Desde la llegada de una nueva directiva, en julio 2025, al Hospital Antonio María Pineda, estado Lara, se desató una grave crisis en el departamento de Neurocirugía. Cuatro especialistas están detenidos y otros cuatro en el exilio, por la represalia política del actual gobernador contra su predecesor, ambos miembros del PSUV. Los más alarmante es la autorización para que cinco estudiantes de Neurocirugía asuman funciones de especialistas, a pesar de la falta de respaldo tanto de la universidad como del Colegio de Médicos.

“Esos estudiantes aún tienen un año pendiente para graduarse y no están capacitados para realizar intervenciones quirúrgicas, mucho menos sin supervisión, como ha permitido la dirección del hospital”, denuncia el doctor Carlos Angulo, ex jefe del Servicio de Neurocirugía del estado Lara, quien actualmente se encuentra en el exilio.

Angulo, reconocido por su dilatada trayectoria profesional y gremial, advierte que la mortalidad operatoria se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco meses: “De cada diez pacientes intervenidos, siete presentan complicaciones”, subraya.

El equipo liderado por Angulo fue responsable del rescate y acondicionamiento del departamento, iniciado hace cinco años. En 2022, el servicio enfrentaba condiciones críticas, reflejo de la situación en muchos hospitales venezolanos: infraestructuras deterioradas, ambientes insalubres y equipos fuera de servicio. El quirófano de neurocirugía, por ejemplo, llevaba siete años inoperativo.

Pese a estas adversidades, el hospital de Barquisimeto continuaba atendiendo a pacientes de toda la región centro-occidental, abarcando los estados Lara, Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes.

Las patologías tratadas incluían tumores cerebrales y de columna, aneurismas, hernias discales y traumatismos craneoencefálicos, entre otras. Sin embargo, solo se disponía de un turno quirúrgico semanal y la deuda quirúrgica superaba los 100 pacientes, principalmente por tumores y aneurismas.

Para revertir este panorama, el equipo de Neurocirugía, con el apoyo de empresas privadas, casas comerciales y pacientes, logró rehabilitar la infraestructura y recuperar los equipos con recursos básicos y trabajo voluntario. La agropecuaria El Tunal, una de las mayores empresas de Lara, contribuyó en la remodelación de áreas mediante la provisión de materiales, como parte de una alianza motivada por la atención a 14 de sus trabajadores, quienes aportaron insumos y prótesis.

Según Angulo, “con el respaldo de las casas comerciales pudimos realizar hasta tres cirugías diarias, llegando a 720 operaciones anuales, todo ello sin recibir un solo bolívar de las autoridades sanitarias”. La reinauguración del Servicio de Neurocirugía congregó a medios de comunicación, representantes del sector privado y autoridades hospitalarias, en un acto que celebró el esfuerzo colectivo y la restauración de un área vital para la salud regional.

Sin embargo, la llegada de Linda Amaro a la dirección del hospital desencadenó una oleada de desprestigio y persecución contra los neurocirujanos. “Solucionamos un problema de salud para el estado y ahora nos someten al escarnio público. Todo Lara conoce nuestro trabajo y ahí están las estadísticas y la infraestructura”, recalca Angulo.

Guerra política

El conflicto afecta a ocho médicos neurocirujanos, víctimas de la gestión del gobernador Luis Ramón Reyes Reyes, quien busca eliminar cualquier rastro del logro alcanzado bajo el mandato del vicealmirante Adolfo José Pereira Antique, quien dejó la Gobernación en abril de 2025 para dedicarse a la campaña para la Asamblea Nacional.

Reyes Reyes, militar retirado y protagonista en la intentona golpista de 1992, ostenta una extensa carrera política y fue ascendido a general de Brigada en noviembre de 2024 por Nicolás Maduro, pese a estar retirado.

Cuatro especialistas detenidos y cuatro exiliados

Actualmente, el servicio opera con solo tres neurocirujanos, mientras cuatro permanecen detenidos y otros cuatro se encuentran en el exilio, entre ellos una médica con embarazo de alto riesgo. Los doctores Ramón Valera, Yoselyn Madriz, Samuel Acosta y Luis Méndez están privados de libertad, mientras que Carlos Angulo, Roberto González, Norally Santeliz y Mariagil Sánchez han abandonado el país.

Valera se encuentra hospitalizado bajo custodia por una crisis hipertensiva; Madriz, con fallo renal y un solo riñón, está recluida en Fundalara; Acosta y Méndez permanecen en la comandancia policial.

