su estrategia o por otras razones, corresponde se haga cargo de asumir las consecuencias de su actividad pero no es posible convalidar una tergiversación de los términos de la sentencia que, reiteramos, ya se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada y resulta inmutable".

Y concluyó: “Va de suyo que la provisoriedad de la actualización a la que alude la parte recurrente era una obviedad, como lo marcamos en oportunidad de fallar con anterioridad, dado que el importe nominal en pesos del decomiso revaluado al momento de dictar la sentencia debía volver a ponerse al día, a fin de mantener actualizado su valor una vez que adquiriera firmeza la sentencia. Esa circunstancia incluso fue señalada por el tribunal de la anterior instancia y por nuestra parte, por lo que resulta cuanto menos sorprendente el tardío reclamo de los recurrentes, quienes intentan otorgarle a la actualización un alcance del que carece”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes un planteo formulado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretendía frenar las subastas de bienes de Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario Lázaro Báez, en el marco de su proceso de quiebra. Con esta resolución, el máximo tribunal dio luz verde para avanzar con la ejecución.

El TOF N° 5, que tiene a cargo causas de peso como “La Rosadita” o la “Ruta del Dinero K”, había solicitado al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 de CABA que lleva adelante el proceso de quiebra de Austral Construcciones, que se abstuviera de subastar determinados bienes de la empresa.

Este pedido se fundamentó en la existencia de medidas cautelares sobre dichos activos, dispuestas en la causa penal con miras a un posible decomiso.

Para comprender la magnitud del conflicto, resulta necesario recordar el contexto de la causa conocida como “La Rosadita”. Esta investigación indagó sobre la presunta intervención de Lázaro Báez y un conjunto de personas y empresas, englobadas bajo la denominación “Grupo Austral”, en una compleja operatoria de lavado de dinero.

Según los elementos de la investigación, el dinero en cuestión provendría, presuntamente, de actos de fraude contra la administración pública perpetrados en la causa “Vialidad” o, alternativamente, de maniobras de evasión tributaria. En este marco, el TOF N° 5 tiene a su cargo la ejecución penal de las conductas vinculadas al “Grupo Austral” y sus integrantes. Por otro lado, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, subrogado por el juez Jorge Sícoli, tramita de forma paralela la quiebra de Austral Construcciones.

La disputa surgió específicamente cuando el tribunal penal requirió al juez comercial que detuviera las subastas de bienes de la empresa de Báez. La razón expuesta fue la posibilidad de que estos activos fueran objeto de un eventual decomiso en la causa penal que llevaba adelante el TOF 5.

Sin embargo, el juzgado comercial consideró que la solicitud resultaba improcedente. Esta postura generó el conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución.

El máximo tribunal debía determinar si la causa penal, con su objetivo de recuperar activos ilícitos, merecía prevalecer sobre un proceso de quiebra comercial que busca satisfacer a los acreedores de una empresa en bancarrota.

La Corte Suprema intervino para resolver este entramado de competencias que enfrentó a dos fueros judiciales. Para emitir su fallo, el máximo tribunal se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, cuyos fundamentos y conclusiones compartió íntegramente.

En su resolución, firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, la Corte entendió que no existe ninguna norma que establezca una prioridad de la causa penal, en lo que respecta a la recuperación de bienes por lavado de activos, sobre un proceso de índole comercial donde la finalidad es la satisfacción de las deudas que la empresa mantiene con otros particulares. Con base en este razonamiento, la CSJN dio la razón al juez comercial y consideró improcedente el pedido que había realizado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.

La decisión de la Corte Suprema ratificó la postura de que los procesos penales y comerciales operan bajo marcos legales separados en lo que respecta a la disposición de bienes en situaciones de quiebra.

Tras la resolución, la Corte Suprema dispuso la devolución de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. Esta medida permitió que el proceso de quiebra de Austral Construcciones S.A. continúe su curso bajo la órbita del juzgado comercial, incluyendo las subastas de bienes, sin la interrupción que buscaba la instancia penal.

Tras el fallo de este martes, está previsto que la subasta continúe el próximo 25 de septiembre, cuando se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.

La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.

El detalle de cada lote podrá observarse próximamente en la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encargará del trámite a través de la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545. Estarán en exhibición para los interesados el 19 y 20 de este mes, de 10 a 14.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría los recursos presentados por las defensas de Martín Báez y César Fernández contra el cómputo de sus penas de prisión en la causa conocida como la "Ruta del dinero K“. Con esta decisión, la máxima instancia penal del país convalidó el criterio del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que había desestimado los planteos para descontar del cumplimiento de sus condenas los períodos en los que ambos estuvieron en libertad bajo restricciones procesales.

En este expediente, el TOF 4 porteño condenó en 2021 al titular de Austral Construcciones a 12 años de cárcel, a su hijo Martín a 9 años y a otros 15 imputados, entre ellos Leonardo Fariña -que recibió 5 años como “arrepentido”-, por maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, además de ordenar el decomiso de 54,8 millones de dólares y multas a las distintas firmas involucradas en las operaciones delictivas. La Sala IV de la Casación Federal, en 2023, confirmó el fallo, pero absolvió a Lázaro Báez por la compra de un campo en Mendoza y a Carlos Molinari por otro hecho, y redujo varias condenas: Báez quedó en 10 años de cárcel, su hijo en 6 años y medio y César Gustavo Fernández, dueño de la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”-, en 4 años y seis meses.

En este incidente, la defensa de Martín Báez había solicitado que se le descontara de la condena efectiva el tiempo en que su asistido permaneció bajo libertad condicional -entre junio de 2023 y junio de este año-, donde “no gozó de libertad ambulatoria plena, sino que estuvo sujeto a medidas sustitutivas que le cercenaron y limitaron”, tales como “el uso obligatorio de un dispositivo de geolocalización -tobillera electrónica-; la prohibición de ausentarse de su domicilio sin autorización; restricciones perimetrales de movilidad y control judicial permanente (...)”.

Según los letrados, esas medidas debían equipararse al cumplimiento de pena en libertad condicional.

La defensa de César Fernández sostuvo un planteo similar. Alegó que debían computarse como parte de la pena los períodos en que estuvo obligado a fijar domicilio en la jurisdicción, informar traslados mayores a 100 kilómetros y presentarse periódicamente ante el tribunal. Al respecto, sus abogados consideraron que “al haber estado sometido al cumplimiento de obligaciones que restringieron su libertad física, su situación era similar a la de aquel que (…) habiendo sido condenado y sometido a las etapas que son inherentes al régimen de ejecución condicional"

En línea con el Ministerio Público Fiscal, el tribunal anterior había consignado que las restricciones impuestas sobre los imputados -como el monitoreo permanente y la obligación de informar cambios de domicilio- no podían considerarse cumplimiento de pena, sino medidas cautelares para asegurar su sujeción al proceso. También señaló que no equivalían a una privación de libertad y que computarlas como tiempo de condena desvirtuaría por completo la finalidad de la pena.

Apeladas sendas resoluciones, Casación coincidió. En el caso de Martín Báez, el camarista Javier Carbajo votó por rechazar su recurso tras evaluar que “los magistrados intervinientes sopesaron las particularidades del caso y concluyeron adecuadamente que era improcedente la observación al cómputo realizada por la defensa”, en tanto durante “el período no contabilizado como cumplimiento de pena el nombrado se encontraba excarcelado y las medidas cautelares impuestas sobre él no podían equiparse a una situación de encierro como sostiene, infundadamente, la parte impugnante”.

A su término, el juez Mariano Borinsky compartió el criterio de su colega y destacó que el recurso de casación debía quedar rechazado porque “no ha brindado argumentos suficientes para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido en la instancia anterior para rechazar la pretensión de la parte, extremo que define su improcedencia formal ante esta instancia”.

En suma, ambos fallos declararon por mayoría “inadmisibles” los recursos de casación presentados por las defensas y confirmaron que solo se puede descontar de las penas el tiempo efectivamente transcurrido en prisión preventiva.

El juez Gustavo Hornos, por su parte, votó en disidencia en los dos incidentes. Para el juez, aunque “desde una primera y rauda mirada jurisdiccional pudieran presentarse razonables los argumentos del tribunal ‘a quo’, se encuentra normativamente previsto un procedimiento ante esta Cámara Federal de Casación Penal en el que se da a las partes la psobilidad de exponer sus respectivos fundamentos en audiencia oral y pública que habilita el dictado de una resolución sobre los puntos discutidos”.

“Por ello -señaló-, corresponde continuar con el trámite que las normas procesales disponen -audiencia de informes- para que las partes tengan la posibilidad de intervenir y discutir sobre el fondo de la cuestión en condiciones de igualdad, oralidad, contradicción e inmediación (...)”.

Un peritaje contable oficial concluyó que el principal cliente de los hoteles de la familia de la expresidenta Cristina Kirchner era el empresario Lázaro Báez a través de su empresa Austral Construcciones. El trabajo se incorporó a la causa “Hotesur-Los Sauces” en la que están elevadas a juicio oral una treintena de acusados, entre ellos Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y Báez.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que se trata de un informe de 42 páginas que fue elaborado a pedido del fiscal federal Diego Velasco como medida previa al inicio del juicio oral, cuya fecha de inicio debe ser establecida por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.

“Para los años 2010 y 2011, el cliente con mayor monto de facturación es Austral Construcciones S.A., cuyo total neto asciende a $20.575.827,76 y representa el 45,26% sobre el monto total del periodo. En segundo lugar, el monto de ventas que asciende a $7.784.809,04 netos, está formado en su mayoría por Consumidores Finales (clientes sin discriminar razón social y CUIT) que representan un 17,12% sobre el total de ventas netas del periodo. Así, el cliente que ocupa el tercer lugar en monto de ventas para el periodo analizado es Aerolíneas Argentinas SA, con un total de $3.444.766,06 que representa un 7,58% sobre el total general“, sostuvo como conclusión el informe.

El peritaje refuerza la hipótesis de la acusación: que Báez alquilaba habitaciones de los hoteles a través de sus empresas como compensación por los negocios de la obra pública para Santa Cruz que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La expresidenta y Báez están condenados a seis años de prisión en la causa “Vialidad” por esas obras públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Las condenas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cristina Kirchner está presa en detención domiciliaria y Báez en la cárcel federal de Río Gallegos.

La sospecha, y eso se buscará establecer en el juicio, es que en rigor Austral Construcciones no ocupaba las habitaciones que quedaron en los registros, sino que estaban vacías y se hacía figurar que había gente.

El peritaje se había reanudado en junio pasado luego de que en diciembre de 2024 la Corte Suprema confirmó que el juicio debía hacerse. Todos los acusados habían sido sobreseídos por el Tribunal Oral pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión, lo que fue confirmado por el máximo tribunal. El sobreseimiento que sí quedó confirmado fue el de Florencia Kirchner que así quedó desvinculada definitivamente del expediente judicial.

Con la decisión de la Corte Suprema, el Tribunal Oral reactivó las medidas de prueba que habían quedado pendientes con los sobreseimientos.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de Hotesur y Los Sauces, dos empresas de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Junto con el peritaje, el Tribunal dispuso otras medidas de prueba sobre los departamentos cuyos alquileres se investigan. Entre ellos, el de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria por su condena de seis años de prisión en la causa “Vialidad”. También actualizó los montos de los embargos sobre los bienes de los acusados.

“Hotesur-Los Sauces” es una de las cuatro causas en las que Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral. La primera fue el expediente de Vialidad en el que tiene condena firme. El segundo juicio que tendrá la expresidenta es el caso de los “Cuadernos de la corrupción” que comenzará el próximo 6 de noviembre. Allí se juzgarán el pago de coimas de los empresarios más importantes del país a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner para quedarse con negocios de la obra pública.

Los otros dos casos son “Hotesur-Los Sauces” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán que todavía no tienen fecha de inicio del proceso oral.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, que subroga el juez Jorge Sícoli, le puso fecha a la subasta de los bienes de Austral Construcciones, la empresa quebrada de Lázaro Báez. El próximo 25 de septiembre se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.

La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, ya oficializó su interés por adquirirlas a través de una sociedad estatal.

Entre los activos que se utilizaban para las obras viales hay cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, excavadoras, repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, y estructuras metálicas.

El detalle de cada lote podrá observarse próximamente en la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encargará del trámite a través de la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545.

El remate estará a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera. Los bienes se exhibirán a los interesados durante el 19 y 20 de septiembre, de 10 a 14.

El catálogo lo completan dos tractores de carretera —un Ford Cargo 1730 de 2005 y un Iveco 450E32T de 2009que se encuentran en la estancia Río Bote -otra propiedad de Báez rematada-, cerca de El Calafate. Se sabe que la mayoría de estos vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.

Las ventas de todos los lotes serán al contado y en pesos, al mejor postor. Se cobra una comisión del 10% más IVA y un arancel del 0,25% para la Corte Suprema. Para participar de la puja se debe entregar una seña del 20% del valor ofertado, más gastos.

El resto de los bienes de Austral Construcciones se vienen rematando desde 2017 en el marco de la quiebra, que tramita en el Juzgado Comercial N° 28.

Ya se vendieron decenas de campos, departamentos y vehículos que tenía Lázaro Báez entre su patrimonio. “Las últimas ventas fueron un garaje en Chaco, una construcción en la provincia de Buenos Aires y unas oficinas en Chubut”, detalló una fuente calificada a Infobae en los últimos días.

Austral Construcciones fue la empresa que Báez creó a fines de 2002 y obtuvo la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ) dos meses antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, en mayo de 2003.

Fue la compañía que más obras públicas recibió en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. Por irregularidades en 51 de esas obras, Báez y Cristina Kirchner -entre otros- fueron condenados en diciembre del 2022 a seis años de prisión, en la causa Vialidad.

Este miércoles a las 9.30 vencerá el plazo para que la ex presidenta, junto a Báez y el resto de los condenados, depositen los 684 mil millones de pesos -en dólares, 537 millones- en concepto de decomiso por perjuicios al Estado.

A último momento, la defensa de CFK presentó un escrito con el que impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Esto tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que estuvo a cargo de la causa Vialidad.

Por otra parte, en el marco de la causa “Ruta del Dinero K”, la semana pasada el Tribunal Oral Federal N°4 también empezó a decomisar propiedades y activos de Lázaro Báez y su hijo Martín Báez.

Con esa decisión recuperaron 60 millones de dólares y 4.174.697 de pesos que estaban en el país. También se repatriaron 907.202 dólares que se encontraban invertidos en Suiza, en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier. Y en Bahamas, se requirió la repatriación o transferencia de 2.981.646,12 euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y 1.009.391,16 euros de la cuenta 590207 del mismo banco, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.

El Tribunal Oral Federal N°4 empezó a decomisar propiedades y activos de Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. Entre su patrimonio y el de sus empresas, la Justicia tiene registrados 440 bienes inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas en el extranjero.

Una tasación que se realizó en noviembre de 2017 determinó un valor total de 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares según el tipo de cambio de aquel momento.

La finalidad de los decomisos es recuperar el dinero que se blanqueó a partir de los delitos de corrupción con la obra pública que se dieron por probados durante el juicio, además de hacer efectivas las multas correspondientes en cada condena. El dueño de Austral Construcciones fue sentenciado a 15 años de cárcel.

El TOF N°4, con la firma del juez Néstor Costabel, ordenó el decomiso de U$D 54.872.866,69, solo por el lavado de dinero cometido entre 2010 y 2013.

Como penalización, además, la Justicia le impuso a Báez padre una multa equivalente al triple de ese monto. En el caso de Martín Baez, pagará siete veces la cantidad de dinero que lavó.

Por el resto de los hechos delictivos, el tribunal sumó la ejecución del decomiso de otros 5 millones de dólares y 4.174.697 de pesos, que deberán ser ajustados por inflación.

Bienes en el exterior

Adicionalmente, la ejecución de los decomisos abarca activos ubicados en el exterior. En Suiza, las autoridades solicitaron la remisión o transferencia de $907.202 dólares que se encontraban invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, en el Banco Lombard Odier.

En Bahamas, se requirió la repatriación o transferencia de €2.981.646,12 euros de la cuenta 590201 del Banco CBH y €1.009.391,16 euros de la cuenta 590207 del mismo banco, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.

La sentencia también ordenó el recupero de los fondos obtenidos mediante la subasta de dos aeronaves: un Rockwell Commander con matrícula LV–MBY y un Learjet con matrícula LV-BPL. Estos fondos totalizaron 4.300.000 pesos, que fueron depositados en cuentas del Banco de la Nación Argentina, y serán adjudicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según se desprende del fallo del TOF N° 4.

El patrimonio de Lázaro Báez

La investigación patrimonial se desarrolló bajo la dirección del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien se trasladó a Santa Cruz personalmente en 2016.

Un equipo del Ministerio Público Fiscal, con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación, recorrió durante meses cada lugar donde podía existir un bien registrado a nombre de Báez, sus familiares o sociedades conectadas.

Encontraron 19 empresas en las que Báez tenía participación directa o indirecta, a través de testaferros. Hubo más de 300 procedimientos en los que se incautaron o embargaron inmuebles y autos de colección maquinaria pesada y objetos de alto valor histórico y cultural.

El juez Néstor Costabel dispuso la inscripción de todos los bienes cautelados bajo la titularidad del máximo tribunal.

Entre estos bienes hay desde departamentos hasta hoteles en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo, Comodoro Rivadavia, estancias de miles de hectáreas, entre otros. Del total, 11 le pertenecen a Martín Báez.

Del mismo modo, se ordenó registrar la lista de inmuebles en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”.

Todavía resta definirse cómo se entrelazarán estos decomisos con los que pretenden hacerse en la causa Vialidad. El mes pasado, el TOF N° 4 unificó la pena de ese caso con la de la “Ruta del Dinero K”.

La Cámara Federal de Comodoro Py aceptó que se incorpore como prueba en la causa por la llamada “Ruta del dinero K” una conversación telefónica de 2019 en la que el empresario Lázaro Báez dijo que su dinero era de alguien de “arriba”.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que hoy la Sala II, por mayoría, aceptó la apelación que presentó en la causa “Bases Republicanas”, una asociación civil que actúa como querellante en la causa. “No encuentro obstáculo para que se incorpore al presente proceso la prueba requerida, toda vez que, en definitiva, la cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos, en el momento procesal oportuno”, sostuvo el voto de la mayoría.

Se trata del expediente en el que Báez fue condenado por el lavado de dinero de 55 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este año la condena y el empresario volvió a prisión luego de estar en detención domiciliaria.

Pero la causa tiene un tramo en el que se investiga si la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo responsabilidad en los hechos. Tanto el fiscal federal Guillermo Marijuán como el juez federal Sebastián Casanello dijeron que no y sobreseyeron a la ex mandataria pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se siga investigando.

Así, Bases Republicanas reclamó una serie de medidas de prueba, entre ellas la conversación telefónica de Báez cuando estaba preso en 2019 en la cárcel federal de Ezeiza. El juez Casanello rechazó el pedido, lo que ya había hecho hace seis años porque desde el juzgado federal de Lomas de Zamora le contestaron que no podían remitir esa información.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron el planteo de Bases Republicanas. “En mis intervenciones anteriores, sostuve la necesidad de analizar la prueba contenida en estas actuaciones ´como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal´”, sostuvo Llorens en su voto.

El camarista agregó que en el expediente había que buscar información en otras causas. “En función de lo señalado y sobre la base de lo postulado por las acusaciones particulares, no encuentro obstáculo para que se ordene la producción de la prueba requerida más allá de la valoración que, eventualmente, pudiera hacerse de ella”, concluyó Llorens.

En la misma línea, Bertuzzi sostuvo que “el plexo probatorio de esta causa debe ser integrado con aquel que surja de los expedientes vinculados, de modo de garantizar una perspectiva analítica amplia que permita cristalizar los fines de proceso, es decir, la averiguación de la verdad de los sucesos”.

“Con ese norte, ya establecido antes de ahora, no encuentro obstáculo para que se incorpore al presente proceso la prueba requerida, toda vez que, en definitiva, la cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos, en el momento procesal oportuno”, agregó en su voto.

En disidencia, Eduardo Farah votó por rechazar la incorporación de la escucha telefónica de Báez.

Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) apoyó el pedido de Bases Republicanas para incorporar la prueba pero también solicitó apartar al juez Casanello porque consideró que lleva “una instrucción sesgada que torna arbitraria la toma de decisiones como la que aquí se cuestiona en relación a una pertinencia probatoria”.

“No se entiende cómo una prueba como la solicitada por la Asociación Civil Bases sea, en palabras del a quo (Nda: el juez de primera instancia), impertinente e inútil para el objeto procesal de las presentes actuaciones, teniendo en cuenta que se trataría de una medida que, junto con el resto del plexo probatorio que se viene recolectando, contribuye a la vinculación de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner con las maniobras aquí investigadas”, consideró la UIF, lo que debe ser resuelto por la Cámara.

La confirmación de las condenas contra Lázaro Báez en la “ruta del dinero K” y en la causa Vialidad reeditó una vieja disputa sobre su fortuna del empresario entre el juez de la quiebra de Austral Construcciones y el tribunal de la causa Los Sauces-Hotesur. Ese tironeo por los bienes espera hace tiempo una definición de la Corte Suprema. Por el avance de las causas, ahora se sumaron nuevos actores. Un día antes de comenzar la feria, el Tribunal Federal 2, que ya inició el proceso de decomiso de los bienes del empresario y de Cristina Kirchner, le pidió a la justicia comercial un informe actualizado de la quiebra.

Los condenados por la causa Vialidad tiene plazo hasta el 13 de agosto para pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta. Pueden aportar bienes o dinero en cuentas bancarias. Pero se descuenta que el tribunal deberá avanzar con la ejecución de los bienes cuando se venza el plazo.

Por ese motivo, el TOF 2 se puso en contacto con el juez de la quiebra de Austral y le pidió “una amplia certificación”, con especial interés por la “liquidación de activos”. De manera inmediata, el juez Jorge Sícoli, que subroga el juzgado comercial 28, le pidió la información a los síndicos, a cargo del estudio Stupnik.

La respuesta se conocerá luego del receso de invierno. Según pudo saber Infobae, solo resta vender el obrador central de Río Gallegos y una parcela que está justo enfrente. La base para esos remates ronda los 2 millones de dólares. Además hay algunos lotes de máquinas y rodados.

El resto de los bienes de Austral Construcciones se vienen rematando desde 2017 en el marco de la quiebra. Ya se vendieron decenas de campos, departamentos y vehículos. “Las últimas ventas fueron un garage en Chaco, una construcción en la provincia de Buenos Aires y unas oficinas en Chubut", detalló una fuente que conoce el paso a paso.

Gran parte del dinero de las ventas volvió al Estado, a través de la ex AFIP y del Banco Nación, los principales acreedores. Pero en diciembre de 2023 comenzó una disputa entre el TOF 5 y el juez de la quiebra que obligó a congelar todo lo recaudado.

El tribunal que tiene a cargo el juicio por Los Sauces-Hotesur, a cargo del juez José Michilini, reclamó en ese momento que se frenen las subastas y que los vehículos y las máquinas de Austral Construcciones sean entregados a Vialidad Nacional o al Ministerio de Seguridad. El argumento era que gran parte de esos bienes estaban embargados en el marco de ese expediente y tenían que utilizarse para un eventual decomiso.

El juez comercial decidió seguir adelante con el proceso de la quiebra. Luego, la Cámara Comercial ratificó esa decisión pero ordenó que todo el dinero sea resguardado en varias cuentas judiciales. “La totalidad de los fondos provenientes de la liquidación de bienes producida con posterioridad al 15/12/23 -con la salvedad de los gastos antes indicados- deberán quedar cautelados e invertidos en la quiebra”, dispuso la Sala E en septiembre del año pasado. Y agregó: “A fin de compatibilizar los intereses en pugna, cabe admitir que se prosiga con la enajenación de los bienes de la fallida en el marco de esta quiebra y detraídos los gastos que insuma ese procedimiento de venta y los de mantenimiento de los bienes, se proceda a cautelar e invertir los fondos que se obtengan hasta tanto la CSJN se expida sobre la cuestión de competencia que fue sometida a su examen”.

La disputa de competencia, que se puede seguir paso a paso en el incidente 118 de la quiebra, siguió escalando hasta llegar a la Corte Suprema.

El procurador Eduardo Casal ya se pronunció a favor del juez de la quiebra. “No se aprecia norma alguna que establezca una prioridad de la pretensión penal vinculada a la recuperación de activos producto o instrumento del delito, en detrimento del derecho crediticio de terceros ajenos al proceso, reclamado de conformidad con las normas de derecho interno”, sostuvo.

El expediente quedó frenado desde marzo en la vocalía 3 de la Corte Suprema.

Por el avance de las causas, en los próximos meses habrá una disputa por los bienes de Báez entre los tribunales que lo condenaron. El TOF 2 ya puso en marcha el proceso de decomiso y el TOF 4 también dio algunos pasos por la “ruta del dinero K”. El cruce es irreversible. “La prioridad debería ser del TOF 4 porque esa condena se confirmó antes”, coincidieron dos fuentes judiciales.

Los bienes de Austral Construcciones son solo una parte la fortuna. Hace un mes, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron embargar además “los bienes y sumas de dinero que por cualquier concepto tenga en su haber la sociedad y sobre las sumas de dinero que eventualmente tengan para percibir Lázaro Báez, sus hijos, sus empresas o cualquier otra persona en concepto de dividendos, distribuciones de ganancias, todo tipo de retiro, anticipos de honorarios y cualquier otra suma de dinero" vinculadas a Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Gotti SA.

Ese panorama se complejiza por el avance de la causa Hotesur-Los Sauces. Todavía está pendiente una pericia contable y la tasación de todos los bienes, entre otras cosas. Recién el 18 de julio, el último día antes de la feria, el TOF 5 le informó a los abogados defensores que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Justicia Suprema designó a tres peritos: dos para los inmuebles y uno para los vehículos.

Entre los bienes para tasar aparece el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena, los 10 departamentos de Río Gallegos que construyó Austral Construcciones para Néstor Kirchner, y los dos departamentos sobre la calle Juncal que compraron los Kirchner en la década del 80′.

Algunos bienes ya se tasaron. En junio, el TOF 5 informó que uno de los departamentos de la familia Kirchner en edificio Madero Center, cuesta USD 2.442.000. Se trata del dúplex que conecta el octavo y noveno piso. Hace tiempo está vacío. Cuando se venda, el comprador se quedará también con 5 cocheras.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, devolver el expediente de Lázaro Báez al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 4 de la Capital Federal para que se realice un nuevo cómputo unificado de pena. Esta medida posterga la determinación sobre la modalidad de cumplimiento de la condena del empresario hasta que se recalculen todos los períodos de prisión preventiva sufridos en diversas causas.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Infobae, la decisión se adoptó con los votos de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, mientras que el juez Gustavo M. Hornos votó en disidencia.

El fallo establece que el tribunal de origen debe integrar adecuadamente los términos de prisión preventiva que Báez atravesó en causas conexas, como la denominada “Ruta del Dinero K”, donde fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, y en otras causas, como la de partícipe necesario en administración fraudulenta durante la llamada causa “Vialidad”, que investigó irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, así como investigaciones de lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias, según consignó la fuente.

Tanto Carbajo como Borinsky argumentaron que la ausencia de un cómputo unificado impide precisar con exactitud cuánta pena ha cumplido Báez hasta la fecha, razón por la cual pospusieron el análisis sobre la modalidad de cumplimiento hasta que el tribunal de primera instancia realice este ajuste. Si bien Borinsky propuso la anulación de la resolución recurrida debido a la deficiencia detectada, finalmente respaldó la postura de Carbajo de devolver el expediente, omitiendo pronunciarse expresamente sobre la validez de la decisión anterior.

En sentido opuesto, Hornos defendió la postura de que la modalidad de ejecución de la condena firme debía considerarse en esta instancia a pesar de la falta de un nuevo cómputo. El magistrado precisó que el cálculo de pena no representa un dato definitivo y, aun si se rectificara más adelante, ello no obstaculizaría la resolución del recurso. Además, señaló que demorar el tratamiento de la modalidad de ejecución significaría diferir sin plazo la definición de un aspecto vital, en detrimento de la seguridad jurídica y del deber del tribunal de responder a los agravios bajo revisión.

En su argumentación, Hornos también destacó que ni la fiscalía objetó la modalidad de cumplimiento ni apoyó de forma expresa los cuestionamientos de la defensa, sino que se limitó a remarcar cuestiones técnicas relativas al impacto de un futuro cómputo. Por esta razón, consideró que no existía impedimento procesal para que la Casación se pronunciara sobre el fondo del asunto.

Finalmente, Hornos remarcó que en delitos de corrupción estructural, la premisa general dicta el cumplimiento efectivo de la condena en un establecimiento penitenciario, asignando a esta ejecución una dimensión institucional y democrática. Además, propuso fortalecer el control judicial de las condiciones de detención siguiendo las recomendaciones del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y planteó la posibilidad de revisar la modalidad de ejecución ante eventuales cambios en la situación personal de Báez.

De este modo, la discusión acerca de cómo Báez deberá cumplir su sentencia permanece abierta y a la espera de que el tribunal de origen efectúe el nuevo cómputo que unifique todos los períodos de detención vinculados a las distintas causas judiciales.

La semana pasada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó una única pena de 15 años de prisión para Báez tras compaginar las condenas firmes que tenía en su contra en dos causas vinculadas a maniobras de corrupción. La decisión reúne la pena de 10 años de cárcel que había recibido por lavado de dinero en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y la de 6 años que se le impuso por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

Báez, preso desde 2016, está alojado actualmente en el penal deRío Gallegos. Las dos sentencias en su contra habían quedado firmes tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La justicia federal comenzó a investigar si Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, intentó desapoderar propiedades embargadas del empresario, condenado y detenido por la causa Vialidad, por la cual deberá pagar más de 500 millones de dólares.

Los manejos de la mujer habrían sido a través de alquileres irregulares de los bienes decomisados del empresario, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola ya ordenaron las primeras medidas de prueba, entre ellas conocer todas las propiedades desde 2016 a la actualidad que estén a nombre de Insaurralde. Si vendió bienes y qué registros ante escribano público hizo con el empresario.

Báez tiene dos condenas firmes. Una en la causa de lavado, por la llamada “Ruta del dinero K” y, la segunda, por el caso Vialidad, en el que fue condenado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros siete acusados.

Las dos quedaron firmes este año luego que fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los efectos de esa decisión es que se puede avanzar con el decomiso de los bienes.

Por la causa de lavado, Báez tiene que pagar 330 millones de dólares y por Vialidad 537 millones de dólares de manera solidaria con el resto de los condenados. Por lo tanto, el reaseguro de los bienes es fundamental para poder cumplir con el decomiso y que el Estado pudiese recuperar lo robado.

Las sospechas de la Justicia

Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron durante la mañana del 24 de junio pasado cuando Insaurralde fue a visitar a Báez a la cárcel federal de Río Gallegos. Los agentes penitenciarios detectaron que la mujer fue con una carpeta con documentos vinculados a propiedades de Báez. Le impidieron el ingreso con esos papeles e informaron de la situación a la Justicia.

Frente a eso, el abogado de Báez, Martín Villanueva, informó que la mujer no había llevado documentos sobre propiedades, sino un poder para designar nuevos abogados ante una audiencia de testigos que se iba a realizar y que Báez tenía que firmar.

Los fiscales calificaron esos argumentos de “manifiestamente inverosímiles” y señalaron que se podría estar ante una maniobra por la cual Báez buscaría desapoderarse de bienes ante la situación judicial que atraviesa con un decomiso confirmado y que se comenzó a ejecutar.

Así, Luciani y Mola le pidieron al Tribunal Oral Federal 2, que tiene el caso Vialidad, una serie de medidas. Pero los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu entendieron que la Fiscalía tenía la propia facultad de hacer esa investigación.

Sin embargo, el tribunal sí le ordenó a los agentes de la cárcel de Río Gallegos que ante una nueva situación similar le saquen foto a toda documentación que las visitas le quieran llevar a Báez.

El procedimiento fiscal

La Fiscalía ya comenzó con las medidas. Una de ellas fue pedirle a los distintos Registro de la Propiedad Inmueble de todo el país que informen “todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad, aunque la titularidad no subsista en cabeza de esta a la fecha en que se brinda la información“.

“En relación con esto último, el pedido debe retrotraerse a tiempos anteriores, ya que, en caso de que Insaurralde haya operado en calidad de ´prestanombre o testaferro´ de Báez, bien pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercer adquirente“, explicaron los fiscales.

Lo mismo le solicitaron a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves.

También le pidieron a los Colegios Públicos de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza que informen si constan registros de todo tipo de actos en los que hayan participado Báez e Insaurralde desde 2016 a la fecha.

