El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto entre las empresas y algunos sindicatos del sector redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. La temporada langostinera 2026 ya empezó, pero por falta de acuerdo laboral solo salieron a pescar 11 barcos y siguen amarrados más de un centenar.

Sin embargo, la dinámica cambió. Durante la pasada semana tres cámaras de la industria pesquera denunciaron “la insólita actitud de un gremio que paraliza la industria pesquera” y parecía cernirse sobre el sector de pesca de langostino la sombra del conflicto que en 2025 devastó la captura de la especie que más dólares -vía exportaciones- aporta a la Argentina, con picos cercanos a los USD 1.400 millones, en la segunda mitad de la década pasada.

“Luego de un 2025 en el que la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia, parece repetirse la situación para este año. La temporada de langostino inició el 15 de abril y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”, señalaron la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), del langostinero, que luego del conflicto de 2025 habían quedado en revisar con los gremios (principalmente el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, que aún lidera el moyanista Raúl Durdos) y el Sindicato Marítimo de Pescadores, Simape, que agrupa a la marinería marplatense) “condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Durante el verano hubo varios encuentros y a fin de febrero las cámaras presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta, consistente en tres “tablas” de premios “por producción”, según el precio del langostino estuviera por debajo de USD 6.000 la tonelada, oscilara entre USD 6.000 y 7.500, o lo hiciera entre USD 7.500 y 12.000 la tonelada. Pero en una reunión presencial SOMU y Simape desconocieron la existencia de esa propuesta, amagando con reiterar el largo conflicto y las pérdidas de 2025. Con los otros sindicatos del sector, el de Capitanes y el de Conductores de Pesca, las relaciones son más amistosas.

Otro escenario

Este año, sin embargo, el escenario cambió. Los precios internacionales mejoraron levemente respecto de los de un año atrás, las pesqueras tienen ahora legalmente habilitada la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de empresas, como de hecho lo hizo Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano, que ya largó 11 barcos a pescar.

Por otra parte, los marineros perdieron muchos ingresos el año pasado y no quieren repetir la experiencia. En las elecciones sindicales hubo un movimiento tectónico al perder SOMU la seccional Puerto Madryn, la más importante junto a Mar del Plata. Los resultados fueron contestados y la resolución depende de la Justicia. Los mandatos en SOMU se prorrogaron hasta el 9 de mayo y la actual dirigencia, encabezada por Durdos, pierde día a día predicamento en las bases. El ganador de la elección en Madryn, Alexis López, quiere alcanzar un acuerdo para salir a trabajar. “El año pasado fue terrible, la gente está cansada, quieren que les digan la verdad”, declaró a Revista Puerto, una publicación especializada.

Los marineros pudieron trabajar (en pesca del langostino, la más remunerativa) a lo sumo 3 de los últimos 20 meses. Ese hartazgo, con eco en los bolsillos, se reflejó en que cuando Conarpesa abrió un registro para iniciar la campaña se anotaron más de 2.000 marineros, incluido el 100% de su propio personal. De todos modos, aunque hizo acuerdo por empresa, Álvarez Castellano, el dueño de Conarpesa, dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él. Para los marineros en tierra que ven colegas trabajando, el dolor del bolsillo se profundiza. Trabajando, un marinero estaría promediando hoy unos $5,8 millones mensuales estimó Agustín de la Fuente, gerente de Capip.

Conarpesa sacó sus barcos a pescar mediante un acuerdo propio con el personal, pero dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él

Según trascendidos sindicales del fin de semana, el acuerdo estaría a punto de llegar: sería por “la tabla del medio” (premios en función de un precio del langostino entre USD 6.000 y 7.500 la tonelada) y tomando el 90% (el porcentaje más alto) de la cotización del dólar de referencia. La reunión tendría lugar este lunes en la Secretaría de Trabajo y el eventual acuerdo podría homologarse el miércoles, a tres días de que venza el actual mandato sindical.

Incógnita

Una incógnita a develarse es si los gremios aspiran a que esa tabla rija de modo permanente. Las cámaras creen que debería valer para esta temporada, en que el precio del langostino oscila en torno de USD 7.000 la tonelada, pero que las “tres tablas” sean el marco permanente y se aplique en cada temporada la que corresponda en función de cuáles sean los precios del mercado internacional y la información oficial que publique la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

El año pasado la campaña empezó muy tarde y cerró temprano, con pérdidas para todos. A nivel país, se estima que se perdieron entre USD 200 y 300 millones de exportación.

Así y todo, según datos oficiales, el sector generó en 2025 divisas por USD 2.010 millones (4,3% más que en 2024), con un volumen de 550.000 toneladas, datos solo inferiores a 2018, cuando se exportó por USD 2.149 millones.

El año pasado el crecimiento se debió a la captura y exportación de calamar (+32,5% en valor y +47,4% en volumen) pero, con baja y todo, el langostino siguió siendo la especie que más dólares aportó, los ya mencionados USD 867 millones. El aumento de las colocaciones de calamar y la caída de las de langostino hicieron que el principal mercado de destino pasara a ser China (USD 486 millones), desplazando a España (USD 373 millones) al segundo lugar.

En el primer trimestre de este año, nuevamente fue el calamar el gran propulsor y las exportaciones pesqueras totalizaron USD 668 millones. Si esta semana hay acuerdo en el sector langostinero, ese valor muy probablemente sea superado en el segundo trimestre.

El langostino es uno de los productos más representativos del complejo pesquero argentino y un actor clave del comercio internacional de alimentos. Pero antes de llegar a una mesa en el exterior, atraviesa una logística altamente especializada, donde cada decisión impacta directamente en la calidad, la seguridad y la posibilidad de exportación. En este circuito, el tiempo no se mide en días sino en horas, y la temperatura es tan importante como el transporte.

A diferencia de otros productos, el langostino no admite improvisaciones. Desde el momento en que se extrae del mar, se activa una secuencia logística precisa que combina captura, procesamiento, congelado, almacenamiento y traslado bajo condiciones estrictas. Si uno de esos eslabones falla, el producto pierde valor o directamente queda fuera del mercado.

La logística empieza en el mar

La cadena logística del langostino comienza incluso antes de tocar puerto. Una vez capturado, el producto debe ser clasificado y enfriado de manera inmediata. El objetivo es frenar el deterioro natural y preservar sus características organolépticas.

En muchos casos, el langostino se congela a bordo mediante sistemas de frío rápido. Esta etapa es clave: permite conservar el producto en condiciones óptimas hasta su procesamiento posterior. La logística marítima, en este punto, ya trabaja bajo parámetros similares a los de una planta industrial, con controles de temperatura y tiempos muy ajustados.

El desembarque también forma parte del proceso. Los puertos deben estar preparados para recibir la mercadería sin interrupciones, evitando exposiciones prolongadas al ambiente. Cada minuto cuenta para sostener la calidad del producto.

Procesamiento y valor agregado

Una vez en tierra, el langostino ingresa a plantas donde se realizan tareas como limpieza, clasificación por tamaño y, en algunos casos, tratamientos específicos. Uno de ellos es el glaseado, un proceso que consiste en aplicar una fina capa de hielo sobre el producto congelado. Esta práctica no es estética: cumple una función logística y sanitaria fundamental, ya que protege al langostino de la deshidratación y la oxidación durante el almacenamiento y el transporte.

En esta etapa, la logística debe coordinar flujos internos, cámaras de frío, movimientos controlados y tiempos de permanencia. El producto no puede romper la cadena de frío en ningún momento. Incluso una variación mínima de temperatura puede afectar su destino comercial.

El procesamiento también define el tipo de mercado al que se apunta. Diferentes presentaciones implican distintas exigencias logísticas, desde el embalaje hasta el tipo de transporte utilizado.

La cadena de frío como eje central

La cadena de frío es el corazón de la logística del langostino. A lo largo de todo el recorrido, el producto debe mantenerse dentro de rangos de temperatura específicos. Esto exige infraestructura adecuada, monitoreo constante y personal capacitado.

El almacenamiento en cámaras frigoríficas permite regular los tiempos entre producción y despacho. Allí, la logística gestiona rotación de stock, trazabilidad y preparación de pedidos según los destinos internacionales.

El transporte terrestre hacia los puntos de salida al exterior es otro momento crítico. Se utilizan equipos refrigerados que deben cumplir con normas sanitarias y controles permanentes. Cualquier desvío puede generar rechazos en destino, con costos económicos elevados.

Controles y comercio internacional

El langostino es un producto altamente regulado en el comercio internacional. Antes de salir del país, debe cumplir con controles sanitarios, documentales y de trazabilidad. La logística es responsable de que toda esa información acompañe físicamente al producto.

Los mercados internacionales exigen garantías sobre el origen, el tratamiento y la conservación del alimento. Esto obliga a una coordinación estrecha entre organismos de control, operadores logísticos y exportadores. La documentación, los certificados y los tiempos de despacho forman parte del mismo engranaje.

En este contexto, la logística no solo mueve mercadería: asegura cumplimiento normativo y acceso a mercados externos. Un error en esta etapa puede bloquear una operación completa.

Impacto económico y logístico

La logística del langostino moviliza empleo, infraestructura y servicios en distintas regiones. Desde los puertos hasta las plantas de procesamiento y los corredores de transporte, se trata de una cadena que genera valor y demanda coordinación constante.

Además, funciona como un ejemplo claro de cómo la logística condiciona el comercio exterior. La competitividad del producto no depende solo de su calidad natural, sino de la capacidad de sostener una operación eficiente, previsible y controlada.

