Dos denuncias por agresiones callejeras quedaron bajo investigación en Arturo Seguí, partido de La Plata, luego de que la Policía encontrara juntos a dos hombres que afirmaron haber sido atacados en puntos distintos del barrio.

Uno de ellos, de 30 años, tenía una herida de arma de fuego en el muslo derecho; el otro, de 18, presentaba un corte en la cabeza.

La intervención policial se inició tras un llamado al 911 que ubicó a los efectivos en la zona de las calles 412 y 154. Allí, hallaron al hombre baleado y al joven lesionado, pese a que ambos situaron los episodios que denunciaron en esquinas separadas por varias cuadras.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la Justicia investiga si los dos ataques denunciados en Arturo Seguí estuvieron relacionados o si se trató de hechos independientes. Los dos recibieron atención médica y obtuvieron el alta horas más tarde. Por el momento, la causa fue calificada como “Lesiones”.

Según la declaración del hombre de 30 años, el ataque ocurrió cuando caminaba por la intersección de las calles 412 y 154. La víctima indicó que tres motos se le cruzaron en el camino y que, durante esa secuencia, recibió un disparo en la pierna.

La bala impactó en su muslo derecho. Tras el aviso recibido por la central de emergencias, personal policial se dirigió al lugar señalado y constató que el hombre necesitaba asistencia sanitaria.

Y junto al hombre baleado se encontraba un joven de 18 años, quien tenía sangre en la cabeza al momento de la llegada de la Policía. Según explicó, había sido agredido en la zona de las calles 411 y 151, una ubicación distinta de aquella en la que el otro denunciante dijo haber recibido el disparo.

El joven relató que, tras sufrir la lesión, se dirigió a pedir ayuda a la vivienda del hombre de 30 años.

Por el momento, los relatos aportados por los dos hombres son la base inicial de la causa. Las autoridades no comunicaron detalles sobre eventuales testigos, registros de cámaras de seguridad o elementos secuestrados que permitan reconstruir los episodios.

Ante la demora de la ambulancia solicitada para asistirlos, los agentes resolvieron trasladar a los dos heridos a un centro de salud. El procedimiento permitió que ambos fueran evaluados por personal médico luego de las lesiones denunciadas.

Ambos fueron atendidos y obtuvieron el alta médica horas después, de acuerdo con la información incorporada al caso.

Las actuaciones también deberán precisar si la presencia del joven lesionado en la casa del hombre baleado fue posterior a un ataque ocurrido de manera autónoma o si existe una conexión entre los hechos.

La investigación fue caratulada como “Lesiones” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9. En el expediente intervienen además el Juzgado de Garantías N°6 y la Unidad Funcional de Defensa N°21.

La jueza de garantías 5 de La Plata Marcela Garmendia ordenó detener al empresario y fundador del Grupo Delsud Francisco Vila Basualdo, y a Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua por integrar una presunta red de estafas con terrenos, que habría vendido lotes sin permiso para hacer un desarrollo urbano en zonas rurales.

Esta causa está unida a otra investigación en la que está acusado el exintendente Julio Garro por presunto enriquecimiento ilícito y fraude.

Según la investigación, hubo más de 1.000 familias afectadas que se estima invirtieron en los barrios de Lomas de Arana, El Juncal, Bella Vista, El Paraíso, Los Pinares, La Escondida, Latitud 34, Sophenia y Garden.

El esquema investigado consistía en dividir, promocionar y vender parcelas ubicadas en zonas rurales o de reserva hortícola de El Peligro, Melchor Romero, Abasto y Arana.

A los compradores les ofrecían lotes individuales para construir viviendas. Pero, en términos legales, compraban porcentajes no divididos de terrenos grandes que no tenían una subdivisión aprobada.

Las operaciones se hacían con boletos de compraventa, cesiones de derechos sobre partes no divididas y planes de financiación que seguían vigentes aunque, por las normas en vigor, no se podía hacer un desarrollo urbano en esos terrenos.

De ese modo, los propietarios no podían obtener una escritura individual de sus terrenos ni asegurar los servicios de luz, gas y agua.

La acusación

La resolución judicial detalla que las ventas de los lotes se promocionaban por redes sociales, visitas a los terrenos y mensajes de WhatsApp. Allí se ofrecían barrios abiertos, semicerrados, cerrados o privados con calles internas, iluminación, cercos, seguridad, áreas verdes y acceso controlado.

La acusación sostiene que se mantuvo la apariencia de que los terrenos podían ser medidos oficialmente, cercados, conectados a la red eléctrica y usados para viviendas. Por eso se cobraron sumas adicionales por tareas de agrimensura, medición del terreno, colocación de mojones o conexiones de luz.

Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez están imputados como autores de los 10 hechos de estafa vinculados a los desarrollos Sophenia y Garden. Martínez también fue imputada por el presunto uso de documentos con firmas falsas presentados ante la Municipalidad de La Plata para impulsar la incorporación de Garden al Registro de Barrios Informales.

Fuentes judiciales señalaron que Vila Basualdo fundó el Grupo Delsud en 2018 y amplió sus negocios en finanzas, construcción y medios. Distintas denuncias lo vinculan con presuntas maniobras de evasión e influencia política y mediática.

Nadia Lima es investigada como autora en ocho hechos relacionados con Garden. Habría participado en la captación de compradores, las visitas a los terrenos, las reservas, la negociación de precios y la firma de boletos de compraventa sobre partes no divididas.

En tanto, Milena Dell’Aqua fue considerada partícipe necesaria en seis hechos. Se le atribuye haber captado víctimas por redes sociales, mostrado los terrenos, promocionado los proyectos como barrios residenciales y negociado las condiciones de compra y financiación.

Los compradores recibieron contratos que prometían la entrega de la posesión, obras de infraestructura y escrituras para febrero o abril de 2025. Llegaron a pagar USD 5.000 de anticipo por un lote valuado en USD 18.000, y el resto en 48 cuotas de USD 270.

Incluso les cobraron por conexión eléctrica, gastos de nivelación, perforación de agua, platea, pileta, alambrado y biodigestores en cuatro sectores del terreno.

A todo esto, Carla Jesica Frazao, una de las propietarias originales del campo, declaró que las firmas incorporadas en el trámite para registrar el barrio no eran suyas y que tampoco había autorizado a Lima ni a Martínez a hacer esa gestión.

En un acto celebrado en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las máximas autoridades del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos destacaron la puesta en marcha de sistema acusatorio en dicha jurisdicción. El nuevo régimen procesal, que comenzará a regir este lunes 21 de septiembre, representa una transformación profunda en la administración de justicia de un territorio estratégico que abarca a 45 distritos bonaerenses, con una población superior a los 6 millones de habitantes.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, coincidieron en resaltar la gestión del Ministerio de Justicia de la Nación, liderado por Juan Bautista Mahiques, para proveer los recursos, la infraestructura y las designaciones necesarias para este cambio de paradigma.

Aunque no pudo asistir de forma presencial por razones de agenda, Rosatti envió una carta formal al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Vallefín, para expresar su apoyo y detallar el impacto de la reforma.

El presidente del máximo tribunal calificó este paso como un “momento bisagra para la justicia federal de La Plata”. En su misiva, el magistrado ponderó la labor conjunta de las diversas instituciones y agradeció especialmente la gestión del ministro de Justicia para la cobertura de vacantes.

Además, enfatizó que las condiciones estructurales están dadas y que el éxito del nuevo modelo procesal recae ahora sobre los operadores del sistema: “Depende ahora de los actores del sistema de justicia, jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados para que este momento sea, además, una nueva etapa que se traduzca en una mejora en el servicio que brindamos a la sociedad. En este punto no hay opción para retroceder”.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, remarcó que la transición hacia el sistema adversarial no se limita a un mero reemplazo de normas, sino que exige una profunda reestructuración interna para el Ministerio Público Fiscal.

Casal agradeció el soporte tecnológico y edilicio brindado por la cartera de Justicia, mencionando la entrega de licencias de software UFED para investigaciones digitales y la asignación de una nueva sede unificada para la Unidad Fiscal de La Plata.

Durante su discurso, el jefe de los fiscales afirmó: “Este proceso, para nuestra institución, lleva numerosos desafíos, que hacen que esta transición represente mucho más que el simple reemplazo de un sistema procesal por otro. Es decir, exige para el Ministerio Público Fiscal emprender una verdadera transformación institucional, que implica fundamentalmente romper con una tradición histórica de organización refleja al Poder Judicial”.

Asimismo, el procurador valoró el esfuerzo de los integrantes del organismo en las instancias de capacitación y abogó por la aplicación del artículo 33 de la Ley de Implementación para transferir recursos humanos desde el Poder Judicial hacia los ministerios públicos, buscando mitigar las asimetrías de personal.

Por su parte, el defensor general de la Nación interino, Horacio Langevín, analizó el impacto de la reforma desde la perspectiva de la asistencia legal a los sectores vulnerables. El funcionario vinculó la implementación del sistema acusatorio con la incorporación de herramientas tecnológicas modernas, como la digitalización y la inteligencia artificial, que transformarán el ejercicio profesional.

Langevín detalló que la Defensoría General de la Nación diseñó una estrategia específica para La Plata, adaptada a su alta densidad poblacional y a la presencia de grandes complejos penitenciarios. Para ello, se crearon dos nuevas dependencias especializadas: una unidad de ejecución penal y otra destinada a la protección de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida.

“El éxito de la implementación no debe medirse únicamente con la capacidad de celebrar audiencias o cumplir cronogramas. El verdadero parámetro será nuestra capacidad para garantizar una tutela judicial efectiva y, en particular, desde nosotros, desde el Ministerio Público de la Defensa, una asistencia temprana, continua y eficaz a quienes requieran nuestros servicios”, evaluó Langevín.

Por su parte, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, aportó la perspectiva de la judicatura y recordó que el sistema acusatorio ya se encuentra plenamente vigente en otras once jurisdicciones del país desde el año 2019. El magistrado explicó que la experiencia acumulada en esos distritos debe ser el insumo principal para resolver los desafíos particulares de La Plata.

Barroetaveña elogió la gestión del ministro Mahiques en la cobertura de vacantes de magistrados y detalló las medidas adoptadas por el tribunal de casación para dar cumplimiento a la normativa vigente.

“El desafío consiste justamente ahora en aprovechar la experiencia de las otras jurisdicciones y al mismo tiempo comprender las particularidades propias, nada más y nada menos, de esta jurisdicción, la jurisdicción de La Plata, con todo lo que eso implica”.

Adecuación edilicia y tecnológica

Para hacer viable la aplicación del nuevo código a partir de este lunes, el Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó las obras de infraestructura necesarias en diversas localidades de la jurisdicción. Los trabajos de readecuación permitieron habilitar ocho salas de audiencia equipadas con sistemas de audio y video provistos por el Ministerio de Justicia.

Estas salas y oficinas judiciales se distribuyeron en dependencias de las ciudades de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó. Las tareas incluyeron mejoras en las instalaciones eléctricas, colocación de luminarias, equipos de climatización, pintura general y medidas de seguridad. Asimismo, se inició la renovación del parque informático con la entrega de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y 35 al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

Una nena de 8 años sufrió traumatismos luego de que una moto que circulaba por la vereda la atropellara en La Plata. Pese al reclamo de los familiares de la víctima, el conductor abandonó el lugar sin identificarse. El hecho ya fue denunciado ante la comisaría Novena.

El episodio ocurrió el viernes a la noche en la zona de calle 6, entre 66 y 67, cuando la menor salió de su vivienda para buscar un objeto que le había pedido su tía. Según el relato de su madre, la pequeña se encontraba sobre la vereda cuando fue embestida por una motocicleta de gran cilindrada que transitaba fuera de la calzada.

Tras el impacto, la víctima cayó al suelo y fue asistida de inmediato por su familia. La madre salió de la casa al advertir lo ocurrido, mientras que su pareja se acercó al motociclista para pedir explicaciones y reclamarle por el choque.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el motociclista habría reaccionado con risas ante el reclamo de la familia y luego pidió disculpas. Sin embargo, cuando le solicitaron que se identificara y exhibiera la documentación del rodado, habría vuelto a reírse antes de escapar del lugar.

Según indicó la denunciante, la huida se produjo por la misma vereda por la que circulaba. El hombre habría tomado calle 6 en contramano, desde 66 hacia 67, lo que dificultó que los familiares pudieran seguirlo o registrar más datos sobre su identidad.

Además, la madre de la nena no logró aportar precisiones sobre el conductor. Tampoco pudo identificar el color de la motocicleta ni su patente. Aunque señaló que se trataba de un vehículo de cilindrada grande, que estimó en alrededor de 150 centímetros cúbicos, aclaró que no pudo observarlo con detenimiento en medio de la situación.

La denuncia quedó radicada en la comisaría Novena de La Plata. Frente a esto, la mujer manifestó su decisión de impulsar una acción penal para que se investigue el hecho y se determine quién conducía la moto al momento del atropello.

Poco después de que ocurriera el accidente, un hombre que se encontraba en una estación de servicio cercana se ofreció a trasladarla en su vehículo particular hasta el Hospital de Niños de La Plata. Allí la menor fue atendida por los profesionales de guardia, que evaluaron las consecuencias del golpe.

Según relató la madre, los médicos le colocaron un cuello ortopédico debido al dolor que la víctima presentaba en la zona cervical. También determinaron que tenía traumatismos producto del impacto, aunque las lesiones no eran de gravedad.

Luego de la atención médica, la familia recibió una orden para que la menor sea sometida al reconocimiento médico legal. Ese estudio permitirá incorporar a la investigación una evaluación formal de las lesiones y establecer el alcance de las consecuencias físicas producto del choque.

Por el momento, no trascendieron datos sobre cámaras que hayan registrado de manera directa el atropello. Sin embargo, la madre indicó que existen dispositivos de seguridad en las inmediaciones y mencionó especialmente los instalados en una estación de servicio Shell ubicada frente a su domicilio.

Por este motivo, las imágenes de las cámaras de la zona podrían resultar determinantes para reconstruir la secuencia, establecer el recorrido de fuga y obtener elementos que permitan identificar al motociclista. Además, podrían confirmar si el rodado circulaba por la vereda antes del impacto y precisar la dirección que tomó al retirarse.

No obstante, la investigación deberá analizar el eventual aporte de otros testigos. Entre ellos, podría figurar el hombre que trasladó a la niña al hospital, que presenció parte de lo ocurrido y podría brindar información útil sobre las características del vehículo o del conductor.

El caso quedó bajo investigación a partir de la denuncia de la madre y de la documentación médica incorporada tras la atención de la menor. Mientras tanto, la familia espera que el relevamiento de las cámaras de seguridad permita avanzar en la identificación del hombre que escapó después del choque.

El Consejo de la Magistratura dio por terminadas las medidas para que el Código Procesal Penal Federal empiece a regir el 21 de septiembre en la jurisdicción de La Plata, según la Resolución 275/26 del Ministerio de Justicia de la Nación.

La puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio abarcará los tribunales federales de los partidos bonaerenses de La Plata, Lomas de Zamora, Junín, Quilmes y Pehuajó.

El Ministerio Público Fiscal llevará el caso desde el inicio, reunirá pruebas, pedirá medidas y, si corresponde, presentará la acusación.

Los jueces dejarán de investigar. Resolverán los pedidos de fiscales y defensas y controlarán que se respeten las garantías constitucionales de las partes.

Las decisiones se discutirán en audiencias orales, con presencia de las partes, en vez de basarse sobre todo en expedientes escritos. El magistrado deberá decidir y fundar su resolución en lenguaje claro.

Las actuaciones se organizarán en formato digital y podrán ser consultadas por las partes. El modelo acusatorio busca evitar períodos largos de inactividad y acelerar el avance de las investigaciones y los juicios.

El nuevo Código Procesal ya está en marcha en 9 distritos que abarcan Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El año próximo empezará a aplicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero y, desde el 8 de marzo, en Córdoba.

Las medidas

El plan incluyó el inicio de la renovación informática de los tribunales. En la primera etapa se dispuso el envío de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y de 35 computadoras al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.

Las obras adaptaron 8 salas de audiencia y oficinas judiciales en La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó. Los espacios recibieron equipos de audio y video provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los trabajos incluyeron pintura, equipos de climatización, mejoras eléctricas, luminarias, detectores de humo, carteles de emergencia, pisos y mobiliario. La intervención alcanzó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el Tribunal Oral Federal 1 de esa ciudad y juzgados federales de las cinco localidades.

La Administración General del Poder Judicial de la Nación proyectó, contrató y supervisó las tareas con sus equipos técnicos. La Dirección General de Infraestructura Judicial estuvo a cargo de la planificación y el relevamiento de las obras.

La Dirección General de Tecnología planificó el equipamiento de las salas, supervisó su instalación y capacitó al personal para usarlo. El proceso se realizó en coordinación con la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Los edificios asignados a la jurisdicción de La Plata quedaron distribuidos de la siguiente manera:

• Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en calle 8 N° 925, La Plata.
• Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, en calle 47 N° 193, La Plata.
• Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de La Plata, en calle 8 N° 925, entre 50 y 51, La Plata.
• Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en calle 36 (12 de Octubre) N° 3300, Quilmes.
• Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, en R. Álvarez Rodríguez 59/61, Junín.
• Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, en Papa Pío XI N° 68, Pehuajó.
• Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora, en Alem 180/194, Lomas de Zamora.
• Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, en Laprida 662, Lomas de Zamora.

A 20 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, el gobierno bonaerense duplicó la recompensa para quienes aporten información sobre el paradero del testigo del denominado “circuito Camps”, que con su testimonio aportó a las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar argentina (1976 y 1983).

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de $5 millones a $10 millones para los que aporten datos fehacientes que permitan localizar a López, quien tendría 96 años, y avanzar en la identificación de los responsables de su desaparición forzada. Fue visto por última vez cuando salía de su vivienda en Los Hornos, localidad de La Plata.

La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, bajo el expediente FLP N.° 509/2008, caratulado como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

El 27 de octubre de 1976 López fue secuestrado por militares, sufrió la represión estatal, presenció la ejecución de varios de sus compañeros y recuperó la libertad el 25 de junio de 1979.

Treinta años después, tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, su declaración permitió señalar al excomisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de esos delitos. Reconstruyó ante los jueces su paso por el Pozo de Arana, uno de los centros clandestinos de detención por los que fue trasladado durante su cautiverio.

En su declaración recordó los gritos de las víctimas antes de morir a manos de los represores. También expresó que, durante aquellas noches, “hubiese preferido que lo maten a seguir vivo”.

Nuevamente, López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando se realizaban los alegatos y la lectura del veredicto que condenó a Etchecolatz a prisión perpetua. Al cumplirse veinte años de la segunda desaparición forzada, la causa que la investiga, radicada en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, carece de todo tipo de avances reales.

El día en que ya no se supo más de López, el testigo del terror dictatorial tenía previsto asistir a la instancia definitoria del juicio en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal. Nada se sabe con certeza sobre las circunstancias de su secuestro ni tampoco la identidad de sus perpetradores.

El genocida Miguel Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022, cuando purgaba una condena de prisión perpetua.

“Mi viejo dejó un legado que la gente lo reconoce y, como siempre digo y no quiero pecar de falta de humildad, yo soy el hijo de, no soy otra persona. El que hizo las cosas acá, el que tuvo el valor de ir a declarar fue mi viejo. Yo no hago nada más que tratar de llevar ese legado”, compartió hoy Rubén López, en declaraciones a radio La Cielo 103.5.

Esta tarde, a las 17 se realizará una marcha en la Plata desde Plaza Moreno, con rumbo a la Gobernación. Se reeditará el reclamo de Justicia con una consigna que sigue interpelando: “20 años sin López, ¿a qué te podés acostumbrar?”.

Cómo aportar información

Quienes tengan datos sobre Jorge Julio López pueden comunicarse al 0221 429-3015, escribir a profugos@mseg.gba.gov.ar o contactar a la Unidad Fiscal Federal de La Plata, ubicada en Avenida 7 N.º 943, oficina N.º 42, de La Plata. El teléfono es 0221 427-7014 y el correo electrónico, uavddhh-lpt@mpf.gov.ar.

También pueden presentarse ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de La Plata, Secretaría Penal N.º 3, situado en calle 8 entre 50 y 51 de La Plata.

El monto será distribuido solo entre quienes entreguen la información ante esas autoridades y manifiesten que actúan “motivados por el presente ofrecimiento”.

Tres personas quedaron detenidas en La Plata en el marco de una investigación por presunta venta de drogas al menudeo en dos viviendas de la localidad de Abasto. De acuerdo con la información incorporada a la causa, los inmuebles habrían sido ocupados de forma ilegal y utilizados como puntos de comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos permitieron el secuestro de 160 dosis de cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, computadoras y dinero en efectivo. Los elementos serán analizados e incorporados al expediente que investiga el funcionamiento de la presunta organización.

La pesquisa comenzó el 13 de agosto y derivó en tareas de vigilancia y seguimiento sobre dos domicilios situados en inmediaciones de las calles 516 y 231, y 217 y 516 bis.

Según informó el portal 0221, los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría Séptima, que actuaron con autorización de la Justicia luego de reunir elementos durante varias semanas de investigación. Según consta en las actuaciones, los dos inmuebles bajo observación habían sido presuntamente usurpados para organizar allí la venta fraccionada de sustancias.

Las averiguaciones apuntaron a determinar quiénes ingresaban y salían de las propiedades, así como a identificar a las personas que podían estar vinculadas con la actividad investigada. A partir de esas tareas, los investigadores señalaron a dos mujeres y a un hombre como presuntos integrantes del grupo.

La causa investiga si las propiedades fueron utilizadas como sitios de expendio de estupefacientes en cantidades menores. Esa modalidad suele ser investigada a partir de movimientos reiterados en los alrededores de los inmuebles, registros de vigilancia y los objetos que se hallan durante los allanamientos.

El listado de objetos incautados incluye también cinco teléfonos celulares, dos notebooks y una cámara con conexión WiFi. Los dispositivos electrónicos podrán ser sometidos a análisis para establecer si contienen información relevante para la investigación, siempre de acuerdo con las medidas que disponga la Justicia.

Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que habrían sido ocupados, quiénes tenían acceso a ellos y cuál era la función atribuida a cada uno de los sospechosos.

Las personas arrestadas fueron identificadas por sus iniciales como N.L.R., de 24 años; A.B.B.M., de 26; y E.F.E., de 33. Su situación procesal será definida a medida que avance la investigación y tras las declaraciones que se prevé tomar en las próximas horas.

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N°18, dirigida por Hugo Tesón, La dependencia deberá evaluar el material reunido durante la etapa inicial de la pesquisa, los resultados de los allanamientos y las pericias que correspondan sobre la droga, los equipos y la documentación secuestrada.

Los tres implicados deberán responder por los delitos que les atribuyen los investigadores en el marco de esta causa. Hasta que exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia.

Las próximas medidas estarán orientadas a profundizar el análisis de los elementos incorporados al expediente y a definir si se requiere nueva información para reconstruir la presunta operatoria en los dos inmuebles de Abasto.

A principios de este mes, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en el desmantelamiento de una banda familiar acusada de vender cocaína en barrio Norte, de Laboulaye, de la provincia de Córdoba. El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras casi un mes de tareas, según la información difundida sobre el procedimiento.

La causa avanzó sobre dos domicilios señalados como puntos de venta, uno ubicado en Córdoba al 100 y otro en Rodríguez Peña al 100. En esos allanamientos fueron detenidas cuatro personas mayores de edad, quienes luego quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El caso sumó además un dato que concentró parte de la investigación: de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el grupo utilizaba la modalidad de delivery para la distribución de los estupefacientes. Entre los elementos secuestrados figuran 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros objetos incorporados a la causa.

La organización estaba conformada por una pareja y dos primos, todos mayores de edad, que quedaron detenidos tras los procedimientos ordenados en el marco de la causa.

Tras el operativo, la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso el traslado de los cuatro detenidos a sede judicial. Todos fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la información oficial conocida al cierre del procedimiento.

Murió el padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio Tolosa Paz, un hombre que supo acumular una larga trayectoria en diferentes ámbitos: desde el rugby, pasando por la veterinaria, hasta convertirse en astrólogo. “Vi tu lucha hasta el final”, expresó la legisladora.

Juan Honorio Tolosa Paz falleció durante las primeras horas del jueves a los 76 años, días después de sufrir un aneurisma. Era una figura conocida en La Plata por una galería de emprendimientos que supo llevar adelante durante su vida.

Nacido en 1950 en la capital bonaerense y perteneciente a una familia tradicional de esa ciudad, Tolosa Paz jugó al rugby en el club Los Tilos y cursó la carrera de Veterinaria, en la que llegó a desempeñarse como ayudante de cátedra. Pese a sus estudios, su vida no tuvo una trayectoria lineal: a lo largo de los años tuvo una agencia de Prode, un criadero de pollos, un almacén y fiambrería y un local de ropa.

Con el tiempo, Tolosa Paz atravesó una transformación personal profunda que lo llevó a especializarse en astrología psicológica. Parte de su actividad la desarrolló en España, donde dictó seminarios. Entre sus referentes intelectuales figuraron el antropólogo Eugenio Carutti y el astrólogo y psicoterapeuta Howard Sasportas. Sus análisis sobre la coyuntura política, económica y social le dieron reconocimiento público más allá del círculo especializado.

De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado una pérdida grave en enero de 2018, cuando Juan Honorio hijo murió a los 38 años tras sufrir un accidente en moto en el Distribuidor Pedro Benoit, en La Plata.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se despidió de su padre con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va. Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final”.

En su texto, la legisladora recordó la visión de mundo que su padre le transmitió: “Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”. Y rescató una enseñanza que, según dijo, resumía la filosofía de vida de Juan Honorio: “Uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja”.

“Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí. A tratar de encarnar en esta vida aquello que vine a ser. Por eso hoy, en medio de este dolor inmenso, quiero decirte simplemente: gracias, papá. Gracias por enseñarme a buscar dentro de mi corazón quién soy realmente. A seguir mi corazón siempre y a escucharme. Gracias por las horas de astrología, por las cartas que compartimos, por nuestras conversaciones políticas, por esas miradas a veces dolorosas sobre nuestra patria, pero también por haber mantenido siempre la esperanza de que la Argentina va a salir adelante”, escribió.

De esta manera, la diputada expresó: “Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros”.

Tolosa Paz cerró su mensaje con una referencia a los dos Honorios que perdió: “Cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, en alusión a su padre y a su hermano fallecido en 2018.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 20.14, en un comercio ubicado en 446 y 27. En el video que encabeza esta nota se observa al sospechoso, identificado por fuentes policiales como Jonathan Braian Laprida, vestido con un pantalón y un buzo negros.

Las imágenes muestran cómo el joven merodea durante algunos minutos por la vereda y observa una moto Gilera Smash 110 gris y negra. Luego se acerca al vehículo, comienza a llevárselo a pie y, segundos después, acelera el paso hasta salir de la escena.

Tras el robo, personal del Comando de Patrullas La Plata Norte fue alertado y se dirigió hasta el supermercado. Allí, los efectivos entrevistaron a un hombre de 50 años, personal de seguridad del comercio, quien denunció la sustracción de la motocicleta.

A partir de ese momento se desplegó un operativo para encontrar al sospechoso y recuperar el vehículo.

En medio de la búsqueda, en 446 y 28, los policías encontraron una moto Corven. Al consultar sus datos en el sistema, constataron que tenía un pedido de secuestro activo por robo desde el 13 de septiembre, solicitado por la Comisaría 12ª de La Plata en una causa con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°9.

La investigación continuó hasta que los agentes determinaron que el sospechoso estaba herido y le había pedido ayuda a un camionero para trasladarse.

Finalmente, en la zona de 467 y 144, efectivos de la Comisaría Décima de City Bell interceptaron el camión blanco en el que viajaba el joven y lo detuvieron. Durante el procedimiento, además, fueron secuestradas las dos motocicletas vinculadas a la investigación.

Según pudo saber Infobae, al momento de ser capturado el acusado presentaba una fractura en una pierna, por lo que debió ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y posteriormente trasladado al Hospital San Roque de Gonnet.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de La Plata y fue caratulada como robo calificado y encubrimiento. El joven permanece internado en ese centro de salud con custodia policial.

Días atrás, también en La Plata, dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos acusados de intentar robarle una moto a un joven de 24 años.

El episodio ocurrió el domingo por la noche en la intersección de avenida 60 y calle 26. Tras el intento de robo, la víctima dio aviso a la Policía y se inició un operativo de búsqueda.

Personal del Comando de Patrullas encontró a los sospechosos a pocas cuadras, en 59 y 29, y recuperó la motocicleta. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Quinta de La Plata y quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como robo doblemente calificado en grado de tentativa.

A días de que comience a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal Federal en el Distrito Federal de La Plata, la Cámara Federal de Casación Penal se reunió con jueces de esa jurisdicción para “tomar nota de las inquietudes” y “expresar su acompañamiento ante el nuevo desafío”.

Del encuentro participaron el presidente de Casación, Diego Barroetaveña, y los jueces Daniel Petrone, Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, además de la directora de la Oficina Judicial, María de las Mercedes López Alduncín.

Por vía telemática, es decir, a distancia, se sumaron integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, los tribunales orales y los juzgados federales con competencia en La Plata.

De acuerdo con lo informado, la conversación se centró en las “necesidades de infraestructura e inquietudes de cara a la puesta en marcha del nuevo sistema procesal”.

Casación manifestó “su predisposición para mantener el diálogo permanente” a través de las distintas comisiones de trabajo, tanto para el dictado de acordadas y resoluciones internas como para abordar la conformación del Colegio de Jueces, los mecanismos de contingencia, la capacitación y otras cuestiones vinculadas con el funcionamiento del sistema.

Desde el lunes 21 de septiembre, los tribunales federales que abarcan los partidos bonaerenses de La Plata, Lomas de Zamora, Junín, Quilmes y Pehuajó pasarán a regirse por el modelo acusatorio. Los fiscales conducirán las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de investigar y se concentrarán en controlar las garantías y resolver los planteos de las partes.

El nuevo Código Procesal Penal Federal ya está en marcha en nueve distritos que abarcan Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El año próximo comenzará a aplicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero y, a partir del 8 de marzo, en Córdoba.

El nuevo sistema

El proceso penal federal se tramita de manera diferente con la incorporación del sistema acusatorio, que introduce además audiencias orales y públicas, otorga mayor relevancia a la exposición oral y establece una dinámica orientada a acelerar la resolución de las causas.

En este modelo, la investigación queda a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa garantiza los derechos del acusado y lo representa, y el juez resuelve sobre la base de las pruebas y los argumentos presentados durante las audiencias.

El fiscal designado asume la tarea de impulsar la investigación, formular la acusación y concurrir a juicio. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal queda a cargo de conducir el caso desde su inicio.

Durante las audiencias, defensores y fiscales exponen sus argumentos oralmente ante el juez, quien debe resolver los planteos con rapidez y también de manera oral.

Al adoptar una decisión, cada juez expone sus fundamentos en voz alta, utiliza un lenguaje accesible y debe hacerlo dentro de un plazo razonable. Los legajos son digitales y están disponibles para la consulta de las partes, mientras que el sistema procura evitar paralizaciones superiores a 60 días.

Cuando alguna de las partes apela una decisión, interviene un tribunal compuesto por tres jueces de la Cámara Federal, designados por sorteo a través de la Oficina Judicial.

Dos hombres fueron detenidos en Berisso durante una investigación por el robo de un auto a un conductor, ocurrido el 25 de agosto en la ciudad de La Plata. En los allanamientos ordenados por la Justicia, la Policía recuperó el Fiat Mobi denunciado por la víctima y secuestró autopartes junto con otros vehículos que presentaban faltantes.

El caso comenzó con un viaje solicitado a través de la aplicación de transporte. De acuerdo con la denuncia, dos pasajeros abordaron el vehículo y pidieron ser trasladados hasta el cruce de las calles 604 y 115, en el barrio de Villa Elvira. Al llegar al lugar indicado, el conductor fue amenazado con un arma y despojado de su automóvil.

La pesquisa avanzó durante las semanas posteriores a partir de registros de cámaras de seguridad y testimonios reunidos por efectivos de la comisaría Villa Ponsati. Esas tareas permitieron identificar a dos sospechosos domiciliados en Berisso y establecer una presunta vinculación con el robo investigado.

Con los elementos reunidos en la causa y según informó el portal 0221, la Justicia autorizó dos órdenes de registro en inmuebles de Berisso. Los procedimientos se realizaron en una vivienda situada en la calle 38, entre 129 y 130, y en otra propiedad de 129, entre 41 y 42.

Durante los allanamientos, los efectivos localizaron el Fiat Mobi robado. La recuperación del vehículo fue uno de los principales resultados de las medidas judiciales realizadas en los domicilios investigados.

Además del auto de la víctima, en las propiedades fueron encontradas diversas piezas de vehículos. Entre los elementos incautados había cuatro puertas, paragolpes, una tapa de cilindro y tres ruedas. También se secuestraron otras cuatro puertas que tenían la numeración suprimida.

La Policía halló una moto con la numeración identificatoria eliminada. La presencia de piezas sin identificación fue incorporada a las actuaciones, junto con el resto de los objetos secuestrados durante los registros.

De acuerdo con la investigación policial, los detenidos estarían relacionados con el corte y el desguace de autos y motos robados en La Plata. Esa línea de pesquisa surgió del material encontrado en los allanamientos y de las tareas previas desarrolladas por los investigadores.

En uno de los procedimientos fue localizado un Renault Kwid, que presentaba faltantes de autopartes. También apareció otro Renault Kwid, dominio AD351IJ, sin motor, sin elementos del interior y sin ruedas.

A esos hallazgos se sumó un Volkswagen Polo, al que le faltaban el motor y distintas autopartes. Los tres vehículos fueron examinados en el marco del operativo y quedaron a disposición de la investigación.

El informe policial señaló que ninguno de esos tres rodados registraba un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, los investigadores indicaron que los ocupantes de los domicilios no pudieron justificar la tenencia de los autos ni de las autopartes encontradas.

Como resultado de los procedimientos, quedaron detenidos dos hombres de 23 y 52 años. La causa continúa bajo intervención judicial, con el análisis de los vehículos, las piezas secuestradas y los elementos reunidos durante la investigación por el robo al conductor de aplicación.

Engañó a un chofer de una app de viajes y le robó durante el recorrido pero fue detenido

A mediados del mes de julio pasado, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 33 años acusado de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes. El sospechoso fue identificado a partir del video que registró el robo dentro del vehículo y fue capturado durante un patrullaje preventivo en el centro de la capital provincial, según detallaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio y quedó grabado por una cámara instalada en el vehículo. En las imágenes se observa cómo el delincuente —vestido con un buzo y un jean— abordó el auto y se sentó detrás del chofer. Incluso, durante los primeros segundos del viaje, conversaron con aparente normalidad.

Sin embargo, segundos después, su actitud cambió por completo: se arrojó sobre el chofer, le robó el celular y otras pertenencias y luego escapó.

Tras el asalto, la víctima realizó la denuncia y aportó el registro fílmico, que comenzó a viralizarse en redes sociales. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso.

Según informaron fuentes policiales, el domingo por la noche efectivos que realizaban un patrullaje preventivo lo reconocieron en la esquina de Santiago del Estero y Lima, en barrio Centro, donde finalmente fue detenido.

El acusado fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

La movilización del 50 aniversario de La Noche de los Lápices obligó a los distintos sectores del peronismo a acordar un esquema logístico de convivencia en medio de la discusión interna del espacio, que en los últimos días volvió a ganar volumen, incluso, por el multitudinario encuentro que se desarrolló este miércoles en el centro de la capital bonaerense.

Es que la Federación de Estudiantes Secundarios PBA, cuya conducción es de La Cámpora, venía cuestionando que en las reuniones para organizar la movilización, el Gobierno bonaerense, a diferencia de otros años, decidió no “poner micros” para facilitar el traslado de los estudiantes desde distintos puntos de la provincia. En el Gobierno de Axel Kicillof, como contó Infobae, plantearon que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados. Sí hubo postas de hidratación de la empresa ABSA y demás referencias dispuestas por el Ejecutivo. Como fuera, este miércoles en las inmediaciones de las calles 7 y 38, desde donde partió la columna, hubo distintos micros. “Los gestionamos nosotros”, plantearon desde la FES.

En las últimas horas, desde la Federación de secundarios que responden a CFK emitieron una “carta abierta” al gobernador. La misma aseguraba que “este año, sorpresivamente, a pocos días de la movilización, nos encontramos con este argumento, con el cual se buscó condicionar esta política de acompañamiento que venía teniendo esta gestión, para modificar la consigna principal de la movilización, a la cual no vamos a renunciar por nada”. El trasfondo, creían, era que se desplegarían consignas reclamando la libertad de Cristina Kirchner.

Luego, desde la misma movilización, la presidenta de la FES, Alma Parla Hair, dijo ante la prensa que “hoy los lápices en todo el país escriben Cristina Libre y Presidenta”. “Es la consigna que usamos acá en La Plata también. Ayer por Perón y hoy por Cristina, y eso es lo que escriben los lápices en nuestra generación”, agregó. Al ser consultada por el comunicado, solo se limitó a decir que lo expuesto reflejaba el posicionamiento del espacio.

El momento vértice de la movilización de este miércoles se dio cuando a la columna principal llegó el MDF. Eran un gran número de estudiantes que arribó cantando “abran paso, llegó la JP”. El grupo de jóvenes estuvo acompañado por Carmen Arias, una de las Madres de Plaza de Mayo y se concentró en el local partidario de La Patria Es El Otro, que responde a Andrés “Cuervo” Larroque y que queda a dos cuadras de donde fue el punto de concentración.

Logísticamente se acordó que la marcha ocupe solo una mano de la avenida 7. Entonces, la columna del MDF hizo su ingreso de manera descendente desde calle 40 hacia 38, pasó al lado de la columna de la FES, separada por un cordón, y se ubicó detrás de la militancia kirchnerista que fue al frente de la movilización. Nada que no suceda en una movilización cuyas organizaciones participantes están partidas, como sucede actualmente en el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes de la organización, confiaron a este medio que el acuerdo fue ese: que la FES iba al frente, que se le iba a dejar un espacio grande a la juventud del MDF que en La Plata cuenta con la conducción de la Juventud Peronista Universitaria (JUP) y que se garantizaba la no agresión. No se registraron incidentes, aunque la tensión sobrevoló durante todo el recorrido.

A diferencia de años anteriores, Kicillof participó de la movilización desde el inicio y no se sumó en las calles 7 y 50. Esta vez se trasladó con su comitiva hasta la esquina de 7 y 38, bajó de su auto junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque —que siguió de cerca la organización previa de la jornada— e ingresó a la columna en medio de un tumulto de personas. Lo acompañaron la vicegobernadora, Verónica Magario, que también se sumó en esa esquina y algunos ministros provinciales, además del intendente de La Plata, Julio Alak. Caminaron cerca de dos cuadras entre fotos y empujones.

Antes de que llegara Kicillof, la columna de la FES coreó una y otra vez la canción dedicada al gobernador: “Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden, somos soldados de Perón y la Patria no se vende, yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan, y si querés otra canción… vení, te presto la mía”. La renombrada canción de la discordia. Entre los dirigentes del kirchnerismo marcharon por las calles de La Plata: el senador nacional, Eduardo “Wado de Pedro; diputado nacional Horacio Pietragalla Corti; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; el diputado provincial Juan Ariel Archanco; la senadora bonaerense Fernanda Raverta; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Lucía Cámpora; la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri; y el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno.

Este 16 de septiembre no fue una fecha más. Se cumplieron 50 años del momento en que las fuerzas policiales secuestraron, entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, a un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata. Los procedimientos se vincularon con los reclamos por el boleto estudiantil, aunque formaron parte de una política represiva más amplia de la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Para las autoridades de facto, los adolescentes eran una amenaza, y el Grupo de Tareas —integrado por el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense— desplegó su maquinaria de persecución y represión contra ellos.

Seis de los diez estudiantes secundarios secuestrados en La Plata continúan desaparecidos: María Claudia Falcone, de 16 años; Francisco López Muntaner, de 16; Claudio de Acha y Horacio Ángel Ungaro, ambos de 17; Daniel Alberto Racero, de 18, y María Clara Ciocchini. Emilse Moler, sobreviviente de los operativos, sostuvo: “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”.

Además de Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda también sobrevivieron. Este miércoles Díaz y Emilse Moler se movilizaron junto a los secundarios. Más temprano, Kicillof compartió un homenaje con Calotti y Moler en la plazoleta La Noche de los Lápices del que también fue parte la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. “Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”. “La mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil”, dijo el gobernador.

La Plata volvió a ser el escenario central de la conmemoración del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, el operativo represivo que en 1976 terminó con el secuestro de once estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años, siete de los cuales permanecen desaparecidos. Medio siglo después, cientos de jóvenes marcharon este miércoles por las calles de la capital bonaerense para recordar a las víctimas.

El punto de partida de la columna estudiantil fue Plaza Olazábal, en 7 y 38, desde donde los manifestantes avanzaron hasta el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en 7 y 59, donde se realizó un acto con bandas en vivo. La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES), en el marco de una movilización nacional organizada por la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe) bajo la consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: romper la proscripción para cambiar la Argentina”.

Horas antes, el acto oficial tuvo lugar en la Plazoleta “Noche de los Lápices”, en 8 y 61, ante una multitud que incluyó a sobrevivientes del operativo y familiares de las víctimas. Del encuentro participaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente platense Julio Alak y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Kicillof, que había suspendido una actividad prevista en el distrito de 9 de Julio para sumarse a la jornada, se incorporó a la movilización a las 16.

La jornada en La Plata no estuvo circunscrita a un único acto. Por la mañana, otro de los escenarios fue el Pozo de Banfield, en Lomas de Zamora, uno de los centros clandestinos de detención donde estuvieron varios de los jóvenes secuestrados. Desde las 9, estudiantes y representantes de distintas instituciones realizaron una marcha simbólica desde la Escuela Secundaria N° 4, en Larroque y 2 de Octubre, hasta el excentro clandestino. A las 10.30 comenzó el acto central organizado por la Provincia, donde tomaron la palabra el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin y el sobreviviente Pablo Díaz.

Un día antes de las conmemoraciones centrales, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó el Doctorado Honoris Causa a las víctimas y sobrevivientes del operativo. Los distinguidos fueron los sobrevivientes Emilce Moler, Gustavo Calotti y Pablo Díaz, junto a los siete jóvenes que permanecen desaparecidos: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, Víctor Treviño y María Clara Ciocchini.

La ceremonia se realizó en el Patio Julieta Lanteri del edificio de Presidencia de la casa de estudios, con presencia de autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y representantes de los colegios secundarios dependientes de la universidad.

La movilización estudiantil también concentró reclamos sobre la situación actual del sistema educativo. Alma Parla Hair, presidenta de la FES, planteó que entre los estudiantes existe inquietud por situaciones de violencia en las escuelas, problemáticas vinculadas a la salud mental y dificultades económicas que afectan a los jóvenes y sus familias: el costo del transporte, las fotocopias, los útiles y el estado edilicio de algunos establecimientos.

La dirigente también incorporó a la convocatoria un reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que la organización continuará pidiendo por su libertad.

Esa consigna, precisamente, fue el centro de una disputa que precedió a la marcha. La FES, alineada con La Cámpora, acusó al gobierno provincial de retirar el apoyo logístico en materia de transporte que, según sostuvo, se había mantenido de forma ininterrumpida desde 2012.

“Ahora bien: nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado Provincial, sino que solamente lo hacen ‘las organizaciones políticas o aliados’. Mentira”, señaló la organización en una carta abierta dirigida a Kicillof. La agrupación interpretó la negativa como un condicionamiento vinculado a la consigna de Cristina Kirchner. “Acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, no”, completaron.

Desde el entorno del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, rechazaron la acusación y sostuvieron que financiar una movilización política no corresponde a esa cartera. La negativa habría sido comunicada en una reunión en la Municipalidad de La Plata con participación de la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las organizaciones convocantes. Pese a la disputa, la FES ratificó su presencia: “Con acompañamiento o sin acompañamiento, vamos a colmar la Ciudad de La Plata”, indicaron.

La tensión entre el sector de Kicillof y el cristinismo duro no era nueva. Durante la marcha del año anterior, dirigentes peronistas ya habían señalado diferencias por la colocación de una bandera con el reclamo por la ex presidenta frente a las imágenes de los estudiantes desaparecidos. Desde el kicillofismo plantearon en aquella oportunidad que las consignas debían ser acordadas por el conjunto de los jóvenes participantes.

La jornada en La Plata tuvo también correlato en otras ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración fue a las 15 en Plaza Houssay, con posterior marcha hacia Plaza de Mayo.

En Salta, la movilización partió desde Plaza 9 de Julio rumbo a los alrededores del Cabildo, con un festival de cierre. En Tucumán, los estudiantes salieron desde Junín y Santa Fe hacia Plaza Independencia. También hubo marchas en Córdoba, Rosario y San Martín de los Andes, entre otras ciudades.

Los hechos conmemorados ocurrieron durante la última dictadura militar. El operativo comenzó en la noche del 16 de septiembre de 1976 y se extendió durante los días siguientes. Varios de los jóvenes militaban en la UES o en la Juventud Guevarista y algunos habían participado en 1975 de las movilizaciones que reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario.

Sin embargo, la sobreviviente Moler ha señalado que el secuestro respondió a la militancia política de los jóvenes y que, al momento de las detenciones, no fueron interrogados específicamente por ese reclamo. Desde 2014, cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Juventud, establecido por la Ley 27.002.

El gobernador Axel Kicillof participará de la marcha de hoy por los 50 años de La Noche de los Lápices en La Plata, atravesada por una fuerte crítica de la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) de la provincia de Buenos Aires debido a la falta de micros para trasladar a jóvenes y por la consigna “Cristina Libre”.

La Federación sostuvo que el área de Juventud bonaerense aportaba parte de la movilidad desde 2012, pero que este año recibió la respuesta de que los traslados debían ser cubiertos por organizaciones políticas o aliados. La organización, vinculada a La Cámpora, interpretó la decisión como un intento de modificar la consigna central de la convocatoria.

La histórica movilización, que conmemorará los 50 años del operativo de secuestro y desaparición de estudiantes que reclamaban por el boleto estudiantil, se realiza desde hoy al mediodía en la capital bonaerense y Kicillof se incorporará a la movilización a las 16:00, luego de suspender una actividad que tenía prevista en el distrito de 9 de Julio. También confirmaron su presencia la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente platense Julio Alak.

La marcha platense comenzará a las 14:30 en Plaza Olazábal, ubicada en 7 y 38, y está prevista la llegada frente al Ministerio de Obras Públicas, en 7 y 59, donde se realizará un acto y habrá bandas en vivo. La convocatoria es impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la FES.

El reclamo estudiantil por los micros y la consigna “Cristina Libre”

La Federación de Estudiantes Secundarios dirigió una carta abierta al mandatario provincial y acusó a su administración de faltar a la verdad al negar que el Estado bonaerense tuviera responsabilidad en el traslado de manifestantes. El planteo apuntó contra la Dirección de Juventudes y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

“Ahora bien: nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado Provincial, sino que solamente lo hacen ‘las organizaciones políticas o aliados’. Mentira”, afirmó la entidad. Los estudiantes insistieron en que el acompañamiento oficial se había mantenido de manera ininterrumpida durante más de una década.

La carta cuestionó que la respuesta hubiera llegado pocos días antes de la movilización y señaló que la asistencia estatal habría quedado condicionada a dejar de lado el reclamo por la libertad de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, no”, expresaron.

La organización también le habló directamente a Kicillof y al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. Les recordó su trayectoria como dirigentes estudiantiles y cuestionó el silencio ante el pedido de transporte para la jornada. Los estudiantes ratificaron que asistirán a la movilización aun sin el aporte de colectivos de la Provincia: “Con acompañamiento o sin acompañamiento, vamos a colmar la Ciudad de La Plata”.

La interna peronista detrás de la movilización

Desde el entorno de Larroque rechazaron la acusación y sostuvieron que financiar una movilización política no forma parte de las funciones de esa cartera, de acuerdo con diputadosbsas.com.ar. La negativa habría sido comunicada durante una reunión en la Municipalidad de La Plata, con participación de la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las organizaciones convocantes.

Una fuente vinculada a la organización estudiantil resumió el malestar ante Letra P: “Parece que, si no sos del Movimiento Derecho al Futuro no hay micros”. El Movimiento Derecho al Futuro es el espacio político alineado con Kicillof dentro del peronismo bonaerense. Además, desde otro sector lanzaron: “Estaría bueno que la directora de Juventudes, Aye López, dedique más tiempo a escuchar a los pibes que vender en Instagram cursos de cuencos tibetanos. El telar de la abundancia es más digno”.

La consigna “Cristina Libre” expuso una diferencia entre el sector del gobernador y La Cámpora, referenciada en Máximo Kirchner. Mientras la agrupación incorporó las expresiones “Cristina inocente, Cristina libre, Cristina presidenta” a su estrategia política, el espacio de Kicillof cuestionó la condena contra la ex mandataria en la causa Vialidad, pero no acompañó automáticamente las iniciativas del cristinismo.

La discusión ya había aparecido durante la marcha del año anterior, cuando dirigentes peronistas señalaron diferencias por la ubicación de una bandera con el reclamo por Cristina Kirchner frente a las imágenes de los estudiantes desaparecidos. Desde el kicillofismo plantearon que las consignas debían ser acordadas por el conjunto de los jóvenes participantes.

Las tensiones también se manifestaron en las actividades por el cuarto aniversario del intento de asesinato de la ex presidenta: el Movimiento Derecho al Futuro no firmó un documento contra la violencia política y Kicillof no asistió al acto frente al domicilio porteño donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Desde Gobernación señalaron que no habían sido convocados y que conocieron el documento cuando ya estaba publicado.

A medio siglo de una de las jornadas más oscuras de la última dictadura militar en Argentina, la memoria colectiva sobre el secuestro de aquellos estudiantes secundarios en La Plata sigue siendo un terreno en constante reconstrucción. Aquella fatídica noche del 16 de septiembre de 1976 no solo marcó el destino de un grupo de jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil, sino que se convirtió en el símbolo universal de la persecución civil y de los sueños truncados de toda una generación.

Más allá del mito y de la simplificación histórica, la literatura, el periodismo de investigación y los testimonios en primera persona han funcionado como herramientas indispensables para rescatar las identidades políticas de las víctimas y mantener viva la exigencia de Justicia. A continuación, repasamos cuatro obras fundamentales que desarman el horror, devuelven la voz a los protagonistas y expanden los límites geográficos de un dolor que atravesó a las aulas de todo el país.

“La noche de los lápices” por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez

El punto de partida ineludible para abordar este quiebre histórico sigue siendo La noche de los lápices por María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, una monumental investigación periodística publicada en 1986. El libro, estructurado meticulosamente a partir del desgarrador testimonio judicial del sobreviviente Pablo Díaz y del cruce de documentos de la época, logró ponerle rostro, nombre y militancia a los adolescentes secuestrados en el Circuito Camps.

Su aparición no solo consolidó la narrativa pública del episodio en los primeros años de la transición democrática —impulsada fuertemente por su contemporánea adaptación al cine—, sino que operó como un documento clave para entender que el ensañamiento militar no buscaba castigar un reclamo corporativo, sino desarticular de raíz el despertar político de la juventud secundaria platense.

“La larga noche de los lápices” por Emilce Moler

Frente a las visiones que muchas veces congelaron a las víctimas en la pura condición de víctimas, por Emilce Moler alzó su propia voz en 2020 con un libro que rompe los moldes tradicionales del ensayo histórico para narrar desde la más íntima humanidad: La larga noche de los lápices.

A través de 28 relatos breves nacidos de apuntes guardados durante décadas y de sus recuerdos en la cárcel de Villa Devoto, esta sobreviviente directa del operativo teje un puente entre el horror de los centros clandestinos y la luminosidad de la militancia de los setenta. Su pluma elude el golpe bajo y se concentra en humanizar a sus compañeros, devolviéndoles sus risas, sus contradicciones, sus amores de adolescencia y, sobre todo, una profunda reflexión sobre cómo continuar una vida marcada por la supervivencia sin abandonar jamás los ideales de justicia.

“Memorias de la Noche de los Lápices” por Sandra Raggio

Por su parte, el campo académico aportó una mirada imprescindible para comprender el fenómeno a largo plazo con esta rigurosa obra de 2017, coordinada por la historiadora Sandra Raggio y editada en colaboración por las universidades nacionales de La Plata, General Sarmiento y Misiones: Memorias de la Noche de los Lápices. Lejos de proponer una cronología lineal de los secuestros, este ensayo analiza minuciosamente cómo se construyó, se transformó y se tensionó la memoria social en torno al hecho a lo largo de las décadas de democracia.

El libro resulta fundamental para advertir cómo las diferentes épocas políticas argentinas utilizaron, resignificaron o matizaron el recuerdo de los estudiantes platenses, evidenciando que la memoria nunca es una foto fija, sino un territorio en disputa permanente donde la sociedad elige qué recordar y cómo narrar su pasado reciente.

“La otra noche de los lápices” por Francisco Figueroa

Finalmente, la cartografía del horror estudiantil se expande hacia el interior profundo del país con La otra noche de los lápices, la reveladora investigación que el politólogo santiagueño Francisco Figueroa presentó en 2023. Con el subtítulo Estudiantes desaparecidos y presos políticos, Santiago del Estero, 1974-1983, este trabajo rompe con el arraigado centralismo porteño y platense para rescatar las historias de persecución, secuestro y detención de la comunidad educativa en el norte argentino, iniciadas incluso antes del golpe de Estado de 1976.

Al documentar el destino de los jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) en Santiago del Estero, el autor demuestra que el dispositivo represivo contra la juventud estudiantil fue un plan sistemático, de alcance nacional y con raíces previas que todavía exigen ser leídas a la luz de una memoria verdaderamente federal.

Emilce Moler tiene 67 años y hace 51, en 1975, fue a una marcha para exigir que se implementara el boleto estudiantil en La Plata, la ciudad en la que vivía y en la que cursaba los estudios secundarios en el Bachillerato de Bellas Artes. No recuerda nada en particular de esa marcha que, como tantas otras por esos años, terminó en represión por parte de las fuerzas de seguridad. No se acuerda ni qué tenía puesto ni con quién fue; sí que estaba “de la mitad de los manifestantes para atrás”.

“No me acuerdo de nada en especial de ese día porque marchábamos mucho, por cosas muy distintas. Marchábamos cuando cesanteaban trabajadores en las fábricas, para acompañar a las universidades en sus movilizaciones y para sostener las tomas que se hacían en distintas escuelas de La Plata. Nosotros éramos militantes políticos. Queríamos mucho más que el boleto estudiantil: queríamos cambiar el mundo”, le cuenta Emilce a Infobae.

En 1975, cuando marchó por las calles de la capital bonaerense para exigir la implementación del boleto estudiantil, Moler integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La escuela en la que estudiaba era una de las tres secundarias que aún hoy dependen de la Universidad Nacional de La Plata.

El 17 de septiembre de 1976, cuando un grupo de tareas tomó por asalto su casa familiar, Emilce tenía 17 años y seguía militando en la UES. Se identificaron como integrantes del Ejército y, como Emilce era de contextura demasiado chiquita, se confundieron y estuvieron a punto de llevarse a su hermana.

Pero se llevaron a Emilce: la secuestraron en el marco de lo que la propia dictadura llamó “La Noche de los Lápices”, un operativo feroz contra diez estudiantes secundarios. Seis de ellos aún están desaparecidos. Emilce es una de las cuatro sobrevivientes.

Una noche, cinco secuestros

El operativo ilegal de secuestro de diez estudiantes secundarios de La Plata en el marco de lo que las propias fuerzas de seguridad llamaron “La Noche de los Lápices” se produjo entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976. El 16 de septiembre, hace exactamente medio siglo, se condensó la gran mayoría de la actividad de los grupos de tareas.

Ese día secuestraron a María Claudia Falcone, Francisco “Pancho” López Muntaner, María Clara Ciocchini -que era de Bahía Blanca y se había mudado a La Plata-, Horacio Ungaro y Daniel Racero. Gustavo Calotti había sido el primero en ser privado de su libertad, el 8 de septiembre. Claudio de Acha fue secuestrado el 15 de septiembre, Emilce Moler y Patricia Miranda, el 17, Pablo Díaz, el 21. Todos eran estudiantes secundarios. La mayoría, como Emilce, militaban en la UES e iban a colegios que dependían de la UNLP. Pablo lo hacía en la Juventud Guevarista (PRT-ERP). Patricia no formaba parte de ninguna agrupación.

Los secuestros, así como los traslados a distintos centros clandestinos de detención, la tortura y la desaparición forzada fueron a manos de quienes operaban en el llamado “Circuito Camps”, en el que Ramón Camps y Miguel Ángel Etchecolatz tenían las voces de mando.

Los secuestros fueron como muchos otros: irrumpieron patotas que golpearon a sus “blancos” y también a sus familias, destruyeron a su paso lo que se les ocurrió destruir y robaron lo que se les dio la gana. Cercaban la manzana de cada operativo, en algunos casos desplegaban más de una decena de autos, encapuchaban a quien se iban a llevar y lo arrastraban hasta un auto.

Desde ahí, el destino era algún centro clandestino de detención. El Pozo de Arana fue el primero al que los trasladaron. Después, algunos -tal como le pasó a Emilce- fueron a parar al Pozo de Quilmes y a la Comisaría de Valentín Alsina; otros, al Pozo de Banfield.

El Batallón 601 de Inteligencia del Ejército fue el que ordenó los secuestros de los diez adolescentes, en los que intervinieron tanto el Ejército como grupos de tareas de la Policía bonaerense. Uno de los brazos ejecutores de las órdenes de Camps y Etchecolatz era el comisario Luis Héctor Vides, “El Lobo”. Los diez estudiantes secuestrados, que tenían entre 16 y 18 años en esa casi primavera de 1976, habían sido catalogados, según documentación de inteligencia, como personas “de peligrosidad mínima”.

Esos diez estudiantes son, hasta el día de hoy, tal vez las historias más visibles de cómo la dictadura desplegó su máquina ilegal de secuestrar, torturar, violar y desaparecer ante quienes iban a escuelas secundarias y universidades: según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), uno de cada cinco desaparecidos eran estudiantes. Más del 43% tenían entre 16 y 25 años.

La historia del boleto estudiantil

“Ya en 1975 estábamos en medio de una militancia muy comprometida, y a la vez teníamos que tener mucho cuidado. No íbamos alegremente por la calle porque ya operaba la Triple A, y en particular el Comando Nacionalista Universitario atacaba y mataba a mansalva a compañeros”, recuerda Emilce, y suma: “Lo que cayó en los secuestros de 1976 fue la UES de La Plata; ese fue el blanco al que atacaron”.

Después de unos cuatro meses en la clandestinidad, Emilce fue trasladada a la cárcel de Devoto. Si bien sus familiares pasaron a saber dónde estaba, no podían verse sino a través de un vidrio, no tenía acceso a un abogado ni a un proceso judicial legal, no podía prácticamente hacer actividad física ni manual, ni tampoco leer.

En abril de 1978 le otorgaron la llamada “libertad vigilada”. “Eso implicaba que no podía volver a La Plata porque me consideraban ‘peligrosa’. Me instalé en Mar del Plata, a donde se habían trasladado mis padres. No te podías mover de la ciudad ni estar con más de cinco personas. En cualquier momento la SIDE tocaba el timbre de tu casa, y una vez por semana tenías que presentarte en la comisaría”. Desde que la secuestraron hasta que le levantaron el régimen de libertad vigilada en 1979, pasaron tres años de la vida de Emilce Moler.

Los cuatro sobrevivientes de la Noche de los Lápices fueron Moler, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. En 1985, Pablo Díaz dio su testimonio ante el tribunal del Juicio a las Juntas. Contó cómo lo habían secuestrado, cómo y cuánto lo habían torturado, el infierno al que había sido reducida su existencia. Durante su testimonio, en el que detalló cómo era el día a día en el Pozo de Banfield, Díaz sostuvo: “Muchas personas detenidas en ese momento eran apolíticas, como por ejemplo un grupo de estudiantes secundarios que pedían reducción en el precio del boleto de transporte”.

“Hubo testimonios en los primeros tiempos post dictadura que fueron muy estremecedores y sirvieron para que toda la sociedad se enterara de cómo operaba el aparato represor. Uno fue el de Adriana Calvo de Laborde, que contó su parto arriba de un auto de un grupo de tareas. Otro fue el de Pablo, que contó cómo los grupos de tareas se metían con pibes de 16, 17, 18 años, cómo les aplicaban una tortura bestial. Pablo mencionó en su testimonio la lucha por el boleto estudiantil y eso cristalizó para siempre como una característica asociada a quienes habíamos sido secuestrados durante la Noche de los Lápices”, describe Emilce.

Después de que Díaz declarara, los hechos ocurridos en septiembre de 1976 se convirtieron primero en un libro que, en apenas un año, se reimprimió diez veces, y también en la película La noche de los lápices, dirigida por Héctor Olivera y construida a partir del testimonio de Pablo.