Carlos Angulo destaca por su liderazgo gremial y social: presidió el Colegio de Médicos de Lara, el Club Rotary Nueva Segovia, fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía y dirigió una clínica privada de prestigio. Asimismo, ejerció como docente universitario y recibió la Orden Ciudad de Barquisimeto en 2022 por su destacada labor en el departamento de Neurocirugía del Hospital Antoni María Pineda, de Barquisimeto.

Pese a una exitosa carrera en el sector privado, Angulo aceptó la invitación de colaborar ad honorem en el hospital hace cinco años, motivado por el compromiso de recuperar y dignificar un servicio esencial para la salud pública. Su labor, reconocida por la comunidad y las instituciones, contrasta con la persecución política y el deterioro que hoy amenaza la atención de pacientes en la región.

Defendiendo la labor médica

El neurocirujano Carlos Angulo, quien fue jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HAMP), Barquisimeto, estado Lara, dice que se desató una campaña de desprestigio que lo afecta a él y a un grupo de sus colegas.

Lamenta el clima de hostilidad que prevalece en el país, donde, asegura, se ha perdido el Estado de derecho y la presunción de inocencia, y las decisiones se toman de forma arbitraria por quienes ostentan el poder político.

El especialista, con 34 años de trayectoria profesional y 24 en neurocirugía, reivindica su dedicación al servicio público y privado, asegurando que nunca ha incurrido en actos deshonestos. “Mi vocación siempre ha estado al servicio de cientos de pacientes, sin distinción de clase o condición económica, ejerciendo con ética y compromiso”, afirma.

Angulo relata que en 2021 fue designado jefe encargado del Servicio de Neurocirugía del HAMP, encontrándose con una infraestructura colapsada, escasez de equipos y personal desmotivado.

Ante esta situación, y con autorización de la dirección hospitalaria, impulsó la recuperación del servicio solicitando apoyo a empresas privadas y colaboradores, logrando mejorar las condiciones de atención y elevar el promedio de cirugías de una semanal a tres diarias, alcanzando unas 720 intervenciones anuales. “Gracias a ello, el servicio se consolidó como el mejor del país, tanto en lo quirúrgico como en lo académico”, sostiene el neurocirujano.

En los siguientes tres años, Angulo y su equipo insistieron ante autoridades hospitalarias, regionales y nacionales sobre la necesidad de dotar al servicio de los equipos necesarios para cirugías complejas.

No obstante, el médico denuncia que con la llegada del nuevo gobierno regional se inició una campaña de desprestigio y una “cacería de brujas”, orientada a justificar la desinversión y el abandono del sistema de salud.

El doctor Angulo advierte que se pretende culpar a médicos y trabajadores honestos, mientras las verdaderas mafias continúan operando impunemente. Lamenta que algunos de sus colegas, movidos por intereses personales, se sumen a la campaña, quebrantando la ética y la fraternidad profesional. “La humildad no debe confundirse con sumisión, ni el éxito con soberbia”, subraya.

El ex jefe de Servicio recalca que su labor nunca buscó opacar el trabajo de otros departamentos, sino inspirar y demostrar que, incluso en la adversidad, es posible transformar la realidad hospitalaria con compromiso y visión.

Son cientos los pacientes, familias y profesionales que, según el doctor Angulo, han sido testigos del esfuerzo colectivo. Afirma que, en el entorno actual, el éxito y la meritocracia son percibidos como una amenaza.

Finalmente, reivindica la unidad del gremio médico, agradece las muestras de solidaridad recibidas y reafirma su compromiso con la salud, la ética y la verdad. El doctor Angulo se encuentra en el exilio, debido a riesgos para su libertad y la seguridad de su familia. “Ruego a Dios que pronto prevalezca la verdad y la Justicia y pueda recuperar mi vida”, concluye, el ex jefe del Servicio de Neurocirugía del HAMP. Especialista en Neurocirugía.

El evento, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue el primer debate vicepresidencial de la historia de Bolivia tomando en cuenta que en 15 días se llevará adelante una segunda vuelta sin precedentes.

Lara afirmó que es necesario "transparentar" la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que los parlamentarios "decidan" sin acuerdos internos y sin la participación de la población boliviana.

Adelantó que si su binomio, junto con el candidato presidencial Rodrigo Paz, llega a ser Gobierno, "priorizará las leyes que permitan salir de la profunda crisis con la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE).