Cuando la logística sostiene el valor

El recorrido del langostino muestra con claridad que la logística no es un complemento, sino un factor decisivo. Cada etapa, desde el mar hasta la exportación, está pensada para preservar valor, reducir riesgos y cumplir estándares internacionales.

Detrás de cada caja que cruza fronteras hay una red de procesos que trabajan de manera integrada. Cuando esa red funciona, el producto llega en condiciones óptimas. Cuando falla, el impacto es inmediato.

La logística del langostino demuestra que, en el comercio internacional de alimentos, la calidad no se define solo en el origen, sino en todo el camino.

La resolución de un conflicto entre el Gobierno de Chubut y la empresa Red Chamber marca el inicio de una nueva etapa para la industria pesquera e industrial de la provincia. Ambas partes alcanzaron un acuerdo que contempla la construcción de una planta industrial en la subzona franca de Trelew, lo que permitirá a la compañía estadounidense mantener su presencia productiva en la región y proyecta la creación de nuevos empleos.

El entendimiento puso fin a la disputa surgida tras la rescisión, por parte del Estado provincial, del contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca. Red Chamber había iniciado un juicio millonario como consecuencia de esa decisión, pero el acuerdo evita el litigio y sienta las bases para una relación renovada. Según lo anunciado, la empresa se comprometió a continuar invirtiendo en Chubut y a levantar una moderna planta de procesamiento en la Zona Franca de Trelew, lo que representa un impulso relevante para la economía local.

La empresa se comprometió a continuar invirtiendo en Chubut y a levantar una moderna planta de procesamiento en la Zona Franca de Trelew

El Gobierno provincial garantizó la continuidad de los puestos de trabajo en la planta de Puerto Madryn y anticipó la generación de nuevos empleos a partir de la puesta en marcha de la nueva instalación. Además, el acuerdo refuerza la estrategia de la provincia orientada al desarrollo industrial, la exportación y la promoción de empleo de calidad. Desde la administración chubutense se destacó que la permanencia de Red Chamber en la provincia consolida la vocación productiva y exportadora del distrito.

Por su parte, la empresa reafirmó su compromiso de largo plazo con la Argentina y con Chubut, respaldando sus inversiones en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Argentina. Red Chamber recordó que, desde su desembarco en el país en 2015, logró recuperar embarcaciones semi hundidas y reactivar la producción de la ex Alpesca, lo que contribuyó al posicionamiento del langostino salvaje argentino en el mercado estadounidense.

Desde la compañía subrayaron que el acuerdo constituye un hito positivo para ambas partes, ya que no solo evita un litigio costoso, sino que también promueve la inversión productiva, la generación de empleo y el aumento de las exportaciones. El proyecto de la nueva planta en Trelew se perfila como un motor para otras inversiones y se espera que fortalezca la cadena de valor de la pesca, además de reforzar el perfil exportador del langostino argentino.

Conflicto resuelto

En 2015, Red Chamber se hizo cargo de la compañía Alpesca, que quebró con 600 trabajadores en su nómina laboral. Martín Buzzi, por entonces gobernador de Chubut, inició la expropiación de Alpesca y cerró con Red Chamber un contrato que se cumplió sin objeciones administrativas y judiciales.

Diez años más tarde, el actual gobernador, Ignacio Torres, firmó un decreto para rescindir el contrato de Red Chamber con la provincia. En ese momento, el mandatario provincial alegó incumplimientos contractuales. Desde la compañía aseguraron que la decisión de Chubut no tenía sustento. Además, detallaron que generaron más de 500 empleos directos en Puerto Madryn, desarrollaron un muelle de descarga de langostino en Rawson y que en la última década lograron la introducción y posicionamiento del langostino salvaje argentino en el mercado norteamericano, entre otros logros empresariales.

Al cabo de cuatro meses de intransigencia y falta de negociación entre las empresas y dos de los cuatro sindicatos involucrados, este viernes se destrabó el conflicto que tenía parados a más de 100 buques congeladores dedicados a la pesca del langostino, la especie marina que en concepto de exportaciones más dólares aporta a la economía argentina.

Básicamente, ante la presión de las bases de marineros que desde distintos puntos del país, y en particular del litoral argentino -de donde provienen buena parte de los mejores marineros, según señalan los baqueanos del sector- reclamaban un acuerdo que permita rescatar la última parte de la zafra langostinera y no limite los ingresos de los marineros y sus familias a los básicos de convenio, privándolos de los ítems “de producción”, que conforman el grueso de los ingresos de los trabajadores del sector.

Según el convenio acordado y firmado en la secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU( y las Cámaras Capeca, Capip y CEPA, el arreglo que destrabó el conflicto es que el 70% del ingreso tendrá carácter “no remunerativos” (exento de cargas sociales y otros aportes) y un descuento del 9% sobre el total del recibo. Esto equivale a una baja cercana al 12% en los valores de producción y un ajuste total del costo laboral para las empresas langostineras del 18%, inferior al 30% al que aspiraban, pero suficiente para destrabar el conflicto.

De este modo, tanto empresas como trabajadoras tendrán entre dos y tres meses para lograr el mejor volumen de captura posible y vender al mercado internacional al menos una fracción de los cerca de USD 600 a 700 millones anuales de exportación de langostino (entero, en distintas medidas, L1 a L3, y también “colas de langostino”).

Algunos números

El cálculo es que la demora del inicio de la zafra langostinera (que usualmente termina a inicios de octubre, aunque puede estirarse hasta fines de ese mes) costó al menos unos USD 200 millones y que en el tiempo que queda podrían “salvarse” hasta USD 300 millones de ventas externas.

“Se logró romper la inercia”, dijeron desde las cámaras empresarias, en tanto el sindicato encabezado por Raúl Durdos, ligado a la familia Moyano, buscó salvar la cara resaltando que siempre había propuesto la solución del 70% “no remunerativo”.

De todos modos, el acuerdo no es definitivo, pues para 2026 se seguirá negociando.

En un comunicado conjunto, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (CAPECA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) destacaron las “intensas gestiones con la Secretaría de Trabajo de la Nación” que llevaron a la firma del acuerdo con el SOMU que –agregaron “junto a los ya alcanzados con SICONARA, Capitanes y SUPA, permiten retomar la actividad y darle previsibilidad a toda la cadena productiva”.

“Los buques pesqueros volverán a zarpar en los próximos días y se retomará la captura de langostino, especie clave para la industria y para las exportaciones argentinas”, señalaron las empresas. “El entendimiento puso de manifiesto la necesidad de que los convenios colectivos de trabajo deben estar en consonancia con la realidad de la actividad”, declaró Eduardo Boiero, presidente de CAPECA. “Es la única manera –agregó- de compatibilizar las necesidades de los trabajadores con la viabilidad económica de la industria”.

Según los cálculos, un marinero embarcado cobrará así un 18% más por marea que en 2024 y tiene entre dos y tres meses por delante para recuperar parte de los ingresos perdidos desde el inicio del conflicto.

Las empresas, por su parte, no consiguieron la reducción del 30% en los valores “de producción” que aspiraban argumentando la baja del 50% en el valor de referencia del precio internacional del langostino (de USD 12 a menos de USD 6 el kilo), pero a su vez estiman que con la escasez de stocks y lo corto de la temporada presionen a una mejora del precio, que de llegar a los 6 dólares, argumentan, les permitirá salir del rojo operativo en la zafra langostinera.

Un conflicto que incluyó amenazas de muerte

El conflicto fue largo e intenso, al punto de que había escalado a que dos sindicatos de marinería repudiaron al de Capitanes de Pesca, que había acordado antes (al igual que el de conductores navales) e incluido amenazas de muerte a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn que estaban dispuestos a salir de pesca mediante acuerdos particulares con las empresas, al margen del sindicato.

El SOMU se negaba a adaptar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) firmado cuando el precio internacional del langostino en el que se basó ese convenio era de USD 12 el kilo.

Los que acordaron antes

Tanto el Sindicato de Capitanes, a fines de junio, como el de maquinistas, a principios de julio, habían aceptado adecuar los valores “de producción”. La fuerte baja del precio del “langostino salvaje” del mar argentino respecto de los valores de 2015 se debió a que el mercado internacional nunca se recuperó del todo luego de la pandemia y por la creciente competencia del “langostino vannamei”, de cultivo.

Según las empresas langostineras, no adaptar los valores implicaba trabajar a pérdida. Capitanes y Maquinistas aceptaron la adecuación, pero el SOMU, que agrupa a los marineros, que aportan el 80% de la tripulación de un buque pesquero, se negaban a esa adaptación. Hasta que las bases pudieron más.

Según una propuesta que las Cámaras habían presentado en junio a la Secretaría de Trabajo la readecuación del Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ordenó la incautación de todos los productos de mar capturados por el buque chino Zhe Fan 7, que hasta el 16 de junio operó en el Atlántico Sur, usando como base el puerto de Montevideo.

“El Zhen Fa 7, de bandera china, es un barco potero que utiliza artes de pesca para capturar calamar. Durante los últimos 13 años concentró sus operaciones en el Pacífico Sur, frente a Ecuador, Perú y Chile y el Atlántico Sur, frente a la Patagonia Argentina, en donde operó hasta el 16 de junio pasado”, dice una investigación de Milko Schvarzman, especialista en pesca del Círculo de Políticas Ambientales (CPA).

A fin de mayo pasado la Unidad de Aduana y Protección Fronteriza, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, emitió una orden a todos los puertos de EEUU de retención del buque y decomiso del Zhen Fa 7 “de su mercadería, no limitada al calamar, basada en razonables sospechas de que para realizar sus capturas utiliza trabajo forzado”.