Otra de las medidas es sobre un poder de administración de bienes que Báez firmó a favor de Insaurralde en 2020. Los fiscales señalaron que con las condenas firmes los bienes del empresario tienen que ser decomisados por lo que ese poder perdió vigencia. Por eso le ordenaron a Insaurralde que se abstenga de realizar cualquier acto sobre el patrimonio de Báez.

Las fuentes consultadas señalaron que se dispusieron otras medidas que se mantienen en reserva.

En los últimos días aparecieron sospechas sobre el alquiler de las propiedades de Báez. En el programa “WIFI”, del canal A24, Roberto Bucarey denunció que en 2022 alquiló cabañas propiedad del empresario en 28 de Noviembre, una localidad de Santa Cruz.

Bucarey relató que él y otras familias pagaban 30 mil pesos de alquiler en una cuenta bancaria a personas allegadas a Insaurralde y que reclamaban un contrato formal hasta que fueron amenazados y desalojados del lugar por una patota sindical.

El hombre hizo una denuncia penal en la justicia de Santa Cruz pero nunca avanzó y ayer, luego de hacer público su caso, fue amenazado.

Ese complejo de cabañas forma parte de los bienes que la justicia le embargó a Báez. Las fuentes consultadas señalaron que cuando un bien es embargado, el objetivo es que no se puede vender y que está a resguardo en caso de que deba ser decomisado.

Pero mientras dura la causa penal la persona puede disponer de ese bien y, en el caso de una vivienda, usarla o alquilarla. El producto de ese alquiler puede ser utilizado como parte del decomiso, pero eso no se logra si se hace de manera ilegal, como fue denunciado en el caso de las cabañas de Báez.

Otra mala noticia para Lázaro Báez. La jueza federal María Eugenia Capuchetti acaba de mandar a juicio a su hijo menor, Leandro, por el desvío de 250 mil kilos de lana de oveja que estaban inmovilizados por una inhibición general de bienes. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que lleva adelante la causa Hotesur/Los Sauces. Si es condenado, el hijo de Báez podría terminar preso porque ya arrastra una condena de tres años de cárcel por “la ruta del dinero K”.

El cargamento de lana estaba valuado en casi USD 1.498.758.

La causa surgió durante el juicio por “La ruta del dinero K”. La Justicia terminó probando que la maniobra se llevó a cabo entre 2016 y 2018. En ese momento, Leandro Báez era apoderado de la empresa Austral Agro SA.

La interventora nombrada por la Justicia, Susana Inés Santrasola. Su informe expuso otra situación que involucra a la abogada de Lázaro Báez. “Según comentarios de la zona, la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora", se detalló en el escrito de la responsable por la firma.

En primera instancia, la jueza procesó al menor de los Báez y al contador César Andrés por el delito de administración infiel agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.

“Ambos tenían pleno conocimiento de las medidas cautelares que afectaban a la firma y de las restantes medidas de resguardo que sobre ella se habían dictado en el marco de la causa CFP 3017/2013 –dentro de la cual incluso formularon diversas presentaciones relativas al desenvolvimiento comercial de la empresa-, como así también que mediante su accionar deliberadamente ocultaron el faltante de una relevante cantidad de lana producida ante los veedores y la interventora judicial designados, con la consecuente afectación patrimonial que ello implicó”, sostuvo la jueza en ese momento.

El fallo fue apelado por la defensa de Leandro Báez, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, pero la Cámara Federal ratificó los procesamientos en julio del año pasado.

Leandro Báez está acusado de vender 249.793 kilos de lana que estaban inmovilizados. En su momento, el joven acusó a la abogada de su padre, Elizabeth Gasaro, de vender la mercadería en el mercado negro.

La Justicia terminó acusando al hijo menor de Báez y al contador de la familia. “Para lograr tal cometido, Leandro Báez se valió del contador público César Gerardo Andrés -coordinador de la operatoria comercial de la firma- quien brindó una colaboración indispensable al obstaculizar la obtención de información contable de la sociedad en oportunidad de ser requerido, en primer término, por los veedores judiciales y, posteriormente, por la interventora Santorsola”, dice el fallo de la Cámara Federal.

El hijo menor de Báez está alejado de su padre hace años aunque mantenía contacto, según relató en varias entrevistas recientes.

En la causa de la “ruta del dinero K”, Leandro recibió una condena en suspenso de tres años y esquivó la prisión. Una nueva condena por la maniobra de la lana lo dejaría en la misma situación que su padre.

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a colocar al empresario Lázaro Báez en el centro del escenario judicial al ratificar la nulidad de su absolución en una causa por evasión tributaria agravada. Se trata de una maniobra que, según estimaciones de la ex AFIP, habría generado un perjuicio de más de 60 millones de pesos al fisco nacional entre 2013 y 2015.

Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, quienes intentaban revertir el fallo de mayo pasado que anuló la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, el cual había absuelto a Báez y a sus allegados Julio Enrique Mendoza, Claudio Fernando Bustos y Jorge Oscar Chueco.

La causa gira en torno a una serie de operaciones simuladas entre Austral Construcciones —la firma insignia de Báez— y la sucesión de la empresa Adelmo Biancalani, radicada en el Chaco. Según la acusación, Báez había adquirido los derechos hereditarios de esta firma en quiebra y, a través de ella, instrumentó contrataciones ficticias que se justificaban con facturación falsa. Obras viales como un tramo de la Ruta Nacional 86 en Formosa fueron abandonadas, pero las facturas igualmente se computaron como gastos ante el fisco.

Beneficios fiscales

Además de la facturación apócrifa, el expediente señala que se utilizaron beneficios fiscales de forma indebida y se omitió declarar ingresos en IVA y Ganancias, lo que conformaría una maniobra de evasión agravada. La ex AFIP calculó que solo en IVA se evadieron más de 40 millones de pesos en tres años, mientras que el perjuicio total rondaría los 4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

En septiembre de 2024, el TOF de Resistencia había desestimado los cargos contra los cuatro imputados, argumentando que la maniobra era “fácilmente detectable” y que los criterios de la AFIP eran “laxos” o “confusos”. Sin embargo, Casación consideró que se trató de una fundamentación arbitraria, con “fisuras de logicidad” y sin valoración integral de la prueba presentada en el juicio.

Por eso, en mayo pasado, la Sala IV de Casación anuló ese fallo y ordenó el reenvío del expediente para que se dicte una nueva sentencia. Las defensas presentaron recursos extraordinarios para revertir esa decisión, pero Casación ahora los rechazó por considerarlos “inadmisibles” ya que, según los jueces Borinsky y Hornos, no plantean una cuestión federal debidamente fundada.

En disidencia, el juez Javier Carbajo opinó que los recursos sí debían ser admitidos por estar en juego garantías constitucionales como el debido proceso. No obstante, la mayoría impuso su criterio.

De esta forma, el caso vuelve a manos del Tribunal Oral de Resistencia, que deberá emitir una nueva resolución frente a una causa que había intentado dar por cerrada.

Mientras tanto, Báez —ya condenado en otras causas por lavado de dinero— permanece detenido en una cárcel de Santa Cruz, y suma un nuevo frente judicial por maniobras fiscales que comprometen directamente a su conglomerado empresarial.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes que tenía en su contra en dos causas vinculadas a maniobras de corrupción. La decisión reúne la pena de 10 años de cárcel que había recibido por lavado de dinero en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y la de 6 años que se le impuso por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

La resolución fue dictada por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero, luego de una audiencia celebrada con la presencia de Báez, su defensa, el fiscal del juicio y un representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuó como querellante.

Durante esa sesión, la UIF pidió que las sanciones contra el otrora titular de Austral Construcciones S.A. se sumaran: propuso una condena total de 16 años de prisión. Argumentó para eso que los hechos eran distintos, que no había superposición entre las causas y que el lavado de dinero era un “delito autónomo”. La fiscalía, por su parte, también consideró que se trataba de “dos conductas perfectamente diferenciadas”, aunque solicitó una pena de 15 años de prisión, más una multa equivalente a seis veces el dinero involucrado en la maniobra de lavado.

La defensa de Báez solicitó una condena mucho menor: reclamó una pena de 6 años de cárcel, al considerar que los fondos cuyo origen se había cuestionado en “Vialidad” ya habían sido contemplados como parte del delito de lavado. Además, cuestionó que se aplicaran criterios legales reformados con posterioridad a los hechos.

El tribunal oral no hizo lugar a esos planteos y resolvió dictar una pena única de 15 años, tras entender que las condenas previas debían ser unificadas porque los ilícitos fueron cometidos antes de que existiera una sentencia anterior firme. “Nos encontramos ante un supuesto de unificación de condenas”, explicaron los jueces.

Para fijar el monto, el tribunal analizó los hechos y las pruebas de ambas actuaciones. En el expediente por lavado de dinero se tuvo en cuenta “el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a U$D 54.800.000)”, el dominio que tuvo sobre esos fondos y los mecanismos que utilizó para disimular su origen.

Los magistrados señalaron que el condenado se valió de “recursos y mecanismos que importan el abuso y manipulación de las formas jurídicas instituidas legalmente para fines lícitos, constituyendo sociedades pantallas (Shell Company) en jurisdicciones extranjeras consideradas por entonces como paraísos fiscales, a las que recurrió como personas jurídicas interpuestas y procurando el anonimato y secretismo que todo ello importó, y las utilizó como vehículos corporativos, como ser Teegan Inc., Fromental, Tyndall, Helvetic Servicess Group, Marketing & Logistic, entre otras”.

En cuanto al expediente de "Vialidad“, la condena se había dictado por fraude a la administración pública por el direccionamiento de 51 contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz. El tribunal que ahora resolvió la unificación valoró el “daño causado en la suma de $84.835.227.378,04 (actualizados al 6 de diciembre del año 2022), lo cual demuestra la gravedad y enorme afectación al bien jurídico tutelado por la norma cuyo reproche se le atribuyó al condenado".

“Además, la complejidad y variedad de medios empleados en aquellas maniobras, en las que se utilizaron recursos estatales (normativos, burocráticos y de control) con un objetivo que desnaturalizó sus fines fundacionales, como así también, la prolongación en el tiempo de la conducta reprochada (12 años de forma ininterrumpida), resultan ser también aspectos que reflejan la gravedad y magnitud de los hechos allí corroborados", explicaron los jueces Basílico, Costabel y Canero.

También destacaron “el rol superlativo en la concreción del plan delictivo que fue acreditado”, en alusión a la posición de Báez dentro de la estructura de poder que ejecutó las conductas ilegales.

Por su parte, como agravante común en ambos casos, los jueces indicaron que Báez ocupaba “una posición socio-económica privilegiada dentro de la sociedad” y que no existían circunstancias personales que limitaran su comprensión de la ilegalidad de los hechos. Como atenuantes, solo mencionaron “su falta de antecedentes al momento de los hechos y los lazos familiares que mantiene aun actualmente”.

La multa también fue ratificada. El tribunal confirmó una sanción económica de seis veces el dinero involucrado en el lavado de activos, lo que representa aproximadamente un total de 329 millones de dólares.

Báez, preso desde 2016, está alojado actualmente en el penal de Río Gallegos. Las dos sentencias en su contra habían quedado firmes tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La defensa del empresario tendrá la posibilidad de impugnar el cálculo de unificación de penas en la Cámara Federal de Casación.

En un fallo histórico de alto impacto político, la Justicia determinó que Cristina Fernández de Kirchner implementó durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) un esquema fraudulento en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Según los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la entonces presidenta utilizó resoluciones oficiales para beneficiar a Lázaro Báez, un empresario cercano a su entorno, con el objetivo de desviar fondos públicos hacia intereses privados.

Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, y quedó firme esta semana tras el rechazo de la Corte Suprema a las apelaciones. A raíz de esta decisión, la ex presidenta enfrenta una condena a seis años de prisión, que podría cumplirla en su domicilio, y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces en su fallo de 1.616 páginas.

El primer paso de la investigación

27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez y otros exfuncionarios por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Intervinieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques.

Con el procesamiento y la elevación a juicio oral, Ercolini envió un paquete de pruebas sólido, al que se agregaron en el juicio oral los chats de José López y el peritaje muestreo que hicieron que especialistas.

Según la extensa investigación judicial, el esquema comenzó con la firma del Decreto 54/2009, que permitió que los fondos del fideicomiso de obra pública quedaran bajo el control de la Dirección Nacional de Vialidad, liderada por Nelson Periotti, también condenado en la causa.

Este decreto facilitó la asignación de contratos a las empresas de Báez, como Austral Construcciones, mediante licitaciones fraudulentas. Según el tribunal, estas medidas no solo representaron un incumplimiento de los deberes de la entonces presidenta, sino que formaron parte de un plan deliberado para desviar recursos hacia las empresas familiares de los Kirchner, como Los Sauces y Hotesur.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, explicaron los jueces Gorini, Rodríguez Uriburu y Basso.

También fundamentaron que el vínculo entre Báez y los Kirchner, que se extendió desde 2005 hasta 2015, incluyó negocios como el alquiler y la administración de hoteles en Santa Cruz y propiedades en Río Gallegos y Buenos Aires. Estas operaciones fueron corroboradas durante el juicio y forman parte de las causas conexas “Los Sauces” y “Hotesur”, que deberán enfrentar la etapa del juicio oral.

“Limpiar todo”

Entre las pruebas analizadas en la causa, el tribunal destacó el llamado “plan limpiar todo”, una estrategia revelada a través de mensajes de WhatsApp encontrados en el celular de José López, el ex secretario de Obras Públicas que fue detenido en 2016 con bolsos que contenían nueve millones de dólares.

Según los fundamentos de la sentencia, estos mensajes evidenciaron reuniones entre López, Báez y Cristina Kirchner en los últimos días de su mandato, con el objetivo de asegurar el cobro de deudas pendientes y cerrar las empresas antes del cambio de gobierno.

“En conclusión, la prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada, que le son reprochables a nivel de su culpabilidad, y en base a ello es que habremos de emitir el juicio de responsabilidad penal que por derecho corresponde”, cerraron los jueces sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner.

La confirmación

En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, así como las penas para otros implicados, entre ellos Lázaro Báez y José López. En su fallo de más de 1.700 páginas, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos presentados por las defensas y la fiscalía, y homologaron el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, monto que representa el perjuicio económico causado al Estado. Esta cifra deberá ser actualizada y se deberá definir la proporción que corresponde a cada uno de los condenados.

En su voto, el juez Borinsky subrayó que la maniobra incluyó la modificación del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, lo que permitió el uso discrecional de fondos públicos durante toda la gestión de Fernández de Kirchner. Además, destacó que la expresidenta ignoró alertas de los servicios jurídicos sobre posibles irregularidades y denuncias de cartelización en la obra pública de Santa Cruz.

“Cristina Fernández de Kirchner transgredió los deberes extrapenales habilitando jurídicamente la obligación abusiva del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, perjudicando los intereses que le habían sido confiados como representante máxima del Estado Nacional”, afirmó.

Por su parte, el juez Hornos desestimó los argumentos de la defensa que calificaban el proceso como una persecución judicial o “lawfare”. “El lawfare aparece solo como una nueva teoría conspirativa, cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”, sostuvo en su voto.

La maniobra fraudulenta abarcó 51 procesos de licitación pública para obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Estas licitaciones, en su mayoría, fueron adjudicadas a empresas vinculadas a Báez sin competencia real. Durante la crisis económica de 2008-2009, Austral Construcciones continuó recibiendo fondos prioritarios, y tras las elecciones de 2015, la empresa abandonó las obras en el marco del “plan limpiar todo”.

Según la Cámara de Casación, “la concreta intervención de Cristina Fernández de Kirchner en una maniobra defraudatoria a la Administración Pública quedó acreditada con el grado de certeza que requiere una condena”.

Las razones de la Corte

Entre los fundamentos, la Corte destacó que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida - valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación) - y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente, de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”.

“El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley. Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación (art. 174, último párrafo, del Código Penal, texto según ley 25.602). Por ello, se desestima la queja”

Esas pruebas demostradas en el caso permitieron rechazar los planteos de las defensas por los cuales intentaron echar culpas en los Jefes de Gabinete, a pesar de ser el Presidente de la Nación la máxima autoridad del país, quien intervino directamente en la maniobra defraudatoria enjuiciada, condenada y confirmada.

Asi, quedaron firmes además las condenas contra Lázaro Báez (6 años de prisión), de José López (6 años de prisión), de Nelson Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal.

La del caso Vialidad es la primera condena de cumplimiento efectivo contra la ex presidenta. Otras investigaciones de trascendencia, como los juicios conocidos como “Los cuadernos de las coimas”, “Hotesur”, “Los Sauces” o “Memorandum con Irán”, deben aún deben atravesar el largo proceso del juicio oral y público que definirá si se suma otra condena a este complicado escenario judicial y político.

Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, este caso se consolida como uno de los más emblemáticos en la historia judicial argentina.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó un nuevo planteo de la fiscalía para que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa conocida como “Vialidad” queden detenidos de forma inmediata y “sin excepción”. Además, ordenó la apertura de un incidente judicial para que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema intervenga con el fin de actualizar el valor del decomiso fijado en la sentencia, que asciende a más de 86.000 millones de pesos.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del TOF 2 que dictó las condenas, avanzan así con la ejecución del fallo emitido en diciembre de 2022, confirmado en 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal y ratificado este martes por los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia. En la causa se investigó la adjudicación irregular de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Cristina Fernández de Kirchner (72), condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, permanece en su departamento de la calle San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, mientras se encuentra en trámite un pedido de su defensa, en manos del penalista Carlos Alberto Beraldi, para acceder al beneficio procesal del arresto domiciliario en razón de su edad.

El tribunal volvió a rechazar una reposición presentada por el fiscal Diego Luciani contra el decreto del presidente del TOF, Jorge Gorini, que había fijado un lapso de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten por propia iniciativa ante la justicia. Con esa decisión, volvió a quedar ratificado que no habrá detenciones inmediatas mientras se cumpla con el plazo dispuesto.

Además de la expresidenta, quedaron firmes las condenas contra Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. En ese marco, tribunal oral ya ordenó la formación de legajos individuales para evaluar las solicitudes de prisión domiciliaria presentadas por Fernández de Kirchner, Periotti, López y Pavesi, y dio vista a la fiscalía por un plazo de tres días.

Paralelamente, se libraron oficios a distintas dependencias estatales. Entre ellas, a la Comisaría 1ª de la Policía de la Ciudad, con jurisdicción en Comodoro Py 2002, para que preste colaboración en las diligencias necesarias a fin de hacer efectiva la detención de los imputados a medida que se presenten ante el tribunal. También se informó a la Dirección Nacional de Migraciones sobre la situación procesal de los condenados, con el fin de restringir salidas del país, y a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación que pesa sobre Fernández de Kirchner respecto a eventuales postulaciones.

Por otra parte, se dispuso la ampliación del informe socioambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal sobre el domicilio de la exvicepresidenta, con el propósito de incluir una descripción del entorno urbano, el movimiento peatonal y vehicular, las características edilicias de la zona y otros elementos relevantes para estudiar la viabilidad de una prisión domiciliaria en ese inmueble. Medidas similares fueron dispuestas respecto de las viviendas propuestas por Periotti, López y Pavesi.

En paralelo, el tribunal libró oficio a la ANSES para que tome conocimiento de las condenas firmes recaídas sobre todos los involucrados y adopte las medidas administrativas que correspondan.

El decomiso, cuyo monto original fue fijado en 86.085.463.548,25 pesos, representa el total del perjuicio patrimonial contra la Administración Pública atribuido en la sentencia. La actualización y su eventual prorrateo entre los condenados serán definidos a través del incidente judicial ya iniciado.

El TOF 2 tiene previsto resolver durante la semana próxima las solicitudes de arresto domiciliario.

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó la “inmediata detención” del empresario Lázaro Báez a una cárcel para que termine de cumplir la condena de 10 años de prisión que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de lavado de dinero por la llamada “Ruta del dinero K”.

El tribunal dispuso que personal de Gendarmería Nacional lo traslade desde su actual prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, en Santa Cruz, hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en la ciudad de Río Gallegos. Por el momento, el empresario quedará alojado allí.

Este martes la Corte también dejó firme la condena de Báez y la de la ex presidenta Cristina Kirchner de seis años de prisión en la causa “Vialidad”.

“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, dispuso el Tribunal en su resolución a la que accedió Infobae.

La Unidad 15 está en la Avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 154 y es una cárcel de mediada seguridad, a diferencia de la de Ezeiza -en la que Báez ya estuvo- que es de máxima seguridad. La penitenciaria de Río Gallegos tiene tres pabellones y una casa de preegreso con una capacidad total para 118 personas.

El tribunal aceptó el pedido del fiscal federal Abel Córdoba para que Báez quede detenido en una cárcel y termine de cumplir la condena. Por su parte, la defensa del empresario, a cargo del abogado Juan Villanueva, había planteado que la condena ya estaba casi cumplida y que debía continuar en su actual prisión domiciliaria.

La discusión se dio sobre cómo computar el tiempo que Báez lleva detenido. El empresario estuvo preso en la causa de la “Ruta del dinero K” -el lavado de 55 millones de dólares- en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019. Luego fue liberado pero inmediatamente quedó en prisión domiciliaria por otra causa de lavado en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme. Hasta hoy estuvo en detención domiciliaria.

Para el fiscal, el tiempo de Báez detenido en la causa de la “Ruta del dinero K” fue de tres años, seis meses y ocho días, por lo que le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días por la condena de 10 años. Pero la defensa sostuvo que lleva nueve años y dos meses de prisión porque la causa del campo forma parte del expediente principal de la “Ruta del dinero K” y por lo tanto se debe contar todo el tiempo.

La Corte Suprema dejó firme la condena de Báez en Vialidad por el desvío de fondos pública para la obra pública de sus empresas en Santa Cruz. Con eso su defensa le pidió al tribunal oral que se haga una única pena de ambos expedientes -como corresponde cuando quedan firmes- y que hasta que eso ocurra mantenga la actual situación de domiciliaria de Báez.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero compartieron la postura de la Fiscalía. “En ninguna de todas las instancias se hizo lugar a la demanda de la defensa de considerar las prisiones preventivas cumplidas en ambos expedientes como una única e ininterrumpida detención, sino que, por el contrario, se confirmó la interpretación realizada en cuanto a que cada prisión preventiva respondía a diferentes hechos materiales, dictadas en diversos momentos y que debían ser analizadas en el marco de cada expediente en particular”, sostuvieron los magistrados en su resolución.

“La actual postura de la defensa no presenta ningún elemento novedoso que imponga a este Tribunal apartarse de los criterios ya sostenidos –que ahora se comparten- en cuanto a que Lázaro Antonio Báez ha sufrido distintas prisiones preventivas que corresponden a diversos hechos que conforman los objetos de las diferentes causas que lo tienen involucrado", agregaron.

Por otra parte, el tribunal explicó que no se pueden unificar las detenciones de las dos causas porque la del campo en Uruguay no está firme. La defensa de Báez puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal también tiene que resolver la situación de otros tres condenados que ya estuvieron presos y les resta cumplir pena. Son el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo de Lázaro. Para los dos primeros la Fiscalía también pidió que sean detenidos y vuelvan a la cárcel. Respecto de Martín Báez solicitó que se le otorgue la libertad condicional.

Al igual que la ex presidenta Cristina Kirchner, el resto de los condenados en la causa “Vialidad” pidieron o pedirán cumplir sus condenas en la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud o de edad. Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

Quienes lo solicitaron fueron el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, informaron a Infobae fuentes judiciales. Otros condenados hicieron pedidos de cumplir el arresto en una prisión determinada.

López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos con los nueve millones de dólares con los que el ex funcionario fue detenido en 2016 en un convento de monjas de General Rodríguez. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la semana pasada que se dicte un nuevo fallo.

La defensa oficial de López señaló que el ex funcionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que o puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”. López ya estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por el caso de los bolsos. La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión.

Por su parte, Periotti, a través de sus abogados Federico Paruolo y Matías Galván, solicitó la prisión domiciliaria por edad -cumple 80 años a principios de julio- y por salud -por distintos padecimientos que sufre-. Pidió quedar alojado en un domicilio de la localidad bonaerense de San Isidro.

“Es incuestionable, a criterio de esta defensa, que el estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuye al progresivo deterioro de su situación de salud, de por sí la privación de estímulos ambientales y el aislamiento social en el adulto mayor puede relacionarse con deterioro cognitivoprogresivo“, sostuvieron los abogados.

Pavesi sostuvo que tiene 74 años y requiere asistencia mecánica de respiración por las noches. Su abogado, Oscar Vignale, planteó de cumplir la prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Mar del Plata.

Hubo otras presentaciones. Villafañe solicitó quedar detenido en la cárcel federal de Río Gallegos ya que vive en esa ciudad y así puede estar cerca de su familia. Su abogado, Miguel Ángel Arce Aggeo, adelantó que pedirá la prisión domiciliaria por razones de salud.

Por último, el empresario Lázaro Báez hizo un planteo vinculado a otras causas y la pena. Su abogado Juan Villanueva solicitó que la causa de Vialidad pase al tribunal que tiene el expediente de lavado de dinero de la llamada “Ruta del dinero K” en la que Báez también tiene una condena confirmada, en ese caso a 10 años de prisión.

La defensa busca hacer una unificación de pena. Báez estaba en prisión domiciliaria y la justicia ordenó hoy que vuelva a la cárcel y quedó alojado en la prisión federal de Río Gallegos.

Todos los pedidos de prisión domiciliaria serán analizados por el tribunal oral en legajos apartes. En los casos de salud, los condenados serán sometidos a estudios médicos por parte del Cuerpo Médico Forense. También se harán informes socioambientales en las viviendas que propusieron que cumplir las domiciliarias.

Con eso, opinará la Fiscalía y luego resolverá el tribunal oral.

El juez Gorini dispuso que todos los condenados se tienen que presentar en Comodoro Py en cinco días hábiles para quedar detenidos. Ese plazo vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas. El magistrado también pidió un informe al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre en qué lugares pueden quedar detenidos hasta tanto se resuelvan los pedidos de prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó hoy la “inmediata detención” del empresario Lázaro Báez en una cárcel para que termine de cumplir la condena de 10 años de prisión que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de lavado de dinero por la llamada “Ruta del dinero K”.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal dispuso que personal de Gendarmería Nacional lo traslade desde su actual prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, en Santa Cruz, hasta la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal que se encuentra en la ciudad de Río Gallegos. Por el momento, el empresario quedará alojado allí.

Ayer la Corte también dejó firme la condena de Báez y la de la ex presidenta Cristina Kirchner de seis años de prisión en la causa “Vialidad”.

“Disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena, impuesta en la presente causa por sentencia firme, y su posterior alojamiento en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal conforme las consideraciones expuestas“, dispuso el Tribunal en su resolución a la que accedió Infobae.

La Unidad 15 está en la Avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 154 y es una cárcel de mediada seguridad, a diferencia de la de Ezeiza -en la que Báez ya estuvo- que es de máxima seguridad. La penitenciaria de Río Gallegos tiene tres pabellones y una casa de preegreso con una capacidad total para 118 personas.

El tribunal aceptó el pedido del fiscal federal Abel Córdoba para que Báez quede detenido en una cárcel y termine de cumplir la condena. Por su parte, la defensa del empresario, a cargo del abogado Juan Villanueva, había planteado que la condena ya estaba casi cumplida y que debía continuar en su actual prisión domiciliaria.

La discusión se dio sobre cómo computar el tiempo que Báez lleva detenido. El empresario estuvo preso en la causa de la “Ruta del dinero K” -el lavado de 55 millones de dólares- en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019. Luego fue liberado pero inmediatamente quedó en prisión domiciliaria por otra causa de lavado en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme. Hasta hoy estuvo en detención domiciliaria.

Para el fiscal, el tiempo de Báez detenido en la causa de la “Ruta del dinero K” fue de tres años, seis meses y ocho días, por lo que le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días por la condena de 10 años. Pero la defensa sostuvo que lleva nueve años y dos meses de prisión porque la causa del campo forma parte del expediente principal de la “Ruta del dinero K” y por lo tanto se debe contar todo el tiempo.

La Corte Suprema ayer dejó firme la condena de Báez en Vialidad por el desvío de fondos pública para la obra pública de sus empresas en Santa Cruz. Con eso su defensa le pidió al tribunal oral que se haga una única pena de ambos expedientes -como corresponde cuando quedan firmes- y que hasta que eso ocurra mantenga la actual situación de domiciliaria de Báez.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero compartieron la postura de la Fiscalía. “En ninguna de todas las instancias se hizo lugar a la demanda de la defensa de considerar las prisiones preventivas cumplidas en ambos expedientes como una única e ininterrumpida detención, sino que, por el contrario, se confirmó la interpretación realizada en cuanto a que cada prisión preventiva respondía a diferentes hechos materiales, dictadas en diversos momentos y que debían ser analizadas en el marco de cada expediente en particular”, sostuvieron los magistrados en su resolución.

“La actual postura de la defensa no presenta ningún elemento novedoso que imponga a este Tribunal apartarse de los criterios ya sostenidos –que ahora se comparten- en cuanto a que Lázaro Antonio Báez ha sufrido distintas prisiones preventivas que corresponden a diversos hechos que conforman los objetos de las diferentes causas que lo tienen involucrado", agregaron.

Por otra parte, el tribunal explicó que no se pueden unificar las detenciones de las dos causas porque la del campo en Uruguay no está firme. La defensa de Báez puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El tribunal también tiene que resolver la situación de otros tres condenados que ya estuvieron presos y les resta cumplir pena. Son el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo de Lázaro. Para los dos primeros la Fiscalía también pidió que sean detenidos y vuelvan a la cárcel. Respecto de Martín Báez solicitó que se le otorgue la libertad condicional.

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no abrir el recurso de Cristina Fernández de Kirchner y de dejar firme su condena en el caso conocido como “Vialidad”, llega a su fin (al menos en el ámbito nacional) uno de los expedientes donde se encontraba imputada por diferentes hechos ocurridos durante el desarrollo de su presidencia y la de Néstor Kirchner, entre los años 2003 y 2015. Aún permanecen abiertos, y en distintas etapas del proceso, otros expedientes de alto voltaje que prometen seguir sacudiendo la arena política, tales como el denominado “Pacto con Irán”, que denunció el fallecido fiscal Alberto Nisman, o la megacausa de los “Cuadernos”, donde la exmandataria está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas.

CFK fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº 2 porteño a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, en el marco de la causa “Vialidad”, que investigó el direccionamiento de contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Allí fue absuelta por asociación ilícita. Ese fallo quedó confirmado en noviembre de 2024 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que también ratificó las penas para Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López (6 años), el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti (6 años), y cinco exfuncionarios del área de Vialidad provincial. Por otro lado, resultaron absueltos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Abel Fatala y Carlos Kirchner –primo del expresidente Néstor Kirchner–, y Héctor Garro. La Corte Suprema, vértice de la pirámide judicial, con la resolución firmada por sus tres ministros dio por concluido el expediente.

Aún así, en relación a esas actuaciones avanza en el fuero civil y comercial federal una demanda por daños y perjuicios contra la vicepresidenta, Báez, López, Periotti y otros exfuncionarios por un monto estimado en 22.300 millones de pesos, impulsada en 2018 por el entonces director de Vialidad Nacional Javier Iguacel. El planteo busca resarcir al Estado por las obras adjudicadas a la firma Austral Construcciones en la provincia de Santa Cruz. Luego de varios conflictos de competencia, la causa quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, quien en mayo de este año rechazó por segunda vez un pedido de la defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista para declarar la caducidad de instancia y cerrar las actuaciones.

A su vez, otro proceso que se encuentra activo y con diligencias en curso es el de "Hotesur-Los Sauces”, donde se analiza si hubo lavado de dinero y asociación ilícita a través de las sociedades homónimas de la familia Kirchner, mediante contratos de alquiler de inmuebles y hoteles a empresarios contratistas del Estado. La hipótesis de la fiscalía es que los pagos fueron una contraprestación por obras públicas licitadas durante los gobiernos kirchneristas. Entre los acusados figuran la expresidenta, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, y los empresarios Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre una treintena de personas. El caso fue enviado a juicio oral, pero en noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 5 sobreseyó por mayoría a todos los imputados. En septiembre de 2024, la Sala I de Casación revocó ese fallo y ordenó avanzar con el debate, salvo en el caso de Florencia Kirchner, hija de la exmandataria, cuyo sobreseimiento quedó firme. En diciembre pasado, la Corte Suprema ratificó que el juicio debe realizarse. Así, en abril de este año, el presidente del TOF 5, José Michilini, reactivó medidas de prueba, incluyendo un peritaje contable sobre toda la documentación acumulada.

