Las sanciones fueron anunciadas este miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y se aplican en el marco de la Designación Global Magnitsky.

El presidente Donald Trump ha incrementado la presión sobre Brasil en las últimas semanas, amenazando con imponer aranceles del 50% al país por lo que describió como una “caza de brujas” liderada por Moraes contra Bolsonaro. Anteriormente, EE.UU. revocó la visa del magistrado.

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“Alexandre de Moraes se ha erigido en juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado oficial.

La Ley Magnitsky permite a EE.UU. sancionar a funcionarios extranjeros acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Las sanciones impedirán a Moraes acceder a propiedades o activos en territorio estadounidense, según el comunicado.

Un vocero del Supremo Tribunal Federal de Brasil no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Moraes, férreo opositor a la desinformación en redes sociales, ya había mantenido enfrentamientos con plataformas como Trump Media & Technology Group, Rumble Inc. y X, de Elon Musk.

Eduardo Bolsonaro, legislador e hijo del expresidente, celebró la decisión en redes sociales como “un hito histórico”. El diputado lleva desde marzo en EE.UU. —tras tomar una licencia del Congreso— había estado presionando a la administración Trump para que sancionara al magistrado.

Pese a la creciente presión de Washington, el Tribunal Supremo de Brasil se ha negado a ceder. Hace dos semanas, Moraes ordenó a Bolsonaro portar un monitor electrónico en el tobillo y le impuso restricciones adicionales al uso de redes sociales, argumentando obstrucción a la justicia y riesgo de fuga.

Se espera que Bolsonaro sea juzgado por cargos de intento de golpe de Estado a finales de este año. El exmandatario tiene prohibido participar en las elecciones presidenciales del próximo año.

El juez del Supremo Flavio Dino defendió a su colega tras el anuncio de sanciones. “Simplemente está haciendo su trabajo, con honestidad y dedicación, de acuerdo con la Constitución brasileña”, escribió en redes sociales. “Sus decisiones son revisadas y confirmadas por el tribunal competente”.

Nota Original: US Sanctions Brazil Supreme Court Judge Over Bolsonaro Case (1)

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En un escrito presentado el lunes ante el tribunal, el abogado de Trump sostuvo que se debería exigir a Murdoch que responda a las preguntas preliminares para que puedan conservarse para el juicio, a pesar de que la demanda fue presentada la semana pasada. Murdoch, de 94 años, ha sufrido “múltiples problemas de salud a lo largo de su vida”, incluso recientes, según el escrito. Citó informes de este año que señalan que el ejecutivo se habría desmayado durante un desayuno en Londres.

“En conjunto, estos factores pesan mucho a la hora de determinar que Murdoch no estaría disponible para testificar en persona en el juicio”, afirmó el abogado de Trump en el escrito presentado ante el tribunal federal de Miami.

Trump, de 79 años, presentó la demanda el 18 de julio. Acusa a Murdoch, News Corp. y a la empresa controladora de The Wall Street Journal, Dow Jones & Co., de dañar su reputación con un artículo que afirmaba que había enviado una carta de cumpleaños con insinuaciones sexuales a Epstein.

Trump ha enfrentado recientemente una tormenta de críticas por la gestión del gobierno de los documentos relacionados con Epstein, quien falleció en la cárcel en 2019 tras haber sido acusado por tráfico sexual de menores.

News Corp. no respondió de inmediato a un mensaje en el que se le solicitaba su posición sobre el caso.

Trump ha afirmado que la supuesta carta a Epstein es falsa y que así se lo comunicó a Murdoch antes de que se publicara la noticia. Dow Jones ha señalado que confía en la veracidad del artículo y que se defenderá ante los tribunales.

La administración Trump ha estado intentando desclasificar las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein, tras las acusaciones de que funcionarios de EE.UU. ocultaban documentos e información vinculados al caso de tráfico sexual. La semana pasada, una jueza federal denegó la solicitud del gobierno, argumentando que está obligada por las decisiones de tribunales locales que restringen la divulgación de las transcripciones del gran jurado.

Nota Original: Trump Wants Murdoch Deposed Within 15 Days Over Epstein Story

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(Bloomberg) -- Microsoft Corp. está investigando si una filtración en su sistema de alerta temprana para empresas de ciberseguridad permitió que hackers chinos explotaran fallas en su servicio SharePoint antes de que se publicaran los parches, según personas con conocimiento del tema.

La compañía tecnológica indaga si el programa, diseñado para que expertos en ciberseguridad puedan reparar vulnerabilidades antes de que se hagan públicas, fue la causa detrás de la amplia explotación de fallos en SharePoint en los últimos días, dijeron las fuentes, que pidieron anonimato por tratarse de un asunto privado.

“Como parte de nuestro proceso estándar, revisaremos este incidente, identificaremos áreas de mejora y aplicaremos esas mejoras de forma generalizada”, señaló un portavoz de Microsoft. Agregó que los programas para socios son una parte clave de su estrategia de ciberseguridad.

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La embajada de China en Washington remitió a las declaraciones recientes del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, quien dijo que “la ciberseguridad es un reto común para todos los países y debe abordarse mediante diálogo y cooperación”. También sostuvo que “China se opone y combate la piratería informática de acuerdo con la ley” y rechazó “las difamaciones y ataques contra China bajo pretextos de ciberseguridad”.

Microsoft atribuye los ataques a grupos patrocinados por el Estado chino, y al menos una docena de empresas chinas forma parte del programa Microsoft Active Protections Program (MAPP), según el sitio web de la empresa. Los miembros del programa, que lleva 17 años en funcionamiento, deben demostrar que son proveedores de ciberseguridad y que no producen herramientas de hacking como software de pruebas de penetración. Tras firmar un acuerdo de confidencialidad, reciben información sobre nuevos parches para vulnerabilidades 24 horas antes de que Microsoft los publique.

Un subconjunto más restringido de participantes recibe información con cinco días de antelación, según el sitio web MAPP de Microsoft.

Dustin Childs, director de concienciación sobre amenazas de la iniciativa Zero Day de Trend Micro, afirma que Microsoft alertó a los miembros del programa sobre las vulnerabilidades que provocaron los ataques a SharePoint. “Estos dos errores se incluyeron en la versión de MAPP”, afirma Childs, cuya empresa es miembro del programa. “Sin duda, ya habíamos considerado la posibilidad de una filtración”. Añade que dicha filtración representaría una grave amenaza para el programa, “aunque sigo pensando que MAPP tiene un gran valor”.

El número de víctimas ya supera los 400 organismos públicos y empresas, incluyendo a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, responsable del arsenal atómico del país.

Microsoft ha responsabilizado al menos parcialmente a los grupos chinos Linen Typhoon, Violet Typhoon y Storm-2603. La embajada china ha rechazado las acusaciones y ha exigido pruebas sólidas.

En mayo, el investigador vietnamita Dinh Ho Anh Khoa reveló fallos críticos en SharePoint durante la conferencia Pwn2Own en Berlín. Luego presentó un informe técnico ante Microsoft, que validó el hallazgo y empezó a trabajar en un parche. Khoa recibió US$100.000 por su descubrimiento.

Microsoft tardó 60 días en desarrollar la solución. El 7 de julio, un día antes de la publicación del parche, los servidores de SharePoint fueron atacados, según investigadores.

Dustin Childs consideró que sería una “coincidencia increíble” que los hackers hubieran descubierto las fallas por su cuenta justo cuando se compartieron con los miembros de MAPP. También señaló que ya han ocurrido filtraciones antes.

Nota Original: Microsoft Probing If Chinese Hackers Learned of Flaws Via Alert

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--Con la colaboración de Cameron Fozi, Eric Martin y Matt Day.

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(Bloomberg) -- Donald Trump negó que esté tratando de arruinar el imperio empresarial de su antiguo aliado Elon Musk como represalia por su disputa en torno a la emblemática ley fiscal del presidente estadounidense.

“Todo el mundo afirma que voy a destruir las empresas de Elon quitándole algunas, si no todas, las subvenciones a gran escala que recibe del gobierno de Estados Unidos. ¡Esto no es cierto! Quiero que Elon y todas las empresas de nuestro país PROSPEREN”, publicó Trump el jueves en redes sociales, aunque no quedó claro a qué comentarios hacía referencia.

“Cuanto mejor les va a ellos, mejor le va a Estados Unidos, y eso es bueno para todos nosotros. Estamos batiendo récords todos los días, ¡y quiero que siga así!”, añadió.

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Las acciones de Tesla Inc. se hundían un 8,6% a las 10:42 a.m. en Nueva York durante la primera sesión bursátil desde que la empresa anunció una fuerte caída en sus ingresos y Musk advirtió que se avecinan tiempos difíciles para el fabricante de vehículos eléctricos. Hasta el cierre del miércoles, los títulos acumulaban una pérdida de 18% en lo que va del año.

Estos comentarios marcan el último giro en la conflictiva relación entre dos de las figuras más influyentes del mundo, tras una disputa que llevó a Musk a lanzar ataques contra Trump y a considerar la creación de un nuevo partido político. Trump respondió amenazando con rescindir contratos y eliminar subvenciones gubernamentales vinculadas a Musk.

Aunque ambos hicieron intentos por suavizar la tensión, el daño a los intereses comerciales de Musk ya estaba hecho. En su informe trimestral publicado el miércoles, Tesla citó la pérdida de subsidios para vehículos eléctricos y el aumento de aranceles —ambas medidas impulsadas por Trump— como factores que afectan negativamente a sus negocios de automóviles y energía.

Musk advirtió el miércoles que se avecinan tiempos difíciles para Tesla, afirmando que la compañía entrará en una fase de transición que podría durar más de un año, tras la eliminación de incentivos para vehículos eléctricos en EE.UU. y mientras se prepara para lanzar sus modelos autónomos.

“Probablemente tengamos algunos trimestres difíciles”, afirmó Musk.

En mayo, Musk dejó su cargo en el gobierno, donde supervisaba la iniciativa de recorte de gastos de Trump, para centrarse en sus empresas, que tienen numerosos vínculos con el Estado.

SpaceX es un contratista clave del gobierno, tanto para la NASA y como para el Ejército. Tesla, la principal fuente de riqueza de Musk, se ha beneficiado durante años de un crédito fiscal de US$7.500 para compradores de vehículos eléctricos, así como de la venta de créditos regulatorios a competidores que buscan cumplir con las normas federales emisiones y eficiencia.

Durante su disputa con Trump, Musk llegó a amenazar con retirar la cápsula Dragon de SpaceX, esencial para los vuelos tripulados de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Más adelante, retiró esa amenaza, y SpaceX continúa lanzando misiones Dragon con normalidad.

Nota Original: Trump Denies Wanting to Destroy Musk Firms Following Blow-Up

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--Con la colaboración de Loren Grush, Gregory Korte y Ryan Beene.

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(Bloomberg) -- Chevron Corp. ganó su disputa arbitral con Exxon Mobil Corp. y cerró un acuerdo por US$53.000 millones para adquirir Hess Corp., más de 20 meses después de que se anunció.

La decisión representa una victoria decisiva para Chevron, que pone fin a un prolongado periodo de incertidumbre estratégica que afectó el desempeño de sus acciones y generó dudas sobre la diligencia debida de la empresa cuando anunció la compra de Hess en octubre de 2023. En su momento, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, aseguró que se retiraría del acuerdo si perdía el caso.

“Esto crea una empresa internacional líder en petróleo y gas”, dijo Wirth en una entrevista con Bloomberg Television.

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Las acciones de Chevron subieron hasta un 3% en Nueva York, mientras que las de Exxon cayeron hasta un 2%.

El enfrentamiento entre los dos mayores productores de energía de América del Norte no tiene precedentes recientes en la industria petrolera, donde las alianzas para minimizar riesgos y compartir costos son habituales. Exxon, que opera el bloque Stabroek frente a la costa de Guyana con una participación de 45%, alegó que tenía derecho de preferencia sobre la venta del 30% de Hess.

Chevron y Hess argumentaron que ese derecho no aplicaba porque la operación se estructuró como una fusión empresarial, no como una venta directa de activos.

Wirth sostuvo el viernes en una entrevista que el desenlace del arbitraje nunca estuvo en duda. “Era una interpretación clara y directa del contrato. Es lamentable que los empleados y accionistas de Hess hayan tenido que pasar por esto. Debería haberse resuelto antes”.

La incertidumbre en torno a la operación ha sido un “factor trascendental” detrás del bajo desempeño del precio de las acciones de Chevron en comparación con sus rivales, señaló Wirth en noviembre.

La adquisición de Hess y su participación en Guyana aumenta significativamente la calidad de los activos petroleros de Chevron más allá de la cuenca del Pérmico, en Texas y Nuevo México, reduciendo la brecha con Exxon, según Fernando Valle, director general de Hedgeye Risk Management, LLC.

“Agregar Guyana era fundamental para Chevron, porque su cartera de proyectos a futuro era insignificante fuera del Pérmico”, dijo Valle.

Ambas partes habían expresado una confianza extrema en sus posiciones opuestas sobre la redacción del contrato de Guyana, que se redactó hace más de 15 años.

“Redactamos estos documentos y entendimos la intención de los mismos”, declaró en diciembre Darren Woods, director ejecutivo de Exxon. “Eso nos da mucha confianza en la posición que hemos adoptado”.

Tras el fallo arbitral del viernes, Exxon afirmó que tenía la obligación ante sus accionistas de continuar con el caso.

“Dado el importante valor que hemos creado en el desarrollo de los recursos de Guyana, creíamos que teníamos el claro deber ante nuestros inversores de considerar nuestros derechos de preferencia para proteger el valor que hemos creado”, afirmó la empresa en su comunicado.

La culminación del acuerdo supone una victoria para los operadores de arbitraje que apostaban por la diferencia entre el precio de las acciones de Hess y la relación de canje acordada con Chevron.

Según datos recopilados por Bloomberg, fondos de cobertura como Millennium Management, Pentwater Capital Management y HBK Investments LP habían apostado miles de millones de dólares por el cierre del acuerdo.

El acuerdo establece que los accionistas de Hess recibirán 1,0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. Chevron tiene previsto emitir alrededor de 301 millones de acciones ordinarias como parte de la transacción.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos abrió el jueves la puerta a John Hess para que se incorpore al directorio de Chevron, anulando una orden emitida el año pasado que le prohibía hacerlo y le acusaba de colusión con la OPEP.

“El Sr. Hess es un líder muy respetado de la industria, y nuestra junta directiva se beneficiaría de su experiencia, relaciones y conocimientos globales”, dijo un portavoz de Chevron en un comunicado.

Nota Original: Chevron Prevails in Exxon Fight and Closes Deal to Buy Hess (4)

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--Con la colaboración de Mitchell Ferman.

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(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que no tiene intención de despedir a Jerome Powell, pero aun así logró que sonara como una amenaza.

Sus declaraciones pusieron fin a unas horas agitadas que elevaron su campaña de presión contra el presidente de la Reserva Federal y provocaron una breve caída en los mercados.

El martes por la noche, Trump sugirió despedir a Powell ante un grupo receptivo de legisladores republicanos. Un asesor señaló el miércoles por la mañana que era probable que lo hiciera. Luego, el presidente reculó públicamente, aunque con una salvedad clave.

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“No descarto nada, pero creo que es muy improbable, a menos que tenga que irse por fraude”, dijo Trump el miércoles cuando se le preguntó sobre el despido del presidente de la Fed.

Fue un guiño al último frente que Trump ha abierto contra Powell: intensificar el escrutinio sobre la renovación de los dos edificios principales de la Fed en Washington. Alega que el proyecto es innecesariamente lujoso, excede el presupuesto e insinúa posibles irregularidades financieras.

Todo esto parte de la convicción del presidente de que la Fed mantiene la tasa de interés demasiado alta, algo que inquieta cada vez más a los inversores, que suelen preferir que los políticos no interfieran con los banqueros centrales.

Los mercados ya están acostumbrados a los ataques verbales de Trump contra Powell. Pero el miércoles, por un momento, pareció que las palabras podían convertirse en hechos, y pronto. La reacción fue inmediata: el dólar cayó más de 1% y los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo repuntaron.

La situación se calmó después de que el presidente diera señales de moderación. La duda es cuánto durará.

El mandato de Powell como presidente del banco central finaliza en mayo del próximo año y Trump ya inició la búsqueda de un sucesor. Pero insiste en mantener la presión sobre la polémica renovación.

Powell ha calificado de inexactos los informes sobre el proyecto y pidió una revisión al inspector general del banco.

“Hay mucha gente que dice que debería ser destituido por el fraude que está cometiendo”, declaró Trump en una entrevista emitida por Real America’s Voice. “Está gastando US$2.500 millones en lo que supongo que es una renovación”.

“Si quiere dimitir, es decisión suya. Dicen que si lo hiciera, perturbaría el mercado”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el despido de Powell.

No está claro si el presidente tiene facultad legal para destituir al titular de la Fed. Aun así, Trump dijo que consultó el tema con una docena de republicanos de la Cámara de Representantes y que la mayoría se mostró favorable.

Con Trump, este tipo de conversaciones suele ser el paso previo a la acción. Suele tantear a asesores y seguidores antes de actuar. Se dice que esgrimió un borrador de carta de despido en la reunión, aunque luego lo negó.

La presión sobre Powell es desigual, ya que su margen de respuesta pública es limitado. Sin embargo, cuenta con defensores: entre ellos, los mercados financieros mundiales.

“Creemos que Trump está poniendo a prueba los mercados para ver si puede despedir a Powell”, escribió Anna Wong, economista jefe para Estados Unidos en Bloomberg Economics. A su juicio, la fuerte reacción lo hizo retroceder, al menos por ahora, aunque advierte que un despido frenaría el crecimiento y elevaría el desempleo y la inflación.

Nota Original: Trump Raises Pressure on Powell While Calling Firing ‘Unlikely’

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--Con la colaboración de Erik Wasson, Caitlin Reilly, Hadriana Lowenkron, Kailey Leinz y Tyler Kendall.

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(Bloomberg) -- Funcionarios mexicanos quedaron desconcertados por la última amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las frecuentes visitas a Washington para convencer a sus asesores de que sus esfuerzos para combatir el narcotráfico estaban rindiendo frutos.

Read the story in English.

Durante meses, los funcionarios de EE.UU. se han mostrado efusivos sobre la cooperación mexicana en cuestiones relacionadas con la frontera y la seguridad. “Muy receptivos”, elogió el secretario de Estado Marco Rubio. “Un impulso positivo”, lo calificó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El sábado, Trump criticó duramente la respuesta del país en una carta en la que amenazaba con aranceles del 30%. “Lo que ha hecho México no es suficiente”, escribió. “México aún no ha detenido a los cárteles”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió al país que mantuviera “la cabeza fría”, pero, según personas familiarizadas con las negociaciones, la exasperación se apoderó de los participantes en las negociaciones con EE.UU. Su enfoque cordial pareció de repente haber dado pocos frutos, al menos por ahora.

El país busca persuadir a Trump de que México y EE.UU. son economías complementarias y que México está dispuesto a cooperar contra los cárteles de formas sin precedentes, añadieron las personas, que pidieron el anonimato para discutir las deliberaciones internas.

La amenaza de Trump de una tasa del 30%, con excepciones para los productos certificados bajo el acuerdo comercial trilateral entre los dos países y Canadá, es poco probable que mueva drásticamente la aguja más allá de la tasa del 25% ya vigente, según Bloomberg Economics. Casi el 83% de las importaciones de EE.UU. procedentes de México estaban exentas de aranceles en mayo.

Pero la amenaza del 30% de Trump no es mucho mejor que la tasa del 35% que anunció para Canadá, que ha adoptado un tono mucho más confrontacional con Trump, mientras que México se ha mostrado amable.

Algunos funcionarios estadounidenses intentaron sugerir que la cooperación podría continuar a pesar de la carta.

El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, dijo el sábado en Ciudad de México que Sheinbaum y Trump tienen una “relación maravillosa” y que ninguna asociación debería ser más fácil que la que existe entre sus dos países.

“America First no significa America sola. De hecho, estoy aquí en México con los brazos abiertos en señal de amistad y con un mensaje de verdadero respeto por la soberanía de México”, dijo.

Los aranceles específicos por sectores, incluidos los del acero y, próximamente, los del cobre, habían dado a México en las últimas semanas motivos para pedir a los funcionarios de Trump un acuerdo más justo, ya que busca proteger su posición como principal socio comercial de EE.UU. en el mundo. Había protegido parte de su industria exportadora negociando que un arancel sobre los automóviles anunciado anteriormente se limitara a la parte no estadounidense de los vehículos.

“Es probable que las autoridades mexicanas sigan colaborando de forma constructiva con la administración estadounidense en materia de control fronterizo y, en cierta medida, también endureciendo su postura contra los cárteles de la droga y el flujo de fentanilo hacia EE.UU., con el fin de preservar el acceso al mercado estadounidense en condiciones competitivas”, escribió Alberto Ramos, director de Economía Latinoamericana de Goldman Sachs Group Inc., en una nota.

México ha ofrecido la extradición de decenas de detenidos de alto perfil involucrados en el tráfico de drogas y un aumento de las redadas en las rutas de la droga. Su secretario de Seguridad ha visitado Washington y, en el frente interno, el gobierno ha impulsado una legislación para aumentar las investigaciones de los delitos sin resolver.

Pero las relaciones también se han tensado en las últimas semanas tras el anuncio de EE.UU. de cortar las relaciones con tres entidades financieras mexicanas por su posible implicación en el lavado de dinero de los cárteles de la droga.

Por ahora, México mantiene el rumbo. La Secretaría de Economía dijo en un comunicado el sábado que el ministro Marcelo Ebrard se encontraba en Washington desde el viernes para negociar con la Casa Blanca, el representante comercial de EE.UU. y el Departamento de Comercio, y que México defendería sus intereses. El ministerio calificó de “injusto” el aumento de aranceles propuesto por Trump, que entrará en vigor el 1 de agosto.

México trabajará para encontrar “una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera”, afirmó la secretaría.

Nota Original: Mexico’s ‘Cool-Head’ Trump Approach Tested by New Tariff Threat

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(Bloomberg) -- El Departamento del Tesoro de EE.UU. concedió una moratoria temporal a tres entidades financieras mexicanas que habían sido designadas para ser excluidas del sistema financiero estadounidense, debido a supuestos vínculos con el lavado de dinero de cárteles de la droga. La decisión se basa en los avances recientes del gobierno mexicano en la lucha contra estas actividades ilícitas.

El Departamento del Tesoro otorgará 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias hacia estas entidades. La nueva fecha de implementación será el 4 de septiembre, según un comunicado oficial. El mes pasado, la Red de Control de Delitos Financieros, o FinCEN, impuso sanciones a CIBanco SA, Intercam Banco SA y la correduría Vector Casa de Bolsa SA, prohibiendo todas las transferencias con dichas instituciones a partir de finales de julio.

“El Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de EE.UU. del abuso por parte de actores ilícitos, con un enfoque en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”, dijo en un comunicado Andrea Gacki, directora de FinCEN.

Gacki indicó que EE.UU. y México habían coordinado “durante meses” estas acciones sin precedentes.

La designación de las tres empresas como posibles implicadas en lavado de dinero para cárteles generó un fuerte impacto en México, pese a que el Tesoro había afirmado que el efecto sobre la economía sería mínimo. El anuncio provocó que empresas tanto en EE.UU. como en México cortaran vínculos comerciales con las instituciones sancionadas. Además, afectó a fondos de capital de riesgo y fideicomisos inmobiliarios administrados por ellas.

Esta fue la primera vez que la FinCEN aplicó medidas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, una legislación contra el lavado promulgada el año pasado. Las tres entidades rechazaron las acusaciones, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que EE.UU. no ha presentado pruebas concretas de lavado de dinero.

La conmoción llevó al regulador bancario mexicano a intervenir un día después del anuncio. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda de México comunicó que transferiría temporalmente los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam a bancos de desarrollo locales, con planes de escindir esas áreas en el futuro.

Nota Original: Mexican Firms Targeted by US for Laundering Get 45-Day Reprieve

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(Bloomberg) -- La Unión Europea se dispone a reprender al gobierno italiano por imponer condiciones estrictas a la adquisición de Banco BPM SpA por parte de UniCredit SpA, lo que ha desencadenado una lucha de poder entre Bruselas y Roma por el destino de la operación.

Según fuentes cercanas al asunto, los reguladores de la UE emitirán en breve un dictamen formal en el que comunicarán al gobierno italiano que no tenía derecho a intervenir en la adquisición prevista de Banco BPM por parte de UniCredit. La Comisión Europea afirmará que, según las normas de fusión del bloque, solo Bruselas tiene competencia legal para imponer condiciones al acuerdo, que fue aprobado por la UE el mes pasado.

La decisión ordenará al gobierno italiano que retire las condiciones que impuso para la finalización de la adquisición de UniCredit, añadieron las fuentes. De no hacerlo, se podría iniciar un procedimiento de infracción contra Italia por incumplimiento de la legislación de la UE.

La Comisión Europea se ha negado a hacer comentarios. Los representantes de UniCredit, Banco BPM y el gobierno italiano también declinaron hacer declaraciones.

La medida refuerza las esperanzas de UniCredit de completar la adquisición, mientras Italia se ve envuelta en una ola de operaciones bancarias que han atraído la atención de los organismos reguladores. El director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, dijo recientemente que el banco retirará la operación si no se aclaran las condiciones del gobierno italiano.

Roma había invocado anteriormente sus poderes especiales para imponer condiciones muy amplias a la compra de Banco BPM. Las condiciones incluyen el cese de las actividades en Rusia en un plazo de nueve meses y la prohibición de reducir las inversiones nacionales en la gestora de activos recién adquirida por Banco BPM, Anima Holding SpA.

UniCredit ha impugnado estas condiciones ante los tribunales, y se espera que el tribunal administrativo italiano se pronuncie esta semana.

En el marco de una investigación anterior de la UE, los reguladores de Bruselas aprobaron la adquisición prevista de Banco BPM por parte de UniCredit con concesiones centradas en la desinversión de 209 sucursales de UniCredit “situadas en zonas locales problemáticas de solapamiento en toda Italia” para abordar las preocupaciones en materia de competencia.

Nota Original: EU to Warn Italy It Overstepped on UniCredit’s Banco BPM Deal

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--Con la colaboración de Donato Paolo Mancini.

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(Bloomberg) -- Donald Trump acusó a Brasil de perseguir políticamente a Jair Bolsonaro, lanzando una enérgica defensa del expresidente de derecha, quien enfrenta un juicio por intento de golpe de Estado.

“Estaré muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores”, escribió Trump el lunes en una publicación en redes sociales. “El único juicio que debería celebrarse es el de los votantes de Brasil, eso se llama elecciones. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!”.

Bolsonaro, que forjó estrechos vínculos con Trump al imitar su estilo político y de gobierno durante su mandato, será juzgado a finales de este año por intentar derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras su estrecha derrota en las elecciones de 2022.

El tribunal electoral de Brasil ya lo había inhabilitado para presentarse o ejercer cargos públicos durante ocho años, por difundir noticias falsas sobre el sistema electoral antes de los comicios. A pesar de esta prohibición, Bolsonaro ha asegurado que planea postularse el próximo año y ha solicitado el apoyo de Trump para revocar la sentencia y enfrentar sus problemas legales.

El real brasileño cayó brevemente a su mínimo del día tras el mensaje de Trump en redes sociales. La moneda llegó a depreciarse hasta un 0,9% frente al dólar, en línea con la tendencia de otras divisas importantes.

Trump, quien en su publicación comparó los problemas legales de Bolsonaro con los suyos propios, había evitado involucrarse directamente en la crisis brasileña. Su intromisión ahora eleva el riesgo de inestabilidad política en Brasil, según Brendan McKenna, estratega de Wells Fargo en Nueva York.

Dan Pan, economista del Standard Chartered Bank, afirmó que comentarios como los de Trump “podrían interferir en el proceso electoral y judicial de Brasil” y es probable que incomoden a los mercados financieros.

El ataque de Trump se produjo horas después de que criticara a los países del grupo BRICS —del que Brasil forma parte— por, según él, ser “antiamericanos”. En su mensaje, elogió a Bolsonaro como un duro negociador comercial.

Lula, por su parte, acoge en Río de Janeiro a los líderes del BRICS para una cumbre que concluye este lunes, y tiene previsto ofrecer un discurso público por la tarde.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades. En los últimos meses, ha buscado apoyo para impulsar una propuesta legislativa que otorgue amnistía a los brasileños condenados por los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de sus seguidores asaltaron edificios gubernamentales poco después de la toma de posesión de Lula.

“Trump se equivoca gravemente si cree que puede interferir en el proceso judicial brasileño”, afirmó en redes sociales Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales del Gobierno de Lula. “El presidente de Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas”.

Nota Original: Trump Defends Bolsonaro as Trial on Coup Charges Looms (2)

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(Bloomberg) -- Según fuentes cercanas al caso, un asesor designado por el tribunal está preparando una recomendación para que un consorcio liderado por Gold Reserve Ltd. sea declarado mejor postor para la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp., la decisión final la tomará un juez en los próximos meses.

La recomendación, realizada por el magistrado especial Robert Pincus, se hará oficial el 2 de julio y estará sujeta a la aprobación del juez Leonard Stark, que preside el caso en un tribunal federal de Delaware. Los ingresos de la venta ayudarán a compensar a los acreedores de Venezuela cuyos activos fueron confiscados cuando el gobierno nacionalizó las industrias bajo el mandato del difunto presidente Hugo Chávez.

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El grupo Gold Reserve superó una oferta de US$3.700 millones de Red Tree Investments LLC por la oferta preferente de Pincus, según las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. Red Tree había sido seleccionada anteriormente como la principal postora para que otros pudieran superar su oferta. Entre los demás se encuentra Vitol Inc.

La recomendación supone un paso importante en una larga batalla legal por los activos de la empresa matriz PDV Holding. Estos se están subastando para satisfacer más de US$20.000 millones en reclamaciones contra Venezuela y su empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA. Entre los acreedores que esperan recibir el dinero se encuentran la minera canadiense Crystallex International Corp. y la perforadora estadounidense ConocoPhillips Co.

Tras numerosos obstáculos y retrasos, la subasta está a punto de concluir, con una audiencia sobre la venta prevista para el 18 de agosto. El juez podría anunciar el adjudicatario en la audiencia o después de ella. Mientras tanto, los demás licitadores pueden presentar escritos en defensa de sus ofertas.

La batalla se ha prolongado durante años y se remonta a las consecuencias de la confiscación de activos por parte de Chávez. Chávez falleció en 2013 y le sucedió Nicolás Maduro. Las empresas afectadas, incluidos los titulares de otros tipos de deuda, solicitaron la restitución en Delaware tras obtener sentencias favorables.

Citgo opera refinerías en EE.UU., así como oleoductos, terminales y canales de distribución de combustible.

El caso es Crystallex International Corp. v. República Bolivariana de Venezuela, 17-mc-00151, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Delaware (Wilmington).

Nota Original: Citgo Auction Adviser Is Said to Recommend Gold Reserve Bid

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--Con la colaboración de Nathan Risser.

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(Bloomberg) -- Read the story in English.

Legisladores mexicanos aprobaron un proyecto de ley destinado a endurecer las medidas contra el lavado de dinero, días después de que el Tesoro de EE.UU. acusara a tres empresas financieras locales de facilitar transacciones de empresas vinculadas al narcotráfico.

La reforma de una ley para prevenir e identificar operaciones realizadas con fondos ilícitos fue aprobada en la Cámara de Diputados por una abrumadora mayoría de 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. Entre sus partidarios se encontraba la mayoría de los legisladores del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta se convertirá en ley después de que ella la firme, lo que se espera, ya que ya fue aprobada por el Senado.

La legislación permite a la Secretaría de Hacienda de México recabar información de cualquier organismo gubernamental, nacional o local, así como de partidos políticos o sindicatos. La oposición denunció que la reforma permitirá al gobierno actuar sin supervisión judicial.

Las acusaciones de EE.UU. apuntan indirectamente a organizaciones criminales como el poderoso Cartel de Jalisco Nueva Generación, a pesar de que las tres empresas mexicanas son actores relativamente pequeños en el sistema bancario del país.

Según los términos de la nueva iniciativa para frenar las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, especialmente el mortal opioide sintético fentanilo, los responsables financieros deberán coordinarse con la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.

La lista de actividades vulnerables también se amplió para incluir sectores como el inmobiliario, los fideicomisos y el comercio de criptomonedas.

En caso de blanqueo de capitales en el sistema financiero, a petición de la Secretaría de Hacienda, los fiscales federales estarán facultados para investigar y sancionar penalmente a los implicados.

La semana pasada, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. impuso a tres empresas financieras mexicanas —CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA— órdenes que prohíben determinadas transferencias. Las autoridades financieras de EE.UU. anunciaron que tomaron la medida debido a sospechas de que las empresas facilitaban el lavado de dinero para narcotraficantes, una acusación que las tres rechazan.

No obstante, los reguladores bancarios de México han intervenido para administrar las empresas.

Nota Original: Mexico Passes Anti-Money Laundering Bill After US Accuses Banks

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“La derogación del DST permitirá que las negociaciones avancen de forma decisiva y reforzará nuestro trabajo para crear empleo y prosperidad para todos los canadienses”, afirmó el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, en un mensaje publicado en las redes sociales el domingo por la noche.

El viernes por la tarde, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que ponía fin a todas las conversaciones comerciales con Canadá, uno de sus mayores socios comerciales, en represalia por el impuesto digital. También amenazó con imponer una nueva tasa arancelaria en el plazo de una semana.

En su lugar, Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, acordaron que los países reanudarán las negociaciones e intentarán llegar a un acuerdo antes del 21 de julio, según un comunicado. El dólar canadiense se fortaleció tras la noticia.

Para Canadá, lo que está en juego en esas negociaciones es enorme. Aproximadamente tres cuartas partes de sus exportaciones se destinan a EE.UU., incluida la gran mayoría de su petróleo y muchos otros productos básicos, así como la mayor parte de los automóviles y camiones que produce.

Pero EE.UU. también tiene algo en juego: Canadá es el mayor comprador de productos estadounidenses. El año pasado, EE.UU. exportó alrededor de US$440.000 millones en bienes y servicios a su vecino del norte e importó US$477.000 millones, según datos del gobierno estadounidense.

El primer pago del impuesto digital de Canadá debía efectuarse el lunes.

El impuesto, que fue aprobado el año pasado por el anterior gobierno del primer ministro Justin Trudeau, tenía por objeto gravar con un 3% los ingresos por servicios digitales que las empresas obtienen de los usuarios canadienses por encima de los 20 millones de dólares canadienses (US$14.6 millones) en un año calendario.

Habría supuesto un costo de miles de millones de dólares para las grandes empresas tecnológicas. Varios países, entre ellos el Reino Unido, ya aplican impuestos de este tipo. En su lugar, Canadá suspenderá los pagos que vencían el lunes y creará una ley para derogar por completo el impuesto digital, según ha informado el Ministerio de Finanzas.

Tras la publicación de Trump, grupos empresariales y políticos canadienses reiteraron sus llamados al gobierno de Carney para que retirara el impuesto. Los detractores llevaban mucho tiempo argumentando que el gravamen aumentaría el costo de los servicios digitales y provocaría represalias por parte de EE.UU. Sin embargo, algunos veían el impuesto digital como una carta para el gobierno de Carney en sus negociaciones con EE.UU.

Nota Original: Canada Drops Tax That Infuriated Trump to Restart Talks (2)

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--Con la colaboración de James Mayger.

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(Bloomberg) -- En un caso inédito, se solicitó a la Corte Suprema de EE.UU. que considere la posibilidad de derogar los aranceles más radicales del presidente Donald Trump, lo que sitúa a los jueces en medio de una lucha de gran relevancia con implicaciones económicas a nivel mundial.

El recurso, que dos fabricantes de juguetes educativos dicen haber presentado el martes, pretende acelerar el proceso con la posibilidad de que la Corte Suprema dicte una sentencia definitiva antes de finales de año. Un tribunal federal de apelación, en un caso independiente, dictaminó que los aranceles podrían seguir en vigor hasta que ese tribunal escuche los argumentos el 31 de julio.

Las empresas de juguetes afirman que la cuestión de la autoridad arancelaria de Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) tiene tal peso económico que los jueces deberían intervenir de inmediato.

“A la luz del enorme impacto de los aranceles en prácticamente todas las empresas y consumidores del país, y del incesante golpe causado por el poder arancelario sin restricciones que reclama el presidente, los recursos contra los aranceles de la IEEPA no pueden esperar al proceso de apelación normal”, argumentaron los fabricantes de juguetes educativos Learning Resources Inc. y hand2mind Inc.

El recurso no estaba disponible de inmediato en el sitio web del tribunal. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no hicieron comentarios inmediatamente.

La solicitud se produce en lo que hasta ahora había sido un caso relativamente discreto. El juez federal de distrito Rudolph Contreras, en Washington, dijo que Trump se excedió en su autoridad en virtud de la IEEPA, aunque el juez limitó el fallo a las dos empresas que interpusieron la demanda.

La administración Trump apeló entonces y las empresas solicitan ahora a la Corte Suprema que se salte la instancia de apelación intermedia y revise directamente la sentencia de Contreras. Las empresas piden a los magistrados que decidan si admiten a trámite el caso antes de que comience el receso estival, dentro de unas dos semanas, por lo que las audiencias se retomarían en septiembre u octubre.

Nota Original: Supreme Court Asked to Weigh Voiding Trump’s Global Tariffs (1)

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--Con la colaboración de Laura Curtis.

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(Bloomberg) -- Las hostilidades entre Israel e Irán entraron en su cuarto día el lunes sin señales de distensión, lo que aviva los temores de una guerra más amplia en la región.

Irán lanzó varias oleadas de drones y misiles en las últimas 24 horas, mientras que Israel siguió atacando la capital de la República Islámica, Teherán, y mató a otro alto mando militar.

Desde el viernes, 224 personas han muerto en Irán, según el gobierno, que afirmó que la mayoría de las víctimas eran civiles. Los ataques iraníes mataron a 23 personas en Israel, según un funcionario de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, y dejaron más de 400 heridos.

El consulado de EE.UU. en el centro de Tel Aviv sufrió daños menores después de que un misil iraní cayera cerca, dijo el lunes el embajador en Israel, Mike Huckabee. Muchos coches quedaron aplastados en la zona de la ciudad donde se produjo el ataque. Las excavadoras recogían los escombros.

Las tensiones entre los archienemigos estallaron en un conflicto abierto el viernes, cuando Israel atacó instalaciones militares y nucleares iraníes y mató a varios generales de alto rango y científicos nucleares. Desde entonces, ha logrado la superioridad aérea sobre gran parte de Irán, incluida Teherán, y ha degradado la capacidad de la República Islámica para defenderse de sus ataques.

Irán ha respondido lanzando drones y misiles balísticos contra el Estado judío. Israel cree que Irán todavía tiene miles de misiles, según el asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi, en una entrevista con la Radio del Ejército.

