Ante más de un millar de militantes, jóvenes y dirigentes reunidos en el Club Atenas de La Plata, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, presentó la hoja de ruta del partido para los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, pidió dejar atrás las discusiones internas y orientar el trabajo partidario a las demandas sociales.

En ese marco, reclamó una reorganización de la vida interna del radicalismo: “Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires”. También advirtió: “No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia”.

Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los 135 municipios bonaerenses y planteó su postura sobre alianzas electorales: “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”. El acto cerró con un llamado a la militancia: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

Entre los asistentes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el exdiputado Walter Caruso, intendentes, concejales y dirigentes políticos, además del presidente de la UCR Nacional Leonel Chiarella.

Precisamente Chiarella dijo que al radicalismo recorre “un camino de unidad y solidaridad, donde representemos la honestidad y el coraje de enfrentar lo que haya que enfrentar”.

“Es el partido de la gestión y de los resultados para transformarle la vida a la gente”, agregó y dijo que “es el radicalismo que estamos construyendo, el radicalismo que está marchando, un partido que cree en los proyectos colectivos y no en las salvaciones individuales y que creemos que el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”

En paralelo, en la sede del radicalismo bonaerense se realizó una jornada encabezada por Balbín con intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes territoriales y representantes de la OTR, la Juventud Radical y Franja Morada. Durante la actividad se entregaron certificados a presidentes de comités de distrito, a la Organización de Trabajadores Radicales y a integrantes del plenario.

Antes del acto de asunción, en el propio Club Atenas se llevó a cabo la Convención Provincial, que eligió su mesa de conducción y otros órganos partidarios.

Treinta y tres veces dijo “no me acuerdo” la farmacéutica Alejandra Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ante el tribunal que la investiga por la muerte de 90 pacientes tratados con fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma. Lo hizo ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Roteta. De esa manera esquivó responder sobre aspectos centrales de su gestión al frente del organismo del Estado que tiene poder de policía sobre la calidad de los medicamentos y sueros parenterales que elaboran y comercializan los laboratorios.

En la misma situación procesal se encuentra quien fuera su superiora directa, Agustina Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Las dos reparticiones forman parte del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.

“Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

El juez y la fiscal que la interrogaron concentraron sus sospechas en varios ejes: por qué la ANMAT demoró en actuar ante señales de alerta previas sobre desvíos de calidad y otras irregularidades —algunas calificadas como “críticas”— en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro; por qué no se retiraron del mercado todos los productos elaborados en condiciones que la propia autoridad sanitaria había declarado violatorias de las Buenas Prácticas de Fabricación; y qué rol jugó la cadena de mandos en las decisiones que se tomaron —y en las que no se tomaron— sobre los laboratorios ahora clausurados. La acusación apunta a que la conducta de la funcionaria sea por acción u omisión, contribuyó a que lotes de fentanilo con contaminación microbiana llegaran a clínicas y hospitales de todo el país.

Las irregularidades que expuso la justicia

La inspección del 28 de noviembre de 2024 en Laboratorio Ramallo —donde se elaboró el fentanilo contaminado con dos bacterias— fue el punto de partida formal del expediente en el máximo organismo de control. Mantecón Fumadó explicó que la decisión de inspeccionarlo recayó en la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos, y que los antecedentes del laboratorio ya acumulaban problemas: productos elaborados en espacios no habilitados, envases no autorizados y reiteradas intimaciones de retiro de mercado que la empresa resistía o dilataba. “El desvío era que el envase no estaba autorizado, no solamente no estaba autorizado el envase, sino que estaba elaborándose en un espacio no habilitado dentro de la empresa. Cuando se cita a la empresa, la empresa no termina de contestar”, declaró.

La inspectora Ana Laura Canil fue quien, durante la madrugada del 13 de mayo, llamó a Mantecón Fumadó para reportar lo que encontró en la línea de producción de fentanilo: “Me dijo que estaba haciendo una inspección en la parte de fentanilo y que la documentación que le presentaban no era… cuál es la palabra?, tenía discrepancias, no era… que a ella no le parecía que fuese una documentación hecha con el analista sino que estaba dibujada y que cuando menos los reportes o cuando menos los ensayos que planteaban ahí no estaban bien hechos y eran… la palabra que me dijo era ‘no son concluyentes y debieran haberse repetido’”.

A partir de ese llamado, Mantecón Fumadó tomó la decisión de extender las consecuencias al universo completo de productos de Ramallo: “Yo estimé en ese momento que si eso había pasado con el lote 31202, podía extenderse al resto de los productos y entonces ahí es donde habló con Agustina (Bisio) y es donde se define cerrar y sacar del mercado y sacar la comercialización de todos los productos de elaboración de Ramallo y también se decide cerrar HLB pero por lo que podría ser la falsificación de datos porque el Director Técnico de HLB Pharma es el responsable de la liberación a plaza de estos productos, más allá de que lo haya delegado en Laboratorio Ramallo, que para eso necesita una autorización específica. Ante ese panorama y además que el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB, utilizamos todos los expedientes que teníamos en trámite, se lo pregunté a Agustina (Bisio) y me dijo pone todo lo que tengas”.

Esa frase —“el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB”— fue uno de los puntos en el que juez y fiscal insistieron. La declaración defensiva de la ex funcionaria fue dejar la certidumbre que las decisiones sobre los laboratorios no se adoptaban de manera autónoma dentro del INAME, sino que respondían a instrucciones que bajaban desde el Ministerio de Salud y se transmitían de manera informal. “Todos los informes que pedía el Juzgado eran mandados informalmente a Agustina (Bisio) que lo consultaba con el Ministerio y después me lo bajaban informalmente la nota que yo tenía que elevar formalmente”, reconoció la ex funcionaria.

La ex titular del INAME se refería a la documentación que el propio juez Kreplak le solicitaba en el marco de la causa penal en la que ahora ella misma es investigada.

En un momento de la declaración, Mantecon Fumadó puso el foco en la intervención del entonces ministro Mario Lugones. Según relató, Lugones le habría transmitido a Bisio que había que “avanzar, pero con cautela” contra el laboratorio, una instrucción que Mantecón Fumadó interpretó como la orden de avanzar con las medidas sancionatorias procurando evitar un perjuicio que luego obligara a retrotraerlas. Semanas después, durante una reunión en el Ministerio a mediados de marzo, Lugones habría sido más directo: “Quiero que cierren HLB”. A partir de esa indicación, la ex directora del INAME aseguró que elevó a sumarios los expedientes e informes técnicos que aún estaban pendientes. Cosa que no había realizado con anterioridad, aunque era su deber.

El relato coincide con lo que había declarado como imputado Ariel García Furfaro ante la justicia, cuando sostuvo que “Lugones quería cerrar HLB”. García Furfaro es uno de los 13 ejecutivos y responsables de la fabricación del fentanilo mortal que están procesados. Él, su hermano Diego y Jorge Maiorano, director técnico de HLB Pharma, están detenidos. Otros tres, entre ellos la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, fueron beneficiados con prisión domiciliaria y tobillera electrónica; el resto aguarda la continuación del proceso con las mismas restricciones que pesan sobre las ex funcionarias.

El fentanilo: del reporte ignorado a los fallecimientos

El reporte de contaminación bacteriana en el lote 31202 de fentanilo llegó al mail del Departamento de Vigilancia de ANMAT el 2 de mayo de 2025, un feriado, y no fue visto hasta el lunes 5. Mantecon Fumadó describió cómo fue tomando dimensión de la gravedad: “El reporte decía solamente efectos adversos y que se habría identificado alguna contaminación bacteriana en productos de fentanilo y el lote, entonces Mariela se comunicó con la reportante y empezó a recabar información y lo primero que le mandaron si no me equivoco fue los resultados de los análisis de laboratorio y recién después de eso se empezaron a mandar los reportes de las personas afectadas y recién ahí empezamos a ver que algunos eran con óbito, pero hasta ese momento no teníamos noción de la gravedad del tema”.

La “Mariela” a la que refiere es Mariela Baldut, responsable del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME.

El 8 de mayo, una vez completada la investigación interna, Mantecon Fumadó informó a la entonces titular de ANMAT: “Le dije estoy mandándote este expediente con un proyecto para sacar del mercado este lote de fentanilo porque estaría con un desvío de calidad por una contaminación microbiana pero además me parece que corresponde hacer un alerta previo, antes de sacar la disposición, para evitar… la disposición lleva un trámite administrativo, entonces para acotar los plazos y que la información estuviese disponible y para que los efectores de salud no usaran más ese lote se sacó la alerta”. Consultada por qué era urgente acortar esos plazos, respondió: “Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

Ante esa cronología, el tribunal le preguntó por qué la ANMAT no había formulado la denuncia penal antes del 12 de mayo, es decir, la razón de la demora de diez días. La respuesta de Mantecon Fumadó fue: “Porque no nos constaba que pudiera haber algún delito, no nos constaba ni siquiera que hubiese realmente un desvío imputable al laboratorio. Cuando vemos como está manejado el tema de los papeles y de la documentación es que nos da la idea de que podía haber un desmanejo o negligente o a propósito de la documentación y que eso podía generar que el producto que había salido a plaza y que en el batch records decía que estaba bien, no fuese así”.

Ese argumento choca con la documentación ya agregada a la causa. La resolución fiscal que solicitó al juez Kreplak la detención e indagatoria de la ex funcionaria señala que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”. Eso surge, según consta en el expediente, de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson, subadministradora nacional del organismo, del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP).

No es el único dato que pone en duda que Mantecon Fumadó desconociera la muerte de pacientes vinculada al fentanilo de HLB. La causa registra una secuencia que el tribunal tuvo a la vista durante el interrogatorio:

El 14 de abril de 2025 se registró el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.

Ese mismo día, la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia, un organismo externo al INAME y a la ANMAT, puso en conocimiento del INAME que recibían un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. El 22 de abril informó que uno de ellos era el fentanilo HLB lote 31.202.

El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata reportó a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del hospital, envió un correo electrónico donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.

Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante. Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte sobre las irregularidades en la planta de Ramallo e informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados. “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes” (sic), le respondió Bisio.

La carta de advertencia y el fentanilo que “no tenía reportes”

Uno de los puntos más tensos del interrogatorio giró en torno a la carta de advertencia firmada contra Laboratorio Ramallo: el instrumento que inhabilita a un laboratorio para seguir produciendo hasta que solucione las deficiencias detectadas. El tribunal señaló que la carta inhibía la producción general de toda la planta, pero que al mismo tiempo no se había ordenado el retiro de los productos fabricados durante ese período —entre ellos, el fentanilo.

La respuesta de Mantecón Fumadó fue que el fentanilo no tenía reportes previos y, por tanto, no podía ser objeto de retiro: “El fentanilo no tenía reportes, no fue objeto de inspección”. Cuando el tribunal le preguntó si eso no generaba ninguna inquietud, respondió: “No puedo decir ni que sí ni que no”. Ante la pregunta de si el Estado tenía obligación de vigilar lote a lote, fue categórica: “No, lote a lote no”.

La ex directora del INAME también reconoció que había dejado en “stand by” un proyecto de carta de advertencia para HLB Pharma que prohibía la comercialización de todos sus productos, porque consideró que no podía actuar sobre HLB sin antes hacerle una inspección propia. “Si a HLB no le hice una inspección, si HLB es una empresa distinta de Ramallo, yo no puedo utilizar los argumentos de Ramallo para sacar del mercado un sólido”, argumentó. Y agregó: “Jurídicamente, son dos laboratorios que tienen dos CUITS distintos, dos habilitaciones distintas, dos legajos distintos, dos directores técnicos distintos”.

El despido de inspectores

Otro eje del interrogatorio fue la debilidad estructural del cuerpo de inspectores. Mantecón Fumadó relató que cuando asumió contaba con entre 18 y 20 inspectores, y que la primera medida de la gestión del gobierno de Javier Milei fue despedir a cinco: “La primera medida que se tomó fue que echaron a 5 inspectores, me dejaron 10 más, me dejaron con 13 personas de las cuales hay personas que si bien son inspectores tienen una licencia psiquiátrica, o sea tan dentro del Inspectorado pero no, y además después de eso el ataque al empleado público, el sueldo, el trato, eso generó que se me fuera gente también”.

La ex funcionaria dijo que planteó la situación en el Ministerio “infinidad de veces”. En una reunión con asesores del ministro, que se realizaba cada 15 días, llegó a decir que era imposible trabajar con solo ocho inspectores para 600 laboratorios. El intercambio con el tribunal fue el siguiente:

Kreplak: “¿Por qué medio formuló esa observación?”

Mantecón Fumadó: “Personal, en las reuniones.”

Kreplak: “¿Por qué medios y si se lo formalizó de alguna manera?”

Mantecón Fumadó: “No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.”

Abogado defensor: “¿Recuerda alguna respuesta que haya recibido a eso?”

Mantecón Fumadó: “Sí, Agustina (Bisio), si yo recuerdo que Agustina me contestó que no le permitían contratar más personal, que para contratar personal se tenían que ir dos, después se tenían que ir tres para contratar personal entonces…”

El tribunal también le preguntó si era materialmente posible, con esa dotación, verificar que los laboratorios inhibidos no estuvieran produciendo. La respuesta fue: “No. Es imposible. Pero no es imposible solamente con los inspectores que tenía. Es imposible teniendo la dotación total de inspectores, o sea, teniendo 60 inspectores tampoco”.

“Atemorizados”: inspectores con custodia policial en HLB y Ramallo

Mantecón Fumadó reveló que las inspecciones a HLB Pharma y a Laboratorio Ramallo se realizaban siempre con custodia policial, debido al comportamiento de los responsables de ambas empresas. “A HLB y a Ramallo siempre fueron con custodia policial, porque, con anterioridad, las inspecciones eran muy ríspidas. Después el laboratorio mejoró su trato, pero en principio eran muy ríspidas y los inspectores se sentían como... ¿Cuál es la palabra? O sea, atemorizados, entonces iban acompañados con custodia policial”, declaró.

La logística de coordinar esa custodia era, según explicó, uno de los motivos por los que se avisaba con antelación mínima a los laboratorios: “Coordinar la custodia policial, el viático y por lo menos la pareja de inspectores, es muy costoso”.

Sobre la reunión del 14 de enero de 2026 en las oficinas de ANMAT —donde funcionarios del organismo se encontraron con los dueños de los laboratorios y otros responsables—, Mantecón Fumadó explicó por qué eligió ese ámbito y no las instalaciones del INAME: “Porque yo le pedí a Agustina (Bisio) por el tenor del laboratorio y porque son gente, cómo puedo decir, difícil de tratar, pero que no se... A ver, en la relación conmigo nunca hubo ningún problema, venían con antecedentes que me habían comentado a mí que tampoco fui testigo, pero la verdad es que discutían todo. Son difíciles de llegar a una resolución fácil, por llamarlo de una manera. Todas las medidas, ellos discutían todos los retiros de mercados, discutían todo, todo era una discusión”.

En esa reunión, los representantes de los laboratorios llegaron, en palabras de la ex directora, “con los botines de punta”: “Que la empresa no, que no se la podíamos cerrar toda, que ellos no habían tenido posibilidad de presentar documentación, que ya habían levantado un montón de puntos que le habían marcado la Comisión Inspectora, que necesitaban seguir el procedimiento, que ellos, que casi lo habían levantado todo, que habían puesto un nuevo sistema de control dentro de la empresa que se llamaba Capataz y que habían cambiado un montón de cosas y que no habían tenido oportunidad de presentarlo porque la Comisión le había pedido solamente determinado tipo de información”.

Las 33 veces que no recordó

La estrategia de defensa de Mantecón Fumadó se articuló sobre varios ejes. El primero fue deslindar la responsabilidad de ANMAT sobre la calidad lote a lote: “La autoridad sanitaria no va a inspeccionar un producto determinado, va a inspeccionar que ese producto se elabore de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. El resultado final del producto lote a lote es responsabilidad exclusiva del laboratorio. ¿Por qué? Porque es inviable y no pasa en ninguna autoridad sanitaria del mundo que la autoridad sanitaria verifique lote a lote cada producto que sale al mercado”. Y fue aún más lejos: “No hay forma de que el Estado controle que el laboratorio decida hacer o no hacer. El Estado no vigila lote a lote”.

La imagen que quedó de la declaración indagatoria fue la de una funcionaria que, ante preguntas sobre hechos que ella misma protagonizó —cartas que firmó, reuniones que convocó, decisiones que adoptó—, recurrió 33 veces a expresiones como “no me acuerdo”, “no lo recuerdo” o “desconozco”. Entre los olvidos más llamativos figuran no recordar el contenido de una carta de advertencia que ella misma firmó, no recordar si le dio un plazo al laboratorio para presentar documentación, no recordar cómo le transmitieron las instrucciones del ministro, y no recordar si formalizó sus planteos sobre la falta de inspectores.

A lo largo de la indagatoria, la ex jefa del INAME acumuló las siguientes respuestas:

“No recuerdo, llegaron después del mediodía, pero no me acuerdo en qué horario.”

“Pasada la madrugada creo, no me acuerdo.”

“No recuerdo si el 8 me pasa el expediente con el proyecto de retiro de mercado.”

“No, no recuerdo.” (sobre la fecha en que asoció los reportes de la Dra. Flichman con el lote de fentanilo)

“No me acuerdo si me lo mandó a mí o se lo mandaron directamente a Mariela Baldut.”

“No recuerdo.” (sobre lo que le manifestó Bisio respecto al reporte)

“No lo recuerdo.” (sobre el circuito administrativo de publicación de la carta de advertencia)

“No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.” (sobre si formalizó su planteo al Ministerio sobre la falta de inspectores)

“No lo recuerdo en este momento.” (sobre el plazo reglamentario para que el laboratorio presente descargos)

“No lo recuerdo en este momento…” (sobre si el reglamento exige una audiencia previa)

“No me acuerdo qué fue lo que se dijo.” (sobre la firma de la carta de advertencia)

“La verdad no recuerdo ahora lo que dice el texto de la carta.”

“La verdad, en este momento no me acuerdo cuál fue el planteo de Ana Laura.”

La última “laguna” de la imputada es, como mínimo, suspicaz. Ana Laura es Ana Laura Canil la Directora de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME, la funcionaria técnica que estaba directamente por debajo de Mantecón Fumadó en la línea jerárquica del organismo.

Su rol en la causa, según surge de la declaración, fue central en varios momentos:

Fue quien decidió y comunicó a Mantecón Fumadó que se iba a realizar la inspección no programada en Laboratorio Ramallo, diciéndole: “vamos a ir a Ramallo porque no me están dando respuesta a los productos no conformes y a los reportes que tienen”.

Fue quien condujo la inspección del 13 de mayo y llamó a Mantecón Fumadó para reportar que la documentación del fentanilo “estaba dibujada” y que los ensayos “no son concluyentes y debieran haberse repetido”.

Fue quien elevó el expediente con la propuesta de carta de advertencia para toda la planta de Ramallo, el viernes 3 de enero a las 18 horas.

Fue quien se trajo de Ramallo las muestras de museo y los batch records de los lotes 31202 y 31244 tras la inspección nocturna.

Integró la comisión que fue a Ramallo a buscar material para la causa penal, junto con la jefa de microbiología.

Luego de que el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires dejara firme la prisión domiciliaria de Ivana M., la ex esposa de Verónica Dessio y particular damnificada en la causa, Carolina Pérez, pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata que se fije “con carácter prioritario” una nueva fecha para dar inicio al proceso que busca juzgar el crimen de la abogada en La Plata.

Tras las reiteradas suspensiones que frenaron el inicio del juicio por el homicidio, el abogado que representa a Pérez, Matías Pietra Sanz, exigió que, una vez superadas las incidencias que afectan la integración del tribunal o el estado psicofísico de la acusada, se requiera a la Secretaría de Gestión Administrativa la asignación del primer bloque de fechas disponible, preferentemente dentro de 2026.

En el mismo escrito, el letrado solicitó que conste expresamente que las demoras acumuladas y las frustraciones en la fijación del juicio no son atribuibles ni a Pérez ni a su representación legal, tras argumentar que siempre colaboraron para agilizar el proceso.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, Pietra Sanz también requirió a la Secretaría del Tribunal certifique el estado procesal de todas las incidencias abiertas, incluidas las relativas a la salud de Mapis, la recusación impulsada por su defensa y las sucesivas revisiones de las medidas de coerción, promoviendo la pronta resolución de cada una.

Esta nueva solicitud por parte de la querella se dio apenas un día después de que se confirmara que la principal acusada de haber instigado el crimen de Dessio por celos podría continuar detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal bonaerense, compuesta por los jueces Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, quienes consideraron que los recursos presentados no cumplían los requisitos legales para ser revisados mediante casación.

En línea con esto, remarcaron que el beneficio procesal “no pone fin a la acción ni imposibilita que continúe”, por lo que no cumplían con el requisito de definitividad exigido por el Código Procesal Penal para acceder a la instancia de casación.

Por este motivo, el fallo recordó la doctrina de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los recursos extraordinarios solo proceden contra sentencias definitivas o resoluciones que hagan imposible que el proceso continúe. Una situación en la que, en este expediente, según el Tribunal de Casación, no se verificaban dichas circunstancias.

Frente a esto, el fiscal adjunto de Cámara, Alejandro Marchet, y Natalia Dessio, en calidad de particular damnificada con el patrocinio del abogado Santiago Irisarri, argumentaron que la decisión de la Cámara generaba un perjuicio irreparable y denunciaron presuntas violaciones a garantías constitucionales.

En este sentido, la representación de la familia Dessio cuestionó la aplicación del Código Procesal Penal y sostuvo que se afectó el derecho de las víctimas a ser oídas. También señalaron que la reprogramación del juicio oral para mediados de 2027 invalidaba uno de los fundamentos originales para conceder el arresto domiciliario.

Los detalles del crimen de Verónica Dessio

Para comprender el origen de los hechos, es necesario saber que la víctima contrajo matrimonio con Carolina Pérez en 2010, lo que las convirtió en una de las primeras parejas en la Argentina en hacerlo bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, tras obtener una autorización judicial. Tuvieron un hijo y, luego de nueve años, se separaron.

Posteriormente, Pérez inició una relación con Ivana M., mientras que Dessio lo hizo con Patricia. Sin embargo, según los testimonios reunidos en la investigación, la actual acusada había expresado en varias ocasiones su incomodidad por la relación cordial que mantenían Dessio y Pérez después de la separación. Para los investigadores, este conflicto fue considerado el principal móvil del asesinato.

El crimen se cometió el 23 de diciembre de 2020, un día después del cumpleaños de Dessio, quien había celebrado con amigos y familiares, incluida su ex pareja. Al terminar la reunión, la abogada fue atacada en su domicilio de la calle 5. Recibió varias puñaladas por la espalda y murió a causa de las heridas.

La investigación policial descartó el robo como móvil, ya que no se hallaron signos de desorden en la vivienda. Además, la violencia del ataque reforzó la hipótesis de un crimen premeditado. Por este motivo, la acusación sostuvo que Ivana habría organizado el asesinato motivada por celos y recurrió a José A. (actual imputado en la causa) para concretarlo.

Desde el inicio del expediente, la defensa de la acusada solicitó reiteradamente su excarcelación, argumentando problemas de salud en su entorno familiar. No obstante, el representante de la familia Dessio se opuso a cualquier beneficio procesal, sosteniendo que “no se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”.

La Fiscalía y las querellas también habían rechazado la posibilidad de morigerar la detención, invocando el riesgo de fuga, la expectativa de una pena de prisión perpetua y la existencia de otros familiares que podían asistir a la madre de la imputada.

La situación procesal de las dos máximas responsables de controlar la calidad de los medicamentos y soluciones parenterales que elaboran los laboratorios y salen a la venta es complicada. La expectativa de pena por la que fueron indagadas es de 10 a 25 años de prisión. Una de ellas, Gabriela Mantecón Fumadó la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), continúa detenida desde el 3 de agosto. Su defensa solicitó la excarcelación. Aún no fue concedida. En cambio, ese beneficio le fue otorgado a Agustina Nélida Bisio, la ex responsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) pero bajo estrictas restricciones.

Bisio debió depositar una caución real de $75.000.000. Estaba detenida desde el lunes pasado en el marco de la causa que investiga la contaminación de ampollas de fentanilo asociado a la muerte de 90 pacientes y otros 41 sufrieron secuelas.

Las condiciones de libertad

La resolución sobre la situación procesal de Bisio fue dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, de conformidad con el criterio de la fiscal federal María Laura Roteta. La libertad quedó condicionada al cumplimiento efectivo de la caución en la sede policial donde la ex funcionaria estuvo alojada. El pago podrá concretarse mediante bienes registrables susceptibles de embargo o a través de fiadores personales que acrediten idoneidad para afrontar ese monto.

El tribunal reconoció como válidos los argumentos de la defensa técnica de la profesional: que su asistida, desde que tomó conocimiento de la causa “ha colaborado con la instrucción mientras se mantuvo en su calidad de funcionaria pública, y se ha mantenido a derecho ahora que se encuentra imputada”. También consideraron: “No existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación”. La defensa también concluyó que podían aplicarse “medidas menos gravosas que la prisión preventiva”. El juez aplicó el principio de “proporcionalidad” previsto en el Código Procesal Penal Federal: “La detención en establecimiento carcelario es la última opción del catálogo de medidas del artículo 210, y solo procede cuando las alternativas resultan insuficientes para garantizar la sujeción al proceso”. Bisio tiene 71 años, carece de antecedentes penales y ya no se desempeña en la ANMAT desde enero de 2026, fecha en que renunció al cargo en medio del escándalo por los casos del potente anestésico HLB Pharma contaminado con dos bacterias multiresistentes.

La Fiscalía, por su parte, admitió la existencia de riesgos —entre ellos, la gravedad de la escala penal, que impide una eventual condena condicional— pero señaló que esos riesgos quedaban cubiertos con las restricciones del artículo 210 del CPPF. Además, subrayó que el teléfono celular de Bisio fue secuestrado en el allanamiento de septiembre de 2025 en la sede de la ANMAT y que el dispositivo que llevaba consigo al momento de su detención también fue incautado.

El juzgado también le impuso varias medidas de coerción:

1. Debe entregar sus pasaportes y todo documento de viaje a la judicatura, que los resguardará como efecto.
2. Prohibición de salida del país.
3. Deberá presentarse cada 30 días ante la División de la Policía Federal Argentina correspondiente a su domicilio, para dar cuenta de su paradero.
4. Promesa de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.
5. No puede concurrir a reuniones, visitar lugares ni comunicarse por ningún medio —personal, telefónico, informático, etc.—, por sí misma o a través de terceros, con cualquier persona vinculada a su anterior desempeño laboral en ANMAT/INAME, salvo que ello afecte su derecho de defensa.

Los delitos que se les imputa

Para fundar su pedido de detención e indagatoria los fiscales que impulsan la causa sostuvieron que los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los establecimientos de elaboración continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo.

La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara la droga adulterada, que culminó, como mínimo, en la muerte de 90 pacientes fallecidos y otros 41 con secuelas.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”.

La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

En la resolución fiscal se señaló además que, desde el inicio de la pesquisa, la línea investigativa encontró obstáculos atribuibles al organismo que Bisio conducía: falta de respuestas integrales ante requerimientos judiciales, reticencia a entregar documentación y cumplimientos parciales y tardíos, lo que obligó al juzgado a dictar procedimientos compulsivos para obtener los elementos probatorios.

La Fiscalía también señaló que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes por el Fentanilo HLB Pharma registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”.

Esto surge, según consta en la causa “de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP)”. Según pudo establecer Infobae, al menos en esa fecha, Enriqueta María Pearson se desempeñaba como Subadministradora Nacional de la ANMAT. En el Boletín Oficial consta que la magíster fue designada como segunda de la ANMAT a través del “Decreto 2/2024″, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces ministro de Salud Mario Antonio Russo.

Las demoras en realizar la denuncia por el fentanilo mortal

Las fechas son extremadamente importantes. La Fiscalía realizó una cronología que marca la demora de las entonces funcionarias públicas en hacer la denuncia penal desde el momento en que las autoridades del nosocomio de La Plata realizó la denuncia ante la ANMAT.

• Entre el 16/12/2024 al 02/01/2025, se elaboran 6 lotes de fentanilo. Dos lotes resultarán contaminados son los identificados con los números 31.202 (al que más muertes está asociado) y el 31.244.
• El 15/1/2025 2025, se venden las primeras partidas del lote 31.202 de Fentanilo HLB Pharma.
• El 14/04/2025, se registra el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.
• Ese mismo día la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia (Dra. Flichman), pone en conocimiento de INAME que estaban recibiendo un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. Y el 22/04/2025 informa que uno de ellos es el Fentanilo HLB lote 31.202.
• El 2/05/2025, el Hospital Italiano de La Plata reporta a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo HLB. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del Hospital Italiano de La Plata, envió un correo electrónico a la ANMAT donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.
• Tres días después, el 5/05/2025 en una reunión, Mantecón y Bisio toman conocimiento de la existencia del reporte. Según el dictamen fiscal, “también esa tarde se habría llevado a cabo una reunión en el despacho de Gabriela Mantecon Fumadó acerca de la situación del laboratorio en la que participaron Agustina Bisio, Enriqueta Pearson, Gabriela Mantecón, Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Lalín. En esa reunión, se habría puesto en conocimiento de las máximas autoridades la existencia del reporte del Hospital Italiano de La Plata y la necesidad inmediata del retiro del lote 31.202. Además, se habría enunciado la situación del laboratorio, su historial de incumplimientos y los retiros que se encontraban abiertos.
• Ese mismo 5 de mayo se registró un diálogo entre dos responsables del laboratorio que elaboró el fentanilo adulterado en el que uno de ellos Javier Tchukran, director de Manufactura, le revela a José Antonio Maiorano, director técnico de Laboratorios Ramallo, que ”Gabriela Mantecón Fumado les avisó que iban a ir a inspeccionar el laboratorio".
• El 8/05/2025, la ANMAT emite una alerta sobre el uso lote 31202 de fentanilo HLB por desvío de calidad.
• El 13/05/2025, es decir 11 días después de la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT denuncia el hecho ante una dependencia de la Policía Federal.

En la causa existen otras revelaciones que el juez Kreplak, a requerimiento de la Fiscalía está investigando: varias reuniones entre las funcionarias imputadas y autoridades y responsables de los laboratorios investigados por la adulteración mortal. La secuencia es la siguiente:

1. Martes 14 de enero de 2025, en la sede central de la ANMAT. El encuentro se realizó a las 14:30 horas en el 3° piso de Avenida de Mayo 869. Participaron, por el organismo de control, Gabriela Mantecón Fumado y Nélida Agustina Bisio, y por el laboratorio, Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García. La convocatoria había sido cursada el 10 de enero de 2025 por la Dirección del INAME, firmada por Sergio Prieto, con el objetivo declarado de “continuar abordando el tema de los reportes recibidos, así como la inspección de GMP”. Esas son las siglas en inglés de Good Manufacturing Practices, que en español se traduce como Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Según el dictamen, “en esa reunión —con dos proyectos de carta de advertencia (por irregularidades y violaciones a las normas de calidad) ya elevados (del 3/1/25 y del 8/1/25)— las funcionarias habrían acordado con los representantes del laboratorio no firmar la carta de advertencia en ese momento, a la espera de que el laboratorio presentara un plan de acción. Además, las funcionarias habrían convenido en ayudarlos a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales que el laboratorio elaboraba sin tener aprobados, entre ellos Propofol y Diazepam”.
2. Miércoles 15 de enero de 2025, en las oficinas del INAME. Al día siguiente, solo Mantecon Fumadó volvió a reunirse con personal del laboratorio en la sede del INAME. El dictamen señala que “esa visita no figura registrada en el organismo”. Llamativamente, el registro de ingresos al edificio —aportado en formato excel durante el allanamiento del 8 de septiembre de 2025— muestra que los últimos ingresos registrados son precisamente los del 15 de enero de 2025, el mismo día en que el instituto habría dejado de registrar el acceso de personas al edificio.

El dictamen también menciona una tercera reunión posterior, el 6 de marzo de 2025, entre Mantecón Fumado y personal del laboratorio en el INAME, de la que Bisio habría estado al tanto y en la que, según una conversación hallada en su teléfono, pidió que la retirada de los visitantes fuera ”discreta".

La investigación, con el bajo perfil que caracteriza a la fiscal Roteta y al juez Kreplak continúa avanzando y ya se realizaron allanamientos para descartar, o no, otras reuniones con los responsables de HLB Pharma en la que podrían haber participado otros funcionarios.

Después de repasar la línea de tiempo de la Fiscalía, se pueda comprender mejor la razón por la cual los integrantes del Ministerio Público Fiscal interpretan que “se encuentra probado que, con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Y que, sin embargo, las ex titulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población “nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios”.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el caso comenzó el miércoles 29 de julio, cuando una mujer de 41 años denunció que su hija había sido captada para ejercer la prostitución. Inicialmente, le ofrecieron trabajar en Pinamar, donde le realizaron una sesión de fotos que luego publicaron en una página porno.

La situación se agravó cuando la joven expresó su intención de regresar a su casa. “Una vez que entrás, no podás salir”, le advirtieron, y la amenazaron con matarla a ella y a su familia si no se prostituía.

Posteriormente, la trasladaron a La Plata, donde permaneció bajo amenazas, con la documentación, el teléfono celular y el dinero obtenido por los servicios sexuales retenidos por la organización. Con esta información, la SubDDI Villa Gesell inició una investigación junto con la DDI La Plata.

Las tareas investigativas permitieron establecer la existencia de una organización que captaba, trasladaba y explotaba sexual y económicamente a mujeres a través de un sitio llamado “Gemidos TV”. En el caso de la joven, subían sus fotos bajo el seudónimo “Lolita”.

“Hola mi amor, mi servicio es completo y convencional lo hago todo jajaja. Soy muy sumisa. Soy dulce por fuera, fuego por dentro. Muy mimosa, juguetona y sumisa, disfruto entregarme a la química del…”, dice la descripción del perfil utilizado para coordinar los contactos con los clientes.

El 5 de agosto la causa tuvo un giro inesperado. La joven se presentó espontáneamente en la DDI platense, junto a otra mujer. Desde la dependencia, contactaron al fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien mantuvo una videollamada con la víctima.

Ante el fiscal, la joven relató que era retenida bajo amenazas y obligada a trabajar para la organización. A su vez, reveló que la líder de la organización era Luana Débora Judit Meza Romero. Se trata de una mujer de 40 años, oriunda de Villa Gesell, quien, según fuentes judiciales, fue condenada en 2025 a dos años de prisión en otra causa vinculada a la explotación de mujeres.

La víctima también señaló que la joven que la acompañó hasta la comisaría formaba parte de la red. Por lo tanto, Mercuri ordenó la detención de la sospechosa, quien fue identificada como Julieta Martina Santillán, de 21 años. Según la investigación, la aprehendida es hija de Romero y ejerce la prostitución desde los 15 años.

En este contexto, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado en la Avenida Libertador, en Pinamar, y otro en la calle 63, entre 7 y 8, en La Plata. Los procedimientos se realizaron este jueves y culminaron con la detención de Romero, Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25).

Durante los operativos, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, una notebook Lenovo, una tablet, 79 prendas eróticas, cinco juguetes sexuales, dos pares de zapatillas de mujer, una gorra, un juego de sábanas, un acolchado, una máquina de afeitar, dos profilácticos con restos para peritaje, un protector íntimo femenino, $3.397.500 en efectivo, 1.100 dólares, el DNI de la víctima, documentación y otros elementos de interés.

En el domicilio de La Plata también fue resguardada una menor de 9 años, hija de una de las aprehendidas, quien quedó bajo la intervención del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y fue sometida al correspondiente reconocimiento médico legal.

La investigación continúa para identificar a otros integrantes de la organización y localizar a más víctimas. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que, por las características del expediente, no descartan que la investigación pase a la Justicia Federal si se determina la existencia del delito de trata de personas.

Un hombre y un caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo de Melchor Romero, localidad del oeste de La Plata, este jueves. El hallazgo fue fortuito, el propietario del predio advirtió la escena y llamó al 911.

Al arribar al lugar, ubicado en calle 168 entre 526 y 527, los agentes del Comando de Patrullas de La Plata fueron recibidos por el cuidador del campo, un hombre de 46 años. Él los guio hasta el interior del predio, donde hallaron a un hombre de identidad aún no establecida tendido boca abajo sobre el alambrado perimetral, y al animal sin vida a pocos metros, apoyado sobre un cable del tendido eléctrico.

La escena aportó la clave para reconstruir lo ocurrido: el cable hacía contacto directo con el alambrado, lo que habría energizado toda la cerca. Según fuentes del caso consultadas por El Día, la hipótesis principal de los investigadores es que esa descarga resultó fatal tanto para el hombre como para el equino.

Tras las pericias realizadas en el lugar, los investigadores confirmaron que ambos fallecieron como consecuencia de una electrocución. La Policía Científica intervino en la escena para analizar el estado del tendido eléctrico y las condiciones del alambrado, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de una autopsia, diligencia que permitirá completar las actuaciones judiciales y aportar más precisiones sobre el fallecimiento. La identidad del hombre permanece sin establecer hasta que concluyan esas pericias.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. Por disposición judicial, también se solicitó la intervención del médico policial y de la morguera para completar las diligencias correspondientes.

Aunque la mecánica del hecho fue esclarecida, la investigación apunta ahora a determinar si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones eléctricas que derivaron en la tragedia.

Encontraron muerto a un niño de seis años que se había escapado de la casa de sus abuelos en Neuquén

Un niño de 6 años fue hallado sin vida en el predio de una planta potabilizadora de la ciudad de Neuquén, tras una intensa búsqueda que duró aproximadamente cuatro horas.

El menor identificado como Tahiel Herrera padecía autismo y ese día se encontraba en la casa de sus abuelos del barrio Confluencia cuando, en un momento de descuido, salió sin que nadie lo advirtiera. Apenas notaron la ausencia, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero del niño.

La búsqueda se concentró desde el inicio en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ubicado sobre la calle Tronador, ya que existían indicios de que había ingresado por un portón que se encontraba abierto, y reunió a amigos y vecinos.

El procedimiento tuvo lugar el lunes y se extendió por varias horas. De acuerdo con lo reconstruido por las cámaras de seguridad y la información constatada por LM Neuquén, el menor ingresó al predio corriendo a las 19:14. Un guardia advirtió su presencia y comenzó a seguirlo, aunque el pequeño continuó avanzando. El trabajador regresó hacia el acceso para buscar a un adulto y, al minuto siguiente, se encontró con la madre de Tahiel y le indicó hacia dónde debía dirigirse. Lo que ocurrió después de esa secuencia aún no fue determinado por la investigación.

La Policía tomó intervención alrededor de las 20:50 tras recibir llamados que alertaban sobre la posible presencia del niño dentro de la planta. Al operativo se sumaron efectivos de la Comisaría 19, personal de Bomberos, buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas, según informó el portal Río Negro. Cerca de las 22:15, mientras los bomberos rastreaban el agua, localizaron el cuerpo del niño en la zona de piletones y tanques de tratamiento.

El mismo portal local informó que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Un equipo de CONICET en La Plata identificó 49 especies de peces en el tramo de agua dulce del Río de la Plata y determinó que la profundidad, transparencia y temperatura explican mejor la composición de esas comunidades que la cercanía a descargas cloacales, un dato que ofrece una línea de base para medir cambios futuros vinculados al clima y a la presión humana sobre el estuario.

El trabajo registró 17.952 ejemplares y encontró que, dentro del total de especies, 10 fueron dominantes, cuatro frecuentes, dos ocasionales y 33 raras, según el estudio publicado en la revista Environmental Biology of Fishes.

La similitud general de la ictiofauna —el conjunto de todas las especies de peces— entre estaciones fue de 37,9%, y las diferencias estacionales se asociaron con variaciones en la abundancia de algunas especies.

La investigación fue realizada por científicos del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA) a lo largo de un año en seis sitios distribuidos sobre una franja de unos 35 kilómetros paralela a la costa, desde Boca Cerrada, en Ensenada, hasta playa Bagliardi, en Berisso.

En cada punto se tomaron muestras con una red de arrastre lanzada desde una embarcación, a 1,5 y 3 metros de profundidad.

Tomás Maiztegui, investigador del CONICET en el ILPLA y uno de los autores, explicó al medio de difusión científica institucional que el valor principal de este tipo de estudios está en la información básica que generan sobre el funcionamiento del sistema.

“¿Cómo podríamos averiguar cuánto impacta el cambio climático en un determinado ambiente, por ejemplo, sin saber qué elementos lo integran o qué transformaciones ha sufrido a lo largo de su existencia? El riesgo de sacar conclusiones equivocadas sería enorme”, señaló.

La profundidad fue el factor que más ordenó la comunidad de peces

El estudio concluyó que la profundidad del agua fue el principal factor ambiental en la determinación de la estructura del ensamble de peces. Detrás aparecieron la transparencia y la temperatura, mientras que la proximidad a vertidos de líquidos cloacales y residuales tuvo un papel secundario.

Ariel Paracampo, investigador del CONICET en el ILPLA, sostuvo que el trabajo permitió identificar todas las especies presentes en esos espacios y caracterizar sus vínculos con el ambiente a partir de múltiples variables.

“Identificamos a todas las especies de peces que habitan esos espacios, y caracterizamos sus relaciones con el ambiente teniendo en cuenta una multiplicidad de variables que no pueden tomarse en consideración de manera aislada”, explicó.

Darío Colautti, investigador del CONICET y director del ILPLA, dijo que el equipo suponía que las descargas tendrían una influencia mayor sobre la configuración de los conjuntos de peces por condiciones como falta de oxígeno y exceso de materia orgánica.

“Pensamos que este factor tendría mayor influencia en la configuración de los ensambles de peces por la combinación de condiciones particulares como deficiencia de oxígeno y exceso de materia orgánica, pero no se vio que tuviera un efecto puntual”, describió.

Entre las especies dominantes, el trabajo destacó a Parapimelodus valenciennis y Ramnogaster melanostoma, conocidas como porteño y mandufia, además de Pimelodus maculatus, o bagre amarillo, y Auchenipterus osteomystax, llamado buzo.

Las diferencias entre estaciones, de acuerdo con el artículo científico, también podrían estar vinculadas con grupos funcionales, ciclos migratorios y tamaño corporal.

El monitoreo se hizo en cuatro estaciones y dos profundidades

Las campañas se repitieron cuatro veces a lo largo del año para cubrir distintas estaciones y condiciones climáticas. Esa continuidad temporal fue uno de los rasgos centrales de un relevamiento planteado para describir la variación natural de un sistema grande y complejo y, a partir de allí, detectar qué cambios atraviesa con el tiempo.

Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y autor del trabajo, señaló que establecer la jerarquía de especies en relación con la temporalidad, el ambiente y aspectos biológicos como reproducción o migración permite interpretar mejor futuras caídas en abundancia.

“Determinar esta jerarquía de especies en relación a una cierta temporalidad y condiciones ambientales, pero a la vez también a aspectos de su biología como si es época de reproducción o migración, nos brinda una base valiosísima para entender las causas de los cambios que puedan ocurrir”, apuntó.

Ese punto responde a la pregunta central del estudio: qué determina hoy la estructura de la comunidad de peces en el sector dulce del Río de la Plata. La respuesta que ofrece la investigación es que el patrón está dominado sobre todo por variables físicas del ambiente, en especial la profundidad, y no por la cercanía a efluentes.

Maiztegui explicó que el uso del ranio también volvió singular al monitoreo porque permitió estandarizar capturas in situ en intervalos cortos y sobre un área amplia. Según el investigador, los registros discontinuos y hechos con métodos distintos suelen impedir comparaciones sólidas entre campañas.

Paracampo describió al Río de la Plata como un ambiente altamente dinámico, con mareas y vientos muy cambiantes y una fuerte influencia urbana, que va desde la pesca artesanal y deportiva hasta el vertido directo e indirecto de residuos.

El artículo publicado por Environmental Biology of Fishes señala que esa base de datos será útil para evaluar escenarios futuros de cambio climático en peces neotropicales templados.

Un chofer de aplicación fue víctima de un intento de asalto en el barrio El Mondongo, en La Plata, luego de que aceptara un viaje que había sido pedido por una falsa pasajera. No obstante, esta lo terminaría llevando hacia una trampa, donde otras dos personas lo esperaban para robarle. Finalmente, los tres implicados lograron ser detenidos.

El hecho ocurrió en la calle 1 entre 67 y 68 cuando el conductor, que realizaba un traslado con su Peugeot 308, recibió una solicitud de viaje de una joven en la zona este de la ciudad. Después de que abordara el automóvil, le pidió detener el recorrido para regresar al punto de partida debido a que, según argumentó, había olvidado dejar un objeto a un familiar.

Al acceder a su pedido, cuando regresaron al punto donde comenzó el viaje, la víctima se dio cuenta de que en el lugar lo esperaban un hombre armado y otra mujer. En ese momento, el sujeto amenazó al chofer, quien reaccionó descendiendo del vehículo y corriendo hacia un comercio cercano para pedir ayuda.

Después de que el hombre volviera a su auto, constató que el vehículo estaba abierto y que le habían sustraído dinero y tarjetas bancarias. Según la información proporcionada por el medio platense 0221, la víctima realizó la denuncia ante la Policía, lo que permitió que los efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado localizaran a los sospechosos.

De esta manera, las autoridades confirmaron que la banda fue capturada en la zona de 1 entre 72 y 73, cerca del Hospital San Martín. Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre 22 y un cuchillo tipo Tramontina. Asimismo, confirmaron que parte de los elementos robados fueron recuperados.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata quedó a cargo de la causa, que investiga la responsabilidad penal de los detenidos y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con el proceso judicial. Además, destacaron que el operativo fue ejecutado en cuestión de minutos tras la denuncia, lo que permitió evitar la huida de los implicados.

Ola de robos a conductores de aplicaciones en La Plata: se registraron dos violentos asaltos en una noche

En la noche del domingo 19 de julio, la inseguridad se manifestó nuevamente entre los trabajadores de plataformas de transporte en La Plata tras un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto. Uno de los hechos ocurrió en Villa Elvira, cerca de las 23.30, cuando un hombre fue interceptado y asaltado mientras realizaba un viaje solicitado mediante una aplicación digital.

El conductor, que conducía una Honda Wave de 110 cc, llegó a la zona de calle 97 entre 118 y 119 sin advertir que sería emboscado. Al detenerse, fue abordado por un hombre armado que lo amenazó y lo golpeó con la culata del arma en la boca, provocándole una lesión. Finalmente, el asaltante le robó la motocicleta y su teléfono celular.

Durante la huida, el agresor fue asistido por una mujer que facilitó la fuga, mientras que el trabajador lesionado fue auxiliado por una vecina. Además, esta mujer le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y alertar a la Policía.

Este tipo de delitos se ha repetido en los últimos meses, con delincuentes que solicitan viajes a través de aplicaciones para citar a los conductores en puntos específicos y asaltarlos. La modalidad generó preocupación entre los trabajadores de plataformas digitales, quienes se sienten expuestos a riesgos inesperados en cada viaje.

De hecho, el ataque en Villa Elvira se produjo pocas horas después de un hecho similar en la zona de calle 4 y 95. En ese caso, un conductor fue sorprendido por un asaltante que intentó arrebatarle la motocicleta tomándolo del cuello. Durante el forcejeo, ambos cayeron a una zanja y apareció un segundo delincuente armado, que bajo amenaza logró sustraer una Honda RX de 150 cc color rojo y negro.

Las denuncias de ambos episodios fueron radicadas ante la Policía, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los vehículos robados. No obstante, los trabajadores de aplicaciones insisten en la necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y controles para evitar la multiplicación de este tipo de delitos.

A través de un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino y la provincia de Buenos Aires, el estadio platense en el que se disputaron partidos del Mundial Sub 20 que tuvo a Argentina como anfitriona en 2023, se está reformando en varios sectores, se modernizará y pondrá a punto para albergar partidos importantes del fútbol nacional y también ser la nueva “casa de las selecciones nacionales”.

En un video difundido por la AFA en las redes sociales, se mostraron algunas de las obras que se llevan a cabo por estos días. El plan incluye la instalación de nuevas luminarias LED, la cobertura total del techo de las gradas y una nueva red de conectividad de mayor velocidad y alcance en todo el estadio. También contempla la renovación de palcos y del hall principal de accesos, junto con mejoras y ampliaciones en los sectores de estacionamiento. En el campo de juego, señalaron el cambio total del césped y del sistema de drenaje, además de una cancha periférica de césped sintético. La intervención prevé además la reconfiguración de los vestuarios en nuevos espacios funcionales.

En los últimos meses, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, difundió imágenes de las obras que se llevan a cabo en el estadio de La Plata, con la meta de convertirlo en base de las selecciones argentinas y en una posible sede de la Copa del Mundo 2030. La cancha tiene capacidad para 53.000 espectadores y solamente recibió recitales en los años 2024 y 2025, con shows como los de La Renga, Los Piojos, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y La Mona Jiménez, entre otros.

El plan integral había sido presentado durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA encabezada por Claudio Tapia en septiembre de 2025. Las tareas previstas abarcan cuatro frentes: la renovación del campo de juego, la instalación de un nuevo techo, la actualización del sistema de iluminación y mejoras en la infraestructura interior y la conectividad del recinto. Chiqui Tapia había destacado el alcance institucional del proyecto durante la presentación del Master Plan: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos”.

El acuerdo entre la AFA y el gobierno provincial fue formalizado a fines de 2024 y fijó la base política y administrativa de la modernización. La iniciativa también busca ampliar el uso del predio más allá del fútbol y convertirlo en un polo para actividades diversas. En aquella asamblea de la AFA también se aprobó el cambio de nombre del recinto, que pasó a denominarse Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo.

Belgrano de Córdoba, como campeón del Apertura, se verá beneficiado con una suerte de localía en el duelo válido por la final del Trofeo de Campeones, ya que al igual que la final del torneo anterior, el encuentro decisivo se llevará a cabo en su provincia (contra el ganador del Clausura).

Además, la Supercopa Internacional que disputarán Rosario Central y Estudiantes de La Plata se llevaría a cabo el sábado 26 de septiembre, con cancha por designar. Según pudo averiguar Infobae, la final de la Copa Argentina se disputaría el miércoles 4 de noviembre, con estadio a confirmar. En tanto, la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia sería el miércoles 11 de noviembre, también con sede a definir. Estas finales están sujetas a confirmación oficial.

TODAS LAS FINALES DE 2026

• (A confirmar) Sábado 26 de septiembre: Supercopa Internacional (Rosario Central-Estudiantes LP)
• (A confirmar) Miércoles 4 de noviembre: Copa Argentina
• (A confirmar) Miércoles 11 de noviembre: Supercopa Argentina (Estudiantes LP-Independiente Rivadavia)
• Sábado 12 de diciembre: Torneo Clausura (Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona)
• Sábado 19 de diciembre: Trofeo de Campeones (Estadio Mario Alberto Kempes)

Noticia en desarrollo...

El juez Ernesto Kreplak, y la fiscal María Laura Roteta, los investigadores del fentanilo contaminado vinculado a la muerte de 90 pacientes; indagarán hoy a las dos ex funcionarias detenidas ayer y que eran las responsables de controlar la calidad de los medicamentos que se elaboraban y salían la la venta en el país. Las ex funcionarias permanecen detenidas en una repartición de la Policía de la Ciudad hasta su traslado a La Plata.

Infobae tuvo acceso a los fundamentos de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, para solicitarle al magistrado la detención de las ex funcionarias que debían velar por que los remedios curen y no perjudiquen a los pacientes que los consumen.

El dictamen, de 192 fojas es revelador. Describe con precisión como las entonces máximas responsables de controlar los laboratorios y con poder de policía “sabían del riesgo (de que los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo salieran a la venta) y no actuaron”. Pero además describen los mensajes que las profesionales intentaron borrar, los diálogos entre ellas y con los empresarios y reconstruyen el momento en que las entonces funcionarias tomó conocimiento de las irregularidades que rodeaban la producción del opioide y las decisiones que tomaron —o no tomaron— a partir de entonces.

Los delitos que se les imputan

La imputación que pesa sobre ellas está enmarcada en la causa por el fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma vinculado a la muerte de 90 pacientes.

En su dictamen la responsable de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, entendieron que además de los responsables de la fabricación y venta del anestésico contaminado con dos bacterias “la investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria”.

Las ex funcionarias bajo sospecha son Agustina Nélida Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de la ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

El pedido de detención e indagatoria, al que hizo lugar el juez federal Ernesto Kreplak, fue a pedido de Roteta y Rodríguez.

“Manto de cobertura estatal”

Para fundar su pedido sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos Ariel y Diego García, “registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB con dos tipos de bacterias multirresistentes a los antibióticos en al menos dos lotes de Fentanilo HLB Pharma.

La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que “se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado”, que culminó, hasta ahora, con el fallecimiento de 90 pacientes identificados, una cifra que podría ser mayor.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas a Bisio y Mantecon Fumadó, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

El inicio de la tragedia

Lo que sigue es la reconstrucción de la fiscalía sobre la mayor tragedia sanitaria del país, que se podría haber evitado.

El lote de fentanilo contaminado que se fabricó el 15 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo y que el 4 de enero de 2025 fue aprobado por el jefe de control de calidad del establecimiento —pese a las graves irregularidades que el propio organismo regulador conocía desde noviembre del año anterior— llegó a hospitales y clínicas de todo el país a partir de febrero de 2025.

La fiscal Roteta, y el titular de la PIA, sostienen en un dictamen de 192 fojas que la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos sabían del riesgo y no actuaron.

El escrito, incorporado al legajo FLP 17371/2025/195 del Juzgado Federal N°3 de La Plata, reconstruye con precisión cronológica —a partir de correos electrónicos, audios transcritos, chats de WhatsApp extraídos de teléfonos celulares y documentación administrativa— el momento en que cada funcionaria tomó conocimiento de las irregularidades que rodeaban la producción del opioide y las decisiones que tomaron —o no tomaron— a partir de entonces.

Los hallazgos en los teléfonos

La evidencia digital es el núcleo del dictamen. Las pericias fueron realizadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyos informes quedaron incorporados al sistema LexI00 del expediente.

Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante.

Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte y le informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados (del fentanilo de HLB Pharma). “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes”, le respondió Bisio.

Esa conversación se produjo un día después de que la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia enviara correos electrónicos al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT y a la casilla ANMAT Responde para informar que en los últimos 30 días había recibido un número importante de reportes vinculados a anestesia raquídea, que había analizado y confirmado 16 casos de síntomas de irritación meníngea de distinta gravedad, y que creía que aún faltaban reportar muchos más. Entre los medicamentos en común que figuraban en la documentación adjunta que la reportante envió días después estaba el fentanilo HLB, lote 31.202.

El 22 de abril de 2025, la jefa del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras le envió un mensaje a Mantecón Fumadó informándole que entre los productos reportados figuraba uno de marca HLB. El texto decía: “Es popurrí, de GOBBI, HLB y LAB GRAY”. Cuatro días después, el 26 de abril, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras elevó la alerta a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo con nivel de criticidad CRÍTICO y prioridad ALTA.

El dictamen informa también que del teléfono de Javier Maiorano el director técnico de HLB Pharma se obtuvieron audios que revelan que el 16 de abril de 2025 —cuando ya se había ordenado el recall d(retiro del mercado) de un producto de HLB el 28 de febrero— Ariel García Furfaro (el propietario) había dado la instrucción expresa de no iniciar el retiro-. En el audio, un interlocutor identificado como Antonio dice: “No el recall no lo vamos a empezar porque Ariel no lo quiere empezar, o sea, vamos a esperar que él nos diga”. El mismo audio revela que García había prometido ir al INAME el lunes siguiente a hablar sobre el tema.

Del mismo teléfono de Maiorano se extrajo otro audio del 5 de mayo de 2025 en el que Javier Tchukram, directivo de HLB, relata que llamó y escribió a Mantecón Fumadó para saber cuándo llegarían a inspeccionar el laboratorio, y que la funcionaria le informó que irían entre el miércoles y el jueves de esa semana. “Mejor, menos días para auditar, porque el fin de semana no se van a quedar”, concluye Tchukram en el audio. Los fiscales señalan este episodio como un indicio de que la directora del INAME adelantó a los representantes del laboratorio la fecha de la inspección.

La eliminación de prueba

El dictamen dedica un tramo específico a la destrucción de evidencia. Además de la destrucción de registros, batch records, servidores y datos en teléfonos por parte del personal de los laboratorios, los fiscales señalan que Mantecón Fumadó eliminó, el 14 de julio de 2025, todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Con posterioridad, la ex directora del INAME intentó recuperar esos mensajes con la asistencia de un especialista en informática, sin éxito.

La conversación del 5 de mayo de 2025 entre la Droguería Nueva Era y María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo, tampoco pudo ser encontrada en el teléfono de García: los fiscales sostienen que probablemente fue eliminada. Algunos documentos sobrevivieron porque no pudieron ser borrados de los servidores del laboratorio (informe PSA 071_UC1/25 SERVIDOR-PI, fs. 3998/4007). Entre ellos, un archivo Word titulado “Nota base.doc”, fechado el 14 de mayo de 2025, que reconstruye la cadena de hechos desde la fabricación del lote 31.202 el 15 de diciembre de 2024 hasta la comunicación del Hospital Italiano. Una impresión de ese archivo fue hallada en el allanamiento del 4 de julio de 2025 en el domicilio de Carolina Ansaldi, la directora técnica de Laboratorios Ramallo.

Lo que sabían y cuándo

La cronología que construye el dictamen ubica el conocimiento de las funcionarias bastante antes del estallido público de la crisis. La inspección de noviembre-diciembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo detectó irregularidades estructurales en las condiciones de elaboración y en los sistemas de control y aseguramiento de calidad.

El propio laboratorio fue notificado en ese momento de que no podía continuar elaborando productos hasta levantar las “no conformidades” detectadas, según consta en actas rubricadas por sus representantes. Pese a ello, la carta de advertencia que formalizó administrativamente esa prohibición recién se firmó el 10 de febrero de 2025, semanas después de que el lote contaminado 31.202 ya hubiera salido al mercado.

El 2 de mayo de 2025, la jefa de Farmacia del Hospital Italiano de La Plata envió un correo a la ANMAT donde detalló que en abril habían tenido un brote de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, que todos los pacientes afectados tenían en común el uso de fentanilo, y que de doce muestras de ampollas marca HLB cultivadas, diez habían arrojado resultados positivos para esas bacterias.

El 5 de mayo de 2025, primer día hábil posterior al fin de semana largo, se realizó una reunión en el despacho de Mantecón Fumadó en la que participaron Bisio, Mantecón Fumadó, Enriqueta Pearson, Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Lalín. Según la declaración testimonial del 28 de julio de 2026 incorporada al expediente, en ese encuentro se puso en conocimiento de las máximas autoridades el reporte del Hospital Italiano, la necesidad inmediata de retirar el lote 31.202 y el historial de incumplimientos del laboratorio.

Ese mismo día, el personal de Laboratorios Ramallo analizó sus propias contramuestras del fentanilo y llegó a la misma conclusión que el hospital: el producto estaba contaminado. Así lo revelan los chats hallados en el teléfono de Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad, donde un integrante del grupo de WhatsApp de 24 miembros informó el 6 de mayo que el fentanilo “dio mal” y que necesitaban repetir el ensayo al día siguiente.

La reunión del 14 de enero de 2025

Los registros de ingreso y egreso del edificio de la ANMAT en Avenida de Mayo 869, piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires, confirman que cuatro representantes de HLB Pharma Group S.A. ingresaron el 14 de enero de 2025 a las 15.13 horas y se retiraron a las 15.55 horas. Los nombres consignados en el registro son: Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y Diego García. Del lado del Estado estuvieron presentes Mantecón Fumadó, en su carácter de directora nacional del INAME, y Bisio, su superiora, por estar a cargo de la ANMAT. La reunión fue convocada a instancias de Mantecón Fumadó.

En su declaración testimonial ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Roteta, Bisio reconoció que el encuentro “fue acalorado” y que en él se discutieron los hallazgos que el INAME había realizado en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante la inspección de noviembre de 2024. Los fiscales señalan que, pese a que en esa reunión se trató de forma expresa el cuadro de incumplimientos del laboratorio, ninguna de las dos funcionarias adoptó con posterioridad medidas preventivas sobre los productos que HLB ya había elaborado y distribuía.

Las sospechas sobre los laboratorios

El dictamen describe a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. como una sola estructura empresarial bajo el control oculto de los hermanos García —Ariel, Diego y, para la fiscalía, también Damián—, con cargos directivos formales ocupados por personas de paja que iban desde la abuela nonagenaria de los García hasta un cuentapropista de un taller mecánico. Ramallo producía en exclusiva para HLB los productos inyectables; HLB los comercializaba. La mayoría de los empleados de ambas plantas estaban registrados en la droguería Alfarma, también controlada por el grupo.

El escrito señala que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT, y que elaboraba y comercializaba productos sobre los cuales aún no tenía titularidad formal. Como consecuencia directa, productos como el Propofol y la Dopamina carecían de trazabilidad y debieron ser retirados del mercado. El fentanilo del lote 31.202 tampoco tenía trazabilidad, lo que obligó a la Justicia a reconstruirla de manera artesanal para identificar a las víctimas.

El 11 de abril de 2025, las inspectoras del INAME Sandra Fabiana Chico y Sandra Judith Berndt ratificaron mediante el informe IF-2025-37838499-APN-DFYGR#ANMAT que Laboratorios Ramallo “no posee un nivel aceptable de cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)” y que lo presentado “no subsana las deficiencias críticas y mayores detectadas en la inspección realizada”. Ese mismo día, el laboratorio presentó un pronto despacho para que le indicaran con urgencia la fecha de la auditoría “para poder volver a nuestras actividades de forma normal”. Mientras tanto, -recuerdan los fiscales- ninguna medida concreta se adoptaba respecto de HLB ni de los productos que esa firma ya comercializaba, entre ellos el fentanilo.

Los conceptos del escrito fiscal

Los fiscales construyen la imputación sobre la figura del “estándar reforzado de debida diligencia técnica”, que el dictamen define como la obligación de los funcionarios de la ANMAT de ir más allá de la verificación formal del cumplimiento normativo para realizar “la evaluación sustantiva del riesgo sanitario, la detección temprana de desvíos y la adopción oportuna de medidas preventivas o correctivas”. Sobre esa base, el escrito plantea que los presuntos delitos que habrían cometido según el Código Penal y que le podrían imponer penas de hasta 25 años de prisión, y dejan abierta la posible aplicación del artículo 80, inciso 5° del mismo código, que tipifica el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.

El dictamen también incorpora el concepto de “manto de cobertura estatal” para explicar el historial de irregularidades de los laboratorios, y hace suya la caracterización de la PIA sobre “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”, cuyas consecuencias, dice el escrito, “son aún desconocidas”. La reticencia de los funcionarios de ANMAT e INAME desde el inicio de la investigación —la escasez y poca claridad de la información suministrada, tanto por escrito como en declaraciones testimoniales— es interpretada por los fiscales como una conducta orientada a “solapar la deficiente actuación del organismo de control especializado”.

La resolución fiscal que derivó en la detención de la ex funcionarias resaltó que la mayor tragedia sanitaria registrada en el país “demuestra la relevancia de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en la producción de medicamentos. Tanto en su cumplimiento por parte de los laboratorios como en su control por parte del Estado. En este sentido, la población accede a las sustancias medicinales por vías reguladas. No cuenta con herramientas propias para efectuar un control de calidad. De allí la noble función de instituciones como ANMAT e INAME para cuidar y garantizar la salud de las personas”.

El lunes 4 de agosto, las dos funcionarias, a pedido de la fiscal Roteta y del titular de la PIA, fueron detenidas a instancia del juez. Ambas estaban en sus domicilios. En el transcurso del día de hoy Bisio y Mantecon Fumado serán trasladadas desde la repartición de la Policía de la Ciudad en la que están detenidas al juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak para ser indagadas. Hasta ahora son las dos únicas personas vinculadas a la causa por fuera de los responsables de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron el fentanilo mortal.

Por pedido de la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, el juez Ernesto Kreplak detuvo esta mañana a las ex máximas responsables de los organismos de control de medicamentos. Ambas estaban en funciones cuando los laboratorios de Ariel García Furfaro elaboraron el fentanilo contaminado vinculado a a 90 muertes. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas estaban al tanto de las deficiencias en la producción y ventas de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma por inspecciones anteriores y no habrían tomado medidas concretas contra las plantas elaboradoras.

En noviembre de 2024, poco antes de la elaboración del fentanilo mortal, una inspección del INAME detectó serias falencias en la planta ubicada en la localidad de Ramallo y propiedad de Ariel García Furfaro, pero no se tomó ninguna acción hasta que se conocieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata.

Bisio fue administradora de la ANMAT desde diciembre de 2023. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida rige desde el 5 de enero de 2026. Si bien se alegaron “razones personales”, se especuló que su salida habría estado vinculada al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.

Mantecón Fumado fue Directora Nacional del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que fue separada preventivamente del cargo. La medida se produjo después de que Infobae revelara que existieron demoras en la resolución de inspecciones sobre Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, y siguió a la detención de Ariel García Furfaro.

En esta segunda etapa de la investigación, la fiscal que impulsa la causa decidió investigar las posibles irregularidades que habrían incumplido los funcionarios a cargo de los organismos de control.

Esta mañana, una delegación de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el Ministerio de Salud para detener a Bisio y Mantecón Fumado. Al no estar presentes, las fueron a buscar a sus domicilios. Las fuentes del caso que dialogaron con este medio informaron que el juzgado, a instancias de la fiscalía, presentó un requerimiento para conocer las entradas y salidas de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025. En el expediente, como se explicará más adelante, consta que existió una reunión, pero en las instalaciones de la ANMAT, en el tercer piso de Avenida de Mayo 869. El encuentro entre Bisio y tres directivos de los laboratorios ahora clausurados se realizó a instancias de Mantecón Fumado.

En los registros de entradas y salidas figura que la reunión fue el 14 de enero de 2025. Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y su hermano Diego ingresaron a las 15.13 y se retiraron a las 15.55. La reunión, según reconoció Bisio en su declaración testimonial ante el juez y la fiscal “fue acalorada” y se habló sobre los hallazgos que había realizado el INAME en las instalaciones de Laboratorios Ramallo.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya había anticipado su criterio sobre investigar a los funcionarios públicos. Lo hizo en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales

Las funcionarias detenidas

La doctora Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT — había sido citada a declaración testimonial y allanada por la Justicia. Fue el 15 de mayo de 2025. El mismo día prestó declaración Mantecón Fumado.

En esta parte de la investigación, la fiscal y el juez ponen el foco en una reunión que el 14 de enero de 2025, en la sede de la ANMAT, juntó a funcionarios del organismo regulador con representantes de la empresa cuyas ampollas contaminadas de fentanilo terminarían llegando a hospitales de todo el país.

Lo que cada uno dijo sobre ese encuentro —y sobre el historial de irregularidades que lo precedió— quedó registrado en declaraciones testimoniales e indagatorias que obtuvo Infobae.

Noviembre de 2024: la inspección que lo cambió todo

El punto de partida de la cadena de hechos que desembocó en la crisis sanitaria fue una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) realizada en noviembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo SA, el establecimiento que fabricaba los productos inyectables y parenterales bajo titularidad de HLB Pharma Group. La inspección no abarcó la totalidad de la planta sino una línea específica, por desvíos en el tipo de producto.

La directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos declaró ante el juzgado el 15 de mayo de 2025 —en lo que consta como la testimonial de fs. 288— que el laboratorio ya arrastraba un historial previo que justificaba un seguimiento cercano: "El Laboratorio implicado con el producto tiene un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano“.

Sobre la inspección de noviembre, Mantecón Fumado fue precisa: "En noviembre del 2024 hubo una inspección de Laboratorios Ramallo SA de Buenas Prácticas de Fabricación sobre una línea de producción, no sobre toda la planta, por desvíos en tipo de producto. Ahí se constatan irregularidades y se decide proponer una carta de advertencia, que implica la prohibición de elaboración de nuevos productos“.

La carta, explicó, recién se formalizó el 10 de febrero de 2025: “A partir de ahí el Laboratorio Ramallo no puede elaborar nada más hasta que no levante las ‘no conformidades’ informadas por el organismo”.

La funcionaria subrayó que la notificación al laboratorio fue inmediata: “No obstante ello, si bien no estaba ordenado administrativamente, sí mediante la inspección del mes de noviembre de 2024, se le fue notificado al Laboratorio que no podía elaborar ningún producto por no cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación. Tal cual quedó reflejado en las actas, rubricadas por los representantes del Laboratorio, se les habría informado que no deberían elaborar productos hasta el levantamiento de las ‘no conformidades’”.

El plazo que la normativa otorgaba al laboratorio para proponer el levantamiento de esas “no conformidades” era de entre cinco y diez días. La empresa presentó documentación, pero fue voluminosa y, según Mantecón Fumado, insuficiente: "Durante el tiempo que se encontraba la evaluación de la documentación presentada por la empresa, paralelamente aquella seguía enviando documentación al respecto, la cual fue muy voluminosa. Cuando el personal termina de analizar la documentación, define que no alcanza lo presentado y ahí ordena la carta de advertencia“.

Y agregó: ”Desde noviembre el Laboratorio tenía conocimiento que no pasaba las BPF, por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las ‘no conformidades’. Paralelamente, en INAME quedaron en proceso un montón de investigaciones por desvíos de productos, retiros de productos no conforme. La mayoría era por cuestiones registrales. Los sumarios de los distintos productos se elevaron en marzo".

Un historial de irregularidades: certificados, trazabilidad y envases no autorizados

La declaración testimonial de Bisio ante el juzgado —prestada también el 15 de mayo de 2025, en su condición de Administradora de la ANMAT— aportó otro plano del cuadro de irregularidades que el organismo registraba sobre HLB y Ramallo con anterioridad al escándalo del fentanilo.

Bisio describió que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal —el documento que otorga la titularidad de un producto— sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT: "Esos trámites no fueron concluidos por HLB en diversos productos, aclarando que no se trata del FENTANILO sino de otros medicamentos indicados en la Disposición 3158. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado“.

La consecuencia directa fue la falta de trazabilidad: ”En ese marco, productos PROPOFOL no tenían ticket de trazabilidad. Que eso es grave. Por ello retiraron del mercado el PROPOFOL, igual que ocurrió con la DOPAMINA“.

Sobre el estado de Ramallo antes del caso del fentanilo, Bisio precisó: "El Laboratorio estaba habilitado. Que en febrero le elevaron una carta de advertencia por encontrar inconsistencias en el accionar, presentación de papeles, acatar la normativa, entre otras cuestiones. Una de las irregularidades era la utilización de envases de plástico cuando tenía autorizado el envase de vidrio. Además no usarían métodos farmacopeicos que el organismo prevé. Que hubo varias idas y vueltas con el Laboratorio para que acate estas cuestiones“.

Y remarcó que ”con la carta de advertencia, el laboratorio estaba inhibido de producir y comercializar“, aunque aclaró que ”en el presente caso, la elaboración habría ocurrido con anterioridad a esa inhibición“.

Sobre la investigación en curso al momento de su declaración, Bisio informó que se corroboraba si las cantidades declaradas de fentanilo por HLB se correspondían con las producidas: "En el marco de la mesa de trabajo entre ANMAT, Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad, hay en curso una inspección para corroborar si las cantidades declaradas de FENTANILO por HLB se corresponden a las producidas por esa firma, o si hay un desvío. Que interviene en parte el Registro de Precursores Químicos“.

La reunión del 14 de enero de 2025: quiénes, dónde y a qué hora

Fue en ese contexto —con la inspección de noviembre reciente y la carta de advertencia aún no formalizada— que el 14 de enero de 2025 se produjo la reunión que hoy investiga el juez Kreplak. Según consta en los registros de ingreso de la ANMAT, cuatro representantes de HLB Pharma Group SA ingresaron al edificio de Av. de Mayo 869, piso 3°, CABA, a las 15.13, y se retiraron a las 15.55.

Los registros consignan: "Tchukram, Javier, García, María, García, Ariel, García, Diego. Del lado del Estado, estuvieron presentes la doctora Mantecón Fumado, en su carácter de directora nacional del INAME, y la doctora Bisio, en su carácter de Administradora de la ANMAT“.

En su presentación amplia ante el juzgado, Bisio informa sobre reunión del mes de enero. Bisio relató que la convocatoria fue iniciativa exclusiva de Mantecón Fumado y que ella llegó sin conocer el alcance completo del encuentro: "Esta última fue peticionada, vía telefónica, a la suscripta por la Dra. Gabriela Mantecón Fumado, Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), con 2 días, aproximadamente, previos (muy poca anticipación)“.

En un primer momento, Bisio aceptó reunirse en la sede del INAME, pero Mantecón Fumado luego propuso cambiar la sede al edificio de la ANMAT.

Alo respecto, Bisio declaró: "Solo me manifestó que solicitaba mi presencia, y que fuera en dicha sede, porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden, a lo que accedí. No es nada habitual este tipo de reuniones, por lo que se trataba de algo excepcional“.

La reunión quedó registrada en el Google Calendar institucional para el 14 de enero de 2025 a las 15.30, con el rótulo “HLB con la Dra. Mantecón Fumado”. Bisio aclaró que no se confeccionó la planilla formal de audiencias del ANMAT porque se trató de una reunión convocada internamente: "No se confeccionó la planilla de audiencias del ANMAT, ya que se trataba de una reunión solicitada internamente por la Dra. Mantecón Fumado. Además, conforme lo expuesto, ella fue quien organizó la misma con los interesados (hoy tengo conocimiento que lo hizo formalmente)“.

Lo que se habló: la versión de Bisio sobre el desarrollo del encuentro

Bisio describió su propio rol en la reunión: "Esta fue la primera y única reunión que mantuve con personas vinculadas a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. En la misma, me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión, mientras la Dra. Mantecón Fumado y quienes se presentaron por HLB PHARMA GROUP S.A. se limitaron a tratar el resultado de la última inspección que habían tenido“.

El intercambio, según su relato, fue tenso: "El intercambio entre ellos fue acalorado, defendiendo la Dra. Mantecón Fumado la tarea llevada adelante por los inspectores y resaltando las falencias que se habían detectado. Es decir, se trataron los problemas que se habían constatado en la última inspección realizada en una de las líneas de producción del establecimiento de Laboratorios Ramallo S.A. (tercerista de HLB PHARMA GROUP S.A.), y otras quejas por trámites administrativos iniciados por la empresa, respecto de los cuales reclamaban ‘efusivamente’ que nunca se los aprobaban“.

Bisio también reveló que Mantecón Fumado le pidió que suscribiera la Carta de Advertencia del 10 de febrero de 2025 —que era una función propia del INAME, no de la ANMAT—, aduciendo temor a represalias: "Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional“.

Con el tiempo, Bisio reconoció haber advertido otra lectura posible: ”Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir“.

La versión de Ariel García Furfaro: “Pulgar para arriba”

Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma e identificado por la acusación como propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo SA— prestó indagatoria ante el mismo juzgado. En ella ofreció una versión radicalmente distinta de lo que ocurrió en la reunión del 14 de enero.

Sobre la inspección de noviembre, García fue confrontativo: "En noviembre vinieron tres horas a inspeccionarnos. En tres horas no pueden ponernos esa cantidad de advertencias. No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros pero no este tipo de problemas“.

Respecto de las advertencias formuladas en esa inspección y la respuesta de su empresa, sostuvo: "Me junté porque vinieron en noviembre y nos hicieron algunas advertencias, les contestamos todos los puntos, y no nos contestaron nada. Nos dijeron ‘contestanos más’, les mandamos 4.500 fojas“.

Preguntado por la Fiscalía sobre en qué consistió su reunión con Bisio, García respondió: "Fue el 14 de enero. Me hizo así (dedo pulgar para arriba)“.

García también señaló que fue al menos dos veces al ANMAT en enero: ”Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT. El resto de las veces iba Quinteros“.

Sobre un encuentro anterior, el 4 de enero, relató: ”El 4 de enero cuando me encontré con Bisio le dije, ‘¿ustedes los reclamos que hacen no piden factura o remito?’. Porque el año pasado en octubre 364 empleadas de San Nicolás me dijeron que este tipo me venía denunciando todos los días“.

Sobre el historial de conflictos con la ANMAT por los certificados y los recalls, García atribuyó la responsabilidad al organismo: "Ahora, que la ANMAT nos sacó productos que no debería haber sacado, como la de etiquetas, o propofol y dopamina. Yo iba al ANMAT con los abogados y me decían ‘es de arriba’. Cuando los terminé de pagar, los laboratorios estaban quebrados“.

Lo que detectaron las inspectoras en mayo: esterilidad, ampollas faltantes y la respuesta del laboratorio

Cuando en mayo de 2025 el escándalo sanitario ya era público, el INAME ordenó una inspección paralela sobre Laboratorios Ramallo para obtener muestras de museo y contrastarlas con las ampollas contaminadas que habían llegado al Hospital Italiano. Mantecón Fumado declaró que las inspectoras detectaron nuevas “no conformidades” en los exámenes de esterilidad: "Las inspectoras detectaron ‘no conformidades’ en los exámenes de esterilidad. Es decir, no estaba bien la práctica del control de esterilidad tal como estaba planteada por el representante del Laboratorio. En función de toda la documentación colectada, se decidió inhibir la producción, distribución, comercialización y uso de productos del Grupo HLB“.

Y agregó: ”Al detectar deficiencias en las técnicas de control de esterilización, la contaminación de productos podía abarcar otros productos además del que estaba reportado“.

Las muestras de museo obtenidas en Ramallo revelaron otro problema: en dos cajas de lotes no reportados faltaban dos ampollas en cada una.

La explicación del laboratorio alarmó a las autoridades: "Existen 4 ampollas que se desconocen dónde están. Que la respuesta brindada por los responsables de la firma fue que ‘se tomaron para hacer unas pruebitas’“.

Mantecón Fumado subrayó el peso de esa irregularidad: ”El FENTANILO es una sustancia sujeta a control especial, lo que implica que cada ampolla es trazable y se debiera saber dónde está“.

También surgió que HLB no tenía en su sede la información sobre las órdenes de elaboración de los productos que enviaba a fabricar a Ramallo: "Dicha información no se encontraba en la sede de HLB al tiempo de la inspección, pero sí fue hallada en el Laboratorios Ramallo“.

Los análisis del Instituto ANLIS Malbrán sobre las muestras de sangre de los pacientes del Hospital Italiano y las ampollas del lote reportado arrojaron resultados positivos para las mismas bacterias —Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti— tanto en los hemocultivos como en las ampollas: "Los resultados informados dieron positivo tanto para los hemocultivos como para las ampollas de lote reportado, de la presencia de las mismas bacterias“.

La causa FLP 17371/2025 tiene 13 procesado, todos ligados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Bisio y Mantecón Fumado hasta ahora son las dos únicas personas investigadas por fuera de las empresas, pero pueden no ser las únicas.

El accidente se produjo minutos después de las 17 en la esquina de las calles 160 y 78, en el barrio de Los Hornos, y dejó a dos efectivos del Comando de Patrullas con golpes. A pesar del accidente, el operativo concluyó con tres personas detenidas y el secuestro de los vehículos.

Según indicaron fuentes oficiales, el móvil policial perdió el control en esa intersección y terminó volcado sobre la calzada. Uno de los dos efectivos heridos fue trasladado al Sanatorio Argentino para recibir atención médica, aunque ambos se encontraban fuera de peligro. El fuerte impacto quedó demostrado en las imágenes en donde se ve al patrullero pasar por la zona a gran velocidad, hacer medio trompo y dar un giro completo, quedando con las ruedas hacia arriba.

A los pocos minutos, se ve un grupo de personas que se acerca corriendo al lugar para asistir a los dos efectivos.

El accidente se produjo a pocas cuadras de la megatoma de Los Hornos, dato que resultó relevante para la investigación. De acuerdo con el portal 0221, los investigadores estiman que las dos motos robadas —ambas secuestradas junto con la camioneta que las transportaba— tenían como destino ese asentamiento. Las dos motos recuperadas habían sido denunciadas como sustraídas. La camioneta en la que eran trasladadas quedó igualmente a disposición de la Justicia como parte de las pruebas del caso.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos durante el mismo operativo. En tanto, buscan determinar las causas por las que el móvil perdió el control. El accidente generó un despliegue policial en la zona y provocó complicaciones en el tránsito de la intersección durante varios minutos.

Robaron un auto y quedaron grabados

La cámara de seguridad instalada en el espejo retrovisor de un Toyota Corolla blanco registró el momento exacto en que una banda se lo llevaba para perpetrar otro robo. “Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro”, le dice uno de los ocupantes a un cómplice por teléfono mientras conduce el vehículo sustraído. Esas imágenes y ese audio fueron claves para que, pocas horas después, la Policía lograra identificar y detener a uno de los sospechosos.

El robo ocurrió el viernes por la noche en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. La víctima, un vecino de 49 años, acababa de estacionar el Corolla frente a su domicilio en la calle Pedro Ferré cuando un auto rojo frenó de manera abrupta y al menos dos personas armadas descendieron y lo obligaron a salir del vehículo. “No tengo nada”, alcanzó a decir el conductor antes de que la banda tomara el control del rodado.

Una vez dentro del auto, los delincuentes quedaron filmados por la cámara incorporada al vehículo, que captó tanto sus imágenes como sus conversaciones. “Hay que llamar a los otros, no tengo la llave. Te paso la ubicación, antes de que se apague esto, estoy yendo para el barrio”, advierte uno de ellos al volante. El grupo operaba con dos vehículos: un Toyota Etios robado momentos antes en Morón y un Fiat Cronos.

El Corolla contaba además con un sistema de GPS, lo que permitió a los efectivos rastrear su posición. La Policía lo localizó mientras circulaba por la intersección de San Matías y Santa Cruz, en Rafael Castillo. Los ocupantes realizaron disparos al ver a los agentes y emprendieron la fuga, pero el vehículo terminó en una zanja en el cruce de Correa y Estanislao del Campo.

Enzo González, de 20 años, fue detenido en el lugar. Al intentar escapar hacia el Fiat Cronos, los efectivos también aprehendieron a las dos mujeres que lo aguardaban: Dana Andrata, de 27 años, y Analía Roldán, de 44. Las tres personas quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de José Luis Marotto, titular de la UFI N° 13 de La Matanza. La investigación continúa para determinar si el grupo está vinculado a otros robos registrados esa misma noche en la zona.

En las últimas horas, fueron liberados los dos jóvenes detenidos por el crimen de Miguel Eduardo Lazarte, el tatuador de 43 años asesinado de una puñalada en el pecho. Los hermanos, de 17 y 19 años, se dieron a la fuga tras el ataque hasta que fueron capturados este domingo.

El caso comenzó el sábado 1° de agosto, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira, La Plata, tras un llamado al 911, y encontró a Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hombre, que aún presentaba signos vitales, alcanzó a identificar a Maximiliano Fernández, de 19 años e hijo de su pareja, como el agresor. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y constató el fallecimiento del tatuador.

Según pudo saber este medio, Lazarte registraba antecedentes penales. Sin ir más lejos, el 12 de marzo de 2026 había recuperado la libertad después de haber estado detenido en la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos. Además, tenía dos causas por tentativa de homicidio iniciadas en 2014, una de ellas también por amenazas y desobediencia. Su historial también incluía expedientes por tentativa de robo y tentativa de robo calificado tramitados entre 2006 y 2009.

El caso

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el episodio se produjo tras una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En ese contexto, intervinieron los hijos de la mujer, con quienes el tatuador comenzó a forcejear. Como consecuencia, los tres sufrieron heridas provocadas con un elemento cortopunzante. En la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo tipo Tramontina que se sospecha fue utilizado durante el ataque.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien ordenó la detención de los dos sospechosos, que tras el crimen habían escapado.

A partir del relevamiento de cámaras públicas y privadas y de tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, los investigadores ubicaron a los hermanos este domingo en la vivienda de un familiar, ubicada en la calle 166 y 30 de Berisso. Tras una vigilancia encubierta, los agentes detuvieron a F. F. (17) y a Maximiliano Fernández cuando intentaban abandonar el lugar. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 16ª de Villa Ponsati.

Sin embargo, en horas de la tarde, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven N° 3, Sabrina Cladera, dispuso que, una vez realizadas las revisiones médicas legales y las evaluaciones del área de Salud Mental del Hospital Interzonal General de Agudos San Martín, ambos recuperaran la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, la medida no implica el cierre de la investigación: los hermanos Fernández continúan imputados por el homicidio y deberán comparecer a la primera audiencia judicial, por lo que seguirán sometidos al proceso penal mientras avanza la causa.

En diálogo con Infobae, la hermana del tatuador pidió justicia por Lazarte y sostuvo que la Justicia se “agarró” de las causas anteriores que tenía su hermano para dejar libres a los acusados y así “tapar el crimen”.