“Combatir el trabajo forzado es central a la misión de proteger la Seguridad Nacional de EEUU”, dijo entonces el Comisionado de la Unidad, Pete Flores, quien invocó la orden de Donald Trump, “que nos encargó restaurar la competitividad de la industria pesquera combatiendo prácticas comerciales desleales”.

“Indicadores” de esclavitud

La agencia federal constató la existencia de varios “indicadores” de trabajo forzado o mano de obra esclava listados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT): vulnerabilidad de los trabajadores, aislamiento, retención de documentos, condiciones trabajo abusivas, violencia física y sexual y condicionamiento por deuda.

“El pesquero sancionado utilizaba como base el puerto de Montevideo, Uruguay, en donde en 2021 había abandonado a un tripulante agonizante. La última parada en puerto del Zhen Fa 7 fue en Montevideo, Uruguay, del 5 al 25 de junio de 2024”, precisó Schvartzman, del CPA, quien remarcó que el puerto de la capital uruguaya “es el más utilizado por las flotas de pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada) que operan en Sudamérica. Es elegido por la ausencia de controles e inspecciones. En Montevideo no se exige el cumplimiento de normas respecto a la legalidad de la carga y de navegación y tampoco estándares de vida a bordo”.

El episodio de 2021 describe la operatoria de ciertos buques y empresas chinas. El 8 de marzo de ese año el buque tanquero Marlin, de bandera de Liberia, descargó en el puerto de Montevideo un marinero en graves condiciones que provenía del Zhen Fa 7. El joven indonesia Daniel Aritonang había sido pasado antes de una embarcación a la otra. Horas después de su abandono en puerto, falleció. Tenía 21 años de edad.

Ese caso se conoció porque Jesica, una joven uruguaya que trabajaba en el puerto, notó la situación y ayudó a transportar al joven a un hospital, donde murió. Jesica tomó fotos e informó a Shvarzmann, que investigó el caso para The Outlaw Ocen Project, una ONG internacional, recurriendo, entre otras fuentes, a la embajada indonesia.

“El ingreso del Marlin no fue registrado oficialmente. La Administración Nacional de Puertos de Uruguay no registra todas las embarcaciones que recalan en sus puertos ni hace pública toda la información de arribos”, dice el informe del Círculo de Políticas Ambientales.

El uso de buques con bandera de otros países es otra práctica de las empresas chinas, que este año, como ya reportó Infobae, también “abanderaron” sus buques bajo las insignias de Vanuatu y Camerún.

En este contexto, citó el CPA, en enero pasado la provincia de Santa Cruz avanzó en un acuerdo con empresas chinas para darles apoyo logístico.

“Estas empresas tienen antecedentes de abuso a los derechos humanos y pesca ilegal, incluyendo haber realizado pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina en 2019”, dice el informe.

Refugio en el Mar Argentino

Específicamente, entre el 1 y el 5 de marzo de 2024, el Zhen Fa 7, ahora sancionado por EEUU, “ingresó hasta 180 millas dentro del Mar Argentino, quedando a corta distancia de las costas del Chubut, a apenas unas 40 millas de la Isla Leones, frente al Golfo San Jorge. El ingreso del Zhen Fa 7 al Mar Argentino fue acompañado por al menos 150 pesqueros chinos. Regularmente, se permite a la flota china que ingrese al Mar Argentino a refugiarse de los temporales que ocurren en aguas internacionales”, precisa la investigación.

De hecho, este medio informó varias ocasiones en que centenares de buques extranjeros, mayormente chinos, pero también de Corea del Sur, España y Taiwán, que pescan sin restricciones al borde externo de la ZEE (en la llamada “Milla 201”), con oportunistas incursiones en aguas nacionales, pidieron refugio a Prefectura Argentina. Así ocurrió en marzo y mayo de 2024 y en mayo de este año.

Como autoridad de control, Prefectura concede esos permisos a condición de que mientras se refugian en aguas nacionales los buques no realicen tareas de pesca, tengan apagadas todas las luces propias de esa actividad (el uso de luces es clave en la pesca del calamar, principal interés de la flota china en el Atlántico Sur), “mantengan las artes de pesca sobre cubierta y debidamente trincadas”, tengan siempre encendidos los equipos de posicionamiento y comunicaciones (AIS), mantengan escucha en la frecuencia 4134 Khz y envíen reportes a las 02:00, 10:00 y 18:00 horas de cada día mientras dure el temporal.

Las embarcaciones chinas no suelen devolver estas prácticas de solidaridad marina, al punto de que ha habido intentos de fuga cuando fueron detectadas haciendo pesca ilegal e incluso un intento de embestir a una nave de la fuerza de seguridad actuante.

Subsidios y acuerdos sin ratificación

El reporte del CPA subraya que la operación de estas flotas de aguas distantes “es posible en gran parte por los subsidios otorgados por sus estados de bandera y a la explotación de sus tripulaciones”. Por último, recuerda que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada “afecta los ecosistemas marinos de los países costeros y tiene un impacto económico y social”. Por eso, agrega, en junio de 2022, la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobó el “Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca” que, entre otras cosas, prohíbe el subsidio a flotas de pesca ilegal o no regulada, como la que opera en el Atlántico Sur.

Para que ese Acuerdo entre en vigor, es necesario que 112 países lo ratifiquen y al día de hoy cuenta con 105 ratificaciones. Además, en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) se alcanzó un tratado clave para la seguridad de pescadores y buques pesqueros, que aún no entró en vigor, pero ayudaría a evitar abusos. El informe del CPA concluye observando que si bien el Congreso argentino aprobó ambos acuerdos hace 9 meses, “los tratados permanecen cajoneados por el Poder Ejecutivo Nacional, pese a que la Argentina es uno de los países más afectados del mundo por la pesca ilegal”.

Y el pescado sin pescar

Todo esto sucede mientras se prolonga el conflicto por la pesca en aguas nacionales del langostino, la especie pesquera que más divisas aporta. Ya se perdieron más de USD 200 millones en exportación.

El conflicto enfrenta, de un lado a las cámaras y empresas de buques “congeladores tangoneros” (dedicados al langostino, que procesan a bordo, operando como “buques factoría”) y los sindicatos de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Marítimo de Pescadores (Simape, marinería marplatense), que se niegan a adecuar los valores “de producción” (que conforman el grueso de los ingresos del personal embarcado) del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de 2005, cuando el precio internacional del langostino promediaba USD 12 el kilo. El precio actual ronda los USD 5,50 y las empresas dicen que si no se adaptan los valores a la nueva realidad operan a pérdida.

Los gremios de capitanes y maquinistas acordaron adecuar los valores, pero SOMU y Simape rechazan hacerlo e incluso se manifestaron de modo intimidatorio frente a la sede de uno de los sindicatos “acuerdistas”. Las pesqueras hicieron acuerdos individuales con los marineros dispuestos a trabajar y una de ellas, Conarpesa, intentó salir el jueves, pero no pudo hacerlo, pues algunos marineros que habían aceptado nuevas condiciones y se disponían a embarcar desistieron de hacerlo tras recibir amenazas de muerte.

Las restantes langostineras, con un total de 113 buques, habían coordinado salir de pesca el miércoles 23, pero renunciaron a hacerlo por falta de garantías de seguridad. Esta mañana, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, dijo en un reportaje radial que las pérdidas son “enormes” y está en juego la libertad de trabajo.

El conflicto en torno de la pesca del langostino escaló en las últimas horas, con dos sindicatos de marinería, el de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Marítimo de Pescadores (Simape, que agrupa a los marineros marplatenses), repudiando frente a su sede en Mar del Plata a un tercer gremio, el de Capitanes de Pesca, amenazas de muerte a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn y, ya en la tarde del viernes, allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad de Chubut tras la identificación del teléfono y el lugar desde donde habían partido las amenazas.

El secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, difundió la captura de pantalla de la amenaza recibida por algunos marineros. La amenaza, decía, en extraño lenguaje, “más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”. Y se acompañaba de la imagen de un arma de fuego.

Amenazas

“Podrán discutirse cuestiones laborales, aplicación o no de cláusulas, pero nadie puede mediante amenazas decirle a un trabajador que no puede trabajar. Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite. Entiendo que la denuncia penal está en curso y ya hay avances”, posteó Arbeletche en la red social X.

“Repudiamos enérgicamente la violencia y extorsión recibida por los marineros que han manifestado su voluntad de trabajar y suscribir acuerdos particulares con las empresas del sector. Estas empresas han puesto toda su capacidad a disposición para iniciar la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales", expresó por su parte un comunicado de “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina”.

“La violencia y la intimidación no son el camino para lograr la paz social ni para fomentar el trabajo argentino. La libertad de trabajar y de acordar condiciones laborales de manera voluntaria y consensuada es fundamental para el desarrollo de cualquier industria”, dice el texto suscripto por la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (Capeca, la de Armadores Poteros Argentinos (CAPA); la de la Industria Pesquera Argentina (Caipa); la Argentina de Armadores de Buques Pesquerose de Altura (Caapbpa); la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (Aepcyf), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (Udipa); la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), y la Cámara de Frigoríficos Exportadores de da Pesca (Cafrexport).

En la tarde de ayer, con autorización judicial y la intervención de la jueza Patricia Reyes y de María Cárcamo, funcionaria del Ministerio Público Fiscal, la División de Investigación de Puerto Madryn de la Policía de Chubut realizó dos allanamientos a raíz de las denuncias de cuatro marineros que estaban dispuestos a firmar contrato con Conarpesa, pesquera del empresario Fernando Álvarez Castellano, en base a acuerdos particulares de producción, al margen del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente. En uno de ellos se secuestró un celular que podría llevar al origen de las amenazas.

