El salón apareció transformado en un mundo jurásico: globos en verde, naranja y blanco, hojas tropicales, un panel con su nombre en letras cursivas y el número 2 iluminado en neón. Cruz llegó vestido de explorador, con su pincel listo para una actividad de pequeño paleontólogo que los organizadores prepararon especialmente para él.

Dispuesta a vivir cada segundo, Nicole se tiró al piso para abrazarlo, jugó con él cara a cara con una lupa y posó junto a su marido y su hijo frente a la torta que también estuvo a tono con el espíritu de la velada: blanca con detalles en verde y azul, coronada por un dinosaurio de azúcar y el número 2 dorado. Cabe recordar que la pareja mantiene la decisión de no mostrar el rostro de su hijo en público, por lo que apelaron a emojis de corazones o de dinosaurios para protegerlo.

La abuela materna Claudia también estuvo presente y fue una de las que más disfrutó cuando apareció la sorpresa de la tarde: un dinosaurio animatrónico con sombrero de cumpleaños incluido, que recorrió el salón y desató la euforia de los más chicos. Los padres también vivieron a pleno el festejo y terminaron abrazados a su hijo en el pelotero, en una postal sin edades.

Antes de que empezara la fiesta, las redes ya estaban llenas de amor y las hermanas de Cruz -las hijas de Nicole con Fabián Cubero- dejaron tiernos saludos para el cumpleañero. Indiana compartió una foto grupal de las cuatro con el mensaje “Feliz cumple gordito, te amo tanto”; Allegra publicó un selfie con Cruz en brazos y escribió “cumple mi chiquito, te amo tanto”; y Sienna lo alzó al aire con el cielo patagónico de fondo y le escribió “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, dejando en claro que el amor de hermanos está más allá de cualquier batalla mediática que lleven adelante los padres.

Un viaje entre motores para estar cerca de papá

Semanas atrás, Nicole y Cruz compartieron una jornada especial para acompañar a Manu en una nueva fecha de competencia del Turismo Nacional. Desde el circuito de La Plata, la modelo publicó una postal en la que se la ve sonriente, con saco rojo, jeans y gorra negra, con Cruz en brazos. El pequeño llevaba auriculares de protección —un detalle que la familia cuida en cada carrera— y miraba atento la pista desde el vallado. “Tarde de...”, escribió junto a un emoji de auto de carreras, dejando que la imagen hablara sola.

El álbum que compartió en sus redes tuvo varias escenas: madre e hijo entre los espectadores, los dos observando el trabajo de los mecánicos en los boxes, Cruz agachado revisando una botella con los colores celeste y blanco. En una de las tomas, Nicole caminaba por el sector reservado al auto número 231 de Urcera, relajada, con el movimiento del equipo técnico de fondo. La escena tenía todo el clima de una familia que ya encontró su propio ritual en los fines de semana de carrera.

Una de las imágenes más íntimas del álbum no tenía ni pista ni boxes: solo las manos entrelazadas de madre e hijo dentro del auto familiar, una pausa silenciosa en medio del ruido de la competencia. No fue la primera vez que Cruz acompañó a su papá al autódromo, y a juzgar por las fotos, tampoco será la última.

Un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

El episodio, que involucró a tres jóvenes a bordo de una motocicleta, se desató el miércoles último pero recién trascendió ayer.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, según informó el portal del diario El Día, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El detenido, pese a su corta edad, ya cuenta con varios antecedentes computados.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Ahora, el adolescente detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.

En el barrio San Carlos y las zonas aledañas, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad y la incidencia de menores en delitos graves. Las fuerzas policiales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para brindar información que permita esclarecer el caso y prevenir futuros episodios similares.

Una jubilada de 79 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en la ciudad de La Plata, que le generó una pérdida que superaría los $13 millones. El caso se inició cuando la mujer fue contactada a través de una falsa plataforma de inversiones identificada como Golden Finance Limited, tras visualizar una publicidad en Facebook.

Según consta en la denuncia, los estafadores se presentaron como supuestos asesores especializados en inversiones y convencieron a la víctima de ingresar al sistema con un primer depósito de $200.000. A partir de ese momento, la maniobra delictiva fue escalando.

Una vez que habían logrado que la jubilada aceptara la propuesta, fue contactada por otra persona que le había afirmado que trabajaba para YPF. Bajo este engaño, le ofreció un falso plan de inversión vinculado a sectores como el petróleo, el gas y el oro, con la promesa de obtener altos rendimientos.

Tras confiar en las explicaciones recibidas, la mujer realizó una transferencia de $1,5 millones y, días más tarde, fue persuadida para aportar una suma similar. Posteriormente, los delincuentes le sugirieron invertir otros $5 millones para acceder a una supuesta categoría superior relacionada con el mercado del oro.

Según la información obtenida por el medio platense 0221, para ese punto la denunciante había liquidado todos sus ahorros. Por este motivo, ante la falta de fondos para continuar con las supuestas inversiones, los estafadores le recomendaron a la jubilada solicitar un préstamo bancario.

Fue así que la víctima accedió y transfirió esos recursos a las cuentas indicadas por los supuestos asesores. Paralelamente, comenzó a detectar movimientos extraños en su cuenta bancaria, como débitos y extracciones en dólares no autorizadas.

Como resultado, la combinación de transferencias y créditos solicitados provocó que la mujer sufriera una pérdida total de más de $13 millones. El caso fue denunciado ante la Justicia, que ahora investiga la maniobra bajo la figura de estafa virtual e intenta identificar a los responsables del engaño. Hasta el momento, no habría personas identificadas, ni detenidos.

Estafa a jubilado de 81 años en La Plata: le vaciaron las cuentas tras un llamado falso

Un nuevo episodio de estafa virtual se registró en la ciudad de La Plata, cuando un jubilado de 81 años denunció haber perdido más de un millón de pesos tras ser víctima de un engaño telefónico en el barrio La Loma. Según lo informado, la maniobra comenzó con una llamada que simulaba provenir del área de atención al cliente de una aseguradora reconocida.

Durante el contacto, el interlocutor solicitó datos personales y bancarios, bajo el argumento de actualizar la información de la cuenta. El hombre, convencido de que la comunicación era legítima, proporcionó los datos requeridos.

Poco después, la víctima advirtió movimientos irregulares en sus cuentas. Primero notó una transferencia por más de un millón de pesos, luego otra por $100.000 y operaciones digitales que nunca había autorizado.

De la misma manera, la víctima recibió un correo electrónico confirmando la aprobación de un préstamo online que no había solicitado. De acuerdo con la denuncia, el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana y fue realizado por una persona que mostró un alto conocimiento del sistema bancario, lo que facilitó la maniobra fraudulenta.

Al detectar la situación, el jubilado procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas, aunque ya se habían concretado las principales transacciones. El monto sustraído representa una suma significativa para cualquier jubilado.

La denuncia fue radicada ante la Justicia, que inició una investigación para determinar la modalidad del fraude. Además, se solicitó el análisis de los registros bancarios y las pericias técnicas buscarán identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se realizaron las operaciones fraudulentas, así como el destino final de los fondos.

El video que encabeza esta nota muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta blanca circulando a gran velocidad sobre la calle 149. Minutos después, se los ve subir a la vereda, en la intersección de 59, y es en ese lugar donde interceptaron al joven.

De acuerdo con lo informado por 0221, el adolescente, que regresaba caminando de la escuela por esa misma arteria, es sorprendido por uno de los delincuentes que se baja del rodado y comienza a golpearlo tratando de conseguir que le diera las pertenencias.

La víctima, lejos de someterse, reaccionó a tiempo y logró alejarse antes de que la situación escalara. El hecho ocurrió a plena luz del día en una zona transitada por vecinos y vehículos en el barrio de Los Hornos, sin que los sospechosos pudieran concretar el robo.

Todo ocurrió en cuestión de segundos, en donde además se puede ver a los motochorros retirándose por la misma vía que habían llegado. Hasta el momento, no trascendió si la víctima o algún testigo realizó una denuncia formal ante la Policía Bonaerense, ni se conoce la identidad de los delincuentes.

Una tatuadora de San Martín frustró el robo de su motocicleta en Remedios de Escalada, partido de Lanús, al activar a distancia un dispositivo antirrobo con descarga eléctrica que había instalado debajo del asiento del rodado. El hecho ocurrió pasadas las 20, y las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se viralizaron días después.

La mujer se dirigía a trabajar cuando dos motochorros la interceptaron y le exigieron que bajara de la moto. Ante la amenaza, no opuso resistencia. Uno de los sospechosos se subió al vehículo y escapó mientras su cómplice lo seguía en otro rodado. El asaltante, sin embargo, no llegó lejos: al acercarse a la esquina, recibió una descarga de 6.000 voltios que lo hizo perder el control y caer al asfalto. Abandonó la moto en plena calle y huyó junto al otro delincuente.

Débora contó el episodio a C5N: "Por unos segundos me olvidé que tenía el dispositivo, pero cuando me acordé, lo activé y me escondí atrás de un árbol“. Tras asegurarse de que los sospechosos se habían alejado, recuperó su motocicleta, aunque el pedal de los cambios resultó dañado por la caída.

El artefacto, conocido como Shockbag y fabricado en Uruguay, consiste en una cinta negra que se coloca alrededor del asiento y opera con una batería independiente de una duración aproximada de un mes. La descarga se activa al presionar tres botones en simultáneo desde una muñequera ajustable. Según la propia Débora, la corriente no es mortal, pero “te hace soltar lo que tengas”. El sistema también cuenta con una alarma para ubicar el vehículo en la oscuridad.

La víctima explicó que ya le habían robado cuatro motos con anterioridad y que esa experiencia la llevó a buscar una solución. “Lo compré porque estaba cansada de perder herramientas de trabajo”, afirmó. Admitió que en el momento del asalto dudó en activarlo por el miedo que le generó la situación, pero finalmente tomó la decisión. “Está bueno cuando uno recupera lo suyo porque cuesta tanto comprarse las cosas”, agregó.

Ante la ausencia de una denuncia formal en la comisaría 4ª de Lanús, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio, según informaron fuentes policiales. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

Personal del Comando de Patrullas (CP) llegó al lugar y encontró al motociclista —un masculino de entre 25 y 30 años— tendido inconsciente sobre el asfalto. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de forma automática al Hospital Rossi, donde ingresó con lesiones varias y en estado crítico. La identidad del hombre no pudo establecerse en el lugar del hecho, dado que no portaba documentación al momento del accidente.

Al frente de la camioneta Kia K2500 estaba un hombre identificado como L.G.A., argentino de 40 años, domiciliado en La Plata. Las causas exactas de la colisión aún se tratan de establecer.

De acuerdo con las imágenes que capturó una cámara que estaba en el camión, se puede ver cómo el vehículo, tras pasar las vías del tren, se dispone a hacer un giro hacia la izquierda. Es en ese momento es que ocurre el impacto con la motocicleta, que no aparece en plano hasta que cae al suelo con dos ocupantes.

El lugar fue preservado con fines periciales. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 12 de La Plata, cuyo magistrado de turno dispuso las diligencias de rigor tras ser notificado del hecho.

El GTO trabaja para dar con la identidad del motociclista: la moto no registra impedimentos y figura radicada en Florencio Varela.

El antecedente de un caso similar en Mendoza

Un impactante video conmocionó a la provincia de Mendoza tras el atropello de un jubilado por parte de un colectivo mientras cruzaba la calle en pleno centro. La víctima, de 70 años, fue trasladada al hospital con politraumatismos y sufrió un ACV hemorrágico, donde finalmente murió. El episodio ocurrió días atrás.

Según supo Infobae, el hecho tuvo lugar en la intersección de Boulogne Sur Mer y Las Heras, en el departamento de San Martín. Las imágenes muestran al hombre en el momento en que se apresta a cruzar por la senda peatonal, cuando un colectivo aparece de improviso y lo embiste, lanzándolo varios metros por el aire.

El siniestro involucró al interno 37 de la empresa Nueva Generación, un Mercedes Benz que circulaba por la avenida Leandro Alem en sentido este-oeste. Al doblar hacia el sur por calle Las Heras, la unidad golpeó al hombre identificado como S. A., de 70 años, quien atravesaba la calzada por la senda peatonal habilitada. La colisión se produjo durante la maniobra de giro a la izquierda.

A raíz del choque, la víctima retrocedió varios metros y quedó tendida sobre el asfalto. Una cámara de seguridad instalada en la zona capturó el instante exacto del impacto. Las imágenes, difundidas en redes sociales y atribuidas a Radio Regional, exponen con crudeza la violencia del golpe y generaron consternación entre los vecinos del departamento mendocino.

Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar y brindó atención primaria al jubilado. Los médicos presentes en la escena verificaron politraumatismos y dispusieron su derivación de urgencia al Hospital Perrupato. Ya en el nosocomio, el equipo de guardia profundizó la evaluación clínica y confirmó un diagnóstico de mayor gravedad: ACV hemorrágico y leve contusión pulmonar. El paciente quedó internado en observación con pronóstico reservado hasta que se dictó su muerte.

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control como por ejemplo ANMAT e INAME.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

Como fruto de una investigación originada por el robo de una motocicleta Yamaha FZ, tres personas fueron detenidas en La Plata luego de que hallaran un presunto desarmadero en funcionamiento. Tras la sospecha de que pudiera tratarse de una actividad ilícita, se abrió una causa judicial por el hecho.

El caso se inició con la denuncia de un vecino de 54 años, quien informó que su vehículo había sido sustraído mientras estaba estacionado en la zona de 38 entre 16 y 17. A partir de esto, los efectivos de la comisaría Cuarta comenzaron tareas investigativas para identificar a los responsables del robo.

Por medio de las diligencias, lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos y detectaron varios domicilios presuntamente utilizados para almacenar y desarmar motos robadas. Con esos elementos, solicitaron órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas el martes en diferentes puntos de la ciudad.

Según la información publicada por el medio platense 0221, durante los procedimientos, la Policía recuperó piezas de la motocicleta sustraída, entre ellas cachas negras correspondientes a una Yamaha FZ. Además, secuestraron una gran cantidad de autopartes y repuestos de distintas marcas, junto con numerosos componentes cuya procedencia está bajo investigación.

En los inmuebles allanados también se encontraron tres bicicletas de alta gama con la numeración del cuadro presuntamente adulterada o eliminada. De acuerdo con el parte oficial, las bicicletas recuperadas correspondían a una Ridetech rodado 29 y dos Fire Bird rodado 29.

Finalmente, fueron detenidos M. J. L., L. N. L. y M. Á. L. Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de La Plata, conducida por la fiscal Ana Medina, que continuará con las diligencias para determinar el alcance de la actividad ilícita y la procedencia de los elementos incautados.

Cayó banda tras robo a una mujer y descubren desarmadero con autopartes ilegales

Un operativo de la Comisaría Norte 1ª de San Justo concluyó con la detención de dos personas y el hallazgo de un desarmadero clandestino presuntamente vinculado a robos automotores en el partido de La Matanza. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 y la UFI N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda, tras el robo a mano armada de un Peugeot 2008 gris.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la intersección de las calles Jujuy y Cisneros, donde tres individuos en dos motocicletas interceptaron a una mujer de 53 años cuando ingresaba a su domicilio. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias, huyendo del lugar en cuestión de segundos.

El hecho quedó registrado en video, donde se observa la secuencia del robo y la huida de los delincuentes. A partir de este, el Grupo Táctico Operativo identificó el domicilio donde se ocultaban las motocicletas empleadas y parte del botín.

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años, y secuestraron un teléfono celular Samsung S23 y la llave de encendido del Peugeot robado, ambos pertenecientes a la víctima. En línea con esto, la inspección reveló la existencia de un desarmadero clandestino en el inmueble.

Allí, se encontraron más de 20 llaves de ignición, 20 puertas, 15 capots, 30 paragolpes, cinco motores y seis cajas de cambios, entre otras autopartes. Además, se hallaron piezas correspondientes a vehículos con pedido de secuestro activo, incluyendo un Fiat 500, una Dodge Journey, un Toyota Etios, un Chevrolet Meriva y un Honda Legend, que habían sido denunciados por robo o hurto en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Durante el operativo se secuestraron también diez butacas, llantas de diferentes modelos y una chapa patente vinculada a otra investigación. Entre las motocicletas halladas figuraban una Honda GLH azul sin dominio colocado y una Kawasaki Versys blanca y negra, esta última con pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 29 de mayo en el partido de Morón.

Horas después del procedimiento, los investigadores detuvieron a Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años, quien fue identificado como el conductor de una de las motocicletas utilizadas durante el robo del Peugeot. Según las fuentes consultadas, Ruiz Saez quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.

El episodio se desencadenó en las inmediaciones de las calles 17 y 54, donde G.M.L. de 71 años —identificado como vecino de la zona— se acercó al comercio denominado “La Catedral” e insultó a sus propietarios antes de golpear uno de los vidrios del local con el hacha.

Las víctimas, los hermanos B.V. y L.V., son dueños de la panadería. Ante la agresión, B.V. llamó por teléfono a su hermano, quien se dirigió al domicilio de G.M.L., ubicado a unos 100 metros del comercio. Fue en ese momento cuando el agresor extrajo un arma de entre sus ropas y efectuó un disparo al piso.

El Grupo de Trabajo Operativo (GTO) de la Superintendencia de Seguridad Regional I tomó conocimiento del hecho a partir de reportes sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó también con efectivos del Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), quienes se acercaron al sitio de forma simultánea. Juntos recabaron el testimonio de los damnificados.

Al trasladarse al domicilio de G.M.L., el propio imputado abrió la puerta y entregó voluntariamente el arma: un revólver calibre 32 largo, marca CTG. Al momento de la incautación, el cilindro contenía seis proyectiles intactos calibre 32 largo, lo que indica que solo se realizó un disparo.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 y el Juzgado de Garantías 6 intervienen en la causa, caratulada por los delitos de daños, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas agravadas.

La fiscalía de turno recibió la consulta policial y fue requerida una orden de allanamiento de urgencia —al amparo del artículo 59 del Código Procesal Penal— con el fin de secuestrar el hacha utilizada en el ataque y verificar la existencia de otras armas en el inmueble. La autorización no fue concedida.

G.M.L. quedó aprehendido y fue trasladado junto con las víctimas a la sede policial jurisdiccional. El procedimiento no dejó heridos. El personal médico del Área de Salud Mental aguarda para realizar la evaluación del detenido.

Una mujer fue a reclamar por el mal trato de la dueña de un almacén a su hermana y terminaron a los golpes

Una discusión por el trato recibido en un almacén de barrio derivó en una pelea física entre una clienta y la dueña del local, en Neuquén. El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del comercio y el video se propagó con rapidez por redes sociales, donde acumuló cientos de reacciones.

Todo comenzó cuando la hermana de la protagonista compró papas fritas en el almacén y, según la versión de la familia, recibió un trato inadecuado por parte de la propietaria. Minutos después, la joven regresó al local con la bolsa de papas en mano para reclamar por lo ocurrido. La respuesta de la dueña fue, de acuerdo con los comentarios que circularon en redes, despectiva, y la discusión verbal escaló con rapidez.

En un momento que quedó registrado en las cámaras, la clienta arrojó el paquete de papas contra la dueña. Ese fue el punto de quiebre: ambas mujeres se tomaron del cabello y el intercambio de golpes y empujones se extendió por varios minutos dentro del comercio, frente a otros clientes que se encontraban en el lugar.

Cuando la situación parecía encaminarse a una resolución y la clienta se disponía a retirarse, una frase pronunciada por la cajera la hizo volver de forma abrupta, según consignó la agencia NA. Ese comentario reavivó el enfrentamiento y lo tornó más violento.

Un joven que realizaba compras en el local intentó separarlas, pero no pudo controlar la situación. El forcejeo continuó hasta que dos personas más ingresaron al comercio y lograron apartar a las mujeres.

Un nuevo episodio de estafa virtual sacudió a la ciudad de La Plata. Un jubilado de 81 años denunció haber sido víctima de un engaño telefónico que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos.

El hecho, que ocurrió en el tradicional barrio La Loma, expone la sofisticación creciente de los métodos utilizados por los delincuentes para acceder a datos bancarios y vaciar cuentas mediante aplicaciones digitales.

La mañana de la estafa comenzó de manera rutinaria para la víctima, quien recibió una llamada que creyó provenía del servicio de atención al cliente de una reconocida aseguradora. Según su declaración ante las autoridades, durante la conversación le solicitaron datos personales y bancarios, bajo el pretexto de actualizar información de su cuenta. El hombre, confiado en la veracidad del contacto, proporcionó los datos requeridos sin advertir la maniobra fraudulenta.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, poco después de brindar la información, el jubilado notó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. Entre las operaciones detectadas figuraba una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones realizadas a través de aplicaciones digitales que nunca había autorizado. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, precisó el denunciante en sede policial.

La denuncia presentada detalla que el contacto inicial se produjo alrededor de las 10 de la mañana. El interlocutor, con un tono profesional y conocimiento del sistema, logró ganarse la confianza del hombre.

La víctima explicó que, tras advertir la situación, procedió a bloquear y dar de baja distintos accesos a sus cuentas bancarias. No obstante, ya se habían concretado las principales operaciones fraudulentas. El monto total sustraído supera ampliamente el millón de pesos, una cifra que representa ahorros de toda una vida para muchos jubilados.

El caso fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes iniciaron una investigación para determinar la modalidad exacta del fraude. La causa quedó en manos de la Justicia, que ya tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscarán identificar desde qué dispositivos y ubicaciones se concretaron las operaciones, así como el recorrido de las transferencias.

Este tipo de delitos se volvió cada vez más recurrente. De hecho, a finales de mayo, la Policía porteña desarticuló una banda dedicada a realizar estafas virtuales. Así, detuvieron a 3 personas tras realizar 10 allanamientos en la Ciudad y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados luego de un operativo inicial que, hace un mes, permitió desarticular la estructura principal de la organización y secuestrar más de 250 mil dólares, vehículos y dispositivos electrónicos.

La causa, que se originó a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn, Chubut, ya tiene once imputados identificados y apunta a una banda integrada por dos familias que operaban mediante falsas promesas de inversión financiera.

Según la investigación, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de ganancias en acciones de empresas y activos digitales, mientras simulaban movimientos bursátiles a través de una aplicación apócrifa diseñada para engañar a las víctimas.

El nuevo operativo fue coordinado por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Policía Bonaerense y de Chubut, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. También intervino el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

De los diez allanamientos realizados en esta etapa de la investigación, ocho se concretaron en los barrios porteños de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los restantes tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la provincia de Buenos Aires.

A partir de las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata aplicará una transformación en su sistema judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Esta medida marca un avance clave en la reforma del proceso penal federal, dirigida a modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del país.

El fecha fue oficializada esta madrguada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026 y tras un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia.

El nuevo modelo, basado en el sistema acusatorio, pretende agilizar los procedimientos, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal. La decisión responde a la necesidad de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, con especial énfasis en la gestión de delitos complejos y la protección de derechos fundamentales.

La implementación en la jurisdicción de La Plata se inscribe en el marco de una política de Estado que busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto, articulando los esfuerzos de los distintos organismos del sistema de justicia nacional.

El artículo 2° de la Ley N° 27.150 establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe realizarse conforme al cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma normativa, esta cartera ministerial ha venido dictando los actos y formulando propuestas para la implementación paulatina del sistema en los distritos federales y nacionales.

El proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y regiones de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

El objetivo es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones, incluyendo Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, sectores de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se encuentran el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” (Ezeiza), y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, infraestructuras estratégicas para el tránsito comercial y poblacional.

La entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata había sido inicialmente programada para el 18 de mayo de 2026, luego diferida al 30 de noviembre del mismo año para garantizar la finalización ordenada de las acciones preparatorias. Finalmente, el nuevo cronograma fija el inicio para el 21 de septiembre, respaldado por avances en infraestructura, tecnología y capacitación.

Entre los recursos incorporados se destacan los Sistemas UFED y dispositivos asociados, que potencian las capacidades de tratamiento de evidencia digital, incrementando la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de custodia. Estas herramientas permiten a la Procuración mejorar la persecución penal en delitos complejos, con mayores garantías de integridad probatoria.

De modo complementario, se han impulsado mejoras edilicias y tecnológicas en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este organismo informó la disponibilidad de espacios para la instalación de salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio, incluyendo equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos para la gestión digital de las audiencias orales.

El proceso de adecuación contempla no solo la infraestructura física, sino también la capacitación de los operadores judiciales. Se organizaron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades ante los desafíos del nuevo modelo.

Según pudo saber Infobae de fuentes del operativo, la denuncia fue realizada por parte del personal del Camping Hudson, quienes afirmaron que la embarcación llamada “Chamigo-Ho”, que había partido durante la mañana del domingo, para la noche todavía no había regresado al lugar donde estaban los autos de los cinco ocupantes estacionados.

De acuerdo a lo que trascendió, era un buque que iba a circular por la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerreyes.

La Autoridad Marítima Nacional desplegó de manera inmediata un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera. El área de búsqueda abarca la franja del río comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Se realizaron reiterados intentos de comunicación telefónica con los tripulantes y llamados por radiofrecuencia VHF, sin que se obtuviera respuesta alguna. Justamente, la ausencia de señales desde la embarcación profundiza la preocupación tanto de los investigadores como de los allegados a los navegantes.

A bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia trayectoria en navegación. Entre los ocupantes se encuentran Carlos y Claudio Kovach, cuyos nombres fueron confirmados por su hermano Ricardo Kovach, quien fue quien radicó la denuncia formal tras ser alertado por un trabajador portuario que notó que la lancha no había vuelto en el horario previsto.

La embarcación contaba con motor naftero y disponía de todos los elementos de seguridad requeridos para operar en el río: chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS. Además, tres de los cinco tripulantes poseían habilitación de timoneles otorgada por la propia Prefectura, lo que refuerza el perfil experimentado de quienes iban a bordo.

Ricardo Kovach relató que la preocupación comenzó a crecer durante la tarde del domingo. “A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda”, declaró. Ante la falta de respuesta de los ocupantes, actuó sin demora: “Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura”, precisó.

Uno de los aspectos que más inquieta a quienes llevan adelante el operativo es que no hubo ningún pedido de auxilio ni comunicación previa a la desaparición. “No hubo una última comunicación”, señaló Ricardo, quien precisó que “la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20” del domingo.

Desde la oficina de Prefectura Naval en Quilmes, donde se presentó para seguir de cerca las novedades, Ricardo detalló que el rastrillaje se extiende con medios de distintas jurisdicciones. “En este momento hay embarcaciones de Capital, de Dock Sud, de Quilmes y de La Plata, más un avión”, enumeró, y añadió que la familia evalúa contratar un vuelo privado para ampliar la cobertura aérea de la zona.

Sobre la dirección que pudo haber tomado la lancha, el familiar admitió que no se conoce el rumbo inicial. “Por cuestiones de corriente, se imaginan que pudo haber ido hacia el sur, hacia La Plata, y no hacia el lado de Capital”, explicó, aunque aclaró que se trata de “una conjetura nomás” y que el rastrillaje abarca desde Dock Sud hasta La Plata en todos los sentidos.

Ricardo también precisó la dinámica habitual de estas salidas de pesca. Según describió, el plan era alejarse unos cuatro o cinco kilómetros de la costa, garetear —técnica que consiste en anclar la embarcación de forma parcial mediante un dispositivo de lona— y pescar hasta las 17, hora en que usualmente se emprende el regreso antes de la caída del sol.

Respecto a las condiciones climáticas, señaló que la noche del domingo fue fría para quienes pudieran haber permanecido en el agua, aunque destacó que el día lunes amaneció con buen tiempo. “Hay poco viento y el sol está ayudando”, afirmó. En cuanto a la continuidad del operativo, indicó que la búsqueda se sostiene mientras haya luz natural: “En principio, sería mientras haya luz, se sigue buscando”, dijo.

En paralelo al operativo marítimo, los familiares de los navegantes radicaron la denuncia ante la comisaría jurisdiccional. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la doctora Silvia Noemí Borrone.

Una mujer de 71 años y su nieto de 11 vivieron momentos de máxima tensión en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, cuando fueron interceptados por tres delincuentes armados al llegar a una consulta psicopedagógica.

El hecho ocurrió en la zona de calle 54 entre 5 y 6, donde los asaltantes abordaron violentamente a las víctimas y se apoderaron de un Audi Q3. Tras una serie de amenazas, los ladrones escaparon rápidamente del lugar.

La secuencia se inició cuando la jubilada arribó al sitio junto al menor, a bordo del vehículo de alta gama. Apenas estacionaron, los tres agresores, portando armas de fuego, se aproximaron y exigieron de inmediato las llaves del automóvil. Según se informó, los asaltantes mostraron una actitud intimidante y no dudaron en presionar a la mujer para lograr su objetivo.

Frente a la imposibilidad de poner en marcha el Audi Q3 por sus propios medios, los delincuentes recurrieron a un método más agresivo: obligaron a la víctima a reingresar al automóvil y encenderlo. De este modo, consiguieron finalmente darle arranque el vehículo y, sin perder tiempo, huyeron en dirección Parque Pereyra Iraola.

Después del asalto, y según informó el portal 0221, la mujer y su nieto lograron resguardarse en una vivienda cercana, donde permanecieron a salvo hasta la llegada de ayuda. Vecinos de la zona llamaron al 911 para informar sobre el robo y solicitar la presencia de las autoridades. El rápido accionar de los residentes permitió que las víctimas recibieran contención en los minutos posteriores al episodio.

En el lugar, miembros de la fuerza policial iniciaron un operativo de búsqueda y relevaron las primeras declaraciones de testigos.

Horas después del asalto, el Audi Q3 robado fue localizado por la policía en Florencio Varela, partido vecino al lugar del hecho. El hallazgo se produjo luego de un operativo de rastreo coordinado por efectivos de la comisaría Decimosegunda. Según los primeros informes, el vehículo fue encontrado abandonado, sin ocupantes y en condiciones aptas para la circulación.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el caso. La investigación sigue en curso, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada tras el robo. Para esto, las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad urbanas y privadas.

La comisaría Decimosegunda de Villa Elisa quedó al frente de la investigación. El personal policial trabaja en coordinación con otras dependencias de seguridad y la fiscalía interviniente para reconstruir los movimientos de los asaltantes antes, durante y después del ataque.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana junto a otros familiares.

El hecho ocurrió el viernes pasado y terminó con el acusado detenido tras un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en su domicilio. El incidente dejó una secuencia de amenazas, disparos y tensión, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Según la denuncia presentada por la mujer de 33 años, el conflicto se desató cuando se disponía a retirarse de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 80 y 3. En ese momento, observó a su hermano salir armado a la vereda. Las amenazas verbales precedieron a los disparos: el acusado efectuó al menos tres detonaciones contra el automóvil Fiat Punto donde se encontraba la denunciante junto a otras personas de la familia.

Una de las balas destrozó una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otra impactó en una de las puertas. Pese a la cercanía de los disparos y la agresión directa, ninguna de las personas presentes resultó herida.

Tras la denuncia y según informó el portal 0221, la Justicia dispuso tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. El procedimiento fue ejecutado el sábado por personal de la Policía Bonaerense, quienes localizaron al hombre dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque.

Durante la requisa, los agentes encontraron al sospechoso armado: portaba en la cintura un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones. Además, se incautaron otras armas en el domicilio, incluyendo un pistolón marca Rexto, una escopeta doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo el material quedó secuestrado como evidencia en el marco de la investigación.

El acusado, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata. Ahora, la fiscalía deberá analizar la situación procesal del detenido y determinar los próximos pasos judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, lo que habría motivado el accionar violento.

Un tenso episodio tuvo lugar durante la madrugada del sábado en La Plata, donde un sospechoso de 22 años protagonizó un tiroteo contra el frente de una casa ubicada en la localidad de Ensenada. El hecho, captado por un testigo, fue denunciado al 911 y derivó en un operativo policial en el que el joven resultó detenido. Tras identificarlo, se constató que tenía un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

Fuentes del caso detallaron que el despliegue se desarrolló en un contexto hostil, ya que los móviles policiales también recibieron impactos de piedras por parte de vecinos mientras se concretaba la detención.

En el marco del operativo, las autoridades constataron que el ahora detenido presentaba un pedido de captura activo por evasión, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de La Plata desde el 24 de julio de 2025.

Ahora el joven quedó a disposición de la UFIJ N°6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, y del Juzgado de Ejecución Penal N°2, mientras se realizan las pericias correspondientes sobre el arma incautada.

Federico Hernán Pez, ahora ex titular de la Dirección de Información Territorial de la Municipalidad de La Plata, fue detenido este viernes, acusado de un delito grave: la Justicia lo imputó por violar a tres empleadas que estaban bajo su órbita y ejercer violencia de género sobre ellas.

La investigación está a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género del Departamento Judicial de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4. La causa cuenta con la denuncia de tres mujeres que trabajaban bajo la órbita de Pez en el área municipal.

La imputación es por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. La denuncia inicial se hizo el pasado fin de semana en la UFI N° 6 dirigida por Patricio Barraza, según el diario El Día de La Plata.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, en el expediente judicial se incorporaron presentaciones de las víctimas que relataron haber sufrido acoso laboral y sexual, en un contexto de violencia de género.

De hecho, una de ellas presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad e informó la existencia de denuncias penales previas contra Pez por hechos similares, que incluyen investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y hasta violencia familiar.

La documentación señala que Pez también ocupaba cargos en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo que, según las denunciantes, le daba una posición de poder frente a las víctimas.

Las declaraciones señalan que, además de llevar los hechos ante la Justicia, las presuntas víctimas perdieron sus puestos de trabajo y no recibieron contención institucional suficiente. “No entendemos cómo esta persona ocupa cargos públicos con todas las denuncias que tiene, solo buscamos justicia”, afirmó una de ellas al medio platense.

En la causa intervienen organismos especializados en violencia de género, entre ellos el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, que acompaña a al menos una de las denunciantes junto a áreas especializadas en género, dada la complejidad y los antecedentes del caso.

Las víctimas son representadas por el abogado Axel Hurtado, quien solicitó medidas de protección y acompañamiento para ellas. Por lo pronto, la fiscal Ruffino continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar con la investigación. El acusado permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. Según comunicó la Municipalidad, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

“Se resolvió dar de baja, de forma inmediata, la designación de dicho agente por la detención, en orden al delito de lesiones leves en contexto de violencia de género, en concurso real con otros delitos”, comunicó la Subsecretaría de Recursos Humanos.

La Subsecretaría de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Plata confirmó la baja inmediata de uno de sus funcionarios municipales, luego de que fuera detenido tras haber sido acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en un marco de violencia de género”.

Después de que se concretara la detención del ex funcionario, las autoridades decidieron apartarlo de su cargo de manera urgente. No obstante, aclararon que, al momento de haber sido incorporado en la función pública, no existían registros de antecedentes penales o policiales que impidieran su designación, en cumplimiento de la Ley Provincial 14.656.

En este sentido, remarcaron que, para poder confeccionar el legajo, se presentaron informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio de Seguridad bonaerense. En ambos documentos, su historial figuraba sin antecedentes.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, la investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Ruffino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 especializada en delitos de violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

La causa fue iniciada a partir de denuncias presentadas por tres mujeres que trabajaban bajo la órbita del ex funcionario, quienes relataron haber sufrido situaciones de acoso laboral, violencia de género y abuso sexual. Asimismo, los casos quedaron bajo la defensa del abogado Axel Hurtado representa a las denunciantes y promueve medidas de protección.

Una de las denunciantes presentó un escrito solicitando específicamente que no se le concediera la libertad, e informó al juzgado sobre la existencia de numerosas denuncias penales y procesos judiciales previos relacionados con hechos de violencia, amenazas y conflictos con mujeres.