“En esos primeros años de la democracia era muy difícil hablar de la militancia. La sociedad prestaba atención a los testimonios de lo que consideraba una ‘víctima inocente’. Creo que a partir del testimonio de Pablo, del libro y de la película es que la Noche de los Lápices se convirtió en un símbolo trágico de cómo operaba la dictadura”, analiza Moler.

“Claro que peleamos por el boleto estudiantil, pero peleábamos por mucho más, éramos militantes, creíamos en que había que cambiar todo el sistema. A mí no me vinieron a buscar porque había ido a la marcha por el boleto estudiantil. Vinieron a buscar a estudiantes que militábamos. Lo que quiero decir es que no está demostrada la relación de causalidad entre la marcha por el boleto y nuestros secuestros”, explica Emilce.

“La historia del boleto estudiantil es lo que cristalizó a partir del testimonio de Pablo en un momento en el que todavía era muy difícil hablar de nuestras militancias y en el que lo que más necesitabas era que te creyeran todo lo que había pasado en los centros clandestinos de detención, que para muchos era increíble por su ferocidad. Finalmente, son ellos, los militares, los que nunca explicaron por qué nos detenían. Son ellos los que deberían dar esa explicación”, reflexiona Emilce, que es profesora de Matemática y doctora en Bioingeniería.

Cómo hablar en el presente

María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha permanecen desaparecidos. Este miércoles, a medio siglo de los secuestros que en los que la dictadura los “chupó” para siempre, habrá distintos actos para recordarlos: uno será en donde funcionó el Pozo de Banfield; otro, en La Plata.

“Cincuenta años es muchísimo tiempo para un chico de 17. Para ese chico, algo que pasó hace medio siglo no es la historia reciente sino algo completamente ajeno a su vida cotidiana. El gran desafío es cómo enseñamos no sólo los hechos históricos sino los procesos históricos. Para eso hay que tender puentes entre el pasado y el presente, explicando en qué se parecían esos momentos con la actualidad. Y hay que explicarlo no a través de frases hechas o eslóganes, sino de argumentaciones profundas: es algo a contrapelo de la actualidad, en la que las noticias ya son viejas a los diez minutos”, describe Emilce.

“Lo más importante para mí siempre es marcar que quien secuestró, torturó y desapareció fue el Estado. Muchas veces, por relativismos o negacionismos, los chicos terminan entendiendo que los setenta fueron civiles contra civiles. Y no: el Estado pergeñó un plan represivo sistemático que nadie, ningún civil, merece. Hayas hecho lo que hayas hecho, porque para eso el Estado de derecho tiene previstas otras herramientas”, reflexiona Emilce.

Y suma: “No hay que buscar racionalidad en cómo se implementó ese plan sistemático en cada caso. Primero, porque los torturadores no podían estar seguros de quién iba a sobrevivir y quién iba a morir después de una semana de tortura. Y después, porque hay quienes, por pertenecer a determinada familia, no resistía ninguna lógica que fueran secuestrados. Todo apuntaba a que serían liberados y hasta hoy están desaparecidos. Nadie sabe por qué sobrevivimos los que sobrevivimos ni por qué están desaparecidos los que están desaparecidos. Esa explicación sólo la pueden dar los perpetradores”.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final primero y los indultos del menemismo después frenaron el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Circuito Camps. Cuando se reanudaron los juicios, ya en este siglo, Camps y Etchecolatz fueron imputados como los máximos responsables. Hubo, además, diez condenas a prisión perpetua a otros ejecutores de los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones.

La Plata, una ciudad históricamente estudiantil, fue el escenario más visible de cómo el terror de la dictadura impactó en quienes atravesaban la escuela secundaria. Pero no fue el único: según registros de la Conadep, hubo 232 adolescentes desaparecidos en la Argentina.

Un hombre mayor de edad fue detenido en Tandil en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada. La medida fue ejecutada por personal del Grupo Operativo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones, tras una orden judicial emitida en una causa que se tramita en la ciudad de La Plata.

La pesquisa se relaciona con hechos denunciados como ocurridos entre febrero y septiembre de 2015, cuando la presunta víctima era menor de edad. La denuncia fue presentada por su madre y dio inicio al expediente que ahora derivó en la localización y captura del sospechoso.

Según informó el portal El Eco, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones procesales. La investigación está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata, a cargo del agente fiscal Gustavo Petit Bosnic, y del Juzgado de Garantías 6, cuyo titular es el juez Agustín Carlos Crispo.

Según surge de las actuaciones judiciales, la madre de la víctima informó que su hija habría sufrido abusos por parte del hijo de una amiga de la familia. Los episodios investigados se habrían producido durante un período de varios meses, entre febrero y septiembre de 2015.

La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada y corrupción de menores agravada por el medio o por el vínculo”. La calificación provisoria contempla circunstancias vinculadas con la edad de la presunta víctima, que tenía menos de 13 años al momento de los hechos denunciados.

En el avance de la causa, la Fiscalía 3 de La Plata solicitó la colaboración de la Sub DDI Tandil para establecer el paradero del imputado. A partir de ese requerimiento, los efectivos del Grupo Operativo desarrollaron tareas para reunir información sobre su posible domicilio y otros datos relevantes para la investigación.

Los procedimientos permitieron establecer con precisión el lugar donde se encontraba el sospechoso. Esa información fue remitida a la Fiscalía que dirige la investigación, que luego evaluó los elementos reunidos antes de requerir medidas judiciales.

La intervención policial se concentró en la localización de la persona buscada, en respuesta a una solicitud originada fuera de Tandil. El expediente permanece centralizado en La Plata, donde funcionan tanto la Fiscalía a cargo de la pesquisa como el juzgado que autorizó las medidas posteriores.

Tras el procedimiento, el hombre quedó alojado bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias de rigor. La situación procesal del imputado dependerá de las resoluciones que adopten la fiscalía y el juzgado a medida que avance el expediente.

La investigación deberá continuar con la valoración de los elementos ya reunidos y de toda otra prueba que las partes o la fiscalía incorporen. Por la naturaleza de los delitos investigados y la condición de minoridad atribuida a la víctima al momento de los hechos, el caso se encuentra sujeto a resguardos propios de este tipo de procesos.

Dos hermanos de 22 y 16 años fueron detenidos acusados de intentar robar una moto a un joven de 24 años en La Plata. El procedimiento se realizó el domingo por la noche, luego de que personal policial los localizara a pocas cuadras del lugar donde se produjo el episodio.

El hecho tuvo lugar en la intersección de avenida 60 y calle 26, en la capital bonaerense. Según la información aportada sobre el caso, los acusados abordaron al motociclista e intentaron quedarse con el vehículo que conducía.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, tras el aviso de la víctima, agentes del Comando de Patrullas iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. La intervención concluyó en 59 y 29, donde los efectivos interceptaron a los dos jóvenes y recuperaron la moto.

El joven de 24 años alertó a la Policía después del episodio ocurrido en avenida 60 y 26. A partir de esa comunicación, se desplegó un rastrillaje en los alrededores con el objetivo de localizar a las personas señaladas y establecer el paradero del rodado.

La secuencia se concentró en un sector urbano cercano al punto inicial. La distancia entre ambas esquinas permitió que los efectivos mantuvieran el operativo dentro de la misma área de La Plata, sin que se informaran persecuciones hacia otros barrios ni la participación de unidades de otras jurisdicciones.

De acuerdo con los datos conocidos, los sospechosos fueron ubicados en calle 59 y 29. Allí se concretó la aprehensión de los dos hermanos, de 22 y 16 años, quienes quedaron bajo custodia policial.

El operativo también permitió recuperar la motocicleta perteneciente al denunciante. La restitución del vehículo forma parte de las actuaciones vinculadas con el hecho que se investiga, mientras se analiza la participación que habría tenido cada uno de los detenidos.

Luego de la intervención en 59 y 29, los dos jóvenes fueron trasladados a la comisaría Quinta de La Plata. En esa dependencia quedaron a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

A raíz del episodio, se abrió una investigación penal por “tentativa de robo doblemente calificado”. Esa es la calificación judicial informada de manera inicial para el expediente, que continuará con las diligencias correspondientes.

La causa seguirá su curso ante las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar la situación procesal de ambos hermanos. Por ahora, los dos permanecen vinculados a la investigación iniciada tras el intento de robo denunciado en La Plata.

Tres jóvenes de 13, 15 y 18 años fueron detenidos en Barracas

Días atrás, un operativo de la Policía de la Ciudad permitió detener a tres delincuentes que intentaron sustraer una motocicleta estacionada frente a una vivienda del barrio porteño de Barracas. El caso llamó la atención por la edad de dos de los involucrados y por la cantidad de antecedentes acumulados entre los tres sospechosos.

El hecho ocurrió en la calle Vieytes al 1400, donde efectivos de la División Intervenciones Rápidas realizaban tareas de prevención. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a tres jóvenes corriendo por la zona mientras un vecino solicitaba ayuda y señalaba que acababan de intentar robarle su vehículo.

Ante la situación, los uniformados iniciaron una rápida intervención y lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tras ser demorados, los tres jóvenes fueron identificados por el dueño de una motocicleta Honda Twister que se encontraba estacionada frente a su domicilio. El damnificado aseguró que eran las mismas personas que instantes antes habían intentado llevarse el rodado.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar su grado de participación en el hecho.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del procedimiento fue el historial delictivo de los involucrados. Uno de los detenidos tiene apenas 13 años y registra cinco antecedentes por robo y tentativa de robo cometidos entre abril y agosto de este año.

Su cómplice, de 15 años, presenta el prontuario más extenso de los tres: acumula diez antecedentes vinculados a robos, hurtos y tentativas. De acuerdo con la información oficial, ocho de esos hechos ocurrieron durante los últimos cinco meses.

Por su parte, el único mayor de edad del grupo, un joven de 18 años, posee tres antecedentes por delitos contra la propiedad registrados desde 2022.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional de Menores N.º 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N.º 19.

Por disposición judicial, el sospechoso de 18 años fue imputado por el delito de robo en grado de tentativa. En tanto, los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron alojados mientras continúa la investigación.

Unas 1.500 personas participaron de una jornada de debate sanitario en La Plata, como antesala del 13° Encuentro Nacional de Salud, previsto para el 28 de noviembre en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba.

La actividad se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y reunió a trabajadores de la salud, investigadores, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales, además de referentes de distintas provincias. Durante la jornada funcionaron 23 mesas de trabajo sobre los desafíos del sistema público.

El cierre estuvo encabezado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el diputado nacional Juan Grabois, quienes plantearon la necesidad de elaborar una propuesta sanitaria federal frente a los recortes nacionales.

En este sentido, Kreplak sostuvo que el sistema público enfrenta una mayor demanda en un contexto de reducción de programas nacionales y transferencia de responsabilidades a las provincias y los municipios.

“Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sacar a Milei del lugar donde está y construir una Argentina en donde vivir sea orgullo”, afirmó el ministro durante su intervención. También convocó a que la dirigencia política, las organizaciones y la ciudadanía impulsen una agenda que asegure la salud como derecho. “Que lo hagan con el ejemplo que estamos dando desde la salud, con generosidad, con trabajo, sin mezquindades”, expresó.

Por su parte, Juan Grabois vinculó la discusión sanitaria con la construcción de un programa de gobierno. El diputado afirmó que, tras una eventual salida de Javier Milei de la Presidencia, será necesario contar con una planificación de largo plazo.

“Hay un plan quinquenal de salud y un plan quinquenal de gobierno”, sostuvo Grabois, quien planteó que esa herramienta permitiría ordenar prioridades y reconstruir capacidades estatales.

Entre los datos expuestos durante el encuentro, se indicó que el presupuesto real del programa Remediar cayó 72% entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de tratamientos entregados descendió 52% entre 2022 y 2025.

Los temas del debate

La discusión abarcó la provisión de medicamentos, el financiamiento del sistema, la atención primaria, la salud mental, la situación laboral, la enfermería, las residencias y la gestión hospitalaria.

También se abordaron la seguridad social, la salud digital, la investigación científica y la producción nacional de medicamentos y tecnologías. Uno de los planteos centrales fue avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria, con capacidades estatales para planificar políticas y reducir la dependencia de insumos externos.

Desde la organización señalaron que las propuestas que surgieron en La Plata formarán parte de un proceso federal que tendrá su próxima instancia en Córdoba. El 13° Encuentro Nacional de Salud buscará reunir el 28 de noviembre las experiencias de equipos sanitarios, organizaciones y especialistas de todo el país para debatir una agenda común sobre financiamiento, acceso a tratamientos, formación profesional y políticas públicas.

El hecho ocurrió a las 8.39 en la calle 54 entre 4 y 5. Un auto de color gris circulaba por la arteria cuando por causas que aún se desconocen impactó contra la parte trasera de un vehículo oscuro estacionado junto al cordón. Tras el golpe, el conductor bajó, miró apenas los daños y rápidamente regresó frente al volante para comenzar a hacer marcha atrás, enderezó su auto e inició el avance con la intención de retirarse.

Sin embargo, un vecino que en ese momento caminaba por la vereda y presenció toda la maniobra reaccionó de inmediato. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad muestran cómo el hombre se acercó al vehículo en movimiento y golpeó la ventanilla para exigirle al automovilista que frenara y descendiera. Ante la insistencia del testigo, el conductor detuvo la marcha.

Ya fuera del vehículo, el automovilista se dispuso a revisar los daños ocasionados en el auto estacionado. El video de la secuencia fue compartido por un lector con el portal local 0221, quien precisó que el vehículo dañado pertenecía a un vecino de la cuadra. La grabación permitió reconstruir el episodio, desde el impacto inicial hasta la intervención del transeúnte.

Hasta el momento, se desconoce si el conductor del auto gris circulaba bajo los efectos del alcohol o se distrajo en el momento del choque.

Video: accidente en Mar del Plata en el que murió una mujer de 77 años

Una mujer de 77 años murió luego de protagonizar un siniestro vial en la Ruta 88, en la ciudad bonaerense de Batán (a pocos kilómetros de Mar del Plata), a la altura del acceso al barrio Colinas Alegre. El impacto, una colisión lateral entre un Volkswagen Gol Power y una Toyota Hilux, ocurrió alrededor de las 11:00 horas del pasado martes y le costó la vida a la conductora del automóvil en el mismo lugar del hecho. En las últimas horas de este sábado se conoció un video de seguridad que muestra el momento exacto del accidente.

Según informó la Policía de Mar del Plata, la camioneta estaba al mando de un joven de 20 años que resultó ileso y viajaba acompañado por otro joven de 21 años.

Rápidamente, varios organismos se movilizaron hacia el lugar. Personal del Departamento Vial La Ballenera, Bomberos de Batán, efectivos del Comando de Patrullas Sur, una ambulancia del SAME y agentes de Policía Científica trabajaron en la escena. También intervino la Morgue Judicial.

A las pocas horas del choque fatal, la Policía local indicó que trabajarían en reconstruir la dinámica del impacto y las circunstancias exactas que rodearon al accidente a partir de las pericias que dispongan las autoridades. A partir de una cámara de seguridad, lograron dar con un video que mostró cómo ocurrió el hecho.

Las imágenes muestran el momento en que el conductor de la Toyota Hilux circulaba a gran velocidad por la Ruta 88 cuando la parte delantera de la camioneta impactó contra el lateral del Volkswagen Gol Power. La conductora del automóvil, de 77 años, intentaba cruzar la ruta para continuar su camino cuando se produjo el choque fatal.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de la doctora Abedequian, que abrió una causa bajo la carátula “Homicidio culposo” y ordenó las diligencias de rigor, entre ellas la realización de una autopsia a la víctima. La mecánica del siniestro será establecida mediante las pericias correspondientes.

El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata recibió el reconocimiento en la categoría Instituciones de los Premios Teatro del Mundo por la actividad escénica de la temporada 2025, una distinción que llega durante sus 140 años de trayectoria ininterrumpida y premia la gestión de la sala de la capital bonaerense. Es la primera vez que el teatro obtiene este galardón.

La entrega se realizó en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El premio es organizado desde 1998 por el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y reconoce producciones e instituciones de los distintos circuitos teatrales argentinos e internacionales.

La selección contempla 19 rubros de la actividad escénica, con Diplomas de Trabajos Destacados y un Premio Mayor por categoría. El jurado evalúa las poéticas, la innovación y la experimentación teatral, la originalidad, la creatividad, la escasa visibilidad en los medios masivos y el acompañamiento a artistas emergentes.

La edición que distinguió al Coliseo Podestá reunió a 50 investigadores y críticos de la Universidad de Buenos Aires, además de invitados especiales de la Ciudad de Buenos Aires y de otros puntos del país. La coordinación general estuvo a cargo del crítico, historiador y docente teatral Jorge Dubatti.

El director del teatro, Alejo García Pintos, recibió la distinción durante la ceremonia y vinculó el aniversario con uno de los rasgos arquitectónicos e históricos del edificio: “Hace casi tres años que me toca dirigir este hermoso teatro que cumple 140 años y que alberga debajo de su platea la última pista de circo criollo que queda en pie”.

La sala atraviesa obras de puesta en valor destinadas a mejorar sus instalaciones, incorporar un nuevo sistema de climatización y optimizar su funcionamiento general. García Pintos agradeció el respaldo del intendente de La Plata, Julio Alak: “Le agradezco al intendente de La Plata, Julio Alak, que me da todas las herramientas para ponerlo lindo y recibir a todos en las mejores condiciones y, sobre todo, para producir teatro y tener un elenco estable de 20 actores y actrices de la ciudad”.

El director subrayó que los intérpretes no contaban con continuidad laboral desde hacía “muchísimo tiempo”. La conformación de ese elenco estable se integra a una programación que convocó a públicos diversos y abarcó música, espectáculos infantiles, humor, danza y teatro independiente.

La oferta del Coliseo también incluyó Laberinto Podestá, el último aplauso, la primera producción propia de toda la historia de la institución. Las visitas guiadas y teatralizadas por el edificio completaron las actividades destinadas a acercar a los asistentes al recorrido histórico de la sala.

El teatro abrió sus puertas en 1886 bajo el nombre de Politeama Olimpo, el mismo año en que se estrenó la versión hablada de Juan Moreira. La obra, impulsada por José Juan Podestá, dio origen al teatro gauchesco y sentó las bases de una tradición escénica vinculada desde sus inicios con la familia que dio nombre al Coliseo.

Un ataque con drones en La Plata, Huila, fue reportado contra tropas de la Novena Brigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego. La acción fue dirigida contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza, quienes se encontraban desplegados en esa zona del municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables utilizaron aeronaves no tripuladas para lanzar dos granadas contra los uniformados. La amenaza fue detectada oportunamente mediante equipos antidron, lo que permitió a los soldados activar las medidas de protección y reaccionar ante la ofensiva.

El balance entregado tras el hecho señala que no se registraron afectaciones a los militares ni a la población civil. La institución atribuyó la respuesta a la preparación de los soldados, su reacción inmediata y al empleo de los dispositivos destinados a identificar este tipo de amenazas.

Ejército aclaró qué ocurrió con la caravana del gobernador del Huila

Uno de los aspectos que la institución decidió precisar fue la relación entre el ataque y la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, luego de que surgieran versiones que vinculaban ambos hechos.

La comitiva del mandatario departamental había transitado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera la ofensiva contra los soldados. Por esa razón, el Ejército señaló que el ataque no estuvo dirigido contra la caravana del gobernador.

La precisión establece una diferencia entre los dos acontecimientos: el desplazamiento de la comitiva ocurrió antes por el mismo sector, mientras que posteriormente se produjo la acción contra las tropas que desarrollaban labores de seguridad en la vereda Gallego.

De esta manera, la información oficial descarta que la caravana de Villalba Mosquera hubiera sido el objetivo de las dos granadas lanzadas desde los drones.

Equipos antidron permitieron detectar la amenaza

La respuesta de los militares estuvo apoyada en los sistemas UAS Detector, equipos utilizados para identificar oportunamente la amenaza representada por las aeronaves no tripuladas.

El Ejército explicó que la detección permitió activar las medidas de protección frente a la acción. A esto se sumó la reacción de los soldados que se encontraban en el área, quienes pudieron responder antes de que se produjeran afectaciones entre los uniformados o los habitantes de la zona.

El empleo de este tipo de dispositivos forma parte de las medidas utilizadas por las tropas para enfrentar ataques mediante drones, una modalidad que en este caso fue utilizada para transportar y lanzar las dos granadas contra los militares del Batallón Cacique Pigoanza.

El reporte institucional no entregó información adicional sobre daños materiales ocasionados durante la acción ni atribuyó públicamente la responsabilidad a una organización determinada.

Ejército rechazó el ataque contra las tropas

Tras informar sobre lo ocurrido, el Ejército Nacional rechazó la acción y cuestionó el riesgo que representa para quienes se encuentran en las zonas donde se desarrollan operaciones de seguridad.

La institución sostuvo que este tipo de ataques pueden poner en peligro de manera indiscriminada a los integrantes de la Fuerza Pública y a la población civil. En su pronunciamiento, también señaló que estas acciones constituyen una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Novena Brigada continuará desplegada en Huila

Después de la acción registrada en La Plata, las unidades militares mantienen su presencia en el territorio. La Novena Brigada indicó que continuará desarrollando operaciones y fortaleciendo las medidas de seguridad en los 37 municipios del departamento del Huila.

La institución señaló que estas labores tienen como propósito enfrentar las amenazas y mantener la protección de la población huilense.

En ese contexto, los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza permanecen vinculados a las labores de presencia institucional y seguridad que se desarrollan en el departamento.

En plena tensión entre el Gobierno e Inglaterra por las Islas Malvinas, nueve excombatientes partieron rumbo al archipiélago para una estadía humanitaria de siete días. Se trata del contingente de un programa que prevé el regreso de un total de 16 veteranos durante este año.

El periplo con fines humanitarios comenzó este viernes, después de un acto en la ciudad de La Plata. El traslado surgió a partir de un convenio entre la Municipalidad de La Plata y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, reactivado en abril de 2025 luego de que los viajes quedaran interrumpidos entre 2015 y 2023.

Los nueve integrantes del contingente combatieron en unidades militares con asiento histórico en La Plata, entre ellas el Regimiento de Infantería 7, y en la dotación del rompehielos ARA Almirante Irízar, que cumplió tareas durante la guerra de 1982.

Desde el CECIM La Plata indicaron que para parte del grupo “es la primera vez desde 1982 que regresan al archipiélago”. La entidad señaló que los viajes forman parte de las acciones de acompañamiento a quienes participaron en el conflicto bélico. Para otros siete exsoldados, la posibilidad de viajar se extenderá a lo largo de 2026.

La despedida

Antes de partir, los veteranos fueron despedidos este viernes a las 16 en la Empresa de Transporte 9 de Julio SAT, ubicada en las calles 31 y 513. Directivos y trabajadores de la firma participaron del encuentro, con el fin de facilitar los traslados de ida y vuelta a los aeropuertos.

La estadía de los veteranos se extenderá hasta el sábado 19 de septiembre.

El acuerdo entre la comuna y el CECIM establece un subsidio para afrontar los gastos de los viajes. Pueden acceder las personas nacidas en La Plata, con al menos cinco años de residencia en la ciudad antes de la firma del convenio, que acrediten haber sido exsoldados conscriptos o civiles en el Teatro de Operaciones Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

El convenio fue suscripto el 2 de abril de 2007 durante la intendencia de Julio Alak. La ordenanza 10.260 fue reactivada formalmente en abril de 2025, tras el período en que dejó de aplicarse durante la gestión del ex jefe comunal Julio Garro.

El CECIM La Plata afirmó que “el encuentro forma parte de la reivindicación permanente de nuestra Soberanía en Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos correspondientes”.

El resurgir del reclamo por Malvinas

La travesía coincide con un reverdecer de la causa nacionalista, que se reactivó en el último Mundial de Estados Unidos, a partir del 2-1 que se impuso Argentina frente a Inglaterra por las semifinales. Como festejo, varios jugadores de la Selección Argentina posaron con una sábana pintada “Las Malvinas son Argentinas”, que había arrojado un grupo de hinchas.

Con un similar trapo partió este grupo de veteranos de La Plata. Es habitual que, a partir de las visitas, los ex combatientes compartan simbología argentina en los sitios emblemáticos del archipiélago.

En ese marco, Javier Milei presentó en las últimas semanas un conjunto de medidas y anuncios para impulsar el reclamo de soberanía, que incluye desde la reactivación de la obra de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a las empresas que participan de la explotación de hidrocarburos de la zona marítima en disputa. Ambas decisiones son preexistentes a la gestión libertaria, y habían quedado en pausa tras la llegada de Milei al poder.

Los veteranos del CECIM La Plata tienen una activa participación pública en la causa Malvinas. Ahora bien, tienen una mirada crítica del Gobierno de Javier Milei. La organización cuestionó al Presidente por los últimos anuncios sobre el tema, y calificó la cadena nacional en la que se presentaron las medidas como “al nivel más alto de hipocresía de un gobierno y un presidente”.

“Se trata del declive que tiene el gobierno tanto en gestión como imagen, recurriendo esta vez a Malvinas como el salvavidas que esconda sus miserias de corrupción y acción política de la entrega”, plantearon en un comunicado.

Otra de las críticas recientes de esta agrupación al Gobierno tuvo que ver la apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino, ubicado en las Islas Malvinas. Los veteranos le enviaron una carta documento intimando al canciller Pablo Quirno para que, en el plazo de 72 hs, ejerza las competencias que la ley pone en sus manos para cuestionar esta ruta de conectividad. “Exigimos que dé cumplimiento al Decreto 868/2026 que el propio Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026″, indicaron en un comunicado.

Un joven de 27 años fue detenido en Ensenada tras permanecer prófugo desde 2020. El aprehendido está acusado por haber participado de un robo armado y el ataque a balazos contra el hijastro de la víctima en la localidad de Punta Lara.

El arresto se concretó el jueves 10 de septiembre, luego de que investigadores de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Ensenada recibieran información sobre el regreso del sospechoso al barrio. El acusado fue localizado en la zona de calles 9, entre 12 y 13, donde los agentes confirmaron su identidad y ejecutaron la orden de captura que seguía vigente.

Según el medio 0221, el hecho investigado ocurrió el 28 de junio de 2020, cerca de las 20.15. Una mujer de 52 años se encontraba en la puerta de su casa cuando dos hombres llegaron en motocicleta, la amenazaron con una escopeta y le sustrajeron el teléfono celular.

La víctima se resistió al asalto y recibió golpes. Ante la situación, su hijastro salió de la vivienda para intervenir. Uno de los agresores le efectuó dos disparos antes de escapar junto a su cómplice. El joven sobrevivió al ataque.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de las declaraciones reunidas, la Justicia ordenó el 6 de julio de 2020 allanar una vivienda de Punta Lara para detener a C.E.S. Cuando los agentes realizaron el procedimiento, el acusado ya no estaba en el domicilio. Según la investigación, dejó de concurrir a los lugares que frecuentaba y permaneció prófugo durante los seis años siguientes, hasta su reciente detención.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y lesiones. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata.

El acusado tenía además una causa previa por tentativa de robo, iniciada en agosto de 2017 ante la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de La Plata. Tras su captura, deberá afrontar el proceso judicial vinculado con el asalto y el ataque ocurrido en 2020.

Otro prófugo fue detenido en Ensenada

A mediados de agosto, efectivos policiales detuvieron en el barrio El Dique a un hombre de 27 años que era buscado desde hacía cinco años por el asesinato de Brian Nahuel Georges. La Justicia le imputó el delito de homicidio agravado y la causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

El sospechoso, identificado con las iniciales Z. J. I., era el único acusado que permanecía prófugo en la investigación por la muerte de Georges. El crimen ocurrió el 17 de agosto de 2021 en una vivienda ubicada en la zona de 35 bis, entre las calles 126 y 127.

Ese día, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona herida dentro de la casa. Cuando los agentes llegaron, constataron que Georges había muerto a causa de un disparo en la cabeza. La victima habría intentado defenderse con un palo de escoba durante un forcejeo, pero recibió un impacto en la cabeza. Los investigadores establecieron que en el lugar se efectuaron tres disparos.

En los primeros días de la pesquisa, las autoridades realizaron dos allanamientos para identificar a los responsables. Uno de los acusados, que entonces tenía 16 años, fue detenido. Sin embargo, el otro sospechoso logró evitar la captura y permaneció fuera del alcance de la Justicia durante cinco años.

Las tareas posteriores permitieron determinar que Z. J. I. residía con familiares en una casa de calle 126, entre 40 y 41, en El Dique. Con esa información, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y de la Policía de Ensenada realizó el operativo que derivó en su detención.

Allí, cuando tenía apenas 5 años, veía a su papá “Beto” levantar las paredes y el tinglado con sus propias manos para construir el lugar donde guardaría el camión con el que salía a vender tierra. Ella lo acompañaba, lo seguía de cerca y, a su manera, intentaba “ayudarlo”. Sin saberlo, estaba construyendo no solo uno de los recuerdos que conservaría para siempre, sino también su futuro hogar.

“Es uno de los recuerdos más lindos que me quedaron de él”, contó Antonella en diálogo con Infobae, hoy de 38 años, al rememorar su infancia y la tristeza de haberle dado el último adiós cuando tenía apenas 10 años.

Por eso, cuando casi tres décadas después imaginó la posibilidad de convertirlo en una vivienda, no pensó solamente en paredes, metros cuadrados o una obra por terminar: pensó en darle una nueva vida a un lugar que todavía la conectaba con él.

Desde que era adolescente, Antonella soñaba con vivir allí. Y el 15 de enero de 2023, ese deseo comenzó a hacerse realidad. Cada modificación significó también conservar algo de aquella historia familiar, transformar los recuerdos y convertir un espacio del pasado en el lugar donde hoy transcurre su presente junto a su esposo y sus dos hijos.

El lugar forma parte del terreno familiar donde ella nació y se crio. “Mi mamá sigue viviendo en la casa principal y en el mismo predio también viven mis otras dos hermanas: una ocupa lo que antiguamente era el quincho y la otra construyó su casa en el terreno lindero”, detalló sobre la especie de “barrio privado familiar” que idearon.

“Yo siempre quise el galpón”, explicó Antonella, quien a su vez aclaró que su elección no tuvo que ver con una oportunidad económica ni con la falta de otra alternativa. “Era exactamente el lugar que había imaginado para vivir desde chica”, admitió.

El deseo permaneció intacto mientras pasaban los años. A lo que se sumó su interés por la decoración y el diseño de interiores, dos pasiones que con el tiempo terminarían convirtiéndose en su actual profesión.

Antonella quedó embarazada, se casó, se fue a vivir a un departamento y en plena pandemia sintió la necesidad de reconectar con ese anhelo. El encierro la hizo mirar de otra manera el espacio que tenía disponible. Tener un lugar grande, con parque y rodeado de naturaleza, empezó a aparecer como una posibilidad concreta para arrancar con el proyecto.

“El estar tanto tiempo encerrada en un departamento me hizo sentir que había llegado el momento. Me agarró la locura y dije: ‘Ahí voy a estar con toda mi familia’. No tenía sentido seguir postergándolo”, remarcó.

La transformación del galpón en hogar

Vaciar el galón fue, por sí solo, un proyecto. Había ruedas, llantas, partes del camión de mi papá, ventiladores que ya no funcionaban, cuadros, películas VHS, una cinta caminadora y todo tipo de elementos que habían terminado allí con los años. “Nos llevó más o menos dos años vaciarlo. Fue una locura. No se podía caminar por dentro de la cantidad de cosas que había”, recordó. Algunas cosas fueron regaladas, otras vendidas y otras terminaron en la calle.

El galpón tenía aproximadamente catorce metros de largo por cinco de ancho y una altura de 4,70 metros. Originalmente contaba con una gran abertura por donde ingresaba el camión, una puerta y tres ventanas. Aunque las ventanas eran grandes, el tamaño del espacio hacía que el interior resultara muy oscuro.

La primera gran transformación fue abrir el lugar a la luz. Antonella decidió incorporar ventanas prácticamente por todos lados. En la fachada donde antes ingresaban los camiones se hicieron nuevas aberturas para iluminar los ambientes y se incorporaron ventanas para los dormitorios.

La elección de las aberturas también tuvo una característica particular. “Muchas fueron compradas en casas de demolición”, contó. Como el proyecto ya estaba pensado, Antonella buscaba piezas que se adaptaran al diseño que tenía en mente. Pero la disponibilidad de esos materiales también fue haciendo que la obra cambiara sobre la marcha.

“Encontraba una ventana que me gustaba, la incorporaba y modificaba parte del proyecto para adaptarla”, admitió Antonella, quien documentó la obra desde el día cero en su Instagram @antondiseno, donde tiene más de 42 mil seguidores.

“Uno de los elementos más llamativos de la fachada es un antiguo ventanal de medio punto que me fascinó. También reutilicé chapas antiguas que pertenecían a un galpón de su abuelo para fabricar el portón de entrada”, detalló.

De esa manera, la vivienda empezó a reunir distintas generaciones de la familia en sus materiales: el galpón del padre, las chapas del abuelo y los objetos antiguos que Antonella incorporó en el interior.

La distribución también fue pensada para aprovechar al máximo la altura del antiguo galpón. La vivienda tiene una planta baja con dormitorio, estudio, baño y un gran ambiente integrado de living, comedor y cocina. En la planta superior están las habitaciones de sus hijos y otro baño.

“Para acceder a esa planta hay un entrepiso liviano, construido con estructura metálica y piso de madera, que funciona como una especie de puente o pasillo de circulación. El piso de las habitaciones superiores, en cambio, fue realizado con una losa”, especificó.

Para llevar adelante esas modificaciones, Antonella trabajó con albañiles, pero también recurrió a un arquitecto y a ingenieros para resolver los cálculos y cuestiones estructurales. “Esta obra fue mutando con el tiempo. El diseño fue mío, pero las estructuras requirieron asesoramiento profesional”, indicó.

El techo original también representó un desafío: “Como se trataba de un tinglado de chapa, fue necesario trabajar sobre el aislamiento térmico y acústico. En el sector del living, comedor y cocina colocaron poliuretano expandido, una estructura de Durlock y placas de PVC símil madera. Además, algunas vigas reticuladas fueron revestidas con madera para que quedaran visibles”.

Tras dos años y medio de arduo trabajo, la obra también acumuló anécdotas que hoy forman parte de la historia familiar. Una de ellas ocurrió durante la construcción de la losa. “El albañil había llegado para trabajar, pero ese día faltaron todos sus ayudantes. En lugar de suspender la tarea, decidió continuar y se sumaron mi marido, mis hermanas y hasta mis hijos. Todos terminaron trabajando junto al albañil, cargando baldes y ayudando con el cemento”, recordó.

Aunque contrató trabajadores durante buena parte de la obra, ella también quiso participar. Tiró paredes, ayudó a colocar ventanas, pintó, levantó estructuras y aprendió sobre la marcha. “Hice muchas cosas a pulmón”, destacó.

Uno de los momentos más particulares llegó cuando Antonella tomó la decisión de mudarse antes de que la casa estuviera terminada. “La casa tenía muchos trabajos pendientes, pero preferí continuar con la obra desde adentro”, reconoció.

“Mi marido, que es profesor de educación física, siempre se sorprendió de cómo llevé adelante la obra. Me decía que era ‘dinamita’, por la energía que tenía y por la cantidad de cosas que hacía. Por sus horarios de trabajo no podía estar tanto como yo y venía a ayudar los fines de semana o cuando podía. Hoy está muy feliz viviendo acá, sobre todo por el parque y el cambio de calidad de vida”, enfatizó.

Aunque ya están instalados desde hace varios meses, todavía falta pintar algunos sectores, terminar el piso del living, comedor y cocina, resolver el revestimiento definitivo del piso y completar parte del mobiliario. También quedan trabajos de carpintería, iluminación y terminaciones.

“El piso actualmente tiene una carpeta y la idea original era colocar microcemento alisado, pero todavía no decidí si finalmente será esa la terminación elegida”, señaló.

La fachada, en cambio, ya tiene buena parte de su identidad definida: “Está revestida con chapa negra, tiene un alero también de chapa y un portón realizado con materiales antiguos provenientes del galpón de su abuelo”.

Una vez que termine el interior, el próximo objetivo estará afuera: quiere transformar el parque, plantar árboles y plantas y armar una huerta.

Pero Antonella no tiene apuro. Disfruta de avanzar de a poco, elegir cada detalle y ver cómo aquel viejo galpón cambia sin perder del todo las huellas de lo que alguna vez fue. Porque detrás de cada pared, cada abertura y cada rincón hay algo más que una decisión de diseño. Está la memoria de su infancia y el deseo de mantener vivo el vínculo con su papá a través de un espacio que ahora vuelve a tener una historia propia.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por los familiares de Ítalo Reinaldo Pagani para ser reconocidos como querellantes en la causa que investiga la comercialización de fentanilo contaminado. La resolución, dictada este jueves bajo el número de registro 1136/26.4, confirmó las decisiones previas de las instancias inferiores y cerró, al menos por ahora, la posibilidad de que la viuda y el hijo del fallecido participen activamente en el proceso penal en curso.

Mónica Beatos Cladera y José María Pagani Cladera —cónyuge e hijo, respectivamente, de Ítalo Reinaldo Pagani, muerto el 30 de marzo de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata— habían solicitado ser tenidos como querellantes en el marco de la investigación sobre fentanilo adulterado. Su pedido fue rechazado por primera vez el 27 de octubre de 2025 por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, decisión que fue confirmada el 17 de marzo de 2026 por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Ante esa resolución, los peticionantes interpusieron un recurso de casación que, tras ser inicialmente denegado, fue concedido por queja el 14 de mayo de 2026.

El tribunal de Casación, integrado por los jueces Mariano Hernán Borinsky como primer votante, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, resolvió rechazar el recurso por mayoría. El argumento central que sostiene la decisión es que, según las constancias incorporadas al expediente hasta el momento, no existen elementos que permitan tener por acreditada la vinculación entre el fallecimiento de Pagani y los lotes de fentanilo que son objeto de la investigación. En esas condiciones, el tribunal consideró que los recurrentes carecen, por el momento, de un interés legítimo que habilite su participación como querellantes en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

La investigación principal se circunscribe a dos lotes adulterados de fentanilo: el identificado con el número 31202 y el número 32144, ambos del laboratorio HLB, distribuidos por la Droguería Nueva Era. Solo el primero de esos lotes fue remitido al Hospital Italiano de La Plata. Sin embargo, los registros clínicos del expediente acreditan que a Pagani le fue administrado fentanilo del lote 40550, correspondiente al laboratorio Denver Farma, distinto en su origen a los lotes bajo pesquisa. A eso se suma un dato temporal determinante: el hospital adquirió el lote 31202 el 31 de marzo de 2025, es decir, un día después del fallecimiento del paciente. Los estudios bacteriológicos practicados, por su parte, no arrojaron presencia de Ralstonia pickettii ni Klebsiella pneumoniae, las bacterias propias del fentanilo contaminado investigado, sino de una cepa diferente: Brevundinomas vesicularis.

Con esos antecedentes, el juez Borinsky señaló en su voto que tanto la resolución del magistrado instructor como la de la Cámara de Apelaciones efectuaron un análisis exhaustivo que demuestra que el deceso de Pagani, en las actuales circunstancias del caso, “no es objeto de la investigación que se sigue contra el lote 31202 de fentanilo contaminado”. Agregó que el planteo de los recurrentes “carece de respaldo fáctico en las constancias de la causa” para tener por probada una conexión que habilite su legitimación para querellar y que, en consecuencia, no logran demostrar la arbitrariedad que alegan. El juez Carbajo adhirió a esa postura en lo sustancial.

La defensa de los familiares, a cargo de la Dra. Elvira Aranda Zabala, sostuvo ante Casación que las resoluciones previas adolecían de defectos de fundamentación que las invalidan como actos jurisdiccionales válidos. En ese sentido, argumentó que se produjo una valoración parcial y fragmentada del material probatorio, con omisión de elementos que consideró decisivos. Uno de los agravios centrales fue que la historia clínica de Pagani refleja que durante su internación le fueron suministradas dosis de Propofol HLB, un anestésico del mismo laboratorio cuya comercialización fue prohibida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por sospecha de ilegitimidad o falsificación. La defensa sostuvo que ese nexo —entre el riesgo creado por el uso de fármacos del mismo origen y la muerte del paciente— era suficiente para otorgarles legitimación en los términos del artículo 82 del CPPN.

Además, la parte recurrente cuestionó el peso que los tribunales inferiores asignaron a la ausencia de Ralstonia pickettii en los cultivos del paciente. Señaló que el 26 de marzo de 2026 se aisló la bacteria Brevundinomas vesicularis en un hemocultivo, “evidenciando un cuadro de sepsis”, y que la detección formal de Ralstonia por el Hospital Italiano el 15 de abril de 2025 constituía un hito administrativo de reacción, pero que la contaminación ambiental y farmacológica era “necesariamente previa al fallecimiento ocurrido el 30/03/2025”, según consta en el recurso. También alegó que la falta de nuevos exámenes impedía descartar la persistencia de las bacterias originales o la aparición de nuevas infecciones derivadas del estado de inmunocompromiso del paciente.

El voto en disidencia correspondió al juez Hornos, quien consideró que la decisión mayoritaria debía ser revocada por presentar “visos de arbitrariedad”. A su criterio, el rechazo de la querella se apoyó en una diferencia temporal que, si bien existe, no agota el análisis del caso: la historia clínica aportada acredita que Pagani recibió Propofol proveniente del mismo laboratorio que suministró el fentanilo investigado, y eso permite establecer, al menos de manera preliminar, un vínculo entre la situación del fallecido y el objeto de la pesquisa. Hornos resaltó además que la calidad de ofendido por el delito para constituirse en querellante se exige a modo de hipótesis, ya que imponer la demostración plena del daño equivaldría a exigir la acreditación del delito que justamente se pretende investigar. En función de eso, sostuvo que “limitar el objeto procesal a la evaluación de dos únicos lotes de fentanilo resulta prematuro en esta etapa” y propuso hacer lugar al recurso, revocar la resolución impugnada y reconocer a los familiares como parte querellante. Su voto quedó en minoría.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había sintetizado en su resolución los límites del caso al concluir que “la ausencia de perjuicio concreto en directa vinculación con el objeto procesal de la causa impide avanzar sobre el pedido cursado” y que la solicitud no encuadraba en las previsiones del artículo 82 del CPPN. El fallo de Casación, al confirmar ese criterio, dejó firme esa interpretación por el momento, aunque sin clausurar definitivamente la situación de los familiares. El juez Borinsky aclaró en su voto que la decisión no implica desconocer el derecho de las víctimas a acceder a la justicia ni su tutela judicial efectiva, y que corresponderá al juez de primera instancia evaluar, conforme avance la investigación, la adopción de las medidas que estime pertinentes para resguardar la posibilidad de que los familiares de Pagani puedan ejercer los derechos que eventualmente les correspondan. Los peticionantes hicieron reserva del caso federal.

La delegación platense de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas allanó su casa luego de que una imputada en otra causa entregara el dato en su indagatoria. Analía era un personaje secundario; su hijastra sería la protagonista del negocio. En paralelo, allanaron y arrestó a su presunto cómplice, Juan Ramón M., un jubilado de 75 años, vecino de Tolosa. El jubilado, beneficiario de planes sociales, no solo es su cómplice: es el abuelo de la principal sospechosa.

Encontraron droga en los domicilios de Analía y el jubilado: cocaína, marihuana, una balanza. Hasta aquí, nada fuera de lo común, en una causa a cargo del fiscal Hugo Tesón. Luego, encontraron una bolsa con una sustancia granulada, polvosa, 128 gramos de peso. Los peritos de la Bonaerense comenzaron a administrarle la usual batería de reactivos con un test químico forense.

Ningún color propio de las drogas de costumbre se manifestaba en la droga de la bolsa. Probaron y probaron, hasta que llegaron a un verde amarillento: el color correspondía a una droga inédita en el mercado argentino, la brolanfetamina, o DOB.

Catalogada como ilegal por el Estado argentino, capaz de producir fuertes alucinaciones, con efectos secundarios como ataques de ansiedad, paranoia, aumento de presión y nauseas, la brolanfetamina es una sustancia desconocida para jueces y fiscales acostumbrados a investigar causas narco.

Apareció en CABA en junio pasado, como un elemento de corte de falsas tabletas de LSD, en una causa investigada por la UFEIDE de la fiscal Cecilia Amil Martín. Un pet shop de Boedo era usado como supuesto frente para venderlas.

Allí, la brolanfetamina fue detectada en esas tabletas junto a otras ocho sustancias, de acuerdo al test del Laboratorio de Toxicología y Química Forense del CIJ. Diez años antes, había sido encontrada en CABA en una situación idéntica, también en troqueles, en un caso que llegó a la Cámara Federal, en manos de un dealer que iba y venía de Brasil, con el único fallo que menciona la sustancia en toda la biblioteca de Comodoro Py.

Sin embargo, una bolsa entera, de polvo, está fuera de todo parámetro. Un test de laboratorio químico más profundo podrá determinar si se trata de otra sustancia, un falso positivo. El allanamiento en el Barrio La Bajada II tuvo sus contratiempos: los vecinos, según el sumario policial, atacaron a la Bonaerense con bombas molotov.

Un intento de robo registrado durante la madrugada de este jueves volvió a encender las alertas por la inseguridad en City Bell, La Plata. Un grupo de delincuentes llegó en un Peugeot gris hasta una vivienda situada en la zona de calles 27 y 463, pero se retiró pocos segundos después de advertir la presencia del propietario, quien abrió fuego contra ellos.

El vehículo se detuvo frente a una casa ubicada en 27 y 463. Los sospechosos descendieron del Peugeot gris y se dirigieron hacia la propiedad. La maniobra duró apenas unos instantes.

Según esa reconstrucción, los delincuentes se encontraron con el dueño de la vivienda, que estaba armado. Tras esa situación, volvieron rápidamente al auto y escaparon a gran velocidad. Algunos vecinos relataron que se escucharon detonaciones en la huida. Sin embargo, los tiros fueron realizados por el propietario de la vivienda, quien intentó disuadir a los ladrones.

Por el momento, y según lo informado por el portal 0221, no se conocieron detalles acerca de una investigación judicial o policial vinculada al intento de ingreso a la vivienda. Tampoco se informó si las grabaciones de seguridad fueron aportadas a las autoridades para avanzar con la identificación de los ocupantes del automóvil.

El dato que generó preocupación entre los residentes de City Bell es la presunta aparición del mismo vehículo en otro episodio delictivo. De acuerdo con los testimonios, un Peugeot gris había sido visto durante un robo registrado la semana pasada en 28 bis y 464, una zona próxima al lugar del intento de robo de este jueves.

La reiteración de denuncias llevó a que los vecinos mantengan mecanismos de comunicación ante movimientos que consideran sospechosos. Uno de ellos explicó que el sector cuenta con una alarma vecinal y describió el clima de inquietud que atraviesan los residentes. “Hay muchos robos en la zona, los vecinos estamos constantemente en alerta. Tenemos alarma vecinal”, sostuvo.

Otro reclamó una mayor presencia de patrulleros en las calles del barrio. “Es tierra de nadie. Los vecinos vivimos con miedo. Falta seguridad y patrullaje”, manifestó al mismo medio.

La preocupación de los habitantes de la zona también está vinculada con un episodio ocurrido apenas tres días antes del intento de robo. Un joven denunció que le sustrajeron su bicicleta en la esquina de 28 y 460, dentro del mismo sector de City Bell.

Este miércoles, la mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata.

El episodio transcurrió en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes los sorprendieron, los redujeron y los maniataron para exigirles la entrega del dinero que llevaban consigo. Después de tomar el bolso, huyeron y hasta el momento no se informó el monto que contenía.

Las víctimas recibieron asistencia tras el hecho y, aunque atravesaron una situación de fuerte tensión, no sufrieron heridas. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que el dinero había sido trasladado a la inmobiliaria ese mismo miércoles, por lo que sospecharían que los autores del robo habrían contado con información previa.

Por esa razón, las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del hecho, establecer cómo ingresaron los asaltantes al inmueble y determinar si hubo tareas de seguimiento o algún dato interno sobre los movimientos de las víctimas.

La organización de la marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices quedó atravesada por una disputa entre la Federación de Estudiantes Secundarios PBA (FES) y el gobierno bonaerense, debido a la falta de confirmación de micros. Las diferencias sobre qué estructura “poner” de parte del Estado para la tradicional movilización se materializaron en la interna entre el Movimiento Derecho al Futuro y sectores vinculados con La Cámpora.

Fuentes cercanas a la FES PBA, un espacio que se remite a la conducción de Cristina Kirchner, plantearon que las últimas reuniones realizadas con funcionarios del gobierno de la Provincia para definir la logística de la procesión que se realiza cada 16 de septiembre por el centro de la capital bonaerense no llegaron a buen puerto. Una versión diferente a la que exponen desde el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

La FES salió a denunciar que el área de Juventud del gobierno bonaerense, que depende del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, se negó a contratar colectivos para asegurar el desplazamiento de los estudiantes de distintos puntos de la provincia que quieran participar de la marcha. Este sector estudiantil plantea sostener la insignia de “Cristina Libre” y denuncia que, ante esa posibilidad, la Provincia desistió de su apoyo a la movilidad.

Ante la consulta de Infobae, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, donde funciona la Secretaría de Juventud, señalaron que la marcha no enfrenta objeciones políticas de parte del gobierno provincial, que, de hecho, el propio Kicillof suele participar de la misma y que hay una vocación manifiesta del Ejecutivo bonaerense de promover estas instancias. Sin embargo, afirmaron que cada organización debe resolver los mecanismos de traslado con sus referentes y espacios aliados.

“Estamos bien con la marcha. A nuestros pibes de secundarios y de juventud les estamos pidiendo que resuelvan con sus referentes, con los sindicatos amigos y demás, cómo llegar”, dejaron trascender desde la cartera que comanda el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según esa postura, ese esquema se repite todos los años en este tipo de convocatorias.

Fuentes del ministerio explicaron que existe una limitación institucional para disponer de vehículos estatales para una actividad de naturaleza política. “Las marchas las financian las organizaciones o los espacios políticos, no el Estado”, expresaron. También sostuvieron que, en experiencias previas de dirigentes que habían participado de la FES, los micros se costeaban con recursos de las propias agrupaciones y no mediante fondos públicos.

La aclaración apunta a responder a los planteos estudiantiles sobre el contraste entre la situación de la marcha del 16 de septiembre y el apoyo logístico que, según la FES PBA, recibieron actividades del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa la construcción política de Kicillof. Los jóvenes mencionaron un encuentro de juventudes realizado días atrás en San Martín y otra convocatoria del sector prevista para Avellaneda el próximo 19 de septiembre.

Los estudiantes creen que la discusión excede a los recursos. En la FES PBA interpretan que la falta de colectivos no responde únicamente a una cuestión presupuestaria. El espacio tiene previsto participar de la movilización con una bandera que reclame “Cristina libre”, en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, y sus integrantes sospechan que esa consigna es uno de los factores detrás de la negativa.

Por su parte, la Dirección de Juventudes de PBA prepara actividades complementarias para los días previos y posteriores a la marcha y en coordinación con el área de Juventud de la provincia de Córdoba.

Las tensiones por la logística de la movilización se sumaron a la interna que atraviesa al Partido Justicialista (PJ) bonaerense. Kicillof impulsa el MDF como una construcción política propia, mientras que La Cámpora conserva peso en la estructura partidaria y tiene como principal referente al diputado nacional Máximo Kirchner.

La discusión por el transporte y la idea de plantear el discurso de Cristina Libre en la movilización colocaron nuevamente en escena esas diferencias. Según la FES PBA, la Provincia ya destinó recursos a actos políticos recientes, mientras no existe una definición sobre los micros para una movilización estudiantil que se realizará en el aniversario número 50 de los secuestros.

La movilización del próximo 16 de septiembre que culminará en la explanada del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, ubicado en la calle 7 entre 58 y 59, no será una más. Ese día se cumplirán 50 años de la llamada Noche de Los Lápices.

Entre el 15 y el 21 de septiembre de 1976, fuerzas policiales secuestraron a diez estudiantes secundarios de La Plata. Aunque los operativos tuvieron como contexto los reclamos por el boleto estudiantil en el marco de la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983, las detenciones respondieron a una política de Estado más global: los adolescentes representaban una amenaza para las autoridades de facto y el aceitado aparato de persecución y represión que integraban el Ejército, la Policía bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense -un combo conocido como el Grupo de Tareas- sería implacable con los jóvenes.

De los diez detenidos, seis de ellos —María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), Claudio de Acha (17 años), Horacio Ángel Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini— permanecen desaparecidos. “Nos detuvieron porque éramos militantes de la UES; no fuimos víctimas inocentes”, describió Emilse Moler, una de las sobrevivientes de aquel sangriento y tortuoso operativo.

Cada año, la fecha reúne a centros de estudiantes, agrupaciones juveniles, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos. Para esta edición, el aniversario de medio siglo incrementó las expectativas de participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia.

Manuel, el dueño del Fiat Palio, fue el primero en advertir lo que ocurría. Estaba durmiendo cuando, a las 4:45 de la mañana, una explosión lo despertó de golpe. “En ese momento, uno totalmente dormido, desorientado en ese horario, no sabe ni por qué se despertó”, relató ante las cámaras de TN. Al levantarse y asomarse a la ventana, la imagen que encontró fue la de su propio auto en llamas: su propio auto en llamas. “Me pegué un cagazo importante”, describió en sus propias palabras.

La reacción fue instintiva. Manuel abrió la ventana y comenzó a alertar a los vecinos a los gritos, sin saber todavía si habían ocurrido más hechos. Después llamó a la policía y, acto seguido, se comunicó con su vecino, cuya camioneta —estacionada junto al Palio— también había empezado a arder. En cuestión de minutos, el episodio había sumado un segundo vehículo afectado en la misma cuadra.

El auto, según contó Manuel, era más que un bien material. “Mi vehículo era un Fiat Palio que me lo regaló mi viejo y se lo agradezco hasta el último de mis días”, dijo, y agregó que lo utilizaba tanto para trabajar como para estudiar. “Como cualquiera que tenga un auto, literalmente se hace una herramienta más de uno y es casi parte de su cuerpo”, señaló ante TN.

Lo que más inquieta a los damnificados y a los vecinos de la zona no es solo lo ocurrido esa noche, sino la magnitud del patrón que se repite. De acuerdo con el relato de Manuel, al menos seis autos se incendiaron en el mismo horario y en el mismo sector de la ciudad: dos en su cuadra, uno a una cuadra y media, otro a una cuadra en dirección contraria, uno más a dos cuadras, y dos adicionales en 38 entre 1 y 2. “Yo calculo que o es el mismo tipo o es la misma banda”, afirmó, aunque aclaró que no cuenta con pruebas para confirmarlo. “No te sé decir con certeza si está solo o acompañado”, admitió.

Tras el episodio, Manuel pasó casi doce horas haciendo trámites —entre la fiscalía, la policía y la compañía de seguros— sin obtener novedades sobre el avance de la investigación. “Ni de la fiscalía que interviene en la causa, ni de la Policía tengo ningún tipo de novedad”, precisó. La espera, sin embargo, no es lo único que lo preocupa: uno de sus vecinos, según contó, logró identificar y retener a uno de los responsables de los incendios, pero la persona fue liberada. “Así con video, con prueba, con todo, lo liberaron”, denunció Manuel ante TN.

Frente a ese escenario, el dueño del Palio fue claro sobre sus intenciones: “Si me llego a enterar que a este tipo lo liberan, va a ser un golpe durísimo y no me voy a quedar de brazos cruzados”. Los vecinos del barrio, en tanto, reclaman desde hace meses mayor presencia policial en la zona, donde esta modalidad de incendios de vehículos viene repitiéndose de manera sostenida.

Antes de entrar a trabajar, entre bocinazos, mensajes sin leer y gente que apura el paso, todavía queda un gesto mínimo que resiste en algunas esquinas: frenar un instante. En La Plata, ese alto breve tomó la forma de un proyecto que mezcla diarios, revistas y café al paso en un puesto tradicional reconvertido por tres amigos que buscaron devolverle sentido a una rutina que se fue volviendo cada vez menos frecuente.

La idea empezó a tomar forma en abril, durante una cena entre amigos en la que volvió una pregunta repetida: si no era momento de encarar algo juntos. En esa conversación apareció una pista cercana. El padre de un amigo del secundario, conocido en el barrio como Tano, tenía un puesto de diarios y evaluaba dejarlo después de más de 14 años al frente. Esa misma noche fueron a verlo, casi como quien va al encuentro de una intuición.

Cuando llegaron, el puesto estaba cerrado y la vereda vacía. No había movimiento ni luces encendidas, pero sí una de esas presencias silenciosas que conservan algunos comercios después de décadas en el mismo lugar. Justamente ese espacio había sido el punto de encuentro del barrio durante más de 50 o 60 años. Ahí entendieron que no estaban frente a un local más, sino ante una pieza incorporada al paisaje del barrio y a la memoria cotidiana de quienes pasan.

Ubicado en la calle 46, entre 12 y 13, el puesto había funcionado durante años como referencia en una zona por la que circulan miles de personas por día. La iniciativa de los nuevos responsables fue retomar esa condición y actualizarla. “Fue una apuesta de recuperar el lugar que puede tener un puesto de diarios”, le cuenta Julián Lanusse a Infobae.

La reconversión buscó sumar una razón para detenerse sin borrar la identidad original

La decisión, según explicó, no fue restaurar el lugar como una postal del pasado, sino darle una nueva utilidad sin desprenderlo de lo que siempre fue. “Lo que nosotros vimos en ese puesto fue la posibilidad de devolvérselo al barrio”, planteó. La venta de diarios y revistas sigue en el centro del proyecto. El agregado fue otra cosa: una excusa para volver a parar, mirar y llevarse algo antes de seguir con el día.

“Nosotros somos un puesto de diarios que además tiene café”, sostuvo. En esa definición está condensada la lógica del emprendimiento. El café aparece como parte de la renovación, pero no desplaza al papel, que conserva su lugar como marca de identidad y como hilo con una tradición barrial que, en muchas esquinas, se fue apagando sin demasiado ruido.

La propuesta está pensada para un momento preciso del día: el de quienes salen apurados, miran la hora y, aun así, encuentran margen para una pausa breve. Lanusse plantea que “no se trata de competir con una cafetería de mesas largas o sillones, sino de ofrecer otra escena”. Una más corta, más callejera y ajustada a la velocidad de la rutina urbana.

En ese esquema, la experiencia se arma con pocos elementos y un ritmo definido. “El vaso en la mano en cuarenta segundos”, resume al describir la imagen que buscaron construir para el puesto. El café recién molido, una tapa a la vista, alguna revista apoyada en el mostrador y ese primer sorbo que acompaña los primeros metros del día forman parte de una secuencia breve, aunque reconocible para cualquiera que todavía conserve ese hábito.

El café de especialidad se incorporó como complemento de una parada breve y cotidiana

Para esa parte del proyecto eligieron café de un tostador local y un grano proveniente de Brasil. Lanusse explicó que el criterio fue directo: ofrecer “el mejor café al paso de la ciudad”. Para sostener esa premisa incorporaron una máquina que permite mantener regularidad en la preparación y tiempos de servicio de alrededor de dos minutos.

Aunque ninguno de los tres socios viene del mundo gastronómico —el grupo está integrado por un abogado, un ingeniero y el propio Lanusse, psicólogo y filósofo—, sumaron personal capacitado para esa tarea. La combinación, dijo, partió menos de una experiencia técnica previa que de una idea compartida sobre cómo debía sentirse el lugar una vez en marcha.

En la lectura de los impulsores, parte del atractivo del formato se explica por un cambio más amplio en los consumos cotidianos. Lanusse sostuvo que, frente a la saturación de pantallas, notificaciones e información de circulación rápida, empezó a crecer un interés por experiencias más tangibles, menos mediadas por algoritmos y más ligadas al tiempo físico de las cosas. “El puesto de diarios es la respuesta más inesperada a ese problema de época”, resumió.

En esa línea, ubicó al puesto de diarios dentro de una reacción que también puede verse en el regreso del vinilo o en el renovado interés por librerías independientes. “La gente volvió a buscar algo que se pueda tocar”, afirmó. En esa escena, el puesto deja de ser solo un punto de venta y recupera algo de su vieja función: la de ofrecer un umbral entre la casa y el resto del día, una detención mínima antes de que todo se acelere.

El papel conserva un lugar en una ciudad que reformula sus hábitos de paso

Lanusse remarca que diarios y revistas dejaron de convocar no necesariamente porque la lectura perdiera interés, sino porque muchos puestos fueron quedando deteriorados y dejaron de invitar a acercarse. La iniciativa apunta, según su planteo, a revertir esa escena con una esquina cuidada, activa y capaz de volver a despertar curiosidad en medio del tránsito.