“No puede ser que los dejen en libertad así como si nada. Es un homicidio lo que hicieron”, afirmó Pamela.

La mujer también aseguró que, cuando intentó radicar una denuncia, no quisieron tomársela. “Necesitamos ayuda”, concluyó.

El hecho se produjo cuando un vehículo realizó una maniobra de giro en “U” y chocó contra otro rodado por lo que uno de ellos culminó chocando contra el frente del local comercial.

El siniestro, ocurrido en una zona céntrica y transitada, provocó importantes daños materiales en el comercio, pero no dejó personas heridas.

El episodio tuvo lugar en una intersección donde, según testigos consultados por 0221, las maniobras de giro en “U” resultan habituales. Residentes y comerciantes de la zona aseguraron que esta no es la primera vez que ocurre un accidente por esa causa, por lo que genera preocupación entre los vecinos.

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para destrozar la vidriera dejar al vehículo casi dentro del local. A pesar de la espectacularidad del incidente, los responsables de la pinturería subrayaron que no hubo heridos y que la situación se resolvió sin consecuencias mayores para el personal ni para los peatones que circulaban por el lugar.

A raíz del accidente, los propietarios del comercio adelantaron que evalúan presentar un pedido ante la Municipalidad de La Plata para reclamar medidas de seguridad en la zona. Otros vecinos ya habían expresado sus propuestas a la comuna, como la ampliación del cantero central de la avenida y la instalación de señalización que prohíba los giros en “U”, con el objetivo de prevenir nuevos siniestros de tránsito.

Sin embargo, no fue el único incidente que se registró en La Plata. En este sentido, un hombre de 42 años perdió la vida y un joven permanece hospitalizado tras un choque entre un automóvil y un camión en la Ruta 2, a la altura de La Plata. El hecho ocurrió ayer, cuando un Citroën C3 Aircross colisionó con la parte trasera de un camión Chevrolet 14.000 con acoplado, que maniobraba para ingresar a una estación de servicio sobre la ruta.

La violencia del impacto provocó el despiste y vuelco del automóvil sobre la calzada. El fallecido fue identificado como Lucas Eduardo Giancovich, oriundo de Mar del Plata, quien murió antes de recibir asistencia médica. El segundo ocupante, S.E.M., de 21 años y con domicilio en Morón, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Médicos del centro realizaron una cirugía de emergencia y le extirparon el bazo; el joven permanece bajo cuidado intensivo y se aguarda el resultado definitivo de las evaluaciones legales y médicas.

En el vehículo viajaban otras dos personas que resultaron ilesas. El conductor del camión, un hombre de 31 años oriundo de Winifreda, La Pampa, fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Ambos vehículos quedaron secuestrados para peritajes mecánicos y accidentológicos. Al lugar acudieron agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires, efectivos de AUBASA, Policía Científica y personal de la morgue policial. La Fiscalía N° 10 de La Plata lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Un hombre de 43 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en una vivienda del partido de La Plata durante la tarde de este sábado. Antes de morir, señaló a su hijastro como autor del ataque, un joven de 19 años que es buscado por la Policía.

Según comunicaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en la zona de la intersección de las calles 119 y 92, en la localidad de Villa Elvira. Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a Miguel Eduardo Lazarte tendido con una herida cortopunzante en el pecho y otra en el cuero cabelludo.

De acuerdo al reporte policial, al que accedió Infobae, el hombre aún presentaba signos vitales y alcanzó a acusar a Maximiliano Fernández, hijo de su pareja, como quien lo agredió. Una ambulancia llegó minutos después, pero Lazarte ya había fallecido.

Las primeras investigaciones indican que el hecho se produjo tras un altercado familiar. Todo comenzó con una discusión entre Lazarte y su pareja que escaló violentamente. En medio de la pelea, Fernández intervino para defender a su madre y se enfrentó con su padrastro. En ese contexto, ambos resultaron lesionados con un arma blanca.

Mientras Lazarte cayó al suelo, el acusado escapó del lugar antes de la llegada de la Policía. En la escena fue hallado un cuchillo tipo Tramontina que será sometido a peritajes. Se cree que es el arma homicida.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y fue derivada al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata. Las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero de Fernández, sin novedades hacia esta noche.

En el marco del caso se supo algo más: Lazarte tenía un pasado delictivo, un largo historial criminal que lo llevó a estar varios años preso. De hecho, había recuperado la libertad hace no mucho tiempo: el 12 de marzo pasado dejó la Unidad Penal N°1 de Lisandro Olmos.

Entre sus antecedentes, en el ámbito judicial platense registraba dos causas por tentativa de homicidio, tres por robos y otra por amenazas y desobediencia. Estos hechos fueron investigados por distintas fiscalías platenses entre los años 2006 y 2014.

El fallecido, que era padre de varios chicos, solía compartir su estadía en prisión con fotos en sus redes sociales en las que se lo veía posando cerca de sus compañeros de celda.

Un hombre de 42 años murió y un joven de 21 permanece internado en grave estado tras un violento choque en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, en jurisdicción de La Plata. El siniestro fue protagonizado entre un Citroën C3 Aircross y un camión Chevrolet 14.000 con acoplado.

De acuerdo a la información oficial, el automóvil impactó contra la parte trasera del camión, que en ese momento realizaba una maniobra de ingreso a una estación de servicio ubicada sobre la traza vial. El golpe fue de tal magnitud que el Citroën despistó y terminó volcado sobre la calzada.

La víctima fatal fue identificada como Lucas Eduardo Giancovich, oriundo de Mar del Plata, quien murió a raíz de las lesiones sufridas antes de que pudiera ser trasladado. El otro ocupante, S.E.M., de 21 años y domiciliado en Morón, fue derivado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con pronóstico reservado, de acuerdo con la información de medios locales como 0221.

La gravedad de las heridas de Márquez obligó a una intervención quirúrgica de inmediato. Durante la operación, el equipo médico le extirpó el bazo; el joven continúa bajo seguimiento en el centro de salud. A la espera del resultado del reconocimiento médico legal, los profesionales aún no determinaron la gravedad definitiva de las lesiones.

Dos acompañantes que también viajaban en el Citroën resultaron ilesos, según precisaron las mismas fuentes policiales.

El camión era conducido por un hombre de 31 años, oriundo de Winifreda, provincia de La Pampa. Por disposición judicial, el camionero fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Ambos vehículos quedaron secuestrados para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas.

En el lugar intervinieron efectivos policiales, personal de AUBASA, Policía Científica y la morgue policial. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 10 de La Plata, que busca establecer con precisión las circunstancias del siniestro.

Un camión se cruzó de carril, chocó con un auto y murieron dos personas

Este viernes, en tanto, dos personas murieron tras un choque entre un camión y un automóvil en la autopista Rosario-Santa Fe a la altura de Monje, en la provincia de Santa Fe. El siniestro, registrado en el kilómetro 64,5 de la mano con sentido a Rosario, dejó además una tercera víctima atrapada entre los hierros, que debió ser trasladada a un hospital de la zona.

Marcos Escajadillo, secretario a cargo de Defensa Civil de Santa Fe, explicó en declaraciones a la señal TN que el camión invadió el carril contrario y colisionó con el vehículo particular, y que ambos terminaron fuera de la calzada. “El camión se cruzó de carril e impactó el vehículo, ambos terminaron fuera de la calzada”, precisó el funcionario.

La persona rescatada de entre los hierros fue derivada a un centro médico municipal de Monje, con posibilidad de traslado a otro establecimiento provincial según la evolución de su estado.

El choque también fue ratificado por los Bomberos Voluntarios de Barrancas, de acuerdo con información de Rosario 3, cuyos efectivos trabajaron en el lugar y confirmaron el fallecimiento de dos personas a causa directa del impacto.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata, aunque la magnitud del siniestro exigió un corte total de la mano descendente de la autopista. El tránsito quedó interrumpido desde el kilómetro 79 en dirección a Rosario, con demoras significativas para los conductores de la zona.

La causa del accidente quedó en manos del fiscal Julio Lema. El operativo policial fue coordinado por la subcomisaria Jésica Dávila, subjefa de la Comisaría 3 de Barrancas, con la participación de la Comisión DCF San Jerónimo y personal de la Comisaría 5ta de Monje.

La madrugada del 16 de julio de 2017, María José Suárez llegó junto a su pareja a la Clínica de la Comunidad de Ensenada ilusionada por vivir el nacimiento de su primera hija, Nina Cipollone. Hacía meses que se atendía con el equipo de “Gestando Entre Pares”, encabezado por el obstetra Fernando Javier Daverio, que promovía el parto respetado. La licenciada en Obstetricia Bárbara Irina Pestaña Guido sería la partera encargada de asistir el nacimiento. Sin embargo, esa fecha tan ansiada terminó marcada por una serie de acontecimientos que condicionaron para siempre la vida de la bebé y terminó con ambos profesionales en juicio.

Aquel día de invierno de hace nueve años, Nina nació sin signos vitales y tuvo que ser reanimada. Sobrevivió, pero como consecuencia padece una parálisis cerebral severa: no camina, no habla, se alimenta mediante un botón gástrico y necesita asistencia permanente.

Su familia denunció a los médicos, el caso fue investigado y el pasado 16 de julio el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata concluyó que efectivamente hubo negligencia. Así, el juez Diego Tatarsky, condenó a dos años de prisión en suspenso a la partera.

Al obstetra, en cambio, lo absolvió. Lo hizo tras alegar que no pudo hacer nada para evitar el triste desenlace, una decisión que será apelada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, que representan a los padres de Nina.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el trabajo de parto de María José ya presentaba señales de alarma cuando la mujer ingresó a la clínica, entre las cinco y las cinco y media de la mañana. En ese contexto, la partera condenada comenzó a controlar los latidos de la bebé, que eran bajos. Un dato que —según el fallo— indicaba una situación anormal que exigía actuar de inmediato.

Sin embargo, la sentencia sostiene que Pestaña Guido continuó con el parto vaginal sin administrar oxígeno ni medicación a la madre, no convocó de inmediato al obstetra ni al neonatólogo y tampoco alertó al servicio de Neonatología de la clínica. Mientras tanto, la mujer seguía con fuertes dolores y el cuadro fetal se agravaba.

Recién alrededor de las 6.30 fueron llamados el médico obstetra y el neonatólogo. Ambos llegaron apenas minutos antes del nacimiento. Para entonces, sostiene el fallo judicial, “ya no había margen para adoptar otras medidas que evitaran el desenlace”.

A las 7.23 nació Nina. No respiraba y no presentaba signos vitales. Los médicos iniciaron maniobras de reanimación que se extendieron durante más de veinte minutos hasta lograr estabilizarla y trasladarla a Neonatología.

La hipoxia sufrida durante el parto le provocó lesiones neurológicas irreversibles. Hoy, con nueve años, Nina tiene una parálisis cerebral severa que no le permite movilizarse por sus propios medios, ni hablar ni alimentarse sola.

Nueve años después de aquellos hechos, el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata concluyó que la responsabilidad penal por lo ocurrido recayó sobre Pestaña Guido. El juez la condenó por lesiones gravísimas culposas al considerar acreditado que actuó con impericia durante el trabajo de parto y que sus omisiones fueron determinantes para el resultado.

Distinta fue la situación del obstetra Daverio. La Fiscalía lo acusaba de haber omitido ordenar nuevos estudios luego de que una ecografía realizada en la semana 35 del embarazo alertara sobre una posible restricción del crecimiento fetal. Sin embargo, tras escuchar a peritos y testigos, el magistrado entendió que no pudo probarse que esa conducta hubiera sido negligente ni que guardara relación causal con las lesiones que sufrió la niña, por lo que resolvió absolverlo.

El obstetra también llegó a juicio acusado de haber adulterado la historia clínica de la paciente e incorporar una versión modificada al expediente judicial. Esa imputación, sin embargo, no fue analizada en cuanto al fondo: el juez declaró prescripta la acción penal al considerar vencido el plazo legal para juzgar esos delitos.

En la sentencia, el magistrado sostuvo que la actuación de ambos profesionales debía analizarse de manera independiente porque cada uno intervino en momentos distintos del proceso asistencial. Mientras entendió que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a Daverio por el seguimiento del embarazo, concluyó que durante las horas decisivas del parto la actuación de la obstetra elevó el riesgo que atravesaba la bebé y terminó desencadenando las gravísimas secuelas que padece hasta la actualidad.

La familia de Nina, sin embargo, adelantó que apelará la decisión de la Justicia sobre Daverio y recurrirán a todas las instancias judiciales posibles para también reciba una pena. El abogado Miguel Molina, que los representa, explicó: “La apelación se centrará sobre el manto de impunidad con el que se pretende proteger a Daverio. Quedó demostrado en el juicio que el no realizó los controles adecuados del embarazo de María José que hubieran permitido conocer si existía algún inconveniente en el proceso de crecimiento de la beba por nacer”.

Este se trata del segundo proceso judicial que enfrenta el obstetra Daverio: en noviembre de 2024 había sido condenado, en un juicio abreviado, a 2 años, 11 meses y 15 días de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación, por un parto domiciliario de abril de 2017 en el que murió una beba y la madre debió ser sometida a una histerectomía de urgencia.

Así lo resolvió Pablo Raele, titular del Juzgado de Garantías N°3 de La Plata, quien además ordenó que M.A.G. realice una entrevista con un psiquiatra para determinar la necesidad de un tratamiento en la especialidad y dispuso su participación en actividades y talleres sobre problemáticas interpersonales con perspectiva de género, con el fin de “reelaborar sus concepciones respecto a las masculinidades hegemónicas y las problemáticas de género”.

El sospechoso está imputado por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada. Su defensa había solicitado el beneficio de arresto domiciliario con base en informes médicos y sociales. Al pedido se opusieron tanto el fiscal subrogante Gonzalo Petit Bosnic como los abogados de los padres de la víctima, Nancy Ayala (representada por María Belén Faure y Morena Gallastegui) y Julio Alvarito (representado por Cristian Ariel González, Gastón Leandro Jesser y Sebastián Iturria).

En la resolución, a la que accedió Infobae, el juez consideró que se mantienen los motivos que llevaron a dictar la prisión preventiva. Entre los principales argumentos, indicó que persiste el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso.

A esa conclusión arribó, por un lado, teniendo en cuenta la elevada expectativa de pena y la autonomía económica de M.A.G. En esa línea, el magistrado destacó que el acusado es propietario y responsable de una empresa dedicada a la restauración y venta de pisos, y que la eventual venta de ese emprendimiento familiar podría generarle ingresos suficientes para sostenerse fuera del alcance judicial.

Según consta en la resolución, el hecho de contar con un domicilio y apoyo familiar no elimina el peligro de fuga, ya que la posibilidad de obtener dinero en efectivo, sumada a la gravedad del proceso y la expectativa de pena, incrementa ese riesgo.

Por otra parte, Raele analizó la conducta procesal del imputado durante la investigación, dado que obstaculizó el acceso a evidencia digital al eliminar registros de llamadas de un celular laboral y aportar seis claves incorrectas para desbloquear su teléfono: por este motivo, la pericia a ese aparato aún no pudo realizarse.

“También pondero la circunstancia de que el imputado retuviera el celular de la víctima, se lo entregara a su madre, y luego ésta a instancias del personal policial hace entrega del mismo, lo que enerva una conducta colaborativa para con la investigación por parte del imputado”, agregó.

Los abogados de la familia de Rocío, además de este comportamiento, remarcaron que transmitió distintas versiones de lo ocurrido a personas que luego declararon como testigos y buscó instalar un relato favorable.

El juez también fundamentó su decisión en los informes periciales incorporados a la causa. Según el análisis psicológico oficial, M.A.G. presenta “bajo nivel de tolerancia a la frustración, lo que puede conducirlo a comprometerse en conductas de acción”.

Además, “privilegia sus deseos y necesidades, carece de autocrítica y es incapaz de responsabilizarse de sus conductas”. “Es preciso aclarar que dichos mecanismos son inconscientes, y que tienen la función de mantener al sujeto alejado de situaciones, recuerdos o representaciones psíquicas que pudieran generarle desbordes anímicos”, completaron los especialistas.

En el informe se agrega que “en su discurso se pone de manifiesto que utiliza la lógica patriarcal, intenta solapadamente, en algunos tramos de la entrevista, exponer las actitudes de su ex pareja como la responsable de las situaciones de violencia entre ellos, dando a entender que era víctima de manipulaciones y escenas conflictivas en las que su responsabilidad se encuentra ausente”.

En tanto, la pericia psiquiátrica concluyó que M.A.G. “no presenta ningún proceso psicopatológico en actividad” y que “conserva indemne sus funciones intelectuales básicas y superiores que le permiten mantener su capacidad de elección”, recomendando la continuidad del abordaje terapéutico.

El caso

El 29 de enero pasado, Rocío, de 26 años, murió tras caer del balcón del segundo piso del departamento que compartía con M.A.G. Según la investigación, la joven y el acusado mantuvieron una fuerte discusión esa mañana y, minutos después, ella cayó al vacío. En ese momento solo se encontraban ambos en el interior de la vivienda.

En su declaración ante la Justicia, M.A.G. sostuvo que la pelea se originó cuando decidió terminar la relación y que Rocío, alterada, rompió objetos y quiso abandonar el departamento. El imputado relató que ella intentó salir por el balcón y que, al ver la situación, intentó sujetarla de los brazos sin éxito. También aseguró que bajó al piso de abajo para intentar asistirla, pero ya era tarde.

En tanto, el padre de la joven declaró que, poco antes del hecho, el acusado lo había llamado para pedir que fuera a buscar a Rocío.

Durante la instrucción, la causa sumó un elemento clave: un video grabado por la propia Rocío con su celular en los instantes previos a la caída, donde la joven se muestra angustiada, denuncia violencia de parte de su pareja y exhibe marcas en sus brazos.

Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve: “La colecta se reparte en tres tercios. Un tercio queda en las parroquias o capillas que iniciaron la colecta, otro tercio pasa a las diócesis, que son 67 circunscripciones eclesiales en todo el país, y otro tercio a Cáritas Nacional”.

El presidente de Cáritas Argentina agradeció el apoyo de la sociedad y de los comunicadores, y destacó que están “muy agradecidos a la solidaridad del pueblo argentino, sobre todo a los más de 40 mil voluntarios que tiene Cáritas en todo el país”.

Organización y destino de los fondos recaudados

La distribución de los fondos recaudados responde a necesidades concretas en cada comunidad. Carrara detalló que las Cáritas parroquiales fortalecen comedores comunitarios, mientras que las Cáritas diocesanas impulsan proyectos productivos, como cooperativas textiles.

Cáritas Argentina, por su parte, financia becas estudiantiles y programas de autoconstrucción de viviendas, así como centros barriales de atención para personas en situación de calle y consumo.

El monitoreo de las necesidades surge de un proceso de escucha realizado en 1.320 comunidades, donde se identificaron las principales preocupaciones sociales. Carrara remarcó: “El primer tema es el miedo a perder el trabajo, no tengo trabajo, el trabajo no me alcanza para llegar a fin de mes. Es un tema que ha sido central”.

Además, el diagnóstico incorporó nuevas problemáticas: “Otro tema que ha aparecido mucho fue el tema de las adicciones, con un acento especial en el tema de la ludopatía entre los adolescentes y jóvenes. Otro tema que preocupa a las comunidades ha sido el tema de la salud mental, también de los suicidios, cómo abordar esa problemática, cómo hablarla y cómo prevenirla”.

Emergencias y solidaridad internacional

La acción solidaria de Cáritas Argentina trasciende las fronteras nacionales. Carrara mencionó el envío de dinero a Cáritas Venezuela para colaborar tras el terremoto, resultado directo de la solidaridad de la gente. “Tal vez tengamos otro tanto o un poco más para enviar, para ayudar allí. Así la solidaridad del pueblo argentino es muy valiosa”, sostuvo.

El liderazgo de Cáritas Nacional incluye respuestas ante catástrofes locales, como la inundación en Bahía Blanca y los incendios en la Patagonia. Carrara explicó que la organización fortalece equipos de emergencia y promueve el diálogo con otras instituciones para articular la asistencia ante eventos como el fenómeno climático Superniño. Según el religioso, los fondos recaudados apuntan a reforzar estos presupuestos y acciones en todo el país.

Diagnóstico social y desigualdad en el territorio

El sacerdote describió el contraste social en la región de La Plata. “Si uno se queda en el casco histórico de La Plata, vive una Argentina. Ahora, a 20 minutos, se encuentra con muchos barrios populares donde la gente vive mal. Hay gente que no tiene baño, hay gente que vive en casas de madera y nailon, con este tiempo tan frío”, afirmó.

El arzobispo señaló que la pobreza y la desigualdad no son fenómenos nuevos. “No es de ahora, viene acumulada”, subrayó. Y resaltó que el trabajo aparece como eje central: “Hace a la dignidad de la persona, no solo porque puede traer el pan de cada día a su mesa, darle lo imprescindible a sus hijos, sino también que despliega sus talentos, sus potencialidades, le pone el hombro a la construcción de la patria”.

En su recorrido por la arquidiócesis —que abarca La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio— el presidente de Cáritas Argentina detectó problemáticas específicas en zonas rurales y semirurales. Los pequeños productores de frutas y verduras, denominados quinteros, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

El rol de la comunidad y la articulación institucional

El trabajo de Cáritas Argentina se apoya en la vida comunitaria y la articulación con el Estado y otras organizaciones sociales. Carrara destacó la importancia de fortalecer lo comunitario: “La comunidad llega a donde a veces el Estado no llega con una presencia inteligente y eficiente, y a veces tampoco el mercado invierte en ese lugar”.

Carrara resaltó que organizaciones como cooperativas de reciclado suman a personas con dificultades para acceder a empleos formales: “Veo que trabaja gente que ya tiene más de 50 años o que tiene alguna discapacidad y que no va a conseguir trabajo en otro lado, nadie le va a poder dar trabajo, pero esa cooperativa lo suma de alguna manera y busca el modo de que pueda dar su aporte y por consiguiente sentirse valioso con el trabajo que está haciendo”.

La articulación entre Cáritas, el Estado y las organizaciones sociales permite que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. El desafío, según el titular de Cáritas Argentina, es fortalecer la vida comunitaria y reconocer el valor de quienes, desde el anonimato, sostienen la solidaridad.

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Un joven de 18 años murió en un accidente de tránsito en el Camino Centenario, a la altura de Arana, en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. La víctima, identificada como Juan Cruz Saroglia, perdió el control del Fiat Bravo blanco que conducía, se salió de la calzada y se estrelló contra una columna del alumbrado público. El impacto fue de tal magnitud que el poste atravesó el vehículo, y el joven falleció prácticamente en el acto, antes de poder recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió en el sentido hacia la Capital Federal, en un punto donde habitualmente opera una parada de micros de líneas locales e interurbanas. Según informó 0221, la colisión también derrumbó la garita de esa parada, ubicada a pasos de un puente peatonal sobre el Camino Centenario.

La escena del automóvil atravesado por el poste generó una fuerte conmoción entre los vecinos del sector, quienes durante el transcurso del miércoles se acercaron al lugar para manifestar sus condolencias.

Varios móviles policiales y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local llegaron al lugar, pero tanto los efectivos como los paramédicos constataron que Saroglia ya no tenía signos de vida. El joven era el único ocupante del rodado.

Además del personal policial y del SAME, una dotación de Bomberos debió intervenir para tareas de rescate y remoción del vehículo siniestrado. El Día informó que, durante toda la jornada, los restos del coche permanecieron en el lugar mientras se mantenía una guardia policial y de tránsito en la intersección.

Las fuerzas de seguridad preservaron la escena y convocaron a los especialistas de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor. Los motivos por los que Saroglia perdió el control del automóvil son materia de investigación.

La Justicia de La Plata abrió una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12, dirigida por el fiscal Fernando Padovan. El expediente fue caratulado como “homicidio culposo”.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes consultadas por 0221, el joven tenía domicilio en el barrio privado El Quimilar, de City Bell. El joven era jugador del club de rugby Club San Luis, allí se desempeñaba dentro de la categoría M19.

A través de las redes sociales, la institución emitió un comunicado para despedirlo. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro jugador M19 Juan Cruz Saroglia. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, escribieron.

Además, confirmaron que el velatorio se realizaría entre este miércoles, de 20 a 21, y jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 13:30, en Sepelios Betti, en City Bell. También confirmaron que se cancelaron las actividades del club durante la jornada a forma de duelo.

Un hombre murió atropellado por su propio camión mientras intentaba arreglarlo

Un camionero de 52 años perdió la vida en el Parque Industrial Nº 1 de Alberti, localidad del centro de la provincia de Buenos Aires, tras ser aplastado por su propio vehículo, un camión Fiat 619, en un hecho cuyas circunstancias las autoridades aún intentan determinar.

La víctima, Cristián Sawinsky, vecino de Lanús, al sur del Gran Buenos Aires, había terminado de entregar una carga de maderas en una empresa del predio minutos antes del accidente fatal, ocurrido sobre la calle Arquímedes Hernández.

Según el medio local Diario El Salado, la Policía Comunal informó que Sawinsky fue embestido por el camión de su propiedad por razones que aún no lograron establecerse. Tras el golpe, el vehículo no se detuvo: recorrió varios metros hasta quedar atascado en la zanja de la vereda, con el motor en marcha y en tracción.

La escena generó desconcierto entre los investigadores que llegaron al lugar. La primera clave para ordenar lo sucedido provino de las cámaras de seguridad privadas del predio, cuyas imágenes quedaron incorporadas al expediente judicial.

La causa fue caratulada como averiguación de causa de muerte. En el marco de las diligencias, se recolectaron testimonios de interés, se procedió al secuestro del camión y la Policía Científica de la Delegación Bragado efectuó un peritaje en el sitio. La instrucción del expediente recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 y el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

La investigación por el asesinato de Gabriel Alejandro Lezcano en Los Hornos sumó un segundo detenido, un hombre de 35 años, señalado como el conductor de la moto en la que escapó el presunto autor del disparo.

Tras el crimen ocurrido durante la madrugada del sábado 25 de julio en el partido de La Plata, la Policía detuvo a A.N.L. De esta manera, ya son dos los acusados por el homicidio, cuyos roles estarían bien determinados.

El primer detenido cayó a las pocas horas de conocerse la muerte de Lescano. L.E.N. se ocultaba en la casa de su hermana en Merlo. De acuerdo a la reconstrucción de las autoridades bonaerenses, se trata del individuo que habría ejecutado el disparo, dejando a la víctima en la calle, y ecapando en una moto. Tras su captura, se negó a declarar ante la Justicia y quedó procesado.

El hecho se produjo en las inmediaciones de las calles 72 y 152 de Los Hornos. Según el relato que el hermano de la víctima, brindó a los investigadores, el joven de 26 había llegado a su domicilio cuando una motocicleta se detuvo en la esquina. A los pocos minutos se escuchó una detonación y salió de la vivienda donde se encontró con Gabriel herido en la vía pública. Fue en ese momento que vio a un hombre armado subirse como acompañante a la moto, y emprendieron la fuga. Según los datos recabados por 0221, se trata del reciente detenido.

La víctima fue trasladada por su propio hermano hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6 de La Plata, donde ingresó sin vida. La hipótesis principal que manejan los investigadores señala que el crimen tuvo como móvil un conflicto sentimental: el hermano de Lezcano reveló que Gabriel mantenía una relación con la ex pareja de L.E.N. Ese vínculo habría sido el detonante del ataque.

El acusado era conocido en el barrio, donde había vivido hasta separarse de su pareja. Esa circunstancia fue la que permitió a los testigos identificarlo de inmediato tras el disparo. El imputado registra antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego.

La causa tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°8 de La Plata, encabezada por el fiscal Martín Almirón, con intervención del Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Pablo Raele. La investigación continúa abierta mientras la Justicia avanza en la determinación de las responsabilidades de cada uno de los imputados.

Otro crimen en La Plata

Ceferino Joaquín Badía, de 38 años y en situación de calle, murió en el Hospital San Juan de Dios tras recibir un disparo en la pierna en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

Los vecinos lo encontraron herido en la vía pública, en la intersección de las calles 18 y 79, durante las primeras horas del 16 de julio, y lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, pero falleció horas después por la gravedad de las lesiones.

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Al encontrarse en situación de calle, sus familiares no pudieron aportar datos que orientaran la pesquisa hacia los posibles agresores.

La Policía Bonaerense trabajó en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables. El personal policial realizó un relevamiento en la zona, con entrevistas a vecinos y comerciantes en busca de información que permita avanzar en la causa. La investigación judicial, a cargo de las autoridades del Departamento Judicial La Plata, intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como las circunstancias que rodearon el hecho.

El procedimiento se realizó en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, tras una denuncia que alertó sobre la presencia de varios animales encerrados en una jaula.

En el operativo participaron efectivos de la Policía junto a integrantes de Rescatando Narices Frías —que informaron el caso a través de un comunicado compartido en sus redes sociales—, quienes intervinieron para evaluar las condiciones en que se hallaban los animales.

Durante el allanamiento, el propietario del lugar accedió a entregar voluntariamente a los cinco perros. El hombre manifestó que no consideraba que las condiciones en las que se encontraban los animales constituyeran una situación de maltrato.

Ante esa postura, desde la organización proteccionista le explicaron que mantener animales encerrados en jaulas vulnera su bienestar y no representa una forma adecuada de tenencia. Los galgos, además, presentaban un evidente cuadro de bajo peso y falta de alimentación.

Tras el rescate, los cinco animales fueron trasladados a un espacio seguro donde dieron inicio a su proceso de recuperación. La etapa que viene implica una serie de estudios y tratamientos: análisis de sangre, ecografías, radiografías, castraciones y controles clínicos para determinar el estado de salud de cada uno.

Desde Rescatando Narices Frías describieron este momento como “la etapa más difícil”, dado el volumen de intervenciones veterinarias que deberán afrontar en los próximos días.

Los costos de esa atención no serán menores. Por eso, la organización anunció que pedirá colaboración para solventar los gastos que demande la recuperación de los animales. “Cada estudio, cada consulta y cada tratamiento tiene un costo, por eso cualquier colaboración será de enorme importancia para que estos cinco galgos puedan tener la oportunidad de empezar una nueva vida”, señalaron desde la entidad.

Una vez que los animales reciban el alta médica y se encuentren en condiciones, los cinco galgos serán entregados en adopción responsable a familias que puedan garantizarles los cuidados necesarios.

Otro caso de maltrato animal

Los vecinos de la calle 53 entre 195 y 196 de Lisandro Olmos, en La Plata, vivieron con indignación un hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad domiciliaria: un remisero atropelló a un perro y se fue del lugar sin detenerse. El episodio tuvo lugar pasadas las 9 de la mañana, hace dos semanas.

Las imágenes muestran el instante en que el vehículo golpea al animal. El perro estaba tendido sobre el asfalto, pero el conductor disponía de margen suficiente para esquivarlo. En el momento del impacto, se escucha el quejido del can.

Después del golpe, el animal se puso de pie con gran dificultad a causa de las heridas. El conductor no frenó: primero metió marcha atrás y luego aceleró para seguir su camino.

Una vecina que pasaba por el lugar fue testigo directo y, al ver que el chofer se retiraba sin más, le gritó: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.

El video se propagó con rapidez por los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los residentes pusieron en marcha una búsqueda para dar con la identidad del remisero y del vehículo, con el objetivo de presentar una denuncia penal.

El rechazo se extendió más allá de los vecinos del sector: organizaciones proteccionistas de animales también se plegaron al reclamo y exigen que el responsable dé explicaciones ante la Justicia.

La familia de Pablo Mieres (37), el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata que fue hallado asesinado en su casa de la capital provincial en junio del año pasado, pidió que el caso sea juzgado como un crimen de odio.

La causa tiene dos acusados: Nicolás Damián Arévalos (41) y Jonatan David Perunetti (35), a quienes el fiscal Gonzalo Petit Bosnic imputó por homicidio doblemente agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse concretado criminis causa, en concurso ideal con robo.

En un escrito presentado ante el Juzgado de Garantías y al que accedió Infobae, los abogados Cristian Ariel González, Gastón Leandro Jesser y Sebastián Iturria —representantes de la querella— adhirieron al requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía, pero solicitaron ampliar la calificación legal, al considerar que el ataque también estuvo motivado por odio a la orientación sexual.

Según la acusación, Arévalos y Perunetti actuaron en forma coordinada durante la madrugada del 17 de junio de 2025, cuando ingresaron al domicilio de Mieres con el objetivo de apoderarse de bienes de valor, entre ellos una guitarra, una notebook, una billetera, teléfono celular, tarjetas bancarias y un televisor.

En ese contexto, lo golpearon, lo desnudaron, lo ataron de pies y manos, y taparon su boca con un trapo. La víctima permaneció con vida durante parte del ataque y pidió ayuda, de acuerdo al testimonio de una vecina que escuchó gritos y movimientos en la escalera.

La muerte se produjo por asfixia mecánica mediante estrangulación con una remera con la inscripción “DECENTE”, algo que los letrados creen que no fue casual.

“La convergencia de estos elementos revela una dimensión adicional de sometimiento, humillación y censura, cuya significación debe ser examinada en relación con la orientación sexual de la víctima, su pertenencia pública y militante a la comunidad LGBTIQ+ y el conocimiento que de esa circunstancia tenían los imputados”, argumentaron los querellantes.

Y continuaron su fundamentación: “La particular forma de ejecución no aparece como un dato accidental ni plenamente explicable por el propósito de robo. La desnudez forzada, las ataduras, el amordazamiento, la prolongación del sufrimiento y la utilización de una prenda con aquella inscripción conforman una escena que transmite un mensaje de degradación y castigo dirigido a la identidad de la víctima”.

“Por ello, entendemos que el homicidio no sólo fue ejecutado para consumar el desapoderamiento o procurar la impunidad, sino que concurrió un componente de odio hacia la orientación sexual de Pablo Mieres”, concluyeron.

El expediente judicial detalla que la madrugada del crimen los asesinos ingresaron al departamento de Mieres en el marco de una reunión consentida.

Los registros de cámaras de seguridad mostraron primero a la víctima caminando hacia la terminal de trenes, donde mantuvo una breve conversación con Arévalos. El secretario estudiantil regresó solo a su casa y, poco más tarde, Arévalos fue captado yendo hacia el lugar junto a Perunetti. A la 1:50 del 17 de junio, se escuchó un grito, y luego los dos sujetos se retiraron, uno de ellos cargando objetos envueltos que ocultó momentáneamente en el paso a nivel de calles 44, 1 y 115.

“Los involucrados tenían conciencia de las acciones que iban a desarrollar cuando consintieron en dirigirse en plena madrugada a la casa de la víctima, con la que al menos uno de ellos acababa de tener un encuentro [...] La agresión se cometió apenas minutos después del ingreso al departamento, lo que permite inferir que ambos sabían de antemano y conforme lo previamente planeado lo que iban a hacer en su interior”, describió el fiscal Petit Bosnic, quien consideró que Arévalos y Perunetti mataron a la víctima para ocultar el robo.

La mirada de la querella es en parte diferente: “El móvil patrimonial explica la sustracción de los bienes y la conexión ideológica entre el robo y el homicidio. Sin embargo, no explica íntegramente la desnudez, la humillación, la prolongación del padecimiento ni la utilización de una prenda con la palabra ‘DECENTE’ como instrumento de estrangulación”.

“Ese excedente de violencia y su dimensión simbólica permiten sostener que la finalidad patrimonial coexistió con una motivación discriminatoria. Los imputados mataron para concretar el desapoderamiento o asegurar su impunidad, pero la forma elegida para hacerlo expresó, además, un mensaje de censura y castigo hacia la orientación sexual de Pablo”, ampliaron en su escrito.

E insistieron: “Los imputados conocían previamente a Pablo, habían tenido contacto con él y sabían de su orientación sexual. No se trató de una característica desconocida o descubierta casualmente durante el hecho”.

Quién era la víctima

El secretario estudiantil había llegado desde la provincia de Neuquén para estudiar la carrera de Biotecnología en la UNLP.

Desde sus primeros años en la universidad se involucró en diversas actividades y se destacó como integrante de las Brigadas Ramona Medina, colaborando en acciones solidarias durante la pandemia.

En el plano institucional, Mieres había asumido con responsabilidad la gestión en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, “donde trabajó con dedicación, empatía y compromiso para atender las necesidades del claustro estudiantil, con sensibilidad y escucha activa”, afirmó la UNLP en un comunicado.

Desde la facultad resaltaron que su paso por la institución dejó una huella notable “por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria”.

El Ministerio de Justicia confirmó el cronograma para la implementación del sistema acusatorio en cuatro jurisdicciones, que se sumarán a los nueve distritos federales donde ya funciona el nuevo Código Procesal Penal Federal.

De acuerdo a la agenda del Ejecutivo, el 24 de agosto se reemplazará el modelo inquisitivo en Posadas; el 21 de septiembre en La Plata. En tanto, el año próximo comenzará a aplicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero, y a partir del 8 de marzo, en Córdoba.

La cartera judicial informó que continúa evaluando la situación de las restantes jurisdicciones aún pendientes de implementación, que son Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA. Para avanzar en ese sentido aguardará a que “las condiciones técnicas y operativas resulten adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema”.

El Acusatorio traslada la responsabilidad de la investigación exclusivamente a los fiscales y restringe el rol de los jueces. Con su aplicación, desaparece el expediente en papel y todos los litigios pasan a dirimir en audiencias orales, donde los fiscales y defensores presentan sus argumentos ante el tribunal, que luego emite su fallo.

Durante la última reunión de autoridades Poder Judicial, el ministro Juan Bautista Mahiques remarcó que el objetivo es “generar las condiciones necesarias para la puesta en marcha y la consolidación definitiva del sistema Acusatorio, promoviendo la articulación entre los organismos del sistema de justicia y fortaleciendo sus capacidades operativas, tecnológicas y de gestión”.

La reforma rige actualmente en distritos que abarcan Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y partes de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio destacó la creación de 62 salas de audiencia equipadas con videoconferencia 4K, audio profesional y herramientas destinadas a la investigación de delitos complejos.

El nuevo sistema

El Código Procesal Penal Federal introduce el sistema acusatorio y modifica la estructura del proceso penal federal. El esquema prevé audiencias orales y públicas, mayor protagonismo de la oralidad y una dinámica orientada a acelerar la resolución de los casos.

En el nuevo modelo, el Ministerio Público Fiscal investiga, la defensa representa al acusado y resguarda sus derechos, y el juez resuelve a partir de las pruebas presentadas en audiencia.

De este modo, el fiscal designado se convierte en el encargado de solicitar la formación de un legajo, investigar, plantear la acusación y luego ir a juicio. Es decir, que cada causa es impulsada por el mismo fiscal desde el principio hasta el final.

El juez conoce los planteos de los fiscales y los defensores por vía oral durante el desarrollo de las audiencias, y debe resolver con premura también de forma oral.

Cuando un magistrado toma una decisión debe argumentar en voz alta, con un lenguaje claro y en un tiempo razonable. Los legajos son digitales, todas las partes pueden acceder a verlo, y el sistema evita que queden paralizados por más de 60 días.

Si alguna de las partes decide apelar, la oficina judicial tiene la responsabilidad de asignar por sorteo un tribunal integrado por 3 jueces de la Cámara Federal.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª de La Plata, en el marco de la causa que instruye la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los investigadores lograron establecer que Bargas se encontraba en la zona de 134 entre 524 y 525, en el barrio de San Carlos. Tras tareas de inteligencia montaron una vigilancia discreta y lograron identificarlo entre un grupo de jóvenes que permanecía sobre la vereda.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sospechoso escapó e ingresó a una vivienda de la cuadra para intentar refugiarse. De acuerdo con la versión oficial, familiares y allegados se ubicaron en el acceso al domicilio con la intención de impedir el ingreso de los efectivos y facilitar la fuga.

La situación derivó en un enfrentamiento con los policías, por lo que se solicitó apoyo del Escuadrón Motorizado La Plata y de otras dependencias. En ese contexto, los agentes utilizaron cartuchos de estruendo y postas de goma, municiones no letales, para dispersar a las personas que obstaculizaban el procedimiento.

Finalmente, se montó un operativo de extracción que permitió trasladar a Bargas hasta la seccional sin que lograra escapar. La fiscal Corfield avaló lo actuado y dispuso que el detenido fuera presentado ante la Justicia.

Antecedentes

demás del pedido de captura vigente en esta causa, Bargas registra otros antecedentes penales. De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae, está vinculado a una investigación por asociación ilícita, otra causa por robo agravado con lesiones y un expediente iniciado tras el hallazgo de un automóvil, todos tramitados por fiscalías del Departamento Judicial de La Plata.

Sobre él también pesaba una prohibición de salida del país, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata en el marco del expediente que investiga a la organización por robo agravado con armas de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y asociación ilícita. La medida había sido incorporada el 29 de mayo, pocos días después de los allanamientos que desarticularon gran parte de la banda.

La banda “79”

La captura de Bargas se produjo poco más de dos meses después del megaoperativo con el que la Justicia de La Plata desarticuló gran parte de la organización. La investigación, iniciada a fines de 2023 y encabezada por la fiscal Corfield, permitió identificar a 10 presuntos integrantes de la banda acusada de cometer una serie de violentas entraderas en distintos barrios de La Plata, Gonnet y City Bell.

De acuerdo con los investigadores, el grupo no actuaba de manera improvisada. Según concluyeron, existía una estructura estable, con roles definidos y un reparto de funciones para seleccionar objetivos, conseguir vehículos, ejecutar los robos y ocultar los elementos sustraídos. Los asaltantes realizaban tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y, generalmente durante la noche o la madrugada, irrumpían armados, con los rostros cubiertos y vestidos con ropa oscura. Para escapar utilizaban vehículos propios o autos robados que previamente “enfriaban” antes de volver a emplearlos en otros golpes.

La pesquisa permitió atribuirles al menos cuatro entraderas ocurridas entre noviembre y diciembre de 2023, además de robos de vehículos y tenencia ilegal de armas. En los allanamientos realizados en mayo, la Policía secuestró escopetas, pistolas, municiones, pasamontañas, guantes, precintos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que fueron incorporados a la causa como prueba.

Uno de los hallazgos clave fue el análisis del celular de Ignacio Pugliese, donde los encontraron un grupo de WhatsApp denominado “79”, el número que en la quiniela representa al “ladrón”. Para la fiscalía, ese chat era el centro de operaciones de la organización: allí coordinaban los golpes, hablaban sobre armas y municiones, compartían información sobre posibles víctimas e intercambiaban fotografías del dinero y de los objetos robados. Entre los mensajes incorporados al expediente aparecían frases como “¿Estamos activos, vamos a salir a jugar un partidito?”, interpretada por los investigadores como una invitación a salir a delinquir, y referencias a “confites de nueve”, en alusión a municiones calibre 9 milímetros.