A partir de esto, la Justicia evaluó la gravedad de los hechos denunciados y decidió rechazar su pedido de excarcelación. De esta manera, en el expediente se incorporaron antecedentes que mencionan investigaciones por abuso sexual, lesiones, amenazas y violencia familiar.

De la misma manera, indicaron que el imputado desempeñaba funciones directivas en el municipio y mantenía reserva de cargo en la Defensoría del Pueblo bonaerense. Por este motivo, consideraron que estos cargos le conferían una posición de poder frente a las víctimas.

Detuvieron a un dirigente político de Santa Fe por violencia de género: le encontraron cocaína y un arma

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento este miércoles en un departamento del Puerto de Santa Fe, donde fue detenido Carlos C., exdirigente político local investigado por una causa de violencia de género. Durante el procedimiento, los agentes hallaron un revólver calibre 38, un trozo de cocaína de 60 gramos y otros elementos de interés para la investigación.

El operativo se originó tras una denuncia presentada por una mujer mayor de edad, quien involucró al dirigente en hechos de violencia de género. Según explicó Alejandra Carrizo, coordinadora de la PDI, la detención se produjo en el marco de esa denuncia, aunque la investigación derivó en hallazgos vinculados con delitos de tenencia de armas y estupefacientes.

Durante la inspección en el departamento del Puerto, los investigadores incautaron una bolsa blanca con 60 gramos de cocaína y un revólver calibre 38. En simultáneo, se realizó otro allanamiento en una vivienda de Arroyo Leyes relacionada con el detenido.

Por otro lado, se conoció que el dirigente político ya había sido arrestado en 2017 por un hecho similar. En esa oportunidad, tras una pelea en un bar de la zona portuaria y la exhibición de un arma de fuego, la Prefectura Naval secuestró en su domicilio un arma calibre 380 y 82 gramos de cocaína distribuidos en seis envoltorios.

En aquella oportunidad, enfrentó dos causas judiciales: una en la Justicia provincial y otra en el fuero federal. Según fuentes judiciales citadas por Aire de Santa Fe, la causa federal fue cerrada mediante un acuerdo de probation en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de Reinaldo Rodríguez. La defensa argumentó que la droga era para consumo personal, lo que permitió evitar el juicio y obtener el sobreseimiento.

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en el Barrio Aeropuerto de La Plata tras un nuevo hecho delictivo que afectó a una familia de la zona. Durante la tarde del pasado domingo, delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle 609 bis entre 5 y 5 bis.

Al regresar a su domicilio, la víctima advirtió que la puerta lateral había sido forzada y reflejó el impacto inmediato que provocó el episodio en la familia, sumado a la sensación de vulnerabilidad que describen quienes residen en el área.

La denuncia fue presentada poco después del hallazgo en un destacamento de la zona. La víctima recurrió, además, a las cámaras de seguridad de un vecino para intentar identificar a los responsables. Las imágenes muestran a los ladrones trepando e ingresando a la propiedad por uno de los laterales, lo que permitió reconstruir parcialmente la secuencia del robo.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el Barrio Aeropuerto se caracteriza por el sentido de comunidad entre sus habitantes, quienes conformaron un grupo para alertarse ante situaciones sospechosas y coordinar reclamos.

La víctima del robo del domingo expresó el temor que se vive en la cuadra y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos todos los vecinos en estado de alerta”, insistió, y subrayó el impacto que generan estos episodios en la vida cotidiana de la comunidad.

Cayó una banda que robaba casas en La Plata

Un grupo de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue detenido tras un operativo policial en La Plata, luego de que perpetraran un robo en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo. El hecho generó un despliegue policial que permitió identificar y capturar a los sospechosos en menos de una hora.

La secuencia comenzó cerca de la medianoche en una casa ubicada en 74 entre 13 y 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. La rápida respuesta de la Policía Bonaerense permitió asistir a la víctima, un joven de 19 años, quien relató que se despertó sobresaltado al oír ruidos provenientes de la planta alta de su casa. Al revisar, constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana y accedido al interior.

Los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 Pro que se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior, donde en ese momento no había personas. Según la información oficial, el ingreso se produjo mediante el uso de herramientas para violentar la reja y aprovechar un momento de distracción del ocupante.

Las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia cercanas, que permitieron confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir su ruta de escape tras el robo. Los registros muestran cómo el grupo huyó del domicilio a pie, dispersándose por calles aledañas en un intento por evitar a la policía.

Con los datos recogidos, los agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo de rastrillaje en la zona. Apenas 45 minutos después del aviso telefónico, los sospechosos fueron localizados en la intersección de 80 entre 18 y 19. En el procedimiento se procedió a la aprehensión de L. A., de 18 años, y de cuatro adolescentes de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y declaración ante la Justicia.

Durante la requisa, se hallaron mochilas con materiales presuntamente utilizados en el hecho: pasamontañas, guantes de látex y algodón, martillos y un destornillador. Los elementos secuestrados serán peritados para establecer su relación con el robo y posibles antecedentes en otros ilícitos de la zona.

Los cinco acusados quedaron imputados en una causa caratulada como robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y escalamiento. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y si existen conexiones con otros hechos similares en la jurisdicción.

Las fuentes judiciales indicaron que los imputados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se avanza con la instrucción de la causa y se esperan las declaraciones de testigos y la víctima. En el caso de los menores, la intervención de organismos de protección de derechos será clave para definir las medidas a adoptar.

Los sospechosos por la muerte de Santiago Correa en City Bell se negaron a declarar ante el fiscal y quedaron formalmente detenidos. Se trata del dueño de la vivienda donde hallaron el cuerpo, quien en un principio señaló que tenía un vínculo sentimental con la víctima, y un amigo de él. La familia convocó a una marcha para pedir justicia.

J. G. B., docente de 41 años, y R. A. G. de 49 —que afirmó haber ido al lugar tras enterarse de una discusión de pareja— permanecen a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien ordenó sus detenciones luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos.

Por su parte, la defensa de los imputados, Christian Parodi, lanzó una inesperada declaración tras indicar que Correa habría atravesado un presunto brote psicótico y que las heridas fueron autoprovocadas, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.

Esa versión no coincide en absoluto con los resultados preliminares de la autopsia en donde los peritos detectaron múltiples heridas cortantes en el cuello y lesiones compatibles con maniobras defensivas, lo que contradice la hipótesis del suicidio.

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 454 entre 24 y 25, en la localidad platense de City Bell, el lunes por la noche. El cadáver estaba tirado en el patio delantero de la vivienda y lo encontraron luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo hallaron el cuerpo sin signos vitales. También llamó la atención el estado en el que se encontraba el interior de la casa. Había manchas de sangre en las habitaciones y objetos tirados en el suelo, lo que evidenciaba un posible enfrentamiento previo al desenlace fatal.

Luego de conocerse el relato de J. G. B. sobre su presunta relación con Correa, el entorno más cercano de la víctima lo desmintió. Según informó El Día, familiares y amigos del hombre de 33 años aseguraron que él no tenía pareja y que antes del hecho les había comentado que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado en City Bell. Correa vivía en Villa Elvira y, de acuerdo con lo que indicaron, solía mantener encuentros ocasionales.

En el procedimiento, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos detenidos para su peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque. La causa quedó caratulada como “Homicidio” y el fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda los resultados definitivos de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso.

El reclamo de la familia

A pocos días de cumplirse una semana del crimen, la familia y amigos convocaron a una movilización este viernes frente a las fiscalías de La Plata para reclamar avances en la investigación de su muerte.

La concentración se realizará a las 12 en avenida 7 entre 56 y 57, bajo la consigna “Justicia por Santiago”. “Queremos justicia, que no quede como si no pasó nada, porque Santiago nunca se hubiera quitado la vida. Estaba rodeado de amigos y de su familia, trabajaba en una panadería y también con mi papá; iba a construir su casa, se había anotado para hacer el curso de guardavidas y se iba a ir de vacaciones. Le faltaba un año para recibirse de enfermero”, señaló la hermana al portal local.

El entorno de la víctima, quien era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26, rechaza la hipótesis de un suicidio y exige que la causa profundice la línea del homicidio.

Una gran conmoción golpea por estas horas a la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el partido de La Plata, tras la muerte de Z.Q., una adolescente de 15 años que se quitó la vida luego de denunciar que fue víctima de un abuso sexual.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la joven fue encontrada muerta en su domicilio. Apenas ocurrió el hallazgo, la primera hipótesis de los investigadores es que todo apuntaba a un suicidio, aunque se esperaban los resultados definitivos de la autopsia y las declaraciones testimoniales para esclarecer el caso.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, finalmente se estableció que la menor se quitó la vida. Otro dato que reforzó la teoría del caso es que en la casa no se encontraron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor.

Qué dijo la madre de la adolescente de 15 años

Medios locales indicaron que el hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la víctima, quien había denunciado previamente un delito contra la integridad sexual. En ese sentido, trascendió que la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo”.

Respecto a la denuncia por abuso sexual, el caso se maneja con total hermetismo, debido a que se trata de una menor de edad. En ese sentido, las fuentes se abstuvieron de brindar detalles.

La joven asistía a la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 22, ubicada en 520 y 138 bis, que suspendió las clases y decretó una jornada de duelo institucional. Las autoridades educativas emitieron un comunicado público para expresar condolencias a la familia y acompañar a la comunidad educativa.

“Con profundo dolor acompañamos a la familia de la estudiante Z.Q.. La escuela permanecerá cerrada mañana por duelo”, indicaron desde la institución.

La investigación judicial por la muerte de la adolescente quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Patricio Barraza.

El fiscal platense Fernando Padovan solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el incendio y derrumbe del depósito de la firma Al Tecno, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la calle 48 entre Diagonal 77 y 3, en La Plata. De esta manera, la presidenta de la empresa, Roxana Aloise, sería juzgada por los delitos de “estrago culposo agravado y desobediencia, en concurso real”.

En el pedido, la acusación sostuvo que existirían pruebas suficientes para que Aloise enfrente un juicio oral, luego de que mantuviera en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro. Producto de esto, decenas de vecinos quedaron expuestos a situaciones de alto riesgo y provocó daños materiales de magnitud.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el fuego se originó en un predio de una antigua estación de servicio utilizado como cochera y depósito de electrodomésticos que presuntamente no contaban con habilitación ni medidas de seguridad.

En paralelo, el informe de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina concluyó que el incendio se habría originado por una contingencia eléctrica en la planta baja del edificio. Tras propagarse por varios pisos, culminó con el derrumbe parcial de la estructura. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron descartar la intervención de terceros en el inicio del fuego.

El avance de las llamas fue rápido y afectó la estructura del edificio, lo que provocó el colapso de los pisos superiores y puso en peligro la vida de los vecinos linderos. Entre ellos se encontraba Martina Píccoli, quien logró escapar de su vivienda gracias a la alerta de un vecino.

Según el testimonio que brindó ante la Justicia, salió de la casa solo con su celular, llaves y pijama. Minutos después, observó cómo parte del edificio incendiado se derrumbó sobre su propiedad y destruyó sectores como la cocina y un estudio de trabajo. Por este motivo, consideró que podría haber muerto atrapada entre las rejas de seguridad y el humo, si no le advertían del siniestro.

En el expediente destacaron que el depósito había sido inspeccionado y clausurado por la Municipalidad de La Plata el 25 de junio de 2025, cuando los inspectores constataron que el lugar funcionaba como depósito de electrodomésticos sin tener habilitación y un sistema de prevención contra posibles incendios.

Según la información obtenida por El Día, tras la inspección, se labró un acta contravencional y se dispuso la clausura preventiva. Esta medida sería ratificada posteriormente por el Juzgado de Faltas, que notificó a la empresa sobre la sanción.

A pesar de la clausura, la actividad comercial continuó. De hecho, dos trabajadores del depósito declararon haber recibido instrucciones directas de Aloise para seguir operando, incluso, tras la colocación de las fajas de clausura.

En línea con esta orden, relataron que se les indicó no permitir el ingreso de inspectores municipales y evitar la firma de documentación oficial. Además, ratificaron que el establecimiento carecía de habilitación municipal y de sistemas de detección o prevención de incendios, ya que solamente contaban con una alarma contra robos.

Después de que enumerara todas las pruebas en contra de Aloise, el fiscal Padovan consideró demostrada la responsabilidad de la acusada como titular de Al Tecno S.A. Por este motivo, se confirmó su procesamiento en la causa el 20 de marzo de este año.

De acuerdo con la postura de la Fiscalía, la empresaria habría ignorado deliberadamente las órdenes de clausura, manteniendo en funcionamiento un depósito sin habilitación ni medidas de seguridad, lo que encuadra en los delitos de estrago culposo agravado y desobediencia.

En este sentido, el requerimiento subrayó que la imputada era la máxima responsable de la firma y tenía pleno conocimiento tanto de las inspecciones como de las infracciones y órdenes de cierre. Además, remarcó que la investigación constató que se trataba de la accionista mayoritaria de la empresa, ya que el 95% de ellas estaban bajo su poder.

El hecho ocurrió el martes en la intersección de 37 y 125, donde los sospechosos interceptaron de manera violenta a un hombre que circulaba con su moto por una de las arterias. Lo emboscaron por detrás, lo encerraron y tras perder el equilibrio le robaron el vehículo.

De inmediato, los efectivos de la Policía desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido de los jóvenes en tiempo real.

Las imágenes llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en 38 y 128, identificada como el domicilio de la madre de uno de los sospechosos, conocido como “Puchito”. Allí, la mujer permitió el ingreso a los efectivos sin oponer resistencia, y atraparon a los menores involucrados.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en la propiedad una motocicleta robada el día anterior, mientras que el rodado que habían sustraído ese mismo día fue localizada poco después en un terreno detrás de una cancha de fútbol y fue restituida a su propietario.

De acuerdo con la información indicada por fuentes de la investigación al portal 0221, los adolescentes quedaron en libertad esa misma noche por tratarse de menores de edad. “Se va a continuar con la investigación para ver qué se puede hacer. Vamos a seguir trabajando con estos menores para ver si podemos darle un corte definitivo”, precisaron.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la conducción de la fiscal Carmen Ibarra.

Cayó una banda de adolescentes por el robo de un celular

Un grupo de cuatro adolescentes de 16 y 17 años, fue detenido en la madrugada del miércoles pasado tras irrumpir en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, y robar un teléfono celular. El operativo de la Policía Bonaerense concluyó con la aprehensión de todos los sospechosos en menos de 45 minutos.

El hecho se registró cerca de la medianoche en una casa ubicada en la calle 74 entre 13 y 14. Un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el interior de la propiedad. La víctima, un joven de 19 años, declaró ante los efectivos que se despertó al escuchar ruidos en la planta alta y que, al subir, comprobó que desconocidos habían forzado la reja de una ventana para acceder al inmueble. Del piso superior, donde no había nadie en ese momento, los intrusos sustrajeron un iPhone 15 Pro.

Según informó 0221, el análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector permitió confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir la ruta que tomaron tras el robo. Los registros mostraron que el grupo abandonó el domicilio a pie y se dispersó por las calles del barrio.

Con esa información, los agentes montaron un rastrillaje en la zona y localizaron a los sospechosos en la intersección de 80 entre 18 y 19. Allí fue detenido L.A., de 18 años, junto a cuatro menores. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y puestos a disposición de la Justicia.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en las mochilas de los aprehendidos pasamontañas, guantes de látex y de algodón, martillos y un destornillador. Los elementos serán peritados para establecer su vinculación con el robo y determinar si el grupo tiene participación en otros ilícitos de la zona, según precisó el portal.

Los cinco imputados quedaron acusados por robo en poblado y en banda, agravado por la participación de menores y escalamiento. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y el senador bonaerense Carlos Kikuchi encabezaron este miércoles en La Plata el encuentro “Argentina Productiva”, una jornada de debate político y económico que reunió a economistas, empresarios y referentes de distintos sectores bajo el lema “Producción, trabajo y futuro”. El evento, realizado en el Hotel Brizo, se inscribió en la construcción de un nuevo espacio político de centro y convocó a actores públicos y privados en torno a una agenda común orientada al desarrollo de largo plazo.

La elección de La Plata como sede no fue casual. La ciudad, corazón administrativo de la provincia de Buenos Aires, concentra una densidad de poder político y económico que la convierte en escenario natural para este tipo de iniciativas. El encuentro buscó trascender las disputas coyunturales y poner el foco en lo que sus organizadores describieron como los pilares de una estrategia de crecimiento sostenida: inversión, competitividad y generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El diálogo entre legisladores nacionales, provinciales, técnicos y actores del sector productivo marcó el tono de una jornada que se presentó como una apuesta al consenso por encima de las diferencias partidarias.

Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, y Kikuchi, presidente del bloque Unión y Libertad en el Senado bonaerense, coincidieron en el diagnóstico: la Argentina atraviesa un momento de tensión entre las señales macroeconómicas del gobierno nacional y las condiciones reales que enfrentan las familias y las empresas. Esa brecha entre los datos agregados y la experiencia cotidiana de la mayoría de la población fue el eje sobre el que giró gran parte del debate.

Pichetto trazó un cuadro preciso del estado de la economía popular. “La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno”, señaló el legislador. Fue más lejos al describir el vínculo de las familias con el sistema financiero: “Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”. El diagnóstico apuntó a una economía con indicadores macroeconómicos que no se traducen en mejoras concretas para amplios sectores de la sociedad.

Kikuchi, por su parte, planteó el encuentro como una expresión del tipo de política que, a su juicio, requiere el país. “Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, afirmó el senador provincial. En ese marco, presentó la jornada como una muestra del compromiso legislativo con la construcción de “una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población”.

El economista Eduardo Setti aportó el análisis técnico más directo de la tarde. Ante los presentes, cuestionó la estructura del modelo económico vigente y advirtió sobre sus límites: “Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo. Hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo”.

Setti también apuntó contra la política cambiaria: “Es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento. Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de Estados Unidos y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas”. El economista trazó un paralelo con la gestión anterior del ministro Luis Caputo y advirtió que en “el 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria”, con lo que proyectó un escenario de presión sobre el tipo de cambio en el mediano plazo.

Ante ese diagnóstico, Pichetto anunció dos proyectos de ley que presentará en el Congreso Nacional. El primero, es la Ley de Salvataje para las MiPyMES, justificada en que “las pymes son el 98% de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado”. El segundo, es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, orientado a aliviar la carga financiera de los hogares. “No hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles”, fundamentó el diputado nacional.

El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas, quien sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Es fundamental promover una agenda de consenso centrada en los desafíos que enfrenta la Argentina para recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional”.

El concejal Nicolás Morzone presentó en La Plata un proyecto para prohibir las caravanas masivas de motos en todo el partido, con el argumento de que estos desplazamientos afectan la circulación, generan ruidos molestos y alteran el orden público; la iniciativa, además prevé secuestro inmediato de los vehículos, multas y sanciones para quienes las organicen o las difundan. La misma se encuadra dentro de una serie de propuestas denominadas “Plan antifisuras”.

La propuesta se suma a un proyecto presentado a nivel provincial en abril por el diputado Manuel Passaglia, del nuevo espacio HECHOS, que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen con escapes adulterados. El proyecto contempla el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia y, en casos graves, la compactación de la motocicleta, especialmente cuando la infracción ocurre en zonas densamente pobladas o cercanas a espacios sensibles como escuelas y hospitales.

La iniciativa de Passaglia también incluye la prohibición de fabricar, comercializar e instalar escapes no homologados, además de la creación de un registro de talleres habilitados. El objetivo central es reducir la contaminación sonora y responder a los reclamos vecinales por los ruidos molestos, que afectan la calidad de vida y la convivencia en los barrios urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Ahora en La Plata Morzone propuso una escala de castigos según la magnitud de la concentración: si participan más de 20 motos, la sanción aumenta un 50%; con más de 50 se duplica y con más de 100 puede triplicarse. El texto también establece multas de entre 1.500 y 5.000 módulos, que se duplicarán si hay reincidencia dentro de los seis meses. Es decir, entre “1.5 a 11 millones de pesos”.

“La iniciativa surge porque en La Plata estamos atravesando una verdadera situación de emergencia en seguridad pública que no empieza pura y exclusivamente cuando aparece el delito, sino que lo que más vemos en expansión son las contravenciones. Es decir, desorden que se convierte como una lógica de forma habitual de convivencia”, argumentó Morzone en comunicación con Infobae.

El proyecto de ordenanza prohíbe la realización, organización, promoción y participación en caravanas, concentraciones o desplazamientos masivos de motovehículos. Según el texto, quedarán alcanzados los encuentros que obstruyan total o parcialmente el tránsito, produzcan ruidos mediante aceleraciones reiteradas o escapes modificados, desobedezcan señales viales o circulen ocupando varios carriles con fines de exhibición o convocatoria.

La iniciativa define como “caravana de motovehículos” a toda concentración o desplazamiento simultáneo de 10 o más motos que actúen de manera coordinada, sin autorización municipal previa, ocupen la calzada y provoquen alteraciones en el tránsito, el descanso de los vecinos o el orden público.

En este sentido, el parlamentario platense graficó: “Lo que estamos viviendo cada vez con más expansión en La Plata es que la calle es tierra de nadie y que últimamente se viene desarrollando cada vez con más nitidez esta metodología de que veinte, cuarenta, cincuenta, cien motos toman una avenida, cortan el tránsito, generan ruidos tremendos y desafían toda norma de convivencia. Y acá no estamos frente a una conducta más, estamos frente a una alteración deliberada del orden público que genera intimidación colectiva”.

Penalidades y sanciones

Entre las penalidades previstas en la normativa presentada por Morzone figura el secuestro preventivo inmediato de los vehículos involucrados. Para recuperar una moto retenida, el titular deberá pagar la multa, los costos de acarreo y estadía, acreditar la propiedad del rodado y regularizar toda la documentación exigida.

Si transcurren 30 días sin que se cumplan esos requisitos, el Municipio podrá iniciar el procedimiento para declarar el abandono del vehículo. Luego podrá disponer su afectación, subasta o compactación.

El alcance de la propuesta no se limita a quienes participen en la caravana. También apunta contra quienes convoquen, organicen o difundan estos encuentros a través de redes sociales o plataformas digitales, que podrán ser considerados responsables solidarios y recibir sanciones equivalentes a las máximas previstas para los participantes.

El proyecto incorpora agravantes para los conductores que circulen sin licencia habilitante, patente, seguro obligatorio o documentación, o con escapes antirreglamentarios. En esos casos, la multa se aplicará en su valor máximo.

En los fundamentos del proyecto, Morzone incluyó la ordenanza dentro de una serie de propuestas denominadas “Plan antifisuras”. Allí sostuvo que las caravanas de motos constituyen una problemática que genera intimidación colectiva, perturbación de la tranquilidad pública y afectación del orden público.

“Nosotros creemos que La Plata tiene que recuperar el principio de autoridad, tiene que volver a pesar la ley más que la impunidad y que los vecinos tienen derecho a descansar, a circular y a vivir sin miedos. En ese marco, los derechos de los platenses y los míos están por encima de la voluntad de un grupo de personas que deliberadamente deciden apropiarse de la vida pública. Para nosotros no son una expresión de libertad, sino que son una demostración de que algunos creen que pueden estar por encima de la ley”, concluyó el concejal a este medio.

Previamente, el concejal ya había impulsado otra iniciativa para enrejar Plaza Malvinas. En esta nueva propuesta, argumentó además que existen antecedentes de regulaciones similares en municipios bonaerenses y en grandes ciudades del mundo que aplicaron medidas para restringir este tipo de prácticas.

Los fondos recaudados por las multas tendrán un destino específico. Según el proyecto, se utilizarán para programas de seguridad vial, monitoreo urbano, equipamiento para controles de tránsito y cámaras de seguridad.

La semana pasada se viralizó un video, donde se observa a una caravana de motos circulando a alta velocidad por la zona platense de Plaza Italia, realizaron maniobras de riesgo y escaparon de patrulleros municipales, sin que ninguno fuera detenido.

En la grabación se observa a los motociclistas ocupar gran parte de la calzada en inmediaciones de 7 y 44, avanzar a gran velocidad e incluso circular en contramano mientras tres camionetas de la patrulla municipal intentaban interceptarlos. Los móviles no lograron retener a ningún participante y regresaron por diagonal 74.

La situación resulta familiar para quienes residen en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio local 0221, estas concentraciones de motos suelen ocurrir durante los fines de semana y feriados en el centro de la ciudad. Las principales quejas de los vecinos se relacionan con los riesgos para la seguridad vial y el ruido generado por las aceleraciones y los escapes modificados de los vehículos.

Al día siguiente, el legislador bonaerense, Marcelo Leguizamón Brown, solicitó que en La Plata se adopten medidas más severas contra quienes cometan infracciones con motocicletas, tomando como referencia lo implementado en San Nicolás, donde se llega hasta la compactación de los vehículos en falta. El senador compartió un video en redes sociales para mostrar la falta de control sobre grupos de motociclistas y señaló que las conductas imprudentes, como picadas y escapes libres, afectan la tranquilidad y seguridad de los vecinos.

Un día después de que las autoridades encontraran el cuerpo sin vida de Santiago Correa en una vivienda de City Bell, La Plata, su familia reveló información que contradijo la versión manifestada por uno de los hombres detenidos como sospechoso en la investigación.

Desde el entorno más cercano al hombre de 33 años asesinado a puñaladas aseguraron que la víctima no tenía pareja y que días antes del homicidio les había dicho que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado.

El dato, al que accedió El Día, complicó a J. G. B., el docente que reside en la vivienda donde ocurrió el hecho, quien declaró ante la Policía que mantenía una relación sentimental con Correa. Tanto el hombre de 41 años como R. A. G., de 49 años, se encuentran detenidos. Este último afirmó ser amigo de J. G. B. y dijo que había ido al domicilio después de que se desatara una discusión de pareja.

El cuerpo de Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, fue hallado en el patio delantero de la casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25 de City Bell el lunes por la noche, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los oficiales del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo encontraron sin signos vitales y con múltiples heridas cortantes en la zona del cuello. En el interior de la vivienda estaba todo desordenado con manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y objetos tirados en el suelo. La escena demostraba que había existido una pelea violenta previa al desenlace fatal.

Ambos hombres quedaron detenidos de inmediato a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos. En el procedimiento se secuestraron sus teléfonos celulares para peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque.

La nueva información aportada por el entorno de la víctima podría generar un giro en la causa. Según reconstruyeron familiares y amigos, Santiago solía mantener encuentros ocasionales, por lo que no les llamó la atención cuando mencionó que debía ver a una mujer en City Bell.

La causa quedó caratulada como “Homicidio”. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda además los resultados de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso. Según publicó el mismo portal local, Correa era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26.

Mataron a un hombre a puñaladas en Córdoba

Un hombre murió apuñalado en plena vía pública en Las Varillas, localidad del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, tras una pelea que tuvo lugar el lunes por la tarde en la calle San Martín al 600. La víctima presentaba una herida punzante en el pecho y ya no tenía signos vitales cuando llegaron los paramédicos al lugar.

El episodio se desencadenó poco después de las 17, cuando los vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia y a la Policía de Córdoba sobre una pelea entre dos personas en esa dirección. Los efectivos llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre, cuya identidad no fue difundida de manera oficial.

Según informó El Doce.tv, la principal hipótesis que maneja la fiscalía es la de homicidio en ocasión de riña. Los oficiales desplegaron un operativo para dar con el agresor que ya había sido identificado.

Un hombre de 35 años fue hallado sin vida este lunes en una vivienda de City Bell, hecho que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales de La Plata. La investigación se centra en esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados, tras el hallazgo del cuerpo con múltiples heridas de arma blanca en el cuello.

El episodio se registró en una casa ubicada en la calle 454 entre 24 y 25, luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía sobre la presencia de una persona herida en el interior de la propiedad. Al llegar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas Base Norte encontraron a Santiago Correa, domiciliado en el barrio Villa Elvira, tendido en el patio delantero de la vivienda y sin signos vitales. Los primeros informes confirmaron que la víctima presentaba varias lesiones cortantes en la zona del cuello.

El hallazgo de Correa ocurrió en el marco de un escenario caótico: dentro de la casa se observó un notable desorden, manchas de sangre distribuidas entre las habitaciones y diversos objetos tirados en el suelo. Según detallaron fuentes policiales, tales indicios darían cuenta de una pelea violenta previa al desenlace fatal. En el lugar permanecían otras dos personas: J. G. B., docente de 41 años y residente de la vivienda, y R. A. G., de 49 años, quien manifestó ser amigo de J. G. B.

De acuerdo con lo informado por el portal La Buena Info, ambos hombres quedaron inmediatamente a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de La Plata, a cargo de Patricio Barraza.

En su declaración ante los efectivos, el hombre de 49 años indicó que había sido convocado a la casa por su amigo tras un supuesto conflicto de pareja. Describió que la víctima se habría puesto agresiva y, en el marco de una pelea, se habrían producido las lesiones que llevaron a su muerte.

Sin embargo, los investigadores detectaron inconsistencias en los testimonios brindados por ambos. Las contradicciones motivaron que la fiscalía ordenara la detención inmediata de ambos sospechosos, así como el secuestro de sus teléfonos celulares para ser sometidos a peritajes. El procedimiento incluyó la incautación de una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado, presuntamente vinculada al hecho, que será analizada por peritos para determinar si fue el arma empleada en el ataque.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y continúa bajo investigación judicial. El fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de Policía Científica, mientras que efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata relevaron cámaras de vigilancia de la zona y avanzaron en la recolección de pruebas.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que analiza las evidencias recolectadas y el material fílmico obtenido de las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Las autoridades buscan reconstruir los momentos previos al crimen y verificar la veracidad de los relatos brindados por los sospechosos. Entre las medidas adoptadas figuran el análisis de manchas hemáticas encontradas en los distintos ambientes y el cotejo de huellas dactilares.

Según informaron fuentes de la investigación, el principal objetivo es establecer el grado de participación de cada uno de los presentes en la muerte de Correa y determinar si existió algún móvil premeditado o si el hecho ocurrió en el contexto de una discusión espontánea. El secuestro de los celulares de los sospechosos permitirá acceder a comunicaciones previas y eventuales registros de llamados o mensajes que aporten información relevante.

Las próximas horas serán clave para la definición de la situación procesal de los detenidos. Las declaraciones, peritajes y análisis de cámaras resultarán determinantes para esclarecer la mecánica del hecho y el eventual grado de responsabilidad de cada involucrado. La investigación judicial continúa su curso bajo reserva, mientras la comunidad de City Bell sigue de cerca el desarrollo del caso.

Un matrimonio de jubilados de La Plata fue víctima de una violenta entradera en su vivienda situada en la intersección de la ruta 36 y 66, en el límite entre Lisandro Olmos y Los Hornos.

El episodio, que tuvo lugar en horas de la tarde del domingo, se extendió durante aproximadamente una hora y dejó a las víctimas con un fuerte impacto emocional, aunque ambos resultaron ilesos.

Según informó el portal 0221, el hecho comenzó cuando el hombre regresaba a su domicilio y descendía de su vehículo. En ese momento, fue interceptado por tres delincuentes vestidos de negro, con gorras y pasamontañas. Los asaltantes lo abordaron portando armas de fuego y lo obligaron a ingresar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

La mujer, al advertir la presencia de los intrusos, intentó cerrar la puerta para impedir el acceso. Sin embargo, los asaltantes la derribaron y lograron ingresar por la fuerza. Una vez en el interior, maniataron de pies y manos al matrimonio y comenzaron a exigir la entrega de dinero y objetos de valor.

Según consta en la denuncia policial, uno de los ladrones golpeó reiteradamente al jubilado mientras le exigía información sobre el dinero en efectivo. “¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le corto los dedos”, repetía el agresor durante el asalto. Mientras tanto, dos integrantes de la banda recorrían los distintos ambientes de la casa en busca de efectivo y pertenencias, mientras el tercer delincuente custodiaba a las víctimas.

Los delincuentes también exigieron las llaves de un comercio lindero a la vivienda, propiedad del mismo matrimonio. Allí, forzaron dos cajas de seguridad y lograron apoderarse de una suma superior a US$25.000. Además, sustrajeron $8.000.000 en efectivo, documentación personal, dos armas de fuego registradas pertenecientes al jubilado y una camioneta Ford Territory.

Durante el asalto, los ladrones deslizaron que abandonarían el vehículo en el partido de La Matanza, aunque hasta el momento no se conoce el destino final de la camioneta ni el recorrido utilizado para escapar.

El caso fue reportado a la policía, que desplegó un operativo en la zona y solicitó la intervención de personal de la Policía Científica para realizar peritajes y el relevamiento de evidencias. Las tareas se concentraron en la recolección de huellas y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, en busca de datos que permitan identificar a los responsables.

De acuerdo con la información oficial, la investigación continúa enfocada en la pista de la camioneta sustraída y el posible paradero de la banda delictiva. Hasta el momento, no se reportaron detenciones ni recupero de los bienes robados.

El caso generó alarma en la comunidad de La Plata, especialmente en la zona limítrofe entre Lisandro Olmos y Los Hornos, donde los vecinos manifestaron preocupación por la reiteración de hechos similares. Las autoridades trabajan en el análisis de las cámaras de vigilancia y en la búsqueda de la Ford Territory sustraída, considerada una pieza clave para el avance de la investigación.

Hasta el momento, no existen precisiones sobre el destino de la camioneta ni sobre el recorrido efectuado por los asaltantes durante la fuga. La denuncia quedó radicada en la comisaría correspondiente, que continúa con las actuaciones de rigor y el seguimiento de las pistas surgidas en las últimas horas.

Un policía quedó detenido en las últimas horas tras disparar y matar a un hombre de 45 años en la localidad de Tolosa, La Plata. Según el relato del efectivo, el hecho se produjo durante un presunto intento de robo por parte de la víctima.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió en la calle 12, entre 526 y 527. Horas después, el ahora detenido -de 28 años- se presentó ante las autoridades y sostuvo que abrió fuego al advertir que estaba por ser asaltado por un motochorro.

El medio 0221 reconstruyó que la investigación se inició luego de que vecinos del barrio denunciaran haber escuchado disparos. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. A pocos metros había una moto Honda XR con el motor en marcha y una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento.

El fallecido fue identificado como H.R.V., domiciliado a pocas cuadras del lugar del hecho. Tenía antecedentes penales por abuso de armas, amenazas, lesiones y robo calificado.

Horas después del episodio, el oficial de 28 años se presentó de forma voluntaria en la comisaría local. Al momento del presunto intento de robo, se encontraba franco de servicio.

En su declaración, el efectivo aseguró que se encontraba junto a un amigo a bordo de un Chevrolet Corsa blanco, con el que se dirigían a un kiosco ubicado en 11 y 526. Mientras permanecían estacionados sobre la calle 12, una moto se detuvo junto al vehículo y uno de sus ocupantes descendió para acercarse a él.

El agente, que interpretó que estaba por ser víctima de un robo, extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos. Tras los disparos, la moto se retiró del lugar y él se alejó de la escena junto a su acompañante, siempre según su relato.

La UFI N°11 de La Plata, a cargo de la investigación, dispuso la detención del agente. Además, se secuestró su arma reglamentaria —una Bersa Thunder TPR calibre 9 milímetros con 15 proyectiles— y se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de pericias de dermotest.

El agente implicado fue apartado de sus funciones mientras avanza la investigación. En el lugar intervinieron peritos y personal judicial para determinar la mecánica del hecho y establecer con precisión las circunstancias del homicidio. La causa quedó caratulada como “Homicidio – Averiguación de ilícito”.

La investigación por el crimen de Pedro Pablo Mieres, el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) asesinado en junio del año pasado, continúa avanzando con nuevas pruebas que complican a los acusados.

En las últimas horas, se conoció que las pericias genéticas realizadas en elementos de la escena del crimen dieron resultado positivo para uno de los acusados: Nicolás Damián Arévalo, señalado como presunto coautor del homicidio agravado.