En la causa “Memorándum con Irán”, Fernández de Kirchner está acusada de encubrimiento por haber impulsado un acuerdo secreto de cooperación con ese país, que según la denuncia del fiscal Alberto Nisman, habría buscado proteger a los imputados del atentado a la AMIA. En 2021, el Tribunal Oral Federal Nº 8 dictó el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito, pero en 2023 la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se haga el juicio público. En diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios de las defensas y dejó habilitado, así, la sustanciación de un debate oral que todavía no tiene fecha.

Además de la exvicepresidenta, están señalados Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D´Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Ramón Bogado. El ex canciller Héctor Timerman falleció en el curso del proceso.

Pero las actuaciones de mayor volumen son las que mediáticamente se conocen como los “Cuadernos de las coimas”, que surgieron a partir de las anotaciones de Oscar Centeno -exchofer del exfuncionario Roberto Baratta-, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero en efectivo vinculados a pagos ilegales de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo. En este expediente, CFK fue procesada como jefa de una asociación ilícita presuntamente dedicada a recaudar fondos de contratistas del Estado, junto a numerosos funcionarios y hombres de negocios. La investigación fue instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, quienes acumularon un conjunto de causas, algunas preexistentes y otras labradas a partir de las confesiones de imputados colaboradores. En su resolución de elevación a juicio, Bonadio sostuvo: “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, y descartó que se tratara de una persecución judicial. Citó incluso un pasaje de las anotaciones de Centeno, fechada el 7 de septiembre de 2015: “La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y sin medir consecuencias”.

Solo en el tramo principal del expediente (causa 9608/2018), hay 45 personas acusadas por delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, admisión de dádivas y encubrimiento. Entre los principales imputados figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, el financista Ernesto Clarens, y empresarios como Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Néstor Otero, entre otros.

El Tribunal Oral Federal Nº 7, integrado por Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, determinó que el juicio oral comenzará el próximo 6 de noviembre con modalidad virtual. Habrá más de 600 testigos, entre ellos funcionarios, empresarios, peritos y testigos de distintos procedimientos llevados a cabo durante la instrucción.

Otro trámite que figura en el historial judicial de Cristina Kirchner está ligado a la pesquisa que adquirió relevancia como “Dólar Futuro”, donde la Corte Suprema desestimó en diciembre de 2024 un planteo de la fiscalía y dejó firme su sobreseimiento, junto al del actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de otros exfuncionarios. En rigor, el caso había comenzado por una denuncia de Federico Pinedo (PRO), Mario Negri (UCR) y otros diputados, por supuestas irregularidades en la venta de contratos a futuro de divisas realizadas por el Banco Central entre agosto y noviembre de 2015. Según los denunciantes, el BCRA había vendido contratos a $10,60 y $10,80 mientras que el dólar paralelo rondaba los $16, lo que habría generado un perjuicio patrimonial al Estado. No obstante, un peritaje oficial concluyó que no hubo daño económico, y la Sala I de la Cámara Federal de Casación sobreseyó a todos los acusados. Tras el rechazo del recurso extraordinario y de la queja fiscal, la Corte clausuró el caso invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Por último, permanece en la etapa de investigación un tramo conexo a la causa de la “Ruta del Dinero K”, iniciada en abril de 2013 y cuya mayor parte ya fue sometida a juicio oral. En ese proceso, Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 acusados -incluidos sus hijos- por haber ejecutado maniobras de lavado de dinero que superaron los 55 millones de dólares. El TOF 4 porteño consideró que los fondos provenían de actividades ilícitas, entre ellas la facturación apócrifa y, según uno de los votos, de contratos de obra pública. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas aunque redujo algunas de las penas impuestas.

El expediente anexo tramita en el Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Sebastián Casanello, y fue impulsado originalmente por el fiscal Guillermo Marijuan, quien en 2023 pidió el sobreseimiento de la expresidenta al considerar que, tras una década de medidas de prueba, no se había acreditado una vinculación directa con las maniobras investigadas. Sin embargo, la ONG Bases Republicanas se presentó como querellante, argumentando que Báez habría actuado como testaferro de Néstor y Cristina Kirchner. Aunque Casanello rechazó su incorporación, la Cámara Federal y la de Casación aceptaron su intervención y ordenaron revocar el sobreseimiento.

Apelación mediante, en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un planteo de la defensa de CFK, consolidando así la continuidad del proceso penal, que actualmente cuenta con dos medidas de prueba en curso.

Las penas que enfrenta Cristina Kirchner

En base a las causas que se encuentran a las puertas de un debate oral, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta una serie de cargos con distintas escalas penales. En el expediente “Hotesur–Los Sauces”, por caso, donde está requerida a juicio por lavado de activos agravado en concurso ideal con admisión de dádivas y asociación ilícita en calidad de coautora, el monto de pena aplicable va de 4 a 16 años de prisión, tomando como base la pena del delito más gravemente reprimido -el lavado agravado- con posibilidad de elevar el máximo en un tercio.

En el expediente que analiza el “Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán”, se le imputa a la expresidenta el delito de encubrimiento agravado, cuya pena oscila entre 1 y 6 años de cárcel.

Por último, en la megacausa de los “Cuadernos”, donde está acusada de liderar una asociación ilícita en concurso real con veintidós hechos de “cohecho pasivo”, el marco legal habilita una eventual acumulación de penas que podría proyectarse entre 6 y 16 años de prisión.

Estas cifras, cabe aclarar, constituyen proyecciones basadas estrictamente en la legislación penal vigente, y estarán sujetas al resultado de los juicios orales y a la valoración de las pruebas que elaboren los jueces intervinientes en cada caso.

En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, sólo dos ex presidentes fueron condenados por la Justicia argentina: Carlos Menem y Cristina Kirchner.

Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la ex mandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años. Además, no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial. Esto convierte el caso en el hecho de mayor impacto en el escenario político y judicial actual del país.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones de la defensa de la ex presidenta, de los otros ocho condenados, y del fiscal Mario Villar, utilizando la fórmula del artículo 280 de Código Procesal Civil y Comercial, en este caso acompañado de los fundamentos de la decisión (280 fundado) dada la trascendencia institucional de la decisión.

La sentencia resuelve: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5° y 45 del Código Penal)“.

En sus fundamentos, los jueces sostuvieron: “Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida —valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 398 del Código Procesal Penal de la Nación)— y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.

“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación (art. 174, último párrafo, del Código Penal, texto según ley 25.602)”, se advirtió.

Para la Corte, “los reclamos de la defensa llevan a examinar cuestiones —de hecho y prueba en muchos casos, ajenas por su materia a la competencia apelada extraordinaria de esta Corte Suprema en los términos del artículo 14 de la ley 48, salvo que medie un supuesto de arbitrariedad— tales como el contexto dentro del cual se ejecutó la maniobra que fue juzgada, las relaciones personales y comerciales que unían a Fernández de Kirchner con Lázaro Báez, las implicancias en torno al dictado y efectos del decreto 54/2009, las advertencias emitidas por los servicios jurídicos en relación con su dictado y la valoración del contenido de los mensajes extraídos el celular de José López, entre otros. En particular, la decisión apelada aludió a que Lázaro Báez, por intermedio de sociedades por él controladas, efectuó contratos de locación y gerenciamiento con sociedades de titularidad de la familia Kirchner que explotaban hoteles, además de haber realizado otros negocios inmobiliarios. Esas relaciones no fueron cuestionadas por la defensa en manera alguna, más allá de alegar que los actos comerciales señalados fueron ‘totalmente lícitos y se celebraron a precios de mercado’, lo que resta toda eficacia a su planteo”.

Según subrayaron los ministros, “esas circunstancias, valoradas ya por dos instancias judiciales, llevaron a la conclusión de que esa decisión presidencial ‘relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados’ y de que ‘Fernández de Kirchner se representó los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acción típica y que previó la realización de estos y, por tanto, la producción del resultado’”. También se pudo acreditar que “la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro requerido por el tipo”.

La Corte resaltó que “el argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto —entre ellas, el jefe de gabinete de ministros de la Nación y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos— se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa en torno a la modificación implementada por el decreto 54/2009 y la indisputada competencia y responsabilidad de la encausada en la emisión del mismo”. Además, dijo el fallo, “se omite rebatir las demás circunstancias ponderadas por el a quo respecto de la intervención personal de la recurrente en los hechos, en particular, el beneficio económico obtenido”.

También se advirtió que “el discurso reiterativo de la apelante —por ejemplo, el tribunal revisor señaló que “lo señalado por la defensa en esta instancia no es más que una reedición de todo aquello que fue oportuna y fundadamente descartado por el ‘a quo’ sólo evidencia su desacuerdo con el pronunciamiento atacado, sin llevar a cabo una efectiva refutación de los argumentos sostenidos en la sentencia apelada”.

A lo largo de su análisis, los jueces desplegaron los argumentos que había presentado la defensa de Cristina Kirchner contra la sentencia en su contra.

“La apelante no ha cumplido con el requisito de fundamentación autónoma que requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva crítica general a las líneas principales de la argumentación del pronunciamiento apelado”, dijeron. También destacaron que “resulta exigible rebatir todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones de que el apelante se agravia”. “No resulta una refutación suficiente, por lo tanto, el solo sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia recurrida”, se señaló.

“Como consecuencia de lo anterior, y dado que tales deficiencias no pueden ser subsanadas en el recurso de hecho, cuando el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentación autónoma, la queja debe ser desestimada”, analizaron.

Pero además los jueces hicieron hincapié en las “diversas falencias” en la presentación de la defensa. Entre ellas, señalaron, que aparecen enumeraciones sobre distintos jueces y fiscales o encuentros con ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo “sin indicar ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad de los jueces en este caso concreto”.

“Se trata en efecto de meras conjeturas a partir de las cuales se invocan principios genéricos de ‘independencia, imparcialidad e integridad’, sin haber siquiera intentado encuadrarlas en los supuestos específicos de recusación de los magistrados establecidos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, cuya inconstitucionalidad no fue planteada y que, justamente, tiende a tutelar tales principios relativos a la imparcialidad de los magistrados”, se advirtió.

Además, la defensa tampoco indicó “la forma en que se habría puesto de manifiesto el temor de parcialidad que procuraba evitar, no bastando para ello el dictado de un fallo adverso a sus intereses. Al respecto, es obvio que no toda discrepancia de lo resuelto revelaría la concreción del temor de parcialidad alegado”.

Entre planteos, la Corte recordó que para que una sentencia sea descalificable como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la arbitrariedad por haberse omitido el tratamiento de cuestiones planteadas ante los jueces, debe demostrarse cuáles cuestiones fueron efectivamente sometidas al tribunal apelado –en este caso Casación- y que ellas, omitidas en la sentencia apelada, eran conducentes”.

La condenas y las absoluciones

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes juzgaron el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, por medio de una sentencia de más de 1.600 páginas en la que rechazó tanto los recursos de las defensas como el de la fiscalía.

En la misma decisión, Casación confirmó las condenas -también por el delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Báez (6 años de prisión), de José López (6 años de prisión), de Nelson Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal.

Por decisión mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando así la decisión absolutoria del tribunal oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consideró que correspondía aplicar la figura de asociación ilícita.

La decisión de la Corte deja firme también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.

Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos, dinero que volverá a las arcas del Estado.

Los hechos juzgados

Los hechos juzgados en la causa Vialidad se refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015. La Justicia determinó que, en este marco, tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional.

La empresa Austral Construcciones SA, principal beneficiaria de obra pública de Santa Cruz, dio inicio a sus actividades días antes de que fuera irregularmente adjudicataria de un gran caudal de contratos en el marco de licitaciones públicas en las cuales no hubo competencia alguna.

Siempre según lo que determinó la Justicia, a lo largo de la maniobra delictiva Austral Construcciones fue continuamente beneficiada con la asignación ilimitada de fondos públicos, pese a advertirse distintas irregularidades en cada licitación en que participaba y resultaba adjudicataria.

Durante las épocas de crisis (2008-2009), la empresa continuó recibiendo prioritariamente un flujo importante de fondos a pesar de los problemas de liquidez. Además, luego de las elecciones del año 2015 que determinaron el fin del gobierno de Cristina Kirchner, la empresa de Lázaro Báez intempestivamente decidió abandonar las obras en el marco del “Plan limpiar todo”.

La Justicia también comprobó que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico se vio asociado con la asignación de obra pública vial en esa jurisdicción.

Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), de acuerdo a facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Según la Justicia, los imputados, ex funcionarios de las agencias viales, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras. También se responsabilizó a José López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas.

La participación de CFK

A partir de la investigación, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En ese marco, se destacó la firma por parte de la entonces presidenta del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Báez.

Puntualmente en el voto del juez Borinsky, al analizar la situación de CFK, se indicó que "transgredió los deberes extrapenales habilitando jurídicamente la obligación abusiva" del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 -tasa gasoil- y “perjudicando los intereses que le habían sido confiados” como representante del Estado Nacional.

En dicho sentido, mediante el Decreto PEN N° 54/2009 la ex presidenta modificó el fideicomiso creado por el Decreto PEN Nº 976/2001. Los cambios efectuados permitieron que no se especifiquen las obras que serían financiadas con los fondos fideicomitidos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial.

Además, Cristina Kirchner facultó al Secretario López a hacer modificaciones al fideicomiso en cuestión, lo que permitió el uso de fondos discrecionalmente durante toda su gestión (que abarcó desde el año 2003 a 2015) que derivó en un perjuicio de al menos de 84 mil millones de pesos para la Administración Pública Nacional.

También en la sentencia se detalló cuáles fueron las advertencias que Cristina ignoró. Entre ellas, las alertas recibidas por los servicios jurídicos al momento de suscribir el Decreto 54/2009, las denuncias de cartelización de obra pública en Santa Cruz realizadas al momento de los hechos, los comprobados vínculos comerciales con Báez, así como los mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono celular de José López que daban cuenta de la connivencia en el tramo final de la maniobra para dotar de impunidad el hecho ilícito investigado.

Según la Justicia, en los mencionados mensajes se hallaron distintas conversaciones entre López con Lázaro Báez y Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones y mano derecha de Lázaro Báez. A la vez que surgen reuniones mantenidas entre López y Cristina Kirchner vinculadas a la intervención directa de la ex presidenta en la parte final de la maniobra -noviembre y diciembre de 2015, luego de la victoria en el ballotage de Mauricio Macri-. En la etapa final de su mandato, CFK coordinó con López y Báez el llamado “Plan limpiar todo”.

Esas pruebas demostradas en el caso permitieron rechazar los planteos de las defensas por los cuales intentaron echar culpas en los Jefes de Gabinete, a pesar de ser el Presidente de la Nación la máxima autoridad del país, quien intervino directamente en la maniobra defraudatoria enjuiciada, condenada y confirmada.

La del caso Vialidad es la primera condena de cumplimiento efectivo contra la ex presidenta. Otras investigaciones de trascendencia, como los juicios conocidos como “Los cuadernos de las coimas”, “Hotesur”, “Los Sauces” o “Memorandum con Irán”, deben aún deben atravesar el largo proceso del juicio oral y público que definirá si se suma otra condena a este complicado escenario judicial y político.

La Justicia Federal tiene previsto resolver esta semana si el empresario Lázaro Báez vuelve a la cárcel para terminar de cumplir la condena de 10 años de prisión por el caso del lavado de 55 millones dólares en la llamada “Ruta del dinero K” que hace una semana y media confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con las condenas firmes, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó que Báez vuelva a prisión. Lo mismo para el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Los tres ya estuvieron encarcelados y en prisión domiciliaria. Pero le resta cumplir una parte. En tanto, Báez hoy está en arresto domiciliario en una de sus viviendas en la localidad de El Calafate, Santa Cruz.

Pero la defensa del empresario, a cargo del abogado Juan Villanueva, objeta esa postura. Sostiene que el tiempo en total que Báez lleva detenido son más de nueve años y por lo tanto no debe volver a prisión, sino mantener su arresto domiciliario. Esa es la postura que plasmará en la causa, adelantaron a Infobae fuentes judiciales.

Las defensas tiene plazo hasta mañana a las 9.30 para presentar sus escritos. Algunas ya lo hicieron. Cuando eso ocurra, el Tribunal Oral, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quedará en condiciones de resolver. La expectativa es que lo haga en el transcurso de la semana.

Báez, su hijo Martín, Chueco, Pérez Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña, el titular de la financiera S.G.I, Federico Elaskar, entre otros, fueron condenados por el lavado de 55 millones de dólares que sacaban del país a través de una ingeniería financiera hacia bancos en el extranjero y que volvían a ingresar a través de la compra de bonos.

La Corte Suprema confirmó las condenas y así las dejó firmes. Con eso quedaron en condiciones de ejecutarse las penas superiores a los tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo. Así, el lunes pasado fueron detenidas seis personas que no habían estado presas en la causa.

Y sobre Báez, su hijo Martín, Chueco y Pérez Gadín se hizo el cómputo del tiempo que estuvieron detenidos para determinar cuánto les falta cumplir de la pena que tienen.

En el caso de Báez, el tribunal estableció que estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019: tres años, seis meses y ocho días detenido. Y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días. A Pérez Gadín le faltan cumplir dos años, tres meses y 29 días; a Chueco dos años, tres meses y 28 días; y a Martín Báez dos años, un mes y 29 días.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, pidió Córdoba al tribunal. Sobre Martín Báez, la Fiscalía planteó que se le otorgue la libertad condicional.

Antes de resolver, el tribunal le pidió a las defensas que opinen. La de Báez ya objetó el computo que hizo el tribunal con un escrito de la semana pasada.

Allí el abogado Juan Villanueva criticó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Planteó que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria en otra causa de lavado -por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme- que forma parte del mismo expediente. Báez recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate. Así, Báez lleva nueve años y dos meses de prisión, por lo que ya estaría cumplida su condena de 10 años.

El abogado objetó el computo de pena que hizo el tribunal y pidió uno nuevo. Y recordó que la Fiscalía pidió la detención cuando ese cómputo quede firme. Pero la defensa hará una nueva presentación. Seguirá la misma línea y planteará que la ejecución de la pena de Báez debe seguir como hasta ahora con la prisión domiciliaria.

Los 10 años de prisión del empresario podrían agravarse porque tiene otras condenas. Además de la de los cuatro años y medio por el campo “El Entrevero”, también los seis años por la obra pública en Santa Cruz, en la que también está condenada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otras. Esta última se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si esas condenas quedan firmes se unificarán todas las penas, pero no de manera aritmética.

Por otra parte, la semana pasada quedaron detenidos Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Todos ellos tienen penas de más de tres años y se presentaron el lunes pasado en Comodoro Py. Fuero alojados primero en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal y el jueves trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.

Todos pidieron la prisión domiciliaria por razones de salud o porque, en algunos casos, tienen más de 70 años. El Cuerpo Médico Forense será el encargado de constatar cómo se encuentran. Será en revisaciones que se harán entre el martes y el jueves de la semana que viene.

El caso tuvo un sexto detenido. Se trata de Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero fue internado por una “descompensación”. Le ocurrió el mismo día que se ordenó su detención. El juez Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.

La causa hoy está concentrada en las situaciones de detención de los acusados. Pero luego pasará a la etapa de ejecutar los bienes que están embargados. Junto con la pena de prisión con la confirmación de la condena también quedaron firmes las multas que los acusados deben pagar. En el caso de Báez es seis veces los 55 millones de dólares del valor. Son 330 millones de dólares.

En la causa hay embargados cerca de 1.500 bienes, entre empresas, vehículos e inmuebles que estaban a nombre de Báez o de sus compañías. La amplia mayoría -1300- son vehículos entre autos, camionetas, camiones y maquinaria de la construcción.

Todo eso está embargado y en condiciones de ejecutarse para cubrir la multa. Pero algunos ya fueron rematados y otros forman parte de la quiebra de Austral Construcciones y de otras de sus compañías para pagarle a los acreedores. Por lo que cuando llegue el momento del remate la justicia determinará que hay para liquidar.

El ex apoderado de la financiera S.G.I. Fabián Rossi y otros cuatro detenidos en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” fueron trasladados desde una dependencia de la Policía Federal, donde estaban detenidos desde el lunes para comenzar la cumplir sus condenados, a la cárcel federal de máxima seguridad de Marcos Paz.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el traslado fue ordenado porque la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) es un lugar de tránsito y no había cupo para que sigan detenidos allí. Así fueron trasladados a Marcos Paz, donde estarán hasta tanto que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria que ya comenzaron a tramitarse.

Junto con Rossi fueron llevados a la cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Marcos Paz es una de las cárceles de máxima seguridad del país que queda en esa localidad bonaerense. Allí, entre otros, están alojados los jefes narcos de Rosario, como Ariel “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, pero en un régimen especial de aislamiento por ser un detenido de alto perfil.

El lunes también quedó detenido también Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, la principal compañía del empresario Lázaro Báez -también condenado y preso en la causa-. Pero Mendoza está internado porque el viernes pasado, cuando se ordenó su detención, sufrió una “descompensación”. El juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas de los acusados de haber participado del lavado de dinero 55 millones de dólares a través de bancos en el extranjero y el reingreso al país a través de bonos. Entre ellas, la de Báez a 10 años de prisión. Con esa decisión, las penas de cumplimiento efectivo -que son las de más de tres años de prisión- quedaron en condiciones de ejecutarse.

El fiscal Abel Córdoba pidió la detención de Rossi -quien tuvo trascendencia en el caso porque cuando ocurrió era el marido de Iliana Calabró-, de Fernández, de De Resis, de Castro, de Molinari y de Mendoza. Todos tienen penas superiores a los tres años y nunca habían estado detenidos.

Se presentaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py y fueron trasladados hasta la Superintendencia para que queden detenidos allí hasta que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria. Los acusados alegaron problemas de salud y en algunos casos más de 70 años, la edad a partir de la cuál se puede pedir el arresto domiciliario por razones etarias.

Pero desde la Policía Federal informaron que la Superintendencia es un lugar de detención transitoria y que no podían seguir alojados allí hasta que se resuelvan los pedidos de detención domiciliaria, lo que puede demorar una o dos semanas más. La justicia ya ordenó que serán revisados por el Cuerpo Médico Forense pero todavía no se fijó fecha para sus exámenes. Así, pasaron a la órbita del SPF.

También está pendiente la situación de detención de Báez, de su hijo Martín, del abogado Jorge Chueco y del contador Daniel Pérez Gadín. Todos ellos ya estuvieron detenidos, tanto en una prisión como en domiciliaria,, y luego fueron excarcelados. Lázaro Báez continúa detenido en una casa de El Calafate, Santa Cruz, en otra causa por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en la que tiene una condena no confirmada de cuatro años y seis meses de prisión.

Con la confirmación de la condena se hizo el cómputo de pena de lo que les restan cumplir y el fiscal Córdoba pidió que Báez, Chueco y Pérez Gadín vuelvan a la cárcel porque le resta cumplir parte de la condena. En el caso de Martín Báez solicitó su libertad condicional.

En el caso de Báez, el empresario estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019 cuando fue excarcelado porque se cumplieron los tres años de prisión preventiva sin condena. Así, el computo que hizo el juez Costabel es que Báez estuvo preso tres años, seis meses y ocho días y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días.

Pero la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Villanueva sostuvo en una presentación que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria por el campo en Uruguay que forma parte del mismo expediente. En esa perspectiva Báez lleva nueve años y dos meses de prisión.

El Tribunal Oral Federal 4 deberá resolver si Báez regresa a prisión.

El fiscal federal Abel Córdoba pidió hoy que el empresario Lázaro Báez regrese a prisión para terminar de cumplir la condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa por la “Ruta del dinero K”.

“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, planteó Córdoba en su dictamen al que accedió Infobae y que presentó ante el Tribunal Oral Federal 4.

Lo mismo para el abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, también condenados en la causa de lavado. Los tres ya estuvieron presos en la causa pero según el cómputo de la pena que se hizo tras el fallo de la Corte Suprema le resta pena por cumplir.

En el caso de Báez, el empresario estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019 cuando fue excarcelado porque se cumplieron los tres años de prisión preventiva sin condena. Así, el computo que hizo el juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel es que Báez estuvo preso tres años, seis meses y ocho días y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días.

Pero la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Villanueva sostuvo en una presentación ante el Tribunal Oral que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria en otra causa de lavado -por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme- que forma parte del mismo expediente. Báez recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate. Así, Báez lleva nueve años y dos meses de prisión.

“Requerimos se practique un nuevo cómputo que reconozca la situación procesal completa de Lázaro Antonio Báez, considerando el tiempo de detención que viene padeciendo desde el 5 de abril de 2016 hasta el día de hoy, como bien conoce este Tribunal”, sostuvo la defensa que planteó que el pedido de detención de la Fiscalía es cuando el cómputo de la pena quede firme, lo que fue objetado y adelantó que en caso de no aceptar su planteo lo apelará.

Por su parte, la situación de Chueco y Pérez Gadín es similar a la de Báez: ya estuvieron detenidos en prisión y en domiciliaria. Pero les resta cumplir parte de la pena que quedó firme con el fallo de la Corte Suprema.

Quien no volverá a ser detenido es Martín Báez, uno de los hijos de Báez, que fue condenado en el juicio oral y que estuvo preso. “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Martín Antonio Báez, y siendo que oportunamente se le concedió la excarcelación en los términos del art. 317 inc. 5, solicito se convierta la misma en libertad condicional (art. 13 y ccdtes del CP)”, planteó el fiscal.

Con todos los planteos ahora deberá resolver el juez Costabel. Previo a eso puede pedirle opinión a las defensas de los acusados.

La causa tuve detenciones ayer cuando se presentaron en los tribunales de Comodoro Py seis condenados que nunca estuvieron presos y que tienen penas mayores a tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo.

Se trata de Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I,Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Todos ellos quedaron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal hasta tanto la justicia resuelva sus pedidos de prisión domiciliaria que solicitaron por cuestiones de salud o de edad. Ese trámite puede demorar entre una y dos semanas.

El sexto detenido fue Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”. El viernes fue el día que se ordenó su detención. La defensa llevó a la justicia documentación que será analizada y el juez Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.

Los seis condenados en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” que deben comenzar a cumplir sus condenas de prisión comenzaron a presentarse esta mañana en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos. El primero en hacerlo fue Fabián Rossi, con una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rossi se presentó cerca de las 9 horas en el Tribunal Oral Federal 4, en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py. Lo hizo una hora y media antes del horario en el que había sido convocado. Ingresó al tribunal para cumplir con los trámites de detención y luego fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).

También se presentaron César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Todos ellos quedarán detenidos en la Superintendencia de Investigaciones Federales hasta tanto la justicia resuelva sus pedidos de prisión domiciliaria. El trámite podría demorar entre una o dos semanas. Hasta que eso no ocurra no serán trasladados a una unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Fernández antes de ser trasladado a la Superintendencia pasó por el Cuerpo Médico Forense para determinar su estado de salud porque se lo vio en malas condiciones. Pero allí se constastó que está en condiciones de ser alojado en la dependencia policial.

El sexto es Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”. El viernes fue el día que se ordenó su detención. La defensa llevó a la justicia documentación que será analizada. El juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.

Todos tenían que presentarse a las 10:30 horas. Así lo dispuso el viernes Costabel luego del pedido del fiscal federal Abel Córdoba. Se trata de los condenados del caso que nunca estuvieron detenidos y que tienen penas de cumplimiento efectivo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas de todos los condenados por el lavado de 55 millones de dólares del empresario de Lázaro Báez que se hizo mediante empresas y bancos en el extranjero.

Las defensas de los seis condenados ya pidieron sus prisiones domiciliaria por razones de salud o de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes. Es un proceso que lleva la realización de estudios médicos y determinar si en prisión sus patologías pueden ser atendidas.

Tras el fallo de la Corte Suprema, la justicia también deberá analizar la situación de Báez, condenado a 10 años de prisión, y de otros acusados. Se trata de los que ya estuvieron detenidos o lo están -como el caso del empresario que tiene un régimen de detención domiciliaria en Santa Cruz- sobre los que se debe hacer el cómputo de la pena: determinar si ya la cumplieron con el tiempo que estuvieron detenidos.

Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

Martín Báez, hijo del empresario y también condenado en la causa, estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.

La causa conocida como “La ruta del dinero K” retoma la atención luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas.

El caso en el que la Justicia comprobó el lavado de alrededor de 60 millones de dólares, entre el 2010 y 2013, volvió a ser noticia luego de que el Máximo Tribunal resolviera que seis de los condenados debían presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Py para ejecutar las penas.

La causa que culminó en 22 condenas incluye al empresario Lázaro Baez como uno de los principales responsables. Es en este contexto que la ex legisladora de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, realizó una presentación judicial, en el Tribunal Oral Federal N 4 que lleva la causa, para que se revea el beneficio de prisión domiciliaria.

En la presentación realizada, Zuvic señaló que “la preocupación oportunamente manifestada respecto de las condiciones de detención del condenado Lázaro Báez, solicitando se revise con urgencia el beneficio de arresto domiciliario".

La ex diputada señaló que en agosto del 2024 le había presentado una nota al ministro de Justicia Juan Martín Cúneo Liberona, “expresando preocupación por la decisión de permitir que el Sr. Báez cumpla su condena en una propiedad cuya magnitud y características no se condicen con una situación patrimonial lícita, ni con el principio de igualdad ante la ley".

Con el fallo de la Corte, Zuvic se presentó en el tribunal para solicitar que se revea la permanencia en arresto domiciliario “en condiciones notoriamente privilegiadas, ya que resulta incompatible con la finalidad retributiva, ejemplificadora y resocializadora de la pena”.

Por otro lado, señaló que resulta “inadmisible que no se haya dispuesto aún un cómputo de pena actualizada ni la inmediata detención de los condenados. Este accionar dilata la ejecución de una sentencia firme y debilita la confianza social en el sistema judicial". Ademas, en el texto agregó: “Toda señal de permisividad o laxitud en la ejecución de la condena atenta contra el principio de justicia y puede ser leída socialmente como un mensaje de impunidad".

Lázaro Baez fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos, pero no está dentro del listado de las seis personas que deben presentarse hoy en Comodoro Py. En este grupo se encuentran Fabián Rossi, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.

Por su parte, los seis solicitaron que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos aparte.

Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Esa suma da nueve años y seis meses, por lo que la condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.

Luego de que el Tribunal Oral Federal 4 ordenara la detención de seis personas condenadas en la causa por la llamada “Ruta del dinero K”, este lunes se deberán presentar a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py para hacer efectiva la detención.

Los pedidos de arresto habían sido solicitados el viernes por la mañana por el fiscal federal Abel Córdoba y ordenados por Néstor Costabel, juez del Tribunal Oral.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales la semana pasada, quienes deberán presentarse este lunes para quedar detenidos son Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I. y que tomó notoriedad en la causa por que entonces era el marido de Iliana Calabró, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones —la empresa de Báez—, Juan Alberto De Rasis, quien fue empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I., el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, había pedido el fiscal.

Nunca estuvieron presos en la causa y tienen condenas de más de tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo.

“En razón de lo requerido en el punto IV de la presentación del Ministerio Público Fiscal, convocaré a los condenados Julio Enrique Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Fabián Virgilio Rossi y Carlos Juan Molinari, para que se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las 10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones”, resolvió Costabel para que no se fuguen.

Por su parte, los seis solicitaron que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes.

Según la Justicia, tuvieron distintos roles en el armado de la maniobra para que Báez lave 55 millones de dólares a través del envío de esos fondos fuera del país para luego reingresarlos. Para eso se usaba a S.G.I., la financiera que era de Federico Elaskar, también condenado a tres años de prisión pero con la pena en suspenso.

El apoderado de S.G.I. era Rossi que en la prueba de la causa aparece enviando oficios y mails a bancos de Suiza para solicitar la apertura de cuentas a nombres de empresas de Baéz y sus hijos y para solicitar el ingreso de los dólares.

El juez Costabel debe analizar la situación de Lázaro Baéz, de su hijo Martín Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco, ya que todos ellos ya estuvieron presos en la causa y el fiscal Córdoba solicitó que se hagan los cómputos para determinar si deben volver a prisión o ya cumplieron la penal. El magistrado le solicitó al fiscal que opine sobre cada una de las situaciones.

Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019, cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Con respecto al tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K”, se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva cumpliendo condena. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que la pena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel, porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

Martín Báez estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Chueco y Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy la detención de seis personas condenadas en la causa por la llamada “Ruta del dinero K” en la que ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas por el lavado de 55 millones de dólares, entre ellas las del empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión, y dispuso que se presenten el próximo lunes a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py para que queden detenidos.

Uno de los condenados sobre el que se ordenó la detención es Fabián Rossi, con una pena de cuatro años y seis meses de prisión, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró.

Los pedidos de detención habían sido solicitados a la mañana por el fiscal federal Abel Córdoba y ordenados por Néstor Costabel, juez del Tribunal Oral.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que quienes deberán presentarse el lunes para quedar detenidos son Rossi, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.