Qué dicen los sindicatos de marineros

SOMU, cuyo secretario general, Raúl Durdos, está alineado con los Moyano, y Simape, se niegan a adaptar el CCT. “Nos encontramos con que las empresas convocaron a la gente para persuadirlos de firmar contratos entre partes individuales. No hay nada legal que firmar. Lo único legal es lo que firmaron las entidades sindicales”, advirtió Oscar Bravo, del SOMU.

Pablo Trueba, secretario del Simape dijo que el acuerdo salarial ya se había firmado y ratificado en la Secretaria de Trabajo, con aumentos sobre los básicos y garantía de no reducir los niveles salariales. “La paritaria fue cerrada, se levantaron las medidas de fuerza y los barcos de la flota congeladora deberían estar trabajando. No hay motivo para dilatar las zarpadas ni para intentar imponer condiciones unilaterales, mucho menos por fuera de los gremios”, sentenció.

En verdad, el acuerdo fue sobre los básicos de convenio, la parte fija que cobran los marineros, no sobre los ítems de “producción”, que conforman el grueso de sus ingresos. Trueba acusó a las empresas de intentar “romper la paz social” y advirtió: “si algo sucede en el puerto de Mar del Plata, los culpables son ellos”.

SOMU y Simape lograron, eso sí, un acuerdo firmado también ayer con la empresa Buenos Aires Pesca SA, para salir de pesca, en el marco del CCT vigente, con los buques San Juan B y Pedrito, en base a un esquema de pago transitorio, hasta el 30 de septiembre, buscando romper lo que creen un acuerdo tácito entre las cámaras langostineras Capip y Capeca.

Los buques congeladores “tangoneros” (dedicados a la pesca de langostino) ya llevan diez meses amarrados, aunque el conflicto en sí se inició hace 120 días, cuando debía iniciarse la actual campaña. Implica 113 barcos parados y las cámaras y empresas del sector que habían decidido iniciar la zafra el próximo 23 de julio a partir de acuerdos particulares con los marineros que aceptaran valores “de producción” diferentes al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente desde 2005.

Sin garantías de seguridad

“No están dadas las garantías para salir a pescar con acuerdos particulares. Amenazan a nuestros trabajadores. Conarpesa (la empresa que intentó salir el jueves y no pudo hacerlo porque, ante las amenazas, los marineros que habían dado su acuerdo dieron marcha atrás) lo intentó antes y no pudo. Y SOMU y Simape lo festejan como un triunfo”, dijeron a Infobae desde una de las cámaras pesqueras involucradas en el conflicto que ya costó al menos USD 200 millones en pérdida de exportaciones, amén de pérdidas millonarias de ingreso en pesos para unas 5.000 familias de marineros, maquinistas y capitanes de pesca.

De hecho, este sábado Capeca, Capip y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) comunicaron “la suspensión de todas las zarpadas programadas de la flota congeladora tangonera en aguas nacionales, como medida excepcional ante la escalada de amenazas, intimidaciones y violencia sufridas por trabajadores que manifestaron su voluntad de embarcarse”.

Las empresas pidieron intervención “urgente y decidida” para “restablecer condiciones mínimas de seguridad” y que la Nación, las Provincias, los Municipios afectados “y especialmente las entidades gremiales responsables, condenen sin ambigüedades estos hechos y se comprometan con la paz social y el trabajo argentino”.

Según el comunicado, “la actividad pesquera representa más de 46.000 empleos directos, genera exportaciones por más de USD 2.000 millones anuales y es uno de los motores productivos clave de las provincias del litoral marítimo. No es tolerable que esta columna vertebral de la economía regional quede rehén de una minoría que recurre a la violencia para impedir que los trabajadores decidan en libertad”.

Los que acordaron

Tanto el Sindicato de Capitanes, a fines de junio, como el de maquinistas, a principios de julio, aceptaron adecuar los valores “de producción”, que aportan el grueso de las remuneraciones del sector. Estos se basaban en un valor del kilo de langostino de USD 12, el precio internacional que regía en 2005, cuando se firmaron los convenios, pero en la actualidad el precio del “langostino salvaje” que exporta la Argentina es inferior a USD 6 por kilo, debido a un mercado internacional que nunca se recuperó del todo tras la pandemia y en el que pesa cada vez más el “langostino vannamei”, de cultivo.

Las empresas langostineras dicen que el costo de la tripulación ya llegó al 60% del total y que no adecuar los valores implica trabajar a pérdida. Capitanes y Maquinistas aceptaron la adecuación, pero los de marineros, que aportan el 80% de la tripulación de un buque pesquero, la rechazan y acusan a las empresas de “lock out” patronal y denunciar unilateralmente el Convenio Colectivo vigente.

Una voz crítica del sector apuntó en cambio que así como en la agricultura puede haber, en un mismo año, malos resultados en un cultivo que se compensan con los buenos de otros, las empresas pesqueras, que la llevan mal con el langostino, tuvieron este año excelentes resultados con el calamar.

Las empresas pesqueras insisten en que el actual convenio colectivo es “inviable”. El rechazo del SOMU y el Simape a actualizarlo, dicen, “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus cálculos, un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”, pero al no haber actividad está percibiendo solo el salario básico, cercano a los $ 600.000 mensuales para un marinero sin antiguedad.

Según una propuesta que las Cámaras presentaron a principios de junio en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ámbito en que la creación de una “Mesa de Trabajo” no logró destrabar el conflicto, el impacto de la readecuación del Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”

En lo que las cámaras de empresas de pesca de langostino describen como “la crisis más grave en la historia de la pesca argentina”, unos 5.000 marineros permanecen sin trabajar y las pérdidas de exportación para el país superan ya los USD 200 millones.

El conflicto enfrenta, de un lado a las empresas que operan barcos “congeladores” (aquellos que además de pescar, procesan y embalan langostino en “buques-factoría”), y del otro a los sindicatos de capitanes de pesca, conductores navales y marinería. Este último sector es el que aporta más tripulantes a los buques pesqueros, unos 24 sobre una tripulación estándar de 30 personas.

El viernes, las cámaras empresarias anunciaron un acuerdo con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, que agrupa a los tripulantes de mayor remuneración y menos número en una embarcación, sugiriendo que “podría iniciarse la solución” del conflicto con maquinistas y marineros.

Adecuación

El objetivo, afirmaron, es “llegar a un acuerdo para iniciar un proceso de adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad de los capitanes de la flota congeladora”. Están en juego los premios “por producción”, la parte del león (o tiburón, tratándose de un entorno marino) de los ingresos de los trabajadores pesqueros, vinculados desde 2005 a un precio de referencia de USD 12 el kilo de langostino.

Están en juego los premios “por producción”, la parte más significativa de los ingresos de los trabajadores pesqueros, vinculados desde 2005 a un precio de referencia de USD 12 el kilo de langostino

Las empresas quieren adecuar ese valor a los precios actuales, cercanos a USD 5,5 el kilo. Hasta ahora no lo consiguieron y 113 buques “congeladores” siguen amarrados en puertos, desde Mar del Plata hacia el sur. Unos 5.000 trabajadores no perciben “premio” de producción y Argentina, calculan, ya perdió exportaciones de unos USD 200 millones de langostino, la especie más importante por monto en las ventas externas del sector pesquero.

En 2017 la exportación de la especie en diferentes formas y tamaños había llegado a superar los USD 1.000 millones anuales. La caída de precios en el mercado internacional redujo el potencial a un todavía no desdeñable USD 600 millones anuales, del que ya se perdió un tercio. La pesca es el octavo complejo exportador argentino y el primero si se consideran las “economías regionales” del país.

Acuerdo bilateral

El entendimiento con los Capitanes de Pesca “fue fruto de un trabajo bilateral riguroso, basado en el análisis detallado de los costos de producción y el escenario económico que enfrenta la actividad del langostino congelado a bordo”, explicó Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (Capip), una de las tres cámaras empresarias en torno del conflicto.

“Ahora confiamos en que la marinería adopte una postura similar, donde prime la razonabilidad y el diálogo para encontrar una solución completa a este conflicto que afecta a más de 5.000 familias”, agregó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Del lado empresarial también está CEPA (Cámara de Empresas Pesqueras Argentinas).

La enumeración refleja la atomización del sector pesquero, que abarca también a la marinería, representada por el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cuyo secretario general, Raúl Durdos, mantiene vínculos con la familia Moyano), y el Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores, que agrupa a los marineros de Mar del Plata).

Las cámaras empresarias mejoraron algo su postura negociadora cuando, a través del sitio “www.salgamosapescarya”, algunos marineros criticaron la postura inflexible del SOMU, que les impide cobrar la mayor parte de sus ingresos.

Todos pierden

Según las cámaras empresarias, el conflicto representa hasta ahora USD 200 millones de pérdida de exportaciones, 113 buques congeladores detenidos, daño económico a localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia y deterioro del ingreso de marineros y sus familias y de la cadena logística, productiva y comercial asociada.

El actual convenio colectivo, afirman, “resulta inviable” frente a un contexto internacional de fuerte caída de precios. El rechazo de SOMU y Simape a actualizarlo, agregan, “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus estimaciones, un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”. pero al no haber actividad está percibiendo solo el básico, de poco más $500.000, que cobra todos los meses del año, haya o no actividad pesquera.

Según una propuesta que las Cámaras presentaron semanas atrás en la Secretaría de Trabajo de la Nación, el impacto de la readecuación al Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”.

Un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”. pero al no haber actividad está percibiendo solo el básico, de poco más $500.000, que cobra todos los meses

El rol de la Aduana

El acuerdo con los Capitanes incluiría tomar para los premios de producción el precio de exportación del langostino que informa la Aduana, a condición de que lo haga de modo “dinámico” y refleje fielmente las condiciones de mercado.