Las escuchas y los peritajes sobre los teléfonos también revelaron que la organización era liderada por los hermanos Tobías y Antón Monzón, quienes impartían órdenes desde distintas cárceles bonaerenses. No solo eso, se jactaban del dinero obtenido en los robos y de la repercusión que había tenido la banda en la zona. En uno de esos mensajes, atribuido a Antón Monzón, se escuchaba la frase: “Le apagamos la tele a muchos”, mientras que en otro aseguraban: “Somos una banda como 10… estamos haciendo un re ruido en La Plata, 14 ranchos en una semana”.

Más tarde, el relato de los vecinos y lo registrado en la cámara, permitió esclarecer lo sucedido. El agresor fue detenido poco después del ataque y continúa bajo investigación. Las imágenes tomadas por los sistemas de vigilancia de la zona muestran el momento en que el hombre, armado con una pistola, efectúa disparos contra los frentes de las viviendas.

En el audio de esos registros se oye la frase: “Justicia por mano propia”. Además, el hombre lanza una amenaza directa: “Las voy a matar yo”. Ninguna de las víctimas resultó herida y, de acuerdo con sus declaraciones, no conocían al atacante ni los motivos que lo llevaron a disparar contra sus domicilios.

De acuerdo a 0221, la secuencia se inició en la intersección de 115 y 516. Allí, una mujer de 52 años fue la primera en dar testimonio ante las autoridades. Según relató, el agresor llegó a su domicilio del Barrio Nuevo, detrás del Mercado Regional, y disparó varias veces antes de huir. El registro de esa secuencia quedó grabado solo en audio, donde se distingue el paso del hombre con el arma en la mano y más de diez detonaciones consecutivas.

Minutos después, otras dos mujeres, de 21 y 30 años, denunciaron ataques similares en viviendas situadas en 9 y 516 y en 2 bis y 516. Ambas aportaron videos en los que se observa al sospechoso estacionado en un Nissan Tiida negro, disparando desde el vehículo antes de marcharse y regresar a pie para continuar con los tiros desde distintos ángulos. En un momento de la grabación, intercambia palabras con un testigo ocasional.

La rápida intervención de la policía bonaerense, puntualmente de la comisaría Sexta de Tolosa, permitió ubicar el vehículo en las cercanías del último ataque. Cuando el agresor advirtió la llegada de los agentes, intentó escapar portando la pistola, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, los efectivos incautaron: un arma Bersa calibre .380, dos cargadores vacíos, un proyectil intacto, el automóvil y un teléfono celular.

Tanto las víctimas como los vecinos de Ringuelet manifestaron desconocer al atacante y carecer de cualquier vínculo previo con él, según 0221. Tampoco se identificaron conflictos recientes ni situaciones que pudieran explicar la agresión. El hecho provocó conmoción en la comunidad y reavivó el reclamo por mayor seguridad en la zona.

La causa quedó caratulada como tenencia ilegal de arma de guerra y abuso de arma, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de La Plata. La escena fue preservada para el trabajo de peritos, quienes buscan establecer la cantidad exacta de disparos y los trayectos de las balas.

Tras el ataque, vecinos convocaron a un cacerolazo y un apagón en protesta por la inseguridad, denunciando que la zona “está liberada” y que temen salir de sus casas. La sensación de desprotección se ha incrementado en las últimas semanas a raíz de otros episodios delictivos registrados en el sector.

En paralelo a la balacera, los residentes de Ringuelet denuncian una escalada de hechos de inseguridad en el barrio, especialmente en las inmediaciones de la estación de trenes. Según testimonios recogidos por 0221, los robos a mano armada y los asaltos a comercios se han vuelto cotidianos en el último mes, y afirmaron que “ya no pueden salir de sus casas después de las 18”.

Entre los casos recientes, destacan el robo de una moto en la cuadra de 510 entre 6 y 7, asaltos a locales comerciales y una entradera frustrada en la que un vecino logró retener a un delincuente. Pese a que las cámaras de seguridad registran con frecuencia las acciones de los asaltantes y los patrulleros suelen llegar tras los llamados al 911, los habitantes aseguran que los responsables circulan con impunidad y reclaman una respuesta más efectiva de las autoridades.

El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak dictó el secreto de sumario en la causa por el fentanilo contaminado vinculado a 90 muertes. La medida judicial se tomó ayer después de que la fiscal María Laura Roteta solicitara nuevas medidas de prueba para avanzar sobre los funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación que deben controlar la calidad de los medicamentos que salen a la venta.

En el voluminoso expediente, que tiene 13 procesados, ya había fuertes indicios de que las dos reparticiones incumplieron sus funciones y de que podría haber existido connivencia entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo propietario es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal responsable de supervisar que los laboratorios cumplan a rajatabla las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La medida dictada por Kreplak fue sorpresiva. Se esperaba que la fiscal Roteta presentara su dictamen tras la feria judicial, con el impulso de acciones de pesquisa contra las autoridades y exfuncionarios nacionales. Los tiempos se aceleraron.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, mediante la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae en la que se estableció que hubo demoras para actuar sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hacía dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Lugones. Fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales.

También describieron que “la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica —al igual que el juez— sobre la actitud pasiva de la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscalía también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

La fiscal María Laura Roteta describió en detalle su posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó de manera crítica sobre la ANMAT y el INAME. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados —entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro—, expresó:

-“La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. El expediente sigue en trámite actualmente y no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas”.

-“Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto".

El INAME, que depende de la ANMAT, registró deficiencias en las plantas de elaboración de Ariel García Furfaro desde 2018. Algunos ejemplos que constan en la causa:

-Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.

-Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.

-En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.

-14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.

-25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.

-19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.

-7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, que luego fueron liberados comercialmente.

-28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.

-18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.

-6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, y ordenó el recupero de las unidades.

Entre 2018 y 2025, los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se actuara sobre las plantas de producción:

-Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.

-Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por la ANMAT.

-Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.

-Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.

-Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a la ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar la subsanación de falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

Sobre las medidas adoptadas, el juez señala que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después de que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano.

La detención se realizó por orden de la Justicia de La Plata, que había dispuesto su captura a nivel provincial, nacional y a través de INTERPOL. El sospechoso fue identificado como Joel Sebastián Centurión.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició tras una denuncia por reiteradas agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, en perjuicio de su pareja y del hijo menor de la pareja.

La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°13, especializada en Violencia Familiar y de Género -y a cargo de la fiscal Mariana Ruffino-, y en el Juzgado de Garantías N°4 dirigido por el juez Juan Pablo Masi, ambos del Departamento Judicial La Plata.

El expediente se inició a principios de junio. Sin embargo, tras la denuncia, el acusado desapareció, por lo que la Justicia platense ordenó su captura nacional y solicitó la emisión de una notificación roja de Interpol ante la posibilidad de que abandonara el país.

Con la intervención de personal de la Dirección Enlace INTERPOL de la Policía Bonaerense, posteriormente se determinó que el acusado se había ido a la ciudad correntina de Bella Vista, de donde es oriunda su familia.

Un equipo de agentes viajó hasta allí y, tras realizar tareas propias de la especialidad, el operativo finalizó con la localización y detención del joven, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Así las cosas, Centurión ahora aguarda su vuelta a la provincia de Buenos Aires mediante el Servicio de Custodia y Traslados Interprovinciales. Una vez de regreso, será indagado por la fiscal Ruffino. La causa está caratulada como lesiones leves doblemente agravadas en concurso real con lesiones leves agravadas.

La figura básica de las lesiones leves está prevista en el Artículo 89 del Código Penal y contempla una pena de 1 mes a 1 año de prisión, aunque en situaciones con agravantes, la escala penal aplicable asciende a 6 meses a 2 años de prisión.

En este caso en particular, al tratarse de un concurso real -cuando se considera que existieron dos hechos independientes dirigidos a personas distintas-, la pena en expectativa puede ser incluso mayor y alcanzar hasta 4 años.

Una docente y su hijo resultaron víctimas de un choque en la ciudad de La Plata, tras ser embestidos por detrás por una camioneta cuyo conductor escapó y fue detenido dos días más tarde en Quilmes.

Todo comenzó el lunes pasado en la intersección de la avenida 467 y la calle 186 de la capital provincial, donde una mujer de 44 años conducía un Volkswagen Up acompañada por su hijo de 13 años.

En esas circunstancias, el auto fue impactado en la parte trasera por una camioneta Ford Ranger azul, que inmediatamente después de la colisión se alejó de la escena en dirección a City Bell.

Unos minutos después del choque, una ambulancia llegó al lugar. La docente se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque aquejó un dolor de pecho agudo, por lo que el personal de emergencias decidió trasladarla al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. El adolescente, en tanto, no sufrió heridas.

Antes del traslado, la víctima además le contó a los agentes de la Comisaría Séptima de Abasto el modelo de la camioneta, sin poder precisarles ningún otro dato sobre quién la conducía.

Los policías iniciaron la investigación con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y rápidamente identificaron la patente de la Ford Ranger. La consulta posterior al registro de la DNRPA arrojó como titular a un hombre con domicilio en la localidad de Almirante Brown. Los efectivos fueron a buscarlo, pero éste les contó que había vendido la camioneta hacía dos años.

La búsqueda, entonces, continuó mediante la póliza de seguro vigente. Fue así como dieron con el actual dueño, Gerardo Ángel Ybañez, de 38 años, vecino de Quilmes. Según determinaron los investigadores, él manejaba la camioneta al momento del choque, por lo que fue detenido ayer en su casa en la localidad de Villa La Florida.

Durante el operativo además se conoció que la Ford Ranger se encontraba en un taller mecánico de la zona. El fiscal Fernando Padován, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Plata, dispuso el allanamiento al lugar y el secuestro de la camioneta.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas y abandono de persona, delito contemplado, en casos de accidentes de tránsito, en los artículos 94 y 94 bis del Código Penal y cuya pena varía según la gravedad de las heridas y si existieron circunstancias agravantes, siendo una base la “prisión de un mes a tres años o multa de mil a 15.000 pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años”.

Según consta en los registros del Banco Central, Ybañez figura como deudor “irrecuperable”. Además, cuenta con antecedentes laborales en firmas del sector de la construcción y en una empresa de servicios de limpieza de edificios.

El fiscal Gonzalo Petit Bosnic pidió recientemente la elevación a juicio de los dos acusados por el crimen de Pedro Pablo Mieres (37), el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que fue hallado asesinado en su casa de la capital provincial en junio del año pasado.

Se trata de Nicolás Damián Arévalos (41) y Jonatan David Perunetti (35), quienes enfrentan cargos por homicidio doblemente agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse concretado criminis causa, en concurso ideal con robo, calificación que prevé una pena en expectativa de prisión perpetua.

De acuerdo con la acusación, ambos habrían actuado en forma coordinada para ingresar a la vivienda de Mieres y matarlo con el objetivo de sustraer diversos objetos de valor, entre ellos teléfonos celulares, una guitarra, una notebook, una billetera, tarjetas bancarias y un televisor.

El expediente judicial detalla que la madrugada del 17 de junio, dos hombres ingresaron al departamento de Mieres en el marco de una reunión consentida. Sin embargo, en ese encuentro lo golpearon, ataron de pies y manos y le taparon la boca con un trapo. Según los informes forenses citados por la fiscalía, la muerte se produjo por asfixia mecánica por estrangulación, utilizando una prenda de ropa alrededor del cuello.

Durante la investigación, la Policía Científica y el fiscal Petit Bosnic reunieron múltiples elementos probatorios, entre ellos los registros de cámaras de seguridad que muestran los movimientos de Mieres y los sospechosos en las horas previas al crimen.

Mieres había llegado a su domicilio a las 23:13 del 16 de junio, luego de regresar en una moto de aplicación desde un cumpleaños en la zona de calle 126, entre 531 y 532. Minutos después, fue caminando hacia la terminal de trenes, donde mantuvo una breve conversación con un hombre al que identificaron testigos: Arévalos.

La víctima regresó sola a su casa, pero poco más tarde, Arévalos fue captado nuevamente por una cámara, esta vez acompañado de Perunetti. Juntos caminaron hacia el domicilio de Mieres. A las 1:50 del 17 de junio, se escuchó un grito, y luego los dos sujetos se retiraron, uno de ellos cargando objetos envueltos que ocultó momentáneamente en el paso a nivel de calles 44, 1 y 115.

Cuando la Policía llegó a casa se encontró con la puerta de entrada semiabierta, con la llave colocada en la cerradura, y ropa desordena sobre el piso en el interior. El cuerpo fue hallado desnudo, con ataduras hechas con cordones de zapatillas y con evidentes signos de golpes en el rostro.

Las pericias genéticas en la escena arrojaron resultado positivo para Arévalos en varios elementos como una toalla o los cordones con los que se ataron las muñecas y tobillos de la víctima.

Arévalos fue detenido tres semanas después del crimen. Se encontraba en situación de calle y, al momento de su arresto, vestía un buzo similar al que se observa en las imágenes tomadas la noche del asesinato.

Este imputado posee un extenso historial judicial, con antecedentes por robos, violaciones de domicilio y resistencia a la autoridad. Había recuperado la libertad en varias oportunidades y en 2023 accedió a un régimen de salidas transitorias desde la Unidad 1 de Olmos.

A Perunetti, por su parte, lo capturaron dos meses más tarde en Villa Elvira. En su caso, además de identificarlo en las filmaciones, los investigadores descubrieron que usó la tarjeta SUBE de Mieres horas después del hecho, en la zona de calles 7 y 50 de la ciudad, y que intentó vender el celular del secretario estudiantil.

Conocido como “Pincha” en su entorno, también cuenta con antecedentes por hurto, violencia familiar, usurpación, daño agravado y tentativa de robo, y había recuperado la libertad en febrero de 2024.

“Los involucrados tenían conciencia de las acciones que iban a desarrollar cuando consintieron en dirigirse en plena madrugada a la casa de la víctima, con la que al menos uno de ellos acababa de tener un encuentro [...] La agresión se cometió apenas minutos después del ingreso al departamento, lo que permite inferir que ambos sabían de antemano y conforme lo previamente planeado lo que iban a hacer en su interior”, consideró el fiscal en su requerimiento.

Quién era la víctima

El secretario estudiantil había llegado desde la provincia de Neuquén para estudiar la carrera de Licenciatura en Biotecnología en la UNLP.

Desde sus primeros años en la universidad se involucró en diversas actividades y se destacó como integrante de las Brigadas Ramona Medina, colaborando en acciones solidarias durante la pandemia.

En el plano institucional, Mieres había asumido con responsabilidad la gestión en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, “donde trabajó con dedicación, empatía y compromiso para atender las necesidades del claustro estudiantil, con sensibilidad y escucha activa”, afirmó la UNLP en un comunicado.

Desde la facultad resaltaron que su paso por la institución dejó una huella notable “por su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria”.

En el expediente, la familia de la víctima interviene como particular damnificado, representada por los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria.

Dos delincuentes irrumpieron en una vivienda de La Plata mientras tres jubilados miraban la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y uno de los asaltantes le apuntó con un arma a un hombre de 90 años, gatilló sin que el disparo saliera y luego lo golpeó en la cabeza con la culata del arma.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 65 entre 29 y 30, cerca del Parque Castelli. Los tres adultos mayores se habían congregado para seguir el partido cuando al menos dos hombres entraron a la propiedad y los sorprendieron.

En cuestión de segundos, la reunión se transformó en un asalto marcado por amenazas, forcejeos y violencia física, según informó el medio platense 0221.

El momento de mayor tensión llegó cuando uno de los ladrones amenazó con una pistola en la cabeza al hombre de 90 años y accionó el gatillo.

El disparo no salió —las razones son parte de la investigación en curso— y el agresor, lejos de retroceder, golpeó a la víctima en la cabeza con la culata del arma, lo que le provocó una herida.

En medio del robo, las víctimas lograron activar el sistema de alarma de la vivienda. Personal de una empresa de seguridad privada que operaba en las inmediaciones llegó al domicilio en minutos, pero los delincuentes ya habían escapado.

Según trascendió, huyeron por el frente de la casa tras saltar las rejas y se llevaron algunos objetos de valor.

Hasta el momento, los responsables no fueron identificados. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar establecer quiénes participaron del hecho.

El asalto se produjo tan solo 24 horas antes de que otros tres ladrones irrumpieran en una joyería del centro de La Plata y se llevaran 20 cadenas de oro y dinero en efectivo. Uno de ellos escapó en taxi, pero luego del seguimiento por las cámaras de seguridad municipales y un operativo policial terminó detenido en Gonnet.

Este asalto ocurrió en Joyas Center, el local ubicado en calle 8 entre 49 y 50. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, dos hombres y una mujer ingresaron al comercio, sustrajeron las cadenas y el efectivo, y emprendieron la fuga por distintos puntos del área.

La secuencia fue advertida por operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata, quienes, a través de una comunicación radial, tomaron conocimiento del robo y dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 1ra. Al llegar al local, los agentes constataron el hecho y entrevistaron a la responsable del comercio.

Fue esa misma comerciante quien, en paralelo al accionar policial, envió un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con otros negocios de la zona. El aviso se difundió rápido: varios comerciantes del centro lograron identificar los recorridos de fuga de los sospechosos, tomarles fotografías y aportar datos que resultaron determinantes para el operativo.

Con esa información sobre la mesa, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo para interceptar a los tres implicados. Uno de ellos fue localizado en Camino Belgrano y 511, en la localidad de Gonnet, cuando intentaba escapar a bordo de un taxi. Los otros dos —un hombre y una mujer— continúan prófugos y son buscados por los investigadores.

Tras la aprehensión, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 3, que tienen a su cargo las actuaciones para avanzar en la identificación y detención de los dos sospechosos restantes, quienes se mantienen prófugos.

La investigación estuvo a cargo de la Sub DDI Berisso y la DDI La Plata, con intervención de la UFIJ N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, y el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del juez Federico Atencio.

Todo comenzó el 5 de septiembre de 2023, cuando una mujer de 30 años advirtió que su sobrina de 17, bajo su guarda temporal por episodios de violencia en el entorno familiar, comenzó a negarse a visitar la casa de su padrastro.

Ante la insistencia, la adolescente confesó que el acusado la sometía a abusos sexuales, motivo por el cual se radicó una denuncia. El Ministerio Público Fiscal dispuso entonces la realización de distintas tareas investigativas, entre ellas la toma de testimonios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

Con los elementos reunidos, el 16 de abril de 2026, el MPF solicitó la detención del hombre de 53 años. Sin embargo, la captura no se concretó en ese momento, ya que el sospechoso dejó de frecuentar sus lugares habituales.

En las últimas horas, tras profundizar las tareas de inteligencia, los investigadores establecieron que el acusado podría encontrarse en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 18 y 150 de Berisso. Los agentes montaron una vigilancia discreta en la zona y, luego de varias horas de observación, detectaron la salida de un individuo cuyas características coincidían con las del acusado. Al interceptarlo en la vía pública, confirmaron su identidad y procedieron a detenerlo.

El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento y dispuso el traslado del aprehendido, acusado de abuso sexual agravado. El hombre quedó a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

Horas antes, un hombre de 23 años fue condenado a seis años y ocho meses de prisión en Vera, Santa Fe, por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en Calchaquí. El agresor, identificado como E.A.C., cometió los hechos en reiteradas ocasiones mientras la víctima cursaba la educación primaria y concurría al domicilio donde él vivía con su madre, quien la cuidaba. El caso fue impulsado por la fiscal Paula Prieto del Ministerio Público de la Acusación. El fallo se dictó tras un juicio oral en el que resultó clave la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

La situación se conoció en agosto de 2024, cuando la niña reveló los abusos en la escuela. El equipo socioeducativo realizó la denuncia formal, lo que dio inicio a la investigación penal. El juez Martín Gauna Chapero dictó la sentencia tras considerar acreditada la acusación. La fiscal indicó que aguardarán los fundamentos del fallo para definir los pasos procesales a seguir.

El arresto del sospechoso fue producto de un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en Villa Ponsati. Según trascendió, el domicilio correspondería a J. A. F., otro de los hombres acusados de haber participado en la supuesta venganza por el robo de una moto.

El procedimiento fue realizado por los efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Decimosexta, con aval de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15. Además, la orden incluyó el traslado inmediato del detenido para su primera audiencia judicial.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, a lo largo de estos meses, la investigación había avanzado con la captura de otros cuatro involucrados. Estos fueron identificados como T. B., de 22 años, T. Z., de 18 años, E. J. L. y J. A. F. De esta manera, la causa ya cuenta con un total de cinco imputados por el homicidio.

Previo a que el menor prófugo de la Justicia fuera localizado, el pasado 1 de julio, las autoridades habían logrado detener al joven de 22 años. El operativo también estuvo a cargo del personal de la comisaría Decimosexta, que concretó la detención bajo orden del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.

En esa oportunidad, la captura se logró tras una serie de diligencias que permitieron identificar y vincular al sospechoso con el homicidio. Esto se logró gracias a que la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 había impulsado desde el inicio diversas medidas para individualizar a los autores.

Mientras que en una primera etapa fueron detenidos dos sospechosos, en junio se logró la localización y arresto de un tercer imputado. Finalmente, las detenciones de los últimos dos individuos que eran buscados por las autoridades representaron un avance concreto en la causa.

La pesquisa se inició luego de la muerte de Gustavo Adrián Areco, quien recibió dos disparos en el pecho el 18 de mayo, mientras se encontraba en el patio de su vivienda en 122 y 613, situada en Villa Alba. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, este murió poco después de ser ingresado a la guardia.

La principal hipótesis sostiene que, horas antes del ataque, Areco habría participado junto a otro joven en el robo de una motocicleta a un adolescente de 17 años. El asalto ocurrido en la intersección de 603 y 117 quedó registrado por las cámaras de seguridad y, según la investigación, el grupo de los acusados habría buscado vengarse y recuperar el vehículo.

De acuerdo con la secuencia recreada por la Fiscalía, un grupo de personas se dirigió al domicilio de Areco y le disparó a la altura del tórax. Tras haber concretado el ataque, los autores retiraron una moto Zanella bordó de la casa y se dieron a la fuga.

En la escena del crimen se secuestraron vainas calibre 9 milímetros y se realizaron peritajes para reconstruir la secuencia de los hechos. Asimismo, explicaron que por medio del análisis de las evidencias se buscaría definir con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

A partir de ese momento, la Policía Bonaerense realizó varios allanamientos. Durante estos procedimientos, se logró incautar la motocicleta robada, un arma presuntamente utilizada en el crimen, teléfonos celulares, vainas servidas y dos vehículos —un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa II—, que sospechan que habrían sido utilizados por los agresores.

Pese a las detenciones, el caso sigue abierto y en análisis por parte de los investigadores, que todavía revisan los elementos secuestrados, como grabaciones y teléfonos. Según explicaron, el objetivo es reconstruir cómo se planificó y ejecutó el crimen, así como el grado de intervención de cada involucrado.

Después de 331 días de detención, Javier Martín Tchukran, director general de Laboratorios Ramallo SA y director de manufactura de HLB Pharma Group SA, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, según el dictamen del Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial Federal, incorporado a la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado asociado a la muerte de al menos 173 pacientes.

El informe médico, firmado digitalmente el 17 de julio por el médico Miguel Bernardo Zappia, determinó que Tchukran —de 46 años, nacido el 30 de octubre de 1979— “padece un asma grave casi fatal de mal control de síntomas”, lo que lo convierte en “un paciente de alto riesgo que requiere un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, con temperatura templada”. El profesional también advirtió que el tratamiento actual es insuficiente y que el paciente debería ser evaluado para recibir fármacos biológicos.

El Cuerpo Médico Forense, a demanda de la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano, realizó dos estudios el 17 de julio de 2026. La oximetría de pulso arrojó una saturación de oxígeno del 97% en reposo, dentro de los parámetros normales. La espirometría computada y la curva flujo-volumen, en cambio, mostraron una obstrucción severa: volumen espiratorio forzado en el primer segundo apenas “alcanzó el 33% del predicho para su edad y talla —165 centímetros, 77 kilogramos, índice de masa corporal de 28,3—“.

Las conclusiones del médico Zappia son taxativas: “El detenido Javier Martín Tchukran presenta un examen neumológico con alteraciones clínicas y funcionales debido a mal control de síntomas. Dado los antecedentes referidos y constatados en historia clínica, entiendo que el actor padece de asma grave casi fatal, por lo cual debe estar en un ambiente libre de humo, libre de humedad, sin ácaros y con ambiente templado. Cabe aclarar que es un paciente de alto riesgo, dada la gravedad de la patología que padece. Entiendo que el tratamiento actual es insuficiente y debería ser evaluado para ser tratado con fármacos biológicos.”

Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.

El dictamen fiscal de la fiscal María Laura Roteta lo describía como “ingeniero químico”, aunque en su declaración indagatoria Tchukran se presentó como técnico químico recibido en la ORT. Su posición en el organigrama era transversal: dirigía la manufactura de HLB Pharma —la empresa que comercializaba el fentanilo— y a la vez conducía operativamente Laboratorios Ramallo, la planta ubicada en la ciudad bonaerense de Ramallo donde se elaboraron físicamente los lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

En su indagatoria ante Kreplak, Tchukran intentó desvincularse del rol ejecutivo que le atribuía la acusación. Sostuvo que no era empleado de HLB sino consultor externo: “En primer lugar, yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB, que está en San Isidro, hacia el Laboratorio que está en Ramallo”, declaró.

La prueba más contundente en su contra provino de las cámaras de seguridad instaladas en su propio departamento, en el piso 6° de la Avenida Caseros al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires. Los días 17 y 18 de mayo de 2025 —cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal—, Tchukran recibió en ese domicilio a Ariel García y a su hermano Diego García para diseñar una estrategia de ocultamiento de pruebas. Las imágenes, redirigidas automáticamente a su celular a través de una aplicación, fueron halladas en el allanamiento ordenado por el juez y reproducidas por los peritos informáticos. Los imputados no alcanzaron a borrarlas.

“Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios (…) todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información”, se escucha decir a Tchukran en las grabaciones, incorporadas como prueba central del expediente. En otro tramo del video, el técnico químico simula estar orinando y agrega: “La HLB olvídate. Lo mismo que yo esté meando aquí. No se ve nada”, en referencia al borrado de las cámaras de seguridad de la empresa.

Las grabaciones también registraron la orden de Ariel García de someter ampollas de fentanilo a la autoclave —a 121°C y 2,1 kg/cm²— para destruir evidencias biológicas. En uno de los videos se ve a Tchukran trasladar una caja de cartón con ampollas desde el depósito del laboratorio. “Llevate esto, boludo”, le dijo García, y Tchukran asintió. La instrucción fue precisa: “Que las tenga la vieja ahí y que ponga autoclavada”, en referencia a Adriana Iudica, responsable de microbiología. Tchukran respondió: “Y que cultive las dos”.

En esa misma reunión, el ahora beneficiado con domiciliaria también reveló el nivel de conocimiento que tenía sobre las bacterias. Le dijo a García que la Ralstonia pickettii no le generaba mayor preocupación porque “la matas con un antibiótico choto”, pero advirtió que la otra bacteria —presumiblemente la Klebsiella pneumoniae— era multirresistente y que, aun con múltiples antibióticos, “existe incertidumbre respecto de la recuperación del individuo”.

Hasta el momento los hermanos García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos en el penal federal de Marcos Paz. La madre de ambos, Nélida Furfaro y la Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo al momento de su elaboración, están en prisión domiciliaria.

La declaración indagatoria de Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, lo colocó además en el centro de otro episodio clave. Según Darchuk, en una reunión de mayo de 2025 en las instalaciones de la planta, Iudica reconoció ante los presentes que la muestra del fentanilo elaborado el 18 de diciembre de 2024 “me dio positivo”, y que luego “me olvidé” de reportarlo. La reacción de Tchukran, según el mismo relato, fue inmediata: “empezaron los gritos, Diego también empezó a las puteadas. Nosotros nos quedamos mudos. Le dijimos ‘¿cómo no dijiste a nadie?’”.

Su firma también aparece en documentación del lote 30366 de fentanilo —producido el 12 de julio de 2021 y vinculado a un desvío al mercado ilegal—, junto a la del jefe de producción Darchuk, según consta en el expediente.

Los registros del expediente también ubican a Tchukran entre los asistentes a la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), donde representantes de HLB Pharma se reunieron con la titular del organismo, Agustina Bisio, y la entonces directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. El encuentro, realizado 13 días antes de que se elaborara el lote de fentanilo contaminado, tenía como objetivo discutir las deficiencias detectadas en una inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo. Tchukran asistió junto a Ariel García y Diego García.

El juez Kreplak señaló en las 401 fojas del procesamiento que las grabaciones del departamento de Tchukran demuestran “no solo la voluntad expresa de entorpecer la acción judicial sino también el alcance del dominio de Ariel García, desde la producción hasta la manipulación final de las pruebas comprometedoras”.

El asalto ocurrió en Joyas Center, el local ubicado en calle 8 entre 49 y 50. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, dos hombres y una mujer ingresaron al comercio, sustrajeron las cadenas y el efectivo, y emprendieron la fuga por distintos puntos del área.

La secuencia fue advertida por operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata, quienes, a través de una comunicación radial, tomaron conocimiento del robo y dieron aviso de inmediato a efectivos de la Comisaría 1ra. Al llegar al local, los agentes constataron el hecho y entrevistaron a la responsable del comercio.

Fue esa misma comerciante quien, en paralelo al accionar policial, envió un mensaje al grupo de WhatsApp que comparte con otros negocios de la zona. El aviso se difundió rápido: varios comerciantes del centro lograron identificar los recorridos de fuga de los sospechosos, tomarles fotografías y aportar datos que resultaron determinantes para el operativo.

Con esa información sobre la mesa, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo para interceptar a los tres implicados. Uno de ellos fue localizado en Camino Belgrano y 511, en la localidad de Gonnet, cuando intentaba escapar a bordo de un taxi. Los otros dos —un hombre y una mujer— continúan prófugos y son buscados por los investigadores.

Tras la aprehensión, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 y del Juzgado de Garantías N° 3, que tienen a su cargo las actuaciones para avanzar en la identificación y detención de los dos sospechosos restantes, quienes se mantienen prófugos.

En la noche del domingo, la inseguridad volvió a instalarse como preocupación central entre los trabajadores de las pataformas de transporte en La Plata, con un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto.

El hombre fue víctima de un violento asalto en Villa Elvira, donde resultó herido tras recibir un golpe con la culata de un arma en la boca. El episodio, que ocurrió cerca de las 23.30, expuso una vez más la vulnerabilidad de quienes prestan servicios a través de plataformas digitales en la ciudad.

El chofer, que acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación, llegó hasta la zona de calle 97 entre 118 y 119, sin advertir la emboscada que le esperaba. Apenas se detuvo, fue interceptado por un hombre armado que lo amenazó y le propinó un culatazo en el rostro.

Según lo informado por el portal 0221, el agresor lo despojó de la moto Honda Wave de 110 cc que conducía, así como de su teléfono celular, herramienta fundamental para su trabajo diario.

Mientras el asaltante huía del lugar, se le sumó una mujer que habría actuado como cómplice, facilitando la fuga inmediata tras consumar el robo. El conductor, aturdido y lesionado, recibió ayuda de una vecina, quien le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y dar aviso a la Policía.

Lamentablemente no es una modalidad nueva, puesto que en los últimos meses, se retieraron los casos en los que delincuentes solicitan viajes a través de aplicaciones, eligiendo puntos específicos para citar a los conductores y perpetrar asaltos.

En la noche del domingo, la inseguridad volvió a instalarse como preocupación central entre los trabajadores de las pataformas de transporte en La Plata, con un nuevo robo a un conductor de viajes de aplicación en moto.

El hombre fue víctima de un violento asalto en Villa Elvira, donde resultó herido tras recibir un golpe con la culata de un arma en la boca. El episodio, que ocurrió cerca de las 23.30, expuso una vez más la vulnerabilidad de quienes prestan servicios a través de plataformas digitales en la ciudad.

El chofer, que acudió a un viaje solicitado mediante la aplicación, llegó hasta la zona de calle 97 entre 118 y 119, sin advertir la emboscada que le esperaba. Apenas se detuvo, fue interceptado por un hombre armado que lo amenazó y le propinó un culatazo en el rostro.

Según lo informado por el portal 0221, el agresor lo despojó de la moto Honda Wave de 110 cc que conducía, así como de su teléfono celular, herramienta fundamental para su trabajo diario.

Mientras el asaltante huía del lugar, se le sumó una mujer que habría actuado como cómplice, facilitando la fuga inmediata tras consumar el robo. El conductor, aturdido y lesionado, recibió ayuda de una vecina, quien le prestó un teléfono para que pudiera comunicarse con el 911 y dar aviso a la Policía.

Lamentablemente no es una modalidad nueva, puesto que en los últimos meses, se han reiterado los casos en los que delincuentes solicitan viajes a través de aplicaciones, eligiendo puntos específicos para citar a los conductores y perpetrar asaltos. Este método se ha convertido en una preocupación recurrente entre quienes utilizan la tecnología como medio de vida, ya que los expone a riesgos imprevisibles en cada trayecto.

El reciente ataque en Villa Elvira ocurrió pocas horas después de otro hecho similar en la zona de calle 4 y 95. En ese caso, un conductor fue sorprendido por un asaltante que lo tomó del cuello con la intención de arrebatarle la motocicleta. Durante el forcejeo, ambos cayeron a una zanja, y en ese momento apareció un segundo delincuente armado. Bajo amenaza, lograron sustraer la Honda RX de 150 cc, color rojo y negro, registrada a nombre de la pareja de la víctima. Aunque los ladrones tuvieron dificultades para encender el vehículo, finalmente lograron escapar por calle 4.

Ambas denuncias fueron radicadas ante la policía, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y recuperar los vehículos robados. Los trabajadores de aplicaciones, por su parte, insisten en la necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y controles para evitar que este tipo de delitos se multipliquen.

Hace tan soloun mes en La Matanza, la Policía Bonaerense capturó a cuatro sospechosos acusados de integrar una banda dedicada a asaltar choferes de apliación. La seguidilla de robos dejó un saldo de tres muertos en lo que va del año. Así, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5° San Alberto investigó por órden del fiscal Luciano Borda de la UFI N°1 de la jurisdicción a la banda que operaba desde la villa San Petersburgo, ubicada en Isidro Casanova, por un asalto cometido el 25 de marzo último.

Entre los sospechosos se encuentra Cristian Leonardo Álvarez, ex monotributista y empleado de limpieza registrado este año en el rubro de venta de componentes electrónicos de ARCA en febrero de este año, un supuesto hampón de 54 años “con extenso prontuario” por delitos como robo calificado, asegura un investigador.

Esta no fue la primera ola de arrestos en torno a la banda. Otros tres imputados fueron arrestados semanas atrás, entre ellos, Uriel Lizarraga, de 18, con dos causas previas por robo.

“Este grupo tenía otra particularidad”, asegura el mismo investigador. Según la causa, supuestamente forzaban a sus víctimas a tomar préstamos en billeteras virtuales desde sus teléfonos para luego transferir el dinero, lo que se sumó a la imputación en su contra: robo agravado, tenencia ilegal de arma y, finalmente, defraudación informática.

Álvarez, sostienen fuentes del caso, habría sido el receptor del dinero de la víctima del 25 de marzo, un crédito de $5 millones. La Comisaría 5° de San Alberto, con una investigación encabezada por su jefe de calle, vincula a la organización a otros robos a choferes, una sospecha que deberá ser fundamentada en la causa a cargo del fiscal Borda.

La zona Oeste de La Plata enfrenta una nueva escalada de inseguridad tras un robo millonario ocurrido en la localidad de Abasto. La víctima, un hombre de 58 años, regresó a su vivienda durante la tarde y se encontró con un panorama devastador: su casa había sido completamente desvalijada mientras se encontraba ausente.

El hecho, que tuvo lugar entre las 8 y las 15 en una propiedad ubicada en 208 entre 472 y 483, activó una investigación policial que busca esclarecer tanto la mecánica del robo como la identidad de los responsables.

La secuencia se inició cuando los delincuentes forzaron dos candados de un galpón dentro del terreno y, posteriormente, violentaron el pasador de una ventana de aluminio para acceder al interior de la vivienda, de acuerdo a lo informado por el portal 0221.

Ya en el interior, los intrusos revisaron cada uno de los ambientes, abriendo muebles, cajones y placares en busca de dinero y objetos de valor. El propietario constató la sustracción de más de US$5.000, $1.000.000 en efectivo, una computadora portátil, dos televisores y otras pertenencias cuyo valor sigue siendo relevado.

Al momento de radicar la denuncia, la víctima aún no había podido determinar si los delincuentes también se llevaron elementos guardados en el galpón, dado el desorden generalizado dejado tras su paso. La ausencia de cámaras de seguridad y de sistemas de alarma en la vivienda fue señalada por fuentes de la investigación como un factor que facilitó el accionar de los ladrones.

Efectivos policiales trabajaron en la recopilación de pruebas y en la reconstrucción de la secuencia temporal del robo. Las primeras actuaciones determinaron que no hubo testigos que hayan advertido movimientos sospechosos durante el horario en que se perpetró el hecho. La falta de registros fílmicos o sistemas de alarma limita, por ahora, las posibilidades de identificar a los autores.

De acuerdo con la información policial, los delincuentes actuaron con tiempo y sin obstáculos, lo que sugiere que podrían haber contado con información previa sobre los hábitos del propietario y la rutina de la vivienda. La investigación se orienta a determinar si existió algún tipo de inteligencia previa o si el caso forma parte de una serie de robos con características similares registrados en la zona.

El caso registrado en Abasto no es un hecho aislado. Según relataron organizaciones vecinales, en las últimas semanas se han reportado robos en localidades como Lisandro Olmos y Ángel Etcheverry, donde la modalidad se repite: los delincuentes aprovechan la ausencia de los propietarios y, en ocasiones, parecen conocer los horarios y movimientos de las familias.

Tras la denuncia, la Policía Bonaerense intensificó los patrullajes en la zona y comenzó a recopilar información sobre movimientos sospechosos en los días previos y posteriores al hecho. Investigadores analizan si existe un patrón común con otros robos recientes en la región y buscan determinar la posible existencia de una banda dedicada a delitos contra la propiedad.

El propietario damnificado manifestó su frustración ante la magnitud de las pérdidas y la sensación de indefensión. “No hay cámaras ni alarmas y nadie vio nada. Me sacaron todo lo que tenía de valor”, relató ante las autoridades policiales.

El procedimiento se llevó a cabo el jueves 16 de julio en una vivienda ubicada sobre la calle 520, entre 119 y 120, bajo la coordinación de la Comisaría 2ª de La Plata y con intervención de la UFI N°18 del Departamento Judicial local.

Según pudo saber Infobae, la investigación comenzó el 11 de junio, cuando el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional inició actuaciones de oficio tras detectar la presunta venta de estupefacientes en la zona. Una mujer conocida en el barrio como “La Sole” fue identificada como la principal sospechosa. Durante semanas, los agentes realizaron tareas de vigilancia, registraron en video presuntas maniobras de venta de droga e incautaron cocaína a compradores interceptados previamente.

Frente a las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento. Debido a que el barrio suele ser reticente al accionar policial, el operativo contó con un amplio despliegue de fuerzas: participaron el Grupo Halcón, la División K9 de la Superintendencia de Narcotráfico, Caballería, Infantería, personal del GTO de las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª de La Plata, además del Destacamento Aeropuerto.

Para hacerse presentes en el inmueble, los efectivos utilizaron un camión como “caballo de troya” y así acercarse al lugar sin alertar a quienes vigilaban la zona. Al irrumpir en la vivienda, varios vecinos intentaron agredir a los agentes, quienes recurrieron a postas de estruendo y antitumulto para dispersarlos. No se registraron policías ni civiles heridos.

Durante el procedimiento, los policías hallaron en una de las habitaciones una riñonera negra con 54 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 78 gramos. También secuestraron cuatro teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y 18 retazos de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Los detenidos fueron identificados como Sabrina Soledad López, de 31 años; Ángel David Molinari Pereira, de 22; Lia Victoria Moisellio, de 52; Benjamín Vera, de 24; y Facundo Gonzalo Silva, de 25.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, López registra distintas causas penales. El 19 de octubre de 2023 recuperó la libertad de la Alcaidía de La Plata. Ese mismo año fue vinculada a causas por robo, lesiones leves y resistencia a la autoridad.

Los registros también indican que en 2015 recuperó la libertad en el marco de un expediente tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata. Además, ese mismo año quedó involucrada en una causa por tentativa de homicidio calificado. Al momento del procedimiento, cumplía una medida de monitoreo electrónico en una causa por robo calificado.

Por su parte, Silva registra antecedentes por robo agravado. Según los registros judiciales, recuperó la libertad en noviembre de 2023 en una causa tramitada por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata. Al momento de su detención no registraba pedidos de captura activos.

La causa, caratulada como comercialización de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737, quedó a cargo de la UFI N° 18 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la detención de los cinco sospechosos y el secuestro de la droga y demás elementos hallados durante el allanamiento.

El hombre de 85 años que murió luego de haber sido atropellado en La Plata logró ser identificado por las autoridades. Según trascendió, el nombre de la víctima era Hugo Mario Giménez, quien circulaba en una bicicleta al momento de ser impactado por una mujer que no contaba con licencia de conducir.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 horas del jueves, cuando una motocicleta que cruzaba la avenida 7 entre 603 y 604, en el Barrio Aeropuerto, atropelló a Giménez. Como consecuencia del choque, la víctima había sufrido lesiones de gravedad, las cuales habrían provocado su muerte.

A raíz de esto, la causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padován. En principio, el funcionario judicial dispuso las primeras medidas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar la responsabilidad de la conductora.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la mujer acusada de haber atropellado y provocado la muerte de Giménez no solo no contaba con licencia de conducir, sino que el vehículo que utilizaba tampoco estaba registrado a su nombre.

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, que captaron los instantes previos al choque y la reacción de quienes se encontraban en las inmediaciones. Estas imágenes serán analizadas por los investigadores como elemento central de prueba.

Además de revisar las grabaciones, las autoridades anunciaron que se realizarán peritajes mecánicos sobre la motocicleta, se tomarán declaraciones a posibles testigos y se incorporará el resultado de la autopsia al expediente. De esta manera, la Justicia buscará esclarecer cómo se produjo el impacto y bajo qué circunstancias la conductora circulaba sin la documentación correspondiente.