"Hay que modernizar la Asamblea Legislativa, elaborar un reglamento de diputados y senadores y transparentar la Asamblea", dijo Lara.

Añadió que también se debe estabilizar el dólar, garantizar el abastecimiento de combustible y cambiar las leyes que son benevolentes con los incendios forestales en algunas regiones del país.

Por su parte, el candidato Velasco señaló que si llega al Gobierno, con el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), se priorizará trabajar para estabilizar el dólar y generar un "tipo de cambio único, real y flexible".

Sobre el rol del Parlamento, el aspirante por la alianza Libre anunció que priorizará tener una "Asamblea Legislativa conectada con el pueblo" y volverla "digital, transparente y participativa".

"Cada mes tiene que haber un informe de desempeño de cada asambleísta, consultas ciudadanas y espacios de colaboración", propuso Velasco.

Añadió que se trabajará en leyes para garantizar el abastecimiento de combustible y se priorizará el subsidio "únicamente para el transporte público".

En el primer debate vicepresidencial también hubo momentos de confrontación entre ambos candidatos, en los que Lara le cuestionó a Velasco sobre unos supuestos tuits "racistas", publicados hace 15 años desde su cuenta de X, al referirse de forma peyorativa a los pobladores del occidente del país.

Sin embargo Velasco no respondió a las reiteradas preguntas y le planteó a Lara que no haya ataques, sino propuestas para el país.

La segunda vuelta presidencial de Bolivia se realizará el 19 de octubre entre los opositores Quiroga y Paz.

Bolivia convocará a 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años y otros 369.308 en 22 países a las urnas para elegir al gobierno para el próximo quinquenio.

Las elecciones generales de Bolivia fueron observadas por misiones internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales coincidieron en que el proceso electoral fue exitoso.

Estos comicios también marcan el fin de casi 20 años de gobiernos del MAS y la pérdida de su mayoría en el Legislativo, puesto que para el próximo quinquenio solo contarán con dos diputados.

Los detalles de los femicidios de Brenda, Morena y Lara a manos de un grupo dedicado al narcotráfico nos sacudieron a todos. Pero esta violencia es la versión más extrema de algo que ocurre todos los días en muchos barrios populares, y que ya no podemos seguir naturalizando. En esas zonas, las bandas de narcomenudeo se transforman en una estructura de poder que decide sobre aspectos de la vida de las personas. Por eso no se trata sólo de un asunto criminal. Es un problema de derechos humanos que profundiza la desigualdad.

En un contexto general de bajos niveles de homicidios, éstos se concentran especialmente en algunas zonas geográficas, que suelen coincidir con áreas de actividad de grupos del crimen organizado. El problema es más amplio, no radica solo en los asesinatos. En determinados momentos, las balaceras detienen la vida cotidiana del barrio. No se puede ir a tomar el colectivo. Las escuelas y los comedores no pueden abrir sus puertas.

En los barrios donde la presencia de estos grupos está más arraigada, hay también síntomas de control territorial. No se puede circular por determinadas zonas, o no se puede hacer uso de espacios comunes (como canchas de fútbol o vóley) sin la autorización de las bandas. Es evidente que nada de esto sería tolerado en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en las zonas céntricas del Conurbano bonaerense o de cualquier ciudad. Quienes viven en los barrios populares sufren múltiples desigualdades económicas, de acceso a servicios y recursos. Y además tienen más posibilidades de quedar en medio de un tiroteo o de ser captados para trabajar en alguno de los roles que integran las redes de ilegalidad.

Porque a esta altura hay que tener claro que, a medida que la vida se precariza y que el desmantelamiento del Estado avanza, las oportunidades de negocios para los grupos criminales se expanden. Así ocupan lugares cada vez más relevantes en la vida de estos barrios, lo cual a su vez profundiza su arraigo y comienza a producir una suerte de legitimidad. Generan trabajo, prestan dinero, dinamizan la economía del barrio. También solucionan problemas de salud o de acceso a alimentos, como antes hacían los referentes políticos y las organizaciones sociales. Todo esto colabora para que la violencia que generan se naturalice.