El amago de optimismo de las cámaras empresarias sobre una posible resolución del conflicto choca con la postura del SOMU, que en la semana organizó una marcha sobre Plaza de Mayo con la consigna “No a la Baja” y el rechazo a cualquier “adecuación” del Convenio de 2005. Micros con manifestantes llegaron desde el sur del país. Revista Puerto, especializada en el sector, señaló que para evitar desbordes en su territorio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habría financiado la llegada de tres micros desde Puerto Madryn.

El jueves, ante la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, el secretario de Pesca del SOMU, Juan Navarro, advirtió (¿o amenazó?): “estamos a punto de que algunas ciudades sufran graves incidentes”.

Además, el SOMU elevó un petitorio al presidente de la Nación, Javier Milei, en el que además de criticar el decreto 340, de desregulación de la marina mercante, denunció la paralización de la flota tangonera (así se llama a los buques especializados en captura de langostino) y dijo que la readecuación que proponen las cámaras “no tiene fundamentos legales ni económicos”, porque “no existe ninguna empresa pesquera concursada o en procedimiento preventivo de crisis”.

Para zanjar diferencias, el gremio pretende que el gobierno disminuya el Derecho Único de Extracción (DUE) y las retenciones a las exportaciones pesqueras, exima temporalmente a las empresas del impuesto a los combustibles (segundo mayor costo operativo, detrás del laboral) y un régimen de excepción sobre los aportes a la seguridad social. Pero de retocar el Convenio, ni palabra.

El conflicto entre gremios y cámaras empresarias que retrasa el inicio de la etapa más productiva de la temporada de pesca del langostino, la especie pesquera que más dólares aporta a Argentina, se prolonga.

Cámaras empresarias y sindicatos de marinería se reunieron en la Secretaría de Trabajo: el único acuerdo fue formar una “Mesa Técnica” a partir de la próxima semana.

He aquí cinco claves del conflicto más importante de un sector atravesado de conflictos:

1. La especie que más se exporta

El langostino, en sus distintas formas (colas de langostino y langostino entero, fresco o congelado, por tamaño: L1, L2 o L3) es la especie del Mar Argentino que más se exporta: aporta entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por año, cerca de la mitad de las exportaciones del sector.

La exportación de langostino genera entre 1.000 y 1.200 millones por año

El langostino “entero congelado”, que buques congeladores pescan y congelan en cajas de dos kilos listas para exportar, representa cerca del 60% de las exportaciones de langostino y un cuarto de las exportaciones totales de la pesca. El resto de la captura se hace en buques “fresqueros” y se procesa en frigoríficos pesqueros en tierra.

2. Reunión en Trabajo

El jueves último se reunieron en la cartera laboral representantes de las 3 cámaras que agrupan a las empresas del sector (Capeca, Capip y CEPA) y dos sindicatos de marinería: SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores, que agrupa a la marinería que trabaja en el puerto de Mar del Plata). La “cadena langostinera” abarca unos 46.000 empleos directos.

La reunión estuvo encabezada por la subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, pero no hubo acuerdo: SOMU y Simape no aceptan la propuesta empresaria de reducir 30% los “premios de producción”, que constituyen el grueso del ingreso de los marineros. Las empresas dicen que en las condiciones actuales pierden dinero en cada “marea” (salida de pesca, que entre inicio y regreso a puerto insume entre 8 y 10 días).

Desde el 17 de marzo, cuando se abrió la temporada, que inicialmente se hace en áreas limitadas y de menor productividad, hay 113 barcos congeladores y fresqueros amarrados en los puertos. Estiman que desde entonces se perdieron entre 10.000 y 20.000 toneladas de captura, equivalentes a entre 50 a 100 millones de dólares de exportaciones, amén de aportes al fisco e ingresos de los trabajadores.

La novedad de la reunión fue que SOMU y Simape pidieron que de la “Mesa Técnica” participen también los gremios de maquinistas y patrones y capitanes, que completan la tripulación de un buque.

3. Qué dicen las empresas

Alegan que los “ítems de producción” que pagan a los marineros se basan en un acuerdo de 2005, cuando el precio internacional del langostino era de USD 12 el kilo, pero ahora es de USD 5 el kilo y que los costos laborales, que históricamente promediaron el 30% del costo por “marea”, subieron al 60%, lo que hace que las empresas pierdan dinero.

Las Cámaras pesqueras pidieron a Trabajo reducir en 30% los costos laborales mediante la incorporación del sueldo básico a la producción durante la temporada de pesca (5 a 7 meses), amén de modificar el cálculo del aguinaldo y la incapacidad laboral temporal.

Dicen que “readecuar” partes del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente permitiría recuperar competitividad, sin necesidad de tener que negociar uno nuevo. Lo más importante, subrayan, es ajustar el premio por producción, vinculado a un precio del langostino de USD 12, cuando hoy es de USD 5 el kilo.

El impacto de la readecuación propuesta, dice un documento presentado por las Cámaras a la cartera laboral, recaería “sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”, que en términos mensuales superan en más de 5 veces la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y equivalen a siete veces la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza.

Por percentil de ingresos, dice el documento, se trata de trabajadores ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina, resultado –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”.

4. Qué dicen los gremios

Tanto el SOMU, encabezado por Raúl Durdos, ligado a los Moyano, como el Simape, encabezado por Raúl Trueba, que representa a la marinería marplatense, acusan a las empresas de buscar extorsionar a gremios y trabajadores.

Los gremios rechazaron firmemente hasta ahora los números que esgrimen las cámaras empresarias. Dicen que el costo de la marinería en un buque tangonero (dedicado a la pesca de langostino) representa solo el 18% del costo total, mucho menos del 60% que dicen las empresas.

Según el SOMU, no se conoce ningún balance de empresas pesqueras que justifique la presunta crisis. Si pierden dinero, han llegado a decir los gremios,¿por qué las empresas no inician un procedimiento preventivo de crisis?

“El lock-out patronal -señaló el SOMU en un comunicado- “no solo afecta al personal embarcado representado por SOMU, Centro de patrones y SICONARA, sino también a miles de trabajadores en las plantas pesqueras, que hoy se ven impedidos de cumplir sus tareas debido a amenazas empresariales”.

5. La etapa más difícil

La pesca de langostino “en aguas nacionales” iniciada el 17 de marzo pasado excluye las áreas de “veda de juveniles de merluza”.

La temporada de mayor captura generalmente comienza a fines de mayo. Antes debe hacerse una “prospección” para que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) evalúe el estado de la “biomasa”, fije áreas de exclusión y límites de captura.

Los sindicatos apostaban a que, para esta época, las empresas al final cederían, pero no fue así. Por primera vez en la historia, para esta fecha no se inició la campaña principal de pesca de langostinos, pese a que los sindicatos lograron que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el SOMU, pidieran el inicio de la prospección en una reunión con el secretario de Pesca de la Nación, Antonio López Cazorla, sin resultado.

La temporada fuerte en “aguas nacionales” se demorará, en el mejor de los casos, un par de semanas más, si es que se reúnen al menos cuatro buques para hacer la prospección y cámaras y sindicatos logran, un acuerdo

Solo dos buques privados se ofrecieron para la prospección, con lo cual esta no puede realizarse. La temporada fuerte en “aguas nacionales” se demorará, en el mejor de los casos, un par de semanas más, si es que se reúnen al menos cuatro buques para hacerla y cámaras y sindicatos logran, en la Mesa Técnica encabezada por la Secretaría de Trabajo, un acuerdo que permita empezar la campaña de la especie pesquera que más dólares aporta a la Argentina.

Hasta ahora, los sindicatos apostaron a que las empresas aflojarían al acercarse la etapa más productiva de la zafra, y las empresas, a que los sindicatos se verían forzados por las bases a negociar, pues al no salir a pescar solo cobran los básicos y no los “ítems de producción”, la parte gruesa de sus ingresos.

Las apuestas son cada vez más altas, y el tiempo, cada vez más limitado.

Por primera vez desde el inicio de la actividad pesquera en aguas nacionales, la temporada de pesca de langostino no comenzó. Los buques congeladores permanecieron amarrados en distintos puertos del país pese a que la veda se levantó oficialmente. El motivo central fue la falta de acuerdo entre las cámaras empresarias y los gremios marítimos sobre una revisión del convenio colectivo de trabajo. La temporada debería haber empezado en marzo, pero desde entonces los barcos están amarrados.

Según informaron la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la paralización respondió a una “crisis estructural que hace inviable la continuidad de la actividad”. Actualmente, 113 barcos de la flota congeladora de langostino permanecen en puerto, sin realizar tareas de captura ni procesamiento.

El conflicto tuvo impacto directo en localidades clave para la industria pesquera, como Puerto Deseado, Puerto Madryn y Mar del Plata, afectando toda la cadena de valor. La flota congeladora genera anualmente 600 millones de dólares en divisas y representa un componente central de las exportaciones del país.

La situación se desarrolló en un contexto complejo para el sector. En 2024, las exportaciones pesqueras alcanzaron los 2.000 millones de dólares, equivalentes al 3,9% de las exportaciones nacionales, y en la última década generaron 17.000 millones de dólares en divisas. Sin embargo, según las cámaras, el negocio se volvió inviable por la caída de precios y el aumento de los costos internos.

Uno de los factores señalados fue la baja sostenida del precio internacional del langostino entero, que cayó un 2,8% interanual, mientras que las colas de langostino retrocedieron un 5,6%. A esto se sumaron el aumento de costos internos, la competencia con el langostino de cultivo, el atraso en el tipo de cambio aplicado a las exportaciones, la continuidad de las retenciones, el alza de los derechos únicos de extracción, y la vigencia de “impuestos distorsivos”.