Para Irán, el enfrentamiento plantea un dilema existencial. No puede arriesgarse a parecer débil, pero sus opciones se están reduciendo. Sus fuerzas paramilitares en toda la región, que en el pasado se unían regularmente para apoyarlo, se han visto debilitadas por la acción israelí en los últimos 20 meses. Hizbulá, la milicia libanesa que EE.UU. y otros países consideran un grupo terrorista, brilla por su ausencia en el conflicto y no ha dado señales de que vaya a empezar a atacar a Israel.

Después de haber instado a Irán a alcanzar un acuerdo nuclear al inicio de los ataques israelíes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el domingo que Irán e Israel “deberían llegar a un acuerdo y lo harán”.

“¡Pronto habrá PAZ entre Israel e Irán!”, afirmó en Truth Social. “Se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones”.

Sin embargo, poco después, también dijo que “a veces hay que luchar”.

Poco indicaba que ninguna de las partes estuviera dispuesta a rebajar la tensión.

“Estamos en una campaña existencial”, dijo Netanyahu al visitar el domingo el lugar del ataque con misiles en la ciudad costera de Bat Yam. “Irán pagará un precio muy alto por asesinar deliberadamente a nuestros ciudadanos, mujeres y niños”.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el “régimen de Teherán” era ahora un objetivo.

Sin embargo, Hanegbi, el asesor de seguridad nacional, dijo que no hay planes para derrocar al gobierno iraní. “Pero, por supuesto, puede ser el resultado de la campaña”, declaró a la cadena israelí Kan.

El ejército israelí afirmó haber atacado instalaciones militares en varias partes de Irán y haber matado al jefe de inteligencia y a otros altos cargos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las represalias afectaron a los mercados financieros, con caídas en las bolsas de Arabia Saudita, Egipto y Catar el domingo. La libra egipcia se debilitó alrededor de un 1,8%, hasta superar los 50 por dólar en las operaciones locales. Las acciones israelíes subieron, lideradas por la empresa de defensa Elbit Systems Ltd.

Las ganancias del crudo Brent se desvanecieron después de que los futuros subieran hasta un 5,5% en las operaciones del lunes en Asia. El West Texas Intermediate se situó cerca de los US$74. Las acciones en Europa subieron levemente.

Temor por la energía

Irán informó el sábado de una explosión en una de sus plantas de gas natural vinculada al gigantesco yacimiento de South Pars. Aunque el país exporta poco gas e Israel no parece haber atacado sus yacimientos petrolíferos ni sus instalaciones de transporte de crudo, la medida corre el riesgo de impulsar aún más los precios mundiales de la energía, que se dispararon el viernes.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía Atómica, afirmó que los múltiples ataques contra la planta de conversión de uranio de Irán en Isfahán, al sur de Teherán, causaron graves daños.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró a la televisión estatal que “ya no cooperaremos con la agencia como lo hacíamos antes”.

Según la agencia de noticias iraní Fars, una importante comisión parlamentaria afirmó que Teherán no debería seguir adhiriéndose al Tratado de No Proliferación Nuclear, el acuerdo de control de armas que obliga a los signatarios a aceptar inspecciones.

Por ahora, no está claro si el gobierno tomará tales medidas.

El conflicto más grave

Los archienemigos Israel e Irán llevan mucho tiempo librando una guerra en la sombra. El Estado judío ha sido acusado de ciberataques y del asesinato de científicos iraníes, mientras que Teherán ha financiado milicias antiisraelíes en Medio Oriente.

Las tensiones se dispararon después de que Hamás, un grupo palestino respaldado por Irán, atacara Israel el 7 de octubre de 2023. Esto llevó a Israel e Irán a lanzarse misiles y drones mutuamente en dos ocasiones el año pasado.

Aun así, este es su conflicto más grave hasta la fecha. Desde que comenzaron los combates, Israel ha atacado instalaciones nucleares y militares iraníes con aviones y drones, y ha matado a varios altos mandos y científicos atómicos.

Israel afirmó que su objetivo era acabar con la capacidad de Irán para fabricar una bomba nuclear, lo que considera una amenaza existencial. Teherán mantiene que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles.

Irán canceló la próxima ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. prevista para el domingo en Omán. El mismo día, Trump reiteró que EE.UU. no estaba involucrado en los ataques de Israel y afirmó que aún podía llegar a un acuerdo nuclear con Irán.

Tiene previsto reunirse con otros líderes del Grupo de los Siete, las principales economías del mundo, en Canadá, y el conflicto será uno de los temas principales de las conversaciones. Israel está pidiendo a Washington y a las naciones europeas que le ayuden a atacar Irán, argumentando que esa ayuda es necesaria para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Aunque EE.UU. ha ayudado a defender a Israel interceptando misiles y drones, Trump aún no ha indicado si EE.UU. se unirá a los ataques contra Irán.

A pesar de todo, Israel ya ha dañado instalaciones atómicas iraníes y afirma que seguirá atacándolas. Varios analistas occidentales afirman que necesita la ayuda de EE.UU. para destruir algunas instalaciones clave situadas a gran profundidad bajo tierra.

No está claro si Teherán está barajando opciones de último recurso, como atacar petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde los países de Medio Oriente transportan alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Ese tipo de acción podría arrastrar al conflicto a EE.UU., la potencia militar más poderosa del mundo, algo que Teherán probablemente ha calculado que no puede permitirse, según los analistas de Bloomberg Economics. Esto se debe en parte a que la economía iraní ya es débil, con una inflación de casi el 40%, y la frustración de la población con el gobierno es alta.

Nota Original: Israel-Iran Attacks Span Fourth Day With No Deal in Sight (1)

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--Con la colaboración de Dan Williams, Jonathan Tirone, Richard Henderson, Josh Wingrove y Jon Herskovitz.

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street, preocupados por el impacto económico de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump, impulsaron al alza los bonos del Tesoro estadounidense, mientras otro informe de inflación moderada alimentaba la percepción de que las empresas aún no han sentido del todo los efectos de la guerra comercial. Los futuros bursátiles operaban a la baja, reflejando una pausa tras una fuerte subida reciente, y el dólar se encaminaba hacia su nivel más bajo desde 2022.

El avance de los bonos del Tesoro se sumó al repunte de la sesión anterior, también impulsado por datos de precios moderados, lo que llevó a los operadores a aumentar sus apuestas por una bajada de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La atención del mercado ahora se centra en una emisión de deuda a 30 años por un total de US$22.000 millones, que servirá como termómetro del apetito de los inversores ante un déficit fiscal creciente. Los contratos del S&P 500 apuntaban a una caída del índice por segundo día consecutivo.

Hoy se informó que los precios al productor subieron 0,1% intermensual en mayo, por debajo de la estimación de 0,2%

Mientras tanto, Trump reafirmó su intención de enviar cartas a socios comerciales en las próximas dos semanas para establecer tasas arancelarias unilaterales. La fecha límite para imponer aranceles más altos es el 9 de julio.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 0,5% a las 8:31 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,5%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,6%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,6%.El índice MSCI World subía un 0,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,8%.El euro subió un 1,2% hasta US$1,1628La libra esterlina subió un 0,4% hasta US$1,3607El yen japonés subió un 0,8% hasta 143,35 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 1,7% hasta US$107.062,09El ether cayó un 3% hasta US$2.731,13.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió ocho puntos básicos hasta el 4,34%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años descendió siete puntos básicos hasta el 2,47%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió siete puntos básicos hasta el 4,48%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,7% hasta los US$66,97 el barril.El oro al contado subió un 0,9% hasta los US$3.385,84 la onza.

Nota Original: US Yields Sink as Inflation Data Support Fed Bets: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Elon Musk, quien fue un asesor cercano y confidente del presidente Donald Trump hasta que la semana pasada se produjo una disputa pública en una serie de publicaciones en las redes sociales, emitió su señal más clara hasta ahora de arrepentimiento por cómo manejó la ruptura.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada”, dijo en su plataforma de redes sociales, X. “Fueron demasiado lejos”.

La disputa, que se desencadenó por la oposición de Musk al proyecto de ley de recortes fiscales que Trump está impulsando en el Congreso, significó una amenaza para la fortuna de Musk cuando el presidente planteó la posibilidad de tomar represalias cortándole los contratos con el gobierno. Eso habría supuesto un duro golpe para SpaceX, su empresa de cohetes, y las acciones de Tesla Inc. se desplomaron el jueves pasado, antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas.

Las acciones de Tesla subieron más de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense el miércoles, tras la publicación de Musk. Habían caído más de un 19% en lo que va de año, ya que los inversores evaluaban el daño causado por su anterior apoyo a Trump, que alejó a los compradores de coches en Europa y otros mercados, así como las posteriores amenazas provocadas por su tormentoso altercado con el presidente.

Musk, el hombre más rico del mundo, había sido el primero en dar un paso atrás en lo que había sido una disputa cada vez más intensa, respondiendo a los consejos de los usuarios de internet. Había irritado a Trump al atribuirse el mérito de su victoria electoral, apoyar su destitución e incluso sugerir que el presidente estaba implicado en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein.

Aún no está claro si las expresiones de arrepentimiento de Musk servirán para reparar su relación con Trump, conocido por guardar rencor y utilizar el poder del gobierno federal para arremeter contra quienes se le han cruzado. Trump ha mostrado poca disposición a limar asperezas con Musk, pero ha declarado a los periodistas que cree que en su día tuvieron una buena relación y que “le desea lo mejor”.

Sin embargo, parece poco probable que ambos vuelvan a tener la estrecha amistad que mantuvieron durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando Musk era una presencia casi omnipresente en el círculo íntimo de la Casa Blanca.

Hasta que dimitió, antes de la disputa, Musk había dirigido el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que buscaba recortar el gasto, cerrar agencias y reducir la plantilla federal. El departamento tenía como objetivo generar un ahorro de US$1 billón para el gobierno, pero se quedó muy lejos de ese objetivo, ya que, según sus propias cuentas, solo consiguió US$180.000 millones.

Nota Original: Musk Says He Regrets Social Media Posts Lashing Out at Trump (1)

--Con la colaboración de Eric Pfanner.

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(Bloomberg) -- Senadores republicanos en Estados Unidos tienen la intención de proponer esta semana al presidente Donald Trump una revisión de las disposiciones fiscales y de salud de su paquete económico con miras a promulgarlo antes del 4 de julio.

El plan del Comité de Finanzas del Senado para obtener ahorros de los programas de seguro médico Medicaid y, quizás, Medicare podría diferir en aspectos clave del gigantesco proyecto de ley que aprobó por estrecho margen la Cámara de Representantes en mayo. La publicación del borrador del panel probablemente desencadenará una nueva ronda de disputas entre los conservadores fiscales y los moderados.

Empresas de energía, salud, manufactura y servicios financieros estarán muy atentas a lo que suceda a lo largo de la semana. Según un funcionario de la Casa Blanca, los principales miembros del Congreso y los funcionarios de Trump encargados de impulsar el proyecto de ley fiscal se reunirán el jueves para debatir el proyecto.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el lunes a periodistas en la Casa Blanca que cree que el Senado puede cumplir el plazo del 4 de julio, a pesar del escaso tiempo disponible para las negociaciones. Añadió que el líder de la mayoría, John Thune, también se muestra “optimista” sobre ese plazo.

El dilema del SALT

Una decisión crucial para Thune, el presidente del Comité de Finanzas, Mike Crapo, y otros miembros del panel será cómo manejar el límite de US$40.000 en las deducciones fiscales estatales y locales, que fue crucial para la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Los republicanos del Senado quieren reducir el costo de US$350.000 millones que supone aumentar el límite de US$10.000 a US$40.000 para quienes ganan menos de US$500.000.

Johnson y un grupo de miembros republicanos de estados con altos impuestos han advertido de que cualquier reducción del límite SALT condenaría la medida cuando vuelva a la Cámara de Representantes para su votación final. Al mismo tiempo, las llamadas empresas de transferencia en el sector servicios están presionando para que se elimine una disposición del proyecto de ley de la Cámara de Representantes que limita su capacidad para reclamar deducciones SALT.

Se espera que la Comisión de Finanzas del Senado proponga la prórroga de tres desgravaciones fiscales a las empresas que expiran después de 2029 en la versión de la Cámara de Representantes, con el fin de hacerlas permanentes. Se trata de la deducción por investigación y desarrollo, la posibilidad de utilizar la depreciación y la amortización como base para el gasto de intereses y la amortización acelerada del 100% de determinados bienes, incluida la mayor parte de la maquinaria y las fábricas.

Los fabricantes y los bancos están especialmente interesados en que se prorroguen todas ellas.

Para financiar estas medidas, que la mayoría de los economistas consideran las más favorables al crecimiento en el proyecto de ley fiscal general, los senadores podrían restringir las exenciones temporales sobre las propinas y las horas extras, que Trump defendió durante la campaña electoral del año pasado para atraer a los trabajadores de la restauración y la hostelería. La Casa Blanca quiere mantener esas disposiciones tal y como están.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que Trump “apoya cambiar” la deducción SALT y que corresponde a los legisladores alcanzar un consenso.

“Es una cuestión de negociación con el Senado y la Cámara de Representantes”, dijo Hassett el domingo en el programa Face the Nation de la CBS. “Lo único que necesitamos y lo que quiere el presidente es que se apruebe el proyecto de ley, y que se apruebe el 4 de julio”.

Nota Original: Senate Plans to Release Major Revisions to Trump’s Tax Bill (2)

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--Con la colaboración de Josh Wingrove y Skylar Woodhouse.

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Tras tres votos en contra, el Tribunal Superior concedió una solicitud de la administración para suspender la orden de la jueza federal de distrito Ellen Lipton Hollander. Esta decisión permite a DOGE tener pleno acceso a la información personal identificable en la base de datos de la Administración del Seguro Social mientras el caso se tramita en apelación.

Nota Original: Supreme Court Gives Doge Access to Social Security Data

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(Bloomberg) -- Elon Musk señaló que buscaría calmar las tensiones con el presidente Donald Trump, después de que estallaran diferencias entre ambos el jueves en una disputa pública.

Ayer, Musk pidió el impeachment de Trump e insinuó que el presidente estaba reteniendo la publicación de archivos relacionados con el financiero neoyorquino Jeffrey Epstein porque aparece en ellos. Trump, a su vez, propuso cortar los contratos gubernamentales del multimillonario, tras las reiteradas exhortaciones de su antiguo asesor a los republicanos para que votaran en contra de la emblemática legislación fiscal del presidente.

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El pañuelo blanco de Musk aparece después de que las acciones de Tesla Inc se desplomaran un 14% y su riqueza personal se redujera en US$34.000 millones. Es posible que este no sea el impacto total, ya que no refleja ningún daño al valor de sus empresas privadas, como Space Exploration Technologies Inc., conocida popularmente como SpaceX.

El jueves, horas después de decir que suspendería el uso de la nave Dragon de SpaceX, Musk cambió de postura y señaló que podría haber un período de tregua con Trump.

“Es una pena este tira y afloja. Ambos son mejores que esto. Respiren un par de días”, escribió un usuario de X con solo 200 seguidores en la plataforma en respuesta a la publicación de Musk sobre Dragon.

“Buen consejo”, Musk respondió. “Está bien, no desmantelaremos Dragon”.

En una respuesta aparte al multimillonario Bill Ackman, un aliado tanto de Trump como de Musk que dijo que deberían “hacer las paces en beneficio de nuestro gran país”, Musk escribió: “No estás equivocado”.

El tenso intercambio entre Musk y Trump fue un enfrentamiento significativo entre dos hombres que pasaron meses trabajando de la mano para reformar el gobierno federal.

También dejó a los legisladores republicanos en la incómoda posición de elegir bando entre Musk, que rápidamente se ha convertido en un patrocinador financiero clave para los esfuerzos políticos del partido, y Trump, la singular fuerza política que ha reorganizado el partido a su imagen.

Al mismo tiempo, varias personas del partido con vínculos tanto con Trump como con Musk intentaron encontrar una salida rápida a las hostilidades y despejar el camino hacia la paz. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas que “las diferencias políticas no deberían ser personales”.

“Alégrame el día”

La disputa sobre la legislación fiscal del Partido Republicano se convirtió en una disputa personal cuando Musk tildó a Trump de ingrato e insinuó que el presidente nunca habría ganado las elecciones sin su ayuda. Trump respondió amenazando una de las principales fuentes de la riqueza del Musk. Tesla Inc y SpaceX se han beneficiado de contratos y subsidios federales.

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones de dólares, es terminar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, escribió Trump en su red social.

Rescindir los contratos con las empresas de Musk podría resultar inviable a nivel legal y en la práctica, dado que están profundamente entrelazados con las operaciones espaciales y de defensa de EE.UU. La nave espacial Dragon transporta tripulación y carga hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

Los ingresos totales de SpaceX y Tesla provenientes de contratos federales no clasificados desde el año fiscal 2000 son de US$22.500 millones, según datos gubernamentales de Bloomberg.

“Adelante, alégrame el día”, publicó Musk en X en respuesta a la amenaza de Trump. Más tarde, respondió “sí” a la sugerencia de un usuario de X de que Trump fuera destituido y reemplazado por el vicepresidente, JD Vance, y argumentó que el régimen arancelario del presidente llevaría al país a una recesión para finales de año. Musk también criticó a Trump por su relación pasada con Epstein.

“Es hora de lanzar la gran bomba: @realDonaldTrump aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, escribió Musk.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre esta acusación.

Trump dijo que la oposición de Musk al proyecto de ley se basaba en una disposición que reduciría los créditos fiscales para vehículos eléctricos que beneficiaron a Tesla.

“Elon iba por la cuerda floja. Le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡algo que él sabía hace meses que iba a hacer!), ¡y simplemente ENLOQUECIÓ!”, publicó Trump.

Musk respondió que la afirmación de Trump de que le habían pedido que se fuera era “una mentira muy obvia” y “muy triste”.

“Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho”, dijo Trump previamente durante una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo sobre mí personalmente, pero estoy seguro de que no va a tardar”.

Musk le respondía a Trump en tiempo real, enviando refutaciones en las redes sociales mientras el presidente hablaba.

“¡Cuánta ingratitud!”, publicó Musk, aludiendo a su apoyo financiero a los republicanos durante las elecciones de 2024. “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado”.

Musk incluso planteó la idea de crear un nuevo partido político “que realmente represente al 80% del medio”.

La escena pública desató un torrente de críticas por parte de los antiguos partidarios de Trump, quienes habían recibido la llegada de Musk con desconfianza. El exasesor de Trump Steve Bannon dijo al New York Times que EE.UU. debería abrir una investigación sobre el estatus migratorio de Musk, un ciudadano naturalizado.

“Estoy firmemente convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado del país de inmediato”, dijo Bannon al diario.

Desde que dejó el gobierno, Musk ha criticado el paquete republicano —el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, como él lo llama— porque se prevé que aumentará el presupuesto deficitario de EE.UU.

La legislación eliminaría un crédito de hasta US$7.500 para los compradores de algunos modelos de Tesla y otros vehículos eléctricos para finales de 2025, siete años antes de lo previsto. Esto supondría un impacto de aproximadamente US$1.200 millones en ganancia anuales de Tesla, según analistas de JPMorgan.

“Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi todos los aquí presentes”, dijo el presidente. “De repente, se topó con un problema, y solo lo empeoró cuando vio que vamos a tener que recortar el mandato de los vehículos eléctricos”.

Musk, en otra réplica, afirmó desconocer los detalles. “¡Este proyecto de ley no me lo mostraron ni una sola vez y se aprobó a altas horas de la noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”, escribió en una publicación en X.

Musk y Trump también se enfrentaron por la decisión de Trump de retirar la nominación del asociado de Musk Jared Isaacman para dirigir la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Trump dijo que retiró su candidatura tras conocer el apoyo previo de Isaacman a los demócratas.

“No me pareció apropiado”, dijo Trump. “Musk quería que fuera específicamente esa persona, y dijimos que no”.

Este intercambio es lo más reciente de una ruptura relativamente rápida con Musk, quien se desempeñó como empleado especial del gobierno en la supervisión de los esfuerzos de reducción de costos antes de irse.

El viernes pasado, Trump organizó un evento para Musk en la Oficina Oval, celebrando su mandato y agradeciéndole.

Trump recordó esto en la reunión del jueves con Merz, señalando que Musk tenía un ojo morado en ese momento.

“Le pregunté si quería un poco de maquillaje. Pero me dijo ‘no, no lo creo’, lo cual es interesante y apreciable”, dijo Trump el jueves. “Quiere ser fiel a él mismo”.

Nota Original: Musk Signals He’s Open to Cooling-Off Period in Trump Feud (2)

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--Con la colaboración de Rick Clough, Amanda Allen, Elena Popina, Erik Wasson y Romy Varghese.

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(Bloomberg) -- La Universidad de Harvard obtuvo una suspensión temporal de la prohibición del presidente Donald Trump que impedía a sus estudiantes internacionales ingresar a EE.UU., un revés legal para la administración en su mediática disputa con la institución.

La jueza federal Allison Burroughs dictaminó el jueves que el gobierno no puede aplicar la proclamación de Trump que intensifica su conflicto con la universidad por los estudiantes extranjeros. La jueza emitió su fallo tras una demanda modificada presentada por Harvard el 23 de mayo. Esta demanda se opone a otra orden de EE.UU. que impedía matricular a estudiantes internacionales. Burroughs ya había bloqueado esa medida.

La jueza, con sede en Boston, concedió una orden de restricción temporal. Alegó que Harvard sufriría “un daño inmediato e irreparable” si la proclamación entrara en vigor. Fijó una audiencia para el 16 de junio.

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Al emitir la proclamación el miércoles, Trump afirmó que la negativa de Harvard a proporcionar registros sobre la mala conducta de estudiantes internacionales supone un riesgo para la seguridad nacional. Su medida ejecutiva impidió la entrada a EE.UU. de estudiantes e investigadores extranjeros de Harvard. El mes pasado, la administración revocó la capacidad de la universidad para patrocinar sus visados.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la sentencia del jueves “retrasa la justicia y busca socavar los poderes constitucionales del presidente”.

“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus elevadas matrículas para engrosar sus multimillonarios fondos de patrimoniales; ese hecho no ha cambiado”, afirmó en un comunicado. “La administración Trump se ha comprometido a devolver el sentido común a nuestro sistema de visados para estudiantes, y esperamos que un tribunal superior nos dé la razón en este asunto”.

El presidente de Harvard, Alan Garber, había instado al juez a actuar con rapidez. “Mientras el tribunal examina nuestra solicitud, se están elaborando planes de contingencia para garantizar que los estudiantes y académicos internacionales puedan continuar sus estudios en Harvard este verano y durante el próximo año académico”, indicó un comunicado emitido tras la modificación de la demanda.

Enfrentamiento

La proclamación de Trump intensifica el enfrentamiento con la universidad más antigua y rica de EE.UU., donde los estudiantes extranjeros representan el 27% del campus. Harvard también ha demandado a EE.UU. por congelar más de US$2.600 millones en fondos federales.

Ambas demandas alegan que Trump está tomando represalias ilegales contra Harvard, violando sus derechos de libertad de expresión al exigir controlar la gobernanza, el plan de estudios y la “ideología” de profesorado y alumnado.

Las acciones de Trump son “parte de una campaña concertada y creciente de represalias” por parte del gobierno en clara venganza, afirman los abogados de Harvard.

La orden de Trump afirma que Harvard “ya no es un administrador fiable de los programas de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio”. También acusa a la universidad de no abordar infracciones y el aumento de “tasas de delitos violentos” en el campus. Critica a investigadores por colaborar con colegas chinos, lo que, según Trump, podría favorecer la modernización militar de Pekín.

La proclamación suspende durante seis meses la entrada de estudiantes internacionales y visitantes de intercambio que quieran realizar investigaciones. Ordena al secretario de Estado, Marco Rubio, revisar si deben revocarse visados de extranjeros actualmente en Harvard. EE.UU. haría excepciones para “cualquier extranjero cuya entrada sea de interés nacional”.

Harvard afirma estar en contacto regular con el DHS. Ha proporcionado los datos legales requeridos e información disciplinaria adicional sobre estudiantes internacionales.

Burroughs ya había prohibido temporalmente al gobierno revocar la participación de Harvard en su Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, gestionado por el DHS. La orden del jueves amplió esa suspensión hasta el 20 de junio.

Los más de 7.000 estudiantes e investigadores de Harvard con visados “se han convertido en peones de la escalada de represalias del gobierno”, afirmaron los abogados. “La proclamación es un intento evidente de eludir la orden de este tribunal”.

La nueva sentencia de Burroughs aumenta las posibilidades de que el caso termine en el Tribunal Supremo. En 2018, el alto tribunal dictaminó que el presidente tiene amplia autoridad para restringir la entrada al país. La sentencia, por 5 votos contra 4, confirmó la prohibición de viajar impuesta por Trump, rechazando alegatos de discriminación religiosa.

“Me siento rechazado”

El presidente del cuerpo estudiantil de Harvard, Abdullah Shahid Sial, regresó a Pakistán al terminar el año académico. Su regreso para cursar el tercer año depende “totalmente de las oficinas de inmigración de EE.UU.”.

“Creo que la administración Trump ha hecho un muy buen trabajo para que los estudiantes internacionales se sientan rechazados”, dijo Sial, de 20 años. “Me siento rechazado”.

Trump ha tratado de reformar las políticas de Harvard en admisiones y contratación. Cita protestas pro palestinas y casos de antisemitismo tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

Trump también ha dicho que quiere limitar la matrícula extranjera en Harvard al 15%, revocar su exención fiscal y cancelar contratos federales.

Además, la administración anunció que solicitará revocar la acreditación de la Universidad de Columbia.

El caso es Harvard contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., 25-cv-11472, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Massachusetts (Boston).

Nota Original: Harvard Wins Reprieve From Trump’s Foreign Student Ban (2)

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--Con la colaboración de Kate Sullivan.

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(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada a EE.UU. a personas procedentes de 12 países. La medida restablece una de las disposiciones más controvertidas de su primer mandato y ocurre tras un atentado en Colorado dirigido contra un acto en apoyo a los rehenes israelíes.

La prohibición de viajar anunciada el miércoles afecta a Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La medida también limita parcialmente la entrada de personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

A principios de semana, Trump culpó a las políticas de inmigración del expresidente Joe Biden por la presencia del sospechoso del atentado de Colorado. El sospechoso es un egipcio que había sobrepasado el plazo de su visado y al que la prohibición no habría afectado. Testigos afirman que vieron al sospechoso utilizar un lanzallamas improvisado y lanzar un artefacto incendiario en el atentado.

“El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de relieve el peligro extremo que supone para nuestro país la entrada de ciudadanos extranjeros que no han sido debidamente investigados. También para aquellos que vienen como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por su visado”, afirmó Trump en un vídeo publicado en redes sociales el miércoles. “No los queremos”.

CBS News fue el primero en informar sobre los esfuerzos de Trump para bloquear a los viajeros de los 12 países.

La prohibición no se aplicará a quienes ya tengan visados, a los residentes permanentes legales en EE.UU., ni a los equipos que viajen para la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos. También están exentos quienes tengan visados especiales para escapar de la persecución en Irán o por ayudar al ejército estadounidense en Afganistán.

Trump también firmó una proclamación separada que suspende los visados de los estudiantes extranjeros que deseen participar en programas de intercambio en la Universidad de Harvard. La institución ha sido blanco del gobierno, el cual afirma que tiene un sesgo liberal y no está haciendo lo suficiente para abordar el antisemitismo.

En la proclamación sobre Harvard, Trump acusó a la universidad de no disciplinar las conductas indebidas en el campus. Se quejó de que solo había entregado información sobre tres estudiantes extranjeros acusados de actividades peligrosas, ilegales o amenazantes.

“Las acciones de Harvard demuestran que o bien no está informando plenamente sobre sus expedientes disciplinarios de estudiantes extranjeros o bien no está vigilando seriamente a sus estudiantes extranjeros”, afirmó Trump.

En su primer mandato, Trump prohibió la entrada a viajeros procedentes de Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

La inclusión de Afganistán en esta orden se produce después de que la administración Trump suspendiera el programa de refugiados de EE.UU. y congelara los fondos federales para programas de asistencia. Esto incluyó los que proporcionaban viajes a afganos aprobados para reasentarse en EE.UU.

La medida es el último paso de una amplia agenda destinada a tomar medidas enérgicas contra la migración indocumentada, aumentar las deportaciones y completar la construcción del muro fronterizo con México que Trump comenzó en su primer mandato. Trump se comprometió a asegurar las fronteras, aprovechando las preocupaciones de los votantes sobre la delincuencia y el aumento de los migrantes, en su campaña presidencial de 2024.

Trump puso en marcha esfuerzos para restablecer rápidamente la prohibición de viajar al asumir el cargo. Ordenó a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, al fiscal general y al director de Inteligencia Nacional que identificaran países para los que “la información de investigación y selección es tan deficiente que justifica la suspensión parcial o total de la admisión de nacionales de esos países”.

Es probable que la prohibición de viajar enfrente impugnaciones legales, igual que en su primer mandato. Muchas otras medidas migratorias de Trump durante su actual mandato están siendo litigadas en tribunales. Trump ha prometido llevar a cabo un programa que pone a prueba los poderes de su cargo en materia de política migratoria.

La prohibición de viajar durante el primer mandato marcó un momento emblemático en la presidencia de Trump. En 2017, a los pocos días de asumir el cargo, emitió una orden que prohibía la entrada a EE.UU. durante 90 días a personas de siete países con población mayoritariamente islámica. La medida provocó caos y protestas en aeropuertos y una avalancha de demandas. Los críticos la tildaron de “prohibición musulmana”.

Trump defendió la medida como necesaria para la seguridad nacional. Tras la anulación judicial inicial, emitió órdenes revisadas que modificaban la lista de países afectados y ofrecían más detalles para sobrevivir al escrutinio legal.

Los cambios posteriores llevaron al Tribunal Supremo de EE.UU. a confirmar en 2018 la prohibición. El fallo fue por 5 votos contra 4, rechazando las alegaciones de discriminación religiosa. Fue una victoria legal para Trump que reforzó su control sobre las fronteras.

Biden, en una de sus primeras medidas al asumir el cargo en 2021, firmó su propia orden que ponía fin a la prohibición de viajar de Trump.

Sin embargo, durante la campaña de 2024, Trump prometió restablecerla y ampliarla para incluir a los refugiados de Gaza si era elegido. Esta medida cumple uno de los puntos clave de su programa.

Desde que asumió el cargo, Trump declaró estado de emergencia nacional en la frontera sur. Ordenó al Pentágono que despliegue recursos adicionales para hacer frente a la situación.

La administración también intensificó las deportaciones de migrantes indocumentados. Intentó poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de personas en el país de forma ilegal. Esta medida ha sido suspendida por los tribunales mientras se resuelven recursos judiciales.

El presidente también ha utilizado aranceles para presionar a México y Canadá para que aseguren la frontera. Ha ordenado a agencias identificar programas financiados con fondos federales que proporcionan beneficios a migrantes en situación irregular.

Nota Original: Trump Signs Travel Ban for 12 Countries Including Afghanistan

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“Lamentablemente, Estados Unidos ha introducido recientemente una serie de medidas negativas sin fundamento, que socavan los derechos e intereses legítimos de China”, declaró Wang durante la reunión celebrada en Pekín, según un comunicado del gobierno chino.

Wang pidió a EE.UU. que “cree las condiciones necesarias para que las relaciones entre China y EE.UU. vuelvan al camino correcto”.

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Perdue afirmó en una publicación en X que planteó “las prioridades de la administración Trump en materia de comercio, fentanilo e inmigración ilegal”, y subrayó que la comunicación era “vital” para las relaciones entre ambas partes.

Los comentarios de Wang llegan después de que China acusara a EE.UU. de violar un acuerdo comercial alcanzado en Ginebra, al señalar que Washington había impuesto nuevas restricciones discriminatorias. Entre ellas, se incluyen directrices sobre el control de las exportaciones de chips de inteligencia artificial, limitaciones a la venta de software de diseño de chips a la nación asiática y planes para revocar visados de estudiantes chinos.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, acusó la semana pasada a Pekín de incumplir elementos de ese acuerdo, alegando que China no había acelerado las exportaciones de minerales críticos necesarios para la electrónica de vanguardia.

El presidente Donald Trump expresó su confianza en que una conversación con el líder chino Xi Jinping podría aliviar las tensiones comerciales, aunque no está claro que se esté organizando dicha llamada.

Perdue llegó a Pekín a mediados de mayo con la intención de utilizar su estrecha relación con Trump para reabrir canales clave de comunicación en las complejas relaciones entre China y EE.UU.

Nota Original: China’s Top Diplomat Urges US to Put Relations on ‘Right Track’

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(Bloomberg) -- China acusó a Estados Unidos de violar su reciente acuerdo comercial y prometió tomar medidas para defender sus intereses, lo que empañó las perspectivas de una llamada inmediata de los líderes que Donald Trump desea realizar para avanzar en las conversaciones bilaterales.

El Ministerio de Comercio chino emitió el lunes un comunicado en el que rechazaba la afirmación del presidente estadounidense de que Pekín había incumplido el consenso alcanzado el mes pasado en Ginebra. La disputa amenazaba con trastocar las relaciones comerciales, a pesar de que Trump expresó el viernes su esperanza de hablar con el presidente chino, Xi Jinping, y de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, esperaba que la llamada se produjera esta semana.

Pekín acusó a Estados Unidos de introducir unilateralmente nuevas restricciones discriminatorias, entre ellas nuevas directrices sobre el control de las exportaciones de chips de inteligencia artificial, restricciones a la venta de software de diseño de chips a China y la revocación de los visados para estudiantes chinos.

“Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino y continúa perjudicando los intereses de China, esta seguirá tomando medidas firmes y contundentes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, afirmó el ministerio. También afirmó que Estados Unidos violó el consenso alcanzado entre Trump y Xi el 17 de enero, cuando hablaron por última vez, sin dar más detalles.

Las acciones asiáticas cayeron junto con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, y el índice de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong cayó hasta un 2,9%, la mayor pérdida en casi dos meses.

Las tensiones entre las mayores economías del mundo se están recrudeciendo de nuevo tras el deshielo arancelario de mayo. La administración Trump anunció la semana pasada que tenía previsto empezar a revocar los visados a los estudiantes chinos y restringir la venta de software de diseño de chips a China. También han prohibido la exportación a China de piezas y tecnología críticas para los motores a reacción estadounidenses, según informó el New York Times.

Más allá de las tensiones en las relaciones económicas, también están aumentando las fricciones geopolíticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China protestó durante el fin de semana por la afirmación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una reunión de jefes militares, de que China supone una amenaza inminente para Taiwán, una isla autónoma reclamada por Pekín.

Trump no dio más detalles cuando acusó a Pekín el viernes de violar la tregua arancelaria, pero el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, se quejó de que China no había acelerado las exportaciones de minerales críticos necesarios para la electrónica de vanguardia.

China ha estado relajando el control sobre sus exportaciones de tierras raras durante la última semana a un ritmo “más lento de lo que le gustaría a la industria”, dijo Michael Hart, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en China.

En el comunicado, el Ministerio de Comercio afirmó que “rechaza rotundamente” las acusaciones de Estados Unidos y que el país ha aplicado de forma estricta y sincera el consenso alcanzado.

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara que las negociaciones comerciales con China se habían estancado y sugiriera que podría ser necesaria una llamada entre Trump y Xi para desbloquear la situación.

El presidente estadounidense “va a tener una conversación maravillosa sobre las negociaciones comerciales esta semana con el presidente Xi”, afirmó Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, el domingo en el programa This Week de la cadena ABC. “Esa es nuestra expectativa”.

Trump manifestó su deseo de mantener una llamada con su homólogo chino en febrero y posteriormente afirmó que estaba dispuesto a viajar al país asiático para reunirse con Xi, aunque hasta el momento no se ha programado ningún encuentro.

Nota Original: China Accuses US of Violating Trade Deal, Vows Firm Response (1)

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(Bloomberg) -- La tasa de desaprobación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentó en mayo tras un creciente escándalo en su programa de seguridad social que contribuyó a que la corrupción se convirtiera en la principal preocupación de los brasileños.

La proporción de brasileños que desaprueban al líder izquierdista aumentó al 54%, cuatro puntos más que en abril, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el viernes. Su índice de aprobación cayó ligeramente, hasta alrededor del 45%.

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La corrupción se situó en cabeza de la lista de preocupaciones de los brasileños, con casi el 60% de los encuestados considerándola uno de los mayores problemas del país, un aumento de 13 puntos con respecto al mes anterior.

El gobierno de Lula lucha por controlar un escándalo en el Instituto Nacional del Seguro Social de Brasil, después de que una investigación revelara deducciones no autorizadas de los fondos de jubilación y pensiones que han costado a los trabajadores jubilados miles de millones de reales en prestaciones en los últimos años.

Los aliados del presidente han tratado de culpar a los gobiernos anteriores. Pero la corrupción es un tema particularmente difícil para Lula, que pasó 580 días en prisión tras su condena en 2017 por cargos de corrupción y lavado de dinero. Fue liberado en 2019 y las condenas fueron finalmente anuladas.

El líder izquierdista reemplazó a su ministro de Seguridad Social tras las revelaciones y ahora está tratando de encontrar formas de reembolsar a los jubilados por las pérdidas. El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, estima que los reembolsos costarán finalmente a las arcas públicas unos 2.000 millones de reales (US$354 millones), en un momento en que el gobierno ya se encuentra bajo presión para reducir el gasto.

Incluso antes de que estallara el escándalo, la popularidad de Lula había caído drásticamente este año, ya que alzas de precios han elevado el pesimismo sobre la economía del país. Si bien la perspectiva de los brasileños sobre la economía ha mejorado en los últimos meses, casi un tercio de los encuestados todavía consideraba la inflación, que se mantiene por encima del 5% anual, como una de sus principales preocupaciones.

AtlasIntel encuestó a 4.399 personas en Brasil entre el 19 y el 23 de mayo. La encuesta tiene un margen de error de más o menos un punto porcentual.

Nota Original: Lula Disapproval Rises as Scandal Feeds Corruption Concerns

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La Casa Blanca pasó el jueves evaluando las consecuencias de dos sentencias que suspendieron la mayor parte de sus aranceles, impuestos bajo una autoridad de emergencia que, según los tribunales, Trump utilizó de forma excesiva. Un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión para escuchar los argumentos, aunque en última instancia podría respaldar la sentencia original y bloquear la política arancelaria de Trump.

Aunque Trump ha prometido recurrir hasta el Tribunal Supremo si es necesario, el mensaje de sus principales asesores ha sido que no se le negará al presidente su impulso arancelario y que, si es necesario, simplemente recurrirá a otras autoridades.

“No hay un plan B. Es el plan A”, dijo el jueves a los periodistas Peter Navarro, uno de los asesores comerciales más beligerantes de Trump. “El plan A abarca todas las opciones estratégicas”.

Entre las posibles alternativas se encuentran las facultades de las secciones 232 y 301, que Trump ha utilizado anteriormente, o las facultades previstas en la sección 122, que son considerablemente más restringidas. También podría solicitar la aprobación del Congreso, aunque esa opción sería laboriosa y consumiría un tiempo valioso en el Senado, que prioriza otros asuntos como los nombramientos judiciales y la tramitación de la “gran y hermosa” reforma fiscal.