Según indicaron medios locales, el ADN fue hallado en distintos elementos de la escena del crimen, entre ellos una toalla utilizada durante el hecho, el cordón con el que fueron atadas las muñecas de Mieres, hisopados de sus manos y un elemento empleado para inmovilizar sus tobillos.

El ataque fue particularmente violento: el cuerpo fue encontrado desnudo, con manos y pies atados con cordones de zapatillas, el rostro golpeado y signos de estrangulamiento y golpes.

El diario 0221 informó, en tanto, que el análisis de ADN descartó a Jonatan David Perunetti, también imputado como coautor y detenido con prisión preventiva por decisión del Juzgado de Garantías N°2. La pericia se había realizado meses atrás, a partir de la toma de muestras biológicas a los acusados.

En total, el expediente incluye a dos acusados detenidos por homicidio agravado criminis causa y a un tercer imputado, Ronaldo Alexis Irala Duarte, acusado de encubrimiento.

Los abogados Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, representantes de la familia de la víctima, sostienen la hipótesis de un ensañamiento particular contra Mieres, que podría estar vinculado a su orientación sexual. Para la querella, el uso de una remera con la inscripción “decencia” en el mecanismo de asfixia podría aportar un componente simbólico compatible con un crimen de odio.

El caso

El crimen de Mieres fue descubierto el 17 de junio del año pasado, cuando la víctima fue hallada asesinada en su domicilio. Su cuerpo estaba desnudo y atado, con señales de haber sido golpeado y asfixiado.

La autopsia realizada al cadáver del secretario estudiantil confirmó que murió por estrangulamiento, con un surco en el cuello hecho con una prenda de ropa, probablemente una manga de buzo. También presentaba golpes en el rostro, pero no heridas de bala ni de arma blanca.

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntaron a un crimen en ocasión de robo, aunque el acceso a la vivienda no había sido forzado. La puerta de entrada estaba con la llave colocada, semiabierta, y en el interior de la casa faltaban varias pertenencias, entre ellas el celular, una guitarra, tarjetas bancarias, televisor, piano y llaves.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes. Según las imágenes revisadas por el personal policial y el fiscal, Mieres llegó ese lunes a las 23.13 proveniente de un cumpleaños. Después salió caminando hacia la terminal de trenes, donde lo interceptó un hombre identificado en testimonios como “Nico”. Luego, ambos dialogaron brevemente y la víctima regresó solo a su domicilio.

Minutos después, “Nico” quedó registrado reuniéndose con otro hombre -en ese momento no identificado-, y juntos fueron hacia la casa de Mieres. A la 1.50 del martes, un vecino escuchó gritos y observó cómo los dos individuos salían con objetos cubiertos, elementos que más tarde pudieron ser rastreados cerca del paso a nivel de las calles 44, 1 y 115.

En agosto de ese año, las fuerzas lograron localizar a Perunetti. Su identidad surgió a partir del análisis de registros de cámaras que lo ubicarían como uno de los dos sospechosos que ingresaron a la casa de la víctima durante la noche del crimen.

En tanto, Ronaldo Alexis, de 26 años y origen paraguayo, fue detenido por encubrimiento y tenencia ilegal de arma. En un allanamiento le secuestraron el celular de la víctima, una notebook con características similares a la robada y siete celulares.

Una mujer de Berisso, en La Plata, denunció a su expareja por haberla abusado sexualmente en su casa mientras su hija de tres años estaba presente. El episodio ocurrió durante la madrugada del 29 de marzo, cuando el hombre, de 34 años, ingresó al domicilio sin permiso y agredió a la denunciante. La mujer explicó que no pudo hacer la denuncia de inmediato porque temía que el agresor pudiera tomar represalias contra ella o su hija, ya que, según su testimonio, el hombre la había amenazado en diferentes oportunidades si se atrevía a acudir a la justicia o a pedir ayuda.

Tras el ataque, la víctima buscó contención en su entorno familiar y luego se animó a formalizar la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Contó que la relación de pareja terminó hace aproximádamente ocho meses, pero los problemas no cesaron. Según su testimonio, el hombre continuó con amenazas, hostigamientos y otros episodios de violencia después de la separación.

El expediente judicial también incluye antecedentes de violencia previos, como un episodio de diciembre de 2025 en el que la víctima fue amenazada e insultada delante de sus hijos. La mujer aportó capturas de mensajes y testimonios de allegados que presenciaron situaciones conflictivas, lo que permitió a la justicia reconstruir un patrón de conductas intimidatorias y violentas por parte del acusado.

En la denuncia, también detalló que sufrió maltratos físicos, psicológicos y sexuales durante años, y que su hija fue testigo de varias situaciones violentas dentro del hogar. Según 0221, la mujer consultó a médicos por dolores y lesiones que, según ella, estuvieron relacionados con los hechos violentos.

En Argentina, los hechos de abuso sexual pueden juzgarse bajo diferentes figuras penales, según la gravedad. El abuso sexual simple prevé penas de seis meses a cuatro años de prisión, mientras que en casos agravados la condena puede superar los 20 años. Los juicios suelen requerir pruebas médicas, psicológicas y testimonios directos.

Abusó sexualmente a su prima y la denuncia llegó a juicio en La Plata

Tras más de cinco años de trámite judicial, llegará a juicio oral en La Plata la denuncia por abuso sexual simple contra un odontólogo que habría atacado a su prima durante una reunión familiar en diciembre de 2020. La denunciante, una joven estudiante universitaria, aseguró que el acusado ingresó a la habitación donde ella dormía y la sometió a tocamientos y besos sin su consentimiento.

El expediente atravesó numerosas instancias, incluyendo pedidos de sobreseimiento y planteos de suspensión del juicio a prueba (probation). La denunciante se opuso desde el inicio a esa alternativa porque buscaba ser escuchada en un debate y obtener una resolución judicial sobre los hechos. A lo largo de la investigación, la denunciante se mantuvo bajo tratamiento psicológico debido al impacto del episodio en su vida personal y emocional.

La jueza Claudia Grecco, ordenó la apertura del debate oral. La acusación que será analizada en el Juzgado Correccional N° 4 de La Plata es la de abuso sexual simple. Durante todo el proceso se mantuvo una medida cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 200 metros de la denunciante.

Durante la etapa preparatoria del juicio, los abogados de la víctima, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, solicitaron la detención del acusado luego de que se constatara que había salido del país sin autorización y se encontraba en Uruguay. El acusado negó los hechos y declaró que la acusación era falsa.

El juicio, programado para el 10 de junio cuenta con testimonios de asistentes a la reunión, informes psicológicos y psiquiátricos, y pericias sobre ambas partes. El Juzgado deberá determinar si existen pruebas suficientes para una condena.

“Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, continuó visiblemente emocionado durante distintos pasajes de su discurso antes de adentrarse en la temática del encuentro.

Kicillof consideró que el Indio “nos deja banderas”, que se resumen en tres. “Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, planteó.

“No podíamos dejar hoy de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”, cerró sus palabras acompañado por los aplausos del auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, locación elegida para el encuentro de mujeres.

Según pudo saber Infobae, hasta el mediodía de este viernes, desde el Gobierno provincial se definió dejar a voluntad de la familia del músico, la manera más adecuada de hacer una despedida. Pasadas las 11 de la mañana quien se hizo presente en el domicilio del músico en Parque Leloir fue el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de reconocida relación con el artista y su familia.

Otros dirigentes del arco político también despidieron al líder de Los Redondos en sus redes sociales. El ex candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, escribió: “Los ídolos populares viven para siempre, gracias por todo Indio”. En tanto que su esposa, la senadora bonaerense, Malena Galmarini, le reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a que abra el Congreso para realizar el velorio. Una solicitud que luego formalizó el bloque de Diputados nacionales de Unión por la Patria, con las firmas de Paula Penacca, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

“Nos dirigimos a usted, en nuestra calidad de diputados nacionales, profundamente conmovidos tras tomar conocimiento en la mañana de hoy del triste fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari. Su partida física representa una pérdida inmensa para nuestro país, despidiendo a un emblema de la cultura popular argentina y a uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock", dice parte de la nota dirigida a Menem.

Agrega, además, que “en este contexto de conmoción, le solicitamos formalmente que ponga a disposición de la familia y allegados del artista las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de posibilitar la realización de su ceremonia de despedida y velorio. Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle su último adiós a un ídolo tan querido”.

Además, el diputado nacional por la UCR, Pablo Juliano, también elevó una nota a Menem para que “en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”.

“Que horror querido amigo...De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo...”, lo recordó en su cuenta de X, el ex Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, quien mantenía una amistad desde hacía años con Indio.

La tranquilidad habitual de la zona de San Carlos, en La Plata, se vio interrumpida por un incidente doméstico que movilizó a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia.

Una mujer de 42 años sufrió graves quemaduras en los brazos y el torso tras un incendio desatado dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles 529 y 149. El episodio ocurrió cuando la víctima intentaba encender una salamandra y, en un intento por acelerar la combustión, utilizó alcohol etílico, lo que desencadenó una rápida propagación del fuego.

El accidente doméstico conmocionó a los vecinos, quienes fueron los primeros en asistir a la mujer tras escuchar sus gritos y notar la densa columna de humo que emergía desde la casa. La víctima permanecía en el interior de la vivienda cuando se produjo la combustión, lo que generó quemaduras de consideración antes de que pudiera salir a pedir ayuda. Según los testimonios recabados por los investigadores, la maniobra fue accidental y no se registraron otras personas heridas en el lugar.

La emergencia activó el rápido accionar del Comando de Patrullas y de una dotación de Bomberos de San Carlos, que se presentaron en el domicilio pocos minutos después del llamado de los vecinos. Su intervención fue clave para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores de la propiedad o afectara viviendas linderas.

Según lo informado por el portal 0221, al llegar al lugar, los bomberos se abocaron a sofocar el foco ígneo mientras que el personal policial aseguraba la zona para permitir el trabajo de los rescatistas. Paralelamente, una ambulancia arribó para brindar atención prehospitalaria a la víctima, quien permanecía consciente al momento del arribo de los equipos médicos.

La mujer fue estabilizada en el lugar y luego trasladada de urgencia al Hospital San Martín de La Plata. Según fuentes oficiales, ingresó lúcida y fue derivada al área de quemados para recibir atención especializada. El parte médico inicial indicó que presentaba lesiones graves en ambos brazos y parte del torso, por lo que quedó bajo estricta observación. El cuadro clínico requería monitoreo permanente para evaluar la evolución de las quemaduras y prevenir eventuales complicaciones.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de La Plata quedó a cargo de la investigación para determinar con exactitud cómo se originó el incendio. El caso fue caratulado como “incendio por accidente doméstico”, aunque se ordenaron medidas adicionales para descartar cualquier otra hipótesis.

Las autoridades judiciales dispusieron la realización de una pericia ígnea en la vivienda para establecer la dinámica del siniestro y confirmar si la utilización de alcohol etílico fue el detonante principal. También solicitaron el reconocimiento médico legal de la paciente, a fin de documentar las lesiones sufridas y evaluar el daño físico de manera objetiva.

Este tipo de accidentes domésticos suele incrementarse en épocas de bajas temperaturas, cuando se recurre al uso de artefactos de calefacción. Las autoridades reiteraron la importancia de manipular estos dispositivos con precaución y evitar el empleo de líquidos inflamables como acelerantes, ya que pueden provocar reacciones violentas e incontrolables.

Las autoridades recordaron la importancia de no utilizar productos inflamables para encender artefactos de calefacción y recomendaron extremar las precauciones durante la temporada invernal. La combinación de descuido y materiales peligrosos puede transformar una acción cotidiana en una situación de alto riesgo para la seguridad doméstica.

Un hombre de 70 años sufrió graves quemaduras por el incendio de su departamento en Caballito

En el primer día de este año, en un incendio registrado en un departamento del barrio porteño de Caballito, un hombre de 70 años sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y permanece internado tras ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez.

El siniestro, que se desató en el quinto piso de un edificio ubicado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, frente a la policlínica bancaria 9 de Julio, dejó un saldo de cinco personas afectadas, según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El foco ígneo se originó por un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por el ambiente, lo que obligó a la intervención de seis móviles de emergencia y a la evacuación preventiva de los vecinos del piso afectado.

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el trabajo coordinado de bomberos y personal del SAME, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara otras unidades del edificio.

La víctima más afectada es un hombre de 70 años que fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Álvarez. El resto de los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos ellos mayores de edad que recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales.

El SAME confirmó que el incendio no demandó la utilización de medios aéreos y que el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

La rápida acción de los equipos de emergencia impidió que las llamas se extendieran a los pisos superiores del edificio y permitió la evacuación segura de los residentes del sector comprometido.

A menos de un mes de que se cumpla un año del arresto domiciliario concedido a la contadora de La Plata Natalia Foresio, la defensa recurrió nuevamente a la Justicia con un pedido de excarcelación mientras continúa siendo investigada como presunta líder de una red de facturación apócrifa, lavado de activos y evasión fiscal.

La solicitud, firmada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quedó incorporada al expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en tanto aguardan el inicio del juicio oral.

Según informó el medio local 0221.com, el escrito reclama el cese de la prisión preventiva que pesa sobre la profesional y plantea que la medida se ha vuelto injustificada. Uno de los argumentos centrales es que la contadora es la única persona privada de su libertad dentro del expediente, ya que el resto de los imputados transita el proceso en libertad.

Los abogados calificaron la continuidad de la medida como “arbitraria” y solicitaron la liberación poniéndose a disposición del juzgado cada vez que sea requerida su presencia y fijando un domicilio del que no deberá ausentarse sin permiso judicial.

Foresio cumple arresto domiciliario en su casa desde hace 11 meses, luego de haber estado recluida en el penal de Ezeiza. Esta posibilidad fue concedida en julio de 2025 por el mismo Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó su traslado también bajo caución juratoria de la propia imputada, sus hermanos y su hijo mayor.

Además, el magistrado impuso ocho restricciones que incluyeron rondines policiales aleatorios a cargo de la DUOF La Plata, prohibición de contacto con víctimas, testigos y coimputados —con excepción de su pareja y conviviente, Luis Mauricio Cortazzo—, impedimento de uso de dispositivos electrónicos y baja obligatoria de la conexión a internet tanto en su domicilio como en su estudio contable.

Previamente, Kreplak había rechazado el primer pedido de arresto en la casa que hicieron Molina y Gascón, argumentando que existía un riesgo de fuga dado que la acusada contaría con los medios económicos para fraguar un plan de escape.

Cómo comenzó la investigación

La causa tiene su origen en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y derivó en el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación masiva de CUITs. Según los investigadores, Foresio habría diseñado y administrado, junto a Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, una red de empresas fantasma que operaban como “usinas” de comprobantes falsos desde su propio estudio contable, con inscripciones en domicilios que coincidían con su casa particular o la de familiares.

El esquema, que habría comenzado en 2020, se habría desplegado en tres niveles. En la base, las llamadas Empresas A generaban facturas apócrifas; en el segundo eslabón, las Empresas B registraban compras irregulares y revendían esos comprobantes; y en el tercer nivel operaban compañías reales con actividad en los sectores turístico y hotelero. El fraude investigado supera los 40.000 millones de pesos, según la estimación judicial.

Foresio fue procesada por “ser miembro de una asociación ilícita destinada a cometer delitos indeterminados, en calidad de jefa y organizadora, que habría funcionado de manera permanente, al menos desde el 2020 a la fecha”.

La mujer habría emitido comprobantes apócrifos “con el fin de generar créditos fiscales en cabeza de los contribuyentes que gestiona para respaldar la emisión de facturas electrónicas con el fin de no generar saldos a pagar en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias y, a la par, emitió notas de crédito apócrifas, y así burló los mecanismos de detección automática de ARCA, con el propósito de ampliar el rango de crédito fiscal tomado por cada usina a los fines de cubrir las posteriores facturas que esa usina iba a proveer a terceros usuarios”.

Un grupo de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue detenido en la madrugada de ayer miércoles tras un operativo policial en La Plata, luego de que perpetraran un robo en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo. El hecho generó un despliegue policial que permitió identificar y capturar a los sospechosos en menos de una hora.

La secuencia comenzó cerca de la medianoche en una casa ubicada en 74 entre 13 y 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. La rápida respuesta de la Policía Bonaerense permitió asistir a la víctima, un joven de 19 años, quien relató que se despertó sobresaltado al oír ruidos provenientes de la planta alta de su casa. Al revisar, constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana y accedido al interior.

Los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 Pro que se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior, donde en ese momento no había personas. Según la información oficial, el ingreso se produjo mediante el uso de herramientas para violentar la reja y aprovechar un momento de distracción del ocupante.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia cercanas, que permitieron confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir su ruta de escape tras el robo. Los registros muestran cómo el grupo huyó del domicilio a pie, dispersándose por calles aledañas en un intento por evitar a la policía.

Con los datos recogidos, los agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo de rastrillaje en la zona. Apenas 45 minutos después del aviso telefónico, los sospechosos fueron localizados en la intersección de 80 entre 18 y 19. En el procedimiento se procedió a la aprehensión de L.A., de 18 años, y de cuatro adolescentes de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y declaración ante la Justicia.

Durante la requisa, se hallaron mochilas con materiales presuntamente utilizados en el hecho: pasamontañas, guantes de látex y algodón, martillos y un destornillador. Los elementos secuestrados serán peritados para establecer su relación con el robo y posibles antecedentes en otros ilícitos de la zona.

Los cinco acusados quedaron imputados en una causa caratulada como robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y escalamiento. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y si existen conexiones con otros hechos similares en la jurisdicción.

Las fuentes judiciales indicaron que los imputados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se avanza con la instrucción de la causa y se esperan las declaraciones de testigos y la víctima. En el caso de los menores, la intervención de organismos de protección de derechos será clave para definir las medidas a adoptar.

Ingresaron a una casa en La Plata, cargaron todo en un auto y escaparon

Una semana atrás, un grupo de delincuentes se metió en una vivienda del barrio La Loma en La Plata y en una hora y media se llevó dinero, dispositivos electrónicos, ropa, entre otros elementos de valor.

La víctima relató que el robo comenzó minutos antes de las 14, cuando uno de los delincuentes logró violentar la puerta principal e ingresar al inmueble. Estando adentro, revisó los distintos ambientes de la vivienda y agarró una suma considerable de dinero en efectivo, una computadora tipo CPU, relojes de alto valor y varias prendas de vestir.

Lo que más indignó a la familia es que redujeron al perro de la casa mediante alguna sustancia, lo que hizo que el animal no reaccionara. La propietaria explicó que se trata de un animal de gran tamaño.

A los 45 minutos de estar revolviendo la casa, un vehículo Toyota Corolla de color blanco se detuvo frente a la vivienda. Del automóvil descendieron varios cómplices, quienes ayudaron a sacar los elementos de adentro. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el grupo permaneció en el lugar hasta las 15:24, momento en que abandonaron la escena a toda velocidad llevándose el botín.

La familia formalizó la denuncia en la comisaría Cuarta de La Plata. Las autoridades policiales comenzaron inmediatamente el análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada por la banda.

Un hombre de 27 años fue detenido en La Plata durante un operativo de control preventivo realizado por efectivos del Escuadrón Motorizado de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL).

El procedimiento, que tuvo lugar en la intersección de 131 y 59, en el barrio Los Hornos, permitió a la policía comprobar que el individuo tenía un pedido de captura vigente desde 2018.

La intervención policial se produjo en el marco de las tareas habituales de prevención que se desarrollan en esa zona de la ciudad. Los agentes, al observar a un motociclista circulando por el área, decidieron identificarlo y verificar sus datos en los sistemas informáticos. Fue en ese momento cuando constataron que sobre el joven pesaba una orden de detención emitida hace ocho años por la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales, la orden había sido emitida el 13 de junio de 2018 en el contexto de una causa penal caratulada como “hurto en grado de tentativa”. Tras la comprobación, los uniformados procedieron a trasladar al sospechoso a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento también contó con la participación de personal de Tránsito, quienes intervinieron respecto a la situación de la moto en la que se desplazaba el detenido, una Corven Mirage 110.

Según informó el portal 0221, en el lugar los agentes labraron infracciones sobre el rodado y dispusieron su traslado al Polo de Seguridad para la realización de las actuaciones administrativas pertinentes.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre detenido era buscado desde el año 2018 en el marco de una investigación judicial por un intento de hurto. La causa está a cargo del Juzgado Correccional N° 4, que había solicitado la captura del sospechoso hace casi ocho años. El operativo de control permitió localizarlo de manera fortuita, ya que fue identificado durante un patrullaje preventivo y no como consecuencia de una pesquisa específica.

El Juzgado Correccional N° 4 es el encargado de tramitar el expediente por “hurto en grado de tentativa”. Se informó que, hasta que se reciba una orden formal, el detenido permanecerá bajo custodia policial y a disposición del juzgado interviniente. El proceso administrativo incluye la revisión del estado de la causa y la eventual citación a declarar del acusado.

En cuanto al vehículo secuestrado, personal de Tránsito labró las infracciones correspondientes y dispuso el traslado de la Corven Mirage 110 al Polo de Seguridad. Allí se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas necesarias antes de definir su restitución o retención, dependiendo de la documentación presentada por el propietario.

Detuvieron a un policía condenado hace siete años por abuso sexual

Pocas horas atrás, la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este viernes a Facundo Sánchez Aguilar, un exoficial mayor de la Policía de la Ciudad condenado a siete años de prisión por abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal, en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo.

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.

Se volvieron a activar las alarmas por una amenaza de tiroteo en un colegio ubicado en Los Hornos, La Plata, luego de que un alumno habría apuntado a otro estudiante. El hecho ocurrió el viernes pasado en la Escuela de Educación Secundaria N° 53. La institución comenzó el protocolo y presentó una denuncia tras tomar conocimiento de la presunta presencia de un arma dentro del establecimiento, luego de que un alumno habría apuntado a otro estudiante.

De acuerdo con una fuente cercana al caso, el episodio habría ocurrido durante la jornada del viernes en el turno tarde, en la secundaria ubicada en la calle 185 entre 77 y 78, cuando “aparentemente un menor llevó un arma y le apuntó a otro”. La situación quedó bajo investigación de las autoridades competentes y hasta el momento no trascendieron precisiones sobre las características del arma ni sobre las circunstancias en las que se habría producido el episodio.

En un comunicado a las familias, el equipo directivo sostuvo: “En el día de ayer el Equipo de Conducción tomó conocimiento de la presunta presencia de un arma en la escuela el día viernes último en el turno tarde”. El colegio agregó: “Queremos llevar tranquilidad a toda la comunidad; comunicar que actuamos de acuerdo a la normativa vigente y bajo supervisión realizando todas las acciones previstas para la situación”.

Además, la conducción escolar indicó que mantuvo reuniones con las familias de los estudiantes involucrados y que realizó la denuncia ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la institución anticipó que continuará con propuestas pedagógicas específicas con los alumnos para abordar lo ocurrido. “Se seguirá trabajando con las y los estudiantes en propuestas pedagógicas específicas que permitan la reflexión sobre estos hechos y la responsabilidad que se debe asumir ante determinados actos”, expresaron.

El protocolo ante amenazas de tiroteo en colegios

Las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan desde abril de 2026 con un protocolo específico ante amenazas de tiroteo o presencia de armas en sus instalaciones. La normativa establece que ante cualquier indicio de violencia armada o amenazas, el personal educativo debe dar aviso inmediato al equipo directivo y activar una cadena de comunicación que incluye a inspectores y autoridades. En paralelo, la dirección de la escuela debe radicar la denuncia correspondiente ante la fiscalía o la dependencia judicial cercana para que se inicie la investigación pertinente.

El protocolo indica que el resguardo de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa es prioritario. Cuando la amenaza involucra la exhibición de un arma dentro de la escuela, la recomendación es actuar con calma, establecer diálogo con el estudiante y notificar al 911 para solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad. El documento oficial detalla que siempre debe considerarse que el arma está cargada y que ningún otro miembro de la comunidad educativa debe manipularla. Se debe procurar que el arma quede sobre una superficie segura y, de ser posible, pedir al alumno que retire el dedo del gatillo.

Las autoridades bonaerenses puntualizaron que la identidad de los estudiantes involucrados debe resguardarse en la etapa inicial de la investigación, tanto en casos de amenazas escritas como en mensajes digitales. Además, una vez superada la emergencia, el protocolo exige implementar medidas socioeducativas: incluye el acompañamiento a las familias, espacios de trabajo dentro del aula y la revisión de los procedimientos aplicados, junto con el fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el uso responsable de plataformas digitales.

El procedimiento, enviado a las escuelas por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, constituye la principal herramienta institucional para actuar de forma coordinada y rápida ante hechos que generen alarma en la comunidad escolar. Estas pautas buscan evitar la viralización de mensajes intimidantes y refuerzan el abordaje integral de situaciones complejas en el ámbito educativo.

El senador provincial Marcelo Leguizamón Brown compartió en sus redes sociales un video en el que se observa a uno de esos grupos de motociclistas circulando por La Plata ante la absoluta impotencia de tres patrulleros que terminan volviendo sobre sus pasos para salir de escena.

“‘Motos ATR’, cortes, escapes libres, picadas improvisadas y vecinos que ya no pueden dormir ni caminar tranquilos. En La Plata, la excepción se está convirtiendo en regla. En nuestra ciudad deberíamos seguir el ejemplo de SAN NICOLÁS, donde el espacio público se ordena con controles reales, secuestro efectivo de vehículos en infracción y consecuencias concretas como la compactación de motos, para los que creen que vivir en comunidad y respetar a otros es opcional”, escribió el legislador del bloque Hechos para acompañar el video.

Para Leguizamón Brown, “no hace falta inventar nada”, sino que “hace falta decisión, porque cuando el Estado deja de poner límites, los únicos perjudicados son los vecinos”.

“En La Plata, las motos circulan sin controles y poniendo en riesgo la vida propia y la de terceros. Las picadas improvisadas, los cortes y los escapes libres se están convirtiendo en una preocupación constante que altera por completo la vida cotidiana en los barrios”, insistió el senador provincial.

Para Leguizamón, la situación ya no solo impide que los vecinos puedan dormir por las noches, sino que también ha transformado el simple hecho de caminar tranquilos por la vía pública en una situación de riesgo”.

La experiencia de San Nicolás ya fue propuesta a nivel provincial por el diputado bonaerense y ex intendente Manuel Passaglia, quien en abril de este año presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes circulen en motos con caños de escape adulterados, libres o no homologados.

La iniciativa —que apuntaba a combatir una de las principales fuentes de ruidos molestos en la provincia— propone, en los casos más graves, la compactación de los vehículos en infracción, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.

El proyecto surgió como respuesta a un reclamo creciente de los vecinos: la proliferación de escapes libres y modificados, que generan contaminación sonora en centros urbanos y afectan la calidad de vida, el descanso y la salud pública.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el ex intendente de San Nicolás de los Arroyos entre los fundamentos de la iniciativa.

La propuesta incluía la prohibición no solo de la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también de toda la cadena de fabricación, comercialización, distribución, instalación y colocación de estos dispositivos, según se desprende de los artículos 4 y 5 del texto presentado. Proponía también la creación de un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el objetivo de trazar y fiscalizar el destino de estos componentes.

El proyecto establecía que, ante la constatación de una infracción, la autoridad de aplicación podría disponer el secuestro preventivo del vehículo y del escape ilegal, así como la retención de la licencia de conducir. Si la gravedad de la conducta lo ameritara —por ejemplo, cuando se circule con escapes adulterados en zonas densamente pobladas, cercanías a escuelas, hospitales o eventos públicos— el juez administrativo podría ordenar la compactación del vehículo, incluso sin necesidad de reincidencia previa.

El oficialismo estiró una semana más el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, la candidata que ahora quiere retirar la Casa Rosada.

Al término de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques acordaron el temario de la sesión de mañana, la senadora Patricia Bullrich explicó que el jueves “se tratarán 50 pliegos, la ley de Propiedad Privada y el Acuerdo con Holdouts. En esos 50 pliegos no está el de Michelli”.

En el encuentro que se desarrolló en la sala contigua al despacho de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, también se definió que el senador libertario Juan Carlos Pagotto, en su rol de presidente de la Comisión de Acuerdos, ingresará hoy el dictamen de Michelli para que empiecen a correr los 7 días necesarios para poder llevarlo al recinto. “Hoy lo ingresa Pagotto y lo vamos a tratar el miércoles de la semana que viene”. Hasta el senador riojano se había negado a presentarlo por lo que el dictamen, técnicamente, no tenía estado parlamentario.

Apenas una hora más tarde del término de la reunión de Labor Parlamentaria, el senador libertario que responde a los Menem y, por consiguiente, a Karina Milei, realizó el ingreso del dictamen positivo del pliego de la jueza Michelli, por lo que ya está habilitado para que vaya al recinto.

En medio de esta nueva interna que desató la postulación de la cuñada de Hugo Alconada Mon para ocupar un cargo de jueza en La Plata, se vio un nuevo posicionamiento de Bullrich contrario a los designios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la vicepresidenta de La Nación, Victoria Villarruel, también se subió al debate y se reunió con la candidata para brindarle su apoyo en medio del rechazo de los hermanos Milei.

Lo que sí sucederá mañana, y que seguramente será uno de los primeros puntos a tratar en la sesión que comenzará a las 11 de la mañana, es que se le dará ingreso al pedido del Ministerio de Justicia de retirar la carpeta de Michelli. “Esto no se vota, sólo es el anuncio del pedido y el ingreso del mismo”, dijo el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, quien luego adelantó que su bloque, que firmó positivo el dictamen, se mantiene con la misma postura.

En la próxima sesión se definirá cómo y qué se vota primero, si el pliego o el pedido de retiro; en todo caso, la carpeta de Michelli ingresará junto a otras 22 que no se debatirán mañana.

Temario

En el mismo encuentro se definió que el temario de la sesión se completará con el tratamiento de la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la ley de pago a los holdouts.

En el caso de la primera de ellas el oficialismo habría conseguido los votos para mañana. Pero como tuvieron que aceptar modificaciones en el texto, deberá volver a la Cámara de origen.

La norma que habilita la compra de tierra a capitales extranjeros y que agiliza los desalojos, entre varios puntos, sufrió modificaciones en el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

En el caso del proyecto de ley de pago a los holdouts (fondos buitre) enviado al Congreso, el Gobierno busca cancelar una deuda de USD 171 millones mediante un nuevo acuerdo de conciliación judicial. La administración libertaria elevó esta propuesta para saldar los últimos juicios activos contra el país por la alteración de los cupones PBI en 2013.

Seis años después, comienza el juicio oral por el crimen de la abogada Verónica Dessio, ocurrido en diciembre de 2020 en su domicilio del barrio Parque Sicardi, en La Plata.

Los acusados son Ivana M., señalada como autora intelectual, y un ex policía, Jorge A., acusado de ser quien ejecutó el ataque. La Fiscalía sostiene que se trató de un crimen por encargo que planificó la imputada motivada por los celos que tenía hacia la víctima, quien era la ex esposa de su pareja. Se espera además que declaren alrededor de 40 testigos.

El proceso judicial tendrá su primera audiencia este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, y contará con la dirección de los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. En tanto, el fiscal Martín Chiorazzi es el que llevará a cabo la acusación.

Entre las pruebas centrales figuran los registros de las cámaras de seguridad que captaron la moto Siambretta roja utilizada por el ex agente; el hallazgo de sandalias con manchas de sangre vinculadas al acusado y peritajes telefónicos que, según la Fiscalía, evidenciaron que hubo comunicaciones entre los imputados mediante una línea registrada con datos falsos. También se sumará el testimonio de un testigo que aseguró haberlos visto juntos antes del crimen, de acuerdo a la información publicada por el portal de noticias El Día.

Para la Fiscalía, la acusada se ganó la confianza de la víctima, lo que le permitió acceder a detalles de su rutina y planificar el día del ataque. La identificación de Jorge A. se logró mediante el análisis de cámaras de seguridad, las características de su vestimenta, la moto utilizada y las heridas físicas detectadas tras el crimen.

Ambos acusados están procesados por homicidio agravado y permanecen detenidos a la espera del veredicto. “Todavía no pudimos empezar el duelo”, afirmó al medio local Natalia Dessio, hermana de la víctima, quien relató que la familia atravesó no solo la pérdida de Verónica, sino también la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre poco después del crimen. “Fue una catástrofe atrás de la otra”, recordó.

La familia espera una condena a prisión perpetua: “Justicia sería que ella estuviera acá, pero eso es imposible. Desde lo legal, justicia es la pena máxima”, insistió Natalia.

La mató el día después del cumpleaños

La víctima y Pérez se casaron en 2010, convirtiéndose en una de las primeras parejas del país en contraer matrimonio igualitario tras una autorización judicial. Tuvieron un hijo y, tras nueve años de relación, se separaron. Más adelante, Pérez inició una relación con Ivana M., al igual que Dessio lo hizo con Patricia. De acuerdo a los testimonios recabados durante la investigación, la última pareja de Pérez y ahora imputada, manifestó su incomodidad ante la relación cordial que ambas mujeres mantenían tras la separación. Para los investigadores, este fue el móvil principal del asesinato.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2020, un día después de que la víctima celebrara su cumpleaños. En el festejo con amigos y familiares también estaba la ex pareja Carolina Pérez. Al finalizar la reunión, Dessio fue atacada a puñaladas por la espalda en su casa, y falleció como consecuencia de las lesiones. La investigación policial descartó el robo como móvil, ya que no se hallaron signos de desorden en la vivienda ubicada sobre la calle 5. Además, la violencia del ataque reforzó la hipótesis de un crimen premeditado.

Tras reiterados pedidos de excarcelación solicitados por la acusada, desde el inicio del expediente, el representante de la familia Dessio se opuso a cualquier beneficio procesal. “No se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”, sostuvo Santiago Irisarri. Desde el lado de lvana M. alegaron problemas de salud de su entorno.

La Fiscalía y las querellas se opusieron argumentando el riesgo de fuga, la expectativa de prisión perpetua y la existencia de otros familiares que podrían asistir a la madre de la imputada.

Nueve senadores aliados al Gobierno nacional firmaron el dictamen a favor del pliego de María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, antes de que el Ejecutivo solicitara formalmente al Senado que dejara sin efecto su postulación. La firma del dictamen se conoció este martes. Es el trámite que antecede al tratamiento en el recinto, donde el pliego debería ser votado o rechazado por el pleno de la Cámara Alta.

El documento se conoció durante la tarde, en medio de la polémica generada en torno al pedido del oficialismo para impugnar la candidatura de Michelli.

La candidata, en tanto, se reunió este martes con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le habría asegurado que respetará la independencia de poderes y las actuaciones que tengan lugar en el Senado. El encuentro se produjo mientras el oficialismo mantiene bloqueada la presentación del dictamen ante el pleno.

El pliego de Michelli ingresó a la Cámara Alta el 30 de marzo. El 13 de mayo, la abogada expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo el respaldo de nueve de los catorce miembros que suscribieron el dictamen. Esas firmas provinieron de bloques aliados de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores provinciales.

La razón detrás del pedido de retiro sería que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Fue el Ministerio de Justicia el que envió la nota formal al Senado solicitando que se dejara sin efecto el acuerdo para el pliego en cuestión.

La denuncia por el retiro del pliego llegó al fuero federal penal: el fiscal Guillermo Marijuan pidió este martes investigar al Gobierno por presunta discriminación. El caso se produjo dos semanas después de que Michelli expusiera ante la comisión.

El dictamen con nueve firmas debería haber sido girado al área de Órdenes del Día para su inclusión en el temario de la próxima sesión, prevista para el jueves, en la que se votarían 70 cargos para la justicia. No obstante, el presidente de la Comisión de Acuerdos, el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto, no remitió el documento. Pagotto responde políticamente a los Menem y, por esa vía, a Karina Milei. Algunos de los senadores que aseguran haber firmado el dictamen señalaron que ni siquiera tienen acceso al expediente.