Por eso las soluciones “a todo o nada” son ficticias. La “eliminación del narcotráfico”, “narcotráfico cero”, no son objetivos de una política seria. Todas esas medidas fallaron hasta ahora. La imagen del narcotráfico como una especie de cuerpo extraño que puede ser simplemente extirpado es falsa. Las bandas se instalan gracias a la connivencia de segmentos del Estado (política, policía, justicia), y prolifera por las necesidades de las personas. Así, deja de ser un cuerpo extraño y se transforma en un factor de poder barrial.

No podemos esperar a que suceda otro crimen aberrante para que este tema se instale en la agenda. Tiene que existir un consenso político y social muy amplio, sin grietas ni cálculos electorales, que mande un mensaje claro: no se puede tolerar esta violencia en los barrios populares. Ese es el punto de partida, el acuerdo básico, para iniciar un camino sin dudas complejo y de mediano o largo plazo, porque implica mejorar de manera profunda las condiciones de la vida en estos barrios.

"Desde entonces, Mary Ann, su esposa, y toda su familia, están desesperados buscándolo pero no aparece", alertó Machado en su cuenta de X.

La opositora defendió a Ferreira como un médico "entregado a ayudar a los más vulnerables, querido y reconocido por todos".

Señaló que fue el jefe del comando de campaña de Machado en Lara para las presidenciales de 2024, una contienda que, según el ente electoral, ganó el mandatario Nicolás Maduro, aunque la mayor coalición opositora denuncia fraude y afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio, fue el "legítimo vencedor".

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido de Machado, Vente Venezuela (VV), afirmó que Ferreira está en "desaparición forzada", al tiempo que exigió información de su paradero y su "libertad inmediata".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 807 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales, en el contexto de la crisis que se desató tras la denuncia de fraude electoral de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.

El Gobierno de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles", lo que rechazan activistas, ONG así como partidos y políticos opositores.EFE

(foto)

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes que el adolescente Gabriel José Rodríguez, de 17 años, permanecerá detenido este martes 29 de julio durante el acto de graduación de bachilleres en el estado Lara, después de casi siete meses de arresto en el Centro Socioeducativo Profesor Aristóbulo Istúriz, conocido como El Manzano. Según OVP, Rodríguez es uno de los cuatro menores que continúan privados de libertad “de forma arbitraria” tras la represión poselectoral ordenada por el régimen de Nicolás Maduro, luego del fraude cometido por el chavismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La familia de Rodríguez informó que, a pesar de solicitar a la jueza del caso una medida cautelar que permitiera la asistencia del adolescente a la ceremonia de graduación, no recibieron respuesta por parte de las autoridades judiciales. Por el contrario, para la misma fecha está prevista la continuación del juicio en su contra, lo cual imposibilita su participación en uno de los momentos más esperados de su formación académica.

OVP detalló que durante el tiempo de reclusión, Rodríguez finalizó sus estudios académicos desde la cárcel, obteniendo un promedio de 18,31 puntos (sobre 20) en el segundo y tercer lapso escolar, lo que le habría correspondido pronunciar el discurso central de la ceremonia de graduación. Un familiar declaró al observatorio: “Lo registramos ante la OPSU y quedó con su promedio, él pidió que escogiera la carrera de Ingeniería Civil, Agronomía y Veterinaria”.

La detención de Rodríguez ocurrió el 9 de enero, en las protestas masivas previas a la inconstitucional juramentación de Maduro como presidente. De acuerdo con la información de sus familiares, Gabriel trabajaba en una panadería artesanal en la localidad y, tras culminar su jornada, se desplazaba al ambulatorio de Cabudare debido a un cuadro de fiebre y malestar general, momento en el que fue aprehendido por funcionarios de seguridad, quienes justificaron su arresto alegando que “tenía aspecto de guarimbero”. Los cargos imputados incluyen terrorismo, cierre de vías y promoción e incitación al odio.

La organización destacó que el adolescente, al igual que los otros tres menores detenidos, no ha podido juramentar a un abogado de su confianza. La familia afirmó que el proceso legal ha tenido un fuerte impacto emocional sobre Rodríguez y que “ha pagado seis meses siendo inocente”. Según sus allegados, “Le ha pegado muy duro este proceso, dice que no ha faltado a los mandamientos de la ley de Dios, nosotros le hemos inculcado valores y por eso ve injusto que personas que han cometido delitos estén en libertad y él no”.

Durante el periodo de reclusión, la familia solicitó autorización para llevar una torta al centro de detención con motivo de su cumpleaños 17, petición que fue inicialmente concedida y luego revocada por la autoridad judicial. Ante el impedimento de celebrar el aniversario junto al adolescente, los familiares cantaron cumpleaños en su domicilio y posteriormente enviaron un trozo de torta a la prisión.