Las cámaras empresarias enfatizaron que el convenio colectivo vigente desde 2005 es uno de los principales elementos a revisar. En ese marco, solicitaron a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación una audiencia urgente para iniciar un proceso de negociación colectiva con los gremios SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y SIMAPE (Sindicato Marítimo de Pescadores).

El planteo principal fue una reducción del 30% en el ítem salarial por producción, bajo el argumento de que ese componente estaba vinculado al precio internacional del langostino cuando rondaba los 12 dólares por kilo. Actualmente, el valor es de 5,50 dólares por kilo, mientras el costo de producción se ubica en 6,50 dólares, lo que genera una pérdida estimada en un dólar por kilo. “Se pierde un dólar por kilo. Es inviable salir a pescar”, señalaron voceros empresariales.

Las patronales destacaron que el porcentaje del costo de la tripulación sobre las exportaciones alcanzó el 60% anualizado, considerando liquidaciones mensuales, aguinaldos, vacaciones y aportes. También solicitaron que el haber básico por navegación y otros conceptos salariales fueran absorbidos dentro del componente por producción, buscando simplificar la estructura remunerativa.

En la nota elevada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, las cámaras alertaron que la situación económica actual podría derivar en la paralización total de las actividades y en el quebranto masivo de empresas. Según indicaron, el sector reportó un quebranto del 15,4% sobre el total de ventas.

Desde el lado sindical, las respuestas no tardaron en llegar. El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, calificó la propuesta como “ilegal” y aseguró que la Secretaría de Trabajo no tiene facultades para homologar acuerdos que impliquen una reducción salarial. “Antes de llegar a tocarle el salario al tripulante, hay que ver cuánto gana cada representante de las empresas. Ellos cobran en dólares y no mostraron nunca sus números”, declaró.

Trueba también advirtió que la caída del poder adquisitivo se amplificaría si se concreta la rebaja del 30% en un contexto inflacionario. Con una inflación proyectada del 25% anual, según estimaciones oficiales, la pérdida de ingresos reales podría superar el 50%, según el dirigente gremial.

Por su parte, Damián Basail, delegado del SOMU, reafirmó que el sindicato no está dispuesto a negociar ningún tipo de reducción salarial. “Las bases están muy firmes en la postura de no ceder. Hoy los barcos no han salido a pescar langostino, hace tres meses que ya deberían haberlo hecho y no comenzaron. Al ser el primer eslabón de la cadena productiva, nos vamos a mantener firmes en nuestra postura”, sostuvo.

Basail agregó que la crisis podría afectar también al trabajo en tierra, en plantas de procesamiento y logística. Subrayó que el sindicato no negociará una baja en los salarios de los trabajadores en ninguna circunstancia.

Las cámaras empresarias, además de Capeca y Capip, contaron con el respaldo del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera (AEPC), la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina (CAPA).

El sector pesquero argentino cuenta con una historia de más de 150 años. Es considerado una pieza central del desarrollo económico nacional, y se define como la principal economía regional del país. La industria procesa cada año 800.000 toneladas de productos pesqueros, genera más de 46.000 empleos directos con remuneraciones elevadas, y exporta a más de 100 mercados internacionales, generando 2.000 millones de dólares en divisas anuales.

Mientras tanto, el inicio de la temporada permanece en suspenso, sin acuerdo entre las partes y con los buques congeladores inactivos. La audiencia entre empresarios y sindicatos fue convocada para este jueves a las 15 en el Ministerio de Capital Humano, donde se prevé una discusión clave sobre el futuro inmediato del sector tangonero congelador.

Un reciente estudio sobre economías regionales de la Argentina precisó que el año pasado 21 de 22 de ellas aumentó sus exportaciones, aunque solo tres superaron los USD 1.000 millones de ventas externas. Y de éstas, solo una superó los USD 2.000 millones.

Paradójicamente, ese sector, la pesca, atraviesa hoy una crisis severa, al punto de haberse postergado ya por varias semanas, sin solución a la vista, el inicio de la zafra de la especie que más dólares aporta, el langostino, que por sí solo explica la mitad de las divisas del sector, a un promedio cercano a los USD 1.000 millones anuales.

En algunos años de la segunda mitad de la década pasada las exportaciones de langostino llegaron a superar incluso los USD 1.600 millones, cuando a los volúmenes de captura en el Mar Argentino se sumaron buenos precios internacionales.

Pero esa etapa pasó. Las empresas agrupadas en las Cámaras de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), argumentan que el precio de la tonelada de langostino pasó de un techo de USD 12.000 hace más de diez años a entre USD 5.500 ahora y proponen reducir en un 30% los ítems “de producción”, que conforman el grueso de los ingresos de los trabajadores de la pesca. Los sindicatos de marineros, maquinistas y conductores se oponen, en particular la marinería agrupada en el SOMU, del que proviene el grueso de la dotación de un buque pesquero.

Sin acuerdos básicos

No ha habido acuerdo siquiera sobre los básicos de convenio, la parte fija, aunque menor, del ingreso de los trabajadores del sector, al cabo de una conciliación que venció el sábado pasado. El mismo día, además, la secretaría de Pesca de la Nación confirmó la suspensión de la campaña de prospección. Sin prospección, dicen los técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), es imposible evaluar la “biomasa disponible”, lo que compromete cualquier decisión sobre la pesquería más importante del país.

Esta semana gremios y cámaras se reunirían en la Secretaría de Trabajo para intentar un acuerdo. Hasta ahora, están lejos. El secretario general del SOMU, Raúl Durdos, recorrió puertos para no se le escapen las bases, que están perdiendo la parte más gruesa de sus ingresos (la “producción”) a medida que pasan los días y los buques no salen a pescar. Y las empresas ya llevan casi un mes sin aprovechar la etapa de mejores capturas, que se prolonga hasta septiembre.

Costos

“Armar” un congelador (esto es, pagar combustibles y otros insumos y servicios y los premios “de producción” a la tripulación) requiere unas USD 200.000 para perder unos USD 15.000 por marea, dijo a Infobae Agustín de la Fuente, gerente de Capip. Y esa pérdida, dijo, puede ser superior si al cabo de la marea (unos 8 días en el mar) hay que reponer o reparar máquinas o “artes de pesca”.

Capip y Capeca alegan que la tripulación de un “tangonero” (buque dedicado a la pesca del langostino) insume el 60% del costo de una marea, contra el 30% histórico. Los sindicatos niegan esos números y dicen no estar dispuestos a renegociar el valor de los “ítems de producción”. Mientras tanto, los marineros cobran el salario básico, unos $580.000 brutos por mes si no tiene antigüedad. A medida que el conflicto se prolonga, la presión de la marinería (y de las familias) aumenta.

Onda expansiva

La crisis se extiende a sectores asociados, como la industria naval. El sábado pasado, en Mar del Plata, en la botadura de la embarcación número 152 construida por Astilleros Contessi, el presidente de la firma, Domingo Contessi, precisó: “hoy tenemos 113 buques congeladores tangoneros paralizados porque la ecuación económica es inviable, y parte del sector sindical se niega a analizar los costos y balances de las empresas. Los barcos de la flota fresquera de Mar del Plata también van quedando inactivos, pero por goteo: todas las semanas cierra una nueva planta pesquera o se abren retiros voluntarios, tanto en Mar del Plata como en la Patagonia.”

El empresario criticó el Decreto 273, que flexibilizó la importación de bienes de capital usados, calificándolo de “falacia ideológica, pues crea un sistema que elige ganadores y perdedores: pretender competir contra el bien de capital amortizado y usado es absurdo, porque no podemos pagar impuestos usados, pagar sueldos usados o comprar insumos usados. Queremos competir en igualdad de condiciones”

Contessi criticó además el reciente “Régimen de Excepción de la Marina Mercante”, al que calificó de “injusto atajo; la antítesis de la “Jones Act” que se aplica en EE.UU. desde hace más de 100 años”. Pero también hizo un reproche interno. “La culpa de lo que le está pasando a la pesca y a la industria naval argentina no es de los trabajadores, ni de las autoridades. Es culpa de los empresarios, que cedimos ante todas las presiones, que durante años nos mantuvimos en el ostracismo, que hablamos con eufemismos y que no somos capaces de unirnos.” Por eso, pidió unidad y “racionalizar” el diálogo con autoridades, sindicatos y proveedores de servicios, con datos concretos para superar la crisis.

Observatorio de conflictos

Por su parte, el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco relevó entre enero y mayo más de 60 noticias sobre la industria pesquera: 70,2% fueron sobre conflictos y 13,8% sobre “legislación e impuestos”. En suma, 84% tuvo que ver con diferendos, como la queja de las empresas, porque el Gobierno excluyó la pesca de la eliminación de retenciones a las “economías regionales” o por el fuerte aumento del “Derecho Único de Extracción”, y la de los trabajadores por la falta de acuerdo con las empresas y por el impuesto a las “ingresos personales”, antes llamado “Ganancias”.

Con los valores actuales, que las Cámaras pretenden renegociar, un marinero percibe unos $4,5 millones brutos por marea (los 8 días ya mencionados) y está a tiro del fisco. Más aún lo están maquinistas, patrones y capitanes de pesca, que son menos numerosos, pero ganan cifras que los llevan hasta la alícuota más alta (35%) del tributo.