El reglamento del Senado establece que para retirar un pliego que ya obtuvo dictamen de comisión es el pleno de la Cámara Alta el que tiene potestad para hacerlo: se requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. El Ejecutivo podría haber frenado el trámite si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en comisión. Con nueve firmas ya asentadas, esa decisión quedó en manos exclusivas del recinto.

Las posibilidades del oficialismo de lograr el retiro en la próxima sesión lucen acotadas. La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, anunció que no acompaña el pedido y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se pronunciaron legisladores del PRO y de la UCR, entre ellos el presidente del bloque amarillo, Martín Goerling, y la senadora radical Carolina Losada, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

El bloque peronista definiría su postura al mediodía del miércoles. Su jefe, José Mayans, anticipó que el pedido de retiro les parece inaceptable por estar vinculado al parentesco de la candidata con Alconada Mon, y señaló que Pagotto incumple el reglamento al retener el documento, según la misma fuente.

Michelli es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e ingresó al Poder Judicial el 24 de octubre de 1994. Desde el 12 de agosto de 2009 ocupa el cargo de secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata. Cuenta con un Máster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y una Especialización Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia, entre otras certificaciones académicas.

Las imágenes, difundidas por la usuaria de TikTok @lolarodriguezs, se viralizaron con rapidez en redes sociales. En la grabación se observa a los motociclistas ocupar gran parte de la calzada en inmediaciones de 7 y 44, avanzar a gran velocidad e incluso circular en contramano mientras tres camionetas de la patrulla municipal intentaban interceptarlos. Los móviles no lograron retener a ningún participante y regresaron por diagonal 74.

El fenómeno no es nuevo para los vecinos del área. Según expresaron los vecinos al medio local 0221, estas concentraciones masivas de motos se repiten casi todos los fines de semana y feriados en el centro de la ciudad. Las quejas apuntan en dos direcciones: los riesgos para la seguridad vial y el ruido provocado por las aceleraciones y los escapes modificados de las motocicletas.

Según sostienen los propios vecinos, en algunas de las caravanas de motos registradas en los últimos meses hubo motociclistas que frenaron para cometer robos al paso y luego continuaron su recorrido junto al resto del grupo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae, expresaron que no se realizó ningún tipo de denuncia sobre lo ocurrido en la noche de este último lunes, así como tampoco se realizó ningún procedimiento que haya terminado con detenciones o el secuestro de vehículos.

El video muestra cómo los conductores de las motos ignoraron por completo la presencia policial y mantuvieron el ritmo del recorrido sin detenerse. La escena se desarrolló en pleno centro platense, una zona de alta circulación peatonal y vehicular, lo que amplificó la exposición al riesgo de quienes transitaban el lugar en ese momento.

Un vigilador atropelló con un cuatriciclo a un ladrón tras un robo

Un vigilador privado de un reconocido centro comercial de zona Norte atropelló con un cuatriciclo a un joven de 18 años que escapó después de haber intentado robar ropa de un local comercial. El presunto ladrón quedó tendido en el asfalto con graves heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió durante el feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez, partido de San Isidro. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso intentó sustraer prendas de vestir del local Isadora. La maniobra fue advertida por empleadas del comercio, que alertaron al personal de seguridad. Al verse descubierto, el joven escapó corriendo por el predio del centro comercial.

En ese contexto, uno de los vigiladores privados que trabajan en el shopping salió tras él a bordo de un cuatriciclo asignado a las rondas de patrullaje del estacionamiento. Alertado por sus compañeros, el hombre de 32 años ubicó a Ibarra en el playón y comenzó la persecución. “En un momento perdió el control del rodado y embistió al sospechoso”, precisaron voceros policiales. El joven golpeó su cabeza contra el asfalto y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro.

La secuencia, que encabeza esta nota, fue registrada por las cámaras de seguridad del centro comercial y también por el teléfono celular de un testigo. Ambas imágenes constituyen una de las principales pruebas de la causa y serán analizadas para determinar si hubo exceso de velocidad o maniobras peligrosas durante la persecución.

Según supo este medio, el delincuente quedó internado bajo custodia policial. La Justicia lo imputó por “hurto en grado de tentativa”. Fuentes del caso confirmaron que su estado de salud evolucionó a estable, aunque todavía permanece internado.

El empleado de seguridad, en tanto, fue aprehendido e imputado por “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Tras ser indagado, quedó excarcelado y el proceso continúa su curso.

El Gobierno nacional está generando un nuevo conflicto de poderes con el Congreso de la Nación, en este caso por la intención de la Casa Rosada de retirar el pliego de una de las candidatas que el mismo Ejecutivo había enviado al Senado para ocupar la vacante de un juzgado federal en la ciudad de La Plata.

Se trata de la carpeta de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata, quien ya pasó por todas las instancias que prevé la ley para designar a los magistrados. El problema se suscitó a mediados de la semana pasada cuando ingresó a la Cámara Alta un pedido del Ejecutivo para retirar este pliego.

El pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo. La abogada expuso en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos el pasado 13 de mayo y obtuvo dictamen con, según explicaron senadores, nueve firmas favorables de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales sobre un total de catorce miembros.

La comisión está conformada por diecisiete senadores, pero el peronismo se niega a asumir ese lugar porque denuncia que le corresponden seis y no tres lugares.

El dictamen ahora debería ser girado al área de Órdenes del Día para que sea incluido en el temario de la próxima sesión, que sería el próximo jueves y en el que se votarían setenta cargos para la justicia. Y aquí es donde empiezan las faltas al reglamento porque el presidente de la Comisión, Juan Carlos Pagotto, no giró el pliego y lo tiene guardado bajo siete llaves.

Tanto es así que algunos de los senadores que aseguran haber firmado no tienen acceso al documento.

Pagotto es un senador por La Rioja que responde políticamente a los Menem y, por ende, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se señala como la responsable de pedir el retiro del pliego.

El Ministerio de Justicia fue quien envió una nota formal al Senado solicitando que se deje sin efecto el pedido de acuerdo para el pliego en cuestión.

La razón sería que la aspirante es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien viene investigando posibles causas de corrupción de la administración de Javier Milei. Particularmente, el periodista viene publicando investigaciones sobre el caso $Libra y sobre el posible enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Pero el conflicto de poderes surge porque el Ejecutivo presiona a sus legisladores para que tomen una decisión que solo el recinto puede tomar.

El sistema para la selección y votación por parte del Senado de la Nación es bastante simple. Los pliegos tienen entrada en sesión pública y la Secretaría Parlamentaria los difunde dentro de los dos días corridos. A partir de ese momento los ciudadanos tienen siete días para presentar observaciones sobre los candidatos y los pliegos deben publicarse con al menos quince días de anticipación a la audiencia pública en el sitio web del Senado, el Boletín Oficial y las redes sociales institucionales. Si el cargo corresponde a una provincia, también se notifica a los poderes legislativos provinciales.

La Comisión de Acuerdos recibe las observaciones, pone los antecedentes a disposición de todos los senadores y convoca a una audiencia pública con registro taquigráfico. Si el pliego de un o una candidata recibe la mitad más uno de las firmas positivas, queda listo para que el pleno del Senado vote de manera favorable o no su candidatura. De resultar favorable, el aspirante ya cuenta con el acuerdo del Senado y, una vez publicado en el Boletín Oficial, asume su nuevo cargo.

Para poder retirarlo, como pide la Casa Rosada, es también el pleno de la Cámara Alta el que tiene la potestad de hacerlo. Se somete el pedido por parte de algún senador a votación y, con mayoría simple —la mitad más uno de los presentes—, se puede retirar.

El Ejecutivo podría haber tenido alguna posibilidad de frenar el tratamiento del pliego de Michelli si el pedido del Ministerio de Justicia hubiese ingresado antes del tratamiento en la Comisión de Acuerdos. Hoy, con la firma de nueve senadores que explicitaron su apoyo a la candidata, esa decisión es potestad exclusiva del pleno de la Cámara Alta.

Sesión

El conflicto de intereses que se está suscitando surge porque Pagotto no manda el pliego para que sea tratado en el recinto junto a otros setenta que ya tienen despacho de comisión. Y esto es porque las posibilidades de conseguir una victoria y retirarlo en la próxima sesión parecen, siendo optimistas, escasas.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, ya anunció que no acompaña el pedido de retirar el pliego y que votará a favor del nombramiento. En esa línea se mostraron varios legisladores del PRO y de la UCR, como el presidente del bloque de los amarillos, Martín Goerling, y su colega de los radicales, Carolina Losada.

En el caso del peronismo, el bloque terminará de definir su postura mañana al mediodía, pero no queda claro porque reclaman que hay una treintena de los setenta pliegos que presentan nulidades. Sin embargo, en el caso de Michelli, el jefe del bloque José Mayans dejó una pista sobre el posicionamiento al señalar que el pedido está relacionado con su parentesco con Alconada Mon, algo que, dijo, les parece inaceptable, y que Pagotto incumple el reglamento al “pisar” el documento.

La orden, comunicada por el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, no tiene formato administrativo pero será de cumplimiento pleno. En la gobernación también advirtieron que el funcionario que decida viajar deberá dejar su cargo y que se cruzaron datos con la Asociación del Fútbol Argentino para verificar si algún integrante del Ejecutivo había comprado entradas para los partidos de la Selección.

Bianco confirmó en su ronda habitual con periodistas que la instrucción fue directa del gobernador. “El gobernador nos pidió que alentemos a la selección desde nuestras casas”, comunicó ayer.

Alcance de la restricción en el gabinete bonaerense

La restricción alcanza a ministros, secretarios y directores con función política en el gobierno bonaerense. La medida apunta a que los integrantes del gabinete mantengan sus responsabilidades institucionales en el actual escenario económico y eviten generar rechazo social.

Bianco expuso ese criterio con una definición personal: “A mí me encanta el fútbol y nunca pude ir a un Mundial. Realmente me encantaría, pero tengo una responsabilidad política e institucional en un momento muy complejo”, dijo ante los medios presentes.

El ministro además descartó margen para excepciones. “Como dijo el gobernador, alentaremos todos desde la provincia de Buenos Aires y en el caso de que alguno haya sacado un pasaje, lo deja abierto y se va en las vacaciones. Verá cómo hace”, afirmó.

Bianco vinculó la instrucción con la situación económica. “Es una instrucción política. Me parece que no hay ningún funcionario que se le ocurra en este momento tan difícil de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, viajar a, en el uso de sus derechos, sus vacaciones”, agregó.

La comparación con los viajes del Gobierno nacional

En La Plata la decisión también busca marcar diferencias con el Gobierno libertario. Ese contraste aparece mientras el Ejecutivo nacional sigue atravesado por las consecuencias de un viaje a Nueva York, donde fue incluida Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una comitiva oficial sin un motivo que justificara su presencia.

Después aparecieron otros viajes de la pareja a Punta del Este y Aruba, y llegaron a la Justicia Federal denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del ex vocero presidencial. Las investigaciones siguen abiertas y la controversia ya lleva dos meses.

Como alternativa para ver a la Selección Argentina, los funcionarios podrán seguir los partidos desde sus casas o en los fan fest que varios municipios del conurbano planean organizar durante el Mundial 2026. Esos espacios tendrán pantallas gigantes y acceso gratuito, de acuerdo con esos medios.

Esos eventos surgieron tras un acuerdo con el Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, también presidente de la AFA. El mismo medio señaló que Tapia reunió a intendentes bonaerenses en la sede de la firma y anunció apoyo para organizar actividades públicas durante el torneo.

A esa reunión asistieron los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) Federico Achával (Pilar), Lucas Ghi (Morón), Fernando Moreira (General San Martín), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Marisa Fassi (Cañuelas) y Eva Mieri (Quilmes).

La defensa de Ariel Fernando García, el empresario farmacéutico detenido por la mayor tragedia sanitaria Argentina, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata un recurso de apelación que cuestiona el procesamiento por la muerte de 90 pacientes a los que se les administró fentanilo contaminado fabricado por sus laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Otros 44 fueron dados de alta, pero quedaron con secuelas.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la puntillosa investigación, ya concedió las apelaciones y la Cámara deberá convocar a presentar los memoriales escritos. La defensa del principal acusado solicitará que la audiencia sea presencial.

El escrito, firmado por los abogados Gastón Marano y Mario Laporta, intenta desarticular los pilares sobre los que Kreplak lo imputó junto a otras 12 personas vinculadas a las empresas, entre ellos su hermano Diego y su madre, Nélida Furfaro.

En la resolución de ampliación de procesamiento de 382 fojas firmada el 13 de mayo, el magistrado dejó por sentado que la cantidad de fallecidos podría ser superior, y lo explicó así: “Es importante destacar que las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados. Por cuestiones ajenas al accionar de la instrucción vinculadas a la realidad de la práctica hospitalaria argentina, esto es, criterios médicos, tecnología disponible y/o modalidad de registración documental, entre otros motivos- la prueba que permitiría acreditar el universo total de casos no se encuentra disponible”.

El fallo reconoce que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”, y detalla la metodología judicial implementada para superar las limitaciones del sistema sanitario, que incluyó requerimientos a 32 establecimientos de salud para el envío de historias clínicas y listados de pacientes tratados con el potente anestésico.

Para la defensa del principal sospechoso, el magistrado no logró responder cómo llegaron las bacterias a las ampollas del fentanilo HLB Pharma. Es decir, que la propia defensa de García Furfaro reconoce que las ampollas de fentanilo estaban contaminadas y que el hecho ocurrió en el laboratorio que elaboró el medicamento.

Los investigadores judiciales no ven un cuestionamiento sólido en ese punto. En el expediente está acreditado que los lotes del potente anestésico se contaminaron con dos bacterias multirresistentes a lo largo del proceso de fabricación, ya que las ampollas utilizadas y las muestras “museo” analizadas estaban herméticamente cerradas y las ampollas son inviolables.

De hecho, la resolución expuso la falta de organigrama, controles de calidad inexistentes, ausencia de personal calificado y registros manipulados. El documento resalta: “Los responsables del laboratorio sabían con claridad las condiciones en que se encontraba funcionando, y que se incumplían las Buenas Prácticas de Fabricación y, en consecuencia, tenían absoluto conocimiento del grado de riesgo que podrían introducir en la sociedad como consecuencia de desvíos de calidad en las sustancias medicinales que liberaban a la circulación”.

La causa que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata bajo el número FLP 17371/2025, acusa a García Furfaro y los otros empleados y responsables de los laboratorios como presunto coautor del delito de adulteración dolosa de sustancias medicinales con resultado de muerte, previsto en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.

La defensa ataca

Para el abogado Marano, el argumento que supone más contundente para la defensa del empresario que viajó a Rusia para traer al país la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus, no proviene de sus propios peritos, sino del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en las 20 muertes adjudicadas en el procesamiento original concluyó que ninguno de esos casos se encontraba en la categoría de nexo causal directo. Todos fueron clasificados de esa manera, es decir, la infección bacteriana constituyó un factor agravante en pacientes que ya portaban cuadros clínicos potencialmente letales. La defensa lo traduce en términos jurídicos precisos: “El CMF no dijo que la bacteria no importaba: dijo que no fue la causa directa. La diferencia es todo el derecho penal.”

Kreplak, en cambio, argumentó que “todos los casos analizados resultaron conectados jurídicamente con el aumento del riesgo de muerte derivado de la peligrosidad introducida en el circuito sanitario por las bacterias”.

En su extensa resolución, el magistrado lo argumentó así: “Las bacterias aisladas de los hemocultivos de los pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata resultaron genéticamente idénticas a las halladas en las ampollas de fentanilo HLB adquiridas por el nosocomio. Estas conclusiones resultaron dirimentes para la pesquisa, toda vez que fue la primera información contundente con la que contó este juzgado para determinar a ciencia cierta que las bacterias halladas en los pacientes provenían de la administración de las ampollas contaminadas del medicamento.”

Y añadió: “En todos los casos, los peritos oficiales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que las infecciones padecidas por los pacientes analizados, causadas por la presencia de las bacterias que se hallaban en el medicamento fentanilo, produjeron un incremento del riesgo de muerte en los peritados”.

Laporta y Marano rechazan esa ecuación: “El aumento del riesgo de muerte no equivale a causar la muerte. Son dos resultados jurídicamente distintos. El paciente que estaba en UTI ya tenía su vida en peligro antes de recibir el fentanilo; la infección superpuso un peligro adicional —y eso, en el mejor de los casos para la acusación, encuadra en una lesión grave del artículo 90 del Código Penal, no en homicidio doloso ni culposo.”

La defensa acompañó en el recurso de apelación dos informes periciales independientes que, según el escrito, configuran junto con los dictámenes del CMF “un bloque probatorio que el auto apelado no consideró”.

El primero fue elaborado por la doctora Carolina Guma, médica legista y docente de la Universidad Fundación H. Barceló, quien analizó caso por caso las historias clínicas del expediente. Sus conclusiones se muestran taxativas. “En ninguno de los casos esta perita ha podido comprobar en las historias clínicas que los pacientes hayan recibido fentanilo HLB lote 31202”, señala el informe. Agrega que solo 37 pacientes tienen confirmación por el ANLIS Malbrán (el laboratorio de referencia), y que en esos casos el organismo informó discrepancias genómicas de entre 2 y 33 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), -que en español se traduce como polimorfismos de nucleótido único- y diferencias fenotípicas entre las bacterias de las ampollas y las de los pacientes. “Sin identidad clonal”, concluye la perita, “no hay certeza de fuente común. Y sin certeza de fuente común, no hay nexo causal probado”. La conclusión final del informe Guma es que los casos con bacteriemia compatible con el perfil declarado “corresponden más adecuadamente con la definición de nexo fortuito”.

El segundo informe fue elaborado por la doctora Gabriela R. Potap, médica especialista en Medicina Legal, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inscripta en el listado de peritos judiciales del Poder Judicial de la Nación. El informe Potap analiza todos los casos imputados a los procesados y llega a una conclusión que la defensa transcribe textualmente: “No se cuenta con evidencia medicolegal que permita establecer que la administración de fentanilo HLB, no verificada en la totalidad de los casos, haya constituido la causa directa de los fallecimientos, incrementado de manera autónoma el riesgo de muerte ni ocasionado una incapacidad laboral superior a un mes.”

El trabajo de la defensa concluye con un dato estadístico: el 60% del universo analizado no cumple con los requisitos de validación establecidos por la propia autoridad sanitaria.

Kreplak ya se expidió sobre la “causa directa de los fallecimientos. En la foja 285 del primer procesamiento expuso: El agravamiento significativo de la condición de salud de los pacientes configura, precisamente, un incremento del riesgo de muerte generado por la aplicación del fentanilo HLB lote 31202 contaminado con los microorganismos Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica que produjeron un contagio bacteriano adicional a su cuadro clínico y, por lo tanto, un peligro suplementario para su sobrevivencia.”

Qué dijo el acusado ante el juez

Ariel García Furfaro declaró durante 13 horas en tres jornadas —23, 25 y 27 de abril —. Según el escrito, el acusado demostró un conocimiento exhaustivo de las historias clínicas de los casos imputados y planteó una contradicción de consistencia interna: si el lote 31202 distribuyó aproximadamente 154.000 ampollas y la bacteria hubiera causado infección en quienes la recibieron, el número de afectados debería ser del orden de miles, no de decenas. “Esto tendría que haber sido un desastre. Tendría que haber 6.000 personas contaminadas. No las hay”, declaró el imputado.

En este punto, la defensa no aportó un dato relevante: la cantidad de ampollas que se aplicaron, ya que, en cuanto el Hospital Italiano de La Plata denunció los primeros fallecimientos vinculados al fentanilo de HLB Pharma, la autoridad sanitaria ordenó la prohibición en todo el territorio nacional.

Adriana Iúdica, subjefa de control microbiológico de Laboratorios Ramallo, ingeniera química con cuatro décadas de experiencia en la industria farmacéutica, detectó indicios de contaminación en los lotes del 18 y 19 de diciembre de 2024 y consignó en el Batch record que es el documento que registra todo lo que ocurrió durante la producción de ese lote: qué materias primas se usaron, en qué cantidades, a qué temperatura, qué controles se realizaron, quién los realizó y cuándo. Es la trazabilidad documental de cada paso del proceso de fabricación. Iúdica firmó como conforme, liberando el producto para su comercialización. La subjefa de control microbiológico es otra de las procesadas.

En la causa también figuran los dichos del procesado Eduardo Darchuk -jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen- quien le dijo al magistrado en su indagatoria: “La jefa de control microbiológico dijo: me dio positivo. Nosotros nos quedamos todos mal. Diego (García) le dijo: ”¿Por qué no dijiste nada? A lo que respondió: “Me olvidé”. La propia Iúdica, al ampliar su declaración, reconoció la centralidad de lo ocurrido, aunque argumentó que creyó que se trataba de un falso positivo del analista sin experiencia.

Para los defensores de García Furfaro si el suceso dañoso no se hizo real hasta que Iúdica omitió cumplir su obligación legal, “la cadena causal que conecta la conducta del propietario de los laboratorios con los resultados imputados queda interrumpida por ese eslabón autónomo”.

En su declaración indagatoria, García Furfaro identificó a Andrés Quintero —ex empleado de los laboratorios y con vínculos en el sector farmacéutico— como el principal sospechoso de un posible sabotaje. Describió una serie de elementos que, a su juicio, lo vinculan con los hechos: “Quintero conocía al doctor Pesat, el infectólogo del Hospital Italiano que descubrió la bacteria, y se reunía con él en San Isidro; accedió a Laboratorios HLB Pharma Group de esa localidad bonaerense poco antes del evento; realizó denuncias previas contra el laboratorio en connivencia con Carignani, ex presidente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME); y existe un audio de veinte minutos en que Quintero habla de la posibilidad de que aparezca un medicamento contaminado antes de que el hecho ocurra”.

En este punto la defensa solicitó que el juzgado cite a Quintero para ser interrogado.

Para el juzgado estas son hipótesis abiertas que se podrían explorar en una segunda fase, pero que, de ser así, sumarían más imputados, pero una misma certeza.

El recurso de apelación también apunta a las omisiones del organismo regulador. La Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata, en su dictamen del 14 de mayo de 2025, cuestionó la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambos organismos dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En este punto, la defensa expresó una posible consecuencia dogmática: “Quien opera dentro de un sistema regulado tiene derecho a confiar en que el organismo de control cumple su función. Si la ANMAT detectó deficiencias críticas en 2022 y 2024, aceptó los planes correctivos y no comprobó su implementación, el laboratorio tenía razones para creer que el sistema funcionaba.”

El recurso también impugna el encuadre legal de los hechos. El art. 201 bis del Código Penal requiere dolo respecto de la adulteración. La defensa sostiene que la adulteración como tipo objetivo exige la modificación intencional de la composición del producto: adulterar es alterar dolosamente. La contaminación como consecuencia de deficiencias de proceso —o, como postula la hipótesis del sabotaje, como consecuencia de la intervención de un tercero— no es adulteración en sentido jurídico-penal. La propia argumentación del auto —relajamiento, indiferencia, omisiones— describe el tipo culposo del artículo 203, que reprime exactamente esa conducta por imprudencia, negligencia o inobservancia reglamentaria. El principio de especialidad sostiene el escrito, impone la aplicación del artículo 204, que regula al laboratorio habilitado que comercializa un medicamento que no responde a los estándares declarados ante la ANMAT.

La defensa pide a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que “revoque la ampliación del procesamiento y declare la falta de mérito, con cesación de la prisión preventiva”.

El incendio de auto se produjo en la intersección de 25 y 512, en plena mañana. Las llamas se concentraron en el sector del motor, ubicado en la parte frontal del vehículo, aunque el humo se extendió con rapidez hacia el interior, donde se encontraba la monja. Las causas del siniestro aún no fueron determinadas.

Ante la situación, la religiosa descendió del vehículo y, en medio del apremio, logró rescatar algunas pertenencias que llevaba en el baúl. El hecho quedó registrado con el capot del auto completamente envuelto en llamas, imagen que da cuenta de la magnitud del fuego que se produjo.

Minutos después, una dotación de bomberos se hizo presente en el lugar para controlar el foco ígneo. La intervención de los efectivos permitió atender la emergencia, aunque el tránsito en la zona se mantuvo con la calzada reducida durante varios minutos, según informó El Día.

El medio platense detalló que la escena se desarrolló en la mañana del lunes y que la monja salió del vehículo antes de que el fuego se propagara al habitáculo. Por el momento, no se reportaron heridos como consecuencia del incendio vehicular en La Plata.

El video fue compartido por numerosos usuarios, entre ellos el perfil de la cuenta Hechos y Derecho, y rápidamente se convirtió en un contenido que disparó comentarios numerosos y reposteos.

“¿El Gálvez? No, avenida Alvear”: un conductor alcoholizado chocó contra un edificio

Un hombre de 33 años chocó su auto contra el frente de un edificio en plena avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, en la madrugada de este lunes. El vehículo terminó parcialmente incendiado, el conductor salió por sus propios medios y el test de alcoholemia arrojó 1.99 gramos de alcohol en sangre. El hecho quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales.

Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando un Renault Logan gris perdió el control sobre la calzada de Alvear al 1400 y fue a impactar contra la fachada de un edificio. Tras el choque, el vehículo se incendió de forma parcial. Al lugar se trasladaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad junto con personal de Bomberos, quienes extinguieron el fuego. El SAME atendió al conductor con diagnóstico de politraumatismos.

Fuentes del caso indicaron a Infobae, que el propio conductor declaró ante los agentes que, durante el trayecto, un animal se le habría cruzado en el camino y que, al intentar esquivarlo, perdió el control del rodado.

La Policía de la Ciudad confirmó que el test de alcoholemia practicado al hombre arrojó 1.99 gramos de alcohol por litro de sangre. El caso quedó a cargo de la UFLA Este, bajo la instrucción de la doctora Victoria Sánchez.

Las imágenes del auto destrozado y quemado sobre la vereda de Recoleta circularon con rapidez en TikTok. Uno de los testigos que filmó la escena, identificado como Rafa Smith, describió el episodio con una comparación que no tardó en viralizarse: “¿Nürburgring? ¿El autódromo Gálvez? No, señores, la avenida Alvear”.

El testigo también precisó, a su modo, la magnitud del nivel de alcohol detectado: “Uno noventa y nueve. ¿Saben a cuánto equivale uno noventa y nueve? Dos botellas de vino enteras”, señaló Smith en sus videos de TikTok.

El mismo testigo subrayó que el horario y el día atenuaron las posibles consecuencias sobre terceros. “Diga que fue a las cuatro de la mañana”, afirmó Smith, quien también reparó en que el conductor salió ileso del vehículo completamente destruido. “Todo quemado el auto. Prendido fuego. El tipo, ileso. Yo no puedo entender, realmente”, expresó.

Un grupo de delincuentes asaltó a un oficial de la policía bonaerense que se encontraba fuera de servicio en la madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Tras robarle el auto, se produjo una persecución que terminó sin detenidos.

El episodio se produjo en la intersección de calle 36 y 7, un sector habitualmente transitado. Personal del Comando de Patrullas se movilizó rápidamente hacia el lugar luego de recibir un llamado al 911.

La víctima fue identificada como un efectivo de 29 años perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Morón. Según el relato del agente a las autoridades, se encontraba de franco y circulaba en su Volkswagen Trend rojo, cuando al detenerse en un semáforo fue sorprendido por tres sujetos.

De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, en ese momento, los delincuentes lograron despojar al oficial de su vehículo y se dieron a la fuga. La víctima, al identificarse como miembro de la fuerza de seguridad, se defendió del ataque con su arma reglamentaria, según confirmó la policía local. No obstante, los individuos continuaron su fuga a bordo del automóvil robado.

La persecución terminó pocos minutos después, cuando perdieron el control y chocaron contra otro auto, un Volkswagen Nivus gris, que se encontraba estacionado en la calle 36 entre 5 y 6. Según el informe policial, el impacto provocó daños materiales en ambos vehículos.

Tras el choque, los tres ocupantes descendieron del automóvil y escaparon corriendo, dispersándose por las calles adyacentes. Ni la víctima ni los efectivos que arribaron minutos después lograron dar con el paradero de los asaltantes, que rápidamente se perdieron de vista.

La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci, quien dispuso las primeras medidas investigativas. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos fue notificada sobre la intervención armada del oficial, tal como lo establece el protocolo en casos donde se utiliza el arma reglamentaria fuera del servicio.

El vehículo recuperado fue sometido a una inspección minuciosa por parte de la policía científica.

Balearon a otro efectivo retirado para robarle

Un policía federal retirado de 77 años, identificado como Norberto Raúl Romero, resultó herido de bala durante un intento de robo en El Palomar, partido de Morón. El hecho se produjo alrededor de las 14:30, cuando la víctima había estacionado su camioneta en la calle Estomba al 1500 y descendía del vehículo para visitar a un familiar.

Según reconstruyó este medio, dos personas que circulaban en una motocicleta Honda Wave 110 negra se le acercaron e intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la resistencia de Romero, se produjo un forcejeo y uno de los asaltantes le disparó en la pierna derecha. El balazo generó una herida con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, los agresores escaparon inmediatamente en la moto, sin lograr concretar el robo.

El herido fue auxiliado por personal del SAME y por un móvil de emergencias de la obra social, que lo trasladó al Hospital Churruca. Según los informes médicos, Romero permanece internado pero se encuentra fuera de peligro, mientras continúa bajo observación.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI N° 6 de Morón, quien dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables. Hasta el momento, no se registraron detenciones. El episodio, ocurrido en horas de la tarde y en una zona residencial, generó preocupación entre los vecinos.

Los dueños de un reconocido comercio de materiales eléctricos de la ciudad de La Plata fueron víctimas de un robo millonario durante la madrugada del sábado.

Los delincuentes se llevaron $12.000.000 en efectivo a través de un boquete. El episodio ocurrió en un local situado sobre la avenida 44 entre las calles 153 y 155. Según fuentes policiales, los autores del hecho accedieron al interior del comercio tras abrir un agujero en el techo del establecimiento. Para los investigadores, se trató de una modalidad que evidenciaba un conocimiento previo de la estructura.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la banda recorrió distintos sectores del negocio, revisando cada uno de los espacios del local hasta que finalmente encontraron el dinero. El efectivo, que el propietario guardaba entre los paneles del cielorraso, fue detectado y sustraído sin que los delincuentes se vieran forzados a violentar cajas fuertes ni otros elementos de resguardo visibles.

La secuencia fue advertida recién en horas de la mañana, cuando los empleados del local arribaron al trabajo cerca de las 8.30. Al ingresar, se encontraron con los daños evidentes en la infraestructura y con la ausencia del dinero que, hasta la noche anterior, permanecía oculto en el techo. De inmediato, dieron aviso al propietario y a las autoridades policiales para que iniciaran las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información aportada por el mencionado portal, la banda actuó entre las 2 y las 3 de la madrugada, horario en que la empresa de alarmas del comercio detectó movimientos sospechosos y emitió una alerta al dueño. Pese a esta advertencia, el golpe se llevó a cabo.

El propietario del comercio relató que, al llegar al local tras la notificación, halló su oficina completamente revuelta. “Todavía no pude determinar si además de la plata se llevaron material del negocio”, sostuvo el hombre, quien intenta determinar si los delincuentes se llevaron además, mercadería.

El hecho fue caratulado como robo agravado y quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que trabaja en la recolección de pruebas y en el análisis de posibles vínculos con otros hechos recientes de similares características. Mientras tanto, el propietario del local y su equipo permanecen atentos a la evolución de la causa, en medio de una sensación de vulnerabilidad compartida por gran parte del comercio platense.

Otro robo en La Plata

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda acusado de robar 7 millones de pesos en La Plata, tras una investigación que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo utilizado en el hecho. El robo ocurrió el 24 de abril, cuando la víctima, que había estacionado su Volkswagen Amarok en la calle 44 entre 29 y 30, descubrió al regresar que le habían sustraído un morral con el dinero y documentación personal, frente a una sucursal bancaria.

De acuerdo con fuentes policiales, el sospechoso fue identificado luego de que las autoridades revisaran videos de las cámaras de vigilancia municipales. A partir de esas imágenes, lograron ubicar el Ford Fiesta Max negro utilizado para escapar del lugar, lo que permitió solicitar la correspondiente orden de allanamiento. Durante el operativo en Avellaneda, los agentes recuperaron más de un millón de pesos en efectivo, el vehículo involucrado y varios teléfonos celulares.

La causa está en manos de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata, y el detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Es la leyenda del abogado Víctor José Roberts Alcorta que intervino en algunos de los casos más resonantes de su época, varios de ellos ventilados en juicios orales que marcaron a la opinión pública local y nacional. Alrededor de su figura creció una leyenda popular, condensada en una ocurrencia que él mismo alimentó: su estudio jurídico bautizado como “Mate y venga”, nombre que, con risa socarrona, explicaba remitiendo al juego del truco -esa invitación a redoblar la apuesta sin temor-, pero que también se asociaba con la idea de que todo homicida podía contratar sus buenos oficios.

Con el tiempo se convirtió en un penalista de enorme prestigio, al punto de que su nombre quedó asociado a una fama singular: la de ser un defensor prácticamente invencible. Junto a su hermano Luis María fundó un estudio jurídico que, con los años, continuarían otros integrantes de la familia, consolidando así una tradición profesional que perduró más allá de su muerte. Es la historia de Víctor José Roberts Alcorta, una de las figuras más notorias de la abogacía platense del siglo XX.

“Mate y venga” era un slogan pícaro, perspicaz para atraer todo tipo de clientes. Aunque en el fondo sabía que a los periodistas y curiosos que le preguntaban a cada rato por lo mismo, debía tenerles preparada otra explicación que pareciera más seria. Como era amante de los caballos de pura sangre y tenía un haras, también le puso “Mate y venga”, y así el abogado salía del paso explicando que el nombre de su estudio era una réplica de su caballeriza.

En las décadas del 50 y 60, el abogado ganó varios casos resonantes, de modo que pudo demostrar que el título de su estudio estaba justificado. A partir de entonces, la broma en tribunales platenses era indicar a dónde todo homicida debía dirigirse. La humorada le dio fama y la expresión terminó por sintetizar lo que muchos creían de él: que en el terreno judicial siempre estaba listo para ir a fondo, y que rara vez perdía.

El acusador que terminó acusado

Algunas anécdotas ayudan a componer el retrato de este abogado. En una causa penal logró que se desagotara el lago del Bosque platense en busca de un arma vinculada a un homicidio. En otra ocasión, cuando le robaron su automóvil Lincoln, el vehículo apareció rápidamente lustrado y lavado junto a una nota que decía: “No sabíamos que era suyo, doctor”.

Pero uno de los casos en donde el sagaz abogado logró invertir los roles fue en la década del 60, cuando hizo un pase de magia judicial: que el acusador pase a ser el acusado.

Los diarios de la época titularon: “Increíble, lo absuelven, gracias a su abogado el acusador se convierte en acusado”. Y sigue: “En el Juzgado […] tuvo lugar ayer el juicio oral seguido a los policías […] acusados de procedimientos ilegales consistentes en detenciones arbitrarias con el objeto de “descubrir crímenes”.

Ese caso tuvo un giro espectacular en medio del juicio. Los medios de la época cuentan cómo el intrépido abogado interroga a los testigos mientras va encadenando las contradicciones hasta exponer que la causa estaba armada. Finalmente es la víctima quien se desdice y deja al descubierto la coartada: se trataba de policías honestos que habían sido perjudicados por otros oficiales en medio de una vieja interna. Se habían armado los relatos en el sumario.

Para la prensa de la época, en el momento de los alegatos la figura de Roberts Alcorta es descollante: con maestría se para y señala a la víctima, y dice que se trata del victimario, que debería estar sentado a su lado, que él también lo defendería en el futuro como víctima de policías corruptos.