“Solicito se ordenen sus inmediatas capturas y consecuentes alojamientos en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, había pedido el fiscal. Se trata de quienes nunca estuvieron presos en la causa y tienen condenas de más de tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo.

“En razón de lo requerido en el punto IV de la presentación del Ministerio Público Fiscal, convocase a los condenados Julio Enrique Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Eduardo Guillermo Castro, Fabián Virgilio Rossi y Carlos Juan Molinari, para que se presenten el próximo día lunes 2 de junio de 2025, a las 10:30 horas, para hacer efectivas sus detenciones”, resolvió Costabel. Sobre los seis hay medidas para que no se fuguen.

Por su parte, las seis solicitaron que las detenciones se cumplan en arresto domiciliario por razones de salud y de edad, ya que tienen más de 70 años varios de ellos. Sobre esos planteos, el juez resolvió analizarlo en legajos apartes.

Los seis condenados lo fueron porque según la justicia tuvieron distintos roles en el armado de la maniobra para que Báez lave 55 millones de dólares a través del envío de esos fondos fuera del país para luego reingresarlos. Para eso se usaba a S.G.I, la financiera que era de Federico Elaskar, también condenado a tres años de prisión pero con la pena en suspenso.

El apoderado de S.G.I era Rossi que en la prueba de la causa aparece enviando oficios y mails a bancos de Suiza para solicitar la apertura de cuentas a nombres de empresas de Baéz y sus hijos y para solicitar el ingreso de los dólares.

Lo que el juez Costabel también analizará es la situación de Lázaro Baéz, de su hijo Martín Báez, del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco. Todos ellos sí ya estuvieron presos en la causa y el fiscal Córdoba solicitó que se hagan los cómputos para determinar si deben volver a prisión o ya cumplieron la penal. El magistrado le solicitó al fiscal que opine sobre cada una de las situaciones.

Lázaro Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Sobre el tiempo que Báez lleva preso en la causa de la “Ruta del dinero K” se puede plantear una discusión. Su defensa entiende que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida. Ahora deberá opinar el fiscal y luego resolver el tribunal.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

Martín Báez estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Chueco y Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.

En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema dejó firmes las condenas en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, al rechazar por mayoría los recursos de apelación planteados por los condenados, entre ellos, el empresario Lázaro Báez. Para resolverlo, debió sortear dos conjueces que se sumaron al tribunal. El fallo lleva la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Mariano Lozano y Ramón Luis González, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El tribunal oral que intervino en el caso deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Baéz, ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Esta causa puede ser un antecedente de peso para determinar qué decisión puede tomar la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, en la que está condenada a seis años de prisión Cristina Kirchner, junto a otros acusados. El resultado de ese fallo tendrá un impacto directo en las aspiraciones políticas de la expresidenta, ya que la impediría postularse como candidata a diputada si se confirma antes de agosto.

En la Ruta del dinero K, los planteos que llegaron a estudio de la Corte se vinculan con la causa que investigó la presunta intervención de Lázaro Báez y un grupo de personas físicas y jurídicas ligado al Grupo Austral, en una operatoria considerada por la Justicia como lavado de activos. En diversas instancias judiciales, tanto el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 de Caba como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, consideraron que esas operatorias provenían o bien del fraude contra la administración pública o de la evasión tributaria.

Los implicados

El 19 de mayo pasado, y ante la falta de tres votos coincidentes, la Corte Suprema tuvo que sortear dos conjueces, ya que carecía de mayoría para resolver. Resultaron designados para intervenir en esta causa los camaristas Mariano Lozano (de General Roca) y Ramón Luis González (de Corrientes).

Tanto los conjueces sorteados, como Lorenzetti y Rosatti, decidieron dejar firmes las condenas de Casación mediante la desestimación de los planteos por aplicación del art. 280. En disidencia, el juez Rosenkrantz entendió que la causa debía remitirse a la Procuración General de la Nación.

En relación con dichas conductas, el TOF 4 de CABA condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión; a Martín Báez a 9 años; a Leonardo Fariña a 5 años, reduciéndole la pena por haber cooperado con la investigación en carácter de “arrepentido”; a Daniel Pérez Gadín a ocho años; a Jorge Chueco a 8 años; a Julio Mendoza a 6 años; a Juan De Rasis a 6 años; a Fabián Rossi, Cesar Fernández, Leandro Báez, Eduardo Castro y Walter Zanzot a 5; a Federico Elaskar, Martín Eraso y Claudio Bustos a 4 años y 6 meses, y a Carlos Molinari a 4 años y 6 meses de prisión.

​En la misma sentencia, se ordenó el decomiso de U$S 54.872866,69 y se impusieron multas a las firmas involucradas en la causa.

​La sentencia del TOF 4 fue confirmada parcialmente por la Sala IV de la Casación, que absolvió a Lázaro Báez por un hecho (la compra del campo en Mendoza) y a Molinari por otro, además de reducir las penas.

Luego de este fallo, las penas que quedaron reducidas fueron las de Lázaro Báez (a 10 años de prisión), Martín Báez (a 6 años y 6 meses ), Fariña (a 3 años y 6 meses), Pérez Gadín y Chueco (a 6 años), Mendoza (a 5 años) y Rossi, Fernández y De Rasis (a 4 años y 6 meses de prisión).

Contra la resolución de la Sala IV de Casación acudieron a la Corte en queja las defensas de Lázaro Báez y Martín Báez, de Chueco, de Fernández, de Mendoza, de Zanzot, de Bustos, de De Rasis, de Castro, de Rossi, de Molinari y de Pérez Gadín.

Las partes acusadoras no impugnaron la decisión del tribunal intermedio, por la cual quedaron firmes las absoluciones de las dos hijas de Lázaro Báez, que habían sido condenadas por el TOF, pero desvinculadas por Casación.

Qué probó la Justicia

La investigación se centró en distintas maniobras de lavado, independientes entre sí. La principal de ellas es la que el tribunal de juicio denominó: “circuito de expatriación y reingreso de fondos”, que alude a la maniobra consistente en el traslado del dinero de origen ilícito en efectivo, desde Santa Cruz a Buenos Aires, en aeronaves de la empresa de taxis aéreos, para luego transferirlo mediante la financiera SGI a cuentas bancarias en Uruguay y, desde allí, a cuentas en bancos suizos abiertas a nombre de empresas off shore constituidas en Panamá.

Finalmente, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bonos de la deuda pública nacional, posteriormente vendidos en la Argentina para completar la repatriación de los fondos.

Los argumentos de las defensas

La decisión fue apelada por todos los condenados. Sus argumentos centrales giraron en torno a la valoración de la prueba y la condena por auto-lavado, ya que, al momento de comenzar la supuesta maniobra, dicha actividad no se encontraba penada por el Código Penal.

En sus recursos, los condenados criticaron el modo en que se valoraron las pruebas tanto en la sentencia del TOF 4 como en la de la Sala IV de Casación que la confirmó, como así también la aplicación de las agravantes por haber actuado como una “asociación o banda” o por la “habitualidad” en la comisión del lavado de activos.

Denunciaron también que se perjudicó a las defensas al haberse convalidado el inicio de las actuaciones a partir de declaraciones de Elaskar, que calificaron de “guionadas”; la incorporación de documentación proveniente de Suiza sin peritar su autenticidad y de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la financiera “La Rosadita”, aportadas por Artear; el rechazo a la incorporación de mails enviados por el imputado De Rasis a los bancos suizos; el juzgamiento de estos hechos en forma separada a la de las causas “Vialidad”, “Hotesur” y “Los Sauces” y la imposibilidad de la defensa de Molinari de interrogar a Fariña (cuyos dichos fueron, en opción de su defensa, la principal prueba de cargo en su contra).

Asimismo, se invocó la presunta violación del principio que prohíbe aplicar retroactivamente la ley penal, desde que el tipo penal de lavado de activos previsto en el art. 303.1 del CP (que permite sancionar el blanqueo de fondos provenientes de un ilícito propio) fue aplicado a conductas atribuidas a Lázaro Báez con anterioridad a su entrada en vigencia (en 2011). Esto es: cuando se encontraba en vigencia el tipo penal del art. 278.1 del CP, que en forma expresa vedaba la punición del “auto lavado”.

Sin embargo, tal como aclaró la Corte en el caso precedente “Vidal”, la aplicación del art. 280 de CPCCN, para declarar inadmisibles los recursos extraordinarios, tiene como efecto la confirmación de la sentencia apelada, pero no implica una convalidación, por parte del tribunal.

Rosenkrantz, en disidencia, entendió que correspondía solicitar los autos principales y pedir la opinión del Procurador General. Esto por disentir con la postura adoptada por la Sala IV de Casación, en cuanto entendió que, en la medida en que los actos cometidos en relación con la principal maniobra investigada podían ser considerados como actos de “administración”, el delito de lavado de activos cometido por Báez era un “delito permanente” y, en consecuencia, correspondía aplicarle la ley penal vigente al momento en que dejó de cometerse, cuando ya se encontraba vigente el tipo penal que permitía castigar el “auto lavado”.

En sentido opuesto, Rosenkrantz sostiene, desde que se expidió en el fallo “Muiña”, referido a la aplicación del beneficio del “2x1” a los condenados por crímenes de lesa humanidad, que la prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal rige también para los “delitos permanentes”.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que hoy confirmó las condenas en la llamada causa de la “Ruta del dinero K” abre la puerta a que varios de los involucrados sean detenidos. Eso es porque las condenas de más de tres años de prisión son de cumplimiento efectivo y con la decisión del máximo tribunal quedan en condiciones de ejecutarse porque ya no hay más instancias de revisión.

La Corte dejó firmes las condenas de 12 acusados. Pero la situación es distinta en cada caso, lo que deberá analizar el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py cuando sea notificado formalmente por el máximo tribunal, lo que hasta la tarde no había ocurrido. Se espera que mañana el tribunal comience con ese trámite, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Una incógnita que se abre es sobre la situación del empresario Lázaro Báez, que tiene una condena a 10 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares. Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Báez primero estuvo detenido en un domicilio de la provincia de Buenos Aires y ahora en una vivienda en Santa Cruz. Su abogado, Martín Villanueva, planteó que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

La decisión será del Tribunal Oral Federal 4, que preside el juez Guillermo Costabel, previa consulta a las partes, tanto la defensa como el fiscal federal Abel Córdoba, que es quien interviene en el caso. Si el tribunal entiende que Báez lleva tres años preso en esta causa se abren dos opciones: o que vuelva a la cárcel o que siga su detención bajo arresto domiciliario.

Otros seis condenados deberían ser detenidos porque tienen penas que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. Son Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I de Federico Elaskar; Fabián Rossi, también ex empleado de S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Ileana Calabró- el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Ninguno de los seis estuvo detenido en la causa, por lo que tienen toda la condena para cumplir. Pero se presentan algunas situaciones. Fernández, Rossi y Molinari han presentado en la justicia certificados en los que señalan que tienen distintos problemas de salud. Eso podría derivar en pedidos de prisión domiciliaria.

Por otra parte, Molinari, Castro y Mendoza tienen más de 70 años. Esa es la edad a partir de la cual la ley establece que se puede solicitar la prisión domiciliaria por una cuestión etaria. La norma también establece que el otorgamiento no es inmediato por razones de edad.

La Corte Suprema también confirmó las condenas de Martín Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez; del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco. Báez tiene una pena de seis años y medio de prisión y Pérez Gadín y Chueco de seis años.

Los tres ya estuvieron presos en la causa. Martín Báez lo estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Chueco y Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.

El arrepentido del caso, Leonardo Fariña, ya tenía la condena de tres años y medio de prisión confirmada y está bajo libertad condicional por tenerla prácticamente cumplida.

El abogado Sebastián Daniel Nanini llamó ofuscado a quien escribe estas líneas el viernes pasado a las 19.23. Se sintió agraviado por la forma en que se lo presentó en la nota que informaba de manera exclusiva que se había presentado ante el juez Ernesto Kreplak como el nuevo presidente del laboratorio sospechado de haber vendido fentanilo de uso clínico contaminado a efectores de salud. El magistrado investiga la muerte de al menos 33 pacientes.

En su escrito, el ex apoderado de varias listas del PJ bonaerense y letrado de la ex esposa de Lázaro Báez, afirmaba que su participación en la empresa es posterior a la producción del mortal medicamento que se aplica en enfermos graves con dolores crónicos.

Lo que sigue es la primera entrevista de Sebastián Daniel Nanini desde que adquirió el 99% del cuestionado laboratorio. En ella afirma que vio “un buen negocio” en la empresa que vende sus productos a gobernadores e intendentes; niega que “la política” esté detrás de la operación y afirma que “el fentanilo es horrible”, que lo dejaría de producir si toma el control definitivo de la empresa y reconoce que “El Estado es un buen cliente”.

“Compré todas las acciones”

—¿Qué participación tiene usted en el laboratorio, en HLB Pharma?—HLB Pharma es una sociedad anónima, y lo que hago es compra y venta de acciones. Compré el paquete mayoritario de acciones.—¿Qué porcentaje?—No lo recuerdo ahora, pero es la mayoría.

—¿Qué porcentaje, por la mayoría puede ser el 51%?

—Digamos 99%. Compré todas las acciones, sí.—¿Y a quién se las compró?—El que firmó es Ariel García (Furfaro), y no recuerdo el nombre ahora el nombre de la señora, pero es Furfaro de apellido. Ella figuraba como accionista de la sociedad.

—¿Por qué monto fue la operación?

—Es una compraventa privada. Lo que le puedo decir es que yo no compré un laboratorio con los números que se consiguen (en el mercado). La idea siempre fue pagar con producción. O sea, mientras yo iba produciendo, iba pagando la compra. Yo avanzo con la negociación con Ale García, que hace tiempo se manifestaba que quería salir de la industria y estaba liquidando todo el laboratorio. Firmamos con una cláusula de recisión de seis meses. En ese tiempo iba a hacer la evaluación de maquinarias, insumos, materia prima personal, revisar papeles, pero todavía no se pudo hacer por todo lo que pasó.

—Por las muertes del fentanilo contaminado. ¿Y desde cuándo está a cargo de la empresa?

—No, yo todavía nunca estuve a cargo de la empresa, y de hecho es importante su pregunta, porque yo nunca di de alta el cambio. Solo informe a la Inspección General de Justicia.

—En el Boletín Oficial figura que usted es el presidente del laboratorio desde el 28 de marzo de este año.

—Claro, eso es después de la fabricación del supuesto fentanilo contaminado, que fue en diciembre de 2024. Por eso me presento ante el doctor Enrique Kreplak (se refiere el juez federal de La Plata que investiga las muertes por el fentanilo contaminado). Si libra un oficio judicial está registrado mi nombre. Yo todavía no le di el alta en ARCA. Gracias a esto (por las muertes de los pacientes que se infectaron con el medicamento y fallecieron) no tuve acceso al inventario completo, ni pude poner al director técnico de mi confianza. Nunca tuve una alerta grave sobre el laboratorio.

—¿Y usted no conocía nada sobre la producción de fentanilo contaminado, no vio ningún documento, ningún control de calidad que alertara sobre la presencia de bacterias en el lote del fentanilo mortal?

—Me entere por los medios no porque tenga información privilegiada. El actual director técnico no pertenece a mi equipo de trabajo. Es el mismo equipo que venía trabajando de antes.

“La cuestión de la contaminación es algo muy serio”

—¿Y cuando se entera que hace, piensa en dar marcha atrás con la operación?

—Pido la auto inhibición. Significa que se cierre hasta que esto se aclare, y también estaba previsto que yo lo auto inhibirlo para poder hacer las observaciones internas, para poder tomar en forma concreta la actividad comercial.

—Por la documentación que tengo usted pidió la “auto inhibición voluntaria de la planta productiva” al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) el 9 de mayo, un día después que la ANMAT declaró un “alerta sanitaria” para que en todo el país deje de utilizarse el producto, leo textual “fentanilo HLB / fentanilo (citrato) del que se está investigando por desvío de calidad”.

—Sí. Una cosa es que no sé cómo se dice, deje de venderse ese producto. Yo pedí que se pare la producción. Lo hice en una situación de potencial contaminación para empezar a ver qué pasó con esto. O sea, eso fue mi idea y creo hasta el día de hoy fue acertada.

—Y el 12 de mayo la ANMAT pide la inhibición de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo.

—Exactamente.

—¿Qué vinculación hay entre los dos laboratorios?

—La planta de Ramallo produce en forma exclusiva para HLB. Son dos laboratorios distintos.

—¿Y usted va a seguir con esa relación?

—La exclusividad no está cancelado. Pero bueno, no sé cómo va a terminar todo esto. A mí me parece que es importante saber cómo termina la parte judicial. Eso es lo más importante. La justicia debe determinar las responsabilidades y actuar, las familias de las víctimas lo merecen. Por eso me puse a disposición de la justicia. Esta cuestión de la contaminación es algo muy serio. La justicia, la ANMAT, no yo, tienen observar detalladamente los documentos, yo no tengo nada que ver con esa producción. La justicia tiene que ir a fondo con la investigación, averiguar lo que sucedió. acá.

—Le repito una pregunta anterior, si la justicia determina que, como hasta ahora indican los análisis del Instituto Malbrán y de la ANMAT, el fentanilo contaminado fue producido por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma ¿usted va a seguir adelante con la operación de compra?

—Tengo previsto una cláusula de indemnidad por seis meses, que era lo que me parecía prudente. O sea, para poder abordar una actividad comercial tan compleja de la cual yo no soy experto, eso todavía está en análisis.

“Lo vi como un buen negocio”

—¿Cuándo compró el paquete accionario a usted no le hizo ruido las objeciones y sanciones que la ANMAT le viene haciendo al laboratorio, al menos desde 2019?

—Yo lo consulté en su momento y me dijeron que es habitual las correcciones que pide el órgano de control. Me manifestaron que era algo cotidiano que sucedan estas cosas. Yo nunca tuve alertas concretas con respecto a una a una mala práctica de la actividad.

—¿Conoce a otros abogados como usted que compren un laboratorio?

—No, pero los abogados estamos en todas partes. Estimado.

—¿Y a usted como abogado le interesaba participar en la compra de un laboratorio?

—Mmm. Me pareció interesante. Lo vi como un buen negocio sin desembolsar mucho dinero ni nada.

—Y si es un buen negocio por qué de quería retirar García Furfaro ¿sería por todos los cuestionamientos que tiene?

—Me dijo que estaba cansado de la industria, que era complejo, que… Y aparte creo que se ha diversificado a otras actividades comerciales. Y capaz que bueno… lo que manifestó que quería retirarse de la industria.

¿La política detrás de la compra de HLB Pharma?

—Volviendo a la compra del paquete accionario. Hay quienes dicen que detrás del abogado Sebastián Nanini hay otras personas. Que hay muchos intereses atrás. Qué HLB Pharma hace muchos negocios de ventas de medicamentos con provincias, con gobernadores, con municipios del conurbano, como José C. Paz. Se dice que “la política” está detrás suyo. Incluso mencionan que el que estaría detrás de esta compra es el intendente Mario Ishi con el que usted tiene muy buena relación.

—La realidad es que conozco a Mario Ishi. Es un gran intendente. De los mejores. Y también fui apoderado de listas del PJ. Este es un laboratorio que ha vendido y vende un montón de productos a estados provinciales y municipales. Y le recuerdo estimado que para que eso suceda hay un proceso y un expediente. No, es que no, es que es una compra. Hay licitaciones. Estimado, “la política”, como dice, no está detrás de mi compra. O sea. De ninguna manera está Mario Ishi, ni ningún gobernador. Tengo relación con muchas personas, no solamente con algunos que estén en el Ejecutivo municipal o provincial, sino con muchas personas y ninguna esta detrás de esta compra.

—En varias notas de del portal oficial de la Municipalidad de José C. Paz a usted lo mencionan como “director general de asuntos legales” de la intendencia.

—Sí, escribieron eso, pero ha sido un error sinceramente involuntario y sin mala intención de la parte de comunicación de la Intendencia. Yo no he sido ni soy funcionario ni empleado del municipio de José Paz ni de la provincia de Buenos Aires. El único cargo público que tuve hace mucho fue en el Senado, pero fue algo de muy poco tiempo y siempre seguí con mi actividad privada.

“Creo que hay muchas personas responsables”

—¿Lo conoce a Jorge Salinas de Laboratorios Ramallo, la firma que produce en exclusividad para ustedes?

—A ese señor no lo conozco y por lo que sé, no aparece ninguno de los documentos que he analizado con mi equipo de trabajo como para poder avanzar en la compraventa de acciones. No lo conozco. Estimado. La justicia debe avanzar en la investigación, si lo que se dice es verdad hay muchos responsables: desde un director técnico de control de calidad hasta las mismas autoridades nacionales que dejan salir a la calle un producto que potencialmente pueda ser contaminado. Esto escapa a mi expertise. O sea, estoy hablando en abstracto, no en concreto. Y lo poco que conozco me lleva a decir eso, que se lo he repetido en más de una oportunidad esta charla: la justicia tiene que resolver.

—Usted cree posible que el fentanilo haya salido a la venta a sabiendas que estaba contaminado. Entiendo que hay que superar controles de calidad muy exigentes.

—A mí, a mí, a mí eso me parece una locura. No, no, no, no. No quiero pensar que sea así. Yo no puedo pensar que sea así. No puedo. No puedo naturalizar ese concepto. Yo creería que no. O sea. Y eso es lo que creo que no solamente eso, sino la sociedad necesita saber qué es lo que pasó. Por eso que la justicia tiene que profundizar y resolver. Yo creo que hay muchas personas responsables, hay mucha gente responsable. Es un producto que se usa mucho y no solamente quien lo produce es responsable. Y creo que de ahí hasta que se le inyecta este producto a un paciente hay un montón de gente.

—Pero si el producto se elaboró en el laboratorio y no se controló debidamente o lo enviaron a la calle a sabiendas que estaba en mal estado, el primer responsable es el laboratorio.

—De ser así, hay responsabilidad de los directores técnicos del laboratorio. Eso es seguro. O sea, eso por una cuestión de conocimiento, de responsabilidad en lo que es la parte de derecho. Pero creo que de ahí a que esté puesto en un paciente también hay mucha. Hay mucha responsabilidad de otras personas.

—¿Cuándo estalló el tema del fentanilo contaminado qué le dijo usted a García Furfaro? Me imagino que le podría haber preguntado “¿Qué carajo pasó acá?”

— Sí. Palabras más, palabras menos. Me manifestó que hubo muestras que mandaron a analizar. El no es el director técnico. Me dijo “bueno, ahora hay que esperar qué pasa con las muestras, con los análisis”. Esta muy afectado. El no es científico, no es bioquímico, no es farmacéutico. Seguramente él confiaba en los procesos que llevan adelante los profesionales que él contrató. O sea que creo que eso nos puede pasar a todos. Él está preocupado.

La relación con la familia Báez

—Lo saco un momento del fentanilo contaminado. ¿Qué relación tiene con la familia de Lázaro Báez?

— La única relación real que tengo es con la señora Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez, de la cual soy su abogado en varias causas en varios asuntos. El principal es en la división de bienes que tiene en Río Gallegos. Sí. Y le agradezco la pregunta. Yo nunca fui abogado de Lázaro Báez.

—¿Y del hijo de ambos, Martín Báez?

— En su momento yo participé como abogado. Participé en un escrito judicial para que Martín pueda tener su prisión domiciliaria y generamos mucha confianza con ella. Y ella siempre me consultó algunas cuestiones relacionadas con la parte legal. Repito, soy abogada de ella. Con Lázaro no puede escuchar hablar de mí. Con él hablé cuestiones relacionadas a la causa de Río Gallegos, la 03948/2021 dónde la señora Calismonte es querellante en una causa por defraudación, por administración fraudulenta en contra de los apoderados de Báez. Entonces imagínese que abogado de Báez no soy, o sea, todo lo contrario.

—Pero le prestó una casa a Lázaro Báez.

—Un abogado de Báez me pidió que le dé una mano para conseguirle un lugar a donde alojarse en la prisión domiciliaria, porque lo habían sacado de mala manera de la casa que tiene el Ayres de Pilar. Solamente por eso, nada más. Y terminó mal por la sensibilidad de algunos abogados de Báez.

—¿Cuál es su vínculo con el expresidente Alberto Fernández?

— Lo dice por la foto. Los dos somos docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y nos sacamos una foto.

—¿Trabajo con Alberto Fernández?

—No tengo una relación con él, pero sí lo conocía de algún tipo de reunión, nada más.

—¿Qué relación sigue teniendo con el peronismo bonaerense?

—Es muy, muy, muy acotada, o sea, prácticamente nula de hecho. O sea. A mí la política me interesa. Me parece que es la herramienta correcta para transformar la realidad de la gente. Un ejemplo es Mario Ishi. La política es algo que me motiva.

—Una vez dijo que la lista de Mario Ishi representaba “desde Perón a Néstor”. ¿Ese es el arco que define a su peronismo?

—Sí, es cierto. Sí, lo dije. O sea. Y de hecho me parece que hay valores y hay actos concretos. Valores que hay que tomar de Néstor Kirchner.

“En Estados Unidos hablas de fentanilo y ese es un tema espantoso

—¿En septiembre define si se queda o no con el paquete accionario de HLB Pharma?

—O antes, no sé.

—Después de lo que hablamos, si toma el control del laboratorio, ¿seguiría priorizando como hasta ahora la venta de medicamentos a municipios, a provincias?

—Eso es una cuestión que tiene que ver con la matriz argentina. El gran comprador es el Estado argentino. No me parece bueno descartar a ningún Estado como cliente. Sí eliminaría algunos de los productos que elaboramos. Por ejemplo, me parece que este producto no es bueno.

—¿Lo dice por el fentanilo de uso clínico?

—Y no es por el tema de este de fentanilo supuestamente contaminado. ¿Suena horrible no? El fentanilo es horrible. ¿Por qué… para qué se usa en realidad? Y no por es por el lío que tenemos hoy por esta cuestión. El fentanilo produce estragos en Estados Unidos. Lo veo porque me toca viajar a Estados Unidos y lo veo. En Estados Unidos hablas de fentanilo y ese es un tema espantoso.

—Su opinión es que, si HLB Pharma está en sus manos, dejaría de producir fentanilo para uso médico.

—Sí. ¿Y por qué no? La imagen del fentanilo en Estados Unidos es horrible. Y, por otro lado, todo esto que nos está pasando. O sea, si llego a estar, al frente de esa actividad, podría dejar de producir fentanilo como se está haciendo ahora. Hay un viejo dicho que uno ve algo que le hace mal y no lo quiere, no lo quiere hacer.

—Mi abuela decía que “el que se quema con leche ve una vaca y llora”.

—Claro. Por eso no me parece seguir produciendo fentanilo. El fentanilo es muy controvertido, quizás porque yo tengo la imagen afuera.

—¿Accedió a algún tipo de documentación que acredite que la partida de fentanilo que habría matado a personas se elaboró de manera eficiente y bajo todos los controles? ¿Pudo observar esa información?

—No, no. Hasta ahora no. Mi idea era poder poner a un director técnico de confianza que pueda ir interactuando con el responsable actual, pero nunca llegué a ese momento. Ahora todo esta en manos de la justicia. El juez Kreplak decidirá si hay responsables y quienes son.

La Corte Suprema ya se encuentra analizando la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, en la que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero. El tribunal, que acaba de sumar dos conjueces, debe decidir si confirma las condenas o si revisa el caso, en medio de un debate sobre la posible aplicación retroactiva de una ley penal.

Para resolver las diferencias de criterio entre los tres jueces que integran el tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se designaron dos conjueces, Ramón González y Mariano Lozano, quienes ya aceptaron sus cargos y comenzarán a analizar el expediente.

Recientemente, Rosenkrantz propuso enviar el caso al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine si se aplicó correctamente la ley penal más benigna. Este planteo surge porque la defensa de Báez argumenta que fue condenado bajo una ley que no estaba vigente al momento de los hechos.

Por su parte, según fuentes del tribunal, Rosatti y Lorenzetti se inclinarían por considerar que no es necesario realizar este análisis, rechazando así los recursos de apelación sin mayores explicaciones, invocando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Sin embargo, el debate está abierto y hay que esperar la opinión de los conjueces para ver cómo va a estar compuesto el voto de la mayoría.

Los conjueces designados tienen experiencia en casos complejos. González, integrante de la Cámara Federal de Corrientes, ha intervenido en investigaciones como el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri y es autor de un libro sobre derecho penal. Lozano, miembro de la Cámara Federal de General Roca, ha participado en fallos relacionados con comunidades mapuches y casos de corrupción en la AFIP.

La causa judicial

La causa, que involucra a Báez y a otros condenados, se centra en el blanqueo de al menos 60 millones de dólares mediante una financiera conocida como La Rosadita, ubicada en Puerto Madero. Según el expediente, el dinero fue transferido a cuentas en Suiza a través de empresas constituidas en Uruguay y España, para luego ser destinado a la compra de bonos argentinos, que posteriormente fueron vendidos y el dinero reingresó al país.

Las investigaciones apuntan a que estos fondos provenían de la evasión fiscal de las empresas constructoras y de presuntos actos de corrupción en licitaciones de la obra pública.

El caso también ha generado controversia debido a su posible conexión con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la Cámara Federal insistió en procesarla como supuesta beneficiaria del dinero de Báez, el fiscal Guillermo Marijuan, quien inicialmente la acusó, concluyó que no existen pruebas suficientes para sostener esa imputación.

Esta semana, la Cámara Federal aceptó un pedido de la ONG “Bases Republicanas” para que se analice si debe ser aceptado como prueba un audio de Báez, en el que supuestamente asegura que el dinero que manejaba no le pertenecía, sino que era de alguien de “arriba”. La Sala II de la Cámara ordenó al juez Sebastián Casanello que vuelva a analizar el pedido en una audiencia con las partes.

Los argumentos de la defensa

Los tres jueces de la Corte junto a los dos conjueces deberán evaluar ahora los planteos de la defensa. Este viernes, el abogado de Báez, Juan Villanueva, presentó ante el tribunal el dictamen de la Fiscalía General de Casación a favor de que la Corte abra el recurso. Además aportó los videos de las audiencias y se ofreció a exponer oralmente ante los conjueces que deben interiorizarse del caso.

En la queja presentada el 5 de julio de 2023 ante la Corte, la defensa cuestionó el fallo de la Cámara de Casación que rechazó un recurso contra la condena a Lázaro Báez. En esa presentación argumentaron que se aplicó una condena por un delito que no existía al momento de los hechos juzgados. Es decir, que se le aplicó la Ley 26.683 —que introdujo el delito de “autolavado”— de forma retroactiva, sin considerar que esa conducta no era delito cuando ocurrió.

Además, la defensa planteó que, durante la investigación, el Estado interceptó de forma ilegal las comunicaciones privadas entre Báez y su abogado mientras estaba detenido en Ezeiza, lo que vulneró la confidencialidad en la relación abogado-cliente. Por otro lado, los defensores argumentaron que el TOF 4 juzgó a Báez dos veces por la misma conducta, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Y también que los jueces de Casación modificaron los hechos y la calificación jurídica del caso sin permitirle a la defensa presentar pruebas o defenderse frente a esa nueva acusación.

Tanto el tribunal oral como la Cámara de Casación rechazaron este argumento, considerando que los hechos juzgados ocurrieron bajo la vigencia de la ley actual. Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si revisa este punto o desestima los recursos.

En cuanto a las condenas, además de los 10 años de prisión impuestos a Lázaro Báez, otros involucrados recibieron penas significativas. Entre ellos, su hijo Martín Báez fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión, mientras que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín recibieron la misma pena. Fabián Rossi, César Fernández, Federico Elaskar y Carlos Molinari, en tanto, recibieron penas que oscilan entre los tres y seis años de prisión.

La Corte Suprema tiene la posibilidad ahora de desestimar los recursos de apelación u optar por revisar los argumentos presentados por las defensas. La decisión final será clave no solo para los acusados, sino también para el panorama político y judicial.

La causa judicial conocida como “La Rosadita”, que involucra a Lázaro Báez y a otras personas en un presunto esquema de lavado de activos, ya tiene dos conjueces que comenzarán a estudiar el expediente. Se trata de Mariano Lozano, de la Cámara de General Roca, y de Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Resultaron designados como suplentes Jorge Di Lorenzo, de la Cámara Federal de La Plata, y Guillermo Antelo, de la Cámara Civil y Comercial Federal.

El sorteo de los conjueces, que se realizó esta mañana, obedece a que en la Corte Suprema no existen tres criterios iguales para poder resolver el caso. Según fuentes del tribunal, el juez Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar la condena, lo que podría derivar en la revocación de alguna de las mismas, en tanto los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no estarían de acuerdo con esa postura.

Ante este escenario, se convocó a los conjueces, que que podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas.