Trump impuso aranceles de gran alcance a casi todos los países utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA por sus siglas en inglés, eje de la histórica sentencia emitida el miércoles por el tribunal de comercio. El uso de la IEEPA funcionó como un atajo que permitió a Trump declarar una emergencia nacional y asumir autoridad arancelaria, la cual historicamente ha estado en  el Congreso.

“Quería utilizar los amplios poderes de la IEEPA”, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en una entrevista con Fox News emitida el jueves por la noche. “Ahora tiene muchas otras leyes y facultades que puede utilizar, y las utilizará si es necesario, pero en este momento le gusta la autoridad amplia porque le permite lidiar con todos los que nos tratan injustamente”.

Si las apelaciones de Trump fracasan, podría verse obligado a recurrir a otras facultades para restablecer sus aranceles del “Día de la Liberación”, incluidos los que se suspendieron al 10% a la espera de negociaciones antes de la fecha límite de julio. También se derogaron los aranceles relacionados con el fentanilo.

La sección 122 permitiría al presidente imponer aranceles del 15%, superiores a la tasa del 10% suspendida, pero muy por debajo de las tasas de hasta el 50% que Trump anunció inicialmente, y solo por un máximo de 150 días.

Navarro reconoció el jueves que esta opción estaba siendo considerada, aunque no pareció mostrar entusiasmo. “La sección 122 solo te da 150 días”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television. “Ahí tienes tu respuesta”. The Wall Street Journal informó el jueves por la noche que esa opción seguía sobre la mesa.

Trump ya ha utilizado los poderes de la sección 232 para imponer aranceles al acero, el aluminio y los automóviles, todos basados en investigaciones anteriores a su actual mandato. También ha iniciado nuevas investigaciones con la misma autoridad para evaluar la imposición de aranceles sobre semiconductores, medicamentos, cobre y otros productos electrónicos de consumo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó los poderes de la sección 232 como advertencia para las naciones que podrían interpretar el fallo judicial como una ventaja.

“Estos otros países también deben saber, y lo saben, que el presidente se reserva otras facultades arancelarias, como la sección 232, para garantizar que se restablezcan los intereses de EE.UU. en todo el mundo”, afirmó.

Cuando se le preguntó si eso implicaría iniciar nuevas investigaciones bajo la sección 232 o acelerar las existentes, Leavitt fue evasiva. “Simplemente estoy afirmando el hecho de que el presidente tiene otras facultades legales que puede utilizar para aplicar aranceles, y la administración está dispuesta a utilizarlas”, dijo.

Leavitt también instó al Tribunal Supremo a apoyar a la administración y consolidar los amplios poderes conferidos por la IEEPA, acusando a los tribunales de extralimitarse. “El Tribunal Supremo debe poner fin a esto por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”, afirmó.

Navarro también mencionó los poderes de la sección 301, ya utilizados contra China, que requieren investigaciones detalladas como las de la sección 232, y los poderes de la sección 338. Esta última, parte de una ley de 1930, permite imponer aranceles de hasta el 50% a países que discriminen a EE.UU., aunque nunca se ha aplicado, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Una alternativa que Trump ha mencionado públicamente, pero aún no ha adoptado, es enviar su plan arancelario al Congreso. Sin una mayoría sólida en el Senado, esta ruta implica un alto riesgo para su agenda comercial.

“La horrible decisión establecía que tendría que obtener la aprobación del Congreso para estos aranceles”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el jueves por la noche. “En otras palabras, cientos de políticos se sentarían en Washington durante semanas, e incluso meses, tratando de llegar a una conclusión sobre qué cobrar a otros países que nos tratan injustamente”.

Mientras continúan los litigios, Navarro señaló que la Casa Blanca podría anunciar sus próximos pasos en breve, y que el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, detallará la respuesta oficial a las recientes sentencias “en uno o dos días”.

Nota Original: Trump’s Tariff Options Slower, More Complex If Court Fight Fails

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--Con la colaboración de Annmarie Hordern y Jonathan Ferro.

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(Bloomberg) -- La administración Trump anunció que solicitará la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos tan pronto como el viernes si un tribunal federal de apelaciones no suspende de inmediato una decisión que declara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el expresidente.

En una presentación judicial presentada el jueves en Washington, el Departamento de Justicia argumentó que la resolución dictada un día antes por el Tribunal de Comercio Internacional perjudica la diplomacia del Gobierno e invade la autoridad exclusiva del presidente para dirigir los asuntos exteriores. Solicitó al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal que suspenda la sentencia mientras presenta un recurso formal.

“A falta de una medida cautelar de este tribunal, EE.UU. tiene previsto solicitar mañana una medida de emergencia al Tribunal Supremo”, indicó la administración.

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El gobierno está actuando con rapidez para intentar mantener vigentes los amplios aranceles. El tribunal comercial otorgó a la administración un plazo de 10 días para hacer efectiva su orden. El Departamento de Justicia también solicitó el miércoles a ese mismo tribunal que suspendiera su propio fallo, alegando también las negociaciones en curso.

En un fallo que sorprendió a muchos, un panel de tres jueces del tribunal comercial dictaminó que Trump se excedió en la autoridad otorgada por una ley de emergencia de 1977 al imponer sus aranceles globales del “Día de la Liberación” y otros gravámenes. El caso fue iniciado por un grupo de pequeñas empresas y una docena de estados gobernados por demócratas.

La apelación del jueves repite los argumentos que la administración Trump ha defendido a lo largo del proceso, incluyendo que los tribunales no tienen competencia para cuestionar la decisión presidencial de invocar la ley de emergencia.

El Gobierno también argumenta que debe respetarse la interpretación de Trump, citando un precedente de décadas atrás, cuando el tribunal comercial permitió al expresidente Richard Nixon imponer aranceles bajo una ley de emergencia similar. Se espera que los demandantes respondan próximamente a la solicitud del Gobierno.

El fallo del tribunal afecta al arancel global del 10%, a los aranceles “recíprocos” más elevados y a los aplicados a China, Canadá y México por el presunto tráfico de fentanilo. No se ven afectados otros gravámenes, como los impuestos al acero, aluminio y automóviles, que se establecieron bajo otras normativas.

Pese a los argumentos del Departamento de Justicia sobre el impacto de la decisión, funcionarios de la administración minimizaron el jueves su alcance. Confían en que la sentencia será revocada en apelación y aseguran que el presidente dispone de otras herramientas para aplicar aranceles.

El Tribunal Federal de Apelaciones, al igual que el tribunal comercial, es un órgano especializado que trata casos específicos. Es más conocido entre abogados por resolver litigios de patentes.

Nota Original: US May Take Trump Tariff Case to Supreme Court on Friday (1)

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(Bloomberg) -- El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo que el gobierno aún no está buscando opciones alternativas para imponer aranceles generalizados, un día después de que un tribunal bloqueara algunos gravámenes a las importaciones, lo que supuso un sorprendente revés para la agenda comercial del presidente Donald Trump.

Hassett declaró el jueves a Fox Business que la administración está convencida de que la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos es incorrecta y que ganarán en la apelación.

“Hay diferentes enfoques que llevarían un par de meses poner en práctica y que utilizan procedimientos que han sido aprobados en el pasado o en la última administración, pero no tenemos intención de aplicarlos en este momento, porque estamos muy, muy seguros de que esto es realmente incorrecto”, dijo Hassett.

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En una nota a sus clientes enviada el jueves, los analistas de Goldman Sachs Group Inc. calificaron la sentencia judicial como un revés temporal a la ofensiva arancelaria de Trump, señalando que la Casa Blanca podría utilizar otras herramientas para llevar a cabo su agenda.

“Esta sentencia supone un revés para los planes arancelarios del gobierno y aumenta la incertidumbre, pero podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos”, escribió el economista político jefe para Estados Unidos, Alec Phillips. “Por ahora, esperamos que la administración Trump encuentre otras formas de imponer aranceles”.

Hassett también indicó el jueves que el gobierno tiene la intención de seguir adelante con las negociaciones con sus socios comerciales a pesar de la incertidumbre jurídica, y que espera que se alcancen más acuerdos en las próximas semanas.

Los aranceles de Trump, que son un pilar fundamental de su agenda económica, recibieron un duro golpe el miércoles cuando un tribunal comercial estadounidense determinó que el presidente había excedido su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar algunos de sus impuestos generales. El tribunal bloqueó esos impuestos a la importación y dio a la administración 10 días para cumplir su orden.

La orden se aplica al arancel global uniforme de Trump, a los aranceles elevados a China y otros países, y a sus aranceles relacionados con el fentanilo a China, Canadá y México, pero deja intactos por ahora otros gravámenes impuestos por otros medios, como los denominados gravámenes de la Sección 232 y la Sección 301.

Nota Original: Hassett Says US Has Other Options on Tariffs But Awaiting Appeal

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(Bloomberg) -- El gabinete del canciller alemán Friedrich Merz ha decidido abolir una medida que permitía a los inmigrantes bien integrados obtener la ciudadanía tras tres años en el país, según fuentes gubernamentales.

La medida forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno de Merz para endurecer las restricciones a los extranjeros que desean establecerse en la mayor economía de Europa.

El proyecto de ley, presentado por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, elimina un proceso acelerado introducido por el gobierno del ex canciller Olaf Scholz, cuyo objetivo era dar ventaja a los extranjeros bien cualificados capaces de cubrir puestos de trabajo, ya que Alemania sufre escasez de mano de obra.

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Dobrindt describió la decisión como una forma de “reducir los factores de atracción y aportar más orden al proceso migratorio”.

El proceso acelerado permitía a los residentes solicitar la naturalización tras tres años en Alemania, siempre que dominaran el alemán y pudieran demostrar logros educativos o profesionales destacados.

El gobierno de Scholz también introdujo reformas que permiten a las personas solicitar la ciudadanía tras cinco años de residencia si cumplen determinados requisitos, entre ellos hablar alemán y superar una prueba sobre el sistema democrático y la historia de Alemania.

Dada la falta de trabajadores cualificados en todos los sectores de la economía, los grupos empresariales llevan mucho tiempo pidiendo al gobierno que haga Alemania más atractiva para los trabajadores extranjeros cualificados y que reduzca los obstáculos para su contratación.

Pero Dobrindt, miembro de la Unión Social Cristiana de Baviera, partido hermano de los demócratas cristianos de Merz, afirmó que tres años era muy poco tiempo para poder “integrarse en las condiciones de vida” de Alemania.

Dobrindt también expresó su esperanza de que el cambio reduzca el número de solicitantes de asilo que llegan a Alemania. La naturalización acelerada crea “falsos incentivos”, afirmó el ministro, y añadió: “Estamos reduciendo estos factores de atracción”.

Los conservadores de Merz enfrentan la presión de Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha y antiinmigración que se convirtió en la segunda fuerza política del país tras las elecciones federales de febrero.

A seis semanas del receso parlamentario de verano, altos políticos de la CDU de Merz y de su socio de coalición, los socialdemócratas, se reunirán el miércoles en la cancillería para debatir la legislación, incluida la reducción de los precios de la energía para las empresas industriales y la introducción de opciones especiales de amortización fiscal para las empresas que inviertan en Alemania.

Ambas medidas se incluyeron en el acuerdo de coalición firmado anteriormente este mes y serán aprobadas por el gabinete antes de las vacaciones, según un funcionario del SPD.

La coalición también debatirá un posible endurecimiento de las exportaciones de armas a Israel tras la reciente escalada de las operaciones militares contra los palestinos en la Franja de Gaza, pero los responsables han advertido de que no se tomará ninguna decisión inmediata al respecto.

El gabinete también aprobará un proyecto de ley para restringir la reunificación familiar de los refugiados con estatuto de protección restringida, lo que significa que durante los próximos dos años no se les permitirá traer a Alemania a familiares extranjeros. Quedan excluidos los casos de extrema gravedad.

Nota Original: Merz’s Government Set to Drop Fast-Track Path to Citizenship (2)

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(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump señaló que ampliará sus investigaciones en los campus universitarios más allá de las instituciones de la Ivy League a otras escuelas, incluido el sistema de la Universidad de California, a medida que se intensifica la campaña de la Casa Blanca contra la educación superior.

Leo Terrell, que dirige el grupo de trabajo contra el antisemitismo del Departamento de Justicia, dijo que el sistema de la Universidad de California debe esperar “demandas masivas”, y añadió que las universidades “de la costa este, la costa oeste y el medio oeste” también podrían ser objeto de acciones legales.

“Estamos trabajando en todos los frentes en los tribunales”, declaró Terrell el martes en una entrevista con Fox News. “Trump no se va a detener”.

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El abogado especializado en derechos civiles, que también es asesor principal del Departamento de Justicia, habló poco después de que el gobierno ordenara a las agencias que comenzaran a recortar los fondos federales restantes a la Universidad de Harvard, que se ha convertido en el punto focal de la lucha de Trump contra el antisemitismo y la tendencia política de izquierda en los campus universitarios.

En la misma entrevista, Terrell advirtió: “Vamos a ir tras ellos donde más les duele, económicamente”. También citó específicamente los cargos federales por delitos de incitación al odio y las demandas en virtud del Título VII, que se centran en la discriminación en la contratación, como posibles herramientas que podría utilizar el gobierno.

La administración ha señalado que las protestas generalizadas en las principales universidades contra la guerra en Gaza para argumentar que las instituciones de educación superior han creado un ambiente hostil para los estudiantes judíos.

Al ser un sistema público, las universidades de California podrían ser más susceptibles a las medidas federales en materia de libertad de expresión y derechos civiles que las instituciones privadas como Harvard.

La Universidad de California en Los Ángeles fue escenario de algunas de las mayores manifestaciones y el antiguo rector de la escuela, Gene Block, fue uno de los varios líderes universitarios llamados a testificar ante el Congreso por su gestión de las protestas.

La administración Trump ha puesto en marcha múltiples investigaciones sobre el sistema de diez campus, centrándose en sus prácticas de admisión, la divulgación de la financiación extranjera y el clima en los campus.

Las agencias federales están revisando si UC Berkeley, UCLA y UC Irvine violaron la sentencia de la Corte Suprema de 2023 sobre la discriminación positiva, y están investigando los vínculos financieros de UC Berkeley con donantes extranjeros. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación sobre los derechos civiles en la Universidad de California por las acusaciones de que apoyaba “un entorno de trabajo antisemita y hostil en sus campus” para profesores, personal y otros empleados.

La UC Berkeley es también una de las 60 universidades de EE.UU. investigadas por el Departamento de Educación por acusaciones de “acoso y discriminación antisemita”. El sistema también incluye seis centros académicos de salud y tres laboratorios nacionales con 26.100 profesores, 47.700 puestos académicos y 192.400 miembros del personal.

Nota Original: University of California Next Target of Trump Antisemitism Probe

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(Bloomberg) -- Los inversores de países con regímenes fiscales que EE.UU. considera injustos se enfrentarían a tasas impositivas más elevadas sobre los ingresos obtenidos en el país si se aprueba el proyecto de ley fiscal que está tramitándose en el Senado.

Una sección del proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo, apunta a países como Canadá, el Reino Unido, Francia y Australia, que imponen “impuestos sobre los servicios digitales” a las grandes empresas tecnológicas, como Meta Platforms Inc. También se dirige a los países que utilizan disposiciones de un acuerdo multinacional sobre impuestos mínimos para las empresas.

La medida de apuntar a aliados con los que EE.UU. tiene tratados fiscales desde hace décadas subraya la voluntad del presidente estadounidense, Donald Trump, de cambiar o romper acuerdos de larga data con otras naciones.

La llamada disposición de la Sección 899 incluye “lo que se podría llamar un ‘impuesto de venganza’ contra lo que EE.UU. considera impuestos injustos que otros países gravan a las empresas estadounidenses”, dijo Robert Kepes, socio del bufete de abogados fiscales Morris Kepes Winters LLP en Toronto.

Inversores institucionales, incluidos fondos soberanos, fondos de pensiones e incluso entidades gubernamentales, se verían afectados, así como los inversores minoristas y las empresas con activos en EE.UU.

La Sección 899 aumentaría la tasa del impuesto federal sobre la renta pasiva de EE.UU., como dividendos, intereses y regalías, obtenida por personas e instituciones con sede en los países afectados. El primer aumento sería de cinco puntos porcentuales, y se incrementaría en otros cinco puntos cada año hasta un máximo de 20 puntos por encima de la tasa legal.

Los tratados fiscales tienen por objeto evitar que una entidad sea gravada varias veces por los mismos ingresos. Esta sección del proyecto de ley “anula efectivamente ciertas obligaciones de los tratados fiscales de EE.UU., lo que supone una desviación significativa de los compromisos adquiridos en tratados de larga data”, según un análisis de los abogados de Greenberg Traurig LLP.

La legislación también anula las normas especiales para organismos gubernamentales como los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco de Canadá está actualmente exento de la retención de impuestos por parte de EE.UU., “pero esto sugiere que se aplicaría una retención fiscal”, dijo Ronald Nobrega, socio de Fasken Martineau DuMoulin LLP, sobre el proyecto de ley.

Obligación tributaria

La naturaleza amplia del proyecto de ley también sugiere que los impuestos retenidos podrían aplicarse a los ingresos obtenidos en EE.UU. en cuentas de jubilación con exención fiscal. “Habría una responsabilidad fiscal inesperada para muchos inversores y empresas canadienses”, dijo Nobrega.

La Asociación de Gestión de Valores e Inversiones, un grupo industrial canadiense, estima que la legislación estadounidense costaría a los inversores canadienses hasta 81.000 millones de dólares canadienses (US$59.000 millones) en impuestos adicionales durante siete años.

El proyecto de ley exige al gobierno que nombre a los países con un régimen fiscal injusto, dijo Kepes, dando tiempo a las naciones para intentar negociar su salida del impuesto.

Trump ha criticado constantemente lo que considera impuestos discriminatorios, como el esfuerzo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por cambiar las normas fiscales para las grandes multinacionales digitales y garantizar que las empresas globales paguen un impuesto mínimo sobre sus ingresos en todos los lugares donde operan. Una de las primeras órdenes ejecutivas del presidente retiró a EE.UU. del trabajo de la OCDE sobre un impuesto global.

La Alianza Empresarial Global afirmó en un comunicado que el proyecto de ley estadounidense “invita a una guerra fiscal global” y dañará la credibilidad de EE.UU. y socavará la inversión. Algunas empresas internacionales se enfrentarían a tasas impositivas mucho más altas en EE.UU. y “los trabajadores estadounidenses, y no los gobiernos extranjeros, serían los más afectados por las consecuencias económicas”, afirmó el grupo.

La economía de Canadá está muy integrada con la de EE.UU., ya que es el mayor comprador de productos fabricados en EE.UU. y uno de sus principales exportadores. En muchos sectores, las empresas canadienses y estadounidenses operan fácilmente a ambos lados de la frontera.

Sin embargo, el gobierno canadiense ha adoptado tanto un impuesto sobre los servicios digitales como un impuesto mínimo global. El primero es un impuesto del 3% sobre los ingresos superiores a 20 millones de dólares canadienses obtenidos en Canadá por servicios que “dependen de la participación, los datos y las contribuciones de contenido de los usuarios canadienses” y se aplica a las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Meta y Alphabet Inc.

Países europeos, entre ellos Francia, el Reino Unido e Italia, aplicaron impuestos similares durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca, alegando que EE.UU. estaba ralentizando las negociaciones mundiales de la OCDE sobre las normas fiscales para la era digital. Estas medidas enfurecieron a las empresas tecnológicas estadounidenses y a Trump, que amenazó con imponer aranceles. El gobierno francés afirmó a principios de este año que no renunciará a su impuesto sobre los servicios digitales a pesar del riesgo de represalias por parte de EE.UU.

Los grupos empresariales de Canadá han criticado el impuesto sobre los servicios digitales por parecer violar el tratado comercial norteamericano y provocar medidas de represalia por parte de EE.UU. El gobierno del primer ministro Mark Carney no ha indicado si considerará la posibilidad de eliminar la medida, que fue introducida por su predecesor, Justin Trudeau.

“Siempre se presta atención a lo que hacen otros países, pero, como saben, cada país es soberano a la hora de determinar qué es lo mejor para sus intereses y su política fiscal”, declaró el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, a periodistas la semana pasada en respuesta a una pregunta sobre las posibles represalias de EE.UU. contra el régimen fiscal de Canadá.

Nota Original: ‘Revenge Tax’: Trump Bill Hits Allies That Have Digital Taxes

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--Con la colaboración de William Horobin.

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(Bloomberg) -- La Corte Suprema de EE.UU. protegió a la Reserva Federal de la presión de Donald Trump para destituir a altos funcionarios de agencias federales independientes, en una decisión que probablemente acallará las preocupaciones de que el presidente pueda destituir a Jerome Powell.

En un fallo emitido el jueves que permite a Trump destituir a funcionarios de otras dos agencias, el tribunal dijo que su decisión no se aplicaría a la Fed, calificándola de “entidad de estructura única y cuasi privada”.

La decisión aporta cierta claridad sobre la seguridad laboral de Powell tras un periodo de incertidumbre. El mes pasado, Trump envió señales contradictorias al publicar el 17 de abril que “¡el despido de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido!”, antes de decir a los periodistas el 22 de abril que “no tiene intención de despedirlo”.

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La sentencia sin firmar, que concede la petición de Trump, significa que Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, y Cathy Harris, miembro de la Junta de Protección del Sistema de Méritos, no pueden volver a sus puestos mientras continúan sus impugnaciones legales. Prorroga una orden temporal emitida el 9 de abril por el presidente de la corte, John Roberts, cuando permitió a Trump destituir a los dos funcionarios y anular las protecciones laborales que el Congreso había creado para ambos cargos con el fin de aislarlos del control de la Casa Blanca.

Wilcox y Harris, ambos demócratas, habían argumentado que permitir que Trump los destituyera dejaría vulnerable a Powell, así como la independencia de la Reserva Federal.

El tribunal afirmó que no estaba tomando una decisión definitiva en los casos de Wilcox y Harris, dado que el litigio se encuentra en una fase inicial. Sin embargo, la mayoría afirmó que el presidente “puede destituir sin causa justificada” a los funcionarios que ejercen el poder ejecutivo, con excepciones muy limitadas.

Aunque la decisión protege a la Reserva Federal, es probable que refuerce la capacidad de Trump para destituir a funcionarios de otras agencias, como la Comisión Federal de Comercio y la Comisión Federal de Comunicaciones. La administración se defiende por separado de una demanda presentada por dos comisionados de la FTC despedidos por Trump.

El caso pone a prueba una sentencia del Tribunal Supremo de 1935, conocida como Humphrey’s Executor, que permite al Congreso proteger a los altos funcionarios de ser despedidos, allanando el camino para las agencias independientes que ahora proliferan en todo el gobierno de EE.UU.

Decisión criticada

En nombre de tres jueces liberales disidentes, la jueza Elena Kagan criticó duramente la decisión del tribunal de permitir los despidos, calificándola de “nada menos que extraordinaria” y afirmando que “permite al presidente anular Humphrey’s por decreto”. Afirmó que la decisión había obligado a la mayoría a crear “una excepción a medida para la Reserva Federal”.

“Me alegro de oírlo y no dudo de la intención de la mayoría de no poner en peligro a la Reserva Federal”, afirmó Kagan. Sin embargo, añadió: “Si la idea es tranquilizar a los mercados, un enfoque más sencillo —y más judicial— habría sido denegar la solicitud del presidente de suspender la autoridad de Humphrey“.

Los observadores de la Fed han estado esperando con impaciencia la decisión del Tribunal Supremo para ver si el tribunal respaldaría una excepción para el banco central.

Las críticas de Trump a la Fed por no bajar las tasas de interés y sus amenazas de despedir a Powell llegaron a su punto álgido en los mercados el mes pasado, cuando las repetidas declaraciones del presidente exacerbaron la caída de los bonos. Después de que Trump insistiera en que no tenía intención de despedir al presidente de la Fed, los mercados se calmaron.

Powell, abogado de formación, ha insistido en repetidas ocasiones en que su destitución sería ilegal y afirmó en abril que no creía que la sentencia del Tribunal Supremo en los casos de la NLRB y la MSPB fuera aplicable a la Fed.

La Fed ha protegido celosamente su independencia durante las últimas décadas. Los estudios económicos demuestran que los países cuyos bancos centrales operan sin interferencias de los políticos o los ciclos electorales tienden a tener precios más estables y mejores resultados económicos.

El caso es Trump contra Wilcox, 24A966.

Nota Original: Supreme Court Shields Fed While Letting Trump Oust Officials (2)

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--Con la colaboración de Catarina Saraiva.

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(Bloomberg) -- La Universidad de Harvard obtuvo una orden judicial temporal que impide a la administración Trump prohibir la inscripción de estudiantes internacionales, logrando así una victoria en una batalla legal de alto perfil con amplias repercusiones para la educación superior en Estados Unidos.

La jueza federal Allison Burroughs dictaminó el viernes que el gobierno no puede aplicar la orden emitida un día antes. Su fallo se produjo pocas horas después de que Harvard presentara una demanda ante un tribunal federal en Boston.

Nota Original: Harvard Gets Temporary Block of Trump’s Foreign Student Ban

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(Bloomberg) -- La Universidad de Harvard informó que presentó una demanda contra la administración Trump por la decisión de prohibir la inscripción de estudiantes internacionales.

En la querella, entablada el viernes ante un el tribunal federal de Massachusetts, la universidad afirma que la medida viola, entre otros, la Primera Enmienda y el derecho al debido proceso.

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“Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, declaró el presidente de Harvard, Alan Garber, en un comunicado. “Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a otros muchos en colegios universitarios y universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños”.

La decisión del gobierno de revocar el jueves la certificación de Harvard para matricular a estudiantes internacionales dejó en una situación de incertidumbre a miles de estudiantes internacionales. Tanto la sorpresiva decisión como el momento en que se tomó —después de que enviaran las cartas de admisión para el semestre de otoño y se cerró el plazo para solicitar el traslado a otras universidades— dejaron a los actuales y futuros alumnos en la incertidumbre sobre qué hacer a partir de ahora.

El bloqueo a la inscripción de estudiantes internacionales agravará las presiones financieras que enfrenta Harvard. La administración Trump ha congelado más de US$2.600 millones en fondos destinados a la universidad y ha suspendido futuras subvenciones, en medio de un creciente enfrentamiento por la forma en que la institución ha manejado denuncias de antisemitismo en el campus y las exigencias del gobierno de una mayor supervisión.

Nota Original: Harvard Says It Sues US Over Trump Foreign Student Ban

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(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos se dividió a partes iguales en un importante caso sobre la separación entre religión y gobierno, frustrando así el intento de Oklahoma de crear la primera escuela pública confesional del país.

El empate a cuatro no sienta precedente a nivel nacional y deja abierta la interrogante de si los estados con programas de escuelas concertadas financiadas con fondos públicos están obligados constitucionalmente a incorporar instituciones religiosas.

El empate fue consecuencia de la abstención de la jueza Amy Coney Barrett. Aunque Barrett no dio ninguna explicación cuando se abstuvo en enero, es amiga íntima de un asesor clave de la escuela católica que es protagonista del caso. No está claro si Barrett participará en un futuro caso que plantee la misma problemática.

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Como es habitual, el fallo de una página de la Corte Suprema no reveló qué jueces estaban a favor y en contra. La decisión deja intacta una sentencia de la Corte Suprema de Oklahoma que rechazaba la creación de la St. Isidore of Seville Catholic Virtual School.

Los argumentos del 30 de abril habían sugerido que el máximo tribunal del país estaba muy dividido, siendo decisivo el voto del presidente de la Corte Suprema, John Roberts. El resultado final sugiere que Roberts se unió a los liberales del tribunal para votar en contra de la creación de la escuela.

Durante el debate, Roberts distinguió el conflicto de Oklahoma de anteriores decisiones de la Corte Suprema que respaldaban el uso de fondos públicos para escuelas religiosas. Roberts dijo que autorizar las escuelas concertadas confesionales significaría que el gobierno tendría una “implicación mucho más amplia” en la educación religiosa.

Derechos religiosos

Los partidarios de St. Isidore, incluida la administración Trump, afirmaron que su exclusión del programa de escuelas concertadas públicas de Oklahoma equivaldría a una discriminación inconstitucional contra la religión. Pretendían ampliar las recientes decisiones de la Corte Suprema que refuerzan los derechos religiosos.

“Aunque la orden de la Corte Suprema es decepcionante para la libertad educativa, la decisión de 4 a 4 no sienta precedente, lo que permite al tribunal volver a examinar este asunto en el futuro”, dijo Jim Campbell, asesor jurídico jefe del grupo legal cristiano Alliance Defending Freedom. El grupo representó al Oklahoma Statewide Charter School Board, que respaldó la creación de St. Isidore.

Los opositores a St. Isidore afirmaron que los estados pueden crear un sistema de escuelas públicas laicas —que incluya escuelas concertadas— sin tener que financiar también la educación religiosa.

“Estamos encantados con la decisión del tribunal de hoy, que deja intactas las leyes sobre escuelas concertadas en Oklahoma y en todo el país”, declaró Greg Garre, abogado de Washington que defendió a Oklahoma frente a St. Isidore en nombre del fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond.

Un abogado que representa a St. Isidore no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El caso amenazaba con trastocar el sistema de escuelas concertadas de Estados Unidos y afectar las leyes de hasta 46 estados, así como el funcionamiento de una ley federal que ha destinado miles de millones de dólares a programas desde 1994. La ley federal establece que las escuelas concertadas deben ser “públicas” y “no confesionales”, y muchas leyes estatales contienen disposiciones similares.

Los opositores afirmaron que una decisión a favor de St. Isidore habría agravado las dificultades de financiación de las escuelas concertadas no religiosas, que compiten con las escuelas públicas por los alumnos y los fondos. Las escuelas de todo Estados Unidos ya se encuentran bajo presión, debido a que se enfrentan a una disminución del número de alumnos debido al descenso de la tasa de natalidad.

El caso es Oklahoma Statewide Charter School Board contra Drummond, 24-394.

Nota Original: Supreme Court Deadlocks in Loss for Religious Charter School (1)

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(Bloomberg) -- El proyecto de ley fiscal impulsado por el presidente Donald Trump fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes la mañana del jueves, lo que representa un avance significativo para un amplio paquete legislativo de varios billones de dólares. La iniciativa busca evitar un aumento de impuestos a fin de año, aunque a costa de un incremento de la deuda pública de Estados Unidos.

La propuesta ahora pasa al Senado, donde distintos grupos republicanos están presionando para introducir modificaciones sustanciales. Se espera que la votación en la cámara alta tenga lugar en agosto. El proyecto contempla un aumento de US$4 billones en el techo de la deuda, una medida que, según estimaciones del Departamento del Tesoro, podría evitar un posible impago en agosto o septiembre, lo que añade urgencia al proceso legislativo.

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La votación en la Cámara, con 215 votos a favor, 214 en contra y una abstención, fue recibida con vítores por los republicanos presentes en la sala. Se produjo tras una furiosa ofensiva de Trump, que visitó el Capitolio para reunir a los republicanos, trabajó con los legisladores por teléfono hasta altas horas de la noche y convocó a los indecisos al Despacho Oval. Su oficina presupuestaria emitió un comunicado en el que tildaba de “traición definitiva” a cualquier legislador republicano que no apoyara el paquete.

Trump celebró su victoria en la plataforma de redes sociales Truth Social el jueves por la mañana, calificando la llamada One Big Beautiful Bill Act (la gran hermosa ley) como “¡la pieza legislativa más importante que se habrá firmado jamás en la historia de nuestro país!”.

“Ahora es el momento de que nuestros amigos del Senado de Estados Unidos se pongan manos a la obra y envíen este proyecto de ley a mi despacho LO ANTES POSIBLE. No hay tiempo que perder”, afirmó Trump.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y sus lugartenientes mantuvieron varias rondas de negociaciones en la Cámara para equilibrar las demandas de los legisladores de los estados con altos impuestos, que presionaban para que se aumentara la deducción de los impuestos estatales y locales. Los conservadores de línea dura insistieron en recortes más profundos del gasto y los republicanos vulnerables de los distritos indecisos se mostraron recelosos de recortar Medicaid.

La medida evitaría un golpe al crecimiento de EE.UU. en un momento en que la economía se enfrenta al impacto de los mayores aumentos de aranceles en casi un siglo, aunque se espera que añada cientos de miles de millones al año al déficit.

Asimismo, extendería los recortes fiscales del primer mandato de Trump, que expiran el 31 de diciembre, junto con nuevas desgravaciones fiscales, como el aumento del límite de la deducción por impuestos estatales y locales a US$40.000 y la exención temporal de impuestos sobre las propinas y las horas extras.

Los recortes a programas de protección social, como los cupones de alimentos y la cobertura de salud Medicaid para personas de bajos recursos y con discapacidad, podrían empeorar la desigualdad económica, incluso mientras los estadounidenses más ricos se benefician de la mayor parte de los recortes de impuestos.

Los déficits provocados por los recortes fiscales también corren el riesgo de exacerbar la preocupación de los inversionistas en bonos por el creciente endeudamiento de EE.UU., que quedó de manifiesto por la decisión de Moody’s de rebajar la calificación crediticia del país.

Nota Original: Trump Tax Bill Narrowly Passes House, Overcoming Infighting (2)

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--Con la colaboración de Gregory Korte, Magan Crane, Ari Natter, Emily Birnbaum, Ken Tran, Derek Wallbank, Chelsea Mes, William Selway, Kavita Mokha y Laura Davison.

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(Bloomberg) -- La abogada de inmigración Jodi Goodwin dijo que sus clientes venezolanos llevaban años confiando en que su estatus en EE.UU. era estable. Tenían permisos de trabajo y pagaban impuestos bajo un programa humanitario que ofrecía refugio frente a la crisis en su país.

El lunes, todo se desmoronó cuando la Corte Suprema autorizó a la administración Trump a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

La decisión, no firmada y de apenas dos párrafos, allana el camino para que la Casa Blanca revoque las protecciones legales de hasta 350.000 migrantes, una medida que se espera acelere las deportaciones y aumente el temor en comunidades ya afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias.

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La administración Trump ha demostrado una fuerte disposición a ampliar los límites de las deportaciones, lo que le ha valido frecuentes reprimendas judiciales por expulsar migrantes sin el debido proceso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que actuará con rapidez tras la orden del lunes. “Las deportaciones se llevarán a cabo de inmediato”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin a Fox News.

La sentencia sorprendió a muchos defensores de los inmigrantes, como Goodwin, quien representa a más de 100 beneficiarios del TPS. “No pensé que lo harían”, dijo. “Ahora se abre la puerta a la cancelación masiva del TPS”.

La orden de la corte no ofreció fundamentos legales, algo habitual en decisiones de emergencia. La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en disentir públicamente.

“Crea una gran confusión en solo dos párrafos”, afirmó Julio Henríquez, profesor de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Boston. “Sin una aclaración, la administración Trump podría interpretar agresivamente su contenido e iniciar deportaciones de inmediato”, añadió Henríquez, también abogado de la Alianza Nacional TPS.

La disputa legal aún no ha concluido. Un tribunal federal en California, donde un juez bloqueó previamente la eliminación del TPS, tenía prevista una audiencia completa en julio. Sin embargo, tras la sentencia del Supremo, fue reprogramada para el 29 de mayo.

Conflicto, desastre

El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras crisis. Actualmente, ciudadanos de 17 países están cubiertos por el programa. Venezuela fue incluida en 2021 tras un colapso económico y político bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

El TPS, como su nombre indica, es un programa temporal, y tanto los gobiernos demócratas como los republicanos han permitido en ocasiones que expiren las protecciones. Sin embargo, en la práctica, algunas designaciones se han prorrogado durante años.

La administración Trump ha adoptado una postura más agresiva, para poner fin a varios programas del TPS que podrían afectar a cientos de miles de personas como parte de una campaña más amplia contra la inmigración. Aunque Trump ha prometido la mayor deportación masiva de la historia de EE.UU., incluyendo el uso de la Guardia Nacional y poderes de guerra, las expulsiones a gran escala aún no se han materializado.

Como candidato el año pasado, describió a los migrantes de Venezuela, Haití y otros países como una amenaza para la seguridad interna de EE.UU. Una de sus primeras medidas al asumir el cargo en enero fue declarar al Tren de Aragua, un violento grupo criminal venezolano, como organización terrorista, una medida que se ha utilizado para justificar las recientes detenciones y deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Temor y confusión

Para muchos venezolanos en EE.UU., el fallo del Supremo provocó un temor inmediato.

“Irónicamente, tras un año con TPS y sentirme a salvo en la tierra de la libertad desde 2021, ahora me despojan de la protección y me siento perseguido de nuevo”, dijo Ignacio, de 49 años, solicitante de asilo en Florida que trabajó con la oposición venezolana. Pidió no publicar su apellido por seguridad.

Ignacio, administrador de una comunidad de abogados de inmigración en Miami, dijo que su teléfono colapsó con mensajes de venezolanos —incluso residentes permanentes— buscando asesoría legal.

“Los venezolanos viven con miedo; incluso a quienes tienen tarjeta verde o residencia, los abogados les aconsejan no salir de EE.UU.”, agregó.

Según la ley de EE.UU., la mayoría de las personas que pierden el TPS deben comparecer ante un juez antes de ser expulsadas. Pero con casi cuatro millones de casos pendientes, los procedimientos pueden tardar años. Más de medio millón de venezolanos ya están en el sistema judicial migratorio, según el centro TRAC de la Universidad de Siracusa.

Incluso si el gobierno diera prioridad a esos casos, las apelaciones podrían retrasar las deportaciones. “No creo que sea prudente expulsar a nadie hasta que el Supremo se pronuncie sobre el fondo”, dijo George Fishman, del Centro de Estudios de Inmigración.

Algunos venezolanos aún están protegidos por solicitudes de asilo pendientes u otras vías. Pero muchos no tienen abogados y, para ellos, la perspectiva de ser detenidos y deportados es un riesgo mucho mayor, dijo David Leopold, abogado de inmigración en Cleveland.

“Muchas de esas personas están solas, tratando de navegar un sistema arcano”, dijo.

Goodwin explicó que durante la administración Biden, algunos de sus clientes vieron sus casos de asilo cerrados cuando se priorizó el TPS como protección práctica. Ahora que esa opción se desvanece, muchos podrían quedarse sin recursos legales.

Además, la administración Trump ha intentado deportar a venezolanos acusados de pertenecer a pandillas. La semana pasada, el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la expulsión de más de 100 hombres a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en un caso relacionado con la Ley de Enemigos Extranjeros.

“Puedes tener un caso de asilo pendiente y una cita con el juez, y aun así acabar en El Salvador”, dijo Goodwin. “No sé quién está realmente a salvo en estos días”.

Nota Original: Two-Paragraph Ruling Throws 350,000 Migrants Into Uncertainty

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DeportationIllegal ImmigrationDecisions and VerdictsUnited States Politics and GovernmentPresidential Power (US)Immigration DetentionAlien Enemies Act (1798)War and Emergency Powers (US)American Civil Liberties UnionSupreme Court (US)Tren de Aragua (Gang)Boasberg, James ETrump, Donald J

Los jueces devolvieron el caso a un tribunal inferior para que considere si dicha ley puede utilizarse para deportar a inmigrantes acusados de pertenecer a una banda delictiva.