Los policías, que entraron como imputados, logran ser absueltos. El acusador, que sostenía todo, queda procesado por falso testimonio.

El caso Penjerek

Pero el caso que hizo famoso a nivel nacional a Roberts Alcorta es otro. Es un asunto que tuvo en vilo al país. Y está vinculado a la forma en la que encarar el tema “declaraciones armadas”, algo de lo que ya era especialista. Se trata del caso de Norma Mirta Penjerek, una chica que desapareció en junio de 1962. Tenía 16 años. Había salido de su casa en la ciudad de Buenos Aires para ir a su clase de inglés y nunca regresó. No había rastros ciertos de su paradero: ni testigos firmes, ni reconstrucción consistente de sus últimos movimientos. La búsqueda se sostuvo en la incertidumbre. Se la había tragado la tierra.

Poco después, apareció un cadáver femenino. La autopsia indicó signos de muerte violenta: estrangulamiento. Sin embargo, desde el inicio surgieron inconsistencias. La edad estimada del cuerpo, su contextura y, especialmente, su estatura no coincidían plenamente con las de Norma. Aun así, la investigación comenzó a vincular ambos hechos.

El 24 de agosto de 1962 se produjo la identificación formal. No fue un proceso concluyente. El padre de Norma no pudo reconocer el cuerpo. Sin embargo, un odontólogo sostuvo que se trataba de ella. Con ese dato, y sin que se explicara de modo técnico la correspondencia entre el cadáver hallado y la joven desaparecida, la justicia dio por acreditada la identidad. Al día siguiente, 25 de agosto de 1962, el cuerpo fue enterrado en el cementerio israelita de La Tablada.

La causa, lejos de avanzar, entró en una fase de estancamiento. No hubo detenidos, no hubo hipótesis dominante. La familia Penjerek, por su parte, adoptó un perfil de extrema reserva: no promovió reclamos públicos ni participó en la exposición mediática del caso. La causa siguió parada.

El 15 de julio de 1963, se produjo el segundo punto de inflexión. Ese día, en la estación Constitución, la policía detuvo a una mujer de nombre Mabel Sisti, de 23 años, por presunto ejercicio de la prostitución. En ese contexto, Sisti declaró espontáneamente tener información sobre el caso Penjerek. Su relato modificó completamente la escena. La mujer afirmó que Norma había sido víctima de una organización dedicada al secuestro de jóvenes para encuentros con empresarios y dirigentes políticos. Ubicó los hechos en un chalet denominado “Los Eucaliptos”, en la localidad de Bosques, y señaló como responsable a Pedro Vecchio, comerciante de Florencio Varela, propietario de la zapatería y concejal electo por una fuerza vinculada al peronismo proscripto.

La denuncia tuvo un impacto inmediato. Medios como Crónica y La Razón instalaron el caso como eje de la agenda pública. La tirada de Crónica se multiplicó ostensiblemente. La hipótesis de una red de corrupción con participación de sectores de poder generó una fuerte conmoción en toda la Argentina. El tema fue tratado en el Congreso Nacional y motivó pronunciamientos de la CGT. En la vida cotidiana, el caso se tradujo en una alerta difusa: el nombre Penjerek pasó a funcionar como advertencia para las mujeres que caminan solas por la calle.

En ese contexto, las detenciones se ampliaron. Entre los implicados apareció Fabricio Mucci, quien fue detenido, sometido a apremios y obligado a declarar en línea con Sisti. Las distintas declaraciones comenzaron a reforzarse entre sí. El caso adquiría apariencia de coherencia probatoria: una estructura organizada, un lugar, un responsable, un circuito. Por las dudas quedaron detenidos Sisti, Vecchio y Mucci. Todos como parte cómplice de la trama.

Es en ese punto cuando entra en escena el abogado Robert Alcorta. Por distintos contactos de amigos y familiares de Pedro Vecchio llegan al estudio “Mate y venga” y lo contratan para que revise el caso. De entrada al abogado platense le pareció lógico asumir la defensa de Mabel Sisti, ya que ella era el eje de la acusación contra Vecchio. Entonces se puso en campaña para llegar a Sisti y que ella lo designe como su letrado, desplazando así al abogado que la policía ya había colocado para forzar sus dichos bajo presión (según sus dichos posteriores no tenía vivienda y le habían ofrecido una casa a cambio de firmar papeles que incriminaban a Vecchio, pero también la autoincriminaban).

El abogado de “Mate y venga” sabía bien que si la mujer se retractaba, al tratarse de una imputada y no de un testigo, no estaba bajo la obligación de decir verdad. Por lo que -desde el plano estricto penal- ese cambio de versión nunca la iba a perjudicar.

Aquí apareció la figura del juez Alberto Garganta, a cargo de la causa y un viejo conocido de Roberts Alcorta de los tribunales platenses (el cadáver había aparecido en la jurisdicción de La Plata). Todos sabían que ese vínculo entre abogado y juez era central. Alcorta no era cualquier abogado, se movía como pez en el agua en el mundillo de la capital provincial, por lo que su reputación valía demasiado. Sus honorarios también. Pero en este caso, como él dijo varias veces, nunca cobró un centavo.

Con el avance de la causa se pudo demostrar que un fotógrafo de nombre Juan Manuel Fernández, un mandadero policial, instigó y extorsionó a Mabel Sisti para comprometer a Vecchio y compañía, aprovechando una vieja inquina existente entre ambos. Así lo contó la mujer, quien gracias a la estrategia de Roberts Alcorta realizó su retractación ante el juez Garganta. Por lo que la causa perdía su peso de raíz.

Letrado especialista en aplicar la llamada “doctrina del fruto del árbol envenenado” (la invalidez de la prueba de raíz envenena las ramas y todos los frutos como fojas del expediente judicial), otorgaba nulidad a todo lo actuado. Es a partir de ahí que la figura de Vecchio, instalada como culpable del secuestro de Norma Penjerek para la opinión pública, se cae. Para la justicia también: la causa pasa por distintos juzgados, se dilata y pierde fuerza probatoria. Finalmente, el 5 de abril de 1965, la Cámara del Crimen de la Capital dicta el sobreseimiento de Vecchio y de todos los demás.

Una salida para Nélida Prior

Fue en mayo de 1950. En los diarios se hablaba de la mujer que había asesinado a su marido. Se llamaba Nélida Prior. La mujer era víctima de todo tipo de violencia por parte de su esposo de apellido Santillán. Una vida de calvario, una vida de hostigamientos. Hasta que un día Nélida reaccionó y encontró el arma que su marido guardaba y lo asesinó, justo luego de sufrir una fuerte paliza. El fiscal solicitó la pena perpetua atento el agravante del vínculo y por homicidio premeditado. Mientras Roberts Alcorta, por su parte, planteó un “estado de necesidad justificante”, un concepto que estipula el artículo 34 inciso 3ª del Código Penal (no es punible quien causa un mal para evitar otro mayor inminente).

Los jueces condenaron a Nélida Prior a cadena perpetua. Pero el tema causó mucha indignación popular, medios como Crítica y La Prensa escribieron notas favorables a Prior; sobre todo porque este tipo de casos representaba un patrón que se repetía en varios puntos del país: esposas víctimas de violencia que se hartaban y mataban al agresor. Un tema que por primera vez en el país la justicia se iría a revertir en el caso Remberta Nievas en 1956.

Pero si con el juicio no lo consiguió, el abogado de Nilda Prior no se dio por vencido. Movió cielo y tierra, interpuso recursos y apelaciones, pero no logró revertir la sentencia. Le quedaba una chance, el indulto, el mecanismo de perdón que solo el gobernador puede otorgar. Pero eso no era ya una instancia judicial sino política.

Roberts Alcorta no solo fue un letrado, había sido intendente de Trenque Lauquen en un breve paso en 1937 y había cosechado muchos contactos en la vida política. También fue presidente del Club Estudiantes de La Plata y su vida social era más que intensa. El caso de Nélida Prior era uno de aquellos que el estudio “Mate y venga” debía capitalizar como un triunfo, pues la opinión pública había expresado simpatía por esa mujer desesperada. Conseguir un perdón era un triunfo, y el abogado se impuso una meta que consiguió.

El 25 de mayo de 1950, el gobernador Mercante indultó a la mujer. El júbilo social se hizo sentir, los medios de todo el país cubrieron la noticia, y el abogado platense sintió que el caso estaba cumplido.

Los últimos años

Muchos años después con el legendario Roberts Alcorta ya jubilado, el mismo tenía la costumbre de sentarse en la puerta de su casa, en pleno verano, para tomar “la fresca” sobre la esquina de la calle 8 y 39. Al menos así lo cuenta Ricardo Jaén en el diario El Día de La Plata, donde además relata cómo el viejo abogado, rodeado de vecinos, clientes y curiosos, narraba los casos como si aún estuviese litigando.

El estudio jurídico “Mate y venga” siguió en manos de sus hijos y nietos, quienes también ejercen la abogacía; y –de alguna forma– continúan alimentando la leyenda que marcó una época. Esa en la que todavía se ríen entre los pasillos de tribunales: “Si te mandaste una macana, andate al estudio Mate y venga”.

Víctor José murió en La Plata en 1977.

Policías de la comisaría Decimocuarta de La Plata rescataron a una mujer que permanecía encerrada contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero, mientras sus hijos menores de edad lloraban en la vereda. El hombre que la mantenía retenida fue detenido en el lugar.

Todo sucedió este sábado 30 de mayo, cuando los agentes de esa comisaría respondieron a un llamado de alerta que advertía sobre una mujer a quien su pareja no le permitía salir de la vivienda de la calle 178 entre 526 y 526 bis. Al llegar al lugar, el panorama fue elocuente: muebles y pertenencias esparcidos por el patio, y dos niños en la calle, visiblemente alterados. Los chicos les contaron a los uniformados que su madre estaba encerrada y que su padre no la dejaba salir.

Los agentes intentaron comunicarse con quienes estaban dentro, pero no recibieron respuesta en un primer momento. Minutos después, un hombre abrió la puerta y, según el reporte oficial, bloqueó el ingreso de los policías. Fue categórico al decirles que su pareja no saldría.

Fue entonces cuando los efectivos comenzaron a escuchar pedidos de auxilio desde el interior. Ante la presunta existencia de una persona privada de su libertad, actuaron bajo las facultades previstas en el artículo 222 del Código Procesal Penal e ingresaron al inmueble sin más demoras. El hombre fue reducido y detenido en el acto.

La mujer relató después a los investigadores que su pareja había arrojado sus pertenencias fuera de la vivienda y luego la mantuvo encerrada durante varios minutos, impidiéndole salir por la fuerza.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci, quien ordenó actuar por los delitos de “privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad”. El acusado permanece detenido y será trasladado a sede judicial para prestar declaración en las próximas horas.

Violencia de género en Berisso

Otro episodio de violencia de género había sido cometido en la localidad de Berisso el pasado fin de semana, cuando una joven fue hallada encerrada en su vivienda tras una discusión con su pareja. La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran gritos de auxilio provenientes del interior de una casa ubicada en la zona de 148 bis entre 10 y 11, lo que activó un operativo de emergencia y movilizó a las autoridades judiciales.

La situación se desarrolló el sábado 23 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio alertados por un llamado que informaba sobre una mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Durante varios minutos, los agentes intentaron comunicarse sin éxito hasta que finalmente lograron establecer contacto verbal con la joven a través de una abertura del inmueble. En ese intercambio, la víctima relató que, tras una fuerte discusión, su pareja la había dejado encerrada bajo llave y se había marchado llevándose a la hija menor de ambos.

El hecho de que la mujer permaneciera privada de su libertad en el interior de la vivienda y separada de su hija generó alarma en el barrio y en las autoridades actuantes. Poco después, la madre del acusado se presentó en el lugar y facilitó la apertura de la propiedad, permitiendo que la víctima pudiera abandonar el encierro y reencontrarse con sus familiares.

Según la reconstrucción del caso, la joven aseguró a los agentes que no había sido golpeada ni amenazada durante el episodio. De todos modos, manifestó su voluntad de no formular una denuncia penal contra el joven, lo que no impidió que la Justicia interviniera de oficio. Dada la gravedad de la situación y la presencia de una menor de edad, la Fiscalía avanzó con una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El joven detenido por decisión de la fiscalía enfrenta ahora una investigación formal por el delito de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, cargo que puede derivar en sanciones penales y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas.

Un mensaje intimidante hallado en el baño de la Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara activó una investigación judicial y reforzó la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos de la región. El preceptor de la institución denunció el hallazgo de varias hojas con amenazas, entre ellas la frase “Mañana mueren todos”, lo que generó la intervención inmediata de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 16 de La Plata.

De acuerdo con el reporte de 0221, en los mensajes se mencionaba con nombre y apellido a dos estudiantes de cuarto año, y se hacía referencia a un presunto tiroteo programado para el 29 de mayo de 2026 en el edificio ubicado en la calle 5 entre 22 y 24 de Punta Lara. Fuentes policiales indicaron que, tras la denuncia, la SUB DDI Ensenada colaboró en el operativo y se incautaron los elementos encontrados en el baño.

La gravedad del episodio se enmarca en una serie de hechos similares ocurridos desde el 15 de abril, cuando comenzaron a registrarse amenazas en escuelas de La Plata y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. En ese período se realizaron más de 50 denuncias en la región y la Fiscalía de Menores tenía identificados a cerca de 30 adolescentes vinculados a intimidaciones previas.

En paralelo, la preocupación se extendió al ámbito universitario. 0221 consignó que estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata denunciaron la aparición de una amenaza de tiroteo escrita en una de las paredes del edificio. Las autoridades universitarias ya intervienen para esclarecer el hecho y determinar el origen de la advertencia.

La Escuela Secundaria N°7 de Punta Lara permanece bajo vigilancia especial mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por el momento, la investigación se concentra en identificar a los responsables de los mensajes y en determinar si existe algún vínculo con la cadena de amenazas que afecta a instituciones educativas de la zona.

En los últimos meses, las amenazas de tiroteos y ataques en escuelas argentinas muestran un aumento sostenido y preocupan a las autoridades educativas y judiciales. Datos recientes indican que desde abril de 2026 se produjeron más de 60 amenazas de tiroteo en establecimientos de distintos puntos del país, superando ampliamente los registros de años anteriores. El fenómeno, que muchas veces se origina en plataformas digitales o redes sociales, ha llevado a la activación de protocolos de emergencia y a la revisión de medidas de seguridad en cada distrito.

Las consecuencias judiciales por este tipo de amenazas varían según la edad de los involucrados. A partir de una reforma legislativa aprobada en febrero de 2026, la edad de imputabilidad en Argentina bajó de 16 a 14 años, lo que implica que adolescentes desde esa franja pueden enfrentar procesos penales.

Aquellos menores de esa edad, aunque no resulten penalmente responsables, quedan sujetos a la intervención de los Tribunales de Familia y pueden recibir sanciones socioeducativas, además de la notificación y convocatoria a sus padres o tutores. En algunos distritos, se han sancionado a padres de menores no punibles o se les ha imputado responsabilidad civil y económica, incluyendo el cobro de los costos de los operativos policiales desplegados por falsas alarmas.

Las autoridades remarcan que toda amenaza se investiga como un delito, sin distinción de edad, y que la respuesta institucional busca equilibrar la protección de la comunidad educativa con la responsabilidad penal y civil de quienes promueven o reproducen este tipo de conductas.

Otra amenaza en un colegio de Entre Ríos

Una alerta del FBI permitió que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos neutralizara una posible amenaza de atentado contra la Escuela Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná, tras detectar mensajes atribuidos a un menor que expresaban la intención de atacar con armas de fuego a estudiantes y luego quitarse la vida.

El aviso internacional llegó el jueves 28 de mayo a través de representantes del FBI de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y fue canalizado por la Agencia Nacional de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia. La amenaza se había publicado en la plataforma Discord y mencionaba de forma explícita un ataque dentro del establecimiento.

Tras el reporte, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo General de Educación conformaron una Mesa de Situación Interagencial para coordinar medidas preventivas e investigativas, según el mismo medio. En ese marco, las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de clases durante el viernes 29 de mayo.

Según UNO Entre Ríos, la investigación permitió identificar al menor, el domicilio y la escuela mencionada. Con intervención judicial, durante la madrugada de ese viernes se realizó un allanamiento en la vivienda del alumno, con resultado negativo en la búsqueda de armas de fuego, y se secuestraron dispositivos informáticos y teléfonos para peritajes.

Comenzó el juicio contra Marcelo Alejandro Saleh por el crimen de Ayelén Arredondo a cinco años del hecho que ocurrió en La Plata. Durante la primera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal V, declararon el acusado y los padres de la joven. La fiscal de juicio Viviana Arturi pidió prisión perpetua para el principal acusado.

El veredicto se conocerá en los próximos días y definirá si la Justicia considera probado que el caso encuadra como “homicidio criminis causa”, una figura del Código Penal aplicada cuando una persona mata para consumar otro delito, ocultarlo o garantizar su impunidad, o si corresponde una calificación menor. Ayelén Arredondo tenía 23 años, estudiaba Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y era ayudante de la Cátedra III de Derecho Romano.

El caso se remonta al 21 de abril de 2021, cuando los padres de Ayelén, salieron de su casa cerca de las 5 para viajar a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido otro hijo de la pareja. El traslado lo hizo el remisero de confianza de la familia, que debía esperarlos durante la visita y luego llevarlos de regreso.

Como no podían ingresar sus pertenencias al penal por razones de seguridad, dejaron dentro del Volkswagen Polo una riñonera con celulares, documentación, dinero y las llaves de la casa. Mientras la pareja seguía en la visita, el conductor tomó esos objetos y fue hasta la vivienda familiar de la calle 75 entre 21 y 22, en el barrio Altos de San Lorenzo, con el objetivo de robar, según reconoció ante los jueces.

El padre de Ayelén sostuvo que conocía a Saleh desde hacía años porque era quien hacia regularmente los viajes familiares a Florencio Varela y afirmó que el imputado conocía la vivienda y sabía que su hija vivía allí. En una de las audiencias, el padre expresó: “Quiero que vaya una perpetua esta lacra”. La madre de la joven también pidió justicia y acompañó el reclamo de una condena ejemplar.

La acusación sostuvo que el remisero entró a la vivienda familiar con fines de robo y que, al encontrar a Ayelén dentro de la casa, decidió matarla para no ser descubierto. Saleh está detenido desde el mismo día del hecho. Tras el ataque, el acusado huyó y un vecino lo persiguió después de verlo ensangrentado, según El Día. Ese testigo logró interceptarlo en 24 y 75 hasta que llegó la Policía.

La defensa del acusado por homicidio

Durante el debate oral, el propio imputado reconoció haber ingresado a la casa para robar y admitió que golpeó a la víctima con una barreta de hierro. En su declaración afirmó que el ataque ocurrió durante un forcejeo inesperado y dijo que comenzó a “barretear para todos lados”.

La fiscal Arturi rechazó esa reconstrucción, considerando las lesiones sufridas por la joven y la violencia del ataque no son compatibles con esa versión. Además, la autopsia determinó que Ayelén Arredondo murió por traumatismos craneales graves causados con un elemento contundente. Ese dato es uno de los ejes con los que el Ministerio Público sostuvo el pedido de la pena máxima.

La defensa oficial, encabezada por Juan Manuel Fernández, pidió una calificación distinta y rechazó el “homicidio criminis causa”. Solicitaron que el caso sea considerado como “homicidio en ocasión de robo”, una figura que prevé una pena temporal y menor que la perpetua.

Fernández argumentó, según El Día, que no quedó acreditado que Saleh hubiera matado con el objetivo específico de asegurar el robo o evitar ser identificado, sino que la muerte ocurrió en medio de un episodio violento derivado del ilícito. En esa línea, cobró relevancia una frase del acusado ante el tribunal: “Pensé que estaba desmayada”.

La profundización de las bajas temperaturas ya tuvo un impacto inmediato en el sistema energético de localidades como La Plata, Berisso y Ensenada, donde los automovilistas que utilizan GNC como combustible principal comenzaron a enfrentar restricciones en el abastecimiento.

Según informaron voceros de Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones durante el mediodía del jueves que anticipaban la suspensión del suministro.

En consecuencia de esta medida, a partir de este viernes, las estaciones alcanzadas por la notificación ya no podrán despachar GNC. Asimismo, los representantes de la distribuidora de gas explicaron que la decisión responde a “problemas estructurales del sistema” y a la necesidad de realizar cortes en varias estaciones, tal como lo prevé la normativa en períodos de alta demanda.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, los primeros en advertir la situación fueron taxistas y remiseros, quienes expresaron su preocupación por la restricción. De esta manera, se estima que, al menos, un total de diez estaciones de servicio continuarán en funcionamiento en esa región de la provincia.

Sin embargo, las autoridades indicaron que deberán funcionar bajo un régimen de cupos diarios limitados. En este sentido, una vez que alcancen el tope de metros cúbicos asignados, la venta deberá suspenderse hasta el día siguiente.

En el caso de La Plata, seguirán habilitadas las estaciones de 137 y 529, 72 entre 131 y 132, 44 y 159, 44 y 166, 520 entre 161 y 163, 44 y 143 y Camino Centenario y 403. Mientras que en Berisso, la única que mantendrá el servicio está en 158 N°200, en Ensenada continúan operativas las que se sitúan en 122 N° 698 y Quintana N° 102.

En este contexto, desde la empresa advirtieron que la situación se evalúa “día a día” y que, si persisten las bajas temperaturas, no hay certezas sobre el momento en que pueda normalizarse el servicio en el resto de las estaciones afectadas.

La restricción a la venta de GNC se trata de una medida que buscaría evitar la caída en la presión de los gasoductos, un fenómeno que podría producirse al verse alentado por las bajas temperaturas propias de la temporada del año.

Según las regulaciones en vigencia, el sistema de despacho nacional prioriza la distribución de gas a los hogares, hospitales y escuelas, es decir, los sectores que son considerados como “demanda prioritaria”. Por este motivo, la sobreventa por parte de las estaciones los obligaría a pagar una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper. Para obtener el costo total, se deberá multiplicar esa cifra por la cantidad de metros cúbicos excedidos.

Por otro lado, la restricción llega en un contexto de fuerte crecimiento del parque automotor a GNC en el país. Tras una década de retroceso, con conversiones que pasaron de 188.000 en 2015 a 59.000 en 2025, según datos de ENARGAS, el sector comenzó a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026.

De la misma manera, el incremento de los precios de los combustibles líquidos, que registraron saltos de hasta el 23% tras el estallido de conflictos en Medio Oriente, incentivó a miles de conductores a volver a optar por el gas para abaratar los costos de logística y transporte.

Solo en marzo de este año se realizaron 7.300 conversiones a GNC, lo que representó un aumento del 40% respecto a febrero y un 70% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Aunque la Argentina cerró el primer trimestre de 2026 con un superávit energético de USD 2.405 millones, el mayor de su historia reciente, el país no puede prescindir de las importaciones de gas natural licuado (GNL) durante los meses de invierno. Esta paradoja se explica por una cuestión estructural, debido a que la red de transporte carece de capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los grandes centros de consumo.

El GNL funciona como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales, aunque la mayor parte del volumen importado está destinado a la industria, no a los hogares. Esto ocurre porque, aunque Argentina cuenta con una producción relevante de gas, la infraestructura actual no permite atender toda la demanda interna en los picos de consumo invernal, haciendo inevitable la importación para sostener la actividad industrial y evitar interrupciones en el abastecimiento.

Tras meses de investigación, un hombre de 43 años fue detenido en Berisso acusado de participar de un violento ataque el pasado 22 de febrero. Durante el episodio, la víctima fue golpeada con una llave de rueda en la ciudad de La Plata. Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso, la captura se logró realizar por el seguimiento de la causa de los efectivos.

La causa está caratulada como “homicidio por ensañamiento, alevosía o insidia en grado de tentativa”, de acuerdo con 0221. El hecho tuvo como víctima a un hombre atacado en la puerta de su vivienda, que sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde quedó internado inconsciente.

El operativo estuvo a cargo de personal de la comisaría Primera, junto al GTO de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Berisso y efectivos del Comando de Patrullas. La detención se concretó durante las últimas horas, en la zona de 162 Norte entre 30 y 31 donde también fue secuestrado un Citroën C3 Picasso gris. La investigación es llevada adelante por la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

Otro ataque brutal en Berisso

Braian Emanuel Medina, nieto de Juan Pablo “Pata” Medina, fue apuñalado con una botella rota durante un cumpleaños en Berisso el sábado 16 de mayo y quedó internado fuera de peligro en el Hospital Larrain. El caso es investigado como “lesiones” por la Unidad Funcional de Instrucción N°15, mientras el agresor sigue sin ser identificado.

El ataque ocurrió en las instalaciones del Club Estrella, donde se desarrollaba la celebración. De acuerdo con las versiones policiales, una discusión entre Medina, de 31 años, y otro hombre escaló hasta que el agresor usó una botella rota y le provocó cortes en el abdomen.

Amigos de la víctima lo trasladaron al Hospital Larrain, donde recibió curaciones y quedó en observación, aunque fuera de peligro, según 0221. Desde el centro de salud, los médicos de guardia avisaron a la Policía Bonaerense para informar lo ocurrido. Las autoridades policiales se acercaron al hospital para tomarle testimonio a Medina e intentar reconstruir cómo ocurrió el episodio, sin lograr incorporar datos relevantes para la investigación.

La noticia del apuñalamiento de Medina, se cruza con otro expediente judicial que ya tenía a Braian bajo investigación. Según 0221, el nieto del ex titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) está imputado en una causa por presuntas amenazas y aprietes en distintos obradores de La Plata.

Ese expediente avanza en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que fijó el juicio oral para el 8 de junio de 2026. En esa causa también están acusados Kevin Uriel Parrado y Gonzalo Rodrigo Pared. La investigación se abrió a partir de denuncias de empresas constructoras y trabajadores en medio de la disputa interna de la UOCRA en la capital bonaerense.

Uno de los hechos centrales del expediente ocurrió el 11 de abril de 2022 en la obra de extensión del Tren Universitario, en 72 entre 13 y 14: un grupo irrumpió en ese obrador para exigir puestos de trabajo y estaba encabezado por Medina. Durante ese reclamo, siempre de acuerdo con la acusación, se habrían lanzado amenazas contra encargados y obreros que estaban en el lugar.

El fiscal Martín Almirón pidió la elevación a juicio oral por el delito de amenazas agravadas. La defensa rechazó las acusaciones y negó cualquier episodio violento. Por su parte, Medina reconoció haber participado de reclamos sindicales, pero sostuvo que nunca hubo intimidaciones ni uso de armas. Parrado también quedó alcanzado en una serie de expedientes vinculados con la disputa interna del gremio de la construcción.

Este martes comenzó el juicio por el crimen de Ayelén Estefanía Arredondo, ocurrido en La Plata en abril de 2021. La joven estudiante fue hallada sin vida en su casa del barrio Altos de San Lorenzo y por el hecho está imputado un remisero de confianza de la familia.

La primera audiencia tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) V de la ciudad capital, con la declaración del principal imputado y el testimonio de los padres de la víctima, quienes reclamaron la pena máxima, según informó El Día.

Todo comenzó cuando los padres de la joven de 23 años salieron de su casa ese 21 de abril cerca de las 5 de la mañana y se subieron al VW Polo de Marcelo Alejandro S., con destino a la Unidad Penitenciaria Nº 42 de Florencio Varela, donde estaba detenido su otro hijo.

El chofer debía esperarlos durante el tiempo que durara la visita y luego regresarlos a su casa; por eso la pareja había dejado las pertenencias adentro del vehículo debido a que no podían ingresarlas al penal por las medidas de seguridad.

Mientras los padres de Ayelén continuaban en la visita, el conductor tomó las llaves de la casa que se encontraban junto a una riñonera con los celulares, documentación y un poco de dinero y se dirigió a la calle 75 entre 21 y 22 de la localidad platense, con el objetivo de cometer un robo. Así lo reconoció el propio imputado ante los jueces.

Ese día, la estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se encontraba en la vivienda cuando el individuo llegó. Alrededor de las 10, un vecino observó a un hombre que abandonaba la vivienda de la familia Arredondo, con un bolso y una actitud sospechosa. Para verificar que todo estuviera en condiciones normales, el testigo subió la escalera que conecta la calle con el departamento de dos ambientes de la pareja y, al mirar por la ventana, vio el cuerpo de una mujer con rastros de sangre. Inmediatamente, pidió ayuda a otras personas y se subió a su camioneta para buscar al hombre. Lo encontró caminando cerca de la intersección de las calles 24 y 75.

Dieron aviso a la Policía y lo retuvieron hasta que un grupo de efectivos de la Comisaría 8va lo aprehendió en el lugar. De acuerdo a lo trascendido, en el bolso había casi 10 mil pesos en efectivo; también guantes y una barreta de hierro.

La autopsia

El cuerpo de la joven fue hallado sobre un sillón manchado de sangre, frente al televisor encendido. Presentaba múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, que no lograron reconocerla incluso llegaron a pensar que se trataba de la madre. Intentaron sin éxito comunicarse con el esposo, pero seguía adentro del penal.

Poco después la visita terminó y se encontraron con que el remisero que los había llevado ya no estaba y tampoco sus pertenencias. Tomaron otro auto de regreso y al llegar los notificaron de lo ocurrido. La autopsia determinó que la estudiante murió como consecuencia de graves traumatismos craneales provocados por un objeto contundente.

Al momento del crimen Marcelo Alejandro S. tenía 55 años, estaba domiciliado en el Barrio UOM de la ciudad de Ensenada y trabajaba en una remisería de la zona. En la investigación se supo que había sido despedido, supuestamente, tras ser acusado de un robo un dato que la familia de Ayelén desconocía. Él les había facilitado su número particular para que lo contacten para el viaje.

Fuentes del caso informaron a este medio que el hombre tenía antecedentes por robo calificado en La Plata. Fue condenado por un hecho ocurrido en 2011 y recuperó la libertad en 2018.

Un grupo de delincuentes se metió en una vivienda del barrio La Loma en La Plata y en una hora y media se llevó dinero, dispositivos electrónicos, ropa, entre otros elementos de valor.

La víctima relató que el robo comenzó minutos antes de las 14, cuando uno de los delincuentes logró violentar la puerta principal e ingresar al inmueble. Estando adentro, revisó los distintos ambientes de la vivienda y agarró una suma considerable de dinero en efectivo, una computadora tipo CPU, relojes de alto valor y varias prendas de vestir.

Lo que más indignó a la familia es que redujeron al perro de la casa mediante alguna sustancia, lo que hizo que el animal no reaccionara. La propietaria explicó que se trata de un animal de gran tamaño.

A los 45 minutos de estar revolviendo la casa, un vehículo Toyota Corolla de color blanco se detuvo frente a la vivienda. Del automóvil descendieron varios cómplices, quienes ayudaron a sacar los elementos de adentro. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el grupo permaneció en el lugar hasta las 15:24, momento en que abandonaron la escena a toda velocidad llevándose el botín.

La familia formalizó la denuncia en la comisaría Cuarta de La Plata. Las autoridades policiales comenzaron inmediatamente el análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada por la banda.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Día, uno de los datos clave surgidos tras el hecho es que el Toyota Corolla blanco en el que se trasladaban los delincuentes tendría un pedido de secuestro activo.

Robaron las tarjetas de crédito y se fueron de compras

El robo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en 140 entre 35 y 36, del barrio en San Carlos de La Plata, a comienzos del mes pasado.

El hecho ocurrió cuando delincuentes aprovecharon la falta de movimiento en la zona para ingresar al frente de la propiedad, revisar una camioneta estacionada y llevarse documentos y objetos de valor. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio.

La víctima ya había sufrido un hecho similar tiempo atrás cuando le robaron el auto. En esta oportunidad los ladrones accedieron nuevamente al predio, abrieron el vehículo y sustrajeron pertenencias personales. La reiteración del ataque generó alarma entre los residentes del barrio, que manifestaron su preocupación por la situación de inseguridad en la zona.

Las imágenes captadas por los dispositivos de videovigilancia muestran a uno de los sospechosos escapando del lugar con una bolsa que contenía los elementos robados. El delincuente saltó por encima de la reja de la vivienda y huyó sin ser advertido por transeúntes o autoridads.

Tras concretar el robo, uno de los implicados se dirigió a un almacén cercano, ubicado en 32 y 137, donde utilizó una tarjeta bancaria robada de la vivienda para realizar compras. Según se informó, el hombre llegó al local e intentó abonar productos utilizando el plástico sustraído minutos antes.

En el comercio, el vendedor le pidió el DNI para finalizar la operación. Esta maniobra fue detectada posteriormente por la damnificada, quien al advertir movimientos en su cuenta bancaria y revisar las grabaciones, constató que su documentación había sido utilizada tras el robo.

Antes de morir, cuando todavía se encontraba vital, el odontólogo y femicida Ricardo Barreda le manifestó a su biógrafo, el periodista y actor Pablo Marti Krenz, cuál era su voluntad para el día que dejara de existir. Basado en su fanatismo por Estudiantes de La Plata, le pidió que solicitara el permiso para que sus cenizas fueran esparcidas en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, “tierra sagrada”, como la definió Carlos Bilardo, emblema del “pincharrata”.

Krenz se tomó un tiempo para responderle y buscó en su mente la manera de decirle que no era la mejor idea. De manera sutil, le sugirió que seguramente iban a surgir resistencias de parte de los socios y simpatizantes de la institución. Barreda lo miró fijo a los ojos y comprendió la respuesta acerca de lo improbable que sería que las autoridades del club autorizaran semejante pretensión de un hombre que había matado a sus dos hijas, su esposa y su suegra. Entonces acordaron que lo mejor sería hacerlo en el mar o a orillas del río Salado, donde solía ir a pescar con frecuencia.

Barreda aceptó el cambio pese a que Estudiantes era el club de sus amores. Es más, aquel trágico domingo 15 de noviembre de 1992, se había despertado de muy buen humor, pensando en escuchar por radio el partido que Estudiantes de La Plata jugaría por la tarde con Independiente en Avellaneda.

Le tenía fe al equipo que entonces dirigía el uruguayo Luis Garisto. Y no se equivocó con su optimismo porque El Pincha terminó ganando por 1 a 0 con gol del uruguayo Alejandro Larrea Marsol. Pero sucedió algo imprevisto, los planes de toda la familia para esa jornada de descanso terminaron a los tiros, y el hecho pasó a ser uno de los crímenes más espeluznantes de la Argentina.

La tarde del cuádruple femicidio

El odontólogo dedicaba los fines de semana para descansar. Ese día en particular, se dedicó a podar la parra del patio. Ya había pasado el plumero en parte del techo de la casona de calle 48 entre 11 y 12 porque le daba fastidio que se acumularan telarañas e insectos.

Se cruzó en su camino su hija Cecilia, que por entonces tenía 26 años. La joven intentó una broma, quizás: “Parece que Conchita –mote peyorativo con el que según él lo clasificaban su propia familia tal como lo confió ante la justicia- se levantó temprano y se puso a trabajar”. Todo terminó de la peor manera.

Su padre se detuvo de inmediato y volvió sobre sí mismo para cambiar de destino. Dejó la tijera y tomó una escopeta Víctor Sarasqueta calibre 16 que le había obsequiado su suegra. Sin dudarlo, la sostuvo con sus dos manos y empezó a caminar por el amplio pasillo que llevaba al living.

La primera en aparecer en su camino fue Gladys Mac Donald, su mujer, y la mató con dos disparos. Luego continuó con Cecilia, a quien ejecutó de tres tiros. Cuando asomó Adriana, su hija preferida, fue alcanzada por dos balazos. Espantada por los estruendos se acercó corriendo y en camisón su suegra, Elena Arreche y con ella tampoco le tembló el pulso para finalizar la masacre.