Otro hombre murió tras ser atropellado por un camión de residuos en Berisso

Otro hombre de 76 años murió este viernes tras ser embestido por un camión recolector de residuos de la Municipalidad de Berisso en la intersección de las calles 122 y 66. La víctima, identificada como Javier Bobadilla Ramírez, fue trasladada de urgencia al Hospital Mario Larrain, donde los médicos confirmaron su muerte poco después debido a la gravedad de las heridas.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Según el parte policial, el camión era conducido por un hombre de 62 años. Tras el impacto, el personal del Comando de Patrullas y una ambulancia acudieron al lugar, donde constataron que la víctima presentaba heridas de gravedad.

La muerte de Bobadilla Ramírez se sumó a otros dos accidentes fatales ocurridos en menos de un día en la región. Además del ciclista de 85 años que murió al ser atropellado por una moto en Barrio Aeropuerto, una nena de 10 años perdió la vida en un choque en la Ruta 2, a la altura de El Peligro. Los tres hechos mantienen en alerta a las autoridades locales ante la seguidilla de siniestros viales.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, que llevará adelante las actuaciones para determinar las circunstancias del trágico episodio. Las fuentes policiales precisaron que la víctima era de nacionalidad peruana y residía en Berisso.

De la misma manera, los investigadores indicaron que los máximos esfuerzos estarán centrados en establecer la mecánica del siniestro y las posibles responsabilidades de los eventuales involucrados. Para ello, se dispuso la realización de pericias sobre el camión involucrado y en la escena del accidente. Además, se informó que la instrucción judicial avanzará con la toma de testimonios y el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar.

El dueño de una gomería ubicada sobre la avenida 520 de la ciudad de La Plata denunció haber sido víctima de un millonario robo en su local. El hombre había llegado al lugar para iniciar su jornada de trabajo y encontró la persiana de acceso violentada.

En ese momento, se dio cuenta de que el dinero que escondía en el baúl de uno de los autos estacionados adentro del local ya no estaba. Los delincuentes se habían llevado $20 millones y USD 20.000.

Todo ocurrió en el barrio de Tolosa y por el momento los investigadores tratan de esclarecer cuándo y cómo sucedieron los hechos. De acuerdo con el portal 0221, la víctima de 62 años había recibido un llamado en las horas previas al descubrimiento que lo alertaba sobre el robo.

Si bien no trascendió de dónde provenía, se supo que en esa comunciación le advertían sobre un hombre que había realizado trabajos ocasionales en el taller durante la semana anterior comentaba que había robado una gomería e intentaba cambiar dólares, según sumó el mismo portal local.

Esa información lo llevó a dirigirse al local antes de lo habitual, donde verificó que el dinero ya no estaba. La reconstrucción policial indicó que los autores del hecho ingresaron al predio durante la madrugada, incluso una vecina del lugar manifestó haber escuchado ruidos en ese horario. Los investigadores determinaron que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y forzaron el acceso al establecimiento para llegar hasta el vehículo.

La hipótesis principal de la investigación es que al menos uno de los autores contaba con información previa sobre la existencia y la ubicación del dinero. Ahora, las autoridades buscan determinar el vínculo entre el sospechoso mencionado en el llamado telefónico y el robo. De acuerdo con lo consignado por 0221, no se descarta que el responsable material haya actuado con datos precisos sobre el escondite.

Tras la denuncia formal, la Justicia inició una investigación para reunir pruebas e identificar a los responsables.

Se llevaron USD 30.000 de una concesionaria

Cuatro adolescentes robaron una concesionaria en City Bell tras romper una vidriera en la madrugada del miércoles. El local afectado fue Rámolo Automotores, sobre Camino General Belgrano y calle 475, en el partido de La Plata. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Un móvil de seguridad municipal que patrullaba la zona detectó la vidriera dañada y alertó a la Policía. Tras una persecución, los efectivos aprehendieron a tres de los cuatro involucrados, de 13, 14 y 15 años. El cuarto logró escapar con una mochila que contenía parte de lo sustraído y permanece prófugo, según informó 0221.

El propietario del local, un joven de 25 años, revisó las grabaciones junto a los investigadores y pudo reconstruir la secuencia del robo. Los cuatro jóvenes ingresaron al local tras romper uno de los vidrios y se llevaron aproximadamente US$3.000 en efectivo, tres cascos para motocicleta, llaves de vehículos y cinco autos de colección en miniatura.

De acuerdo con lo consignado por 0221, los tres aprehendidos tienen domicilio en Villa Elisa y en Barrio Aeropuerto, localidades del partido platense. Permanecieron unas horas en la comisaría y fueron liberados por decisión judicial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. La fiscal Sabrina Cladera avaló el procedimiento y dispuso la intervención de organismos de Niñez y Adolescencia. El cuarto implicado sigue siendo buscado por las autoridades.

El avance de la causa, que investiga la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a la muerte de 90 pacientes, mantiene bajo la lupa a los principales organismos de control del Estado. El juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak espera la presentación de un dictamen clave por parte de la fiscal María Laura Roteta: el impulso de la acción penal contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), después de la feria judicial, esto es a partir del 31 de julio.

La investigación ya tiene 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, uno de sus hermanos y su madre. En esta segunda etapa de la pesquisa el foco está puesto en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. Los organismos habrían incurrido en omisiones y demoras que permitieron la circulación de medicamentos fuera de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.

Durante el período investigado, el INAME estuvo dirigido por Gabriela Mantecón Fumado, quien fue apartada preventivamente del cargo el 21 de agosto de 2025. La medida siguió a la detención de García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y estuvo motivada por las demoras en tomar decisiones frente a los desvíos de calidad detectados en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Hasta enero de este año, la ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. Pese a que en su renuncia alegó que se trataba de razones personales, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.

El expediente judicial expone deficiencias graves en los controles estatales. La Fiscalía, en un dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, calificó como “insuficiente” la información aportada por la ANMAT y advirtió sobre la ineficacia de sus acciones regulatorias durante la producción y distribución del anestésico contaminado. En esa línea, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sostuvo que “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo, colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscal Roteta en el dictamen anterior fue la falta de acción de la ANMAT tras recibir el reporte de un brote de contaminación bacteriana. “La información recabada y comunicada por el juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”, sostuvo la fiscal. Además, solicitó notificar a los funcionarios sobre las consecuencias penales asociadas al incumplimiento de las órdenes judiciales de retiro de productos.

La causa judicial documenta que fue el propio juzgado y no la autoridad de control, quien realizó el retiro de las partidas de fentanilo adulterado en hospitales, clínicas y droguerías de todo el país.

El juez Kreplak incluyó en su resolución de procesamiento de los 13 imputados una serie de hallazgos que dan cuenta de la falta de seguimientos posteriores por parte de la ANMAT y el INAME para verificar la subsanación de irregularidades detectadas en los laboratorios, como la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados y ausencia de documentación técnica.

Irregularidades detectadas por ANMAT e INAME desde 2018

Como ya informó este medio, en el expediente judicial revela que las inspecciones y controles oficiales documentaron desde 2018 los siguientes puntos críticos y demoras:

• Mayo de 2019: se detectó que HLB Pharma operaba en un nivel no aceptable. Se recomendó la clausura, pero la sanción quedó reducida a “inhibición” durante el trámite administrativo.
• Marzo de 2020: se hallaron deficiencias mayores en la producción de medicamentos y soluciones parenterales, pero el acta de inspección las calificó como “aceptable con exigencias correctivas”.
• En 2021: el INAME archivó un expediente citando una inspección de ese año como prueba de corrección de deficiencias, sin comprobar efectivamente la solución de los problemas.
• 14 de febrero de 2022: se constató que Laboratorio Ramallo “no cuenta con procedimiento de análisis de tendencias” y que los desvíos ocurren por fallas en equipos asociados a la producción de soluciones parenterales.
• 25 de febrero de 2022: se ordenó el retiro del mercado de un lote de Solución de Dextrosa al 5% HLB tras hallarse partículas y desarrollo compatible con crecimiento microbiano.
• 19 de mayo de 2023: se dispuso el retiro del mercado de un lote de Diclofenac HLB por la presencia de partículas negras en suspensión.
• 7 de octubre de 2024: en una inspección previa, se inmovilizaron varios productos, pero posteriormente fueron liberados comercialmente.
• 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024: en una inspección “no programada” al Laboratorio Ramallo se detectaron deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control, comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Se recomendó la clausura inmediata, pero no se ejecutó.
• 5 de diciembre de 2024: fecha del acta de inspección que ordenaba la inhabilitación del laboratorio; el documento fue cargado en el sistema recién el 3 de enero de 2025 y firmado por la titular del INAME el 10 de febrero de 2025.
• 18 de diciembre de 2024: se produjo el lote de fentanilo contaminado (31202), trece días después de la inspección que ya sostenía que el laboratorio no debía continuar con su actividad productiva.
• 6 de marzo de 2025: la ANMAT prohibió el producto Propofol HLB, lote 60000, al detectarse que no contaba con etiqueta de trazabilidad, ordenando el recupero de las unidades.

Entre 2018 y 2025 los organismos de control también registraron los siguientes cuestionamientos sin que se accionara sobre las plantas de producción:

• Ausencia de libro de elaboración actualizado ni registros completos de lotes fabricados.
• Elaboración y comercialización de al menos 69 lotes en envases plásticos tipo BFS (blow-fill-seal), tipo de envase no habilitado por ANMAT.
• Falta de validación de procesos, estudios piloto y análisis de estabilidad para los lotes fabricados en plástico.
• Liberación de productos por personal sin participación de control de calidad, y algunos lotes sin hojas de elaboración ni reportes analíticos.
• Tercerización de elaboraciones para HLB Pharma Group S.A. sin comunicación previa a ANMAT sobre cambios de acondicionamiento.

Entre las observaciones registradas en la causa, se destaca que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección. Sin embargo, “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la inhibición de actividades productivas dictada recién con la disposición 3158/2025 tras las primeras muertes notificadas. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata y la Fiscalía que impulsa la pesquisa por la mayor masacre sanitaria del país avanzan sobre posibles responsables por acción u omisión mientras la segunda instancia judicial resuelve las apelaciones de los 13 procesados.

Un hombre de 38 años falleció en el Hospital San Juan de Dios tras haber recibido un disparo en la pierna en Altos de San Lorenzo, La Plata. La víctima, identificada como Ceferino Joaquín Badía, fue encontrada herida en la vía pública por vecinos en la intersección de las calles 18 y 79.

Aunque todavía se intenta reconstruir lo sucedido, según los informes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas del día. Cuando lo encontraron, los vecinos lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, sin embargo, perdió la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Bonaerense trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área con el objetivo de reconstruir el ataque y poder identificar al o los responsables del hecho. La investigación judicial intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como el móvil, que todavía no ha podido determinarse.

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Badía se encontraba en situación de calle y, por esa razón, sus familiares no pudieron aportar datos para orientar la pesquisa hacia los posibles agresores. Mientras tanto, el personal policial realiza un relevamiento minucioso en la zona donde ocurrió el ataque, entrevistando a vecinos y comerciantes en busca de información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

Asesinaron a un delincuente en La Plata

En la madrugada del lunes, otro homicidio sacudió La Plata. Emanuel Ezequiel Orieta, de 32 años, fue hallado muerto en una vivienda de San Carlos, después de recibir dos disparos en la zona intercostal. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y movilizó a efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Según fuentes policiales y judiciales, el crimen se registró en una casilla ubicada en la zona de 133 entre 524 y 525. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Orieta se encontraba dentro de la vivienda en compañía del propietario del lugar y de una mujer cuando llegó un hombre identificado como Rodrigo Emiliano Cortez, conocido en el barrio como “El Tarta”.

Entre ambos habría existido un conflicto previo que derivó en una fuerte discusión y luego en una pelea dentro de la casilla. En medio del enfrentamiento, y según los testimonios recabados, Cortez habría sacado un arma de fuego y disparado al menos dos veces contra la víctima, para luego escapar rápidamente antes de la llegada de los móviles policiales.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a viejas disputas delictivas en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno de La Plata, que ordenó diversas medidas para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer en detalle cómo se desarrollaron los hechos. Entre las diligencias se incluyeron pericias balísticas, levantamiento de rastros en la escena del crimen y la ampliación de declaraciones de los testigos presentes.

Voceros judiciales indicaron que se analiza material de cámaras de seguridad cercanas y el posible recorrido de fuga del agresor. La fiscalía intenta determinar si el homicidio está vinculado a enfrentamientos previos. También se investiga si Cortez contó con apoyo logístico para escapar y si el arma utilizada fue empleada en otros hechos recientes.

En cuanto a la víctima, su legajo penal revela una trayectoria en ingresos al sistema penitenciario, con causas por robo agravado, tentativa de robo, hurto, encubrimiento y resistencia a la autoridad. El hombre estuvo alojado en la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, establecimiento destinado a internos procesados o condenados por delitos contra la propiedad.

Así, comenzó una investigación para esclarecer el hecho a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, al mando de la UFI N°16 de La Plata, con el Juzgado de Garantías N°5. La sospecha apuntaba a que Mazzucchelli y Di Scerni no habían muerto por accidente. Alguien había causado ese incendio. El relevo de cámaras realizado por la Policía Bonaerense determinó que un hombre dejó el lugar en bicicleta segundos antes de que se alzaran las llamas.

En las últimas horas, el hombre de la bicicleta fue capturado, junto con el rodado.

Se trata de Alejandro Sebastián Ávila, un hombre en situación de calle. El gabinete de homicidios de la DDI local y el gabinete operativo de la Comisaría 9° lo encontraron en un restaurant de la zona con ropa similar a la que usó el día del hecho, junto a tres teléfonos celulares y tres tarjetas SUBE que podrán ser peritados.

La bicicleta del caso es una historia en sí misma. El seguimiento de cámaras de seguridad permitió rastrearlo hasta el local de comidas donde, días atrás, dejó su bicicleta, que fue secuestrada por los investigadores. Insólitamente, regresó para buscarla. En ese momento, los vecinos alertaron a la Bonaerense, que aceleró al lugar para detener a Ávila.

El fiscal Condomí Alcorta se prepara para indagarlo. Sin embargo, el funcionario a cargo de la causa deberá esperar a la pericia psiquiátrica que determinará si Ávila está o no en condiciones de declarar. Su salud mental es una incógnita. Por lo pronto, se desconoce qué vínculo tenía con la pareja asesinada.

La investigación por el doble homicidio, ocurrido en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata, sumó un tercer sospechoso en las últimas horas. Hasta el momento, las autoridades habían detenido a un hombre de 35 años con un extenso prontuario, y a otro de 32, tras el ataque a tiros que tuvo lugar el lunes por la noche.

Se trata de Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria del inmueble quien se presentó en la vivienda luego de que uno de sus hijos lo fuera a buscar para pedirle ayuda por lo que estaba ocurriendo en la casa de la calle 413 y 152. El chico se encontraba junto a sus otros dos hermanos, su mamá y Joaquín Jeremías Ponzo —una de las víctimas— cuando los atacantes irrumpieron en la vivienda.

Alarcón ya estaba imputado en una causa iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en la casa donde ocurrió el tiroteo. La vivienda también había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado. Sin embargo, la Justicia decidió no prolongar su detención por “no existir elementos probatorios”, de acuerdo con lo informado por el portal El Día.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego. Según pudo saber Infobae de fuentes vinculadas a la investigación, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y tomaron contacto con la propietaria de la vivienda, quien relató que estaba junto a su amigo Ponzo y sus tres hijos cuando dos desconocidos irrumpieron en el domicilio, uno de ellos armado.

Mientras Ponzo forcejeaba con los intrusos, el hijo de la mujer se dirigió a la vivienda de Alarcón, ubicada a una cuadra del lugar. En el cruce de disparos que siguió, Mauro Javier Gil (35), uno de los atacantes, recibió un balazo en la cabeza. Poco después, Ponzo también fue alcanzado por un disparo y ambos murieron en la escena.

Sobre Gil pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado, según supo este medio.

Mientras el Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria identificó al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar como uno de los ejecutores. Los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptar a sus ocupantes: Ariel Montoya (35) quien había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado- y Germán Cruze (32). Ambos quedaron aprehendidos.

En el procedimiento realizado se secuestró la motocicleta y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo que estaba estacionado frente al domicilio. Su rol en los hechos y el grado de su participación en el enfrentamiento forman parte de las diligencias que aún se llevan adelante.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°17 de La Plata, bajo la conducción de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien ordenó las primeras medidas de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

Montoya acumula causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento, y obtuvo la libertad hace dos meses por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata. La otra víctima fatal, Gil, registraba antecedentes por robo agravado y violación de domicilio, y la orden de captura que pesaba sobre él desde abril correspondía a una causa por robo agravado con arma de fuego en grado de tentativa.

Alarcón, por su parte, tiene un antecedente aunque al momento del hecho no registraba pedidos de captura vigentes. La UFIJ N°17 evalúa el conjunto de estos antecedentes en el marco de la investigación.

Las imágenes captadas muestran el momento exacto en que el vehículo embiste al perro. Según lo que se puede ver, el animal se encontraba acostado en medio del asfalto, pero el automovilista tenía espacio para poder maniobrar y esquivarlo. En el momento del atropello se escucha incluso el quejido del can.

Tras el impacto, el animal logró incorporarse con mucha dificultad, producto de las heridas. El conductor, lejos de frenar, primero hizo marcha atrás y luego aceleró para continuar con su marcha.

Una vecina que transitaba por la zona fue testigo directo del episodio y, al ver que el chofer se retiraba sin más, le reclamó a los gritos: “¿Qué te pasa, estás loco? ¿No lo viste enfrente tuyo? ¿Tenías que atropellarlo?”.

El video se viralizó rápidamente a través de los grupos de WhatsApp del barrio. A partir de esa difusión, los vecinos iniciaron una búsqueda para identificar al remisero y al vehículo con el propósito de radicar una denuncia penal.

El repudio se extendió más allá de los frentistas de la zona: organizaciones proteccionistas de animales también se sumaron al reclamo y exigen que el responsable responda ante la Justicia.

Hasta el momento no trascendió si el episodio derivó en una denuncia formal ante la comisaría de la zona ni si alguna fiscalía tomó intervención. El estado de salud del perro tampoco fue confirmado de manera oficial, aunque los vecinos que compartieron el video señalaron que el animal sufrió lesiones de consideración, de acuerdo con la información del medio local Infocielo.

En el ordenamiento jurídico argentino, la legislación que corre desde 1954 a nivel nacional por los actos de maltrato y de crueldad animal está encuadrada en la Ley 14.346, que prevé penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan malos tratos o actos de crueldad, según lo estipulado por la ley.

La normativa tipifica como maltrato acciones tales como privar de alimento suficiente a animales domésticos o en cautiverio, incitarlos mediante elementos que les generen dolor, obligarlos a laborar sin períodos de reposo, suministrarles sustancias estimulantes sin propósito terapéutico o exigirles el arrastre de cargas que excedan su capacidad física.

Respecto a los actos de crueldad, la Ley 14.346 penaliza prácticas como la vivisección sin respaldo científico, las mutilaciones sin causa justificada, las intervenciones quirúrgicas practicadas sin anestesia ni atención veterinaria salvo en casos de urgencia, el abandono de animales de laboratorio, la muerte de animales preñados fuera de establecimientos industriales habilitados, las lesiones, torturas y sufrimientos innecesarios, las muertes producto de la perversidad y la promoción de peleas entre animales, corridas de toros o cualquier espectáculo en el que estos sean sometidos a hostigamiento.

Un tribunal argentino reconoció derechos a dos peces

Un tribunal de Argentina declaró a dos peces dorados, Fede y Magui, seres sintientes y sujetos de derecho, en un caso que tuvo origen en Buenos Aires en julio de 2026. El episodio se registró en un restaurante de sushi del barrio de Recoleta, donde los animales vivían en un acuario de 40 litros que funcionaba como pieza decorativa.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, Secretaría N° 23 aprobó un acuerdo de suspensión del proceso a prueba y ordenó el secuestro y posterior traslado de los peces, tras constatarse, a través de un peritaje veterinario, que la pecera era inadecuada y generaba condiciones de estrés y sufrimiento para la especie, lo que constituía una violación a la Ley 14.346 de maltrato animal.

Dos hombres murieron y otros dos fueron detenidos tras un violento tiroteo ocurrido este lunes en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la casa donde ocurrió el episodio estaba siendo investigada en una causa por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo y ya había sido allanada anteriormente en otro expediente judicial.

El hecho comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle 413 y 152. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte entrevistaron a la propietaria, quien relató que se encontraba junto a su amigo Joaquín Jeremías Ponzo (39) y sus tres hijos cuando irrumpieron dos hombres, uno de ellos armado.

En ese momento, Ponzo comenzó a forcejear con los intrusos. Asustado, uno de los hijos de la mujer salió a pedir ayuda a Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria, quien vive a una cuadra del lugar y acudió inmediatamente. Al ingresar, también se sumó al enfrentamiento.

Durante la pelea se efectuaron varios disparos. Como consecuencia, Mauro Javier Gil (35), uno de los hombres que había ingresado a la vivienda, recibió un disparo en la cabeza y Ponzo también fue alcanzado por un balazo. Ambos murieron en el lugar.

Mientras personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria reconoció como uno de los atacantes al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar. Los policías iniciaron una persecución y lograron interceptar a los ocupantes, identificados como Ariel Montoya (35) y Germán Cruze (32), quienes quedaron aprehendidos.

Además, se secuestró la motocicleta en la que circulaban y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo, que permanecía estacionado frente a la vivienda.

El caso es investigado por la UFIJ N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso las primeras diligencias de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

Antecedentes

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el domicilio donde ocurrió el tiroteo forma parte de una investigación iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo, en la que figura como imputado Ángel Antonio Alarcón, ex pareja de la propietaria. Además, la vivienda había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado.

Uno de los detenidos, Ariel Montoya, posee un extenso prontuario que incluye causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento. Incluso, había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

La otra víctima fatal, Mauro Javier Gil, también registraba antecedentes penales por robo agravado y violación de domicilio. Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Por su parte, Alarcón registra un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada en 2024, aunque actualmente no tenía pedidos de captura vigentes.

Un episodio inusual alteró la tranquilidad de Country Grand Bell, en City Bell, La Plata, durante una jornada marcada por la expectativa nacional: la Selección argentina disputaba los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza.

El hecho, según informó el portal 0221, se produjo este sábado en el predio ubicado sobre la calle 467, entre 143 y 148, en el partido de La Plata. El propietario de la casa, que no se encontraba en el país al momento del incidente, advirtió la presencia de un intruso gracias al sistema de videovigilancia instalado en su domicilio. Desde Uruguay, el dueño recibió imágenes que mostraban a una persona dentro de su vivienda, lo que lo llevó a alertar rápidamente a las fuerzas de seguridad.

De esta manera, el personal de Policía Adicional fue notificado por los agentes de seguridad privada del country tras detectar movimientos sospechosos en una de las viviendas. Al recibir el aviso, los efectivos iniciaron una recorrida por el sector y observaron a un hombre saliendo del inmueble señalado.

Tras interceptarlo, los agentes procedieron a identificar al sujeto, constatando que se trataba de un comerciante de 51 años domiciliado en otro lote dentro del mismo predio Grand Bell. La inmediata coordinación entre la seguridad interna y la fuerza policial permitió que el procedimiento se realizara sin incidentes mayores.

El hombre fue trasladado a la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, donde se iniciaron actuaciones caratuladas como “violación de domicilio”, un delito que contempla penas menores, aunque no se descarta la incorporación de nuevas pruebas que puedan modificar la situación procesal del involucrado. Según se informó, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, que dispuso las primeras medidas judiciales.

La UFI N° 17, al tomar conocimiento del caso, ordenó que se respetaran los pasos procesales habituales para este tipo de delitos. Conforme a lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal, el hombre detenido recuperó la libertad horas después, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ingreso no autorizado.

Según indicaron fuentes consultadas, se están analizando tanto los registros de acceso al barrio cerrado como los testimonios de personal de seguridad y vecinos, con el objetivo de determinar si existió algún vínculo previo entre el comerciante y el propietario de la vivienda afectada o si el hecho fue producto de una oportunidad circunstancial.

La causa continuará bajo la órbita de la UFI N° 17, que deberá definir si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o medidas restrictivas sobre el acusado.

Este mismo domingo, se conoció la noticia de que una jubilada de 87 años fue víctima de un asalto en su casa del barrio San Carlos de La Plata. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron a la vivienda, la amenazaron y la redujeron. Antes de escapar, le robaron el teléfono celular y, desde ese dispositivo, le vaciaron la caja de ahorro.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado en calle 45, entre 140 y 141. Allí, fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda tras forzar una persiana. Según pudo saber este medio, los sospechosos no exhibieron armas durante el robo, pero intimidaron y redujeron a la mujer.

Una vez dentro, recorrieron los ambientes del inmueble y sustrajeron un televisor de 49 pulgadas y un caloventor negro. También se apoderaron del teléfono celular de la jubilada y lo utilizaron para realizar transferencias bancarias por 1.800.000 pesos a la cuenta de una tercera persona.

Tras el asalto, se dieron a la fuga, mientras que la jubilada realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría La Unión. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y fue caratulada como “robo”.

Una jubilada de 87 años fue víctima de un asalto en su casa del barrio San Carlos, en La Plata. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron a la vivienda, la amenazaron y la redujeron. Antes de escapar, le robaron el teléfono celular y, desde ese dispositivo, le vaciaron la caja de ahorro.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado en calle 45, entre 140 y 141. Allí, fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda tras forzar una persiana. Según pudo saber este medio, los sospechosos no exhibieron armas durante el robo, pero intimidaron y redujeron a la mujer.

Una vez dentro, recorrieron los ambientes del inmueble y sustrajeron un televisor de 49 pulgadas y un caloventor negro. También se apoderaron del teléfono celular de la jubilada y lo utilizaron para realizar transferencias bancarias por 1.800.000 pesos a la cuenta de una tercera persona.

Tras el asalto, se dieron a la fuga, mientras que la jubilada realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría La Unión. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y fue caratulada como “robo”.

La Superintendencia Región Capital I La Plata, junto con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de la DDI La Plata, llevan a cabo una investigación para identificar y dar con el paradero de los prófugos.

Dos meses atrás, una mujer de 80 años y su nieto fueron víctimas de un violento robo en su casa del Barrio Norte, en La Plata. Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda ubicada en calle 3, entre 35 y 36, ingresando por una ventana. Los asaltantes sorprendieron a la familia mientras dormía, los redujeron a golpes y exigieron dinero y joyas.

Según relató la hija de la jubilada, los ladrones golpearon a su mamá y al joven, a quien tiraron al piso y amenazaron con un arma. Tras revolver el dormitorio principal, los sospechosos huyeron en un auto con dinero, joyas, perfumes, zapatillas y otros objetos de valor.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad de la cuadra, que captaron cómo el vehículo de los asaltantes permanecía esperando para facilitar la huida. La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata y la Policía Científica intervino en la escena. La familia sospecha que los sujetos usaron un inhibidor para anular la alarma del inmueble, ya que el sistema no se activó durante el ingreso.

La localidad bonaerense de Gorina, partido de La Plata, fue escenario de un violento caso de violencia de género, en el que un hombre golpeó y asfixió a su mujer e intentó secuestrar a su hija. El hombre escapó y todavía es buscado por la Policía de la Provincia.

Según medios platenses, todo ocurrió alrededor de las 21 horas del jueves en una vivienda ubicada en la esquina de las calles 135 bis y 482. De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba en su domicilio junto a su hija de tres años y su ex pareja, padre de la menor.

El episodio se desencadenó cuando aprovechó un descuido del hombre, revisó su teléfono celular y descubrió mensajes que evidenciaban una supuesta infidelidad con otra mujer.

Apenas le recriminó por el engaño, la mujer echó de la casa a su pareja sin imaginar que reaccionaría con violencia y que el hallazgo en el teléfono derivaría en una discusión que rápidamente escaló a una agresión física.

“La denunciante no pudo tolerar la situación y lo echó de su casa, pero él enfureció, forcejeó con la víctima y la tiró a la cama de la habitación, dándole trompadas y hasta intentó ahorcarla con sus manos”, dijo una fuente policial citada por el diario El Día.

Según la denuncia, el violento forcejeó con ella, la arrojó sobre la cama de la habitación y le propinó varios golpes de puño, además de intentar ahorcarla con sus propias manos.

Durante el forcejeo, la mujer logró escapar hacia la calle para pedir ayuda, pero el acusado la alcanzó, volvió a golpearla y la arrastró de vuelta a la vivienda.

En ese momento, la niña de tres años quedó en medio del conflicto y por temor a que la menor resultara herida, la madre la soltó y buscó nuevamente resguardarse en la casa de su madre, ubicada a pocas cuadras. Allí, al ver a su cuñado, le pidió que le avisara a la Policía. “Hasta hubo un forcejeo con la nena en el medio de ambos”, precisó la fuente.

Preocupada por la menor, la denunciante le pidió a su hijo de 18 años que fuera hasta la vivienda y retirara a su hermana. Sin embargo, cuando llegó, la niña y el agresor no estaban. El joven caminó algunas cuadras y encontró al agresor con la nena y le exigió que se la entregara.

En un principio, el sospechoso no quiso deponer su actitud y quería llevarse a la menor. Pese a eso, al sonar una alarma vecinal, desistió de su plan, soltó a la menor y se dio a la fuga.

“El hijo de 18 años de esta mujer llegó a la casa y ella le solicitó que buscara a la beba. La encontró con el denunciado, quien caminaba por el barrio. Y si bien se negaba a darle a la criatura, oyó la alarma vecinal y se la dio, pero huyó con la moto del chico”, indicó la fuente al medio platense.

Como consecuencia de la agresión, la mujer presenta golpes en brazos, cuello y otras partes del cuerpo. Según se informó, solicitó una prohibición de acercamiento contra el acusado. Todavía es buscado por la Policía. “Ella tiene dolencias en brazos, cuello y otras partes del cuerpo”, señalaron las fuentes.

Desde ese momento, el cómplice del ladrón abatido permanece internado bajo custodia policial. De esta manera, anticiparon que el individuo será indagado por la fiscal Eugenia Di Lorenzo tras ser formalmente imputado por el delito de “tentativa de robo agravado por el uso de un arma de utilería”.

El expediente judicial fue nutrido con actas del procedimiento policial, testimonios de efectivos y testigos, actuaciones de la Policía Científica, imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), fotografías de la escena, documentación secuestrada y registros de video. Según la Fiscalía, estos elementos fueron considerados para solicitar la detención del imputado.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el delincuente que murió en el lugar de los hechos fue identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando (18). En el caso de su cómplice, indicaron que se trataba de L. P., de 26 años.

Mientras que Mancilla Obando no contaba con pedidos de captura ni medidas judiciales activas, las autoridades confirmaron que el sospechoso tenía varios antecedentes penales en su historial. Además, figuraba un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaidía La Plata.

El episodio ocurrió el miércoles entre las calles 476 y 477 cuando dos personas, a bordo de una motocicleta Honda GLH, intentaron asaltar a un efectivo de la Policía Federal Argentina. Ambos realizaron una maniobra en “U” sobre Camino Centenario y 489 para posicionarse detrás del agente, quien se dirigía a prestar servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con la información recopilada por el medio platense 0221, los asaltantes intimidaron al policía con una réplica de una pistola calibre nueve milímetros. En reacción a esto, el efectivo perdió el control de su moto y cayó al asfalto.

Tras la caída, el agente accionó su pistola reglamentaria Glock calibre .9 milímetros y efectuó varios disparos, por lo que logró alcanzar a los dos sospechosos. Como resultado, uno de los asaltantes murió y el otro resultó herido, por lo que fue trasladado e internado en el Hospital San Roque de Gonnet.

Luego de que el hecho fuera advertido, el personal policial de La Plata se hizo presente. Fue así que le tomaron su testimonio al sargento de 53 años, quien relató que había sido abordado por los motochorros cuando circulaba en su motocicleta Honda Wave rumbo hacia la Capital Federal.

Poco después se dio a conocer un video que fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata. En este se observó cómo los delincuentes le apuntaron con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo.

A raíz de esto, el agente involucrado en el tiroteo fue imputado en una causa caratulada como “homicidio en ocasión de robo”. No obstante, la Fiscalía estimó, en esta etapa inicial, que existen elementos compatibles con la hipótesis de legítima defensa.

Por este motivo, las autoridades permitieron que el agente permanezca en libertad mientras se desarrollan las pericias y otras medidas de prueba. Según la reconstrucción judicial, el uso de una réplica de arma de fuego por parte de los sospechosos y la reacción del agente con su arma reglamentaria son los ejes centrales de la investigación para determinar si se trató de un acto en legítima defensa.

Un choque frontal en la Ruta 36 del partido bonaerense de La Plata dejó un muerto y tres heridos en la madrugada de este viernes. El accidente ocurrió en un tramo recto sin iluminación artificial del kilómetro 45, dentro de la Zona Vial I de La Plata, correspondiente al Distrito Vial Samborondón. La víctima fatal era un policía bonaerense retirado.

El siniestro involucró dos vehículos: un Citroën C4 y un Chevrolet Agile. De acuerdo con la información oficial, el primero de los vehículos circulaba en sentido ascendente cuando, por razones que aún se tratan de establecer, colisionó de frente con el otro coche. La calzada se encontraba reducida a un solo carril en ese punto.

Al volante del Citroën viajaban un hombre identificado como A.V., de 30 años, y su acompañante, una mujer identificada como K.S., de 37 años. Ambos sufrieron lesiones graves y fueron derivados, respectivamente, al Hospital de Romero y al Hospital de Gonnet, en dos ambulancias distintas.

El conductor del Chevrolet Agile era Diego Mariano Dávalos, de 57 años y agente retirado de la Policía Bonaerense. En principio, fue trasladado con lesiones graves al Hospital de Romero.

Luego, a las horas del siniestro, se confirmó el fallecimiento de Dávalos a causa de una insuficiencia cardíaca, lo que transformó la carátula del expediente en “homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la UFI 10 de La Plata.

Entre las pertenencias del conductor fallecido se encontró un arma de fuego, una pistola Mini Bersa serie F94161. El personal del Destacamento Vial realizó el balizamiento de la zona y labró las actuaciones correspondientes.

Un camión se cruzó de carril y chocó contra una camioneta en La Pampa

En un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 4 de La Pampa, ocurrido este jueves, murió un joven de 25 años. La víctima murió en el lugar tras la violenta colisión frontal entre la camioneta Peugeot Partner que conducía y un camión Scania con acoplado, que tuvo lugar cerca de las 6.45 entre los kilómetros 72 y 73 de esa arteria, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Trenel.

Las primeras pericias realizadas en el lugar apuntan a que el camión se habría desplazado fuera de su carril para invadir la mano contraria, lo que desencadenó el impacto frontal-lateral con el utilitario, de acuerdo con la información difundida por Diario de La Pampa.

La Peugeot Partner avanzaba de oeste a este con destino a General Pico —localidad pampeana de la que era oriunda la víctima—, mientras que el Scania lo hacía en sentido opuesto, con rumbo a Trenel. La magnitud del choque no le dio al conductor del vehículo menor ninguna posibilidad de sobrevivir. El chofer del camión, por su parte, no presentó heridas, y no se registraron otros involucrados en el siniestro.

Fuentes de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa confirmaron a La Arena que la víctima fue identificada como Facundo Paz Orellana, de 25 años. Las mismas fuentes precisaron que las causas exactas del accidente aún no están esclarecidas y permanecen bajo investigación judicial.

En el lugar del hecho se desplegó un operativo que contó con la presencia de efectivos de la Comisaría de Trenel, quienes preservaron la escena, establecieron desvíos de tránsito y llevaron adelante las primeras actuaciones. Fue la misma dependencia policial la que tomó contacto inicial con los fiscales intervinientes para poner en marcha el proceso de investigación formal.

Los especialistas de la División Criminalística ejecutaron los peritajes técnicos necesarios para reconstruir la mecánica del siniestro con precisión. La coordinación judicial del caso quedó en manos de los fiscales Juan Pellegrino y Marcos Sosa, según precisaron las fuentes consultadas por El Diario de La Pampa.

Una mujer de 50 años ingresó a una vivienda en la localidad de City Bell, partido de La Plata con intención de usurparlo. Sin embargo, al ingresar se llevó una sorpresa: descubrió un cadáver en avanzado estado de descomposición. El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en las calles 473 bis y 14B, en una zona residencial. La escena motivó una rápida intervención policial y la situación sacudió al barrio.

Cuando la mujer, identificada como María de los Ángeles Vidal noto la fachada de la casa que presentaba signos evidentes de abandono, forzó la puerta principal. Convencida de que la casa estaba deshabitada y sin imaginar la escena que encontraría, accedió al interior.

Dentro de una de las habitaciones, halló el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Quintanilla, un jubilado de 76 años, quien había fallecido hacía varios meses. El estado de putrefacción era tal que los huesos estaban expuestos. Según el relato de la mujer, yacía en posición fetal junto a una cama en una de las habitaciones.

Tras el fatal hallazgo, se realizó una denuncia en la Comisaría Décima y el personal policial preservó de inmediato la escena. Los efectivos identificaron a la víctima de 76 años gracias a una factura de servicios hallada en las inmediaciones. Además, al entrevistar a los vecinos de la cuadra, detallaron que la propiedad venía mostrando signos de abandono progresivo y desconocían el paradero del propietario desde hacía tiempo.

De acuerdo con el testimonio de vecinos recogido por El Día, Quintanilla residía solo y no tenía familiares cercanos. También afirmaron que no lo veían desde hacía aproximadamente seis meses. Por su parte, la denunciante también aclaró que no tiene ningún vinculo familiar con el hombre y que la única razón por la que ingresó al inmueble es porque creía que no había nadie.

El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 17, que abrió un expediente caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Peritos de la Policía Científica trabajaron en el domicilio para recolectar evidencia y realizar las primeras pericias.

En este marco, los expertos constataron que no existían otros accesos violentados ni signos de ingreso forzado adicionales, lo que reforzó la hipótesis de una muerte ocurrida por causas naturales o accidentales, sin intervención de terceros. De igual forma, el cuerpo de Jorge Alberto Quintanilla fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia y el esclarecimiento de las circunstancias y la data exacta del fallecimiento.

Hace una semana, la Policía de Córdoba encontró un cuerpo en una zona descapamada de La Falda, provincia de Córdoba. Ahora, al Justicia intenta esclarecer si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos el 1 de julio en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

La investigación se inició el 13 de marzo pasado tras una denuncia anónima recibida a través del sistema de emergencias 911. Según informaron fuentes policiales a Infobae, la alerta advertía que varias personas que ejercían la prostitución en la denominada Zona Roja de La Plata también se dedicaban a la comercialización de estupefacientes. A partir de esa denuncia, la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas La Plata desplegó tareas de inteligencia encubierta, observaciones estáticas y móviles, seguimientos y diligencias con compradores previamente identificados.

La investigación permitió confirmar la existencia de una organización dedicada al narcomenudeo, liderada por Juana De La Cruz Mori (39), de nacionalidad peruana. Junto a ella operaban Romina Tanata Cumapa (37) y Luciana Carolina Leyes (39), ambas transgénero, de nacionalidad peruana y ecuatoriana respectivamente, quienes cumplían funciones de vendedoras.

Fuentes del caso señalaron que la verdadera identidad de Leyes, a quien se la conocía como “Dominic”, fue establecida mediante tareas de inteligencia en redes sociales. Por otro lado, el proveedor de la droga fue identificado como Junior Gómez Pérez (32), ciudadano paraguayo.

La banda funcionaba desde distintos domicilios ubicados en las localidades de Berisso y La Plata. Como punto de venta utilizaban la intersección de las calles 4 y 64, en la mencionada Zona Roja. Para evitar la detección policial, las vendedoras rotaban y otras personas que ejercían el trabajo sexual en el lugar actuaban como intermediarias entre los compradores y quienes concretaban la entrega de la droga. Estas intermediarias recibían el dinero y luego lo entregaban a la vendedora, que finalmente realizaba la transacción, con el objetivo de encubrir la actividad ilícita bajo la apariencia del ejercicio del trabajo sexual.

Con los elementos probatorios reunidos, la Unidad Funcional de Instrucción N° 18, a cargo del Dr. Hugo Tesón, solicitó al Juzgado de Garantías N° 1, encabezado por el Dr. Federico Guillermo Atencio, las órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron el 6 de julio de forma simultánea en cuatro domicilios: uno en la Zona Roja de La Plata, uno en Villa Elvira y dos en Berisso.

Durante los operativos se secuestraron 2.152 gramos de cocaína distribuidos en dos lotes con la marca del delfín y 299 envoltorios, 13,3 gramos de marihuana, una pistola Glock calibre 9 mm con dos cargadores y 18 municiones, 473.890 pesos, ocho teléfonos celulares, una balanza de precisión, sustancia de corte y recortes de nylon.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos Gómez Pérez, Cumapa y Leyes, quienes quedaron a disposición de la Justicia imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley 23.737. En tanto, De La Cruz Mori fue notificada de la formación de la causa, pero recuperó la libertad por disposición judicial tras cumplir los recaudos legales.

Los antecedentes de los detenidos

Fuentes del caso confirmaron que Gómez Pérez registra una causa por encubrimiento y robo, tramitada en la UFIJ N° 11 de La Plata, iniciada el 21 de junio de 2024.

Por su parte, Cumapa presenta un extenso historial judicial. El 11 de septiembre de 2025 se le concedió la libertad bajo monitoreo electrónico por disposición del Tribunal Criminal N° 3 de La Plata. El 28 de mayo de 2024 había recuperado la libertad tras permanecer alojada en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Además, el 24 de enero de ese mismo año fue imputada en una causa por infracción a la Ley 23.737 en la UFI N° 18 de La Plata.

El 20 de enero de 2023 se la vinculó a una causa por violencia familiar en el Juzgado de Paz de Ensenada. En años anteriores registró varias causas por infracción a la Ley 23.737: el 3 de septiembre de 2019, el 26 de abril y el 30 de marzo de 2017, todas en el Fuero Penal de La Plata, y el 18 de abril de 2016 en la UFIJ N° 11 de La Plata. El 20 de noviembre de 2015, recuperó la libertad en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela.

Por su parte, Leyes también cuenta con antecedentes por infracción a la Ley 23.737. El 25 de agosto de 2021 fue imputada ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata. El 30 de octubre de 2017 recuperó la libertad en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela, con intervención del mismo juzgado. El 29 de abril de 2016 figuró en otra causa por infracción a la Ley 23.737 en la UFIJ N° 3 de La Plata y el 17 de junio de 2015 se la vinculó en otra causa por el mismo delito, instruida por la DDI La Plata.