La Corte Suprema dijo el viernes que no permitirá que el gobierno de Donald Trump deporte a un grupo de detenidos venezolanos acusados de pertenecer a una banda violenta en virtud de una ley rara vez invocada en tiempos de guerra, mientras el asunto se litiga en los tribunales.

Los magistrados devolvieron el caso a un tribunal federal de apelaciones, ordenándole que examinara las alegaciones de los migrantes de que no podían ser deportados legalmente en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la centenaria ley de tiempos de guerra invocada por el gobierno de Trump. Los jueces dijeron que el tribunal de apelaciones también debía examinar qué tipo de notificación debía proporcionar el gobierno para darles a los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

La corte dijo que su orden se mantendrá en vigor hasta que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se pronunciara y la Corte Suprema estudiara cualquier apelación de ese fallo.

El juez Samuel A. Alito Jr. escribió una opinión discrepante. El juez Clarence Thomas respaldó a Alito.

La sentencia asesta un duro golpe a los esfuerzos del gobierno de Trump para implementar una ley de guerra con el fin de ejecutar deportaciones rápidas y generalizadas de inmigrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda violenta.

También sugiere que una mayoría de los jueces podría mostrarse escéptica sobre si el gobierno ha concedido a los migrantes suficientes protecciones procesales antes de deportarlos, potencialmente a una prisión para terroristas en El Salvador.

El gobierno de Trump ha intentado utilizar la ley como herramienta para acelerar su iniciativa emblemática de deportar a millones de migrantes, lo que ha provocado enfrentamientos con un poder judicial escéptico.

La Corte Suprema ya se había pronunciado sobre la cuestión en una ocasión, acordando a principios de abril permitir temporalmente que el gobierno siga adelante con su uso de la ley, siempre que diera a los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones ante los tribunales.

A medida que se han ido presentando esas impugnaciones, varios jueces de tribunales inferiores han llegado a la conclusión de que el gobierno ha sobrepasado el alcance de la ley, que solo puede invocarse cuando Estados Unidos ha sido objeto de una "invasión" o "incursión depredadora", y han bloqueado la deportación de grupos de venezolanos.

El fallo del viernes sucede tras una lucha legal de alto nivel entre el gobierno de Trump y los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en uno de esos desafíos. Los abogados se apresuraron a acudir al tribunal el 18 de abril, tras recibir la noticia de que los migrantes venezolanos detenidos en Texas y acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una banda venezolana, habían recibido notificaciones de expulsión inminente y estaban subiendo a autobuses, presumiblemente para ser llevados al aeropuerto.

El grupo presentó rápidamente una demanda ante un tribunal federal de primera instancia de Abilene, Texas, en nombre de dos de los venezolanos recluidos en el centro de detención. Los abogados del Departamento de Justicia respondieron diciendo a un juez de primera instancia que no tenían planes inmediatos de expulsar a los detenidos.

El juez, James W. Hendrix, quien fue nombrado durante el primer gobierno de Trump, se negó a dictar una orden que bloqueara temporalmente las expulsiones.

Posteriormente, la ACLU pidió a la Corte Suprema que actuara en su lugar.

Pasada la medianoche del 19 de abril, los jueces suspendieron temporalmente las expulsiones y escribieron: "Se ordena al gobierno que no expulse de Estados Unidos a ningún miembro de los detenidos hasta nueva orden de este tribunal", decía la orden.

Los jueces actuaron rápidamente esa noche, y la solicitud de emergencia ha estado pendiente ante el tribunal desde entonces.

El procurador general, D. John Sauer, instó a los jueces en un escrito judicial a que permitieran a los tribunales inferiores pronunciarse antes de seguir interviniendo en el caso. No abordó los detalles de las afirmaciones de la ACLU de que las expulsiones habían sido inminentes, con autobuses que se estaban cargando para el aeropuerto. En cambio, dijo que el gobierno había avisado a los detenidos sujetos a deportación inminente y que "han tenido tiempo suficiente para presentar" demandas de impugnación de su expulsión.

En una respuesta al tribunal, la ACLU rebatió esta afirmación, argumentando que el gobierno de Trump había tomado "medidas contrarias a la resolución específica de este tribunal" de que el gobierno notificara las expulsiones y diera tiempo para impugnarlas.

En lugar de proporcionar una notificación que permitiera a los detenidos impugnar su expulsión, decía el escrito de la ACLU, "el gobierno entregó a los detenidos un formulario solo en inglés, que no se facilitó a ningún abogado, y que en ninguna parte menciona el derecho a impugnar la designación o la expulsión, y mucho menos explica cómo pueden hacerlo los detenidos".

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

(Bloomberg) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está considerando un acuerdo que permitiría a Boeing Co. evitar cargos penales por dos accidentes mortales de sus aviones 737 Max, según los abogados que representan a los familiares de las víctimas.

Los fiscales federales comunicaron el viernes a los representantes de los familiares que el departamento estaba decidiendo si llegar a un acuerdo de no enjuiciamiento con el fabricante de aviones o proceder a un juicio previsto para el 23 de junio, según informó Clifford Law Offices en un comunicado.

Si Boeing finalmente evita el enjuiciamiento penal, supondría un giro sorprendente por parte del Gobierno.

El año pasado, el Departamento de Justicia acusó al fabricante de aviones de conspiración criminal y aceptó una declaración de culpabilidad por parte de la empresa. Sin embargo, fue rechazada por un juez federal que se opuso a la forma en que se seleccionaría a un supervisor externo y a su papel minimizado en la supervisión del cumplimiento del acuerdo por parte de Boeing.

Según los abogados, el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva, pero la posibilidad de un acuerdo de no enjuiciamiento ha molestado a los familiares. Estos llevan mucho tiempo defendiendo que los ejecutivos de Boeing deben rendir cuentas por un diseño defectuoso que contribuyó a dos accidentes mortales en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas. El único directivo de Boeing que se enfrentó a un juicio fue un directivo de nivel medio que supervisaba los manuales de los pilotos y los materiales de formación. Fue absuelto.

“Esto no es justicia”, dijo Erin Applebaum, socia de Kreindler & Kreindler, que representa a 34 familias de víctimas del segundo accidente. “Es un acuerdo clandestino disfrazado de procedimiento legal, y transmite un mensaje peligroso: en EE.UU., los ricos y poderosos pueden comprar su libertad”.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Boeing no hizo comentarios de inmediato.

Según el acuerdo de no procesamiento, Boeing aportaría US$444,5 millones a un fondo para víctimas del accidente, que se dividiría equitativamente entre cada víctima, según los abogados. El acuerdo provisional fue informado previamente por Reuters.

Cualquier acuerdo entre los fiscales y la empresa tendría que ser aprobado por el juez de distrito de EE.UU. Reed O’Connor de Fort Worth, quien ha presidido el caso penal contra Boeing desde el principio.

Todo comenzó en 2021, cuando Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para aplazar el procesamiento por el cargo de haber engañado a los reguladores sobre un sistema vinculado con los accidentes.

Nota Original: US Weighs Dropping Boeing Crash Charge, Victims’ Lawyers Say (1)

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(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos ha señalado que se muestra cautelosa a la hora de permitir que el presidente Donald Trump comience a restringir la ciudadanía por nacimiento, mientras los magistrados debatían cuánto poder deberían tener los jueces federales para bloquear las controvertidas políticas de la Casa Blanca en todo el país.

Tras escuchar por primera vez los argumentos orales sobre la reforma del gobierno de Trump, los conservadores del tribunal sugirieron que quieren limitar el uso de las llamadas “medidas cautelares” a nivel nacional. Sin embargo, jueces clave expresaron su preocupación por hacerlo de una manera que permita que las restricciones a la ciudadanía por nacimiento previstas por Trump entren en vigor antes de que el alto tribunal pueda pronunciarse sobre su legalidad.

La orden ejecutiva de Trump del 20 de enero, que anularía un derecho constitucional de larga data, fue diseñada para entrar en vigor en un plazo de 30 días. El gobierno afirma que los tres jueces federales que han bloqueado la política en todo el país deberían haber limitado sus órdenes a las partes implicadas en los litigios.

“¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué hacen los hospitales con un recién nacido? ¿Qué hacen los estados con un recién nacido?”, preguntó el juez conservador Brett Kavanaugh a un abogado de la administración Trump. “Solo van a tener 30 días para hacerlo. ¿Creen que pueden organizarse a tiempo?”

La orden ejecutiva de Trump acabaría esta norma constitucional vigente desde hace mucho tiempo según la cual prácticamente cualquier persona nacida en territorio de EE.UU. se convierte automáticamente en ciudadano. Su enfoque restringiría la ciudadanía por nacimiento a los bebés que tengan al menos un progenitor que sea ciudadano o residente permanente. Los recién nacidos que no cumplan los nuevos criterios no podrían obtener documentos basados en la ciudadanía, como tarjetas de la Seguridad Social y pasaportes.

Según los documentos judiciales, la orden significaría que hasta 300.000 bebés nacidos cada año dejarían de ser ciudadanos. Además, los críticos afirman que crearía complicaciones para millones de otras familias, ya que obligaría a los padres a demostrar su propia ciudadanía cuando nace un bebé y obligaría a las ciudades y los estados a crear rápidamente nuevos sistemas para expedir certificados de nacimiento y verificar la ciudadanía.

Los jueces liberales del tribunal dejaron claro que consideraban inconstitucional la orden ejecutiva. “En mi opinión, esta orden viola cuatro precedentes de la Corte Suprema”, afirmó la jueza Sonia Sotomayor.

Los jueces no están considerando directamente la legalidad de la iniciativa de Trump en este momento. Los críticos dicen que Trump está tratando de revocar unilateralmente parte de la 14ª Enmienda, que confiere la ciudadanía a cualquier persona nacida en EE.UU. y “sujeta a su jurisdicción”. La 14ª Enmienda se añadió a la Constitución tras la Guerra Civil, en 1868, en medio de dudas sobre la situación legal de las personas que habían sido esclavizadas.

La Corte Suprema dictaminó en 1898 que la disposición se aplicaba a un hombre nacido en California de padres chinos, y el tribunal reforzó esa decisión en una sentencia de 1982 que respaldaba el derecho de los niños inmigrantes indocumentados a asistir a la escuela pública. El Congreso ha promulgado garantías similares por ley.

Varios jueces indicaron que quieren pronunciarse rápidamente sobre la legalidad de la orden ejecutiva. “¿Cómo podemos llegar rápidamente al fondo del asunto?”, preguntó el juez conservador Neil Gorsuch.

El fiscal general D. John Sauer, máximo representante del gobierno ante la Corte Suprema, afirmó que los jueces habían dictado 40 medidas cautelares en todo el país bloqueando las políticas de Trump desde que este asumió el cargo. Sauer afirmó que esos jueces estaban excediendo su autoridad constitucional.

“Se trata de un problema bipartidista que se ha prolongado durante las últimas cinco administraciones presidenciales”, afirmó Sauer.

Ese argumento encontró una audiencia receptiva entre los conservadores del tribunal. Los jueces federales “son vulnerables a una enfermedad profesional, que es la enfermedad de pensar que tengo razón y que puedo hacer lo que quiera”, dijo el juez Samuel Alito.

Pero la jueza Elena Kagan cuestionó si la solución era proscribir las órdenes judiciales a nivel nacional. “Mire, hay todo tipo de abusos de las órdenes judiciales a nivel nacional”, le dijo a Sauer. Pero, añadió, “si uno piensa que está bastante claro que la orden ejecutiva es ilegal, ¿cómo se llega a ese resultado, en qué plazo, con su conjunto de normas y sin la posibilidad de una orden judicial a nivel nacional?”

Cuando Sauer respondió que varios tribunales inferiores deberían pronunciarse antes de que la Corte Suprema decidiera la cuestión para todo el país, recibió una fuerte respuesta de la jueza conservadora Amy Coney Barrett. “¿De verdad va a responder a la jueza Kagan diciendo que no hay forma de hacerlo rápidamente?”, preguntó.

Sauer mantuvo la posibilidad de que el caso pudiera avanzar rápidamente como una demanda colectiva, pero dijo que el gobierno se reservaba el derecho de oponerse también a esa vía.

La orden ejecutiva de Trump está siendo impugnada en tres demandas presentadas por mujeres embarazadas, organizaciones de derechos de los inmigrantes y 22 estados gobernados por demócratas, además del Distrito de Columbia. En cada caso, un tribunal federal de apelaciones se negó a intervenir después de que un juez de primera instancia bloqueara la orden ejecutiva en todo el país.

Los casos son Trump v. CASA, 24a884; Trump v. Washington, 24a885; y Trump v. New Jersey, 24a886.

Nota Original: Supreme Court Wary of Letting Trump Citizenship Curbs Start (1)

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--Con la colaboración de Erik Larson y Ryan Chua.

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(Bloomberg) -- La fuga de cinco miembros de la oposición venezolana tomó por sorpresa al gobierno del presidente Nicolás Maduro, según afirmó el enviado saliente de la administración Trump para América Latina, refutando las afirmaciones del régimen de que la salida había sido negociada.

Los colaboradores de la líder opositora María Corina Machado fueron sacados clandestinamente de la embajada argentina en Caracas “bajo las narices de Maduro”, afirmó el enviado, Mauricio Claver-Carone, en una entrevista.

“Este es un claro ejemplo de las vulnerabilidades de su aparato de seguridad y de su sistema de seguridad, y de cómo Estados Unidos puede trabajar con sus socios para poner de manifiesto esas vulnerabilidades”, añadió Claver-Carone en la entrevista del jueves.

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El ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello, afirmó que el grupo se marchó por voluntad propia como parte de una negociación. La madre de Machado, de 84 años, también escapó de Venezuela en una operación relacionada.

El propio Maduro no ha hecho comentarios. Su gobierno había instalado puestos de control permanentes alrededor de la embajada, mientras que sus fuerzas de seguridad tomaron el control de una casa privada aledaña a la residencia.

Claver-Carone, veterano de la primera administración Trump, tiene previsto abandonar el gobierno este mes, probablemente en un par de semanas, para volver a codirigir LARA Fund, una empresa de capital privado con sede en Miami. Como empleado especial del gobierno, no puede ejercer sus funciones durante más de 130 días, un hito que alcanzaría a finales de mayo.

“Más confiable”

Claver-Carone elogió a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, diciendo que ha sido “infinitamente más útil para nosotros en todos los ámbitos” que su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador. Claver-Carone citó el intercambio de inteligencia, el contacto entre los Ejércitos y la decisión de Sheinbaum de entregar a EE.UU. a más de dos docenas de sospechosos de pertenecer a cárteles de la droga.

AMLO, como se conoce al expresidente, impulsó una estrategia contra los cárteles denominada “Abrazos, no balazos”.

La relación entre Trump y Sheinbaum “es mucho más confiable, fuerte y puede producir muchos más resultados que cualquier cosa que hayamos visto” con AMLO, afirmó Claver-Carone.

Elogios para Bukele

También elogió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por aceptar y encarcelar a presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua expulsados de EE.UU. La designación de la banda como grupo terrorista por parte del presidente Donald Trump y su encarcelamiento en una famosa prisión salvadoreña deberían ayudar a disuadir a otras bandas criminales, como las de Haití, dijo Claver-Carone.

Rechazó las preocupaciones planteadas por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes y abogados de que algunos migrantes enviados a El Salvador han sido acusados injustamente, afirmando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otras agencias policiales determinaron que todos eran miembros de pandillas. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la administración Trump que facilite el regreso de un hombre de Maryland deportado por error.

Nota Original: Venezuela Escape Shows Maduro’s Vulnerability, Trump Envoy Says

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(Bloomberg) -- Un juez federal de Texas dictaminó que el presidente Donald Trump invocó indebidamente una ley de tiempos de guerra de 227 años de antigüedad para deportar a presuntos miembros de una banda venezolana a una prisión de El Salvador, lo que podría dar lugar a otra batalla de alto perfil en la Corte Suprema de Estados Unidos.

La decisión del jueves supone el mayor revés hasta la fecha para los esfuerzos de Trump por deportar unilateralmente a presuntos miembros de pandillas en virtud de la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act, AEA) de 1798, que invocó en una proclamación presidencial del 15 de marzo que desencadenó una ola de detenciones y litigios.

El juez federal Fernando Rodríguez Jr., nombrado por Trump, dictaminó que las medidas del presidente no eran legales porque Estados Unidos no está siendo invadido por una fuerza extranjera ni sufre una “incursión depredadora”, como exige la ley, que permitiría la expulsión de dichos extranjeros sin el debido proceso. La orden de Rodríguez prohíbe de forma permanente tales expulsiones de su distrito en el sur de Texas, la primera orden de este tipo.

“Los antecedentes históricos dejan claro que la invocación de la AEA por parte del presidente a través de la proclamación excede el alcance de la ley y es contraria al significado claro y ordinario de los términos de la ley”, afirmó Rodríguez en la sentencia.

El fallo es el primero sobre el fondo de la iniciativa de Trump de invocar la AEA para enviar a ciudadanos venezolanos que, según la administración, son miembros de la violenta banda Tren de Aragua a una famosa prisión de El Salvador. El juez no impidió a la administración deportar a personas en virtud de otras leyes que se utilizan habitualmente en tales situaciones, concretamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que la sentencia del juez “es sin duda impactante para los más de 77 millones de estadounidenses que dieron al presidente Trump un mandato decisivo el día de las elecciones para que hiciera cumplir nuestras leyes de inmigración y deportara a los extranjeros ilegales terroristas, y sin embargo, una y otra vez vemos cómo los tribunales federales intentan impedir que el presidente ejerza sus facultades legales para proteger al pueblo estadounidense”.

El vicepresidente JD Vance, en una entrevista con Fox News, señaló que la administración impugnará cualquier fallo que limite la capacidad de Trump para deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

El caso es JAV v. Trump . 25-cv-072, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Texas (Brownsville).

Nota Original: Trump Deportations Under Wartime Law Blocked by US Judge (2)

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--Con la colaboración de Zoe Tillman.

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Bangkok, 1 may (EFE).- El exmarido de la acusada en Australia de matar a tres personas al servirles setas venenosas durante una comida familiar en 2023 declaró este jueves que no acudió al almuerzo porque se sentía "incómodo" y que la relación con su expareja se había vuelto cada vez más tensa.

Simon Patterson declaró hoy como el primer testigo en el juicio contra Erin Patterson, acusada de tres delitos de asesinato y uno por tentativa de asesinato al envenenar a sus exsuegros Gail y Don Patterson, así como a la hermana y cuñado de Gail, Heather y el pastor Ian Wilkinson.

Simon dijo en el tribunal de localidad de Morwell, en el estado de Victoria, que en la noche del 28 de julio de 2023, un día antes del almuerzo familiar, le envió un mensaje a Erin donde le informaba que no acudiría a la comida.

"Lo siento, me siento muy incómodo de acudir a la comida (...) Pero podemos hablar sobre tu salud y sus implicaciones en otro momento", dijo Simon a su expareja, de quien se había separado amistosamente en 2015.

A lo que unos cinco minutos después Erin respondió que estaba "decepcionada" tras haber pasado "muchas horas" preparando el almuerzo porque quería que fuera una "comida especial", leyó el exmarido durante su declaración recogida por el cadena pública australiana ABC.

La acusada había reunido a los invitados para contar que padecía cáncer, enfermedad que a posterior se demostró no había sido diagnosticada, según los argumentos iniciales de la fiscalía presentados la víspera.

La mujer, de 50 años, sirvió a sus invitados durante aquel almuerzo Wellington individuales, compuestos por un trozo de carne cubierto de champiñones y envuelto en hojaldre, con puré de patatas y judías verdes.

La fiscalía sostiene que la acusada usó setas venenosas en el horneado que sirvió el 29 de julio de 2023 en la localidad rural de Leongatha, a 135 kilómetros al sureste de Melbourne .

Por su parte, Erin Patterson insiste en su inocencia y su defensa afirmó este miércoles que las muertes fueron un "terrible accidente".

Don y Gail Patterson, de 70 años, fallecieron, al igual que Heather Wilkinson, de 66 años, entre el 4 y el 5 de agosto tras sentirse gravemente enfermos después de la comida, mientras que Ian Wilkinson logró sobrevivir tras varias semanas hospitalizado.

La Policía abrió entonces una investigación al sospechar de una "intoxicación alimentaria" que derivó en el arresto y acusación contra Patterson en noviembre de 2023.

Antes de la apertura del juicio, la Fiscalía retiró el martes otros tres cargos contra la acusada por el intento de asesinato de su exmarido. Esas acusaciones estaban vinculadas a supuestos intentos de envenenamiento en años anteriores.

Los informes de toxicología sugieren que las víctimas fueron intoxicadas tras consumir la mortífera amanita phalloides, también conocida como oronja verde, uno de los hongos más letales, cuyas toxinas afectan los riñones y el hígado.

El índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero cayó más de lo esperado, desde 50,5 en marzo hasta 49, según informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas. El índice no manufacturero mostró que la actividad en la construcción y los servicios creció menos de lo previsto.

Los indicadores ofrecen una primera visión oficial sombría de la salud de la economía china después de que la Administración Trump impusiera aranceles generalizados del 145% a los productos chinos, un nivel que se espera que perjudique a un sector que contribuyó a casi un tercio del crecimiento de la economía el año pasado.

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“Es definitivamente peor de lo esperado. Demuestra que los aranceles han empezado a surtir efecto”, afirmó Robin Xing, economista jefe para China de Morgan Stanley, en Bloomberg Television. Xing pronosticó una desaceleración económica significativa para este trimestre que podría desencadenar más medidas de estímulo.

El yuan extracontinental prolongó su caída frente al dólar después de que los datos no cumplieran las expectativas, antes de recortar pérdidas y subir un 0,1% hasta situarse en torno a 7,26 por dólar por la tarde, gracias al descenso del billete verde. El índice bursátil onshore CSI 300 apenas varió.

La guerra comercial ha llevado a muchas instituciones financieras importantes, entre ellas UBS Group AG y Goldman Sachs Group Inc., a rebajar en las últimas semanas sus previsiones de crecimiento para China en 2025 hasta alrededor del 4% o menos. Los indicadores pesimistas para las fábricas se suman a las señales de alerta anteriores para los exportadores chinos, con una caída de los envíos de mercancías que podría alcanzar el 60%, según una estimación.

“Creemos que Pekín debe tomar medidas más audaces”, escribió Lu Ting, economista jefe para China de Nomura Holdings Inc., en una nota. Instó a los responsables políticos a abordar retos estructurales como la caída del mercado inmobiliario, reformar el sistema de pensiones y mejorar las relaciones con otras economías. “Pekín se ha mantenido más tranquilo de lo que esperaban los mercados, pero el riesgo es una caída de la demanda peor de lo previsto”.

Nota Original: China Manufacturing Slumps on US Levies, Spurring Stimulus Calls

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--Con la colaboración de Lianting Tu, Yujing Liu, David Ingles, James Mayger y Iris Ouyang.

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(Bloomberg) -- El programa de “pasaportes dorados” de Malta para inversores ricos viola las normas de la Unión Europea sobre ciudadanía, según dictaminó el máximo tribunal del bloque en un caso que podría haber transformado a la UE en un refugio para extranjeros acaudalados en un momento en que el presidente Donald Trump quiere atraerlos a Estados Unidos.

La oferta del pequeño país insular —que concedía la nacionalidad a inversores como magnates rusos y de Medio Oriente, famosos y estrellas del deporte— es ilegal, dictaminó el martes el Tribunal de Justicia de la UE.

Un Estado de la UE “no puede conceder su nacionalidad —y, de hecho, la ciudadanía europea— a cambio de pagos o inversiones predeterminados, ya que esto equivale esencialmente a convertir la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial”, declaró el Tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo.

El presidente Trump ha tomado medidas recientemente para atraer a los inversores extranjeros ricos a Estados Unidos. La llamada Trump Gold Card ofrece la residencia y una vía hacia la ciudadanía a los inversores que paguen US$5 millones al Tesoro estadounidense. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, afirmó que el gobierno vendió más de 1.000 visas en un solo día de marzo.

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El programa de ciudadanía para inversores de Malta, por su parte, ha permitido a particulares obtener la ciudadanía para poder vivir y trabajar allí, con una donación mínima de €600.000 (US$684.400). Las inversiones requeridas también incluyen la compra de una casa, y se fomentan las donaciones voluntarias. Como nación de la UE, los pasaportes malteses conceden a sus titulares la libertad de vivir y trabajar en cualquier lugar del bloque de 27 miembros.

El gobierno de Malta dijo en un comunicado que “se enorgullece de la riqueza generada a través de este marco en los últimos años, que permitió el establecimiento de un fondo nacional para la inversión y el ahorro para hacer frente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras”.

Desde 2015, el programa ha generado directamente más de €1.400 millones en ingresos, que se han destinado a diversos proyectos sociales, como vivienda, instalaciones deportivas y asistencia sanitaria.

“Los solicitantes también han aportado más de €10 millones en donaciones filantrópicas directas a organizaciones de voluntariado de todo el país”.

La isla mediterránea es uno de los pocos países europeos que en los últimos años han ofrecido visados y pasaportes dorados, que ganaron popularidad durante la crisis de la deuda europea, cuando las naciones empezaron a vender la residencia para atraer inversión extranjera.

Portugal, Irlanda, Grecia y Hungría también han lanzado en los últimos años programas de este tipo para que los ricos puedan disfrutar de la tan preciada libertad de circulación en la UE. Pero estas ofertas provocaron la indignación de la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, que afirmó que las políticas de dinero por ciudadanía exponen a la UE a riesgos de blanqueo de dinero y seguridad.

En septiembre de 2022, la autoridad con sede en Bruselas presentó un recurso legal contra el programa de Malta, alegando que “conceder la ciudadanía de la UE a cambio de pagos predeterminados” es “incompatible con el principio de cooperación sincera consagrado” en las normas del bloque.

La sentencia del martes contradice la opinión no vinculante de un asesor del Tribunal de la UE, que el año pasado dijo que correspondía a los propios países de la UE “determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, en consecuencia, quién es ciudadano de la UE”.

Nota Original: EU Bans Sale of ‘Golden Passports’ as Trump Opens Doors (2)

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(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita que entre en vigor su nueva prohibición a los miembros transgénero de las fuerzas armadas, lo que supone una nueva prueba para los derechos LGBTQ y el poder presidencial ante los magistrados.

La Corte ya había permitido una versión anterior del veto durante el primer mandato de Trump, pero la nueva política va más allá. De aprobarse, implicaría la expulsión de miles de militares, incluso aquellos que han servido abiertamente durante años.

En una solicitud presentada el jueves, el fiscal general de EE.UU., D. John Sauer, pidió a los jueces que bloquearan una sentencia de un tribunal federal de distrito que suspendió la política durante una batalla legal. La sentencia obliga al gobierno “a mantener una política que el departamento ha considerado incompatible con los intereses de las Fuerzas Armadas y con los intereses de la seguridad nacional”, argumentó Sauer, el principal abogado de la administración ante el Tribunal Supremo.

La presentación supone la décima vez que el gobierno presenta una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.

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El juez federal Benjamin Settle, de Tacoma (Washington), afirmó que el gobierno no ha demostrado que la prohibición “esté sustancialmente relacionada con el logro de la cohesión, el buen orden o la disciplina de la unidad”. Settle afirmó en su decisión del 27 de marzo que, si la política entrara en vigor, los militares activos y los aspirantes a serlo probablemente sufrirían múltiples violaciones constitucionales, incluida la vulneración de sus derechos a la igualdad de protección y a la libertad de expresión.

Entre los demandantes se encuentran siete militares en servicio activo, junto con un hombre que dice que quiere alistarse en los Marines. Están liderados por la comandante de la Armada Emily Shilling, que ha volado en más de 60 misiones de combate como piloto. Shilling, que sirvió en Afganistán e Irak y es piloto de pruebas de la Armada, afirma que el Ejército ha gastado más de US$20 millones en su formación.

Shilling se reincorporó a la Armada en 2021, cuando la política del presidente Joe Biden permitió a las personas transgénero servir abiertamente en las Fuerzas Armadas.

La Corte Suprema pidió a los demandantes que presentaran una respuesta antes del 1 de mayo.

Trump emitió su prohibición mediante un decreto ejecutivo el 27 de enero. El decreto afirmaba que expresar una “falsa” identidad de género “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado” y “no es coherente con la humildad y la abnegación que se exige a un miembro del servicio”.

El caso se conoce como United States v. Shilling, 24A1030.

Nota Original: Trump Asks Supreme Court to Allow Transgender Military Ban (1)

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“Estados Unidos debería responder a las voces racionales de la comunidad internacional y de su propio país y eliminar por completo todos los aranceles unilaterales impuestos a China, si realmente quiere resolver el problema”, declaró He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, en una rueda de prensa celebrada el jueves en Pekín.

También desestimó las especulaciones sobre los avances en las comunicaciones bilaterales, afirmando que “cualquier informe sobre el desarrollo de las negociaciones carece de fundamento” e instó a Estados Unidos a “mostrar sinceridad” si desea llegar a un acuerdo.

Estas declaraciones sugieren que los comentarios del presidente Donald Trump esta semana, en los que insinuaba que podría reducir los aranceles a China —que actualmente se sitúan en el 145% para la mayoría de los productos— no serán suficientes para aliviar las tensiones. El líder estadounidense afirmó el miércoles que “todo está activo” cuando se le preguntó si estaba negociando con China y que Pekín estaría bien una vez que se hubieran establecido las conversaciones.

China quiere ver una serie de medidas por parte del gobierno de Trump antes de aceptar las negociaciones comerciales, entre ellas mostrar más respeto y nombrar a una persona de contacto para el diálogo, según informó Bloomberg News la semana pasada.

Otras condiciones incluyen una posición más coherente de EE.UU. y la voluntad de abordar las preocupaciones de China en torno a las sanciones estadounidenses y Taiwán.

China ha respondido con cautela a las volátiles medidas arancelarias de Trump, y Pekín llegó a calificar en un momento dado los elevados niveles de los gravámenes de “sin sentido”. Las autoridades chinas también han advertido a otros países de que no alcancen acuerdos con EE.UU. que puedan perjudicar sus intereses.

Poniendo aún más de relieve las tensiones en las relaciones bilaterales, el Ministerio de Defensa de China culpó el jueves a la visión “sesgada” de “algunas personas en EE.UU.” de obstaculizar el compromiso entre los ejércitos chino y estadounidense. Zhang Xiaogang, portavoz del ministerio, dijo en una conferencia de prensa que Washington no debería mostrarse “paranoico” ante la llamada amenaza militar china.

Las declaraciones del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Defensa de China se producen horas después de que Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China, advirtiera de la amenaza que suponen las continuas fricciones para la confianza en el sistema económico mundial.

“Todas las partes deben reforzar la cooperación y esforzarse por evitar que la economía mundial entre en una espiral de ‘alta fricción y baja confianza’”, declaró Pan en una reunión del Grupo de los 20 celebrada el miércoles en Washington, según una publicación en las redes sociales de la cadena estatal China Central Television.

Pan es uno de los principales miembros de la delegación china que asiste esta semana a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la capital estadounidense, donde también se están celebrando debates en los que participan Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros del G20.

Se espera que estos eventos brinden la primera oportunidad para que los funcionarios económicos chinos se reúnan en persona con el equipo de Trump desde que este aumentó drásticamente los aranceles sobre las importaciones chinas este mes, antes de cualquier negociación formal para calmar las tensiones comerciales.

Sin embargo, ninguna de las partes ha anunciado reuniones bilaterales a pesar de que Trump ha suavizado su tono sobre los aranceles, que se espera que afecten el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo.

Según el informe, Pan afirmó que “no hay ganadores en las guerras comerciales” y que China seguirá abierta al mundo exterior y apoyando firmemente el libre comercio y el sistema comercial multilateral.

Nota Original: China Says US Should Revoke All Unilateral Tariffs, Denies Talks

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--Con la colaboración de Lucille Liu.

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(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que planea ser “muy amable” con China en cualquier negociación comercial y que los aranceles se reducirán si ambos países llegan a un acuerdo, una señal de que podría ceder en su postura dura hacia Pekín.

“Se reducirán sustancialmente, pero no serán cero”, dijo Trump el martes en Washington, tras los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que el enfrentamiento era insostenible. Trump añadió que “vamos a ser muy amables y ellos van a ser muy amables, y ya veremos qué pasa”.

Trump también dijo que no veía la necesidad de “jugar duro” con el líder chino Xi Jinping y que durante las conversaciones no plantearía el tema del Covid-19, una cuestión políticamente delicada en Pekín. La Casa Blanca lanzó recientemente un sitio web que sugería que el virus procedía de un laboratorio chino, lo que irritó a los diplomáticos del país.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, dijo que “la puerta para las conversaciones está abierta de par en par” en una rueda de prensa habitual celebrada el miércoles en Pekín, y reiteró que las guerras comerciales no tienen ganadores. Mientras que Trump ha intentado repetidamente hablar por teléfono con Xi, China quiere que ambas partes acuerden los términos generales de un compromiso antes de que los líderes se reúnan.

Las acciones chinas que cotizan en Hong Kong cerraron con un alza del 2,1% gracias al optimismo de que las tensiones con EE.UU. puedan suavizarse, mientras que el yuan offshore subió un 0,2% frente al dólar.

Las acciones y los bonos del Tesoro de EE.UU. se han desplomado desde el 2 de abril, cuando Trump impuso aranceles generalizados, aunque después anunció una moratoria de 90 días para la mayoría de los países. Los aranceles del 145% a los envíos chinos este año siguen vigentes, aunque ha hecho excepciones para las computadoras y los productos electrónicos de consumo más populares.

“Trump está entrando en pánico debido a la caída de los mercados y a los rendimientos aún muy altos de los bonos del Tesoro de EE.UU.”, dijo Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis. “Necesita un acuerdo y rápido. China no necesita ofrecer nada importante en estas circunstancias”.

Xi aún no ha hablado con Trump desde que su homólogo estadounidense regresó al cargo, y no hay señales de que se estén llevando a cabo conversaciones entre las mayores economías del mundo, ni siquiera a niveles inferiores.

En cambio, China ha intensificado sus contactos con otros países, incluso advirtiéndoles que no firmen acuerdos comerciales con EE.UU. que perjudiquen los intereses de Pekín. Durante una reunión con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el miércoles, Xi reiteró que las guerras arancelarias socavan los derechos e intereses de todos los países.

Nota Original: Trump Floats ‘Substantial’ China Tariffs Cuts in Trade Deal (1)

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--Con la colaboración de James Mayger, Fran Wang, Alan Wong, Shikhar Balwani y Iris Ouyang.

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(Bloomberg) -- El gobierno de Trump informó a un juez federal que un hombre de Maryland deportado erróneamente a su país natal, El Salvador, fue trasladado hace más de una semana fuera de la controvertida megaprisión CECOT donde había estado recluido con otros pandilleros acusados.

Kilmar Ábrego García fue trasladado a un centro de detención conocido como Centro Industrial en Santa Ana, El Salvador, informó el domingo el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado en el que no se explicaba el motivo del traslado. Ábrego García informó personalmente de su traslado al senador estadounidense Chris Van Hollen cuando el demócrata de Maryland visitó El Salvador el 17 de abril, según el informe. No se reveló el lugar de esa reunión.

“Ábrego García dijo al senador Van Hollen que había sido ubicado en el edificio administrativo del Centro Industrial, en una habitación con cama y muebles, y que no estaba en una celda”, según el funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak, que ha estado proporcionando información actualizada a un juez estadounidense que supervisa el caso.

Ábrego García ha estado en el centro de una tormenta política que comenzó cuando el presidente Donald Trump invocó una ley de guerra, de inusual uso, que ordenaba unilateralmente la expulsión de pandilleros venezolanos acusados, incluso cuando un juez ordenó verbalmente que dos aviones que transportaban al grupo dieran la vuelta. El gobierno admitió más tarde que Ábrego García fue deportado con el grupo debido a un “error administrativo”, pero se ha resistido a solicitar su regreso.

Los abogados de Ábrego García no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Su esposa, Jennifer, que es ciudadana estadounidense, emitió un comunicado elogiando a otros cuatro congresistas demócratas que llegaron a El Salvador para ver a su marido.

“Estamos especialmente preocupados por la salud de Kilmar y esperamos recibir noticias al respecto de la visita”, dijo. “Su presencia envía un poderoso mensaje: la lucha para traer a Kilmar a casa no ha terminado”.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos denegó la moción de emergencia de la administración Trump para detener el esfuerzo de un juez federal para facilitar el regreso de Ábrego García, diciendo que la conducta del Departamento de Justicia era chocante para el “sentido de la libertad” de los estadounidenses. La jueza de distrito estadounidense Paula Xinis, que está supervisando el caso en un tribunal inferior, está buscando pruebas de amplio alcance del gobierno sobre por qué no ha buscado el regreso de Ábrego García.

La Corte Suprema también ha intervenido, dictaminando anteriormente que los miembros de la banda Tren de Aragua acusados deben disponer de un “plazo razonable” para impugnar su deportación ante un tribunal federal, y que Estados Unidos debe tomar medidas para “facilitar” el regreso de Ábrego García. Muchos de los detenidos dicen que no son pandilleros, y sostienen que Trump no puede deportarlos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

En otro caso, el sábado por la mañana, una Corte Suprema dividida bloqueó temporalmente a la administración Trump la deportación de un grupo de venezolanos, concediéndoles un indulto para evitar su inminente envío a El Salvador.

Nota Original: Abrego Garcia Moved to El Salvador Jail With Bed, Furniture (1)

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Aunque respeta que las naciones resuelvan sus disputas comerciales con EE.UU., Pekín “se opone firmemente a que cualquier parte alcance un acuerdo a expensas de los intereses de China”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado emitido el lunes.

Si eso ocurre, Pekín “nunca lo aceptará y tomará medidas recíprocas con firmeza”, añadió el ministerio. “China está dispuesta a reforzar la solidaridad y la coordinación con todas las partes, a responder conjuntamente y a resistir los actos de intimidación unilateral”.

La advertencia se produce mientras los países se preparan para las conversaciones con EE.UU. con el fin de solicitar reducciones o exenciones de los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump impuso y posteriormente suspendió a unos 60 socios comerciales. A cambio, Washington los está presionando para que frenen el comercio con China y detengan el poder manufacturero de Pekín para garantizar que el país no encuentre formas de eludir los aranceles.

Los principales asesores económicos de Trump han estado discutiendo la posibilidad de pedir a otros países que impongan los llamados aranceles secundarios —esencialmente una sanción monetaria— a las importaciones de determinados países con estrechos vínculos con China, según informó anteriormente Bloomberg News, citando a una persona familiarizada con el proceso. Washington también quiere que sus socios comerciales se abstengan de absorber el exceso de productos procedentes de China, según otras fuentes.

Vietnam se está preparando para tomar medidas drásticas contra los envíos chinos que cruzan sus fronteras con destino a EE.UU., según informó anteriormente Reuters.

Estados Unidos y Japón iniciaron conversaciones comerciales y se preparaban para más, y Taiwán describió las discusiones sobre los controles a la exportación como “intensas”. El máximo responsable de Comercio de Corea del Sur visitará Washington esta semana para iniciar las negociaciones.