La condena al femicida

En 1995, el odontólogo terminó condenado a prisión perpetua por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo –tres hechos- y homicidio simple, todos en concurso real”, ya que entonces no existía la figura de femicidio. Ya antes de 2006, cuando cumplió 70 años, Barreda venía pensando cómo solicitar el beneficio del arresto domiciliario. Pero tenía un problema, como había matado a toda su familia no podía establecer un domicilio y alguien responsable que le brindara refugio.

No se sabe si fue casual o intencional, pero empezó a saludar y dialogar con una mujer, docente de profesión, que cada tanto iba de visita a la cárcel a ver a un pariente. Se llamaba Berta André y también dedicaba un tiempo para charlar con él antes de retirarse. Así entablaron una relación que terminó en romance, y en 2008 le otorgaron la domiciliaria. Entonces Barreda salió en libertad de la prisión de Gorina en La Plata y pasó a residir en el barrio de Belgrano con su enamorada.

Pero la trataba tan mal que en 2014 le revocaron el beneficio y ordenaron volver a detenerlo en la cárcel de Olmos por resolución del juez Raúl Dalto, que calificó de peligrosa la relación y no se equivocó ya que la mujer falleció en 2015 sumida en una profunda depresión.

Los últimos días de Barreda

Barreda se desesperó. Pero tuvo la suerte de que a fin de ese año la justicia determinó que había cumplido su condena. Luego de salir en libertad anduvo por varios lugares y se refugió en un hospital de General Pacheco hasta que lo terminaron echando porque fingía alguna que otra enfermedad para quedarse allí.

En el último tiempo se instaló en San Martín, primero en el Hotel España, ubicado en el Boulevard 25 de Mayo a metros de la transitada peatonal Belgrano. Hasta que una tarde se desvaneció y terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón donde permaneció hasta que fue trasladado a través de PAMI al Hogar Geriátrico del Rosario de José C. Paz, donde falleció el 25 de mayo de 2020 a los 84 años.

A partir de allí el tema de su herencia fue lo que empezó a generar polémicas. La casona donde ocurrieron los crímenes terminó expropiada por ley el 15 de noviembre de 2012 al cumplirse 20 años de la matanza y declarada de utilidad pública como símbolo y respuesta a la violencia contra las mujeres, pasando a ser patrimonio de la Municipalidad de La Plata. A propósito de esto, Barreda había presentado por intermedio de sus abogados una contrademanda que resultó infructuosa.

La herencia de Barreda

Como Barreda había sido declarado indigno por haber matado a su familia, no podía heredar la mitad del inmueble que le correspondía a su esposa. Pero sí tenía derecho a cobrar su mitad. Mientras estuvo con vida siempre lo intentó. Ese era su objetivo. Así lo explica a Infobae Marti Krenz: “Ningún asesino pierde los derechos de propiedad sobre su vivienda. Se lo condena y debe cumplir la pena. Cuando sale el inmueble le sigue perteneciendo. Por eso él estaba esperanzado en cobrar y trataba de acelerar ese trámite, pero la muerte se lo impidió”, aclara.

El femicida dejó firmado dos testamentos. Uno era a favor de su abogado de siempre, Eduardo Gutiérrez. El otro testamento beneficiaba a un psicólogo del Patronato de Liberados de apellido Clara.

Cuando Barreda muere se inicia la sucesión en el Departamento Judicial de San Martín. La justicia citó a ambos. Gutiérrez, el abogado se presentó con su testamento, que como es posterior al del psicólogo, es el que tendría validez.

El tema es que al fallecer Gutiérrez se provocó otra sucesión y otra complicación extra. Así, la justicia deberá dirimir a quién le corresponde realmente esa parte.

También surgió una casa en Mar del Plata que forma parte del patrimonio. Cuando a Ricardo Barreda lo detienen y luego lo condenan a prisión perpetua terminó usurpada y en ese estado se encuentra hasta la actualidad. En “La Feliz” vivía otra de sus amantes, además de las ya conocidas, la pitonisa Pirucha Guastavino y Nilda Bono, con quien se fue a un hotel alojamiento para tener sexo la noche de los crímenes, minutos después de la masacre. La marplatense se llamaba Ester y con ella solía compartir sus escapadas cada verano.

Lo concreto es que desde que Barreda enfermó gravemente y luego murió, el único que se acercó en esos momentos críticos fue Pablo Marti Krenz, quien en los últimos años de vida del odontólogo se ganó su confianza.

Como periodista, Krenz registró más de veinte horas de testimonios grabados con imágenes inéditas que hasta hoy la gran mayoría no trascendieron. Y cuando falleció, a él le comunicaron su muerte desde el hogar de ancianos.

Desde entonces es quien afronta año a año los gastos de mantenimiento de la sepultura en el cementerio: “Lo acompañé en su traslado al geriátrico del Rosario de José C. Paz donde además firmé como responsable. Más allá de los crímenes aberrantes que cometió, al momento de conocerlo ya había pagado su condena y yo no era quien para juzgarlo. Como cronista hice un trabajo profesional y sentí un compromiso cuando murió atento a que él me brindó su confianza y me contó infinidad de cosas que no se saben y que estoy volcando en un libro que ya pasó a corrección. Entre ellas que su anhelo era que arrojaran sus cenizas en la cancha de Estudiantes de La Plata. Hasta que logré convencerlo que no era una buena idea porque el solo proponerlo iba a provocar todo tipo de reacciones en contra”.

-¿Usted fue quien se hizo cargo también de la cruz y la placa que reza en su tumba en el cementerio: “Ricardo Alberto Barreda, arrepentido de mis pecados cometidos”.

-Es así, y hoy estoy tratando que desde el geriátrico donde falleció, su encargada, María González, se comunique con el cementerio porque ella figura allí como “familiar a cargo”. Necesito que pida que me coloquen a mí en ese lugar porque soy el que está pagando desde la muerte de Barreda la renovación de su sepultura, pero no logro que me atiendan, como le sucede a Inés, una amiga de él de muchos años. Si esto no sucede, en dos años se termina el plazo para que esté en tierra, no lo vamos a poder cremar porque no figuramos como parientes responsables ninguno de los dos, y Barreda va a terminar en una fosa común”.

Así las cosas, el destino final del femicida es incierto, un verdadero e insondable infierno.

Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar figuritas del Mundial 2026 a través de Internet. La mujer perdió 135 mil pesos, luego de una operación realizada mediante WhatsApp con una presunta distribuidora local.

El episodio ocurrió el 12 de mayo, cuando el hermano menor de la víctima, de 16 años, le compartió el contacto de un supuesto comercio que aparentaba tener en promoción los sobres de figuras para completar el álbum de la Copa del Mundo.

Tras confiar en la legitimidad del negocio, la mujer acordó la compra de una caja con cien paquetes y realizó el pago mediante una transferencia desde la aplicación de una billetera virtual. Según trascendió, la cuenta que recibió el dinero estaba registrada a nombre de otra mujer.

Luego de que la compradora enviara el comprobante de la transacción y el número de orden a los supuestos vendedores, estos cortaron todo tipo de comunicación al recibir el dinero. Según la información publicada por el medio platense 0221, la víctima relató que, al no obtener respuestas, decidió presentarse personalmente en la dirección comercial que figuraba en el perfil utilizado para promocionar la venta.

Al llegar al lugar, los empleados le informaron que allí funciona un depósito de otra empresa sin relación con la comercialización de figuritas del Mundial 2026. Además, le indicaron que otras personas ya habían acudido con reclamos similares por operaciones realizadas mediante ese mismo contacto.

La denuncia fue presentada ante las autoridades, quienes investigan el caso como parte de una modalidad de estafas vinculadas a la venta online de productos relacionados con eventos deportivos. Según el testimonio de la víctima, los presuntos estafadores utilizaron canales digitales y datos comerciales ficticios para captar compradores.

Intentó fugarse ebrio en la Ruta 7: llevaba contrabando de figuritas y álbumes del Mundial 2026

Un ciudadano peruano fue detenido en la madrugada del 20 de mayo en la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, tras protagonizar un intento de evasión de un control vial de Gendarmería Nacional.

El hecho se produjo cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” advirtieron que un Ford Focus proveniente de Chile circulaba con las luces apagadas. Al pedirle que se detuviera, este aceleró, embistió el dispositivo policial y escapó, lo que motivó un seguimiento controlado por parte de los efectivos.

En ese momento, el conductor, en estado de ebriedad, perdió el control del vehículo y volcó a pocos kilómetros del lugar. Quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser auxiliado por los agentes, quienes confirmaron su estado etílico.

Durante la inspección, se descubrió que transportaba una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuada en más de 17 millones de pesos argentinos, según informaron fuentes del caso. La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el procedimiento, ordenando el secuestro tanto del vehículo como de la mercadería, que quedó a disposición del personal de Aduana.

De la misma manera, se solicitó la verificación del domicilio del conductor, el control de antecedentes y la emisión de una alerta migratoria. El detenido fue trasladado a la Comisaría N° 23 de la provincia de Mendoza, donde permanece alojado mientras avanza la investigación.

El nuevo álbum del Mundial 2026 está a la venta desde principios de mayo y presenta precios récord: el ejemplar se comercializa a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas cuesta $2.000. En la edición anterior, el valor del sobre era de 150 pesos.

Para contextualizar el incremento, en el Mundial de Rusia 2018, el álbum costaba $50 y el sobre 15 pesos. En Qatar 2022, los precios ascendieron a $750 y $171, respectivamente. Para 2026, el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos, lo que supone un incremento del 1.900% en el precio del álbum y una multiplicación por 13 en el costo de los sobres respecto de la edición anterior.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el delincuente fue detenido en la localidad de Quilmes, luego de una investigación que incluyó análisis de cámaras y un seguimiento.

El hecho que originó la investigación ocurrió el 19 de abril pasado, cuando cinco hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda de la calle 133 entre 44 y 45, en La Plata, y redujeron a sus dueños. Sustrajeron dinero y objetos de valor.

Los asaltantes escaparon rápidamente, pero la policía local logró interceptar poco después el auto Chevrolet Spin, en el que viajaban dos de ellos: identificados con los apellidos de Soto Gómez y Reyes, quienes fueron aprehendidos y trasladados a sede judicial, junto con elementos que los vinculaban al robo.

A partir de ahí, la DDI La Plata se hizo cargo de la investigación por disposición de la UFIJ Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien tiene a su cargo el expediente.

La investigación avanzó rápidamente y gracias a los primeros trabajos de los detectives bonaerenses, se logró identificar a un delincuente de nombre Marcelo Ezequiel Gómez como uno de los autores. La clave fue el hallazgo de una huella en la escena. Fue así que lograron establecer que tenía domicilio en la zona de Lanús, aunque sin encontrarlo todavía.

La investigación no terminó allí: de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el análisis de cámaras y otros elementos permitió establecer la participación de Salvatierra, quien ya poseía antecedentes penales por diversos delitos.

El 1 de mayo pasado, por orden judicial, se realizaron seis allanamientos para lograr detención de Gómez y Salvatierra. En esos procedimientos, la policía secuestró una Chevrolet Captiva con pedido de secuestro activo por hurto automotor, una gorra utilizada por Salvatierra el día del robo, zapatillas y un celular de interés para la causa.

El Fiscal dispuso continuar con las tareas para localizar a los prófugos vinculados a la organización. Paralelamente, se relevaron testimonios y analizaron más cámaras de seguridad.

El 21 de mayo, la Policía profundizó las tareas investigativas y determinó que Salvatierra se hallaba en un departamento alquilado desde hacía quince días, en la calle Conesa entre Moreno y San Martín, en la zona del centro de Quilmes. El sospechoso utilizaba una camioneta Volkswagen Tiguan para movilizarse. Se montó una vigilancia encubierta y, tras observarlo salir del edificio, fue arrestado cuando paseaba a un perro. En su poder se secuestró un celular.

La Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia en el departamento y la requisa del vehículo. Allí fueron identificados y detenidos Brenda Cantero y Maximiliano Alejandro Osorio. Osorio tenía un pedido de captura activo por robo, emitido el 22 de marzo de 2023 por el Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata.

Durante el procedimiento se incautaron una pistola Bersa con pedido de secuestro activo por robo agravado del 18 de febrero de 2026, seis cargadores de pistola, un corta hierro hidráulico tipo tijera, 97 municiones calibre 9 mm,129 municiones calibre 22, cartuchos de escopeta, un ladrillo de cocaína de 940 gramos, una bolsa de 139 gramos de cocaína, la Tiguan sin impedimentos legales, 14.200 dólares,7900 pesos, dos celulares y una tablet.

La UFI 20 Quilmes dispuso la aprehensión de Cantero y Osorio por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que la UFI 5 Quilmes imputó a los tres por tenencia compartida ilegal de arma de uso civil condicional.

Todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la justicia para su análisis y pericia forense, especialmente los dispositivos electrónicos y el vehículo, que fue inspeccionado por Policía Científica para relevamiento fotográfico y de rastros.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la remisión inmediata de las actuaciones y de los detenidos a sede judicial. Osorio manifestó interés en declarar ante el magistrado interviniente.

En ese sentido, las fuentes consultadas por este medio indicaron que se estableció que Salvatierra estaría involucrado en al menos tres robos armados cometidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 en La Plata, Berisso y Los Hornos.

En todos los casos, las víctimas denunciaron la irrupción de sujetos armados y encapuchados, que los redujeron y sustrajeron dinero, vehículos y objetos de valor. En uno de los hechos, sucedido el 5 de marzo de 2026 en un barrio privado de Ruta 11, los delincuentes robaron una camioneta Toyota Hilux, que fue recuperada posteriormente.

Salvatierra tiene un prontuario extenso, con causas por robo calificado, amenazas agravadas, lesiones y antecedentes de libertad en unidades penales de La Plata y Magdalena. Osorio también acumula procesos penales previos y una orden de captura vigente. Cantero, por su parte, no tenía antecedentes registrados.

Por el robo de la casa fueron imputado por robo calificado bajo la modalidad entradera y encubrimiento.

Durante la mañana del jueves, un estudiante del nivel secundario ingresó armado al Colegio Emanuel, ubicado en Lisando Olmos, La Plata. Aunque se activaron los protocolos preventivos, la institución comunicó el hecho a las familias horas después.

De acuerdo con un padre de un alumno citado por 0221, la notificación oficial llegó recién por la tarde a través de un comunicado: “Ocurrió una situación de gravedad vinculada al incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad escolar (ingreso indebido de un elemento compatible con un arma de fuego por parte de un estudiante), activándose de forma inmediata los mecanismos preventivos y de actuación correspondientes, sin registrarse situaciones de riesgo para ningún estudiante”, comienza el mensaje.

Según lo indicado por la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA, el alumno entró con “un elemento compatible con un arma de fuego”. Añadieron: “Más allá de ponerlos en conocimiento de lo sucedido, queremos transmitir tranquilidad, dado que los protocolos de prevención y concientización previstos dentro del plan de riesgo institucional continúan vigentes y resultaron efectivos ante la detección y resolución temprana de este hecho”.

La institución también informó que intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, “acompañando el proceso y realizando las actuaciones pertinentes conforme a sus competencias”. Del mismo modo, se hicieron presentes inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) para “supervisar las acciones llevadas adelante”.

En el cierre del mensaje a las familias, las autoridades expresaron: “Solicitamos especialmente a las familias, en el MARCO DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL, acompañar desde el hogar los espacios de reflexión y diálogo con sus hijos, reforzando la importancia del cuidado, la convivencia responsable y el respeto por las normas que resguardan a toda la comunidad educativa”.

El protocolo ante la violencia escolar

La provincia de Buenos Aires fijó un nuevo protocolo para actuar ante mensajes amenazantes o la presencia de armas en escuelas, una reglamentación que obliga a directivos y equipos escolares a activar de inmediato una cadena institucional de notificación y denuncia para coordinar con fiscalías y fuerzas de seguridad, con el objetivo de evitar respuestas aisladas y proteger la seguridad física y emocional de alumnos, docentes y auxiliares.

Frente a la aparición de un revólver, pistola, escopeta o un arma similar dentro de una escuela, el protocolo dispone que siempre se la considere cargada. El personal debe intentar calmar al estudiante implicado, mientras otra persona responsable se comunica con el 911 y describe la situación de forma precisa.

Si el menor manipula el arma, la indicación es persuadirlo, si resulta posible, para que la deje sobre una superficie estable y quite el dedo del gatillo. Si el arma es entregada sin resistencia, el protocolo autoriza evacuar el aula y trasladar al estudiante a otro espacio institucional para brindarle contención. También establece que nadie debe tocar ni mover el arma y que un adulto debe quedarse a resguardar el aula para impedir el ingreso de otras personas hasta la llegada de la policía.

La mera presencia física de un arma dentro de la escuela es considerada delito. Una vez superada la emergencia, corresponde la custodia policial del niño o adolescente, el llamado inmediato a su familia y la intervención directa de la fiscalía competente.

El esquema oficial también fija un criterio para la etapa posterior a la emergencia: exige intervenciones educativas y de acompañamiento en el corto y el largo plazo, con espacios pedagógicos para trabajar el tema con estudiantes, apoyo a familias y referentes afectivos, informes internos sobre el conflicto y evaluación de las acciones aplicadas.

La tarde del pasado domingo en La Plata dejó una escena que todavía genera indignación en la zona Sur de la ciudad.

Un repartidor resultó herido tras ser embestido por un auto que, después de provocarle la caída, escapó del lugar sin brindarle ningún tipo de ayuda. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia, cuyas imágenes circularon en las últimas horas y despertaron la preocupación de los vecinos.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, en las imágenes captadas muestran cómo el automovilista realiza una maniobra riesgosa en la intersección de las calles 7 y 630, en Arana, que termina desestabilizando al motociclista y arrojándolo violentamente al asfalto.

La reacción del conductor fue inmediata: lejos de detenerse para asistir a la víctima, continuó su marcha y abandonó la escena del siniestro. El repartidor quedó tendido sobre el pavimento, mientras algunos vecinos se acercaron minutos después para socorrerlo.

De acuerdo con el material difundido, el accidente ocurrió cuando el automovilista, circulando por la zona de Arana, realizó un movimiento brusco y temerario que desestabilizó al repartidor que manejaba una motocicleta. Como resultado de la maniobra, el trabajador perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada, sufriendo lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente.

En el video, se observa cómo el responsable del hecho abandona el lugar sin frenar ni intentar ayudar al repartidor herido. Testigos que presenciaron la situación confirmaron que el conductor del automóvil involucrado no solo no se detuvo, sino que aceleró su marcha y desapareció rápidamente de la escena.

Según trascendió, el accidente vial tuvo lugar el domingo, aunque recién en las últimas horas se conocieron los detalles y el registro visual que permitió reconstruir la secuencia. El material fílmico fue aportado a las autoridades para la investigación y la búsqueda del responsable.

El hecho generó malestar y preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron la falta de respuesta inmediata de parte de algunas personas que presenciaron el incidente. Aunque en el video se ve que un grupo de vecinos se acercó después para ayudar al repartidor, la demora en la asistencia y la actitud de indiferencia de otros testigos fueron señaladas como parte del problema.

Actualmente, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del automóvil implicado en el siniestro. Quienes cuenten con información precisa o datos sobre el vehículo que se dio a la fuga pueden comunicarse con la Policía para aportar detalles que permitan avanzar en la investigación.

El caso quedó bajo investigación de las fuerzas policiales locales, que analizan el video de la cámara de vigilancia y buscan testigos adicionales que puedan aportar datos sobre el automóvil involucrado. Según las fuentes consultadas, el reparto de imágenes y la difusión del caso en redes sociales forman parte de la estrategia para dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga.

Las autoridades insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana para esclarecer episodios de este tipo y destacaron que la colaboración de la comunidad es fundamental. Mientras tanto, el repartidor herido se recupera de las lesiones sufridas y permanece bajo observación médica.

La Policía continúa con la recolección de información y la búsqueda del automovilista que provocó el choque y huyó del lugar. La comunidad de La Plata permanece atenta, esperando avances en la investigación y reclamando justicia para el repartidor herido.

Es motociclista y grabó el choque de un auto contra su propia moto en La Plata

Un motociclista que trabaja como repartidor en La Plata grabó desde su propia moto el momento exacto en que otro conductor de dos ruedas fue embestido por un auto en una de las intersecciones del barrio de La Loma. El video, que el joven luego difundió en sus redes sociales, muestra el instante del impacto y sus consecuencias inmediatas.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Diagonal 73 y Boulevard 84, una intersección de tránsito frecuente en el barrio platense. El repartidor circulaba por la circunvalación con una cámara integrada a su moto cuando se detuvo ante el semáforo de ese cruce. Fue en ese instante cuando el impacto se produjo frente a su lente.

Las imágenes registran que la moto implicada en el choque también transitaba por la traza de la circunvalación cuando fue colisionada de lleno por un auto que avanzaba por la diagonal. La fuerza del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y cayó contra el asfalto.

A pesar de la violencia del impacto, el motociclista accidentado logró reponerse. El repartidor que había filmado la escena descendió de su vehículo de inmediato y asistió al hombre caído, a quien ayudó a ponerse de pie. Según lo que se desprende del video y de la descripción del propio testigo, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad.

María Irigaray representará a La Plata en la final de Miss Universo Argentina 2026, que se celebrará el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. La modelo de 31 años llega al certamen con una trayectoria de más de una década en concursos de belleza, formación universitaria en artes y música, y un perfil público que creció por su relación con el actor Darío Lopilato, con quien convive desde 2025.

La edición 2026 de Miss Universo Argentina definirá qué candidata llevará la corona nacional rumbo a la 75° edición del concurso internacional, que este año tendrá sede en Puerto Rico. En ese marco, Irigaray aparece entre las favoritas por su experiencia en competencias provinciales, nacionales e internacionales, y por una agenda profesional que combina pasarelas, comunicación y proyectos en medios.

Por qué María Irigaray es una de las candidatas a seguir en Miss Universo Argentina 2026

Irigaray ganó en marzo el título de Miss Universo La Plata y obtuvo así el pase para competir en la final nacional. Según la información del certamen, la edición 2026 comenzó el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá el próximo lunes 25, cuando se elegirá a la representante argentina.

Con 31 años, su nombre se instaló entre las participantes destacadas por un recorrido prolongado en concursos, una presencia sostenida en redes sociales y un perfil profesional que excede la pasarela. Esa combinación —experiencia previa, exposición mediática y proyectos paralelos— la ubicó como una de las figuras a observar en la definición.

Formación y perfil profesional: modelo, pianista y periodista deportiva

Además del modelaje y los certámenes de belleza, María Irigaray se formó en música y artes. Es Técnica Universitaria Instrumentista Musical en piano y licenciada en Artes y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Además, se encuentra en la recta final de la carrera de periodismo deportivo, un eje que empezó a ganar espacio dentro de su agenda pública.

En paralelo, desarrolló actividades vinculadas a la moda y la actuación. Su perfil, tal como lo presenta en entrevistas y redes sociales, se apoya en una identidad multidisciplinaria: combina interpretación musical, presencia en medios y participación en eventos del circuito de belleza.

Su trayectoria en concursos: de reinas regionales a Miss Mundo Entre Ríos

Irigaray empezó a competir a los 18 años. Su primer título fue Reina de los Carpinteros y, con el tiempo, sumó coronas en distintos certámenes: Reina Provincial del Taipero, Reina del Turf Entre Ríos y Reina Nacional del Zapallo, entre otros.

En 2016 se coronó como Miss Mundo Entre Ríos, un antecedente central dentro de su recorrido. En aquel certamen compitió con Aldana Masset, quien actualmente ostenta el título de Miss Universo Argentina. En una publicación posterior a su coronación como Miss Universo La Plata, la modelo repasó ese camino y lo sintetizó en una frase: “Hoy soy Miss Universo La Plata, pero este camino empezó hace muchos años”.

Experiencia internacional y antecedentes que suman en la competencia

La trayectoria de Irigaray no se limitó al plano local. También participó en instancias y escenarios internacionales dentro del circuito, con pasos por concursos como Miss Argentina Mercosur, Miss Model Intercontinental y Reina Hispanoamericana Argentina.

Ese recorrido suele ser leído como un activo en competencias de este tipo: le permite llegar con conocimiento de dinámica, exposición y exigencias de certámenes de alto perfil. En la final nacional buscará capitalizar esa experiencia para quedarse con la corona argentina y acceder a la instancia internacional.

Su mirada sobre los certámenes plasmado en su libro Belleza sin medida

En 2017, Irigaray publicó el libro Belleza sin medida, un texto en el que abordó el detrás de escena de los concursos: lo que ocurre fuera del foco del público y “debajo del escenario”, según explicó. “Lo escribí porque los concursos de belleza son mucho más de lo que la gente ve”, sostuvo al referirse a ese material.

En su cuenta de Instagram insistió con la misma línea: definió que “las reinas y misses son verdaderas embajadoras culturales” y atribuyó muchos prejuicios al desconocimiento. En otra reflexión, expresó: “Lo bello no necesita ser medido por un centímetro. Adquiere innumerables formas y todas ellas merecen ser admiradas”.

Próximos proyectos en medios: TV Pública y trabajo en programas deportivos

En la agenda inmediata de Irigaray aparece un proyecto televisivo: desde junio integrará el programa Iluminadas de la TV Pública junto a Iliana Calabró. Allí asumirá el rol de panelista y buscará instalar un perfil asociado al periodismo deportivo.

“Voy a estar como panelista, pero principalmente con este rol como periodista deportiva, lo que me pone muy contenta porque siento que estar en esos espacios es una conquista que la mujer está logrando”, dijo en diálogo con Radio Realpolitik FM.

Además, participa como periodista deportiva y columnista en Estamos todos locos, programa que conduce Darío Lopilato. Esa actividad le permite articular dos ejes de su carrera: la comunicación y el deporte.

Cómo empezó la relación con Darío Lopilato

La visibilidad pública de María Irigaray creció también por su relación con Darío Lopilato, actor asociado a títulos como Casados con hijos y Atracción x4. La pareja nació hace cuatro años, aunque la relación se oficializó en enero de 2023, cuando Irigaray publicó un mensaje por el cumpleaños del actor.

La foto correspondía al festejo del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina ganó su tercera estrella. “¡Feliz cumple mi amor! El más bueno y talentoso. Te admiro tanto. Te amo. Sí, con vos me fui mundial”, escribió ella. Lopilato respondió en la misma línea: “te amo bella!!!”.

La pareja dio el paso hacia la convivencia en 2025 y suelen mostrarse juntos en redes sociales, con posteos de viajes, actividades deportivas y piezas de humor vinculadas a campañas publicitarias. En los días previos a la final de Miss Universo Argentina, también compartieron una aparición pública: asistieron a la gala de los Martín Fierro de Televisión en el Hotel Hilton.

En esa ceremonia, Lopilato estuvo nominado en la categoría “Labor Humorística” por su trabajo en Viralizados (América). Irigaray, en tanto, acompañó al actor y lució un vestido nude con cola de sirena y destellos plateados, en una postal que sumó exposición para la representante platense a pocos días de su presentación en la final nacional.

Se trata de Nicolás Gustavo Emanuel Coria, 21 años, oriundo de Melchor Romero, detenido en la Unidad N°18 de Gorina, con dos causas en su historia por robo a mano armada. Lo sigue Tobías Leonardo Monzón, 23 años, domicilio en Ensenada, encerrado en la Unidad N°61 de Melchor Romero. Su historial revela causas en su contra por robo calificado y tentativa de homicidio.

Anton Daniel Monzón, su hermano, de 32 años, está irónicamente registrado como kiosquero en ARCA; changarín si le pregunta, se encuentra preso en Olmos por homicidio agravado. Sigue en la lista Franco Nicolás Rodríguez detenido en Olmos también, con otra causa por robo.

Así, el área de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense entró a sus celdas tras casi tres años de investigación en su contra. La fiscal Cecilia Corfield de la UFI N°15, los acusa de conformar una asociación ilícita que se convirtió en una verdadera pyme del delito en la capital provincial, supuestos expertos en entraderas todos.

Hay diez acusados identificados en la causa: Ignacio Camilo Pugliese, el primero en la lista de la fiscal Corfield, fue detenido esta semana también.

La banda, aseguran investigadores del caso, comenzó en la calle y continuó desde prisión, con inteligencia y directivas enviadas desde las celdas. Se nucleaban en torno a un grupo de WhatsApp, llamado “El 79″, el número que representa al ladrón en la quiniela.

Sus teléfonos -incautados en diversos allanamientos- los delataron, con audios que ilustran esta nota, charlas obvias sobre “salir a laburar”, marcar a un vecino que vive “con la jermu y tres pibes”, o a otro vecino “con una Ranger toda brillante”. El grupo, como toda banda bonaerense de ladrones, era ciertamente ambicioso. En otro audio, que es parte de esta nota, uno de sus miembros agitaba a otro para recolectar “un par de millones largos”.

Sus stories de Instagram muestran el altar a un hampón muerto al que le ofrendaban velas y licor, cuchillos y pistolas. Uno de ellos hasta firmaba documentos en prisión con ese número. El show obsceno en redes continuaba con chicanas entre ellos, poses con pistolas, cosas así. “Soy un real bandido, no tu príncipe azul”, decía Tobías Monzón.

Las entraderas no eran lo único en su menú. Se dedicaban también a “robos y hurtos de automotores, robos y hurtos de chapas patente, falsificación o adulteración de bienes registrables, y tenencia y portación ilegal de armas de fuego de diferentes calibres”, de acuerdo a la imputación de Corfield.

La fiscal, puntualmente, los acusa de cometer cinco entraderas entre noviembre y diciembre de 2023, con botines que incluyeron 600 mil pesos en efectivo y 2800 dólares, televisores, joyas, zapatillas y hasta una pistola Bersa Thunder 22.

Los hermanos Monzón se destacan en la lista. Anton, el mayor, “el más picante”, fue complicado por los teléfonos de sus amigos. “Le apagamos la tele a muchos”, dice un mensaje que la fiscal le atribuye. “Los quiero hermanos, pronto vamos a contar muchos millones y no se olviden que la chispa es una”, continuó, un líder nato.

Tobías, el menor, fue ubicado por la fiscal Corfield en el hecho más lucrativo de la banda, cometido el 17 de diciembre de 2023 en una casa de la calle 135. Una chica fue la víctima. Allí, cuatro delincuentes, entre ellos Ignacio Pugliese -uno de los interlocutores usuales de Anton Monzón en los chats-, se habrían llevado 2800 dólares y un Volkswagen Fox, además de un puñado de joyas de oro.

Los Monzón tienen cierta fama en el submundo del delito provincial. Habían desafiado a la Bonaerense a fines de aquel año. “Gorras, nunca tocaron un millón”, le espetaron a la Comisaría 9° de La Plata, para terminar presos poco después por los mismos policías a los que chicanearon.

Los hermanos cayeron por separado luego de tres allanamientos en las zonas de Berisso y La Unión, realizados con una tropa de asalto, con una causa en su contra a cargo de la UFI N°17.

Instagram, otra vez, era su fetiche. Allí, publicaban fotos de los botines que robaba, de sus armas y sus billetes, mientras desafiaba abiertamente a la Bonaerense. La imputación en su contra incluía, por lo menos, otros siete hechos de robo agravado supuestamente cometidos a lo largo de 2023.

A casi cinco meses de la desaparición y muerte de Yanina Correa, el caso mantiene una vigencia inusitada en la zona de Abasto, al oeste de La Plata.

El reclamo de sus familiares, quienes insisten en que se trata de un crimen y no de una muerte accidental, ha puesto bajo la lupa la labor de la fiscalía y la policía, así como la respuesta del sistema judicial. La familia de Correa denuncia lo que consideran intentos de encubrimiento y protección hacia los posibles responsables, mientras el expediente permanece estancado y sin personas imputadas.

Según informó el portal 0221, la historia de Yanina, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, se instaló en la agenda pública a fines del año pasado, cuando su familia reportó su desaparición.

El hallazgo de restos humanos el 3 de enero, en un descampado cercano a su domicilio, intensificó la atención sobre el caso. Más de un mes después, el 16 de febrero, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Correa, prolongando la angustia de sus allegados y ampliando las demandas por una investigación exhaustiva.

El impacto del caso no solo radica en el dolor familiar, sino en la serie de irregularidades y demoras que, según sus hermanos, han marcado la investigación. Germán y Jésica Correa y Angélica Bastida relataron que hasta la fecha “no hay ninguna persona investigada” y sostienen que existe una intención de proteger a los responsables de la muerte de Yanina. La persistencia de estas sospechas ha llevado a la familia a reclamar una y otra vez ante la fiscalía, aunque sus pedidos no han tenido respuesta directa, sino apenas contactos con secretarías administrativas.

El expediente, encabezado por el fiscal Patricio Barraza, continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Los hermanos de Correa, junto a la Asociación Miguel Bru —representados por su presidenta Rosa Bru—, exigen que se investigue como homicidio. Bru calificó como llamativa la “lentitud judicial” y el “maltrato a la familia”, enfatizando que ni siquiera han recibido el certificado de defunción, documento imprescindible para que los hijos de Yanina puedan ser formalmente puestos bajo la guarda de sus tíos.

En palabras de la familia, el caso de Yanina Correa se encuentra paralizado, sin avances sustantivos y sin ningún sospechoso formalmente investigado. Aseguran que han sufrido situaciones de hostigamiento y amenazas, algunas de ellas vinculadas a fuerzas de seguridad.

Germán denunció que una funcionaria de Seguridad le envió mensajes para disuadirlos de hacer protestas frente a la comisaría, con el objetivo de “meter miedo a nuestra familia y a quienes nos apoyan”. Otro hermano habría sido amenazado verbalmente por un efectivo policial, quien le advirtió que podían “armarle una causa” si continuaban reclamando públicamente.

La familia sostiene que desde el inicio de la búsqueda hubo irregularidades en la labor policial. Denuncian que la escena del hallazgo de los restos no fue correctamente preservada y que allí encontraron restos óseos, vísceras y pertenencias personales de Yanina, incluida ropa dañada. Desestiman la hipótesis de la fiscalía y la DDI, que apunta a una muerte accidental posiblemente vinculada al consumo de sustancias y la posterior exposición del cuerpo a animales.

Dos personas aseguran haber visto a Yanina ingresar al descampado junto a un hombre en bicicleta, quien más tarde salió solo del lugar. La familia denuncia que estos testimonios fueron desacreditados y no constan en el expediente judicial. Según relatan, la fiscalía argumentó que los testigos “pudieron haberse confundido”, descartando así la posibilidad de investigar la presencia de terceros en el lugar de los hechos.

Los hermanos de Yanina señalan también inconsistencias en el estado de los restos hallados. Sostienen que el nivel de descomposición no corresponde al tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo, y remarcan que faltaban partes del cuerpo como las manos. También afirman que los huesos “no presentaban signos normales de descomposición”, lo que alimenta la sospecha de una manipulación o intervención posterior.

La demora en los estudios de ADN es otro punto de conflicto. Los restos fueron encontrados el 3 de enero, pero el análisis genético se realizó semanas después en la ciudad de Junín. Una de las hijas de Yanina debió trasladarse hasta allí para completar el procedimiento. La confirmación oficial llegó recién el 16 de febrero, prolongando la incertidumbre y el dolor de la familia.

La fiscalía argumenta que faltan peritajes antropológicos, pero la familia sostiene que esa explicación es insuficiente y que el certificado debería haberse emitido meses atrás.

Los hermanos de Yanina también centran sus acusaciones en el entorno de la joven, especialmente en su última pareja, a quien señalan como una de las últimas personas que la vio con vida. Según relatan, durante varios días no se supo nada de él y, aunque luego declaró, nunca se secuestró su teléfono móvil ni volvió a ser citado en profundidad.