“Creemos que hay algo en el papel que la pantalla nunca va a poder reemplazar”, dijo. La textura, el peso y la permanencia del ejemplar físico aparecen en su relato como parte de una experiencia distinta de la digital. Bajo esa idea, “el café funciona como impulso de renovación”, mientras la venta de publicaciones sigue siendo el núcleo del proyecto.

El evento de inauguración oficial de Tano Café y Revistas está previsto para fin de mes, aunque el puesto ya empezó a moverse esta semana en el centro platense, con una apuesta a recuperar, en medio del apuro, ese instante breve en el que la ciudad todavía se deja leer.

Este miércoles por la mañana, la mamá y el hermano del ex futbolista Luciano Galletti fueron víctimas de un violento robo en una inmobiliaria de La Plata. Todo ocurrió cuando dos delincuentes los redujeron dentro del local y escaparon con un bolso que contenía dinero en efectivo.

El episodio transcurrió en una oficina ubicada en las calles 6 y 46, en pleno centro platense, a donde ambas víctimas habían llegado poco antes del asalto. Aparentemente, los atacantes ya estaban dentro del inmueble cuando la mujer, de 70 años, y el hermano del ex jugador, de 47, ingresaron al lugar.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes los sorprendieron, los redujeron y los maniataron para exigirles la entrega del dinero que llevaban consigo. Después de tomar el bolso, huyeron y hasta el momento no se informó el monto que contenía.

Las víctimas recibieron asistencia tras el hecho y, aunque atravesaron una situación de fuerte tensión, no sufrieron heridas. De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores es que el dinero había sido trasladado a la inmobiliaria ese mismo miércoles, por lo que sospecharían que los autores del robo habrían contado con información previa.

Por esa razón, las autoridades intentan reconstruir la secuencia completa del hecho, establecer cómo ingresaron los asaltantes al inmueble y determinar si hubo tareas de seguimiento o algún dato interno sobre los movimientos de las víctimas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera de La Plata, que llevó adelante las primeras actuaciones. Asimismo, la causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 y del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

El hecho tuvo repercusión también por el vínculo familiar con Luciano Galletti, el ex futbolista surgido de Estudiantes de La Plata, con paso por el fútbol argentino y europeo, además de convocatorias en la selección argentina. Su carrera profesional terminó en 2010 a raíz de una insuficiencia renal, por lo que recibió un trasplante de riñón de su padre, Rubén Horacio Galletti, también ex jugador del Pincha.

Violento asalto a una jueza de La Plata y a su hijo en su casa de Tolosa

La jueza Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional N° 4 de La Plata, y su hijo de 24 años fueron víctimas de un asalto en su casa de Tolosa, donde permanecieron cautivos durante más de una hora. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y, según trascendió, los delincuentes escaparon con dinero, objetos de valor y además hicieron consumos con tarjetas de la magistrada.

El robo se produjo cerca de las 14:30 en una vivienda ubicada en 531 bis entre 2 y 3, en la zona de Tolosa, partido de La Plata. De acuerdo con la reconstrucción inicial, tres hombres ingresaron a la propiedad a cara descubierta cuando Greco estaba junto a su hijo.

Durante el asalto, los ladrones dejaron entrever que contaban con información previa sobre la víctima. Según publicó El Día, le hicieron saber a la jueza que sabían quién era y que “la habían batido”. En ese contexto, exigieron que les dijera dónde estaba una caja fuerte, aunque en la vivienda no había ninguna.

También la presionaron para que colaborara y le advirtieron que, de lo contrario, su hijo “la iba a pasar mal”. Mientras uno de los delincuentes los vigilaba, los otros dos recorrieron los distintos ambientes de la casa y la planta alta en busca de dinero y objetos de valor. Los agresores reclamaron joyas y oro. Ante ese pedido, la jueza respondió que “me lo robaron en 2017”.

Según trascendió, los asaltantes permanecieron en el inmueble hasta cerca de las 16 y, antes de escapar, se llevaron parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas con distintos objetos. Además, utilizaron el celular de la magistrada para hacer transferencias y emplearon sus tarjetas para concretar al menos una compra por alrededor de 2 millones de pesos.

La vivienda de la jueza ya había sido blanco de otro asalto en mayo de 2017. En aquella ocasión, delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y luego sorprendieron a la jueza dentro de la propiedad. En ese antecedente, la magistrada también había advertido que los atacantes parecían conocer detalles de su trabajo judicial e incluso uno de ellos la acusó de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de ese hecho terminaron condenados.

Tras el episodio de este viernes, los delincuentes ataron a la jueza y a su hijo antes de huir, con el objetivo de asegurarse tiempo para la fuga. Después del asalto llegaron al lugar el fiscal de turno, jefes policiales, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), efectivos de la comisaría con jurisdicción y autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense.

En Berisso, tras una persecución llevada a cabo por la policía, arrestaron a un motociclista de 24 años. El episodio se inició cuando agentes del escuadrón motorizado intentaron identificar al conductor de una Honda Tornado 250. Sin embargo, el joven decidió escapar.

Aunque todo empezó como un control de rutina en la intersección de las calles 30 y 162, el motociclista ignoró la orden policial, aceleró e inició una fuga por varias cuadras de Berisso. El escape concluyó sobre 162 Norte, donde el sospechoso ingresó a una casa particular con la intención de evitar a los efectivos.

Con autorización de los propietarios, los efectivos entraron al domicilio para continuar la búsqueda. Ya dentro de la casa, lo encontraron escondido debajo de una cama. Según informaron, cuando intentaron detenerlo, el joven se resistió al procedimiento pegando piñas y patadas.

Una vez que lograron reducirlo, los efectivos policiales procedieron a revisar todas sus pertenencias delante de testigos. Allí apareció un elemento clave para la causa: una mochila naranja de delivery que el detenido llevaba consigo.

Dentro de ese bolso, la Policía halló 304 gramos de cocaína, de acuerdo con el medio 0221. A partir de ese descubrimiento, la Justicia dispuso el secuestro de la droga y también de la moto utilizada durante la fuga. Además, se inició una causa vinculada a una posible transgresión de la Ley de Estupefacientes, una calificación que ahora deberá avanzar con las medidas judiciales de rigor.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de La Plata. Hasta el momento, no se precisó si el joven cuenta con antecedentes ni si surgieron elementos sobre el posible destino de la droga secuestrada. El acusado quedó a disposición judicial y a la espera de su primera audiencia.

Otros operativos recientes por cocaína en la región

Días antes de la detención del joven que llevaba cocaína en una mochila de repartidor en Berisso, otro operativo antidrogas en la región puso el foco sobre la comercialización de estupefacientes al menudeo en el partido de La Plata.

Según publicó El Día, una investigación identificada como “Nexo” terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de 83,6 gramos de cocaína distribuidos en 57 envoltorios, además de 25,1 gramos de marihuana, $7.391.940 en efectivo, 10 teléfonos celulares y recortes de nylon presuntamente utilizados para fraccionar dosis.

La pesquisa fue llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de La Plata, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 y del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial platense. Las tareas incluyeron seguimientos y trabajo de campo durante varios meses, hasta reunir elementos sobre maniobras compatibles con la venta de droga en distintos inmuebles de la zona norte de la ciudad.

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en Villa Las Rosas, en Joaquín Gorina, y en Villa Castells. A partir de esas medidas, los investigadores concluyeron que los acusados utilizaban sus viviendas como puntos de expendio fraccionado. Los tres sospechosos quedaron imputados en una causa caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El caso cobró relevancia en la región por el volumen del dinero secuestrado y por la cantidad de elementos incorporados al expediente. Además del efectivo y de la droga hallada, la incautación de teléfonos quedó bajo análisis como parte de la reconstrucción de la operatoria investigada.

Aunque se trata de investigaciones distintas y sin vínculo informado hasta el momento, ambos procedimientos quedaron atravesados por un mismo eje: la circulación de cocaína en la región y la intervención de la UFI N° 18 de La Plata.

Las querellas que representan a las 143 víctimas por el fentanilo contaminado —90 fallecidos y otras 44 con secuelas— le reclaman a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que se expida sobre los primeros procesamientos que el juez Ernesto Kreplak dictó hace casi un año contra los 13 responsables de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, a cargo de la elaboración y distribución del potente anestésico adulterado con al menos dos bacterias multirresistentes. En ese momento, el magistrado los procesó por 20 muertes, pero después lo amplió a 90. En términos jurídicos, los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi tiene bajo revisión el expediente desde octubre de 2025, fecha en que llegó la apelación interpuesta por el propietario de las empresas farmacéuticas Ariel García Furfaro.

Entre las 47 querellas figura el Hospital Italiano de La Plata, el nosocomio donde se detectaron los primeros casos de contaminación en abril de 2025. Una de las abogadas que representa a las víctimas, la abogada querellante Adriana Francese, lleva la voz de 20 familias, entre ellas la de su sobrino nieto, Renato Nicolini, de 18 años, fallecido en ese hospital. “La actuación de la Justicia en esta causa ha sido, a mi entender, excepcional”, sostuvo Francese en diálogo con Infobae sobre el trabajo del juez federal Ernesto Kreplak y de la fiscal María Laura Roteta, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata. La letrada remarcó que en un período breve se produjo “una enorme cantidad de prueba, se realizaron peritajes y se avanzó sobre responsabilidades individuales en distintos niveles, desde la fabricación del medicamento hasta los organismos de control estatal”. Y agregó: “Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión”, afirmó.

Equilibrada en su tono, Francese destacó que cada vez que la Sala III debió intervenir en decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción, acompañó el criterio del juez: confirmó las negativas a excarcelaciones y prisiones domiciliarias, los rechazos a planteos de nulidad y la decisión frente a la recusación de Kreplak promovida por las defensas.

El origen del reclamo judicial

El 25 de septiembre de 2025, Kreplak procesó a 13 directivos y responsables de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. En esa resolución, de 401 fojas, se les imputó la muerte de al menos 20 pacientes y se dispuso un embargo de un billón de pesos contra Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas. García Furfaro y otros tres imputados, su hermano Diego, el director técnico José Antonio Maiorano y Javier Tchukran quedaron con prisión preventiva; su madre, Nilda Furfaro, y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, bajo arresto domiciliario. Hace un mes, y por problemas de salud, ese mismo beneficio lo obtuvo Tchukran.

El 7 de octubre de 2025, la defensa de García Furfaro apeló ese procesamiento. Reclamó la nulidad de la declaración indagatoria y cuestionó que la acusación no hubiera determinado con precisión el aporte causal individual de cada imputado.

El expediente llegó a la Cámara Federal de La Plata el 25 de octubre de ese año, cuando los camaristas Alberto Vallefín, Roberto Agustín Lemos Arias y Emilio Santiago Faggi quedaron a cargo de resolver sobre el fondo de los recursos. Desde entonces, no se pronunciaron.

La ampliación elevó la cifra de víctimas a 90 fallecidos

La investigación continuó mientras la apelación permanecía sin resolver. El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió el procesamiento a partir de nuevos peritajes del Cuerpo Médico Forense y de los resultados genéticos aportados por la ANLIS-Malbrán, que permitieron confirmar 70 nuevos casos de fallecidos vinculados al brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii halladas en las ampollas de fentanilo HLB.

García Furfaro apeló también esa ampliación el 2 de junio de 2026 y pidió a la Cámara que revoque la medida y disponga la falta de mérito, con el cese de su prisión preventiva. Sus abogados, Gastón Marano y Mario Laporta, sostuvieron que la investigación no logró determinar cómo ingresaron las bacterias a las ampollas. Un hecho que parece abstracto ya que está probado para la Justicia que las ampollas de vidrio son inviolables por lo que la contaminación bacteriana sucedió en la planta elaboradora.

Kreplak procesó a las exfuncionarias de ANMAT e INAME

El 1 de septiembre de 2026, Kreplak amplió el círculo de responsables al procesar sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El juez las consideró partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales por haber omitido adoptar medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas de Ramallo. Les impuso un embargo de 500.000 millones de pesos a cada una y la inhibición general de sus bienes. Con esa resolución, la causa suma 15 procesados.

El pedido a la Cámara de la querella

En diálogo con este medio, la querellante Francese repasó los puntos centrales de su reclamo y del de las familias que representa.

—¿Por qué cree que la Cámara aún no se expidió sobre los procesamientos? ¿Esto no ralentiza el proceso?

—No me corresponde atribuir las razones por las cuales la Cámara todavía no se ha expedido ni, por supuesto, anticipar cuál será su decisión. Estamos ante una causa extraordinariamente extensa y compleja, con una enorme cantidad de prueba, numerosas víctimas, múltiples imputados y planteos de las distintas defensas que necesariamente deben ser analizados. También me parece importante aclarar algo: hasta el momento, cada vez que la Sala III de la Cámara Federal de La Plata debió intervenir en decisiones relevantes adoptadas durante la instrucción, ha acompañado el criterio del juez Kreplak. Existe hoy una necesidad muy concreta: que la Cámara Federal se expida sobre los procesamientos que se encuentran sometidos a su revisión.

—Usted habla todos los días con las familias y está en permanente contacto ¿Cuál es hoy su sentimiento?

—En este punto, no puedo hablar solamente como abogada de las familias que represento. También soy familiar: soy la tía abuela de Renato. Hay un enorme agradecimiento hacia el trabajo que vienen realizando el juez Ernesto Kreplak, la fiscal María Laura Roteta y todo el equipo que lleva adelante esta investigación. Pero junto con ese agradecimiento hoy también hay ansiedad y necesidad de respuestas. Y lo comprendo porque también lo vivo. Frente a ese avance, es comprensible que a las familias les resulte más difícil entender los tiempos posteriores. No conocen —ni tienen porque conocer— la dinámica interna de una Cámara. Lo que saben es que existe una investigación realizada, procesamientos dictados y recurridos y que llevan muchos meses esperando una definición.

—En este punto es cuando la opinión pública, y no hablar de las víctimas, habla sobre la eficiencia de la Justicia.

—No creo que corresponda hablar de una Justicia que no funciona, porque sería profundamente injusto frente al enorme trabajo que se ha realizado en esta causa. Sí creo que hoy podemos decir que las familias necesitan una respuesta de la Cámara.

Sobre este punto Francese es muy cuidadosa: “No pedimos una resolución apresurada. Esperamos una resolución fundada, jurídicamente sólida y dentro de un plazo razonable, que permita que esta causa continúe avanzando hacia la determinación definitiva de las responsabilidades”.

—Usted habla todos los días con ellos y está en permanente contacto. ¿Cuál es hoy el sentimiento de los familiares?

—En este punto no puedo hablar solamente como abogada de las familias que represento. También soy familiar: soy la tía de Renato. Por eso conozco ese sentimiento desde los dos lugares. Para nosotros, como abogados, puede tratarse de procesamientos, recursos, pericias o revisiones de Cámara. Para una familia, detrás de cada una de esas actuaciones está el nombre y la historia de una persona que ya no está. Por eso existe hoy una expectativa muy grande respecto de la decisión de la Cámara. No desde el desconocimiento del trabajo que debe realizar ni desde una crítica a la Justicia, sino desde la necesidad humana de que la causa continúe avanzando y podamos acercarnos a una respuesta definitiva.

—¿Estas muertes, esta tragedia, según lo que surge del expediente, se podría haber evitado?

—Lo que surge hasta el momento de la investigación es particularmente doloroso porque existen elementos que indican que no estamos frente a un hecho absolutamente imprevisible o inevitable. La investigación ha reconstruido graves deficiencias en la fabricación, en los controles y en los mecanismos que debían garantizar que un medicamento destinado a pacientes fuera seguro. Por eso considero que esta causa tiene una trascendencia que excede incluso las responsabilidades penales individuales. También debe permitir conocer qué falló y por qué falló, para que una tragedia de estas características no vuelva a suceder.

Un motociclista de 19 años, identificado como Matías Agustín Ledesma, murió este lunes tras ser atropellado por una formación del tren Roca luego de cruzar con la barrera baja en la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió durante esta tarde, en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles 476 y Centenario. Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de la Base Norte se dirigieron al lugar y encontraron una formación del tren Roca detenida sobre las vías.

A pocos metros, los policías encontraron al joven inconsciente y con múltiples lesiones. A su lado estaba la Honda Tornado roja y negra en la que circulaba.

Minutos después, personal del SAME arribó al lugar y asistió a Ledesma. El equipo médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró reanimarlo y constató su muerte en el lugar.

De acuerdo con el relato de testigos, Ledesma circulaba por la calle 476 cuando llegó al paso a nivel. Pese a que la barrera estaba baja, avanzó a contramano para atravesar las vías y fue embestido por la formación.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, que caratuló el caso como “muerte por accidente” y ordenó preservar el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes.

El accidente ocurrió pocas semanas después de otro episodio de características similares registrado en la Ciudad de Buenos Aires. El 20 de agosto, un repartidor que circulaba en bicicleta cruzó la vía con la barrera baja y murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.10, en el paso a nivel de la calle Granaderos. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al lugar y constató el fallecimiento del trabajador de 35 años, cuyo cuerpo había quedado debajo de la formación.

Otro caso ocurrió dos meses atrás, cuando una formación del Tren de la Costa impactó contra el auto en el que circulaba Ernestina Pais, en un cruce a nivel ubicado en Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con el informe al que accedió Infobae, la periodista y actriz murió a causa de un traumatismo de cráneo grave provocado por el impacto.

La secuencia completa fue registrada por las cámaras de seguridad de la zona. Pais iba a bordo de su Honda City cuando intentó atravesar las vías en diagonal y esquivó las dos vallas que impedían el paso. A mitad de camino, el tren impactó de lleno contra el lateral del conductor.

En las últimas horas, la fiscal Carolina Asprella concluyó que Pais murió como consecuencia de un accidente y dispuso el cierre de la causa.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata condenó a tres hombres por el secuestro extorsivo de Mauro Gutiérrez, ocurrido en julio de 2022 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La víctima fue interceptada cuando circulaba en su auto, permaneció cautiva durante varias horas, fue trasladada de un vehículo a otro y recuperó la libertad después de que su familia entregara $500.000 y objetos de valor como rescate.

Los jueces María Gabriela López Iñíguez, Jorge Gorini y Roberto Minguillón impusieron penas de 14 años y seis meses de prisión a Diego Sebastián Silvero, de 26 años, y David Osvaldo Agüero, de 24, mientras que Esteban David Soler, de 47, recibió 12 años y seis meses. Los tres fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado por haberse concretado el cobro del rescate y por la cantidad de personas que participaron, en concurso ideal con robo agravado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda.

La maniobra comenzó cerca de las 7.40 del 30 de julio de 2022, cuando el damnificado circulaba en su Peugeot 207 por la calle Cañuelas al 600, en Ingeniero Budge. Al llegar a esa zona, su auto fue embestido por un Renault 9 gris oscuro. Tras el choque, la víctima bajó del vehículo y cuatro personas descendieron del otro auto.

Según tuvo por acreditado el tribunal, entre ellos estaban Silvero, Agüero y un adolescente de 15 años identificado en el expediente por sus iniciales. Al menos dos integrantes del grupo estaban armados. Después de amenazar a Gutiérrez, lo obligaron a subir al asiento trasero de su propio Peugeot.

Uno de los jóvenes se ubicó junto a la víctima y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, durante el recorrido le apuntó con un arma al estómago. Silvero se sentó adelante, en el asiento del acompañante, mientras que Agüero permaneció atrás junto a Gutiérrez. Para los jueces, quedó acreditado que el grupo actuó “de modo organizado y mediante un acuerdo previo”, con una distribución de funciones definida antes de ejecutar el secuestro.

Una vez en movimiento, los captores le exigieron dólares a Gutiérrez y le dijeron que pretendían ingresar a la casa de su madre, ubicada también sobre la calle Cañuelas. Cuando llegaron hasta el domicilio, Silvero bajó del auto e intentó entrar, pero no lo consiguió.

A partir de ese momento, la maniobra tomó otra dirección. Los secuestradores obligaron a Gutiérrez a llamar a su hermano, Ezequiel, desde su propio celular. En una de esas comunicaciones le pidió que abriera la cortina de la vivienda familiar. Ezequiel pudo observar desde allí el Peugeot de su hermano, que presentaba daños, y advirtió que Mauro estaba adentro acompañado por varias personas.

Como no pudieron entrar a la casa, los captores escaparon con la víctima todavía cautiva. Desde su teléfono continuaron llamando a Ezequiel y elevaron la exigencia: pidieron inicialmente USD 150.000 a cambio de liberarlo. El tribunal tuvo ese tramo por probado a partir de los distintos testimonios, las comunicaciones telefónicas y el resto de la evidencia incorporada al juicio.

Durante las horas siguientes, la víctima fue trasladada por distintos puntos de las localidades bonaerenses de Ingeniero Budge y Villa Fiorito. En determinado momento, los secuestradores abandonaron su Peugeot 207 y lo pasaron a un Renault 19. Paralelamente, un Volkswagen Golf propiedad de Silvero fue utilizado como vehículo de apoyo durante la maniobra.

La negociación continuó hasta que los captores redujeron la suma originalmente reclamada. Finalmente, la familia reunió $500.000, dos relojes, una cadena de oro con dije, dos pares de aros de oro y otra pieza de ese metal. Antes de la entrega, parte de los billetes fue fotografiada por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, lo que luego permitió compararlos con el dinero recuperado tras el secuestro

Ezequiel recibió instrucciones para dirigirse hasta un punto de la calle Falucho, en Lomas de Zamora. Allí apareció una moto Honda Tornado roja y blanca. Según la reconstrucción que dio por válida el tribunal, Silvero fue quien se acercó para retirar la bolsa con el rescate. Poco después, cerca de las 13, Mauro Gutiérrez fue liberado.

Durante el juicio oral, el hermano de la víctima relató las consecuencias que el secuestro tuvo sobre su familia. Dijo que comenzó a sentir miedo, redujo sus actividades cotidianas y llegó a cambiar de auto. También recordó que “dormía y soñaba con esas cosas”.

Los mensajes que permitieron reconstruir los roles

Uno de los elementos centrales de la investigación fueron los celulares secuestrados. Las pericias permitieron identificar las líneas utilizadas por Silvero, Agüero y Soler y reconstruir las comunicaciones que mantuvieron durante las horas en que Gutiérrez permaneció cautivo.

Para los jueces, ese análisis permitió conocer la “mecánica interna” desplegada por los acusados y comprobar no solo que se comunicaban entre ellos, sino también que existía una coordinación entre quienes cumplían diferentes funciones durante el secuestro.

En los mensajes extraídos del celular de Silvero aparecieron conversaciones con Agüero mientras se negociaba el rescate. Entre las frases recuperadas figuraban expresiones como “que te den lo que pedimos” y otras referencias vinculadas con el momento en que debía concretarse la entrega del dinero.

También fueron detectadas conversaciones entre Agüero y Soler. En una de ellas, registrada a las 10.09 del día del secuestro, aparecían indicaciones relacionadas con una moto y con el lugar en el que debía llevarse el rescate. Los mensajes hacían referencia, entre otros puntos, a las calles Falucho y El Zonda.

Esas comunicaciones resultaron especialmente relevantes para determinar la responsabilidad de Soler, quien no había sido reconocido físicamente por la víctima durante el secuestro. Su defensa sostuvo que el teléfono registrado a su nombre podía haber sido utilizado por otras personas. Explicó que trabajaba con una agencia de remises y que, según su versión, solía compartir el celular con otros trabajadores.

El tribunal descartó ese argumento. Señaló que la línea estaba registrada a nombre de Soler desde 2008, que Agüero la tenía agendada como “Esteban” y que existían otros datos que acreditaban vínculos previos con los demás acusados. Además, la línea fue dada de baja apenas once días después del secuestro, una circunstancia que los jueces consideraron significativa al analizarla junto con el resto de las pruebas. Según la sentencia, Soler actuó como organizador y coordinador de parte de la logística: impartía instrucciones a Agüero sobre la negociación con el hermano de la víctima y, al mismo tiempo, coordinaba con Silvero el momento y el lugar en el que debía retirarse el rescate.

La investigación también permitió establecer que el plan no había comenzado aquella mañana. Del análisis de los teléfonos surgió que, al menos desde el 7 de julio de 2022, los acusados realizaban tareas de inteligencia sobre Gutiérrez. Incluso habrían intentado secuestrarlo el 23 de julio, una semana antes, pero desistieron cuando vecinos y el panadero de la cuadra salieron a la calle. El plan fue postergado hasta el sábado siguiente.

Reconocimientos, dinero y vehículos

La prueba obtenida de los teléfonos se complementó con los reconocimientos realizados por Mauro y Ezequiel Gutiérrez, las imágenes de cámaras de seguridad, las inspecciones de los autos utilizados y los objetos recuperados poco después de la liberación.

Al momento de ser detenido, Silvero tenía en su poder $228.320. Parte de esos billetes pudo ser comparada con las fotografías tomadas antes de que la familia entregara el rescate.

En el Volkswagen Golf utilizado durante el secuestro también fueron encontrados objetos de valor entregados por la familia, entre ellos piezas de oro y un reloj. En el auto apareció además una pistola Bersa Thunder calibre .380, con la numeración suprimida y cinco cartuchos.

Mauro Gutiérrez reconoció a Silvero en una rueda de personas y aseguró: “Estoy seguro que es él”. También identificó a Agüero como el hombre que se había sentado a su derecha en el asiento trasero del auto y afirmó que reconoció su voz. Silvero y Agüero admitieron durante el juicio su participación en los hechos y pidieron disculpas a la víctima y a su familia. En el caso de Agüero, el tribunal remarcó, sin embargo, que la condena no se apoyó únicamente en su confesión: sostuvo que existían pruebas independientes que acreditaban su intervención “sin hesitación alguna”.

Al encuadrar jurídicamente el episodio, los jueces entendieron que no se trató de conductas independientes, sino de la ejecución coordinada de un mismo plan. Explicaron que los acusados privaron de la libertad a Gutiérrez, le robaron sus pertenencias y, al mismo tiempo, desarrollaron la maniobra destinada a cobrar el rescate.

“Despojaron a la víctima de sus pertenencias, aprovechando la privación de libertad inherente al secuestro extorsivo”, sostuvo el tribunal al explicar por qué consideró que los delitos de secuestro y robo concurrieron idealmente dentro de un único episodio.

Además de las penas de prisión y las costas, el TOF 1 de La Plata dispuso el decomiso de varios bienes utilizados en la maniobra, entre ellos el Renault 19, el Volkswagen Golf, la Honda Tornado, teléfonos celulares y la pistola secuestrada durante la investigación.

Una niña de 6 años murió atrapada en un incendio que destruyó una vivienda precaria en Berisso. El siniestro ocurrió el sábado poco antes de las 21:00 en el barrio El Carmen, sobre una casa ubicada en la calle 127 donde las llamas consumieron una casilla de madera y chapa en pocos minutos.

Cuando llegaron los primeros auxilios, el incendio ya había tomado gran parte de la casilla. La víctima fue identificada como Dalia Ángeles Colman, de 6 años. Un médico del SAME que acudió al lugar constató el fallecimiento.

Tras el alerta al 911, intervinieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y bomberos del cuartel local. Una vez controlado el fuego, los rescatistas ingresaron al interior de la vivienda y encontraron a la menor en una de las habitaciones.

La causa del incendio todavía es materia de investigación. Según fuentes policiales citadas por El Día, la madre de la niña relató que en la vivienda no contaban con suministro eléctrico y que por ese motivo habían encendido una vela. En ese marco, la hipótesis inicial es que la caída de una vela habría iniciado el foco ígneo.

La vivienda estaba construida con madera y chapa, una combinación que suele favorecer la propagación del fuego cuando se inicia un foco dentro del hogar. En estructuras de ese tipo, el margen de reacción suele ser muy reducido, especialmente durante la noche o cuando hay niños dentro de la vivienda.

Más allá de la hipótesis inicial, la causa quedó bajo intervención de la fiscalía de turno de La Plata, que deberá establecer con precisión cómo comenzó el incendio y cuáles fueron las circunstancias exactas en las que murió la niña. En estos casos, las pericias sobre restos de la vivienda, instalaciones y objetos hallados en el lugar resultan centrales para reconstruir la secuencia.

En la vivienda había otros chicos y un adulto que fueron asistidos tras el incendio y debieron ser trasladados al hospital, de acuerdo con la reconstrucción inicial del episodio. Los menores presentaban síntomas de asfixia por inhalación de humo y el adulto sufrió quemaduras.

Dos incendios recientes en distintos puntos de La Plata

La muerte de la niña en Berisso se conoció en un contexto atravesado por otros episodios recientes de características similares en la región. Apenas un día antes, dos incendios destruyeron viviendas en distintos puntos de La Plata, aunque en esos casos no hubo víctimas fatales.

Uno de los siniestros se produjo en San Carlos, en una casa ubicada en calle 37 entre 148 y 149. Según la reconstrucción de las primeras horas, el fuego avanzó sobre toda la propiedad y provocó daños totales.

En el interior se encontraban el dueño de la vivienda y sus hijos, que lograron salir a tiempo antes de que las llamas se extendieran. Después de la intervención de una ambulancia, se determinó que ninguno de los ocupantes necesitaba ser trasladado.

Las primeras averiguaciones sobre ese hecho apuntaron a un posible cortocircuito en una estufa eléctrica como origen del incendio. A partir de esa hipótesis, el lugar quedó preservado para las pericias orientadas a establecer con precisión cómo se inició el foco.

El segundo episodio se registró en Villa Elisa, en la zona de 450 y 30 bis, donde una vivienda familiar también fue alcanzada por el fuego. Al momento del incendio no había personas dentro de la vivienda. El padre estaba trabajando, los hijos habían ido a la escuela y la madre había salido a hacer compras. Al regresar fue cuando se encontró con la casa envuelta en llamas.

Las llamas provocaron daños de consideración, lo que derivó en una nueva intervención de bomberos y personal policial. Aunque no dejó heridos, reforzó la preocupación por una sucesión de siniestros domésticos ocurridos en un lapso corto.

Hace 33 años comencé a leer expedientes judiciales para transformar esa letra dura y fría en una redacción, en lo posible, atractiva, para el lector. No siempre lo conseguí. El lenguaje leguleyo suele imponerse, sobre todo, cuando las causas involucran aspectos duros como defraudaciones económicas, niveles de resistencia de materiales de un edificio que colapsó, o herencias para justificar gastos insostenibles de un funcionario público. Pero hay otros expedientes que conmueven, donde los argumentos de los abogados defensores avergüenzan y los relatos de las víctimas estrujan el corazón.

Esto último me pasó en tres casos: Cromañón, Once y ahora, con el de fentanilo contaminado; según la opinión de la Justicia, la peor tragedia sanitaria del país. Como si fuera una operación de suma y resta de fracciones los tres expedientes están unidos por un denominador común: funcionarios que no controlaron y muertes evitables.

El pasado 1 de septiembre el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento contra las máximas autoridades con facultad de policía para certificar que los laboratorios que producen medicamentos cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación. El magistrado consideró que Agustina Bisio, titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y confirmó, caso por caso, una nómina cerrada de 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas. En total, 143 víctimas, además de la constitución de 47 querellas en el expediente.

El juez no solo cuantifica con precisión el impacto de la tragedia, las edades de los afectados y los lugares en que fueron tratados con el medicamento en mal estado, sino que describe con criterio científico los síntomas que padecieron, las “reuniones clandestinas” entre supervisoras y supervisados -ya procesados y encarcelados-, y la magnitud del expediente que ocupa cajas, cajones, estanterías y hasta depósitos donde se resguardan más de 230.000 ampollas contaminadas, que los funcionarios judiciales lograron retirar de circulación en un extraordinario despliegue a lo largo de todo el país, evitando que esos medicamentos llegaran a más pacientes.

Quiénes son las víctimas más jóvenes

Entre los 90 fallecidos que reconoce la resolución, la víctima de menor edad es Catarina Chamorro, una beba de siete meses muerta el 23 de mayo de 2025 en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario. También figuran varios adolescentes y jóvenes: Bautista Mena Báez, de 17 años, fallecido el 24 de abril en el Hospital Italiano de La Plata, el mismo establecimiento donde murió Renato Nicolini, de 18 años, el 5 de mayo. La víctima de mayor edad es Rosa Gómez, de 90 años, fallecida el 31 de marzo en el Sanatorio Diagnóstico SA de Santa Fe.

El tramo de 65 a 79 años concentra 43 de los 90 fallecimientos, el 47,8% del total. La edad promedio de las víctimas fatales es de 61 años, y el período que abarcan las muertes confirmadas se extiende desde el 12 de febrero hasta el 2 de julio de 2025, casi cinco meses.

Dos pacientes, Valeria del Lourdes y Silvana del Valle Ciroli, permanecían internadas en un centro de rehabilitación al momento de incorporarse sus informes al expediente, lo que indica que las consecuencias para los sobrevivientes graves incluyeron una recuperación prolongada.

“No fue un error, fue un crimen”

Sol Francese perdió a su hijo Renato Nicolini, de 18 años, el 3 de mayo de 2025, después de que le administraran fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata (uno de los querellantes de la causa). Dieciséis meses después clama: “No se puede tapar con tecnicismos ni con silencio lo que pasó. ¿Quién se hace cargo de las muertes? Lo que hicieron los dueños del laboratorio no fue un error, fue un crimen”, denunció, y responsabilizó también al Estado por estar “ausente y cómplice” en una tragedia que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según sus palabras, “encubrió”.

El magistrado, con las pruebas a la vista, pareció darle la razón al escribir: “Mantecón Fumadó y Bisio, a total sabiendas de lo que ocurría con los laboratorios, omitieron tomar decisiones correctivas y sancionatorias necesarias, idóneas y oportunas en aras de proteger la salud de la población”.

El reclamo de Francese se repite, con matices, en decenas de testimonios de familiares que perdieron a sus seres queridos tras la administración del fentanilo elaborado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA. Liliana, madre de Leonel Ayala, un joven de 32 años internado por una pancreatitis en el Hospital Italiano de La Plata, describió la muerte de su hijo en términos que van más allá de las explicaciones que los médicos sueltan en un pasillo o en un consultorio desangelado: “Lo mató la negligencia, la corrupción y el silencio de muchos”. Y agregó, entre lágrimas: “No se trata de un accidente o de un error, se trata de una masacre, de una cadena de responsabilidades, de omisiones, de encubrimientos”.

Luis, padre de Leonel Ayala, profesor de música, rechazó de plano la versión que recibió del hospital sobre la muerte de su hijo. “El director del hospital nos dijo que murió por la pancreatitis. No es cierto porque su recuperación era excelente”, aclaró, y fue tajante: “El fentanilo se lo llevó puesto”. Con un nudo en la garganta también describió el momento en que comenzaron los síntomas que hoy la Justicia asocia a la infección bacteriana: “El 9 de abril comienza a desmejorar, levanta fiebre, empieza a hincharse el vientre y a salir infección en el drenaje que tenía”.

Los testimonios de las familias de las víctimas

A modo de homenaje, Infobae se comunicó con varias de las familias de las víctimas fatales que forman parte del expediente judicial. Además de aportar una foto de sus seres queridos, los dolientes los recordaron con emoción y reclamaron “justicia”. Sus palabras describen a padres, madres, hermanos e hijos que murieron de una manera que consideran “injusta y evitable”.

Renato Nicolini tenía 18 años. Su familia lo describió como “el chiquito con los ojos verdes más lindos y puros” y recordó su sonrisa. “La corrupción nos quitó a la persona más noble, humilde, sencilla”, dijo Sol, su mamá. Retano, recordó, “tenía una profesión que amaba, practicaba deporte y acababa de comenzar su vida como adulto independiente”. Y lamenta que le hayan robado “un futuro juntos”. También expresó su impotencia porque, sostiene, “todo se podría haber evitado si la ANMAT hubiera frenado al laboratorio a tiempo”. Su legado sigue vivo a través de la donación de sus órganos: “Los órganos no van al cielo”, se emocionó al recordarlo.

Yamila Belén López murió a los 27 años. Su familia la recordó como una excelente madre de una nena de 9 años, apasionada por su trabajo y a punto de recibirse de maestra. “Toda una vida por delante con muchas ganas de vivir”, escribieron quienes la extrañan a diario y le agradecieron haberla tenido en su camino.

Héctor Vilches tenía 73 años. Sus hijos lo definieron como “un hombre bueno, sencillo y de un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar y acompañar a quienes amaba”. Trabajador y profundamente familiar, les dejó como enseñanza “el valor del esfuerzo, la honestidad y el amor incondicional”.

Miguel Ángel Maino murió a los 67 años. Fue recordado como papá, abuelo, compañero, amigo y sostén de su familia. Sus seres queridos afirmaron que no van a parar “hasta honrarlo con justicia”.

Roberto Cuaglia tenía 68 años. Padre y abuelo, fue descrito como “una excelente persona, querida por quienes tuvieron la suerte de conocerlo”. Su familia pidió justicia “por todas las víctimas” y remarcó que su muerte fue “de una manera injusta y evitable”.

Susana Beatriz Speranza tenía 67 años. Su hija dijo no poder expresar con palabras el dolor de su ausencia y pidió justicia “por ella y por todos los demás inocentes”.

José Graziadei. Sus hermanos lo destacaron como un hombre “con un corazón gigante, alegre, bondadoso y dispuesto a dar una mano”. Evocaron los almuerzos de los domingos y aseguraron que esos momentos “van a ser eternos”.

Ana Belén Salazar murió a los 38 años. Su familia la llamó “nuestra princesa, la muñeca de su abuela” y la describió como cariñosa, amante de la música y de sus sobrinos.

Daniel Alberto Sánchez tenía 66 años. Su pareja, tras 49 años juntos, pidió que no se lo recuerde solo por la forma en que murió, sino por “la hermosa persona que fue mientras vivió. Era un hombre apasionado por el básquet que dejó su huella en quienes lo conocieron. Jamás te olvidaremos”, escribieron sus hijos.

Carlos Salvato tenía 78 años. Su familia lo definió como alguien que “amaba la vida tanto como a su familia” y le agradeció “por todo lo que nos diste y enseñaste”.

Estela Farías hoy tendría 65 años. Su familia aseguró que no deja de extrañarla y que su ausencia dejó “un vacío tan grande que es imposible que deje de doler”.

Martha Sofía Díaz Mendoza murió sin haber podido disfrutar de sus hijas, sus nietos y su bisnieta, según el mensaje de su familia. “Te faltaban abrazos, momentos, cumpleaños, reuniones y tantos recuerdos que hoy ya no podremos compartir con vos”, escribieron, y agregaron que no se quedarán en silencio: piden que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que los responsables respondan ante la Justicia.

“Por mamá. Por todas las víctimas. Por todas las familias que hoy lloran. Queremos verdad y justicia. Que nadie los olvide”, concluyó la familia de Díaz Mendoza, en un mensaje que resume el reclamo compartido por todos los allegados de las víctimas.

El expediente más voluminoso de la historia judicial sanitaria argentina

La causa FLP 17371/2025, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, es considerada la investigación penal más extensa en materia sanitaria de la historia argentina. Solo el cuerpo principal acumula 6.234 fojas distribuidas en 31 cuerpos, a los que se suman 1.403 fojas en ocho cuerpos dedicadas exclusivamente al seguimiento de las 230.000 ampollas contaminadas recuperadas y hoy bajo resguardo judicial. Otros 25 cuerpos, con cerca de 5.000 fojas, reúnen los casos de pacientes fallecidos que no figuraban en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, mientras que cuatro legajos adicionales —3.889 fojas y 18 cuerpos— contienen las investigaciones consideradas clave para la causa.

A ese voluminoso expediente documental se suman 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria, 15 causas conexas y el secuestro de unos 40 dispositivos entre teléfonos, computadoras, pen drives y discos externos, según el detalle judicial acumulado desde el inicio de la instrucción. El expediente completo reúne alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación y dos armarios de efectos secuestrados.

Las palabras del juez sobre la conducta de las ex funcionarias

En la resolución de procesamiento, Kreplak no matizó su descripción de la conducta atribuida a Bisio y Mantecón Fumadó. “Dilaciones injustificadas, reuniones clandestinas, arreglos incomprensibles, todo ello con acabado conocimiento de la situación imperante y siempre orientado a la misma dirección: privilegiar los intereses de los laboratorios frente al riesgo potencial de la población ante tamañas irregularidades”, escribió el magistrado en las conclusiones del fallo.

Sobre el desenlace que derivó en la denuncia penal, el juez fue igual de contundente: “Tuvo que pasar lo peor para que, de una vez por todas, el manto de cobertura tendido empiece a caerse: fallecimientos, toma de estado público de la tragedia sanitaria y una denuncia penal ineludible”. El magistrado remarcó además que ni la propia investigación judicial modificó el patrón de conducta de los organismos de control: “La falta de colaboración con la investigación judicial, en buena medida, obedeció a su falta de transparencia anterior”.

El dictamen fiscal no descarta el homicidio agravado

El pedido de detención e indagatoria contra las dos ex funcionarias, que derivó en el procesamiento de las funcionarias, había surgido de un dictamen firmado por la fiscal María Laura Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El escrito encuadró la conducta de Mantecón Fumadó y Bisio en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31202, y en el artículo 200 respecto del lote 31244, en concurso real. La fiscalía dejó además abierta la posibilidad de aplicar el artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé la figura de homicidio agravado.

En un dictamen previo sobre la actuación de la ANMAT y el INAME, los fiscales ya habían advertido sobre la magnitud del riesgo generado: “Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas”, sostuvieron, y agregaron que la suma de irregularidades “comprometió gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

Rosario y La Plata, los epicentros de la tragedia

Santa Fe, con Rosario como epicentro absoluto, concentra 57 de los 90 fallecimientos, el 63,3% del total. Solo el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio Parque de la misma ciudad suman 28 muertes entre ambos. Buenos Aires, con los casos de La Plata, la Ciudad Autónoma, Olavarría y Bahía Blanca, aporta otras 21 víctimas fatales.

Ese patrón geográfico se refleja en los testimonios recogidos entre las familias. Sandra, madre de Daniel Oviedo, un paciente con insuficiencia renal que esperaba un trasplante, describió el deterioro que atravesó su hijo sin que nadie le explicara la causa real: “Empezó el problema de fentanilo, que nosotros no sabíamos, lo veíamos que se hinchaba, se brotaba tipo sarampión. No te puedo explicar, ¿viste una embarazada de nueve meses? Así estaba la panza de mi hijo”.

El reclamo por la falta de información a las familias

Uno de los ejes más repetidos entre los testimonios de familiares es la demora de los hospitales y del Ministerio de Salud en informar sobre la administración del fármaco contaminado. Anabela, hermana de Santiago Castillo, un visitador médico de 45 años fallecido el 8 de mayo de 2025 en el Hospital Rossi, contó que la familia recién conoció la causa real de la muerte al reclamar la historia clínica: “Nos enteramos después pidiendo historia clínica de que le habían aplicado el fentanilo contaminado”, relató, y precisó que “las historias clínicas dicen que le aplicaron el fentanilo, el número de lote, el laboratorio, está todo en la causa penal”.

Dionisio, hermano de Celia Hernández, una mujer de 74 años fallecida tras 23 días de estar en terapia intensiva, planteó el mismo interrogante sobre la transparencia institucional: “Si el hospital no tiene nada que ocultar, ¿por qué no llamaron a las familias para informarles que sus seres queridos recibieron fentanilo adulterado? ¿Por qué tenemos que enterarnos por otro lado?”.

El mecanismo clínico detrás de las muertes

La resolución de procesamiento detalla que la contaminación bacteriana de las ampollas —con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii o mannitolilytica— incrementó el riesgo de muerte de pacientes que ya se encontraban internados por patologías de base graves. Según el Cuerpo Médico Forense, citado en el fallo, “el contagio bacteriano, cuyo vector han sido las ampollas de fentanilo contaminado, produjo un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia al incrementar su riesgo de muerte”.

La contaminación había sido detectada de manera independiente por la Coordinación de Microbiología del Hospital Italiano de La Plata, que el 15 de abril de 2025 informó tres cultivos positivos de Ralstonia pickettii, un microorganismo de presencia intrahospitalaria infrecuente. Días después, ese hallazgo permitió establecer el nexo con el fentanilo de la marca HLB.

Los 15 procesados en la causa del fentanilo contaminado

Hasta el momento la causa tiene 15 procesados que para el juez Kreplak son responsables en la cadena de producción, control de calidad y fiscalización sanitaria por parte del Estado y que derivó en la muerte de al menos 90 personas y en lesiones graves o gravísimas en otras 43.

Ariel Fernando García Furfaro es señalado como el propietario real del conglomerado empresarial detrás de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA. Pese a las formalidades societarias, tanto él como el personal de ambos laboratorios lo reconocían abiertamente como el “dueño” y como la máxima autoridad con capacidad de decisión sobre la operación de ambos establecimientos productivos.

Diego Hernán García, hermano de Ariel, ocupaba un puesto de decisión relevante en la operatoria cotidiana de los laboratorios del grupo empresario. Era él quien impartía de modo verbal las órdenes de producción: qué medicamento se fabricaba y en qué momento.

Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, se desempeñaba como vicepresidenta y accionista de HLB Pharma Group SA. Integraba, además, gran parte de las sociedades que conforman el conglomerado manejado por la familia y era beneficiaria de los réditos económicos de sus actividades.

Javier Martín Tchukrán era la persona de máxima confianza de los hermanos García, con capacidad de decisión dentro del esquema de conducción de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, donde ejercía el cargo de director general.

José Antonio Maiorano fue director técnico de HLB Pharma Group SA desde el 4 de noviembre de 2024 hasta el 16 de mayo de 2025. Tuvo intervención directa en los batch records de los lotes de fentanilo contaminados, y avaló su liberación al mercado.

Carolina Ansaldi ejercía como directora técnica de Laboratorios Ramallo SA al momento de la producción del fentanilo contaminado. Tenía a su cargo la supervisión y el control de la elaboración del fármaco, y su intervención efectiva quedó acreditada por las firmas insertas en los batch records de los lotes contaminados.

María Victoria García se desempeñaba como gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo SA, con relevante intervención en los batch records de los lotes contaminados.

Wilson Daniel Pons era el jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención también fue corroborada mediante la obtención de los batch record y la documentación anexa de los lotes contaminados.

Adriana Iúdica ocupaba el cargo de subjefa de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su participación quedó documentada en los batch records de ambos lotes, en los que dejó asentado que los análisis microbiológicos del producto no presentaban observaciones.

Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar era la jefa de Garantía de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención está documentada en los Protocolos de Análisis Microbiológico y Endotoxinas Bacterianas del Producto Intermedio y en los Controles del Proceso de SPPV correspondientes a ambos lotes.

Rocío del Cielo Garay se desempeñaba como supervisora de Fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención se encuentra acreditada en la elaboración de ambos lotes, específicamente en los Protocolos de Análisis de Agua para Inyectables correspondientes.

Edgardo Gerardo Antonio Sclafani estaba a cargo de la Gerencia de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo SA. Su intervención aparece registrada en los batch records y en la documentación anexa de los lotes cuestionados.

Eduardo Darchuk ejercía como jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen. Avaló el proceso productivo de ambos lotes de fentanilo, y las órdenes de producción le eran comunicadas directamente por Diego García.

A estos trece imputados por la adulteración de sustancias medicinales se sumaron, en un procesamiento posterior, las dos ex funcionarias de los organismos de control sanitario:

Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME, quedaron procesadas como partícipes necesarias por haber omitido la adopción de medidas preventivas y correctivas pese a conocer las deficiencias críticas de las plantas y los reportes de efectos adversos vinculados al fentanilo contaminado.

De los seis primeros, García Furfaro, Diego García, y Maiorano permanecen con prisión preventiva, mientras que Nilda Furfaro, Tchukrán y Ansaldi cumplen prisión domiciliaria. Los siete responsables técnicos intermedios de Ramallo fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, bajo restricciones cautelares. Bisio y Mantecón Fumadó, procesadas como partícipes necesarias, afrontan además un embargo de 500.000 millones de pesos cada una.

Ambas ex funcionarias deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas a la ANMAT y el INAME, mientras la Justicia continúa evaluando la posible responsabilidad penal de otros funcionarios públicos. En los próximos días las defensas de Bisio y Mantecón Fumadó apelarán la decisión del magistrado.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 14.30 en una vivienda de la calle 531 bis entre 2 y 3. La magistrada se encontraba junto a su hijo de 24 años cuando los asaltantes ingresaron a la propiedad a cara descubierta y dejaron saber que contaban con información previa sobre ella: según trascendió en diario El Día de La Plata, le aseguraron que sabían quién era y que “la habían batido”.

Los ladrones exigieron saber dónde estaba la caja fuerte, aunque en la casa no había ninguna. En medio de las amenazas, presionaron a Greco para que colaborara y le advirtieron que, de lo contrario, su hijo “la iba a pasar mal”. Madre e hijo permanecieron juntos y reducidos, vigilados por uno de los delincuentes. En paralelo, los otros dos revolvían los distintos ambientes y la planta alta de la casa.

En un momento, los delincuentes le reclamaron joyas y objetos de oro. La respuesta de la jueza remitió a un antecedente similar que vivió hace más de 9 años: “Me lo robaron en 2017”.

Es que la casa de Greco ya había sido escenario de otro violento asalto en mayo de aquel año, cuando delincuentes redujeron primero a una empleada doméstica y luego sorprendieron a la dueña.

En aquella oportunidad, la magistrada también había advertido que los atacantes parecían conocer detalles de su actividad judicial e incluso uno la acusó de haber enviado a prisión a un familiar. Los responsables de ese episodio terminaron condenados.

Esta vez, los delincuentes permanecieron en el inmueble hasta aproximadamente las 16. Se apoderaron de parte del sueldo de Greco, dólares y tres valijas cargadas con diferentes objetos.

Con el celular de la magistrada realizaron varias transferencias y también utilizaron sus tarjetas: de acuerdo con la información conocida hasta el momento, concretaron al menos una compra por alrededor de dos millones de pesos, según indicó el diario La Plata1. Antes de escapar, ataron a la jueza y a su hijo para ganar tiempo y garantizar la fuga.

Tras conocerse el hecho, llegaron el fiscal de turno, altos mandos policiales, autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense, personal de la DDI y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona, indicaron fuentes policiales a Infobae.

A mediados del mes pasado, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó al Departamento Delitos Fiscales de la PFA el allanamiento y detención de once sospechosos, acusados de integrar una asociación ilícita insólita. Esta obscena estructura que revela, por primera vez en la historia Argentina, el vínculo corrupto entre funcionarios públicos y la mafia china.

El principal detenido es un ex funcionario de la Municipalidad local, Jonatan Emanuel Reyes, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano, acusado de tráfico de influencias investigado por su vínculo con Ke Deqiang, alias “Matías”, un capo mafia que se presume muerto, según rumores del submundo, aunque el fiscal Condomí Alcorta nunca vio su tumba, mucho menos un certificado de defunción.

Deqiang, según la causa, tenía “alquilado” a Reyes, para comprar y vender habilitaciones, clausuras, permisos para vender alcohol. Reyes, que terminó detenido, trataba en chats encontrados en la causa al capo de “gato”, “pelotudo” y “gil”.

Deqiang, alias “Matías”, registrado como supermercadista en la AFIP de ese entonces, con actividad comercial en el país desde 2006, decía ser un referente de su comunidad, un máximo referente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada. Esta semana, Condomí y la PFA allanaron la sede de la Cámara en la calle 50. Lo que encontraron fue, al menos, interesante.

Ningún directivo de la asociación se presentó en el allanamiento, autorizado por el juez Agustín Crispo; solo llegó un hombre que se identificó como abogado de la entidad. La supuesta Cámara, para empezar, no presentó papeles que muestren su inscripción oficial, algo que fue requerido por el fiscal del caso.

El allanamiento, básicamente, fue por las malas. Inicialmente se había librado una orden de presentación. Allí fue identificado un miembro de la Cámara que se negó a aportar la documentación solicitada por los detectives de la Federal. Ante la negativa, el fiscal pidió allanar.

Condomí Alcorta busca esclarecer “el funcionamiento de la entidad” y quiénes fueron “las personas que habrían ocupado distintos cargos dentro de su estructura”.

Entre los elementos encontrados “aparecen registros vinculados con el organigrama de la Cámara y documentación destinada a individualizar a las personas responsables de sus distintas áreas desde 2018 hasta la actualidad”, asegura una fuente del caso.

Luego, aparecieron documentos más jugosos: copias de denuncias policiales que contienen fotos en las que se observan amenazas escritas, aparentes discursos o documentos donde se menciona al directorio de la entidad, direcciones de locales comerciales con sus dueños, talones de pago y -lo más llamativo de todo- acuerdos de colaboración entre la Cámara y casas de juegos.

Mariano Martínez, el joven de 21 años que era buscado intensamente desde el pasado 31 de agosto, fue encontrado este viernes en La Calera, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de Córdoba. Así lo confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a través de un comunicado: “Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad”.

En el anuncio, realizado a través de sus redes sociales, el funcionario indicó que tras su localización, se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. “Fue una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado”, señaló.

Quinteros luego brindó una conferencia de prensa donde dio detalles del operativo: “Hubo un llamado al 911 de que se lo había visto en La Calera. Fuimos a buscar las imágenes en cámaras. El personal lo buscó y encontró, lo identificaron, mostró sus documentos y se confirmó que se trataba de Mariano. De allí lo llevaron al hospital para hacerle los primeros estudios”.

Sobre el estado en el que lo encontró, señaló: “Yo me entrevisté con él. Está bien de salud. Me contó que había comido, que estaba bien, que se encontraba bien de salud. Ahora está con psicólogos, que fue un pedido que su mamá me hizo, que inmediatamente esté con profesionales. Solo le pregunté por su estado de salud, más detalles no le consulté”.

En este sentido, el ministro dio por finalizado el caso considerando que la persona involucrada es mayor de edad que hizo todo por voluntad propia: “Dónde se estaba alojando no es un tema que me preocupe a mí. A mí me interesaba encontrarlo. Yo anoche hablé con la mamá a altas horas de la noche y me comprometí a que lo íbamos a encontrar”, dijo Quinteros.

“Ahora habrá que investigar por qué no habló más con su familia. Yo no hablé más con él de decirle que lo estábamos buscando, cómo se sentía y si tenía hambre. Ahora se notificará con la Fiscalía de Ensenada, que son quienes estaban con la búsqueda de paradero de él”, concluyó.

La madre del chico, Alicia, habló con Quinteros tras la conferencia y le agradeció por encontrar a su hijo: “Le debo el futuro de mi hijo. Que no se comunicara no era normal, no sé cuál será el motivo, pero le agradezco por encontrarlo y le pido perdón por todo lo que tuvo que desplegar”. “Me quedo tranquila con esto que dice que comió, porque yo soy la mamá y esa era mi preocupación”, agregó.

Martínez había desaparecido después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En las últimas horas, había surgido una pista alentadora: una testigo dijo que había visto al chico en un local de sushi del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente pidió trabajo y entregó un currículum.

El momento quedó grabado en una cámara de seguridad, cuyas imágenes quedaron a disposición de la Justicia que desplegó un intenso operativo junto a las fuerzas locales para encontrarlo.

El relato de la chica que recibió el CV

En diálogo con A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

—¿Fue difícil construir un personaje complejo como Barreda?

—Sí, difícil en muchos aspectos, sobre todo sabiendo que cometió cuatro asesinatos. Y complejo, también, y no porque uno tenga que entenderlo, por supuesto que de ninguna manera, pero a veces parece ser que uno tuviera que aclarar esta cosa. Porque por ahí la gente piensa que porque uno lo aborda tiene alguna cercanía o piensa algo parecido.

—¿Qué implicó sumergirse en una psicología tan lejana a la propia?

—Como objeto de trabajo, no deja de ser fascinante para los actores. Por lo menos para mí no deja de ser fascinante entrar en una lógica de pensamiento tan alejada, entrar en una psicología lejos de la personal y tratar de bucear en esos rasgos que tiene mucha gente. Porque mucha gente tiene el deseo que él materializó, con psicologías oscuras o formas de pensar cercanas a una mente genocida. Algunos lo ejecutan y otros no, pero poder ingresar a una cabeza de esas características me significó un momento de mucha conmoción, sobre todo porque es una persona que sigue teniendo sus seguidores que ponen cosas en las redes sociales a su favor. Poder abordar eso con una forma de contar, con un encuadre distinto a lo que sucedía y darles voz a las mujeres que él silenció, fue muy interesante para mí.

—¿Qué impacto tuvo trabajar con una directora como Daniela Goggi?

—Eso es un avance, porque les ha dado voz a quienes no la tuvieron. Y la historia siempre se contó desde su lado y desde el plano institucional, como el de la defensa al justificarse.

—¿Y el proceso de preparación junto al elenco femenino?

—Hubo muchas reuniones en las que hablamos de lo que íbamos a construir y desde dónde. En el caso de las mujeres, lamentablemente, no hay tanta documentación de ellas. Hay algunas fotos, nada más. Es muy poco lo que se sabe. Yo sé que Maite Lanata y Margarita Páez, las hijas de Barreda en la ficción, se juntaron con algunas amigas de las chicas y que tuvieron algún intercambio. Ellas siempre dijeron que nunca pudieron hacer el duelo por sus amigas porque cada vez que hablaban con amigas de ellas, la sociedad las hostigaba mucho. Eran las amigas de quienes, según decían, habían vuelto loco a Barreda. Han sido años duros para esa gente también.

—¿Qué tipo de trabajo de reconstrucción e investigación fue necesario para el guion y la película?

—Esta película demandó mucha investigación de los autores para conformar el guion, de la directora para encontrar un enfoque que les diera voz a las mujeres y de mí para llevar adelante a este hombre en su complejidad psicológica. Salvo algunos testimonios de los novios de las chicas, y de amigas de la facultad, hubo que hacer un trabajo de reconstrucción de las historias de las mujeres. Por supuesto que el mío también, pero de Barreda hay mucho. De hecho, la historia se cuenta a partir de lo que él cuenta.

—¿Qué aspectos del personaje y del caso resultaron más inquietantes durante el proceso?

—Es muy perturbador escucharlo a él, y haber logrado eso es muy importante. La amiga de Cecilia Barreda, una de sus hijas, me dijo: “Me acordé tanto de él. Yo fui mucho a la casa de ellas, y él hablaba así”.

—¿Cómo fue convivir con el personaje durante el rodaje?

—Yo estaba todo el día en el rodaje, porque estoy prácticamente en todas las escenas, y claramente uno convive con su tono de voz, con su forma de moverse, con el tipo de clima que se va generando en el set. El juicio que está en la película, donde el aire se corta con un cuchillo, también estaba en la filmación. Fueron escenas muy extensas, de mucho duelo, complejas.

—¿De qué manera lograste desprenderte del personaje después del rodaje?

—Yo soñé que lo mataba a Barreda a escopetazos. Eso lo tuve en la cabeza mucho tiempo, lo charlé mucho y se ve que en los sueños, donde uno se puede liberar un poco más, algo se desencadenó y en mi cabeza hizo una especie de corte. Una semana antes del estreno soñé que me mostraba la casa y los lugares donde había matado a cada una de las mujeres. Es decir, tuve mucho tiempo en la cabeza su manera de hablar, de expresarse, sus anteojos, su copa: son elementos de los que uno cree tener la capacidad suficiente para liberarse.

Un familiar del joven se contactó con una mujer que presuntamente lo atendió y que aseguró que le sacó una fotocopia del currículum que él entregó, donde había tachado el nombre de una mujer y escribió el suyo a lápiz, junto con su número de documento.

“Tenemos la alegría de haberlo visto. Pudimos constatar que está bien. Vimos muchas cámaras porque todos los comerciantes nos llamaron gracias a los medios que se hicieron presente y me mandaron los distintos videos en los que él fue a pedir trabajo para poder radicarse en Córdoba”, dijo Alicia, su madre, en diálogo con AR12.

Gustavo, padre del estudiante, contó al canal C5N que su hijo volvió al local al día siguiente para consultar si habían decidido contratar a alguien. “Iba a volver el jueves”, dijo. El padre también aseguró que su hijo conocía Córdoba por viajes familiares previos y señaló: “Hay cosas en el medio que están afectando a Mariano y él tomó la decisión de viajar y alejarse de dónde vivía”.

Según informaron a Infobae, este viernes el padre del chico viajó a Córdoba para reunirse con el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros. El encuentro será cerca del mediodía.

Al mismo tiempo, la madre de Mariano explicó a la prensa: “Él quiere seguir estudiando en la universidad porque tiró un currículum. No llevó plata, no tiene nada. Está con la ropa. Debe estar durmiendo en la calle pero pidió que le impriman los currículums para buscar trabajo”.

Y agregó: “En todos los negocios tiró currículums. Entonces, la Policía puso 120 personas en la calle para buscarlo y tienen rodeado el área donde él se está manejando y seguramente ellos tienen conocimiento dónde él estuvo durmiendo, para poder ubicarlo. La verdad que hasta el momento no apareció”.