“Lo que observamos no es una suma de conflictos aislados, sino un deterioro estructural que atraviesa a todo el sistema productivo”, señaló el Observatorio Pesquero en un posteo en la red X. Y resumió la situación del siguiente modo: “Desde marzo, más de 100 buques de la flota congeladora permanecen amarrados. Las cámaras empresarias alegan que los costos superan los ingresos: langostino a 5,5 dólares el kilo, salarios atados a un valor de 12 dólares, insumos dolarizados, retenciones del 6% y suba del DUE. Tal vez sea hora de abrir un debate inteligente, pensando un nuevo marco colectivo laboral para la pesca argentina. Uno que garantice empleo formal, previsibilidad para las empresas y sustentabilidad para el recurso”.

De lo contrario, ya no habrá solo pescado sin vender, sino incluso pescado que vender.

"La combinación de altos costos de producción y la distorsión en los acuerdos sindicales ha llevado a un escenario de quebranto inminente para numerosas empresas del sector", alertaron en un comunicado nueve cámaras empresariales del sector pesquero.

Debido a que la actividad no es rentable, las empresas mantienen a los barcos en los puertos, sin salir a pescar, desde mediados de marzo pasado, cuando se inició la temporada de captura del langostino, principal producto de exportación de la industria pesquera argentina.

En su comunicado, las cámaras reclamaron al Gobierno de Javier Milei y a los representantes sindicales constituir una "mesa de diálogo multisectorial que permita revisar y renegociar los acuerdos laborales en condiciones de equidad y transparencia, y establecer mecanismos de promoción del empleo y la productividad sin resignar derechos laborales ni sustentabilidad ambiental".

"Sin políticas que acompañen esta vocación productiva y exportadora, el sector se encamina hacia una crisis sin precedentes", advirtieron las empresas.

Las cámaras del sector reclaman desde hace meses medidas para revertir la crítica situación por una carga impositiva "asfixiante", un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, precios internacionales a la baja y un marco laboral desactualizado que, según las empresas, incrementa sus costos operativos.

El sector de la pesca, donde operan empresas de capitales argentinos, españoles y chinos, entre otros, emplea a 46.000 personas de forma directa y a otras 100.000 de forma indirecta.

El pesquero es el quinto mayor sector exportador de Argentina, con envíos que totalizaron los 1.981 millones de dólares en 2024, de los cuales unos 600 millones correspondieron a colocaciones de langostinos principalmente en los mercados de España y China.

La demanda internacional del langostino ha bajado y, con ello, los precios.

Además, como ocurre con el resto de la manufactura, la fortaleza del peso argentino ha hecho perder competitividad a las exportaciones pesqueras del país. EFE

El sector pesquero atraviesa una fuerte crisis, en especial en actividades relacionadas con dos especies clave del Mar Argentino: la merluza hubbsi, la mayor por toneladas de captura, y el langostino, la más importante por monto en dólares de exportación.

En Mar del Plata hubo centenares de despidos en plantas de procesamiento y en las últimas dos semanas se activó dos veces el protocolo anti-piquetes ante protestas de trabajadores por incumplimiento de la paritaria firmada entre el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) y la Cámara de la Industria Pesquera (Caipa).

La Gendarmería actuó en los piquetes a los frigoríficos de pesca Fishing Mart y 14 de Julio SA, que alegaron no poder cumplir los aumentos acordados. En el primer caso, incluso, la empresa anunció que en adelante solo trabajará pescado fresco para el mercado interno y abandonará el de exportación, el más importante para el sector pesquero argentino.

Dos informes resaltaron los efectos la caída de los precios internacionales, el atraso del tipo de cambio real, el aumento de costos, la presión impositiva y el exceso de regulaciones

Dos recientes informes, sobre la pesca de merluza y sobre la situación del langostino, echan luz sobre la crisis del sector, combo que abarca la caída de los precios internacionales, el atraso del tipo de cambio real (agravado por la vigencia de retenciones) y el aumento de costos en pesos y en dólares, desde salarios hasta insumos de pesca, a lo que se suman alta presión impositiva y exceso de regulaciones.

Salarios

Fuentes del sector señalaron, por caso, que un marinero de cubierta en un buque de pesca de langostino en Chubut cobra $6,7 millones por marea y hace tres al mes. Esa cifra se refiere a la pesca de la llamada “flota amarilla” que opera cerca de Rawson, la capital provincial, en temporada “fuera de veda”, hasta las 12 millas desde la costa, entre noviembre y marzo, cuando comienza la temporada “nacional” de pesca del langostino, más allá de las 12 y hasta 200 millas de la costa, con buques fresqueros y congeladores de mayor porte y que se extiende hasta noviembre.

“Un capitán de pesca no te sale a hacer una marea si no tiene asegurados 10.000 dólares”, dijo un empresario que pidió reserva de su nombre.

Consultado al respecto, Jorge Frías, secretario general de la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, dijo a Infobae que actualmente un Capitán de Pesca cobra USD 6.900 “asegurados” por marea (entre básico y extras por “producción” (esto es, por captura), pero que una marea puede significar 30 días de “embarcado”, lo que junto a las “guardias” le permite acreditar a lo largo de la temporada de zafra (aproximadamente 6 meses) unos 90 días de “francos compensatorios” que se acumulan y se cobran junto al salario básico (de $1,6 millones al mes más un extra por antigüedad) cuando está “a órdenes”, fuera de temporada, descansando o trabajando en otras pesquerías.

Para un “capitán de pesca” el valor del “franco compensatorio” es de USD 115 por día (USD 3.450 por mes). “Eso es salario bruto, se liquida en pesos a dólar oficial del último día de cierre del Banco Nación. Sobre eso se paga Ganancias, y no son los 12 meses; no todo lo que brilla es oro”, subrayó Frías.

Los gremios y cámaras del sector de “congeladores” de langostino (buques-factoría que procesan su captura a bordo, congelándolo en cajas de dos kilos, listas para exportar), aún no empezaron a discutir el ajuste salarial de la flota, pero Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA, advirtió que los costos salariales ya bordean el 60% y que es “imprescindible” modificar el valor de referencia del langostino a partir del cual se liquidan los extras de “producción”.

Los costos salariales ya bordean el 60% y que es “imprescindible” modificar el valor de referencia del langostino a partir del cual se liquidan los extras de “producción” (Boiero)

Según un informe de CAPeCA al que accedió Infobae, ese valor se fijó en 2005, cuando la tonelada de langostino se exportaba a más de USD 12.300 la tonelada, más del doble de los USD 5.600 actuales.

“Es necesario que el precio de referencia tenga relación con el precio del producto, que la tripulación se lleve el 35% de lo que produce”, dijo Boiero. Con un costo laboral del 60%, advirtió, las empresas no pueden ser rentables y terminarán cerrando.

Concretamente, CAPeCA propuso reducir 30% el costo salarial del personal embarcado, que además del gremio de Capitanes de Pesca incluye (y en mayor cantidad) a la marinería.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechazó esa posibilidad. Juan Navarro, secretario de Pesca del gremio, dijo en declaraciones radiales: “parece que molesta que un marinero tenga un buen salario, en un barco de 100 toneladas se producen USD 600 mil y el marinero por 100 toneladas cobra USD 3.500, no es que la incidencia del costo laboral es un 60%, es apenas un 11,73%”, afirmó.

Además, Navarro se quejó del 21% de retención de Impuesto a las Ganancias. “Las empresas -concluyó- afrontan cargas impositivas elevadas del gobierno nacional, pero no pueden trasladar esa presión al eslabón más vulnerable, que es el trabajador”.

Costo laboral

“Navarro habla de lo que cobra el marinero de bolsillo, pero en bruto se lleva USD 8.000 después de 10 días de trabajo, ese es el costo para la empresa. La realidad es que el costo de la tripulación hoy está muy por encima de lo razonable. Eso, más retenciones, más el aumento de los DUE, hace que no sea negocio pescar langostino”, advirtió Boiero.

Se trata de la especie que aporta más dólares. En 2017, llegaron a ser más de USD 1.200 millones de expo langostineras (el doble, por caso, que las de litio en 2024), sobre USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras totales.

Frías, del sindicato de Capitanes de Pesca, dijo que el sector empresario busca reducir el costo salarial porque no logró nada del gobierno, que no le quitó ni redujo las retenciones, además de aplicarles una política de retraso cambiario y aumentarle fuertemente el canon de extracción.

“Al no tener respuesta del Gobierno, las cámara congeladoras intentan esto”, dijo Frías, por CAPeCA y Capip, que agrupan a las pesqueras congeladoras que operan en puertos patagónicos. “Tienen razón -agregó- pero la solución no es reducir los salarios al personal”.

De todos modos, reconoció, “los congeladores pagan en blanco; tienen fundamentos que no tiene el sector de Mar del Plata, que paga hasta 60% en negro y tiene menos derecho a quejarse”.

Merluza

En el caso de la merluza, un grupo de cámaras pesqueras encargó un estudio a la consultora Invecq, que encabeza el economista Esteban Domecq.

El informe se enfocó en la llamada flota “fresquera” (cuya captura se procesa en tierra) de pesca de merluza común y variado costero, para mercado interno y exportación.

Desde hace 14 meses, dice, ese sector y su cadena de valor transitan una crisis “que hoy los deja en situación insostenible”, con una media de rentabilidad negativa en 21%, comparada con una rentabilidad positiva de 20% en el segundo semestre de 2018, momento que toma como relativamente normal.

Las razones de la crisis, dice el resumen ejecutivo, son “distorsión de costos, baja cotización del dólar exportador, caída de precios internacionales, devaluación del real, presión impositiva y exceso de regulaciones”.

El estudio se basa en el caso de un buque fresquero que pesca merluza común y captura 300 cajones en una marea.