La familia, acompañada por la Asociación Miguel Bru, reitera su pedido para que la causa avance, se revise el accionar policial, y el expediente sea investigado como homicidio. Reclaman además que su abogado pueda acceder a todas las actuaciones y que se ponga fin a lo que consideran maniobras de encubrimiento y dilación.

La Justicia de La Plata desbarató una presunta organización criminal conformada por diez jóvenes, acusados de protagonizar una serie de violentas entraderas en los barrios de La Plata, Gonnet y City Bell.

La investigación, iniciada a fines de 2023 y extendida hasta este mes, reunió pruebas contundentes que llevaron a la detención de los sospechosos y el pedido de imputación por asociación ilícita.

El expediente, instruido por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, documenta el accionar coordinado y sistemático de la banda, que empleaba armas de fuego para irrumpir en viviendas y someter a sus víctimas.

De acuerdo al portal 0221, la causa sostiene que el grupo operaba con reparto de funciones y una estructura estable, lo que permitió a los investigadores reconstruir una seguidilla de robos cometidos bajo la modalidad “entradera”.

Según el expediente, los asaltantes elegían objetivos en distintos barrios tras realizar tareas de inteligencia o recorridas para detectar posibles víctimas. Actuaban principalmente durante la noche o la madrugada, con rostros cubiertos, guantes y vestimenta oscura, utilizando vehículos propios o robados para huir tras los ilícitos.

Las pesquisas determinaron que la banda utilizaba autos obtenidos en robos previos, que eran “enfriados” en distintos puntos de la ciudad antes de ser empleados nuevamente. El accionar de los sospechosos quedó al descubierto tras una serie de procedimientos llevados a cabo entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo, cuando fueron detenidos y se formalizó el pedido de imputación. La estructura y la planificación de los hechos fueron elementos clave para la calificación de asociación ilícita, sumando cargos por robo agravado y tenencia ilegal de armas.

La investigación judicial identificó como integrantes de la organización a Ignacio Camilo Pugliese, Nicolás Gustavo Emanuel Coria, Tobías Leonardo Monzón, Dylan Nahuel Comisso, Lautaro Jesús Vilardebo, Alan Leonel Pintos, Cristian Luciano Arce, Franco Nicolás Rodríguez, Anton Daniel Monzón y David Jesús Bargas. La hipótesis fiscal describe una organización estable y coordinada, con reparto de tareas y comunicación interna permanente.

Un elemento relevante surgió del análisis del teléfono celular de Pugliese, donde los investigadores hallaron un grupo de WhatsApp denominado “79”, número asociado en la jerga del juego al “ladrón”. En ese chat, varios de los acusados intercambiaban mensajes, audios y referencias que, para la fiscalía, evidencian la planificación de los delitos. Entre los mensajes detectados figuran expresiones como: “¿Estamos activos, vamos a salir a jugar un partidito?”, interpretada como un código para salir a delinquir, y alusiones a “confites de nueve”, en referencia a municiones calibre 9 milímetros.

La pesquisa también registró fotografías de armas, dinero y objetos robados, así como conversaciones donde se admitía la magnitud de los hechos cometidos. En una de ellas, Pugliese habría afirmado: “Somos una banda como 10… estamos haciendo un re ruido en La Plata, 14 ranchos en una semana”. Las conversaciones incluían referencias a autos robados, denominados “ponchos”, y audios donde se mencionaba la incorporación de nuevas armas: “Ya hay dos 9 milímetros más para la banda, estamos preparados para la guerra”.

La banda es investigada por al menos cuatro episodios violentos ocurridos entre noviembre y diciembre de 2023. Uno de los casos centrales tuvo lugar el 24 de noviembre en una vivienda de calle 36 entre 141 y 142 de La Plata, donde Ignacio Pugliese y Lautaro Vilardebo habrían interceptado a una víctima en la puerta y la obligaron a ingresar bajo amenazas armadas. El botín incluyó $600.000, una tablet Samsung, un casco y un Renault Sandero.

El 27 de noviembre, en calle 27 entre 512 y 512 bis, Nicolás Coria, Cristian Arce y Dylan Comisso irrumpieron cuando la familia se encontraba afuera, forzándolos a ingresar. Se llevaron dinero en efectivo, una alianza de oro, tres televisores, una notebook Lenovo y una camioneta Hyundai Tucson. Dos días después, en Melchor Romero, se les atribuye el robo a mano armada de un Fiat Uno Way, con participación de Comisso y otro cómplice en moto.

El 17 de diciembre, en una vivienda de calle 135 entre 531 y 32, Nicolás Coria, Ignacio Pugliese, Tobías Monzón y Cristian Arce irrumpieron encapuchados y armados, golpearon a una joven y exigieron dólares. El robo incluyó pesos, 2.800 dólares, joyas, una notebook, ropa, carteras y un Volkswagen Fox. Estos hechos forman parte de una seguidilla documentada por la fiscalía, que señala la existencia de una estructura criminal con roles definidos y permanencia en el tiempo.

Las tareas de inteligencia permitieron identificar domicilios vinculados a los sospechosos y realizar allanamientos clave. En la vivienda de Pugliese, ubicada en calle 135 entre 527 y 528, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) secuestró una escopeta, un revólver calibre 32, guantes, pasamontañas, cubrecuellos, precintos, prendas oscuras y el teléfono iPhone que resultó pieza fundamental para la causa. En el domicilio de Vilardebo, en calle 530 entre 30 y 31, fue hallada una pistola Bersa Thunder calibre .22, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

En la vivienda de Arce —quien inicialmente fue identificado como Cristian Velázquez—, en calle 174 entre 525 y 526, se incautaron guantes, una réplica de pistola, siete televisores y una PlayStation 4. Los investigadores también identificaron otros puntos de interés, como una vivienda de calle 137 entre 527 y 528 donde presuntamente se refugiaban algunos integrantes, y diferentes domicilios utilizados por Coria.

La reconstrucción judicial detalla el uso de sobrenombres o “nombres de guerra” dentro del grupo. En el chat “79” figuraban usuarios como “El Franquito” (Franco Rodríguez), “El Anton” (Anton Monzón), “El Cristian” (Cristian Arce), “Nc79” (Nicolás Coria) y “El Tobi” (Tobías Monzón), lo que facilitaba la comunicación y coordinación de los hechos.

La fiscal Cecilia Corfield sostuvo que todos los elementos recopilados refuerzan la hipótesis de una organización delictiva estable, con permanencia y división de tareas. La imputación principal es por asociación ilícita, sumando cargos de robo agravado por el uso de armas, robo automotor y tenencia ilegal de armas.

Casi cinco años después de la denuncia, la causa contra Joaquín Gianfelici, un odontólogo de La Plata acusado de abusar de su prima, quedó a las puertas del juicio oral. Pero antes del debate, previsto para el 10 de junio, el tribunal deberá resolver un planteo clave: si el imputado seguirá en libertad o será detenido, luego de faltar a una audiencia y viajar a Uruguay sin avisar.

El pedido de detención fue presentado por los abogados de la joven denunciante, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, quienes argumentaron que la salida del país sin autorización judicial y la ausencia a una audiencia previa al juicio revelan un riesgo procesal. Gianfelici está procesado por abuso sexual simple.

Ante el juzgado, los letrados plantearon que Gianfelici modificó las condiciones bajo las cuales venía transitando el proceso en libertad y que su ausencia obligó a reprogramar la audiencia, lo que generó una nueva instancia de revictimización para la denunciante. En su planteo, advirtieron: “Se burló de todos nosotros”.

También marcaron la incertidumbre de cara al debate oral: “Y si el día del debate pasa lo mismo y en vez de Uruguay termina en algún lugar donde no podamos encontrarlo, ¿quién se hace responsable?”, plantearon.

La discusión se dio este lunes, durante una audiencia previa al juicio. Allí, la fiscal de juicio María Victoria Huergo propuso concederle a Gianfelici una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation. Esa salida prevé la fijación de reglas de conducta y, si son cumplidas, puede derivar en la extinción del proceso sin sentencia. La querella y la víctima se opusieron y pidieron avanzar con el debate oral previsto para el 10 de junio en el Juzgado Correccional 4.

El hecho que originó la causa ocurrió durante la madrugada del 27 de diciembre de 2020, en una vivienda de la zona oeste de La Plata. Según la denuncia, la joven descansaba en una habitación después de una reunión familiar y de amigos cuando Gianfelici habría abusado sexualmente de ella.

La denuncia fue radicada pocos días después. Al expediente se incorporaron testimonios de asistentes a la reunión, informes de profesionales y pericias psicológicas y psiquiátricas.

En marzo de 2022, la joven dio a conocer su relato públicamente en redes sociales. Allí contó el impacto que el hecho tuvo en su vida y cuestionó la demora del proceso judicial.

Según ese testimonio, el episodio ocurrió durante una reunión familiar y de amigos. La joven contó que decidió irse a dormir y que su primo se acercó a la habitación. De acuerdo con su relato, él la besó y la tocó pese a su negativa. También dijo que quedó en shock y que, aunque le repitió varias veces que no, él insistió y le respondió frases como “Mirá cómo estoy”.

El abuso se interrumpió cuando otras personas entraron a la habitación. La denunciante explicó que al día siguiente tuvo que ir a trabajar y que ese viaje fue angustiante. “Mi ‘No’ fue reiterado muchas veces, y no se respetó”, expresó.

El expediente fue instruido por el fiscal Juan Mennucci, quien consideró que había pruebas e indicios suficientes para avanzar contra Gianfelici por el hecho denunciado.

En la convocatoria a indagatoria, Mennucci valoró la declaración de la víctima, los testimonios de su entorno, los informes de profesionales en psicología y psiquiatría, y las pericias practicadas a ambas partes. Para el fiscal, el caso encuadró en el delito de abuso sexual simple, que prevé una pena de seis meses a cuatro años de prisión.

El acusado declaró durante la investigación y negó los hechos. Desde la denuncia inicial, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento que le impide estar a menos de 200 metros de la denunciante.

Ahora, el tribunal deberá resolver si Gianfelici continuará en libertad o si se le impondrá una medida restrictiva. De manera subsidiaria, los abogados de la joven solicitaron que, en caso de no dictarse la detención, se ordene prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

La definición llegará antes del inicio del juicio oral, en el que la denunciante busca exponer públicamente su caso y obtener una resolución judicial.

Un joven de 27 años fue hallado muerto en el predio de la CEAMSE ubicado en Diagonal 74, en Ensenada, y la Justicia busca establecer cómo su cuerpo terminó entre los residuos trasladados por camiones recolectores provenientes de la ciudad de La Plata. La principal hipótesis de los investigadores es que la víctima estaba con vida cuando fue compactada por la prensa de un camión.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 15 de mayo, cuando un operario del área de tratamiento del predio detectó el cuerpo mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja. Según fuentes policiales, el cadáver estaba entre un montículo de bolsas de residuos. De inmediato, el trabajador alertó a las autoridades y una ambulancia se presentó en el lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima fue registrada como NN masculino, de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,70 metro de altura. Luego, tras la revisión de uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lograron identificarlo como Oscar Eduardo Conobbio.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit, quien ordenó preservar la escena y reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se presume que el cuerpo habría ingresado al predio en uno de los camiones provenientes de La Plata. En ese relevamiento aparecen identificados, al menos, cinco recorridos operativos.

Los resultados de la autopsia, según pudo saber Infobae, revelaron múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna del camión recolector, además de fracturas costales —ocho en el frente y siete en la espalda— y una fractura importante en la base del cráneo. Esta última lesión provocó hemorragias en ambos oídos.

También se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un indicio que para los investigadores apunta a que la víctima todavía estaba con vida al momento de ser compactada. “Si lo hubieran arrojado muerto, un corte posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

El informe forense no habría registrado lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego. Por ahora, esa información refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa, aunque la investigación continúa abierta.

Las fuentes consultadas señalaron que Conobbio estaba censado como persona en situación de calle en La Plata y que frecuentaba la zona de Plaza Olazábal. La última referencia sobre sus movimientos lo ubica en ese sector, por lo que los investigadores buscan determinar si desde allí pudo haber sido levantado el contenedor en el que habría ingresado al camión.

El avance de la investigación depende ahora del relevamiento de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata, que podrían aportar imágenes sobre los últimos movimientos de la víctima y, especialmente, confirmar si ingresó a un contenedor de residuos por sus propios medios.

La reconstrucción de los recorridos de los camiones recolectores es otro punto clave para la fiscalía, que intenta precisar el origen de la carga y determinar en qué momento y en qué circunstancias Conobbio terminó en el interior del vehículo. Entre las hipótesis principales, se analiza si la víctima se refugió en un contenedor para resguardarse del frío, sin que ningún operario advirtiera su presencia al momento de la recolección y posterior compactación.

En estos momentos, los investigadores aguardan el resultado del análisis de las imágenes de las cámaras para reconstruir los últimos movimientos de Conobbio y esclarecer cómo terminó muerto en el predio de la CEAMSE.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30, en una casa ubicada en calle 3, entre 35 y 36, donde la jubilada se encontraba junto a su nieto. Según relató María, hija de la víctima, todo comenzó cuando tres hombres encapuchados ingresaron por la fuerza, sorprendieron a la familia y los redujeron.

“La agarraron a ella, lo agarraron a mi sobrino, que estaba en la otra pieza, y lo tiraron al piso. Uno lo apuntaba al nene, mientras el otro tenía a mi mamá. Le pedían la plata, las cosas de oro. Revolvieron todo, encontraron algo y se fueron rápido, en 10 minutos”, contó María, en diálogo con Infobae.

Según reconstruyó la familia, los ladrones se llevaron joyas, dinero en efectivo, perfumes, zapatillas y otras pertenencias que encontraron en el dormitorio principal. Durante el asalto, la jubilada recibió cachetadas y su nieto fue golpeado con la culata de un arma. Ninguno de los dos sufrió lesiones graves.

“Nos tenemos que conformar con que solo fueron golpes, que no estaban drogados y que se fueron rápido. Mi mamá está asustada, pero por suerte no tuvo que ser hospitalizada”, agregó María.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. Las imágenes muestran cómo un auto se detuvo frente a la casa, bajaron tres personas y, tras el robo, el vehículo quedó esperando de cola para facilitar la huida. “Se llevaron la llave del auto, pero después la tiraron en la casa del vecino de enfrente. Los celulares los dejaron en la puerta. Es raro, porque se llevaron cosas, pero para semejante despliegue no fue tanto”, señaló la hija de la víctima.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata. De acuerdo con la familia, la Policía llegó rápidamente al lugar y luego intervino personal de Policía Científica. Además, María detalló que incluso se comunicaron con ella desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La familia sospecha que los delincuentes utilizaron un inhibidor para anular la alarma de la vivienda. El sistema, según explicaron, no se activó durante el ingreso, aunque después comprobaron que funcionaba correctamente.

“Hicimos la prueba y la alarma funciona. Ellos entraron por la ventana y nunca sonó”, dijo María.

Tras el robo, la familia descubrió otro dato que podría ser clave para la investigación: los delincuentes habrían usado una tarjeta de crédito sustraída para cargar combustible en una estación de servicio de Villa Elvira, lo que podría aportar pistas a la investigación si consiguen identificarlos.

María también advirtió sobre otros hechos similares ocurridos en la zona: “El barrio está fatal. Hace poco hubo otros casos parecidos, siempre de noche y con la misma modalidad. Entran por una ventana, patean puertas, te sorprenden cuando menos lo esperás. Ya no se puede ni sacar la basura o barrer la vereda porque te pueden asaltar”.

Después del asalto, la casa quedó revuelta, especialmente el dormitorio, donde los asaltantes buscaron y seleccionaron objetos de valor. “Lo más doloroso son las cosas sentimentales: la alianza de mi mamá, pulseras que le regaló su padre. No se puede vivir así, no es justo tener que ponerle rejas a todo o mudarse. Deberían ser ellos los que estén presos, no nosotros encerrados”, expresó María.

Mientras tanto, la investigación continúa y la familia espera respuestas. “Estamos en contacto con la Policía, pero hasta ahora no hay detenidos. Ojalá los agarren, pero a mi mamá la imagen de mi sobrino en el piso, con un arma en la cabeza, no se le borra más”, concluyó.

El operativo culminó cuando el vehículo se metió dentro de una zanja en la zona de 155 y 43, en el barrio San Carlos.

La acción policial comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando una mujer de 54 años denunció el robo de su camioneta, detalló 0221. Los ladrones actuaron utilizando inhibidores de señal y herramientas específicas para burlar los sistemas de seguridad, sin forzar ingresos.

La Policía ya investigaba una serie de hurtos similares en la región, con el mismo modus operandi y el uso de un Renault 9 como vehículo de apoyo. Por esa razón, agentes encubiertos recorrían la zona. Según pudo saber Infobae, los investigadores tenían información de que los sospechosos se movilizaban en un Renault 9 gris y montaron tareas encubiertas hasta detectar el vehículo en la zona de calle 11 entre 42 y 43.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los tres hombres bajaron del Renault 9, se acercaron a la Toyota SW4 blanca, aproximaron un dispositivo electrónico, lograron abrirla, subieron y la pusieron en marcha. En ese momento, los efectivos dieron el alerta radial y comenzó la persecución.

Durante la huida, los sospechosos intentaron eludir el cerco policial. Testigos del barrio relataron que, al intentar esquivar un patrullero, la Toyota SW4 subió a la vereda, derribó dos árboles y cayó a una zanja, por lo que sufrió daños considerables en la parte delantera.

Bomberos del cuartel de San Carlos debieron intervenir durante varias horas para retirar el vehículo accidentado, detallaron las fuentes.

En el procedimiento fueron arrestados tres hombres, dos de 28 años y uno 30, todos oriundos de Guernica, según precisaron fuentes policiales a Infobae. Fueron identificados como Kevis Agustín Gozón, Franco Leonel Centurión y Nelson Nahuel Cardozo.

Al momento de la detención, los implicados abrieron fuego contra los agentes, aunque no se registraron heridos. Los efectivos incautaron un set de herramientas y dos dispositivos electrónicos, uno de los cuales estaba colocado en la camioneta robada.

Además de la Toyota SW4 sustraída, la Policía secuestró el Renault 9 en el que se movilizaban los sospechosos, tres teléfonos celulares, dos computadoras vinculadas al sistema de ignición o inhibición —una de ellas colocada en la camioneta robada—, una plaqueta inhibidora de señal, una plaqueta electrónica, herramientas de mano, guantes, gorras, un pasamontañas, documentación vehicular y varios juegos de llaves.

El informe policial sobre los detenidos agrega otro dato: dos de ellos registraban causas previas por delitos graves o vinculados a vehículos.

Centurión figuraba en una investigación iniciada el 9 de marzo de este año por hurto agravado de un vehículo dejado en la vía pública, también con intervención de la UFI N° 15 de La Plata. Además, tenía registros por encubrimiento y robo agravado.

Cardozo, por su parte, registraba una causa por portación ilegal de arma de guerra y otra por tentativa de homicidio, además de registros de libertad y traslados de unidades penitenciarias. En el caso de Gozón, el informe menciona un trámite contravencional de 2018 por provocación o pelea y desorden.

Las fuentes policiales detallaron que los detenidos enfrentan cargos por tentativa de hurto automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de arma. Interviene la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata.

La investigación sigue en curso para determinar su vinculación con otros hechos delictivos recientes bajo la misma modalidad. Sospechan que se trata de los mismos delincuentes que merodeaban la zona, revelaron.

El operativo generó un importante despliegue en el barrio y fue seguido por numerosos vecinos, que registraron el desenlace en video. Las imágenes que acompañan esta nota, al igual que el momento de la persecución, fueron captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata.

La investigación, encabezada por la Dirección de Contraterrorismo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, permitió identificar al sospechoso a través del análisis de cámaras de seguridad y derivó en un allanamiento de urgencia donde se secuestraron una bomba molotov casera y armas de fuego con municiones, entre ellas, una ecopeta recortada, considerada de uso prohibido, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

El detenido fue identificado oficialmente como M. Ángel Alberto, argentino, vendedor ambulante y domiciliado en La Plata. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, en el marco de dos expedientes caratulados como “Daño”.

La investigación se inició tras una serie de episodios ocurridos entre fines de abril y comienzos de mayo que encendieron alarma dentro de la colectividad judía platense y motivaron la intervención de áreas especializadas en contraterrorismo.

El primero de los ataques ocurrió durante la madrugada del 30 de abril en la sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, ubicada en calle 11 entre 58 y 59, en pleno centro de La Plata. Según denunció un directivo de la institución el 4 de mayo, desconocidos arrojaron un artefacto tipo molotov que impactó contra una ventana del primer piso del edificio.

El elemento no llegó a incendiarse completamente, pero provocó daños materiales visibles en la fachada y la rotura de vidrios. Aunque no hubo heridos, el episodio generó una fuerte preocupación entre los integrantes de la entidad por las características del ataque y el contexto de creciente tensión internacional vinculado a hechos antisemitas.

Días más tarde, el 3 de mayo, se registró un segundo episodio de similares características. Esta vez, el blanco fue la sinagoga Beit Jabad, ubicada en calle 16 entre 46 y 47. De acuerdo con la investigación, un hombre arrojó una bomba molotov incendiada que impactó contra una pared del lugar. El fuego se extinguió poco después y no causó lesionados, aunque el hecho volvió a generar temor dentro de la comunidad judía local.

A partir de ambos ataques, personal especializado de la Dirección de Contraterrorismo comenzó un trabajo de reconstrucción de movimientos y relevamiento de cámaras públicas y privadas instaladas en distintos puntos de la ciudad. Los investigadores también recolectaron testimonios y analizaron recorridos peatonales hasta establecer que el sospechoso habría salido caminando desde su vivienda hacia los lugares atacados.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia sobre el domicilio del acusado, operativo que fue concretado por efectivos de la Policía Bonaerense en las últimas horas.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, al ingresar a la vivienda, encontraron al imputado durmiendo y observaron sobre una cama tres armas de fuego de distinto calibre. Entre ellas, una carabina calibre .22 marca Mahely modelo M45, un pistolón de dos caños calibre 16 sin numeración visible y un revólver calibre .38 marca Smith & Wesson.

Además, se secuestraron distintas municiones: cartuchos calibre 16, proyectiles de 9 milímetros, municiones .380 y veinte proyectiles calibre .22 largo.

Durante el procedimiento también hallaron una bomba molotov casera compuesta por un frasco de vidrio con líquido inflamable y un mechero artesanal listo para ser utilizado. El artefacto explosivo será posteriormente destruido por especialistas de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

La causa quedó caratulada preliminarmente como “daño”, aunque no se descarta que con el avance de la investigación puedan incorporarse agravantes vinculados a discriminación o delitos de odio.

Tras conocerse el ataque al Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, la Comisión Directiva de la institución había difundido un duro comunicado donde expresó su preocupación por el episodio y lo vinculó al aumento de expresiones antisemitas a nivel mundial y nacional.

“En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, señalaron en el texto difundido pocos días después del hecho.

La entidad remarcó además que, si bien no hubo víctimas, el episodio fue interpretado como una señal alarmante. “La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, afirmaron.

En ese mismo comunicado, las autoridades de la biblioteca informaron que comenzaron a reforzar las medidas de seguridad y los protocolos de prevención para proteger a socios, trabajadores y asistentes a las actividades culturales que allí se realizan. También confirmaron que mantenían contacto permanente con la DAIA y otras organizaciones de la comunidad judía.

“No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, advirtieron desde la institución.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau es una de las entidades culturales históricas de La Plata. Desde hace décadas funciona como espacio de encuentro comunitario, difusión cultural y promoción del pensamiento crítico, además de desarrollar actividades vinculadas a la memoria, los derechos humanos y la cultura judía.

La investigación continúa abierta y los peritos ahora intentan determinar si el acusado actuó solo o si existieron otras personas involucradas en la planificación o ejecución de los ataques. También se analiza el contenido de elementos secuestrados durante el allanamiento y posibles antecedentes vinculados a hechos de violencia o discriminación.

Mientras tanto, tanto la comunidad judía local como las autoridades provinciales siguen con atención el avance de una causa que volvió a poner en debate la preocupación por los discursos de odio y los ataques contra instituciones religiosas y culturales en Argentina.

Alejandro Samuel Rodríguez, de 37 años, fue hallado sin vida el 15 de mayo en la zona de Arana, La Plata, tras 9 días desaparecido. Su madre responsabilizó públicamente a la Policía Bonaerense y al sistema judicial por presunto abandono en la investigación.

Pese a recibir un mensaje en la madrugada del martes con la posible ubicación del hombre en 520 y 116, la familia no logró acceder al sitio donde finalmente apareció el cuerpo, debido a limitaciones de movilidad. La denuncia por la desaparición fue realizada el 7 de mayo en la Comisaría Unión, sin embargo, la madre de Alejandro denunció que los operativos de búsqueda fueron poco efectivos y hubo poco patrullaje

El entorno familiar había advertido desde el inicio que Rodríguez padecía problemas de salud mental, sumados a una discapacidad motriz producto de un accidente en 2007, lo cual le provocó secuelas neurológicas con pérdida de memoria, desorientación y dificultades motrices en su pierna izquierda y brazo derecho. Estas condiciones hacen que el riesgo por su ausencia prolongada sea mayor que en episodios anteriores. De hecho, el año pasado Alejandro había desaparecido por tres días, siendo hallado entonces en el Campo Arana, debajo de un árbol a la orilla de la ruta.

Su madre relató que Rodriguez que salia seguido a caminar “porque dice que quiere hacer ejercicio para recuperarse” aunque solía desorientarse y dirigerse hacia la zona donde lo encontraron sin vida. Alejandro Samuel Rodríguez, no llevaba celular, tarjeta SUBE ni otras pertenencias personales. En el momento de su desaparición vestía una campera negra de River Plate, pantalón vaquero azul y zapatillas negras. Tras más de una semana, fue hallado muerto el 15 de mayo en la zona de Arana, La Plata, en un loteo próximo a 620 y 30.

La última persona que lo había visto fue su mamá quien aseguró que nunca había estado tanto tiempo desaparecido. Para seguir su recorrido, según 0221, pidió “desde el primer momento que revisaran las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de su hijo”, sin que las imágenes fueran solicitadas por la Fiscalía, según le informaron. Remarcó: “No habían pedido las grabaciones para verificarlo. No lo buscaron. Ellos lo mataron”.

Tras el hallazgo del cuerpo, dijo que las autoridades le comunicaron que Rodríguez “capaz murió de frío”, aunque la mamá del fallecido expresó su sospecha de un homicidio y señaló que la autopsia podría esclarecer las causas.

Desapareció en La Matanza y podría estar en La Plata

Leyla Nara Morales, una joven de 21 años, fue vista por última vez el miércoles 13 de mayo en la intersección de Finochietto y Spiro, barrio Independencia de González Catán en el partido de La Matanza, según informó su familia. Su padre solicita colaboración para encontrarla, ya que existe la posibilidad de que se encuentre en La Plata.

Según relató Ernesto Javier Morales Berdoy, la desaparición ocurrió luego de que Leyla respondiera un mensaje cinco minutos antes de que él saliera a buscar a sus otros hijos a la escuela. Al regresar al domicilio, la joven ya no estaba y ningún vecino la había visto salir. La última vez que se la vio, vestía un buzo liso rosado pastel, pantalón Adidas negro y zapatillas John Foos negras y blancas.

La fiscalía a cargo de la investigación notificó a la familia que la joven podría estar con su madre, con quien no mantenía relación desde hacía cinco años por abandono, según la denuncia realizada. El padre aseguró que la única pista hasta el momento es una fotografía, aunque no se ha logrado determinar la ubicación exacta de Leyla. La familia pide que cualquier dato sea comunicado al número 11-61240414 y solicita la difusión de su búsqueda a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

La muerte de Érica Valdez, oficial de la Policía Bonaerense en Berisso, ha generado una serie de interrogantes y reclamos por parte de su familia, quienes niegan la versión oficial que adjudica el hecho a un suicidio. El caso, ocurrió el 9 de abril en un puesto de vigilancia cercano a la destilería de YPF sobre la avenida 60 y 128.

A más de un mes del fallecimiento de Valdez, que fue inicialmente caratulado como suicidio, los allegados de la víctima exigen que se investigue la posibilidad de un homicidio, por eso, piden un cambio de carátula en la causa y señalan inconsistencias en el manejo del caso

Según 0221, Valdez, de 34 años, recibió un disparo durante su turno de servicio. Tras el hecho, fue trasladada con vida al Hospital Larrain, donde fue sometida a una operación de urgencia, aunque falleció poco después. La investigación judicial se orientó en un principio hacia la hipótesis de un suicidio, pero los familiares de la oficial expresan severas dudas.

En palabras del hermano de Érica: “Mi hermana dijo ‘me dispararon’”. Según relató, una mujer que circulaba en bicicleta, se acercó a la herida y escuchó aquella contundente declaración. Esta afirmación, considerada clave por los allegados, contradice la versión oficial y refuerza el pedido de que la Justicia modifique la carátula de la causa.

La familia pide el cambio de carátula

Por redes sociales, la familia de Valdez volvió a rechazar la idea de que se haya suicidado y señalaron “diversas inconsistencias” que, según ellos, no cierran en la investigación. Uno de los puntos que más dudas les genera es la aparición de una carta que, según la policía, habría escrito Érica.

El hermano de Valdez contó que la foto de esa carta empezó a circular entre policías antes de que el lugar quedara cerrado para las pericias. “¿Cómo puede ser que ya tuvieran una foto de la carta si nadie tendría que haber entrado ahí?”, cuestionó el familiar.

Además, la familia aseguró que la primera persona que llegó a ayudar a Érica no vio ninguna carta en el lugar. Según los allegados, la carta recién apareció después, debajo de una campera sobre la mesa, por lo que creen que pudo haber sido puesta más tarde. Esto les hace pensar que hubo problemas para cuidar la escena y juntar las pruebas.

También denunciaron que hubo movimientos extraños en el puesto policial y sospechan que el área pudo haber estado liberada en el momento del hecho. El reclamo de los allegados de Valdez incluye también la denuncia de demoras en las pericias clave para la causa. Según información de 0221, la prueba de pólvora recién tendría fecha prevista para junio, casi dos meses después de la muerte, mientras que la apertura de los teléfonos secuestrados fue fijada para noviembre.

En declaraciones recogidas por Berisso Ciudad, los allegados reclamaron que la causa “no siga siendo investigada como suicidio” y solicitaron que se esclarezcan completamente las circunstancias en las que falleció la oficial. Mientras tanto, la investigación ha puesto el foco en las pericias forenses, los análisis balísticos y la revisión de las cámaras de seguridad del municipio y de la planta de YPF.

La familia de Valdez encabezó marchas en Berisso para reclamar justicia, mientras referentes sindicales y agrupaciones sociales acompañaron el pedido de esclarecimiento. “Con un dolor inmenso les comentar que estamos emzando hacer un poco de ruido para que la gente se vaya enterando que le sacaron la vida a la persona equivocada. Su familia no se va a quedar quieta hasta que el culpable pague por lo que hizo”, publicó la familia.

De acuerdo con medios locales platenses, ocurrió en el barrio Barrancas de City Bell, en las afueras de la capital bonaerense. Según los primeros datos, el enfrentamiento involucró inicialmente a dos grupos antagónicos en el lugar.

El punto de mayor tensión tuvo lugar en la zona de 447 entre 144 y 146 y todo fue alertado a través de llamados al 911. Al llegar, los agentes policiales fueron recibidos con piedras y objetos contundentes arrojados por los lo vecinos, lo que obligó a un despliegue de refuerzos y a la utilización balas de goma. Varios móviles resultaron con las ventanas y parabrisas rotos tras los ataques.

Los videos difundidos muestran la tensión en el lugar y cómo los disturbios escalaron rápidamente, con intercambios de disparos y corridas en plena calle. Testigos señalaron que se escucharon balas perdidas que impactaron contra las casas y vehículos particulares, aunque no se reportaron heridos graves.

La Policía Bonaerense logró dispersar a los grupos tras varios minutos de tensión, aunque el operativo se extendió hasta altas horas de la madrugada para evitar nuevos incidentes.

Según el diario 0221, testigo relataron que la violencia se originó en una disputa previa entre familias, vinculada a conflictos personales de larga data. En medio del operativo fue detenido un hombre de 34 años, acusado de haber participado en los ataques contra los móviles policiales. La causa quedó caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad y daño”.

Información publicada por el diario El Día indicó que La víctima señalada en el expediente, es un remisero de 29 años identificado, quien manifestó a los investigadores que mantiene conflictos de vieja data con las personas involucradas en el hecho.

Como resultado, dos móviles policiales sufrieron daños materiales relevantes: uno de ellos quedó con ambos cristales delanteros destruidos, mientras el segundo perdió el espejo retrovisor izquierdo.

A pesar de la violencia del episodio, no se registraron policías heridos. La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Plata, que avaló las actuaciones realizadas y posteriormente dispuso la libertad del acusado en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Según confirmaron investigadores al diario platense ahora se procura determinar cómo se originó el enfrentamiento entre los involucrados y si la disputa incluyó la participación de más personas. El caso permanece abierto mientras la justicia analiza los testimonios reunidos en el lugar y las pruebas materiales obtenidas tras el incidente en el norte platense.

Un hombre de 56 años fue víctima de una grave extorsión luego de pactar una cita a través de internet, lo que le llevó a perder cerca de 9 millones de pesos. El hecho ocurrió entre la noche del 12 y la tarde del 13 de mayo de 2026, en un departamento ubicado sobre la calle 49 entre 3 y 4, en el centro de La Plata. Las autoridades judiciales buscan determinar la identidad de quienes participaron en la maniobra.

Las amenazas y maniobras intimidatorias iniciaron tras la comunicación virtual y se extendieron hasta después del pago, activando la intervención de la Justicia local por el delito de extorsión. La víctima, cuya identidad no fue difundida, accedió primero a una publicación relacionada con servicios de compañía en redes sociales.

Esto derivó en un contacto inicial mediante una página web, donde eligió a una mujer identificada como “Aylen”. Luego de intercambiar mensajes de WhatsApp, ambos acordaron el encuentro para las 22 horas en el domicilio del hombre.

Sin embargo, minutos antes de concretar la cita, la situación cambió: la mujer exigió que él bajara a buscarla a la esquina de 4 y 49. Ante la negativa del hombre de abandonar su departamento, el intercambio se tornó hostil. Según la denuncia, de inmediato le reclamaron una “multa” por la contratación de los servicios y, en ese contexto, surgieron las primeras amenazas económicas, de acuerdo a 0221.

En los mensajes posteriores, la exigencia inicial fue por 600 mil pesos y pasó a amenazas directas, indicándole que ese dinero se “cobraría de alguna manera” si se negaba a pagar. En ese momento intervino un segundo interlocutor, quien se presentó como el supuesto “jefe” de la organización involucrada en la extorsión. Según consta en la denuncia policial, el hombre, asustado, optó por comunicarse al 911. Sin embargo, los operadores le respondieron que no podían enviar un patrullero dado que solo se trataba de amenazas.

A partir de ese punto, la víctima fue objeto de intimidaciones presenciales y virtuales durante toda la madrugada. Según consta en el expediente, escuchó golpes en la persiana del living, con frente a la calle 49, y posteriormente ruidos en la ventana del dormitorio, que se comunica con los techos de comercios vecinos. Las amenazas se mantuvieron, así como la sensación de vigilancia e inminente ingreso a la vivienda.

El reportante volvió a contactar a los extorsionadores, quienes elevaron la presión advirtiéndole que para que el acoso cesara debía realizar transferencias bancarias inmediatas. Frente al miedo y el acoso constantes, el hombre realizó transferencias desde distintas cuentas bancarias por un valor acumulado cercano a 9 millones de pesos, cifra que según la denuncia no logró frenar el hostigamiento. La víctima siguió recibiendo amenazas, incluyendo videos de armas de fuego, mensajes intimidatorios y llamadas reiteradas, aun después de cumplir con las exigencias económicas.