El relato de la chica que recibió el CV

En diálogo con A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

Mariano permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad, donde había ido a entregar un trabajo.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

No era miedo, dice hoy Inés en diálogo con Infobae. Era otra cosa. Algo que en los años ochenta no tenía nombre preciso pero que se sentía en la piel. La incomodidad de que un hombre adulto, el padre de tu amiga, te mirara y te dijera “qué linda que estás” delante de todos. La vergüenza de que te expusiera. La necesidad de volverse invisible antes de que llegara.

La amiga que conoció a Barreda desde adentro

Inés fue compañera de Cecilia Barreda durante años en la escuela en el Normal 1 de La Plata. Pero la cercanía era más que escolar. Cuando la familia Barreda se mudó a la casa de la calle 48, Inés vivía a la vuelta, en la calle 49, en La Plata. Todas las mañanas la pasaba a buscar para ir caminando al colegio. Vio la dinámica familiar desde adentro.

Lo que vio de Ricardo Barreda no fue violencia explícita. Nunca presenció un golpe, ni un grito, ni una escena de las que después aparecen en los expedientes judiciales. Lo que vio fue otra cosa. Era un hombre que casi nunca estaba en la casa, que cuando aparecía generaba incomodidad en las chicas del grupo, y que sus propias hijas sabían cómo esquivar.

“Recuerdo que estaba en un cumple de Cecilia y con otra amiga dijimos ‘ahí viene Ricardo’ y yo me metí abajo de la mesa para que no me viera”, cuenta Creimer.

El matriarcado de la calle 48

La casa tenía una lógica propia. Inés la describe como un matriarcado. La abuela Elena Arreche, a quien Cecilia llamaba “la baba”, era quien llevaba las riendas, quien decidía, quien organizaba la vida cotidiana. Se levantaba antes que todos. Cuando Inés llegaba a la mañana a buscar a Cecilia, la mesa ya estaba puesta con cosas que la abuela había preparado para el desayuno. Desde strudel casero o panqueques recién hechos. Un desayuno que era, dice Inés, “un acto de amor”.

Esa imagen, la abuela cocinando antes del amanecer para que sus nietas se fueran al colegio con el estómago lleno, es la que Inés guarda con más nitidez de esa casa. Era una casa que funcionaba, que tenía ritmo, que tenía afecto. Y en ese funcionamiento, Barreda era una presencia periférica.

Inés dice que en todos los años que frecuentó esa casa, nunca vio a Barreda realizar una tarea del hogar. Cuando durante el juicio él construyó el relato del hombre al que mandaban a podar la parra y a sacar la basura, Inés escuchó eso y no reconoció a nadie.

El consultorio que no estaba en la casa

Una noche, después de una fiesta, Ricardo tenía que ir a buscarlas a las 4 de la mañana y no aparecía. Inés le sugirió a Cecilia que llamara a su casa desde un teléfono público. La respuesta fue directa y sin dudas: “A mi papá hay que llamarlo al consultorio, que está ahí, no en la casa”. El consultorio no estaba en la casa. Estaba en otro lado. Y a las 4 de la mañana, alguien atendía.

Inés recuerda ese momento con una mezcla de incredulidad y comprensión tardía. En ese entonces no lo procesó como una señal. Era simplemente la manera en que funcionaba esa familia.

Barreda, según él mismo relató años después, tuvo más de una amante. Lo dijo en primera persona, sin que nadie se lo arrancara. Inés no lo sabía entonces. Pero algo en la mecánica de esa familia ya lo decía todo sin decirlo.

Cecilia, la odontóloga rival

Cecilia Barreda estudió odontología. Se recibió. Siguió los pasos profesionales de su padre, y eso, según recuerda Inés, a Ricardo no le gustaba. Le generaba celos. No quería que su hija ejerciera la misma profesión que él. Como si el título de Cecilia fuera una intrusión en un territorio que él consideraba exclusivamente suyo.

Era una chica buena, dice Inés. Buena e inocente. La recuerda también en un episodio menor que dice mucho sobre cómo era. “Entre las amigas del grupo, cuando cumplías 15 años podías elegir entre una fiesta o una motito” ,recuerda Inés.

Muchas elegían la moto para andar por los caminos de tierra que llevaban a las quintas de Gonnet. Un día, Inés le prestó la suya a Cecilia. Apenas aceleró, salió volando. Cayó al suelo con varias lesiones y terminó en el hospital. “Estaba Gladys, la madre, al lado de su hija. Ricardo Barreda no apareció”, cuenta Creimer.

“En la Justicia se privilegió el relato de él - dice Inés-. Nunca se supo nada de las víctimas. Barreda las asesinó y les borró la identidad.”

El 15 de noviembre de 1992: la certeza que no tiene explicación

Inés ya no vivía en La Plata cuando sucedió. Se había mudado a Olavarría hacía un tiempo. La última vez que había visto a Cecilia fue dos años antes. Ese 15 de noviembre de 1992, su hermano, que todavía vivía en La Plata, la llamó para avisarle que habían matado a las cuatro mujeres de la familia Barreda. Que había policía en la casa de la calle 48. Lo primero que dijo Inés fue: “Ricardo”.

No lo pensó. No hizo un razonamiento. No recordó ningún hecho puntual que lo justificara. Simplemente lo dijo, y su hermano no le preguntó por qué. “No puedo decir que había violencia en la casa, pero mi primera impresión, sin saber nada, fue que el asesino había sido él”, recuerda.

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda mató con una escopeta calibre 16 a su suegra Elena Arreche, de 86 años, a su esposa Gladys Mac Donald, de 57, y a sus hijas Cecilia, de 26, y Adriana, de 24. Antes había ido al cementerio “a hablar” con sus padres, pasado por el zoológico (“ver elefantes y jirafas me relajaba”, diría después) y se había encerrado con su amante en un hotel alojamiento. Luego la invitó a comer pizza. Después se entregó a la Policía cuando su coartada se derrumbó.

La escopeta calibre 16 que usó había sido de la propia Elena Arreche. Él se la había regalado tiempo atrás.

El juicio: de espaldas y sin poder preguntarle nada

Inés estuvo en la primera jornada del juicio oral. Se sentó en el recinto con el resto del público, detrás del acusado. Escuchó el relato minucioso que Barreda hizo de los asesinatos, paso por paso, con una precisión que todavía le resulta difícil de procesar. Pero él estaba de espaldas. No pudo verle la cara en ningún momento.

“Si hubiera podido acercarme a él, me hubiera acercado - sostiene Creimer-. Yo necesitaba preguntarle por qué no se había ido.”

La defensa construyó durante el juicio un relato de victimización. Hablaron de un hombre humillado, sometido, al que su mujer y su suegra llamaban “conchita” como forma de degradarlo, el hombre que podaba la parra y sacaba la basura mientras ellas lo maltrataban.

Ese relato caló hondo en una parte de la sociedad argentina de los años noventa. Barreda salió del juicio condenado a cadena perpetua pero también convertido, para ciertos sectores, en una figura que expresaba algo. Una especie de símbolo del hombre que “reaccionó”.

“El chiste fácil”

El hecho de haber dejado La Plata antes del crimen le ahorró a Inés algo, aunque no todo. En Olavarría nadie sabía en qué barrio había crecido, en qué escuela había estudiado, quiénes habían sido sus amigas. Nadie sabía dónde quedaba la calle 48. Pero el chiste llegó igual, en los ámbitos laborales, en las reuniones, en las conversaciones de sobremesa.

“Muchísimas veces tuve que escuchar ‘y bueno, mató a la mujer y a la suegra. Bueno, a las hijas capaz que no las tendría que haber matado’”, recuerda. Siempre realzando la figura de él. Nunca preguntando quiénes eran ellas, cómo se llamaban, qué hacían, qué querían.

Ese chiste no envejeció. Inés dice que hoy, con el estreno de la película Barreda en Prime Video (protagonizada por Luis Machín en el papel del odontólogo, con Carla Peterson como Gladys Mac Donald, Mercedes Morán como Elena Arreche, Maite Lanata como Cecilia y Margarita Páez como Adriana), alcanza con meterse en las redes sociales para encontrarlo de nuevo.

Usuarios que ven una escena del film y escriben “punto para Barreda”. La guionista Donna Tefa Sanguinetti salió a responderles en una entrevistas con Infobae. “Se ve que hay varones a los que les sigue pareciendo que hay motivos que justifican matar a cuatro mujeres de la manera más brutal”.

Los sueños a los que les falta un número

Por muchos años, Inés soñó con Barreda. En esos sueños, ella trataba de preguntarle por qué lo había hecho. Por qué no se había ido. Nunca llegaba a escuchar la respuesta. El sueño siempre se cortaba antes, o él se daba vuelta y no decía nada, o ella se despertaba con la pregunta todavía en la boca.

También soñaba con Cecilia. En esos sueños, su amiga le daba un número de teléfono para que la llamara. Pero siempre faltaba un dígito. Inés marcaba, marcaba, y la comunicación nunca se completaba. “Eso me desesperaba. No poder llamarla”, sostiene Creimer.

Ricardo Barreda recuperó la libertad en 2016 y murió en 2020, a los 83 años. La casona de la calle 48 de La Plata, donde mató a las cuatro mujeres, fue expropiada. Hoy funciona allí una asociación de lucha contra la violencia de género. En una de las ventanas, hay una foto de las cuatro víctimas para que todos recuerden lo que sucedió en esa casa hace 34 años.

Desde el lunes 31 de agosto no se tienen noticias de Mariano Martínez, un joven de 21 años que desapareció después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), adonde acudió para entregar un trabajo. Aunque la búsqueda está en curso, los padres declararon este jueves, poco después de las 14:30, que recibieron una imagen desde la provincia de Córdoba que muestra a su hijo caminando en la calle. Como la foto correspondería al martes, todavía no se confirmó oficialmente que hubiera sido encontrado.

El padre dijo: “La foto me la pasó solamente el de la DDI y me preguntó: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto’”. En conversación con la prensa, sumó: “La foto señala que fue tomada el martes, es lo más reciente que tenemos hasta ahora”. El instante corresponde al momento en que el joven acudió a un local de sushi para buscar empleo y dejó su currículum.

Los padres aseguraron que la persona de la imagen era efectivamente Mariano, aunque no obtuvieron más información ni tampoco una confirmación oficial de que lo hubieran encontrado hoy.

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, hasta el momento no hay ningún tipo de información oficial sobre el paradero de Mariano. Al no haber una denuncia sobre desaparición, no se había activado ningún protocolo de búsqueda. Sin embargo, al tomar conocimiento del caso, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, lleva a cabo un relevamiento de las cámaras de seguridad y de tomar declaraciones de las personas que aseguraron haberlo visto.

El padre, en diálogo con América, contó que a ellos les había llegado el dato de que su hijo se había presentado en dos comisarías en Córdoba, primero en la 6 y luego en la 26. En la primera, al no estar notificados de la búsqueda, “no le dieron bolilla”. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a este medio que no se presentó a ninguna comisaría.

“Nosotros fuimos a vacacionar muchas veces ahí a Córdoba, andábamos en canoa ahí. Íbamos a General Belgrano, fueron vacaciones lindas. Seguramente ahí se sentía bien y fue a buscar una paz”, dijo Alicia, la madre, sobre por qué podría haber elegido dicha ciudad.

También agregó que no era de tener este tipo de conductas, pero que “se sentiría muy mal y necesitaba aire fresco”. “No nos lo pudo explicar a nosotros”, remarcó.

“Yo mandé a un familiar a la comisaría para ver qué están hablando, pero hay varios llamados”, dijo Alicia sobre cómo seguirá el operativo de búsqueda en Córdoba. A lo largo de la jornada han recibido comunicaciones y mensajes de distintas fuerzas de seguridad y fiscalía.

Aseguró que probablemente no les dejó un mensaje porque tiene decidido quedarse allá. “Me parece raro que no se haya llevado ropa, nada, si él tiene decidido irse a vivir. Si busca trabajo es porque se quiere ir a vivir allá”, aseguró.

“Lo bueno que tenemos del día martes es que él está queriendo buscar un trabajo, está presentando un currículum. Porque la gente dijo eso, pero no le creíamos. Pero apareció en Córdoba con la filmación, con la fecha arriba en la cámara. Y la foto, olvídate de que es él. No es algo que lo trucaron. Tenemos las imágenes de que está caminando en Punta Lara y tiene el mismo pullover de hilo negro con cuello en blanco. Es él, no es una foto trucada ni nada, está en Córdoba”, dijo Gustavo con la expectativa de que lo encuentren en Córdoba.

“Nosotros queremos que vuelva. Si se quiere ir a vivir a Córdoba, lo ayudaremos. Yo quiero que la familia esté junta; si es necesario, nos vamos a vivir todos juntos a Córdoba”, agregó.

En cuanto a su búsqueda de trabajo, en A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde había ido a entregar un trabajo. Sin embargo, mientras se despliega la búsqueda, este jueves, pasadas las 14:30, los padres confirmaron ante los medios que recibieron una foto desde Córdoba, en la que su hijo estaría en un local de sushi. La misma sería del martes, por lo que aún no es oficial su hallazgo.

“A mí me pasó la foto nomás el de la DDI y me dijo: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto”, explicó el padre. “La foto dice que es del día martes, es lo más cercano que tenemos de todo”, amplió en diálogo con la prensa. El momento es de cuando el joven fue a una casa de sushi en busca de trabajo. Dejó un currículum.

Los padres también contaron que ellos afirmaron que el joven de la foto se trataba de Mariano, pero no recibieron más información ni respuesta oficial de que lo hayan encontrado hoy.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

Cuando fueron consultados por su viaje a Córdoba, Alicia y Gustavo, la madre y el padre, no encontraron respuestas. “No sé, yo lo que estaba hoy analizando después de todo esto, cuando apareció que está en Córdoba, es que capaz se quiere ir y está buscando trabajo porque se quiere ir a vivir allá”, dijo el padre.

En cuanto al ambiente familiar, aseguraron que había una buena relación con su hijo, por lo que también sorprende que se quiera ir. “Estaba todo bárbaro, no tuvimos ninguna discusión. Hasta le dijo a la mañana: ‘chau mamá, me voy’”, remarcó.

Ahora, la familia aguarda por la confirmación oficial por parte de las autoridades para saber si lograron dar con el paradero de Mariano y que les aseguren que está sano y con vida.

Qué se sabe hasta ahora de su búsqueda

El estudiante había dedicado gran parte del fin de semana a preparar la entrega. El lunes salió de su casa alrededor de las 8 con un bolso que contenía las láminas del trabajo y llegó a la facultad cerca de las 9. Allí les dijo a sus compañeros que se sentía descompuesto, le entregó el material a uno de ellos y se retiró del lugar.

Al mediodía, cuando la familia intentó comunicarse con él para saber cómo le había ido, Mariano no respondió los mensajes. Con el paso de las horas y sin señales del joven, sus padres comenzaron a reconstruir sus movimientos con la ayuda de cámaras de seguridad y el registro de la tarjeta SUBE.

Esa reconstrucción permitió establecer que, tras salir de la facultad, se dirigió a Punta Lara, en el partido de Ensenada, un destino que, según su madre, no formaba parte de sus recorridos habituales. Las cámaras lo captaron mientras caminaba por la avenida Almirante Brown y luego se dirigía hacia una parada de la línea 275, colectivo que tomó para regresar a La Plata.

Fue en ese trayecto, a las 14.35, cuando Mariano envió el único mensaje del día. Se lo escribió a su hermano Lucas, de 19 años, y le compartió la contraseña de su computadora. “Luquita, tomá, acá te mando la clave”, recordó su madre, Alicia, en diálogo con TN.

Gustavo, el padre del joven, precisó el contenido exacto del mensaje: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’”, y agregó que su hijo había escrito: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Para los padres, ese mensaje adquirió un significado particularmente inquietante. “Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, expresó Alicia.

A las 16.17 de ese lunes, Mariano abordó un tren de la línea Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se cruzó con un compañero, que descendió en la estación Hudson, mientras el joven continuó su recorrido hasta la terminal porteña. Desde allí, no lograron saber nada de su recorrido hasta la última aparición en Córdoba.

Alicia describió la incertidumbre que atraviesa la familia desde entonces. La mujer relató que le transfirió dinero a su hijo, aunque el teléfono permanece con los datos apagados y ningún mensaje obtuvo respuesta.

La madre remarcó además que la desaparición contradice por completo la conducta habitual del joven. “No falta un sábado de mi casa, no falta un domingo, no pasa una noche fuera de mi casa”, sostuvo, y reclamó avances en la causa judicial.

En diálogo con El Trece, Alicia hizo un pedido directo dirigido a Mariano: “Si te arrepentiste y no querés seguir la carrera, no nos importa si estudiás o no. Yo sé que me decías siempre que la carrera la habías elegido vos. Te queremos con todo el corazón, no hagas una locura, no sientas vergüenza, vení y hablá con nosotros, yo vivo por vos. Te quiero ver”.

Un vecino de La Plata que llegó herido al Hospital San Roque de Gonnet con cuatro impactos de bala fue operado de urgencia y quedó internado fuera de peligro, mientras la investigación sobre el ataque abrió además otra línea judicial: la Policía Bonaerense detectó que la propia víctima tenía pedidos de captura vigentes y antecedentes penales. Por esto mismo, quedó a disposición de la Justicia.

El episodio sumó en pocas horas dos planos distintos. Por un lado, el cuadro clínico de J.L., de 30 años, que debió ser intervenido por una lesión abdominal y recibió atención por disparos en una mano y en un brazo. Por otro, el avance de las averiguaciones sobre su identidad y situación judicial, que derivó en la confirmación de órdenes de detención vinculadas con causas por estupefacientes.

De acuerdo con la información disponible, J.L. fue trasladado por un grupo de amigos al centro asistencial ubicado en 508 entre 18 y 19, en la zona de Gonnet. Cuando ingresó al hospital, el personal médico constató que presentaba cuatro heridas de bala distribuidas en distintas partes del cuerpo.

El cuadro obligó a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon parte del intestino. Pese a la gravedad de esa herida, las fuentes indicaron que ninguno de los disparos puso en riesgo su vida y que el paciente permanecía internado fuera de peligro.

La secuencia inicial, sin embargo, dejó preguntas abiertas para los investigadores. Los amigos que lo llevaron al hospital no pudieron aportar detalles sobre lo ocurrido antes del traslado, un punto que complica la reconstrucción del episodio y limita, por el momento, la posibilidad de ubicar el escenario de la balacera.

Una vez atendido, el hombre alcanzó a dar una versión preliminar sobre el hecho. Ante las autoridades, explicó que había mantenido un altercado con varias personas antes de resultar herido. Esa referencia fue, hasta ahora, el único dato concreto incorporado al expediente sobre el origen de la agresión.

El avance de la causa quedó así sujeto a las medidas que pueda ordenar la Fiscalía para intentar establecer el recorrido previo de la víctima, identificar a quienes la asistieron y determinar si hubo testigos del episodio. La Justicia ya investiga el ataque, aunque por el momento no trascendieron datos sobre sospechosos ni sobre un posible móvil.

Mientras se desarrollaban las actuaciones por el ataque, la Policía Bonaerense revisó los antecedentes de la víctima y descubrió que tenía un amplio prontuario delictivo.

Entre esos registros figura una orden de detención por venta de estupefacientes, solicitada por el Juzgado de Garantías N°1. A eso se suma otra captura vinculada con una causa por tenencia de drogas con fines de comercialización.

Además de los pedidos de captura por hechos vinculados con drogas, las autoridades constataron que J.L. registra antecedentes por abuso de armas agravado. Esa causa se inició en 2026 y se encuentra bajo intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°11.

Con estos datos, la Justicia ordenó que la víctima permanezca internada bajo custodia policial. La investigación sigue abierta y el punto central continúa sin respuesta pública: todavía no trascendieron el lugar ni las circunstancias en que fue atacado a balazos, un dato clave para reconstruir el caso y definir el curso de la pesquisa.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó y Nélida Agustina Bisio, las dos ex funcionarias que estuvieron al frente de los organismos responsables de controlar la calidad de los medicamentos en la Argentina durante la fabricación y comercialización del fentanilo contaminado que causó al menos 90 muertes y lesiones en otras 44 personas. La resolución, del 1 de septiembre de 2026, las considera partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales y ordenó un embargo de 500 mil millones de pesos contra cada una, además de la inhibición general de sus bienes.

Como se verá al recorrer la carrera de ambas en la estructura del Estado en la que se desempeñaron, ninguna puede aducir que desconocían la tarea que les tocaba realizar, ni la importancia que tenía para resguardar la salud de la población. Por el contrario, eran dos profesionales que hicieron carrera dentro de los máximos organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y comercializan los medicamentos que se consumen en el país.

Mantecón Fumadó, de 56 años, se desempeñó como directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Bisio, de 71 años, fue la administradora nacional de la ANMAT, el organismo del que depende el INAME. Ambas integraron, según el auto de procesamiento, “una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional” durante el período en que se fabricaron y distribuyeron los lotes de fentanilo contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.

La trayectoria de la ex titular del INAME

Mantecón Fumadó es abogada, con formación en gestión de calidad, y llegó al cargo durante la gestión de Alberto Fernández. Nació el 22 de junio de 1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Egresó en 1987 del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia como bachiller con orientación docente y se recibió de procuradora en 1992 y de abogada en 1994 en la Universidad de Belgrano, donde también fue ayudante de cátedra de Política Exterior Comparada, en la carrera de Relaciones Internacionales, entre 2000 y 2003.

Está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Completó además una diplomatura en Gestión Municipal en 2017 y otra en Implementación y Control de Sistemas de Gestión de Calidad, con formación como auditora líder, en 2014, ambas en la Universidad Tecnológica Nacional. Habla inglés, con nivel First Certificate, y portugués, con fluidez oral y escrita. Reside en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Antes de ingresar a la función pública, trabajó en una inmobiliaria familiar, en un estudio jurídico, en una concesionaria oficial Chevrolet y como gerenta general de la editorial Ediciones Ciudad Argentina, ligada a una fundación presidida por María Laura San Martino de Dromi. En esa etapa también colaboró en investigaciones jurídicas sobre derecho administrativo y privatizaciones con el Estudio Jurídico Roberto Dromi & Asociados, en el marco de las cuales participó de la obra “Empresas Públicas de Estatales a Privadas”. Disertó en 1997 en el Vº Encuentro de Especialistas en el Mercosur y participó, en 2003, del Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción de la Salud y de las Jornadas Internacionales sobre el Control del Tabaco.

Su carrera en el Estado comenzó en 1999, cuando ingresó como asesora jurídica del Ministerio de Salud de la Nación.

En 2002 fue designada directora de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, cargo que ocupó hasta 2005. Según su curriculum vitae oficial, ese año pasó a la ANMAT como interventora y coordinadora del Sector Comercio Exterior del INAME, bajo la gestión del entonces administrador nacional, Manuel Limeres; el auto de procesamiento judicial, en cambio, ubica su ingreso al organismo el 1 de agosto de 2006. Con los años se desempeñó también como asesora jurídica en la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales y en la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos, mientras acumulaba decenas de cursos de posgrado sobre gestión de calidad, administración pública y regulación de productos médicos dictados por el Instituto Nacional de la Administración Pública, la UTN y el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.

El 1 de diciembre de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y bajo la gestión de la entonces ministra de Salud, Carla Vizzotti, asumió la dirección del INAME en reemplazo del farmacéutico Matías Gómez, quien había renunciado tras nueve meses en el cargo. Su nombramiento fue “por designación transitoria y por excepción”. Mantecón Fumadó continuó en funciones durante el cambio de gobierno y permaneció en el cargo bajo la gestión de Javier Milei hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue separada preventivamente de sus funciones a medida que avanzaba la causa judicial.

El auto de procesamiento fija su cese formal el 20 de agosto de 2025. Al momento de los hechos investigados, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, ejercía “una posición determinante en la conducción” del organismo, con responsabilidad directa sobre el control y la fiscalización de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La trayectoria de Bisio

Nélida Agustina Bisio es médica psiquiatra y psicóloga, con un doctorado en curso y fue nombrada por decreto de Milei a días de asumir. Nació el 29 de julio de 1955 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Es divorciada, tiene un hijo y reside en la localidad de Olivos. Se graduó como licenciada en Psicología en 1978 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), casa de estudios en la que también obtuvo los títulos de médica, en 1986; psiquiatra universitaria, en 1990; médica legista, en 1995, y magíster en Salud Pública, con la tesis en defensa, en 2000. Desde 2019 cursa un doctorado en Psicología en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), con la tesis todavía en proceso.

Su carrera hospitalaria comenzó en 1978 como psicóloga concurrente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la cátedra de Psiquiatría Infantil a cargo del doctor Robles Gorriti. Entre 1979 y 1991 pasó por distintos roles en el Servicio N° 8 del Hospital Nacional José T. Borda, bajo la jefatura del doctor Juan José Morgan: primero como psicóloga concurrente, luego como médica concurrente y finalmente como médica de planta. En septiembre de 1991 realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Salud Mental de Badajoz, España, y entre 1992 y 1995 fue adscripta y vocal titular de la junta médica en la Dirección Nacional de Rehabilitación.

Ingresó a la ANMAT en 1992, el mismo año de la creación del organismo, como médica evaluadora, cargo que ocupó hasta 2006. En 2007 fue subdirectora general y coordinadora de Ensayos Clínicos en la Dirección de Evaluación de Medicamentos, y entre 2008 y 2011 dirigió la Dirección Nacional de Evaluación y Registro de Medicamentos. En paralelo desarrolló una extensa actividad docente: fue profesora titular e invitada en cátedras de Salud Mental y Psicología de la UBA en el Hospital Borda, en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y, desde 2010, en cursos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Entre 2011 y 2013 fue profesora invitada en la Maestría de Investigación Clínica de la Universidad Abierta Interamericana. También representó a la ANMAT como speaker invitada en los encuentros europeos y americanos de la Drug Information Association (DIA) entre 2009 y 2014, en su carácter de miembro del Latin American Advisory Council (ACLA).

El 27 de diciembre de 2023, apenas semanas después de que Milei asumiera la presidencia, fue designada administradora nacional de la ANMAT mediante el Decreto 94/2023, firmado por el propio Milei y el entonces ministro de Salud, Mario Russo. Reemplazó a Manuel Limeres, que se había desempeñado en el cargo durante las gestiones de Ginés González García y, tras el escándalo del vacunatorio VIP, de Carla Vizzotti. En su declaración testimonial del 15 de mayo de 2025, previa a ser imputada, Bisio dijo ejercer funciones en el organismo “desde su creación en el año 1992”. Presentó su renuncia al cargo el 5 de enero de 2026, aceptada por el Decreto 3/2026, y fue sucedida por Luis Eduardo Fontana.

Las dos versiones sobre la reunión del 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT

Uno de los cuestionamientos que pesan sobre ellas en la causa judicial es la reunión que Mantecón Fumadó y Bisio mantuvieron el 14 de enero de 2025 en la sede central de la ANMAT, en Avenida de Mayo 869, con Ariel García (dueño real de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo) y su hermano Diego; junto a Javier Tchukrán, director de Manufactura, y María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad.

El encuentro se convocó de manera oficial para “continuar abordando el tema de los reportes recibidos”, pero según el auto de procesamiento tuvo como objeto real acordar con los laboratorios de qué manera neutralizar dos proyectos de carta de advertencia que estaban listos para firmarse desde el 3 y el 8 de enero de ese año.

Las versiones de las dos ex funcionarias sobre lo ocurrido esa tarde son contradictorias. Bisio sostuvo que se mantuvo callada durante todo el encuentro, “sin haber emitido nunca opinión”, y que asistió porque su subordinada le pidió que estuviera presente “para mantener el orden” frente a “personas complicadas”. Mantecón Fumadó, en cambio, rechazó esa versión en la ampliación de su declaración indagatoria del 31 de agosto de 2026: “Eso no es verdad, ella trató de morigerar los modos en que se llevaba la reunión, apoyó todos mis dichos”, afirmó, y agregó que tampoco es cierto que Bisio se haya retirado antes que los directivos de los laboratorios.

Un dato relevante: Hasta que Ariel García no declaró ante el juez Ernesto Kreplak en su indagatoria que el 14 de enero de 2025 se había reunido en la sede de la ANMAT con Bisio y Mantecón Fumadó ninguna había informado a sus superiores del hecho. Es más, cuando de manera directa se le preguntó a la entonces titular de la ANMAT si era verdad lo que dijo el empresario dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, ella habría respondido (según dos fuentes consultadas por Infobae) “Sí, pero me olvidé”.

-¿Y esa va a ser tu defensa?, le dijo uno de los funcionarios que la interpeló.

La médica psiquiatra, siempre respetuosa y medida en sus palabras, no respondió. En el INAME también destacan el buen trato que siempre mantuvo la abogada para con sus subordinados.

Mantecón Fumadó dijo tener grabada una conversación telefónica con Bisio

En esa misma audiencia del 31 de agosto, Mantecón Fumadó reveló ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata que conserva la grabación de una llamada telefónica con Bisio, realizada por sugerencia de su abogado, Marcelo Hugo Rocchetti. Según relató, el letrado le aconsejó: “Si tenés una conversación con ella, grabala”. Sobre el contenido, advirtió: “La sorpresa se la va a llevar Bisio cuando sepa que la conversación la tengo grabada”. La exdirectora del INAME precisó que la charla se produjo en su propio despacho.

El resultado de la inspección realizada en noviembre de 2024 sobre Laboratorios Ramallo ya estaba en conocimiento de ambas funcionarias antes de esa reunión. El auto judicial sostiene que Mantecón Fumadó supo de las deficiencias críticas al menos desde el 3 de enero de 2025, fecha de elevación del proyecto de carta de advertencia, y que Bisio tomó conocimiento de la situación, como mínimo, el día del encuentro con los responsables de los laboratorios.

Detenidas el mismo día, liberadas bajo caución de 75 millones de pesos cada una

Las dos ex funcionarias fueron detenidas el 3 de agosto de 2026, a pedido de la fiscal federal, María Laura Roteta, para garantizar la realización de sus indagatorias. Bisio fue aprehendida en su domicilio de Olivos, mientras que Mantecón Fumadó se presentó de manera voluntaria junto con su abogado en una dependencia policial. Las indagatorias se llevaron a cabo el 6 de agosto: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito de descargo, mientras que Mantecón Fumadó respondió al interrogatorio, aunque repitió en 33 oportunidades la frase “no lo recuerdo”.

El juez Kreplak dispuso la excarcelación de ambas el 7 de agosto de 2026, bajo una caución real de 75 millones de pesos para cada una. En lugar de depositar el dinero en efectivo, la Justicia les permitió ofrecer inmuebles como garantía: Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia ubicada en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo. A ambas se les retuvieron los pasaportes y se les impuso la prohibición de salir del país, además de la obligación de comparecer mensualmente ante la Policía Federal y de no contactar a ninguna persona vinculada con la ANMAT o el INAME.

El expediente identificó 134 víctimas, de las cuales 90 murieron

La investigación, que tramita bajo el expediente FLP 17371/2025, logró identificar 134 víctimas del fentanilo adulterado: 90 fallecidas, dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y una con lesiones leves. El primer lote contaminado, identificado como 31202, registró orden de producción el 16 de diciembre de 2024, fue fabricado entre el 18 y el 19 de ese mes y liberado al mercado el 4 de enero de 2025. La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Mantecón Fumadó y Bisio el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos del INAME elevaran el proyecto. La carta que debía prohibir la comercialización de los productos de HLB Pharma nunca llegó a firmarse.

El dueño de un gimnasio fue asalatado cuando llegó a su local en La Plata por dos motochorros. Le robaron el celular, la documentación y su moto.

El episodio ocurrió cerca de las 7, en la zona de 72 entre 25 y 26, y según la información difundida, los atacantes incluso efectuaron disparos para forzar a la víctima a alejarse.

El hombre acababa de llegar al lugar cuando fue sorprendido al bajar de su vehículo. De acuerdo con el relato al que pudo acceder el medio local 0221, los delincuentes se desplazaban en una moto 110 blanca, frenaron junto a él y bajaron con rapidez para concretar el asalto. En pocos instantes, le sustrajeron su moto Boge 500 negra, además de objetos personales que llevaba consigo.

Aunque los tiros habrían sido dirigidos hacia sus piernas, la víctima no sufrió heridas. Tras apoderarse del rodado, escaparon por calle 72 en contramano con dirección al cementerio. Hasta el momento, no se informó públicamente que hayan sido identificados ni detenidos. Tampoco trascendieron, al menos de manera oficial, precisiones sobre un eventual seguimiento de cámaras de seguridad o rastros que permitan reconstruir el trayecto posterior a la fuga.

La investigación deberá avanzar ahora sobre la identificación de los responsables y sobre el destino del vehículo robado.

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó

Días atrás, un agente de la Policía de la Ciudad intervino en un intento de robo y desató un intenso tiroteo con cuatro motochorros frente a un jardín de infantes en Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano bonaerense. El episodio ocurrió la mañana del viernes de la semana pasada, aproximadamente media hora antes del ingreso de los niños a la institución educativa.

El hecho comenzó cuando un enfermero que circulaba en moto fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motocicletas sobre la avenida Santa Rosa, en el límite entre Morón e Ituzaingó, cerca de una estación de servicio ubicada en el cruce con la calle José María Paz. Los atacantes lograron desestabilizar al motociclista y le sustrajeron una mochila.

En ese momento, el agente de la Policía de la Ciudad, identificado como D.D.M., se encontraba dentro de su vehículo particular esperando el cambio del semáforo en la mano contraria. Al presenciar el asalto, descendió del auto, se identificó y, con su arma reglamentaria, intentó dispersar a los delincuentes. La intervención derivó en un intercambio de disparos con los asaltantes, quienes finalmente escaparon sin concretar el robo.

El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En la escena del tiroteo, los peritos hallaron ocho vainas servidas, de acuerdo con datos brindados por fuentes policiales.

El episodio generó preocupación entre las familias de la comunidad educativa, ya que ocurrió en plena mañana y en las inmediaciones del jardín de infantes, apenas minutos antes del horario previsto para el ingreso de los niños. Voceros policiales manifestaron que, de haberse producido el enfrentamiento algunos minutos después, la situación podría haber tenido consecuencias más graves.

Ninguna persona resultó herida durante el tiroteo. Tanto el agente como el enfermero se encontraban ilesos tras el hecho. Los cuatro sospechosos lograron huir de la zona y ahora son buscados por los investigadores, que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificarlos.

La investigación quedó a cargo de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, conducida por la fiscal María Alejandra Bonini, y la causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a las ex máximas autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por su presunta responsabilidad en la causa por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un expediente que hasta ahora vincula el caso con 90 muertes.

La decisión alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del INAME. Kreplak las consideró, prima facie, partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales, una figura que en esta causa aparece asociada además con lesiones gravísimas en al menos dos personas, lesiones graves en otras 41 y lesiones leves en otros paciente.

Además, el magistrado ordenó para cada una un embargo de $500.000 millones y la inhibición general de bienes. Las dos seguirán en libertad, aunque continuarán sujetas a la prohibición de salir del país, deberán presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje y abstenerse de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

En ese contexto, el juez sostuvo que, aunque el ministro de Salud conocía aspectos generales del caso, no existen hasta ahora elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal. Según la resolución, las decisiones políticas que surgían de la cartera sanitaria apuntaban a impedir que las empresas continuaran operando y no a facilitar su funcionamiento. Kreplak diferenció así esa línea de acción de las demoras y omisiones que, de acuerdo con el expediente, se registraron en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

El alcance

La resolución representa un avance en la investigación porque desplaza el foco más allá de quienes fabricaron y comercializaron los medicamentos cuestionados. Para Kreplak, también debe analizarse la actuación de las máximas autoridades estatales que tenían a su cargo el control sobre los laboratorios.

Según el fallo, las irregularidades de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo eran conocidas dentro del sistema de fiscalización sanitaria y existían herramientas administrativas para impedir que ambas firmas siguieran operando en esas condiciones. En ese punto, el juez entendió que la inacción de las áreas responsables tuvo incidencia en la circulación de los productos.

El fallo fue especialmente duro con Mantecón Fumadó. El juez sostuvo que la entonces responsable del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y que contaba con facultades suficientes para adoptar medidas orientadas a resguardar la salud pública.

De acuerdo con la resolución, sus omisiones frente a advertencias formuladas por áreas técnicas del organismo y su conducta posterior no encontraron justificación en las declaraciones que brindó durante las indagatorias. El expediente destaca, además, el manejo de las llamadas cartas de advertencia, una herramienta administrativa clave frente a incumplimientos detectados durante inspecciones.

Kreplak señaló que Mantecón se apartó de los plazos reglamentarios para emitir la carta de advertencia correspondiente a Laboratorios Ramallo, mantuvo reuniones formales e informales con representantes de las empresas y “cajoneó” durante más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia contra HLB Pharma.

La diferencia entre ambas compañías ocupó un lugar central en la imputación. La carta dirigida a Ramallo fue firmada el 10 de febrero de 2025 y dispuso la inhibición de toda su actividad productiva. En cambio, la proyectada para HLB Pharma, que incluía de manera expresa una prohibición de comercialización, nunca llegó a firmarse.

Para el juez, ese punto fue determinante porque permitió que medicamentos elaborados en condiciones objetadas continuaran en circulación. En esa línea, afirmó que “no podía ya permitirse la circulación de nada” producido bajo parámetros semejantes a los detectados durante las inspecciones.

El procesamiento de Bisio, máxima autoridad de la ANMAT durante el período investigado, siguió una lógica semejante.

Según Kreplak, Bisio no podía desligarse de lo que ocurría en el INAME, ya que ese instituto dependía directamente de la ANMAT y ella conservaba facultades para intervenir frente a una eventual inacción de sus subordinados. El juez recordó, además, que fue la propia ex funcionaria quien firmó el 12 de mayo de 2025 la disposición que prohibió el uso y la comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB, cuando las muertes ya se habían verificado.

El acuerdo

Para Kreplak, la situación de Bisio era distinta. La ex titular de la ANMAT conocía las irregularidades y, además, actuaba como nexo entre las decisiones políticas del Gobierno y las áreas técnicas encargadas de ejecutarlas. Aun así, según el magistrado, mantuvo una actitud “pasiva y permisiva” que terminó favoreciendo la continuidad operativa de los laboratorios.

Uno de los episodios centrales ocurrió durante la reunión del 14 de enero de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, allí las máximas autoridades sanitarias acordaron con representantes del laboratorio postergar la emisión de las cartas de advertencia y dar tiempo para que la empresa iniciara correcciones internas. Al día siguiente, la firma envió al INAME un supuesto plan para subsanar las deficiencias detectadas en inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024.

Las víctimas

La resolución también incorporó información surgida de la última indagatoria de Mantecón, realizada el 31 de agosto. La ex funcionaria había dicho antes que en reuniones convocadas en el Ministerio de Salud participaban abogados penalistas y había prometido aportar sus identidades. Cuando Kreplak le preguntó específicamente por esos nombres en su última declaración, la ex directora omitió responder.

El expediente contabiliza hasta el momento 134 víctimas vinculadas con los hechos investigados, de las cuales 90 murieron, y registra 47 querellas. Al fijar los embargos, el juez también tomó en cuenta las eventuales indemnizaciones civiles, la cantidad de peritajes realizados y la magnitud económica que podría derivarse de la responsabilidad atribuida en la causa.

LOS ARGUMENTOS PARA PROCESAR A BISIO

En su resolución de 292 carillas el magistrado destacó los principales argumentos que pesaron para procesar a las dos máximas responsables de controlar que los laboratorios medicinales cumplan con las normas de buena fabricación y que sean seguros para la población.

Cargo y jerarquía: “Nélida Agustina Bisio, médica psiquiatra de formación profesional, ingresó a la planta de personal de la ANMAT cuando se creó el organismo en 1992. Fue designada su Directora Nacional el 27-12-2023, cargo que ocupó hasta el 5-1-26.”

Responsabilidad superior sobre el INAME: “De ninguna manera implica que su superior jerárquico, la Dra. Bisio, pudiera haberse desentendido o de hecho se hubiera desentendido de lo que ocurrió con estos laboratorios.”

Capacidad probada de actuar (contraargumento a su defensa): “La decisión de prohibir el uso y comercialización del lote 31.202 de fentanilo HLB al constatarse las muertes que estaba causando, del día 12-5-25, por medio de la Disposición ANMAT Nº 3156/25, fue adoptada únicamente por la Dra. Bisio. Sin intervención de Mantecón.”

Conocimiento efectivo de los hechos: “Se encuentra probado fuera de toda duda que Bisio tuvo conocimiento actual de cuanto acontecía en estos sucesos, al menos en sus aspectos más relevantes, incluso reconocido por la propia imputada.”

Rol de “polea de transmisión” política: “Se encuentra probado que la jefatura de ANMAT funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio, en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente.”

Actitud pasiva y participación activa: “Pese a encontrarse en conocimiento pleno de las circunstancias relevantes del caso y de la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios sujetos a control del organismo a su cargo. No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.”

Participación en la reunión clave del 14.01.2025: “Las máximas autoridades del único organismo nacional competente para la vigilancia y control de la fabricación de medicamentos acordaron con el propietario de uno de los laboratorios que más alertas y reportes había recibido diferir la emisión de las cartas de advertencia y, en su lugar, conceder un tiempo suficiente para que el laboratorio diera inicio a las acciones correctivas internamente.”

Firma de la Carta de Ramallo sin obligación reglamentaria: “La demora en la firma de la Carta de Advertencia de Ramallo que, por otra parte, cuenta con la rúbrica de Bisio a pesar de no ser reglamentariamente necesaria, le resulta plenamente atribuible y, por lo tanto, las consecuencias delictivas que ello acarreó.”

Falta de firma de la Carta de HLB: “El apartamiento de los criterios técnicos y pautas procedimentales administrativas contaron con el consentimiento y participación de Bisio en su calidad de Administradora Nacional de la ANMAT.”

Insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario: “En ambos casos se verifica, efectivamente, un insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario al cual se encontraba obligada como titular de la ANMAT.”

Mensajes atribuidos: se cita un chat: “Agustina: Que sea discreto la retirada a sus casas / Gabriela: Si. Van de a poco.”

ARGUMENTOS PARA PROCESAR A MANTECÓN FUMADÓ

Posición funcional determinante: “Mantecón Fumadó integraba una de las piezas centrales del poder de policía sanitario del Estado Nacional a cargo del registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y sanidad de los medicamentos y productos médicos.”

Omisión de sus deberes: “Como tal, tenía a su cargo, para la época de los hechos investigados en autos, adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para conjurar el riesgo sanitario no permitido utilizando, para ello, los criterios y procedimientos administrativamente reglados. No lo hizo.”

Contribución al riesgo: “Con su obrar contribuyó, antes de la fabricación del fentanilo contaminado, a que el laboratorio continuara operando sin impedimentos pese a las graves y persistentes irregularidades que venían siendo observadas; y, posteriormente, a que el laboratorio pudiera liberar al mercado este potente opioide sintético producido en pésimas condiciones de esterilidad”.

Conocimiento acreditado y omisión deliberada: “A pesar de haber tomado conocimiento de las serias irregularidades detectadas en el funcionamiento del laboratorio, con conocimiento de sus pésimos antecedentes y teniendo sobre su escritorio la opinión de las áreas técnicas subordinadas de su propio organismo en ese sentido, omitió adoptar las medidas preventivas y correctivas amplias y graves que correspondía”.

Sustitución de medidas reglamentarias por reuniones informales: “De forma plenamente consciente -aunque con explicaciones triviales y contradictorias- dejó vencer los plazos administrativos para hacerlo (dos días hábiles) para, en su lugar, concertar una reunión con los responsables de facto de los laboratorios en las oficinas de la ANMAT, demorando finalmente la adopción de medidas concretas y limitándolas notoriamente en su alcance.”

Carta de Advertencia de HLB nunca firmada: “La Carta de Advertencia de HLB Pharma Group nunca se firmó. De hecho, su trámite quedó paralizado en la Dirección del INAME por varios meses sin ningún tipo de movimiento. Se ‘cajoneó’.”

Demora deliberada en la publicidad de la Carta de Ramallo: “La demora en dar publicidad a la Carta de Advertencia de Ramallo recién suscripta el 10.02.2025, diez días hábiles más tarde de esta última fecha, en el sitio web institucional de la ANMAT -tal como manda la normativa aplicable-, fue producto de una decisión deliberada de Mantecón Fumadó como máxima responsable del INAME.”

Antecedente de conducta similar: Se cita un chat de 2023: “Maiorano: Le recordaste a Mantecón q no publique?... Ariel Cons: No le puedo recordar, fue lo pactado en la reunión”.

Contradicciones en su declaración indagatoria: “Se le preguntó específicamente cuáles eran los plazos y medidas que debía observar para cumplir fielmente los reglamentos, no supo responder. Esta omisión, la de 48 horas prevista reglamentariamente, recién pudo aportarla en su segunda declaración indagatoria, y luego de tres escritos de descargo.”

Elemento subjetivo (dolo): “contaban con acabado conocimiento de los riesgos que con sus conductas generaban, cuando estaban en condiciones de emprender la conducta debida que les hubiera permitido evitar la concreción del peligro no permitido y, a la postre, del resultado típico”.

Con la resolución del magistrado, la causa suma quince procesados. Los primeros trece eran los responsables y directivos de los laboratorios Ramallo S.A y HLB Pharma, propiedad de Ariel García. De ellos, tres están presos, otros tres en prisión domiciliaria y los otros siete en libertad mientras dura el proceso. El mismo beneficio que, hasta ahora les fue concedido a las dos ex funcionarias.

Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora de Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), amplió su declaración indagatoria en la causa por el fentanilo contaminado y dejó una advertencia dirigida a quien fue su superior jerárquica, Agustina Bisio, la ahora ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), quien junto a ella está imputada en la causa que investiga el juez federal Ernesto Kreplak. Como en los programas de la farándula, la farmacéutica advirtió que tiene en su poder una grabación de una conversación telefónica entre ambas, realizada por consejo de su abogado, Marcelo Rochetti, cuyo contenido —adelantó— generará sorpresa cuando se conozca.

“La sorpresa se la va a llevar (Bisio) cuando sepa que la conversación la tengo grabada”, afirmó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, en la audiencia realizada el 31 de agosto.

La imputada, de 56 años y profesional de carrera dentro del organismo que depende del Ministerio de Salud de la Nación, pidió ampliar su declaración indagatoria después de revisar los testimonios de Bisio y de otra funcionaria del organismo, Mariela Baldut. “Quiero hacer algunas aclaraciones porque entiendo que muchas afirmaciones de aquellas son maliciosas”, justificó al iniciar su descargo.

Qué se le imputa en la causa

El hecho que se le atribuye a Mantecón Fumadó consiste en haber omitido, como directora nacional del INAME, la toma de decisiones administrativas relativas al control, la supervisión y la vigilancia de la fabricación, distribución, venta, uso y retiro del mercado de fentanilo adulterado con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica. Se trata de los lotes 31202 y 31244, compuestos por 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente, elaborados por Laboratorios Ramallo SA para HLB Pharma Group entre el 18 y el 19 de diciembre de 2024 y liberados al mercado el 4 y el 6 de enero de 2025.

Los laboratorios son propiedad del ya detenido Ariel García Furfaro, uno de los trece procesados que tiene, de momento, el expediente.

Según la resolución de la fiscal María Laura Roteta, esas omisiones implicaron no adoptar medidas previsibles, propias de las facultades de su cargo, que hubieran evitado los resultados dañosos pese a contar con conocimiento suficiente del riesgo sanitario.

El suministro del fentanilo contaminado, desde febrero de 2025, en quirófanos, salas de cuidados intensivos y servicios de neonatología de distintos establecimientos de salud del país, derivó en al menos 90 pacientes fallecidos y otros 43 con secuelas, registrados por nombre, edad y fecha de fallecimiento en el legajo, entre ellos de Renato Nicolini, de 18 años; Néstor Gabriel Carri, de 74; y Luis Eduardo Zabala, de 69, todos fallecidos en el Hospital Italiano de La Plata.

La propia ex funcionaria, al describir el episodio en su descargo, llegó a mencionar una cifra cercana a “la muerte de casi cien personas” provocada, según su versión, por decisiones tomadas “a sabiendas” por el personal del laboratorio.

Bisio “no habló durante toda la reunión”

Uno de los ejes centrales de la ampliación fue el intento de la ex titular del máximo organismo de control sobre los laboratorios que elaboran y comercializan medicamentos de desacreditar el testimonio de su ex jefa Bisio sobre una reunión clave, realizada el 14 de enero de 2025 con directivos de Ramallo y HLB Pharma en la sede central de la ANMAT, en la que ambas funcionarias les dieron un plazo a los responsables del laboratorio para presentar documentación que decían no haber podido subir al expediente por su volumen.

Según Mantecón Fumadó, Bisio afirmó en su propio testimonio que “no habló durante toda la reunión”, una versión que la exdirectora del INAME rechazó de manera directa.

“Eso no es verdad, ella trató de morigerar los modos en que se llevaba la reunión, apoyó todos mis dichos”, sostuvo Mantecón Fumadó, quien agregó que tampoco es cierto que Bisio se haya retirado del encuentro antes que los representantes del laboratorio. “La consigna justamente era que yo no tuviera que quedar sola frente a los directivos”, señaló. Entre los presentes estaban el empresario Ariel García Furfaro y su hermano Diego (también preso). Con este argumento, la ex funcionaria buscó instalar una contradicción entre lo declarado por su ex superiora y lo que, según su relato, ocurrió realmente en esa reunión.

La coincidencia sobre la “ventana de tiempo”

Otro de los señalamientos más fuertes del descargo apunta a una supuesta coordinación entre las dos testigos respecto de un concepto puntual: la existencia de una “ventana de tiempo” cuestionada en la firma de una carta de advertencia al laboratorio (esto es para prohibir la fabricación de medicamentos y retirarlos del mercado por fallas en la elaboración).

Mantecón Fumadó argumentó que fue Bisio, y no ella, quien mencionó por primera vez esa expresión, durante una llamada telefónica del 20 de agosto de 2025, el mismo día en que la entonces funcionaria dejaba su cargo.

“El mismo tiempo me lo mencionó Bisio el día que yo me estaba yendo de mi cargo, el mismo 20/8/2025, cuando me estoy retirando. La doctora Bisio me llamó por teléfono, me dijo que venía al INAME, tuvimos una conversación, hablamos de varios temas”, relató.

Y remarcó lo que interpreta como un indicio de que ambas declarantes (Bisio, como ella, esta imputada) testigos coordinaron sus versiones: “Me llama la atención que Baldut haya mencionado la ventana de tiempo, porque Bisio hablaba de la ventana de tiempo”.

Según su relato, esa conversación se produjo en su despacho y fue grabada con el teléfono celular por consejo de su defensor, el abogado Marcelo Hugo Rocchetti, quien —de acuerdo con lo que ella misma contó ante el tribunal— le sugirió: “Si tenés una conversación con ella, grabala”.

Mantecón Fumadó negó de manera categórica haberle pedido ayuda a Baldut para justificar esa demora. “En ningún momento le pedí que me ayudara a justificar un acto que yo había cometido de manera ilegal o fuera de lugar en el cumplimiento de mi función. Lo que haya interpretado Baldut es un problema del que no me puedo hacer cargo”, sostuvo, y anunció que presentaría un pendrive con el registro de audio como prueba de su versión.

Quién es Mariela Baldut y las acusaciones cruzadas dentro del INAME

Mariela Baldut ocupaba, dentro del INAME, la jefatura del área de vigilancia postcomercialización y acciones reguladoras, la dependencia a la que llegó, el 5 de mayo de 2025, el primer reporte sobre los lotes de fentanilo contaminado. Su declaración testimonial forma parte central del expediente y fue, junto con el de Bisio, uno de los dos testimonios que motivaron el pedido de ampliación de Mantecón Fumadó.

Según reconstruyó la propia imputada, Baldut sostuvo en su testimonio que no había que avisar al laboratorio antes de la inspección de noviembre de 2024, que Mantecón Fumadó no cursaba en tiempo los expedientes que llegaban a su despacho y que, en un chat con otra persona, la entonces directora del INAME le habría pedido ayuda para justificar la demora en la firma de la carta de advertencia a Ramallo.

También le atribuyó haber afirmado, el 5 de mayo de 2025, que el fentanilo “iba a retiro” del mercado, algo que Mantecón Fumadó calificó de falso: “No es verdad que ella el 5 de mayo de 2025 haya dicho ‘esto va a retiro’. El informe de criticidad y toda la información la recibió después del 5 de mayo”, afirmó, y precisó que el expediente con la propuesta de retiro del lote 31202 recién le fue elevado el 8 de mayo.

La ex funcionaria calificó de “maliciosa” la intención de Baldut al sostener que los expedientes no habían tenido curso administrativo. “Ella sabía que los expedientes salieron en tiempo y forma”, aseguró, y agregó que había acompañado un enlace de Google Drive con el seguimiento completo de todos los trámites para demostrarlo. También cuestionó que el criterio personal de Baldut sobre la conveniencia de avisar o no a los laboratorios antes de las inspecciones se convirtiera “retrospectivamente en el único criterio a tener en cuenta”, dado que, según explicó, dentro del organismo “hay muchos criterios” y el que sostiene la ANMAT como institución es distinto y anterior a su gestión.

Las reuniones con directivos de Ramallo y HLB Pharma Group

El expediente reconstruye una serie de encuentros entre funcionarios del INAME y representantes de los laboratorios investigados. En octubre de 2024, Ramallo se comprometió mediante un acta a determinadas condiciones que después no cumplió, lo que sumado a nuevos reportes sobre parenterales de gran volumen y ampollas plásticas derivó en la inspección de noviembre de ese año. Tras esa inspección, el 27 de diciembre de 2024, el laboratorio firmó conforme un acta en la que se establecía que no podría producir en las áreas inspeccionadas hasta la resolución de la carta de advertencia.

El 14 de enero de 2025 se realizó la reunión con directivos de Ramallo y HLB Pharma mencionada anteriormente. Según el relato de Mantecón Fumadó, al director técnico de HLB se lo convocó únicamente porque era solidariamente responsable de los productos que se estaban retirando del mercado, aunque no recuerda si finalmente asistió.

Tras el cierre formal del encuentro, y ya fuera de agenda, Javier Tchukran uno de los responsables de la planta de elaboración planteó cuestiones sobre certificados de Propofol y dopamina de HLB que no eran objeto de la convocatoria original. “No hubo un beneficio para el laboratorio, simplemente le dimos el espacio para que ellos pudieran presentar esa documentación”, insistió la ex funcionaria sobre ese encuentro.

Uno de los puntos más cuestionados por la fiscalía fue la práctica de anticipar a los laboratorios la llegada de los inspectores. Mantecón Fumadó defendió esa metodología como una prerrogativa exclusiva de quien organiza cada operativo, en este caso la inspectora Ana Canil, y la justificó en la necesidad de garantizar que hubiera maquinaria en funcionamiento, personal presente y directores técnicos disponibles al momento del control. “La prerrogativa de avisar no implica que ese funcionario esté haciendo algo ilegal o esté colaborando con el laboratorio”, sostuvo.

Según su explicación, el margen de aviso es tan breve que no permite al laboratorio modificar condiciones que se le hubieran requerido con anterioridad, motivo por el cual, pese al aviso previo, la inspección de noviembre de 2024 igualmente detectó “deficiencias críticas” que obligaron a Ramallo a levantar la producción en esas líneas. “El hecho de haber avisado no es una conducta delictiva ni demuestra que se haya querido ayudar al laboratorio”, remarcó, y agregó que la línea que finalmente elaboró el fentanilo contaminado nunca fue objeto de inspección porque no existían reportes previos sobre desvíos de calidad en esa producción específica.

Los reportes de 2023 y 2024 sobre Laboratorios Ramallo

La ex directora del INAME aportó un detalle estadístico para sostener que la línea de fentanilo no aparecía entre las prioritarias. Según su descargo, en 2023 se registraron 23 reportes sobre Ramallo, de los cuales solo ocho implicaron desvíos de calidad con alguna medida administrativa, todos vinculados a productos parenterales. En 2024, de 15 reportes evaluados, únicamente cinco arrojaron desvío. “Reporte no es desvío”, insistió, y explicó que un sistema de códigos de colores —rojo para desvío confirmado, amarillo para medidas correctivas sin retiro de mercado y verde para productos que cumplían la normativa— permitía diferenciar ambas categorías.

Con esos números buscó reforzar su argumento central: que ni ella ni el personal técnico del INAME tenían forma de anticipar que Ramallo produciría fentanilo contaminado, dado que esa línea productiva no figuraba entre las que arrojaban reportes o desvíos verificados. “Es imposible que el personal técnico ni yo supiéramos que el Laboratorio Ramallo hubiese tenido un problema en la elaboración del producto fentanilo”, afirmó ante la fiscal María Laura Roteta.

Consultada por la fiscalía sobre encuentros de mayor nivel institucional, Mantecón Fumadó detalló que, a partir de mediados de marzo de 2025, comenzaron a realizarse reuniones quincenales en el Ministerio de Salud de la Nación con el ministro Mario Lugones; su jefe de Gabinete; Lorena Terrizano —de Tecnología Médica de la ANMAT—; la propia Bisio, como administradora; Enriqueta Pearson, como subadministradora; Gastón Morán, como director de Biológicos; y otros funcionarios del organismo; además de “muchos abogados”, cuyos nombres no pudo precisar. Según su versión, recién después de esas reuniones el ministro “bajó una línea” para que todos los laboratorios críticos fueran inspeccionados y aquellos que no cumplieran siguieran el mismo camino que Ramallo.

La ex funcionaria también vinculó al Ministerio de Salud con un pedido puntual de información sobre HLB Pharma realizado a fines de marzo de 2025, mientras ella se encontraba de licencia por un problema personal. Según relató, Bisio le transmitió que el ministro solicitaba un listado de sumarios y retiros vinculados al laboratorio, motivo por el cual le pidió a Baldut que lo elaborara y se lo enviara por WhatsApp, dado que en ese momento no tenía acceso al sistema oficial del organismo.

Otro tramo del descargo apuntó a explicar por qué no se dispuso el retiro preventivo de todos los productos de HLB del mercado antes de conocerse el problema con el fentanilo. Mantecón Fumadó sostuvo que una decisión de esa magnitud, sin reportes previos que la justificaran, hubiera generado un desabastecimiento sanitario grave, dado que la empresa era uno de los mayores proveedores de varias provincias argentinas. Citó como antecedente un episodio con bolsas de sangre, en el que la ANMAT debió coordinar con otros proveedores un aumento de producción para cubrir una demanda que no lograba satisfacerse tras el retiro de un laboratorio del mercado.

Sobre una frase suya registrada en un chat con Baldut, en la que hablaba de “mucha guita en la calle”, aclaró que no se refería al laboratorio sino al sistema sanitario público y privado en su conjunto. También defendió el criterio general de la ANMAT frente a los desvíos de calidad verificados: inhibir la producción del laboratorio infractor hasta una nueva inspección, evaluar la documentación correctiva y limitar el retiro del mercado a los lotes específicos donde se comprobó el desvío, sin extender la medida a la totalidad del producto. “Si la ANMAT fuera responsable de todos los eventos adversos provocados por todos los desvíos de calidad de todos los lotes, de todos los productos, elaborados por todos los laboratorios habilitados, deberíamos cerrar todos los laboratorios”, sostuvo, y calificó esa hipótesis de “impensable”.

En los próximos días, el juez Ernesto Kreplak deberá decidir la situación procesal de las dos ex funcionarias.

La feria PLATEADA cerró su cuarta edición en La Plata con más de 10.000 personas en tres jornadas y con nuevas obras incorporadas a la colección del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en un resultado que reforzó el crecimiento de la primera feria de arte contemporáneo bonaerense con sede en la capital provincial y su objetivo de ampliar la circulación y la comercialización de producción artística.

La edición reunió a 39 proyectos y galerías de La Plata, la Ciudad de Buenos Aires, Martínez, General Villegas, Chaco, Entre Ríos, San Juan y otras localidades bonaerenses. Esa composición mostró una escena descentralizada, con propuestas llegadas desde distintos puntos del país y de la provincia.

La asistencia incluyó a coleccionistas consolidados e incipientes, además de profesionales, estudiantes, artistas, trabajadores de instituciones culturales y público interesado en la producción contemporánea. La organización informó también que el volumen de ventas creció de manera considerable frente a las ediciones anteriores.

Durante la segunda jornada se entregaron los Premios PLATEADA y se anunciaron adquisiciones para el Museo Pettoruti. El jurado, integrado por Jimena Ferreiro y Carolina Pinciroli, otorgó el Premio al Proyecto Destacado a Acéfala Galería, de la Ciudad de Buenos Aires, y una Mención Especial a Sentimental Espacio, de San Juan, por su stand.

Entre las obras incorporadas, una pieza de Carlos Gutiérrez presentada por Sentimental Espacio pasó a formar parte de la colección pública. A esa adquisición se sumaron las realizadas por Grupo Diagonal, un colectivo de coleccionistas argentinos, que compró una serie de trabajos para donarlos a la institución.