Pekín no debería preocuparse demasiado por la formación de una coalición antichina por parte de la Administración Trump, dado que “EE.UU. no está en condiciones de hacerlo debido a su estilo errático de formulación de políticas”, afirmó Bert Hofman, exdirector del Banco Mundial para el país.

No obstante, Hofman señaló que China tiene un gran superávit comercial con determinados países y que “la mejor manera de resolver esta tensión es impulsar la demanda interna para reducir el superávit y coordinarse con otros países para evitar aranceles en respuesta a la guerra arancelaria de Trump”.

Nota Original: China Warns Nations Not to Cut US Trade Deals at Its Expense (2)

--Con la colaboración de Jon Herskovitz.

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(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no ve la hora que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, deje su cargo, y argumentó que el banco central ya debería haber bajado las tasas de interés.

Trump escribió en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social el jueves por la mañana que “¡la destitución de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido!”.

No quedó claro de inmediato si se refería al fin del mandato de Powell o si Trump pretendía destituirlo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mandato de Powell como presidente se extiende hasta mayo de 2026, mientras que su mandato como gobernador dura hasta febrero de 2028. El miércoles Powell, en declaraciones en Chicago, reiteró que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas y que, en cambio, está esperando una mayor claridad sobre la economía.

La capacidad del presidente para destituir a altos funcionarios en agencias independientes de la Casa Blanca ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, después de que la administración despidiera a altos funcionarios de la Comisión Federal de Comercio, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y la Junta de Protección del Sistema de Méritos.

La opinión de Powell

Los despidos son el desafío más directo hasta la fecha a una decisión del Tribunal Supremo de 1935 que allanó el camino para la independencia de las agencias. Powell hizo referencia el miércoles a un caso actual del Tribunal Supremo en relación con la destitución de los funcionarios.

“Hay un caso en el Tribunal Supremo. Probablemente la gente lo habrá leído”, dijo Powell al responder a preguntas en el Club Económico de Chicago. “Es un caso del que se habla mucho. No creo que esa decisión se aplique a la Fed, pero no lo sé”, dijo. “Es una situación que estamos siguiendo de cerca”.

Powell también reiteró su argumento de que “nuestra independencia es una cuestión legal” y que los estatutos de la Fed establecen que “no hay destitución salvo por causa justificada”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó anteriormente esta semana que el plazo de la administración para considerar al sucesor de Powell era de aproximadamente seis meses. En una entrevista con Bloomberg Television, Bessent dijo que el momento para entrevistar a los candidatos para sustituir a Powell sería “en algún momento del otoño”.

Comparación con el BCE

Bessent también dijo que la independencia de la Fed para decidir la política monetaria era un “tesoro que hay que preservar”.

La última andanada de Trump contra la Fed recuerda las críticas que hizo a Powell durante su primer mandato. Las medidas de Trump para aumentar los aranceles al resto del mundo han suscitado preocupación por la ralentización del crecimiento interno y el aumento de los precios, lo que dificulta aún más la tarea de la Fed.

Las declaraciones de Trump se produjeron justo antes de que se esperara que el Banco Central Europeo recortara los tipos de interés por séptima vez, medidas que Trump mencionó en su publicación.

“Y sin embargo, Jerome Powell, de la Fed, que siempre llega DEMASIADO TARDE Y SE EQUIVOCA, publicó ayer un informe que fue otro típico y completo ‘desastre’”, escribió Trump.

Añadió que los precios del petróleo y los alimentos han bajado y que EE.UU. se está “enriqueciendo” con los aranceles.

Si bien el crudo ha bajado más de un 10% en lo que va de año, los precios de los alimentos han subido. Los productos alimenticios han subido un 2,4% en los últimos 12 meses.

En su discurso en el Club Económico de Chicago, Powell también reiteró que la Fed debe garantizar que los aranceles no provoquen un aumento más persistente de la inflación.

“Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y asegurarnos de que un aumento puntual del nivel de precios no se convierta en un problema de inflación persistente”, afirmó Powell.

Nota Original: Trump Berates Fed’s Powell, Urges ‘Termination’ for Slowness (3)

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--Con la colaboración de Vince Golle.

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El estado presentará una demanda el miércoles en el tribunal federal de San Francisco para impugnar el uso de Trump de poderes de emergencia para promulgar amplios aranceles contra México, China y Canadá, según un comunicado emitido por la oficina de Newsom. Los funcionarios citaron el daño a los consumidores y las empresas en la quinta economía más grande del mundo.

Newsom, demócrata con miras a la presidencia en 2028, y el fiscal general de California, Rob Bonta, buscarán una orden judicial para bloquear inmediatamente los gravámenes. “Los aranceles ilegales del presidente Trump están sembrando el caos en las familias de California, las empresas y nuestra economía, haciendo subir los precios y amenazando el empleo”, señaló Newsom en el comunicado.

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Representantes de la Casa Blanca no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico sobre el recurso legal de California.

El uso sin precedentes de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para imponer aranceles a las importaciones ha sacudido los mercados, ha provocado pronósticos de una posible recesión y ha tensado las relaciones con los socios comerciales en el extranjero.

La IEEPA, aprobada en 1977, otorga al presidente una amplia autoridad para regular determinadas transacciones financieras al declarar una emergencia nacional en respuesta a una “amenaza inusual y extraordinaria”. Tradicionalmente se ha utilizado para imponer sanciones a países, empresas y particulares.

Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar el estatuto para imponer aranceles cuando anunció gravámenes en febrero contra China, México y Canadá para responder a la “amenaza extraordinaria” de los inmigrantes indocumentados y las drogas ilegales que se mueven a través de las fronteras estadounidenses.

El presidente ya se enfrenta a al menos tres impugnaciones legales a sus aranceles, aunque las principales industrias atrapadas en el fuego cruzado arancelario se han abstenido de cualquier acción legal por ahora. Dos de las demandas fueron presentadas por grupos de defensa legal conservadores en nombre de pequeñas empresas, y la tercera por miembros de Blackfeet Nation de Montana.

Los abogados del Departamento de Justicia han argumentado que todos los casos presentados hasta ahora deberían ser tramitados por el Tribunal de Comercio Internacional de Washington, especializado en demandas contra el gobierno por cuestiones comerciales, y están tratando de transferir los casos presentados en los tribunales de distrito de EE.UU. al tribunal de comercio.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: California’s Newsom Says State to Sue Over Trump’s Tariffs (1)

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--Con la colaboración de Eliyahu Kamisher y Pierre Paulden.

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(Bloomberg) -- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que un hombre de Maryland que fue deportado al país centroamericano por la administración del presidente Donald Trump no sería devuelto, aun cuando la Corte Suprema ha pedido a EE.UU. que facilite su liberación.

Cuando se le preguntó si garantizaría el regreso de Kilmar Abrego García, Bukele dijo el lunes que no “tenía el poder para devolverlo a Estados Unidos”.

“¿Cómo puedo contrabandearlo? ¿Cómo puedo devolverlo a EE.UU.? ¿Lo paso de contrabando a EE.UU.? No lo voy a hacer”, dijo Bukele durante una reunión con Trump en la Casa Blanca.

El conflicto ciertamente aumentará las tensiones entre Trump y el poder judicial federal por el caso de Abrego García, quien fue deportado erróneamente a El Salvador en una batalla legal que ha atraído la atención nacional.

Trump ha afirmado que los tribunales estadounidenses no tienen autoridad sobre la política exterior. Cuando se le preguntó sobre el fallo de la Corte Suprema el lunes, se remitió a los funcionarios presentes en la reunión, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, la fiscal general, Pam Bondi, y subjefe de gabinete, Stephen Miller, quienes sugirieron que el destino de Abrego García dependía de El Salvador y ya no era un asunto de la administración.

“Depende de El Salvador si quieren devolverlo, no de nosotros”, sostuvo Bondi. “Si, como El Salvador, quieren devolverlo —esto es un asunto internacional, de relaciones exteriores—, si quisieran devolverlo, lo facilitaríamos, es decir, proporcionaríamos un avión”.

Miller lo calificó de “muy arrogante, incluso por parte de los medios estadounidenses, sugerir que le diríamos a El Salvador cómo tratar a sus propios ciudadanos como punto de partida”.

Bukele ha estado ayudando a Trump en sus esfuerzos por aumentar las deportaciones de migrantes, recibiendo a presuntos miembros de bandas en una megacárcel donde, según los defensores de los derechos humanos, los reclusos son maltratados por los guardias. Abrego García, un migrante salvadoreño, vivía legalmente en Maryland antes de ser enviado el mes pasado con 250 presuntos miembros de bandas al tristemente célebre Centro de Confinamiento por Terrorismo de El Salvador.

Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que Abrego García no podía ser enviado a su país natal, El Salvador, debido a que enfrentaba extorsión por parte de pandillas. El gobierno de Trump admitió que el fallo de 2019 significaba que fue deportado erróneamente por un “error administrativo”.

La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el 10 de abril que la administración Trump debe tomar medidas para “facilitar” el regreso de Abrego García a EE.UU., estableciendo un límite a los poderes de deportación del presidente, que presiona para obtener una autoridad amplia con una revisión judicial mínima.

Aunque Trump ha defendido las deportaciones a la prisión salvadoreña, dijo después de que el tribunal superior dictaminara que “si la Corte Suprema dijera ‘Traiga a alguien de vuelta’, lo haría”.

Pero en una publicación en la red Truth Social el sábado, Trump sugirió que el destino de los detenidos depende de Bukele. Ambos países están “colaborando estrechamente para erradicar las organizaciones terroristas”, escribió Trump.

En una presentación judicial el domingo, el Departamento de Justicia dijo que la jueza de distrito Paula Xinis tiene poco poder para solicitar el regreso de Abrego García.

Nota Original: Bukele Says Deported Maryland Man Won’t Be Returned to US (2)

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(Bloomberg) -- China anunció que reduciría las importaciones de películas de Hollywood, abriendo un nuevo frente en su guerra comercial con EE.UU.

Las autoridades prometieron “reducir moderadamente” el número de películas estadounidenses permitidas en el país, la segunda economía más grande del mundo, según un comunicado enviado el jueves. Dos influyentes blogueros chinos habían previsto esta semana la medida de represalia.

“La acción errónea del gobierno de EE.UU. de abusar de los aranceles sobre China reducirá inevitablemente la recepción de la audiencia nacional hacia las películas estadounidenses”, dijo la Administración de Cine de China, al anunciar la medida.

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Las acciones de empresas de entretenimiento, entre ellas Walt Disney Co., Paramount Global y Warner Bros Discovery Inc., caían temprano el jueves en Nueva York, en línea con los mercados generales.

Aunque el gobierno del presidente Xi Jinping se abstuvo de una prohibición total de las películas estadounidenses, la medida indica que Pekín podría apuntar ahora a los servicios en la guerra comercial. Eso crea nuevas opciones de represalia: en servicios, EE.UU. tiene un superávit comercial con China, principalmente en viajes, regalías de propiedad intelectual y transporte.

Una cuenta afiliada a los medios de comunicación estatales, que se ha utilizado para señalar la postura de Pekín en cuestiones comerciales, citó esta semana a un experto que afirmaba que China no descarta atacar los servicios.

“China tiene muchas herramientas para tomar represalias”, decía el artículo en la página de redes sociales de Yuyuantantian. “Por supuesto, China escuchará las opiniones y minimizará el impacto negativo en la economía nacional mientras intenta maximizar el efecto de las contramedidas“.

Las tensiones entre Pekín y Washington han ido más allá de represalias arancelarias. El miércoles, autoridades chinas advirtieron a sus ciudadanos que no viajaran a EE.UU. y alertaron a estudiantes de los riesgos de seguridad relacionados con estudiar en “ciertos estados de EE.UU.”, un alejamiento de la iniciativa de Xi de elevar los intercambios de personas.

Mercado más pequeño

China fue durante mucho tiempo un mercado crucial para los estudios de EE.UU. Después de que se aprobara el estreno de la primera película estadounidense en el país asiático en 1994, dependieron de ese mercado para su crecimiento, ya que la taquilla alcanzó su punto máximo en Occidente y el streaming robó público. Pero en los últimos años, los reguladores chinos han restringido el acceso a sus cines, sugiriendo que los títulos estadounidenses no se alinean con los valores del Partido Comunista.

Los estrenos aprobados de EE.UU. en China alcanzaron un máximo de más de 60 en 2018, pero ha disminuido a lo largo de 2021, según datos del servicio de venta de entradas Maoyan Entertainment. Las tensiones comerciales y políticas entre EE.UU. y China, junto con la popularidad de las producciones locales, han sido vientos en contra para las películas estadounidenses.

Un ejemplo: Deadpool y Wolverine se estrenó en el número 1 en la mayoría de los países en julio. Pero en China se estrenó en el número 2, donde la película más taquillera ese fin de semana fue la comedia china Successor. Tras años de acoger películas de Hollywood, las películas nacionales dominan la taquilla.

Recientemente, los cinéfilos de la nación asiática han alabado Ne Zha 2, una película de animación de producción nacional sobre un niño rebelde que lucha contra monstruos sacados directamente de la mitología china.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: China Limits Hollywood Films as Trade War Escalates to Services

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--Con la colaboración de Jing Li, Edwin Chan, Lynn Doan y Molly Schuetz.

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(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita despedir a altas funcionarias de dos agencias independientes, presentando una solicitud de urgencia que podría reforzar el control de la Casa Blanca sobre los reguladores federales.

La presentación se produce después de que un tribunal federal de apelaciones señalara el lunes que Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), y Cathy Harris, de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, pueden continuar en sus puestos mientras se desarrolla una batalla legal.

El caso pone a prueba un fallo de la Corte Suprema de 1935 que permitió al Congreso proteger a altos funcionarios de ser despedidos, allanando el camino para las agencias independientes que ahora proliferan en todo EE.UU. La disputa legal podría acabar comprobando si Trump tiene el poder para despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

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Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita despedir inmediatamente a las dos funcionarias y, además, tomar la inusual medida de conceder una revisión completa sin esperar el fallo final del tribunal de apelaciones. El gobierno indicó que el alto tribunal debería celebrar una sesión extraordinaria en mayo para poder considerar el caso durante su período actual, que se extiende hasta finales de junio o principios de julio.

“El presidente no debería verse obligado a delegar su poder ejecutivo en jefes de agencias que están demostrablemente en desacuerdo con los objetivos políticos de la administración ni por un solo día, y mucho menos durante los meses que probablemente tomaría para que los tribunales resolvieran este litigio”, argumentó el procurador general, D. John Sauer. Sauer es el principal abogado de la administración ante la Corte Suprema.

En los últimos años, la Corte Suprema ha ido socavando el Ejecutor de Humphrey, como se conoce al fallo de la era del New Deal. El tribunal determinó en 2020 que el presidente podía despedir al director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor por cualquier motivo, anulando las protecciones laborales que el Congreso había creado para ese puesto. El tribunal declaró que la separación de poderes de la Constitución impedía una disposición que dejara a una figura tan poderosa del Poder Ejecutivo sin rendir cuentas al presidente.

La cuestión clave en los casos de Harris y Wilcox es si el mismo razonamiento se aplica a las agencias con varios miembros. Wilcox fue reemplazada como presidenta de la NLRB por Trump el 20 de enero y despedida una semana después. Harris presidía la Junta de Méritos cuando Trump la destituyó a principios de febrero.

La administración Trump dijo en febrero que presionaría para que el Ejecutor de Humphrey sea revocado o al menos limitado drásticamente.

La administración también se está defendiendo de una demanda interpuesta por dos comisionados demócratas de la FTC despedidos por Trump. Este caso podría representar un desafío aún más directo al Ejecutor de Humphrey.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Trump Asks Supreme Court to Let Him Fire Agency Leaders (1)

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--Con la colaboración de Zoe Tillman.

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(Bloomberg) -- China tomó represalias contra los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, anunciando que aumentaría los gravámenes sobre los productos estadounidenses al 84%, lo que profundiza la guerra comercial entre las mayores economías del mundo.

Las últimas contramedidas chinas entrarán en vigor el 10 de abril, según un comunicado del gobierno publicado el miércoles. La medida de China se produjo horas después de que entraran en vigor los radicales gravámenes de Trump que elevan la tasa acumulada anunciada este año al 104%.

China también dijo que demandaría a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio, añadió seis empresas a su lista de entidades no fiables y 12 empresas estadounidenses a su lista de control de exportaciones.

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron alrededor de un 1,7% después de que China anunciara los nuevos aranceles sobre los productos estadounidenses, una medida que se produjo después de que el país asiático prometiera “luchar hasta el final”. Las acciones en Europa cayeron más de un 4%.

China ha calificado la decisión de Trump de aumentar los aranceles esta semana como un “error sobre error”, al tiempo que mantiene la puerta abierta al diálogo con EE.UU. Las exportaciones chinas ya se enfrentaban a gravámenes generales impuestos este año, así como a tasas punitivas del primer mandato de Trump y de la siguiente administración Biden.

Las tensiones entre Washington y Pekín han aumentado desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. El presidente de EE.UU. aún no ha hablado con su homólogo chino, el presidente Xi Jinping, más de dos meses después de su toma de posesión.

Los dos países también están en un punto muerto por el supuesto papel de China en el flujo de fentanilo hacia EE.UU., que Trump mencionó como motivo de dos rondas anteriores de aranceles.

La administración Trump también ha acusado a China de erigir barreras no arancelarias que perjudican a las exportaciones y empresas estadounidenses, quejas que se expusieron en un informe anual publicado recientemente por la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU.

Nota Original: China Raises Tariffs on US Goods to 84% as Trade Rift Worsens

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(Bloomberg) -- Las acciones caían en todo el mundo, los bonos subían y el petróleo alcanzó su mínimo de cuatro años, al tiempo que China intensificaba su lucha contra la guerra comercial del presidente Donald Trump, lo que a su vez intensificaba las preocupaciones sobre la economía a pesar de los signos de un mercado laboral sólido.

Tras una baja que llevó al S&P 500 a su peor día desde 2020, el índice de referencia de la renta variable se desplomaba un 3%. Las acciones europeas se encaminaban hacia una corrección. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se desplomaban nueve puntos básicos hasta el 3,93%. Los mercados monetarios descontaban planamente cuatro recortes de tasas de 25pb este año y la posibilidad de una quinta. Los indicadores de temor crediticio se dispararon al máximo desde la crisis bancaria de 2023. El índice VIX de volatilidad bursátil superó brevemente los 45, evocando recuerdos de algunas de las peores turbulencias del mercado.

El crecimiento del empleo en EE.UU. superó las previsiones en marzo y la tasa de desempleo subió ligeramente, lo que apunta a un mercado laboral saludable antes de que la economía mundial se vea afectada por aranceles generalizados.

China tomó represalias contra los nuevos gravámenes estadounidenses con una serie de medidas, entre ellas impuestos sobre todas las importaciones estadounidenses y controles de exportación de tierras raras. Por su parte, Trump dijo que sus políticas económicas “nunca cambiarán”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 3,1% a las 9:43 a.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 bajaba un 3,3%El Dow Jones Industrial Average perdía un 2,7%El Stoxx Europe 600 retrocedía un 4,4%El índice mundial MSCI bajaba un 3,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,4%El euro caía un 0,2% a US$1,1031La libra esterlina se debilitaba un 0,7% a US$1,3010El yen japonés avanzaba un 0,5% a 145,34 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subía un 0,2% a US$82.448,57El ether caía un 0,9% a US$1.781,05

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba nueve puntos básicos al 3,93%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años retrocedía 11 puntos básicos al 2,54%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cedía cinco puntos básicos al 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 8% a US$61,58 el barrilEl oro spot bajaba un 1,2% a US$3.077,60 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Tumble as Tariff War Overshadows Solid Jobs: Markets Wrap

Traducción editada por Malu Poveda.

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(Bloomberg) -- La empresa propietaria de TikTok, ByteDance Ltd., podría ser multada en más de €500 millones (US$553 millones) por enviar ilegalmente a China datos de usuarios europeos.

La comisión de protección de datos de Irlanda, el principal regulador de la empresa en Europa, impondrá la sanción a TikTok antes de que finalice el mes, según personas familiarizadas con el asunto.

Una larga investigación descubrió que la empresa china infringió el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea al enviar la información a China para que los ingenieros accedieran a ella, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

La sanción sería la tercera más alta impuesta por el organismo de control irlandés tras multar a Amazon.com Inc en €746 millones y a Meta Platforms Inc. en €1.200 millones, añadieron las personas. El monto exacto de la multa de TikTok y el momento de la decisión no son definitivos y aún podrían cambiar, dijeron.

No fue posible contactar con TikTok de inmediato para obtener comentarios. La comisión irlandesa de protección de datos se negó a hacer comentarios. Según el RGPD, las agencias nacionales de los países de la UE en los que tienen sede empresas extranjeras son las encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas. TikTok puede recurrir la decisión ante los tribunales irlandeses.

ByteDance enfrenta además un plazo el 5 de abril para encontrar un comprador para las operaciones de TikTok en EE.UU. para evitar su prohibición en el país. Amazon.com Inc. habría presentado una oferta a la Casa Blanca para comprar el negocio que en su día estuvo valorado en US$60.000 millones. La menos conocida AppLovin Corp. también estaría buscando respaldo para su propia oferta.

Como parte de la decisión de la comisión de protección de datos de Irlanda, el regulador ordenará a TikTok que suspenda el procesamiento ilegal de datos en China dentro de un plazo determinado. China ha provocado la ira de los activistas de la privacidad, que afirman que el régimen de vigilancia masiva de la nación viola los derechos fundamentales.

TikTok ya ha estado en el punto de mira de la comisión irlandesa de protección de datos. En septiembre de 2023, fue multada en €345 millones por presuntas deficiencias en el tratamiento de datos personales de niños. El organismo de control también ha dado la voz de alarma sobre las grandes empresas tecnológicas que envían datos personales de ciudadanos europeos fuera del bloque de 27 miembros. Impuso la multa récord de €1200 millones a Meta, propietaria de Facebook, por no proteger la información personal de los servicios de seguridad estadounidenses.

La investigación irlandesa sobre TikTok comenzó en 2021, cuando la entonces directora del regulador, Helen Dixon, afirmó que los datos de los usuarios de la UE podían ser accedidos por “ingenieros de mantenimiento e IA en China”.

El organismo de control irlandés supervisa muchas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, incluidas las actividades de gran parte de Silicon Valley debido a su papel como puerta de entrada de la industria a la UE de 27 naciones.

Nota Original: TikTok Faces Fine Over €500 Million for EU Data Sent to China

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El abogado de Le Pen ha dicho que ella apeló la condena por malversación de fondos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años asociada que se interpondría en su ambición de reemplazar al presidente Emmanuel Macron, cuando su mandato termine dentro de dos años.

El Tribunal de Apelación de París comunicó que “revisará este caso en un plazo que debería permitir emitir una decisión en el verano de 2026”.

Le Pen fue condenada el lunes por haber malversado fondos destinados a pagar a sus asesores cuando era miembro del Parlamento Europeo. El tribunal determinó que los asesores encabezaban la agenda interna de la Agrupación Nacional, en lugar de trabajar en asuntos de la UE.

Le Pen también fue declarada culpable de incitar a otros a hacer lo mismo con su propia asignación, lo que elevó el total de fondos malversados a aproximadamente €4,4 millones. Le Pen y el partido han negado las acusaciones.

Nota Original: Le Pen’s French Presidential Bid Kept Alive by Appeals Court (1)

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(Bloomberg) -- Las ambiciones presidenciales de la líder de extrema derecha Marine Le Pen recibieron un posible golpe mortal después de que un tribunal francés la declarara culpable de malversación y le prohibiera presentarse a las próximas elecciones en 2027.

Los jueces del tribunal penal de París declararon a Le Pen y a su partido Agrupación Nacional culpables de desviar millones de euros de fondos de la Unión Europea para financiar actividades relacionadas con su agenda nacional.

Le Pen fue condenada a dos años de prisión y a dos años más de suspensión, y se le impuso una prohibición electoral inmediata de cinco años, lo que complica sus ambiciones de tomar el relevo de Emmanuel Macron en 2027. Los jueces sugirieron que los dos años podrían cumplirse bajo vigilancia electrónica.

Aunque no se descarta una decisión del tribunal de apelaciones antes de las próximas elecciones, si alguna de las partes impugna el resultado del lunes, es poco probable dada la complejidad del caso y el número de acusados.

Le Pen, que era una de las principales candidatas a las elecciones presidenciales de 2027 según las últimas encuestas, había dicho que la fiscalía buscaba su “muerte política” al solicitar la prohibición directa de presentarse a las elecciones durante las audiencias del juicio.

“El veredicto de inelegibilidad probablemente signifique el fin de la carrera política de Le Pen”, dijo Marta Lorimer, profesora de política en la Universidad de Cardiff y profesora visitante en la London School of Economics.

La sentencia puede abrir un vacío de poder dentro de la extrema derecha francesa, luego que Le Pen trabajara durante años para llevar a la facción a la corriente principal de la política nacional. Un posible sucesor es el jefe del partido Agrupación Nacional, Jordan Bardella, quien, según las encuestas realizadas antes de la sentencia judicial, podría ser una opción viable para reclamar la presidencia en 2027.

Los mercados parecieron tomarse la noticia con calma. El diferencial entre los rendimientos a 10 años de Francia y Alemania, una medida de riesgo muy vigilada, se amplió dos puntos básicos hasta los 73. La medida estuvo en consonancia con otros diferenciales de bonos gubernamentales europeos en medio del sentimiento global de aversión al riesgo, y el diferencial de bonos italianos equivalente registró un movimiento similar.

El índice bursátil francés CAC 40 se sumó a las pérdidas tras la decisión, cayendo un 2%.

Nota Original: Marine Le Pen Barred From 2027 French Presidency Run (2)

--Con la colaboración de Samy Adghirni.

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(Bloomberg) -- Miles de candidatos poco conocidos comenzaron oficialmente el domingo sus campañas para ser elegidos jueces en México, un proceso que podría cambiar drásticamente el equilibrio de poder en el país.

Más de 4.000 candidatos se postulan para 881 puestos y los ganadores en junio ocuparán la Corte Suprema y la mitad del poder judicial federal. La mayoría de estos candidatos nunca han hecho campaña antes y solo pueden utilizar su propio dinero para autopromocionarse.

Hasta ahora, los jueces del Tribunal Supremo eran nombrados por el presidente y aprobados por el Senado. Otros jueces debían aprobar exámenes para optar a las vacantes y luego eran seleccionados por una junta de supervisión judicial una vez que habían ocupado puestos de menor rango.

“Existe un grave problema de corrupción y nepotismo”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum este mes. “El objetivo de la reforma judicial es sanear el poder judicial y garantizar que en México haya justicia tanto para los ricos como para los pobres”.

La necesidad de ganar voto popular ha dado lugar a una gran cantidad de videos de TikTok y llamativas entrevistas en medios de comunicación para destacar. La ley prohíbe a los candidatos comprar anuncios de radio o televisión, y no pueden comprar espacios publicitarios en periódicos, redes sociales o vallas publicitarias. Ellos mismos pueden publicar en las redes sociales.

Críticos dicen que la elección es un intento descarado del partido gobernante Morena de influir en los tribunales. Sheinbaum insiste en que el poder judicial necesita urgentemente una reforma. Ha desestimado las preocupaciones de los inversores que amenazaron con salir de México si no hay un sistema judicial justo.

México no es el único país que elige a sus jueces por votación. Bolivia lo ha hecho para sus jueces superiores, y algunos estados de EE.UU. eligen a sus jueces locales y estatales. Pero los mexicanos enfrentan un abrumador número de opciones con solo dos meses para entender todo. El día de las elecciones del 1 de junio, papeletas moradas serán para el Tribunal Supremo, amarillas para los jueces de distrito y turquesas para un tribunal disciplinario.

Los candidatos planean giras de conferencias para elevar su visibilidad, a pesar de que el gasto de campaña para los escaños del Tribunal Supremo está limitado a 1,5 millones de pesos mexicanos (unos US$72.000).

“Tenemos una tarea doblemente difícil: primero, explicar a la gente lo que hacemos y, segundo, convencer a la gente de que deberíamos estar en nuestros puestos”, dijo Roberto Omar Paredes, quien se presenta a un puesto federal en Ciudad de México. “Lo bueno es que salimos de nuestra burbuja como jueces”.

La mitad de los jueces federales que no se presentan a las elecciones de 2025 serán elegidos en 2027. A los jueces en ejercicio se les dio la oportunidad de competir, pero muchos, desilusionados con la reforma, optaron por renunciar. Cada rama del gobierno tenía un sistema de selección para presentar a sus propios candidatos, evaluando la experiencia pasada, la especialización en el campo e incluso las calificaciones anteriores.

Gisela Rubach, experta en marketing político en Ciudad de México, duda que la participación supere el 10%. Y le preocupa que el campo esté listo para la influencia política.

“La cuestión es cómo se va a dar credibilidad a un proceso que es una elección democrática en la que seguramente la mayoría de los votos provendrán de los partidarios de Morena”, dijo Rubach. “Será extremadamente confuso, a menos que haya una campaña intensiva por parte de la autoridad electoral para explicar a la gente cómo votar, y que es totalmente diferente de lo que han hecho antes”.

Nota Original: Mexico Sends Judges On the Trail for First Popular Election

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Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPUnited States Politics and GovernmentExecutive Orders and MemorandumsLegal ProfessionTrump, Donald J

Dos jueces prohibieron al gobierno llevar a cabo los castigos descritos en las órdenes, como prohibir a sus abogados el acceso a edificios gubernamentales, reuniones o puestos de trabajo.

El viernes, jueces federales asestaron un doble golpe a la campaña de represalias del presidente Trump al dictar órdenes de restricción temporal que bloquean gran parte de sus órdenes ejecutivas dirigidas contra dos importantes bufetes de abogados que participaron en investigaciones sobre él, Jenner & Block y WilmerHale.

Las sentencias prohibieron al gobierno llevar a cabo los castigos descritos en las órdenes ejecutivas, como prohibir a sus abogados el acceso a edificios gubernamentales, reuniones o puestos de trabajo.

Trump arremetió contra Jenner & Block porque, en su día, el bufete empleó a un abogado que pasó a formar parte del equipo del fiscal especial que investigó a Trump en su primer mandato. Pero el juez John Bates, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, discrepó de la orden de Trump porque también castigaba al bufete por su trabajo pro bono, una característica común de muchos grandes bufetes de abogados para proporcionar representación legal a clientes impopulares o pobres.

Bates dijo que esa medida le parecía "inquietante" y "preocupante".

Poco después de la sentencia de Bates, otro juez del mismo tribunal, Richard Leon, emitió una orden de restricción temporal similar contra una orden ejecutiva de Trump dirigida a otro bufete, WilmerHale, donde Robert Mueller trabajó antes y después de ejercer como fiscal especial en la investigación Trump-Rusia.

Los jueces dejaron vigentes las partes de las órdenes del presidente que retiraban las autorizaciones de seguridad a los abogados de los bufetes.

Jenner & Block y WilmerHale habían presentado demandas ante un tribunal federal de Washington el viernes por la mañana. Ahora ellas y un tercer bufete, Perkins Coie, han obtenido las primeras victorias en los tribunales.

En un comunicado, WilmerHale declaró que la decisión del juez "reivindica nuestros derechos fundacionales y los de nuestros clientes en virtud de la Primera Enmienda".

Sin embargo, está surgiendo una división en el sector jurídico, que se debate sobre cómo responder al ataque polifacético de Trump contra los bufetes que acusa de actuar de forma poco ética. En particular, ha tratado de castigar a los bufetes que han contratado a abogados que alguna vez también trabajaron en investigaciones y procesamientos en su contra. Algunos han intentado llegar a acuerdos con él, lo que ha provocado la condena de otros profesionales del sector.

Previamente, el viernes, el presidente Trump dijo que el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom proporcionaría 100 millones de dólares en trabajo pro bono en asuntos que él apoya, adelantándose a una esperada orden ejecutiva similar a las que dirigió a los otros bufetes.

"Se trata básicamente de un acuerdo", dijo Trump. "Agradecemos que Skadden haya acudido a negociar, como saben otros bufetes han llegado igualmente a un acuerdo sobre el caso. Es una vergüenza lo que ha ocurrido".

La Casa Blanca ha señalado que hay más bufetes en el punto de mira del presidente, sobre todo los que emplean a abogados que han trabajado en investigaciones sobre Trump o en causas a las que sus partidarios se oponen.

Un socio ejecutivo de Skadden, Jeremy London, dijo en un comunicado que el bufete "se comprometió proactivamente con el presidente Trump y su equipo a trabajar juntos de forma constructiva para alcanzar este acuerdo", y añadió que esperaba mantener una "relación productiva". Y continuó: "Creemos firmemente que este resultado redunda en beneficio de nuestros clientes, nuestro personal y nuestro bufete".

El presidente también hizo público un comunicado del bufete, en el que declaraba su "firme compromiso de poner fin al uso del sistema judicial y de la profesión jurídica como armas".

Skadden Arps optó por seguir un camino similar al de otro gran bufete, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison, al llegar a un acuerdo, en lugar de luchar en los tribunales.

La campaña del presidente contra los grandes bufetes, alimentada por su ira contra los abogados a los que culpa personalmente de sus problemas legales, ha enviado ondas de choque a través de la profesión y ha provocado un intenso debate entre los abogados sobre si luchar por principios o negociar.

El acuerdo con Skadden Arps sugiere que la negociación puede resultar más costosa. Paul Weiss dijo que aportaría 40 millones de dólares en trabajo pro bono, mientras que el acuerdo con Skadden Arps duplica con creces esa cantidad. Los acuerdos también han sido objeto de críticas mordaces por parte de la comunidad jurídica, que los considera una capitulación innecesaria en casos en los que los bufetes tienen la ley de su parte.

El jueves, tras conocerse la noticia de que Skadden intentaba llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump, un grupo de antiguos alumnos --todos ellos parte del prestigioso programa de becas de interés público del bufete-- empezó a distribuir una carta. En ella se instaba a la dirección del bufete a "tomar todas las medidas necesarias para resistirse a las injerencias ilegales en el Estado de derecho, luchar contra cualquier acción injusta" y "hablar públicamente sobre el papel fundamental y no partidista de los abogados en la defensa de la democracia", según una copia de la carta revisada por The New York Times.

La carta, que los organizadores esperan entregar a la dirección de Skadden, ha reunido casi 400 firmas, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Trump dijo que Skadden Arps prestaría servicios jurídicos a veteranos, miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad, personal de emergencia y funcionarios de la administración estatal y local. Su trabajo pro bono, dijo la Casa Blanca, también implicaría cuestiones jurídicas relacionadas con el antisemitismo, y que, en general, dicho trabajo "representará a todo el espectro político".

Durante meses, el presidente ha arremetido contra los bufetes que, según dijo, se negaban a representar a los conservadores o sus causas. Sus órdenes ejecutivas pretenden obligarles a hacerlo.

Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, Skadden Arps "no denegará la representación a clientes, como los miembros de grupos políticamente marginados, que históricamente no han recibido representación legal de los principales bufetes nacionales" debido a las opiniones políticas de los abogados del bufete.

El miércoles, el presidente se jactó de su historial de doblegar a los grandes bufetes de abogados.

"Todos se inclinan y dicen: 'Señor, muchas gracias'", dijo Trump, y añadió que preguntaban: "'¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?'".

Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess colaboraron con reportería desde Nueva York.

Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times. Más de Devlin Barrett

Jessica Silver-Greenberg y Ben Protess colaboraron con reportería desde Nueva York.

(Bloomberg) -- Charlie Javice fue declarada culpable de defraudar a JPMorgan Chase & Co. en la adquisición por US$175 millones de su startup de financiación estudiantil, Frank, tras un juicio de seis semanas.

Un jurado de un tribunal federal de Manhattan emitió el veredicto el viernes contra Javice, de 32 años, al determinar que la otrora empresaria mintió y falsificó datos de usuarios para convencer al banco más grande del país de que su sitio web tenía más de 4,25 millones de usuarios, cuando en realidad tenía menos de 300.000. El jurado deliberó durante unas seis horas antes de tomar una decisión.

La sentencia de Javice se conocerá en una fecha posterior. Se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión por el cargo más grave de fraude bancario, aunque es probable que reciba una pena mucho menor.

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Javice parecía entristecida, mientras que su coacusado, Olivier Amar, que también fue condenado, miraba al suelo cuando se leía el veredicto y sacudía la cabeza. Los familiares y simpatizantes de Javice en la primera fila parecían conmocionados por el veredicto.

Prometedora

Graduada de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, cuya empresa atrajo a inversionistas como Marc Rowan, cofundador de Apollo Global Management Inc., Javice fue uno de varios jóvenes emprendedores de élite que han sido procesados por fraude en los últimos años. Al igual que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, Javice fue nombrada en una ocasión como uno de los “30 menores de 30” jóvenes líderes empresariales prometedores por la revista Forbes.

El juicio de Javice también arrojó algo de luz sobre el proceso de diligencia debida de JPMorgan. Aunque el banco tenía unos 350 empleados involucrados en la evaluación del acuerdo de 2021, no detectó el fraude y rechazó en dos ocasiones ofertas para que una firma externa que había contratado verificara los datos de Frank. Un científico de datos a quien Javice pagó US$18.000 para crear datos de usuarios “sintéticos” para JPMorgan testificó que unas pocas llamadas a esos usuarios habrían revelado que eran falsos.

Los abogados de Javice intentaron que los miembros del jurado se centraran en esas fallas, sugiriendo que a JPMorgan realmente no le importaban las cifras de usuarios de Frank y que estaba más preocupado por comprar la empresa antes que otro banco. Leslie Wims Morris, ejecutiva de JPMorgan y exdirectora de desarrollo corporativo del banco, testificó que su equipo pensó erróneamente que Bank of America Corp. también estaba pujando por la empresa de Javice.

Frank, que JPMorgan cerró a principios de 2023, ofrecía una herramienta gratuita para ayudar a los estudiantes a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), requisito que la mayoría de las universidades exigen para tomar decisiones sobre ayuda financiera. La fiscalía mostró al jurado un video de Javice explicando el proceso a los usuarios. Los estudiantes que completaron la FAFSA en el sitio web proporcionaron una gran cantidad de datos demográficos y financieros adicionales, incluyendo sus nombres, correos electrónicos, domicilios y números de teléfono.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Charlie Javice Convicted of Defrauding JPMorgan Over Deal (1)

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“Todos los países del mundo tienen derecho a decidir quién entra y quién no”, señaló Rubio en una conferencia de prensa durante un viaje a Guyana. “Buscamos todos los días a estos lunáticos que están destrozando todo”.

Este mes, agentes de inmigración arrestaron y detuvieron al exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, titular de una tarjeta verde y líder de las manifestaciones propalestinas en dicho centro de estudios. Otro alumno, un ciudadano turco de la Universidad de Tufts, fue detenido por las autoridades federales el martes, mientras que una estudiante de tercer año de 21 años de Columbia y residente permanente, interpuso una demanda para evitar que la administración Trump la detenga, traslade o deporte.