La Corte ya se ha contactado con los jueces de cámara sorteados como titulares para anticiparles que les llegará un oficio notificándolos del sorteo, para que hagan saber al Tribunal si aceptan la designación.

Quiénes son los conjueces

Ramón Luis González, como integrante de la Cámara Federal de Corrientes, está interviniendo actualmente en el caso Loan. En el mes de abril de 2025 esa Cámara confirmó el procesamiento de varios imputados, incluido el comisario Walter Maciel.

En julio de 2024 la Cámara que integra confirmó el procesamiento de un cabo de Prefectura Naval por dirigir amenazas de muerte en un contexto de violencia de género contra una marinera de la misma fuerza de seguridad. La decisión de la cámara fue por unanimidad.

En marzo de 2022, Ramón Luis González fue seleccionado como conjuez de la Corte Suprema para intervenir en la causa del supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri. Se trata de luna investigación que nació en Lomas de Zamora, en donde Cristina Kirchner se presentó como víctima. Además, González es autor del libro “Derecho Penal, parte general”.

Mariano Roberto Lozano, integra la Cámara Federal de General Roca, que en abril de 2025 rechazó el recurso presentado por la defensa de un abogado sospechado de cobrar coima en AFIP, confirmando así el procesamiento. En marzo de 2022, esa misma Cámara ratificó el fallo de la jueza Silvina Domínguez quien dictó falta de mérito para once integrantes de una autodenominada comunidad mapuche, en una causa por usurpación y destrucción de un edificio de Parques Nacionales en Villa Mascardi.

En mayo de 2022, la Cámara que integra Lozano desestimó un recurso presentado por el Ejército Argentino a través del Ministerio de Defensa y dejó firme una sentencia que obliga a ceder 180 hectáreas ubicadas a pocos kilómetros de Bariloche a una comunidad Mapuche.

Además, en octubre de 2023, la Cámara de General Roca confirmó el sobreseimiento del juez Gustavo Villanueva. Se trataba de una causa surgida en 2017, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, por un bloqueo a la comunidad mapuche Campo Maripe, sin orden judicial, en el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta.

Las apelaciones

En la causa conocida como “La Rosadita” o “La ruta del Dinero K”, lo que debe resolver la Corte Suprema son los recursos de los imputados presentados contra las condenas por lavado de activos.

Esas condenas son las siguientes: Lázaro Báez (10 años de prisión); Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Jorge Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Daniel Pérez Gadín (6 años de prisión); Jorge Chueco (6 años de prisión); Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabian Rossi (4 años y 6 meses de prisión); Cesar Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional); Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).

La sentencia con las condenas fue apelada ante la Corte mediante recursos que ingresaron durante el mes de junio de 2023. Durante este año, los tres jueces de la Corte revisaron el caso, que se considera delito precedente en la causa Vialidad. Ahora, con la designación de los conjueces, se podrá avanzar en la resolución del caso.

La investigación

En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la misma, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.

Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, entendió que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez, investigado en la causa Vialidad. En esta ultima causa está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner

La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que corresponde admitir el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar contra la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita. El jefe de los fiscales sostuvo que la resolución apelada no respondió de forma adecuada a los agravios del Ministerio Público y respaldó en todos sus términos el planteo de Villar, tras considerarlo fundado en “sólidos argumentos y clara fundamentación legal”.

La sentencia apelada por Villar también había confirmado las condenas de Fernández de Kirchner, Báez y López, entre otros, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y ratificado las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. El recurso extraordinario, rechazado por Casación, motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema.

En rigor, la causa se originó en el juicio oral tramitado ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, que en diciembre de 2022 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, y la absolvió por asociación ilícita. Esa decisión fue confirmada en noviembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, también por mayoría de dos votos contra uno. En ambos casos, hubo magistrados que consideraron que debía ser condenada por ambos delitos.

Durante el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado para la expresidenta una condena de doce años de cárcel, al considerar que existía una organización ilícita pensada para direccionar la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor de empresas vinculadas a Báez. Ese encuadre fue luego sostenido por el fiscal ante la Casación.

Tanto el tribunal oral como la Casación descartaron ese tipo penal al interpretar que las irregularidades detectadas en las 51 obras adjudicadas entre 2003 y 2015 a compañías del empresario constituían un único hecho continuado. Para los jueces, no hubo pluralidad de delitos ni planes independientes, requisito central del artículo 210 del Código Penal.

En su dictamen, Casal reprodujo los fundamentos del recurso de Villar. Según planteó allí el fiscal general, la Casación “había incurrido en una causal definida de arbitrariedad -por omitir el examen y la respuesta a argumentos oportunamente propuestos y que conducían a una resolución distinta del caso-” al confirmar la absolución por asociación ilícita. Además expresó que “el fundamento de esa decisión no era más que la repetición del ofrecido por el tribunal de juicio y, de esa manera, se eludió responder las críticas que había realizado el Ministerio Público en su recurso de casación”.

Casal coincidió con esa postura y afirmó:“Los argumentos previamente reseñados -a cuya exposición completa me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias- constituían una crítica seria al argumento de que ‘no son compatibles la unidad jurídica de tratamiento de las defraudaciones con el requisito de múltiples planes delictivos de la asociación ilícita’ y, como tal, debió ser objeto de un examen y respuesta que la sentencia apelada omitió. Por lo tanto, entiendo que, al proceder de ese modo, el a quo solo satisfizo de manera aparente su función revisora, con lesión al derecho de defensa que asiste a la parte recurrente”.

El procurador interino reseñó que la asociación ilícita es un delito autónomo, de peligro abstracto, que se consuma con la sola participación en una organización con fines delictivos múltiples, independientemente de su ejecución. Indicó que “la organización contempla planes múltiples” y que “la efectiva preparación de un plan no agota los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distintos”.

Por su parte, valoró como “concluyentes” los argumentos del fiscal apelante, quien había señalado que “no es que ex ante se hubiera efectuado un listado indicativo de cuánto dinero se quería sustraer de las arcas del Estado (...) ni en general las numerosas ilegalidades constatadas”. Casal, a su vez, cuestionó la aplicación del concepto de “delito continuado” como obstáculo para considerar la figura de asociación ilícita. A su criterio, “no hay (...) ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”.

Además, el procurador advirtió que las obras adjudicadas se distribuyeron en tres administraciones presidenciales distintas, lo que “produce un corte en la unidad y, en la lógica del tribunal, una multiplicidad de planes delictivos, concretamente tres”.

En relación con otros acusados, Casal también impugnó las absoluciones. Respecto del exministro Julio De Vido, sostuvo: “El apelante objetó, con argumentos que comparto, el excesivo formalismo con que el a quo interpretó esa conducta”, y agregó que “De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección (...) sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.

Sobre Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, el dictamen afirmó que “asumió su cargo con la deliberada intención de no ejercer sus atribuciones, siendo esa la causa verdadera de que haya omitido toda acción dirigida a la evitación del delito”.

Y en cuanto a Héctor Garro, extitular de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Casal recordó que el fiscal Villar impugnó que la sentencia de Casación se había negado “a valorar prueba decisiva bajo un pretexto que sólo de manera aparente constituye un fundamento” y que Garro “conocía en detalle el plan para otorgar en forma fraudulenta contratos de obra pública a Austral Construcciones”.

También ponderó motivos de “arbitrariedad” vinculados con la exclusión de testimonios clave ofrecidos oportunamente por el Ministerio Público. En sus palabras, el fiscal general en su recurso extraordinario marcó una causal de arbitrariedad “que justifica la descalificación de la sentencia, ya que oportunamente se había planteado una violación al debido proceso por haber rechazado el tribunal oral incorporar la prueba ofrecida por el Ministerio Público; esto es, las declaraciones de los imputados colaboradores José López, Carlos Wagner y Juan Chediack, prestadas en la causa 9608/2018, que se estimaban pertinentes y útiles para demostrar la acusación. Esa denegación, además, contribuía al cuestionamiento de la aplicación del beneficio de la duda en este caso, dado que la falta de certeza que expresó el tribunal bien podía haberse disipado si se hubieran valorado, en conjunto con los restantes elementos probatorios, los testimonios ofrecidos".

Casal remarcó que el argumento de la Casación para no analizar ese punto -la supuesta firmeza de la resolución anterior- era incompatible con los criterios sostenidos por el máximo tribunal. Así, postuló: “Lo que el fiscal general señaló positivamente como causal de arbitrariedad es que, como respuesta al reclamo, la cámara de casación dijera que el rechazo de tales pruebas no podía discutirse por encontrarse firme lo resuelto sobre el punto, desconociendo de ese modo la constante jurisprudencia de la Corte que establece que las decisiones sobre admisión o rechazo de pruebas no constituyen sentencia definitiva o equiparable, pues existe la posibilidad de un pronunciamiento posterior del tribunal que disipe el agravio y, en caso contrario, la cuestión siempre puede ser planteada -como aquí- en el recurso contra la sentencia final".

Por último, el dictamen se refirió a la confirmación, en la instancia anterior, de la “sanción accesoria de decomiso, impuesta por un monto sustancialmente menor al solicitado por su parte”. Para el procurador, el Ministerio Público “presentó un detallado y minucioso cálculo que no obtuvo por parte de la cámara tratamiento alguno, ya que sólo fue desestimado mediante una fórmula abstracta”

En el cierre de su escrito, el jefe de los acusadores dejó expresado su respaldo total a la postura formulada por Villar: “Las breves consideraciones que anteceden expresan el respaldo de esta Procuración General a la apelación federal presentada por el señor fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, que con pleno valor y efecto doy aquí por reproducida y, atento sus sólidos argumentos y clara fundamentación legal, mantengo en todos sus términos”.

La causa judicial conocida como “La Rosadita”, que involucra a Lázaro Báez y a otras personas en un presunto esquema de lavado de activos, podría dar un giro en los próximo meses. Según fuentes del tribunal, el juez Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar la condena, lo que podría derivar en la revocación de alguna de las mismas.

Por su parte, según las mismas fuentes, tanto los jueces Horacio Rosatti como Ricardo Lorenzetti no estarían de acuerdo con esa postura. Ante este escenario, y por orden de Rosatti, en su caracter de presidente del tribunal, un secretario de la Corte fijó fecha para designación de dos conjueces, que que podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas.

Las apelaciones

En la causa conocida como “La Rosadita” o “La ruta del Dinero K”, lo que debe resolver la Corte Suprema son los recursos de los imputados presentados contra las condenas por lavado de activos.

Esas condenas son las siguientes: Lázaro Báez (10 años de prisión); Martín Báez, (6 años y 6 meses de prisión); Jorge Fariña (3 años y 6 meses de prisión); Daniel Pérez Gadín (6 años de prisión); Jorge Chueco (6 años de prisión); Julio Mendoza (5 años de prisión); Fabian Rossi (4 años y 6 meses de prisión); Cesar Fernández (4 años y 6 meses de prisión); Juan De Rasis (4 años y 6 meses de prisión); Leandro Báez (3 años de prisión condicional); Eduardo Castro (4 años y 6 meses de prisión); Walter Zanzot (2 años y 6 meses de prisión); Federico Elaskar (3 años de prisión condicional); Martin Eraso (3 años de prisión condicional); Claudio Bustos (3 años de prisión condicional); Carlos Molinari (3 años y 6 meses de prisión).

La sentencia con las condenas fue apelada ante la Corte mediante recursos que ingresaron durante el mes de junio de 2023. De acuerdo con los datos que figuran en los registros públicos de la Corte Suprema, el expediente fue enviado a la vocalía del juez Rosatti, donde estuvo un año y medio: desde noviembre a diciembre de 2023, en que se devolvió por la feria judicial; luego desde febrero de 2024 hasta julio, también devueltos por la feria, y luego hasta diciembre; finalmente, desde febrero hasta marzo de 2025. Luego de ello no hay registros.

Durante este año, los tres jueces de la Corte revisaron el caso, que se considera delito precedente en la causa Vialidad, y hay dos de los jueces, Rosatti y Lorenzetti, que estarían de acuerdo en rechazar los recursos, con lo que las condenas quedarían confirmadas. Por su parte, Rosenkrantz estaría a favor de revisar el caso y enviar la causa al Procurador General, Eduardo Casal, para que emita un dictamen sobre si debe ser revocada la sentencia o no.

El sorteo de los conjueces se realizará el 19 de mayo de 2025 a las 11 hs. Los mismos se eligen entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, lo que incluye a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, excepto los que ya dictaron la sentencia condenatoria en revisión.

La investigación

En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la misma, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.

Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, entendió que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez, investigado en la causa “Vialidad”. En esta ultima causa está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos la ex presidenta Crsitina Fernández de Kirchner

La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.

En “Vialidad” lo que se investiga es la hipótesis de que la obra pública era direccionada en favor de Lázaro Báez, a quien se le abonaban sobreprecios por obras que nunca se realizaban.

La diferencia de “la ruta del dinero K” con “Vialidad” son básicamente dos: en primer lugar los delitos investigados, ya que en “Vialidad” las condenas fueron por administración fraudulenta en perjuicio del Estado; y en segundo lugar que en la causa de “La Rosadita”, los condenados por el delito de lavado son todos particulares, y no fueron condenados funcionarios públicos.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, celebró este jueves una audiencia oral para empezar a revisar las absoluciones dictadas en una causa por evasión fiscal agravada en la que resultaron beneficiados el constructor Lázaro Báez y otros tres imputados ligados a su grupo empresarial.

El caso tramita presuntas maniobras fraudulentas realizadas a través de las empresas Sucesión de Adelmo Biancalani (SAB) y Austral Construcciones S.A. (ACSA), vinculadas al empresario amigo del matrimonio Kirchner. Las maniobras habrían incluido la utilización de facturas falsas para evadir el pago de impuestos durante los períodos fiscales comprendidos entre 2013 y 2015.

A lo largo del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que se extendió entre el 22 de febrero y el 4 de septiembre de 2024, tanto el Ministerio Público Fiscal como la AFIP-DGI, en su rol de querellante, habían solicitado penas que iban desde los 4 hasta los 18 años de prisión para Báez, Julio Mendoza, Claudio Bustos y Jorge Chueco, al considerar acreditada su responsabilidad penal en actos de evasión impositiva vía documentación apócrifa. Las acusaciones, en rigor, alcanzaban al IVA 2013, IVA 2014, Impuesto a las Ganancias 2014 y al IVA 2015 por un total superior a los 51 millones de pesos.

Estas irregularidades habrían sido perpetradas durante las gestiones de los imputados dentro de las empresas en cuestión. De hecho, según se consignó en las actuaciones, Lázaro Báez era el accionista mayoritario de Austral Construcciones con el 95 % del capital social -su hijo Martín Báez tenía el 5 % restante-. Mientras que Julio Mendoza ocupó el cargo de presidente del directorio de esa empresa, y en mayo de 2006 firmó un convenio de integración entre ACSA y la firma Sucesión de Adelmo Biancalani, lo que consolidó el control operativo y administrativo de SAB por parte del entorno de Báez.

A su vez, Claudio Bustos actuó como apoderado de la firma constructora y como administrador judicial de SAB desde el 21 de agosto de 2013 hasta por lo menos el 21 de marzo de 2018. Por su parte, el abogado Jorge Chueco, también vinculado a Báez, también se desempeñó como administrador judicial de SAB, entre el 10 de octubre de 2012 y el 12 de julio de 2013.

El expediente se inició en 2016 tras una fiscalización de la AFIP sobre SAB, que tuvo como eje la presunta utilización de facturas falsas para generar crédito fiscal en operaciones de obras viales en Chaco y Misiones.

Con todo, la investigación no logró sustentar las imputaciones en sede judicial, culminando en las absoluciones de los cuatro procesados dictadas por el TOF de Resistencia el pasado 30 de octubre. El juicio oral, en rigor, contó con 23 audiencias y receptó más de 20 declaraciones testimoniales, con participación de peritos contables e ingenieriles, contadores, empleados y funcionarios públicos de la Dirección Regional Chaco de la AFIP-DGI.

En su decisión, las juezas Noemí Marta Berros, Lilia Graciela Carnero y Mariela Emilce Rojas consideraron que no había elementos suficientes para acreditar la existencia de los ilícitos analizados en el debate. Frente a ese fallo, las partes acusadoras presentaron recursos para llevar el expediente ante el máximo tribunal penal del país.

Este jueves, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, los camaristas de la Sala IV llevaron adelante una audiencia informativa con el fin de empezar a tratar el caso. Estuvieron presentes los abogados Villanueva y Liniado en representación de Lázaro Báez, y Jorge Chueco junto a su defensor Resnick Benner.

Tanto Báez como Chueco resultaron condenados en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que juzgó maniobras de lavado de dinero por casi USD 55 millones.

Al mismo tiempo que comenzará a analizar el caso Vialidad, que involucra entre otros a Cristina Kirchner, la Corte Suprema prepara -posiblemente para este jueves- un fallo en la causa conocida como “La ruta del dinero K” o “La Rosadita”.

En esta causa se investigó una presunta maniobra delictiva de lavado de activos. Según la investigación, la empresa Austral Construcciones, mediante una financiera, logró la expatriación de más de 54 millones de dólares destinados a diversas empresas en Suiza y Panamá, para luego reingresarlos mediante la compra de bonos argentinos.

Respecto del origen de dicho monto, la mayoría del Tribunal Oral que intervino en esta causa consideró que esos fondos provenían de la evasión fiscal e impositiva, a través del uso de facturas truchas. La minoría del Tribunal, en cambio, consideró que el dinero provenía del direccionamiento de contratos de obra pública en favor de Lázaro Báez, investigado en la causa “Vialidad”.

Lo que ahora debe resolver la Corte son los recursos de los acusados contra las condenas que los encontraron culpables del delito de lavado y establecieron penas de entre 12 y 4 años de prisión. Ellos son: Lázaro Báez, Martín Báez, Jorge Fariña, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Julio Mendoza, Fabián Rossi, Cesar Fernández, Juan De Rasis, Leandro Báez, Eduardo Castro, Walter Zanot, Federico Elaskar, Martín Eraso, Claudio Bustos, Carlos Molinari.

La Corte podría dejar firme estas condenas desestimando los planteos de apelación a través de la aplicación del art. 280, lo que significa que los podría rechazar sin entrar a analizar esos planteos o, por el contrario, podría entrar a analizar el fondo de esos planteos.

¿Cuál es la vinculación con Vialidad?

En Vialidad lo que se investiga es la hipótesis de que la obra pública era direccionada en favor de Lázaro Báez, a quien se le abonaban sobreprecios por obras que nunca se realizaban. El “blanqueo” de dichos fondos ilícitos es lo que se investiga en esta causa en particular.

La diferencia de “la ruta del dinero K” con “Vialidad” son básicamente dos: en primer lugar los delitos investigados, ya que en “Vialidad” las condenas fueron por administración fraudulenta en perjuicio del Estado; y en segundo lugar que en la causa de “La Rosadita”, los condenados por el delito de lavado son todos particulares, y no fueron condenados funcionarios públicos.

Los recursos de queja requieren un primer análisis acerca de si corresponde abrir o no el recurso para entrar a analizar el fondo. Este proceso es rápido y si no corresponde, se rechaza por aplicación del 280; si corresponde estudiar el caso, se da vista al Procurador y, luego de ello, se entra a considerar el fondo del planteo.

Las apelaciones de Vialidad

En las secretarias de la Corte ya se encuentran todos los recursos de queja presentados por los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Juan Carlos Villafañe, Nelson Periotti, Raúl Pavessi, Mauricio Colladera y José López, contra a decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2. Estos fallos condenaron a los nombrados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

​Además, también se presentó el recurso de queja del Fiscal General ante la Cámara Casación, Mario Villar, en contra de la decisión de ese mismo tribunal que absolvió a Cristina Kirchner y otros imputados del delito de asociación ilícita. Además, la defensa de la ex presidenta recusaron al juez de la Corte Manuel García-Mansilla. Otros dos acusados, Santibañez y Daurich, tiene tiempo hasta mañana para presentar las apelaciones.

El análisis de estos recursos de queja no va al Procurador, salvo en el caso de la apelación presentada por el fiscal Villar, que sí requiere su intervención. Es decir, que este tipo de casos pueden resolverse por el artículo 280 de manera rápida o, por el contrario, “abrir” los recursos para estudiar los planteos, lo que demanda un proceso más lento. Sin embargo, en algunos despachos de la Corte consideran que las apelaciones de la causa “Vialidad” podrían quedar resueltas entre abril y mayo.

En otro tramo del expediente conocido como “Vialidad”, que investigó fraudes al Estado por medio de las 51 licitaciones que el empresario Lázaro Báez obtuvo durante el kirchnerismo, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 personas por su presunta participación en el esquema de corrupción de esa obra pública en Santa Cruz.

Se trata de la rama provincial de la investigación, que ya cuenta con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública, confirmada en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. El empresario Báez, entre otros, también cuenta con una condena ratificada por la Sala presidida por Mariano Borinsky e integrada por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Ercolini dictó el procesamiento de José Carlos Pistán, representante de Austral Construcciones S.A., firma emblemática de Lázaro Báez, junto a otros 15 funcionarios vinculados a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz.

En efecto, los 15 funcionarios imputados por el juez Julián Ercolini en este tramo de la causa Vialidad desempeñaban distintos cargos dentro de la estructura administrativa de la AGVP santacruceña. Nueve de ellos eran directores provinciales: Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Víctor Hugo Paniagua, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato y Juan Gelves. Cinco se desempeñaban como representantes de la Auditoría General de la Nación (AGN): Elio Enrique González, Gerardo Daniel Mansilla, Claudia Viviana Oliva, Jorge Ricardo Pasiecznik y Alba Lilia Josefa Cabrera. Además, Guillermo Horacio Cantero ocupaba el cargo de vocal técnico dentro del organismo.

Sobre todos ellos, el juez expresó: “Se encuentra acreditado en autos en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación que Guillermo Fabián Torres; Orlando Marino Taboada Ovejero; Jorge Ricardo Pasiecznik; Víctor Hugo Paniagua; Claudia Viviana Oliva; Gerardo Daniel Mansilla; Carlos Alberto Mancilla; Roberto Antonio Lillo; María Lorena Lencina Albornoz; Elio Enrique González; Manuel Ángel Díaz; Juan Carlos Cerrato; Guillermo Horacio Cantero; Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves habrían omitido su deber de cuidar y administrar fielmente los fondos públicos que le fueran otorgados a la AGVP por la Dirección Nacional de Vialidad-, lo que habría perjudicado los intereses que les fueron confiados, al permitir que el conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez obtuviera un lucro indebido y así generarle al Estado Nacional la obligación de pagar sumas de dinero por encima de los montos que en realidad hubieran correspondido para las obras viales que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Cruz".

Y agregó: “Ello sucedía en virtud de que en aquellos expedientes licitatorios -en los que los nombrados intervinieron- convergieron múltiples irregularidades tanto en la etapa de adjudicación (concurrencia múltiple de empresas de un mismo grupo, la designación de un mismo representante técnico para diferentes obras simultáneas, la utilización de la misma maquinaria, falta de certificado de capacidad de adjudicación, entre otras) como en su ejecución (ampliaciones de plazos y modificaciones de obra sin la debida justificación legal, entre otras), las cuales se dieron en contraposición a las funciones que estaban bajo la órbita de su respectivas responsabilidades, de acuerdo a las leyes provinciales n° 1673 y 2743, sus respectivos reglamentos y la estructura orgánica y organigrama de la AGVP".

El juez precisó que existen “instrumentos de convicción” para considerar acreditada la intervención de los distintos procesados en los “hechos disvaliosos” que conforman el objeto de la pesquisa, y que se habrían ejecutado “en el marco de un entramado delictivo”.

“En ese sentido -detalló Ercolini-, cabe decir que la maniobra criminal se vio conformada por distintas aristas y etapas que confluyeron hacia un único fin específico que ha sido expuesto y explicado en más de una oportunidad: hacerse ilegítimamente de los fondos que le eran otorgados a la provincia de Santa Cruz para el desarrollo de obra pública vial, a través del beneficio direccionado hacia el empresario Lázaro Antonio Báez".

A su vez, señaló: “Ese objetivo delictivo, como se vio a lo largo de los primeros apartados, fue planificado por un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, quienes fueron secundados para la ejecución de ese propósito por distintas personas de su confianza, quienes ocuparon cargos jerárquicos dentro de la administración pública nacional”.

Además de puntualizar las maniobras a nivel nacional, el juez Ercolini sostuvo que los organismos locales de Santa Cruz cumplían un rol central en la implementación y articulación del esquema de corrupción investigado, al haber operado de manera coordinada con la estructura nacional. Según el magistrado, dentro de sus competencias en materia de obra pública vial, estas entidades provinciales habrían sido intencionalmente desnaturalizadas para habilitar una serie de irregularidades que permitieran el desvío de fondos del Tesoro Nacional.

“Esa estructura burocrática provincial -que operaba armónicamente en espejo junto con aquella montada a nivel nacional-, se nutrió de una serie de individuos (parte de los aquí imputados), para que, desde los puestos específicos que les tocó ocupar, pusieran a disposición su rol funcional ayudando -de forma activa u omisiva-, a su ejecución, desarrollo y permanencia”, aseveró el juez.

“Al margen de lo expresado -destacó-, lo importante dentro de este segmento de análisis es dejar en claro que la actividad que les resultará penalmente reprochada a estos funcionarios santacruceños competentes en obra pública vial, es el haber actuado en contraposición a las normas que regían su actividad funcional con miras a permitir las irregularidades que tuvieron lugar a lo largo de los expedientes licitatorios de las obras viales en Santa Cruz, cuanto menos en lo que respecta a las etapas de licitación, pre adjudicación, adjudicación, ejecución y pago; e incluso la etapa de control”.

En una resolución de 287 páginas, el juez Julián Ercolini repasó los aspectos más relevantes de las maniobras investigadas, entre ellos, el súbito ascenso profesional de Lázaro Báez, quien pasó de ser empleado bancario a convertirse en el principal contratista de obra pública en Santa Cruz, rubro en el que “no tenía experiencia alguna”. También destacó el “vertiginoso” crecimiento de su “conglomerado corporativo” desde que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación en 2003 y la “serie de irregularidades” que atravesó a la “totalidad de los procesos licitatorios llevados a cabo” en Santa Cruz con el fin de que Báez “fuera finalmente el adjudicatario y contratista” de las distintas obras viales.

Por otra parte, el magistrado declaró la "falta de mérito" respecto de otros implicados, al considerar que no había elementos suficientes para procesarlos ni sobreseerlos de manera definitiva. Las nueve personas en esa situación son Darío Gastón Pedelaborde, Angelina María Esther Abbona, Patricia Alejandra Álvarez, Alice María Quinteros, Carlos Javier Ramos, Mario Roberto Layún, Juan Antonio Bontempo, Luis Alberto Villanueva y Juan Manuel Campillo.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por la defensa de Lázaro Báez contra una decisión del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Esa medida había dispuesto mantener el arresto domiciliario con tobillera electrónica de Lázaro Báez y disponer el cese de la prisión preventiva, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, en la que se investigó a Báez y a otras personas por lavado de dinero en la financiera SGI (La Rosadita).

Lo que llegó apelado a la Corte por parte de Báez fue la decisión de no disponer su excarcelación y de imponerle un arresto domiciliario a pesar de del cese de la prisión preventiva. Con esta decisión de la Corte, queda firme el arresto domiciliario.

El planteo de la defensa

La defensa había argumentado que el fallo cuestionado -primero ante Casación y luego ante la Corte- era equiparable a una sentencia definitiva. Y planteó que lo resuelto por el tribunal implicaba mantener el estado de prisión preventiva de Báez por fuera de los plazos legales.

Pero la decisión de la Corte, al rechazar el planteo, deja sin efecto ese intento de la defensa por anular la detención domiciliaria de Báez.

Una serie de condenas

Báez acumula varias condenas judiciales que abarcan desde el lavado de dinero hasta irregularidades en la administración de fondos públicos.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 dictó una condena de doce años de prisión contra Báez por lavado de dinero, aunque posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal redujo la pena a diez años y absolvió a sus dos hijas, quienes también habían sido imputadas en el caso.

Otra sentencia relevante llegó en diciembre de 2022, cuando Báez fue condenado a seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Este juicio, conocido como el caso Vialidad, también implicó a la expresidenta Cristina Kirchner.

En agosto de 2024, Báez fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por operaciones de lavado vinculadas a la adquisición del campo El Entrevero, en Uruguay. El fallo se sumó a una serie de procesos judiciales que se realizaron en los últimos años.

En junio de 2024, Báez también recibió una condena de tres años y medio de prisión por la apropiación indebida de los aportes de los empleados de Austral Construcciones y otras empresas bajo su control. Este caso fue llevado adelante por el Tribunal en lo Penal Económico 3, que determinó su responsabilidad en el manejo irregular de los fondos destinados a la seguridad social de los trabajadores.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó un estudio contable para determinar si los fondos que el empresario Lázaro Báez -condenado por lavado de dinero- reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, a sus familiares o allegados a sus empresas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado le ordenó el trabajo a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida se dispuso en la causa conocida como “ruta del dinero K”. Se trata del expediente en el Baéz está condenado por lavado de dinero proveniente desde Suiza.

En la causa está imputada la ex presidenta. Tanto el fiscal federal Guillermo Marijuán como el juez Casanello en su momento la desvincularon del caso, pero la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación.

En esa línea, lo que se busca determinar es si parte de los fondos que reingresó Báez al país fueron para Cristina Kirchner. Así, el juez ordenó un análisis de la trazabilidad del dinero que Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, para determinar si parte de ellos fue a los Kirchner.

En la causa, el fiscal Marijuán pidió en mayo del 2023 el sobreseimiento de Cristina Kirchner al entender que, tras una década de medidas, no se había podido acreditar su vinculación con ese lavado de dinero, más allá de la certeza de ”la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”.

El pedido de sobreseimiento generó la aparición de la asociación civil Bases Republicanas para ser parte de la causa para sostener que “Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner”. El juez rechazó que fueran querellantes en esta instancia del proceso, pero la Cámara Federal lo habilitó y mandó a revocar el sobreseimiento de la ex vicepresidenta. Marijuan debió volver a pronunciarse y ratificó el pedido. En ese contexto fue que la querella pidió la nulidad del dictamen y recusó a Marijuan por pérdida de objetiva. Casanello a los dos planteos les dijo que no.

La causa continúa abierta por orden de la Cámara Federal. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron la presentación de Bases Republicanas para la investigación continúe.

El juez Llorens sostuvo que “la incorporación de este nuevo actor también habilita a que se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa, sobre la base del rol de acusador particular oportunamente conferido” y añadió: “Los argumentos expuestos por los Querellantes en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”.

Por su parte, Bertuzzi adhirió al voto de Llorens y señaló que la incorporación de la querella a la causa se debía dictar un nuevo fallo sobre la situación de la ex presidenta y que siga siendo investigada.

En disidencia, el juez Eduardo Farah votó que rechazar que Bases Republicana sea querellante y por lo tanto confirmar el sobreseimiento de Cristina Kirchner “No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG ‘Bases’ una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa (conf. lo dicho por mí en la resolución previa registrada en CFP 3017/13/330/CA90, del 17 de agosto pasado), debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, dijo el juez Farah.

La compra del campo “El Entrevero”, en la zona de José Ignacio, uno de los destinos más exclusivos de Uruguay, terminó con una condena de 4 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez. Ahora, el terreno fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La base del remate fue de 3,5 millones de dólares, pero finalmente se vendió en 10.800.000 dólares a una sociedad que pertenece a Eduardo Costantini y Adolfo Cambiaso.

Se impuso en la compulsa una empresa uruguaya que forma parte de Consultatio, la empresa que preside Costantini, fundador de Nordelta. “Todavía no sabemos qué tipo de proyecto, pero tenemos mucho entusiasmo. Va a ser una asociación entre ambos”, detallaron desde la empresa.

La historia del campo arrancó en 2011, cuando el entorno de Báez buscaba operaciones para blanquear la fortuna del empresario. En ese momento se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Además del empresario, fueron juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, los organismos del Estado que actúan como querellantes, pidieron que Báez sea condenado a 9 y 7 años de prisión, pero finalmente el Tribunal Oral Federal 4, el mismo que tuvo a cargo la causa de “la ruta del dinero K” lo condenó a 4 años y 6 meses.

“Todos los imputados conocían que el inversor era Lázaro Báez. Molinari no tuvo participación. Claramente se está utilizando su figura para justificar mi relación con Báez y las demás personas”, dijo Fariña cuando le tocó hablar en el juicio.

Además, el arrepentido reveló que en realidad hubo pagos por más de 16 millones. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones de dólares. A mí me dijeron que el campo valía 16 o 16,5 millones”, sostuvo en el juicio.

Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando se distanció de Báez, en abril de 2011, el campo quedó a nombre de otra sociedad denominada Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.

Además de la compra del campo “El Entrevero”, en el juicio también se juzgó la compra de un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. En esa operación intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955.

“El Entrevero” fue confiscado por disposición del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2° turno de Montevideo y se remató en favor de la Junta Nacional de Drogas (JND), que autorizó la subasta.

El remate se realizó esta tarde en el hotel Jeans Clever de Punta del Este. La sala estaba repleta, aunque previamente se habían anotado unos diez interesados. Todos ellos debieron depositar 10 mil dólares para participar del remate, aunque esa suma se reintegra apenas termina la subasta.

En octubre de 2018 ya se habían rematado 7 hectáreas del campo, en casi 2 millones de dólares.

La entrada del terreno está ubicada a la altura del kilómetro 171 de la Ruta 10, unos 8 kilómetros al oeste del exclusivo balneario José Ignacio, y ocupa predios a ambos lados de la ruta.

El Gobierno denunció este lunes la existencia de una red destinada a proteger contribuyentes en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas, según publicó el diario Clarín.

La lista de individuos señalados contiene algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad), de acuerdo a lo que contó este lunes el periodista Bernardo Vázquez.

La supuesta protección brindada en el organismo de control incluye un periodo que inicia en 2016, en el que gobernó Cambiemos, y tuvo continuidad durante la presidencia del Frente de Todos.

El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, que al ejercer funciones en el organismo detectaron la existencia de la estructura destinada a proteger los datos de estas personas.

El modus operandi denunciado consistía en bloquear información puntual de patrimonio y movimientos de las personas implicadas y sus activos.

En concreto, están bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que AFIP realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.

En el sistema informático de la AFIP se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel.

Allí estaban incluidos, sin embargo, personas que se supone gozaban de tal privilegio pero por razones discrecionales, de cercanía política.

Este esquema, denunciado como irregular por la actual conducción del ente recaudador, fue descubierto en esta nueva etapa, donde la AFIP registró cambios en su forma de gestión. Por caso, su nombre fue modificado y pasó a llamarse ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Actualmente, ARCA se encuentra a cargo de Juan Pazo, funcionario designado recientemente en reemplazo de Florencia Mizrahi.

En la nómina de supuestos “intocables”, confeccionada durante los últimos dos gobiernos, aparecen figuras emparentadas con las gestiones kirchneristas, como Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz. También aparecen integrantes de su familia.

Alejandro Vandenbroele, en tanto, cobro notoriedad al ser señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, en una maniobra que para la Justicia tuvo como fin quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Boudou en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Economía.

La lista de empresas y personas protegidas en AFIP:

Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.

El origen de la investigación

Según la información que trascendió en las últimas horas, la primera anomalía se descubrió el pasado 17 de diciembre, cuando los funcionarios de la actual gestión requirieron información de una empresa particular. Sin embargo, el acceso a los pormenores de su actividad se encontraban bloqueados, por formar parte de la nómina hoy sospechada.

El episodio fue registrado por los nuevos funcionarios y comenzó el seguimiento de todas las razones sociales que se encontraban en el mismo régimen, gozando de una trato especial. Al emprender tal revisión, los funcionarios concluyeron que medio centenar de empresa se encontraban con esa protección por motivos discrecionales, sin una razón objetiva que justifique el trato diferencial.

Natalia Kidd

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El fallo judicial que este miércoles confirmó una condena contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) por corrupción ha empujado aún más a la exmandataria al centro de la escena política, donde se fortalece como la principal figura de oposición.

Un tribunal de alzada confirmó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que un tribunal oral ya había impuesto a la expresidenta en diciembre de 2022.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal será previsiblemente apelado ante la Corte Suprema por la defensa de Fernández y, mientras la sentencia no quede firme, la ex jefa del Estado no irá a prisión e incluso podrá optar a un cargo público.

Quien también se desempeñó como vicepresidenta argentina entre 2019 y 2023 para el Gobierno de Alberto Fernández, aprovechó el nuevo revés judicial para alzar su voz en contra de lo que hace años considera una trama de 'lawfare' (hostigamiento judicial y político) que la tiene como blanco.

Fernández, de 71 años, apunta a una maniobra en su contra de medios y jueces que, según ha denunciado, tienen vínculo directo con el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), líder del partido de centro-derecha Propuesta Republicana (Pro) y actualmente un aliado político del presidente argentino, Javier Milei.

La exmandataria asegura que no cometió delito alguno en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante su Gobierno y el de su marido y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).

La denominada 'causa Vialidad', por la que fue condenada en 2022 -sentencia confirmada este miércoles- por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", no es la única que Fernández afronta.

La expresidenta alega que en todos los casos el objetivo es el mismo: castigarla por ser mujer y por sus políticas contrarias a los intereses de muchos centros de poder y, sobre todo, proscribirla "de por vida" en la siempre convulsa arena política de Argentina.

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una nación que construya más patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", desafió la dirigente política en un comunicado lanzado en la víspera del nuevo fallo.

Este miércoles sus declaraciones fueron más escuetas, pero dio paso a imágenes que mostraron a militantes dándole apoyo a las puertas de los tribunales y a ella misma, asomada al balcón del Instituto Patria que comanda, de buen semblante al saludar a sus seguidores.

Imágenes que la muestran de pie tras una sentencia condenatoria que, de momento, no tiene efectos judiciales prácticos, y que le dan una renovada exposición pública a las puertas de un año electoral clave: en 2025 se celebrarán legislativas.

Sin definiciones de eventuales candidaturas aún, la exmandataria llegará como presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista), el gran derrotado de las presidenciales de 2023 tras un Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) que, con Cristina Fernández como vicepresidenta, no supo dar respuesta a las demandas sociales y fracasó en la gestión económica.

Pese a aquella derrota en las urnas, el peronismo es, hoy por hoy, la principal fuerza de oposición al Gobierno de Javier Milei.

Y mientras la nueva presidenta del PJ recobra protagonismo público, el peronismo se da a la tarea de 'recalcular' su itinerario de cara a las legislativas, con dirigentes peronistas y kirchneristas que, aunque muchas veces enfrentados internamente, este miércoles no dudaron en respaldar a la nueva jefa del partido.

Milei y Macri también hicieron su lectura política del fallo, conscientes de lo mucho que se juegan ellos mismos el año próximo: resaltaron la importancia de la "institucionalidad" y del rol de la Justicia que castiga la corrupción, una de las lacras que más repudia la sociedad argentina.

"Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro", comentó Macri tras conocerse el fallo. "Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción", acotó, por su parte Milei.

Uno y otro refuerzan la idea de que Fernández es su principal rival política. EFE

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Esther Rebollo

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- Centenares de seguidores de la expresidenta argentina Cristina Fernández se concentraron este miércoles ante la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó su condena y luego la acompañaron al Instituto Patria para expresarle su apoyo y denunciar persecución judicial y política.

Desde primera hora de la mañana, estudiantes y militantes de la Cámpora (juventudes kirchneristas) se fueron concentrando en la avenida Comodoro Py, en Buenos Aires, donde se ubica la sede de la Cámara de Casación. Allí, abogados y dirigentes sociales impartieron una clase pública para explicar el caso contra Fernández y denunciar ‘lawfare”.

Se entiende como ‘lawfare’ la guerra judicial que se emprende desde las instituciones para destruir a los adversarios, y eso es lo que, según los abogados y seguidores de Fernández, está sufriendo la exmandataria.

El abogado Juan Grabois, un referente de los movimientos sociales, abrió el aula callejera frente a unos 500 estudiantes, sentados en pupitres y llegados de distintas universidades, bajo el enunciado ‘CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare’

“Estamos ante una mafia que condiciona la democracia y el estado social de derecho”, dijo Grabois, al insistir en la inocencia de la expresidenta: “Cristina no tiene un pelo de corrupta y no vamos a permitir que la metan presa. No va a pasar lo que pasó con Lula (presidente de Brasil). No naturalicemos la injusticia”, insistió.

El aula magna callejera se celebró entre fuertes medidas de seguridad, con decenas de policías apostados alrededor de una zona acordonada, pertrechados con escudos y material antidisturbios, y una gran afluencia de periodistas.

"Me castigan por ser mujer"

A las once de la mañana comenzaba la lectura del fallo, por el que la Cámara de Casación ratificaba la sentencia impuesta a la expresidenta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández está condenada por el delito de administración fraudulenta, dentro de la causa ‘Vialidad’, en la que se investigó la concesión de hasta 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

Junto a Fernández, la Cámara también ratificó la sentencia de seis años de prisión contra Báez.

Cristina Fernández, de 71 años, escuchó el fallo en directo cuando se dirigía en un automóvil a Moreno, una localidad de la provincia de Buenos Aires y en la periferia de la capital, donde mantuvo una reunión con mujeres de ese lugar.

“Cuando sos mujer todo te lo hacen 20 veces más difícil y, si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer también. No se bancan (soportan) discutir con una mujer y que no puedan tener razón", afirmó.

La exmandataria agregó: "No importa, chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".

Aplausos, vítores y abrazos kirchneristas

Desde Moreno, la recientemente designada presidenta del Partido Justicialista (PJ) partió al Instituto Patria, un espacio de debate político creado por ella y ubicado en el centro capitalino, donde le esperaban cientos de personas para volver a expresarle su solidaridad.

Entró al edificio entre aplausos, abrazos y vítores de sus seguidores, quienes le lanzaron cánticos como “Cristina presidenta” y “Corazón, Cristina, corazón, acá tenés los pibes para la liberación”.

Después se asomó al balcón y saludó a una militancia entregada, que ondeaba banderas de todos los tamaños y que había cortado la céntrica calle Rodríguez Peña al tránsito para clamar por su lideresa.

Cristina Fernández tiene la posibilidad de recurrir el fallo emitido este miércoles por la Cámara de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que evitará que se aplique la sentencia hasta que sea definitiva.

Mientras tanto, sigue recorriendo los suburbios de la capital, reuniendo a sus acólitos, azotando desde la oposición al Gobierno de Javier Milei y haciendo campaña para las legislativas de 2025. EFE

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Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, manifestó este miércoles que hoy se puede "afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción", luego de que la Justicia confirmara en segunda instancia la condena a la expresidenta argentina (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.

En una publicación en su cuenta de X, el ultraderechista Milei se manifestó de esta manera al recordar que durante su campaña electoral, el año pasado, quienes "hoy hablan de respeto a las instituciones" lo criticaron por no expedirse sobre "la culpabilidad" de la peronista Fernández .

"Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción", afirmó Milei.

La Cámara Federal de Casación Penal argentina condenó este miércoles a Cristina Fernández a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El tribunal de alzada confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que, en diciembre de 2022, había condenado a Fernández por la causa conocida como "Vialidad", en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Junto a Cristina Fernández, fueron condenados Báez -a seis años de prisión- y otros seis funcionarios de su Administración. EFE

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado este miércoles la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada a finales de 2022 contra la expresidenta Cristina Fernández, a la que aún le queda la opción de presentar un último recurso en el Supremo.

Los magistrados han coincidido con las conclusiones del primer juicio, al determinar que Fernández es culpable de un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública dentro de la conocida como 'causa Vialidad', aunque la sentencia aún puede ser recurrida.

Fernández, que ha denunciado una persecución política desde el ámbito judicial, había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

La Cámara de Casación también ha confirmado las condenas para el resto de acusados, entre las que figura una pena de seis años de prisión contra el empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, informa el diario 'La Nación'. Báez se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- La Cámara Federal de Casación Penal argentina confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión e "inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos" a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en un caso por irregularidades en obras viales.

El Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos por la causa conocida como "Vialidad", en la que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. EFE

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Cuando el reloj todavía no marcaba las 11, la planta baja de Comodoro Py 2002 pareció recordar aquellos trajinares previos a la pandemia: abogados, funcionarios y periodistas iban y venían, mientras afuera Juan Grabois encabezaba una clase pública con un chancho rosa de juguete en la mano para denunciar el lawfare contra Cristina Kirchner.

Se esperaba la lectura de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que definía si confirmaba la condena de seis años de prisión a la expresidenta. Parecía un secreto a voces cómo sería el resultado, pero había que esperar la lectura. Es más: alguno de los defensores del juicio creía que, a último momento, podía haber una sorpresa.

En una sala colmada de periodistas y algunos defensores, con un único acusado presente -Abel Fatala, absuelto-, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña aparecieron en la sala de audiencias: los tres llevaban traje y corbata azul, en detalle que un rato después algún funcionario se encargó de resaltar. En la solapa del traje, todos llevaban un mismo prendedor: los pines que dicen “Cámara Federal de Casación Penal” que ordenó hacer Borinsky a principio de año para todos sus miembros.

Cuando la lectura empezó, no hubo sorpresa: los jueces ratificaron lo decidido en diciembre del 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Tanto lo ratificaron que, también en Casación, se dio la misma dinámica que en el juicio. Dos jueces votaron por condenarla por defraudación al Estado y, en minoría, otro por incluir la asociación ilícita, como sostuvo la fiscalía.

“Viva la Patria”, clamó Diego Luciani, el fiscal que había llevado adelante la acusación en el juicio oral y a quien Cristina Kirchner responsabilizó, en el juicio oral por el atentado en su contra, por el clima de violencia de aquel entonces. “Hicimos lo que debíamos hacer como representantes de los intereses de la sociedad. Abrazamos la misión encomendada y con nuestros talentos, con un grupo extraordinario de trabajo y un gran colega y amigo como Sergio Mola, hemos servido a hacer justicia, para producir un cambio transformador y esperanzador”, decía el fiscal apenas finalizada la audiencia.

El fiscal de Casación, Mario Villar, apelará en los próximos días para que la Corte Suprema agrave la condena por asociación ilícita y revoque las absoluciones. Curiosamente, si tuviera éxito, el fallo tardaría mucho más en quedar en firme. Las defensas también apelarán.

El escenario del juego de los tiempos y las apelaciones fue considerado por Casación antes de dar a conocer su fallo. No cambió ni un ápice el sentido de lo decidido por los jueces del Tribunal Oral Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. De haberlo hecho, otra sala de Casación hubiera revisado la sentencia y no la Corte.

Son pocos los jueces que hubieran podido intervenir, teniendo en cuenta los que ya votaron, los que se encontraban excusados o los que intervinieron en otras causas y podrían ser recusados. Además, es un tribunal de 13 miembros y hoy hay tres sillas vacías por jueces que se jubilaron.

Cristina insiste con su convicción del lawfare, una persecución judicial en su contra para perjudicarla políticamente. El juez Hornos se dedicó a contestar esos planteos. “A lo largo de todo este proceso intervinieron al menos más de 20 funcionarios, entre magistrados y fiscales de todas las instancias: Instrucción, Cámara Federal, Tribunal Oral Federal, Cámara Federal de Casación Penal y Corte Suprema de Justicia de la Nación, muchos de los cuales fueron designados durante la gestión de la recurrente como Presidenta de la Nación”.

El magistrado, agregó: “La conspiración planteada requeriría la connivencia de una amalgama de sujetos de diverso origen y responsabilidad con el único fin de involucrar a la nombrada y los diversos funcionarios que la acompañaron durante sus años frente a la Presidencia de la Nación, en los comprobados e inusitados hechos de corrupción en la obra pública, circunstancia que, cpm se desarrollará en extenso en el presente voto, resulta por completo inverosímil ante el gran caudal de prueba acumulada. De no haber independencia judicial, la grave maniobra investigada jamás habría podido ser investigada ni juzgada”.

Y afirmó: “La independencia, imparcialidad y objetividad de todos aquellos jueces y fiscales que intervinieron en este complejo y arduo proceso, fue lo que en definitiva permitió que este pudiera desarrollarse con el aseguramiento de todas las garantías que le asisten a las partes”.

La resolución en donde se confirmó la condena a Cristina Kirchner mencionó varias veces el antecedente de la condena a Amado Boudou, el vicepresidente que la acompañó entre 2011-2015 y terminó preso por corrupción. “Las penas de prisión decididas con relación a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti (a lo que se añade la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, art. 174 in fine del Código Penal -con excepción del no funcionario Báez-) cuentan con una fundamentación suficiente y son proporcionales a su culpabilidad, a la magnitud del injusto y a la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado -escribió Borinsky-. La gravedad del delito comprobado en el caso se explica tanto en la complejidad y sofisticación del emprendimiento criminal, en los altos cargos institucionales que revestían los imputados, en la concreta afectación a la administración pública de la que formaban parte y en la magnitud del daño causado”.

¿Qué sucedió con Boudou? El 7 de agosto de 2018 fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por un tribunal oral que lo juzgó en la llamada causa Ciccone. Quedó inmediatamente preso. Al año siguiente, 17 de julio de 2019, Casación ratificó su condena.

Por su parte, e5 de diciembre del 2020, la Corte Suprema dejó firme su condena: rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa por considerarlo inadmisible, amparándose en el artículo 280. Ese artículo sostiene que con la sola invocación de esta norma [la Corte] podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Para cuando la Corte Suprema dejó firme, Boudou ya no estaba en la cárcel. Había salido en medio de la pandemia con prisión domiciliaria.

El nombre de Carlos Menem también fue mencionado en la resolución de Casación. Primero por el juez Hornos que, al hacer un repaso de cómo se habría comenzado la maniobra de la causa Vialidad se inició cuando Néstor Kirchner se encaminaba a ocupar la presidencia porque Carlos Menem se bajaría del balotaje y se creó la empresa Austral Construcciones. También aparece en el voto de Borinsky, que fue fiscal en el juicio oral por contrabando de armas contra el expresidente.

“Durante el juicio oral acusé a dieciséis imputados, entre los cuales se encontraba el expresidente, Carlos Saúl Menem, de haber cometido el delito de contrabando agravado. La intervención organizada de todas aquellas personas, en algunos casos de manera sucesiva, en otros de manera simultánea, habían permitido la salida de material bélico en siete embarques marítimos -que tuvieron como destino Croacia y tres embarques aéreos -que tuvieron como destino Ecuador-; exportaciones que, según acusé, se produjeron al amparo de tres decretos presidenciales (dos de ellos del año 1991 y el restante del año 1995)”, recordó.

En aquel momento, el tribunal oral absolvió a Menem y la Cámara de Casación lo condenó. El caso llegó a la Corte y el máximo tribunal -en 2014- dijo que había que garantizar “el doble conforme”. En eso estaba Casación -con tiempos más que demorados- cuando Carlos Menem buscó renovar su banca en el Senado y fue impugnado por la causa penal que pesaba en su contra por el caso “Armas”.

La Cámara Electoral rechazó la candidatura a senador de Carlos Menem: habló de su falta de indoneidad por las condenas judiciales que pesan sobre el expresidente. Pero en un fallo durísimo, la Corte Suprema anuló esa decisión y ordenó dictar un nuevo fallo: entre sus argumentos dijo que no se había tenido en cuenta “el derecho a la revisión de las sentencias condenatorias”. Menem quedó habilitado para competir y ganó.

En el espejo de Carlos Menem, muchos intentaban responder la suerte que podría tener Cristina Kirchner si decide ser candidata en las próximas elecciones. Su condena a seis años de prisión por defraudación al Estado le impide ocupar de por vida cargos públicos, pero ese fallo no estará firme hasta que resuelva la Corte.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy la situación de los 13 acusados en el caso de la obra pública en Santa Cruz. La Sala IV del tribunal confirmó todas las condenas y las absoluciones que fueron dictadas en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2. Se trata de las condenas a la ex presidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, entre otros.

La lista completa de los acusados es: Cristina Kirchner, Báez, López, De Vido, Fatala; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación; y Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Daruich y Héctor Garro, ex funcionarios de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz.

Para todo ellos los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en sus alegatos del juicio oral que sean condenados a penas de 12 a dos años de prisión. Solicitaron que Cristina Kirchner y Báez sean condenados a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Acusaron a la ex presidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para De Vido, López y Periotti solicitaron 10 años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública.

Para Carlos Kirchner la fiscalía pidió dos años años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El resto de los imputados fueron acusados por la Fiscalía de fraude en perjuicio de la administración pública con solicitudes de penas de entre seis y tres años de prisión.

El 6 de diciembre de 2002 el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dio a conocer el veredicto. Por mayoría condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. La misma pena se dictó para Báez, López y Periotti. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu descartaron que se haya cometido el delito de asociación ilícita. El magistrado Basso sí votó por aplicarle a los acusados la asociación ilícita.

También fueron condenados Villafañe a cinco años de cárcel, Pavesi a cuatro años y medio, Collareda y Santibáñez a cuatro años y Daruich a tres años y medio.

Y el tribunal oral dictó absoluciones. Fueron las de De Vido, Fatala, Garro y Carlos Kirchner. Para el caso de este último se lo sobreseyó porque la acusación por abuso de autoridad estaba prescripta.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal el día del veredicto en un breve comunicado.

El fallo fue apelado por las partes. Por un lado, la Fiscalía lo hizo para reclamar que se aplique el delito de asociación ilícita y se condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión y se revoquen las absoluciones. Y las defensas de los condenados hicieron lo propio para que se desestimen las acusaciones. Todo llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña hicieron audiencias orales con todas las partes en las que escucharon sus argumentos y quedaron en condiciones de resolver el caso. Los magistrados dieron hoy su fallo y confirmaron todo lo resuelto por el tribunal oral.

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló la ex presidenta en el acto que encabezó en el distrito de la Primera Sección electoral.

“Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”, insistió CFK en otro tramo de la actividad en Moreno.

Minutos antes, el tribunal había ratificado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ya había dictado en primera instancia el Tribunal Oral en diciembre de 2022. La señal de CFK con su raid proselitista fue inequívoca: mantener su perfil político alto y confrontar contra el Poder Judicial.

Cuando los primeros vestigios de Sol alumbraban los edificios de Recoleta, un grupo de militantes se agolpaba afuera del departamento de CFK, en la esquina de Juncal y Uruguay. Tuvieron que esperar hasta minutos antes de las 11, la hora prevista para que Casación leyera la sentencia del fallo. Recién en ese momento, la ex presidenta salió de su casa, saludó a sus seguidores y se subió a un auto.

Hubo confusión. Una guardia periodística esperaba a Cristina afuera del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 de la Ciudad. Se creía que venía desde su departamento en Recoleta directo a su unidad básica. Pero volvió a sorprender, con cierto tono desafiante. De pronto, difundió un breve video en redes sociales anunciando que iba a Moreno a compartir una actividad junto a la intendenta local y a 400 mujeres. La movida estaba preparada, pero no había sido comunicada.

Fue una actividad breve en ese distrito de la Primera Sección electoral, que incluyó un encuentro cerrado con mujeres militantes y una visita al hogar municipal El Polaquito. En ese momento, Casación ya había leído su condena. La ex presidenta no se sorprendió. Conocía que los jueces del máximo tribunal penal ratificarían la sentencia del Tribunal Oral. Así lo había detallado ayer en la extensa carta que difundió, titulada “Los copitos de Comodoro Py”.

Desde las afueras del palacio de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de militantes se habían acercado para participar en una clase pública que dictó el dirigente Juan Grabois y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”, así se tituló la convocatoria. Esa actividad finalizó minutos antes de que los camaristas dieran a conocer la sentencia.

Mientras tanto, CFK recorría Moreno. La ex presidenta exhibe su liderazgo en el peronismo. Es la carta que le permite deslizar que la Justicia “persigue” a la máxima referente de la oposición. Son los argumentos que suele esbozar el kirchnerismo bajo el concepto del “lawfare”.

Al finalizar su actividad en modo campaña, Cristina regresó hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde pasará la tarde en el Instituto Patria escoltada por asesores de confianza y dirigentes que la veneran. Tiene previstas reuniones políticas y se espera que emita algún pronunciamiento más desde las redes sociales.

Desde el mediodía, cientos de militantes con banderas, pancartas y bombos se agruparon en las afueras del Patria para recibir a CFK. Había adherentes al kirchnerismo, La Cámpora y distintas extracciones del peronismo ligadas a la ex mandataria, que se acercó personalmente a saludarlos a las 13:42, cuando arribó a su búnker político.

La Causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

Casación dio a conocer el fallo en una audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que se leyó la decisión. La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria el delito de asociación ilícita, como había pedido la Fiscalía.

“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces en su resolución.

Hace exactamente 16 años y un día, una denuncia penal ponía en la mira los negocios de Néstor Kirchner y la obra pública entregada a Lázaro Báez. En ese momento no figuraba Cristina Kirchner en la acusación, pero una ampliación incluyó el nombre de las dos veces presidenta. El expediente se había activado con nuevas pruebas cuando ella abandonó el poder. La sentencia en su contra le llegó siendo vicepresidenta. Un tribunal la condenó a seis años de prisión por defraudación al Estado, a través de las obras concedidas a Austral Construcciones en Santa Cruz desde 2003 hasta 2015.

Ahora, apenas ungida presidenta del Partido Justicialista y cuando el espectro político sospecha que será candidata el año próximo, la Cámara Federal de Casación confirmó esa condena, que CFK encuadra como “lawfare”. El delito por el que se la acusa implica, de quedar firme, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Aunque CFK fue procesada en varias causas, esta es la única que llegó a juicio y se dictó una condena. Las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán habían sido elevadas a juicio, el tribunal que las tenía en sus manos suspendió esos debates y la sobreseyó y en septiembre pasado la Cámara de Casación ordenó hacer esos juicios. Hay ahora una discusión en la Corte Suprema sobre si esos juicios deben empezar ahora. La Corte también tiene que definir si revoca el sobreseimiento en la causa dólar futuro. La causa “Cuadernos” aún espera que se fije el debate oral.

El 12 de noviembre de 2008, Elisa Carrió presentó una denuncia en Comodoro Py. La denuncia llevaba la firma de Carrió y de otros miembros de la Coalición Cívica: Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán. Carrió le apuntaba al corazón de los negocios de los Kirchner y uno de ellos era el de la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Báez. El empresario, amigo y socio de los Kirchner, había armado una compañía que se dedicó a hacer rutas en la provincia de Santa Cruz. Lo denunciaron como un caso de corrupción.

La causa tuvo sus vaivenes. Una parte fue enviada inicialmente a Santa Cruz, algo que después CFK remarcaría para defender que no podía ser investigada y que el caso había sido cerrado. Pero la respuesta que tuvo en las distintas instancias judiciales a ese planteo fue que ella no había sido imputada en el expediente provincial y por lo tanto no se podía hablar de un doble juzgamiento.

En abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que estaba al frente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, formuló una denuncia más amplia y con más datos sobre las rutas en Santa Cruz. La denuncia de Iguacel se basó en el informe de avance de “Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23° Distrito Santa Cruz”, elaborado por la unidad de auditoría interna de la DNV. Según la presentación judicial de 2016 en ese informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) -comitente en cada una de las contrataciones- y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008. Pero esta vez con informes concretos sobre cada una de las 51 obras entregadas a Báez.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la indagatoria de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y un grupo de ex funcionarios. Aludieron a un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez”. Y afirmaron que los involucrados intervinieron en una maniobra de corrupción por la cual, desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas del Grupo Báez, por más de 46 mil millones de pesos.

El 27 de diciembre de 2016, el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos. El fallo fue confirmado en septiembre de 2017 por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. Casación rechazó los planteos de la defensa. El 2 de marzo de 2018, el caso fue elevado a juicio oral.

Después de idas y vueltas, en donde hasta la Corte Suprema pidió el expediente, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó el juicio en mayo de 2019. Esa semana, CFK anunció que había decidido elegir a Alberto Fernández para que fuera presidente en una fórmula con ella que iría de vice.

En diciembre de 2019, a una semana de asumir, declaró en indagatoria. “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, les dijo la inminente vicepresidenta a los jueces en un tono encendido, como en sus discursos políticos. Mientras el público la aplaudía, Cristina Kirchner se levantó del estrado donde declaró, dando por cerrada su exposición, y volvió a su asiento sin que nadie la autorizara.

“No respondió si va a contestar preguntas”, le advirtió al tribunal el fiscal Diego Luciani –que tenía preparadas 150 preguntas–. El juez Rodrigo Giménez Uriburu justificó esa situación en el ruido de los aplausos y volvieron a consultarle. Fue así que, más envalentonada que antes, Cristina Kirchner volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y dijo: “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

El 22 de agosto del 2022, el fiscal Luciani pidió que la entonces vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

Fue la culminación de una seguidilla de audiencias en donde, junto al fiscal Sergio Mola, fue repasando las pruebas y ventiló lo que llamó el plan “limpiar todo”: aseguró que hubo una reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez antes del cambio de gobierno para coordinar el pago pendiente de obras.

Y lo hizo usando una prueba que aprovechó de otra causa: los mensajes de whatsapp del ex secretario de Obras Públicas, José López, cuando fue condenado por enriquecimiento ilícito luego de haber revoleado bolsos con 9 millones de dólares en un convento. “José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, decía un mensaje que Báez le envió al propio López en el que hablaría de un encuentro que mantuvo con la entonces Presidenta a fines de 2015.

Las defensas rechazaron todas las acusaciones. El defensor de CFK, Carlos Beraldi, había recusado a los fiscales Luciani y Mola y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. A Gimenez Uriburu lo acusó de haber jugado al futbol en los torneos de la quinta Los Abrojos que pertenece a Mauricio Macri. A Gorini, de haber ido al Ministerio de Seguridad a cargo entonces de Patricia Bullrich. Las recusaciones fueron rechazadas.

Y la propia Cristina Kirchner habló ante los jueces el 24 de septiembre del 2022 desde su despacho del Senado. “Si no era abogada hubiese estado en un estado de indefensión frente al alegato del fiscal”, afirmó. Beraldi reclamó: “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino”.

Habían pasado 23 días de su intento de asesinato por parte de la llamada banda de los “copitos”. Al declarar en ese juicio, la ex vicepresidenta habló de un clima de crispación en su contra en donde incluyó a Luciani. La hipótesis de ese debate, no obstante, sostiene que el plan para matarla comenzó en abril del 2022. Durante esos meses, los jueces Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos denunciaron que les hackearon sus teléfonos, algo que está siendo investigado en una causa que sigue abierta y en donde estuvo detenido el espía inorgánico Ariel Zanchetta y se imputó a un ex funcionario de La Cámpora. En otro expediente conexo también se investiga por qué se sacaron líneas a nombre de los jueces de la Corte Suprema. Todo eso no se supo en aquel momento.

El 29 de noviembre, Cristina Kirchner habló por última vez en el juicio por la obra pública: “Este tribunal es un pelotón de fusilamiento”, afirmó. Horas antes del veredicto, previsto para el 6 de diciembre, se filtraron una serie de chats de un viaje de jueces y empresarios a Lago Escondido. Y el propio presidente Alberto Fernández, 24 horas antes de la sentencia, llamó a una cadena nacional para denunciar a los funcionarios que aparecían en ese chat.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aparecieron en la sala de audiencias en la tarde del 6 de diciembre bajo un intenso calor y con un reducido número de militantes en la puerta de los tribunales, encabezados por Luis D’Elia. Allí leyeron el veredicto: los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita.

“La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas fue dirimente”, dijeron los magistrados del tribunal en su condena. Hablaban de los negocios de Los Sauces y Hotesur, investigados en expediente aparte.

También fueron condenados a seis años el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti. Cinco ex funcionarios de Santa Cruz recibieron penas de entre seis y tres años de prisión. Fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

De inmediato, Cristina habló desde su oficina en el Senado. Durante una hora volvió a refutar las pruebas pero ventiló los chats de Lago Escondido. Y reveló que renunciaba a ser candidata para las futuras elecciones. “Yo nunca voy a ser una mascota del poder”, aseguró. Habló de una proscripción, aunque legalmente no estaba impedida de postularse.

Durante 2023, el kirchnerismo impulsó un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. El tablero político se sacudió con la llegada de Javier Milei a la presidencia.

En noviembre del 2023 Casación fijó un cronograma de audiencias de cara a la revisión del caso. Y en febrero rechazó un pedido de CFK para suspender las audiencias. La ex vicepresidenta había recusado al fiscal Mario Villar, que había pedido agravar su pena a 12 años; y al juez Barroetaveña por haber ordenado reabrir la causa Hotesur-Los Sauces. Ambos planteos fueron denegados.

Las defensas fueron desfilando para pedir sus absoluciones. CFK pidió llamar a declarar al hoy Procurador del Tesoro Rodolfo Barra que, antes de convertirse en funcionario de este gobierno, había hecho un análisis a su favor en torno a su vinculación con las obras concedidas a Lázaro Báez. Más tarde llegó una recusación contra el juez Gustavo Hornos también resultó rechazada. Para esa altura, en tribunales ya se dejaba trascender que Hornos se inclinaba a hacer lugar al pedido de la fiscalía.