El conjunto incluye “La mudanza”, de Emilia Hendreich, presentada por Vincent Galería; “Ronda de chapes”, de Franco S Mehlhose, exhibida por Casa Taller TL; “Modelo”, de Uncal Scotti, en el stand de Estudio Fortuna; y una obra sin título de Gutiérrez, mostrada por Sentimental Espacio.

“Cumplí el sueño de formar parte de la colección de mi amado Museo Pettoruti gracias a que el grupo de coleccionistas Diagonal adquirió una de mis pinturas para donar al museo. Trabajo en el Museo hace ya 11 años. Quienes me conocen saben que es imposible separar mi práctica como artista de mi trabajo allí, porque creo que antes de considerarme artista, fui trabajadora del museo”, escribió Heindrich en sus redes.

También se incorporó “Pista de tartán”, de Lucila Ortega, presentada por Estudio Fortuna de La Plata, a partir de una compra y donación realizada por Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La ceremonia de premiación incluyó intervenciones de Federico Demarziani, jefe de gabinete de Buenos Aires Cultura; Federico Ruvituso, director del museo; y los curadores Virginia Martín y Facundo Belén. Durante el acto también se realizó un homenaje al artista Lido Iacopetti, con la presencia de familiares.

La cuarta edición fue curada por Martín y Belén y contó con la producción del museo, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La feria se desarrolló en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata.

PLATEADA está organizada por Buenos Aires Cultura a través del museo, en colaboración con distintas instituciones del campo artístico. Según la organización, el balance de este año confirmó una feria que busca ampliar su alcance, profesionalizar sus herramientas y generar nuevas oportunidades para artistas y espacios de arte, con una atención específica sobre la producción bonaerense.

El cierre de la edición dejó además un agradecimiento a los espacios participantes, artistas, galeristas, coleccionistas, instituciones, equipos de trabajo, colaboradores y visitantes que formaron parte de la convocatoria.

Las víctimas, un hombre de 64 años y una mujer de 63, fueron trasladadas al hospital y quedaron fuera de peligro, debido a los debido a los golpes propinados con una varilla de hierro por el hombre de 32 años.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 461 C y 12 B, especificó 0221. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría escalado el paredón del frente del inmueble y accedido al interior a través de una ventana que se encontraba abierta. Estando adentro sorprendió a los propietarios que se encontraban en la cocina.

En ese lugar, el acusado tomó una varilla de hierro de unos 35 centímetros y golpeó a la pareja en la cabeza provocándoles un traumatismo craneal a ambos. Tras el ataque, se apoderó de dos teléfonos celulares —un iPhone con funda roja y un Samsung con funda azul— y abandonó la vivienda. Sin embargo, fue alcanzado y reducido por vecinos del barrio antes de que pudiera alejarse.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Comando de Patrullas Norte. Los policías hallaron al sospechoso inmovilizado por los vecinos y encontraron que entre sus ropas llevaba los dispositivos teléfonicos. Los aparatos fueron renocodiso por los dueños. Dentro de la vivienda, los efectivos también hallaron el arma utilizada durante el ataque, junto a manchas de sangre. Todos estos elementos quedaron secuestrados y fueron incorporados a la investigación como prueba.

La pareja fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet para recibir atención médica. Tras ser asistidos, los dos propietarios quedaron fuera de peligro.

El sospechoso quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial. La causa fue caratulada como “robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien dispuso la aprehensión formal y el traslado del acusado para prestar declaración. La Justicia deberá definir su situación procesal.

Se salvó de una golpiza en la calle

Un joven de 26 años fue rescatado por la Policía en la localidad misionera de Apóstoles luego de que un grupo de personas intentara agredirlo en la vía pública al acusarlo de haberlos engañado con presuntas promesas de trabajo en Brasil. Tras la intervención policial, el sospechoso quedó demorado y avanzó una causa por presunta estafa.

El episodio ocurrió días atrás en la esquina de López y Planes, donde efectivos de la Comisaría Primera advirtieron la situación mientras realizaban recorridas preventivas por la zona. De acuerdo con la información difundida por El Territorio, los agentes observaron cerca de las 19.50 que al menos ocho personas se abalanzaban sobre el joven, identificado como David R., por lo que intervinieron para dispersar al grupo y ponerlo a resguardo.

Según la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por una supuesta gestión laboral que el acusado ofrecía para facilitar trámites vinculados con empleos en territorio brasileño. A partir de esa propuesta, varias personas le habrían entregado dinero con la expectativa de avanzar con la documentación requerida para trasladarse y trabajar en ese país. Sin embargo, nunca se concretó.

El Territorio informó que al menos dos jóvenes, de 18 y 22 años, formalizaron una denuncia contra el sospechoso. Ambos aseguraron que le transfirieron una suma que superaba los 10.000 pesos para cubrir trámites relacionados con el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), un documento exigido para diversas gestiones en Brasil.

Tras ser retirado del lugar, David R. fue trasladado a una dependencia policial. La investigación continúa para determinar si hubo más damnificados y para avanzar con la notificación formal de la causa judicial en su contra por presunta estafa.

El homicidio ocurrió en el barrio San Carlos, en inmediaciones de 139 y 35. Álvarez y Medina mantenían conflictos desde hacía tiempo, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

La discusión, sin embargo, escaló hasta convertirse en un ataque mortal. Álvarez recibió varias heridas de arma blanca y murió como consecuencia de las lesiones.

Tras un llamado al 911 que alertó a las autoridades por un altercado vecinal y un herido, personal de la Subcomisaría La Unión se dirigió al lugar. Al llegar, se encontró con Álvarez tendido en la vía pública con una puñalada en el hemitórax izquierdo, sin signos vitales.

Fuentes del caso comunicaron que los policías comenzaron a recabar testimonios y testigos señalaron a Medina como responsable del ataque. El sospechoso, que vive a dos cuadras, no se había alejado de la zona y fue hallado rápidamente.

Los agentes lo identificaron por las lesiones visibles en sus brazos y espalda, además del estado de alteración que presentaba. Medina intentó resistirse a la detención, que finalmente se efectivizó tras un breve forcejeo.

Durante el operativo, además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con un extremo adaptado como manopla. Se sospecha que son los elementos que habrían sido utilizados en la agresión.

Parte de la secuencia previa al crimen quedó registrada en un video. En las imágenes que fueron difundidas por el medio platense 0221, se ve a Álvarez con un buzo azul y a Medina con uno rojo, enfrentados en plena vía pública. Durante la discusión, ambos aparecen con armas blancas en sus manos.

Una tercera persona, ubicada detrás de la víctima, filmó la escena. En la grabación se lo escucha decir a Medina: “Yo tengo un machete, gato”. De fondo, se ven vehículos circulando a pocos metros.

Segundos después, el altercado derivó en la violenta pelea que terminó con Álvarez gravemente herido. Las puñaladas en el torso y la espalda le provocaron su muerte.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, que deberá determinar la calificación legal definitiva del hecho a partir de las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas, la autopsia de la víctima, testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con los registros aportados a la investigación, Medina tenía antecedentes judiciales. Figuraba vinculado a tres causas por robo tramitadas en La Plata: la primera del 4 de noviembre de 2022, la segunda del 25 de abril de 2024 y la tercera del 18 de junio de 2025. Actualmente no registraba ninguna medida de captura activa en el sistema judicial.

Según las fuentes oficiales, Medina no cuenta con empleo en blanco registrado y arrastra deudas con una compañía financiera no bancaria que lo ubicaron en la situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la calificación más severa para un deudor.

Por su parte, Álvarez no tenía antecedentes ni medidas vigentes en los sistemas de seguridad consultados.

Un allegado se descargó en redes sociales contra Medina tras enterarse de lo ocurrido: “Ojalá te mueras en la cárcel por toda la maldad que hiciste en el barrio. Un pibito bueno era Braian”.

El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) celebrará su cuarta edición entre el 2 y el 9 de septiembre con sede principal en La Plata y una programación gratuita que incluirá funciones, homenajes, actividades especiales y espacios para la industria audiovisual.

La apertura será el miércoles 2 de septiembre a las 17:00 en la Sala Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, en la capital bonaerense. Durante esa jornada, el encuentro distinguirá a Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini, y también entregará un reconocimiento especial a Charly García.

La ceremonia incluirá una intervención musical de la Camerata Académica y el Coro de Niñas y Niños del Teatro Argentino, con un repertorio vinculado al cine. El acceso será libre y gratuito, con reserva previa online.

Después de la apertura, el festival exhibirá Una energía invisible me devora sin descanso, cortometraje dirigido por Ludmila Fontana y fotografiado por Mani Maureira. La obra fue semifinalista de los Student Academy Awards, la competencia estudiantil oficial de los Premios Oscar. El proyecto se realizó en el Taller de Tesis de la carrera de Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y está protagonizado por Lautaro Morán y Maite Aguilar.

La base principal del FICPBA será Cinema Paradiso, en 46 entre 10 y 11. Las charlas y actividades especiales se desarrollarán en el Teatro Argentino. También habrá funciones y encuentros en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

La programación también llegará a una subsede en Luján y a la Red de Salas Bonaerenses, con más de 100 pantallas en más de 60 municipios de la provincia.

La edición 2026 incluirá cinco competencias oficiales: Internacional de Largometraje de Ficción, Internacional de Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense.

A esa agenda se sumará la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, orientado a promover coproducciones, circulación de proyectos e intercambio entre actores del sector.

El festival también contará con un espacio para estudiantes de cine y disciplinas audiovisuales, con actividades pensadas para la formación y el intercambio.

Cuba, país invitado de honor

Cuba será el país invitado de honor de esta edición y tendrá una sección especial dedicada a su historia y a su producción cinematográfica.

Entre los títulos programados figuran Fidel de cerca, de Eduardo Flores Torres, Gabriel Beristáin y Roberto Chile, y Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés, de Fabien Pisani.

La programación internacional incorporará además secciones especiales como “A 50 años del golpe”, centrada en la memoria y la historia reciente a través del cine. Allí se incluyen Infancia clandestina, de Benjamín Ávila; Raymundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito; y Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain.

Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) e imputada en la causa por el fentanilo contaminado que causó la muerte de al menos 90 pacientes, ampliará su declaración indagatoria el próximo lunes ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. También estará presente la fiscal que impulsa la investigación, María Laura Roteta.

La ex funcionaria volverá a responder por su actuación al frente del organismo de control en el período en que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. produjeron y comercializaron los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo contaminados con las bacterias klebsiella pneumoniae y ralstonia mannitolifytica. La distribución de esas ampollas a hospitales y clínicas de todo el país derivó en muertes y lesiones graves que la Justicia federal investiga como la mayor tragedia sanitaria registrada en la Argentina.

El dictamen firmado Roteta y el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), propone encuadrar la conducta de Mantecón Fumado en el artículo 201 bis del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— respecto del lote 31.202, y en el artículo 200 —adulteración peligrosa para la salud— respecto del lote 31.244, en concurso real. La fiscalía también dejó abierta la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que prevé el homicidio agravado.

Por los mismos presuntos delitos es investigada quien fuera su superiora directa: Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT quien amplio su declaración indagatoria la semana pasada.

El aviso previo a la inspección: los chats que exponen al INAME

Uno de los hallazgos más graves del dictamen fiscal es que personal del propio INAME alertó a los laboratorios antes de las inspecciones, lo que les permitió tomar medidas para disimular irregularidades. El episodio más documentado ocurrió el 27 de noviembre de 2024, en la víspera de la inspección no programada en Laboratorios Ramallo. En el teléfono de Ana Laura Canil, directora del área de Fiscalización, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, allaron la siguiente conversación con Javier Tchukran (procesado y con prisión domiciliaria), director de HLB Pharma:

Javier: “Ana Laura como estás? Me comentó Antonio que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran el director de HLB".

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos.”

La fiscalía señala que esa advertencia permitió al personal del laboratorio trabajar hasta altas horas de la madrugada para intentar subsanar los incumplimientos más visibles. Pese a ese maquillaje de último momento, los inspectores encontraron de todas formas deficiencias críticas, lo que para el dictamen revela el estado real en que se encontraba el establecimiento antes del aviso.

El patrón se repitió en mayo de 2025, cuando la causa penal ya estaba abierta. Un mensaje en un grupo de WhatsApp integrado por el director técnico Antonio Maiorano (procesado y detenido) y empleadas de HLB, fechado el 11 de mayo de 2025, reproduce una advertencia que Ariel García (propietario, procesado y detenido) habría recibido: “Me acaba de avisar Ariel que mañana cae inspección, no se tiene que presentar nadie por esta semana porque está cerrado el laboratorio.” Para la fiscalía, ese aviso habría facilitado la destrucción de evidencias en la planta de HLB, simulada luego como un episodio de vandalismo.

Las irregularidades que el INAME detectó y no frenó

La inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo —con presencia física de los inspectores solo el primer día— arrojó un cuadro de incumplimientos que el acta clasificó como críticos y mayores. El fentanilo contaminado fue fabricado en ese mismo establecimiento entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, es decir, inmediatamente después de que los inspectores se retiraran. El dictamen fiscal enumera las fallas detectadas, ninguna de las cuales derivó en medidas inmediatas por parte de Mantecon Fumadó:

• Producción en áreas sin habilitación vigente. El laboratorio elaboraba medicamentos inyectables en sectores no autorizados por ANMAT.
• Uso de envases no aprobados. Los productos se fabricaban en ampollas plásticas distintas a las autorizadas por el ente regulador, sin aprobación previa.
• Fallas en el sistema de esterilización. Los inspectores no pudieron verificar la correcta ejecución del ciclo de esterilización, lo que comprometía directamente la garantía de esterilidad del producto terminado.
• Ausencia de un sistema formal de control de cambios. El laboratorio carecía del registro que permite rastrear cualquier modificación en los procesos productivos.
• Documentación incompleta y no correlativa. Los registros de lotes presentaban numeración irregular, investigaciones contradictorias sin resolución y el uso de un cuaderno informal sin referencia a procedimientos oficiales.
• Sin programa de producción formal. La inexistencia de planificación documentada impedía verificar la secuencia de fabricación y prevenir la contaminación cruzada.
• Recursos humanos deficientes. Se detectaron fallas en la gestión del personal vinculado a la producción de medicamentos estériles.
• Medicamentos fabricados sin rótulos ni prospectos aprobados. El laboratorio producía propofol y diazepam sin contar con la documentación reglamentaria exigida por ANMAT.
• Historial de retiros de mercado ignorados. Desde 2021, el INAME acumulaba expedientes por desvíos de calidad en productos de HLB —partículas en suspensión, hongos en envases, cambios de coloración, falta de eficacia— que el laboratorio no había resuelto.

El acta de inspección concluyó que Ramallo no podría utilizar sus áreas de elaboración hasta obtener un informe favorable del INAME. La propia fiscalía subraya que las inspectoras aclararon que el documento no pretendía ser un listado exhaustivo de todas las irregularidades, sino una evaluación de conformidad con la regulación vigente.

A pesar de ese cuadro, Mantecon Fumadó no firmó la carta de advertencia que sus propios técnicos le elevaron el 3 de enero de 2025 sino 38 días después, el 10 de febrero. La norma aplicable —Disposición ANMAT 1340/2020— establecía un plazo de dos días para expedirse. Mientras tanto, entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, Laboratorios Ramallo fabricó los lotes 31.202 y 31.244 del fentanilo contaminado con las dos bacterias multiresistentes a los antibióticos.

El eje de la acusación es una cadena de omisiones que, según la fiscalía, permitió que los laboratorios siguieran operando pese a las advertencias reiteradas de los propios técnicos del organismo.

El 8 de enero de 2025, técnicos del INAME elevaron a Mantecón Fumado un segundo instrumento: una carta de advertencia para prohibir la comercialización de todos los productos de la marca HLB. Esa carta nunca fue firmada. El 12 de mayo de 2025, el mismo día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes reportadas en el Hospital Italiano de La Plata, Mantecón Fumado devolvió el expediente a la directora de fiscalización solicitando una inspección previa.

La fiscalía calculó que si la carta de comercialización se hubiera firmado en los 23 días que transcurrieron entre su elevación y la primera entrega del lote contaminado a droguerías —el 31 de enero de 2025—, ninguna muerte se habría producido. Las masivas aplicaciones del fentanilo contaminado a pacientes se iniciaron en febrero de 2025.

Uno de los episodios más señalados por la acusación es la reunión del 14 de enero de 2025 en las oficinas de ANMAT, donde Mantecón Fumado y la entonces administradora nacional Nélida Agustina Bisio se encontraron con directivos de HLB y Ramallo —entre ellos Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García—. Según la fiscalía, en ese encuentro las funcionarias acordaron no firmar la carta de advertencia y se comprometieron a ayudar a los laboratorios a obtener rótulos y prospectos de medicamentos que fabricaban sin autorización del ente regulador.

Un chat recuperado por peritos del día siguiente confirma que representantes del laboratorio salieron de la reunión con esa impresión: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en Anmat, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Re bien predispuestas ambas, las dos.”

La investigación también determinó que el 14 de julio de 2025, cuando la causa penal ya estaba en curso, Mantecon Fumadó eliminó todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Intentó recuperarlos con un especialista en informática, sin éxito, según el dictamen pericial incorporado al legajo.

Otro dato que la fiscalía pone de relieve es una conversación del 6 de marzo de 2025 hallada en el teléfono de Bisio, en la que Mantecon Fumadó le avisó que personal de los laboratorios iría ese día al INAME. La respuesta de Bisio fue: “Que sea discreto la retirada a sus casas.” La reunión no tiene registro formal en el organismo.

El 16 de mayo de 2025, cuatro días después de iniciada la causa penal, un chat extraído del teléfono de Maiorano muestra que Tchukran le informó haber hablado ese día con Mantecon Fumadó en la ANMAT sobre el estado de los ensayos del fentanilo: “Hoy hablé con Mantecón fui al ANMAT y no les está creciendo nada”, según consta en el informe técnico elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Bisio apuntó contra Mantecón

En su ampliación de indagatoria Nélida Agustina Bisio, apuntó para defenderse contra Mantecon Fumadó, su subordinada y co-imputada. Dijo que era la responsable de las decisiones que la fiscalía investiga, y planteó que la ex titular del INAME pudo haberla usado deliberadamente para distribuir responsabilidades que eran exclusivamente de ella.

Bisio describió que fue Mantecon Fumadó quien la convocó a la reunión del 14 de enero de 2025 con directivos de HLB Pharma Group en la sede de ANMAT, con apenas dos días de anticipación y sin precisarle con quiénes sería ni la totalidad de los temas a tratar. Según su versión, Mantecon Fumadó le dijo únicamente que “solicitaba mi presencia porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden”. Bisio declaró que en ese encuentro “me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión”, mientras la entonces titular del INAME y los representantes de HLB protagonizaban un intercambio que describió como “acalorado”, con la directora del INAME defendiendo la tarea de los inspectores y los empresarios reclamando “efusivamente” que nunca les aprobaban los trámites.

La reunión no figuró en la planilla oficial de audiencias de ANMAT. Bisio explicó que eso se debió a que fue convocada internamente por Mantecon Fumadó, quien también la organizó con los representantes del laboratorio.

El episodio que más tensión genera en el relato de Bisio es la firma de la carta de advertencia de Laboratorios Ramallo del 10 de febrero de 2025. Ese documento lleva la rúbrica de ambas funcionarias, pese a que la normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— solo exige la firma de la directora del INAME. Bisio explicó por qué accedió a suscribirla: “Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona.” Y luego añadió la siguiente reflexión: “Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir.”

Sobre la demora en la firma de esa misma carta —que tardó 38 días cuando la norma fija un plazo de dos días—, Bisio declaró que Mantecón le explicaba en las reuniones que “había que hacer un proceso de inspección y de evaluación para llegar a la carta. Que no se podía inhibir con los solos antecedentes.” Según su relato, ella esperó el documento y cuando Mantecon Fumadó se lo remitió, lo firmó en menos de dos horas.

Bisio también describió el contexto institucional que, a su juicio, explica las demoras: el ministro de Salud, Mario Lugones le reclamaba a Mantecon Fumadó que actuara, y la respuesta de la directora del INAME era siempre la misma: “No tengo gente, no tengo inspectores”. Bisio confirmó que la planta de inspectores se redujo de 30 a 8 durante su gestión, en parte por los sueldos bajos y en parte por los recortes de personal exigidos desde el Ministerio de Salud.

Sobre el período previo a la inspección de noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo, Bisio declaró que la situación de ese laboratorio nunca le fue transmitida: “No, a mí no me la transmitieron; supongo que se hablaría intra INAME porque por alguna inconsistencia llegaron a la inspección. Esto me lo imagino yo.” Con esa respuesta, atribuyó a Gabriela Mantecon Fumadó—como titular del INAME— el conocimiento previo de los problemas de los laboratorios, y se desmarcó de cualquier responsabilidad anterior a la inspección.

Casualidad o no, después de esas aseveraciones la defensa de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos solicitó ampliar su indagatoria. Después de ese acto procesal, la defensa por excelencia de los imputados, el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de las dos ex funcionarias. Las profesionales fueron detenidas el 1 de agosto pasado. Quedaron en libertad tras depositar una fianza de 75 millones de pesos cada una y con la prohibición de salir del país como condición impuesta por el juzgado.

Alterado, con las manos ensangrentadas y varios cortes en los brazos y la espalda. Así encontró esta tarde la Policía Bonaerense a Alessandro Luis Medina, de 24 años, apenas minutos después de la salvaje pelea que terminó con la vida de su vecino en la localidad de San Carlos, en el partido de La Plata.

El violento episodio se desató pasado el mediodía en la zona de las calles 139 y 35, donde una discusión entre Medina y Braian Yamil Álvarez, de 26 años, derivó en un enfrentamiento fatal. Según la reconstrucción policial, ambos mantenían conflictos previos desde hacía tiempo.

Tras un llamado al 911 que alertó a las autoridades por un altercado vecinal y un herido, personal de la Subcomisaría La Unión se dirigió al lugar. Al llegar, se encontró con Álvarez tendido en la vía pública con una puñalada en el hemitórax izquierdo, sin signos vitales.

Fuentes del caso comunicaron que los policías comenzaron a recabar testimonios y testigos señalaron a Medina como responsable del ataque. El sospechoso, que vive a dos cuadras, no se había alejado de la zona y fue hallado rápidamente.

Los agentes lo identificaron por las lesiones visibles en sus brazos y espalda, además del estado de alteración que presentaba. Medina intentó resistirse a la detención, que finalmente se efectivizó tras un breve forcejeo.

Durante el operativo, además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con un extremo adaptado como manopla. Se sospecha que son los elementos que habrían sido utilizados en la agresión.

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes. El caso quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, quien requirió la intervención del médico forense y el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia, en el marco de una causa caratulada como homicidio.

Medina será indagado este domingo. No es la primera vez que enfrenta a la Justicia: tiene antecedentes por robos cometidos en 2022, 2024 y 2025, todos en jurisdicción platense. Actualmente no registraba ninguna medida de captura activa en el sistema judicial.

Según las fuentes oficiales, Medina no cuenta con empleo en blanco registrado y arrastra deudas con una compañía financiera no bancaria que lo ubicaron en la situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la calificación más severa para un deudor.

Por su parte, Álvarez no tenía antecedentes ni medidas vigentes en los sistemas de seguridad consultados.

Un allegado se descargó en redes sociales contra Medina tras enterarse de lo ocurrido: “Ojalá te mueras en la cárcel por toda la maldad que hiciste en el barrio. Un pibito bueno era Braian”.

La cuarta edición de la feria Plateada exhibirá una expansión que busca resolver una carencia del arte bonaerense: abrir una vía pública, gratuita y formativa entre los artistas y colectivos de la provincia y un mercado al que muchas veces no llegan.

En ese sentido, el encuentro que se realizará el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata (Av. 51 702), con entrada libre y gratuita, de 13 a 19 h, amplia su escala de 25 galerías y proyectos, en años anteriores, para presentar 39 espacios.

El cambio no será solo cuantitativo. La feria dejará la sala Pettoruti del Teatro Argentino y se mudará al hall principal y la plaza seca, una decisión que, según explicaron los curadores Virginia Martin y Facundo Belén, se centra en “conectar mejor el evento con la calle y atraer a públicos nuevos”. A esa ampliación se sumará una isla editorial con 11 proyectos y un espacio gastronómico pensado para captar al visitante casual.

En ese sentido, definieron a la feria como “una herramienta para profesionalizar proyectos de galerías y colectivos de artistas de la provincia”, en un circuito donde, según señalaron, “muchos creadores salen de la universidad sin saber cómo vender su obra o cómo presentarse a otras ferias”.

Ese aumento llegó después de una convocatoria que, según los organizadores, recibió cerca de 100 aplicaciones. La cifra fue leída como una señal de demanda en un campo todavía en construcción y con pocas instancias de visibilidad para espacios alejados de los centros de exhibición y del mercado.

La selección, sostuvieron, “no se orienta a artistas individuales”, sino que fue dirigida a galerías y colectivos, un criterio que, “busca ocupar un tramo que no cubren otras políticas del sector, como los salones”.

Desde lo curatorial, la expansión no implicó solo sumar stands, sino que se presente hasta tres artistas por proyecto para evitar propuestas sobrecargadas y construir una feria “más limpia y fácil de leer para el visitante”.

Ese ajuste también modificó la disposición espacial. Con el nuevo emplazamiento, la feria dejará el sistema de cruces y pasará a una organización lineal de paredes y frentes, con un recorrido abierto y una mejor visibilidad desde distintos puntos.

La feria tendrá además premios que se entregarán el sábado: el Premio Plateada a la obra destacada, bajo la curaduría de Jimena Ferreiro y Carolina Pinciroli.

Además, habrá tres proyectos invitados -Creadores de Imágenes, Sahuet y Belleza y Felicidad Fiorito- y una Isla Editorial, en la que se encontrarán editoriales y proyectos bibliográficos como Toxicxs, Industria mínima, La disgráfica, Eloísa cartonera, Morpurgo, Ripio, Arte x arte, Ligeia revista, Imprenta cooperativa, Editorial cita y Biblioteca Turma.

Esta expansión no solo se produce puertas adentro de la feria, sino que además diferentes instituciones y espacios expositivos prepararon propuestas, desde sus vidrieras, o abrirán sus puertas en relación al evento.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti presenta la intervención El traidor, a cargo de Pr0testa, en la vidriera del museo (calle 51 N° 525), con exhibición 24 hs visible desde la vía pública, mientras que en el Pasaje Dardo Rocha (calle 50 e/ 6 y 7) se pueden observar tres propuestas: Reliquia de Emilia Hendreich en el Espacio E - Macla, 40 años de vacaciones de Andrés Compagnucci en la Nave Central y Neoinformalismo zen, con curaduría de Florencia Morel, en la Sala C del Centro de Arte de la UNLP.

Allí también, calle 48 e/ 6 y 7), se suman Soportar la representación de José Luis Landet en la vidriera Bicentenario; Materialidades de la memoria. Archivo Romero por/venir y Javier del Olmo, con curaduría de Fernando Davis, en vidriera y sala A; el cortometraje Fueron las hormigas de Sergio Vega en la sala D; y Las pasiones de las historias del arte, con curaduría de Guille Mongan, en la Sala B.

En Universidad del Este (7 e/ 41 y 42) se expone En azul de Francisco Ungaro en la vidriera, mientras que en Fundación OSDE (calle 50 N° 925) se presenta In der pampa Guillermo Düvelmeyer (1893-1959) de Gabriela Francone.

Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico abre su colección en la Sala Centauro; residencia Corazón (calle 2 N° 736) exhibe Diario de una caída libre de Julia Dron junto a un estudio abierto con Chantal Blackburn; y la galería NN (calle 49 N° 719), PreseNNe, una muestra colectiva por los 10 años del espacio.

Desde el sector institucional, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano y el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata mostrarán colecciones patrimoniales bonaerenses.

Plateada es una iniciativa del estado provincial, a partir del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, con Florencia Saintout como presidenta del organismo, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti con Federico Ruvituso como director.

Galerías/ proyectos participantes

Vincent, Sur boreal, Geómetras, Cösmiko, Club de la pintura, Crystal, Planta alta, Un galpon, Estudio fortuna, Oblicuo, M.O.N.T.Ó.N, Don Bardo, Un galpón (La Plata); De Sousa, Selva negra, Acéfala, Tallerx_, Saga, Amorada, Imaginario, Tiempo (CABA); Departamento 112 (Martínez); Lapontiana (General Villegas); Cresteo (Tornquist); Ministerio de la pavada, Ramal (Necochea); Cálamo (San Nicolás); Mapa (Las Flores); Casa taller (Trenque Lauquen); Isidoro (Coronel Suárez); Cueto (Mercedes); Frecuencia cultural (Bahía Blanca); Colectivo vértebra (Berisso); Inteligencia colectiva (Mar del Plata); Colorado (Resistencia, Chaco); La Portland (Paraná, Entre Ríos); Sentimental (San Juan); Rayo (Villa General Belgrano, Córdoba), y las itinerantes Ageneradas y Fruta madura nueva fortuna.

*Feria Plateada, 28, 29 y 30 de agosto, en el Teatro Argentino de La Plata, Av. 51 702. Entrada: Libre y gratuita

Nélida Agustina Bisio, médica psiquiatra y ex directora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), amplió su indagatoria ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N° 3 a cargo del juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa por el fentanilo contaminado que causó la muerte de 90 personas y dejó a otras 41 con secuelas. La imputación que le formuló la fiscalía señala que, en su carácter de máxima autoridad del organismo regulador, omitió adoptar medidas propias de su cargo para velar por la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos elaborados por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA, pese a contar con conocimiento suficiente del riesgo sanitario. Según el expediente, esa omisión configuró “una cobertura estatal permisiva del funcionamiento de ambos establecimientos en las condiciones que lo hicieron”.

La ex funcionaria de La Libertad Avanza se defendió aludiendo desconocimiento técnico: “Era una funcionaria de carrera. A partir de diciembre de 2023 tenía que dirigir y administrar el ANMAT pero al final las decisiones las tomaba cada instituto”, declaró, y agregó: “Todos mis años tuvieron que ver con otras tareas y nada que ver con la Fiscalización o las Inspecciones”. Con el mismo argumento desligó al Ministerio de Salud, al afirmar que el ministro Mario Lugones “también desconocía, igual que yo, cómo se llegaba a los incumplimientos (de los laboratorios) y cómo era el proceso posterior a eso”. A la vez, señaló que fue Lugones quien impulsó sanciones: “Lo que me instruyó el Ministro es que todos los que estén en esa situación (irregular, de incumplimientos a las normas) tienen que seguir el mismo camino, con urgencia”.

En la causa está acreditado que el fentanilo contaminado con las bacterias multirresistentes correspondía a los lotes 31202 y 31244, producidos por Laboratorios Ramallo SA exclusivamente para HLB Pharma Group entre el 18 y el 19 de diciembre de 2024, y liberados al mercado el 4 y 6 de enero de 2025.

A lo largo de su extensa declaración, volcada en 134 fojas a las que accedió Infobae, la médica especialista en psiquiatría negó los hechos enrostrado por la fiscal federal María Laura Roteta, dijo no recordar circunstancias y eludió respuestas en al menos 39 oportunidades contabilizadas en el expediente: 15 negaciones directas ante preguntas concretas de la Fiscalía y el tribunal, 18 respuestas del tipo “no recuerdo”, “no sé” o “no puedo precisar” —sobre fechas, contenidos de correos, plazos, identidades de interlocutores y decisiones propias—, y 6 casos en que respondió con suposiciones, desplazó la pregunta hacia terceros o no dio una respuesta concreta.

Entre los hechos que no recordó figuran qué se respondió a una consulta formal de la provincia de Buenos Aires sobre los productos de Ramallo, cuándo exactamente le comunicó al ministro las conclusiones de la reunión del 14 de enero de 2025 (entre ella, Mantecon Fumadó y los directivos de HLB y Ramallo) y cuál era el plazo que tenía el Instituto Nacional de Medicamentos para expedir una carta de advertencia ante deficiencias críticas.

La inspección a Ramallo y lo que encontraron

La inspección al Laboratorio Ramallo se realizó en noviembre de 2024. Bisio declaró que no supo con anticipación que se llevaría a cabo y que tomó conocimiento de los resultados “unos días después de que cerraron el acta, creo que fue a fin de diciembre, entre navidad y año nuevo, me parece”. Las deficiencias detectadas fueron clasificadas como críticas y mayores. Días después allí se elaboró el potente anestésico adulterado.

Bisio describió las irregularidades que se trataron en la reunión posterior del 14 de enero de esta manera: “No te las puedo enumerar. Había algunos de medicamentos que no tenían rótulos y prospectos aprobados por ANMAT”.

Ante la pregunta de si tomó alguna medida frente a esa situación en su carácter de autoridad máxima de control, respondió: “No en particular en ese punto”., como ya había dicho Mantecon ‘va a Carta’, yo descansaba en la posibilidad de inhibir todo con la Carta”.

La Carta de Advertencia, que inhibió a Laboratorios Ramallo de producir medicamentos llegó a su despacho el 10 de febrero de 2025 (el fentanilo mortal ya se había fabricadi). “Yo no me acuerdo la hora pero una hora y media, dos horas después, yo ya la había firmado”, declaró. A partir de ese momento, el laboratorio quedó inhibido para producir, a la espera de nueva documentación y una nueva inspección que nunca se completó antes de que estallara la crisis del fentanilo.

Violencia, gritos y una oferta de ayuda al laboratorio

La reunión del 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, en Avenida de Mayo, fue convocada para analizar las deficiencias e incumplimientos detectados en Laboratorios Ramallo. Bisio la introdujo espontáneamente en su descargo para dejar en claro que su presencia allí no era su función: “A mí no me correspondía estar en esa reunión, no era mi función en absoluto hacer reuniones con los laboratorios y menos con un tema que se refería a analizar las deficiencias y los incumplimientos”.

Según su relato, fue Gabriela Mantecon Fumadó, su subordinada, ya que el INAME, depende la de ANMAT, fue quien la convocó días antes por teléfono: “Me pidió si podía acompañarla en una reunión con la gente de Ramallo. Yo pregunté por qué requería mi presencia, ella me dijo que por las características de las personas que iban a venir, quería dar más institucionalidad con mi presencia”. También dijo que fue Mantecon Fumadó quien eligió hacerla en la ANMAT y no en el INAME.

La reunión entre las entonces funcionarias y los empresarios está bajo investigación judicial. También el hecho que desde el INAME se les avisaba cuando se hiban a realizar las inspecciones. Según Bisio la reunión fue un episodio de tensión extrema: “Yo nunca había asistido a una reunión con ese nivel de violencia”. Estaban los dueños de Ramallo, el director técnico y otro integrante. El que habló fue Ariel García, a quien Bisio identificó como uno de los dueños: “Muy acaloradamente, él estaba parado porque nunca se sentó. Decía en voz muy fuerte que ‘el ANMAT la tiene con nosotros... Nos persiguen con todos los expedientes’”. Bisio agregó que Mantecon Fumadó le había advertido de antemano que García “gritaba siempre”.

Sobre el desarrollo de la reunión, Bisio declaró que fue Mantecon Fumadó quien llevó la voz cantante —“yo iba a estar de apoyo porque desconocía del tema”— y que los temas tratados fueron difusos: “No hablando de algo en particular, mencionaron algo de los envases (ampollas pláticas no autorizadas por la ANMAT), pero Gabriela era la que sabía”.

Lo que sí recordó con precisión fue un ofrecimiento que también compartió a la Justicia. Según su declaración, al terminar la reunión, Mantecon Fumadó le dijo cuál sería la medida que se adoptaría contra los laboratorios de Ariel García por las irregularidades detectadas en noviembre de 2024: “Vamos a carta de advertencia”, es decir a inhibir la producción de medicamentos. Desde ese momento, según su relato, no hizo más que presionar para que llegara ese momento que se dilataba: “En todo momento la consultaba ‘¿cuánto falta?“, para la sanción al laboratorio.

Qué dijo sobre los laboratorios y Ariel García

Bisio describió a los laboratorios y a propietario con términos que no dejaron margen de duda sobre la conducta que les atribuye. Estas son sus afirmaciones textuales:

• Sobre la violencia en la reunión: “Yo nunca había asistido a una reunión con ese nivel de violencia”.
• Sobre Ariel García: “Hablaba muy acaloradamente, él estaba parado porque nunca se sentó. Decía en voz muy fuerte que ‘el ANMAT la tiene con nosotros... Nos persiguen con todos los expedientes’”.
• Sobre el comportamiento de García con los inspectores expresó: “Mantecon Fumandó me dijo que García gritaba siempre”.
• Sobre el trato a los inspectores en las visitas previas: “Los inspectores, las veces que fueron a Ramallo recibieron malos tratos, desplantes, o estaba cerrado. Hay muchos cuentos al respecto, que estuvieron más de ocho horas en una inspección y no les llevaron un vaso de agua. Era gente compleja y ante cualquier cuestión, se saltaba a una discusión”.
• Sobre por qué nadie quería ir a inspeccionar: “En este caso puntual, nadie quería ir ni a HLB ni a Ramallo. Nadie”.
• Sobre amenazas a inspectoras tras una visita: “Relataron que después de una inspección, las siguieron y las amenazaron (porque no estaba escrito el resultado). “Era gente compleja y ante cualquier cuestión, se saltaba a una discusión”.
• Sobre la información que le dio el INAME respecto de HLB Bisio aseguró: “La gente del INAME me dijo que HLB no tenía riesgo porque comercializaba sólidos nada más, lo que producía eran sólidos, que vienen a ser comprimidos. Es muy difícil que tengan problema esos medicamentos”. En este punto la fiscalía le señaló que HLB también comercializaba líquidos, como propofol y Fentanilo a los que la ex jefa de la ANMAT respondió:“Sí”.

Las imputaciones y críticas a Mantecon Fumado

La estrategia central de Bisio fue trasladar la responsabilidad operativa y decisional al INAME y, en particular, a Mantecon Fumadó. A continuación, sus afirmaciones textuales:

• Sobre quién debía tomar las decisiones respecto de los laboratorios dijo: “Mantecon, es el INAME quien tiene que tomar estas decisiones”.
• Sobre que no le transmitió la situación de los laboratorios antes de la inspección de noviembre de 2024 expuso: “A mí no me la transmitieron nada, supongo que se hablaría intra el INAME porque por alguna inconsistencia llegaron a la inspección. Esto me lo imagino yo”.
• Sobre la ausencia física de Mantecon en el INAME durante el período crítico: “no estaba yendo físicamente porque tenía al marido internado. Estaba al teléfono”.
• Sobre la demora en la Carta de Advertencia y la presión que ella en persona debió ejercer dijo que fueron: “Insistentes pedidos permanentes de mi parte y consultas del estilo de ‘¿cuánto falta? ¿Cuándo la mandás?’”.
• Sobre no haberle comunicado la existencia del proyecto de carta de advertencia para prohibir la comercialización de HLB Bisio relató: “Mientras que estaba en la administración, no me enteré. Es un expediente que nunca pasó por mi bandeja ni tampoco tenía conocimiento que estaba transcurriendo eso”.
• Sobre la insistencia que debió ejercer para que le enviaran el informe de antecedentes de HLB dijo: “Es un poco escalofriante porque es mucho lo que le insistí. “Tanto era la insistencia que le pedí después a la subadministradora, Enriqueta Pearson, que también colaborara en el pedido, porque los días pasaban”..

En defensa del Ministerio de Salud

A lo largo de su declaración, Bisio construyó una defensa paralela en favor del Ministerio de Salud y del ministro Mario Lugones, a quienes presentó como actores que desconocían los tecnicismos del proceso regulatorio y que, cuando tuvieron información, impulsaron sanciones.

Atribuyó la caída del plantel de inspectores —de 30 a apenas 8 durante su gestión— a las directivas del propio Ministerio: “Hay que agregar el pedido de recorte presupuestario desde el primer día. Había reuniones del gabinete al que asistíamos todos los organismos descentralizados de la órbita del Ministerio, y bajo el concepto de que había que achicar el Estado, pidieron en dos ocasiones baja de personal”.

Equiparó su propio desconocimiento técnico con el del ministro: “El ministro lo que decía en general, es que todos tienen que cumplir, eso es así, pero él también desconocía, igual que yo, cómo se llegaba a los incumplimientos y cómo era el proceso posterior a eso”. Señaló que fue Lugones quien instruyó actuar con urgencia una vez que tuvo conocimiento de la situación: “Lo que me instruyó el Ministro es que todos los que estén en esa situación tienen que seguir el mismo camino, con urgencia. Esto fue cuando se firmó la Carta de Advertencia. Después de la Carta tuvo mucha insistencia. Ya se transformó en una directiva particular”.

Bisio, nombrada como jefa de la ANMAT por el gobierno de Javier Milei, describió a Lugones como alguien que presionaba a Mantecon Fumadó para que actuara: “El ministro le decía que lo haga (las inspecciones a los laboratorios), entonces Mantecon le decía ‘no tengo gente, no tengo inspectores’”.

En otro tramo de la larga indagatoria Bisio señaló que Lugones había pedido expresamente el cierre de todos los laboratorios incumplidores: “En una de esas reuniones, pidió que todos los laboratorios que estuvieron en esa condición de incumplimiento (como Ramallo) corrieran la misma suerte, los cerrasen”.

Bisio declaró que le explicó al ministro que era una carta de advertencia porque él lo desconocía: “Él me preguntó ‘qué era una carta de advertencia y los alcances que tenía’, yo un poco le expliqué, esto de la inhibición de la producción básicamente, y comercialización”. Al relatar el momento en que firmó las disposiciones de prohibición en mayo de 2025, tras la confirmación de la contaminación y las primeras muertes, dijo: “Me acuerdo que se lo comuniqué al Ministro y estaba muy contento porque él quería cerrar HLB”.

Enterada de las declaraciones de su ex jefa y del aporte de material en la causa sobre antecedentes de irregularidades de Laboratorios Ramallo en el cumplimiento de las Buenas Normas de Fabricación de medicamentos sin que el INAME aplicara sanciones, Mantecón Fumadó solicitó ampliar su indagatoria. La medida se realizará en el día de hoy.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido luego de que una pelea familiar termine a los tiros en La Plata, donde resultó herido su pareja y su suegro. El episodio tuvo lugar en una casa ubicada 62 entre 115 y 116, en el barrio El Mondongo y quedó bajo investigación judicial.

De acuerdo con el medio 0221, el acusado de 43 años, presta funciones en la División de Bomberos de esa fuerza y posee jerarquía de inspector. Los primeros datos incorporados a la investigación señalan que el episodio comenzó dentro de la vivienda, donde el hombre mantenía una discusión con su pareja, una mujer de 35 años. Según esa reconstrucción preliminar, en medio del conflicto el efectivo no le permitía retirarse de la casa.

Frente a ese escenario, la mujer decidió comunicarse con su padre, un hombre de 62 años, para pedirle ayuda. El hombre llegó poco después a la vivienda en el barrio El Mondongo. A partir de ese momento, la escena sumó un nuevo nivel de violencia. El padre de la mujer llegó armado al lugar y se produjo un enfrentamiento con su yerno. La mecánica exacta del episodio todavía no fue determinada por completo, por lo que la Justicia intenta establecer cómo comenzó el intercambio de disparos, cuál fue la participación de cada uno de los involucrados y en qué contexto preciso resultaron heridas las dos víctimas.

Los primeros datos del caso señalan que el hombre de 62 años recibió un balazo en la pierna derecha, mientras que la mujer de 35 sufrió una herida en la pierna izquierda. Los dos heridos permanecían conscientes cuando llegó la asistencia médica, según 0221. Una ambulancia del SAME los trasladó luego a un centro de salud para la atención correspondiente.

Tras un llamado al 911, los agentes encontraron a los heridos en la vivienda y avanzaron con la detención del policía, señalado como principal sospechoso del tiroteo. Después del procedimiento, el aprehendido fue llevado a una dependencia de seguridad y quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias y se toman declaraciones.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos armas de fuego. Detallaron que se trató de una pistola Bersa Thunder con cargador y otra pistola Taurus, también con cargador. Ese material quedó bajo análisis pericial para determinar cuál fue la secuencia exacta de disparos, cuántos impactos hubo y qué arma utilizó cada involucrado.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. La calificación inicial mencionada por las fuentes es “privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio”, una carátula provisoria que podría modificarse a medida que avance la pesquisa y se incorporen nuevos elementos de prueba. Entre las primeras medidas ordenadas figura el trabajo de peritos en la escena, además de la evaluación de testimonios.

La evaluación médica inicial que se realizó después del tiroteo indicó que las víctimas estaban fuera de peligro. Ese dato permitió ubicar el episodio dentro de una investigación por lesiones y tentativa, aunque la causa se encuentra en una etapa inicial. El estado de salud de los heridos, junto con las declaraciones que puedan brindar, será determinante para establecer qué ocurrió dentro de la casa.

Por ahora, la fiscalía concentra sus esfuerzos en reconstruir minuto a minuto la secuencia, determinar el rol del policía detenido y precisar el grado de participación del suegro que llegó armado al domicilio. Con las armas ya secuestradas y las pericias en marcha, la causa avanza sobre un expediente que quedó abierto tras uno de los hechos policiales más delicados de las últimas horas en La Plata.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires coordinó y ejecutó un operativo de aeroevacuación de alta complejidad que trasladó a los dos sobrevivientes del brutal accidente en la Cuesta del Lipán desde la provincia de Jujuy hasta La Plata. Por el siniestro, dos mujeres perdieron la vida.

El operativo se realizó el último sábado y fue calificado por las autoridades como uno de los traslados aéreos sanitarios de mayor envergadura llevados a cabo por la provincia.

Los dos pacientes son padre e hijo: Narciso González, de 60 años, y Favio Hernán González, de 37 años, ambos oriundos de Alejandro Korn, localidad del partido de San Vicente.

La familia viajaba de vacaciones por el norte argentino cuando la camioneta Toyota SW4 en la que se desplazaban perdió el control y cayó por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán, a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un corredor de montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña. Ambos sufrieron múltiples traumatismos musculoesqueléticos y fracturas.

La solicitud de traslado llegó a la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria —dependiente del Ministerio de Salud bonaerense— y el dispositivo se puso en marcha de inmediato. El avión sanitario partió rumbo a Jujuy y aterrizó en esa provincia a las 13:30. Completada la evacuación, el regreso concluyó en La Plata a las 20:30 del mismo día.

Uno de ellos fue derivado al Hospital Provincial Rossi y el otro al Hospital Provincial San Martín, donde ambos continúan con sus respectivos tratamientos bajo atención especializada.

Para este tipo de operativos, la Dirección Provincial de Aeronáutica pone a disposición del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) un avión Gran Caravan, diseñado para operar en pistas cortas y de pasto, junto a un helicóptero H145 destinado a emergencias sanitarias. La distancia recorrida y las características del caso llevaron a las autoridades a catalogar este traslado como uno de los de mayor complejidad en la historia reciente de la provincia.

El accidente que motivó el operativo ocurrió el domingo anterior —días antes del traslado— en circunstancias que la fiscalía interviniente aún investiga. La camioneta, alquilada por el grupo familiar para recorrer los atractivos de Salta y Jujuy, se despistó en una de las curvas de la Ruta Nacional 52 y cayó por el barranco. Las características del terreno y la violencia del impacto dificultaron las tareas de rescate, en las que participaron bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias durante varias horas.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron sin vida a Silvia Rosana Amaro, de 58 años, esposa de Narciso González y madre de Favio. Los otros cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy.

Entre ellos, Lorena Paola González, de 33 años, hija de Silvia e integrante del grupo familiar, presentó desde el primer momento el cuadro más grave: traumatismo encefalocraneano, traumatismos en tórax y abdomen, midriasis y pérdida del conocimiento. Internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria, fue diagnosticada con muerte cerebral días después del accidente y a los pocos días falleció. El quinto ocupante del vehículo, Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena, permanece internado en una clínica de la provincia de Jujuy.

La fiscalía interviniente ordenó una serie de peritajes para determinar las causas del despiste. Los investigadores buscan establecer si existió una falla mecánica, un error humano, condiciones adversas del camino o cualquier otro factor que haya incidido en el siniestro. Peritos especializados analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho.

Según comunicaron las autoridades, la posibilidad de llevar a cabo traslados aéreos permite acortar los tiempos de derivación y garantizar que pacientes bonaerenses que se encuentran en otras provincias puedan acceder a la atención de mayor complejidad dentro de la red pública de salud provincial.

El 5 de octubre de 2011, Marisol Günther fue hallada muerta en su casa de La Plata. Aunque la causa fue archivada sin imputados, su madre Patricia Godoy sostiene que la joven de 19 años fue víctima de un femicidio. Mientras todavía reclamaba justicia por su hija, cuatro mujeres fueron asesinadas, en el caso que sería conocido como el cuádruple femicidio de La Loma y que ubicaría como sospechoso a su vecino Osvaldo “Karateca” Martínez.

Las víctimas fueron Susana De Barttole (63), Bárbara Santos (29), Micaela Galle (11) y Marisol Pereyra (35). Godoy, que vivía cerca de quien fuera uno de los principales sospechosos del múltiple crimen, fue citada como testigo en la causa. La mujer dijo haberlo visto llegar a su casa durante la madrugada.

Catorce años después, aquella declaración terminó con Godoy condenada a 4 años y 6 meses de prisión por falso testimonio.

Ahora, mientras cumple prisión domiciliaria, Godoy busca que el Tribunal de Casación bonaerense la absuelva.

Su defensa —integrada por Ignacio Fernández Camillo, Agostina Balastegui y Andrés Emanuel Noetzly— sostiene que no se probó que hubiera mentido y sumó un nuevo elemento a la disputa judicial: denunció a Martínez por presunto falso testimonio agravado por lo que declaró bajo juramento en el juicio contra la mujer. La presentación fue realizada el 5 de agosto pasado ante la Fiscalía General de La Plata.

En un intento por revertir la sentencia, la defensa de Godoy presentó un memorial ante la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense. En ese escrito de casi 40 páginas, al que tuvo acceso Infobae, cuestionó la valoración de la prueba y la construcción del nexo causal sobre el que se basó la condena.

“La condena de Patricia Godoy se sostiene sobre la premisa de que su testimonio perjudicó a Osvaldo Martínez”, plantearon los abogados. Uno de sus principales argumentos es cronológico: el “Karateca” había sido detenido el 19 de diciembre de 2011, dos días antes de que Godoy declarara por primera vez.

Martínez fue liberado el 4 de enero de 2012 y volvió a ser detenido en mayo de ese año, cuando el juez señaló como nuevo elemento la declaración de Javier Edgardo “La Hiena” Quiroga, finalmente condenado a prisión perpetua por el cuádruple femicidio.

Por eso, los abogados sostienen que no está probado que los dichos de Godoy hayan sido determinantes para mantener preso a Martínez. “No existe en toda la causa una resolución firme que impute al testimonio de Patricia el perjuicio que hoy se le atribuye como fundamento de la agravante”, señalaron.

La defensa también cuestionó una interpretación que, sostiene, se repitió a lo largo de los años: Patricia nunca declaró haber visto a Martínez en la escena del cuádruple femicidio. “Declaró haberlo visto ingresar a su propio domicilio”, remarcaron.

Según el memorial, incluso los datos de las antenas telefónicas analizadas para descreer de su relato ubicaban a Martínez en su domicilio o cerca de allí durante esa franja horaria. Para los abogados, el elemento utilizado para poner en duda la declaración de Godoy, en rigor, resultaba compatible con lo que ella había dicho haber visto.

Por estos motivos, la defensa pidió que se revoque la sentencia y Godoy sea absuelta, además de reclamar una reparación integral en los términos del artículo 477 del Código Procesal Penal bonaerense.

Otro de los ejes del planteo está relacionado con el uso de estereotipos de género para valorar la credibilidad de Godoy. “Se utilizaron estereotipos de género, como el de la ‘mujer mendaz’, la fabuladora o la mujer estratégica, para descalificar a la imputada”, sostuvieron. En ese sentido, los abogados cuestionaron que el duelo por la muerte de Marisol, su acercamiento a movimientos feministas y su empatía con otras víctimas de violencia de género fueran utilizados para construir un supuesto motivo para mentir contra Martínez.

El propio fiscal adjunto ante Casación, Luciano Javier Marino, reconoció que durante el juicio hubo “un inadecuado uso de estereotipos de género” en las preguntas dirigidas a Godoy sobre su “causa feminista”. Sin embargo, consideró que ese aspecto no había sido determinante para condenarla, algo con lo que la defensa discrepa.

A ese argumento se suma otro de los cuestionamientos de los abogados: Godoy nunca tuvo la oportunidad de ser escuchada personalmente por un tribunal en el proceso seguido en su contra. No declaró en su indagatoria de 2017 ni durante el debate oral de 2025.

“Me dijo que yo no tenía que declarar. Ella sola hablaba”, explicó ante Casación sobre la estrategia de su anterior defensora. Para sus actuales representantes, esa situación también debe ser analizada como parte de una revictimización institucional.

La defensa también objetó que “el Ministerio Público Fiscal utilizó su propio interrogatorio como prueba de mendacidad”. Según explicó, algunos de los detalles que luego fueron considerados como agregados sospechosos al relato de Godoy habían surgido de preguntas formuladas por la propia Fiscalía durante sus sucesivas declaraciones.

En el recurso también se incorporaron los resultados de las pericias psicológicas oficiales, que descartaron que Godoy presentara “patologías psiquiátricas previas” y establecieron que “su juicio es crítico”. Durante el proceso, sin embargo, se analizaron las consecuencias que había provocado en ella la muerte de su hija.

En marzo de este año, durante la audiencia en la que se discutió la morigeración de su detención, declaró el psicólogo Xavier Oñativia, especialista en victimología y psicología forense de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Explicó que un duelo traumático “se cristaliza” y puede quedar “detenido en el tiempo”. También se refirió a los efectos de la revictimización institucional.

Las consecuencias de la muerte de Marisol también aparecieron durante la audiencia celebrada el pasado 11 de agosto. Godoy relató que llegó a pasar 17 días sin poder dormir y que, durante aquellos primeros días posteriores a la muerte de su hija, salía de su casa para distraerse porque no quería permanecer en el lugar donde había ocurrido el hecho.

Ante los jueces, además, volvió a reclamar justicia por Marisol antes que por su propia situación. “Que me escuchen y que vean la causa de mi hija. Hasta el día de hoy sigo esperando la Justicia”, afirmó.

“Quiero saber qué es lo que pasó. Yo sabía que ella estaba peleada con el novio. El novio fue; los vecinos escucharon que ella discutió con el novio…”, reconstruyó al reiterar sus sospechas de que la muerte de Günther se trató de un femicidio.

La investigación fue archivada definitivamente en 2016 sin que se individualizara a ningún imputado. En el memorial, la defensa señaló además una serie de falencias en aquella pesquisa: se extraviaron fotografías de la escena, no se realizó una pericia dactiloscópica sobre un elemento hallado junto al cuerpo y no se recolectaron muestras de las uñas de la joven.

Ahora, Godoy espera que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense resuelva el pedido con el que busca revertir su condena.

A mediados de este último mes, una de las historias criminales más inquietantes de los últimos tiempos trascendió en La Plata. Años atrás, el escaneo de ojos por dinero se había convertido en un furor callejero, con el debate ético correspondiente. A dónde iban esos datos biométricos, quién sabía.

Hoy, la fiscal Betina Lacki investiga bajo la firma del juez Agustín Crispo una asociación ilícita integrada por la ex empleada judicial Albertina Mangini y el financista Ignacio Marchioni, dedicada a la compra de datos de presos en el Patronato de Liberados platense para la creación de cuentas para canalizar dinero a gran escala. El monto sospechado ciertamente llamó la atención del público: la Justicia detectó movimientos por, al menos, $27 mil millones, casi 18 millones de dólares al valor oficial actual.

El expediente comenzó en 2024, dos años atrás, con una ola de allanamientos a cargo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA que ocurrió a mediados de mes. Mangini y Marchioni fueron capturados, junto a un tercer sospechoso, Mauro Perrotta. El juez Crispo, que había autorizado sus detenciones, denegó los pedidos de eximición de prisión de las defensas de los tres acusados la semana pasada. La Cámara platense, con los jueces Oyhamburu, Rezzonico y Dalto, rechazó un hábeas corpus planteado por el abogado de Mangini días atrás.

La calificación del caso es intensa: asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad, por ser cometido como miembro de una asociación y por su comisión por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en el caso de Mangini. Los tres no son los únicos sospechosos. La fiscal Lacki pidió los arrestos de otros tres jugadores, entre ellos, un empresario del negocio cripto: sus nombres fueron detectados en el análisis de movimientos de dinero. Sin embargo, el juez Crispo rechazó los planteos de detención, a la espera de más pruebas.

La trazabilidad de una serie de billeteras virtuales es la clave del caso, con una fiscal y un juez que buscan completar la ruta del dinero. Hay, por lo menos, 569 números de CUIT involucrados. Se sospecha que las cuentas supuestamente creadas con datos biométricos obtenidos a traición habrían sido utilizadas para canalizar plata de casinos online ilegales, según diversos hallazgos en el expediente.

El juego clandestino no sería lo único. $27 mil millones de pesos implican una capacidad de canalización que no solo podría satisfacer a la timba clandestina. Para los investigadores, tiene que haber algo más. En paralelo, existe un organigrama de causas con posibles vinculaciones a la causa principal. Por lo pronto, se secuestró gran cantidad de teléfonos celulares y computadoras a los acusados, que podrán ser peritados.

Ahora, ¿de dónde sale la cifra de los $27 mil millones? Precisamente, de los movimientos analizados en el caso. La principal pericia del caso apunta directamente al financista Marchioni, ligado a la zona financiera cero del caso, lo que los investigadores llaman “la cuenta madre”.

La pericia

El informe del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, al que accedió Infobae, da cuenta de que “Ignacio Leonel Marchioni, de su operatoria en LB Finanzas, en el período comprendido entre el 28/11/2022 y el 01/09/2023 se identificaron 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT distintos”.

“Los ingresos de terceros totalizaron $266.361.641,94 y los egresos hacia terceros $749.935.913,44; de su operatoria en Haz Pagos se identificaron 167 movimientos completados entre el 21/07/2025 y el 28/10/2025: 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14. El flujo bruto alcanzó $27.149.888.153,28″.

¿Por qué se habla de juego clandestino en la causa? Por una serie de referencias. Todavía no se halló un casino online ilegal per se. Se encontró, por ejemplo, un teléfono marplatense a nombre de Mauro Perrotta, marplatense él mismo, comerciante y empresario, dedicado al negocio de los gimnasios. El teléfono se encontraba agendado como “Casino 24 Horas”, según el expediente. Otro correo registrado con los datos de una presunta víctima contenía el término “sinoca”, o “casino” al revés.

Esa cuenta fue creada a nombre de la denunciante original del caso, una ex empleada de limpieza de una empresa tercerizadora que cumplía funciones en el Patronato de Liberados, donde trabajaba Mangini, una mujer que cobró 80 mil pesos por entregar el secreto de sus ojos. Entregar ese secreto le impidió, entre otras cosas, jubilarse.

La denuncia

La acusación que disparó el caso fue presentada el 6 de enero de 2025. La mujer aseguró que “en los primeros días del mes de noviembre del corriente año, no recuerda con precisión la fecha, concurre a la oficina de ANSES de Ensenada a solicitar ingresar a la moratoria, a fin de poder jubilarse. Cuando ingresan al sistema le informan que la solicitud fue rechazada por AFIP, y la derivan a la AFIP”, asegura el expediente.

Allí, en AFIP, le informaron que en el mes de junio de 2024 la dicente había realizado una transferencia por $3.500.000″. La mujer, madre de dos hijos discapacitados, ganaba, con suerte, $250 mil mensuales. Allí, recordó de inmediato la entrega de sus datos biométricos. En la denuncia, afirmó cuándo y quien le ofreció el trato. “Fue en el mes de junio, cuando la doctora Mangini le dijo que tenía un amigo llamado Mauro que le podía pagar $80.000,00 por otra cuenta”, continúa la transcripción.

Recordó la cita para entregar sus datos biométricos: se encontró con dos mujeres en un bar ubicado en la esquina de 7 y 56. No enfrentó un scanner de ojos, precisamente: las dos mujeres le filmaron la cara con un celular. Así, comenzaron las coincidencias. Dos billeteras virtuales que crearon a nombre de la empleada de limpieza estaban ligadas a un teléfono a nombre de Perrotta.

La presentación de la empleada fue atacada con fuerza. El defensor de Marchioni pidió que “se declare la nulidad absoluta” de la presentación, ya que “la totalidad de la prueba de cargo que vincula a Marchioni con la organización investigada procede, de manera directa o derivada” de esta denuncia. El juez Crispo denegó la nulidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de la ciudad de La Plata decidió absolver a Osvaldo “Karateca” Martínez y condenar a Javier “La Hiena” Quiroga por el cuádruple crimen ocurrido en noviembre del 2011.

El fiscal del caso, Álvaro Garganta, había pedido la pena de reclusión perpetua para Martínez y Quiroga, a quienes le adjudicó la “coautoría” en el homicidio de la niña Micaela Galle (11), su madre Bárbara Santos (29), su abuela Susana de Bárttole (63) y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35).