“Quebranto inminente”

El “quebranto inminente”, precisa Invecq, se debe a que el precio de la merluza común fresca en muelle se mantiene desde diciembre de 2023 en $650, “mientras todos los gastos operativos aumentaron, en su gran mayoría, por encima del dólar y de la inflación, el Derecho Único de Extracción (DUE, suerte de canon pesquero) aumentó un 274,5%, se dispuso una nueva tasa de asignación a las cuotas de captura y se excluyó a la pesca de la eliminación de derechos de exportación (retenciones)”. Tampoco se le otorgó una reducción de los mismos.

“La mayor distorsión se registra en el costo laboral que aumentó 22% en pesos constantes y 90% en dólares, agravado por la excesiva normativa y regulaciones vigentes, que sobrecargan de dotación a los buques pesqueros”, explica el informe, que como primera batería de soluciones propone eliminar las retenciones, desregular y desburocratizar el sector y reducir los aranceles a la importación de insumos. Con esos 3 ítems, precisa, la pérdida operativa se reduciría del 21 al 9 por ciento.

Si además se pagaran los salarios de convenio prescindiendo de “tablitas” de premios de producción, la rentabilidad pasaría a terreno positivo, del 7%, y si adicionalmente se desregularan las “dotaciones mínimas” a embarcar que exige la autoridad marítima, la rentabilidad recuperaría el nivel “histórico” del 20%, “antes de amortizaciones e impuestos”.

Si se eliminaran las retenciones, desregular y desburocratizar el sector y reducir los aranceles a la importación de insumos, la pérdida operativa se reduciría del 21% al 9 por ciento (Invecq)

Hacia fines de 2024, precisa el informe, la remuneración real promedio de los empleados asalariados en la Argentina estaban 2,3% por debajo de la segunda mitad de 2018. Los únicos salarios que crecieron por encima de la inflación desde entonces, explica, son aquellos ligados a sectores que tuvieron saltos de productividad, como minería, petróleo y gas y servicios basados en conocimiento.

“Sin fundamento micro”

La excepción fue la pesca, donde los salarios aumentaron “sin fundamento micro detrás”, dice el informe. Lo atribuye a que la remuneración de los trabajadores embarcados en la flota fresquera de altura no se rige por los Convenios Colectivos sino por unas “tablitas” impuestas por los gremios, que fijan el valor monetario por cajón para distintos tipos de tripulantes.

“El sueldo mensual se determina de la siguiente manera: valor por cajón multiplicado por la cantidad de cajones de cada barco. Y la diferencia entre ambos es abismal: en el caso del capitán y subcapitán, la brecha entre el salario de convenio y el efectivamente pagado por la aplicación de las “tablitas” ronda el 150%, mientras que para el resto de la tripulación oscila entre 30% y 40%”, dice un pasaje.

Los que están, y los que no también

Además, los sindicatos también fuerzan a las empresas a pagar “faltantes” si se encuentren operando con menos empleados que lo establecido teóricamente.

Los sindicatos también fuerzan a las empresas a pagar “faltantes” si se encuentren operando con menos empleados que lo establecido teóricamente (Invecq)

Por caso, si un barco sale con 12 tripulantes -entre maquinistas y marineros-, pero según los Convenios debería navegar con 16, la empresa es obligada a pagar el equivalente de 16, porque así dicen normas que rigen hace décadas y no se actualizaron pese a mejoras en tecnología de los motores, automatizaciones, etc. Lo que obliga el Estado no tiene sentido y no se cumple. La embarcación termina saliendo con 12, pero el empleador debe pagar la nómina “teórica” y los 4 sueldos “faltantes” se distribuyen entre los trabajadores que embarcaron.

La combinación entre las “tablitas” y las dotaciones mínimas derivó en que el costo laboral de los fresqueros merluceros, pasara de representar el 32% de los ingresos en la segunda mitad de 2018 a 56% en la actualidad (proporción similar al 59% que para los langostineros informa CAPeCA) y en términos del total de gastos, de 36% a 44%, dice el informe.

La producción de merluza de la flota fresquera se exporta casi toda. Internamente, el precio “en banquina” portuaria cayó 40% en pesos constantes (teniendo en cuenta la inflación) y externamente, tomando en cuenta el precio en dólares de los filetes de merluza que se venden a Brasil, cayó 25% en dólares.

Doble castigo

“Los ingresos del sector fueron castigados por doble vía: por un lado, recibieron un shock exógeno como lo es la caída de los precios internacionales (en particular aquellos de las ventas hacia Brasil); y, por el otro, el poder de compra interno de la merluza disminuyó aún más dada la baja del tipo de cambio real”, dice el informe. El esquema cambiario, en vez de amortiguar un shock exógeno, agravó la situación. Las retenciones profundizan el deterioro respecto. A comienzos de 2016, recuerda Invecq, la administración Macri llevó las retenciones pesqueras a 0% hasta septiembre 2018, cuando se reintrodujeron a razón de $1 por dólar; luego, durante el mandato de Alberto Fernández, se situaron en 7%, alícuota que sigue vigente”, dice el informe de Invecq.

Los aranceles sobre la importación de insumos, bienes intermedios y de capital también patean en contra, incluso si los bienes se adquieren localmente, porque tienen un margen de protección importante- Es una retención al revés, explica Invecq: en vez de disminuir los precios de venta, eleva los costos.

Por caso, los aranceles sobre redes de pesca son en la Argentina cuatro veces más altos que los de países relevantes del mercado pesquero mundial. La mayoría de estos tiene alícuotas de 0 a 3%, y el promedio mundial es 4,2%; solo China y Vietnam aplican sobrecargos en torno a 10% y en la Argentina el promedio es 17,2%, a lo que se agregan “tasa de estadística” del 3% (era del 0,5% hasta 2018), IVA, adicional de IVA, adelantos de Ingresos Brutos y Ganancias, impuestos recuperables, pero de alto costo financiero.

Algo similar sucede con partes y repuestos de motores marinos: el arancel medio argentino es 12,5%, contra 2,4% a nivel mundial. Y con los aranceles para “cables, trenzas y otros”: alícuota media del 7,3% en la Argentina, contra 2,7% a nivel mundial.

Maraña regulatoria

El estudio muestra también la maraña regulatoria sobre el sector, proveniente de organismos como Prefectura, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, las carteras de Economía, Trabajo, Desarrollo Humano, Senasa, ArCA (ex AFIP) y consorcios Portuarios, con medidas obsoletas y a menudo superpuestas. “Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el ingreso al puerto, su descarga en muelle, distribución e ingreso a la planta de la materia prima, se exigen como mínimo 133 trámites, 78 por cada marea de un buque pesquero”, precisa.

Entre el despacho a la pesca de un buque hasta el ingreso al puerto, su descarga en muelle, distribución e ingreso a la planta de la materia prima, se exigen como mínimo 133 trámites

También se menciona la dificultad de contratar trabajadores extranjeros “que, ante la falta de mano de obra calificada en cantidad en Argentina, implica la ausencia total de competencia en el mercado laboral y lleva a un poder de negociación desproporcionado por parte de los empleado, que encarece aún más el costo laboral”.

A los maquinistas -sigue el trabajo- se les obliga a realizar cursos y exámenes teóricos y prácticos, en vez de permitírseles revalidar su título con un trámite más simple; los requisitos de personal no se ajustan a los avances tecnológicos, se paga la misma alícuota de ART por empleados de mar y de tierra “cuando es evidente que los riesgos son muy disímiles”.

En estiba (13,5% del costo laboral total), otra norma impide a las empresas realizar la descarga en muelle con personal propio o con los mismos tripulantes. Están obligadas a contratar “cooperativas” que fijan tarifas y determinan cuántas y qué personas harán la tarea, ayudados por consorcios portuarios que cierran el acceso a nuevos actores.

El estudio fue encargado por la Asociación de Embarcaciones Pesca Costera y Fresquera, la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos, las Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesquero de Altura, de Frigoríficos Exportadores de la Pesca y Pesquera Argentina ALFA, que ya empezaron a celebrar acuerdos para retrotraer precios, no convalidar aumentos y optimizar costos con proveedores de bienes y servicios.

Piden además que las autoridades provinciales y municipales “arbitren los medios necesarios, y acompañen las posiciones de este sector ante la crisis, solicitando rever normativa, baja de cánones y servicios”.

“Tenemos que ser escuchados, atendidos y llamados al trabajo conjunto con imperiosa necesidad y urgencia, por las autoridades nacionales. La pesca fresquera no tiene más tiempo” (resumen ejecutivo del informe de Invecq)

“Tenemos que ser escuchados, atendidos y llamados al trabajo conjunto con imperiosa necesidad y urgencia, por las autoridades nacionales. La pesca fresquera no tiene más tiempo, el esfuerzo es de todos, el trabajo es en forma conjunta, necesitamos lograr medidas de desregulación y desburocratización que permitan la subsistencia del sector”, concluye el resumen ejecutivo que acompaña el estudio de Invecq.

Un directivo del sector consultado por Infobae dijo que la crisis actual es real, pero la denuncia de las cámaras pesqueras corre el riesgo de ser ignorada porque “siempre lloraron”. Otro advirtió el mismo riesgo, pero lo atribuyó a que con su acción coordinada el sector logró eliminar el capítulo de pesca del proyecto original de desregulación, dejó al gobierno con la sangre en el ojo y ahora está pagando las consecuencias.

Mientras tanto, en la llamada “Milla 201″ aunque a veces incursionando dentro de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva de la Argentina, pescan unos 500 buques chinos, con subsidios del Estado, fuerte apoyo logístico y, a menudo, mano de obra semi-esclava.