El primero ocurrió el martes en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, donde Rodolfo Samuel Camaratta, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), abatió a dos ladrones que habían asaltado a una familia, aunque en el medio del enfrentamiento recibió tres balazos; uno de ellos en la cara.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho hacia las 17.30, en la calle Santa Teresa de Jesús al 2600, esquina San Luis. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes accedieron por la medianera y le apuntaron en la cabeza al hijo de un matrimonio, de dos años.

Los ladrones intentaron darse a la fuga en una camioneta Honda perteneciente a la familia, en la que habían cargado joyas, celulares, mochilas y una consola de videojuegos. Sin embargo, no lograron escapar rápidamente como pretendían porque desconocían el funcionamiento de la caja automática del vehículo. Un vecino, alertado por la situación, le avisó a Camaratta, quien intervino para detenerlos.

Durante el enfrentamiento, los asaltantes —armados con una pistola Glock calibre 40 y un revólver calibre 32 largo— se enfrentaron con Camaratta, quien utilizó su arma reglamentaria.

El policía logró herir a ambos ladrones, que fallecieron en la calle, pero recibió tres impactos de bala: uno ingresó por el pómulo y salió por el paladar, otro alcanzó el antebrazo izquierdo y el tercero perforó el pecho y comprometió un pulmón.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado, y luego derivado, unas tres horas después, al Hospital Churruca, debido a la gravedad de su situación. Su estado es reservado. La investigación, a cargo de Martín Borgnia, de la Fiscalía N°4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Motochorro abatido en La Plata

El miércoles, un agente de la Policía Federal Argentina se defendió a los tiros de un intento de robo por parte de motochorros y mató a uno de los dos delincuentes que lo asaltaron. Su cómplice resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM)de la ciudad, que captaron el momento en el que el sargento de 53 años fue abordado por una dupla de ladrones en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell.

En el lugar intervino personal policial de La Plata, que se hizo presente tras ser advertido del hecho. En ese contexto le tomaron declaración al agente, quien relató que mientras circulaba a bordo de su motocicleta Honda Wave fue interceptado por dos motochorros que se trasladaban en una moto Honda GLH.

En el video se observa el momento en el que los delincuentes le apuntan con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo.

Fuentes policiales le detallaron a Infobae que producto de los disparos uno de los delincuentes, identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando(18), domiciliado en La Plata, falleció en el lugar. El segundo, Luciano Pereira (26), también vecino de la ciudad,resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial al hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, con intervención de la fiscal Di Lorenzo, quien dispuso la preservación del lugar y las medidas de rigor. En la escena se incautaron dos pistolas:una Glock 9 mm, utilizada por el agente, y una réplica de pistola calibre 9 mm hallada entre la moto de los sospechosos y el cuerpo del fallecido. También fueron secuestradas dos motocicletas, una Honda GLH y la Honda Wave de la víctima.

Mancilla Obando no tenía pedido de captura ni medidas judiciales activas al momento del hecho. Pereira, en cambio, cuenta con varios antecedentes penales. Entre las causas más recientes, figura un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaldía La Plata.

Violento episodio en Gerli

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató también este miércoles a un motochorro que lo asaltó a punta de pistola junto a un cómplice, cuando regresaba a su domicilio en la localidad Gerli.

Según pudo saber Infobae, habían ido a retirar dinero a una entidad cambiaria. El ex agente se resistió al ataque desde un primer momento, lo que posteriormente derivó en un forcejeo en el que también intervino la mujer. La violencia comenzó a escalar dado que las víctimas se negaban a entregar sus pertenencias.

Esta resistencia perduró hasta que el delincuente empujó a la mujer al piso y posteriormente hizo lo mismo con el hombre.

El ex integrante del cuerpo de la PFA logró extraer de su bolso una pistola Bersa Thunder calibre 22 y disparó contra uno de los atacantes en varias ocasiones, quien cayó en la vía pública. El otro hombre huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades.

Posteriormente, personal de la Comisaría 6ª de Avellaneda y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) se presentó en la intersección de las calles Casacuberta y Córdoba, donde encontró al agresor muerto boca abajo sobre el asfalto. A escasos centímetros del cuerpo hallaron una réplica metálica de arma de fuego símil 9 mm, el elemento con el que los atacantes habrían amenazado a su víctima.

La fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°1 de Avellaneda, Josefina Sadauskas, tomó intervención en el caso y ordenó el resguardo de la zona, intervención de peritos y la llegada de la comisión judicial al lugar del hecho. El ex policía prestó declaración ante las autoridades y relató la secuencia del ataque.

Una mujer se presentó en la dependencia policial tras tomar conocimiento por un familiar de que su primo había muerto en Avellaneda. A través de su testimonio, las autoridades pudieron identificar al fallecido como C. R. C., con domicilio en el barrio porteño de Pompeya. La causa quedó en manos de la fiscalía interviniente, que aguarda los resultados periciales para avanzar en la investigación.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó grabado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad, que captaron el momento en el que el sargento de 53 años fue abordado por una dupla de ladrones en Camino Centenario entre 476 y 477, en City Bell.

En el lugar intervino personal policial de La Plata, que se hizo presente en el lugar tras ser advertido del hecho. En ese contexto le tomaron declaración al agente, quien relató que mientras circulaba a bordo de su motocicleta Honda Wave fue interceptado por dos motochorros que se trasladaban en una moto Honda GLH.

En el video que encabeza esta nota se observa el momento en el que los delincuentes le apuntan con un arma de fuego para robarle. Tras un forcejeo, el policía perdió el control del rodado y cayó al suelo. Inmediatamente, se identificó como personal policial y disparó contra ellos a fin de evitar el robo.

Fuentes policiales le detallaron a Infobae que producto de los disparos uno de los delincuentes, identificado como Axel Maximiliano Mancilla Obando (18), domiciliado en La Plata, falleció en el lugar. El segundo, Luciano Pereira (26), también vecino de la ciudad, resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial al hospital San Roque de Gonnet, donde permanece internado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°17, con intervención de la fiscal Di Lorenzo, quien dispuso la preservación del lugar y las medidas de rigor. En la escena se incautaron dos pistolas: una Glock 9 mm, utilizada por el agente, y una réplica de pistola calibre 9 mm hallada entre la moto de los sospechosos y el cuerpo del fallecido. También fueron secuestradas dos motocicletas, una Honda GLH y la Honda Wave de la víctima.

Según pudo saber este medio, Mancilla Obando no tenía pedido de captura ni medidas judiciales activas al momento del hecho. Pereira, en cambio, cuenta con varios antecedentes penales. Entre las causas más recientes, figura un expediente de libertad tramitado el 10 de abril de 2026 en la Alcaldía La Plata.

El 29 de enero de 2026, fue imputado por el delito de desobediencia conforme al artículo 239 del Código Penal, en una causa radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°11 del fuero penal platense. En diciembre de 2024, se le abrió un expediente por encubrimiento (artículo 277, inciso 1°), que quedó a cargo de la UFIJ N°8 de La Plata. Ese mismo año, el 24 de enero, también fue imputado por desobediencia en la UFIJ N°17 de la misma jurisdicción.

Además, cuenta con otros dos antecedentes por encubrimiento: uno iniciado el 9 de noviembre de 2021 en el Juzgado Correccional N°3 y otro el 2 de agosto de ese mismo año, tramitado en la UFIJ N°5, ambos del Departamento Judicial La Plata. A su vez, tiene una medida de restricción perimetral por lesiones leves, vigente desde julio de 2025, dispuesta por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°6 de La Plata.

Una adolescente de 15 años atravesó una experiencia de extrema tensión el sábado pasado en Lisandro Olmos, La Plata, al quedar completamente sola frente a tres delincuentes que ingresaron a su vivienda utilizando una llave presuntamente sustraída de un vehículo familiar.

El episodio tuvo lugar cerca de las 19, en una casa situada en la calle 44 entre 171 y 171 bis, mientras la madre de la joven y su pareja se encontraban realizando compras, de acuerdo a lo informado por el portal 0221.

La víctima, que se encontraba sola en el domicilio, fue sorprendida por los asaltantes, quienes ingresaron encapuchados y sin forzar la puerta de acceso. Apenas entraron, ordenaron a la adolescente mantener la cabeza agachada y permanecer en una habitación, mientras uno de los ladrones la amenazaba de manera constante.

Durante aproximadamente 20 minutos, dos de los intrusos recorrieron cada ambiente de la vivienda, revisando cajones, placares y distintos muebles en busca de dinero, cajas fuertes u otros objetos de valor. El tercer delincuente se mantuvo junto a la joven en todo momento, impidiéndole cualquier intento de huida o de pedir ayuda. Incluso, según el relato de la víctima, le retiró el teléfono celular durante parte del asalto, aunque se mantuvo en comunicación permanente con sus cómplices mediante llamadas telefónicas para coordinar el robo.

Las autoridades informaron que los asaltantes no ejercieron violencia física sobre la puerta, lo que refuerza la hipótesis de que la llave utilizada fue sustraída previamente. Los investigadores analizan cómo fue posible acceder a la vivienda sin generar ruidos ni señales de alarma y consideran relevante el hecho de que la familia notó la ausencia de la llave tras el asalto. La principal línea de investigación apunta a que los delincuentes conocían detalles de los movimientos de la casa y que el robo fue planeado con antelación.

Los ladrones estuvieron alrededor de 20 minutos dentro de la vivienda. Se llevaron dos cadenas de oro, dos alianzas, aproximadamente 300 dólares, una billetera y documentación personal de la familia.

Al irse, entregaron el celular a la adolescente, quien de inmediato llamó a su madre para alertarla sobre lo sucedido. La familia regresó rápidamente y, al comprobar el estado de la casa —especialmente el dormitorio principal, que fue hallado completamente revuelto—, tomaron la decisión de cambiar todas las cerraduras antes de dar aviso a la Policía Bonaerense.

Además, se formalizó la denuncia ante la Policía Bonaerense, que tomó intervención inmediata y levantó pruebas en el lugar.

La familia afectada se encuentra a la espera de avances en la investigación y ha solicitado colaboración a los vecinos para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Las autoridades insisten en la importancia de extremar precauciones de seguridad y no dejar objetos de valor ni llaves a la vista en vehículos o espacios comunes.

El hecho generó preocupación en el barrio de Lisandro Olmos, donde los vecinos expresaron temor ante la posibilidad de que existan bandas organizadas con acceso a información sobre los domicilios y sus rutinas. Según se informó, la investigación se centra en determinar el modo en que los delincuentes obtuvieron la llave y si contaban con datos previos sobre la familia y su vivienda.

Delincuentes ingresaron a robar a la parroquia San Mateo, en la localidad platense de Ringuelet, y escaparon con dinero en efectivo correspondiente a las donaciones de los fieles y una notebook. De acuerdo con lo denunciado por el sacerdote Diego José Bacigalupe, los ladrones aprovecharon que el templo estaba vacío para cometer el hurto.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo 5 de julio en la parroquia ubicada sobre la Avenida 32, entre las calles 29 y 30. Bacigalupe, de 45 años, había salido del lugar y, al regresar pasada la medianoche, encontró violentada la reja de una ventana ubicada en el frente del edificio.

De acuerdo con la denuncia, al ingresar, el sacerdote advirtió el faltante de dinero en efectivo perteneciente a las donaciones y de una notebook Acer Swift 5 de color azul. Además, observó que la planta alta del templo estaba completamente desordenada, por lo que se solicitó la intervención de la Policía.

El parte policial no precisa el monto del dinero robado y señala que la suma quedó “a establecer”. Sin embargo, según informó 0221, los delincuentes escaparon con USD 1.500, $4 millones en efectivo y la notebook, lo que convirtió al hecho en un robo millonario.

De acuerdo con el medio platense, el sacerdote había salido el sábado alrededor de las 20.30 para participar de una conferencia del Círculo San Esteban, en Villa Elisa. Al regresar, cerca de las 0.30, observó que una reja del frente había sido forzada, por lo que llamó al 911.

Una vez que llegó el personal policial y comprobó que no había intrusos dentro del edificio, Bacigalupe recorrió las instalaciones junto a los efectivos. En la planta baja, donde funciona la casa parroquial, encontraron muebles abiertos y distintos ambientes completamente revueltos. En la habitación del sacerdote, ubicada en la planta alta, también había un importante desorden, aunque en ese momento no se pudo determinar si faltaban otros objetos.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de La Plata y fue caratulada como robo en ausencia. Mientras tanto, los investigadores trabajan sobre las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para intentar reconstruir el recorrido de los delincuentes, determinar cuánto tiempo permanecieron dentro de la parroquia y establecer si escaparon en algún vehículo.

Un robo ocurrido en la ciudad de La Plata dejó a una familia con gran angustia y una sensación de vulnerabilidad que se extiende entre los vecinos del barrio Meridiano V. Los delincuentes ingresaron a la vivienda y se llevaron desde electrodomésticos hasta el álbum del Mundial 2026.

Un hombre de 67 años denunció que el robo ocurriódurante la tarde del sábado en una casa ubicada sobre la calle 71 entre 14 y 15. Según fuentes policiales, el propietario salió cerca del mediodía junto a su hijo de 13 años para realizar actividades fuera del hogar. Más tarde, regresó acompañado por su hija de 10. En ese momento, encontró la puerta de ingreso abierta y la cerradura violentada, una imagen que anticipó lo que confirmaría minutos después: había sido víctima de un robo.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, al ingresar a la vivienda, el hombre constató que los delincuentes habían aprovechado la ausencia familiar para recorrer cada ambiente y seleccionar los objetos que se llevarían. Entre los bienes sustraídos figuran una notebook, una PlayStation 4, una mochila y el mencionado álbum de figuritas, completado recientemente y de alto valor afectivo para la familia.

La modalidad delictiva conocida como “escruche” —que consiste en ingresar a viviendas mientras sus ocupantes están fuera— fue la utilizada en este caso.

La denuncia fue radicada de inmediato ante la Policía Bonaerense, que intervino en el domicilio para realizar las primeras pericias y relevar huellas. El propietario aportó imágenes de cámaras de seguridad de la zona, que ya están en poder de los investigadores y forman parte central del intento por identificar a los responsables.La

Por el momento, no se reportaron detenciones ni se identificó a los autores materiales del hecho. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno, que ordenó profundizar la investigación y mantener la vigilancia en la zona para prevenir nuevos episodios similares. El damnificado colabora activamente con las autoridades, aportando información y revisando las grabaciones que pudieran haber captado a los responsables.

A mediados del mes pasado, la preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en el Barrio Aeropuerto también de la ciudad de La Plata tras un nuevo hecho delictivo que afectó a una familia de la zona. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle 609 bis entre 5 y 5 bis.

Al regresar a su domicilio, la víctima advirtió que la puerta lateral había sido forzada y reflejó el impacto inmediato que provocó el episodio en la familia, sumado a la sensación de vulnerabilidad que describen quienes residen en el área.

La denuncia fue presentada poco después del hallazgo en un destacamento de la zona. La víctima recurrió, además, a las cámaras de seguridad de un vecino para intentar identificar a los responsables. Las imágenes muestran a los ladrones trepando e ingresando a la propiedad por uno de los laterales, lo que permitió reconstruir parcialmente la secuencia del robo.

El Barrio Aeropuerto se caracteriza por el sentido de comunidad entre sus habitantes, quienes conformaron un grupo para alertarse ante situaciones sospechosas y coordinar reclamos.

La víctima del robo expresó el temor que se vive en la cuadra y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos todos los vecinos en estado de alerta”, insistió, y subrayó el impacto que generan estos episodios en la vida cotidiana de la comunidad.

El episodio ocurrió en pleno centro de la capital bonaerense, en la calle 46 entre 10 y 11, frente al local Amaro Macarons Boutique y cerca del Cinema Paradiso. Según se puede observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el impacto fue tan fuerte que el Ford K arrastró una moto estacionada y derribó elementos de la estructura que protegía las mesas del comercio. Instantes antes del siniestro, varias personas trabajaban o transitaban por la zona, lo que incrementó el riesgo de lesiones graves. La secuencia muestra cómo el Audi colisiona, genera el caos y luego se retira rápidamente del lugar.

La propietaria del auto dañado, identificada como Carmela, expresó su indignación por la actitud del conductor y solicitó colaboración vecinal para localizarlo. “Necesitamos la ayuda de todos para localizar a este irresponsable que destruyó el medio de transporte de dos laburantes y huyó impunemente”, publicó el comercio afectado en sus redes sociales. El mensaje incluyó un pedido específico para recolectar imágenes de cámaras de seguridad y cualquier información que pueda aportar a la investigación.

En las horas posteriores al hecho, el comercio difundió imágenes de un nuevo video en el que se observa que el Audi fue remolcado por una camioneta Volkswagen Amarok. El local aseguró que existen imágenes que documentan el recorrido del vehículo tras el choque y reiteró el pedido para que el responsable se presente ante las autoridades. “Lo remolcó una Amarok. Está todo filmado. Presentate y facilitá las cosas para todos”, reclamó el comercio a través de una publicación en Instagram.

Hasta el momento, no se identificó la patente del Audi ni el paradero del conductor, mientras la policía continúa con la búsqueda y la recolección de pruebas. El comercio agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de compartir información para avanzar en la investigación.

Choque fatal en La Plata

No fue el único siniestro que tuvo la ciudad bonaerense. Este mismo sábado se registró una colisión frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes-Benz que provocó la muerte de una mujer y lesiones en una menor en la localidad platense de Abasto. La víctima, identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años y nacionalidad boliviana, viajaba como acompañante en la camioneta y falleció en el lugar del accidente.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de las calles 203 y 526, donde el impacto fue de tal magnitud que el conductor de la Renault Oroch, un hombre de 38 años, quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado por el cuerpo de Bomberos de Abasto. El hombre fue posteriormente atendido por personal médico y trasladado para recibir asistencia. También viajaba en la camioneta una adolescente de 14 años que sufrió lesiones en las piernas y fue asistida por los servicios de emergencia en el lugar.

El conductor del camión, identificado como un hombre de 30 años, resultó ileso. Las causas del choque aún no fueron determinadas, y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata ordenó peritajes para establecer la mecánica del accidente. El caso quedó caratulado como homicidio culposo y permanece bajo investigación.

Una mujer murió este sábado tras un choque frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes-Benz en la localidad de Abasto, partido de La Plata. La víctima fue identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años y nacionalidad boliviana, quien viajaba como acompañante en la camioneta. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles 203 y 526 y la causa quedó caratulada como homicidio culposo.

De acuerdo con la información de medios platenses, el impacto entre ambos vehículos se produjo de frente. Padilla Reinaldes, que ocupaba el asiento del acompañante, murió en el lugar.

El conductor de la Renault Oroch, un hombre de 38 años, quedó atrapado entre los hierros del vehículo y debió ser rescatado por una dotación de Bomberos de Abasto. Tras ser liberado de los restos del rodado, fue asistido por personal médico y trasladado para recibir atención.

Entre los ocupantes de la camioneta también viajaba una adolescente de 14 años que sufrió lesiones en las piernas. Los servicios de emergencia la atendieron en el lugar.

El conductor del camión, un hombre de 30 años, resultó ileso. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas. Fuentes policiales señalaron que se intentan establecer las circunstancias exactas que derivaron en el choque.

En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de Bomberos de Abasto y una ambulancia de Defensa Civil.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, que ordenó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

Un camión perdió el control, cayó 300 metros por un acantilado y el conductor murió en Neuquén

El cuerpo de un camionero quedó tendido a unos 100 metros del lugar donde terminó su vehículo tras caer 300 metros por un acantilado en el paraje de La Rinconada, sobre la Ruta 40, en la cordillera neuquina. El conductor perdió el control del camión con acoplado y murió como consecuencia del impacto.

El siniestro desencadenó un amplio operativo que mantuvo cortada la calzada hasta su posterior habilitación. Además, ocurrió en condiciones adversas por el clima de la zona. Según reportó LM Neuquén, el hecho tuvo lugar el miércoles pasado por la tarde en medio de condiciones climáticas extremas: nieve, hielo en la calzada, bajas temperaturas y viento blanco afectaban gran parte del territorio provincial.

El escenario previo al accidente era de máxima alerta: el Gobierno provincial había emitido advertencias meteorológicas y preparaba cierres preventivos de rutas para esa misma tarde, ante el avance de una masa de aire de origen antártico que amenazaba con deteriorar las condiciones en los principales corredores cordilleranos.

Cerca de las 16, el camión con acoplado que se desplazaba hacia Junín de los Andes cruzó el guardarraíl mientras subía la cuesta y se precipitó unos 300 metros por la pendiente, de acuerdo con lo consignado por Info Los Andes. La violencia de la caída expulsó al conductor del habitáculo, y su cuerpo quedó a unos 100 metros antes del punto donde se detuvo el rodado.

En el lugar actuaron efectivos de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios, que se encargaron de las tareas de asistencia, rescate y peritaje para determinar la mecánica exacta del hecho. Las autoridades instaron a los conductores que transitaran por el sector a extremar las precauciones, dadas las bajas temperaturas y el hielo en la calzada. La portación de cadenas era obligatoria en casi toda la provincia al momento del siniestro.

De manera simultánea al operativo desplegado tras el accidente, el Gobierno provincial dispuso el cierre preventivo de distintos tramos de rutas nacionales y provinciales.

El episodio ocurrió el pasado 26 de junio, luego de que la administración platense decidiera licitar de manera pública los servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido en todo el partido, por lo que dejará de contratar cooperativas de forma directa.

En ese contexto, se produjeron enfrentamientos con quema de neumáticos, fuego y piedrazos, que derivaron en la detención de 19 personas.

Ahora, el Centro de Operaciones Municipal (COM) de la ciudad difundió las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, que serán incorporadas como prueba en la denuncia penal presentada por las autoridades tras los hechos.

El video, que encabeza esta nota, comienza con el corte total de la calle 12, entre 51 y 53. En las imágenes se observa cómo los manifestantes trasladan neumáticos hasta el acceso del Palacio Municipal, mientras un número cada vez mayor de personas comienza a concentrarse frente al edificio.

La secuencia continúa con registros de las cámaras ubicadas en el interior del Palacio Municipal. Allí se ve el momento en que los cooperativistas ingresan a las instalaciones y comienzan a forcejear con los efectivos policiales, que se ven desbordados por la cantidad de manifestantes.

A lo largo del video, de poco más de un minuto y veinte segundos, también pueden observarse los momentos en que se inicia el fuego y la rotura de los vidrios del acceso principal del edificio.

Los incidentes

La manifestación comenzó antes de las 10 de la mañana del pasado 26 de junio frente al edificio municipal. Allí, se congregó un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak.

La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.

Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.

Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.

Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.

Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.

La abogada Vanessa Rial, quien se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género en La Plata, murió a los 50 años luego de permanecer varios días internada por una neumonía bilateral en un centro de salud de esa ciudad.

Rial alcanzó notoriedad en 2016, cuando logró una condena ejemplar de 37 años de prisión contra Jorge Martínez Poch, el hombre que la secuestró durante dos meses y la sometió a torturas, abusos sexuales y humillaciones extremas.

Después del juicio, dedicó su vida a acompañar a otras mujeres víctimas de violencia de género, convirtiéndose en una referente.

Según precisaron medios platenses, la abogada permanecía internada desde el 25 de junio pasado. Su cuadro, provocado por una neumonía bilateral, se agravó tras sufrir un accidente cerebrovascular. La muerte ocurrió el miércoles de esta semana, aunque la noticia se conoció recién el jueves y generó un profundo pesar entre sus familiares, allegados y organizaciones sociales.

El caso

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó una condena ejemplar contra Poch. Ese día, los jueces Juan José Ruiz, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena impusieron una pena de 37 años de prisión al acusado, encontrándolo culpable de abusar de sus dos hijas cuando eran menores de edad, además de secuestrar, golpear y violar a Rial.

En ese entonces, el juez Ruiz explicó que el Tribunal tenía la intención de aplicar una condena aún mayor, pero no era posible por las limitaciones legales. La fiscal María Florencia Budiño había solicitado una pena de 40 años para Martínez Poch, basándose en la gravedad y la comprobación de los hechos.

Respecto al caso de Rial, el tribunal determinó que Martínez Poch fue responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido mediante violencia y amenazas, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, calificado por el grave daño a la salud mental de la víctima y por la participación de dos o más personas. La extensión y las circunstancias de los hechos configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

También se lo halló culpable de corrupción de menores agravada, cometida mediante violencia, amenaza, intimidación y por tratarse de sus propias hijas.

Torturas y humillaciones sexuales

A lo largo del juicio, Vanessa expuso los detalles del calvario que atravesó. Conoció a Poch en 2013, cuando un amigo los presentó en un bar. En ese momento, el disc jockey se identificó como un ingeniero graduado en Estados Unidos, viudo y padre de dos hijas adultas, con quienes afirmaba mantener una “excelente relación”.

“Me pareció encantador, seductor, era haber encontrado al Príncipe Azul, pero al tercer día de la relación me dio la primera paliza y me mostró toda su maldad”, relató ante el tribunal.

Vanessa indicó que Poch la obligaba a tener relaciones sexuales con sus amigos y a realizar prácticas sexuales aberrantes con una perra. Solo logró escapar una vez, aunque finalmente el agresor la localizó en Cañuelas.

Bajo la amenaza de que mataría a su madre, Rial regresó con Martínez Poch. Él volvió a encerrarla en su departamento, la sedó y la golpeó. La policía la rescató el 23 de septiembre de 2013, luego de que Eduardo Rial, el padre de la joven, denunciara su desaparición.

La víctima debió describir ante los jueces los tormentos sufridos para que comprendieran la magnitud de su experiencia. En una ocasión, Martínez Poch le arrancó las uñas de los dedos gordos de ambos pies con unas tenazas y la obligaba a beber su orina con frecuencia.

“Yo quería escapar, siempre quise escapar pero no tenía voluntad debido al alcohol y las pastillas que me obligaba a tomar”, explicó Vanessa en su testimonio.

En cuanto a las hijas, ambas declararon durante el juicio que fueron sometidas a continuas violaciones. Sus relatos estuvieron marcados por detalles de una “larga pesadilla que duró desde que las niñas tenían entre 7 y 8 hasta que cumplieron 15 y 16”.

La vida después de la condena

Según reconstruyó el medio 0221, Rial formó parte del equipo de la Municipalidad de La Plata encargado de asistir a víctimas de violencia de género durante la gestión del exintendente Julio Garro.

En el último tiempo, enfrentaba serios problemas económicos y había recurrido a distintos paradores y pensiones de la ciudad. Tras su muerte, su madre quedó en situación de calle y hoy recibe ayuda de una empleada judicial de La Plata, que la alojó de manera provisoria en su casa.

Dos jubiladas de La Plata fueron víctimas de una estafa, en la que terminaron con sus cuentas bancarias vacias.

Los delincuentes utiizaron fotografías de perfil de familiares cercanos y lograron así convencerlas de realizar varias transferencias, bajo la excusa de una urgencia financiera, antes de que pudieran advertir el engaño.

En el primero de los hechos, una mujer de La Plata recibió un mensaje desde un número desconocido. El remitente, que utilizaba la imagen de perfil de su hijo, le explicó que había tenido un problema con su teléfono y por eso estaba contactándola desde otra línea. Convencida de que realmente se trataba de su hijo, la jubilada no sospechó cuando le solicitó ayuda para realizar tres transferencias bancarias, argumentando que no podía acceder a sus propias cuentas desde el nuevo dispositivo.

El engaño se mantuvo durante toda la conversación, y la víctima accedió a cada uno de los pedidos. Solo cuando comenzó a notar algunas inconsistencias en los mensajes, la mujer intentó comunicarse por otros medios con su hijo, quien se encontraba en Francia. La confirmación fue inmediata: él nunca le había solicitado dinero ni había cambiado de número de teléfono. Tras darse cuenta del fraude, la jubilada radicó la denuncia en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el caso se repitió con otra jubilada de la ciudad. Esta vez, la víctima recibió un mensaje desde un número que tenía la fotografía de perfil de su cuñada. La persona que la contactó le aseguró necesitar dinero con urgencia debido a supuestos problemas en el banco y solicitó dos transferencias a cuentas indicadas. La mujer, sin sospechar que la cuenta de mensajería, había sido vulnerada o clonada, accedió a la petición.

La maniobra fue descubierta solo cuando la verdadera cuñada logró avisar al esposo de la víctima que le habían hackeado la aplicación y que ella no había pedido ningún tipo de ayuda financiera.

Ambos hechos están siendo investigados por la Justicia, que intenta identificar a los titulares de las cuentas bancarias receptoras del dinero transferido por las jubiladas.

En los últimos meses, se ha registrado un incremento en las consultas y denuncias por estafas virtuales en la zona. Las autoridades consideran fundamental que la población esté alerta y actúe con cautela ante cualquier pedido inusual de dinero recibido por canales digitales.

De hecho, hace tan solo unas semanas, otro jubilado fue víctima de una estafa virtual, en la que no solo hicieron transferencias desde su cuenta bancaria, sino que también sacaron un préstamo a su nombre.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

Según informaron medios locales, las llamas habrían tenido su origen en un cortocircuito, aunque las causas siguen bajo investigación de las autoridades.

La víctima fatal, identificada como Vanesa Fernández, quedó atrapada en la casa ubicada en 141 y 69 de la mencionada localidad bonaerense. Junto a ella estaba su pareja, un joven de 26 años que logró salir de la vivienda antes de que el fuego la consumiera por completo.

Tal como declararon varios testigos que se acercaron a colaborar, las llamas se desplegaron rápidamente y tan solo hubo tiempo para rescatar a los menores, quienes fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata en el auto de su padrastro, debido a la gravedad del hecho y la demora de la ambulancia en llegar al lugar.

Fuentes oficiales le informaron al medio local 0221 que los cuatro chicos permanecen internados, en observación y con pronóstico reservado, debido a las heridas sufridas durante el incendio.

Una vecina le indicó al medio local El Día que en la noche del miércoles hubo una baja de tensión eléctrica y explotó un transformador a la vuelta de la vivienda siniestrada.

Allegados y vecinos se están organizando para juntar colaboraciones de distinto tipo para los cuatro niños que perdieron a su madre y su casa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos en turno de La Plata.

Torturaron a un joven, quisieron ocultar todo con un incendio y quedaron detenidos en Córdoba

Un joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido hallado con signos de haber sufrido una brutal golpiza durante el fin de semana en Villa María, Córdoba. El episodio fue descubierto a partir de un incendio en una vivienda en donde lo encontró la Policía, lo que desató una investigación que ya tiene cuatro sospechosos.

Según el relato de los familiares, la víctima había salido de su casa el sábado para asistir a un cumpleaños, pero no volvió. El domingo, al no tener noticias de él, su madre y la novia comenzaron a buscarlo por el barrio. La alarma llegó cuando un grupo de vecinos les avisó que lo tenían retenido y dieron aviso a las autoridades, de acuerdo con lo informado por El Doce.

Tras el incendio de una vivienda en barrio La Calera, pudieron localizarlo. El joven presentaba heridas que los investigadores determinaron incompatibles con el fuego: tenía traumatismos varios, heridas en las extremidades y golpes en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Pasteur, donde permanece internado. La madre contó a Villa María Vivo que horas antes del violento ataque, el chico se había ido a la casa de un conocido.

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó allanamientos en la ciudad y detuvo a tres hombres de 21, 26 y 36 años, señalados como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad calificada.

En los procedimientos de este martes por la mañana, las autoridades actuaron en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Arenales y Castelli, donde secuestró cuatro teléfonos celulares vinculados a la causa.

Los tres arrestados se suman a un joven de 21 años que ya había sido aprehendido con anterioridad “en el marco de la investigación iniciada tras el incendio ocurrido días atrás en una vivienda de barrio La Calera, donde un hombre resultó con lesiones y debió ser hospitalizado”, informó la Policía de Córdoba. La decisión la tomó la fiscal interviniente de Instrucción de Segundo Turno, Juliana Companys. Con las recientes detenciones son cuatro los sospechosos a disposición del magistrado interviniente.

La Policía Bonarense detuvo este miércoles a un joven de 22 años por el homicidio de Gustavo Adrián Areco, ocurrido en mayo de este año en La Plata. Todo se habría tratado de un presunto ajuste de cuentas.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Decimosexta, que ejecutó la detención bajo orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Según fuentes policiales, la captura se produjo luego de una serie de diligencias que permitieron identificar y vincular al joven con el homicidio.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 15, responsable de la pesquisa, impulsó desde el inicio diferentes medidas para identificar a los autores del ataque. En una primera etapa, dos sospechosos ya habían sido detenidos. Posteriormente, en junio, un tercer imputado fue capturado. El arresto de este cuarto acusado representa el avance más reciente en una causa que sigue sumando elementos.

La investigación comenzó tras el homicidio de Areco, quien fue atacado a balazos en una vivienda de la calle 122 y 613, en Villa Alba. El hecho ocurrió el 18 de mayo, cuando la víctima recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en el patio de su casa. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Según la principal hipótesis, horas antes del ataque, Areco habría participado junto a otro joven en el robo de una motocicleta en la esquina de 603 y 117. Este asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y, según sostiene la pesquisa, desencadenó una represalia: un grupo de personas se dirigió a la vivienda de Areco y abrió fuego, terminando con su vida.

Desde ese momento, la Policía Bonaerense llevó adelante una serie de allanamientos. En estos procedimientos se secuestraron la motocicleta robada, el arma presuntamente utilizada en el crimen, teléfonos celulares, vainas servidas y los dos vehículos con los que se movilizaban los atacantes, un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa II.

Actualmente, son tres las personas detenidas en relación directa con el crimen, tras la liberación de uno de los imputados y la reciente captura del joven de 22 años. La fiscalía de la causa validó la detención y dispuso que el acusado sea trasladado este jueves para prestar declaración en su primera audiencia judicial.

El caso que investiga el asesinato de Areco ha mantenido en vilo a la región y sigue abierto a nuevas diligencias. Los investigadores continúan analizando elementos secuestrados, como registros fílmicos y teléfonos celulares, con el objetivo de reconstruir con precisión la participación de cada imputado en el homicidio.

El análisis de estos materiales busca determinar con exactitud cómo fue planificado y ejecutado el homicidio, así como el grado de participación de cada uno de los implicados.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada involucrado, en un expediente que cuenta hasta el momento con tres detenidos y elementos probatorios en análisis. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias y no descarta ordenar nuevas actuaciones para avanzar en la reconstrucción del caso.

El episodio ocurrió el viernes 26 de junio y se escucharon varios disparos en el lugar. Según un vecino que dialogó con el medio 0221, el intento de robo se produjo alrededor de las 2.30 en el sector comprendido entre las calles 34 a 36 y 140 a 142, cuando dos jóvenes que circulaban en bicicleta buscaron ingresar a la casa. “El dueño de la casa los escuchó y terminaron a los tiros”, contó el testimonio.

Las imágenes captadas por una cámara instalada en la zona registraron gritos, corridas y al menos 10 disparos efectuados por la víctima para ahuyentar a los atacantes. Según la reconstrucción de los vecinos, los sospechosos terminaron corriendo por calle 34, logrando escapar.

Los frentistas sostuvieron que, tras ese hecho, los mismos jóvenes habrían intentado abrir autos en el barrio y que 2 días después otro vecino sorprendió a una persona cuando trataba de forzar un vehículo a plena luz del día. Para los vecinos, esa sucesión muestra una escalada en los métodos. La percepción en el barrio es que se trata de una misma banda que actúa con más frecuencia y con un nivel de violencia mayor.

También afirmaron que presentaron denuncias, pero que la comisaría no envió patrulleros para reforzar la vigilancia y advirtieron por una presunta “zona liberada” en el oeste de la ciudad. La última semana de junio dejó al menos tres episodios que, de acuerdo con los vecinos, podrían involucrar al mismo grupo de jóvenes. El ataque del 26 de junio fue el más grave, pero no el único.

San Carlos arrastra, además, una condición territorial que los vecinos de la zona consideran un factor de riesgo. El barrio todavía conserva terrenos sin lotear y, según plantean, eso facilita tanto el ingreso de quienes cometen los robos como la huida sin ser detectados.

Esa característica parece repetirse en otras zonas del partido de La Plata, donde la urbanización incompleta convive con reclamos por mayor presencia policial. La denuncia, en ese marco, no se limita a un hecho puntual sino a un esquema de vulnerabilidad persistente.

Inseguridad en La Plata

En el barrio de Los Hornos, en La Plata, un episodio de violencia familiar quedó registrado en cámaras de seguridad y derivó en una denuncia judicial. Un vecino reportó que su ex cuñada y el hijo adolescente de 15 años lo atacaron con piedras y destruyeron la luneta de su auto con un bicicletero de hierro, durante la mañana del martes 24 de junio. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.17, cuando el denunciante y su familia se encontraban en su vivienda de la zona de 156 y 55.

El ataque comenzó con golpes y ruidos contra la fachada de la casa, lo que despertó al propietario. Al asomarse, reconoció a su ex cuñada y al menor, quienes lanzaban piedras que rompieron al menos una de las ventanas. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el adolescente tomó un bicicletero de hierro y lo arrojó contra el auto estacionado en la vereda, provocando la rotura total de la luneta trasera.

Mientras el dueño intentaba que los agresores se retiraran, su esposa realizó un llamado al 911. Para cuando llegó la policía, los responsables ya se habían alejado del lugar, lo que dejó a la familia sin protección en el momento crítico. Las imágenes obtenidas por las cámaras privadas de la vivienda fueron entregadas como prueba ante la Justicia, respaldando la versión del vecino sobre lo ocurrido.

El damnificado solicitó ante la Justicia una restricción perimetral y el cese del hostigamiento hacia su grupo familiar. La causa quedó caratulada bajo cargos de violencia familiar y/o de género, mientras las autoridades evalúan las medidas de protección.

La contadora platense Natalia Foresio, imputada en una megacausa federal por asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos, se negó este martes a ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata. La decisión llegó en la misma semana en que la Justicia ordenó cinco nuevas detenciones y diez allanamientos simultáneos que amplían el alcance de la red investigada.

La audiencia se celebró con Foresio acompañada por su abogado Miguel Molina, quien le aconsejó ejercer el derecho constitucional al silencio previsto en el Código Procesal Penal, una facultad que no puede interpretarse en su contra. El equipo de defensa, integrado también por el letrado Alfredo Gascón, viene desplegando esa estrategia en las últimas semanas mientras analiza el nuevo universo probatorio incorporado en el incidente 55, que amplía la imputación original.

La causa tiene su origen en una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la Justicia, Foresio habría diseñado y administrado, junto a su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Hugo Fernando Gatti y Claudia Mariela Soria, un esquema de facturación apócrifa que operaba en tres niveles: empresas “usinas” que emitían facturas falsas, firmas intermedias que registraban esas compras y las revendían, y compañías reales que se beneficiaban con el crédito fiscal espurio generado. La maniobra habría comenzado en 2020 y el perjuicio estimado supera los 40.000 millones de pesos.

Foresio fue procesada en mayo de 2025 junto a Cortazzo, Gatti y Soria por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

La nueva tanda de operativos, ejecutada por la Gendarmería Nacional Argentina, incluyó diez allanamientos simultáneos y la detención de cinco personas: Jorge Emilio Mangini, Juan Manuel Arteche, Maximiliano Nicolás Maldonado, Agustín Loguzzo y Franco Nicolás Leonardi. La resolución judicial que ordenó los procedimientos se sustenta, en parte, en el peritaje sobre los dispositivos secuestrados a Foresio, que reveló conversaciones de la contadora con Mangini y Loguzzo sobre confección de facturas, compraventa y conformación de sociedades.

La Justicia identificó además un nuevo conjunto de firmas —ALLBAMEPAL SA, PUNTA DEL INDIO SAS, VENTAS@TOTALES SA, SOLUCIONES@DINÁMICAS SAS y ARGENTINA DINÁMICA SA— que habrían operado como una nueva usina de crédito fiscal espurio. Según ARCA, cuatro de esas cinco empresas fueron proveedoras de la Superintendencia de Salud de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por más de dos mil millones de pesos entre 2021 y 2024, y sus datos se encuentran vinculados al estudio contable de Foresio o a sus direcciones IP.

El Ministerio Público Fiscal amplió el requerimiento de instrucción y sostuvo que la investigación podría estar frente a “un nuevo entramado delictivo” integrado, una vez más, por Foresio y los cinco imputados en este tramo. Las actividades investigadas abarcarían tres aspectos: generación de crédito fiscal espurio mediante una asociación ilícita, intermediación financiera y defraudación al Estado mediante la creación de falsas licitaciones con destino a la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía bonaerense.

Mientras tanto, la defensa de Foresio mantiene abierto un segundo frente: el pedido de excarcelación presentado ante el mismo juez Kreplak, que ya fue corrido a vista de la Fiscalía Federal N°3. En ese escrito, Molina argumenta que Foresio es la única imputada privada de libertad en una causa con decenas de procesados en libertad, que lleva más de un año de instrucción con todas las medidas de prueba relevantes ya producidas, y que durante el arresto domiciliario —vigente desde julio de 2025, luego de su paso por el penal de Ezeiza— la contadora cumplió estrictamente cada condición impuesta: rondines policiales, prohibición de dispositivos electrónicos, baja del servicio de internet, cierre del estudio contable y baja voluntaria de su matrícula profesional. La defensa ofrece tobillera electrónica como garantía adicional.

El juez Kreplak deberá resolver el pedido de excarcelación una vez que la Fiscalía evacúe la vista. Tras los operativos del 16 de junio, la causa suma ya al menos nueve procesados y no deja de extenderse.

La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo el rechazo a la excarcelación de José Ignacio Salvador, exjefe de una delegación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, procesado con prisión preventiva domiciliaria por su presunta participación en las desapariciones forzadas de tres militantes políticos durante la última dictadura.

La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo declararon inadmisible el recurso presentado por la Defensa Pública Oficial, mientras que Gustavo Hornos entendió que correspondía convocar previamente a una audiencia para escuchar a las partes y a las víctimas.

Salvador había solicitado recuperar la libertad bajo caución juratoria o, de manera subsidiaria, sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas menos restrictivas contempladas en el Código Procesal Penal Federal.

Su defensa alegó que la gravedad de los delitos, la expectativa de pena y la imposibilidad de una eventual condena de ejecución condicional no bastaban para justificar la detención si no se acreditaban riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

También cuestionó que no se hubiera evaluado de manera adecuada el domicilio familiar ofrecido ni la posibilidad de imponer una caución u otras condiciones para garantizar que continuara sometido al proceso.