El padre de Marisol, una de las víctimas, manifestó su indignación tras el veredicto: “Teníamos sospechas sobre esto, aunque confiábamos en la Justicia. Pero es tremendo el fallo de este tribunal”.

“Estos son cómplices -dijo refiriéndose a los jueces- dejaron libre al asesino”. Y agregó que ahora tanto él como la familia de la víctima deberán seguir “mendigando justicia”.

Tras desalojar la sala en medio de gritos y empujones, los familiares salieron a la calle. Con megáfono en mano, la tía de Micaela pidió “justicia para todas aquellas mujeres muertas” y reclamó terminar con la “violencia hacia la mujer”. “Yo no olvido ni perdono”, enfatizó.

Tras la sentencia, Martínez dijo que “necesitaba” que lo “juzguen personas como corresponde” y se quejó del trabajo del fiscal. “La labor fue desastrosa, lo único que hizo fue investigarme a mí”. Y añadió: “Nada quedó claro en este juicio, más allá de que yo soy inocente y Quiroga, culpable”.

Martínez dijo sentir “odio” contra el condenado y reprochó la actitud de los familiares que se mostraron molestos por el fallo. “Me llamaron asesino a mí y al asesino, que estaba al lado mío, no le dijeron nada. Eso me llamó la atención”, dijo.

El juicio oral y público por el cuádruple crimen había comenzado el 6 de mayo. Declararon casi un centenar de testigos, incluidos familiares de las víctimas; vecinos de la vivienda donde fueron asesinadas las mujeres, peritos, médicos, policías y hasta un periodista que realizó una investigación del caso.

A casi seis años del asesinato de Verónica Dessio —la abogada platense de 49 años que fue apuñalada en su casa de La Plata en diciembre de 2020— la Justicia fijó una nueva fecha para el juicio contra los únicos dos acusados. El debate, que debía comenzar en junio pasado y fue suspendido en dos oportunidades, se realizará los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre. “Sabemos que volver a transitar esos días no será fácil. Habrá recuerdos, emociones y momentos muy difíciles, pero vamos a estar acompañados”, le dijo a Infobae la hermana de la víctima, Natalia Dessio.

Pese a la reciente confirmación, la mujer admitió que las suspenciones anteriores le impiden dar por sentado que esta vez el debate comience. “Es una gran noticia, pero todavía no confío. Hay que ver si la principal imputada se presenta, pone alguna excusa o se de a la fuga. Ya desconfío de todo”, sostuvo.

La preocupación de Natalia no es ajena a la situación actual de los imputados. Ivana Mapis (49), acusada de haber encargado el crimen por celos, ya cumple prisión domiciliaria; mientras que Jorge Antonio Alvez (64), señalado como el hombre contratado para ejecutar el asesinato, obtuvo el mismo beneficio, aunque todavía no se hizo efectivo porque restan pericias en el domicilio donde debería cumplirlo.

La prisión domiciliaria de Mapis había sido rechazada inicialmente por el TOC N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr, el mismo tribunal que deberá llevar adelante el juicio. Sin embargo, la defensa apeló y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, integrada por Laura Irma Lasaga y Miriam Patricia Ermili, le concedió el beneficio. La decisión fue cuestionada por la Fiscalía y la querella, pero a comienzos de agosto la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, rechazó los recursos y dejó firme la prisión domiciliaria.

“Para nosotros fue una sorpresa. Si bien sabíamos que se le había concedido hace un tiempo, como habíamos adelantado el juicio, pensamos que la efectivización estaba suspendida”, contó Natalia a este medio.

La familia se enteró de que Mapis ya estaba cumpliendo la prisión domiciliaria la semana pasada, cuando fue al tribunal para consultar por la nueva fecha del juicio. Allí supieron, además, que la acusada estaba en su casa sin tobillera electrónica.

“Nos dijeron que como no había pulsera, se fue a la casa sin nada. La única medida fue que la comisaría cercana la controle, pero no sabemos cómo. No tenemos garantías”, lamentó.

A su vez, cuestionó los fundamentos de la Justicia para conceder el beneficio y remarcó el riesgo de fuga. “La Cámara dice que no hay riesgo de fuga porque la pena es perpetua, pero para nosotros es al revés. Nadie quiere cumplir la pena más alta, van a buscar la manera de evitarla”, sostuvo.

Un juicio suspendido una y otra vez

El debate oral por el crimen de Verónica Dessio sufrió múltiples postergaciones desde que la causa fue elevada a juicio en 2022. Inicialmente, el proceso estaba previsto para 2027, pero luego de que las partes acordaran reducir la cantidad de testigos pudo adelantarse y se fijaron audiencias para los días 3, 4, 5 y 8 de junio de este año.

Sin embargo, el juicio tampoco pudo comenzar entonces. Las primeras tres audiencias fueron suspendidas debido a que el fiscal Martín Chiorazzi presentó un cuadro gripal. Cuando el debate debía retomarse, apareció un nuevo impedimento: Mapis presentó un certificado médico que indicaba diez días de reposo y recomendaba que no fuera trasladada. “El tribunal le ofreció alternativas para presentarse, incluso vía Zoom, pero se negó a todas”, contó Natalia.

En relación con estos obstáculos, aseguró: “La Ley de Víctimas jamás se respetó. Sufrimos una vulneración tras otra: nadie nos cuidó. Todo lo que hicimos fue colaborar con la Justicia. No somos nosotros quienes debemos demostrar que somos gente de bien. Ellos tienen que demostrar que no hicieron lo que hicieron. Las pruebas son contundentes”, afirmó Natalia.

El crimen de Verónica Dessio

Verónica Dessio fue asesinada el 23 de diciembre de 2020, un día después de haber celebrado su cumpleaños junto a amigos y familiares. Su cuerpo fue encontrado dentro de su casa de la calle 5, en La Plata.

La abogada había estado casada desde 2010 con Carolina Pérez, con quien conformó una de las primeras parejas del país en acceder al matrimonio igualitario. Después de la separación, Pérez comenzó una relación con Mapis.

Según la hipótesis de la acusación, Mapis estaba celosa del vínculo que Dessio mantenía con su ex pareja y decidió mandar a matarla. Para concretar el plan, habría recurrido a Jorge Antonio Alvez, un ex policía, señalado como el encargado de ejecutar el crimen.

Dessio recibió varias puñaladas por la espalda. Desde el comienzo, los investigadores descartaron que se hubiera tratado de un homicidio cometido durante un robo: en la vivienda no había desorden y tampoco se detectaron faltantes.

La investigación avanzó entonces sobre la hipótesis de un crimen por encargo y reunió distintos elementos que terminaron comprometiendo a Mapis y Alvez.

Ambos llegaron a juicio acusados por homicidio doblemente agravado por alevosía y por precio, una calificación que prevé prisión perpetua.

Casi seis años más tarde, después de dos intentos fallidos de iniciar el juicio, el próximo 25 de septiembre comenzará un nuevo intento por llevar a los acusados al banquillo. “Mi hermana era una luchadora y no podemos ser menos. Seguimos adelante por ella, con la esperanza de que algún día podamos abrazarnos, mirarnos a los ojos y decir, después de tanto dolor y tanta lucha: ‘Se hizo Justicia por Vero’”, concluyó.

A poco más de un año del asesinato de Kim Gómez, su padre, Marcos Gómez, lanzó una fundación con el nombre de la niña de 7 años a la que le arrebataron la vida durante un robo en Altos de San Lorenzo, en La Plata. La iniciativa tendrá su primera presentación pública este domingo, con actividades recreativas y un anuncio en vivo sobre los objetivos del proyecto.

En la presentación de la iniciativa, Gómez contó que se trataba de una idea esperada desde hacía tiempo y que recién ahora encontró el momento para ponerla en marcha. “Vienen siendo días especiales para mí. Esperé mucho tiempo para dar este anuncio. Vamos a estar iniciando la Fundación Kim Gómez y el domingo vamos a estar haciendo nuestro primer evento”, expresó el padre de Kim en una publicación en redes sociales.

La fundación ya dio sus primeros pasos, aunque todavía atraviesa una etapa de formación. En este sentido, remarcó el perfil solidario que busca darle a la iniciativa. “Todo lo que tenemos lo vamos a poner a disposición para todos los chicos que vengan”, sostuvo. El nuevo espacio apunta a desarrollar propuestas para chicos y también para adultos, con una vocación social que va más allá de la conmemoración de la niña.

El primer encuentro se realizará en el Club Real Infantil de Altos de San Lorenzo, ubicado en calle 29 entre 78 y 79. De acuerdo con la convocatoria difundida por la organización, la actividad comenzará a las 13 e incluirá juegos, chocolatada y regalos. “Ojalá sea el principio de muchas cosas buenas para todos nuestros chicos y para las personas adultas también”, escribió Gómez.

Esa exposición pública, atravesada por el dolor, parece encontrar ahora una nueva expresión en una iniciativa de carácter social. Al referirse al momento personal que atraviesa, agregó: “Es la primera vez que me siento un poquito en calma y con las ganas suficientes para dar este puntapié inicial”.

Kim Gómez murió el 25 de febrero de 2025, después de quedar atrapada dentro del auto que dos adolescentes le robaron a su madre frente a un supermercado. Los atacantes huyeron con el vehículo y la arrastraron durante más de 15 cuadras, hasta chocar contra un poste. La niña murió debajo del automóvil.

Ese crimen tuvo una derivación penal que volvió a ubicar el caso en el centro de la escena pública este año, tras celebrarse el juicio contra uno de los acusados. De acuerdo con el medio platense 0221, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente hallado responsable por el homicidio.

La sentencia coincidió con el pedido formulado por la fiscal Mercedes Catani, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo. La defensa, en cambio, había reclamado una pena menor al sostener que se trató de un homicidio culposo. No obstante, en el caso del segundo involucrado, este no fue condenado porque era menor al momento del hecho.

El lugar elegido también tiene un peso simbólico, ya que Altos de San Lorenzo no solo fue el escenario del crimen que terminó con la vida de la nena, sino también el barrio en el que su historia quedó marcada como una herida colectiva. Llevar la presentación de la fundación a ese mismo entramado social refuerza una voluntad de arraigo y de reconstrucción desde la cercanía, con eje en los chicos y en las familias de la zona.

Durante el proceso judicial, Gómez también había expresado el impacto emocional que implicó atravesar las audiencias. De acuerdo con Infobae, definió el debate oral como “duro” y sostuvo que presenciar cada instancia resultó muy difícil para la familia. En esa misma cobertura, señaló que la fiscalía había hecho “un excelente trabajo” y consideró que “estaba todo muy claro” en relación con la responsabilidad penal del acusado.

La fundación también nace como un gesto de memoria íntima. Antes de cerrar su mensaje de presentación, Gómez le dedicó unas palabras a su hija y volvió a poner en primer plano la ausencia que atraviesa toda esta iniciativa. “Hija, yo sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Ojalá sea pronto. Ojalá sientas orgullo de los tuyos. Te extrañamos todos los días”, expresó en su publicación.

Con ese punto de partida, la Fundación Kim Gómez empieza a tomar forma en La Plata como una iniciativa que une recuerdo, intervención comunitaria y proyección social a partir de una historia que todavía conserva un fuerte impacto público.

Después de tres años, condenaron a prisión perpetua a Renzo Eduardo Chidichimo por cometer un femicidio a su compañera de trabajo, Rocío Magalí González de 25 años. El hombre la asesinó a balazos tras amenazarla previamente. La decisión del juez Santiago Paolini, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, fue informada después de que un jurado popular lo declarara culpable.

La defensa insistió con que no todo homicidio de una mujer encuadra automáticamente como femicidio y sostuvo que, para aplicar esa figura, debía probarse que el asesinato estuvo motivado por la condición de mujer de la víctima. Ese fue el eje central de los alegatos defensivos y que la apelación buscará cuestionar precisamente ese punto ante Casación.

El jurado popular rechazó esa interpretación. Tras escuchar a testigos, familiares, peritos e investigadores, concluyó que el asesinato de González debía ser encuadrado como homicidio agravado por mediar violencia de género. Esa definición resultó decisiva, porque fijó el marco para la pena que más tarde impuso el juez. En ese tramo final, el tribunal ya no discutió autoría, sino la sanción correspondiente a un delito.

La sentencia, de todos modos, no clausura el expediente y la defensa oficial ya prepara el recurso ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la figura aplicada en el debate. Mientras ese nuevo capítulo se pone en marcha, el fallo dejó una definición judicial de fuerte peso simbólico y penal sobre un crimen que había empezado con denuncias por acoso, siguió con amenazas y terminó con siete disparos dentro de un lugar de trabajo.

El femicidio de Rocío Magalí González

Rocío Magalí González trabajaba junto al acusado en una empresa de monitoreo de alarmas. La joven había denunciado en dos oportunidades situaciones de acoso, violencia psicológica y maltrato. La primera presentación había sido realizada hacia fines de 2022, luego de que ambos compartieran durante meses el mismo ámbito laboral. A partir de esa denuncia se dispusieron restricciones de acercamiento y la entrega de un botón antipánico.

De acuerdo con el medio platense 0221, también se modificaron horarios y tareas dentro de la empresa para evitar cruces entre ambos, aunque el hostigamiento persistió. El entorno de la víctima declaró que Rocío consideraba insuficiente esa protección y que evaluaba insistir con una denuncia penal, convencida de que la amenaza avanzaba. Incluso analizaba trasladarse a otra jurisdicción para buscar una respuesta más efectiva.

Dos días antes del asesinato, a partir del testimonio de una tía de la víctima, el acusado la había amenazado diciendo que “disfrutara porque ya le quedaba poco”. La familiar sostuvo que Rocío le había contado lo ocurrido a su padre y que pensaba denunciarlo de nuevo.

El ataque ocurrió el 1 de junio de 2023, cerca de las 14, en el local donde funcionaba la empresa de alarmas en Saladillo. Chidichimo llegó fuera de su horario laboral, entró al lugar y fue directo hacia el sector donde trabajaba Rocío. Allí sacó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y disparó siete veces. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y una compañera de trabajo también presenció la escena.

La acusación sostuvo que no hubo discusión previa ni reacción improvisada. El agresor fue al lugar con el arma, localizó a la víctima y ejecutó el ataque en un espacio cerrado de trabajo. La tía de Rocío afirmó: “Él fue directamente a matarla y lo tenía todo premeditado y pensado, no le dio tiempo de apretar el botón antipánico”.

Después del ataque, Rocío fue trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona, pero murió a causa de las heridas. El atacante escapó y estuvo prófugo durante cinco días. La pesquisa movilizó a fuerzas policiales de distintas áreas, con rastrillajes en la zona rural, drones, perros y apoyo aéreo.

Al momento de ser localizado llevaba consigo el arma que la investigación señaló como la utilizada en el crimen. Tras la detención, fue indagado por la fiscal Patricia Hortel y optó por no declarar. Desde entonces quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición de la Justicia.

Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), le solicitó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ampliar su declaración indagatoria en la causa en la que se investiga la muerte de 90 pacientes, vinculadas al suministro de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma propiedad de Ariel García Furfaro. El pedido lo realizó horas antes de que se le venciera el primer plazo que tenía el magistrado para resolver su situación procesal y la de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Kreplak hizo lugar a la medida y la audiencia se desarrollará el próximo lunes. Por esa lógica razón, la situación procesal de las ex máximas responsables de los organismos de control sobre los laboratorios que elaboran y producen medicamentos en el país se dilatará unos días más.

El 6 de agosto el juez y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionarias, pero cada una opto por una estrategia defensiva diferente: Bisio se negó a responder preguntas y presentó un escrito ¿lo hará ahora? Su subordinada, Mantecon Fumado se sometió al escrutinio. A lo largo del interrogatorio, expresó 33 veces “no lo recuerdo” en todas sus variantes.

A pedido de la Fiscalía, ambas fueron detenidas el 3 de agosto y recuperaron la libertad después de ser indagadas, depositar una caución real de $75.000.000 y cumplir con varias restricciones, como la prohibición de salir del país.

La causa investiga la elaboración y comercialización de fentanilo contaminado con las bacterias klebsiella y ralstonia, producido en Laboratorios Ramallo S.A. para la firma HLB Pharma Group SA. Los lotes 31.202 y 31.244 —con aproximadamente 154.530 y 151.430 ampollas respectivamente— fueron liberados al mercado a partir del mes de enero de 2025 y suministrados a pacientes en hospitales de todo el país.

La Fiscalía, a cargo de María Laura Roteta y del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que Bisio y Mantecón Fumado, como máximas autoridades de ANMAT e INAME, “realizaron diversas conductas —acciones y omisiones— cuyo norte no fue aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.

“Es un montón de guita”

Uno de los ejes de la investigación es la reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron, de manera no habitual, en la sede de ANMAT, ubicada en Avenida de Mayo 869, junto a cuatro directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: Ariel García, su hermano Diego, Javier Tchukran, director de manofactura y María Victoria García, gerente de gestión de calidad. La reunión fue solicitada a Bisio por parte de Mantecón Fumado a instancias de los empresarios.

El motivo: los dos proyectos de carta de advertencia al Laboratorio Ramallo -elaborador de HLB Pharma- por las graves irregularidades detectadas a lo largo de una auditoría que comenzó físicamente el 28 de noviembre de 2024. Los inspectores a cargo fueron Sandra Chico y Sandra Berndt. Ambas pertenecían al Departamento de Inspectorado del INAME, dependiente de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos (DFYGR), a cargo de Ana Laura Canil.

Según consta en el expediente, una de las cartas era para prohibir la producción en Ramallo y otro para prohibir la comercialización de los productos HLB Pharma. Esto llevaba implícito el retiro de decenas de lotes de medicamentos elaborados en Laboratorios Ramallo. La auditoría había revelado que en las instalaciones no se cumplían el requisito indispensable de las Buenas Prácticas de Fabricación.

De hecho, en la causa hay un intercambio de mensajes entre una funcionaria del INAME -no identificada con su nombre- y Mantecón Fumado que deja expuesta esta situación:

Funcionaria INAME: “Hola Gabriela, buen día. Llegaron varias consultas sobre si los hospitales pueden dispensar y usar los productos de RAMALLO. También, si las droguerías pueden venderlos. Te reenvié los correos electrónicos porque tenemos que dar una respuesta. No te quiero molestar, pero no sé cómo se resuelve esto desde la parte jurídica.”

Gabriela: “Déjame verlos. Si tenemos identificados los lotes que no se pueden comercializar bien”

Funcionaria INAME: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).”

Funcionaria INAME: “Gracias!”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle”

Funcionaria INAME: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”

Gabriela: “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.

En su resolución, la Fiscalía señaló que este intercambio demuestra que la propia funcionaria del INAME advirtió a Mantecón Fumado sobre el riesgo sanitario y la responsabilidad institucional si no se actuaba con urgencia. La respuesta de Mantecón Fumado, destaca el Ministerio Público Fiscal, revela que su preocupación central era el impacto económico sobre los laboratorios, no la salud pública.

Las versiones de ambas funcionarias en el expediente sobre lo ocurrido en esa reunión difieren de manera sustancial. Bisio, en su ampliación de declaración testimonial, es decir antes de ser imputada en la causa, afirmó que asistió a pedido de Mantecón Fumado. La ex titular de la ANMAT dijo que ella “se mantuvo callada, no habiendo nunca emitido opinión” y que el intercambio “fue acalorado”, con la directora del INAME “defendiendo la tarea llevada adelante por los inspectores”. Describió la reunión como la “primera y única” que mantuvo con personas vinculadas a HLB.

Mantecón Fumado, en cambio, ofreció en su indagatoria una versión que reconoce un contenido negociador. Relató que la convocatoria respondió a que el laboratorio “ya sabía que la carta estaba” y que la idea era “citar a una reunión para que el expediente quede cerrado y para firmarla”. Según su relato, los representantes del laboratorio “vinieron con los botines de punta”, argumentaron que no se les había dado posibilidad de presentar documentación y prometieron levantar las no conformidades detectadas en la inspección. Ante eso, dijo: “Coincidimos con Agustina en darles este espacio para que presentaran la documentación”.

La Fiscalía atribuye a esa reunión un alcance mayor. Con base en conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos extraídos de los teléfonos secuestrados, el Ministerio Público Fiscal sostiene que en ese encuentro las funcionarias habrían acordado no firmar la carta de advertencia en ese momento y que se comprometieron a ayudar al laboratorio a conseguir rótulos y prospectos de especialidades medicinales —entre ellos Propofol y Diazepam— que HLB y Ramallo elaboraban sin contar con la aprobación del ente regulador. Un hecho remarcado como grave por parte de los inspectores.

Un chat del 15 de enero de 2025 entre Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Victoria García, gerenta de calidad de Ramallo, recoge la versión de los propios representantes del laboratorio: “Estuvimos hablando con ella de los prospectos y los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos”.

La carta de advertencia que prohibió la producción en Laboratorios Ramallo recién fue firmada por Bisio y Mantecón Fumado el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que los equipos técnicos la elevaran. La normativa vigente —Disposición ANMAT 1340/2020— establece un plazo de dos días para expedirse. La carta de advertencia que prohibía la comercialización de los productos HLB, en tanto, nunca fue firmada.

Los avisos claves de las funcionarias

La investigación contra las ex funcionarias también pivotea en haber hecho caso omiso a otras advertencias que pesaban sobre los laboratorios de la familia García y los avisos que desde el INAME se le realizaba a los empresarios sobre los días en que se los iba a inspeccionar. De hecho, el dictamen de la Fiscalía a través del cual se solicitó la detención de las jefas de la ANMAT y el INAME, señala que se encontró la conversación del 27 de noviembre de 2024 -un día antes de la inspección- en el teléfono de Ana Laura Canil, la titular de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME le informa a Javier Tchukran que al día siguiente se realizaría una inspección en Ramallo. Esta advertencia le permitió al personal adoptar medidas tendientes a subsanar los numerosos incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La conversación transcripta en el dictamen es la siguiente:

Javier: “¿Ana Laura cómo estas? Me comentó Antonio (por Maiorano, el director técnico del laboratorio) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea el motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran, el director de HLB.”

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos”.

En su resolución, la Fiscalía sostiene: “En definitiva, lo que queremos resaltar es que en función del conocimiento previo sobre la inspección, Javier Tchukrán dirigió un operativo inmediato con el equipo de Ramallo (así incluso se denomina dicho grupo de WhatsApp), que habría durado hasta la madrugada, tendiente a corregir las falencias más notorias. En este contexto, se produjo la inspección al día siguiente del aviso.”

Y, sobre el resultado de ese operativo, el dictamen plantea: “El nivel de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFC) verificado en la inspección era tan grotesco, que siquiera con el aviso previo recibido pudieron subsanar todas las deficiencias críticas existentes. En otras palabras, estas fueron las irregularidades encontradas por INAME pese a que el equipo del laboratorio estuvo trabajando hasta altas horas de la madrugada, según revelan las conversaciones, para subsanar los defectos que ellos entendían más palmarios. Imaginemos, entonces, el estado en que se encontraba el laboratorio antes de la inspección que encontró, pese a las raudas actividades de maquillaje realizadas, fallas críticas”.

El dictamen fiscal también cita una conversación del mismo 27 de noviembre de 2024 entre Adriana Iudica (subjefa de control de calidad de Laboratorios Ramallo) y Rocío Garay (supervisora de fisicoquímica de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo), en la que organizaban el descarte de desechos tóxicos y reactivos vencidos:

Adriana Iudica: “Rocío mañana viene el ANMAT, yo sé que mañana vos no venís, mañana y pasado era… cualquier cosa te vamos a estar molestando para preguntarte por las dudas, porque no sé si alguna de las chicas sabe, pero no sé si todo, algunas cosas por ahí se les pasa si te acordás de algo que hay que tener en cuenta. Yo ahora la voy a llamar a [nombre] a ver si puede sacar eso que dejaron ahí de productos, de reactivos que hay llevar al depósito".

También figura un mensaje de Victoria García ,enviado a las 2:35 am:

“A lo mejor ya lo repararon les aviso por las dudas, en el transfer de acceso a planta por el vestuario de mujeres hay 2 huecos en el techo porque les faltan las luces y la puerta queda abierta”.

En la declaración indagatoria del 6 de agosto Mantecón Fumado no negó que se avisara al laboratorio de las inspecciones. Su argumento fue que avisar con poca antelación era una práctica habitual en ciertos tipos de inspecciones —para que el laboratorio “tenga lo que uno va a mirar”— y que la escasez de recursos del INAME y las largas distancias, como la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, lo justificaban. No hizo referencia específica al aviso del 27 de noviembre de 2024 dado por Canil a Tchukran.

Expectativa por la declaración de Biso

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La Fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

Es muy probable que el juez de la causa y la fiscal que impulsa la investigación sobre la peor tragedia sanitaria del país estén expectantes por lo que la ex responsable de la ANMAT pueda decir. Hasta el momento, a través de sus escritos, y a pesar de ser la superior de Mantecón Fumado repartió responsabilidades hacia abajo.

Por ejemplo, sobre la firma de la Carta de Advertencia al laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado dijo que esa no era su función y que Mantecón Fumado la involucró al pedirle que la firmara, al igual que lo hizo al pedirle que asista a la reunión del 14 de enero en su propio despacho.

Sobre la firma de la carta refrendada por ambas, Bisio expresó: “Nuevamente, por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional”.

“Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir”, admitió.

El lunes la ex responsable de la ANMAT se juega ante el juez Kreplak y la fiscal Roteta su última carta.

En la madrugada de ayer miércoles, la tranquilidad del barrio Villa Ponsati se vio interrumpida por un violento episodio que dejó a una mujer de 74 años como víctima de un robo y agresión. Ahora, el atacante fue detenido.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en una vivienda ubicada en la calle 75 entre 119 y 120, cuando un vecino, identificado como M. C. P., de 36 años, fue detenido tras ser acusado de ingresar a la fuerza al domicilio de la mujer, golpearla y sustraerle dinero en efectivo.

La alerta se activó a través del sistema de emergencias 911, lo que Al arribar al lugar los agentes encontraron a la víctima visiblemente afectada y procedieron a recabar su declaración para reconstruir lo sucedido.

Según consta en la denuncia, la secuencia comenzó cuando M. C. P., vecino de la damnificada, se presentó en su domicilio solicitando un préstamo de $20.000. La mujer accedió al pedido, pero el hombre insistió en que necesitaba una suma mayor. Al recibir la negativa, el acusado habría optado por ingresar por la fuerza, iniciando una escalada de violencia en el interior de la vivienda.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el agresor golpeó a la mujer y la amenazó, exigiéndole que entregara el dinero que tuviera en su poder. Frente a la resistencia de la víctima, M. C. P. logró apropiarse de aproximadamente $160.000 en efectivo antes de huir del domicilio. El hecho fue calificado como un acto de extrema gravedad por las autoridades intervinientes.

Según informó el portal La Buena Info, la descripción aportada por la damnificada permitió que los policías desplegaran un operativo de búsqueda en las inmediaciones del barrio. Minutos después, lograron localizar y detener al sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. Los efectivos de la Comisaría 16ta aseguraron que la aprehensión se produjo sin que el acusado ofreciera resistencia.

La víctima fue atendida en el lugar y luego sometida a un reconocimiento médico legal. Según el parte oficial, se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba lesiones leves compatibles con el forcejeo y los golpes sufridos durante el episodio. Su situación será monitoreada por personal sanitario y familiares en las próximas horas.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Menucci. La causa fue caratulada como “Robo y Lesiones Leves”, en función de las pruebas y el testimonio aportado por la víctima. Las fuentes judiciales indicaron que se tomarán nuevas declaraciones y se analizarán registros de cámaras de seguridad de la zona para consolidar la investigación.

La Policía incautó en poder de M. C. P. una suma de dinero en efectivo cuya procedencia será verificada, así como prendas de vestir que coinciden con la descripción brindada por la víctima. El sospechoso permanece alojado en la dependencia policial mientras se resuelve su situación procesal.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, mientras se aguardan peritajes y nuevas indagatorias para determinar con precisión la dinámica de los hechos y la eventual responsabilidad penal del detenido.

Un joven de 19 años que, según fuentes policiales, permanecía prófugo desde mayo fue finalmente detenido este miércoles en Los Hornos, tras una investigación que incluyó tareas de vigilancia y un nuevo allanamiento en su domicilio. Está acusado de haber participado en el robo armado de una Ford EcoSport a un conductor que hacía viajes de aplicación. La captura estuvo a cargo de la DDI La Plata.

Las autoridades detallaron que la investigación comenzó el 19 de abril, cuando un chofer de 25 años, que se encontraba trabajando, denunció haber sido asaltado por tres personas armadas, según informó el portal 0221.

El episodio tuvo lugar luego de que el conductor aceptara un viaje solicitado desde la zona de 2 y 56 hasta 144 y 46. Una vez en el destino, los pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego, le sustrajeron el vehículo, su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, y posteriormente se dieron a la fuga.

E caso se judicializó bajo la intervención de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por Pablo Raele. Desde entonces, los agentes de la DDI La Plata desplegaron una serie de medidas para identificar a los responsables.

Los investigadores analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas del recorrido efectuado por los sospechosos. Además, recolectaron declaraciones testimoniales que permitieron individualizar a dos de los presuntos autores del asalto. Entre las pruebas reunidas, se destacó que uno de los implicados habría realizado una transferencia desde el teléfono robado a una cuenta de Mercado Pago registrada a su nombre, según los registros incorporados a la causa.

En el proceso de búsqueda, la Policía localizó la Ford EcoSport sustraída en el barrio La Favela, específicamente en 17 entre 529 y 530, en Ringuelet. El vehículo se encontraba estacionado y fue recuperado como parte de los elementos clave de la investigación.

La UFI N° 11 ordenó el 12 de mayo dos allanamientos domiciliarios para avanzar con la detención de los sospechosos. En uno de los procedimientos, realizado en 150 entre 69 y 70, en Los Hornos, fue detenido un joven de 19 años y se secuestraron objetos considerados relevantes para el expediente judicial. En el segundo operativo, en 144 entre 49 y 50, también en Los Hornos, la Policía incautó prendas de vestir que, según la instrucción, habrían sido utilizadas durante el robo. Sin embargo, el segundo acusado no fue hallado en el lugar y quedó prófugo.

El joven que logró evadir el primer operativo fue objeto de una búsqueda sostenida durante meses. El 5 de agosto, la DDI La Plata recibió un nuevo oficio judicial que autorizaba profundizar las tareas para concretar su detención. Los equipos policiales implementaron recorridas y vigilancias en diferentes puntos de Los Hornos, aunque en un primer momento no lograron dar con el paradero del prófugo.

Finalmente, este miércoles, la Policía montó una discreta vigilancia en el domicilio de 144 entre 49 y 50. Según el parte policial, los agentes observaron al sospechoso arribar al lugar en motocicleta tras varias horas de espera. Antes de irrumpir en la vivienda, se aseguró el perímetro para evitar una posible fuga.

En el momento del allanamiento, el acusado intentó escapar corriendo por los fondos de la propiedad, pero fue interceptado rápidamente por el personal de la DDI. La detención se produjo sin que el joven ofreciera resistencia armada, de acuerdo con lo informado por la institución.

El joven, identificado como uno de los principales sospechosos del robo calificado, quedó imputado en la causa caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”. Se prevé que será indagado durante la mañana de hoy, en el marco del expediente que tramita en la UFI N° 11.

La medida la tomó el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que adelantó que la empresa EDELAP deberá compensar a los usuarios afectados por los cortes prolongados y no pagarán la factura del período en curso.

EDELAP informó que el siniestro se produjo a las 2:30 de la madrugada en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, emplazada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. La empresa indicó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación. En ese sentido, según señaló El Día, en La Plata todavía quedaban cerca de cinco mil usuarios afectados durante la mañana de este miércoles.

En el marco de las actuaciones iniciadas a raíz del siniestro, el OCEBA profundizó los requerimientos a EDELAP y avanzó con un procedimiento sumarial para determinar las causas del incendio y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a la distribuidora. El organismo le otorgó a la empresa un plazo de 24 horas para presentar información técnica y documentación ampliatoria vinculada con el funcionamiento, mantenimiento y operación de las instalaciones afectadas.

Entre los elementos requeridos figuran el detalle cronológico de la actuación de las protecciones involucradas en la falla a partir de los registros del sistema SCADA correspondientes a las seis horas previas al evento, la totalidad de los registros de mantenimiento de la estación transformadora y la documentación relativa a intervenciones de personal sobre las instalaciones. Además, los fundamentos técnicos por los cuales la empresa estima que se produjo la explosión dentro del recinto y el colapso posterior de la estructura, los resultados de los ensayos realizados sobre los tres transformadores afectados y los registros fílmicos internos y externos del día del siniestro.

El OCEBA también informó que, en coordinación con la Dirección Provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad bonaerense, aguarda la concreción de las pericias judiciales correspondientes. Una vez finalizadas, solicitará copia de las actuaciones a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, para incorporarlas al expediente administrativo en el que se sustancia la investigación.

Además de las sanciones que pudieran determinarse, EDELAP deberá establecer un procedimiento de reclamos para que los usuarios residenciales y comercios puedan reclamar compensaciones por pérdidas materiales, de acuerdo al grado de afectación y la duración del corte.

El incendio se originó a las 2:30 de la madrugada del lunes 17 de agosto en la Estación Transformadora Tolosa y afectó la sala de celdas de media tensión, provocando daños estructurales en parte de la instalación. Seis dotaciones de bomberos intervinieron en el operativo de extinción: tres del Cuartel Central de La Plata —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa. Para las 6 de la mañana, las llamas ya habían sido controladas.

En el pico máximo de afectación, 61.521 usuarios quedaron sin suministro en sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández, Gonnet, Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet. La falta de energía dejó fuera de servicio numerosos semáforos, afectó la actividad comercial y generó dificultades en el tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La explosión también provocó daños materiales en viviendas linderas: la medianera de al menos una casa colindante con la subestación se derrumbó sobre una pileta y derribó una palmera, lo que motivó la evacuación preventiva de vecinos residentes en inmuebles cercanos.

El impacto se extendió además al servicio de agua potable y cloacas: Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) informó que resultaron afectadas varias instalaciones, entre ellas el rebombeo de agua de 120 y 33 y la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet.

Desde las primeras horas, EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia y desplegó más de 15 grupos electrógenos para la reconfiguración progresiva de la red. Para las 15 horas del lunes, más del 60% de los usuarios afectados había recuperado el suministro: de los casi 65.000 sin servicio, 43.000 ya contaban con energía normalizada. Durante la madrugada del martes, la cantidad de hogares sin luz se redujo a 13.900, lo que representaba el 3,5% del total de usuarios de la distribuidora.

La empresa informó que las tareas de reposición continuarán durante las próximas 72 horas, con prioridad en las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para el personal involucrado. EDELAP habilitó los siguientes canales de contacto para consultas: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335 y sus perfiles en Facebook, Instagram y X.

Albertina Mangini fue la llave que permitió a una organización criminal acceder a los datos biométricos de personas vulnerables, gracias a su trabajo en el Patronato de Liberados, el ente público bonaerense que acompaña y controla a las personas que salieron de prisión, es decir, ex presos. Al menos, así lo cree la fiscal de La Plata Betina Lacki que la indagó por los delitos de asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de dinero.

Según una investigación del Departamento Delitos Fiscales de la PFA que comenzó en abril, ofrecía 80 mil pesos por la entrega del documento, sacarse unas fotos y permitir el escaneo del iris. Con esa información, abrían cuentas en bancos y billeteras virtuales por la que movieron unos de 27 mil millones de pesos, principalmente, del juego clandestino.

Fuentes del caso indicaron que la causa comenzó con la declaración de una empleada de limpieza de la entidad que, según su versión, recibió 40 mil pesos por “la lectura del iris”. “Le habían prometido 40 más, como no se lo pagaron, reclamó y le volvieron a sacar los datos para abrir dos cuentas más. Hizo la denuncia por la apertura de cuentas y destapó la olla”, indicaron.

Los testigos hablaron de “filas” en la oficina ubicada en La Plata para cobrar los 80 mil pesos en mano que ofrecía la banda. “Eran ex presos, familiares de presos, personas muy vulnerables. Buscaban que estuvieran limpos patriomonialmente en Arca, es decir, que no tengan deudas ni compromisos”, agregaron.

Mangini es abogada, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata y cumplió 44 años en julio. Hace 17, es funcionaria del Poder Judicial de la provincia.

Trabaja para el Ministerio Público, a cargo del procurador Julio Conte Grand y, según su LinkedIn ostentaba el cargo de secretaria letrada desde 2014. Sin embargo, el Patronato de Liberados depende del Ministerio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena.

En ese sentido, desde el gobierno de Axel Kicillof quisieron dejar claro que “no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrárica ni laboral con el Ministerio de Justicia”.

“Ella trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General, dentro del Patronato de Liberados, en la cual tenía acceso a la información de las personas liberadas y condenadas”, indicaron.

Mangini fue allanada en abril y detenida en un segundo procedimiento llevado adelante días atrás. Se negó a declarar.

La causa tiene más ribetes. En el operativo llevado adelante en Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata, los federales arrestaron a otro supuesto integrante de la red que, a su vez, está vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta que, según la fiscalía, funcionó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 y movió más de USD 108 millones, a través de 16 clubes de fútbol.

Se trata de Ignacio Leonel Marchioni, de 32 años de edad, a quien le secuestraron un BMW M240i xDrive, un auto de alta gama cuyo valor ronda entre los $90.450.000 y los $118.665.000, según el año. Trabajó en una tienda de deportes platense y en una compañía de venta de electrodomésticos.

En su casa encontraron una Glock y dólares que fueron incautados. Los investigadores remarcaron que Marchioni ostentaba una vida de lujo, pero, su nivel económico es de clase media. “Vendía un estatus que no tiene para atraer a potenciales inversores”, señalaron. En el sistema financiero registra a su nombre una deuda de más de 14 millones de pesos.

Marchioni aparece involucrado por escuchas telefónicas y otras evidencias. De acuerdo al expediente, su rol era vital: era a quién se le confiaba el dinero ilícito para “mover” en las cuentas fantasma. “Es la persona que tenía los contactos, un oportunista que ve el ´negocio´ y conecta los puntos", describieron. En su caso, su defensa presentó un escritó en el que se despega de los hechos investigados.

La funcionaria judicial y el financista permanecen alojados en dependencias de la policía bonaerense en La Plata, al igual que el tercer detenido, el marplatense Mauro Perrotta quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertasa nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización.

En el caso hay otras personas involucradas que no fueron arrestadas, pero están siendo investigadas al igual que otros posibles lazos de la banda.

La Justicia de La Plata absolvió por mayoría a un hombre, que había llegado al juicio oral detenido con prisión preventiva tras haber sido acusado de ser el autor del femicidio de una joven, ocurrido en Guernica en 2021, en un contexto que la Fiscalía calificó como violencia de género. No obstante, el tribunal no estuvo de acuerdo en la contundencia de las pruebas.

La decisión fue comunicada este martes por el Tribunal Oral Criminal (TOC) IV, que consideró que no existía el grado de certeza necesario para atribuirle el crimen y dispuso su inmediata libertad. El veredicto fue dictado por los jueces Carolina Crispiani, Agustín Amatriain y Ernesto Domenech.

La resolución se destacó por la falta de unanimidad entre los magistrados, debido a que dos votos concluyeron que las pruebas no alcanzaban para una condena.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, la jueza Crispiani sostuvo que la prueba reunida permitía afirmar la participación directa del imputado en la ejecución del femicidio. Bajo su punto de vista, los indicios analizados en conjunto eran suficientes para atribuirle responsabilidad y descartó la existencia de una duda razonable.

Por el contrario, Amatriain argumentó que las dificultades y omisiones probatorias impedían alcanzar el grado de certeza exigido para una sentencia condenatoria. Por esto, señaló la falta de pericias de ADN, la ausencia de una investigación suficiente sobre una hipótesis alternativa y elementos que podían ubicar al acusado lejos de la escena en el momento relevante.

Domenech coincidió con Amatriain, tras subrayar que en la escena se hallaron huellas de sangre, un cuchillo con rastros hemáticos, vestigios en las uñas de la víctima y huellas dactilares en bolsas que cubrían su rostro y pies, pero cuestionó que no se hayan realizado pericias para determinar ADN o grupos sanguíneos que permitieran identificar al autor. Finalmente, también advirtió sobre una hipótesis no investigada en profundidad acerca de la posible intervención de un tercero, en referencia a que la puerta de ingreso estaba violentada.

Luego de que el juicio finalizara con una votación dividida de 2 a 1, el Tribunal Oral Criminal IV concluyó que no era posible dictar condena contra el acusado debido a que la mayoría de sus integrantes entendió que la acusación no había logrado superar el estándar de certeza requerido.

Como resultado, se dispuso la inmediata libertad del imputado después de que hubiera permanecido detenido durante el proceso y llegara al juicio en prisión preventiva. Por este motivo, la resolución estableció expresamente que la libertad debía hacerse efectiva desde el lugar de detención, previa verificación de que no existiera otro impedimento legal.

A pesar de esto, los magistrados coincidieron en que la víctima murió como consecuencia de un ataque con un arma blanca. La autopsia reveló que presentaba múltiples heridas cortantes y cortopunzantes en el cuello, con lesiones en vasos sanguíneos y la vía aérea. Con estos datos y las pericias correspondientes, el forense concluyó que la muerte se produjo por shock hipovolémico y síndrome asfíctico derivados de esas lesiones.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Virgen de Luján al 56 de Guernica, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Horas después del hecho, la madre del acusado se presentó en la comisaría primera de Presidente Perón para denunciar que su hijo había asesinado a la mujer con la que convivía.

La mujer relató que, al no recibir noticias recientes de su hijo, se dirigió hasta la propiedad. Allí, al mirar por una ventana, observó el cuerpo sin vida de la víctima en el interior de la casa. Fue así que durante la madrugada del 8 de octubre de 2021, el personal policial acudió al domicilio y constató el testimonio.

Según fuentes policiales, el cuerpo de Lara Belén Figueroa (22) fue hallado tendido en el suelo de una habitación, con al menos una herida de arma blanca en el cuello. Además, se encontraron manchas de sangre, rastros de calzado y un cuchillo con características hemáticas.

En un principio, el presunto autor no estaba en el lugar, por lo que efectivos del Grupo Táctico Operacional (GTO) iniciaron su búsqueda en la zona, bajo una causa caratulada de manera provisoria como homicidio, a cargo del fiscal Juan Condomí Alcorta, subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Presidente Perón.

La escena fue preservada hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica, mientras los investigadores solicitaron apoyo a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local para avanzar en el esclarecimiento.

Mientras que los familiares de Figueroa indicaron que el último contacto con la joven fue el martes por la tarde, cuando se comunicó con su hermana, remarcaron que después solo observaron estados de WhatsApp. Por este motivo, sospechaban que el crimen ocurrió en la madrugada del miércoles.

Asimismo, desde el entorno familiar de la víctima manifestaron en redes sociales cuestionamientos a la madre del acusado, debido a que recriminaron que le habría dado tiempo para huir antes de denunciarlo. Incluso, aseguraron que el presunto homicida había sido visto el miércoles y el jueves, lo que haría suponer que permaneció en la vivienda con el cadáver hasta su fuga.

Finalmente, allegados a Figueroa declararon que ella y el principal acusado habían mantenido una amistad de ocho años, que la joven tenía intenciones de mudarse y que él la acosaba porque pretendía una relación sentimental.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak resolverá en los próximos días la situación procesal de Nélida Agustina Bisio, ex administradora de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), las dos máximas autoridades del Estado encargadas de controlar a los laboratorios que producen y venden medicamentos en el país, imputadas en la causa por el fentanilo contaminado, vinculado a 90 pacientes fallecidos y otros 41 con secuelas.

La Fiscalía Federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta y del fiscal nacional de investigaciones administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que ambas ex funcionarias no solo omitieron actuar frente a reiteradas alertas sanitarias sobre los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, sino que les brindaron lo que el dictamen denomina un “manto de cobertura estatal”, que permitió a esas empresas seguir produciendo pese a incumplimientos documentados de las buenas prácticas de fabricación. La expectativa de pena por los delitos imputados es de 10 a 25 años de prisión.

La causa ya acumula 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a Laboratorios Ramallo S.A., las dos firmas controladas por los hermanos Ariel y Diego García -ambos detenidos- que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El dictamen fiscal firmado el 3 de agosto solicita extender la misma responsabilidad penal a las ex funcionarias de la ANMAT e INAME, dos organismos que dependen del Ministerio de Salud.

La Fiscalía encuadra las conductas de Bisio y Mantecón Fumado en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal de la Nación en relación con el lote 31.202 del fentanilo —el primero en circular— y en el artículo 200 en concurso real respecto del lote 31.244. El dictamen también advierte que, con el avance del proceso, podría aplicarse el artículo 80, inciso 5° del Código Penal, que prevé penas aún más graves.

Ambas fueron detenidas y luego liberadas bajo el pago de una fianza de 75 millones de pesos cada una, con prohibición de salir del país.

El eje de la acusación es que las ahora ex funcionarias conocían los niveles de incumplimiento de los laboratorios —documentados desde al menos 2023 aunque hay irregularidades detectadas ya en 2018— y, en lugar de adoptar las medidas que sus cargos exigían, desplegaron acciones y omisiones que permitieron que el fentanilo contaminado se produjera, se distribuyera y se suministrara a pacientes en hospitales de todo el país.

El dictamen señala que “si desde la fecha de elevación del proyecto de carta de advertencia para prohibir la comercialización de todos los productos HLB (8 de enero de 2025) hasta la primera entrega del lote contaminado (31 de enero de 2025) se hubiese firmado dicha carta o adoptado alguna de las medidas bajo sus competencias, ninguna muerte se hubiese producido”.

El investigación fiscal hizo pié en un universo de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y audios extraídos de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos a los organismos de control y a los laboratorios. La evidencia reconstruye una trama de contactos directos entre Bisio, Mantecon Fumadó y los directivos de las empresas que debían fiscalizar.

Uno de los elementos probatorios más contundentes es la inspección no programada realizada en Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, que detectó deficiencias clasificadas como críticas en la gestión del sistema de calidad, producción, recursos humanos y depósitos. A partir de esos hallazgos, los departamentos técnicos del INAME elevaron tres propuestas inmediatas: una carta de advertencia para prohibir la producción en Ramallo, otra para prohibir la comercialización de todos los productos HLB, y un proyecto de disposición de retiro de mercado de distintos lotes. Las tres medidas fueron frenadas, demoradas o nunca firmadas por las funcionarias.

La carta de advertencia que prohibía la producción en Ramallo fue firmada por Bisio y Mantecón Fumado 38 días después de que el equipo técnico elevara el proyecto —cuando la norma establece un plazo de dos días para expedirse— y recién se publicó el 24 de febrero de 2025. Para ese entonces, el fentanilo contaminado ya había sido distribuido a droguerías de todo el país.

La Fiscalía también acreditó que el 26 de marzo de 2025, ambas ex funcionarias tomaron conocimiento de un informe que alertaba que los incumplimientos de HLB representaban “un riesgo para la salud de los potenciales pacientes” y “un alto riesgo sanitario para la población”. Aun así, no adoptaron medidas para detener la circulación de los productos.

Los mensajes recuperados de los teléfonos celulares exponen la naturaleza de la relación entre ambas y los directivos de los laboratorios. Uno de los intercambios más reveladores del dictamen es el que tuvo lugar entre una funcionaria del INAME y Mantecón Fumado, cuando los productos elaborados en Ramallo ya circulaban en hospitales:

Funcionaria INAME: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad.”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle. Sí lo sé.”

El 6 de marzo de 2025, mientras el INAME evaluaba inhibir a los laboratorios, se produjo una reunión en la sede del organismo entre Mantecón Fumado y personal de las empresas. La conversación hallada en el teléfono de Bisio muestra que la entonces administradora de la ANMAT estaba al tanto y dio una instrucción precisa:

Agustina: “Que sea discreto la retirada a sus casas”

Gabriela: “Si. Van de a poco”

Para la Fiscalía, el mensaje evidencia el interés de la administradora nacional en ocultar la presencia de los representantes del laboratorio en la sede del organismo de control. No existe registro formal de esa reunión.

Otro intercambio reconstruido en el dictamen data del 14 de enero de 2025, cuando Bisio y Mantecón Fumado se reunieron en las oficinas de la ANMAT con Ariel García, Javier Tchukran —director general de HLB— y María Victoria García, gerenta de calidad de Ramallo. Al día siguiente, la gerenta le envió un correo a Mantecón Fumado con el plan de acción acordado, en el que dejó asentado que en la reunión habían hablado de los rótulos y prospectos que el laboratorio no tenía y que no podía conseguir —entre ellos los de propofol y diazepam— y que las funcionarias habían prometido ayudarlos a obtenerlos. El dictamen califica ese correo como “sumamente ilustrativo de este maridaje y de los ‘acuerdos’ de la reunión”.

A esas pruebas se suma el hallazgo en el teléfono de Bisio de un mensaje del 12 de mayo de 2025 —el mismo día en que la ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes en el Hospital Italiano de La Plata— en el que una interlocutora le escribía: “No hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado”. Ese mismo día, Mantecón Fumado eliminó todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Luego intentó recuperarlos con un especialista en informática, sin éxito. Los peritos judiciales sí lo hicieron y son parte de la prueba que las incriminarían.

El robo se produjo en un negocio ubicado sobre la calle 143, adonde los delincuentes llegaron en motocicleta, entraron por separado al comercio, redujeron a la comerciante y uno de ellos abrió la caja registradora para sacar el efectivo.

Los asaltantes no se limitaron a robar el dinero y siguieron recorriendo el lugar en busca de otros objetos de valor. Ese momento fue aprovechado por la dueña del pet shop, que se levantó y corrió hacia la parte trasera del local para escapar.

Uno de los ladrones intentó alcanzarla, pero la mujer logró salir y pedir ayuda a los gritos. “¡Ayuda, me están robando!”, exclamó ya en el exterior. Ese pedido de auxilio aceleró la fuga de los delincuentes, que escaparon en la misma moto en la que habían llegado.

Ambos sospechosos permanecen prófugos y son buscados por la Policía, que trabaja por identificarlos. Tras el asalto, los dueños del comercio tomaron la decisión de dejar de atender en el local físico y continuar las ventas bajo la modalidad online.

Motochorros robaron una dietética en La Plata

En ese contexto, un caso reciente ocurrió en La Plata, donde dos motochorros fueron detenidos tras un asalto a una dietética y ahora son investigados por una serie de robos similares contra comercios de la ciudad. Los sospechosos fueron arrestados cuando intentaban escapar luego del ataque a un local ubicado en la zona de las calles 57 y 22.

La captura se concretó en el cruce de 142 y 46 y los detenidos fueron identificados como Mariano Nicolás Padrón, de 32 años, y Ernesto Raúl Villalba Ojeda, de 33. Mientras que Padrón registraba antecedentes por robo agravado y encubrimiento, Ojeda tenia un pedido de captura activo desde marzo de 2017 por un expediente de robo agravado por el uso de arma de fuego. Su prontuario también incluía causas por robo calificado, resistencia a la autoridad, desobediencia y tentativa de robo.

Los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 con la numeración limada, además de una serie de objetos que se presume habían sido robados, entre ellos: 33 billetes antiguos fuera de circulación, dos dólares, cuatro celulares, una netbook, un maletín, documentos, dos cascos, guantes, una maza de albañil, una mochila y la moto Honda Titán 150 negra en la que se movilizaban.

Los sospechosos también estarían vinculados con otros robos recientes en comercios de la capital bonaerense. Uno de esos episodios ocurrió el 21 de julio en un kiosco de 59 y Diagonal 74, donde dos asaltantes armados amenazaron a la encargada y a una clienta y escaparon con unos 300.000 pesos.

Una semana más tarde, el 28 de julio, un ataque con una modalidad similar afectó a un almacén de 57 y 18, de donde se llevaron 160.000 pesos, cigarrillos y una notebook. También se los vincula con un robo en una agencia de lotería. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de La Plata, que conduce la fiscal María Corfield.

De a poco, el servicio de electricidad en la ciudad de La Plata y alrededores se va restableciendo tras el masivo apagón de este lunes por la madrugada tras un incendio de la Estación Transformadora Tolosa. A lo largo de esta mañana, las autoridades de la empresa informaron que quedaban todavía casi 14 mil hogares sin luz.

“Durante la madrugada la cantidad de usuarios sin servicio se redujo a 13.900, lo que representa el 3,5% del total de usuarios de EDELAP”, indicaron desde la firma.

Respecto a las últimas novedades, informaron que, durante la última noche, conectaron y pusieron en funcionamiento “7 grupos electrógenos con salida en baja tensión, cada uno de los cuales alimenta un transformador permitiendo restituir el servicio de forma progresiva en distintos puntos de la red”.

Y añadieron: “En paralelo, continúan los trabajos sobre el resto de los equipos: 1 grupo electrógeno se encuentra en proceso de conexión a la red, 2 están en proceso de montaje y 3 más en proceso de descarga en el lugar de instalación”.

Además confirmaron previamente que las tareas se extenderán durante unos días más, con prioridad en las condiciones de seguridad. “Continuaremos con la reposición durante las próximas 72 horas, priorizando y garantizando las condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para todo el personal involucrado”, señaló la distribuidora en su comunicado.

El siniestro se inició alrededor de las 2:30 de la madrugada del lunes en las instalaciones ubicadas en la calle 528, entre el Camino General Belgrano y la calle 9, y según detallaron, alrededor de las 22 faltaba solo restablecer la conexión para el 4,5% de la población total de usuarios de la distribuidora EDELAP.

Las causas respecto a lo ocurrido permanecen bajo investigación. Los usuarios afectados fueron casi 65.000 de sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, José Hernández y Gonnet, además de Ensenada, Lisandro Olmos y Manuel B. Gonnet.

Seis dotaciones de bomberos intervinieron en el operativo de extinción, de los cuales tres pertenecían al Cuartel Central de La Plata —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres provenientes de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa. Para las 6 de la mañana, las llamas ya habían sido controladas.

Sin embargo, las consecuencias se extendieron durante toda la jornada del lunes. El corte iba desde hipermercados ubicados sobre los caminos Centenario y Belgrano hasta las calles 7 y 38, con reportes adicionales de vecinos sin energía en La Loma. El tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata también quedó sin iluminación, lo que generó dificultades para los conductores que regresaban a la ciudad tras el fin de semana largo.

La explosión también provocó daños materiales en viviendas linderas. La medianera de al menos una casa colindante con la subestación se derrumbó sobre una pileta y derribó una palmera. Por eso, como medida preventiva, las autoridades dispusieron la evacuación de vecinos residentes en inmuebles cercanos a la instalación siniestrada.

El impacto del incendio se extendió al servicio de agua potable y cloacas. Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) dio a conocer que varias instalaciones resultaron afectadas, como el rebombeo de agua de 120 y 33 —responsable del suministro a El Dique, Villa Catella, Ringuelet, El Mercadito y Tolosa— junto con la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet.

Desde las primeras horas, EDELAP activó su Plan Operativo de Emergencia y desplegó más de 15 grupos electrógenos para la reconfiguración progresiva de la red, lo que ayudó a acelerar las tareas. Para las 15 horas, más del 60% de los usuarios afectados ya había recuperado el suministro, es decir de los casi 65.000 usuarios que quedaron sin servicio, 43.000 contaban con energía normalizada, mientras que 22.000 aún permanecían sin ella.

Sobre los próximos pasos, la empresa informó en el mismo comunicado que el trabajo continuará durante “las próximas horas, con el objetivo de incorporar de forma paulatina la totalidad de los grupos electrógenos y restituir el servicio a todos los usuario afectados”. Previamente, EDELAP subrayó que mantiene diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y asistir a los vecinos afectados. Edelap reiteró los canales de comunicación para que puedan contactarse en caso de requerirlo, mientras ellos continúan trabajando e informando “sobre la evolución de los trabajos y los avances en la normalización del servicio”.

“Por cualquier consulta, podrán comunicarse con nosotros a través de nuestros canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y X”, concluyeron.

La madrugada del 16 de julio de 2017, María José Suárez llegó junto a su pareja a la Clínica de la Comunidad de Ensenada ilusionada por vivir el nacimiento de su primera hija, Nina Cipollone. Hacía meses que se atendía con el equipo de “Gestando Entre Pares”, encabezado por el obstetra Fernando Javier Daverio, que promovía el parto respetado. La licenciada en Obstetricia Bárbara Irina Pestaña Guido sería la partera encargada de asistir el nacimiento. Sin embargo, esa fecha tan ansiada terminó marcada por una serie de acontecimientos que condicionaron para siempre la vida de la bebé y terminó con ambos profesionales en juicio.

Aquel día de invierno de hace nueve años, Nina nació sin signos vitales y tuvo que ser reanimada. Sobrevivió, pero como consecuencia padece una parálisis cerebral severa: no camina, no habla, se alimenta mediante un botón gástrico y necesita asistencia permanente.

Su familia denunció a los médicos, el caso fue investigado y el pasado 16 de julio el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata concluyó que efectivamente hubo negligencia. Así, el juez Diego Tatarsky, condenó a dos años de prisión en suspenso a la partera.

Al obstetra, en cambio, lo absolvió. Lo hizo tras alegar que no pudo hacer nada para evitar el triste desenlace, una decisión que será apelada por los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, que representan a los padres de Nina.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el trabajo de parto de María José ya presentaba señales de alarma cuando la mujer ingresó a la clínica, entre las cinco y las cinco y media de la mañana. En ese contexto, la partera condenada comenzó a controlar los latidos de la bebé, que eran bajos. Un dato que —según el fallo— indicaba una situación anormal que exigía actuar de inmediato.

Sin embargo, la sentencia sostiene que Pestaña Guido continuó con el parto vaginal sin administrar oxígeno ni medicación a la madre, no convocó de inmediato al obstetra ni al neonatólogo y tampoco alertó al servicio de Neonatología de la clínica. Mientras tanto, la mujer seguía con fuertes dolores y el cuadro fetal se agravaba.

Recién alrededor de las 6.30 fueron llamados el médico obstetra y el neonatólogo. Ambos llegaron apenas minutos antes del nacimiento. Para entonces, sostiene el fallo judicial, “ya no había margen para adoptar otras medidas que evitaran el desenlace”.

A las 7.23 nació Nina. No respiraba y no presentaba signos vitales. Los médicos iniciaron maniobras de reanimación que se extendieron durante más de veinte minutos hasta lograr estabilizarla y trasladarla a Neonatología.

La hipoxia sufrida durante el parto le provocó lesiones neurológicas irreversibles. Hoy, con nueve años, Nina tiene una parálisis cerebral severa que no le permite movilizarse por sus propios medios, ni hablar ni alimentarse sola.

Nueve años después de aquellos hechos, el Juzgado Correccional N° 2 de La Plata concluyó que la responsabilidad penal por lo ocurrido recayó sobre Pestaña Guido. El juez la condenó por lesiones gravísimas culposas al considerar acreditado que actuó con impericia durante el trabajo de parto y que sus omisiones fueron determinantes para el resultado.

Distinta fue la situación del obstetra Daverio. La Fiscalía lo acusaba de haber omitido ordenar nuevos estudios luego de que una ecografía realizada en la semana 35 del embarazo alertara sobre una posible restricción del crecimiento fetal. Sin embargo, tras escuchar a peritos y testigos, el magistrado entendió que no pudo probarse que esa conducta hubiera sido negligente ni que guardara relación causal con las lesiones que sufrió la niña, por lo que resolvió absolverlo.

El obstetra también llegó a juicio acusado de haber adulterado la historia clínica de la paciente e incorporar una versión modificada al expediente judicial. Esa imputación, sin embargo, no fue analizada en cuanto al fondo: el juez declaró prescripta la acción penal al considerar vencido el plazo legal para juzgar esos delitos.

En la sentencia, el magistrado sostuvo que la actuación de ambos profesionales debía analizarse de manera independiente porque cada uno intervino en momentos distintos del proceso asistencial. Mientras entendió que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a Daverio por el seguimiento del embarazo, concluyó que durante las horas decisivas del parto la actuación de la obstetra elevó el riesgo que atravesaba la bebé y terminó desencadenando las gravísimas secuelas que padece hasta la actualidad.

La familia de Nina, sin embargo, adelantó que apelará la decisión de la Justicia sobre Daverio y recurrirán a todas las instancias judiciales posibles para también reciba una pena. El abogado Miguel Molina, que los representa, explicó: “La apelación se centrará sobre el manto de impunidad con el que se pretende proteger a Daverio. Quedó demostrado en el juicio que el no realizó los controles adecuados del embarazo de María José que hubieran permitido conocer si existía algún inconveniente en el proceso de crecimiento de la beba por nacer”.

Este se trata del segundo proceso judicial que enfrenta el obstetra Daverio: en noviembre de 2024 había sido condenado, en un juicio abreviado, a 2 años, 11 meses y 15 días de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación, por un parto de abril de 2017 en el que murió una beba y la madre debió ser sometida a una histerectomía de urgencia.