Las detenciones por parte de los agentes de inmigración han alimentado la ansiedad entre los estudiantes extranjeros en EE.UU., en particular entre los miembros destacados del movimiento propalestino, que saltó a la fama después de que Hamás atacara Israel en octubre de 2023 y el Estado judío llevara a cabo su guerra de represalia en Gaza. El presidente Donald Trump hizo campaña para expulsar a los estudiantes que mostraran su apoyo a Hamás, designada organización terrorista por EE.UU.

Se pidió a Rubio que confirmara informes de que podría haber revocado unas 300 visas hasta ahora.

“Quizás más, quizá más de 300 a estas alturas”, respondió Rubio. “Cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, les retiro la visa”.

Nota Original: Rubio Says US Has Pulled at Least 300 Visas, Defends Expulsions

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(Bloomberg) -- China ha ordenado a las empresas estatales que se abstengan de cualquier nueva colaboración con negocios vinculados a Li Ka-shing y su familia, según personas familiarizadas con el asunto, después de que el multimillonario de Hong Kong irritara a Pekín con su plan de vender dos puertos de Panamá a un consorcio global.

La instrucción se emitió a las empresas estatales la semana pasada a instancias de altos funcionarios, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir asuntos privados. Las alianzas existentes no se ven afectadas, añadieron.

Según la directiva, las empresas estatales no obtendrían inmediatamente la aprobación para actividades comerciales vinculadas al magnate. Los reguladores también están revisando las inversiones que la familia tiene en China y en el extranjero en un intento por comprender mejor el alcance de sus negocios, dijeron las personas.

La orden de suspender nuevos acuerdos no significa necesariamente que Pekín vaya a prohibir a las empresas estatales trabajar con negocios vinculados a Li. Pero sí aumenta la presión sobre el multimillonario de 96 años después de que el acuerdo de CK Hutchison con un consorcio liderado por BlackRock Inc. para vender puertos en Panamá y otros lugares pusiera a la entidad insignia de su conglomerado en el punto de mira de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Las acciones de CK Hutchison borraron la mayor parte de las ganancias iniciales tras la noticia y cerraron el día con un avance del 0,9% en Hong Kong. CK Asset terminó el día con una caída del 1,4%, incluso cuando los inversores esperan novedades para el 2 de abril, fecha en la que las partes tienen previsto firmar el acuerdo de venta.

La venta de los puertos, que se espera que le reporte a CK Hutchison más de US$19.000 millones en ingresos en efectivo, provocó un escrutinio en Pekín después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, la aclamara como la recuperación por parte de EE.UU. de la vía fluvial estratégica de la influencia china, aunque los puertos de Panamá son solo dos de las 43 instalaciones que se están desinvirtiendo a nivel mundial.

CK Hutchison Holdings Ltd., CK Asset Holdings Ltd., Horizons Ventures Ltd. y Pacific Century Group no respondieron a las solicitudes de comentarios. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales, un organismo que supervisa las empresas estatales chinas, y el Ministerio de Comercio tampoco respondieron.

Nota Original: China Is Said to Pause New Deals With Li Ka-shing and Family (2)

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(Bloomberg) -- En el papel, fue una de las victorias más lucrativas de la historia en el ámbito de la financiación de litigios. Burford Capital Ltd., una empresa de nicho, ganó el premio gordo junto con otros acreedores cuando una jueza dictó una indemnización de US$16.100 millones por la causa que adquirió contra el gobierno argentino por menos de US$17 millones.

Entonces Javier Milei, un candidato proempresarial, ganó las elecciones presidenciales de Argentina, lo que ofrecía la esperanza de que Burford pudiera llegar a un acuerdo rápido con un gobierno motivado por dejar atrás el pasado.

Pero cualquier vestigio de optimismo sobre un acuerdo se disipó, a más de un año desde que Milei asumió el cargo. En sus primeros comentarios públicos, la persona contratada por Burford para facilitar las conversaciones con el gobierno dijo que no había tenido ni una sola reunión con funcionarios argentinos.

“No hay negociaciones con el gobierno por el momento”, dijo Gerardo Mato en una entrevista realizada el jueves en las oficinas de Bloomberg en Buenos Aires. Declinó a especular sobre el motivo. “Nosotros hemos contactado a las autoridades del Ministerio de Economía y a las autoridades legales, pero aún no se ha establecido ningún tipo de negociación”.

El fallo, una saga que se deriva de la nacionalización por parte de Argentina de la empresa energética YPF SA hace más de una década, presenta el riesgo de obstaculizar los esfuerzos de Milei para volver a los mercados de capitales y atraer inversión extranjera. Y Mato sostiene que, sin un acuerdo, Argentina solo está profundizando su agujero financiero y amenazando el progreso que el presidente libertario ha logrado al establecer un rumbo para la recuperación económica. Cada día, se añaden US$2 millones en intereses a la deuda total de Argentina, que ahora supera los US$17.000 millones, señaló Mato.

El Ministerio de Economía de Argentina no respondió a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Mato.

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El experimentado banquero de Wall Street, de 61 años, ha trabajado durante años en operaciones de bonos latinoamericanos, incluida la resolución de 2016 de la prolongada batalla de Argentina con Paul Singer, un multimillonario de los fondos de cobertura, por deuda impaga. En la entrevista, Mato hizo hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo justo para ambas partes, diciendo que Burford no quiere el tipo de conversaciones hostiles en las que Singer se involucró.

Milei ha cortejado a Wall Street desde que llegó al poder hace 15 meses en una cruzada para retirar los fuertes controles a la economía argentina y poner fin a una crisis de décadas. Pero el presidente libertario ha dicho poco sobre la sentencia, emitida en septiembre de 2023 por la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Nueva York. Poco después de asumir el cargo, señaló a una cadena de televisión local que Argentina estaría dispuesta a emitir un bono para pagarle a Burford —que se le otorgó el derecho sobre US$6.200 millones del total de la sentencia—, pero no ha habido avances desde entonces. Argentina apeló el fallo de Preska.

A pesar de la insistencia de Mato en que llegar a un acuerdo ayudaría a la campaña de Milei para mejorar la percepción de Argentina entre los inversores mundiales, el gobierno sigue luchando con uñas y dientes por el caso.

“Lo más importante para insertar a Argentina en el primer mundo es respetar la rule of law”, afirmó Mato, argentino con residencia en Estados Unidos. “Cualquier negociación que haga el gobierno va a ser extremadamente valorada. Es un riesgo reputacional ante la comunidad internacional”.

Pero el silencio del ministro de Economía, Luis Caputo, parece sugerir que el gobierno de Milei no comparte esa opinión. Argentina ya está atrayendo grandes planes de inversión en energía y minería a través de un programa que ofrece amplios incentivos fiscales y vacíos legales. Y Caputo también está explorando el regreso de la deuda soberana de Argentina a los mercados mundiales.

“La demanda de Burford contra Argentina podría impedir el acceso de la nación a los mercados internacionales de capital”, dijo Jared Lou, gestor de cartera del equipo de deuda de mercados emergentes de William Blair, antes de la entrevista con Mato. “Es posible que Burford pueda hacer valer el fallo contra Argentina cuando los ingresos de un nuevo bono se encuentren en una institución financiera”.

Mato dijo que incluso si Argentina sigue adelante con la venta de bonos sin un acuerdo en el caso, podría haber problemas. Si Argentina no logra revocar la decisión en la apelación, podría ser ingeniosa con su estructura de deuda para evitar un embargo de cuentas, un tecnicismo legal que probablemente ahuyentaría a algunos inversores.

“Si estamos en una situación donde en la instancia final es favorable para Burford, yo creo que a Argentina se le complica la salida a los mercados financieros internacionales”, dijo Mato. Una vez que Argentina acuda a los mercados de bonos, advirtió que “si no se puede hacer una estructura plain vainilla, cada pequeño detalle tendrá un costo”.

Sin embargo, la decisión final en los tribunales puede tardar años. El siguiente paso en el caso, que ahora se encuentra en un tribunal de apelaciones de EE.UU., sería una audiencia sobre tecnicismos antes de que los jueces tomen una decisión. Si los jueces del tribunal de apelaciones ratifican el fallo de Preska, la única opción legal de Argentina sería apelar ante la Corte Suprema de EE.UU.

Se requiere paciencia

Por ahora, señaló Mato, Burford no tiene previsto perseguir agresivamente otros activos de Argentina. Añadió que Burford podría aceptar un bono u otros valores con estructura de mercado, como forma de pago.

“La mejor herramienta que tenemos nosotros es la paciencia. La herramienta es la herramienta judicial”, aseveró Mato. “Nosotros estamos esperando la resolución final. Burford no tiene ningún apuro en este tema. Si lo hace, si negociamos antes, el gobierno se va a beneficiar, porque va a tener un descuento sobre la deuda. Si lo hace después, van a tener que pagar la totalidad del juicio”.

Burford es quizás el más conocido de un grupo de fondos de inversión que se especializan en financiar demandas. Lanzado en 2009 con el respaldo de Neil Woodford y su exfondo Invesco Ltd., Burford causó sensación de inmediato con las prestigiosas credenciales de sus fundadores.

El director ejecutivo, Christopher Bogart, fue anteriormente asesor jurídico de Time Warner Inc. y litigante en el bufete de abogados de élite Cravath, Swaine & Moore. El cofundador Jonathan Molot fue secretario de la Corte Suprema de EE.UU., asesor del Departamento del Tesoro, y profesor de derecho en la Universidad de Georgetown.

El objetivo de empresas como Burford es identificar demandas legales infravaloradas, pagar a abogados para que las litiguen con éxito y luego quedarse con un porcentaje de la indemnización.

En este caso, que se interpone contra Argentina por la nacionalización de YPF en 2012, Burford adquirió las demandas de los accionistas originales por poco menos de US$17 millones en 2015. En el momento de la sentencia de Preska en septiembre de 2023, la empresa dijo que había pagado alrededor de US$50 millones en honorarios legales. También había vendido más de un tercio de su participación a otros inversores, principalmente grandes fondos de cobertura, por US$236 millones.

Pero la financiación de litigios ha funcionado a menudo mejor en la teoría que en la práctica.

Muchos de los competidores iniciales de Burford desaparecieron. La propia Burford, que cotiza tanto en Nueva York como en Londres, fue blanco de ataques en 2019 por parte del vendedor en corto Carson Block, cuyas críticas a sus prácticas empresariales hicieron caer casi dos tercios el precio de sus acciones en ese momento. Burford realizó posteriormente cambios en su estructura corporativa para responder a las preocupaciones de los inversores. Las acciones se dispararon hasta US$16,42 tras la sentencia de Preska en el caso YPF. Antes de la sentencia, valían cerca de US$7. Las acciones cerraron el jueves justo por encima de US$14.

La sentencia de Preska dictaminó que la toma de control de YPF por parte del gobierno violaba los estatutos de la empresa, que exigían realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas a un precio predeterminado. En ese momento, el viceministro de Economía que encabezó la expropiación argumentó que los estatutos eran “la trampa del oso”, comentarios frecuentemente citados por Burford en el caso.

El punto muerto de Argentina con Burford llega en un momento crucial para Milei. Sus negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional están siendo observadas de cerca por los inversores, al tiempo que trata de mantener a los votantes de su lado mediante la reducción de la inflación antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de finales de este año.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Burford Met With Silence From Milei Over $16 Billion Judgment

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--Con la colaboración de Anthony Lin.

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(Bloomberg) -- No todos los cientos de venezolanos deportados el fin de semana pasado por la administración Trump son pandilleros, según los abogados que impugnan la medida estadounidense que los expulsó del país.

El presidente Donald Trump persiguió a miembros de la banda Tren de Aragua a través de una proclamación del 15 de marzo que se refería a “enemigos extranjeros” que están “llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles” contra EE.UU. bajo la dirección del gobierno venezolano.

Pero varias personas entre los tres aviones cargados de venezolanos enviados a una famosa prisión en El Salvador fueron señalados erróneamente como miembros de pandillas, dijeron sus abogados en una presentación el miércoles en un tribunal federal de Washington. Además, cinco hombres que presentaron una demanda y cuyas deportaciones fueron bloqueadas por un juez tampoco pertenecen a ninguna pandilla, argumentaron sus abogados.

En su proclamación, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, en virtud de la cual el presidente puede detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró esta semana que 238 miembros del Tren de Aragua fueron deportados. La Casa Blanca afirma que 137 de ellos fueron deportados bajo esta ley.

No son miembros de pandillas

Sea cual sea el fundamento legal de su deportación, los abogados afirman que sus clientes simplemente no son pandilleros. Uno de los hombres deportados es Jerce Reyes Barrios, de 36 años, futbolista profesional venezolano sin antecedentes penales ni vínculos con pandillas, según una declaración de su abogada, Linette Tobin. Tobin afirmó que huyó a EE.UU. el año pasado y solicitó asilo tras marchar en protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Barrios fue detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses en una redada este mes y acusado de ser pandillero. Tobin dijo que las autoridades dieron dos razones. Tenía un tatuaje, que según ella es una corona sobre un balón de fútbol rodeado por un rosario católico y la palabra “Dios”. Una publicación en redes sociales muestra lo que las autoridades afirman que era él haciendo señas pandilleras. Tobin dijo que usaba lenguaje de señas para decir “Te amo” y “Rock & Roll”.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, refutó las acusaciones.

“La administración Trump está comprometida a cumplir con el mandato del presidente Trump de deportar en masa a inmigrantes ilegales criminales, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras”, dijo en un comunicado.

El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato.

La presentación se produjo justo antes de la medianoche cuando el juez de distrito de EE.UU. James Boasberg se prepara para una audiencia el viernes sobre el caso. Trump, sin mencionar a Boasberg por su nombre, pidió su destitución y dijo en una publicación en redes sociales que es un “juez lunático de izquierda radical, un alborotador y un agitador”. Esto provocó que el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. John Roberts dijera que la destitución de los jueces estadounidenses “no es una respuesta apropiada” a la impugnación de sus fallos.

Los cinco hombres que demandaron están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Fundación Democracy Forward. En su demanda argumentan que la Ley de Enemigos Extranjeros solo puede utilizarse cuando EE.UU. ha declarado la guerra a un país, y que no lo ha hecho con Venezuela. También afirman que los venezolanos no han tenido la oportunidad de impugnar la declaración de EE.UU. de que son pandilleros.

El caso es JGG v. Trump . 25 CV-766Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Trump Deported Venezuelans Who Aren’t Gang Members, Lawyers Say

--Con la colaboración de Jordan Fabian, Chris Strohm y Jef Feeley.

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(Bloomberg) -- La Unión Europea advirtió a Google, propiedad de Alphabet Inc., de que debe ajustarse a las normas respecto de las grandes tecnológicas o se arriesga a cuantiosas multas, en el marco de una doble escalada contra Silicon Valley que podría exacerbar aún más las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Comisión Europea amonestó a Google por supuestamente infringir la emblemática Ley de Mercados Digitales (DMA) del bloque al favorecer servicios internos en su extenso imperio de búsqueda y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones dirijan a los consumidores a ofertas fuera de su Play Store.

Por su parte, la UE le indicó a Apple Inc. que debe liberar su preciado sistema operativo del iPhone para cumplir la ley, aprobada el año pasado para reforzar las defensas antimonopolio de la UE contra el poder de Silicon Valley. Mientras que la decisión de Google viene acompañada de la amenaza de sanciones económicas en caso de incumplimiento, la acción de Apple no conduce directamente a ese resultado.

“Permítanme ser clara: nuestro principal objetivo es crear una cultura de cumplimiento” de la DMA, declaró Teresa Ribera, responsable antimonopolio de la UE, en un comunicado sobre la medida contra Google. La medida contra Apple es un “paso importante” hacia la apertura de su ecosistema, añadió.

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En los últimos años, Google, con sede en Mountain View (California), se ha enfrentado a un creciente escrutinio de la UE por su negocio de búsquedas. El año pasado perdió un recurso judicial para anular una multa récord de €2.400 millones (US$2.600 millones) por abusar de su poder de monopolio para imponerse sobre a los servicios rivales de búsqueda de compras. Apple había advertido anteriormente de los intentos de la UE de abrir los sistemas operativos del iPhone e iPad, acusando a su rival Meta Platforms Inc. de intentar acceder a sus funciones sensibles en una medida que suscita “preocupación por la privacidad y seguridad de los usuarios”.

“Las decisiones de hoy nos envuelven en burocracia”, dijo Apple en un comunicado. “Es malo para nuestros productos y para nuestros usuarios europeos”.

Oliver Bethell, director senior de competencia de Google, dijo que “las conclusiones de hoy aumentan ahora el riesgo de una experiencia aún peor para los usuarios europeos”.

Cualquier sanción futura de la UE, ya sea a Apple o a Google, podría ser mal recibida por Trump, que en repetidas ocasiones ha criticado las multas antimonopolio del bloque, diciendo que equivalen a aranceles contra EE.UU. En una escalada de protestas por los aranceles, ya ha dicho que EE.UU. responderá a las contramedidas de la UE contra sus nuevos aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio, y es probable que la Casa Blanca considere cualquier multa futura de la UE como una provocación.

Es poco probable que las amenazas de Trump desvíen drásticamente el rumbo de los reguladores de la UE. Aunque la entidad con sede en Bruselas tiene un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la cuantía de las multas, Ribera ha dicho que el organismo de control seguirá adelante con los casos que se le planteen en virtud de la DMA.

Las eventuales multas por infracciones pueden llegar al 10% de los ingresos anuales globales de una empresa, pero las sanciones en virtud de las normas de competencia tradicionales rara vez alcanzan esa cuantía.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Google, Apple Hit by Twin EU Rebuke Amid Big Tech Crackdown (1)

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La lira se hundió a un mínimo histórico antes de recuperar parte de sus pérdidas. El principal índice bursátil de Turquía se desplomó un 6,9% en las primeras operaciones en Estambul, mientras que el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años en liras se disparó casi 200 puntos básicos hasta el 30,11%.

La detención se produce un día después de que las autoridades turcas revocaran el diploma universitario de Imamoglu, una medida que podría impedirle desafiar a Erdogan en las próximas elecciones presidenciales. Un título de educación superior es un requisito obligatorio para presentarse a la presidencia.

El alcalde de Estambul, de 54 años, uno de los políticos más populares de Turquía, es considerado por muchos como uno de los principales candidatos a la presidencia. Venció al candidato elegido por Erdogan en las elecciones a la alcaldía de Estambul del año pasado y el domingo iba a ser nombrado candidato presidencial del Partido Republicano del Pueblo, el principal grupo de la oposición conocido como CHP.

Imamoglu fue detenido en su domicilio la madrugada del miércoles. Se encuentra entre las más de 100 personas detenidas en una investigación por presunto fraude, soborno y dirección de una organización criminal, según un comunicado de la fiscalía de Estambul. Entre los detenidos se encuentran dos alcaldes de distrito de Estambul, ambos del partido de Imamoglu.

En un mensaje de voz compartido por su equipo, Imamoglu denunció su arresto, acusando a las autoridades de utilizar a la policía como arma. Su partido ha calificado los cargos de infundados y con motivaciones políticas.

La oficina del gobernador de Estambul ha impuesto una prohibición de cuatro días a las manifestaciones y protestas, al tiempo que ha cerrado varias calles alrededor de la comisaría donde es probable que se lleve a Imamoglu. Las restricciones ponen en duda que se permita la manifestación prevista por la oposición para el sábado, en la que se esperaba que Imamoglu consolidara su candidatura a la presidencia.

Algunas plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería, como X, WhatsApp y TikTok, fueron restringidas brevemente en Turquía, según NTV.

Nota Original: Turkey Detains Erdogan’s Main Rival in Widening Crackdown (1)

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(Bloomberg) -- Las autoridades peruanas planean declarar estado de emergencia y desplegar al Ejército para combatir la delincuencia en la capital, Lima, después de que el asesinato de un cantante volviera a encender las alarmas sobre las redes de extorsión.

Los peruanos han estado protestando contra las redes de extorsión que afectan a todo tipo de sectores económicos, incluidos el transporte público, las tiendas, las escuelas y las bandas de música. El asesinato de Paul Flores, uno de los vocalistas de la banda de cumbia Armonía 10, durante el fin de semana está presionando al gobierno para que actúe y pone de manifiesto que la situación no está bajo control.

Pero hasta ahora, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha logrado encontrar una respuesta eficaz. Su táctica habitual es declarar el estado de emergencia —lo que suspende las libertades civiles y permite a los militares patrullar las calles— y prometer una postura dura contra la delincuencia. Sin embargo, los asesinatos y la violencia continúan. En enero, la fiscalía de la ciudad de Trujillo fue atacada con dinamita.

Las autoridades insisten en que han desmantelado docenas de bandas criminales y, este mes, el Congreso declaró a la banda venezolana Tren de Aragua como organización terrorista, siguiendo una decisión similar tomada en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump.

Nota Original: Peru to Declare State of Emergency in Lima After Singer’s Murder

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“Este fin de semana, por orden del Presidente, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo con éxito a casi 300 terroristas del Tren de Aragua, salvando innumerables vidas estadounidenses”, dijo el domingo en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Estos monstruos atroces fueron extraídos y trasladados a El Salvador, donde ya no podrán suponer ninguna amenaza para el pueblo estadounidense”.

EE.UU. está pagando a El Salvador para que retenga a los venezolanos en virtud de un acuerdo que el secretario de Estado Marco Rubio negoció con el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele. Unos 238 miembros de la banda fueron trasladados a un centro de confinamiento antiterrorista, dijo Bukele en X.

El presidente Donald Trump el sábado aceleró las deportaciones invocando poderes en la poco usada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto usado para justificar el traslado de japoneses-estadounidenses a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. EE.UU. tampoco detalló públicamente cómo identificó a los venezolanos como miembros del Tren de Aragua, el cual ha sido designado como una organización terrorista extranjera.

Los anuncios ocurren a pesar de que el juez de distrito de EE.UU. James Boasberg,prohibió las deportaciones por 14 días para considerar una apelación presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y Democracy Forward. Boasberg dijo el sábado que cualquier avión que transportara a deportados bajo la medida de Trump tendría que ser devuelto en pleno vuelo a EE.UU., según Associated Press.

La orden del juez y las acciones de la administración Trump no están en conflicto, dijo Leavitt el domingo por la noche. La administración no se negó a cumplir con una orden judicial, dijo, y agregó: “La orden, que no tenía base legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas TdA ya habían sido expulsados del territorio de EE.UU.”

Trump, preguntado el domingo a bordo del Air Force One si la administración violó la orden de Boasberg, respondió: “No lo sé. Tiene que hablar con los abogados”.

Trump dijo a periodistas que justificó su decisión de invocar una disposición legal en tiempos de guerra diciendo que los migrantes “invadieron nuestro país” y “en ese sentido, esto es la guerra.”

Trump basó su proclamación en afirmaciones de que muchos de los miembros de la organización “se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles” contra el país.

La proclamación del presidente afirma que Tren de Aragua se dedica a la “migración ilegal masiva a Estados Unidos” en un intento de perjudicar a los ciudadanos del país, socavar la seguridad pública y apoyar los esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a las naciones democráticas.

Nota Original: Trump Expels Hundreds Under Enemies Act as Judge Blocks Plan (3)

--Con la colaboración de Hadriana Lowenkron y Derek Wallbank.

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(Bloomberg) -- Las acciones de CK Hutchison Holdings Ltd. se desplomaron el viernes después de que la principal oficina china para asuntos de Hong Kong volviera a publicar un duro ataque contra la decisión del conglomerado de vender su participación en puertos de Panamá, una medida que habría buscado apaciguar al presidente de EE.UU., Donald Trump.

El comentario que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao colgó en su página web, apareció originalmente en el periódico Ta Kung Pao y advertía a las empresas de que tuvieran mucho cuidado sobre de qué “lado debían situarse”.

En ella se decía que usuarios de las redes sociales habían acusado al conglomerado fundado por el multimillonario Li Ka-shing de “arrastrarse”, de ignorar los intereses de China y de “vender a todo el pueblo chino” en el acuerdo anunciado la semana pasada.

Las acciones de CK Hutchison cayeron hasta un 6,7% el viernes por la mañana, su mayor baja desde septiembre de 2022, lo que refleja la preocupación de que Pekín busque intervenir en la venta. La empresa de Li recibirá ingresos en efectivo de más de US$19.000 millones si la operación se lleva a cabo, lo que equivale aproximadamente a su valor de mercado antes de que se anunciara el acuerdo.

“Ante un acontecimiento de tal envergadura y un asunto de gran justicia, las empresas implicadas deberían pensárselo dos veces, reflexionar detenidamente sobre la naturaleza y el quid de la cuestión, y meditar cuidadosamente sobre la posición y el lado en el que deberían situarse”, decía el comentario.

CK Hutchison no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes.

Aunque es poco probable que el acuerdo, que solo afecta a activos en el extranjero, necesite el visto bueno de Pekín, la desaprobación por parte de las autoridades chinas subraya el difícil situación para las empresas atrapadas en medio de la creciente rivalidad entre China y EE.UU.

CK Hutchison y su empresa hermana CK Asset Holdings Ltd. están registradas en las Islas Caimán. CK Hutchison obtiene casi el 90% de sus ingresos fuera de China continental y Hong Kong.

La semana pasada, CK Hutchison acordó vender una participación mayoritaria en los puertos panameños. La posible compra por parte de BlackRock Inc. sería una de las mayores adquisiciones del año, y supuso una victoria para Trump, que había expresado su preocupación por el control de los puertos clave cercanos al canal de Panamá.

“Se trata de un acuerdo masivo y complejo, que puede tardar la mayor parte de 2025 en completarse; por lo tanto, se producirán giros en el precio de la acción a medida que se aborden los detalles específicos del acuerdo y las diversas aprobaciones regulatorias”, dijo David Blennerhassett, analista de Quiddity Advisors.

Trump había dicho, sin presentar pruebas, que China se había apoderado del canal de Panamá y que EE.UU. estaba pagando demasiado por el paso de los barcos. Había exigido antes que se rebajaran las tasas que se cobran a los buques navales y mercantes estadounidenses, o de lo contrario Panamá debería devolver el canal a EE.UU.

Nota Original: China Amplifies Rebuke of Li Ka-shing’s BlackRock Port Deal (1)

--Con la colaboración de Sangmi Cha.

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(Bloomberg) -- La Comisión Federal de Comercio de EE.UU., o FTC por sus siglas en inglés, seguirá adelante con una amplia investigación antimonopolio de Microsoft Corp. iniciada en los últimos días de la Administración Biden. Es una prueba de que el nuevo presidente de la FTC, Andrew Ferguson, priorizará el escrutinio de los gigantes tecnológicos.

Según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas al hablar de una investigación confidencial, el personal de la FTC ha seguido trabajando en la investigación en las últimas semanas, reuniéndose con empresas y otros grupos para recabar información.

La FTC envió a Microsoft una llamada demanda de investigación civil, que es similar a una citación, a finales del año pasado. El documento, cuya copia fue vista por Bloomberg, obliga a la empresa a entregar datos sobre sus operaciones de IA, incluyendo el costo de entrenar modelos y obtener datos, que se remontan hasta 2016.

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La agencia solicitó detalles sobre los centros de datos de Microsoft, sus dificultades para encontrar suficiente potencia informática para satisfacer la demanda de los clientes y las prácticas de la empresa en materia de licencias de software.

La FTC también está examinando la decisión de Microsoft de recortar la financiación de sus propios proyectos de inteligencia artificial tras llegar a un acuerdo con OpenAI, lo que podría percibirse como un perjuicio para la competencia en el floreciente mercado de la IA.

La agencia dijo en la demanda de información que quiere determinar si las ganancias de Microsoft de otras partes del negocio le dan una ventaja sobre otras empresas de IA. La agencia también dijo que quiere detalles sobre las limitaciones de capacidad del centro de datos de Microsoft para comprender mejor los costos detrás de los servicios de computación en la nube. Esos detalles ayudarán a la agencia a determinar si presentar un caso.

Las investigaciones antimonopolio de gran alcance pueden llevar años y no siempre dan lugar a que la agencia presente una demanda.

“Estamos colaborando con la agencia”, dijo Alex Haurek, portavoz de Microsoft. La FTC no respondió a una solicitud de comentarios.

La investigación está ahora en manos de Ferguson y su nuevo jefe de competencia, Daniel Guarnera, que se incorporó a la agencia procedente del Departamento de Justicia, donde trabajó en casos antimonopolio contra Google, la filial de Alphabet Inc., y Apple Inc.

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir a finales de febrero, Ferguson dijo que su máxima prioridad es investigar al sector tecnológico. Entre las primeras medidas se encuentra la búsqueda de información sobre censura por parte de las empresas tecnológicas.

La FTC de Ferguson ha heredado varios otros casos contra grandes empresas tecnológicas, incluidas demandas contra Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Trump’s FTC Moves Ahead With Broad Microsoft Antitrust Probe

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Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y del Ministerio de Seguridad Pública dijeron en una sesión informativa el miércoles que el país ha logrado el éxito en el control de las drogas y ha hecho todo lo posible por EE.UU. Los funcionarios pidieron no ser identificados debido a la delicadeza del asunto.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Pekín le ha hecho un favor a EE.UU. y que Washington debería haberle dado las gracias en lugar de imponer gravámenes a las importaciones chinas. También pidió a la administración Trump que retome el diálogo y expresó su voluntad de seguir trabajando con EE.UU.

En otro comunicado, la Administración Nacional de Productos Médicos dijo que las autoridades fortalecerán la supervisión de la producción de medicamentos relacionados con el fentanilo y aplicarán un estricto proceso de aprobación de exportaciones para evitar el desvío hacia canales ilegales.

Las conversaciones entre EE.UU. y China sobre el comercio y otros asuntos están estancadas en los niveles más bajos, sin que ambas partes se pongan de acuerdo sobre la mejor manera de proceder. Pekín dijo que EE.UU. no ha indicado detalladamente lo que espera que haga China respecto del fentanilo para que se levanten los aranceles, informó Bloomberg News citando a personas familiarizadas con el asunto. Una persona también dijo que el equipo de Trump rechazó la afirmación, diciendo que la Casa Blanca había enviado mensajes a China a través de diplomáticos en Washington.

En una orden ejecutiva que aumentaba los aranceles a China, Trump dijo la semana pasada que Pekín había hecho muy poco para aliviar la crisis de las drogas y calificó el supuesto flujo de drogas hacia EE.UU. como “una amenaza inusual y extraordinaria”.

China, a su vez, acusó a la administración Trump de utilizar el asunto del fentanilo como pretexto para subir los aranceles. También publicó este mes un documento en el que esboza sus esfuerzos para controlar el fentanilo y las sustancias relacionadas. El miércoles, funcionarios chinos entregaron copias del documento a los periodistas y reiteraron ampliamente su compromiso con la lucha contra las drogas.

Nota Original: China Says US Owes ‘Big Thank You’ on Fentanyl, Urges Talks (1)

--Con la colaboración de Foster Wong.

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(Bloomberg) -- La administración del presidente Donald Trump está preparando una nueva norma de viajes que podría obligar a los canadienses que planeen permanecer en el país más de 30 días a registrar sus datos en el gobierno estadounidense y someterse a la toma de huellas dactilares.

El borrador de la norma, que entrará en vigor el 11 de abril, amplía los requisitos de registro de los extranjeros que crucen la frontera terrestre entre Estados Unidos y Canadá y permanezcan en el país más de un mes. Las personas afectadas tendrán que crear una cuenta en el Servicio de Aduanas e Inmigración de EE.UU. y concertar una cita para que se les tomen las huellas dactilares como parte de una comprobación de antecedentes.

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El cambio podría afectar a decenas de snowbirds canadienses —jubilados que pasan los meses de invierno en los estados más cálidos de EE.UU.— quienes ahora podrían tener que registrarse con el gobierno de EE.UU. o enfrentarse a sanciones.

En lugar del registro, se aceptarían otros formularios, como el documento de viaje I-94, según la notificación. Este documento se expide habitualmente a los visitantes no inmigrantes que llegan a EE.UU. por vía aérea o marítima.

La medida llega en un momento en el que Trump quiere tomar medidas enérgicas contra la inmigración y aviva una creciente guerra comercial con Canadá. Ha amenazado con imponer aranceles generalizados a su vecino del norte, y el martes decidió duplicar los gravámenes sobre el acero y el aluminio. Canadá es la principal fuente de importaciones de aluminio de EE.UU.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Trump Moves to Require Registration of Some Canadian Visitors

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(Bloomberg) -- En toda América Latina, los temores al crimen y la inseguridad están impulsando a los políticos conservadores, a quienes muchos residentes consideran más capaces para hacer que sus países sean más seguros.

Según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News y publicada el viernes, aproximadamente el 54% de los brasileños dijo que el crimen y el tráfico de drogas son los principales problemas que enfrenta su país, superando tanto a la corrupción como a la economía. La mitad de los encuestados dijo que la derecha política tenía mejores planes para combatir las actividades ilegales, mientras que solo una cuarta parte dijo que la izquierda está mejor preparada.

La delincuencia también se ubicó como el problema principal en Chile (casi el 55% de los encuestados lo eligió) y más del 44% de ellos dijo que los políticos de derecha tenían los mejores planes para combatirla. Casi el 48% de los colombianos eligió la delincuencia como el principal problema de su país, mientras que la mitad de los encuestados dijo que prefería las propuestas de los conservadores para hacer que su país fuera más seguro.

La creciente preocupación por el narcotráfico y los robos representa una vulnerabilidad para los líderes progresistas de la región, muchos de los cuales ya están bajo fuego por sus antecedentes económicos. La popularidad de Luiz Inácio Lula da Silva ha caído en los últimos meses debido a la frustración por el aumento de los precios de los alimentos, mientras que Gustavo Petro, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile, enfrentan la insatisfacción de sus electores debido a cifras bajas de crecimiento.

Es probable que el crimen esté entre las principales preocupaciones de los votantes latinoamericanos mientras los presidentes de izquierda, o sus sucesores, se preparan para duras luchas electorales en los próximos meses.

Las calles de Santiago de Chile siguen siendo comparativamente más seguras que muchas capitales latinoamericanas, pero la creciente presencia de la pandilla venezolana Tren de Aragua ha alimentado la percepción de que Boric es débil frente al crimen. En Colombia, los esfuerzos de Petro por negociar con los grupos armados ilegales no han logrado hasta ahora avances significativos en materia de seguridad, mientras los grupos rivales luchan por el control de las regiones productoras de cocaína.

Los asesinatos han bajado significativamente en Brasil en los últimos años, pero la arraigada presencia de bandas en las favelas urbanas y en ubicaciones rurales, junto con el aumento de la delincuencia callejera, como el robo de teléfonos inteligentes, preocupa a los brasileños: casi tres cuartas partes de los encuestados (73,2%) dijeron que la delincuencia está empeorando actualmente.

En México, que ha lidiado durante mucho tiempo con el flagelo de los cárteles de la droga, casi la mitad de los encuestados clasificaron la delincuencia como el principal problema del país, superado solo por la corrupción. Aun así, los mexicanos tienen fe en la capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar la violencia: el 41% de los encuestados dijo que la izquierda política tenía las mejores propuestas para combatir la criminalidad.

AtlasIntel encuestó a 2.164 personas en Argentina, 2.181 en Chile, 1.807 en Colombia y 2.125 en México , todas con un margen de error de +- 2 puntos porcentuales. En Brasil, encuestó a 5.710 personas con un margen de error de +- 1 punto porcentual.

Traducción editada por Malu Poveda.

Nota Original: Crime Fears Offer Opening to Latin American Conservative Leaders

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--Con la colaboración de Beatriz Amat.

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“Tenemos que revisar las tarifas que tenemos con China”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el jueves.

Señaló los problemas de México en la producción textil y de calzado, diciendo: “Mucha de la entrada de productos chinos a México hizo que cayera esta industria en nuestro país.”.

Los comentarios se producen después de que el presidente Donald Trump ofreciera importantes indultos a México y Canadá, los dos socios comerciales más importantes de EE.UU., al eximir de sus aranceles del 25% a los productos de esas naciones que están cubiertas por el acuerdo comercial de América del Norte conocido como T-MEC.

La decisión de Trump marcó un cambio significativo. El martes había anunciado el mayor aumento de aranceles en un siglo, solo para dar marcha atrás 48 horas después cuando las acciones se vieron afectadas y los republicanos expresaron su preocupación por las consecuencias económicas.

Trump decidió reducir los aranceles después de hablar con Sheinbaum, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y ejecutivos de las empresas automotrices.

Las empresas chinas han trasladado la producción a México y han enviado envíos a través de la nación desde que Trump golpeó al país asiático con aranceles en su primer mandato. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo recientemente que México ha propuesto igualar los aranceles de Washington a China e instó a Canadá a hacer lo mismo.

“Creo que sería un buen gesto si los canadienses también lo hicieran, así de alguna manera podríamos tener una ‘Fortaleza de América del Norte’ frente a la avalancha de importaciones chinas”, dijo.

En una conferencia de prensa el jueves, el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, dijo que “ciertos países están blandiendo el garrote de los aranceles, alterando el orden comercial internacional y afectando la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales”.

Pekín “haría todos los esfuerzos” para apoyar el comercio exterior en estas circunstancias, dijo.

Nota Original: Mexico to Review China Tariffs in Potential Win for Trump

--Con la colaboración de Crayton Harrison.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, defendió el viernes las acciones de su nación para detener el flujo de fentanilo a EE.UU. en una rueda de prensa de alto nivel, y acusó al líder republicano de utilizar el tema como pretexto para presionar a su gobierno.

“Estados Unidos no debería devolver el bien con el mal ni imponer aranceles arbitrarios a los productos chinos”, dijo al margen de la Asamblea Popular Nacional en la capital china. “Ningún país debería fantasear con que puede doblegar a China y mantener buenas relaciones con China al mismo tiempo”.

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“Actos tan hipócritas no son buenos para la estabilidad de las relaciones bilaterales”, añadió, aparentemente criticando a Trump por alabar a Xi como “brillante” y promocionar su “gran” relación mientras imponía sus aranceles más amplios hasta la fecha a la nación asiática.

El ataque de Wang contra EE.UU. aumentará la incertidumbre sobre la perspectiva de las conversaciones para negociar un acuerdo comercial que detendría nuevos incrementos de los aranceles, que Trump volvió a aumentar esta semana. Los funcionarios chinos han respondido hasta ahora con acciones específicas y una retórica comedida, en contraste con el enfoque beligerante de la última guerra comercial, pero en ausencia de diálogo la frustración parece estar aumentando.

“Por las palabras de Wang, pudimos ver que China percibe que Estados Unidos no la respeta”, dijo Zhu Junwei, exinvestigadora del Ejército Popular de Liberación y ahora directora de investigación estadounidense en Grandview Institution en Pekín.

Ninguno de los dos gobiernos ha dado indicios públicos de que vayan a entablar conversaciones. Aunque Trump manifestó su deseo de hablar con Xi antes de que se aplicara su primera oleada de aranceles a China, los dos hombres aún no han mantenido una llamada desde que el líder estadounidense asumió el cargo. El jefe de comercio de China dijo el jueves que escribió a su homólogo estadounidense el mes pasado para abrir líneas de comunicación.