En su denuncia, OVP advierte sobre el “daño psicológico irreversible” causado a los adolescentes retenidos tras los acontecimientos poselectorales. La organización manifestó que las autoridades venezolanas no han iniciado investigaciones sobre las denuncias de torturas y malos tratos vinculados a los procedimientos de detención, y exigió al Estado que asuma la responsabilidad sobre los daños sufridos tanto por los jóvenes como por sus familias.

Según OVP, la familia de Rodríguez reclama su liberación inmediata y sin restricciones, en el contexto de una situación en la que los cuatro adolescentes permanecen bajo arresto y no han recibido respuesta a solicitudes formales de revisión de sus casos. El observatorio subrayó que siguen sin esclarecerse las acciones de los funcionarios responsables de estas detenciones y que la represión persistente contra manifestantes y opositores políticos tras las protestas poselectorales sigue generando preocupación entre los organismos de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.

El OVP reiteró su exigencia de libertad para Gabriel José Rodríguez, los otros adolescentes detenidos y todos los presos políticos del país, señalando que hace un año centenares de personas resultaron arrestadas durante la represión de las manifestaciones que demandaban un recuento transparente de los votos y el respeto al resultado de las elecciones presidenciales de 2024.

La ya eliminada selección de Venezuela sorprendió al derrotar a Uruguay, la única formación invicta de la zona hasta hoy, y Paraguay, en una campaña que vino de menos a más, superó a Chile, de buen comienzo en la competición.

La fase decisiva comenzará este 4 de febrero.

Por los emparejamientos ya establecidos, la primera fecha pondrá frente a frente al primero del Grupo A (Uruguay) contra el tercero del B, luego, el primero del B contra el segundo del A (Paraguay) y al final el tercero del A (Chile) contra el segundo del B.

1-0. La Vinotinto se despide con un trago amargo a Uruguay

La campaña impecable de la Celeste en el torneo se vio hoy manchada al perder por 1-0 en el Estadio Metropolitano de la ciudad venezolana de Lara.

Los pupilos de Fabián Coito habían sometido por 1-2 a Chile, por 6-0 a Paraguay y por 2-0 a Perú, pero hoy, en el partido donde no tenían presiones, se vieron superados por el equipo anfitrión, dolido por una eliminación anticipada y urgido de dar una satisfacción a sus hinchas.

Kevin Andrade resolvió el partido al cambiar por gol un penalti de discutido origen por parte de los uruguayos.

2-1. Paraguay remata mejor que Chile

Paraguayos y chilenos se citaron hoy en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia sin más presiones que definir el orden final de un grupo para una fiesta a la que ya estaban invitados.

Pero Chile, que hasta hoy destacaba en la clasificación como escolta del líder Uruguay, se vio notablemente superado por un rival al que no le importó haber comenzado mal, muy mal si se tiene en cuenta la paliza por 6-0 a manos de la Celeste, y que costó el puesto al entrenador Aldo Duscher.

Sin el exfutbolista argentino, la vida de la Albirroja mejoró, el fútbol fluyó y hoy se impuso sin muchos problemas gracias a los goles de Gadiel Paoli en el minuto 35 y Ángel Aguayo en el 57.

Fue apenas en el final, que un pestañeó en la defensa permitió a la Roja maquillar la derrota con un gol de Emiliano Avilés.

- Clasificación final del grupo A

.1. Uruguay 9 puntos en 4 partidos

.2. Paraguay 9

.3. Chile     6

.4. Venezuela 6

.5. Perú      0

El Grupo B cierra la primera fase este sábado

También con tres protagonistas confirmados, el Grupo B definirá este sábado el orden de los clasificados en la fase de los seis mejores.

Argentina, Colombia y Brasil llegan perfiladas en ese orden y dejaron en la cuneta a Ecuador y Bolivia.

En el Polideportivo Misael Delgado de Valencia chocarán desde las 21.00 GMT de este sábado las selecciones de Brasil y Colombia. Y a la misma hora, pero en el Estadio Metropolitano de Lara, se las verán la ya eliminada Ecuador y Argentina. EFE

(fotos)

Caracas, 1 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela certificó con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) al licor de cocuy, con el objetivo de garantizar la calidad de este producto con miras a su exportación, informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Rodríguez indicó, en un mensaje en Telegram, que la idea es poder exportar el licor de cocuy a otros países, que no detalló, para fortalecer el ingreso de divisas no petroleras en el país.