Las imágenes mostraron cómo quedó el predio ubicado en la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9, se prendió fuego cerca de las 2.30 de la madrugada, por causas que todavía permanecen bajo investigación. Esto provocó un gran despliegue de bomberos, personal de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y técnicos de EDELAP que para las 6 de la mañana pudieron controlar las llamas.

Según el Cuartel Central de Bomberos de La Plata, en el operativo de extinción trabajaron tres dotaciones propias —que aportaron dos autobombas y una cisterna— y otras tres provenientes de los cuarteles de San Carlos, Gonnet y Villa Elisa.

A las 15 horas, más del 60% de los usuarios afectados ya contaba con el servicio eléctrico normalizado. De acuerdo con el comunicado oficial de EDELAP, el incendio dejó sin suministro a casi 65 mil usuarios de distintas zonas de La Plata y localidades aledañas. Para el momento de la publicación de ese parte, 43.000 usuarios habían recuperado el servicio, mientras que 22.000 —equivalentes al 5% del total de la distribuidora— aún permanecían sin suministro. La empresa activó su Plan Operativo de Emergencia desde las primeras horas y desplegó todos sus recursos técnicos y operativos para la reconfiguración de la red, con la instalación de más de 15 grupos electrógenos, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud y los usuarios electrodependientes.

Las zonas afectadas por el corte incluyeron sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet. Según informó el diario El Día, el apagón se extendió desde los hipermercados ubicados en los caminos Centenario y Belgrano hasta las calles 7 y 38, con reportes adicionales de vecinos sin energía en La Loma y otras zonas aledañas. El tramo final de la Autopista Buenos Aires-La Plata también quedó sin iluminación, lo que generó dificultades para los conductores que regresaban tras el fin de semana largo.

La explosión también provocó el derrumbe de la medianera de una vivienda cercana a la subestación. César, propietario de la casa afectada, relató en declaraciones a Radio Mitre que la pared del inmueble se desplomó por completo, cayendo sobre la pileta y derribando una palmera de gran tamaño.

El hombre explicó que no se encontraba en el domicilio al momento del siniestro: “Mi cuñado estaba viviendo acá y me llamó un vecino para que lo ayudáramos, porque mi cuñado tiene un ACV y todavía se está recuperando; no podía valerse por sus propios medios”. Según relató, la prioridad fue rescatar a las personas mayores y a las mascotas del interior de las viviendas afectadas. Como medida preventiva, EDELAP dispuso la evacuación de vecinos que residen en inmuebles cercanos a la instalación mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

Las máquinas retroexcavadoras removieron durante la mañana los restos quemados de la subestación, que se encuentra pegada a la cancha de fútbol de Ringuelet. Una parte de las instalaciones quedó destruida y las autoridades realizaban balances sobre los daños causados a la infraestructura.

El incendio también impactó sobre los servicios de agua y cloacas. Según el comunicado de ABSA, se encuentran afectadas múltiples instalaciones, entre ellas el rebombeo de agua de 120 y 33 —que afecta directamente los barrios El Dique, Villa Catella, Ringuelet, El Mercadito y Tolosa— y la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Ringuelet, además de varias perforaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad. La empresa informó que se están coordinando traslados de grupos electrógenos para el rebombeo y camiones cisterna para asistir a instituciones de salud prioritarias, y solicitó a los usuarios “cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinarlas solo a consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales”.

EDELAP informó además que mantiene diálogo permanente con los gobiernos municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia a los vecinos de La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa. El plan de reposición total se ejecutará de forma paulatina, dado que requiere un amplio operativo de personal técnico y la instalación del equipamiento de generación necesario para cubrir los sectores aún sin suministro.

A través de un comunicado oficial, EDELAP informó que el siniestro se produjo a las 2:30 de la madrugada en una instalación ubicada dentro de la Subestación Tolosa, emplazada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. La empresa indicó que las causas que originaron el incendio aún se encuentran bajo investigación.

Tras detectarse el foco ígneo, se puso en marcha un operativo de emergencia en el que participaron varias dotaciones de Bomberos, agentes de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y equipos técnicos de la distribuidora eléctrica.

Según informó la compañía, “el incendio ya se encuentra controlado gracias al trabajo coordinado de todos los organismos que intervinieron en la emergencia”.

Como medida preventiva, además, se dispuso la evacuación de vecinos que residen en inmuebles cercanos a la instalación afectada para evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de extinción y evaluación de daños.

Las imágenes registradas durante la madrugada mostraron una intensa actividad de los equipos de emergencia, que trabajaron durante varias horas para contener el fuego y evitar que alcanzara otras áreas de la subestación.

Como consecuencia del incidente, se produjo una interrupción significativa del servicio eléctrico en distintos puntos de la capital bonaerense y su zona de influencia.

De acuerdo con el reporte difundido por EDELAP, los cortes afectan sectores del casco urbano de La Plata y los barrios de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

La falta de energía generó complicaciones en la circulación debido a la salida de servicio de numerosos semáforos, además de afectar la actividad comercial y el funcionamiento habitual de hogares y oficinas. Durante varias horas, amplios sectores de la ciudad permanecieron prácticamente a oscuras.

Frente a la magnitud del corte, la empresa puso en marcha un esquema especial de contingencia destinado a restablecer progresivamente el suministro.

La distribuidora explicó que actualmente trabaja en la reconfiguración de la red eléctrica para abastecer nuevamente a las zonas afectadas, otorgando prioridad a los servicios esenciales. Entre ellos se encuentran hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población.

Para sostener estas tareas, EDELAP desplegó un operativo técnico que incluye cuadrillas especializadas y grupos electrógenos destinados a asistir a los sectores más comprometidos mientras avanzan las reparaciones.

La compañía aseguró que dispuso la totalidad de sus recursos técnicos y operativos para enfrentar la emergencia. Además, indicó que sus trabajadores continuarán desempeñando tareas de manera ininterrumpida hasta lograr la normalización completa del suministro eléctrico.

El plan contempla una reposición gradual del servicio, ya que la recuperación depende de la evaluación de los daños sufridos por la infraestructura afectada y de la implementación de maniobras técnicas para redistribuir la energía disponible.

Fuentes de la empresa señalaron que las tareas son complejas debido a la importancia estratégica de la Subestación Tolosa dentro del sistema de distribución eléctrica que abastece a gran parte de la región.

La empresa reiteró sus disculpas a los usuarios afectados por los inconvenientes ocasionados y aseguró que continuará brindando información actualizada sobre el avance del operativo a través de sus canales oficiales.

Por el momento, las cuadrillas continúan trabajando en distintos puntos de la red con el objetivo de devolver el suministro a los miles de usuarios que permanecen afectados por uno de los cortes de energía más importantes registrados en La Plata durante los últimos años.

Según informó el canal de noticias TN, el siniestro se registró a las 3:00 de la madrugada sobre la calle 9 entre 527 y 528. En el lugar trabajaban al menos cuatro dotaciones de bomberos.

En tanto, trascendió que el incendio habría provocado la explosión de un transformador de la empresa Edelap y, como consecuencia de ello, se encontraban sin luz diferentes zonas, entre ellas Tolosa, Ringelet, Ensenada, City Bell, Gorina y Gonnet.

De acuerdo a la página oficial de Edelap, el servicio llega a más de 1 millón de personas, con 400 mil usuarios, en un área de concesión de 5700 kilómetros cuadrados.

Si bien cerca de las 7, los bomberos informaron que “las lenguas grandes de fuego” ya habían sido sofocadas, aclararon que el incendio aun no está extinto en su totalidad. “Hay dos frentes grandes, uno sobre Camino General Belgrano y otro sobre calle 527″, detallaron.

Comunicado oficial de Edelap

Pasadas las 8 de la mañana, la empresa confirmó que “el incendio ya se encuentra controlado gracias al trabajo coordinado de todos los organismos que intervinieron en la emergencia”.

Como medida preventiva, Edelap dispuso la evacuación de vecinos que residen en inmuebles cercanos a la instalación afectada para evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de extinción y evaluación de daños.

Frente a la magnitud del corte, la empresa puso en marcha un esquema especial de contingencia destinado a restablecer progresivamente el suministro.

La distribuidora explicó que actualmente trabaja en la reconfiguración de la red eléctrica para abastecer nuevamente a las zonas afectadas, otorgando prioridad a los servicios esenciales. Entre ellos se encuentran hospitales, centros de salud, establecimientos sanitarios y otras dependencias consideradas críticas para la atención de la población.

La ciudad amaneció a oscuras

A primeras horas de la mañana, las imágenes captadas en el lugar por el canal de TV mostraban una ciudad sumida en la oscuridad, con la única iluminación proveniente de los móviles policiales, las balizas de emergencia y las unidades de bomberos desplegadas en la zona.

Ante la magnitud del apagón, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes y asistir en el ordenamiento del tránsito ante la falta de semáforos.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular por la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios hasta tanto se normalizara la situación.

Uno de los puntos más críticos se registró en los últimos 10 kilómetros de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la falta de suministro eléctrico dejó amplios tramos completamente a oscuras.

La situación generó preocupación entre los conductores que regresaban a la ciudad tras el fin de semana largo, ya que la visibilidad era prácticamente nula en algunos sectores. Por este motivo, se pidió a los automovilistas reducir la velocidad, utilizar correctamente las luces reglamentarias y mantenerse atentos a las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Edelap había anunciado cortes programados para este lunes y martes

Antes de que se produjera el apagón, la empresa distribuidora Edelap había informado que este lunes iba a continuar con trabajos programados de mantenimiento en la red.

Según precisó la compañía, las tareas provocarán cortes de energía en sectores específicos de la ciudad. De acuerdo con el cronograma difundido, este lunes 17 de agosto los trabajos se realizarán entre las 9 y las 15:30 en el área comprendida entre las calles 8 y 11, y entre las calles 50 y 53 de La Plata.

“Durante ese período podrían registrarse interrupciones del suministro eléctrico para los usuarios ubicados dentro de ese perímetro”, advirtieron.

La empresa también aclaró que los trabajos podrían ser reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas o situaciones operativas que impidan su desarrollo normal.

Desde la distribuidora recordaron que los clientes registrados en la Oficina Virtual o en la aplicación oficial reciben notificaciones antes, durante y después de cada intervención programada. Además, pueden consultar el estado del servicio y realizar distintos trámites de manera online.

En este sentido, la explosión registrada en la madrugada en dicha central provocó el derrumbe de una vivienda cercana. César, propietario de la casa afectada, relató cómo se desarrollaron los hechos y destacó la intervención de los equipos de emergencia.

De acuerdo con lo informado en Radio Mitre, la pared de la vivienda se desplomó completamente, cayendo sobre la pileta y derribando una palmera de gran tamaño. El dueño de la propiedad explicó que no se encontraba en el domicilio al momento de la explosión: “Mi cuñado estaba viviendo acá y me llamó un vecino para que lo ayudáramos, porque mi cuñado tiene un ACV y todavía se está recuperando; no podía valerse por sus propios medios”. Según relató, el llamado de alerta llegó hacia las dos y media de la madrugada, cuando el apagón ya se había producido en la zona.

En este punto, afirmó que la prioridad fue rescatar a las personas mayores y a las mascotas del interior de las viviendas afectadas. “Vinimos a rescatar a mi cuñado, principalmente porque estaba asustado, y los vecinos también ayudaban a sacar a las personas mayores y a rescatar mascotas”, expresó César.

“Fue muy fuerte la explosión, pero nunca se imaginó de qué se trataba. Cuando bajó a ver a la mascota, el perro que estaba abajo, ahí tomó dimensión de la lengua de fuego”, puntualizó el entrevistado. En ese momento, su cuñado logró sacar el auto del garaje antes de la llegada de los bomberos y de los equipos de emergencia, que ya trabajaban en la zona para contener el incendio y asistir a los afectados.

Según la información publicada por Edelap, el servicio eléctrico abastece a más de un millón de personas y alcanza a 400 mil usuarios en una zona de concesión de 5.700 kilómetros cuadrados. Hacia las 7 de la mañana, los bomberos comunicaron que las llamas principales habían sido controladas, aunque aclararon que el incendio no estaba completamente extinguido. Y señalaron la existencia de dos focos activos: uno sobre Camino General Belgrano y otro en la calle 527.

Debido a la magnitud del corte de energía, las autoridades implementaron un operativo de seguridad que incluyó el refuerzo de efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad para prevenir incidentes y colaborar con el tránsito ante la ausencia de semáforos.

Se recomendó a la población circular con extrema precaución y evitar desplazamientos que no fueran imprescindibles hasta que la situación se normalizara. Uno de los sectores más afectados fue el tramo final de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la falta de energía dejó extensas áreas sin iluminación. Esta circunstancia generó inquietud entre los conductores que regresaban tras el fin de semana largo, ya que la visibilidad resultaba muy limitada en algunos puntos. Por este motivo, se solicitó a los automovilistas reducir la velocidad, utilizar las luces reglamentarias y atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

La Feria Plateada celebrará su IV edición del 28 al 30 de agosto en el Centro Provincial de las Artes - Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria que ampliará su escala, sumará nuevos formatos y buscará reforzar la profesionalización del campo artístico bonaerense desde la capital provincial.

La edición 2026 marcará un récord de participación: pasarán de 25 a 39 galerías y proyectos artísticos seleccionados sobre unas 100 postulaciones recibidas. En las tres ediciones anteriores asistieron 3.000 personas por año.

La propuesta, producida por el Instituto Cultural de la Provincia a través del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, tuvo su lanzamiento oficial en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de Federico Ruvituso, director del museo, y los curadores Virginia Martin y Facundo Belén, junto con coleccionistas y galeristas bonaerenses.

El crecimiento de la feria obligó a rediseñar su disposición física. La muestra dejará la sala Pettoruti, ubicada en el primer subsuelo del Teatro Argentino, y se trasladará al hall principal y a las plazas secas.

Ese cambio modificará la relación del evento con la ciudad al conectar la feria con el espacio público y habilitar un recorrido más abierto. La nueva disposición también incorporará un espacio gastronómico.

Otra de las novedades será la creación de una isla editorial con 11 proyectos, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, aunque también participarán iniciativas de otras partes del país. A eso se sumará un itinerario por instituciones artísticas de La Plata, que además tendrán un sector dentro de la feria.

La programación de 2026 incluirá también propuestas performáticas y recorridos por espacios de la ciudad. Entre ellos figuran el MACLA, el Pasaje Eduardo Rocha, el Centro de Arte de la UNLP y Espacio de Arte Fundación OSDE.

Martin explicó que el objetivo es que la visita a Plateada funcione también como puerta de entrada al circuito artístico platense. La intención es vincular la experiencia de la feria con otros espacios de exhibición de la ciudad.

El objetivo central de Plateada es promover la profesionalización y la dinamización del campo artístico bonaerense. Por esa razón, convoca a galerías de ciudades como San Nicolás, General Villegas y Bahía Blanca, que desarrollan su estructura comercial dentro del territorio provincial.

La feria incorporará además colectivos de artistas con la idea de impulsar alianzas que puedan derivar más adelante en proyectos galerísticos. Ese criterio apunta a acompañar instancias formativas dentro del mercado del arte.

Ruvituso sostuvo que la respuesta a la convocatoria confirma una demanda sostenida. “Se nota mucho que estos espacios son una necesidad y un campo en construcción”, afirmó al describir un proceso que busca articular las artes visuales con el mercado y con el Estado a través de políticas públicas específicas.

Belén señaló que uno de los primeros rasgos que detectaron fue la distancia entre muchos proyectos del interior bonaerense y los circuitos tradicionales de exhibición y venta. “El origen de la feria apunta sobre todo a la inclusión y formación de proyectos de la provincia de Buenos Aires, proyectos que muchas veces son lejanos a los centros de exhibición y al mercado”, indicó.

Ruvituso agregó que entre un colectivo o una galería emergente y las ferias más consolidadas del país “no había muchas conexiones o información disponibles” sobre cómo presentarse, aplicar o profesionalizarse en el campo del arte.

La feria, según explicaron sus organizadores, busca acompañar procesos en formación y ofrecer orientación en una etapa inicial. Ese aprendizaje no se limita a ocupar un stand: este año se incorporará como requisito de aplicación una memoria conceptual, en un formato similar al que utilizan otras ferias nacionales e internacionales.

Martin explicó que ese ejercicio de postulación ordena el proyecto y exige traducirlo a un lenguaje profesional. “Obliga a ordenar una idea curatorial, presentar renders y traducir un proyecto a un lenguaje profesional que luego puede servir para otros premios, salones o convocatorias”, dijo.

La edición 2026 también tendrá premios que se entregarán el sábado. Los otorgarán el Instituto Cultural, coleccionistas y galeristas.

La semana pasada, tras una investigación que comenzó en 2023, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó su arresto, en una megacausa que terminó con otros diez detenidos y el allanamiento a un contador que trabajó en el pasado para un ministerio provincial.

Reyes está acusado de ser parte de la asociación ilícita encabezada por Deqiang, mencionado como muerto a tiros años atrás por fuentes del mundo del delito, aunque el fiscal jamás vio su tumba, mucho menos su certificadio de defunción. La lista de delitos es notable: juego clandestino, amenazas, pago de coimas.

Un celular incautado años atrás reveló el vínculo entre Deqiang y Reyes, con conversaciones particularmente intensas que ocurrieron a fines de 2022. ¿El negocio entre ambos? Simple: la supuesta venta de habilitaciones y clausuras, así como la entrega de licencias, todo por una tarifa de casi 300 dólares por trámite sucio.

El ex funcionario trataba al capo con una familiaridad insólita. Le decía “gato”, “boludo”, “gllún” “Ah, pero querés romper todo”, le dice, socarronamente, el ex funcionario al supuesto capo mafia en un audio.“Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“, le insistió el mafioso en una conversación de octubre de 2022. Deqiang, según la acusación, alquilaba los servicios de su presunto contacto en la Municipalidad platense. “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”, le reclamaba Reyes en otra conversación.

Sin embargo, hay una conversación que se destaca de entre todas. Ocurrió el 20 de enero de 2022 por la mañana. “Dale, levantate, que hay que ir a trabajar”, lo despertó Reyes a su contacto. “¡Boludo! ¡Tan temprano!“, le replicó Deqiang. No hablarían de habilitaciones, sino de un policía, en un tono alarmante.

“Este policía boludo. El dice a la tarde, él quiere ir preguntar bien, si da solucionar o no. Sino, no puede abrir, dice. Quiere seguir a clausurar. Este policía, re puto. Ahora, ahora yo llamar a la jefe para mandar para Chascomús a este puto”.

“Ahí me ocupo”, respondió Reyes. Sin embargo, Deqiang no se tranquilizaba. “¿Qué se mete él?“, siguió. Luego, expuso su plan:

“No, no, que para matar. Para lastimar, para la… para romperlo una pierna (sic), seguro".

El funcionario, un subsecretario en función, le respondió: “Si querés vamos mañana y bsucamos la casa. Yo más o menos me ubico dónde es”. Deqiang, sorprendido, le sugirió que pare un poco: “¿Vos estás loco? Después tengo problema".

Parecería una cuestión aislada, pero recordar el vínculo entre Deqiang y la Policía Bonaerense es inevitable. Deqiang, alias “Matías”, registrado como supermercadista en la AFIP de ese entonces, con actividad comercial en el país desde 2006, decía ser un referente de su comunidad, el presidente de la supuesta Cámara de Comercio de Supermercados Chinos de la ciudad de La Plata, Beriso y Ensenada.

En marzo de 2022, Deqiang fue detenido por orden de Condomí Alcorta, en una causa previa. La Bonaerense lo alojó en la Comisaría 1° de La Plata, pleno centro de la ciudad. Una noche, el capo se levantó de su celda y se fue. Trepó el portón de la seccional para no volver, en una fuga obscena.

“La Agencia” era una red de explotación sexual manejada por madre e hija: Luana Meza Romero (40) y Julieta Santillán (21), ambas acusadas de reclutar mujeres y ofrecerlas en los VIPS de los boliches de Pinamar. La semana pasada, ambas fueron detenidas por presuntamente liderar una banda que operaba mediante un sitio pornográfico.

La investigación, liderada por fiscal Walter Mercuri, de la UFI N° 8 de General Madariaga, con la participación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, y la DDI La Plata, permitió desarticular la red que explotaba sexual y económicamente a mujeres jóvenes en la ciudad costera y en La Plata.

El testimonio de dos víctimas que lograron escapar fue clave para reconstruir el modus operandi de la red. De acuerdo a las declaraciones a las que accedió Infobae, ambas fueron reclutadas de la misma manera. Ejercían la prostitución junto a Santillán, quien ganaba su confianza y luego les ofrecía trabajar con ella.

Según relataron, al comienzo “todo iba bien”. Trabajaban en varios departamentos de Pinamar, donde Santillán se encargaba de conseguir los clientes y las jóvenes los “atendían”. Mientras ella se encargaba de reclutarlas, Meza Romero era quien manejaba los perfiles en una página llamada “Gemidos TV”. Allí, subían fotos de las damnificadas bajo los pseudónimos “Loli” y “Lolita”.

“Hola mi amor, mi servicio es completo y convencional lo hago todo jajaja. Soy muy sumisa. Soy dulce por fuera, fuego por dentro. Muy mimosa, juguetona y sumisa, disfruto entregarme a la química del…”, dice la descripción de uno de los perfiles utilizados para coordinar los contactos con los clientes.

El modo de pago también era controlado por las acusadas: los clientes abonaban en efectivo, a veces en dólares, o mediante transferencias, que eran recibidas directamente por Luana. Fuentes cercanas al caso revelaron a este medio que la mujer de 40 años utilizaba la billetera virtual de su madre muerta para realizar las operaciones.

Durante los primeros meses, las chicas cobraban el total del dinero recaudado. Sin embargo, esa situación cambió. “Julieta empezó a tratarme mal y a quedarse con la totalidad del dinero de mi trabajo. Me decía que yo debía pagar los gastos del mantenimiento de ‘La Agencia’ y de la página de Internet”, señaló una de las jóvenes.

“Ella al principio te endulzaba, te sacaba a comer y después no te daba nada”, manifestó la otra víctima, en referencia a Luana. Ella y Julieta le advirtieron que tenía que empezar a pagar una cuota de 60 mil pesos por el lugar donde estaban alojadas. Lo mismo le ocurrió a la otra chica, quien detalló que, según las detenidas, debía pagarles $1.500.000.

Para evitar que escaparan, las acusadas les retenían sus DNIs y los teléfonos celulares. A su vez, les advertían que no podían regresar a sus casas, ya que “una vez que entras, no podes salir”.

La mayoría de las veces eran madre e hija quienes las golpeaban y las amenazaban, aunque también contaban con hombres para que las intimidaran. “Si la Policía me allana, tu familia va a tener problemas ya que ‘La Agencia’ podría atentar contra su vida”; “Si decís algo, va a arder Troya”, eran las amenazas que recibían.

El año pasado, una de ellas logró escapar de la red. “Luana rompió los vidrios de mi casa”, manifestó. Tras lo ocurrido, hizo la denuncia y se mudó con su pareja porque “tenía mucho miedo”. Tiempo después, mientras trabajaba en un local de ropa, Luana la volvió a contactar para que vuelva a trabajar con ella, prometiéndole que las condiciones iban a cambiar.

Con la fe de que las cosas iban a ser diferentes, la joven decidió volver. “Fue la peor decisión que tomé en mi vida”, lamentó en su relato a la Justicia.

La red utilizaba siempre la misma mecánica cuando una de las chicas quería volver a su casa. Las movían de Pinamar a La Plata, bajo la excusa de que allí ganarían “plata fácil”. En esos departamentos, eran obligadas a trabajar gratis para saldar sus deudas, sufrían maltratos constantes y permanecían encerradas. A pesar de que ninguna de las dos tenía contacto con otras trabajadoras, ambas sabían de la existencia de más damnificadas.

Cómo las descubrieron

Quien destapó la red fue una joven de 20 años que, el pasado 5 de agosto, se presentó en la DDI La Plata junto a Santillán para levantar la denuncia por averiguación de paradero que había radicado su familia al no tener novedades de ella. Una vez en la dependencia, uno de los efectivos advirtió que la chica podía estar siendo retenida contra su voluntad y decidió separarla de Santillán.

El policía se comunicó entonces con el fiscal Walter Mercuri, quien entrevistó a la joven de manera virtual. Durante la conversación, ella contó que estaba retenida bajo amenazas y era obligada a trabajar para la organización. “Tengo miedo por la vida de mi familia, ya que Lu me dijo que si yo decía algo la iban a pagar mis papás”, manifestó, mientras Santillán permanecía en la dependencia.

A partir de su declaración, el fiscal dispuso la detención de Santillán, quien había acompañado a la víctima hasta la sede policial.

Ese mismo día, al no tener novedades de su hija, Meza Romero, señalada como la líder de la organización, envió a otra de las chicas a la DDI para averiguar qué había ocurrido. Al llegar, la joven dijo que trabajaba en un local de ropa y preguntó por Santillán.

Sin embargo, durante la entrevista con los investigadores, reveló que ella también era víctima de la misma red y que estaba retenida contra su voluntad. “Yo tengo mucho miedo de declarar. No quiero volver con ellas, les tengo miedo”, expresó ante Mercuri.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado en la avenida Libertador, en Pinamar, y otro en la calle 63, entre 7 y 8, en La Plata. Los procedimientos culminaron con las detenciones de Luana Meza Romero, Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25).

Durante los operativos, los agentes secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir, profilácticos, $3.397.500 en efectivo, USD 1.100, documentación de las víctimas y otros elementos de interés para la investigación. En el domicilio de La Plata también fue resguardada una niña de 9 años, hija de una de las aprehendidas, por lo que se dio intervención al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la investigación pasará a la Justicia Federal ante la posible existencia del delito de trata de personas. Las autoridades continúan trabajando para identificar a otros integrantes de la organización y localizar a más víctimas.

Una funcionaria judicial en La Plata fue procesada en el marco de una investigación por presunta estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Según trascendió, la sospechosa está acusada de liderar una estructura de defraudación mediante el uso de cuentas virtuales y datos apropiados.

Luego de que fuera arrestada esta semana, una integrante del Patronato de Liberados, identificada como A. M., fue procesada por la fiscal Betina Lacki. Este viernes había sido citada a declarar, pero la acusada se negó a responder las preguntas. Ahora, la investigadora cuenta con un plazo de quince días, prorrogable por otro igual, para resolver si solicita la prisión preventiva de la detenida.

La causa investiga el destino de aproximadamente $27.000 millones movilizados en el término de un año. De acuerdo con las sospechas de los investigadores, se cree que la organización que habría liderado la acusada habría utilizado datos personales de personas vulnerables y cuentas en billeteras virtuales para ocultar el origen de fondos.

Según la información publicada por el medio platense 0221, la investigación tuvo un avance clave el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal Lacki ordenó múltiples allanamientos a partir de una base probatoria reunida durante meses de análisis técnico. La hipótesis principal describe una operatoria conocida como “smurfing” o “pitufeo”, que consiste en fraccionar grandes sumas en múltiples operaciones menores para eludir controles financieros.

Todo apuntaría a que los integrantes de la organización captaban a personas en situación de vulnerabilidad ofreciéndoles $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos, con los cuales abrían cuentas en billeteras virtuales.

Una vez que las víctimas eran captadas, se las citaba en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en el corazón de La Plata, con la intención de que los operadores les tomaran fotografías, escanearan sus rostros y abrieran las cuentas digitales.

A partir de este acuerdo, estas cuentas pasaban a funcionar como “mulas” para recibir y transferir dinero de origen desconocido. Posteriormente, los fondos eran derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego, dificultando así el seguimiento del dinero.

Actualmente, las autoridades se enfocaron en determinar el origen de los fondos y el papel que desempeñó cada involucrado en la estructura. No obstante, sobre la funcionaria imputada se cree que habría utilizado su posición para acceder a personas bajo supervisión judicial o en contextos de vulnerabilidad social.

Por este motivo, en el expediente judicial, A. M. fue señalada como la presunta responsable de cumplir tareas de captación dentro de la organización. De encontrarse pruebas al respecto, esto podría traducirse en un cargo extra por abuso de función pública. En simultáneo, la Justicia continúa investigando a otros posibles implicados.

Imputaron al ex intendente de La Plata Julio Garro en una causa por loteos ilegales

El ex intendente de La Plata, Julio César Garro, fue imputado en el ámbito de la justicia bonaerense por presuntas irregularidades durante su administración, en una causa que investiga loteos ilegales para barrios privados. La acusación abarca enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, se analiza una posible afectación ambiental de impacto colectivo.

La diligencia judicial se realizó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la dirección del fiscal Juan Ignacio Mennucci y la intervención de la jueza de garantías Marcela Garmendia. Garro, quien fue intendente entre 2015 y 2023 por Juntos por el Cambio, se presentó a la citación y fue notificado de los cargos y de sus derechos constitucionales.

La causa se inició tras una denuncia presentada por el actual intendente, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia municipal, Marina Mongiardino. El planteo exige investigar la supuesta omisión en los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.

Según la acusación, durante la gestión de Garro se habrían facilitado desarrollos habitacionales sin la aprobación de la provincia de Buenos Aires, ignorando observaciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región. La investigación busca establecer si se desobedecieron órdenes provinciales que prohibían autorizar urbanizaciones sin convalidación legal y técnica, entre los años 2015 y 2023.

La denuncia presentada señala que los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no tendrían posibilidad de regularización. El expediente involucra, además de Garro, a varios ex miembros de su gabinete, imputados bajo los mismos cargos.

Entre ellos figuran Oscar Negrelli (ex secretario de Coordinación), María José Botta (ex titular de Planeamiento Urbano), Leandro Ronga, Augusto Sciarretta y Marcelo Gustavo Genoro, además de Marcela Rogg, ex directora general de Planeamiento. Todos ellos ya se presentaron ante la justicia, cumpliendo con el trámite de comparecencia. Por otra parte, Luis Esteban Barbier, ex secretario de Obras Públicas, no asistió a la citación fijada para el 7 de agosto, alegando encontrarse en el extranjero.

Al menos 15 allanamientos se realizaron en distintos puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga un presunto nexo de corrupción entre la denominada “mafia china” y un ex funcionario platense. Los operativos, desarrollados de manera simultánea, culminaron con varios detenidos y el secuestro de armas de fuego, celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación judicial se inició en 2022 tras la fuga de Ke Deqiang, alias “Matías”, presunto integrante de la organización, quien estaba detenido en la Comisaría Primera de La Plata por extorsiones e intimidaciones a comerciantes. La noche en la que escapó, el detenido se levantó de su celda, trepó el portón de la seccional y nunca más volvió a ser visto.

Desde entonces, Deqiang permanece prófugo y los investigadores sospechan que podría encontrarse fuera del país. Según la causa, utilizó su posición de presidente de una Cámara de Comercio china como fachada para liderar la estructura, impartiendo órdenes sobre juego clandestino, cobros extorsivos y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, el operativo fue ordenado con el fin de desarticular una organización vinculada con extorsiones, amenazas, juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y maniobras irregulares para obtener habilitaciones y licencias.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron pistolas 9 milímetros, armas calibre .380, escopetas Ithaca, celulares y documentación. Parte de este material será analizado para determinar el alcance de las operaciones.

Hasta el momento, se confirmó que entre los detenidos se encuentra un ex funcionario municipal de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata. El acusado se encuentra bajo sospecha de presuntamente haber usado su cargo para intervenir de forma irregular en trámites de habilitaciones comerciales, licencias de conducir, levantamiento de infracciones y permisos de venta de alcohol.

La Justicia investiga si el ex funcionario habría actuado como nexo entre la organización y autoridades provinciales vinculadas al Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), a través de gestiones a cambio de dinero.

En el expediente se incorporaron conversaciones que mencionan pagos para obtener irregularmente licencias de conducir. Además, al ex empleado municipal se le atribuyó haber conseguido habilitaciones de Agencia Platense de Recaudación (APR) y REBA para Ke Deqiang.

En una de ellas, registrada en octubre de 2022, el ex funcionario le mandó un audio, donde le reprochó: “Ah, pero querés romper todo. Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“. Aparentemente, el vínculo entre ambos ya había adquirido tonos de familiaridad. “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”, le decía en otra conversación.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el ex titular de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano tenía el poder de decidir qué locales estaban habilitados. Por esto, se sospecha que habría recibido coimas de la mafia china para proceder a las bajas de los comercios. Se estima que habría percibido $75 mil, que representaban unos 260 dólares al cambio de ese entonces.

“Valiéndose de influencias en sectores claves, procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y/o requisitos que las normas exigen”, explicó el titular de la UFI N°16, el Juan Cruz Condomí Alcorta, quien se encuentra al frente de la causa.

También fueron detenidas varias personas de origen chino. Según trascendió, algunas estaban vinculadas a la gestión de juego clandestino y préstamos, mientras que las otras habían sido empleadas para intimidar a los comerciantes.

La causa sigue abierta y los peritajes sobre el material secuestrado serán clave para definir nuevas imputaciones y profundizar en el alcance de la organización. Asimismo, remarcaron que uno de los objetivos será determinar el grado de organización interna y el rol específico de cada implicado.

Los sospechosos fueron identificados como Mariano Nicolás Padrón, de 32 años, y Ernesto Raúl Villalba Ojeda, de 33. Al momento del arresto, en el cruce de 142 y 46, tenían en su poder un revólver calibre .32 con la numeración de serie limada.

También varios elementos que se presumen fueron robados, como dinero en efectivo, incluidos 33 billetes antiguos fuera de circulación y dos dólares estadounidenses, cuatro celulares, una netbook y un maletín para esa computadora y varios documentos. Todo quedó secuestrado, al igual que la moto Honda Titán 150 negra en la que se movían, dos cascos, guantes, una maza de albañil y una mochila.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos contaban con antecedentes penales. Es más, Villalba Ojeda registraba un pedido de captura activo por un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego, solicitado por la justicia local desde marzo de 2017. En su largo historial delictivo también figuran causas por robo calificado, robo agravado, resistencia a la autoridad, desobediencia y tentativa de robo.

Padrón, por su parte, enfrentó expedientes por robo agravado y encubrimiento.

Según la investigación, los detenidos estarían relacionados con otros dos asaltos recientes en comercios de la ciudad. Uno de los episodios ocurrió durante la tarde del 21 de julio pasado en un kiosco de 59 y Diagonal 74.

Como muestra el video que encabeza esta nota captado por una cámara de vigilancia, se observa el ingreso de los asaltantes. Ambos tenían puestos cascos y guantes. Uno de ellos, armado, apuntó a la encargada y a una clienta, exigiendo el dinero disponible tras revisar la caja registradora. “Dame la plata grande”, le repitió varias veces, mientras su cómplice tomaba el teléfono de la clienta. Luego, obligaron a las víctimas a entrar al baño y les ordenaron: “Que no salga nadie, cuenten hasta 100”. Tras ello, huyeron con aproximadamente 300.000 pesos.

Una semana después, el 28 de julio en horas de la noche, otro robo bajo la misma modalidad afectó a un almacén en 57 y 18. La filmación muestra un modus operandi casi idéntico. Los asaltantes con cascos y guantes, uno de ellos armado, se bajaron de la moto y entraron al local. Tras casi dos minutos, salieron con unos 160.000 pesos, cigarrillos y una notebook que guardaron en una mochila.

Uno de los delincuentes también salió con un parlante, que dejó momentáneamente en la vereda mientras intentaba arrancar la moto. En ese instante, una joven que pasaba por el lugar advirtió la situación, tomó el parlante y lo devolvió al local. El asaltante intentó recuperarlo, pero la reacción de automovilistas, que comenzaron a tocar bocina, y los gritos de la joven solicitando ayuda, lo hicieron desistir de buscar el objeto y huir junto a su cómplice.

Hay un hecho más con el que se los vincula: un asalto a una agencia de lotería ocurrido también esta semana. En ese caso, el dueño del lugar fue sorprendido cuando estaba por cerrar. Los asaltantes estaban armados con un revólver y una maza, con la que lo golpearon, provocándole una lesión leve.

Ambos delincuentes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Corfield.

Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata por la quinta fecha del Torneo Clausura y sostuvo su invicto como local en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Gracias a los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el Pincha profundizó una supremacía que ya se extiende a 23 años sin derrotas en casa ante su rival histórico. Las redes sociales se hicieron eco del enfrentamiento y uno de los focos se centró en las dos expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti que sufrió el Lobo.

En el inicio, el León monopolizó la posesión y logró instalar el juego en campo rival. Esa dinámica aisló a los hombres de ataque de Gimnasia, aunque durante buena parte del primer tiempo a los dos equipos les costó generar situaciones claras. Con el paso de los minutos, el conjunto de Ariel Pereyra equilibró el desarrollo a partir de la conducción de Nacho Fernández. En ese tramo, Fernando Muslera sostuvo al local con una atajada decisiva ante Agustín Auzmendi.

El quiebre llegó a los 34 minutos de la primera parte. Alexis Steimbach fue expulsado por una fuerte plancha sobre Joaquín Tobio Burgos, una acción que el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó con tarjeta roja después de revisarla en el VAR y fue una de las más comentadas en redes sociales. A partir de esa superioridad numérica, el Pincha recuperó el control del clásico y abrió el marcador antes del descanso por intermedio de Mancuso.

Gimnasia ya había perdido estabilidad y en el comienzo del complemento la desventaja se agravó todavía más. Germán Conti vio la roja en los primeros minutos de la segunda parte. El zaguero fue amonestado por tocar la pelota con la mano tras un mal cálculo y luego recibió la segunda tarjeta por una infracción sobre Adolfo Gaich. Con dos hombres de más, el local transformó el dominio en goleada. Tiago Palacios marcó el segundo a los 14 minutos del segundo tiempo, Tobio Burgos definió por arriba de Nelson Insfrán a los 25 para el 3-0 y Alexis Castro selló el 4-0 cerca del final.

La victoria reforzó el predominio de Estudiantes en el historial del clásico platense. Alcanzó su triunfo número 70 y estiró a 19 partidos la diferencia sobre Gimnasia, que suma 51 victorias; además, igualaron en 72 ocasiones. El dato más pesado para el visitante sigue siendo su sequía fuera de casa ante su rival de ciudad. El Lobo no gana en terreno del Pincha desde el 20 de abril de 2003, cuando se impuso 4-2 en el viejo estadio de 1 y 57. En la actual sede de Jorge Luis Hirschi, el León mantiene el invicto ante el Tripero con tres victorias y tres empates.

El resultado también movió la tabla: el Pincha trepó al cuarto puesto de la Tabla Anual con 37 unidades, mientras el Lobo quedó séptimo con 35 y dejó pasar la posibilidad de alcanzar la cima de la zona B. Tras el 1-1 conseguido en La Plata, Estudiantes cerrará el martes a las 21:30 su llave de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. Ese mismo día, Gimnasia jugará desde las 17:00 contra Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina.

LOS MEJORES MEMES DEL CLÁSICO DE LA PLATA QUE TERMINÓ CON GOLEADA DE ESTUDIANTES Y DOS EXPULSADOS EN GIMNASIA

Pocas veces en una causa penal los presuntos involucrados en graves delitos, en este caso contra la salud pública —funcionarios y empresarios farmacéuticos— dejan por escrito, en audios de voz o mensajes de WhatsApp, una operatoria que la fiscalía califica con tres expresiones precisas: “maridaje”, “manto de cobertura estatal” y “cobertura estatal a los laboratorios” que fabricaron y vendieron el fentanilo adulterado vinculado con la muerte de 90 pacientes y que dejó secuelas en otros 41.

La presunta complicidad en lo que el propio dictamen llama “la trama sanitaria trágica” queda expuesta, entre muchos otros intercambios, en un mensaje que una funcionaria -sin identificar- del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) le escribió a la entonces directora de ese organismo, Gabriela Mantecón Fumado, cuando los productos elaborados en Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma, propiedad de Ariel García, ya circulaban en hospitales de todo el país:

[Funcionaria INAME]: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad.”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle. Sí lo sé.”

Las dos ex funcionarias imputadas en la causa son Nélida Agustina Bisio, ex administradora nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del INAME. Esta última, subordinada de la primera. Ambas fueron detenidas y luego liberadas bajo el pago de una fianza de 75 millones de pesos cada una y la prohibición de salir del país. En los próximos días, el juez Ernesto Kreplak deberá resolver su situación procesal. En caso de ser procesadas, la expectativa de pena por los presuntos delitos por los que se las indagó es de 10 a 25 años de prisión.

El dictamen firmado por la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta y Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sustenta esos cargos, se apoya en un universo de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y audios extraídos de los teléfonos celulares secuestrados a lo largo de la investigación. Esas comunicaciones, según la fiscalía, revelan una trama de acuerdos entre las máximas autoridades del organismo de control y los directivos de los laboratorios que les permitió a estos últimos seguir produciendo pese a las reiteradas alarmas sanitarias. La causa ya acumula 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma Group S.A. y a Laboratorios Ramallo, las dos firmas controladas por los hermanos Ariel y Diego García que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Nota para el lector I

Antes de continuar con la lectura de este relato —basado íntegramente en las pruebas que recabó la fiscalía contra las dos funcionarias que estaban a cargo de los máximos organismos de control sobre medicamentos e insumos médicos— es imprescindible conocer el quién es quién: los nombres y cargos de los representantes del Estado que intercambiaron mensajes con los responsables y empresarios de los laboratorios investigados por la mayor tragedia sanitaria del país.

Personas y cargos que aparecen en los mensajes y comunicaciones

INAME/ANMAT:

• Gabriela Mantecón Fumado — directora del INAME
• Nélida Agustina Bisio — administradora nacional de la ANMAT
• Ana Laura Canil — jefa de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME

HLB Pharma Group S.A.:

• Ariel García — dueño real del laboratorio socio
• Diego García — directivo y hermano de Ariel
• Javier Tchukran — director general y/o director de Manufactura
• José Antonio Maiorano — director técnico de HLB Pharma
• Ariel Cons — ex director técnico de HLB Pharma
• Carolina Ansaldi — directora técnica de Laboratorios Ramallo S.A.

Laboratorios Ramallo S.A.:

• María Victoria García (Vicky) — gerenta de Gestión de Calidad
• Edgardo Sclafani — gerente de Producción y Mantenimiento
• Arwlidys Dayana Astudillo Bolívar — empleada del laboratorio, vinculada a tareas de producción y control
• Eduardo Darchuk — jefe de Producción en Laboratorios Ramallo S.A.
• Wilson Pons — jefe de Control de Calidad en Laboratorios Ramallo
• Adriana Iúdica — encargada de control bacteriológico

Algunos datos a tener en cuenta

• “Batch record” es el registro de lote o protocolo de fabricación de lote. Es el documento que registra paso a paso y en tiempo real todo lo que ocurrió durante la fabricación de un medicamento. En la práctica es la historia clínica de cada lote producido.
• Las siglas BPF significan Buenas Prácticas de Fabricación. También se las conoce como GMP, del inglés Good Manufacturing Practices. Son el conjunto de normas y procedimientos que un laboratorio farmacéutico debe cumplir obligatoriamente para garantizar que los medicamentos que produce son seguros, eficaces y de calidad uniforme en cada lote elaborado. Es lo que deben controlar la ANMAT y el INAME.

La fiscalía dedica un capítulo entero del dictamen a lo que denomina “La cobertura estatal previa a la producción de fentanilo” —que se contaminó en la línea de producción— y concluye que Mantecón Fumado “habría proporcionado, al menos desde el año 2023, un manto de cobertura estatal a las empresas HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo S.A.”.

Más adelante, al analizar los correos y chats que surgieron de la reunión del 14 de enero de 2025 entre las funcionarias y los dueños del laboratorio -desarrollada en la sede de la ANMAT, Avenida de Mayo 869-, el dictamen afirma que el correo enviado al día siguiente por la gerenta de calidad de Ramallo a Mantecón Fumado “es sumamente ilustrativo de este maridaje y de los ‘acuerdos’ de la reunión”. Y agrega que las conductas de las funcionarias tuvieron como norte “no aquella misión sino una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva, hasta que finalmente tuvo lugar la elaboración del fentanilo contaminado”.

El aviso previo a la inspección

El primer eslabón de esa trama está fechado el 27 de noviembre de 2024, la víspera de la inspección no programada que el INAME realizó en la planta de Laboratorios Ramallo, ubicada en la localidad bonaerense del mismo nombre. Esa tarde, Javier Tchukran —director general y de Manufactura de HLB— le escribió a Ana Laura Canil, jefa de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME:

Javier: “¿Ana Laura cómo estás? Me comentó Antonio (por Maiorano, director técnico de HLB) que mañana van a ir a Ramallo, ¿tenés idea del motivo? Un abrazo grande. Soy Javier Tchukran el director de HLB”

Ana: “Hola Javier, sí, es una inspección que deviene de reportes de productos. Saludos.”

Para la fiscalía, esa respuesta confirmó la inspección y su motivo, y le dio al laboratorio tiempo suficiente para encubrir irregularidades. Esa misma noche, Tchukran convocó a través del grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo” —integrado por Wilson Pons, Edgardo Sclafani, Eduardo Darchuk, Carolina Ansaldi, Adriana Iúdica, María Victoria García y Arwlidys Dayana Astudillo Bolívar, entre otros— a una jornada de trabajo de emergencia:

Javier: “Estimados. Me acaban de avisar que mañana el ANMAT va a estar viniendo a la planta. Les pido por favor que además de estar todos en tiempo y en forma vengan antes de lo normal”

Arwlidys Dayana Astudillo Bolívar: “Hola Javi, ok.”

Según el dictamen, el grupo intercambió mensajes hasta las dos de la madrugada para ejecutar al menos 18 acciones de encubrimiento: colocar carteles de “fuera de uso” en máquinas no registradas en los batch records, sacar materia prima rechazada, masillar paredes, completar planillas de seguimiento y descartar desechos tóxicos y reactivos vencidos, entre otras maniobras.

La fiscalía señala que el nivel de incumplimiento en la planta de Ramallo era tan grave que ni siquiera ese operativo nocturno alcanzó para ocultar todas las deficiencias críticas ante las inspectoras Sandra Fabiana Chico y Sandra Judith Berndt, quienes el 28 de noviembre detectaron fallas sistémicas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.

Mantecón Fumado “rogaba” que respondieran los correos

Antes de la inspección de noviembre, el dictamen reconstruye un patrón de protección que la fiscalía rastrea hasta enero de 2024. El 17 de enero de ese año, José Antonio Maiorano —director técnico de HLB— le reenvió a Victoria García un mensaje que la propia Mantecón Fumado le había enviado para que llegara al laboratorio:

Antonio (reenvía mensaje de Mantecón Fumado): “Te escribo xq es muy importante que respondan a los correos de Ana Laura Canil. Sino voy a tener que tomar urgente otras medidas. Y no las voy a poder moderar después. Te ruego respondan. Después es más difícil remontar”

Antonio: “Buen día. Vicky, estamos al horno. Esto es de Mantecón. Pásame porfa urg el listado sin los de 100 y 2000 y vemos qué pasa... q no será nada bueno. Te lo pedí por mail tamb.” (sic)

Para los fiscales, el contexto del mensaje es el siguiente: se refiere al listado de productos farmacéuticos que Victoria García debía recortar antes de enviarlo al organismo de control, y que luego quedó reducido a “solo los de 500”. La interpretación es que se refiere a presentaciones o volúmenes de envase —los de 100 ml y los de 2.000 ml—, dejando únicamente los de 500 ml, como por ejemplo soluciones salinas, entre otros.

La fiscalía interpretó ese mensaje como evidencia de que Mantecón Fumado actuaba como intermediaria entre el organismo de control y los laboratorios, frenando el avance de las medidas regulatorias. El dictamen califica esa conducta como parte del “maridaje previo entre las funcionarias con los cargos más altos del organismo estatal y los laboratorios”.

En esa misma conversación, la fiscalía detectó que Victoria García, siguiendo instrucciones de Diego García, manipuló documentación antes de enviarla al INAME:

Victoria: “Hola Antonio, recién abro la computadora. Dale perfecto, ahí hago lo que dijo Diego, saco todo y dejo solo los de 500” (audio transcripto)

Días después, Maiorano le solicitó un nuevo recorte del listado, esta vez por indicación de Ariel García:

Antonio: “Vicky cómo estás? Disculpa que te vuelva a molestar, pero Ariel García habló con Ariel Cons y pidió que le mandaran a partir de febrero, porque antes de eso habían tenido una conversación con Mantecón, que ella sabía que estaban usando eso, entonces te pido por favor que me lo mandes, habría que sacar enero del año pasado, o sea a partir de febrero” (audio transcripto)

Victoria: “Dale perfecto, ahí saco eso y te lo vuelvo a mandar. Seguimos con el mismo concepto, dejo solo los de 500 y a partir de febrero” (audio transcripto).

El saché contaminado y la inspección que no llegó

El 16 de enero de 2024, Canil le informó a Mantecón Fumado, a través de WhatsApp, que había llegado una nueva notificación por un sachet de HLB contaminado con un hongo, y que el laboratorio no respondía los correos del organismo:

Ana: “Gaby (por la directora del INAME), cambiando de tema. Llegó otra notificación por Sachet contaminado de HLB. Todavía no respondieron el correo electrónico con lo solicitado”

Gabriela: “Mandamos inspección?”

Ana: “Cómo estás Gaby? Mira, la verdad es el mismo producto y viene ahora de otra provincia. Este es el envase de sachet sistema abierto. No responden los correos electrónicos. Yo ahora redacté un correo poniendo también en copia al elaborador que es Ramallo...”

La fiscalía señala que, tras analizar el intercambio completo, pudo concluir que Mantecón Fumado le pidió al ex director técnico de HLB, Ariel Cons, que contestara los correos vinculados a ese reporte de contaminación, en lugar de impulsar una inspección formal. El sachet, además, se comercializaba en envases no aprobados por ANMAT.

La reunión del 14 de enero de 2025

Tras la inspección de noviembre de 2024, el equipo técnico del INAME elaboró dos proyectos de carta de advertencia: uno para prohibir la producción en Ramallo y otro —elevado el 8 de enero de 2025— para prohibir la comercialización de todos los productos marca HLB. La normativa vigente fijaba un plazo de dos días para firmar ese tipo de instrumento.

El 14 de enero de 2025, con ambos proyectos sobre su escritorio, Mantecón Fumado y Bisio convocaron a una reunión en la sede central de ANMAT en Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron Ariel García, Tchukran y Victoria García por los laboratorios. La fiscalía señala que ambas funcionarias “hablaban con uno de los dueños reales del laboratorio: Ariel García. Y acordaban con él cómo dejar sin efecto ese —proyecto— de carta de advertencia”, lo que el dictamen identifica como una de las expresiones más nítidas del “maridaje” entre el organismo de control y los privados.

Lo que allí se acordó quedó registrado al día siguiente, en la conversación del 15 de enero de 2025 entre Maiorano y Victoria García:

Antonio: “Buen día Vicky, ¿cómo les fue ayer? Vos fuiste a Av. de Mayo? Me resultó raro q los hagan ir allá” (sic)

Victoria: “Hola Antonio, ¿cómo estás? Discúlpame ahí agarré el teléfono, estaba con una cosita. Mira, ayer era para avisarnos, va en realidad para avisarles a ustedes, más que nada porque los citados eran ustedes, no Ramallo, que nos iban a emitir una carta de advertencia en la que no íbamos a poder seguir fabricando acá. Pero bueno, al final quedamos que le presentábamos, ya lo teníamos hecho al plan de acción, gracias a dios ya estaba, lo veníamos viendo con Javi de antes y con las chicas acá, entonces le presentamos el plan de acción. Entonces con eso quedó, que ella con ese plan de acción baja la carta y no nos inhibe la fabricación y todo eso. (...) también me va a conseguir otra información de algunos escritos, estuvimos hablando con ella de los prospectos, los rótulos, que no tenemos, que no podemos conseguir, que no figuran en ANMAT, ella va a intentar por otro lado también conseguirnos. Estuvimos hablando un rato, la verdad que re bien predispuestas ambas, las dos. Muy bien para poder ayudarme y todo, Ariel les explicó algunas cosas también, Javi también, estuvimos hablando bastante, pero bastante bien con ellas. Pero sí la idea era esa, hacer que Ramallo deje, hasta tanto levante todos los ítems de la GMP que tuvimos, deje de producir. Pero bueno, con esto del plan y todo eso como que quedó todo más calmado.” (audio transcripto)

Más adelante, en la misma conversación, Victoria García describió con mayor precisión el mecanismo acordado con Mantecón Fumado:

Victoria: “...acción que me estás dejando, y yo emito la carta y al mismo tiempo que emito la carta la anulo con tu plan de acción, y listo. Bueno perfecto, tengo que mandar un par de cosas que me pidió, y en la semana nos va a decir en qué momento pasamos por ahí, sea esta semana o la que viene, a ver punto por punto con ella” (audio transcripto)

Antonio: “Ana Laura Canil es la otra?”

Javier (quien también participaba de la conversación): “No, la directora del INAME y del ANMAT”.

Para la fiscalía, ese intercambio coloca en escena directa a Mantecón Fumado y a Bisio, y demuestra que la reunión del 14 de enero tuvo como objeto real acordar con los laboratorios de qué manera neutralizar la carta de advertencia antes de que tuviera efecto. El correo que Victoria García le envió a Mantecón Fumado al día siguiente —con el plan de acción y un listado de rótulos y prospectos que el laboratorio no tenía, entre ellos los de Propofol y Diazepam— dejó constancia por escrito de que ambas firmas fabricaban medicamentos sin los documentos aprobados por el ente regulador. La fiscalía señala que ese correo “es sumamente ilustrativo de este maridaje y de los ‘acuerdos’ de la reunión”.

“Es un montón de guita que está en la calle”

El 10 de febrero de 2025, Mantecón Fumado y Bisio firmaron la carta de advertencia que prohibía la producción en Ramallo, 38 días después de que el equipo técnico la elevara, cuando la normativa fijaba un plazo de dos días. Se publicó recién el 24 de febrero. En ese lapso, el fentanilo contaminado ya había comenzado a distribuirse: el primer remito data del 30 de enero de 2025.

La carta de advertencia para prohibir la comercialización de los productos HLB, en cambio, nunca se firmó. Mantecón Fumado la devolvió a Canil el 12 de mayo de 2025 —el mismo día de la denuncia penal por las muertes— con el argumento de que primero debía realizarse una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación en HLB.

Dos días después de la publicación de la carta de Ramallo, el 26 de febrero de 2025, una funcionaria del Departamento de Vigilancia Post Comercialización le advirtió a Mantecón Fumado sobre el peligro que representaban los productos en circulación. El intercambio es el siguiente:

[Funcionaria INAME]: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF.”

[Funcionaria INAME]: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.”

Gabriela: “Es un montón de guita que está en la calle”.

Gabriela: “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.

La fiscalía señala que ese pasaje revela que la preocupación de Mantecón Fumado no fue proteger la salud pública de la población sino evitar pérdidas económicas para las empresas de los hermanos García.

El dictamen califica esa conducta como parte de las acciones y omisiones cuyo norte fue “una cobertura estatal a los laboratorios que les permitió continuar con su actividad productiva”. Las alertas continuaron también el 26 de marzo de 2025, cuando Bisio y Mantecón Fumado tomaron conocimiento de un informe técnico que señalaba que los incumplimientos de HLB representaban “un riesgo para la salud de los potenciales pacientes” y “un alto riesgo sanitario para la población”. Tampoco actuaron.

“Que sea discreto la retirada a sus casas”

El 6 de marzo de 2025, mientras el organismo evaluaba la posibilidad de inhibir a los laboratorios, se habría producido una nueva reunión entre Mantecón Fumado y personal de los laboratorios en la sede del INAME. La conversación entre Bisio y Mantecón Fumado hallada en el teléfono de Bisio ese día revela que la administradora nacional estaba al tanto del encuentro y pidió que se manejara con discreción:

Agustina: “Que sea discreto la retirada a sus casas”

Gabriela: “Sí. Van de a poco”

La fiscalía pregunta en el dictamen: “¿Cuál era el interés de la administradora nacional para ocultar la presencia de gente del laboratorio en el organismo y por qué no hay registro formal de la existencia de dicha reunión?”

El consejo para falsificar fechas

La investigación fiscal también resalta que, mientras se demoraban las medidas contra los laboratorios de los García, el director técnico de HLB, Maiorano, asesoraba a Carolina Ansaldi —directora técnica de Laboratorios Ramallo— sobre cómo manejar la documentación de producción para que no quedara registro de que el laboratorio seguía fabricando durante la clausura. El 26 de febrero de 2025 le escribió:

Antonio: “Como un consejo te digo, lo que tenés que tener cuidado es, si siguen produciendo, porque ANMAT ya dijo que no, pero me imagino que no habrán cortado, todo lo que hagan de acá hasta que le habiliten de vuelta, ojo con las fechas que ponen en la documentación, en los batch records. O sea, si siguen produciendo ojo la fecha que ponen, no pongan la fecha de ahora que supuestamente no pueden hacer nada” (audio transcripto)

Ansaldi respondió pidiéndole que eliminara el audio:

Carolina: “elimina audio”

Antonio: “estaba escuchando justo...” (agregó un emoticón de risa)

Días antes, en la misma conversación, Maiorano había revelado la lógica con la que los laboratorios manejaban su relación con las distintas funcionarias del INAME:

Antonio: “Ana Laura Canil, no se lleva con García... la teníamos controlada con Cons, la llevábamos bien... no sé si es buena idea, García se lleva mejor con Mantecón”.

El aviso de la segunda inspección y la destrucción de evidencias

El patrón de alertas previas a las inspecciones se repitió en mayo de 2025. El 11 de mayo, un día antes de que ANMAT concurriera a los laboratorios, Maiorano reenvió a empleadas de HLB el siguiente mensaje:

“Me acaba de avisar Ariel que mañana cae inspección, no se tiene que presentar nadie por esta semana porque está cerrado el laboratorio.”

Para la fiscalía, alguien del INAME volvió a alertar al laboratorio, lo que habría facilitado la destrucción de evidencias que luego fue presentada como una “vandalización”. El 13 de mayo de 2025, en el grupo de WhatsApp “Garantía”, Maiorano confirmó lo que estaba ocurriendo:

Antonio: “Está tirando todo... Esto no abre más”

[Otro integrante]: “¿Pero no entiendo qué es lo que están tirando Tony? ¿Están tirando las cosas de depósito? ¿Lo que tenían ahí? ¿O qué?” (audio transcripto)

Antonio: “Todos los batch”

Al día siguiente, el 14 de mayo, Sclafani le confirmó a Victoria García que habían quemado todo:

Edgardo Sclafani: “Hoy quemamos todo.... 🔥 Seguro en ese galpón no hay ni mosquitos ni palomas.... 😅 😅 😅”

Victoria García: “Noooo 😱 😱 😱 Nada de nada”

Esa misma jornada, el jefe de Mantenimiento de Laboratorios Ramallo le escribió a su pareja:

“Sí amor estoy quemando papeles con Diego después te llamo estoy bien”

La orden de borrar los servidores fue ejecutada por Tchukran. Una filmación de las cámaras de seguridad de su propio domicilio —obtenida en el allanamiento del 4 de julio de 2025— lo registró el 18 de mayo de 2025 en una reunión con los hermanos García:

Javier Tchukran: “...además de los mails hice borrar todo lo que estaba... por suerte gracias a Dios [...] todo lo que tenemos en los servidores de información... y lo borramos todo, o sea que no hay un solo gramo de información...”

“No hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado”

El mismo 12 de mayo de 2025, día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la fiscalía halló en el teléfono de Bisio un mensaje que sintetiza, según el dictamen, la lógica con la que las funcionarias manejaron la crisis hasta el final:

“No hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado.”

La fiscalía lo interpreta así: “Evidentemente, se procuró poner las cosas en orden. La de los laboratorios primero y la de INAME/ANMAT después.”

Lo que dice la fiscalía sobre las muertes y las omisiones

El dictamen fiscal establece que si la carta de advertencia que prohibía la comercialización de todos los productos HLB se hubiera firmado en el plazo legal de dos días desde su elevación —el 8 de enero de 2025—, el fentanilo contaminado nunca habría llegado a los pacientes. Entre esa fecha y el primer remito del lote 31.202 a una droguería transcurrieron 23 días; hasta la primera aplicación a un paciente, 31 días.

La primera víctima fatal, según el auto de procesamiento del 13 de mayo de 2026, ingresó a un sanatorio el 7 de febrero de 2025 y recibió la primera ampolla del fentanilo HLB lote 31.202 al día siguiente. Falleció el 12 de febrero de 2025, con 50 años. En total, el lote 31.202 fue distribuido a cinco droguerías entre el 30 de enero y el 12 de febrero de 2025, con un total de 105.000 ampollas; el lote 31.244 sumó otras 120.000 ampollas entregadas el 14 de marzo.