Una serie de acciones comerciales de EE.UU. en las próximas semanas pueden aumentar la urgencia de la negociación para evitar que la guerra comercial se intensifique.

Pero la retórica de Pekín indica que no está dispuesta a aceptar conversaciones que vinculen el fentanilo con aumento de aranceles, dijo Yun Sun, directora del Programa de China en el Stimson Center, con sede en Washington.

“Si nos coaccionan, o si hacemos concesiones durante estas dos primeras rondas, eso incentivará una mayor coacción por parte de Estados Unidos, utilizando más aranceles para obligar a China a aceptar concesiones”, dijo en una entrevista en Bloomberg TV, explicando el posible pensamiento de Pekín.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: China Blasts Trump’s ‘Two-Faced Acts’, Calls US Tariffs ‘Evil’

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--Con la colaboración de Josh Xiao, Rebecca Choong Wilkins y David Ingles.

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(Bloomberg) -- La administración Trump dirigió a China una serie de medidas relacionadas con la inversión, el comercio y otros asuntos que aumentan el riesgo de que las relaciones entre EE.UU. y su principal rival económico empeoren pronto.

En los últimos días, el presidente Donald Trump presentó un memorando en el que pide a un comité gubernamental clave que frene el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estratégicos estadounidenses. La administración también pidió a las autoridades mexicanas que impongan sus propios aranceles a las importaciones chinas, una medida que se produce después de que algunas empresas de la nación asiática trasladaran su producción al vecino de EE.UU. para evitar los aranceles que el republicano promulgó en su primer mandato.

EE.UU. también propuso tasas sobre el uso de buques comerciales fabricados en China para contrarrestar el dominio de la nación en la producción de buques. Las acciones navieras chinas cayeron el lunes, mientras que el índice de referencia CSI 300 bajó un 0,2%. El yuan onshore subió un 0,1% hasta 7,2480 frente al dólar a las 4:21 p.m. en Shanghái.

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En conjunto, las medidas equivalen a las acciones más radicales y contundentes dirigidas a Pekín en el incipiente segundo mandato de Trump y podrían complicar un acuerdo para reducir el superávit comercial de China con EE.UU. que el presidente ha indicado que quiere forjar.

El memorando que contiene la orden al Comité de Inversiones Extranjeras en EE.UU. —un panel secreto que examina las propuestas de entidades extranjeras para comprar empresas o propiedades estadounidenses— parece ser la más impactante de la serie de medidas. Al referirse a Pekín como un “adversario extranjero”, dice que los cambios son necesarios para proteger “las joyas de la corona de la tecnología, los suministros alimentarios, las tierras de cultivo, los minerales, los recursos naturales, los puertos y las terminales marítimas de EE.UU.”.

“Esto probablemente sea una decepción para Pekín, que esperaba ofrecer inversiones a gran escala en EE.UU. como concesión en una negociación”, dijo Martin Chorzempa, miembro del Peterson Institute for International Economics en Washington. “Esto pone en duda si EE.UU. estaría abierto a ese tipo de inversión”.

El gasto de China en Norteamérica cayó a finales del año pasado por debajo de los niveles observados durante lo peor de la pandemia —una baja que probablemente se debe a que los posibles inversionistas estaban esperando a ver si Trump ganaba las elecciones en noviembre— y las restricciones suponen un nuevo obstáculo para cualquier recuperación de esa cifra.

Después de que se publicara el memorándum, Pekín instó a Washington a dejar de utilizar las cuestiones económicas y comerciales como arma. El impulso del gobierno estadounidense para reforzar las revisiones de los lazos comerciales por motivos de seguridad socavaría gravemente la confianza de las empresas chinas que invierten en EE.UU., dijo el Ministerio de Comercio.

El memorándum también dice que el gobierno de EE.UU. debería revisar un acuerdo fiscal de 1984 con China que libera a las personas y empresas de la doble tributación. “Eliminar este tipo de tratados solo hace que las cosas sean muy inciertas y complicadas para los inversionistas porque no saben si van a ser gravados”, dijo Chorzempa.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Trump Targets China With Biggest Salvo So Far in Second Term (1)

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--Con la colaboración de Dingmin Zhang, John Cheng, Helen Sun y Shikhar Balwani.

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Las nuevas detenciones representan casi el triple del período promedio de dos semanas durante el último año del expresidente Joe Biden en el cargo, según un análisis de datos del ICE.

La ola de detenciones forma parte del plan del presidente Donald Trump para llevar a cabo lo que ha descrito como la mayor campaña de deportación en la historia de EE.UU.

Su administración ha dicho que está dando prioridad a la expulsión de personas con antecedentes penales, aunque los datos muestran que alrededor del 14% de los detenidos entre el 25 de enero y el 8 de febrero no tenían antecedentes penales, más allá de las infracciones de inmigración. Durante el último año de Biden, ese porcentaje fue menor: cerca del 7% de los detenidos no habían sido condenados ni acusados de delitos.

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Los datos se desglosan en incrementos de dos semanas, por lo que es difícil discernir el número de detenciones por día. El ICE dejó de publicar cifras diarias a principios de febrero.

A pesar de que aumentaron las detenciones, ICE liberó a unas 10.400 personas de las cárceles de inmigración, un promedio diario de 740 liberaciones, aproximadamente el mismo nivel que bajo la administración de Biden.

Para llevar a cabo deportaciones masivas, la administración ha ampliado la aplicación de la ley más allá de los agentes de inmigración tradicionales. Se han desplegado miles de efectivos militares en la frontera, se han autorizado aviones militares para realizar vuelos de deportación y se han designado agentes del Departamento de Justicia y del Servicio de Impuestos Internos para reforzar las filas del ICE.

ICE, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional encargada de arrestar y deportar a inmigrantes que viven en el país sin permiso, ha establecido una meta de al menos 1.000 arrestos por día, según una persona familiarizada con las discusiones.

Pero la ofensiva no ha salido del todo como estaba prevista. Algunas operaciones del ICE se han filtrado con antelación, lo que ha atraído el escrutinio público y obstaculizado los esfuerzos. A nivel interno, los funcionarios han expresado su frustración por el hecho de que la proporción de detenciones de criminales ha sido menor de lo esperado, según la persona, que pidió no ser identificada porque se trata de información privada.

La semana pasada, los dos principales funcionarios de deportación de ICE fueron removidos de sus puestos, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, una señal de tensiones internas a medida que la administración amplía su ofensiva contra la inmigración.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Trump Ramps Up Migrant Detentions to 10,000 in First Two Weeks

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(Bloomberg) -- Las acciones iniciaron la semana al alza, recuperándose después de una caída impulsada por las preocupaciones por la inflación y las amenazas arancelarias de Estados Unidos. El dólar se fortalecía y el oro alcanzó un máximo histórico.

El avance de las acciones era liderado por el grupo más influyente del mercado: el tecnológico. El Nasdaq 100 subía cerca del 1% el lunes, mientras que Nvidia Corp. ampliaba un aumento de cinco días al 15% y Meta Platforms Inc. registraba su decimosexta sesión consecutiva de alzas. Los productores de materiales también acaparaban la atención en medio de los planes del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones estadounidenses de acero y aluminio. US Steel Corp. y Alcoa Corp. trepaban al menos un 2,5%.

Trump señaló el domingo que los aranceles al acero y al aluminio se aplicarían a los envíos de todos los países, incluidos los principales proveedores, México y Canadá. No reveló cuándo entrarían en vigor. El presidente también dijo que esta semana anunciaría aranceles recíprocos a los países que gravan las importaciones estadounidenses.

Aparte del panorama comercial mundial, los inversionistas también se centrarán en datos clave de inflación que se publican de esta semana y en el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso. Las tasas de inflación previstas para el próximo año y los tres años siguientes se mantuvieron sin cambios en enero, en el 3%, según los resultados de la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York publicada el lunes.

Los fondos de cobertura surgieron siendo grandes compradores de acciones estadounidenses la semana pasada, alejándose de una postura bajista previa tras informes de resultados corporativos más sólidos de lo esperado. Compraron acciones estadounidenses al ritmo más rápido desde noviembre, lo que resultó en la mayor compra neta de acciones individuales en más de tres años, según el informe de corretaje principal de Goldman Sachs Group Inc. para la semana que finalizó el 7 de febrero. La actividad más intensa se registró en el sector de la tecnología de la información.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 0,7% a las 11:01 am hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 subía un 1,3%El Dow Jones Industrial Average subía un 0,2%El Stoxx Europe 600 subía un 0,6%El índice MSCI World subía un 0,6%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subía un 1,1%El índice Russell 2000 subió un 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,1%El euro caía un 0,1% a US$1,0317La libra esterlina caía un 0,1% a US$1,2388El yen japonés caía un 0,1% a 151,61 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subía un 2,2% a US$97.275,86El ether subía un 4,2% a US$2.660,65

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,47%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años caía dos puntos básicos hasta el 2,35%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,44%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,4% a US$71,99 el barrilEl oro al contado subía un 1,7% a US$2.909,54 la onza

Traducción editada por Malu Poveda.

Nota Original: Stocks Shrug Off Tariff Tensions as Gold Rallies: Markets Wrap

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--Con la colaboración de John Viljoen, Catherine Bosley y Matthew Burgess.

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(Bloomberg) -- Las maestras de kinder no volvieron a los salones de clase. El médico no regresó más al hospital. De la noche a la mañana, los recursos que el pastor Francisco González Palacios ofrecía en su albergue para migrantes desaparecieron.

La decisión del presidente Donald Trump, de congelar durante 90 días la ayuda humanitaria estadounidense —la misma que cerró los esfuerzos internacionales de vacunación y los programas de prevención de la malaria— cruzó la frontera con México.

A medida que las políticas migratorias y el repliegue exterior de Trump se extienden por el mundo, ciudades como Ciudad Juárez se ven afectadas por ellas. El mes pasado, Trump suspendió un programa de asilo y dejó varados a miles de migrantes que habían estado esperando para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Eso ha transformado a las ciudades fronterizas de lugares de paso, donde las oportunidades laborales son escasas para los indocumentados y los servicios solo están pensados para ser temporales, a destinos finales para los migrantes. Los refugios no tienen otra alternativa que la comunidad local. La prioridad de la presidenta de México Claudia Sheinbaum es evitar los aranceles que provocarían una recesión mostrando a Trump que el país es capaz de detener el paso de personas y drogas en la frontera. Su gobierno está destinando recursos federales a construir gigantescas instalaciones para los deportados y ha comenzado a desplegar a la Guardia Nacional en los estados fronterizos.

Para González, los problemas son graves: la ONU ayudó a pagar los dormitorios y los baños. Su fondo para la infancia proporcionó los controles médicos básicos para niños y adolescentes. Incluso la pasta de dientes, el desodorante y un lote de repelente de insectos OFF! vinieron de la ONU.

Estas agencias reciben gran parte de su financiación de EE.UU , que bajo la dirección de Trump ha tomado medidas para despojar a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) —el mayor proveedor de asistencia exterior— de la mayoría de sus proyectos y poner a la mayoría de sus empleados en licencia. La Asociación del Servicio Exterior y la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales presentaron una demanda en un tribunal federal impugnando las decisiones.

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Otras organizaciones que reciben fondos del gobierno estadounidense también se están viendo afectadas. Kids in Need of Defense cerró sus programas en la frontera norte de México en enero. Asylum Access publicó un aviso en el que informaba de que sus fondos se habían visto afectados, lo que limitaba su capacidad de contratación en México.

En respuesta a una solicitud de Bloomberg News, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, dijo que trabaja con 140 refugios en el país que ayudan a las personas a obtener acceso a opciones de protección humanitaria dentro de México, y que “continúa evaluando el impacto de la pausa en la financiación”. Un portavoz de UNICEF en México dijo que EE.UU. “ha sido a lo largo de nuestra historia un donante importante” y que la organización esperaba que la financiación se reanudara lo antes posible.

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, conocida como OIM, declinó hacer comentarios.

La mayoría de los activistas no son optimistas, ya que las personas cercanas a la administración Trump, incluido el multimillonario Elon Musk, se han burlado de los esfuerzos de los programas de ayuda. Y las prioridades del gobierno mexicano están centradas en otros lugares.

“Somos gente de fe. Estamos haciendo la labor muy independiente de si nos ayudan”, dijo González, quien convirtió su propio dormitorio en una cocina más grande para los residentes del refugio. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo, porque al final es de corazón. Pero si compráramos todo esto, y además pagáramos por la comida, ya no se va a poder”.

Por ahora, las autoridades del estado de Chihuahua —que incluye a Ciudad Juárez— dicen que las cifras de deportaciones han disminuido ligeramente en lugar de experimentar el tipo de aumento explosivo que la retórica de Trump les había hecho esperar. Para enero, unos 2.200 mexicanos habían sido deportados al estado. El gobierno ha dicho que proporcionará a cada deportado mexicano 2.000 pesos, o poco menos de US$100, para ayudarlos con los trámites y el transporte de regreso a casa.

El gobierno de Sheinbaum también alista un nuevo centro para ellos en Ciudad Juárez, uno de los diez que tiene previsto operar a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México con el fin de dignificar la llegada de mexicanos. El albergue, que aún no está en funcionamiento, se encuentra entre un estadio deportivo, una estación de bomberos y una estatua del papa Francisco.

“De cierta forma, México ha estado tratando de trabajar con Estados Unidos para que mejoren las condiciones de los mexicanos, en esta ejecución de las deportaciones masivas”, dijo Emilio López Reyes, investigador asociado a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El plan de Sheinbaum ha dejado en claro el futuro de la población mexicana que regresa al país, pero ha dicho que las personas de otras nacionalidades tendrán que solicitar protección en México para poder quedarse aquí. En las ciudades del norte, la dotación de personal es limitada en las oficinas de refugiados. Refugees International estimó que 270.000 personas habían estado esperando en México para obtener una cita en la aplicación CBP One, mientras que el gobierno mexicano ha insistido en que la población es una fracción de esa cantidad.

“La mayoría de ellos quieren ser repatriados a los países, en cuyo caso facilitamos el transporte para que puedan llegar, principalmente a Centroamérica”, dijo Sheinbaum en enero.

Si bien México acordó establecer grupos de trabajo con EE.UU. sobre temas como comercio, migración y seguridad, su medida más inmediata ha sido el despliegue de 10.000 miembros de la Guardia Nacional para complementar a los que ya están en la frontera. Sheinbaum y Trump acordaron una llamada a principios de febrero para reconsiderar después de un mes si las medidas habían sido suficientes para mantener la suspensión de los aranceles del 25% sobre los bienes que Trump dijo que impondría a México y Canadá.

En Chihuahua, la guardia duplicó con creces las fuerzas que ya estaban desplegadas en la parte norte del estado, dijo el coronel José Luis Santos Iza. Los guardias, vestidos con uniformes de estilo militar, vigilan vehículos sospechosos en los puestos de control, patrullan en zonas remotas y se ubican a lo largo del muro.

Las instalaciones creadas por el gobierno mexicano están destinadas a atender a los deportados, no a los demás migrantes que aún esperan una oportunidad de cruzar a EE.UU.

La Guardia Nacional y la patrulla fronteriza estadounidense han ahuyentado a algunos de ellos y les han impedido cruzar, al igual que el temor de que EE.UU. pueda ahora optar por deportarlos a sus países de origen. Muchos dicen que aún tienen esperanza de que la situación pueda cambiar, aunque no parece muy prometedora.

Así, muchos inmigrantes están esperando el momento oportuno. Algunos han buscado otros tipos de alojamiento en la ciudad que les permitan establecerse. Hacen filas para recibir comida al pie de la catedral de la ciudad, donde la Sociedad Misionera de San Columbano distribuye huevos y arroz. Otros han encontrado empleo pavimentando carreteras o remodelando habitaciones.

Lesdy Marín llevó a su hija de dos años al Hotel Úrsula, que tiene periódicos pegados en las ventanas de la planta baja y anuncia una cama por 180 pesos la noche. Broma con su madre —quien paga el precio de la habitación— diciendo que solo gracias a los funcionarios mexicanos había podido subirse a un avión, luego de que la enviaran a la fuerza de vuelta al sur del país dos veces, cuando intentaba llegar a Ciudad Juárez.

Marín dijo que, durante el primer día de Trump en el cargo, tuvo un sueño en el que finalmente había conseguido una cita para entregarse en EE.UU. para solicitar asilo. Cuando despertó, descubrió que EE.UU. le había revocado esa opción.

Dar marcha atrás no es una opción. Marín teme una batalla por la custodia con su ex novio abusivo si regresa a Colombia, o con cobradores de deudas si regresa a la ciudad de su madre en Venezuela. Dice que convenció a su hija de que gran parte de su huida era parte de un juego y pasó tiempo llamando a sus primos en EE.UU. para averiguar qué hacer.

“Me dice mi familia que me quede aquí y que no me mueva de acá, porque según ellos, en algún momento voy a poder pasar”, dijo. “Pero no sé cuándo”.

González, el pastor, dice que en la red de una docena de albergues religiosos que preside en Ciudad Juárez viven unos 400 migrantes. Calcula que si tuvieran que pagar 90 pesos de su bolsillo para alojar a cada migrante, los costos ascenderían a más de un millón de pesos al mes, o cerca de US$50.000.

En la Casa del Migrante, uno de los albergues más grandes de la ciudad, mexicanos deportados que pasaron décadas viviendo en EE.UU. han aparecido en las últimas dos semanas junto a extranjeros que están analizando sus opciones. En la entrada, hay cruces decoradas con las etiquetas de equipaje del Departamento de Seguridad Nacional EE.UU. y las pulseras de plástico que llevaban los deportados de años atrás, colgadas junto a docenas de rosarios que trajeron de la detención.

María, una mujer de unos 50 años que pidió que no se usara su apellido, dice haber renunciado a la idea de reunirse con sus hijos adultos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no planea regresar a su estado natal de Oaxaca, México, donde su esposo fue asesinado por no pagar los costos de una extorsión.

También había recibido amenazas escritas y verbales. Temiendo por su vida, ni siquiera regresó al funeral de su padre. Su mejor opción ahora, piensa, podría ser irse a vivir con un pariente más lejano en Ciudad de México.

“Quisiera estar con mis hijos”, dijo.

Otros que han desistido de cruzar a EE.UU. simplemente están esperando que la OIM los lleve de regreso a casa en avión. Es uno de los servicios que aún no se ha eliminado.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Thousands Adrift at the Border Lose Their US Financial Lifeline

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(Bloomberg) -- Portugal está acelerando los tiempos de procesamiento de las solicitudes de visa dorada después de que largas demoras comenzaron a empañar la imagen de uno de los programas de residencia por inversión más populares de Europa.

La Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA) de Portugal ha informado a los posibles inversionistas que reemplazará su sistema de solicitud en papel por uno digital, según una copia del plan a la que tuvo acceso Bloomberg News. En la actualidad, hay entre 45.000 y 50.000 solicitudes de visa dorada pendientes de revisión, según datos proporcionados por AIMA, y los candidatos podrán migrar ahora sus solicitudes al sistema en línea.

“Esta es una buena noticia para los inversionistas”, señaló Bettino Zanini, abogado de inmigración de FiO Legal, con sede en Lisboa, que recientemente participó en varias reuniones grupales con AIMA para discutir el plan.

La medida tiene como objetivo ayudar a eliminar una acumulación de casos pendientes. Se produce después de que decenas de inversionistas emprendieran acciones legales para intentar obligar a la AIMA a tramitar más rápidamente sus solicitudes. Algunos han esperado años para programar una cita biométrica obligatoria con la agencia de inmigración, en la que se toman huellas dactilares y otros datos personales.

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Con el nuevo sistema, AIMA programará automáticamente citas biométricas entre 30 y 90 días después de que los candidatos completen sus solicitudes en línea, y aceptará documentos no traducidos en inglés, español y francés, según Zanini, el abogado de inmigración.

El programa de visa dorada por inversión de Portugal, que solo requiere que los participantes pasen unos siete días al año en el país, ha recaudado más de €7.000 millones (US$7.200 millones) desde su creación en 2012. La mayoría de los participantes son ciudadanos chinos, brasileños y estadounidenses. Un fuerte aumento de los flujos migratorios tras la pandemia de covid-19 provocó largas demoras en el procesamiento de las solicitudes de visa.

Desde 2018, la población extranjera en Portugal se ha más que duplicado y actualmente alcanza un récord de un millón de personas, una décima parte de la población total.

Mientras que Portugal abolió en 2023 un programa que ofrecía visas doradas a través de compras de bienes raíces, los ciudadanos no europeos aún pueden solicitar la residencia por vía rápida a través de otras opciones, incluida una inversión mínima de €500.000 en fondos elegibles.

España informó que planea poner fin a su programa de visas doradas en abril. Grecia e Italia se encuentran entre los otros países de la UE que ofrecen visas doradas a ciudadanos no europeos.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Portugal Golden Visa Processing Time Speeds Up After Long Delays

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(Bloomberg) -- El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirige Elon Musk, aterrizó en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el primer paso hacia el desmantelamiento de la agencia.

Tres miembros del equipo del DOGE, Christopher Young, Nikhil Rajpal y Gavin Kliger, llegaron a la oficina de la CFPB en Washington, según informó el viernes el sindicato NTEU 335 de empleados de la agencia en un comunicado.

La medida se produce meses después de que Musk publicara “Eliminar CFPB” en su plataforma de redes sociales X, y mientras convierte a X en una plataforma de servicios financieros en asociación con Visa Inc. El DOGE, creado por el presidente Donald Trump para recortar el gasto federal, también ha tomado medidas para cerrar la mayoría de las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y varias otras entidades.

Los tres emisarios del DOGE llegaron a la sede de la CFPB el viernes por la mañana para reunirse con el personal directivo de la agencia, según una fuente con conocimiento directo que pidió no ser identificada para protegerse de represalias.

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La CFPB, la Oficina de Gestión de Personal y el Servicio Digital de EE.UU. no respondieron a las solicitudes de comentarios. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, director interino de la CFPB desde la semana pasada después de que el presidente Donald Trump despidiera al extitular Rohit Chopra, prohibió a la CFPB realizar cualquier comunicación externa y suspendió otras operaciones clave.

Young y Rajpal tienen direcciones de correo electrónico de la CFPB, pero no respondieron a solicitudes de comentarios.

Según se informa, Rajpal también está destinado a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mientras que Kliger ha sido un actor importante en los movimientos del DOGE para desmantelar el USAID.

Más vulnerables

La llegada del DOGE a la CFPB se produce después de que el equipo de Musk cortara el financiamiento de proyectos de USAID y suspendiera a la gran mayoría del personal de la agencia con la expectativa de que fueran despedidos.

Los demócratas del Congreso han protestado contra las acciones del DOGE en USAID y los sindicatos presentaron una demanda para bloquearlas, argumentando que el “El Congreso es la única entidad que legalmente puede desmantelar la agencia”.

Musk y su equipo están aislados de la presión legal por recortar el financiamiento de la CFPB y eliminar su personal debido al liderazgo y la estructura de financiación únicos de la agencia.

La Ley Dodd-Frank de 2010 creó la CFPB y le dio a su director único amplia libertad para configurar la agencia. Solo un puñado de puestos además del director, como el de subdirector de la CFPB, están establecidos por ley.

La CFPB se financia de forma independiente a través de la Reserva Federal, pero el director de la CFPB tiene la facultad de determinar cuánto dinero necesita la agencia. Eso significa que un director de la CFPB podría reducir a cero el presupuesto de la agencia por completo.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: Musk’s DOGE Descends on CFPB With Eyes on Shutting It Down

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(Bloomberg) -- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, solo necesitó una llamada telefónica para que Donald Trump se retractara, al menos temporalmente, de su amenaza de aranceles.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau necesitó dos.

Es un testimonio de la capacidad de Sheinbaum para leer al presidente de EE.UU., a pesar de que ha sido líder de su país durante mucho menos tiempo que Trudeau. A diferencia del canadiense, su reacción al anuncio de los aranceles de Trump no fue una amenaza de desencadenar una serie de contramedidas. Ella simplemente siguió insistiendo en la cooperación.

Su triunfo fue obvio el lunes, cuando subió al escenario para su conferencia de prensa diaria con una sonrisa. Preguntó a los periodistas si habían visto su tuit de esa mañana donde anunciaba que, después de una llamada telefónica, Trump había aceptado retrasar un mes el inicio de los aranceles del 25% contra México.

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A cambio, México desplegaría 10.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera para detener el flujo de migrantes indocumentados y fentanilo, lo que, según todos los indicios, era un precio minúsculo a pagar.

El rápido éxito de la presidenta mexicana elevó la presión en Canadá para que Trudeau alcanzara un acuerdo similar. También puso de manifiesto cómo los dos líderes operan desde posiciones de poder muy diferentes. Sheinbaum, con solo cuatro meses en el poder, cuenta con el respaldo de un gobierno unido y una mayoría absoluta en el Congreso. Trudeau, por su parte, está de salida. Las profundas fracturas en su partido liberal llevaron a su renuncia y solo seguirá siendo primer ministro hasta marzo.

Horas más tarde el lunes, Trudeau consiguió un retraso en los aranceles. Dijo que Canadá nombraría un “zar del fentanilo“ y crearía un grupo de trabajo conjunto con EE.UU. para abordar el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, además de reforzar la seguridad fronteriza.

Sheinbaum ha “manejado hábilmente al presidente Trump”, dijo Pamela Starr, profesora de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California. “Realmente se ha esforzado por cooperar” cuando se trata de sus peticiones.

El peso y el dólar canadiense se recuperaron frente al dólar el lunes. Los retrasos en los aranceles también disiparon las preocupaciones de las empresas, algunas de las cuales se habían apresurado a cruzar la frontera con sus productos.

Aun así, ni Sheinbaum ni Trudeau pueden declarar una victoria total.

“Los aranceles seguirán siendo como el gato de Schrodinger, muertos y vivos al mismo tiempo. Creemos que el final del juego es una renegociación del T-MEC, para conseguir un T-MEC 2.0”, dijo Carlos Capistran, economista jefe para Canadá y México del Bank of America. “Ahí es cuando la amenaza de los aranceles realmente terminará”.

Espectáculo público

Desde que Trump amenazó formalmente con los aranceles por primera vez en noviembre, apenas un par de semanas después de su elección, Sheinbaum ha sostenido que los dos podrían encontrar una manera de trabajar juntos.

Anunció un plan para construir centros de recepción en la frontera para los millones de deportados que Trump prometía enviar. Publicitó incautaciones de drogas y envió al principal funcionario de seguridad pública al peligroso estado de Sinaloa. También dijo que Norteamérica podría unirse contra China.

Pero no estaba claro qué más podría ofrecer a Trump después de que éste firmara el sábado sus órdenes ejecutivas de aranceles del 25% contra México y Canadá. Aun así, Sheinbaum señaló que todavía había esperanza. “Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a esta propuesta”, dijo en un vídeo publicado en X el domingo.

Solo cuando tomó el micrófono el lunes, a pesar de ser festivo en México, quedó claro lo emocionada que estaba. “Creo que llegamos a un buen acuerdo el día de hoy y eso es lo que hay que resaltar. Y al final, hay una relación de respeto que es muy importante”, dijo.

También fue una victoria personal para Sheinbaum, quien había enfrentado dudas sobre si ella, como exalcaldesa de Ciudad de México que acababa de asumir en el cargo, era la persona adecuada para desafiar a un presidente volátil.

Es probable que se haya encontrado con machistas “toda su vida y sepa cómo tratar con ellos”, dijo Starr. “Probablemente apeló al ego de Trump y ciertamente le está dejando cantar victoria” sobre la baja en la migración.

Grupos de trabajo

Por protocolo, la llamada comenzó en español con un traductor, pero cerca de la mitad se desarrolló directamente en inglés, lo que permitió a Sheinbaum establecer una relación directa con Trump, según una persona con conocimiento del asunto.

Los dos países establecerán grupos de trabajo sobre comercio, migración y seguridad, dijo. Continuaría hablando con Trump sobre la campaña de salud pública de México contra el fentanilo.

También consiguió otra victoria: dijo que por primera vez, el gobierno de EE.UU. acordó trabajar en conjunto para evitar que entren en México armas de alto calibre, que terminan en manos de los cárteles.

Pero aún así, el acuerdo de enviar a la Guardia Nacional de México a la frontera fue más un espectáculo que cualquiera de las otras medidas que Sheinbaum ya había tomado antes de la llamada del lunes.

“Es algo que se pudiera haber arreglado tras bambalinas pero a Trump le gusta el espectáculo. No se necesitaba hacer este relajo para llegar al mismo acuerdo. Pero para trump es una victoria mediática”, dijo Alejandro Schtulmann, presidente de la consultora Emerging Markets Political Risk Analysis. “La respuesta de Sheinbaum fue buena, fue mesurada, fue sobria.”

Los problemas de Trudeau

Dejando a un lado las tácticas de Sheinbaum, existen marcadas diferencias en la política canadiense que hicieron más difícil para Trudeau asegurar el retraso de los aranceles tan rápido como México.

Tras casi una década en el poder, Trudeau dejará el cargo en marzo, antes de las elecciones canadienses de finales de este año. También hay un significativo descontento entre sus electores. La inflación y la caída del PIB per cápita han hecho que muchos canadienses se sientan más pobres. También les irrita la retórica imperialista de Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 de EE.UU., la cual no ha utilizado con México.

La aprobación de Trudeau era de solo el 22%, según una encuesta de diciembre del Instituto Angus Reid. Sheinbaum, por su parte, cuenta actualmente con una aprobación de alrededor del 75%.

Trump ha hablado “sin parar de lo popular” que era el predecesor de Sheinbaum, el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo Starr. Eso “sugiere que eso tiene peso para Trump, y la hace parecer fuerte”.

Además, la decisión de Trudeau de volar a Mar-a-Lago mientras Sheinbaum se mantenía alejada puede haberlo hecho parecer débil a los ojos de Trump, dijo.

No estamos fuera de peligro

Algunos nunca creyeron que Trump realmente aplicaría aranceles a México o Canadá. Pero la amenaza había asustado a los inversionistas y representaba un grave riesgo para los exportadores.

El lunes temprano, antes de que Sheinbaum anunciara que Trump había aceptado pausar los aranceles, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O habló con inversionistas e internó calmar sus preocupaciones. Dijo que la nación tenía suficientes reservas internacionales para soportar el posible golpe a las exportaciones.

Se esperaba que las multinacionales de EE.UU. con intereses económicos en México, entre ellas UPS, Amazon y Constellation Brands, se reunirían con el viceministro de Economía de Comercio de México el lunes por la noche, para discutir formas para evitar los gravámenes.

Para Sheinbaum, “la crisis parece estar evitada por ahora, pero definitivamente México no está completamente fuera de peligro”, dijo Marco Oviedo, estratega de XP Investimentos. “La amenaza sigue ahí. Tenemos que esperar a ver si los resultados se pueden entregar en un mes, como se acordó”.

La industria automotriz de México, por ejemplo, probablemente acumulará importaciones durante el próximo mes para adelantarse a los posibles aranceles, según Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El retraso anunciado por Trump significa “menos riesgo de enfrentarse a un arancel generalizado”, dijo. “Sin embargo, la incertidumbre persiste y eso afecta a la economía mexicana”.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: ‘You’ve Seen the Tweet, Right?’: Sheinbaum Aces Trump Playbook

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--Con la colaboración de Amy Stillman, Michael O'Boyle, Jenny Leonard y Eric Martin.

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La recién nombrada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en las redes sociales que se había unido a una “operación de cumplimiento de la ley” en la ciudad de Nueva York el martes, en la que al parecer se produjo una detención.

“Un delincuente extranjero acusado de secuestro, asalto y robo se encuentra ahora bajo custodia”, publicó en X. “Sinvergüenzas como esta seguirán siendo expulsadas de nuestras calles”.

La declaración se produce en un momento en que los legisladores republicanos tienen la mira puesta en las ciudades santuario, cuyas leyes limitan su cooperación con el ICE. Los alcaldes de Nueva York, Chicago, Denver y Boston han sido convocados por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para que testifiquen sobre sus políticas de santuario en una audiencia en febrero.

Desde su inauguración la semana pasada, el presidente Donald Trump ha tomado medidas radicales en materia de inmigración después de prometer llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de EE.UU., centrándose inicialmente en inmigrantes con antecedentes penales.

Declaró un estado de emergencia nacional en la frontera sur y ordenó el envío de miles de tropas adicionales para ayudar con el cumplimiento de la ley. También cortó el acceso al asilo.

En Nueva York, el departamento de policía ha dicho a los oficiales que sus reglas les impiden participar en “acciones de control de inmigración llevadas a cabo por el ICE” y que las solicitudes de las autoridades federales de inmigración deben someterse a una revisión legal antes de que el departamento brinde asistencia.

La ley de Nueva York permite a la ciudad cooperar con las solicitudes de detención del ICE en casos de personas que hayan sido condenadas por ciertos delitos violentos o graves o que estén identificadas como posibles coincidencias en la base de datos de detección de terroristas. Sin embargo, la ciudad no colabora en la transferencia de esas personas a la custodia del ICE y tampoco realiza un seguimiento del estatus migratorio de las personas bajo su custodia.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió a la ciudad, que ha endurecido sus leyes de santuario en los últimos años, que reforme sus políticas para permitir un mayor cumplimiento de las autoridades federales cuando se trata de personas acusadas de delitos.

El ICE informó el lunes a través de X que realizó 1.179 detenciones en todo el país, lo que eleva el total desde el 23 de enero a 3.552, haciendo mención especial de las detenciones en Chicago, Baltimore, Buffalo, Atlanta, San Francisco y otros lugares.

Nota Original: ICE Expands Focus to New York City After Chicago Raids

--Con la colaboración de Myles Miller.

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“Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el martes. “La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en su lugar, confía en que usen el sentido común”.

Trump prometió que tomaría medidas enérgicas contra la inmigración en el primer día de su nueva presidencia, con el foco puesto en quienes hayan cometido delitos violentos. Su máximo responsable en el Departamento de Justicia, Emil Bove, advirtió a los fiscales que tenían que cumplir con la agenda de Trump, centrándose en los que están en el país ilegalmente, los narcotraficantes y las bandas.

Pero a pesar de la retórica de línea dura y la avalancha de órdenes ejecutivas, hubo pocas señales de aplicación adicional, incluso cuando su zar fronterizo, Tom Homan, le dijo a Fox News que ya se estaban realizando redadas en todo EE.UU. y que ICE había detenido a 308 criminales graves el martes.

En lugares como Little Village de Chicago, refugios de Nueva York y restaurantes de Washington, DC, había ansiedad entre los migrantes sobre lo que podría suceder, y muchos optaron por mantenerse fuera de las calles.

“Tengo miedo, pero tengo que salir. Tengo que trabajar”, dijo Diana Medrica, quien huyó de Venezuela con su esposo y su hijo hace un año, afuera de un refugio en Brooklyn. “Si llega inmigración, no sé qué voy a hacer”.

Trump ha prometido promulgar la mayor operación de deportación masiva en la historia de EEUU, dirigida a unos 11 millones de personas que están en el país de forma ilegal. Declaró emergencia nacional en la frontera sur y anunció planes para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, una medida que provocó desafíos legales de los estados liderados por los demócratas.

En Nueva York, el departamento de policía ha dicho a los agentes que sus reglas les impiden participar en “acciones de aplicación de la ley de inmigración llevadas a cabo por ICE” y que las solicitudes de las autoridades federales de inmigración deben someterse a una revisión legal antes de que el departamento brinde asistencia.

La orden de Trump del martes es un cambio con respecto a una política de larga data que restringía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, así como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de realizar operaciones en escuelas, lugares de culto, hospitales y eventos como bodas y funerales. La revocación elimina las protecciones destinadas a garantizar que los inmigrantes pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestados.

Olivia Golden, directora ejecutiva interina del Centro de Derecho y Política Social, dijo que poner fin a la política de zonas sensibles podría desestabilizar a comunidades enteras. Aumenta las posibilidades de que los niños presencien el arresto o el de sus padres, y eleva los niveles de estrés de maestros y cuidadores.

“Esta acción podría tener consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes y sus hijos, incluidos los niños ciudadanos estadounidenses, disuadiéndolos de recibir atención médica, buscar ayuda en caso de desastre, asistir a la escuela y realizar actividades cotidianas”, dijo Golden.

La administración también tomó medidas para disolver el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la era Biden, que trabajaba para reunir a los niños que fueron separados de sus padres bajo la política de separación familiar del primer mandato de Trump.

Alrededor de 4.600 niños migrantes fueron separados de sus padres durante la administración Trump. En marzo, alrededor del 70% se había reunido con sus familias, según un informe de estado del DHS.

Amy Fischer, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos, condenó las medidas, calificándolas de retroceso a una “agenda dañina, racista y antiinmigrante”.

“La separación y detención de familias es una práctica intrínsecamente cruel que genera un trauma significativo y duradero para los niños”, afirmó Fischer.

En otra medida, el gobierno reinstauró la controvertida política de “Permanecer en México”, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes. El programa obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos son juzgados en EE.UU. A la mayoría de los migrantes sometidos a la política se les negó finalmente el asilo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pareció aceptar que EE.UU. devolviera a México a algunos migrantes, dando a entender que se trataba de una decisión unilateral.

“Esto no tiene nada que ver con ‘tercer país seguro’ y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello?”, dijo Sheinbaum en un comunicado publicado el martes en el sitio web del gobierno mexicano. México “actuará de manera humanitaria” y potencialmente ayudará a los no mexicanos a regresar a sus países de origen, dijo.

El lunes, durante las celebraciones de la investidura de Trump, la administración canceló abruptamente el sistema de aplicación CBP One, que permitía a los migrantes programar citas a lo largo de la frontera sur. La decisión cerró las vías legales para la mayoría de los solicitantes de asilo.

Nota Original: NYC, LA, Chicago Brace for Raids After Trump’s Immigration Order

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(Bloomberg) -- El segundo corredor comercial más concurrido de Chicago es una zona típicamente bulliciosa llena de taquerías y tiendas de comestibles mexicanos en la parte suroeste de la ciudad. El lunes por la tarde lucía más como pueblo fantasma.

Durante el fin de semana se había corrido la voz de que la ciudad podría ser el objetivo de posibles redadas de inmigración después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, lo que generó ansiedad entre los residentes y los dueños de negocios por igual. El discurso inaugural de Trump y sus alardes de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes solo aumentaron el miedo, mientras que el clima gélido también mantuvo a la gente en sus casas.

El tráfico peatonal en el tramo de 3,2 kilómetros de la calle 26 en el barrio de Little Village, también conocido como La Villita, se desplomó. Según algunas mediciones, el descenso había alcanzado la marca del 50%, según Jennifer Aguilar, que dirige la cámara de comercio local y habló con varios de los casi 400 negocios de la zona.

“Va a ser desastroso”, dijo Aguilar en una entrevista. “Si hay redadas y la gente tiene demasiado miedo de salir, el impacto durará años”.

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Trump actuó rápidamente el lunes para cumplir con sus promesas de campaña después de su discurso inaugural, al anunciar medidas para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y movilizar tropas para intensificar la seguridad fronteriza. Entre las medidas estuvo el cerrar La aplicación CBP One, utilizada por migrantes para cruzar la frontera y solicitar asilo, lo que frustró las esperanzas de muchos que esperaban en México obtener un cita con las autoridades estadounidenses.