Los rumores iban y venían en los pasillos de Comodoro Py sobre una confirmación de la condena por dos votos a uno. En ese contexto, Casación resolvió convocar a una audiencia para anunciar oficialmente su decisión. Todos dan por descontado que se ratificará la condena a seis años de cárcel. Los implicados pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la última instancia no se pronuncie, el fallo no quedará firme para ser cumplido.

En un importante precedente sobre el tratamiento de bienes provenientes del lavado de activos, la Cámara Federal de Casación Penal revocó una resolución judicial que había rechazado el decomiso de fondos depositados en cuentas bancarias suizas vinculadas a Néstor Ramos, fallecido en 2022 y presunto testaferro de Lázaro Báez.

En el expediente, la Unidad de Información Financiera (UIF) había requerido la confiscación de los fondos radicados en dos cuentas del banco PKB Privatbank SA, de la ciudad suiza de Lugano, atribuidas a Ramos. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó ese pedido tras considerar que, al haber fallecido el presunto titular, no era posible llevar a cabo un juicio oral que permitiera confirmar su culpabilidad con “certeza apodíctica”. Tanto la UIF como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), querellantes en la causa, apelaron para elevar el caso hasta la Sala IV de Casación.

De acuerdo a las actuaciones, a Ramos se le endilgaba la coautoría del delito de lavado de activos en virtud de su presunta participación en un esquema de “sociedades pantalla” que “habrían sido utilizadas en el exterior” para “la circulación de fondos que podrían constituir la legitimación y/o el ocultamiento de ganancias ilícitas”. Al presunto testaferro de Báez, amigo del matrimonio Kirchner, se lo asociaba con las firmas Helvetic Services Group SA y Wodson International SA.

Al emitir su voto, el juez Javier Carbajo hizo hincapié, respecto al delito de lavado de activos y la modificación del Código Penal a través del artículo 305, en la facultad normativa de los jueces para “disponer el decomiso de los bienes producto de este ilícito sin necesidad de condena penal”. “En ese marco y como sostuve -agregó-, considero que el pronunciamiento recurrido presenta déficits de fundamentación y, por consiguiente, debe ser descalificado como acto jurisdiccional válido (...)”.

El camarista Mariano Borinsky acompañó la decisión de su colega y expresó también que la resolución impugnada presentaba “un déficit de motivación”, en tanto la AFIP, en el marco de su planteo, había reseñado una serie de situaciones que “permitirían establecer el origen espurio de los bienes cuyo decomiso es reclamado y que el tribunal a quo no descartó, al menos en esta oportunidad, con motivos suficientes”.

A su término, el juez Gustavo Hornos adhirió a la solución y expresó: “Corresponde enfatizar que el lavado de dinero es un delito organizado, transnacional y complejo. Al respecto, es destacable el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, así como la afectación que producen al orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado”.

Luego, añadió: “Es por ello que el Estado Argentino se encuentra obligado, en razón de los compromisos internacionales asumidos, a adoptar las medidas pertinentes para garantizar el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos (...)”. Y precisó: “En ese sentido, por mi parte, he resaltado que en los delitos en donde se investigan actos de lavado de dinero e involucran actos de corrupción, como el de autos, debe ponerse el acento precisamente en la función reparatoria del decomiso”.

“Por ello, no puede ignorarse que la medida bajo examen resulta trascendental a los fines de restauración de la justicia y el restablecimiento del equilibrio perdido. Es que estos institutos apuntan a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos, socialmente dañosos”, completó el camarista Hornos.

Así las cosas, la Sala IV del máximo tribunal penal del país resolvió hacer lugar al recurso de casación, anular la sentencia apelada y reenviar las actuaciones a la instancia anterior para que, previa audiencia con las partes, se emita un nuevo fallo.

La Cámara Federal porteña decidió este martes dejar herida de muerte la investigación que puso en foco a ex directivos del Banco Nación durante la gestión kirchnerista, por la supuesta concesión abusiva de créditos otorgados en 2010 por el Banco Nación a las firmas Austral Construcciones S.A., y Kank y Costilla S.A. ligadas a Lázaro Báez. Fue cuando los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron el sobreseimiento de ex funcionarios que estaban imputados desde el inicio de la causa como Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega y de otros que habían sido incluidos como sospechosos en el último tramo de la causa, como el ex ministro de Producción durante el gobierno de Alberto Fernández Matías Kulfas. Según el fallo al que accedió Infobae, a 14 años del inicio de la causa “sigue sin haber evidencias” de los delitos investigados.

La causa tenía como imputados al empresario detenido Lázaro Báez y al ex presidente del Banco Nación Carlos Fábrega por el uso de fondos públicos en beneficio de Austral Construcciones a través de un fideicomiso de $350 millones gestionado por la entidad. La denuncia había sido presentada por la diputada Margarita Stolbizer, luego de que el arrepentido Leonardo Fariña declarara sobre una serie de maniobras relacionadas a negocios de Báez y el gobierno kirchnerista en la causa de la ruta del dinero K.

Según la hipótesis de la denuncia, los créditos millonarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a empresas constructoras vinculadas al empresario Lázaro Báez fueron a partir de “la estrecha relación que tendría éste con el ex presidente Dr. Néstor Kirchner, en virtud de la cual se habrían obtenido ventajas lucrativas derivada de negocios jurídicos llevados a cabo con financiación estatal, a partir de la información ventajosa con la que contaba el empresario y que obtuvo en razón de su vinculación” con el ex jefe de Estado y su entorno”. La sospecha era que así se usaron mecanismos legales para beneficiar al grupo ligado al kirchnerismo, y así “el Estado Nacional era quien financiaba las obras que contrataba, en tanto se garantizaban los créditos con los certificados de obra que el mismo Estado extendía o con plazos fijos constituidos con el dinero proveniente de esos créditos”. Además, al vencimiento de esa financiación, se otorgaban nuevas facilidades.

A fin del 2018, el juez Daniel Rafecas entendió que no había pruebas para sobreseer o procesar y dictó la falta de mérito a un grupo de personas. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló y sostuvo que las pruebas del expediente alcanzaban para procesar. En marzo de 2019, la Cámara Federal porteña anuló ese fallo y ordenó analizar el caso teniendo en cuenta la cantidad de proyectos de obra pública que se le dieron a los empresarios en el marco de un “proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse de fondos públicos, para lo cual se montó una estructura de gobierno por parte de los anteriores Presidentes de la Nación que fue funcional con las necesidades de la organización”.

A fines de diciembre del 2023, a partir de un pedido de la fiscalía, Rafecas firmó los procesamientos de Marcelo Gustavo Mazú, Ángel Rogelio Cabral, Esteban Alejandro Acerbo, Patricia Susana Fadel, Silvia Ester Gallego, Enrique Osvaldo Arceo, Cecilia Carmen Fernández Bugna, Juan Ignacio Forlón y Juan Carlos Fábrega, por favorecer con créditos “con un desvío del interés que debió guiar su actuación, en pos de beneficiar” a las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A. Un peritaje habló dos créditos que no se pagaron, por más de 200 millones de pesos. Entendió que en el caso Vialidad y en la condena por lavado contra Báez quedó claro que parte del plan era asegurar un flujo de fondos permanentes a esas empresas. Y resolvió indagar al exministro Matías Kulfas, exdirector de la entidad en el momento investigado y a Rafael Alfredo González vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.

Pero en abril la Cámara Federal revocó esa decisión: se sostuvo que no se comprobó una defraudación al Estado, ni un interés especial por parte de los ex funcionarios para hablar de “negociaciones incompatibles”.

Así las cosas, ante un pedido de las partes, el juez Rafecas firmó el sobreseimiento de Marcelo Mazú, Ángel Cabral, Esteban Acerbo, Patricia Fadel, Silvia Gallego, Enrique Arceo, Cecilia Fernández Bugna, Juan Forlón, Juan Fábrega, Matías Kulfas y Rafael González. La fiscalía a cargo de Stornelli apeló la decisión: calificó de arbitraria la resolución, insistió en sostener que se descartó infudadamente la hipótesis de defraudación y aseguró que “se definió el caso sin escuchar en indagatoria a otras personas y que por eso sería prematuro” el cierre de la causa.

El primero en analizar la cuestión fue el juez Martín Irurzun, que se inclinó por anular la resolución de Rafecas. “Se había omitido merituar pormenores de relevancia que guardaban estricta vinculación con la hipótesis acusatoria (de manejo espurio y perjuicio económico propios de una defraudación) y que surgían de pruebas de la causa. Indiqué además que nada se dijo sobre pretensiones expresas que tendían a incluir en las sospechas a otras personas, del ámbito público y privado y que ello influía en la falta de una lógica adecuada en la reconstrucción de lo supuestamente acontecido -sostuvo-. Nuevamente, la decisión (sobreseimiento, ahora) traslada las mismas omisiones y falencias que me llevaron a opinar por la invalidez de las tres anteriores. Otra vez, entonces, votaré por declarar la nulidad”.

Luego fue el turno del juez Farah, quien recordó un pronunciamiento suyo anterior en donde afirmó que “se había encaminado esta instrucción de más de 14 años en derredor de una supuesta maniobra de defraudación por administración fraudulenta en desmedro del erario público” y que, según las pruebas, “las disposiciones crediticias acordadas a grupos económicos pertenecientes o vinculados a Lázaro Báez no habían causado un perjuicio económico al patrimonio del Banco y que -aún en unos casos en los que quedaba pendiente una acreencia judicializada- los funcionarios de la institución no habían obrado con dolo (perjuicio patrimonial y dolo son recaudos típicos” para las figuras penales analizadas. “Tardía la crítica que pretende renovar una discusión ya superada por los actos propios de las partes”, afirmó.

“El único debate latente en el caso se vincula a la adjudicación a los funcionarios del Banco de la Nación Argentina -a mi modo de ver de un modo residual- de la figura del art. 265 del Código Penal (negociaciones incompatibles), por sus intervenciones en la asistencia crediticia de la entidad al grupo empresario de Lázaro Báez. Un delito cuya mira está puesta solamente en que la actuación de los órganos se encuentre cubierta de toda sospecha de parcialidad, en que no inserten intereses particulares (suyos o de terceros allegados o relacionados) a la función que desempeñan, dañando la imagen de la administración pública y la transparencia de su actuación (ver lo ejemplos que puse en el precedente citado). Ya establecí que no se han colectado pruebas que sugieran que los imputados hayan actuado en las operaciones cuestionadas en función de un interés particular; es decir, no solo como agentes públicos que examinaron cuestiones técnico-jurídicas y de oportunidad, mérito y conveniencia de cada una de las asistencias financieras o crediticias otorgadas, sino conjuntamente como particulares interesados en una determinada decisión o actuación de la administración, en el marco de una situación de incompatibilidad”, aseguró.

Y añadió: “Tampoco puede prosperar la alegación de que el fallo es apresurado porque restaría escuchar en indagatoria a otras personas. Primero, porque no se trata de “medidas de prueba” pendientes sino de actos de defensa. Segundo, porque si no hay elementos para sospechar la comisión del delito del art. 265, CPPN, entonces es irrazonable pretender la citación en los términos del art. 294, CPPN sin que estén reunidos los presupuestos legales a esos fines. Y tercero, porque lo argumentado sobre este punto termina de demostrar que –exageradamente vencidos los plazos del art. 207, CPPN-, nada queda por investigar en esta larga y demorada instrucción”.

El juez Boico coincidió con validar los sobreseimientos, al sostener que es la “única solución compatible con el criterio” ya fijado en la causa. “A catorce años de iniciado el sumario, sigue sin haber evidencias o indicios ciertos de que los imputados se hubieren se interese en miras de un beneficio propio o de un tercero y que intervenga como parte en el contrato u operación, es decir, el ‘interés indebido’ debe tener su representación en la realidad (’tangible’), generando una falta o irregularidad administrativa. El juez ha desarrollado esta falencia de pruebas y la parte acusadora no expuso ni alegó ninguna pendiente que razonablemente pudiere hacer variar la situación. Con todo, agotada la instrucción y descartadas –antes y ahora todas las hipótesis que fueron planteadas, la única opción posible es confirmar lo decidido”.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, destacó hoy que el significativo aumento en las condenas y decomisos por delitos de lavado de dinero fue uno de los factores decisivos que permitieron a Argentina superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar caer en la lista “gris” de países calificados negativamente en materia regulatoria.

Ayer, el organismo internacional evaluó si Argentina y otros países cumplían con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se trata de unos 40 requisitos que cada Estado nacional tiene que implementar con diferentes acciones y políticas.

“Una de las calificaciones del GAFI es cómo se comporta el país en materia de lavado y decomiso. Evidentemente, Argentina tuvo una evolución desde el período anterior, que tenía 3 condenas, y pasó a 88 condenas judiciales en materia de decomiso. Esta evolución fue calificada muy favorablemente”, señaló Borinsky, uno de los integrantes de la delegación oficial argentina que viajó a París, Francia, en declaraciones a radio Mitre, al ser consultado si los fallos judiciales contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez fueron considerados.

Algunos de los casos resonantes sobre este tipo de delito financiero alcanza, efectivamente, al ex socio de la familia Kirchner. Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la denominada causa “Ruta del Dinero K”. En la decisión del GAFI, se ponderaron el avance de la Justicia en el decomiso de bienes a quienes blanquearon dinero con origen en la corrupción, el narcotráfico o la evasión impositiva.

La recopilación de estos casos fue llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su representante y titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) Juan Tomás Rodríguez Ponte, junto a otros funcionarios judiciales. “Trabajó mucho la Dajudeco y el Ministerio Público Fiscal”, destacó Borinsky.

El riesgo de la “lista gris” y el impacto económico

La inclusión en la llamada “lista gris” del GAFI, que engloba a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero, suponía un riesgo para Argentina. La mesa de los miembros evaluadores del organismo, que incluye a los 40 países más importantes del mundo y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la ONU y la OCDE, entre otros, tiene implicancias para la aprobación de crédito internacional.

“Hay un estudio del Banco Central que dice que si Argentina iba a la “lista gris” y no cumplía con las 40 pautas de los organismos internacionales, (el crédito en riesgo) equivalía al 7% del PBI. Estamos hablando aproximadamente de 30 mil millones de dólares”, puntualizó Borinsky.

La evaluación del GAFI no se limitó a las cifras de condenas, sino que también abarcó otros aspectos, como la independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), la capacidad de prevenir el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de los marcos legislativos adecuados para clasificar los delitos financieros y de lavado.

La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI concluyó en un informe que estos umbrales fueron superados en lo sustancial por Argentina. Según Borinsky, en evaluaciones anteriores, el país había evitado la revisión. “Las perspectivas era muy malas porque no se venían cumpliendo ninguno de estos estándares”, describió. Sin embargo, en marzo pasado, una delegación revisó la situación de Argentina y el gobierno avanzó con la aprobación de una actualización normativa. “En la administración anterior hubo dos períodos de postergación de la evaluación. Ahora, nos han dicho que se cumplieron los objetivos en todas las categorías”, destacó Borinsky.

El juez relató el ambiente de nerviosismo en la comitiva oficial de conocer el veredicto final. La delegación argentina no durmió el día anterior. Estábamos ansiosos y nerviosos”, dijo, e ilustró: “Acá no hay chamuyo, se miran datos objetivos”.

Evaluación en distintas etapas

El proceso de evaluación del GAFI comprende varias etapas, en las cuales se analizan múltiples dimensiones del sistema judicial y legislativo del país evaluado. La revisión incluyó audiencias cara a cara, la exposición de todos los actores involucrados y las visitas in situ del organismo. En marzo pasado, vinieron al país el secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, y al equipo evaluador, que encabeza Diana Firth. Ayer fue el examen final en París.

La votación del GAFI fue casi unánime para evitar que Argentina caiga en la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La única excepción en la votación fue México.

La Cámara Federal de Casación Penal publicará el próximo 13 de noviembre el fallo en el caso de la obra pública en el que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada en primer instancia a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La definición será clave porque el tribunal debe resolver si confirma o no esa condena. Pero no es el único fallo que genera expectativa.

En el radar de las causas judiciales de Cristina Kirchner también aparece otra definición. Y es su situación en la investigación por la llamada “Ruta del dinero K”, que es el lavado de dinero en el que el empresario Lázaro Báez está condenado a 10 de prisión. Allí se debe definir el futuro de la ex presidenta. Puntulamente un pedido para anular el dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuán que pidió el sobresemiento de la ex presidenta.

La ONG “Bases Asociación Civil” se presentó y fue aceptada como querellante por la Cámara Federal. En ese rol planteó que el pedido de sobreseimiento fuera declarado nulo. Si bien fue rechazado por el juez federal Sebastián Casanello, la Cámara ordenó que se analice. La entidad señaló que el dictamen de Marijuán la privaba de hacer su acusación y entendió que en el caso debía analizase más prueba.

Para pedir el sobreseimiento Marijuán sostuvo que no hay duda “de la estrecha y directa relación personal” de Cristina Kirchner y Báez pero tras 11 años de investigación no surgieron pruebas que vinculen a la ex presidenta en maniobras de lavado de dinero en el expediente.

El fiscal federal Marijuan dictaminó por rechazar el pedido de nulidad de la ONG. “Aun cuando esto ya lo he analizado, vuelvo a sostener que esas pruebas demuestran la vinculación directa de Lázaro Báez, Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández, pero toca ahora señalar y reiterar que debemos apreciar si con ello es suficiente para decretar su procesamiento o, más aún, para una eventual elevación a juicio, sin desconocer también la cantidad de años de trámite de este legajo”, sostuvo el fiscal.

Y agregó que en toda la prueba que se analizó no aparecen vínculos de la ex presidenta con el lavado de Báez. Y enumeró esas pruebas: la declaración como arrepentido de Leonardo Fariña -también condenado-, el testamento de Báez y las otras causas en las que Cristina Kichner está imputada como Los Sauces-Hotesur, la obra pública y los cuadernos de la corrupción.

“No debe perderse de vista, y lo recalco, a riesgo de ser redundante, que las causas Hotesur-Los Sauces, Vialidad y Cuadernos pueden tener como coautores a Lázaro Báez y a Cristina Elizabet Fernández, como a otras personas allegadas o no a este proceso, pero el delito de lavado de dinero es un delito independiente que pudo haber sido llevado a cabo por Lázaro Báez, por sí solo, ya sea con dinero de un tercero o con el propio que le correspondió en su ‘ganancia’ en otras operaciones en las que fue condenado, sin que ello permita avanzar con sus consortes de causa del o los delitos precedentes”, resaltó respecto de la situación de la ex mandataria.

En esa línea, el fiscal criticó el pedido de nulidad de la ONG. Marijuán señaló que no se sabe cuál “es el fundamento para aceptarlos como parte en este proceso, y de esta manera generar una insólita e inédita inseguridad jurídica para las partes” y la calificó de “novel” querella porque ingresó al expediente hace pocos meses cuando la causa lleva 11 años.

“Pareciera entonces que Bases Asociación Civil, que durante años no participó del proceso, no tuvo copias del expediente, ni se conoce de dónde se nutre de información, con un claro sesgo político viene a peticionar, a modo de oportunas apariciones, distintos planteos que solo pretende para un aprovechamiento político por la trascendencia pública del suceso. Es decir, entran por una ventana procesalmente inexistente, ponen en crisis una resolución dictada por V.S. (Nda: el juez de primera instancia)y, varios meses después y sin ninguna otra intervención eficaz para el avance de esta investigación, creen recordar que ahora puede haber una nulidad. Vuelvo a preguntarme, entonces, como parte de este proceso y representante de la vindicta pública, si no será que lo nulo y de nulidad absoluta es todo lo que se le permite hacer a este pseudo querellante”, criticó Marijuán.

También objetó a la Cámara Federal por pedir que se analice la nulidad. Marijuán explico que una nulidad “por su naturaleza jurídica y habiendo cuestiones de orden público que lo imponen, existe el deber de los jueces de decretarla de manera inmediata al advertirla y más allá de la cuestión que tengan para resolver”. Por lo que eso podrían haber hecho los jueces de la Cámara. Y recordó que cuando a fines de 2023 el tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y le dictó la falta de mérito “se adentraron en un pormenorizado análisis de las afirmaciones realizadas y de las pruebas evaluadas por el suscripto, sin nulificar en todo o en parte la pieza procesal”.

Junto con Marijuán también opinaron las dos otras querellas de la causa. Por un lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apoyó la postura de rechazar la nulidad. Y la Unidad de Información Financiera (UIF) no opinó sobre el planteo y dijo que hay que buscar más información. Ahora debe resolver el juez Casanello.

El lunes, Leonardo Fariña escuchó llorando la condena a la pena única de cuatro años de prisión en el marco del juicio oral por la llamada causa “El Entrevero”, en la que también fue condenado el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. El tribunal consideró reducirle la pena por haber sido un “arrepentido” en esta causa. Sin embargo, por el monto de la condena, corría riesgo de que la fiscalía pidiera nuevamente su detención. Por esta razón, la defensa solicitó su excarcelación, y el Tribunal Oral Federal decidió otorgarla. Fariña permanecerá bajo vigilancia con tobillera electrónica, según la resolución a la que accedió Infobae.

El Tribunal Oral Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, condenó por mayoría a Leonardo Fariña a la pena de dos años y seis meses de prisión, al considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos en carácter de coautor. Asimismo, se lo condenó, también por mayoría, a la pena única de cuatro años de prisión, comprensiva de la pena referida en el párrafo anterior y de la de tres años y seis meses de prisión, impuesta en el marco de la causa CFP 3017/2013/TO2, conocida como la “Ruta del Dinero K”.

Cabe recordar que, en esa causa, desde el 27 de noviembre de 2023, se le dictó prisión preventiva a Fariña, y un mes después se le concedió arresto domiciliario, bajo vigilancia electrónica, tras haber sido detenido en una financiera en el barrio porteño de Belgrano.

Después de más de un año de debate, el tribunal dictó condenas en la causa que investigó la compra de dos terrenos significativos, uno de ellos denominado “El Entrevero”, situado entre los exclusivos balnearios de José Ignacio y La Barra, en Punta del Este. Los terrenos fueron adquiridos en 2011 a través de la firma Traline S.A., con sede en Uruguay y presidida en ese momento por Maximiliano Acosta, y posteriormente por Maximiliano Goff Dávila. El campo, valuado en 14 millones de dólares, fue transferido a la sociedad Jumey S.A., presidida entonces por Daniel Pérez Gadín, quien ofició de contador de la firma Austral Construcciones, con la que Báez operaba los contratos de obra pública en Santa Cruz.

El exdueño de Austral Construcciones y el financista fueron hallados culpables de “lavado agravado” de activos por la compra de los terrenos. Lázaro Báez fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de “lavado agravado”. Fariña, quien también fue condenado, recibió una pena inicial de dos años y seis meses, que se redujo debido a su colaboración con la justicia durante la investigación. “He colaborado con la justicia en todo momento, pero la sentencia final no refleja mi plena cooperación”, sostuvo antes del veredicto. También se condenó a Daniel Pérez Gadín, el exdueño de la financiera “La Rosadita” y funcionario de la sociedad que compró el terreno en Uruguay (Jumey S.A.), a cuatro años de prisión, y a Jorge Óscar Chueco a tres años y seis meses.

La defensa de Fariña, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, pidió la excarcelación de inmediato. “En base a la pena fijada y lo normado por el artículo 13 del Código Penal de la Nación, había que establecer si Fariña había cumplido detenido el lapso para obtener la libertad condicional, es decir, dos años y ocho meses”, argumentaron. Fariña había estado privado de su libertad desde el 25 de marzo de 2014 hasta el 13 de abril de 2016, así como también desde el 24 de noviembre de 2023 hasta el 15 de diciembre del mismo año, día en el cual se ordenó que continuara detenido en su domicilio, situación que perduraba hasta el día de hoy. De esta manera, Fariña había permanecido privado de su libertad por dos años, nueve meses y 24 días, superando así el tiempo necesario para poder acceder a la excarcelación solicitada.

El fiscal Abel Córdoba se opuso al beneficio, al hacer hincapié en los riesgos procesales que habían sido constatados en anteriores pronunciamientos y sostuvo que la excarcelación no era automática.

Sin embargo, los jueces afirmaron que “se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por la normativa aplicable y debe destacarse que no obran constancias de impedimento en los términos de los artículos 14 y 17 del Código Penal, por lo que corresponde concederse la excarcelación a Leonardo Fariña, bajo caución juratoria, y que deberá hacerse efectiva en el día”.

“Sin perjuicio de ello, en razón de lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal respecto a los riesgos procesales subsistentes, cabe resaltar que, si bien respecto de la causa número 1128/2023 del registro del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2 no se ha recibido noticias en cuanto a que se haya modificado la situación procesal del enjuiciado Fariña y en donde se encuentra excarcelado, por lo cual no puede ahora operar como impedimento en las presentes actuaciones, esta circunstancia y en virtud de que la obligación de sujeción al proceso por parte del nombrado continúa plenamente vigente, en tanto su condena no se encuentra firme y, eventualmente, resta su etapa de ejecución, es que habrá de mantenerse su sometimiento al cuidado del Programa de Vigilancia Electrónica mediante el dispositivo de monitoreo electrónico GPS, con un radio de 100 kilómetros a la redonda de su domicilio, debiendo comunicar a este tribunal, de forma inmediata, cualquier modificación de su lugar de residencia, así como también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas del mismo”, se añadió.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral en lo Federal y Criminal N° 4 a cuatro años y seis meses de prisión tras ser encontrado culpable del delito de “lavado agravado” en una de las causas como parte de la investigación conocida como “la ruta del dinero K”, en la que se lo juzgó por la compra de un campo en Uruguay, llamado “El entrevero”, que se ubica entre los balnearios José Ignacio y La Barra, de Punta del Este.

Otro de los implicados, Leonardo Fariña, recibió una condena de dos años y seis meses, aunque en este caso la pena definitiva del empresario será de cuatro años de prisión, porque se le unificará con otras penas por distintos delitos.

En el punto V del fallo el Tribunal dictaminó por mayoría que a Báez también se le aplique una “multa de TRES (3) VECES EL MONTO DE LAS OPERACIONES, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor (hecho 1 “El Entrevero” y hecho 2 “Terreno en El Faro de José Ignacio”) (artículos 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 55, 303 inciso 1° -según redacción ley 26.683-, del Código Penal, y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación)”.

Por el campo de “El Entrevero”, de 152 hectáreas, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Además del empresario fueron juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron los organismos del Estado que actuaron como querellantes y que habían pedido que Lázaro Báez sea condenado a 9 y 7 años de prisión, respectivamente.

Cuando el fiscal Guillermo Marijuan elevó la causa a juicio había consignado que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, había entendido que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Además de la compra del campo “El Entrevero”, en el juicio también se juzgó la compra de un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. En esa operación intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955.

En el caso de Maximiliano Goff Dávila, el Tribunal - que integran los jueces de Cámara, María Gabriela López Iñiguez, Néstor Guillermo Costabel y Jorge Luciano Gorini-lo consideró “penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado (hecho 1 “El Entrevero”), en carácter de coautor, en concurso material con el delito de lavado de activos (hecho 3 “Depto. de Avda. del Libertador 2424″)” y lo condenó a una pena de cinco años de prisión.

El mencionado en el fallo como hecho 3 es por la compra, “en comisión”, de un departamento ubicado en avenida del Libertador y Silvio Ruggieri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el que se habrían pagado USD 800 mil.

En el caso del exdueño de la financiera a la que se conoció “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadin, resultó condenado a 4 años de prisión, a Jorge Oscar Chueco, otro de los cómplices, a e años y seis meses y el financista Carradori 4 años y seis meses.

A Ghutux le correspondió una pena de 3 años de prisión aunque su cumplimiento será dejado en suspenso y a Alejandro Acosta, dos años y seis meses .

La Policía de Puerto Madryn, en Chubut, secuestró un camión Ford cargo que pertenece al empresario Lázaro Báez y que tenía pedido de secuestro en la causa “Los Sauces-Hotesur”, en la que junto con Báez está elevada a juicio oral y público la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner y otra treintena de imputados.

Se trata de un camión Ford Cargo 1722 dominio FXS-463, con acoplado, que formó parte de los bienes embargados por el juez federal Julián Ercolini en la causa judicial. Sin embargo, en el momento en que se buscó incautarlo, el vehículo no fue hallado. Por eso la Justicia emitió una orden de secuestro, según lo que informaron a Infobae fuentes judiciales.

Ayer a las 20 horas, oficiales de la comisaría cuarta de Puerto Madryn estaban realizando un control de vehículos cuando detuvieron al camión y constataron por el sistema que la orden de secuestro estaba vigente. Así se dio aviso al juzgado federal de Ercolini que remitió la consulta al Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py, donde hoy está radicada la causa judicial. Y desde el tribunal oral dieron la orden de secuestrar el camión.

En la causa “Los Sauces-Hotesur” se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de esas sociedades, propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El expediente fue elevado a juicio oral y público y el TOF 5 en noviembre de 2021 sobreseyó a la treintena de acusados que tiene el caso, entre ellos Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que se avance hacia el juicio oral. Solo quedó firme el sobreseimiento de Florencia Kirchner. Las defensas apelaron el fallo de Casación para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal del juicio, Diego Velasco, pidió reanudar la causa judicial para que se completen las medidas de prueba pendientes y se haga el juicio oral. Pero el TOF 5 hace dos semanas dictó un fallo en el cuál dispuso mantener suspendida la causa judicial hasta tanto resuelva la Corte Suprema ya que será ese el pronunciamiento definitivo de la causa.

Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli señalaron que el Código Procesal Penal de la Nación “establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”. Así señalaron que avanzar con las medidas de prueba de la Fiscalía “en miras a dar inicio a la eventual audiencia de debate oral y público que se lleve a cabo en el marco de los presentes actuados, colisiona con la postura antes referida” y agregaron que el fallo de Casación para que se avance con el juicio no está firme.

“Los Sauces-Hotesur” es una de las causas que la ex presidenta tiene elevadas a juicio oral. También los expedientes dólar futuro y la firma del memorándum con Irán. En el primero fue sobreseída por Casación y en el segundo Casación revocó su desvinculación y ordenó que se avance con el proceso. Ambos también están apelados en el Corte. En tanto, tramita en el Tribunal Oral Federal 7 la causa de los cuadernos de la corrupción y la condena por la obra pública en Santa Cruz está en revisión.

La ex presidenta cuenta con una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de las obras públicas que para Santa Cruz recibió Lázaro Báez.

Lázaro Báez volvió a Santa Cruz. El empresario se trasladó por tierra, luego de recibir la autorización de la Justicia, y seguirá cumpliendo su condena en El Calafate, pudo confirmar Infobae con fuentes judiciales y de su familia. Tras su detención en 2016, solo había regresado para el entierro de su madre, en 2018.

El traslado se mantuvo en reserva y finalmente se concretó este viernes.

En febrero, Báez había pedido permiso ante el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó por la ruta del dinero K y ahora lo está juzgando por la compra de un campo en Uruguay, pero tuvo que esperar cinco meses. El tribunal le pidió opinión a la Fiscalía y ordenó un informe a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que ahora está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, sobre las condiciones sociales y ambientales del lugar ofrecido, y para saber si durante el traslado se podía mantener el monitoreo de la pulsera electrónica.

Infobae reveló este miércoles que el traslado ya estaba autorizado y solo dependía del clima en el Sur. “Ya está autorizado, depende de las condiciones climáticas y la disponibilidad de logística”, respondió una fuente de Tribunales. Aunque primero se mencionó una dirección en Río Gallegos, finalmente el empresario volvió a El Calafate. “Está en la casa de la Costanera”, confirmó una fuente de la familia.

Esa casa fue allanada por el fiscal Guillermo Marijuan en 2016. Está ubicada en la calle Néstor Kirchner al 2800. En su interior, los investigadores encontraron un ascensor, y dos espacios ocultos que obligaron a romper paredes. En ese momento tenía cinco habitaciones y la misma cantidad de baños. En los armarios, no había ropa: sólo toallas dobladas, con las etiquetas puestas. Los investigadores la bautizaron como la “casa del ascensor”.

Los detalles de la mudanza se mantuvieron en reserva. En Tribunales no querían que se repita algo similar a lo que pasó en 2020, cuando el empresario intentó mudarse a una casa en un barrio privado de Pilar. En ese caso, la filtración de la noticia activó una reacción de los vecinos que obligó a buscar otro destino.

Desde entonces, Báez cumplió su arresto domicilio en una casa del partido de San Vicente.

Ahora vivirá en El Calafate con su nueva pareja, Claudia Noemí Insaurralde, aunque muy cerca de sus cuatro hijos.

La judicial del empresario es cada vez es más compleja. Primero fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. Y en junio de este año el Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por apropiación indebida de los aportes de sus empleados en Austral Construcciones y otras empresas.