La fiscalía concluye que Mantecón Fumado “no tenía intenciones de solicitar la prohibición de la comercialización de productos a HLB ni conducir o ejecutar ningún tipo de medida preventiva”, y que “probablemente, si el Hospital Italiano de La Plata no hubiese formulado el reporte por desvío de calidad, el proyecto de carta de advertencia seguiría en el buzón de la funcionaria”. El dictamen agrega que, de haber actuado en tiempo y forma, “se podría haber evitado la muerte de casi un centenar de personas y las distintas lesiones graves que padecieron otras”.

Los 13 procesados vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo incluyen a los hermanos Ariel y Diego García, a Javier Tchukran, a José Antonio Maiorano, a Carolina Ansaldi y a Edgardo Sclafani, entre otros. Bisio y Mantecón Fumado aguardan ahora la decisión del juez Ernesto Kreplak sobre su situación procesal, que podría resolverse la próxima semana.

Nota para el lector II

Este texto es más extenso de lo habitual y lo aconsejable, pero es la única manera de ser fiel a la minuciosa investigación judicial y a la más compleja pesquisa sobre salud pública y la presunta complicidad entre funcionarios que deberían controlar y la poderosa industria de medicamentos.

La causa por la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer del balcón del departamento que compartía con su pareja en la capital bonaerense, sumó una nueva definición judicial: la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó que Marcos García, el principal acusado, seguirá preso mientras avanza la investigación. El hombre está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y abandono de persona seguido de muerte.

La investigación intenta determinar qué sucedió en las horas y minutos previos a la caída de Rocío Alvarito desde el balcón de la vivienda que compartía con Marcos García, así como el comportamiento que tuvo el acusado durante toda la secuencia. El expediente se tramita, además, bajo la hipótesis de un presunto contexto de violencia de género y de relación de pareja asimétrica.

En ese marco, el nuevo fallo no se pronuncia sobre la culpabilidad final del imputado, pero sí sobre las condiciones en las que debe permanecer mientras se produce la prueba y avanza la instrucción. El fallo fue dictado por la Sala III de la cámara platense y quedó firmado el 12 de agosto por los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo. Según informó 0221, ambos entendieron que aún subsisten riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la pesquisa.

La decisión ratificó el rechazo al arresto domiciliario que había solicitado la defensa. Los abogados de García basaron el pedido en varios argumentos, entre ellos el estado de salud del acusado, la necesidad de un tratamiento psiquiátrico controlado, su arraigo familiar y laboral y la falta de antecedentes penales. También sostuvieron que requería seguimiento profesional cercano y eventual administración de psicofármacos, además de advertir que las condiciones de detención podían afectar esa atención.

Los jueces revisaron las pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas incorporadas al expediente y concluyeron que no existe incompatibilidad entre la situación de salud del acusado y su permanencia en prisión. El tribunal remarcó que la pericia psiquiátrica determinó que García no presenta un proceso psicopatológico activo y mantiene conservadas sus funciones intelectuales para elegir e implementar conductas.

Entre los elementos valorados por los magistrados figura la supresión de registros de llamadas del teléfono laboral secuestrado el día del hecho, una circunstancia que para el tribunal no puede pasar inadvertida en este tramo del expediente.

La pericia tecnológica sobre el celular particular de García se frustró después de que el acusado aportara primero un código incorrecto y luego distintas combinaciones. De acuerdo con la resolución, esa conducta elevó el riesgo de bloqueo o incluso de borrado definitivo del dispositivo por sus propios mecanismos de seguridad, con el consiguiente impacto sobre la obtención de evidencia digital.

El tribunal tomó en cuenta la retención inicial del teléfono celular de Rocío Alvarito y la existencia de relatos diferentes que el imputado habría transmitido a personas que luego declararon como testigos. Esos informes describieron en García mecanismos de racionalización, evitación, disociación y proyección, además de una baja tolerancia a la frustración y una modalidad huidiza frente a situaciones adversas.

Para tomar la decisión también tuvieron en cuenta su pasado como funcionario de la Policía Bonaerense durante 5 años. Esa experiencia le habría proporcionado conocimientos específicos sobre procedimientos de búsqueda, rastreo y actuación policial, un factor que, para la cámara, incrementa su capacidad logística para eludir a la Justicia.

La familia de la víctima está representada por los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, quienes se opusieron al arresto domiciliario al considerar que esa medida no alcanzaba para neutralizar los riesgos procesales. En la misma línea, la Cámara aclaró que la gravedad de la escala penal no basta por sí sola para justificar una prisión preventiva, pero sostuvo que ese factor cobra relevancia cuando se analiza junto con el resto de los indicios reunidos en la causa.

Y así, Ke Deqiang, detenido en la Comisaría 1° de La Plata, plena zona céntrica de la ciudad, se levantó de su celda y se fue. Trepó el portón de la seccional para no volver. Fue un escándalo: nunca antes se había revelado el manoseo corrupto entre policías y mafiosos chinos en la Argentina.

Hoy, Ke Deqiang vuelve como un fantasma, en una nueva investigación, también a cargo del fiscal Condomí Alcorta, y como un fantasma sumamente real. Hay quienes lo dicen muerto, pero el fiscal nunca vio su tumba o su cadáver. Mucho menos, un certificado de defunción. Tampoco tiene una salida legal del país registrada. Sin embargo, su historia continúa. Una nueva megacausa acaba de explotar en las últimas horas.

Un celular incautado en aquel expediente de 2022 llevó a otro expediente a cargo de Condomí Alcorta contra la asociación ilícita del capo, dedicada al juego clandestino y los aprietes que explotó en las últimas horas. El caso, hoy, tiene once detenidos arrestados en las últimas horas, con una serie de allanamientos a cargo del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA que incautó armas y dinero en más de una de docena de objetivos en La Plata. El juez de garantías Agustín Crispo firmó el pedido de captura de Deqiang. Todavía no lo encuentran.

Esta vez, la podredumbre de la corrupción entre las instituciones de La Plata y la mafia china va más arriba. El nuevo acusado principal es un ex funcionario de la Municipalidad local. Se trata de Jonatan Emanuel Reyes, el antiguo jefe de la Subsecretaria de Convivencia y Control Ciudadano.

“Gato”, “balín” y “gil”

Reyes, de 42 años, era quien, por una supuesta coima, abría o cerraba la puerta municipal. “Valiéndose de influencias en sectores claves procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y/o requisitos que las normas exigen”, siguió el titular la UFI N°16.

Una serie de conversaciones en la causa lo vinculan directamente a Ke Deqiang. “Ah, pero querés romper todo”, le dice, socarronamente, el ex funcionario al supuesto capo mafia en un audio. “Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“, le insistió luego en una charla que data de octubre de 2022.

La familiaridad entre ambos parecía total. En otra conversación, Reyes le decía a Deqiang: “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”. ¿Quién le diría “pelotudo” a un supuesto capo de la mafia china? En otro chat, lo trataba de “gato”, “balín”, “cuerno” y “gil”.

Hay un supuesto tarifario. Por cada presunto trámite turbio, Reyes habría cobrado $75 mil, unos 260 dólares al cambio de aquel entonces.

Deqiang, de acuerdo al pedido de arresto firmado por el juez Crispo, hacía valer ese vínculo con Reyes. “Surgen conversaciones con diferentes personas” donde se vuelve evidente “exigir sumas de dinero a cambio de evitar clausuras o brindar habilitaciones a distintos comercios”. Esto es, literalmente, tráfico de influencias, uno de los tantos delitos imputados.

Otros amigos más

Reyes no sería el único ex funcionario involucrado. En la lista de allanamientos entregada a la Federal figura, por ejemplo, un contador empleado en su momento por un ministerio provincial que le proveía de “asesoría contable” al capo Deqiang. El fiscal, sin embargo, no pidió el arresto de este contador; los documentos relevados por Infobae no hablan de un involucramiento con la banda china desde su función pública. Se secuestraron varios documentos en su domicilio, que serán analizados.

En su imputación enviada al Juzgado N°6, el fiscal marcó la existencia de “al menos dos contadores, quienes ocultaban o simulaban los ingresos de la organización” y “personas de ciudadanía china y argentina quienes operaban como testaferros”.

Raúl Gracia Duarte es el otro argentino detenido en la trama, junto con otros cuatro ciudadanos chinos; uno de ellos ya había sido denunciado en el pasado por amenazar a un supermercadista chino para que retire una denuncia contra Deqiang. Duarte era, básicamente, un encargado de logística del capo, encargado de pagos y papeles.

El hecho ocurrió a la altura de Cantilo y 13 C, donde varios agentes observaron la presencia de dos vehículos que transitaban en paralelo, realizando maniobras consideradas imprudentes y peligrosas.

Horas después, un video difundido por la Municipalidad de La Plata mostró el inicio de la carrera y el trayecto completo que realizaron los involucrados, dejando en evidencia el riesgo al que expusieron tanto a sí mismos como a terceros.

El operativo policial se activó al identificar el comportamiento sospechoso de los dos vehículos, un Volkswagen Golf blanco y una Ford Ranger blanca que, según pudo constatarse, circulaba sin la patente colocada. Al interceptar ambos rodados, los efectivos solicitaron la documentación obligatoria a los conductores, quienes no pudieron acreditar la tenencia ni los registros requeridos.

Ante la falta de documentación, los jóvenes, de 24 y 27 años, fueron demorados y trasladados a la dependencia policial de City Bell. Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de los dos vehículos, que quedaron retenidos mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el caso fue caratulado como “infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449”, lo que implica la intervención del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata. Esta instancia deberá analizar el material reunido, incluidas las imágenes de las cámaras de seguridad que capturaron el desarrollo de la picada, para determinar las sanciones o medidas que correspondan a los implicados.

Las cámaras de Seguridad del municipio registraron el momento preciso en que los autos arrancan a gran velocidad, así como las maniobras posteriores, que incluyeron sobrepasos peligrosos y cambios bruscos de carril. En los videos se observa cómo ambos vehículos recorren varios metros sin reducir la marcha, en un contexto donde el tránsito era fluido y donde cualquier error pudo haber derivado en un siniestro vial.

El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de La Plata será el encargado de determinar las eventuales sanciones para los dos jóvenes. Entre las medidas que podrían aplicarse figuran la inhabilitación para conducir, multas económicas y la retención definitiva de los vehículos, dependiendo de los antecedentes y la gravedad de la infracción.

Hace unos meses, un violento accidente se registró en la localidad bonaerense de Villa Martelli cuando se estaba llevando a cabo una picada ilegal. Uno de los conductores perdió control de su vehículo y se fue contra el público que estaba presente, impactando contra un joven de 22 años que terminó herido.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el coche, un BMW color blanco, venía corriendo junto a otro vehículo cuando se fue para uno de los costados. Inmediatamente, impactó contra un chico que estaba allí.

Todo se desarrolló durante un encuentro clandestino de autos que se desarrolló en un playón de Tecnópolis. Se trata de un espacio habitualmente utilizado como estacionamiento, donde distintos grupos de jóvenes suelen reunirse junto a vehículos de gama media y alta para realizar maniobras ilegales.

Aquella noche, según reconstrucciones difundidas en redes sociales y luego replicadas por diferentes medios, uno de los conductores aceleró a fondo y, tras recorrer solo unos metros, perdió el control del auto al intentar un derrape. El vehículo, un BMW valuado en más de 75 mil dólares, terminó subiéndose a un cantero donde había varias personas observando, y embistió a una de ellas.

El joven atropellado, de 22 años y oriundo de Villa Bosch, quedó tendido en el suelo mientras se vivieron momentos de tensión entre los presentes. Algunos testigos señalaron que, tras el impacto, el conductor descendió del vehículo y revisó los daños en la carrocería antes de acercarse al herido. Las imágenes del episodio rápidamente circularon por redes sociales y generaron conmoción entre los vecinos de la zona.

El herido fue asistido en el lugar y trasladado por una ambulancia al Hospital Houssay de Vicente López, donde los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. De acuerdo con las fuentes del caso, el joven permaneció en observación y fue dado de alta horas después, sin que su vida corriera peligro.

El conductor del BMW, un joven de 25 años, resultó ileso. Los efectivos policiales del comando de patrullas de Villa Martelli y la comisaría local intervinieron de inmediato tras el incidente. Según informó el mismo medio, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y quedó detenido en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Horas más tarde, el joven recuperó la libertad, aunque quedó formalmente imputado en una causa judicial por lesiones y por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quienes participen u organicen carreras ilegales en la vía pública. La denuncia fue radicada en la Fiscalía del Oeste de Vicente López, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien inició la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

Una mujer de 38 años denunció un episodio de violencia de género en Tolosa, donde, según la denuncia, su pareja la retuvo dentro de la vivienda, le arrojó agua hirviendo sobre una de sus piernas e intentó incendiar la casa. El hecho habría sucedido este jueves en una vivienda ubicada en 3 bis entre 512 y 513, en La Plata.

Según el medio 0221, la intervención policial comenzó después de un llamado. La alerta ingresó a través del 911, lo que motivó la llegada de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al domicilio. Aunque inicialmente el hombre fue aprehendido, pronto recuperó la libertad por disposición judicial.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que la pareja, de 40 años, la había retenido dentro de la casa contra su voluntad. De acuerdo con la denuncia, en medio del episodio le tiró agua hirviendo sobre una de sus piernas, lo que le provocó lesiones que fueron calificadas como leves.

La mujer que realizó la denuncia expresó además que, luego de haber sufrido esa agresión, el acusado habría comenzado un incendio. Como consecuencia, el fuego dañó tanto la puerta principal de ingreso a la vivienda como un sillón que se encontraba dentro de la casa. El hombre estaba presente en la propiedad en el momento en que los policías llegaron al domicilio.

En este marco, se derivó a la detención inmediata del hombre y su traslado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. El caso quedó bajo intervención de la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.

La causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, una calificación que incorporó no solo la agresión denunciada por la mujer, sino también otro elemento detectado en el marco de la actuación policial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el elemento que dio origen a la imputación por portación ilegal de arma de fuego.

Después de que el magistrado lleve a cabo su intervención en la causa, quedó convalidado el procedimiento realizado por la policía en el marco de la investigación. Sin embargo, el juez resolvió que correspondía ordenar la libertad del acusado bajo las condiciones establecidas por el artículo 161 del Código Procesal Penal. Esta resolución implicó que el hombre recuperara su libertad y no permaneciera detenido una vez finalizadas las primeras actuaciones procesales.

El objetivo de la investigación consiste en determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias del episodio. En este primer momento del expediente, la pesquisa se apoya en el testimonio de la víctima, en la actuación del personal policial y en los daños denunciados dentro del inmueble.

En la legislación argentina, la violencia de género no aparece como una figura penal única, sino como un contexto que puede agravar otros delitos previstos en el Código Penal, entre ellos las lesiones, las amenazas, las coacciones y los homicidios. En este expediente, la investigación quedó encuadrada por el momento en lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego, bajo una calificación provisoria que podrá modificarse.

Hasta el momento, las actuaciones judiciales se apoyan en la denuncia de la mujer, en la primera constatación realizada por los efectivos que acudieron al lugar y en los daños materiales advertidos dentro del inmueble. En esta etapa, los investigadores deberán determinar con mayor precisión la secuencia completa del hecho, el modo en que se produjo la agresión denunciada. También resta establecer en qué circunstancias surgió la imputación vinculada a la portación ilegal de arma de fuego incorporada a la causa.

Un operativo de control realizado en Melchor Romero, partido de La Plata, terminó con la detención de un joven de 23 años y la clausura de un taller mecánico, tras el hallazgo de vehículos robados y autopartes de dudosa procedencia.

El procedimiento, ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, formó parte de una serie de inspecciones destinadas a prevenir delitos vinculados con el robo y desguace de automotores en la región.

La intervención policial se desarrolló en un establecimiento ubicado en la calle 178, entre 42 y 43, que funcionaba sin razón social ni habilitación comercial. Durante la inspección, los efectivos detectaron dos automóviles con pedidos de secuestro y una variedad de piezas cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por el responsable del lugar.

Según lo informado por el portal del diario El Día, la investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 del Departamento Judicial La Plata, busca ahora esclarecer el origen de las autopartes y determinar posibles conexiones con redes de robo y comercialización ilegal de vehículos.

Según fuentes policiales, el allanamiento permitió identificar una Volkswagen Suran gris con pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo, tras una denuncia por hurto radicada en la jurisdicción de La Unión. El vehículo presentaba faltantes en su sistema mecánico, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido desmantelado parcialmente en el lugar.

El segundo vehículo encontrado, un Ford Ka negro, figuraba en los registros informáticos como “robado”. Los investigadores procuran determinar si existe una denuncia formal en torno a este automóvil o si podría tratarse de una maniobra para cobrar el seguro y luego vender las autopartes.

Durante la revisión del predio, la Policía halló diversas piezas de origen desconocido. El responsable del taller, identificado como F.T.P., de 23 años, fue detenido en el acto. Se le imputan los delitos de encubrimiento, infracción a la Ley 25.761 —que regula el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC)— y a la Ley 13.081, además de hurto automotor en grado de encubrimiento.

La Policía informó que F.T.P. deberá ser trasladado hoy a primera hora a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

La instrucción de la causa, a cargo de la UFI N° 15 de La Plata, continuará con peritajes sobre los vehículos y autopartes incautadas, así como la revisión de registros de posibles compras y ventas realizadas desde el taller.

Los efectivos que participaron en el operativo informaron que la procedencia de las autopartes halladas será determinada a través de peritajes y cruces con bases de datos de vehículos denunciados como robados. Parte de la investigación se centra en identificar si las piezas eran comercializadas en el mismo taller o si existían canales externos de distribución.

La causa involucra infracciones a la Ley 25.761, que establece la obligatoriedad de inscripción en el RUDAC para todos los comercios dedicados al desguace, compraventa o almacenamiento de autopartes y vehículos fuera de uso. Las penas previstas por el incumplimiento pueden incluir multas, inhabilitaciones y penas privativas de libertad, dependiendo del grado de responsabilidad y la magnitud de la maniobra detectada.

Infobae accedió a un nuevo tramo de la investigación judicial que pone en jaque a quienes fueron las autoridades responsables de controlar la elaboración y venta de medicamentos. Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecon Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ya fueron indagadas y excarceladas después de depositar una fianza millonaria y la prohibición de salir del país. En la documentación incluida en la causa a cargo del juez Ernesto Kreplak, se revela una trama paralela al escándalo del fentanilo mortal: durante años, la firma HLB Pharma Group SA comercializó propofol y dopamina —dos medicamentos de uso exclusivo en terapia intensiva y cirugías— bajo certificados que pertenecían a otro laboratorio, Surar Pharma S.A., clausurado por la propia ANMAT desde 2015. El organismo recién tomó medidas nueve años después. Una situación que demuestra que las presuntas irregularidades y falta de control en esos dos organismos se arrastraron a lo largo de varias administraciones.

El dictamen, firmado el 3 de agosto por la fiscal federal de La PlataMaría Laura Roteta y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Leonardo Rodríguez, reseña esa cadena de irregularidades y la secuencia en la fabricación y distribución de propofol y dopamina a centros sanitarios y droguerías por fuera de la normativa vigente.

El documento, de 191 páginas, contiene los fundamentos por los cuales se le solicitó al juez Kreplak la detención y la declaración indagatoria de Bisio y Mantecon Fumadó. Ambas fueron imputadas por los presuntos delitos previstos en los artículos 201 bis y 200 del Código Penal —adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte— en concurso real, con la posibilidad de que avance la calificación hacia el artículo 80, inciso 5°, que prevé el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. La expectativa de pena es de 10 a 25 años de prisión.

La causa principal —conocida como “fentanilo mortal”— investiga la muerte de 90 pacientes y las secuelas de otros 41 tras la aplicación de ampollas del potente anestésico contaminado con las bacterias Klebsiella y Ralstonia, elaboradas entre el 16 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025 en la planta de Laboratorios Ramallo SA. El dictamen fiscal, adelantado por este medio, detalla, además, una serie de irregularidades sobre otros medicamentos que circularon en el sistema de salud sin respaldo legal y sin que la autoridad sanitaria tomara medidas.

¿Qué es el propofol y por qué su fabricación requiere controles estrictos?

El propofol es el anestésico intravenoso más utilizado en el mundo para la inducción y el mantenimiento de la anestesia general en cirugías, para la sedación de pacientes en terapia intensiva con ventilación mecánica y para procedimientos como endoscopías y broncoscopías. Es un medio que favorece el crecimiento bacteriano si el producto se contamina o si no se respetan los estándares de fabricación y manipulación. La literatura médica internacional documenta al menos 20 brotes infecciosos asociados al propofol en las últimas décadas, con 144 pacientes afectados y 10 muertos.

Entre los riesgos documentados del propofol figuran la depresión cardiovascular severa —con casos de bradicardia, asistolia y paro cardíaco—, la depresión respiratoria, reacciones anafilácticas potencialmente fatales y el denominado síndrome de infusión por propofol, una complicación poco frecuente pero con alta mortalidad que se manifiesta con acidosis metabólica, rabdomiólisis, hiperpotasemia y falla cardíaca. Por esas características, la normativa exige que el propofol se elabore bajo condiciones de esterilidad rigurosas, con certificación específica del organismo regulador. Un producto que circula sin ese respaldo no tiene garantía de calidad, seguridad ni eficacia. El paciente que lo recibe no lo sabe, y el médico que lo administra tampoco tiene forma de saberlo.

¿Qué es la dopamina y qué riesgos implica su uso sin control de calidad?

La dopamina es una catecolamina de uso intravenoso exclusivo, administrada en unidades de cuidados intensivos para el tratamiento del shock —caída crítica de la presión arterial— y de la insuficiencia cardíaca grave. Se utiliza en situaciones de emergencia, frecuentemente en pacientes ya comprometidos, como los que cursan un infarto de miocardio, sepsis o cirugía cardíaca.

Los riesgos de la dopamina son proporcionales a su potencia. Puede provocar arritmias graves, incluidas taquicardias ventriculares; isquemia tisular periférica y visceral por vasoconstricción excesiva; hipertensión severa; y, en sobredosis, eventos cerebrovasculares. La administración de un producto sin certificación válida —es decir, sin garantía de concentración, esterilidad ni estabilidad— en un paciente en shock o en terapia intensiva puede derivar en consecuencias letales que resultan prácticamente imposibles de distinguir de la evolución propia de la enfermedad de base.

El certificado de un laboratorio clausurado en 2015

Según el dictamen fiscal fue el Ministerio de Salud de la provincia de Formosa, quien en 2024 alertó a la ANMAT sobre la recepción de unidades de Propofol HLB, es decir el mismo laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado, sin etiqueta de trazabilidad y consultó sobre su legitimidad.

Seis días después, la propia Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT confirmó que el producto no estaba inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales y que el Certificado N° 43.900, bajo el que circulaba pertenecía en realidad a Surar Pharma S.A. —un laboratorio clausurado preventivamente por disposición de la ANMAT desde 2015, con prohibición de comercialización de sus productos y con ese mismo certificado embargado judicialmente.

El 2 de enero de 2025, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización del INAME calificó el caso como de criticidad máxima y le asignó prioridad alta. En esa evaluación quedó constancia de que HLB acumulaba numerosos antecedentes por irregularidades registrales y que existían expedientes anteriores sin respuesta y medidas correctivas pendientes. Al día siguiente, la jefa del área, Ana Laura Canil, concluyó expresamente que “la elaboración y comercialización del Propofol HLB bajo el Certificado N° 43.900 era ilegítima” y recomendó adoptar medidas regulatorias y sancionatorias. El dictamen fiscal consigna que esa recomendación no se tradujo en ninguna acción concreta durante semanas.

La situación del propofol no era un caso aislado. El dictamen detalla que HLB Pharma también comercializaba dopamina clorhidrato 40 mg/ml bajo el Certificado N° 43.125, que pertenecía igualmente a la misma firma clausurada desde 2015 y con ese certificado embargado judicialmente. El organismo lo verificó, lo documentó y tampoco actuó con premura. Bisio firmó la disposición de prohibición de la dopamina recién el 28 de febrero de 2025, mediante la Disposición ANMAT N° 1518/2025.

La mecánica era siempre la misma: HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, al igual que Laboratorios Ramallo, compraba o utilizaba certificados de especialidades medicinales de otras empresas sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT, y comercializaba esos productos en el mercado —incluidos hospitales públicos y privados— sin que el organismo regulador hubiera aprobado esa titularidad. Bisio lo reconoció en su declaración ante el juzgado de Ernesto Kreplak: “Esos trámites no fueron concluidos por HLB Pharma en diversos productos. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado”.

Compra de certificados de laboratorio clausurado

La lógica de operar con certificados ajenos no se interrumpió con el escándalo del fentanilo mortal. El 14 de agosto de 2025, mientras la causa penal ya investigaba las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata después de ser tratados con el Fentanilo HLB y sus laboratorios estaban clausurados e inhibidos por la ANMAT, García Furfaro se apersonó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28, ubicado en la calle Montevideo 546 de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en la subasta de 13 certificados de fabricación de medicamentos pertenecientes a Nexo Pharmaceutical Group S.A., empresa en quiebra en proceso de liquidación de activos.

Al lugar llegó acompañado por un asistente del área de producción de HLB Pharma y ofreció 39.000 dólares por el lote completo de licencias, que incluía autorizaciones para fabricar productos como amlodipina, diclofenac, losartán, sildenafil, carvedilol, valsartán, claritromicina, azitromicina y atorvastatina, entre otros. La oferta quedó por debajo de la ganadora —40.000 dólares— y no pudo concretar la compra.

La ANMAT había informado al juzgado comercial, el 2 de junio de 2025, que HLB se encontraba inhibida para producir y comercializar medicamentos desde el 12 de mayo, y que desde el 21 de ese mes tampoco contaba con director técnico, tras la renuncia de José Antonio Maiorano (ahora procesado y preso). Pese a esa comunicación formal, García Furfaro permaneció hasta el final de la audiencia e intervino en el proceso de subasta. Nexo Pharmaceutical Group era, precisamente, la empresa titular del certificado N° 52.703 correspondiente al producto Carvedilol, que el dictamen fiscal menciona entre los medicamentos que HLB comercializaba sin titularidad propia.

Los audios: “Lo mejor es que no hablen más del tema”

La investigación judicial contra las ex responsables de la ANMAT y el INAME incorpora conversaciones de audio recuperadas de los teléfonos de los directivos de HLB Pharma, presentadas por la Fiscalía como prueba de que los propios empresarios eran conscientes de la gravedad de la situación y buscaban frenar el retiro del mercado. El 28 de febrero de 2025, la ANMAT ordenó el retiro del lote 60000 de propofol mediante la Disposición N° 1517/2025. La orden se publicó en el Boletín Oficial el 6 de marzo. HLB Pharma no inició el trámite de recupero.

Ante esa inacción, el INAME creó un expediente de oficio e intimó al director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, para que lo hiciera. Eso derivó en una conversación del 1° de abril de 2025 entre Maiorano y Javier Tchukran (procesado y con prisión domiciliaria), directivo de HLB, transcripta en el dictamen a partir del análisis pericial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria:

“A ver, decí que solamente están hablando de dos lotes, un lote de propofol y un lote de dopamina, hay un montón de lotes adentro del mercado que se hicieron. El propofol hace años que se está haciendo, o sea, yo creo que lo mejor es hacer el retiro de esto y que no hablen más del tema y no que se pongan a seguir buscando porque va a ser peor”.

En otro tramo de la misma conversación, Tchukran agregó: “Ahora se lo mando a Arie (por García Furfaro), a ver qué habló con Mantecón”.

El dictamen señala que de ese intercambio se desprende que Mantecón Fumado y los directivos de HLB mantenían contacto sobre la posibilidad de dejar el retiro en “stand by”.

El 16 de abril de 2025, García Furfaro dio directamente la orden de no iniciar el retiro. Maiorano lo comunicó así en otro audio recuperado del expediente: “No, el recall no lo vamos a empezar porque Ariel no lo quiere empezar, o sea, vamos a esperar que él nos diga”.

El 9 de abril de 2025, el Departamento de Post Comercialización de la ANMAT notificó de manera formal a Mantecón Fumado y a la coordinadora de sumarios que HLB no había iniciado el retiro de mercado del propofol, la dopamina clorhidrato 100 mg ni la dopamina clorhidrato 40 mg/ml. La nota fue elevada bajo negrita y subrayado. El dictamen pregunta: “¿No le parecía preocupante que un producto ilegítimo, cuyo retiro se había ordenado, continuara en el mercado y se aplicara a pacientes?”. No hubo respuesta efectiva.

La reunión del 6 de marzo y el pedido de discreción

El dictamen fiscal también describe una segunda reunión —además de la ya conocida del 14 de enero de 2025 ya publicada por Infobae— entre Mantecón Fumado y personal de los laboratorios, ocurrida el 6 de marzo de 2025. De esa reunión habría estado al tanto Bisio, quien, según surge de una conversación hallada en su propio teléfono celular por el equipo pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP), pidió que la salida del personal del laboratorio de las instalaciones del INAME fuera discreta. El intercambio, reproducido en el dictamen, es el siguiente:

Gabriela (Mantecón Fumadó): “Buen día!!! Hoy me vienen a ver. Tipo 11.”

Agustina (Bisio): “Dame 10 y llamo. Podés ahora?”

Gabriela: “Sí.” (La llama).

Agustina: “Que sea discreto la retirada a sus casas.”

Gabriela: “Sí. Van de a poco.”

El dictamen pregunta: “¿Cuál era el interés de la administradora nacional para ocultar la presencia de gente del laboratorio en el organismo y por qué no hay registro formal de la existencia de dicha reunión?”.

Un historial de 104 notificaciones y retiros que nunca se completaron

El dictamen releva una pauta sistemática que excede al propofol y la dopamina. Entre junio de 2018 y mayo de 2025, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras gestionó 104 notificaciones por desvíos de calidad sobre productos de HLB Pharma Group SA, entre ellas contaminaciones microbiológicas y problemas con envases no autorizados. Al momento de la denuncia penal, HLB tenía en curso 7 expedientes de retiro de mercado no concluidos, uno de ellos iniciado en 2022.

Los expedientes administrativos de retiro no concluían con el recupero total de los lotes afectados. En numerosos casos, el recupero era parcial. En otros, era del 0%. Y no existían, hasta 2025, actuaciones tendientes a evaluar sanciones vinculadas a ese incumplimiento. El dictamen señala que esa documentación debía integrar el historial regulatorio del laboratorio y ser considerada al momento de programar inspecciones. HLB acumuló años de retiros incumplidos sin consecuencias administrativas.

El contexto: la causa del fentanilo mortal

Todo lo descripto sobre el propofol y la dopamina se enmarca en la investigación más amplia sobre el fentanilo contaminado. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, de uso exclusivamente intrahospitalario. Los lotes 31.202 y 31.244, elaborados en Ramallo entre diciembre de 2024 y enero de 2025, llegaron a hospitales y clínicas de todo el país. La causa asocia 90 muertes y 41 secuelas a esas ampollas.

La hipótesis de la Fiscalía es que Bisio y Mantecón Fumado proporcionaron un “manto de cobertura estatal” a HLB y Ramallo que les permitió continuar operando pese a años de incumplimientos. El dictamen afirma que “las medidas estatales adoptadas fueron insuficientes o directamente inexistentes, permitiendo la continuidad de las condiciones que finalmente hicieron posible la producción y circulación de los medicamentos contaminados”.

Bisio, detenida el 3 de agosto, quedó en libertad bajo una caución real de $75 millones, con prohibición de salida del país, obligación de presentarse mensualmente ante la Policía Federal y prohibición de contacto con cualquier persona vinculada a su gestión en la ANMAT o el INAME. Mantecón Fumado quedó en libertad 48 horas después bajo las mismas imposiciones. En la causa hay otros 13 imputados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, entre ellos García Furfaro y su hermano Diego García, ambos detenidos.

Un efectivo de policial que se encontraba fuera de servicio se defendió a los tiros de un intento de robo en La Plata y dos delincuentes resultaron heridos.

El episodio ocurrió en la zona de 156 entre 59 y 60, cuando dos hombres armados interceptaron a un policía que circulaba en moto. Los hombres trataron de robarle utilizando armas de fuego. Frente a la inminencia del ataque, el Policía se identificó como tal y extrajo su pistola, abriendo fuego para repeler la agresión.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la reacción del agente logró frustrar el robo, aunque los atacantes huyeron rápidamente del lugar a bordo de su moto. Minutos después de lo sucedido, se reportó el ingreso de dos hombres heridos de bala en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Los médicos constataron que uno presentaba una herida de entrada y salida en el abdomen, mientras que el segundo solo tenía un orificio de entrada. Ambos quedaron bajo observación y custodia policial, con pronóstico reservado.

La identificación de los heridos permitió vincularlos directamente con el intento de robo que sufrió el policía. Se trata de un joven de 18 años, quien ya tenía antecedentes penales por “encubrimiento”, y su padre, con registros por “robo agravado en poblado y en banda”.

Las autoridades judiciales intervinieron de inmediato. La causa fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso la aprehensión de ambos sospechosos y su permanencia bajo custodia mientras reciben atención médica.

El hecho generó una rápida movilización policial en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad y recabar pruebas sobre lo sucedido. Efectivos de la comisaría local trabajaron en el lugar del enfrentamiento, mientras los peritos realizaban las tareas correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos y recolectar elementos balísticos.

La investigación judicial busca ahora determinar la cantidad exacta de disparos realizados, la secuencia precisa del enfrentamiento y si hubo participación de algún otro cómplice en el intento de asalto. Por el momento, no se registraron más detenciones vinculadas al caso.

Este intento de robo y el posterior enfrentamiento armado reavivaron la preocupación de los vecinos de La Plata por la inseguridad.

El caso también pone en evidencia la reincidencia delictiva, ya que tanto el joven de 18 años como su padre contaban con antecedentes penales previos. La intervención judicial, a cargo de la UFI N° 11, deberá definir la situación procesal de ambos una vez que reciban el alta médica.

La secuencia de los hechos dejó en claro que los asaltantes eligieron a una víctima que resultó estar en condiciones de defenderse y responder al ataque. La actuación del Policía fue comunicada a sus superiores y se encuentra bajo revisión, como ocurre en estos casos, para establecer si se ajustó a los protocolos de uso de arma reglamentaria.

Hace una semana, un policía baleó a un motochorro en La Matanza para defender a sus amigos evangélicos de un robo. El hecho ocurrió en Villa Madero, cuando dos delincuentes intentaron robarle a un grupo de personas que salían de un templo.

Junto al grupo se encontraba un policía retirado de la PFA, de 52 años, que portaba su arma. Mientras charlaba con sus amigos, el policía, con domicilio porteño, notó rápidamente el asalto y desenfundó. Así, comenzó a disparar. La secuencia fue captada por un video de cámara de seguridad, cuyo video ilustra esta nota. Los transeúntes en la zona, al oír los disparos, se echaron al piso.

Un motochorro terminó herido. Se trata de E. A. A., de 26 años, de acuerdo con un informe al que accedió Infobae, que recibió dos tiros, uno en una de sus piernas y otro por la espalda. La moto en la que viajaba con su cómplice quedó en el lugar. El otro ladrón huyó del lugar, abandonando a su compañero delictivo.

El exintendente de La Plata, Julio César Garro, fue imputado en la Justicia bonaerense en el marco de una investigación que lo señala por presuntas irregularidades vinculadas a su gestión pública, en el caso de los loteos ilegales para barrios privados. La denuncia es por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, la acusación contempla una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva.

La diligencia se llevó a cabo en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 5 del Departamento Judicial de La Plata, bajo la conducción del fiscal Juan Ignacio Mennucci y con la intervención de la jueza de garantías Marcela Garmendia.

El ex intendente -que ejerció entre 2015 y 2023, durante la gestión de Juntos por el Cambio- concurrió personalmente a la citación, donde se le informaron detalladamente los cargos que pesan en su contra y los derechos constitucionales que lo asisten.

La causa penal se originó a partir de una denuncia impulsada por el actual intendente de La Plata, Julio Alak, a través de la secretaria de Justicia de la comuna, Marina Mongiardino.

La presentación judicial requirió investigar la omisión deliberada de los controles necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos legales en la comercialización de barrios cerrados.

Según la acusación, se facilitaron desarrollos habitacionales sin la autorización de la provincia de Buenos Aires, desoyendo las objeciones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y avanzando sobre el cordón frutihortícola de la región.

La investigación busca determinar si las resoluciones adoptadas durante la gestión local entre los años 2015 y 2023 desobedecieron una orden del gobierno bonaerense que prohibía autorizar urbanizaciones sin la correspondiente convalidación legal y técnica.

De acuerdo con los datos aportados por la actual administración municipal en su denuncia, los loteos bajo sospecha serían unos 450, de los cuales 250 no podrían regularizarse.

El expediente no solo alcanza a Garro, sino que también involucra a varios miembros de su antiguo equipo de gobierno, a quienes se les atribuyen las mismas calificaciones penales. Entre los excolaboradores que ya se presentaron ante la justicia y resultaron imputados se encuentran Oscar Negrelli, quien se desempeñó como secretario de Coordinación, y María José Botta, ex titular de Planeamiento Urbano municipal. Ambos ex funcionarios ya cumplieron con el trámite de comparecencia correspondiente.

También se presentaron Leandro Ronga, Augusto Sciarretta y Marcelo Gustavo Genoro, además de Marcela Rogg, quien se desempeñó como directora general de Planeamiento.

Luis Esteban Barbier, exsecretario de Obras Públicas, debió presentarse a declarar el pasado 7 de agosto. Sin embargo, el exfuncionario no asistió a la citación e informó formalmente que se encontraba fuera del país por un viaje, comprometiéndose a regresar el próximo 14 de agosto para ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

La causa penal estuvo inicialmente a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, pero el municipio solicitó su apartamiento debido a la falta de avances en el procedimiento. Tras esta petición, el caso pasó a la órbita del fiscal Mennucci, quien finalmente formalizó las imputaciones.

En su defensa, desde el entorno del ex intendente rechazaron las acusaciones y aseguraron que su gestión no aprobó ningún desarrollo inmobiliario que no contara con la respectiva ordenanza municipal.

De acuerdo con el relato que Abril brindó a A24, el teléfono no se encontraba enchufado ni presentaba signos previos de sobrecalentamiento. La estudiante aseguró que el dispositivo tenía la batería original y no estaba siendo cargado en el momento del siniestro. “No te puede explotar un celular así”, manifestó. El teléfono había sido adquirido en marzo del año anterior, y hasta el día del incendio mantenía un 83% de condición de batería.

El incendio se propagó rápidamente y afectó casi la totalidad del inmueble. Vecinos intentaron contener las llamas con agua sin lograr evitar la destrucción del inmueble. Abril logró rescatar a su gato antes de abandonar la vivienda. Actualmente, la joven reside temporalmente en la casa de su jefa y busca un nuevo lugar donde vivir.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente que la causa del incendio haya sido un desperfecto del iPhone 14 Pro. Las pericias buscan establecer si el origen del fuego tiene relación con el dispositivo, como sostiene la joven. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, expresó la estudiante.

Abril evalúa iniciar acciones legales contra el fabricante del dispositivo, aunque la investigación oficial sigue en curso. Las causas precisas del incidente se determinarán tras los resultados de las pericias solicitadas por las autoridades.

Recomendaciones

Según el Fire Safety Research Institute (FSRI), la mayoría de los teléfonos utilizan baterías de ion-litio. Estas baterías almacenan gran cantidad de energía en un espacio reducido y, ante ciertas fallas, pueden sobrecalentarse y liberar gases inflamables, generando fuego o incluso explosiones en cuestión de segundos. El proceso, conocido como escape térmico, ocurre cuando la celda interna de la batería se daña, se sobrecalienta o recibe más voltaje del que puede tolerar.

Para minimizar riesgos, los fabricantes incorporan sistemas de gestión electrónica que cortan la corriente ante situaciones peligrosas. Sin embargo, el peligro aumenta cuando fallan estos dispositivos o cuando se utilizan baterías o cargadores sin certificación. Factores como el uso de cargadores no originales, la exposición prolongada al calor, daños físicos en la batería o cargar el dispositivo en espacios cerrados pueden incrementar la probabilidad de incidentes.

A partir de varios antecedentes, organismos de seguridad e investigadores en la materia coinciden en una serie de cuidados. Los cuales son:

• Utilizar siempre cargadores y cables originales u homologados por el fabricante del dispositivo.
• Evitar cargar el celular sobre superficies inflamables o dentro de espacios cerrados con altas temperaturas, como el interior de un vehículo bajo el sol.
• No dejar el teléfono cargando durante toda la noche o por períodos prolongados sin control.
• Prestar atención a señales de advertencia: sobrecalentamiento inusual, olores extraños, deformaciones o hinchazón de la batería.
• Nunca intentar abrir o manipular de forma casera una celda dañada o hinchada, ya que el contacto del litio con el aire puede generar una ignición inmediata.
• En caso de incendio originado por una batería de litio, no usar agua: se recomienda un matafuegos de dióxido de carbono (clase B o C) o, en su defecto, sofocar el fuego con arena o una manta ignífuga.

Según estimaciones de la industria citadas por especialistas como K.M. Abraham, profesor de la Universidad de Northeastern y uno de los científicos que contribuyó al desarrollo de la batería de litio, la tasa de fallas de este tipo de baterías es de aproximadamente 1 en 1 millón, una proporción baja si se la compara con los miles de millones de celulares y computadoras que se utilizan a diario en el mundo.

Ante más de un millar de militantes, jóvenes y dirigentes reunidos en el Club Atenas de La Plata, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, presentó la hoja de ruta del partido para los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, pidió dejar atrás las discusiones internas y orientar el trabajo partidario a las demandas sociales.

En ese marco, reclamó una reorganización de la vida interna del radicalismo: “Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires”. También advirtió: “No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia”.

Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los 135 municipios bonaerenses y planteó su postura sobre alianzas electorales: “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”. El acto cerró con un llamado a la militancia: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

Entre los asistentes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el exdiputado Walter Caruso, intendentes, concejales y dirigentes políticos, además del presidente de la UCR Nacional Leonel Chiarella.

Precisamente Chiarella dijo que al radicalismo recorre “un camino de unidad y solidaridad, donde representemos la honestidad y el coraje de enfrentar lo que haya que enfrentar”.

“Es el partido de la gestión y de los resultados para transformarle la vida a la gente”, agregó y dijo que “es el radicalismo que estamos construyendo, el radicalismo que está marchando, un partido que cree en los proyectos colectivos y no en las salvaciones individuales y que creemos que el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”

En paralelo, en la sede del radicalismo bonaerense se realizó una jornada encabezada por Balbín con intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes territoriales y representantes de la OTR, la Juventud Radical y Franja Morada. Durante la actividad se entregaron certificados a presidentes de comités de distrito, a la Organización de Trabajadores Radicales y a integrantes del plenario.

Antes del acto de asunción, en el propio Club Atenas se llevó a cabo la Convención Provincial, que eligió su mesa de conducción y otros órganos partidarios.

Treinta y tres veces dijo “no me acuerdo” la farmacéutica Alejandra Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ante el tribunal que la investiga por la muerte de 90 pacientes tratados con fentanilo contaminado de la firma HLB Pharma. Lo hizo ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Roteta. De esa manera esquivó responder sobre aspectos centrales de su gestión al frente del organismo del Estado que tiene poder de policía sobre la calidad de los medicamentos y sueros parenterales que elaboran y comercializan los laboratorios.

En la misma situación procesal se encuentra quien fuera su superiora directa, Agustina Nélida Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Las dos reparticiones forman parte del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.

“Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

El juez y la fiscal que la interrogaron concentraron sus sospechas en varios ejes: por qué la ANMAT demoró en actuar ante señales de alerta previas sobre desvíos de calidad y otras irregularidades —algunas calificadas como “críticas”— en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro; por qué no se retiraron del mercado todos los productos elaborados en condiciones que la propia autoridad sanitaria había declarado violatorias de las Buenas Prácticas de Fabricación; y qué rol jugó la cadena de mandos en las decisiones que se tomaron —y en las que no se tomaron— sobre los laboratorios ahora clausurados. La acusación apunta a que la conducta de la funcionaria sea por acción u omisión, contribuyó a que lotes de fentanilo con contaminación microbiana llegaran a clínicas y hospitales de todo el país.

Las irregularidades que expuso la justicia

La inspección del 28 de noviembre de 2024 en Laboratorio Ramallo —donde se elaboró el fentanilo contaminado con dos bacterias— fue el punto de partida formal del expediente en el máximo organismo de control. Mantecón Fumadó explicó que la decisión de inspeccionarlo recayó en la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos, y que los antecedentes del laboratorio ya acumulaban problemas: productos elaborados en espacios no habilitados, envases no autorizados y reiteradas intimaciones de retiro de mercado que la empresa resistía o dilataba. “El desvío era que el envase no estaba autorizado, no solamente no estaba autorizado el envase, sino que estaba elaborándose en un espacio no habilitado dentro de la empresa. Cuando se cita a la empresa, la empresa no termina de contestar”, declaró.

La inspectora Ana Laura Canil fue quien, durante la madrugada del 13 de mayo, llamó a Mantecón Fumadó para reportar lo que encontró en la línea de producción de fentanilo: “Me dijo que estaba haciendo una inspección en la parte de fentanilo y que la documentación que le presentaban no era… cuál es la palabra?, tenía discrepancias, no era… que a ella no le parecía que fuese una documentación hecha con el analista sino que estaba dibujada y que cuando menos los reportes o cuando menos los ensayos que planteaban ahí no estaban bien hechos y eran… la palabra que me dijo era ‘no son concluyentes y debieran haberse repetido’”.

A partir de ese llamado, Mantecón Fumadó tomó la decisión de extender las consecuencias al universo completo de productos de Ramallo: “Yo estimé en ese momento que si eso había pasado con el lote 31202, podía extenderse al resto de los productos y entonces ahí es donde habló con Agustina (Bisio) y es donde se define cerrar y sacar del mercado y sacar la comercialización de todos los productos de elaboración de Ramallo y también se decide cerrar HLB pero por lo que podría ser la falsificación de datos porque el Director Técnico de HLB Pharma es el responsable de la liberación a plaza de estos productos, más allá de que lo haya delegado en Laboratorio Ramallo, que para eso necesita una autorización específica. Ante ese panorama y además que el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB, utilizamos todos los expedientes que teníamos en trámite, se lo pregunté a Agustina (Bisio) y me dijo pone todo lo que tengas”.

Esa frase —“el Ministerio venía diciendo hacía rato que cerraran HLB”— fue uno de los puntos en el que juez y fiscal insistieron. La declaración defensiva de la ex funcionaria fue dejar la certidumbre que las decisiones sobre los laboratorios no se adoptaban de manera autónoma dentro del INAME, sino que respondían a instrucciones que bajaban desde el Ministerio de Salud y se transmitían de manera informal. “Todos los informes que pedía el Juzgado eran mandados informalmente a Agustina (Bisio) que lo consultaba con el Ministerio y después me lo bajaban informalmente la nota que yo tenía que elevar formalmente”, reconoció la ex funcionaria.

La ex titular del INAME se refería a la documentación que el propio juez Kreplak le solicitaba en el marco de la causa penal en la que ahora ella misma es investigada.

En un momento de la declaración, Mantecon Fumadó puso el foco en la intervención del entonces ministro Mario Lugones. Según relató, Lugones le habría transmitido a Bisio que había que “avanzar, pero con cautela” contra el laboratorio, una instrucción que Mantecón Fumadó interpretó como la orden de avanzar con las medidas sancionatorias procurando evitar un perjuicio que luego obligara a retrotraerlas. Semanas después, durante una reunión en el Ministerio a mediados de marzo, Lugones habría sido más directo: “Quiero que cierren HLB”. A partir de esa indicación, la ex directora del INAME aseguró que elevó a sumarios los expedientes e informes técnicos que aún estaban pendientes. Cosa que no había realizado con anterioridad, aunque era su deber.

El relato coincide con lo que había declarado como imputado Ariel García Furfaro ante la justicia, cuando sostuvo que “Lugones quería cerrar HLB”. García Furfaro es uno de los 13 ejecutivos y responsables de la fabricación del fentanilo mortal que están procesados. Él, su hermano Diego y Jorge Maiorano, director técnico de HLB Pharma, están detenidos. Otros tres, entre ellos la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, fueron beneficiados con prisión domiciliaria y tobillera electrónica; el resto aguarda la continuación del proceso con las mismas restricciones que pesan sobre las ex funcionarias.

El fentanilo: del reporte ignorado a los fallecimientos

El reporte de contaminación bacteriana en el lote 31202 de fentanilo llegó al mail del Departamento de Vigilancia de ANMAT el 2 de mayo de 2025, un feriado, y no fue visto hasta el lunes 5. Mantecon Fumadó describió cómo fue tomando dimensión de la gravedad: “El reporte decía solamente efectos adversos y que se habría identificado alguna contaminación bacteriana en productos de fentanilo y el lote, entonces Mariela se comunicó con la reportante y empezó a recabar información y lo primero que le mandaron si no me equivoco fue los resultados de los análisis de laboratorio y recién después de eso se empezaron a mandar los reportes de las personas afectadas y recién ahí empezamos a ver que algunos eran con óbito, pero hasta ese momento no teníamos noción de la gravedad del tema”.

La “Mariela” a la que refiere es Mariela Baldut, responsable del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME.

El 8 de mayo, una vez completada la investigación interna, Mantecon Fumadó informó a la entonces titular de ANMAT: “Le dije estoy mandándote este expediente con un proyecto para sacar del mercado este lote de fentanilo porque estaría con un desvío de calidad por una contaminación microbiana pero además me parece que corresponde hacer un alerta previo, antes de sacar la disposición, para evitar… la disposición lleva un trámite administrativo, entonces para acotar los plazos y que la información estuviese disponible y para que los efectores de salud no usaran más ese lote se sacó la alerta”. Consultada por qué era urgente acortar esos plazos, respondió: “Porque estaba en riesgo la vida de las personas en función de la información que me había llegado, podría estar en riesgo”.

Ante esa cronología, el tribunal le preguntó por qué la ANMAT no había formulado la denuncia penal antes del 12 de mayo, es decir, la razón de la demora de diez días. La respuesta de Mantecon Fumadó fue: “Porque no nos constaba que pudiera haber algún delito, no nos constaba ni siquiera que hubiese realmente un desvío imputable al laboratorio. Cuando vemos como está manejado el tema de los papeles y de la documentación es que nos da la idea de que podía haber un desmanejo o negligente o a propósito de la documentación y que eso podía generar que el producto que había salido a plaza y que en el batch records decía que estaba bien, no fuese así”.

Ese argumento choca con la documentación ya agregada a la causa. La resolución fiscal que solicitó al juez Kreplak la detención e indagatoria de la ex funcionaria señala que, antes de formalizarse la denuncia penal por las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata, Bisio “intentó acomodar la magra labor administrativa registrada sobre los hechos”. Eso surge, según consta en el expediente, de una conversación entre la entonces titular de la ANMAT y Enriqueta Pearson, subadministradora nacional del organismo, del 12 de mayo de 2025, acreditada por un informe pericial de la Dirección de Asistencia Técnica e Investigaciones Periciales (DATIP).

No es el único dato que pone en duda que Mantecon Fumadó desconociera la muerte de pacientes vinculada al fentanilo de HLB. La causa registra una secuencia que el tribunal tuvo a la vista durante el interrogatorio:

El 14 de abril de 2025 se registró el primer paciente fallecido en el Hospital Italiano de La Plata.

Ese mismo día, la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia, un organismo externo al INAME y a la ANMAT, puso en conocimiento del INAME que recibían un importante número de reportes sobre efectos adversos de distintos productos. El 22 de abril informó que uno de ellos era el fentanilo HLB lote 31.202.

El 2 de mayo de 2025, el Hospital Italiano de La Plata reportó a la ANMAT el desvío de calidad del fentanilo. Daiana Martínez, jefa de Farmacia del hospital, envió un correo electrónico donde detalló que en abril tuvieron un brote de Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, microorganismos que no formarían parte de la comunidad intrahospitalaria.

Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante. Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte sobre las irregularidades en la planta de Ramallo e informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados. “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes” (sic), le respondió Bisio.

La carta de advertencia y el fentanilo que “no tenía reportes”

Uno de los puntos más tensos del interrogatorio giró en torno a la carta de advertencia firmada contra Laboratorio Ramallo: el instrumento que inhabilita a un laboratorio para seguir produciendo hasta que solucione las deficiencias detectadas. El tribunal señaló que la carta inhibía la producción general de toda la planta, pero que al mismo tiempo no se había ordenado el retiro de los productos fabricados durante ese período —entre ellos, el fentanilo.

La respuesta de Mantecón Fumadó fue que el fentanilo no tenía reportes previos y, por tanto, no podía ser objeto de retiro: “El fentanilo no tenía reportes, no fue objeto de inspección”. Cuando el tribunal le preguntó si eso no generaba ninguna inquietud, respondió: “No puedo decir ni que sí ni que no”. Ante la pregunta de si el Estado tenía obligación de vigilar lote a lote, fue categórica: “No, lote a lote no”.

La ex directora del INAME también reconoció que había dejado en “stand by” un proyecto de carta de advertencia para HLB Pharma que prohibía la comercialización de todos sus productos, porque consideró que no podía actuar sobre HLB sin antes hacerle una inspección propia. “Si a HLB no le hice una inspección, si HLB es una empresa distinta de Ramallo, yo no puedo utilizar los argumentos de Ramallo para sacar del mercado un sólido”, argumentó. Y agregó: “Jurídicamente, son dos laboratorios que tienen dos CUITS distintos, dos habilitaciones distintas, dos legajos distintos, dos directores técnicos distintos”.

El despido de inspectores

Otro eje del interrogatorio fue la debilidad estructural del cuerpo de inspectores. Mantecón Fumadó relató que cuando asumió contaba con entre 18 y 20 inspectores, y que la primera medida de la gestión del gobierno de Javier Milei fue despedir a cinco: “La primera medida que se tomó fue que echaron a 5 inspectores, me dejaron 10 más, me dejaron con 13 personas de las cuales hay personas que si bien son inspectores tienen una licencia psiquiátrica, o sea tan dentro del Inspectorado pero no, y además después de eso el ataque al empleado público, el sueldo, el trato, eso generó que se me fuera gente también”.

La ex funcionaria dijo que planteó la situación en el Ministerio “infinidad de veces”. En una reunión con asesores del ministro, que se realizaba cada 15 días, llegó a decir que era imposible trabajar con solo ocho inspectores para 600 laboratorios. El intercambio con el tribunal fue el siguiente:

Kreplak: “¿Por qué medio formuló esa observación?”

Mantecón Fumadó: “Personal, en las reuniones.”

Kreplak: “¿Por qué medios y si se lo formalizó de alguna manera?”

Mantecón Fumadó: “No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.”

Abogado defensor: “¿Recuerda alguna respuesta que haya recibido a eso?”

Mantecón Fumadó: “Sí, Agustina (Bisio), si yo recuerdo que Agustina me contestó que no le permitían contratar más personal, que para contratar personal se tenían que ir dos, después se tenían que ir tres para contratar personal entonces…”

El tribunal también le preguntó si era materialmente posible, con esa dotación, verificar que los laboratorios inhibidos no estuvieran produciendo. La respuesta fue: “No. Es imposible. Pero no es imposible solamente con los inspectores que tenía. Es imposible teniendo la dotación total de inspectores, o sea, teniendo 60 inspectores tampoco”.

“Atemorizados”: inspectores con custodia policial en HLB y Ramallo

Mantecón Fumadó reveló que las inspecciones a HLB Pharma y a Laboratorio Ramallo se realizaban siempre con custodia policial, debido al comportamiento de los responsables de ambas empresas. “A HLB y a Ramallo siempre fueron con custodia policial, porque, con anterioridad, las inspecciones eran muy ríspidas. Después el laboratorio mejoró su trato, pero en principio eran muy ríspidas y los inspectores se sentían como... ¿Cuál es la palabra? O sea, atemorizados, entonces iban acompañados con custodia policial”, declaró.

La logística de coordinar esa custodia era, según explicó, uno de los motivos por los que se avisaba con antelación mínima a los laboratorios: “Coordinar la custodia policial, el viático y por lo menos la pareja de inspectores, es muy costoso”.

Sobre la reunión del 14 de enero de 2026 en las oficinas de ANMAT —donde funcionarios del organismo se encontraron con los dueños de los laboratorios y otros responsables—, Mantecón Fumadó explicó por qué eligió ese ámbito y no las instalaciones del INAME: “Porque yo le pedí a Agustina (Bisio) por el tenor del laboratorio y porque son gente, cómo puedo decir, difícil de tratar, pero que no se... A ver, en la relación conmigo nunca hubo ningún problema, venían con antecedentes que me habían comentado a mí que tampoco fui testigo, pero la verdad es que discutían todo. Son difíciles de llegar a una resolución fácil, por llamarlo de una manera. Todas las medidas, ellos discutían todos los retiros de mercados, discutían todo, todo era una discusión”.

En esa reunión, los representantes de los laboratorios llegaron, en palabras de la ex directora, “con los botines de punta”: “Que la empresa no, que no se la podíamos cerrar toda, que ellos no habían tenido posibilidad de presentar documentación, que ya habían levantado un montón de puntos que le habían marcado la Comisión Inspectora, que necesitaban seguir el procedimiento, que ellos, que casi lo habían levantado todo, que habían puesto un nuevo sistema de control dentro de la empresa que se llamaba Capataz y que habían cambiado un montón de cosas y que no habían tenido oportunidad de presentarlo porque la Comisión le había pedido solamente determinado tipo de información”.

Las 33 veces que no recordó

La estrategia de defensa de Mantecón Fumadó se articuló sobre varios ejes. El primero fue deslindar la responsabilidad de ANMAT sobre la calidad lote a lote: “La autoridad sanitaria no va a inspeccionar un producto determinado, va a inspeccionar que ese producto se elabore de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación. El resultado final del producto lote a lote es responsabilidad exclusiva del laboratorio. ¿Por qué? Porque es inviable y no pasa en ninguna autoridad sanitaria del mundo que la autoridad sanitaria verifique lote a lote cada producto que sale al mercado”. Y fue aún más lejos: “No hay forma de que el Estado controle que el laboratorio decida hacer o no hacer. El Estado no vigila lote a lote”.

La imagen que quedó de la declaración indagatoria fue la de una funcionaria que, ante preguntas sobre hechos que ella misma protagonizó —cartas que firmó, reuniones que convocó, decisiones que adoptó—, recurrió 33 veces a expresiones como “no me acuerdo”, “no lo recuerdo” o “desconozco”. Entre los olvidos más llamativos figuran no recordar el contenido de una carta de advertencia que ella misma firmó, no recordar si le dio un plazo al laboratorio para presentar documentación, no recordar cómo le transmitieron las instrucciones del ministro, y no recordar si formalizó sus planteos sobre la falta de inspectores.

A lo largo de la indagatoria, la ex jefa del INAME acumuló las siguientes respuestas:

“No recuerdo, llegaron después del mediodía, pero no me acuerdo en qué horario.”

“Pasada la madrugada creo, no me acuerdo.”

“No recuerdo si el 8 me pasa el expediente con el proyecto de retiro de mercado.”

“No, no recuerdo.” (sobre la fecha en que asoció los reportes de la Dra. Flichman con el lote de fentanilo)

“No me acuerdo si me lo mandó a mí o se lo mandaron directamente a Mariela Baldut.”

“No recuerdo.” (sobre lo que le manifestó Bisio respecto al reporte)

“No lo recuerdo.” (sobre el circuito administrativo de publicación de la carta de advertencia)

“No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo.” (sobre si formalizó su planteo al Ministerio sobre la falta de inspectores)

“No lo recuerdo en este momento.” (sobre el plazo reglamentario para que el laboratorio presente descargos)

“No lo recuerdo en este momento…” (sobre si el reglamento exige una audiencia previa)

“No me acuerdo qué fue lo que se dijo.” (sobre la firma de la carta de advertencia)

“La verdad no recuerdo ahora lo que dice el texto de la carta.”

“La verdad, en este momento no me acuerdo cuál fue el planteo de Ana Laura.”

La última “laguna” de la imputada es, como mínimo, suspicaz. Ana Laura es Ana Laura Canil la Directora de Fiscalización y Gestión de Riesgos del INAME, la funcionaria técnica que estaba directamente por debajo de Mantecón Fumadó en la línea jerárquica del organismo.

Su rol en la causa, según surge de la declaración, fue central en varios momentos:

Fue quien decidió y comunicó a Mantecón Fumadó que se iba a realizar la inspección no programada en Laboratorio Ramallo, diciéndole: “vamos a ir a Ramallo porque no me están dando respuesta a los productos no conformes y a los reportes que tienen”.

Fue quien condujo la inspección del 13 de mayo y llamó a Mantecón Fumadó para reportar que la documentación del fentanilo “estaba dibujada” y que los ensayos “no son concluyentes y debieran haberse repetido”.

Fue quien elevó el expediente con la propuesta de carta de advertencia para toda la planta de Ramallo, el viernes 3 de enero a las 18 horas.

Fue quien se trajo de Ramallo las muestras de museo y los batch records de los lotes 31202 y 31244 tras la inspección nocturna.

Integró la comisión que fue a Ramallo a buscar material para la causa penal, junto con la jefa de microbiología.