Las acusaciones contra el exjefe de inteligencia bonaerense

Según surge del fallo, Salvador fue indagado el 26 de junio de 2025 por hechos ocurridos cuando se desempeñó como jefe de la Delegación Enlace Capital Federal de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense, entre el 30 de diciembre de 1976 y el 2 de febrero de 1978.

La fiscalía le atribuyó una intervención activa como enlace entre la fuerza provincial y la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército, mediante el Batallón de Inteligencia 601 y los organismos que integraban esa estructura.

Desde esa función, habría gestionado solicitudes de información provenientes de dependencias de inteligencia militar, incluidos grupos de tareas del Batallón 601, para luego derivarlas a la oficina central de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense.

Esa dependencia remitía los requerimientos a delegaciones del interior provincial, que producían información por “medios propios”. Las respuestas, siempre según la imputación, eran enviadas directamente a la cúpula del sistema de inteligencia.

El fiscal atribuyó a Salvador “una participación activa en su carácter de ´enlace´ entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército”.

En concreto, está procesado por su presunta participación en las desapariciones forzadas, ocurridas en 1977, de Samuel Leonardo Slutzky Salita, médico de 41 años que había militado en las Fuerzas Armadas Peronistas; Hugo Arnaldo Corsiglia Daniele, estudiante de Arquitectura de 27 años y dirigente de FAL 22 de Agosto, organización que se había incorporado a Poder Obrero; y Luis Ignacio López Comendador Molina, estudiante de Veterinaria de 22 años que había militado en la Unión de Estudiantes Secundarios y en la Juventud Universitaria Peronista.

Slutzky fue secuestrado el 22 de junio de ese año y permaneció cautivo en el centro clandestino de detención La Cacha. López Comendador fue capturado cinco días después en su domicilio familiar de La Plata. Corsiglia fue secuestrado el 10 de agosto en una vivienda de Florencio Varela y luego fue visto en la ESMA.

La fiscalía se opuso a la excarcelación

Al pronunciarse sobre el pedido de libertad, el Ministerio Público Fiscal destacó la complejidad de los hechos y el contexto clandestino en el que se habrían desarrollado.

Al respecto, la fiscalía señaló que “a la hora de evaluar la procedencia de la excarcelación, es importante destacar la complejidad de los hechos materia de estas actuaciones y que los actos ilícitos se llevaron adelante en un marco de clandestinidad, circunstancia que evidentemente ha dificultado de manera decisiva las investigaciones”.

También advirtió que la expectativa de pena podía alcanzar la prisión perpetua y remarcó “las circunstancias en la que sucedieron los hechos -clandestinidad e impunidad propiciada por el propio plan criminal-”.

Para la acusación, esos elementos agravaban los riesgos procesales y permitían presumir que el imputado podía eludir o entorpecer el accionar de la Justicia.

Respecto de una eventual morigeración, el fiscal del caso había solicitado la intervención del Cuerpo Médico Forense para determinar el estado de salud de Salvador y establecer si se encontraba comprendido en alguno de los supuestos previstos para la prisión domiciliaria.

El procesamiento y las condiciones de detención

El 2 de julio de 2025, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó la excarcelación y la posibilidad de aplicar una medida menos restrictiva.

Ocho días después, procesó a Salvador con prisión preventiva como presunto partícipe necesario de tres desapariciones forzadas, en concurso real, y ordenó un embargo de 30 millones de pesos.

El juez mantuvo la detención bajo modalidad domiciliaria en una vivienda de Castelar, partido de Morón, y sostuvo la prohibición de salida del país. También le impuso la obligación de no comunicarse con otros imputados, testigos o víctimas; someterse al proceso; no obstaculizar la investigación; y no utilizar armas de fuego.

Al denegar la libertad, el magistrado de primera instancia afirmó que existían “elementos objetivos que dan cuenta de peligros procesales concretos de fuga y/o entorpecimiento de la investigación”.

Para evaluar el riesgo de fuga, ponderó la gravedad y la naturaleza de los hechos, la expectativa de pena y la imposibilidad de que una eventual condena fuera de ejecución condicional.

Además, encuadró las conductas investigadas como crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar y recordó los compromisos asumidos por el Estado argentino para investigar, juzgar y, eventualmente, sancionar a sus responsables.

En cuanto a la edad y el estado de salud del imputado invocados por su defensor oficial, entendió que la prisión domiciliaria resultaba proporcional a la gravedad de la acusación y permitía atender cualquier necesidad médica.

La resolución indicó que Salvador había sido autorizado a concurrir a turnos médicos acompañado por una de sus garantes y que la documentación presentada no acreditaba una enfermedad de suficiente gravedad para adoptar una alternativa todavía menos restrictiva.

El riesgo de recurrir a una estructura de protección

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó tanto el procesamiento con prisión preventiva domiciliaria como el rechazo de la excarcelación.

Para justificar la continuidad de la medida, recordó precedentes del Máximo Tribunal del país en los que se reconoció la existencia de esquemas destinados a favorecer a acusados por crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo a los argumentos del tribunal de alzada platense, “existe una estructura preparada para favorecer a los imputados de esos crímenes, la cual ha sido reconocida de modo expreso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revocar excarcelaciones”.

A partir de esa consideración, concluyó que la prisión preventiva se encontraba justificada porque, si recuperaba la libertad, Salvador “podría recurrir con facilidad a dicha estructura”.

La defensa llevó esa decisión ante Casación, en un expediente donde también participa como querellante la Comisión Provincial por la Memoria.

La decisión de Casación

Al encabezar el acuerdo, Borinsky consideró que la defensa no había demostrado la existencia de una “cuestión federal suficiente” para habilitar una nueva revisión.

“En el sub judice, la defensa de José Ignacio Salvador no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el a quo consideró relevantes para confirmar el rechazo de la excarcelación del nombrado”, redactó el camarista.

A su entender, el planteo defensivo se limitó a expresar una discrepancia con la valoración de los riesgos procesales realizada por la Cámara Federal de La Plata, sin acreditar arbitrariedad ni defectos graves de fundamentación.

El magistrado añadió que “las discrepancias valorativas expuestas por el impugnante, más allá de demostrar la existencia de una fundamentación que no se comparte, no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad”.

Borinsky recordó, además, que la Sala IV ya había declarado inadmisible en abril de 2026 otro recurso contra el procesamiento con prisión preventiva domiciliaria. En esta oportunidad, indicó, no se presentaron circunstancias novedosas que permitieran modificar aquel criterio. El juez Carbajo, a su turno, adhirió a los fundamentos de su colega y conformó la mayoría.

El camarista Hornos dejó a salvo una posición distinta. Aunque consideró en principio razonables las circunstancias valoradas para denegar la libertad, entendió que correspondía convocar a la audiencia prevista en el Código Procesal Penal antes de resolver.

“La ley establece que a estos casos debe dársele el trámite que las normas procesales disponen, en el que las partes e inclusive las víctimas tienen la posibilidad de intervenir, opinar y discutir sobre esas circunstancias en condiciones de igualdad, oralidad, contradicción e inmediación”, expresó.

Así las cosas, con los votos de Borinsky y Carbajo, Casación declaró inadmisible el recurso de la defensa y tuvo presente la reserva del caso federal.

La Justicia condenó a una aseguradora de riesgos del trabajo a pagar más de 351 millones de pesos a un empleado que sufrió un infarto mientras cumplía tareas en una fábrica de La Plata y quedó con una incapacidad total.

La sentencia fue dictada por el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata, integrado por Nicolás Menestrina, Sofía María Silva Pelossi y Soledad Moreyra.

El episodio ocurrió el 24 de noviembre de 2021. El trabajador había ingresado a la planta a las 6 y, pocos minutos después, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, mareos y malestar general.

Un compañero lo acompañó hasta la enfermería, pero no había personal médico. Según reconstruyó el tribunal, el enfermero se había retirado minutos antes y el establecimiento quedó sin cobertura en el momento de la emergencia.

El empleado fue llevado en un remís hasta un sanatorio ubicado a unos seis kilómetros. Durante el viaje sufrió un paro cardíaco. Las maniobras de reanimación evitaron su muerte, pero el tiempo transcurrido sin oxígeno le provocó un daño neurológico.

Desde entonces, se desplaza en silla de ruedas, necesita ayuda para alimentarse, vestirse y mantener su higiene, y depende de otras personas para las actividades cotidianas. Las pericias determinaron que padece una incapacidad laboral permanente y total y encuadraron su situación como una gran invalidez.

La atención durante la emergencia

El caso, impulsado por el abogado Matías Martínez, se centró en determinar si el episodio debía ser cubierto como un accidente de trabajo, pese a que el infarto podía estar relacionado con factores personales y no necesariamente con las tareas realizadas.

El tribunal concluyó que el ámbito laboral agravó las consecuencias. La enfermería estaba cerrada, no hubo atención médica inmediata y el traslado se realizó en un vehículo particular, pese a que la fábrica contaba con un servicio externo de emergencias.

Durante la audiencia, la perita médica explicó que las dificultades para moverse que presenta el trabajador son consecuencia de la falta de oxígeno y que una asistencia inmediata, seguida de un traslado en ambulancia, podría haber evitado esas secuelas.

“Corresponde admitir la demanda por accidente de trabajo contra la ART, desde que de haber tenido el demandante atención médica en la enfermería o a través de un servicio de emergencia con traslado en ambulancia, el curso causal hubiera resultado -de manera plausible y tal como fue explicado por la perita experta en medicina- en la ausencia de las secuelas motoras que aquejan con carácter permanente al actor”, señaló el fallo publicado en el portal Micro Juris.

Los jueces también tuvieron en cuenta que el sanatorio al que fue trasladado estaba a unos trece minutos de la planta, mientras que un hospital público se encontraba a una distancia estimada de entre cuatro y cinco minutos.

A partir de esos elementos, consideraron que el trabajo actuó como una ocasión que facilitó o agravó el daño. Por ese motivo, encuadraron el hecho como un infortunio cubierto por la Ley 24.557, aunque la Comisión Médica lo había considerado previamente ajeno al ámbito laboral.

La indemnización

El trabajador había presentado una demanda civil contra la empresa y la ART. Durante el proceso alcanzó un acuerdo de 76 millones de pesos con su empleadora.

El tribunal rechazó la acción civil contra la aseguradora porque la demanda no había identificado incumplimientos concretos que permitieran atribuirle responsabilidad por fuera del sistema especial.

En cambio, admitió el reclamo basado en la Ley de Riesgos del Trabajo y declaró inconstitucionales distintas normas utilizadas para calcular la prestación, al considerar que producían un resultado insuficiente frente al daño acreditado.

La sentencia fijó un capital de $285.980.239,88 y agregó intereses por $65.266.175,29, lo que llevó la liquidación a $351.246.415,17.

Además, el Tribunal del Trabajo N° 3 ordenó que la aseguradora le pague una prestación mensual actualizada por gran invalidez, debido a la asistencia permanente que necesita.

Antes de las 10 de la mañana se congregó frente al edificio municipal un grupo de personas para reclamar por el cese de las contrataciones directas a cooperativas por parte del gobierno que encabeza Julio Alak para los servicios de limpieza de zanjas, cortes de césped y barrido en todo el partido de La Plata. De hecho, ya se llamó a licitación pública y a las 13.30 de hoy vencía el plazo para la compra de pliegos por parte de los interesados.

La protesta se desarrolló de forma pacífica, pero cuando parecía que llegaba a su fin y comenzaría la desconcentración, primero comenzaron a llover piedras sobre el frente del edificio municipal, causando destrozos de ventanas, y luego aparecieron el fuego y el humo negro causados por la quema de neumáticos en la entrada, muy cerca de la puerta principal.

Tras haber cortado la calle 12 entre 51 y 53, generando lógicos inconvenientes para la circulación de vehículos, un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza a la municipalidad. Al ser repelidos, comenzaron los incidentes.

La llegada de refuerzos policiales hizo que los manifestantes se dispersaran hasta su retirada final.

Según explicaron desde la administración de Alak, por un lado, la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 6769) establece la obligatoriedad de adjudicar obras y servicios públicos mediante licitación pública, a los efectos de brindarle transparencia a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, el gobierno local fue intimado por el Tribunal de Cuentas provincial para que deje de contratar cooperativas de manera directa, algo que el municipio hacía desde 2011.

Algunos de los manifestantes afirmaron que el gobierno platense les ofreció compensar las contrataciones que dejará de realizar con tarjetas sociales de 200 mil pesos. También indicaron que los mismos funcionarios que les habían prometido que no habría despidos, este viernes no los quisieron recibir en la municipalidad.

Más allá de que sus tareas no fueron incluidas en la licitación, recolectores y recicladores acompañaron la manifestación por temor a perder sus fuentes de trabajo.

Tras las 19 detenciones, las organizaciones involucradas convocaron a una nueva manifestación, pero frente a la Comisaría 1° de La Plata, para exigir las liberaciones de sus compañeros, de los cuales varios pertenecen al Frente de Organizaciones en Lucha. Además, responsabilizaron al intendente Alak por “las detenciones arbitrarias”.

A raíz de los enfrentamientos, cinco policías recibieron heridas leves.

Luego de los incidentes, la municipalidad presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentados a la autoridad. Además, desde el gobierno local afirmaron que la “organización política” que encabezó la manifestación “pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento de la ciudad”.

“Si el municipio la hubiese contrataba nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica, habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas y sus autoridades habrían incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, agregaron.

Un adolescente de 16 años quedó involucrado en una investigación judicial luego de que la Policía Bonaerense detectara videos publicados en redes sociales en los que aparecía disparando armas de fuego y exhibiendo distintos tipos de armamento desde una vivienda del barrio San Carlos, en La Plata.

A partir de esas imágenes, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron identificar al joven y ubicar el domicilio. Según explicó Paulo Kablan en Infobae al Regreso, la investigación comenzó cuando los agentes detectaron “a un chico de 16 años disparando con una escopeta y mostrando armas en redes sociales”.

Con la información reunida, la Justicia ordenó un allanamiento en la propiedad ubicada en el oeste de la capital bonaerense. Durante el operativo, los investigadores encontraron las armas que aparecían en las publicaciones y además secuestraron un volumen mayor de armamento: 25 armas de fuego y más de 6.700 municiones de distintos calibres.

Entre los elementos incautados había escopetas semiautomáticas, pistolas, revólveres y carabinas de distintas marcas, entre ellas Glock, Beretta, Benelli, Smith & Wesson, SIG Sauer, Bersa y Tanfoglio. Ahora, la Justicia deberá determinar el origen del arsenal, si la documentación estaba en regla y bajo qué condiciones se encontraban almacenadas las armas.

La investigación sobre el padre del adolescente

Uno de los puntos centrales del expediente está puesto en la responsabilidad del adulto a cargo de las armas. El padre del menor también quedó imputado y la Justicia busca establecer qué vínculo tenía con la tenencia del armamento y si tuvo participación en el acceso del adolescente a esos elementos.

“El padre tenía un arsenal en la casa y le enseñaba al hijo a usar, en forma ilegal, estas armas”, afirmó Kablan, quien explicó que la causa quedó dividida en dos investigaciones: una en el fuero de menores por la situación del adolescente y otra en la Justicia ordinaria por la responsabilidad del adulto.

El joven deberá presentarse ante el tribunal de menores acompañado por sus padres, mientras que su padre fue notificado de la formación de la causa. Los investigadores continuarán con los peritajes sobre las armas secuestradas para determinar su procedencia y si alguna pudo haber sido utilizada en otros hechos.

El debate por la exhibición de armas en redes sociales

El caso volvió a poner bajo análisis el fenómeno de adolescentes que publican contenidos vinculados con armas de fuego.

Kablan advirtió que este tipo de publicaciones suele estar relacionado con la búsqueda de exposición en redes sociales. “Muchos chicos buscan ser conocidos en su ámbito a través de las redes sociales. Y esta es una de las formas peligrosas, prohibidas, ilegales, que se ven prácticamente a diario”, señaló.

La causa continuará ahora con el análisis del material secuestrado y la investigación sobre las responsabilidades de cada involucrado. El hallazgo del arsenal abrió además un nuevo interrogante sobre el control de armas dentro de los hogares y el acceso de menores a este tipo de elementos.

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El episodio ocurrió en Rámolo Automotores, un local ubicado sobre Camino General Belgrano y calle 475. Según informó 0221, el hecho fue advertido por un móvil de seguridad municipal que patrullaba la zona y detectó que uno de los vidrios de la agencia de venta de automóviles se encontraba dañado. El personal policial, alertado por la situación, inició una persecución que culminó con la detención de los tres adolescentes, mientras que el cuarto escapó con una mochila que contenía parte del botín.

El propietario de la concesionaria, un joven de 25 años, fue notificado del robo y se acercó al comercio para verificar los daños y revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes de seguridad constató el robo y se logró reconstruir el robo: la banda ingresó al local tras romper una de las vidrieras y se llevó aproximadamente 3.000 dólares, tres cascos para motocicleta, llaves de vehículos y cinco autos de colección en miniatura.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. La fiscal Sabrina Cladera avaló el procedimiento y dispuso la intervención de organismos de Niñez y Adolescencia.

Los tres adolescentes detenidos tienen domicilio en Villa Elisa y en Barrio Aeropuerto, barrios de La Plata. Tras permanecer unas horas en la comisaría, la Justicia dispuso su liberación inmediata, lo que generó inquietud en el ámbito local. El cuarto implicado, que logró escapar, sigue siendo buscado por las autoridades.

El caso puso nuevamente en debate la problemática de la reincidencia de menores en hechos delictivos y la denominada “puerta giratoria”. Este concepto -que se utiliza para describir la situación en la que las personas detenidas por delitos, especialmente menores de edad, que recuperan la libertad poco tiempo después de ser aprehendidas por la policía- preocupa a vecinos, comerciantes y fuerzas de seguridad platenses. En los barrios señalados, algunos jóvenes ya habrían sido mencionados en otros episodios similares.

El 11 de junio, dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Ensenada, localidad cercana a La Plata, tras protagonizar el robo de una motocicleta. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 37 y 125, donde los jóvenes interceptaron de manera violenta a un hombre que circulaba en moto, lo encerraron y le arrebataron el vehículo.

La Policía Bonaerense desplegó un operativo inmediato, apoyado en las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano, que permitió reconstruir en tiempo real el trayecto de los sospechosos. Los efectivos localizaron a los adolescentes en la vivienda de la madre de uno de ellos, apodado “Puchito”, quien autorizó el ingreso policial.

Durante el procedimiento, además de la moto robada esa misma jornada, se halló otro vehículo sustraído el día anterior. La moto fue recuperada y devuelta a su propietario. Los menores recuperaron la libertad esa misma noche, en virtud de su edad y de la legislación vigente para delitos cometidos por adolescentes.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la fiscalía de Carmen Ibarra, y se dispuso la continuación de la investigación para determinar si los implicados tienen relación con otros hechos recientes en la zona.

El hecho ocurrió el último martes de junio a las 9.17, cuando el damnificado y su familia dormían en su casa ubicada en la zona de 156 y 55.

Los golpes que llegaban desde la calle fueron lo que despertó al vecino. Al asomarse por una ventana, reconoció a su ex cuñada y al hijo, un adolescente de 15 años, quienes presuntamente lanzaban piedras contra la fachada. El impacto rompió los vidrios de al menos una de las ventanas.

El joven, además, tomó un viejo bicicletero de hierro y lo arrojó contra el auto del denunciante, que se encontraba estacionado sobre la vereda. El objeto se incrustó en la luneta trasera del vehículo y la destruyó por completo.

Mientras el vecino intentaba que los dos agresores se retiraran del lugar, su esposa llamó al 911. La respuesta policial llegó tarde: la mujer y el adolescente ya se habían alejado de la escena antes de que los efectivos pudieran intervenir.

La secuencia del ataque no quedó solo en el relato del damnificado. La vivienda cuenta con cámaras de seguridad privadas y las imágenes fueron aportadas a la causa como elemento de prueba, según consta en la denuncia presentada ante la Justicia y que recogió 0221. Ese registro audiovisual respalda la versión del vecino sobre lo ocurrido aquella mañana.

El mismo video es el que encabeza la nota, en el que se puede apreciar el momento exacto en el que el menor de edad lanza el bicicletero de hierro contra la luneta del auto y la destroza.

En la presentación judicial, el damnificado solicitó una serie de medidas de protección para él y su grupo familiar: una restricción perimetral, un perímetro de exclusión y el cese de cualquier tipo de hostigamiento. La causa quedó registrada bajo cargos por violencia familiar y/o de género, mientras las autoridades analizan las medidas, informó 0221.

Una mujer no pudo salir del garaje por un auto mal estacionado y reaccionó con furia

Una mujer estacionó su auto frente al garaje de una vivienda en la calle Aristóbulo del Valle al 400, en el sector sur del centro de Castelar, localidad del partido bonaerense de Morón, y desató la furia de la dueña del inmueble al no encontrarse nadie en las inmediaciones que se reconociera como la conductora del vehículo.

La propietaria de la casa se topó con el auto ajeno bloqueando su acceso vehicular pocos minutos antes del mediodía. El hecho tuvo lugar días atrás.

Lo que vino después fue una cadena de represalias que dejaron al vehículo con carteles de insultos pegados en el vehículo, huevos estrellados en los vidrios, una bolsa de residuos sobre el techo y rayaduras en las dos puertas del lado del conductor.

El auto era de una escribana que, de acuerdo con Primer Plano Online, llegó al lugar con su mascota para visitar un local de manicura situado a unos 50 metros de donde dejó el coche.

Al dejar el vehículo sobre el cordón frente al acceso de la vivienda, la mujer generó una obstrucción que la propietaria no pudo superar pese a varias maniobras. Un poste de luz en la vereda contigua terminó de anular cualquier margen de salida.

Sin alternativas, la dueña del domicilio optó por guardar su auto nuevamente en el garaje. Lejos de aceptar la situación, tomó una serie de medidas para dejar constancia de su indignación: pegó un cartel con insultos, arrojó huevos sobre los vidrios laterales, depositó una bolsa de basura en el techo y rayó las dos puertas del lado del conductor.

La publicación encendió las alarmas de la “Mesa de Análisis - Eventos Tiroteos en Establecimientos Educativos” conformada por Cibercrimen y la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense.

El adolescente, identificado como A.N.J., también subió a su cuenta de Instagram un video en el que sacaba un revólver de un bolso adherido a su bicicleta y se mofaba: “Los policías te revisan la pechera”. Otro posteo, con su rostro tapado, sujetando un arma larga en cada mano.

Los investigadores hallaron, además, el 12 de mayo pasado, videos del imputado, practicando tiro en un polígono habilitado, bajo la instrucción de un hombre a quien señalan como su padre, instructor, quien fue notificado del expediente contra su hijo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Tras la investigación, en la que se identificó al menor detrás de esos posteos, en las últimas horas se realizó un allanamiento por pedido de la UFI N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Sabrina Cladera, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 que encabeza María José Lescano, ambos del Departamento Judicial La Plata.

En el procedimiento se secuestraron 25 armas. Entre lo secuestrado figuran cartuchos calibre 12/70 y municiones de calibres .357, .40, .45, .44 Magnum, .380, .25, .32, .22, 9 mm, .38 y 16. En total, 4.217 cartuchos y 2.487 municiones.

También fueron incautados un celular, un equipo de recarga y una remera con la inscripción dos águilas enfrentadas blancas y rojas con inscripción del lado izquierdo, un símbolo ligado a la derecha nacionalista.

La “Mesa de Análisis - Eventos Tiroteos en Establecimientos Educativos” se creó tras la ola de amenezas e intimidaciones registradas en colegios de la provincia, tras el tiroteo en una escuela de San Cristobal, en Santa Fe, en el que un chico de 16 años, armado con la escopeta de su abuelo, mató a uno de sus compañeros de 13 años.

Las armas secuestradas

El lote incluyó una escopeta Ithaca calibre 12, una escopeta semiautomática Molot Vepr-12 (la de la foto), una Ballester Molina calibre .22LR y un revólver Ruger Super Redhawk Alaska calibre .44.

La nómina también incorporó una Sibian Armory G9, una Palmetto State Armory AK-V Pistol, una Benelli M2, una Akkar Stopping Power, una Beretta 1301, una High Standard Pump, una Bersa TPR9XT y una Glock 17. A eso se sumaron otra Benelli M2, una carabina Sig Sauer Sig522, una Smith & Wesson M&P 15-22, una Bersa Thunder 9 PRO y una Mahely Caballería.

El inventario siguió con una escopeta Brenta GV calibre 28, un pistolón Iema calibre .32, una Jennings J-22, una Beretta 1915-1919 calibre 7,65 Browning, una Walther PK .380 ACP, una Beretta 96 calibre .40, una Tanfoglio Force calibre .45 ACP y una pistola Phoeni calibre .22LR.

Se trata de armamento que es posible conseguir en el mercado civil.

Tras el procedimiento, se impartieron directivas para remitir los secuestros a la oficina de efectos y realizar un informe técnico de las armas, además de tomar fotografías.

Según el medio local 0221, los ladrones forzaron las puertas de dos viviendas y sustrajeron numerosos objetos de valor. Un vecino, uno de los damnificados, relató al mismo medio: “Se llevaron un montón de cosas. Rompieron las dos puertas de los departamentos para entrar”. Por motivos de seguridad, la víctima prefirió omitir detalles sobre los elementos sustraídos.

A su vez, vecinos del edificio detallaron al mismo medio que los asaltantes permanecieron en el lugar hasta el final del primer tiempo del partido. Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de los delincuentes y captaron el momento en el que salieron con varios bolsos y mochilas cargados con lo robado.

“Salieron con cantidad de bolsos y mochilas. Se robaron muchas cosas de valor, estuvieron justo hasta que terminó el primer tiempo del partido”, afirmó la víctima, en referencia a las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia.

Hasta el momento, no trascendió la identidad de los autores del robo. La policía bonaerense trabaja en la identificación de los responsables a partir de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del edificio en La Plata. Las autoridades analizan los registros fílmicos y continúan con la investigación para dar con los sospechosos.

Otros robos durante el partido Argentina - Austria

Sin embargo, este no fue el único hecho delictivo que sucedió mientras la selección argentina disputaba su segundo partido mundialista. En Córdoba sucedió un hecho similar, donde un jubilado de 64 años fue víctima de un robo en su vivienda del barrio Panamericano, en la ciudad de Córdoba, y también durante el cotejo mundialista. El hecho ocurrió mientras el propietario, identificado como Daniel, se encontraba trabajando fuera de su domicilio, según informó Cadena 3.

Al regresar a su casa, Daniel encontró el lugar completamente desvalijado. “Cuando entré... Un desastre. Quedé en shock”, relató el damnificado a dicho medio. Los delincuentes, que aprovecharon que el partido de la Selección argentina captaba la atención del país, robaron herramientas nuevas y otros objetos de valor que el jubilado había adquirido “con mucho esfuerzo”. En su testimonio, destacó: “Se llevaron todas las herramientas que yo tenía nuevas, porque las he ido comprando con sacrificio, con tiempo y en cuotas”.

Durante el robo, los autores también intentaron llevarse un televisor, que terminó dañado. Daniel manifestó un profundo malestar por la sucesión de hechos delictivos sufridos: “Tengo ganas de vender la casa e irme a otro lado”, expresó, al señalar que fue víctima de dos robos en el último año y medio.

La denuncia fue radicada ante la policía de Córdoba, que inició la investigación para intentar identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.

En Santa Fe, a las 14.30 del último lunes, dos mujeres fueron víctimas de un violento robo bajo la modalidad de entradera en una casa de la ciudad de Rosario, sobre la calle Escocia al 356 bis, según detalló la policía de Santa Fe.

El medio Cadena 3 señaló que dos hombres vestidos de negro forzaron el ingreso a la vivienda y sorprendieron a las residentes, identificadas como L. Beatriz, de 79 años, y G. Delia Inés, de 60 años. Una vez dentro, los asaltantes las sometieron, las amenazaron y las insultaron, además de atarlas mientras exigían la entrega de dinero, joyas y otros objetos de valor. Finalmente, los ladrones escaparon, tras lo cual las víctimas lograron alertar a las autoridades, después de liberarse.

Efectivos policiales se presentaron en el lugar y trasladaron las actuaciones a la Comisaría 17ª por razones de jurisdicción. La investigación sigue en curso para intentar identificar a los responsables del robo y dar con todos los elementos sustraídos.

Un hombre de 42 años ingresó gravemente herido al Hospital San Martín de La Plata tras presentarse ensangrentado en la casa de su ex pareja durante la madrugada del martes. La víctima denunció haber sido atacada a puñaladas en la vía pública, aunque la Justicia investiga diversas hipótesis para esclarecer el hecho.

El episodio tuvo lugar alrededor de las tres de la madrugada en el barrio Altos de San Lorenzo, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona lesionada en la zona de la calle 19 entre 84 y 85. Al arribar al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas no hallaron rastros que permitieran confirmar la denuncia inicial, pero poco después se constató el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca al área de urgencias del centro de salud platense.

La víctima, identificada de nacionalidad peruana y oficio mecánico, se presentó en el domicilio de su ex pareja, una mujer de 32 años, solicitando ayuda y mostrando cortes en el abdomen y la zona inguinal izquierda. La mujer relató ante los investigadores que el hombre arribó en estado crítico y que, según su propio testimonio, había sido víctima de un robo en inmediaciones de las calles 19 y 81.

El hombre fue trasladado de inmediato por familiares y allegados en un vehículo particular hasta el hospital, donde quedó internado bajo observación médica y en cuidados intensivos. Debido a la gravedad de su estado, los médicos aún no lograron tomarle declaración formal.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de La Plata, se encuentra en etapa de reconstrucción de los hechos. La causa se caratuló como “averiguación de ilícito”, mientras la Justicia intenta determinar si el ataque responde a un robo, una pelea o algún otro episodio de violencia.

La resolución del caso depende en gran medida de la evolución del estado de salud del herido, ya que su testimonio podría aportar datos clave para orientar la investigación y definir responsabilidades. Mientras el hombre permanece en cuidados intensivos, los investigadores analizan cámaras de seguridad en la zona, recaban testimonios y buscan identificar a los posibles responsables.

El caso despertó inquietud entre los habitantes de Altos de San Lorenzo, quienes reclaman una mayor presencia policial y medidas preventivas ante la creciente percepción de inseguridad en el barrio, especialmente durante las noches y madrugadas. Un vecino entrevistado por El Día expresó: “Ya no sorprende escuchar sirenas o enterarse de personas heridas en el barrio, pero eso es justamente lo más preocupante”.

En paralelo a este caso, otro episodio reciente de violencia doméstica ocurrió en la ciudad de Palpalá, Jujuy, donde un hombre de 34 años, que tenía una orden de restricción, falleció tras ser apuñalado por su ex pareja. Según Jujuy Dice, el hombre irrumpió en la vivienda de la mujer y la agredió físicamente, lo que llevó a la víctima a defenderse con un arma blanca.

La mujer quedó demorada por la policía, mientras el Ministerio Público de la Acusación analiza si actuó en legítima defensa. Vecinos confirmaron los antecedentes de violencia de género y la existencia de una perimetral previa. Estos episodios, plantea un desafío para las respuestas institucionales y la colaboración ciudadana, que resultan clave para avanzar en las investigaciones y contener la preocupación social.

Las autoridades reiteran la importancia de que testigos o personas con información relevante se acerquen a brindar su testimonio para colaborar con la investigación. En tanto, la comunidad de Altos de San Lorenzo permanece a la espera de novedades oficiales, mientras el caso sigue bajo análisis de la fiscalía.

Un insólito caso llegó a su fin en la Justicia de La Plata en los últimos días, donde un peón rural fue absuelto luego de seis años de litigio por el supuesto robo de un ternero. Ahora, la Justicia podrá avanzar sobre su hermano, a quien considera como un posible responsable del hecho.

El caso se remonta al 14 de julio de 2020, cuando se denunció la desaparición de un ternero de pocos días de vida -conocido como “Bigotito”- del “Puesto Nuevo de Pini”, un establecimiento rural del partido de Coronel Brandsen.

Quien fue señalado por el abigeato fue Matías Ezequiel Rival, un trabajador que se desempeñaba como trabajador rural en un campo perteneciente al productor Marcelo Niclicepe. Era vareador y no tenía antecedentes penales.

Desde un primer momento el hombre, de 35 años, negó haberlo sustraído y brindó una versión alternativa. Según su relato, el ternero había sido encontrado por su hermano y trasladado al lugar donde él trabajaba para cuidarlo. Incluso aseguró que su empleador le había dado autorización para mantener al animal en ese establecimiento.

La acusación contra Rival derivó en un extenso proceso judicial que incluyó dos juicios y una condena posteriormente anulada, hasta que finalmente el pasado miércoles el juez Lucas Massaccesi resolvió absolverlo, tras un pedido formulado por el fiscal Lucas Domsky.

Para la Justicia, no está probado que haya sido Rival quien sustrajo el animal, aunque sí podría investigarse a Martín Rival, su hermano, por el presunto delito de abigeato agravado, y al propio Matías por un posible encubrimiento agravado.

Una causa atravesada por giros judiciales

De acuerdo con lo reconstruido por medios locales, en noviembre de 2024 Rival fue condenado mediante un juicio abreviado, sin debate oral y público. En esa primera instancia se le impuso una pena de cuatro años de prisión y el peón rural terminó detenido en la Unidad 26 de Lisandro Olmos, donde permaneció durante 13 meses.

“Fue horrible. Estuve con violadores, asesinos, de todo. Y yo solamente había rescatado un ternero. Es insólito”, lamentó en marzo de este año durante una entrevista con Todo Noticias, en la que relató su experiencia en el penal.

Sin embargo, el expediente tuvo un vuelco con la designación de los abogados Francisco Sánchez Peralta e Ignacio Fernández Camillo, quienes cuestionaron la validez del proceso e impulsaron una serie de recursos.

Los planteos llegaron hasta el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que anuló la condena en diciembre de 2025 y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. A partir de esa resolución, Rival recuperó la libertad mientras se desarrollaba el nuevo proceso.

Durante este segundo juicio declararon, además del propio acusado, el denunciante Rodolfo Gómez; efectivos policiales; el productor agropecuario Marcelo Niclicepe; y Martín Rival, hermano del peón que había sido apuntado por el hecho.

Según informó 0221, el denunciante —trabajador rural de un tambo— aseguró que días después de la desaparición de Bigotito recibió información sobre un estado de WhatsApp en el que se ofrecía al ternero para la venta.

Los policías, por su parte, confirmaron que el animal se encontraba en buenas condiciones cuando fue recuperado. El productor agropecuario sostuvo que había autorizado el ingreso del ternero a su establecimiento y destacó que conocía a Rival desde niño.

El hermano del acusado, en tanto, declaró que encontró al ternero en una zanja, por lo que lo cargó y lo llevó primero a una vivienda y luego al campo de Niclicepe para criarlo.

Para el fiscal, no fue posible sostener una condena contra Rival por el robo del animal. No obstante, consideró que corresponde analizar si Martín Rival tuvo alguna responsabilidad en el hecho y si Matías pudo haber actuado como encubridor.

Sobre la absolución, el letrado Fernández Camillo aseguró: “Tenemos claro que no estuvieron nunca en condiciones de más que agradecer a Matías los cuidados brindados a ‘Bigotito’”. También sostuvo que la defensa continuará el litigio en relación a “la imposición de una condena en costas y la reparación integral de Mati”.

Un médico de 75 años fue víctima de un violento asalto mientras aguardaba la llegada de un colectivo en una parada ubicada en la zona de 1 entre 60 y 61, en la ciudad de La Plata.

El profesional fue atacado por delincuentes que lo sorprendieron de manera repentina, lo golpearon brutalmente y escaparon con una mochila que contenía instrumentos fundamentales para el ejercicio de su profesión.

El episodio ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. Según publicó el sitio 0221.com, el hombre se encontraba esperando el transporte público cuando fue abordado por los agresores. Durante el ataque recibió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo que le provocó la pérdida inmediata del conocimiento, dejándolo completamente indefenso frente a los delincuentes.

La violencia del golpe impidió que la víctima pudiera recordar con precisión lo sucedido en los minutos posteriores al asalto. Al recuperar la conciencia, el médico advirtió que su mochila había desaparecido y que ya no tenía consigo varios elementos de trabajo de gran valor profesional.

Entre los objetos robados se encontraban un otoscopio completo, utilizado para examinar los oídos de los pacientes, un medidor de glucemia empleado para controles médicos, un sello profesional y otros instrumentos indispensables para el desarrollo cotidiano de su actividad laboral.

La confusión derivada del traumatismo fue tal que el hombre tampoco pudo explicar posteriormente cómo logró abordar un taxi que finalmente lo trasladó hasta su domicilio. La falta de recuerdos sobre ese tramo del recorrido es una de las consecuencias que dejó el golpe sufrido durante el ataque.

Al llegar a su vivienda, su pareja advirtió de inmediato que se encontraba desorientado y en evidente estado de shock. Preocupados por su condición, sus familiares decidieron actuar rápidamente y lo trasladaron al Instituto Médico Platense para que recibiera atención especializada.

Los profesionales de la salud que lo asistieron dispusieron su internación preventiva y realizaron diversos estudios para descartar lesiones de mayor gravedad derivadas del traumatismo facial y de la pérdida de conocimiento. El médico permaneció internado durante 48 horas bajo observación clínica permanente, período durante el cual fue sometido a distintos controles neurológicos y médicos.

Afortunadamente, los resultados permitieron descartar complicaciones severas y, una vez concluido el seguimiento médico, recibió el alta para continuar su recuperación en su hogar.

Tras recuperarse parcialmente de las secuelas del episodio, la víctima se presentó en la comisaría Novena de La Plata para formalizar la denuncia. A partir de ese momento, se inició una investigación destinada a identificar a los responsables del ataque y recuperar los elementos sustraídos.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el asalto. El objetivo es obtener imágenes que permitan reconstruir la secuencia del hecho, identificar a los agresores y determinar la dirección que tomaron tras escapar.

Los registros fílmicos también podrían aportar datos clave para establecer si los delincuentes actuaron de manera espontánea o si previamente habían observado a la víctima para concretar el robo.

Por el momento, las autoridades no informaron detenciones ni avances significativos en la identificación de los sospechosos. La investigación continúa abierta mientras los efectivos policiales analizan distintas pistas que puedan conducir al esclarecimiento del caso.

Un médico de 75 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata mientras aguardaba el colectivo del Transporte Automotor Local de Pasajeros (TALP). El episodio ocurrió en la zona de 1 entre 60 y 61, cuando el profesional fue abordado de manera sorpresiva por delincuentes que lo agredieron físicamente y le sustrajeron una mochila con instrumentos fundamentales para su labor.

La agresión fue repentina. Según informaron fuentes de la investigación, el hombre recibió un fuerte impacto en el pómulo izquierdo que le provocó la pérdida de conocimiento. El ataque dejó a la víctima indefensa y a merced de los asaltantes.

Cuando el médico recuperó la conciencia, advirtió la ausencia de su mochila. En su interior, según detallaron los voceros consultados, se encontraban un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello médico y otros instrumentos de uso profesional.

El profesional no logró reconstruir con precisión los minutos posteriores al ataque. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la víctima tampoco pudo explicar cómo abordó un taxi que lo trasladó a su domicilio. Al llegar a la vivienda, su pareja notó que se encontraba desorientado, lo que motivó la intervención inmediata de la familia.

De esta manera, el hombre fue trasladado al Instituto Médico Platense, donde permaneció internado durante 48 horas. Allí, recibió atención y controles para descartar complicaciones generadas por el golpe y el estado de inconsciencia. Luego de la observación médica, se le concedió el alta y pudo regresar a su hogar.

Tras superar la internación, el profesional formalizó la denuncia en la comisaría Novena. Las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar la identidad de los responsables del asalto. Según se informó, se está analizando la posibilidad de que cámaras de seguridad ubicadas en la zona hayan registrado el momento del ataque y puedan aportar elementos de utilidad para esclarecer el hecho.

No se informó sobre detenciones ni avances significativos en la identificación de los autores del robo. Se aguarda por la revisión de las cámaras de seguridad para obtener datos que permitan avanzar en la causa.

Esta no es la primera vez que sucede un robo de estas características en La Plata. Hace unos meses, una mujer que aguardaba en la parada de colectivo para dirigirse a su trabajo, fue brutalmente atacada por un hombre que intentó robarle sus pertenencias.

El hecho, registrado por una cámara de seguridad, muestra cómo el agresor la abordó y la arrastró por la calle hasta llegar a la otra vereda, en la intersección de 116 y 609. En los minutos previos a avanzar, el hombre esperó a que pasaran varios autos y luego se paró detrás de ella. En ese momento, se avalanzó sobre la mujer e intentó apoderarse de su mochila, pero la víctima se resistió al punto que el delincuente desistió del robo y escapó. La secuencia, que acompaña esta nota, duró apenas un minuto.

El hombre fue identificado por los vecinos como un residente del sur de la ciudad, conocido como “El Gordo”. La difusión de las imágenes en redes sociales y a través de mensajes, permitió a las autoridades policiales obtener más datos sobre la identidad del sujeto.

Según lo trascendido, estaría vinculado con otros delitos; de hecho, familiares de la víctima detallaron al mismo medio local que en el transcurso del último fin de semana la Policía Bonaerense hizo un allanamiento en la vivienda del presunto agresor por el robo de una motocicleta.

La víctima formalizó la denuncia en el destacamento policial de Barrio Aeropuerto y quedó al aguardo de que puedan localizarlo.

El salón apareció transformado en un mundo jurásico: globos en verde, naranja y blanco, hojas tropicales, un panel con su nombre en letras cursivas y el número 2 iluminado en neón. Cruz llegó vestido de explorador, con su pincel listo para una actividad de pequeño paleontólogo que los organizadores prepararon especialmente para él.

Dispuesta a vivir cada segundo, Nicole se tiró al piso para abrazarlo, jugó con él cara a cara con una lupa y posó junto a su marido y su hijo frente a la torta que también estuvo a tono con el espíritu de la velada: blanca con detalles en verde y azul, coronada por un dinosaurio de azúcar y el número 2 dorado. Cabe recordar que la pareja mantiene la decisión de no mostrar el rostro de su hijo en público, por lo que apelaron a emojis de corazones o de dinosaurios para protegerlo.

La abuela materna Claudia también estuvo presente y fue una de las que más disfrutó cuando apareció la sorpresa de la tarde: un dinosaurio animatrónico con sombrero de cumpleaños incluido, que recorrió el salón y desató la euforia de los más chicos. Los padres también vivieron a pleno el festejo y terminaron abrazados a su hijo en el pelotero, en una postal sin edades.