Todo esto ocurrió tres días después de que el Wall Street Journal informara que el equipo de Trump estaba planeando grandes redadas de Inmigración y Control de Aduanas en Chicago a partir del martes, a pesar de que el zar fronterizo, Tom Homan, intentó más tarde restarle importancia, diciendo que estaba revisando los planes.

La tercera ciudad más grande de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un blanco fácil para Trump, pero Chicago ha estado particularmente en su radar después de recibir a decenas de miles de inmigrantes durante la presidencia de Joe Biden, muchos de ellos trasladados en autobús desde Texas por el gobernador Greg Abbott a ciudades santuario dirigidas por demócratas.

El México del Medio Oeste

El barrio de Little Village, conocido como el “México del Medio Oeste”, está ubicado al suroeste del principal distrito comercial de Chicago. La zona genera más ingresos fiscales al Ayuntamiento que cualquier otro tramo comercial, a excepción de Magnificent Mile, la calle comercial del centro que alberga tiendas de lujo como Saks Fifth Avenue, Rolex y Burberry.

“Hace tres días, el viernes, estaba caminando por el corredor comercial y hablé con un vendedor ambulante que dijo que sus ventas habían bajado un 60%”, dijo Mike Rodríguez, concejal del distrito 22, que incluye a Little Village. “El comercio simplemente ha disminuido, la gente se está quedando en casa, preocupada por: uno, el frío, pero dos, el miedo a toparse con ICE”.

Chicago y otras ciudades como Nueva York han tenido problemas para sufragar los gastos de alojamiento y alimentación de los inmigrantes. Una operación única de deportación masiva de unos 13 millones de personas costaría al menos US$315.000 millones, estimó el Consejo Americano de Inmigración, advirtiendo que la cifra era “muy conservadora”. Si se extiende en el tiempo, esa cifra podría ser mucho mayor. Y eso sin incluir el impacto económico de que los trabajadores no se presenten y las empresas tengan que cerrar como consecuencia de ello.

“Lugares como Little Village, Pilsen, Chinatown, su contribución a la ciudad es enorme”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition. “Cuando los comercios tienen menos afluencia, van a generar menos ingresos. Eso supone menos impuestos para nuestras escuelas, para nuestro sistema sanitario, para nuestra seguridad pública, los departamentos de policía, todo lo que mantiene seguros a todos los habitantes de Chicago”.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Threat of Immigration Raids Turns Chicago Hub Into Ghost Town

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--Con la colaboración de Isis Almeida.

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“Mucha gente pensó que era imposible para mí protagonizar un regreso político tan histórico”, dijo Trump el lunes desde Washington, minutos después de jurar el cargo en el Capitolio de EE.UU. “Pero como ven hoy, aquí estoy. El pueblo estadounidense ha hablado”.

Las declaraciones de Trump sentaron las bases de lo que sería una administración elegida con la promesa de revisar políticas en materia de inmigración, comercio, impuestos y energía, además de remodelar la economía, el gobierno y los lazos con otras naciones. Trump, sin embargo, no ofreció detalles sobre muchos de los cambios políticos que se avecinan, en particular el alcance de los nuevos aranceles comerciales.

Es un regreso político sin precedentes, ya que habló desde el mismo edificio que sus partidarios asaltaron hace poco más de cuatro años en un intento de mantenerlo en el poder tras su derrota electoral en 2020.

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Trump prometió reformar “un gobierno que no puede manejar ni siquiera una simple crisis interna, y que, al mismo tiempo, tropieza con distintos eventos catastróficos en el extranjero.”

“A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se sigan aprovechando de nosotros”, dijo Trump.

El presidente calificó su victoria de divina, evocando el intento de asesinato durante su campaña en el que fue rozado por una bala.

“Sentí entonces, y creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón: fui salvado por Dios para hacer América grande de nuevo”, dijo el presidente.

Trump se sobrepuso a su derrota en las elecciones de 2020, así como a causas judiciales que incluían cuatro acusaciones penales —incluida una condena—, a un amplio abanico de contrincantes republicanos en las primarias y a dos oponentes demócratas al forzar la salida del expresidente Joe Biden y derrotar a la exvicepresidenta Kamala Harris.

Vuelve al cargo más envalentonado que antes y con menos posibles controles en sus esfuerzos por implantar su visión populista del mundo en EE.UU. Trump planea docenas de acciones ejecutivas que anunciaría y firmaría más tarde el lunes.

“Nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad será restaurada, la balanza de la justicia será reequilibrada”, dijo Trump.

Primeras órdenes

En su discurso, Trump detalló muchas de las medidas que pretende tomar: dijo que declararía una emergencia nacional en la frontera para acabar con la oleada de inmigrantes indocumentados, una de las principales preocupaciones en las elecciones. Prometió poner fin a la política por la que se libera a los inmigrantes mientras esperan una audiencia de asilo, enviar tropas a la frontera sur y designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.

“Como comandante en jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer”, dijo. “Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”.

Trump también prometió hacer frente a la inflación declarando una emergencia energética nacional para reducir los costos. Para eso buscará elevar la producción nacional, permitir nuevos desarrollos de petróleo y gas en tierras federales y revertiría las regulaciones climáticas de la era Biden.

“Con mis acciones de hoy, pondremos fin al New Deal verde y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos”, dijo Trump, añadiendo que EE.UU. se retiraría del acuerdo climático de París. También prometió aumentar las compras de la reserva estratégica de petróleo e impulsar las exportaciones de energía al extranjero.

Durante la campaña, Trump amenazó con imponer aranceles generalizados a aliados y adversarios, presentándolos como una fuente de ingresos y una forma de obligar a las empresas a traer empleos a EE.UU. Reiteró esa promesa el lunes, al decir que “impondría aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”.

Trump no revelará aranceles específicos para China en su primer día en el cargo, según funcionarios entrantes, sino que pedirá a las agencias federales que estudien políticas sobre gravámenes.

Trump también ha prometido actuar con rapidez en uno de sus retos inmediatos, el futuro de la red social TikTok, de la empresa china ByteDance Ltd. El presidente ha dicho que ampliaría el plazo para vender TikTok.

El presidente también anunció medidas ejecutivas sobre cuestiones culturales candentes, como una orden ejecutiva que reconozca dos géneros, masculino y femenino, y otra que ponga fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal.

Trump hereda una economía relativamente fuerte; el último mes en el que EE.UU. perdió empleos fue su último mes completo en el cargo durante su primer mandato, diciembre de 2020, cuando el país enfrentaba la pandemia del covid-19. La inflación todavía persiste, aunque el crecimiento de los precios se ha ido moderando y la Reserva Federal está lidiando con el ritmo de sus recortes de tasas de interés.

Política exterior

Trump pregonó una postura más agresiva en el exterior. Repitió su promesa de rebautizar el golfo de México como golfo de América y que EE.UU. recuperaría el canal de Panamá.

“Nos han tratado muy mal con este tonto regalo que nunca debió hacerse, y la promesa que Panamá nos hizo, se ha roto”, dijo Trump, repitiendo las afirmaciones de que China está controlando el canal.

“Se lo dimos a Panamá, y lo estamos recuperando”, dijo.

Las promesas de Trump de forzar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y exigir que los aliados de EE.UU. gasten más en defensa han provocado nerviosismo en capitales extranjeras.

El lunes, Trump dijo que su “legado más orgulloso será el de un pacificador y unificador” que debe ser juzgado por su capacidad para mantener a los estadounidenses fuera de los conflictos extranjeros.

“Mediremos nuestro éxito, no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos y, quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca nos metamos”, dijo.

Líderes empresariales

Las promesas económicas de Trump le granjearon el apoyo de muchos en Wall Street y en el mundo empresarial, atraídos por sus promesas de reducir las regulaciones y ampliar los recortes fiscales. Entre los asistentes al acto el lunes se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, como Jeff Bezos, de Amazon.com Inc; Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc; y Elon Musk, quien asesorará a Trump en recortar el gasto público. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, también asistió.

Trump orientó su discurso hacia una coalición electoral más amplia, diciendo que buscaría unificar al país bajo la bandera del “sentido común.”

“He escuchado sus voces en la campaña y espero trabajar con ustedes en los próximos años”, dijo Trump a los votantes negros e hispanos que habían respaldado su esfuerzo electoral.

La ceremonia del lunes fue más discreta de lo habitual. Debido al mal tiempo, Trump trasladó su juramento al interior del Capitolio, y cambió el desfile de investidura, normalmente a lo largo de Pennsylvania Avenue hasta la Casa Blanca, al Capital One Arena en el centro de Washington.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Trump Vows to Bring Respect, Unity With ‘Common Sense’ Ideas (2)

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--Con la colaboración de Skylar Woodhouse, Hadriana Lowenkron, Akayla Gardner y Stephanie Lai.

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(Bloomberg) -- La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin a nueve meses de batalla legal de TikTok, obligando a los líderes tanto dentro de la empresa como en Pekín a considerar un conjunto cada vez más reducido de alternativas para mantener viva la popular aplicación para compartir videos.

ByteDance Ltd., la empresa matriz de TikTok cuya sede está en China, puede acordar la venta de las operaciones de la aplicación en Estados Unidos —una opción que la empresa ha dicho que no tiene interés en seguir— o esperar a ver si el presidente electo Donald Trump cumple su promesa de encontrar una solución. Sea cual sea el escenario, Trump promete estar en el centro del proceso, ya sea logrando detener la prohibición que entrará en vigor este domingo o aprobando un acuerdo que responda a las preocupaciones de seguridad nacional del gobierno estadounidense.

“La decisión de la Corte Suprema era esperada, y todo el mundo debe respetarla”, publicó Trump en las redes sociales el viernes. “Mi decisión sobre TikTok se tomará en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación”.

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El papel potencial de Trump en cualquier plan para salvar TikTok sigue siendo intrigante y complicado. La prohibición entrará en vigor justo un día antes de su toma de posesión, y aunque se ha informado que el presidente Joe Biden no aplicará la prohibición el primer día, la decisión sobre qué hacer a largo plazo se convertirá en problema de Trump casi de inmediato.

Si el nuevo presidente espera encontrar un comprador, hacerlo será un desafío, y no solo porque ByteDance se haya mostrado reacio a la idea de vender. El precio previsto también es un obstáculo. Son pocas las empresas o particulares que podrían comprar TikTok, cuyo valor se estima entre US$40.000 millones y US$50.000 millones.

Quizás TikTok encuentre un comprador multimillonario, como Elon Musk, a quien el gobierno chino ya está evaluando como posible nuevo propietario. O tal vez un equipo de inversionistas, como Frank McCourt y Kevin O’Leary, que han estado anunciando públicamente su deseo de hacerse con la aplicación. TikTok también podría llegar a un acuerdo con un gigante tecnológico estadounidense como Oracle Corp. o Amazon.com Inc., con los que TikTok ya hace negocios. Muchos de los otros compradores lógicos, como Meta Platforms Inc. y Google, de Alphabet Inc., ya están inmersos en litigios antimonopolio, lo que los convierte en pretendientes poco probables.

TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo de la Corte Suprema y cómo planea proceder en los próximos días.

Rivalidad geopolítica

ByteDance también puede dejar que la prohibición entre en vigor y abandonar el mercado en lugar de aceptar un acuerdo, lo que complicaría aún más una rivalidad geopolítica ya feroz entre EE.UU. y China. Puede esperar a ver si Trump interviene para salvar la aplicación, aunque es difícil predecir qué palancas tendrá a su disposición el nuevo presidente.

No hacer nada podría significar ver cómo TikTok se deteriora gradualmente para sus 170 millones de usuarios estadounidenses hasta que finalmente se desvanezca, a medida que la gente se vuelve incapaz de descargar actualizaciones de software. El servicio también podría desaparecer de la noche a la mañana si TikTok opta por eliminarlo por completo en lugar de ver cómo la aplicación se tambalea lentamente.

“Este es un caso sin precedentes”, señaló el abogado de TikTok, Noel Francisco, a los jueces de la Corte Suprema la semana pasada en una sala abarrotada en la que se encontraban la directora financiera de ByteDance, Julie Gao, el principal lobista de TikTok, Michael Beckerman, y la jefa de comunicaciones, Zenia Mucha. “No conozco ningún momento en la historia de EE.UU. en el que el Congreso haya intentado cerrar una gran plataforma de expresión”.

TikTok ha transformado la forma en que compramos, hacemos negocios, consumimos noticias, buscamos información y nos sumergimos en las madrigueras de conejo de internet. Sin embargo, dos presidentes, el Congreso, los reguladores federales y ahora la Corte Suprema han advertido sobre el potencial de abuso de la aplicación. Se teme que el gobierno chino pueda utilizar TikTok para manipular el discurso público y socavar la democracia, o recopilar datos sensibles sobre generaciones de estadounidenses que podrían utilizarse para el espionaje o el chantaje.

“No sé si esta ley logrará sus fines”, indicó el juez de la Corte Suprema Neil Gorsuch. “Un adversario extranjero decidido puede simplemente intentar reemplazar una aplicación de vigilancia perdida por otra. A medida que pasa el tiempo y las amenazas evolucionan, pueden surgir soluciones menos dramáticas y más efectivas. Incluso lo que podría suceder a continuación con TikTok sigue siendo incierto”, escribió en una opinión concurrente.

El papel de Trump

Una de las preguntas que se planteó durante la audiencia en la Corte Suprema fue si Trump puede ampliar el plazo de venta o suspender la ley después de asumir el cargo, tal vez con una orden ejecutiva. Trump podría certificar que está en marcha una “desinversión cualificada” para otorgar una extensión de 90 días, pero eso podría llevar tiempo: tendría que demostrarle al Congreso que existe un camino viable a seguir, que se ha logrado un “progreso significativo” y que existen acuerdos legales para cerrar un trato con ByteDance en ese nuevo plazo.

Durante la audiencia de la Corte Suprema también se especuló que Trump podría ordenar a su Departamento de Justicia que no aplique la ley, aunque ese escenario plantea sus propios problemas. Las empresas tecnológicas encargadas de aplicar la prohibición, entre ellas Apple Inc., Google y Oracle, que deben dejar de alojar y distribuir TikTok en sus tiendas de aplicaciones o servidores, tendrán que decidir si confían en la orden de Trump. Tal como está redactada la ley, las empresas que no apliquen la prohibición se arriesgan a recibir multas cuantiosas que podrían ascender a miles de millones de dólares. Apple y Google no respondieron a solicitudes de comentarios.

Si estas empresas cumplen la ley tal y como está redactada, los estadounidenses no podrán descargar TikTok de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google a partir del 19 de enero. Los que ya tengan instalada la aplicación no podrán actualizarla. En ese escenario, TikTok no desaparecería instantáneamente de los teléfonos de la gente; seguiría siendo utilizable durante algún tiempo hasta que los errores de software empiecen a acumularse. Pero TikTok podría cerrar el servicio por su cuenta el día de la fecha límite, según un informe de The Information, una medida destinada a movilizar a los usuarios para que presionen a Trump para que resucite la aplicación.

Por supuesto, TikTok aún podría volver a estar en línea si ByteDance llega a un acuerdo de desinversión una vez transcurrido el plazo. “No hay nada permanente o irrevocable que suceda el 19 de enero”, dijo la semana pasada a los jueces la principal abogada de la administración Biden ante la Corte Suprema, la procuradora general de EE.UU. Elizabeth Prelogar.

Mientras tanto, los usuarios de TikTok se esfuerzan por encontrar soluciones que mantengan vivo TikTok, aunque solo sea temporalmente. Los creadores llevan semanas enseñando a su público cómo eludir la prohibición, recomendándoles que cambien la configuración de sus teléfonos o que utilicen VPN para que parezca que se conectan desde países en los que TikTok está permitido. También han sugerido utilizar TikTok en un navegador web o descargar TikTok desde fuera de las tiendas de aplicaciones oficiales de Apple y Google. Ninguno de estos intentos de eludir el bloqueo está garantizado, aunque los ciudadanos no tendrán problemas legales por intentarlo.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: TikTok’s Future Hinges on Trump Following Supreme Court Loss

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(Bloomberg) -- El Tribunal Supremo de Brasil prohibió este lunes al expresidente Jair Bolsonaro salir del país para asistir a la inauguración de Donald Trump en Washington.

El juez Alexandre de Moraes, por recomendación de la fiscalía general, se negó a devolver el pasaporte a Bolsonaro, según un expediente judicial publicado el jueves. La policía había incautado su pasaporte en febrero de 2024 en medio de una investigación sobre un supuesto intento de golpe de Estado por parte de los partidarios del ex presidente.

Bolsonaro dijo el 8 de enero que había sido invitado a la toma de posesión de Trump y en un video publicado en la plataforma de redes sociales X mencionó que estaba “muy feliz con esta invitación”.

“Representaré en EE.UU. a los conservadores, a la derecha, a los buenos, al pueblo brasileño, si Dios quiere”, afirmó.

Moraes había rechazado la solicitud inicial de Bolsonaro de asistir a la investidura de Trump, pidiendo prueba de que había sido invitado. Los representantes de Bolsonaro presentaron entonces a la Corte Suprema una copia de un correo electrónico dirigido al congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del ex líder de derecha, pero este no incluía un cronograma del evento. El portavoz de Bolsonaro rechazó una solicitud de Bloomberg News para obtener una copia de la invitación.

El fiscal general Paulo Gonet dijo que no hay evidencia en la solicitud presentada por los abogados de Bolsonaro que el viaje “llegaría a cualquier interés vital” que podría anular “el interés público que se opone a la salida del país del solicitante”.

Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y ha negado haber cometido alguna irregularidad.

A finales de este año, Gonet podría presentar cargos formales contra Bolsonaro basándose en las investigaciones de la policía federal sobre el presunto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022.

El expresidente también enfrenta investigaciones en otro caso que involucra la supuesta venta ilegal de regalos recibidos de los gobiernos de Arabia Saudí y Bahréin y otro centrado en registros de vacunación falsificados.

La policía federal recomendó presentar cargos penales contra un total de 37 personas, incluidos Bolsonaro y militares de alto rango que sirvieron en su gobierno, por planear un golpe de Estado y cometer crímenes contra la democracia.

Nota Original: Brazil Court Bars Bolsonaro From Traveling to Trump Inauguration

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(Bloomberg) -- A pocos días de que entre en efecto la prohibición de TikTok, políticos de los dos principales partidos de EE.UU. buscan formas de mantener la aplicación de propiedad china accesible para los estadounidenses.

El presidente electo Donald Trump, quien asumirá el lunes, ha intentado retrasar la prohibición para poder “salvar” la aplicación, a pesar de que impulsó su prohibición durante su anterior gobierno. Estudia una orden ejecutiva que le daría entre 60 y 90 días para encontrar una solución, informó The Washington Post, citando fuentes no identificadas.

La china ByteDance Ltd. tiene hasta el 19 de enero para encontrar un comprador de la operación de su aplicación en EE.UU. para seguir operando en el país. TikTok apeló ante el Tribunal Supremo de EE.UU. pero los jueces indicaron el 10 de enero que mantendrían la ley que el Presidente Joe Biden firmó el año pasado.

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“Vamos a encontrar una manera de preservarla pero protegiendo los datos de la gente”, dijo Mike Waltz, el próximo asesor de seguridad nacional de Trump, a Fox News el miércoles. Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, asistirá a la toma de posesión de Trump tras haber sido invitado a sentarse “en un puesto de honor” en el acto, informó The New York Times.

Algunos demócratas también buscan formas de salvar a TikTok. NBC News informó el miércoles que la administración Biden estudia una vía para que la aplicación siga disponible. La cadena citó a un funcionario anónimo de gobierno quien dijo que TikTok no se apagaría de repente.

Legisladores demócratas, entre ellos los senadores Edward Markey, Ron Wyden y Cory Booker, presentaron esta semana la Ley de Ampliación del Plazo de TikTok, que daría otros 270 días a la empresa para llegar a un acuerdo.

“Decenas de millones de estadounidenses utilizan TikTok para entretenimiento, negocios y redes sociales, incluido yo mismo”, dijo Booker. “No se debe cerrar a los estadounidenses la posibilidad de expresarse libremente en las plataformas que elijan. Creo que ByteDance debería desinvertir en TikTok, pero hay que darle tiempo suficiente para llevar a cabo la venta”.

Más información: China analiza venta de TikTok US a Musk como una posible opción

Aunque ByteDance se ha negado a vender, personas familiarizadas con el asunto dijeron esta semana que funcionarios chinos evalúan una opción en la cual Elon Musk compraría las operaciones en EE.UU. si la empresa no evita la prohibición.

Musk y sus representantes no respondieron a la petición de comentarios. Un representante de ByteDance dijo que “no se puede esperar que la compañía haga comentarios sobre pura ficción”.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: TikTok Allies Close to Trump and Biden Race to Delay Ban on App

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(Bloomberg) -- El primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó a Rusia de planear llevar a cabo “actos de terrorismo aéreo” contra aerolíneas de todo el mundo e instó a los socios europeos a unir fuerzas para contrarrestar los presuntos intentos de sabotaje de Moscú.

Tusk no dio más detalles sobre su afirmación. Los comentarios se suman a una serie de advertencias de las agencias militares y de inteligencia sobre una creciente campaña de ataques del Kremlin destinada a desestabilizar el continente. Rusia ha negado reiteradamente su implicación en tales esfuerzos.

“Solo puedo confirmar esta última información —no voy a entrar en detalles—, pero confirmar la validez de estos temores, que Rusia también estaba planeando actos de terror aéreo”, dijo Tusk a los periodistas en Varsovia junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el miércoles. “Y no solo hacia Polonia, sino hacia las líneas aéreas de todo el mundo”.

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Un portavoz del gobierno polaco no respondió a una solicitud de comentarios. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la acusación de Tusk como “nada más que especulación sin fundamento”.

El primer ministro polaco se refirió a un plan que acabaría colocando artefactos incendiarios en aviones con destino a Norteamérica a través de envíos de carga aérea, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato. Los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses advirtieron de que Rusia podría estar detrás del complot.

En agosto, Polonia detuvo a cuatro personas sospechosas vinculadas a un grupo de sabotaje cuyas actividades incluían el envío de paquetes con explosivos camuflados y materiales peligrosos a través de empresas de mensajería a países de la Unión Europea y el Reino Unido.

Los gobiernos de toda Europa llevan dando la voz de alarma por la creciente amenaza de actos de sabotaje y desestabilización patrocinados por Rusia desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace casi tres años.

Los incidentes atribuidos a Moscú se han intensificado en el transcurso del último año e incluyen incendios provocados, vandalismo, interferencia de señales GPS y un complot frustrado para asesinar al director ejecutivo de una empresa armamentística alemana.

La inteligencia rusa dirigió sus ataques de sabotaje a varios países europeos, a menudo contratando a delincuentes locales, según declararon anteriormente funcionarios a Bloomberg News. Sus operaciones cibernéticas y de desinformación se han centrado durante mucho tiempo en EE.UU. y Europa.

Traducción editada por Paola Torre.

Nota Original: Poland’s Tusk Says Russia Planned Terror Acts Against Airlines

--Con la colaboración de Greg Sullivan.

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(Bloomberg) -- Elon Musk estafó a los accionistas de Twitter en más de US$150 millones al esperar demasiado tiempo para revelar su creciente participación en la compañía mientras preparaba una oferta pública de adquisición, alegó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en una demanda presentada días antes de que la administración Trump asuma el poder.

La denuncia de la agencia, que fue inmediatamente refutada por un abogado de Musk, acusa al multimillonario de no informar con prontitud de que había obtenido más del 5% de las acciones de la plataforma de medios sociales a principios de 2022, una revelación que habría disparado el precio de las acciones.

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“Debido a que Musk no reveló oportunamente su participación, pudo hacer estas compras a un público desprevenido a precios artificialmente bajos”, dijo el regulador en su demanda civil presentada ante un tribunal federal en Washington, DC. “Los inversionistas que vendieron acciones ordinarias de Twitter durante este periodo lo hicieron a precios artificialmente bajos y, por tanto, sufrieron un perjuicio económico sustancial”.

Alex Spiro, abogado de Musk, dijo que la acción es “una admisión” de que la SEC no puede presentar un “caso real”, porque Musk “no ha hecho nada malo y todo el mundo ve esta farsa como lo que es”.

“La campaña de acoso de varios años de la SEC contra el señor Musk culminó con la presentación de una denuncia de pacotilla de un solo cargo contra el señor Musk en virtud de la Sección 13(d) por un supuesto incumplimiento administrativo de presentar un solo formulario, un delito que, incluso si se demuestra, conlleva una pena nominal”, dijo Spiro en un comunicado.

Partidario de Trump

Musk, la persona más rica del mundo, se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores partidarios y asesores más cercanos de Donald Trump. El presidente electo ha encargado a Musk, junto con Vivek Ramaswamy, una amplia iniciativa de recorte de gastos del gobierno. Musk también se ha unido al presidente electo en conversaciones con autoridades extranjeras.

El regulador está investigando la inversión de Musk en Twitter desde 2022, presionándole para que explique por qué no había revelado su participación en Twitter en el plazo correcto.

Los abogados de la SEC pidieron en diciembre a Musk que pagara más de US$200 millones para zanjar las acusaciones de que no había revelado correctamente su inversión en Twitter, según una carta de sus abogados enviada a la agencia el mes pasado y revisada por Bloomberg News.

En la carta, Spiro dijo que la SEC busca el desagravio, pero no acusa a Musk de actuar voluntariamente o con la intención de engañar a los inversionistas.

La SEC declinó hacer comentarios.

El caso es Securities and Exchange Commission v. Musk, 25-cv-00105, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).

Nota Original: Musk Accused by SEC of Cheating Twitter Holders Out of Millions

-Traducción editada por Paulina Steffens.

--Con la colaboración de Malathi Nayak.

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(Bloomberg) -- Una exclienta de Credit Suisse Group AG fue acusada de conspiración para evadir impuestos en Estados Unidos, mientras las autoridades evalúan si el banco —ahora propiedad de UBS Group AG— incumplió un acuerdo de 2014 en el que pagó US$2.600 millones y admitió haber ayudado a miles de estadounidenses a evadir impuestos.

Gilda Rosenberg, una empresaria de Florida, conspiró con dos miembros de su familia para ocultar US$90 millones en activos al servicio de impuestos internos (IRS) entre 2010 y 2017, según acusaron el miércoles los fiscales federales. Se la acusa de actuar para ocultar dinero en cuentas extranjeras no declaradas, al tiempo que presentaba declaraciones falsas y evadía impuestos sobre ingresos no declarados.

La medida en que Credit Suisse cumplió con su acuerdo de culpabilidad adquirió un nuevo enfoque después de que un informe del Comité de Finanzas del Senado de 2023 dijera que hubo “violaciones importantes” de su acuerdo que requiere que el banco identifique las cuentas estadounidenses no declaradas al IRS. En el informe, el personal demócrata del comité afirmó que el banco seguía sin revelar completamente los activos estadounidenses a pesar de haber identificado “miles de cuentas no declaradas previamente” valoradas en más de US$1.300 millones.

En respuesta al informe, Credit Suisse dijo que estaba cooperando y que había facilitado la información a las autoridades estadounidenses sobre cuentas potencialmente no declaradas de clientes en EE.UU.

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Un portavoz de UBS declinó hacer comentarios el jueves sobre el caso contra Rosenberg. Un abogado de Rosenberg tampoco hizo declaraciones.

Informar al IRS

El reporte de 2023 no nombra a los Rosenberg, pero describe cómo el banco ayudó supuestamente a una familia con doble nacionalidad estadounidense y latinoamericana a evadir impuestos. Los denunciantes dijeron al comité que los miembros de la familia tuvieron casi US$100 millones en Credit Suisse durante una década antes de transferir esos activos a otros bancos sin decírselo al IRS.

La acusación contra Rosenberg no identifica a Credit Suisse, pero se refiere a los mismos alegatos descritos en el informe del Senado, según personas familiarizadas con el asunto. Las autoridades estadounidenses están evaluando si el banco suizo incumplió los términos de su acuerdo de 2014, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que las discusiones son internas.

UBS dijo en su informe del tercer trimestre que tenía una provisión para posibles costos vinculados a las investigaciones sobre sus servicios de gestión patrimonial transfronteriza, incluido el cumplimiento por parte de Credit Suisse del acuerdo de 2014. No reveló el monto de la provisión.

UBS podría anunciar esta semana un acuerdo con los fiscales por violar los términos del acuerdo de 2014, informó el jueves el Wall Street Journal. El banco podría acordar pagar al menos cientos de millones de dólares, según el informe. El portavoz de UBS declinó hacer comentarios sobre un posible acuerdo.

En virtud de su acuerdo con EE.UU., Credit Suisse debía revelar todas las cuentas estadounidenses no declaradas cerradas y transferidas entre 2008 y 2014. Revelar la lista con la identidad de esos titulares era un requisito de EE.UU. para Credit Suisse, varios otros bancos suizos que se enfrentaron a cargos penales y 80 bancos suizos que llegaron a acuerdos para evitar ser procesados.

Cuando se publicó el informe en 2023, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón que preside la comisión, arremetió contra los “codiciosos banqueros suizos” que parecían estar implicados en una “conspiración masiva y continua para ayudar a ciudadanos estadounidenses ultrarricos a evadir impuestos”.

El informe se publicó casi al mismo tiempo que Credit Suisse se vendía a su rival UBS en un acuerdo de 3.000 millones de francos (US$3.300 millones) mediado por el gobierno suizo tras años de escándalos y mala gestión.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Ex-Credit Suisse Client Charged by US Amid Tax Evasion Probe

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--Con la colaboración de Noele Illien y Jeff Black.

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(Bloomberg) -- Donald Trump perdió una apelación para suspender su fecha de sentencia del 10 de enero en el caso penal de pagos secretos. Sin embargo, todavía tiene más medios para tratar de detener el proceso.

Un juez de un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó el martes una petición de última hora de Trump para retrasar la sentencia, mientras intenta anular su veredicto de culpabilidad. La decisión fue emitida tras una breve audiencia en la que la jueza asociada Ellen Gesmer expresó un profundo escepticismo sobre los argumentos de Trump.

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Trump aún podría apelar ante el más alto tribunal del estado de Nueva York o incluso ante un tribunal federal de apelaciones, lo que encaminaría el caso al Tribunal Supremo de EE.UU.

El juez de primera instancia que supervisó el juicio, el magistrado Juan Merchan, ya ha indicado que no condenará a Trump a pasar tiempo entre rejas, ni siquiera a libertad condicional, optando en su lugar por una “liberación incondicional” debido a las circunstancias únicas del caso. Pero el presidente electo argumenta que permitir que el veredicto permanezca intacto violaría la inmunidad presidencial.

Merchan dictaminó previamente que Trump, como presidente electo, aún no gozaba de la inmunidad y que su victoria electoral no tenía ningún impacto en el veredicto. El juez también rechazó el argumento de Trump de que el juicio estaba viciado por pruebas que no deberían haberse permitido en virtud de la norma del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la inmunidad presidencial relacionada con su último mandato.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Trump Loses NY Appeal to Stop Jan. 10 Hush Money Sentencing

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(Bloomberg) -- Nippon Steel Corp. y United States Steel Corp. presentaron conjuntamente demandas en un último esfuerzo por preservar la fusión prevista de las empresas, que fue bloqueada la semana pasada por el presidente Joe Biden.

Las empresas dijeron el lunes en un comunicado conjunto que presentaron una demanda ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia desafiando la decisión de Biden y lo que dicen es el fracaso del Comité de Inversiones Extranjeras en el panel de EE.UU. para considerar el acuerdo por razones de seguridad nacional.

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También presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Pensilvania contra la siderúrgica rival estadounidense Cleveland-Cliffs Inc. y su director ejecutivo, Lourenco Goncalves, y el presidente del sindicato US Steelworkers, David McCall.

“Tanto Nippon Steel como US Steel se han comprometido de buena fe con todas las partes para subrayar cómo la transacción mejorará, y no amenazará, la seguridad nacional de EE.UU.”, afirman las empresas en el comunicado. “Las acciones legales de hoy demuestran el compromiso continuo de Nippon Steel y US Steel para completar la transacción”.

Las acciones de US Steel subían un 4,3% a las 8:50 ET.

Nota Original: Nippon Steel, US Steel File Lawsuits After Biden Blocks Deal (1)

-Traducción editada por Paulina Steffens

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(Bloomberg) -- China ha concedido a una serie de funcionarios de todo el país su primera subida salarial significativa en años, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que busca levantar la moral y estimular el gasto.

Los salarios básicos de muchos empleados del gobierno se han visto reforzados en al menos 500 yuanes (US$68,51) al mes, según personas que pidieron no ser identificadas al tratar asuntos sensibles. Ese aumento salarial se ha retrotraído a julio, dijeron.

Los porcentajes de aumento variaban en función del salario base, y una de las personas dijo que equivalía a una subida de aproximadamente el 5%. La última vez que China subió públicamente los salarios de los funcionarios fue en 2015, cuando unos 40 millones de empleados obtuvieron una subida media de 300 yuanes al mes. Los usuarios de las redes sociales sugirieron que los salarios también se incrementaron en 2018 y 2021, pero el gobierno nunca confirmó las subidas y los porcentajes de aumento no están claros.

El Partido Comunista no ha publicado un comunicado sobre los aumentos de este mes, lo que hace difícil determinar el alcance del programa o quién pagará la factura. Pero el inesperado aumento se extiende a profesores, policías y burócratas de toda la nación de 1.400 millones de habitantes.

Para algunos, las subidas salariales aparecieron sin explicación. Un agente de policía del suroeste de China dijo que vio una suma global de 3.500 yuanes en su nómina de diciembre etiquetada como “pago atrasado”, aunque no se le debía ningún dinero. Su colega le dijo que se trataba de un aumento que se remontaba a julio, según el agente, que pidió no ser identificado por tratarse de un asunto privado.

La Oficina de Información del Consejo de Estado y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.

El presidente Xi Jinping ha declarado que impulsar el consumo interno es la máxima prioridad para 2025 ya que la economía china enfrenta su racha deflacionista más larga desde 1999. Hasta ahora, las autoridades han recurrido a recortes de tasas y ayudas al sector inmobiliario para fomentar el gasto, absteniéndose de hacer entregas de efectivo a los consumidores a escala nacional.

Los pagos a los trabajadores del gobierno pondrán dinero en sus bolsillos justo antes de las vacaciones de Año Nuevo y el Festival de Primavera. Sin embargo, los aumentos salariales sólo para funcionarios públicos podrían provocar una reacción por parte de los trabajadores del sector privado que enfrentan recortes salariales.

Aunque el impacto inicial no sería enorme dado el limitado número de funcionarios, podría suscitar esperanzas de que las autoridades extiendan las ayudas a una población más amplia, señaló Eric Zhu, de Bloomberg Economics.

“Si más hogares del sector no público, como los de bajos ingresos o los padres con hijos, pueden beneficiarse de las ayudas, eso supondría un mayor impulso para la confianza y el gasto de los consumidores”, añadió.

Las autoridades están aumentando las ayudas a los grupos de renta más baja para garantizar la estabilidad social, luego que presiones económicas coincidieran con una oleada de atentados mortales este año. Shanghái anunció el martes que aumentará los subsidios y las ayudas a la vivienda para las familias con varios hijos, mientras que el gobierno instó recientemente a las autoridades locales a conceder más dinero a quienes luchan contra el costo de la vida.

Nota Original: China Raises Salaries for Government Workers to Boost Spending

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El acuerdo permitirá a los clientes de Kyivstar utilizar la conectividad basada en el espacio cuando la red terrestre no pueda dar servicio a una zona, según informó la empresa ucraniana en un comunicado el lunes. Kyivstar espera ofrecer mensajería de texto utilizando la tecnología en el cuarto trimestre de 2025, y ampliará a voz y datos en etapas posteriores.

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Las fuerzas rusas han atacado regularmente la infraestructura ucraniana, incluidas las redes de telecomunicaciones, desde la invasión en febrero de 2022. Los terminales portátiles Starlink son fundamentales para el esfuerzo bélico de Ucrania, ya que proporcionan conexiones a internet de banda ancha de alta velocidad para las comunicaciones militares y la población civil.

En enero, la unidad Starlink de SpaceX puso en órbita sus primeros satélites, que permiten el servicio directo a la célula. El mes pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. concedió a SpaceX la autorización para proporcionar cierta cobertura a los teléfonos móviles de los consumidores. La empresa se asoció con T-Mobile US Inc. para llegar a clientes en zonas muertas con su creciente red Starlink, que cuenta con miles de satélites en órbita.

SpaceX es una de las muchas empresas que intentan utilizar satélites para proporcionar conectividad a los teléfonos inteligentes de los consumidores.

Kyivstar es la filial ucraniana de Veon Ltd. En junio, se comprometió a invertir US$1.000 millones en un periodo de cinco años hasta 2027 para restaurar la infraestructura digital de Ucrania.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Musk’s Starlink to Provide Space-Based Mobile Service in Ukraine

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(Bloomberg) -- Investigadores surcoreanos solicitaron el lunes el arresto del presidente Yoon Suk Yeol después de que el destituido mandatario desafiara citaciones para comparecer en el interrogatorio sobre su declaración de la ley marcial.

Un equipo conjunto de investigación presentó la solicitud ante un tribunal de Seúl un día después de que Yoon no se presentara por tercera vez al interrogatorio programado por la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios. Las dos citaciones anteriores fueron para el 18 de diciembre y el día de Navidad.

Corea del Sur atraviesa una crisis tras la breve imposición de la ley marcial por Yoon el 3 de diciembre. Esto condujo a su destitución y, posteriormente, a la del primer ministro Han Duck-soo. A este caos político se suma el peor accidente de aviación en la historia del país, luego que se estrellara el domingo un vuelo de Jeju Air, en el que murieron todas menos dos de las 181 personas a bordo.

Un tribunal determinará si emite la orden de detención contra Yoon, aunque no está claro cuándo tomará esa decisión. Si se concede, sería el primer presidente en ejercicio de la historia del país en ser detenido mientras sigue en el cargo.

El abogado de Yoon presentó una declaración ante el tribunal en la que afirmaba que el equipo de investigación carece de base legal para solicitar una orden de detención contra el presidente.

Incluso si el tribunal emite la orden, no es seguro que los investigadores consigan detener al presidente. Un intento anterior de la policía de registrar el despacho presidencial fue bloqueado por la oficina de Yoon.

La decisión del presidente de evitar repetidamente el interrogatorio y desafiar la autoridad de los investigadores buscaría retrasar el proceso en su contra, dijo Lee Chang-hyun, profesor de Derecho de la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros.

Yoon ha prometido defenderse. Señaló su intención de luchar en los tribunales para permanecer en el cargo e insiste en que su decreto de ley marcial estaba dentro de sus poderes constitucionales. Mientras tanto, avanza un juicio para decidir si Yoon debe ser restituido o destituido definitivamente. Tiene hasta junio para tomar una decisión, y la próxima vista está prevista para el 3 de enero.

Nota Original: South Korea Investigators Seek Arrest Warrant for President Yoon

--Con la colaboración de Shinhye Kang y Hooyeon Kim.

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