"Con el espíritu invencible y victorioso de la unión nacional, el estado Lara (oeste) sale adelante promoviendo sus riquezas y potencialidades para avanzar hacia el desarrollo económico integral", añadió la vicepresidenta.

Además, dijo que de esta forma se está venciendo el "bloqueo criminal", en relación a las sanciones económicas contra el país, gracias a la "producción propia y el esfuerzo de todos los venezolanos".

La IGP, conocida en otros lugares como Denominación de Origen (DO), distingue un producto por su identidad y sus características, que se deben, fundamentalmente, a las particularidades que le aporta el hecho de proceder de una zona, región o país en concreto.

El cocuy es un licor destilado originario de Venezuela que se obtiene a partir del procesamiento de la planta agave cocuy, que se encuentra principalmente en los estados Lara y Falcón (noroeste).

De acuerdo al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), productores de queso de cabra, aguacate, miel, así como de las hamacas de la población de Tintorero, en Lara, han solicitado a las autoridades la IGP con lo que -explicó- se facilitarán los permisos "básicos y especiales" requeridos para su producción. EFE

Caracas, 11 dic (EFE).- La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados "presos políticos" en Venezuela, informó este miércoles que ha reportado la excarcelación de 18 personas, consideradas "presos políticos", la mayoría menores de edad.

Este grupo de personas, detenidas en el contexto de la crisis desatada tras las presidenciales de julio -marcada por protestas contra la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y operativos policiales-, fueron excarceladas la noche del martes, según indicó el presidente de la ONG, Alfredo Romero, en X.

Romero, quien no detalló en qué regiones del país se produjeron las excarcelaciones, señaló que 14 de los liberados son menores de edad.

Este miércoles, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó de un primer grupo de 12 personas excarceladas, entre los que se encuentra una paciente oncológica.

La ONG indicó que las liberaciones se registraron en los estados Anzoátegui (este), Lara (oeste) y Miranda (norte).

"Todas son personas inocentes que nunca debieron estar presas. Abrazamos a sus familiares, que jamás perdieron la esperanza ni dejaron de reclamar para obtener su libertad", expresó el comité, que -agregó- seguirá luchando por una "Navidad sin presos políticos".

Hasta el momento, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) -que en noviembre solicitó a tribunales la revisión de casos de detenidos tras los comicios- no ha informado de estas nuevas excarcelaciones.

Hasta este martes, Foro Penal computaba un total de 1.913 "presos políticos", la gran mayoría detenidos tras los comicios, así como 165 excarcelaciones, según dijo hoy a EFE el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de esta organización.

Madres y otros familiares de estos presos, apoyados por activistas, ONG y dirigentes opositores, han organizado numerosas protestas, sobre todo vigilias, en los últimos meses para pedir por la libertad de sus allegados y rechazar las acusaciones en su contra, entre ellas, de terrorismo.

En las últimas semanas han solicitado dialogar con el jefe de Estado para "lograr justicia", así como la intermediación de la Iglesia católica. EFE

Caracas, 8 nov (EFE).- Al menos 27 presos fueron trasladados desde cuatro calabozos del estado venezolano de Lara (oeste), donde en tres de ellos los reos mantienen una huelga de hambre en protesta contra el "hacinamiento" y el "retardo procesal", informó este viernes la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

A través de una nota de prensa, la ONG detalló que los presos serán trasladados a una cárcel del estado Carabobo (norte), sin precisar cuál.

Los reos continuarán la huelga de hambre y mantendrán su denuncia a pesar de los traslados, afirmó UVL, ya que, de acuerdo a los reportes de familiares, las autoridades "no atendieron con detalles a todos los que están en huelga".

La protesta la iniciaron el lunes 48 reos de una subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Lara, a la que se sumaron dos días después 69 detenidos en un segundo calabozo y, el jueves, otros 76 de un tercer centro, según informó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

"Recordemos que el CICPC fue creado para la investigación criminalística y sus funcionarios no fueron y no están formados para cuidar presos", sostuvo la ONG.

Humberto Prado, director del OVP, dijo recientemente a EFE que desde el OVP estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85 % están en retardo procesal.

Esto se debe -aseguró- a la "falta de algunas partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos", entre otras, lo que hace que el caso se difiera.

