El Senado de la República aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca modernizar los sistemas de registro de propiedades en México y facilitar la identificación de casas, terrenos y edificios. La legislación fue avalada el 14 de octubre de 2026, con 69 votos a favor y 32 en contra, y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece mecanismos para conectar la información de los catastros y los Registros Públicos de la Propiedad de la Federación, los estados y los municipios.

El objetivo es reducir las inconsistencias entre los datos de los inmuebles, facilitar los trámites y fortalecer la certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias.

El dictamen se aprobó sin modificaciones, luego de que las reservas presentadas por legisladores de oposición no prosperaran.

Con ello, concluyó su proceso legislativo y quedó pendiente su publicación para entrar en vigor.

¿Qué cambia con la nueva ley catastral en México?

Uno de los principales componentes de la legislación es la creación de una Clave Única Catastral (CUC), un identificador irrepetible para cada inmueble del país, similar a la CURP, pero destinado a las propiedades.

Esta herramienta permitirá organizar y consultar la información de cada predio, además de vincularla con su correspondiente folio real en el Registro Público de la Propiedad.

La finalidad es que los datos sobre una misma propiedad puedan relacionarse entre las distintas instituciones.

La ley también contempla una Cédula Única Catastral y Registral (CUCR), documento que concentrará los elementos necesarios para identificar y localizar un inmueble, así como relacionar sus características catastrales con la información registral.

De acuerdo con los argumentos presentados por legisladores que respaldaron la iniciativa, estas herramientas permitirán detectar inconsistencias en los registros y facilitar su corrección conforme a los procedimientos legales.

Plataformas digitales y un Plan Nacional Catastral

La reforma establece mecanismos de coordinación tecnológica para modernizar los sistemas de información inmobiliaria y avanzar hacia procedimientos más uniformes en el territorio nacional.

Entre las herramientas contempladas se encuentran las siguientes:

• Clave Única Catastral: identificará de manera individual cada inmueble y facilitará la consulta de sus datos.
• Cédula Única Catastral y Registral: relacionará la información del catastro con el registro oficial de la propiedad.
• Plataformas digitales: permitirán integrar información, consultar mapas georreferenciados y facilitar trámites en línea y pagos electrónicos.
• Plan Nacional Catastral: establecerá directrices para coordinar la modernización de los sistemas, la cartografía y los procesos administrativos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá atribuciones relacionadas con el desarrollo y la administración de las herramientas tecnológicas, así como con la definición de criterios para homologar los sistemas catastrales y registrales.

Con estas medidas, la legislación busca reducir las diferencias en los requisitos y tiempos de respuesta entre las autoridades locales, además de mejorar la actualización de los registros de terrenos, viviendas y edificios.

¿La nueva ley aumentará el impuesto predial?

Uno de los principales puntos de discusión durante el debate fue el posible impacto de la reforma en el cobro del impuesto predial.

Los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo defendieron que la norma no crea nuevos impuestos ni establece por sí misma un incremento en las tasas del predial.

También sostuvieron que la recaudación de este gravamen continuará bajo responsabilidad de los municipios.

La oposición, integrada por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, advirtió que la actualización de los padrones y los valores catastrales podría derivar en pagos más elevados para algunos propietarios.

El argumento se centra en que, si los valores registrados de las propiedades se actualizan para reflejar de manera más precisa su valor de mercado, también podría aumentar la base utilizada para calcular el impuesto predial, dependiendo de las disposiciones y decisiones aplicables en cada localidad.

Oposición advierte riesgos para los municipios

Además de las preocupaciones sobre el predial, senadores opositores cuestionaron las facultades que la ley otorga a las autoridades federales para establecer lineamientos y criterios técnicos en materia catastral y registral.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que la implementación de las plataformas y la actualización de los registros podrían representar nuevas cargas administrativas para los municipios, particularmente para aquellos que necesiten invertir en tecnología, capacitación de personal y revisión de documentos.

También plantearon preocupaciones sobre la concentración de información, la protección de datos y el respeto a las atribuciones municipales.

En contraste, los promotores de la reforma afirmaron que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permitirá mejorar la transparencia inmobiliaria, reducir la burocracia y ofrecer información más confiable sobre la propiedad de los inmuebles.

La aplicación de la nueva ley buscará establecer bases comunes para el funcionamiento de los catastros y los registros públicos en México.

De manera unánime los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el proyecto 641 que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias.

Los diputados tenían hasta el 15 de junio para la aprobación o no de esta norma, una vez fueron habilitados el 4 de mayo por el presidente José Raúl Mulino.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de esta iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país, con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y fortalezca la competitividad, estabilidad e imagen internacional de Panamá.

La normativa entrará en vigencia a partir del período fiscal 2027 y concede un plazo de 90 días al Órgano Ejecutivo para su reglamentación.

La entidad gubernamental sostiene que la nueva legislación reafirma el compromiso del país con los estándares internacionales de transparencia fiscal y sustancia económica, consolidando al país como una jurisdicción confiable, moderna y alineada con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo con la normativa aprobada, se indicó en una nota de prensa, las entidades que no acrediten sustancia económica en Panamá, es decir, que no cuenten con personal calificado, instalaciones adecuadas, toma de decisiones estratégicas y gastos operativos reales en territorio nacional, estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable derivada de dichas rentas pasivas extranjeras.

La ley también reconoce un tratamiento especial para ingresos derivados de activos intangibles desarrollados en el país, tales como patentes, marcas y derechos de autor, con el propósito de incentivar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor agregado en el país.

También incorpora un mecanismo de crédito por impuestos pagados en el exterior para evitar la doble tributación y excluye expresamente del régimen a la marina mercante y a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

El proyecto de ley, siempre según el Ministerio de Economía y Finanzas, moderniza además el concepto de establecimiento permanente conforme a estándares internacionales, incorpora una cláusula antiabuso y refuerza las garantías de confidencialidad y protección de la información tributaria.

Con esta aprobación, afirma el ministerio, Panamá fortalece su reputación internacional como una jurisdicción comprometida con la transparencia y con la promoción de una economía basada en actividades reales y sustantivas.

El nuevo régimen se manifiesta que contribuirá a generar mayor confianza entre inversionistas y organismos internacionales, promoverá la atracción de inversión extranjera responsable y fomentará la instalación de operaciones con presencia real, generación de empleos de calidad y desarrollo económico local.

La nueva normativa también impulsa un entorno de negocios más sólido y sostenible, favoreciendo el acceso de Panamá a mercados internacionales, relaciones financieras más estables y mayores oportunidades para el crecimiento económico del país.

La norma de sustancia económica es un principio legal y contable que exige que las operaciones y transacciones de una empresa reflejen su realidad económica y comercial por encima de su forma jurídica.

A nivel fiscal, obliga a las multinacionales a demostrar que tienen operaciones físicas y actividad real en el país, más allá de solo buscar ventajas tributarias.