Además, está siendo juzgado por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay. Ese juicio está en etapa de alegatos se retomará luego de la feria judicial. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, los organismos del Estado que actúan como querellantes, pidieron que Báez sea condenado a 9 y 7 años de prisión, respectivamente. Los montos de las penas sorprendieron a todos.

Lázaro Báez está a un paso de regresar a Santa Cruz. La Justicia ya autorizó la mudanza a su provincia natal, pero el traslado se demora por cuestiones burocráticas y factores climáticos. “Ya se hizo lugar a que siga cumpliendo su arresto domiciliario en Río Gallegos, se está gestionando su cumplimiento”, dijo a Infobae una fuente del Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó por la ruta del dinero K y ahora lo está juzgando por la compra de un campo en Uruguay.

Si no hay sorpresas o cambios a último momento, el traslado de Báez se haría por tierra, al igual que ocurrió con Martín, su hijo mayor, que se fue en auto desde Buenos Aires hasta Río Gallegos. Los detalles de la mudanza se mantienen en reserva. Nadie quiere que vuelva a ocurrir algo similar a lo que pasó en 2020, cuando el empresario intentó mudarse a una casa en un barrio privado de Pilar. En ese caso, la filtración de la noticia activó una reacción de los vecinos que obligó a buscar otro destino.

Desde entonces, Báez cumple su arresto domicilio en una casa del partido de San Vicente.

Su situación judicial cada vez es más compleja. Primero fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. Y en junio de este año el Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por apropiación indebida de los aportes de sus empleados en Austral Construcciones y otras empresas.

Además, está siendo juzgado por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay. Ese juicio está en etapa de alegatos se retomará luego de la feria judicial. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, los organismos del Estado que actúan como querellantes, pidieron que Báez sea condenado a 9 y 7 años de prisión, respectivamente. Los montos de las penas sorprendieron a todos.

En febrero, el abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, hizo una presentación ante el TOF 4 para que pueda seguir cumpliendo con la prisión domiciliaria en Santa Cruz, donde vive sus cuatro hijos y su ex esposa, Norma Calismonte.

La última vez que Báez fue al Sur fue en 2018, para presenciar el entierro de su madre. En ese caso, estaba detenido en Ezeiza y fue trasladado en avión. Todo el operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Apenas recibió el pedido de traslado, el tribunal le pidió opinión a la Fiscalía y ordenó un informe a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que ahora está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, sobre las condiciones sociales y ambientales del lugar ofrecido, y para saber si durante el traslado se puede mantener el monitoreo de la pulsera.

“Solicitamos a esa Dirección que informen los medios con los que cuenta para supervisar el desplazamiento a esa jurisdicción toda vez que esta parte, en su oportunidad y de proceder, peticionará que se comisione a una fuerza de seguridad para la concreción de dicho traslado”, sostuvo la Fiscalía al comienzo del trámite. Pasaron cinco meses.

“Ya está autorizado el traslado, depende de las condiciones climáticas y la disponibilidad de logística”, respondió una fuente de Tribunales ante una consulta de Infobae. En principio, el lugar elegido está en Río Gallegos. Sin embargo, cerca del empresario aseguran que el destino final es Calafate. Esa misma fuente dijo que “faltan algunos informes” y negó que sea inminente.

En principio, Báez se mudaría al Sur con su nueva pareja. El resto de los detalles se mantienen en reserva.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Leandro Báez por el desvío de 250 mil kilos de lana de oveja que produjo la empresa Austral Agro. Con esta decisión, el hijo menor de Lázaro Báez quedó al borde de otro juicio que podría llevarlo a la cárcel porque ya arrastra una condena por “La ruta del dinero K”.

La Sala I de la Cámara, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, ratificó la decisión que había tomado en marzo la jueza María Eugenia Capuchetti. También confirmó un embargo sobre los bienes de Leandro Báez hasta cubrir la suma de $500 millones.

El hijo del empresario patagónico está acusado de vender 249.793 kilos de lana que estaban inmovilizados por una inhibición general de bienes. “Considero probado con el grado de certeza de esta etapa procesal que el imputado Leandro Báez, en su calidad de apoderado de la empresa Austral Agro SA, administró de manera infiel los intereses que le fueron confiados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial al erario público. La maniobra se llevó a cabo durante el período comprendido cuanto menos desde el 6/07/2016, y hasta el 2/12/2018, cuando la interventora judicial se constituyó ante los campos constatando la faltante de lana”, sostuvo la jueza de primera instancia al momento de procesarlo.

El cargamento de lana estaba valuado en casi U$S$1.498.758.

El fallo fue apelado por la defensa de Leandro Báez, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, pero ahora la Cámara ratificó en su totalidad el fallo de la jueza. “Se encuentra acreditado que Leandro Báez administró de manera infiel los intereses que le fueron confiados, generando un perjuicio patrimonial que afectó al erario público”, dice el fallo, al que tuvo acceso Infobae.

El tribunal también ratificó el procesamiento del contador César Andrés. “Para lograr tal cometido, Leandro Báez se valió del contador público César Gerardo Andrés -coordinador de la operatoria comercial de la firma- quien brindó una colaboración indispensable al obstaculizar la obtención de información contable de la sociedad en oportunidad de ser requerido, en primer término, por los veedores judiciales y, posteriormente, por la interventora Santorsola”, explicaron los camaristas.

La causa surgió en el juicio por “La ruta del dinero K”, donde el menor de los hijos de Báez terminó siendo condenado a 3 años. Si recibe otra condena, su situación judicial podría agravarse seriamente.

Tanto Leandro Báez como el contador César Andrés están procesados por el delito de administración infiel agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. “Ambos tenían pleno conocimiento de las medidas cautelares que afectaban a la firma y de las restantes medidas de resguardo que sobre ella se habían dictado en el marco de la causa CFP 3017/2013 –dentro de la cual incluso formularon diversas presentaciones relativas al desenvolvimiento comercial de la empresa-, como así también que mediante su accionar deliberadamente ocultaron el faltante de una relevante cantidad de lana producida ante los veedores y la interventora judicial designados, con la consecuente afectación patrimonial que ello implicó”, concluye el fallo.

El hijo menor de Báez, que actualmente vive en Río Gallegos como el resto de sus hermanos, había sido condenado a 5 años por “la ruta del dinero K”, pero luego la Cámara de Casación le redujo la pena a 3 años. Esta causa podría complicar su situación judicial.

Lázaro Báez sumó una nueva condena. Esta vez fue apropiación indebida de los aportes de sus empleados en Austral Construcciones y otras empresas. El Tribunal en lo Penal Económico 3 lo condenó a una pena de 3 años y 6 meses de prisión.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 en el marco de la avalancha de causas contra las empresas de Báez, que en este caso incluyó a Diagonal Sur Comunicaciones. Báez fue condenado por el delito de apropiación indebida de aportes y por la omisión de depósito, dentro del plazo, de los importes retenidos a los empleados de siete empresas: Alternativa SA, Austral Agro, Austral Construcciones, Diagonal Sur Comunicaciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto Construcciones y Sucesión Adelmo Biancalani.

El TOPE 3 también condenó a Martín Báez (2 años y 6 meses), al contador Claudio Bustos (2 años y 6 meses), al abogado Jorge Chueco (2 años), y al ex presidente de Austral Julio Mendoza (2 años y 6 meses), entre otras personas. En total fueron 7 condenados, por diferentes empresas y períodos fiscales.

Hace tres semanas, la Corte Suprema había intervenido en este expediente por un pedido de dos de los imputados que solicitaban una probation. Los abogados de la AFIP se opusieron: “Aquí no solo se ha dañado a la hacienda pública y a los recursos de la seguridad social en particular, aquí hubo una afectación a los trabajadores que se vieron impedidos del ingreso de sus aportes previsionales que obstó en su momento del goce efectivo de la obra social, como así también del perjuicio que les podría ocasionar en un futuro respecto de su jubilación”. Finalmente, el Máximo Tribunal rechazó las apelaciones de Mendoza y Luciano Donaire, colaborador de Báez en sus negocios.

El hijo mayor de Báez había sido condenado hace apenas un mes, también por retención de aportes de los empleados de la empresa Kank y Costilla. En ese caso, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia le aplicó una pena de 2 años y 3 meses de prisión. Los jueces entendieron que Martín era el director titular de la empresa y por lo tanto el responsable del pago de las cargas previsionales.

Kank y Costilla había solicitado un plan de facilidades de pagos por una deuda de junio, julio y agosto del 2013. Los dos primeros meses los pagó, pero hizo un pago parcial por agosto. Solo abobó $217.716,57.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años, y luego sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. Además está siendo juzgado por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.

Ese juicio está en la etapa de alegatos y habrá un veredicto luego de la feria judicial. El fiscal Abel Córdoba pidió que el empresario K sea condenado a 6 años de prisión. En tanto, los abogados de la AFIP pidieron 7 años, y los de la UIF una pena de 9 años.

Por el campo de “El Entrevero”, de 152 hectáreas, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Además del empresario están siendo juzgados el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, Leonardo Fariña, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de dos empresarios vinculados a Lázaro Báez que habían solicitado la suspensión del juicio a prueba en el marco de una causa en la que se encuentran imputados por apropiación indebida de aportes, según indicaron voceros judiciales.

Se trata del expresidente de Austral Construcciones, Julio Enrique Mendoza, mano derecha del empresario ligado a la familia Kirchner, y de Luciano Donaire, colaborador de Báez en sus negocios. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, a cargo del caso, había resuelto no hacer lugar al pedido de probation presentado por la defensa compartida.

Los empresarios recurrieron esa decisión hasta llegar a la Corte Suprema, y el Máximo Tribunal desestimó el planteo por incumplimiento de los recaudos establecidos en los artículos 5 y 7, inciso c, de la Acordada 4/2007 (no acompañar carátula y copia del escrito de contestación del traslado del recurso extraordinario). De esta manera, los acusados deberán afrontar el juicio oral. Además, la Corte desestimó un planteo de la AFIP contra el sobreseimiento parcial de Julio Enrique Mendoza, representante legal de Austral Construcciones al momento de los hechos investigados.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1 había hecho lugar parcialmente a la excepción de falta de acción presentada por Mendoza y lo sobreseyó en orden a una serie de períodos fiscales. El juzgado consideró como espontáneos el pago de una serie de conceptos adeudados por la empresa, resultado de la aplicación del artículo 16 de la ley 24.769, que establece que: “El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, dando cumplimiento a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección iniciada, observación de parte de la repartición fiscalizadora o denuncia presentada, que se vincule directa o indirectamente con él”.

La AFIP, que actúa en la causa como querellante, apeló esa decisión hasta llegar a la Corte y el Máximo Tribunal desestimó el planteo.

Se trata de un expediente iniciado en 2016 en el marco de la andanada de causas contra las empresas de Báez, que en este caso incluyó a Diagonal Sur Comunicaciones. Esta parte del expediente está elevada a juicio “por el delito de apropiación indebida de aportes en el caso de Diagonal Sur Comunicaciones por los períodos fiscales de 12/2014, 6/2015, 8/2015 a 2/2016; respecto de Donaire –por sucesión de Adelmo Biancalani- en orden a los períodos fiscales 12/2010, 12/2011, 5/2012 a 7/2012 y finalmente, en relación a Mendoza, por Austral Construcciones, en orden a las posiciones mensuales 8/2010, 12/2010, 1/2011, 7/2011 a 12/2011, 3/2012 a 5/2012, 6/2012, 1/2013, 4/2013 a 12/2015″. La Sucesión de Adelmo Biancalani es otra de las empresas por las que está investigado Lázaro Báez.

“Aquí no solo se ha dañado a la hacienda pública y a los recursos de la seguridad social en particular, aquí hubo una afectación a los trabajadores que se vieron impedidos del ingreso de sus aportes previsionales que obstó en su momento del goce efectivo de la obra social, como así también del perjuicio que les podría ocasionar en un futuro respecto de su jubilación”, sostuvo la AFIP al oponerse a la probation que en anteriores oportunidades plantearon las defensas.

La firma Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, quedó en el ojo de la tormenta con las denuncias que impulsó la entonces diputada Elisa Carrió y que dieron origen a la llamada investigación por asociación ilícita de los Kirchner, en donde aparecía el empresario amigo de Néstor. En el gobierno de Mauricio Macri, Vialidad presentó denuncias sobre 51 obras no realizadas en Santa Cruz, eje del juicio oral que enfrentó la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y Lázaro Báez.

A fin del 2022, Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados a la pena de seis años de prisión. El tribunal oral federal 2 dio por probada la “estrecha relación de confianza” del empresario con los Kirchner, tanto con Néstor como con Cristina. “El inicio de la actividad empresarial de Lázaro Antonio Báez en la provincia de Santa Cruz, y específicamente en el rubro de la obra pública vial, desde siempre obedeció a una finalidad no revelada hasta ahora: procurar un beneficio ilegítimo para sí y para los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con quienes tenía un vínculo cercano”, dijeron los jueces en los fundamentos de la sentencia. Esa sentencia está siendo revisada ahora por la Cámara Federal de Casación Penal. Allí, Julio Mendoza recibió seis años de prisión como partícipe de lavado de activos.

Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K”, aunque luego la Cámara de Casación redujo la pena a 10 años. Para Mendoza, la condena se ubicó en cinco años.

Lázaro Báez enfrenta además el juicio por la llamada causa “El Entrevero”, por la compra de un campo con ese nombre en Uruguay y un terreno en el departamento de Maldonado, valuado en USD 320 mil. Julio Mendoza también está sentado en el banquillo.

La Oficina Anticorrupción (OA), durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la conducción de Félix Crous, resolvió dejar de intervenir como querellante en 35 causas por corrupción que tramitan en la Justicia Federal en distintas instancias contra ex funcionarios nacionales. En la gran mayoría de los expedientes se trata de integrantes de gobiernos kirchneristas y, en cuatro expedientes más antiguos, de la gestión menemista. Siete de esa causas la tienen como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros integrantes de su gobierno, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex vicepresidente Amado Boudou, y el ex secretario de Trasporte Ricardo Jaime, entre otros.

En 24 de los 35 expedientes que aún están en trámite, en distintas etapas del proceso, reapertura o en apelación, la OA se presentó como querellante durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo estuvo a cargo de la ex diputada del PRO Laura Alonso. En diciembre de 2019, en un balance de gestión, la entonces funcionaria había informado que la Oficina era querellante en 38 causas, en su gran mayoría contra funcionarios kirchneristas. Alonso, en una entrevista en el canal América en abril de ese año, había dicho que el organismo a su cargo no había intervenido en causas judiciales contra integrantes del entonces gobierno. “En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora de las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción de este gobierno, que la lleven adelante los fiscales y los jueces naturales”, reconoció.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Fernández, entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023, esta Oficina no se presentó en ninguna otra causa por corrupción para intervenir en el proceso en el rol de acusador. Así surge del extenso informe de 1.131 páginas que le envió el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a los senadores en respuesta a sus 1.286 preguntas, como anticipo de su primera presentación ayer ante la Cámara alta.

La información fue proporcionada por el Ministerio de Justicia en respuesta a una pregunta formulada por el senador radical Pablo Blanco, de Tierra del Fuego.

Sobre los argumentos esgrimidos para renunciar a ser querellante, Posse adjuntó la Resolución de la OA del 19 de octubre de 2020, en la que Crous proponía que el organismo concentrara sus recursos en tareas de prevención, para “reposicionar” a la Oficina Anticorrupción como una “Oficina de Integridad” y así “darle mayor visibilidad a su trabajo preventivo”. Para eso, resolvió “ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico” a fin de dar “cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, y dispuso “el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter”. Más allá de la ausencia de personal calificado y argumentos técnicos procesales para justificar una medida institucional, la decisión tuvo un fuerte contenido político.

La querella es una parte del proceso penal, como son los acusados, su defensa y los fiscales. En los delitos de corrupción contra la administración pública en los que se encuentra afectado el patrimonio del Estado, la Oficina Anticorrupción tiene la facultad de presentarse como querellante. Esto implica que puede intervenir en el proceso y, por lo tanto, tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación. Es el juez de la causa, quien determina si acepta o no su presentación como querellante.

Si no hubiera otro querellante como la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), con el retiro de la OA de los expedientes, el impulso de la acción penal quedó solo en mano de los fiscales. No obstante, el desistimiento de la Oficina no fue en simultáneo en todas las causas donde estaban involucrados ex funcionarios kirchneristas, ya que Crous decidió mantener la querella en las que ya estaban en juicio oral. “La relevancia de todas las querellas de la OA, la UIF y AFIP fue insoslayable por lo que ha sucedido en todas las causas donde la decisión institucional fue avanzar, incluso pese al mutismo de la OA en los años de Alberto Fernández, porque los juicios y las condenas continuaron”, señaló Alonso en diálogo con Infobae. “Y para avanzar, no solo se necesita el liderazgo personal de las instituciones, necesitás que la Presidencia genere un clima político-institucional que le de comodidad a los organismo para avanzar con las querellas”, agregó.

Las causas contra Cristina

Cuatro de esos expedientes en los que la OA desistió de ser querellante y tienen a Cristina Kirchner como acusada, están vinculados a la mega investigación de la llamada “causa de los cuadernos”. Se trata de la causa principal y tres de sus investigaciones derivadas (obra pública, subsidios al transporte y corredores viales), abiertas a partir de las anotaciones del chofer de Roberto Barata, ex número dos del Ministerio de Planificación. La ex presidenta fue procesada por el fallecido juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado, y estaba integrada también por sus funcionarios y empresarios de la construcción.

La OA se retiró también de la causa conocida como Vialidad en la que la ex mandataria fue condenada a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Compartió el banquillo de los acusados con el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas López, y otra decena de condenados. Se la investigó por la adjudicación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del Grupo Austral, del empresario patagónico amigo de Néstor Kirchner.

En otra causa que la tiene como imputada - el expediente unificado de los casos Hotesur y Los Sauces-, la OA también desistió de ser querellante al comienzo de la gestión de Crous. Fue el primer expediente en que ya había mostrado su intención de dejar de ser querellante en casos en los que estuvieran investigados ex funcionarios kirchneristas. En ese caso se investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se s simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de la familia Kirchner.

La ex vicepresidenta está acusada junto con su hijo, Máximo Kirchner, y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios con Báez y el empresario Cristóbal López. El juicio oral aún no se llevó a cabo porque Cristina Kirchner planteó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que revise la decisión de revocar su sobreseimiento en esta causa.

En tanto, había desistido de su rol de querellante en el expediente en el que se investiga, además, “la eventual responsabilidad de la ex presidenta, el ex ministro de Justicia Julio Alak, y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia, en relación con la protección que se habría dado desde ese organismo a la sociedad Hotesur SA, dueña del hotel de los Kirchner Alto Calafate, al permitirle no haber presentado la documentación correspondiente durante varios períodos, sin ningún tipo de penalidad. Cristina Kirchner fue sobreseída sin llegar a juicio oral, pero esa resolución fue apelada por la Fiscalía. Ahora está en manos de la Corte Suprema que debe confirmar el sobreseimiento, u ordenar la realización del juicio.

Otro expediente del que se retiró la Oficina Anticorrupción es el de la expropiación de YPF, en la que Cristina Kirchner también figura entre los imputados. Se investigan posibles delitos en la adquisición de una porción del paquete accionario por parte del Grupo Petersen, presuntas maniobras de vaciamiento, y la indemnización pagada a la empresa por el Estado.

La OA también intervino como querellante en la causa Ciccone, en la que fue condenado el ex vicepresidente Boudou por negociaciones incompatibles y cohecho, con el pedido de indagatoria a Ricardo Echegaray. Pero bajo la gestión de Crous, el organismo desistió de su rol en ese sentido. Además, abandonó su papel de acusador en la causa conocida como The Old Fund - la empresa vinculada a Boudou que compró Ciccone - donde se investigaron las coimas cobradas por esa sociedad fantasma y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. Esa causa -en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán- pasó a la justicia ordinaria de Formosa.

La OA se retiró, a su vez, en otro expediente, desprendimiento en el que se sigue el rastro de la ruta del dinero usado para la compra de Ciccone. El organismo de control desistió de seguir como querellante, asimismo, en el expediente que investiga presunto enriquecimiento ilícito de Boudou.

También es querellante en el caso de las coimas cobradas por la sociedad The Old Fund y pagadas por el gobierno de Formosa para un asesoramiento inexistente. La empresa The Old Fund es la que compró Ciccone y está vinculada con Boudou. Esa causa-en la que está involucrado el gobernador formoseño Gildo Insfrán- pasó ahora a la justicia ordinaria de Formosa.

No fueron los únicos casos en que en el último gobierno decidió dar un paso al costado en causas de corrupción. También se retiró del expediente contra Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica, abierto en su contra por enriquecimiento ilícito. Durante el gobierno de Macri, la Oficina Anticorrupción impulsó la investigación, pero en octubre de 2020, bajo la gestión de Crous, ese organismo renunció a su rol de querellante, y la causa terminó prescribiendo

Además, desistió en otras tres causas en las que está acusado Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo. En una de ellas, conocida como “trenes chatarra”, fue condenado junto a su asesor Manuel Vázquez, el ex ministro De Vido - de quien dependía el área de Transporte - por la compra de material ferroviario en desuso mal estado a España y Portugal por $25 millones de euros.

En otra, la investigación judicial se centró en la maniobra por la cual el Belgrano Cargas recibió pagos del Estado en concepto de reintegros de gastos, en base a la presentación de facturas apócrifas. La OA había solicitado ser parte querellante en 2012, pero se retiró en 2020.

En una tercera, se investiga a Jaime y a su asesor Manuel Vázquez por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en el soterramiento del tren Sarmiento, obra adjudicada a la brasileña Odebrecht y la argentina IECSA, en ese momento propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. La OA fue aceptada como querellante en 2017, pero desistió de impulsar el proceso tres años más tarde.

El Ministerio de Planificación también estuvo involucrado en la causa de presuntos sobornos y sobreprecios en la construcción de una planta potabilizadora en el Tigre y otra depuradora en Berazategui, encargadas por la empresa AySA. Entre los acusados, están el entonces presidente de la firma, Carlos Ben, junto a otros ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas.

En la causa Once II, donde De Vido fue condenado por administración fraudulenta de los recursos del Estado que derivaron en la tragedia ferroviaria, la OA había apelado la absolución del ex ministro por el delito de estrago culposo en Casación. Pero el organismo, ya bajo la conducción de Crous, se retiró de ese expediente. El máximo tribunal penal federal del país confirmó la condena a cinco años y ocho meses de prisión en diciembre de 2020. El ex ministro apeló esa decisión ante la Corte Suprema.

El otrora poderoso ministro de Planificación Federal fue detenido por primera vez en la causa conocida como Río Turbio, acusado de un presunto fraude al Estado vinculado con la reactivación de esa mina en Santa Cruz. La OA se sumó como querellante en ese expediente en 2018, pero desistió de serlo dos años después con el cambio de Gobierno.

También la OA había intervenido en el expediente contra De vido por la entrega a la Cámara de Casación Federal, desde su Ministerio, de equipamiento de alta tecnología. Se retiró del expediente bajo la gestión de Crous.

Dejó, a su vez, el rol acusador en la causa contra los ex funcionarios de Cristina Kirchner a su entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández y su ministro de Salud Daniel Gollán, procesados por supuesto fraude en el Plan Qunita, a través del diseño del pliego “a medida” para favorecer a determinadas empresas. El programa consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas.

Aníbal Fernández había sido también denunciado, mientras ocupaba ese cargo, por el otorgamiento de subsidios por $56 millones para construir canchas de hockey, una en cada provincia del país. La OA solicitó en febrero de 2018 su indagatoria, junto a la de su sucesor Jorge Capitanich. Pero dejó de impulsar el expediente en el gobierno del Frente de Todos.

Entre otros expedientes en los que la OA se retiró como acusadora figura el del enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López, condenado en 2019, después de que fuera descubierto tres años antes con bolsos con USD9 millones en un convento de General Rodríguez. La OA había ejercido el rol de querellante y el ex funcionario recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia también ordenó el decomiso del dinero y bienes incautados al ex funcionario.

Otra investigación en la que intervino la OA hasta la llegada de Crous fue la del enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, quien fue procesado por no haber podido justificar los ingresos para la compra de su casa. En agosto pasado, Casación anuló su absolución y ordenó dictar una nueva sentencia apuntando a la condena

También desistió de seguir interviniendo en la “Ruta del dinero k”, la principal causa contra Báez, en el que fue condenado por lavado de dinero, con la OA como querellante que había pedido una pena de ocho años y seis meses contra el empresario. Finalmente, Báez fue sentenciado a 12 años de prisión junto a sus hijos y su entorno cercano.

Otros cinco expedientes en los que la OA renunció a impulsar la acción penal fueron abiertos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Uno, abierto en 2005, se refiere a la creación de la sociedad estatal LAFSA (tras absorber a LAPA y DINAR) que recibió fondos públicos sin que la empresa haya prestado servicio alguno, en el que fueron denunciados De Vido y Jaime.

En otro punto, desistió de ser querellante en la causa abierta en 2007 en la que se investiga el desempeño desleal por parte de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional en la causa civil iniciada por los integrantes del denominado Grupo Greco, por la falta de ejecución del convenio celebrado, que derivó en la homologación judicial de la indemnización reclamada al Estado. El hecho, que ocurrió en los años 2004 y 2005, involucró a cuatro funcionarios públicos del Ministerio de Economía, cuya condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación en 2016.

Ese mismo año, el último de Kirchner, la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti fue denunciada por el presunto desvío de fondos públicos para gastos personales, multiplicar contratos de trabajo irregulares y realizar distintos gastos sin control alguno. En esta causa, la OA pidió ser querellante a finales de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Si bien la OA retiró su querella, Picolotti - quien llegó de la mano de Alberto Fernández a la secretaría de Ambiente durante el primer kirchnerismo - fue condenada a tres años de prisión en suspenso en 2023.

En ese último año de Néstor Kirchner, se abrió otra causa contra De Vido y Roberto Baratta, su poderoso número dos en el Ministerio, por la sospecha del pago de sobornos y sobreprecios en una obra de ampliación de gasoductos norte y sur entre 2006 y 2008 (también conocida como Skanska II), en la que habrían favorecido a la brasileña Odebrecht. Está procesado junto al ex secretario de Energía, Daniel Cameron por negociaciones incompatibles con la función pública”. La OA había sido aceptada como querellante en 2017, pero se retiró en el gobierno pasado. El expediente aguarda fecha de inicio de juicio oral.

Los expedientes residuales del menemismo

De las 35 causas en la que el organismo para prevenir y combatir la corrupción desistió de su rol como querellante, cuatro se vinculan a hechos ocurridos durante el menemismo, y siguen abiertas por alguna instancia de apelación y/o revisión. Dos tienen como acusado al ex presidente, ya fallecido, Carlos Menem y a ex funcionarios suyos.

En una de ellas, estaba imputado - además del ex presidente - también el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath por irregularidades en el marco de la licitación convocada por la ex Comisión Nacional de Comunicaciones para la concesión de los servicios del espectro radioeléctrico. La investigación judicial se inició en 2001 a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Fernando de la Rúa por defraudación contra la administración pública. La licitación fue irregular e involucró denuncias por presuntos pagos de coimas por USD 25 millones girados desde Suiza. El caso había sido declarado prescripto, pero la OA apeló y la Corte reordenó su apertura en 2014. Casación allanó el camino para la realización del juicio oral.

En otro de los expedientes se investiga el pago de sobresueldos en el ámbito de la administración pública, y Menem estaba acusado junto a sus ex ministros de Economía Domingo Cavallo, y de Justicia Raúl Granillo Ocampo. El ex presidente fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no empezó a cumplir la pena porque estaba pendiente, desde hace más de un año y medio, un recurso en la Corte.

En la tercera causa del menemismo, se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional de $120 millones a la multinacional IBM por la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI en 1994. Veintiún años después, la causa llegó a juicio oral en octubre del 2015 luego de que la Cámara de Casación Penal revocara el sobreseimiento a 11 imputados, entre ellos a Ricardo Cossio, ex titular de la DGI, por entender que la acción penal se encontraba prescripta. Lo hizo a partir de los recursos de apelación presentados por la fiscalía y la Oficina Anticorrupción.

En otro de los expedientes de los que se retirara la OA se investigan presuntas irregularidades en la asistencia financiera del ex Banco Mayo y Medellín por parte del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria (FFCB), con la participación del Banco Nación como fiduciario y la colaboración de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central. Entre los acusados, figura Pablo Guidotti, ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Menem.

Idas y vueltas en la nueva gestión

El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo en declaraciones periodística a finales del año pasado que iba a rectificar el artículo de la versión original de la Ley Bases que le restituía la facultad de querellar a la OA. El funcionario había dicho que el nuevo titular de la OA, el abogado Alejandro Melik, “no va a utilizar la Oficina Anticorrupción con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales y la UIF, lo mismo. Viola al principio de igualdad de armas. Las OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI”.

Sin embargo, en febrero pasado, desde su cartera dejaron trascender que la Oficina evalúa volver a ser querellante en expedientes por presuntos casos de corrupción que involucran a ex funcionarios. Sin embargo, en la versión remozada y acortada del proyecto de la Ley Bases que promueve el oficialismo que obtuvo media sanción en Diputados, no fue incluido ningún cambio referido a la OA. La pregunta que se abre es si la Oficina podría volver a querellar en aquellas causas en las que su antecesor ya retiró la querella, y si los jueces la aceptarían nuevamente en su rol acusador.

Martín Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, fue condenado a dos años y tres meses de prisión por no pagar los aportes previsionales de un mes de los empleados de la empresa Kank y Costilla, una de las compañías del conglomerado del empresario cercano a la familia Kirchner.

Esta es la segunda condena que recibe Báez. En febrero del 2021 fue condenado por lavado de dinero en la causa que se conoció como “la ruta del dinero K”.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Báez por el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social. Los jueces entendieron que el acusado era el director titular de la empresa y por lo tanto el responsable del pago de las cargas previsionales. En el juicio el fiscal federal Mariano Sánchez había pedido una pena de tres años y tres meses de prisión.

Martín Báez es uno de los cuatro hijos de Lázaro Báez. De ellos, el que más participación tenía en las compañías. Era el dueño del cinco por ciento de Austral Construcciones, la empresa madre del grupo. Martín y Lázaro estuvieron detenidos juntos en la cárcel federal de Ezeiza hasta que consiguieron -Martín primero- sus prisiones domiciliarias.

El tribunal tuvo por probado que Kank y Costilla acordó con la Administración Federal de Ingresos Públicos un plan de facilidades de pagos por la deuda que mantenía con el fisco por los períodos junio, julio y agosto del 2013 por no hacer los aportes previsionales. Los dos primeros los pagó -fue por montos de 827.965,89 y 575.051,81 de pesos- pero el de agosto solo lo hizo de manera parcial. Solo abobó 217.716,57.

Martín Báez rechazó las acusaciones. En el juicio oral declaró que en Kank y Costilla las decisiones administrativas siempre estuvieron a cargo de los contadores que se encargaban de realizar las correspondientes liquidaciones de pagos. Señaló también que su rol se limitaba a firmar y a mantener reuniones. También que siempre vivió en la ciudad de Rio Gallegos, en Santa Cruz, y que era la administración de Comodoro Rivadavia, en Chubut, la que se encargaba de los movimientos del día a día de la empresa Kank y Costilla S.A.

El tribunal oral dio por acreditado que Báez fue responsable en el no pago de los aportes- Los jueces resaltaron los informes que AFIP presentó en la causa, las declaraciones juradas de la empresa Kank y Costilla S.A. “de las que surgen saldos adeudados por aportes a la Seguridad Social y acuerdos de planes de pago”. Adquiere especial relevancia la declaración jurada mensual presentada por la contribuyente ante la AFIP, que implica el origen de la obligación tributaria omitida, así como la posición ocupada por Báez”, resaltó el tribunal.

También sostuvieron que la participación de Báez en el hecho “es de carácter funcional, y se desprende del informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) que certifica que durante los meses de junio y agosto del año 2013, Martín Báez era el director titular de Kank y Costilla S.A.”. Por otra parte, las “actas de asamblea que dan cuenta del encartado como integrante del directorio de Kank y Costilla S.A. y que establece la nueva designación de autoridades, designando a Martin Báez como presidente de la empresa”.

“Sobre esto tiene dicho la CSJN que el agente que tiene a su cargo la retención de los aportes asume este rol ajustado a la pretensión legal, y es responsable funcionalmente, por el rol asumido, más allá del lugar donde se encuentre físicamente desarrollando sus tareas”, concluyeron los jueces del tribunal oral.

Esta es la segunda condena que recibe Martín Báez. El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py lo condenó en febrero de 2021 a nueve años de prisión por lavado de dinero. La condena fue ratificada en febrero del 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal pero redujo la pena a seis años y seis meses de prisión.