El OVP afirmó que los presos iniciaron la huelga como una "medida extrema" que refleja "desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas".

Asimismo, alertó sobre las "consecuencias graves y progresivas para la salud" de una huelga de hambre, ya que "puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales".

La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de "manera urgente" la "crítica situación", de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de "visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas". EFE

Caracas, 6 nov (EFE).- Unos 60 presos del estado Lara (oeste) en Venezuela se unieron este miércoles a la huelga de hambre que comenzaron el lunes otros 48 reos, en protesta contra el "hacinamiento" y el "retardo procesal", informó la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de X, el OVP explicó que los 60 presos -recluidos en los calabozos de una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)- reclaman un "plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios", como exigen los que iniciaron la huelga, según detalló la ONG, que agregó que los reclusos "se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas".

Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que desde la ONG estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85 % están en retardo procesal.

Esto se debe -aseguró- a la "falta de alguna partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos", entre otras, lo que hace que el caso se difiera.

"El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez no hay quien sentencie", sostuvo.

El OVP afirmó que los presos se pusieron en huelga como una "medida extrema" que refleja "desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas".

Asimismo, alertó sobre las "consecuencias graves y progresivas para la salud" de una huelga de hambre, ya que "puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales".

La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de "manera urgente" la "crítica situación", de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de "visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas". EFE

Caracas, 5 nov (EFE).- Un total de 48 presos de Venezuela del estado Lara (oeste) están en huelga de hambre desde este lunes, como una "desesperada medida" de protesta contra el "hacinamiento" y el "retardo procesal", según información difundida este martes por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de X, la ONG detalló que los reos, que están en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), también "exigen un plan de abordaje y traslado a recintos penitenciarios".

La organización afirmó que "esta medida extrema" refleja "la desesperación ante condiciones carcelarias inhumanas, además de ejercer una presión sobre las autoridades para responder a sus demandas".

El OVP alertó sobre las "consecuencias graves y progresivas para la salud" de una huelga de hambre, ya que "puede provocar pérdida de peso acelerada, deshidratación y deterioro de funciones vitales".

"Con el tiempo, surgen problemas severos como daño en órganos, pérdida de masa muscular y complicaciones cardíacas que pueden ser irreversibles", advirtió.

La ONG exigió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo atender de "manera urgente" la "crítica situación" de los reclusos, de la que el observatorio ha informado al Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de "visibilizar las violaciones que sufren los internos y de presionar para que se tomen medidas concretas".

El pasado 22 de octubre, 27 militares presos en una cárcel del estado Miranda, cercano a Caracas, iniciaron una huelga de hambre contra las amenazas que, supuestamente, habían recibido por parte de otros reclusos, según el OVP, una protesta que fue levantada tras la promesa de reubicación de los presos civiles y mejora de la alimentación en el penal. EFE

Caracas, 23 oct (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo este miércoles que el chavismo -que controla la Cámara- pretende reformar todas las leyes electorales antes de que finalice este año, de cara a los comicios regionales y municipales previstos para 2025.

En un acto con organizaciones partidistas y sociales del estado Lara (oeste), Rodríguez reiteró que la AN se encuentra en fase de consultas abiertas, a propósito del "diálogo político" con diversos partidos que impulsa el Legislativo para reformar estas leyes, un espacio en el que no participa el mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Se trata -según destacó en la actividad que fue transmitida por el canal estatal VTV- de "reformas importantes" a leyes "cruciales", algunas de las cuales "se quedaron obsoletas" con el paso de los años, como el marco que rige el funcionamiento de los partidos políticos, escrito en 1965, con una primera reforma aprobada en 2010.

"Debe ser transformado por la fuerza de las opiniones (...), para que podamos emprender los eventos electorales que tendremos en el año 2025. Antes de que termine la sesión legislativa (el período anual), el 15 de diciembre de este año, vamos a tener reformadas las leyes electorales", insistió.

Ratificó que en estas consultas participan partidos y excandidatos de las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado mandatario reelecto, un resultado que la PUD señala de fraudulento y que no es reconocido por numerosos países debido a la falta de pruebas de esa victoria.

En el marco de este diálogo, el Parlamento ha recibido más de un centenar de propuestas, entre las que destacan las de crear un código electoral, instaurar un mecanismo de financiamiento estatal a los partidos y establecer el sistema de segunda vuelta en las presidenciales. EFE

(video)