Antes de que empezara la fiesta, las redes ya estaban llenas de amor y las hermanas de Cruz -las hijas de Nicole con Fabián Cubero- dejaron tiernos saludos para el cumpleañero. Indiana compartió una foto grupal de las cuatro con el mensaje “Feliz cumple gordito, te amo tanto”; Allegra publicó un selfie con Cruz en brazos y escribió “cumple mi chiquito, te amo tanto”; y Sienna lo alzó al aire con el cielo patagónico de fondo y le escribió “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, dejando en claro que el amor de hermanos está más allá de cualquier batalla mediática que lleven adelante los padres.

Un viaje entre motores para estar cerca de papá

Semanas atrás, Nicole y Cruz compartieron una jornada especial para acompañar a Manu en una nueva fecha de competencia del Turismo Nacional. Desde el circuito de La Plata, la modelo publicó una postal en la que se la ve sonriente, con saco rojo, jeans y gorra negra, con Cruz en brazos. El pequeño llevaba auriculares de protección —un detalle que la familia cuida en cada carrera— y miraba atento la pista desde el vallado. “Tarde de...”, escribió junto a un emoji de auto de carreras, dejando que la imagen hablara sola.

El álbum que compartió en sus redes tuvo varias escenas: madre e hijo entre los espectadores, los dos observando el trabajo de los mecánicos en los boxes, Cruz agachado revisando una botella con los colores celeste y blanco. En una de las tomas, Nicole caminaba por el sector reservado al auto número 231 de Urcera, relajada, con el movimiento del equipo técnico de fondo. La escena tenía todo el clima de una familia que ya encontró su propio ritual en los fines de semana de carrera.

Una de las imágenes más íntimas del álbum no tenía ni pista ni boxes: solo las manos entrelazadas de madre e hijo dentro del auto familiar, una pausa silenciosa en medio del ruido de la competencia. No fue la primera vez que Cruz acompañó a su papá al autódromo, y a juzgar por las fotos, tampoco será la última.

Un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

El episodio, que involucró a tres jóvenes a bordo de una motocicleta, se desató el miércoles último pero recién trascendió ayer.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, según informó el portal del diario El Día, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El detenido, pese a su corta edad, ya cuenta con varios antecedentes computados.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Ahora, el adolescente detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.

En el barrio San Carlos y las zonas aledañas, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad y la incidencia de menores en delitos graves. Las fuerzas policiales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para brindar información que permita esclarecer el caso y prevenir futuros episodios similares.

Una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, para ese punto la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

Estafa a jubilado de 81 años en La Plata: le vaciaron las cuentas tras un llamado falso

Un nuevo episodio de estafa virtual se registró en la ciudad de La Plata, cuando un jubilado de 81 años denunció haber perdido más de un millón de pesos tras ser víctima de un engaño telefónico en el barrio La Loma. Según lo informado, la maniobra comenzó con una llamada que simulaba provenir del área de atención al cliente de una aseguradora reconocida.

Durante el contacto, el interlocutor solicitó datos personales y bancarios, bajo el argumento de actualizar la información de la cuenta. El hombre, convencido de que la comunicación era legítima, proporcionó los datos requeridos.

Poco después, la víctima advirtió movimientos irregulares en sus cuentas. Primero notó una transferencia por más de un millón de pesos, luego otra por $100.000 y operaciones digitales que nunca había autorizado.

De la misma manera, la víctima recibió un correo electrónico confirmando la aprobación de un préstamo online que no había solicitado. De acuerdo con la denuncia, el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana y fue realizado por una persona que mostró un alto conocimiento del sistema bancario, lo que facilitó la maniobra fraudulenta.

Al detectar la situación, el jubilado procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas, aunque ya se habían concretado las principales transacciones. El monto sustraído representa una suma significativa para cualquier jubilado.

La denuncia fue radicada ante la Justicia, que inició una investigación para determinar la modalidad del fraude. Además, se solicitó el análisis de los registros bancarios y las pericias técnicas buscarán identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se realizaron las operaciones fraudulentas, así como el destino final de los fondos.

El video que encabeza esta nota muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta blanca circulando a gran velocidad sobre la calle 149. Minutos después, se los ve subir a la vereda, en la intersección de 59, y es en ese lugar donde interceptaron al joven.

De acuerdo con lo informado por 0221, el adolescente, que regresaba caminando de la escuela por esa misma arteria, es sorprendido por uno de los delincuentes que se baja del rodado y comienza a golpearlo tratando de conseguir que le diera las pertenencias.

La víctima, lejos de someterse, reaccionó a tiempo y logró alejarse antes de que la situación escalara. El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona transitada por vecinos y vehículos en el barrio de Los Hornos, sin que los sospechosos pudieran concretar el robo.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, en donde además se puede ver a los motochorros retirándose por la misma vía que habían llegado. Hasta el momento, no trascendió si la víctima o algún testigo realizó una denuncia formal ante la Policía Bonaerense, ni se conoce la identidad de los delincuentes.

Una tatuadora de San Martín frustró el robo de su motocicleta en Remedios de Escalada, partido de Lanús, al activar a distancia un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica que había instalado debajo del asiento del rodado. El hecho ocurrió pasadas las 20, y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se viralizaron días después.

La mujer se dirigía a trabajar cuando dos motochorros la interceptaron y le exigieron que bajara de la moto. Ante la amenaza, no opuso resistencia. Uno de los sospechosos se subió al vehículo y escapó mientras su cómplice lo seguía en otro rodado. El asaltante, sin embargo, no llegó lejos: al acercarse a la esquina, recibió una descarga de 6.000 voltios que lo hizo perder el control y caer al asfalto. Abandonó la moto en plena calle y huyó junto al otro delincuente.

Débora contó el episodio a C5N: "Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol“. Tras asegurarse de que los sospechosos se habían alejado, recuperó su motocicleta, aunque el pedal de los cambios resultó dañado por la caída.

El artefacto, conocido como Shockbag y fabricado en Uruguay, consiste en una cinta negra que se coloca alrededor del asiento y opera con una batería independiente de una duración aproximada de un mes. La descarga se activa al presionar tres botones en simultáneo desde una muñequera ajustable. Según la propia Débora, la corriente no es mortal, pero “te hace soltar lo que tengas”. El sistema también cuenta con una alarma para ubicar el vehículo en la oscuridad.

La víctima explicó que ya le habían robado cuatro motos con anterioridad y que esa experiencia la llevó a buscar una solución. “Lo compré porque estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, afirmó. Admitió que en el momento del asalto dudó en activarlo por el miedo que le generó la situación, pero finalmente tomó la decisión. “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”, agregó.

Ante la ausencia de una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio, según informaron fuentes policiales. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Personal del Comando de Patrullas (CP) llegó al lugar y encontró al motociclista —un masculino de entre 25 y 30 años— tendido inconsciente sobre el asfalto. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de forma automática al Hospital Rossi, donde ingresó con lesiones varias y en estado crítico. La identidad del hombre no pudo establecerse en el lugar del hecho, dado que no portaba documentación al momento del accidente.

Al frente de la camioneta Kia K2500 estaba un hombre identificado como L.G.A., argentino de 40 años, domiciliado en La Plata. Las causas exactas de la colisión aún se tratan de establecer.

De acuerdo con las imágenes que capturó una cámara que estaba en el camión, se puede ver cómo el vehículo, tras pasar las vías del tren, se dispone a hacer un giro hacia la izquierda. Es en ese momento es que ocurre el impacto con la motocicleta, que no aparece en plano hasta que cae al suelo con dos ocupantes.

El lugar fue preservado con fines periciales. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Plata, cuyo magistrado de turno dispuso las diligencias de rigor tras ser notificado del hecho.

El GTO trabaja para dar con la identidad del motociclista: la moto no registra impedimentos y figura radicada en Florencio Varela.

El antecedente de un caso similar en Mendoza

Un impactante video conmocionó a la provincia de Mendoza tras el atropello de un jubilado por parte de un colectivo mientras cruzaba la calle en pleno centro. La víctima, de 70 años, fue trasladada al hospital con politraumatismos y sufrió un ACV hemorrágico, donde finalmente murió. El episodio ocurrió días atrás.

Según supo Infobae, el hecho tuvo lugar en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en el departamento de San Martín. Las imágenes muestran al hombre en el momento en que se apresta a cruzar por la senda peatonal, cuando un colectivo aparece de improviso y lo embiste, lanzándolo varios metros por el aire.

El siniestro involucró al interno 37 de la empresa Nueva Generación, un Mercedes Benz que circulaba por la avenida Leandro Alem en sentido este-oeste. Al doblar hacia el sur por calle Las Heras, la unidad golpeó al hombre identificado como S. A., de 70 años, quien atravesaba la calzada por la senda peatonal habilitada. La colisión se produjo durante la maniobra de giro a la izquierda.

A raíz del choque, la víctima retrocedió varios metros y quedó tendida sobre el asfalto. Una cámara de seguridad instalada en la zona capturó el instante exacto del impacto. Las imágenes, difundidas en redes sociales y atribuidas a Radio Regional, exponen con crudeza la violencia del golpe y generaron consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó atención primaria al jubilado. Los médicos presentes en la escena verificaron politraumatismos y dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Perrupato. Ya en el nosocomio, el equipo de guardia profundizó la evaluación clínica y confirmó un diagnóstico de mayor gravedad: ACV hemorrágico y leve contusión pulmonar. El paciente quedó internado en observación con pronóstico reservado hasta que se dictó su muerte.

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control como por ejemplo ANMAT e INAME.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

Como fruto de una investigación originada por el robo de una motocicleta Yamaha FZ, tres personas fueron detenidas en La Plata luego de que hallaran un presunto desarmadero en funcionamiento. Tras la sospecha de que pudiera tratarse de una actividad ilícita, se abrió una causa judicial por el hecho.

El caso se inició con la denuncia de un vecino de 54 años, quien informó que su vehículo había sido sustraído mientras estaba estacionado en la zona de 38 entre 16 y 17. A partir de esto, los efectivos de la comisaría Cuarta comenzaron tareas investigativas para identificar a los responsables del robo.

Por medio de las diligencias, lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos y detectaron varios domicilios presuntamente utilizados para almacenar y desarmar motos robadas. Con esos elementos, solicitaron órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas el martes en diferentes puntos de la ciudad.

Según la información publicada por el medio platense 0221, durante los procedimientos, la Policía recuperó piezas de la motocicleta sustraída, entre ellas cachas negras correspondientes a una Yamaha FZ. Además, secuestraron una gran cantidad de autopartes y repuestos de distintas marcas, junto con numerosos componentes cuya procedencia está bajo investigación.

En los inmuebles allanados también se encontraron tres bicicletas de alta gama con la numeración del cuadro presuntamente adulterada o eliminada. De acuerdo con el parte oficial, las bicicletas recuperadas correspondían a una Ridetech rodado 29 y dos Fire Bird rodado 29.

Finalmente, fueron detenidos M. J. L., L. N. L. y M. Á. L. Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de La Plata, conducida por la fiscal Ana Medina, que continuará con las diligencias para determinar el alcance de la actividad ilícita y la procedencia de los elementos incautados.

Cayó banda tras robo a una mujer y descubren desarmadero con autopartes ilegales

Un operativo de la Comisaría Norte 1ª de San Justo concluyó con la detención de dos personas y el hallazgo de un desarmadero clandestino presuntamente vinculado a robos automotores en el partido de La Matanza. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 y la UFI N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda, tras el robo a mano armada de un Peugeot 2008 gris.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la intersección de las calles Jujuy y Cisneros, donde tres individuos en dos motocicletas interceptaron a una mujer de 53 años cuando ingresaba a su domicilio. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias, huyendo del lugar en cuestión de segundos.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa la secuencia del robo y la huida de los delincuentes. A partir de este, el Grupo Táctico Operativo identificó el domicilio donde se ocultaban las motocicletas empleadas y parte del botín.

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años, y secuestraron un teléfono celular Samsung S23 y la llave de encendido del Peugeot robado, ambos pertenecientes a la víctima. En línea con esto, la inspección reveló la existencia de un desarmadero clandestino en el inmueble.

Allí, se encontraron más de 20 llaves de ignición, 20 puertas, 15 capots, 30 paragolpes, cinco motores y seis cajas de cambios, entre otras autopartes. Además, se hallaron piezas correspondientes a vehículos con pedido de secuestro activo, incluyendo un Fiat 500, una Dodge Journey, un Toyota Etios, un Chevrolet Meriva y un Honda Legend, que habían sido denunciados por robo o hurto en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Durante el operativo se secuestraron también diez butacas, llantas de diferentes modelos y una chapa patente vinculada a otra investigación. Entre las motocicletas halladas figuraban una Honda GLH azul sin dominio colocado y una Kawasaki Versys blanca y negra, esta última con pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 29 de mayo en el partido de Morón.

Horas después del procedimiento, los investigadores detuvieron a Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años, quien fue identificado como el conductor de una de las motocicletas utilizadas durante el robo del Peugeot. Según las fuentes consultadas, Ruiz Saez quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 y el Juzgado de Garantías 6 intervienen en la causa, caratulada por los delitos de daños, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.

La fiscalía de turno recibió la consulta policial y fue requerida una orden de allanamiento de urgencia —al amparo del artículo 59 del Código Procesal Penal— con el fin de secuestrar el hacha utilizada en el ataque y verificar la existencia de otras armas en el inmueble. La autorización no fue concedida.

G.M.L. quedó aprehendido y fue trasladado junto con las víctimas a la sede policial jurisdiccional. El procedimiento no dejó heridos. El personal médico del Área de Salud Mental aguarda para realizar la evaluación del detenido.

Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Una discusión por el trato recibido en un almacén de barrio derivó en una pelea física entre una clienta y la dueña del local, en Neuquén. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se propagó con rapidez por redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Todo comenzó cuando la hermana de la protagonista compró papas fritas en el almacén y, según la versión de la familia, recibió un trato inadecuado por parte de la propietaria. Minutos después, la joven regresó al local con la bolsa de papas en mano para reclamar por lo ocurrido. La respuesta de la dueña fue, de acuerdo con los comentarios que circularon en redes, despectiva, y la discusión verbal escaló con rapidez.

En un momento que quedó registrado en las cámaras, la clienta arrojó el paquete de papas contra la dueña. Ese fue el punto de quiebre: ambas mujeres se tomaron del cabello y el intercambio de golpes y empujones se extendió por varios minutos dentro del comercio, frente a otros clientes que se encontraban en el lugar.

Cuando la situación parecía encaminarse a una resolución y la clienta se disponía a retirarse, una frase pronunciada por la cajera la hizo volver de forma abrupta, según consignó la agencia NA. Ese comentario reavivó el enfrentamiento y lo tornó más violento.

Un joven que realizaba compras en el local intentó separarlas, pero no pudo controlar la situación. El forcejeo continuó hasta que dos personas más ingresaron al comercio y lograron apartar a las mujeres.

Un nuevo episodio de estafa virtual sacudió a la ciudad de La Plata. Un jubilado de 81 años denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

El caso fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes iniciaron una investigación para determinar la modalidad exacta del fraude. La causa quedó en manos de la Justicia, que ya tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscarán identificar desde qué dispositivos y ubicaciones se concretaron las operaciones, así como el recorrido de las transferencias.

Este tipo de delitos se volvió cada vez más recurrente. De hecho, a finales de mayo, la Policía porteña desarticuló una banda dedicada a realizar estafas virtuales. Así, detuvieron a 3 personas tras realizar 10 allanamientos en la Ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera.

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

A partir de las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata aplicará una transformación en su sistema judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Esta medida marca un avance clave en la reforma del proceso penal federal, dirigida a modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del país.

El fecha fue oficializada esta madrguada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026 y tras un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia.

El nuevo modelo, basado en el sistema acusatorio, pretende agilizar los procedimientos, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal. La decisión responde a la necesidad de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, con especial énfasis en la gestión de delitos complejos y la protección de derechos fundamentales.

La implementación en la jurisdicción de La Plata se inscribe en el marco de una política de Estado que busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto, articulando los esfuerzos de los distintos organismos del sistema de justicia nacional.

El artículo 2° de la Ley N° 27.150 establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe realizarse conforme al cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma normativa, esta cartera ministerial ha venido dictando los actos y formulando propuestas para la implementación paulatina del sistema en los distritos federales y nacionales.

El proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y regiones de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

El objetivo es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones, incluyendo Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, sectores de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se encuentran el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” (Ezeiza), y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, infraestructuras estratégicas para el tránsito comercial y poblacional.

La entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata había sido inicialmente programada para el 18 de mayo de 2026, luego diferida al 30 de noviembre del mismo año para garantizar la finalización ordenada de las acciones preparatorias. Finalmente, el nuevo cronograma fija el inicio para el 21 de septiembre, respaldado por avances en infraestructura, tecnología y capacitación.

Entre los recursos incorporados se destacan los Sistemas UFED y dispositivos asociados, que potencian las capacidades de tratamiento de evidencia digital, incrementando la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de custodia. Estas herramientas permiten a la Procuración mejorar la persecución penal en delitos complejos, con mayores garantías de integridad probatoria.

De modo complementario, se han impulsado mejoras edilicias y tecnológicas en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este organismo informó la disponibilidad de espacios para la instalación de salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio, incluyendo equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos para la gestión digital de las audiencias orales.

El proceso de adecuación contempla no solo la infraestructura física, sino también la capacitación de los operadores judiciales. Se organizaron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades ante los desafíos del nuevo modelo.

Según pudo saber Infobae de fuentes del operativo, la denuncia fue realizada por parte del personal del Camping Hudson, quienes afirmaron que la embarcación llamada “Chamigo-Ho”, que había partido durante la mañana del domingo, para la noche todavía no había regresado al lugar donde estaban los autos de los cinco ocupantes estacionados.

De acuerdo a lo que trascendió, era un buque que iba a circular por la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerreyes.

La Autoridad Marítima Nacional desplegó de manera inmediata un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera. El área de búsqueda abarca la franja del río comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Se realizaron reiterados intentos de comunicación telefónica con los tripulantes y llamados por radiofrecuencia VHF, sin que se obtuviera respuesta alguna. Justamente, la ausencia de señales desde la embarcación profundiza la preocupación tanto de los investigadores como de los allegados a los navegantes.

A bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia trayectoria en navegación. Entre los ocupantes se encuentran Carlos y Claudio Kovach, cuyos nombres fueron confirmados por su hermano Ricardo Kovach, quien fue quien radicó la denuncia formal tras ser alertado por un trabajador portuario que notó que la lancha no había vuelto en el horario previsto.

La embarcación contaba con motor naftero y disponía de todos los elementos de seguridad requeridos para operar en el río: chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS. Además, tres de los cinco tripulantes poseían habilitación de timoneles otorgada por la propia Prefectura, lo que refuerza el perfil experimentado de quienes iban a bordo.

Ricardo Kovach relató que la preocupación comenzó a crecer durante la tarde del domingo. “A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda”, declaró. Ante la falta de respuesta de los ocupantes, actuó sin demora: “Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura”, precisó.

Uno de los aspectos que más inquieta a quienes llevan adelante el operativo es que no hubo ningún pedido de auxilio ni comunicación previa a la desaparición. “No hubo una última comunicación”, señaló Ricardo, quien precisó que “la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20” del domingo.

Desde la oficina de Prefectura Naval en Quilmes, donde se presentó para seguir de cerca las novedades, Ricardo detalló que el rastrillaje se extiende con medios de distintas jurisdicciones. “En este momento hay embarcaciones de Capital, de Dock Sud, de Quilmes y de La Plata, más un avión”, enumeró, y añadió que la familia evalúa contratar un vuelo privado para ampliar la cobertura aérea de la zona.

Sobre la dirección que pudo haber tomado la lancha, el familiar admitió que no se conoce el rumbo inicial. “Por cuestiones de corriente, se imaginan que pudo haber ido hacia el sur, hacia La Plata, y no hacia el lado de Capital”, explicó, aunque aclaró que se trata de “una conjetura nomás” y que el rastrillaje abarca desde Dock Sud hasta La Plata en todos los sentidos.

Ricardo también precisó la dinámica habitual de estas salidas de pesca. Según describió, el plan era alejarse unos cuatro o cinco kilómetros de la costa, garetear —técnica que consiste en anclar la embarcación de forma parcial mediante un dispositivo de lona— y pescar hasta las 17, hora en que usualmente se emprende el regreso antes de la caída del sol.

Respecto a las condiciones climáticas, señaló que la noche del domingo fue fría para quienes pudieran haber permanecido en el agua, aunque destacó que el día lunes amaneció con buen tiempo. “Hay poco viento y el sol está ayudando”, afirmó. En cuanto a la continuidad del operativo, indicó que la búsqueda se sostiene mientras haya luz natural: “En principio, sería mientras haya luz, se sigue buscando”, dijo.

En paralelo al operativo marítimo, los familiares de los navegantes radicaron la denuncia ante la comisaría jurisdiccional. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la doctora Silvia Noemí Borrone.

Una mujer de 71 años y su nieto de 11 vivieron momentos de máxima tensión en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, cuando fueron interceptados por tres delincuentes armados al llegar a una consulta psicopedagógica.

El hecho ocurrió en la zona de calle 54 entre 5 y 6, donde los asaltantes abordaron violentamente a las víctimas y se apoderaron de un Audi Q3. Tras una serie de amenazas, los ladrones escaparon rápidamente del lugar.

La secuencia se inició cuando la jubilada arribó al sitio junto al menor, a bordo del vehículo de alta gama. Apenas estacionaron, los tres agresores, portando armas de fuego, se aproximaron y exigieron de inmediato las llaves del automóvil. Según se informó, los asaltantes mostraron una actitud intimidante y no dudaron en presionar a la mujer para lograr su objetivo.

Frente a la imposibilidad de poner en marcha el Audi Q3 por sus propios medios, los delincuentes recurrieron a un método más agresivo: obligaron a la víctima a reingresar al automóvil y encenderlo. De este modo, consiguieron finalmente darle arranque el vehículo y, sin perder tiempo, huyeron en dirección Parque Pereyra Iraola.

Después del asalto, y según informó el portal 0221, la mujer y su nieto lograron resguardarse en una vivienda cercana, donde permanecieron a salvo hasta la llegada de ayuda. Vecinos de la zona llamaron al 911 para informar sobre el robo y solicitar la presencia de las autoridades. El rápido accionar de los residentes permitió que las víctimas recibieran contención en los minutos posteriores al episodio.

En el lugar, miembros de la fuerza policial iniciaron un operativo de búsqueda y relevaron las primeras declaraciones de testigos.

Horas después del asalto, el Audi Q3 robado fue localizado por la policía en Florencio Varela, partido vecino al lugar del hecho. El hallazgo se produjo luego de un operativo de rastreo coordinado por efectivos de la comisaría Decimosegunda. Según los primeros informes, el vehículo fue encontrado abandonado, sin ocupantes y en condiciones aptas para la circulación.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el caso. La investigación sigue en curso, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada tras el robo. Para esto, las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad urbanas y privadas.

La comisaría Decimosegunda de Villa Elisa quedó al frente de la investigación. El personal policial trabaja en coordinación con otras dependencias de seguridad y la fiscalía interviniente para reconstruir los movimientos de los asaltantes antes, durante y después del ataque.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana junto a otros familiares.

El hecho ocurrió el viernes pasado y terminó con el acusado detenido tras un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en su domicilio. El incidente dejó una secuencia de amenazas, disparos y tensión, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Según la denuncia presentada por la mujer de 33 años, el conflicto se desató cuando se disponía a retirarse de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 80 y 3. En ese momento, observó a su hermano salir armado a la vereda. Las amenazas verbales precedieron a los disparos: el acusado efectuó al menos tres detonaciones contra el automóvil Fiat Punto donde se encontraba la denunciante junto a otras personas de la familia.

Una de las balas destrozó una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otra impactó en una de las puertas. Pese a la cercanía de los disparos y la agresión directa, ninguna de las personas presentes resultó herida.

Tras la denuncia y según informó el portal 0221, la Justicia dispuso tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. El procedimiento fue ejecutado el sábado por personal de la Policía Bonaerense, quienes localizaron al hombre dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque.

Durante la requisa, los agentes encontraron al sospechoso armado: portaba en la cintura un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones. Además, se incautaron otras armas en el domicilio, incluyendo un pistolón marca Rexto, una escopeta doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo el material quedó secuestrado como evidencia en el marco de la investigación.

El acusado, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata. Ahora, la fiscalía deberá analizar la situación procesal del detenido y determinar los próximos pasos judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, lo que habría motivado el accionar violento.

Un tenso episodio tuvo lugar durante la madrugada del sábado en La Plata, donde un sospechoso de 22 años protagonizó un tiroteo contra el frente de una casa ubicada en la localidad de Ensenada. El hecho, captado por un testigo, fue denunciado al 911 y derivó en un operativo policial en el que el joven resultó detenido. Tras identificarlo, se constató que tenía un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

Fuentes del caso detallaron que el despliegue se desarrolló en un contexto hostil, ya que los móviles policiales también recibieron impactos de piedras por parte de vecinos mientras se concretaba la detención.

En el marco del operativo, las autoridades constataron que el ahora detenido presentaba un pedido de captura activo por evasión, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata desde el 24 de julio de 2025.

Ahora el joven quedó a disposición de la UFIJ N°6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, y del Juzgado de Ejecución Penal N°2, mientras se realizan las pericias correspondientes sobre el arma incautada.

Federico Hernán Pez, ahora ex titular de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata, fue detenido este viernes, acusado de un delito grave: la Justicia lo imputó por violar a tres empleadas que estaban bajo su órbita y ejercer violencia de género sobre ellas.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4. La causa cuenta con la denuncia de tres mujeres que trabajaban bajo la órbita de Pez en el área municipal.

La imputación es por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. La denuncia inicial se hizo el pasado fin de semana en la UFI N° 6 dirigida por Patricio Barraza, según el diario El Día de La Plata.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, en el expediente judicial se incorporaron presentaciones de las víctimas que relataron haber sufrido acoso laboral y sexual, en un contexto de violencia de género.

De hecho, una de ellas presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad e informó la existencia de denuncias penales previas contra Pez por hechos similares, que incluyen investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y hasta violencia familiar.

La documentación señala que Pez también ocupaba cargos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo que, según las denunciantes, le daba una posición de poder frente a las víctimas.

Las declaraciones señalan que, además de llevar los hechos ante la Justicia, las presuntas víctimas perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron contención institucional suficiente. “No entendemos cómo esta persona ocupa cargos públicos con todas las denuncias que tiene, solo buscamos justicia”, afirmó una de ellas al medio platense.

En la causa intervienen organismos especializados en violencia de género, entre ellos el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que acompaña a al menos una de las denunciantes junto a áreas especializadas en género, dada la complejidad y los antecedentes del caso.

Las víctimas son representadas por el abogado Axel Hurtado, quien solicitó medidas de protección y acompañamiento para ellas. Por lo pronto, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación. El acusado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. Según comunicó la Municipalidad, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

“Se resolvió dar de baja, de forma inmediata, la designación de dicho agente por la detención, en orden al delito de lesiones leves en contexto de violencia de género, en concurso real con otros delitos”, comunicó la Subsecretaría de Recursos Humanos.

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata confirmó la baja inmediata de uno de sus funcionarios municipales, luego de que fuera detenido tras haber sido acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un marco de violencia de género”.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. No obstante, aclararon que, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

La causa fue iniciada a partir de denuncias presentadas por tres mujeres que trabajaban bajo la órbita del ex funcionario, quienes relataron haber sufrido situaciones de acoso laboral, violencia de género y abuso sexual. Asimismo, los casos quedaron bajo la defensa del abogado Axel Hurtado representa a las denunciantes y promueve medidas de protección.

Una de las denunciantes presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad, e informó al juzgado sobre la existencia de numerosas denuncias penales y procesos judiciales previos relacionados con hechos de violencia, amenazas y conflictos con mujeres.

A partir de esto, la Justicia evaluó la gravedad de los hechos denunciados y decidió rechazar su pedido de excarcelación. De esta manera, en el expediente se incorporaron antecedentes que mencionan investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia familiar.

De la misma manera, indicaron que el imputado desempeñaba funciones directivas en el municipio y mantenía reserva de cargo en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Por este motivo, consideraron que estos cargos le conferían una posición de poder frente a las víctimas.

Detuvieron a un dirigente político de Santa Fe por violencia de género: le encontraron cocaína y un arma

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento este miércoles en un departamento del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., exdirigente político local investigado por una causa de violencia de género. Durante el procedimiento, los agentes hallaron un revólver calibre 38, un trozo de cocaína de 60 gramos y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo se originó tras una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien involucró al dirigente en hechos de violencia de género. Según explicó Alejandra Carrizo, coordinadora de la PDI, la detención se produjo en el marco de esa denuncia, aunque la investigación derivó en hallazgos vinculados con delitos de tenencia de armas y estupefacientes.

Durante la inspección en el departamento del Puerto, los investigadores incautaron una bolsa blanca con 60 gramos de cocaína y un revólver calibre 38. En simultáneo, se realizó otro allanamiento en una vivienda de Arroyo Leyes relacionada con el detenido.

Por otro lado, se conoció que el dirigente político ya había sido arrestado en 2017 por un hecho similar. En esa oportunidad, tras una pelea en un bar de la zona portuaria y la exhibición de un arma de fuego, la Prefectura Naval secuestró en su domicilio un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios.

En aquella oportunidad, enfrentó dos causas judiciales: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal. Según fuentes judiciales citadas por Aire de Santa Fe, la causa federal fue cerrada mediante un acuerdo de probation en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. La defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en el Barrio Aeropuerto de La Plata tras un nuevo hecho delictivo que afectó a una familia de la zona. Durante la tarde del pasado domingo, delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle 609 bis entre 5 y 5 bis.

Al regresar a su domicilio, la víctima advirtió que la puerta lateral había sido forzada y reflejó el impacto inmediato que provocó el episodio en la familia, sumado a la sensación de vulnerabilidad que describen quienes residen en el área.

La denuncia fue presentada poco después del hallazgo en un destacamento de la zona. La víctima recurrió, además, a las cámaras de seguridad de un vecino para intentar identificar a los responsables. Las imágenes muestran a los ladrones trepando e ingresando a la propiedad por uno de los laterales, lo que permitió reconstruir parcialmente la secuencia del robo.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el Barrio Aeropuerto se caracteriza por el sentido de comunidad entre sus habitantes, quienes conformaron un grupo para alertarse ante situaciones sospechosas y coordinar reclamos.

La víctima del robo del domingo expresó el temor que se vive en la cuadra y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos todos los vecinos en estado de alerta”, insistió, y subrayó el impacto que generan estos episodios en la vida cotidiana de la comunidad.

Cayó una banda que robaba casas en La Plata

Un grupo de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue detenido tras un operativo policial en La Plata, luego de que perpetraran un robo en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo. El hecho generó un despliegue policial que permitió identificar y capturar a los sospechosos en menos de una hora.

La secuencia comenzó cerca de la medianoche en una casa ubicada en 74 entre 13 y 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. La rápida respuesta de la Policía Bonaerense permitió asistir a la víctima, un joven de 19 años, quien relató que se despertó sobresaltado al oír ruidos provenientes de la planta alta de su casa. Al revisar, constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana y accedido al interior.

Los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 Pro que se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior, donde en ese momento no había personas. Según la información oficial, el ingreso se produjo mediante el uso de herramientas para violentar la reja y aprovechar un momento de distracción del ocupante.

Las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia cercanas, que permitieron confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir su ruta de escape tras el robo. Los registros muestran cómo el grupo huyó del domicilio a pie, dispersándose por calles aledañas en un intento por evitar a la policía.

Con los datos recogidos, los agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo de rastrillaje en la zona. Apenas 45 minutos después del aviso telefónico, los sospechosos fueron localizados en la intersección de 80 entre 18 y 19. En el procedimiento se procedió a la aprehensión de L. A., de 18 años, y de cuatro adolescentes de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y declaración ante la Justicia.

Durante la requisa, se hallaron mochilas con materiales presuntamente utilizados en el hecho: pasamontañas, guantes de látex y algodón, martillos y un destornillador. Los elementos secuestrados serán peritados para establecer su relación con el robo y posibles antecedentes en otros ilícitos de la zona.

Los cinco acusados quedaron imputados en una causa caratulada como robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y escalamiento. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y si existen conexiones con otros hechos similares en la jurisdicción.

Las fuentes judiciales indicaron que los imputados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se avanza con la instrucción de la causa y se esperan las declaraciones de testigos y la víctima. En el caso de los menores, la intervención de organismos de protección de derechos será clave para definir las medidas a adoptar.

Los sospechosos por la muerte de Santiago Correa en City Bell se negaron a declarar ante el fiscal y quedaron formalmente detenidos. Se trata del dueño de la vivienda donde hallaron el cuerpo, quien en un principio señaló que tenía un vínculo sentimental con la víctima, y un amigo de él. La familia convocó a una marcha para pedir justicia.

J. G. B., docente de 41 años, y R. A. G. de 49 —que afirmó haber ido al lugar tras enterarse de una discusión de pareja— permanecen a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien ordenó sus detenciones luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos.

Por su parte, la defensa de los imputados, Christian Parodi, lanzó una inesperada declaración tras indicar que Correa habría atravesado un presunto brote psicótico y que las heridas fueron autoprovocadas, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.

Esa versión no coincide en absoluto con los resultados preliminares de la autopsia en donde los peritos detectaron múltiples heridas cortantes en el cuello y lesiones compatibles con maniobras defensivas, lo que contradice la hipótesis del suicidio.

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 454 entre 24 y 25, en la localidad platense de City Bell, el lunes por la noche. El cadáver estaba tirado en el patio delantero de la vivienda y lo encontraron luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo hallaron el cuerpo sin signos vitales. También llamó la atención el estado en el que se encontraba el interior de la casa. Había manchas de sangre en las habitaciones y objetos tirados en el suelo, lo que evidenciaba un posible enfrentamiento previo al desenlace fatal.

Luego de conocerse el relato de J. G. B. sobre su presunta relación con Correa, el entorno más cercano de la víctima lo desmintió. Según informó El Día, familiares y amigos del hombre de 33 años aseguraron que él no tenía pareja y que antes del hecho les había comentado que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado en City Bell. Correa vivía en Villa Elvira y, de acuerdo con lo que indicaron, solía mantener encuentros ocasionales.

En el procedimiento, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos detenidos para su peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque. La causa quedó caratulada como “Homicidio” y el fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda los resultados definitivos de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso.

El reclamo de la familia

A pocos días de cumplirse una semana del crimen, la familia y amigos convocaron a una movilización este viernes frente a las fiscalías de La Plata para reclamar avances en la investigación de su muerte.

La concentración se realizará a las 12 en avenida 7 entre 56 y 57, bajo la consigna “Justicia por Santiago”. “Queremos justicia, que no quede como si no pasó nada, porque Santiago nunca se hubiera quitado la vida. Estaba rodeado de amigos y de su familia, trabajaba en una panadería y también con mi papá; iba a construir su casa, se había anotado para hacer el curso de guardavidas y se iba a ir de vacaciones. Le faltaba un año para recibirse de enfermero”, señaló la hermana al portal local.

El entorno de la víctima, quien era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26, rechaza la hipótesis de un suicidio y exige que la causa profundice la línea del homicidio.

Una gran conmoción golpea por estas horas a la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el partido de La Plata, tras la muerte de Z.Q., una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de denunciar que fue víctima de un abuso sexual.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la joven fue encontrada muerta en su domicilio. Apenas ocurrió el hallazgo, la primera hipótesis de los investigadores es que todo apuntaba a un suicidio, aunque se esperaban los resultados definitivos de la autopsia y las declaraciones testimoniales para esclarecer el caso.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, finalmente se estableció que la menor se quitó la vida. Otro dato que reforzó la teoría del caso es que en la casa no se encontraron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor.

Qué dijo la madre de la adolescente de 15 años

Medios locales indicaron que el hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la víctima, quien había denunciado previamente un delito contra la integridad sexual. En ese sentido, trascendió que la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”.

Respecto a la denuncia por abuso sexual, el caso se maneja con total hermetismo, debido a que se trata de una menor de edad. En ese sentido, las fuentes se abstuvieron de brindar detalles.

La joven asistía a la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 22, ubicada en 520 y 138 bis, que suspendió las clases y decretó una jornada de duelo institucional. Las autoridades educativas emitieron un comunicado público para expresar condolencias a la familia y acompañar a la comunidad educativa.

“Con profundo dolor acompañamos a la familia de la estudiante Z.Q.. La escuela permanecerá cerrada mañana por duelo”, indicaron desde la institución.

La investigación judicial por la muerte de la adolescente quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Patricio Barraza.

El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la calle 48 entre Diagonal 77 y 3, en La Plata. De esta manera, la presidenta de la empresa, Roxana Aloise, sería juzgada por los delitos de “estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real”.

En el pedido, la acusación sostuvo que existirían pruebas suficientes para que Aloise enfrente un juicio oral, luego de que mantuviera en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro. Producto de esto, decenas de vecinos quedaron expuestos a situaciones de alto riesgo y provocó daños materiales de magnitud.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el fuego se originó en un predio de una antigua estación de servicio utilizado como cochera y depósito de electrodomésticos que presuntamente no contaban con habilitación ni medidas de seguridad.

En paralelo, el informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina concluyó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la planta baja del edificio. Tras propagarse por varios pisos, culminó con el derrumbe parcial de la estructura. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron descartar la intervención de terceros en el inicio del fuego.

El avance de las llamas fue rápido y afectó la estructura del edificio, lo que provocó el colapso de los pisos superiores y puso en peligro la vida de los vecinos linderos. Entre ellos se encontraba Martina Píccoli, quien logró escapar de su vivienda gracias a la alerta de un vecino.

Según el testimonio que brindó ante la Justicia, salió de la casa solo con su celular, llaves y pijama. Minutos después, observó cómo parte del edificio incendiado se derrumbó sobre su propiedad y destruyó sectores como la cocina y un estudio de trabajo. Por este motivo, consideró que podría haber muerto atrapada entre las rejas de seguridad y el humo, si no le advertían del siniestro.

En el expediente destacaron que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por la Municipalidad de La Plata el 25 de junio de 2025, cuando los inspectores constataron que el lugar funcionaba como depósito de electrodomésticos sin tener habilitación y un sistema de prevención contra posibles incendios.

Según la información obtenida por El Día, tras la inspección, se labró un acta contravencional y se dispuso la clausura preventiva. Esta medida sería ratificada posteriormente por el Juzgado de Faltas, que notificó a la empresa sobre la sanción.

A pesar de la clausura, la actividad comercial continuó. De hecho, dos trabajadores del depósito declararon haber recibido instrucciones directas de Aloise para seguir operando, incluso, tras la colocación de las fajas de clausura.

En línea con esta orden, relataron que se les indicó no permitir el ingreso de inspectores municipales y evitar la firma de documentación oficial. Además, ratificaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal y de sistemas de detección o prevención de incendios, ya que solamente contaban con una alarma contra robos.

Después de que enumerara todas las pruebas en contra de Aloise, el fiscal Padovan consideró demostrada la responsabilidad de la acusada como titular de Al Tecno S.A. Por este motivo, se confirmó su procesamiento en la causa el 20 de marzo de este año.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, la empresaria habría ignorado deliberadamente las órdenes de clausura, manteniendo en funcionamiento un depósito sin habilitación ni medidas de seguridad, lo que encuadra en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia.

En este sentido, el requerimiento subrayó que la imputada era la máxima responsable de la firma y tenía pleno conocimiento tanto de las inspecciones como de las infracciones y órdenes de cierre. Además, remarcó que la investigación constató que se trataba de la accionista mayoritaria de la empresa, ya que el 95% de ellas estaban bajo su poder.

El hecho ocurrió el martes en la intersección de 37 y 125, donde los sospechosos interceptaron de manera violenta a un hombre que circulaba con su moto por una de las arterias. Lo emboscaron por detrás, lo encerraron y tras perder el equilibrio le robaron el vehículo.

De inmediato, los efectivos de la Policía desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido de los jóvenes en tiempo real.

Las imágenes llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en 38 y 128, identificada como el domicilio de la madre de uno de los sospechosos, conocido como “Puchito”. Allí, la mujer permitió el ingreso a los efectivos sin oponer resistencia, y atraparon a los menores involucrados.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en la propiedad una motocicleta robada el día anterior, mientras que el rodado que habían sustraído ese mismo día fue localizada poco después en un terreno detrás de una cancha de fútbol y fue restituida a su propietario.

De acuerdo con la información indicada por fuentes de la investigación al portal 0221, los adolescentes quedaron en libertad esa misma noche por tratarse de menores de edad. “Se va a continuar con la investigación para ver qué se puede hacer. Vamos a seguir trabajando con estos menores para ver si podemos darle un corte definitivo”, precisaron.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la conducción de la fiscal Carmen Ibarra.

Cayó una banda de adolescentes por el robo de un celular

Un grupo de cuatro adolescentes de 16 y 17 años, fue detenido en la madrugada del miércoles pasado tras irrumpir en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, y robar un teléfono celular. El operativo de la Policía Bonaerense concluyó con la aprehensión de todos los sospechosos en menos de 45 minutos.

El hecho se registró cerca de la medianoche en una casa ubicada en la calle 74 entre 13 y 14. Un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el interior de la propiedad. La víctima, un joven de 19 años, declaró ante los efectivos que se despertó al escuchar ruidos en la planta alta y que, al subir, comprobó que desconocidos habían forzado la reja de una ventana para acceder al inmueble. Del piso superior, donde no había nadie en ese momento, los intrusos sustrajeron un iPhone 15 Pro.

Según informó 0221, el análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector permitió confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir la ruta que tomaron tras el robo. Los registros mostraron que el grupo abandonó el domicilio a pie y se dispersó por las calles del barrio.

Con esa información, los agentes montaron un rastrillaje en la zona y localizaron a los sospechosos en la intersección de 80 entre 18 y 19. Allí fue detenido L.A., de 18 años, junto a cuatro menores. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y puestos a disposición de la Justicia.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en las mochilas de los aprehendidos pasamontañas, guantes de látex y de algodón, martillos y un destornillador. Los elementos serán peritados para establecer su vinculación con el robo y determinar si el grupo tiene participación en otros ilícitos de la zona, según precisó el portal.

Los cinco imputados quedaron acusados por robo en poblado y en banda, agravado por la participación de menores y escalamiento. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11.