La causa fue calificada por la Justicia como “extorsión”. La investigación se orienta a descubrir el entorno y posibles vínculos de los autores con grupos organizados que operan bajo esta modalidad en La Plata.

Expertos en seguridad digital advierten que las estafas en aplicaciones de citas siguen ciertos patrones: perfiles con poca información, declaraciones emocionales intensas desde el inicio, presión para continuar la conversación fuera de la plataforma y solicitudes de dinero bajo historias urgentes o inconsistentes. El uso de técnicas como la manipulación emocional y hasta el empleo de imágenes y deepfakes complica la detección de estos delitos.

Se recomienda no compartir información personal o financiera y denunciar cualquier comportamiento sospechoso a las autoridades. La atención y la precaución siguen siendo las principales herramientas para evitar ser víctima de este tipo de extorsiones.

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, la denuncia del caso fue presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que advirtió sobre la presencia de una menor de 14 años trabajando en la cosecha de tomate.

La situación comenzó a ser investigada por la Dirección de Trata de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. Y tras las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el ingreso al predio ubicado en la zona de 185 y 80, en la localidad de Los Hornos, donde se constató la presencia de 99 adultos y 51 menores.

En el lugar había cuatro complejos de viviendas, muchas de ellas siendo estructuras de madera y chapas y en condiciones desfavorables para la vida diaria. Al recorrer el interior de cada una se evidenciaron signos de hacinamiento, instalaciones improvisadas y suciedad.

Durante la inspección, los agentes identificaron a una menor en silla de ruedas, quien fue trasladada junto a su madre con intervención del área local de Niñez y Adolescencia. También encontraron solo a un hombre de unos 30 años con espectro autista, con la puerta de su vivienda cerrada con cadena y candado.

En el procedimiento, la fiscal María Cecilia Corfield -titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del Departamento Judicial de La Plata- ordenó el secuestro de cuatro teléfonos celulares pertenecientes a Verónica Tumori (54), Fabio Agostinelli (54) y Tiziano Agostinelli (52).

La mujer manifestó ser asistente social y responsable del bienestar de las familias residentes en el predio. Los otros dos serían integrantes de la familia propietaria del lugar.

En el reporte policial se informa que, al momento de la requisa, estas personas se opusieron al secuestro de los equipos y mantuvieron una actitud hostil frente al personal policial. Por esto, la fiscalía dispuso la detención de los tres por resistencia a la autoridad y encubrimiento. También se incautaron otros elementos para la continuidad de la causa.

De acuerdo al medio local 0221, la mayoría de las personas encontradas en el predio son argentinas, muchas llegadas desde provincias del norte como trabajadores golondrina. Según los testimonios recabados durante el operativo, quienes estaban en el lugar trabajaban en el campo y recibían solo $250 por cada cajón cosechado y cargado, mientras que el convenio vigente establece cerca de $50.000 por una jornada de ocho horas.

Todos realizaban sus tareas sin estar registrados y muchas familias vivían juntas en espacios reducidos.

Más imágenes del predio allanado:

Una peligrosa situación se descubrió en las últimas horas en el barrio Altos de San Lorenzo, La Plata, donde agentes policiales enontraron una escopeta cargada abandonada en plena vía pública. Según indicaron fuentes policiales, el arma había sido desechada por dos ladrones que escaparon de un control policial cuando circulaban a bordo de una moto.

La escopeta fue hallada cuando efectivos de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) realizaban patrullajes de rutina por distintos sectores de la zona. De acuerdo al medio 0221, todo comenzó cuando los agentes detectaron dos motos tipo 110 circulando por calle 23 en la misma dirección.

Una de las motocicletas fue identificada como una Honda Wave blanca, mientras que la otra era una moto “descachada”, sin mayores precisiones sobre patente o características visibles.

En este contexto, los trabajadores municipales observaron que uno de los ocupantes llevaba un objeto que parecía ser la culata de un arma larga. Esa situación despertó sospechas inmediatas y motivó un seguimiento preventivo para intentar identificar a los motociclistas.

Al notar que eran perseguidos, los sospechosos aceleraron y comenzaron una fuga por distintas calles del barrio. Según quedó asentado en las actuaciones, tomaron calle 78 hacia 24 y, en medio de la persecución, decidieron separarse para dificultar el seguimiento.

Mientras continuaban tras ellos, los agentes de la GUP dieron aviso al Centro de Operaciones Municipales (COM) de La Plata y solicitaron apoyo policial.

Minutos después se sumaron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes a la comisaría Octava de La Plata, quienes inspeccionaron la zona y confirmaron el hallazgo de un arma abandonada.

Según indicaron las fuentes, se trataba de una escopeta marca Toledo, calibre 16, de un solo caño. El arma fue encontrada tirada en la vía pública durante el operativo de rastrillaje realizado en el sector.

Frente a un testigo, los efectivos realizaron una inspección de seguridad y comprobaron que el arma estaba cargada. En su interior tenía alojado un cartucho calibre 16 marca Orbea en el almacén cargador.

El proyectil fue retirado inmediatamente y secuestrado junto con la escopeta para evitar cualquier riesgo.

Tras el procedimiento, tanto el arma como el cartucho fueron trasladados a la comisaría Octava, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, que ahora intenta determinar la procedencia de la escopeta y la identidad de los motociclistas que participaron de la fuga.

Mientras avanza la investigación, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y testimonios para intentar reconstruir el recorrido que realizaron los sospechosos antes de escapar. Por el momento no hubo detenidos, aunque las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar.

El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo.

La resolución sostiene que la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales para investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y al derecho a la identidad.

“Se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del Organismo”, advirtió una de las notas incorporadas al expediente judicial. Además, la misma fuente remarcó: “La eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.

La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, entre ellos Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura, junto con integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Los fiscales solicitaron medidas urgentes para evitar el deterioro operativo del Banco Nacional de Datos Genéticos y advirtieron sobre el riesgo concreto de afectación de pruebas genéticas utilizadas en investigaciones judiciales.

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.

La resolución reconstruye además una serie de informes remitidos por la directora general técnica del organismo, quien describió una situación crítica derivada de restricciones presupuestarias, demoras administrativas y dificultades para sostener servicios básicos.

Según esos informes, durante 2025 el organismo logró sostener sus actividades “con esfuerzo”, pese a limitaciones de recursos humanos y materiales. Sin embargo, la situación comenzó a afectar los tiempos de respuesta y el cumplimiento de requerimientos judiciales.

La directora técnica detalló que incluso debieron suspenderse viajes previstos para la toma de muestras biológicas y que comenzaron a verse comprometidos pagos vinculados a servicios esenciales. Entre estos servicios figuran seguridad, limpieza, mantenimiento informático, mantenimiento de laboratorios y conservación de condiciones ambientales necesarias para preservar material genético.

“Se ha comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos”, señala uno de los documentos citados por el juez.

La situación financiera del organismo, según consta en la resolución, se agravó este año. De acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente, el presupuesto aprobado para 2026 representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos por el Banco Nacional de Datos Genéticos para sostener su funcionamiento.

“La eventual interrupción de dichos servicios afecta de manera directa e inmediata el funcionamiento del BNDG”, manifestó la directora del organismo.

En otro de los pasajes citados por el juez, el informe advierte: “Prescindir de estos servicios genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas, sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN”.

La resolución judicial remarca que el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas vinculada a causas judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.

Ramos Padilla consideró acreditado el “peligro en la demora” y sostuvo que existe riesgo concreto sobre “material genético de carácter único e irrepetible”. “La eventual afectación de dichas condiciones podría generar consecuencias irreversibles respecto de elementos probatorios esenciales en causas judiciales actualmente en trámite”, afirmó el magistrado.

El juez también destacó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye un organismo “técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de hechos investigados en causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”, sostuvo.

La resolución incluye además un desarrollo sobre la obligación del Estado argentino de garantizar el derecho a la identidad y avanzar en la investigación de delitos de lesa humanidad. En ese marco, Ramos Padilla citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al deber estatal de investigar graves violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la verdad.

“El derecho a la identidad integra el núcleo esencial de protección de la dignidad humana”, recordó el magistrado al citar el fallo Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana.

El fallo también repasa casos emblemáticos de restitución de identidad logrados a través de pericias realizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Entre ellos mencionó a Elena Gallinari Abinet, considerada la primera nieta nacida en cautiverio restituida por la Justicia; Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca.

“Esta es una de las pocas oportunidades en las que, frente al delito de supresión de la identidad, la justicia penal logra efectuar una reparación”, sostuvo el juez.

Ramos Padilla recordó que en el juzgado federal de La Plata continúan tramitando numerosas investigaciones vinculadas a apropiación y supresión de identidad de menores durante la dictadura y que muchas de ellas permanecen abiertas a la espera de nuevos entrecruzamientos genéticos.

El magistrado explicó que cada nueva muestra incorporada al Banco Nacional de Datos Genéticos puede permitir nuevas identificaciones incluso en expedientes actualmente suspendidos. “Cada nueva muestra que ingresa al Banco Nacional de Datos Genéticos debe ser entrecruzada con la totalidad del Archivo Nacional”, señala la resolución.

Finalmente, el juez ordenó que la Jefatura de Gabinete produzca en un plazo de cinco días un informe sobre el interés público comprometido en la situación denunciada. También requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y al propio Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar si el organismo se encuentra en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vinculados a causas por apropiación de hijos de víctimas del terrorismo de Estado.

Una mujer fue rescatada de un ataque por parte de su pareja durante un operativo de emergencia en la periferia de La Plata, luego de que agentes de la Patrulla Municipal escucharan sus gritos de auxilio mientras patrullaban por la zona.

El hecho, ocurrido en una vivienda ubicada en 160 entre 46 y 47, del barrio El Retiro. Allí, integrantes de la Patrulla Municipal recorrían preventivamente el sector cuando se vieron alertados por pedidos de ayuda provenientes del interior de una casa. La intensidad de los gritos motivó a los agentes a solicitar de inmediato el apoyo de efectivos de la Policía Bonaerense, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Los efectivos rodearon el inmueble y, ante la persistencia de los gritos, ingresaron por la fuerza para interrumpir el ataque y resguardar la integridad de la víctima. Dentro de la propiedad, hallaron a la mujer en medio de un episodio de violencia de género. La acción policial permitió rescatar a la víctima, aunque el agresor logró escapar por la parte trasera del domicilio.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, las autoridades iniciaron un rastrillaje de inmediato en las inmediaciones, aunque hasta el momento no lograron localizarlo.

En relación con el estado de la víctima, se informó que recibió asistencia médica y contención psicológica por parte de equipos especializados. El hecho puso en marcha el protocolo de intervención para casos de violencia de género, activando la red de apoyo a víctimas en la región.

La investigación quedó a cargo de la subcomisaría La Unión, desde donde se coordinan las tareas para dar con el paradero del agresor. Las fuerzas de seguridad informaron que ya cuentan con datos precisos sobre la identidad del sospechoso, aunque por el momento permanece prófugo.

Se desplegaron operativos en sectores aledaños y se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la trayectoria de la huida.

Imputaron a un policía por agredir a su pareja en Catamarca

Esta misma semana, una mujer denunció a su pareja, un oficial de la Policía de Catamarca, por haberla agredido en la casa que ambos comparten, hasta dejarla inconsciente. En las últimas horas el fiscal que lleva adelante la investigación imputó al agresor tras negarse a declarar.

El efectivo policial quedó bajo investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, a cargo del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, por la supuesta comisión de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y coacción, en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de su pareja".

El caso salió a la luz luego de que la víctima relatara los hechos ocurridos a principios de mes ante las autoridades. La mujer contó que todo ocurrió alrededor de las 13 horas, en un domicilio de la ciudad Capital provincial. Según la investigación, en el marco de una discusión, el imputado habría agredido físicamente a la mujer, provocándole lesiones que fueron constatadas a través de un examen médico.

En el avance de la investigación, la Fiscalía incorporó distintas medidas probatorias, incluyendo la inspección ocular, el examen médico y otras actuaciones de rigor. Con estos elementos Córdoba Andreatta avanzó con la imputación formal del hombre cuyos datos no trascendieron. Paralelamente, y con el fin de resguardar la integridad de la víctima, el fiscal ordenó medidas de protección, entre ellas la exclusión del hogar del imputado y el secuestro del arma reglamentaria que tenía asignada por su función policial.

El acusado fue citado a declaración indagatoria el martes aunque optó por abstenerse de declarar ante la autoridad judicial. Finalizada la audiencia, quedó notificado de las medidas impuestas pero continuará en libertad.

Este jueves Kicillof inauguró el curso de formación política del PJ bonaerense junto al intendente Julio Alak. Allí, ante un teatro colmado, cuando el mandatario iniciaba su disertación, desde el público una mujer empezó a gritar reclamándole que se pronuncie por la libertad de la ex presidenta. Kicillof no lo hizo al micrófono. Asintió con la cabeza y desde el público buscaron silenciar a la militante. De la otra punta de la sala del Coliseo Podesta apareció otro pedido en el mismo sentido y, en uno de los pasillos, un joven desplegó una bandera que decía “Cristina Libre”, que el personal del teatro le pidió pacíficamente que la doble. Seguidamente, una parte del auditorio empezó a cantar “Presidente… Axel, presidente”. Los dirigentes que estaban en el recinto no supieron demasiado cómo reaccionar e intentaron encauzar. Kicillof empezó a hablar. En su cierre hizo mención a CFK: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”.

La escena refleja la tensión con la que convive el peronismo de cara al armado electoral para el año que viene y la interna no resuelta desde la administración de Alberto Fernández. Kicillof supo en ese momento sobrellevar la discusión dentro del esquema político provincial. Pero ahora, tras la derrota del peronismo en las elecciones del 2023, la discusión es sin fin, en cada ámbito que se presente y proyectada hacia los comicios del 2027. Esta semana, además, apareció un nuevo candidato a la presidencia dentro del peronismo: el ex gobernador de San Juan y actual senador provincial, Sergio Uñac. “Bienvenidos todos los compañeros y compañeras”, dijo Kicillof antes de entrar al teatro platense al ser consultado por la postulación que el último domingo lanzó el sanjuanino y que contaría con el aval de CFK. “Creo que hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”, amplió el gobernador bonaerense, “y lo vengo diciendo desde hace tiempo: este es un año de construcción política”.

La ¿inesperada? situación entre el público sucedió luego de que los mismos presentes aplaudieran cuando el intendente de La Plata y secretario de formación política del PJ bonaerense dijera que “los partidos políticos son un obstáculo para el poder económico y obstaculizan al poder económico en su afán de lucro”. “Son organizaciones libres del pueblo que tenemos que fortalecer. Los dirigentes de los partidos siempre han sido perseguidos, con su detención, su exilio, con su muerte. Por eso, hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, agregó. En ese momento, el auditorio sí aplaudió.

Sobre el curso en sí, Kicillof celebró su realización. Lo de este jueves funcionó como clase de apertura con un carácter semiacadémico y en un formato mixto desde la estructura del PJ y el Instituto de Capacitación Política (ICP), un ámbito que sostiene el jefe comunal de la capital bonaerense desde hace más de 20 años.

“Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla”, fue parte de lo que planteó el mandatario en su discurso. También hizo referencia a las elecciones del año que viene cuando planteó: “Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora”, agregó.

A Kicillof y a Alak los acompañaron las principales autoridades del PJ. Verónica Magario y Federico Otermín, que ostentan las vicepresidencias, y el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que es el secretario general del partido. En los palcos principales, estuvo parte del gabinete bonaerense. Del otro lado, algunos intendentes que reportan al Movimiento Derecho al Futuro, con excepción de Ricardo Marino, de Carmen de Patagones, que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Alak lo saludó especialmente desde el escenario. En primera fila, también con un saludo personalizado, se ubicó el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

Un delincuente de 24 años fue aprehendido este miércoles en La Plata acusado de haber entrado a robar a la casa de una jubilada de 84 años, mientras la mujer estaba dentro de la vivienda. A pesar de su corta edad, no era un principiante: registraba once antecedentes previos en causas penales.

El hecho ocurrió el 11 de mayo y derivó en un allanamiento realizado dos días después por personal de la Comisaría 5ª.

Según confiaron fuentes policiales, la víctima denunció que estaba en su domicilio cuando advirtió la presencia de un hombre dentro de la casa. Al ser descubierto, el sospechoso huyó rápidamente, saltó el paredón y escapó con una caja pequeña. Poco después, la mujer notó la ausencia de una planchita de pelo.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la seccional comenzó a relevar cámaras de seguridad de la zona y a tomar testimonios. Tras esas medidas, los investigadores identificaron como sospechoso a Laureano Badia, domiciliado en la zona de 73 y 28, a menos de diez cuadras de la casa de la jubilada.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento en su domicilio. El procedimiento dio resultado positivo: los policías secuestraron una campera color crema, un pantalón negro, un pasamontañas negro y una gorra negra, elementos considerados de interés para la causa por ser compatibles con la vestimenta utilizada durante el hecho.

Badia fue aprehendido en el marco de una causa caratulada como “hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio”. Según supo este medio, tiene un frondoso historial delictivo: registra al menos once antecedentes informados por la Policía, en su mayoría vinculados a delitos contra la propiedad.

El más reciente es del 3 de marzo de este año, por una causa de violación de domicilio tramitada en Berisso-Ensenada. Antes, el 16 de enero, había sido imputado por robo en La Plata. También figura un antecedente del 19 de febrero de 2025 por hurto.

El listado incluye, además, varias causas de 2022. Entre ellas, tres expedientes por robo agravado con escalamiento, fechados el 20, 21 y 26 de junio de ese año. En septiembre y octubre de 2022, en tanto, aparece mencionado en causas por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad.

Su historial se completa con otros registros de 2021: una causa por hurto y resistencia a la autoridad, del 15 de febrero; otra por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, del 13 de marzo; y una más, con la misma calificación, del 7 de mayo. En el informe también figura una causa de noviembre de 2019 por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Plata. El aprehendido será indagado en las próximas horas.

La Justicia Federal de La Plata amplió el procesamiento contra directivos y empleados de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en la causa por la distribución de fentanilo adulterado. La resolución incorpora nuevas pruebas que elevan de 20 a 90 las víctimas fatales confirmadas y a 44 las no fatales que quedaron con secuelas, según surge del fallo al que accedió Infobae. El documento judicial describe deficiencias críticas en la producción del fármaco, cuestiona los controles estatales y advierte sobre limitaciones estructurales del sistema sanitario.

En la resolución, Kreplak dejó por sentado que la cantidad de fallecidos podría ser superior, y lo explica así: “Es importante destacar que las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados. Por cuestiones ajenas al accionar de la instrucción vinculadas a la realidad de la práctica hospitalaria argentina, esto es, criterios médicos, tecnología disponible y/o modalidad de registración documental, entre otros motivos- la prueba que permitiría acreditar el universo total de casos no se encuentra disponible”.

El gráfico 228 de la resolución sobre el caso del fentanilo sintetiza el método judicial que se utilizó para identificar a los pacientes afectados por la administración del lote 31202 del medicamento adulterado. De allí, se desprende que el tribunal solicitó a todas las instituciones de salud que adquirieron ese lote de Fentanilo HLB Pharma un listado de los pacientes que recibieron ampollas de esa partida durante el período de sospecha.

A partir de esos listados, se pidieron historias clínicas e informes bacteriológicos de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más de fentanilo, considerado el umbral suficiente de exposición. Luego, se analizaron los cultivos microbiológicos de cada paciente y, en caso de hallarse las mismas bacterias detectadas en las ampollas contaminadas (Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia mannitolilytica), se compararon los perfiles de resistencia y características fenotípicas. Solo se incluyeron los casos con infecciones confirmadas y con muestras extraídas de sitios estériles, descartando los casos de colonización o cultivos de vigilancia.

El esquema del gráfico permite visualizar cómo se clasificaron los pacientes en tres grupos:

• Casos confirmados: pacientes con infección comprobada por las bacterias halladas en el fentanilo contaminado y con coincidencia de perfiles microbiológicos.
• Casos excluidos: pacientes en los que no se pudo confirmar una infección por las bacterias investigadas, ya sea porque no se realizaron cultivos adecuados, las muestras no fueron de sitios estériles o porque no hubo coincidencia fenotípica.
• Casos sospechosos: aquellas personas expuestas al fármaco, pero sin confirmación bacteriológica concluyente.

Este abordaje permitió delimitar el universo de víctimas judicialmente confirmadas, aunque la propia resolución advierte que el número real podría ser mayor debido a limitaciones en la obtención de pruebas y registros en el sistema sanitario.

El fallo reconoce que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”, y detalla la metodología judicial implementada para superar las limitaciones del sistema sanitario, que incluyó requerimientos a 32 establecimientos de salud para el envío de historias clínicas y listados de pacientes tratados con el potente anestésico.

Esto queda expuesto en los siguientes datos:

• 10.539 pacientes recibieron fentanilo en el período investigado. La enorme mayoría recibió solo una ampolla, en procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con bajo riesgo y sin realización de cultivos microbiológicos.
• Pacientes con 5 o más ampollas: se seleccionó a quienes recibieron cinco o más ampollas del lote 31202, umbral considerado suficiente para que la exposición implique riesgo de contagio o infección. De este subgrupo, se solicitaron historias clínicas y estudios bacteriológicos, priorizando a pacientes en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica.
• Pacientes con cultivo bacteriológico: de los expuestos con cinco o más ampollas, muchos fueron excluidos porque no se les realizó ningún cultivo. En otros casos, las muestras se descartaron o los resultados no se incorporaron a la historia clínica, especialmente por el fallecimiento previo del paciente.
• Pacientes con cultivo positivo para las bacterias investigadas: posteriormente, sólo se consideraron aquellos pacientes en quienes se detectó en los cultivos la presencia de las bacterias vinculadas a las ampollas contaminadas: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. Se descartaron todos los pacientes cuyos cultivos fueron negativos o identificaron otras bacterias distintas.

El resultado final, según la resolución, fue el siguiente:

• 70 pacientes fallecidos y 44 pacientes no fallecidos cumplen con los parámetros judiciales de caso confirmado y se suman a los 20 fallecidos de la resolución anterior, totalizando 90 casos fatales y 44 no fatales judicialmente probados y vinculados al brote.
• En ese mismo, punto Kreplak informó: “Se analizaron setenta historias clínicas de pacientes a quienes se administró fentanilo contaminado, y documenta que el contagio bacteriano produjo ‘un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia’“. La resolución destaca la dificultad para identificar a todas las víctimas debido a la propia dinámica de funcionamiento del sistema sanitario argentino, la falta de vigilancia epidemiológica obligatoria y los errores frecuentes en la consignación bacteriológica.

Por esa razón, Kreplak reafirmó que “la metodología fue estricta y muchos pacientes quedaron excluidos por no cumplir los criterios de dosis mínima, ausencia de cultivos o falta de confirmación bacteriológica, aunque la propia resolución reconoce que la cifra real de víctimas podría ser mayor por las deficiencias en registros y trazabilidad dentro del sistema sanitario argentino”.

Críticas a los organismos de control

El juez detalló que la investigación se vio obstaculizada por la ausencia de registros confiables y la fragmentación de la información sanitaria. “Las dificultades que debimos afrontar responden en términos generales a que el suceso investigado no hizo eclosión en condiciones controladas sino en la operatoria cotidiana del sistema sanitario argentino”, señala la resolución.

El fallo remarca que la tarea de “recupero judicial” de ampollas de fentanilo debió ser ejecutada directamente por el juzgado ante la “incapacidad de los organismos de control en la materia”, en referencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que admitieron la imposibilidad operativa de realizar un retiro efectivo de los lotes adulterados. La resolución documenta que fue el propio juzgado quien debió ordenar la inmovilización y retiro de ampollas en 572 establecimientos de salud de 17 jurisdicciones del país.

Sobre la ANMAT, el magistrado es muy crítico por la pasividad del máximo organismo de control al momento de solicitarle retirar del mercado el fentanilo adulterado con dos bacterias. En la resolución lo describe así: “El día 24 de mayo de 2025, es decir, poco más de una semana desde la radicación del expediente y en el marco de la adopción de diversas medidas urgentes, se ordenó a la autoridad de control en la materia -ANMAT- que ejecute el inmediato retiro del mercado de todas las ampollas correspondientes a los lotes sospechados del medicamento Fentanilo HLB”. Tres días después, el organismo que en ese momento estaba a cargo de Nélida Agustina Bisio respondió: “’Una recuperación efectiva solo puede lograrse conociendo la cantidad real fabricada y comercializada por el laboratorio’. Es decir, el primer impedimento informado para abordar la tarea designada a partir del contexto de riesgo palmariamente conocido”.

Por esa razón, el juzgado “resolvió oficiar a los responsables de cada uno de los establecimientos y efectores de salud identificados, a fin de hacerles saber su deber de poner en cuarentena todas las unidades del producto Fentanilo HLB que hayan adquirido correspondientes a los lotes 31200, 31201, 31202, 31244, 31245, 31246 y 31247, hasta tanto se disponga el modo en que serán retirados de sus instalaciones”.

La resolución sostiene que el juzgado debió suplir las falencias regulatorias y subrayó la “insuficiencia de la respuesta estatal ante un riesgo sanitario de esta magnitud”, advirtiendo sobre la falta de tecnología adecuada en hospitales para identificar bacterias y la ausencia de mecanismos de vigilancia centralizada.

El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.

Según pudo reconstruir Infobae, en la segunda fase de investigación judicial los instructores judiciales avanzan sobre otros posibles empleados de los establecimientos ya clausurados y la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

Los hallazgos de la instrucción

El punto 3 de la resolución de 382 fojas recapitula que, tras el primer procesamiento centrado en veinte víctimas fatales, la continuidad de la investigación permitió ampliar el universo de casos vinculados al brote. El análisis de los peritajes del ANLIS Malbrán y el Cuerpo Médico Forense acreditó la identidad fenotípica, genómica y molecular de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes y en las ampollas de fentanilo adulterado, identificados como los lotes 31202 y 31244, lo que permitió “acreditar con certeza científica” la asociación entre ambos.

La sentencia subraya que la intervención de ANLIS Malbrán “se limitó a analizar los aislamientos espontáneamente derivados por diferentes hospitales, una práctica no obligatoria en el sistema de salud, mucho antes de que se produjera la intervención judicial”.

Falencias productivas y responsabilidades empresariales

La resolución también expone las respuestas de los imputados y destaca la falta de organigrama, controles de calidad inexistentes, ausencia de personal calificado y registros manipulados. El documento resalta: “Los responsables del laboratorio sabían con claridad que, en las condiciones en que se encontraba funcionando, cualquier producto estaba muy por fuera de las Buenas Prácticas de Fabricación y, en consecuencia, tenían absoluto conocimiento del grado de riesgo que podrían introducir en la sociedad como consecuencia de desvíos de calidad en las sustancias medicinales que liberaban a la circulación”.

La situación de los imputados

El juez Ernesto Kreplak acusó a los 13 imputados procesados de por los presuntos delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte de 90 personas-respecto de la contaminación del Lote 31202-, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud -respecto de la contaminación del Lote 31244 (arts. 200 y 201 bis CP)”. La expectativa de pena es de 10 a 35 años.

El magistrado entendió que “por sus intervenciones y aportes en los hechos prima facie acreditados en la investigación, las líneas intermedias y superiores de índole técnica vinculadas a la producción y control de calidad de fentanilo HLB, así como el Director Técnico del titular del producto, quedaron comprendidos dentro del concepto de coautoría funcional en la producción del resultado disvalioso establecido: la contaminación y la muerte de alguna persona como su resultado, a saber: José Antonio Maiorano, Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk, Edgardo Sclafani, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay”. Esto se extendió también “al director general de ambos Laboratorios, así como a los dueños con injerencia directa en las actividades de los establecimientos: Javier Martín Tchukrán, Ariel Fernando García y Diego Hernán García”. En cuanto a Nilda Furfaro (madre de Ariel y Diego), “su rol en los hechos la llevó a revestir la calidad de partícipe necesaria”.

Para todos los imputados se mantiene la inhibición general de bienes y el embargo sobre sus bienes como garantía de eventuales responsabilidades civiles y/o penales.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, amplió la acusación contra los 13 imputados por la elaboración y distribución de ampollas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Hasta ahora se los vinculaba a 20 muertes.

En la resolución firmada hoy, las víctimas fatales se elevaron a 90. También se contabilizan otros 44 pacientes dados de alta que quedaron con secuelas, dos de ellos de gravedad.

El principal acusado es Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group. Los otros 12 procesados tuvieron eran directivos de las empresas y responsables el proceso de elaboración, control y salida al mercado.

Ernesto Kreplak, el magistrado que investiga la mayor sanitaria del país los acusa de los presuntos delitos de “adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, setenta (70) personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos (2) personas y graves de, al menos, cuarenta y un (41) personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una (1) persona”. La escala penal seria, si se mantiene la calificación de 10 a 35 años.

“El desafío de identificar víctimas”

Uno de los puntos salientes de la resolución del magistrado que se encuentra en el punto “7.1″. Allí Kreplak describe con precisión y detalles los “nuevos resultados probados — La dimensión real de la tragedia del fentanilo HLB — y “el desafío de identificar víctimas en un sistema sanitario con limitaciones estructurales”.

En la resolución de 382 fojas, se detalla al extremo los obstáculos extraordinarios que enfrentó la justicia para determinar el universo total de víctimas del fentanilo HLB contaminado con los lotes 31202 y 31244.

El juzgado reconoció desde el inicio que el suceso no ocurrió en condiciones controladas sino en la operatoria cotidiana de hospitales públicos y privados de múltiples jurisdicciones, lo que condicionó severamente la producción de prueba.

La resolución identifica al menos siete grandes dificultades que limitaron la identificación de víctimas:

1. Falta de trazabilidad intrahospitalaria. El fentanilo no era un medicamento cuya normativa vigente obligara a los hospitales a registrar la marca y el lote administrado a cada paciente. Las ampollas ingresaban al stock genérico de farmacia y se dispensaban sin discriminar por lote, haciendo imposible reconstruir qué paciente recibió el medicamento contaminado.

2. Ausencia de muestras biológicas para secuenciación genética. En la mayoría de los casos, los hospitales no conservaron restos biológicos de los pacientes infectados, lo que impidió realizar la secuenciación genética que habría permitido confirmar con certeza científica la asociación al brote. Esa ventana de tiempo había cerrado cuando intervino la justicia.

3. Criterios dispares para tomar cultivos. No existe en Argentina un protocolo obligatorio para decidir a qué pacientes se les realizan cultivos microbiológicos. En la mayoría de los centros de salud relevados, esa decisión quedaba exclusivamente en manos del médico de guardia, sin estándares institucionales. Muchos pacientes fallecieron sin que se les tomara muestra alguna.

4. Descarte de muestras tras el fallecimiento. Los hospitales habitualmente descartan las muestras extraídas para cultivar cuando el paciente fallece antes de obtener el resultado. Esto dejó sin posibilidad de verificación bacteriológica a numerosos casos.

5. Errores de identificación bacteriana. Varios centros de salud no contaban con tecnología suficiente para identificar con precisión las cepas de Ralstonia, lo que generó errores sistemáticos: en algunos hospitales se consignó Ralstonia insidiosa cuando en realidad se trataba de Ralstonia mannitolilytica, la bacteria hallada en las ampollas. El juzgado identificó un “caso testigo” —la paciente V.L.L, del Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe— cuya secuenciación genética posterior confirmó que el error de identificación era generalizado en esa institución.

6. Deficiencias en los antibiogramas. Los hospitales no siempre incluyen todos los antibióticos relevantes en sus análisis, lo que dificultó comparar los perfiles de resistencia de las bacterias aisladas en pacientes con el perfil de la cepa hallada en las ampollas.

7. Historias clínicas manuscritas y deficiente digitalización. Muchas instituciones aún confeccionan sus historias clínicas en papel y de forma manuscrita, con baja legibilidad, lo que complicó su compulsa masiva.

La metodología judicial diseñada para superar los obstáculos

Ante la imposibilidad de contar con secuenciaciones genéticas masivas, el juzgado diseñó una metodología propia de identificación de víctimas, aplicada a los 43 establecimientos de salud que adquirieron ampollas del lote 31202.

El método consistió en:

1. Determinar con precisión cuántas ampollas del lote 31202 administró efectivamente cada hospital (total adquirido menos lo recuperado en depósito judicial y lo devuelto a droguerías).
2. Solicitar a cada institución la nómina de pacientes que recibieron fentanilo durante el “período de sospecha” —desde la fecha de adquisición del lote hasta el 15 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso del producto.
3. Requerir las historias clínicas de aquellos pacientes que hubieran recibido cinco ampollas o más —criterio de dosis suficiente para provocar contagio—, excluyendo a quienes recibieron una sola ampolla en quirófano.
4. Examinar los informes bacteriológicos en busca de aislamientos de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii o Ralstonia mannitolilytica.
5. Comparar el perfil fenotípico —mecanismo de resistencia y antibiograma— de las bacterias aisladas en pacientes con el de las bacterias presentes en el lote 31202.
6. Verificar que las muestras fueran tomadas de sitios estériles (sangre, orina, líquido cefalorraquídeo), ya que solo así el resultado positivo implica infección y no mera colonización.

Este proceso implicó la compulsa de miles de historias clínicas, la realización de declaraciones testimoniales a directores médicos de decenas de hospitales en todo el país, y en varios casos la obtención de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio ante la reticencia de algunas instituciones.

El esquema resultante mostró que de 10.539 pacientes que recibieron fentanilo en el período de sospecha, solo 1.307 superaban el umbral de cinco ampollas; de ellos, 1.043 tenían cultivos realizados; 1.030 contaban con informe bacteriológico; 437 presentaban rescate de las bacterias investigadas; 158 tenían un perfil fenotípico compatible; y 134 cumplían el requisito de muestra tomada en sitio estéril.

La definición judicial de “caso confirmado” y sus alcances

El juzgado introdujo el concepto de “definición judicial de caso confirmado”: aquel paciente que, habiendo recibido fentanilo HLB lote 31202, arrojó cultivo en sitio estéril positivo para Klebsiella pneumoniae MBL no BLEE, multirresistente, sensible a colistín, tigeciclina, minociclina y aztreonam, y/o para Ralstonia mannitolilytica.

El juzgado aclaró expresamente que este estándar no equivale a la certeza científica que provee la secuenciación genética, pero sí constituye prueba suficiente para superar el umbral de convicción jurídica “más allá de toda duda razonable”.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026 se realizaron seis juntas médicas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que evaluaron un total de 163 casos. Los peritos oficiales concluyeron, caso por caso, si la infección bacteriana había causado la muerte, incrementado el riesgo de muerte, producido lesiones gravísimas, graves o un daño menor a la salud.

Los peritos de parte designados por las defensas de Ariel García, Diego García y Javier Tchukrán presentaron disidencias reiteradas, cuestionando la falta de secuenciación genética, diferencias fenotípicas en algunas bacterias y la ausencia de antibiogramas completos. El juzgado rechazó sistemáticamente estos planteos, señalando que constituyen discrepancias dentro del campo médico y que las limitaciones probatorias son atribuibles a la dinámica del sistema sanitario argentino, no a deficiencias de la instrucción.

El balance final: 90 muertos y 44 lesionados confirmados judicialmente

Como resultado del análisis, el punto 7 concluye que el universo de víctimas judicialmente confirmadas del lote 31202 asciende a:

• 90 pacientes fallecidos (20 confirmados por secuenciación genética en el auto de mérito anterior, más 70 nuevos casos confirmados por la metodología judicial).
• 44 pacientes no fallecidos con daños a la salud de distinta gravedad: 2 con lesiones gravísimas (inutilidad permanente para el trabajo), 41 con lesiones graves (peligro de vida o inutilización laboral por más de un mes) y 1 con lesiones leves.

El juzgado advirtió con énfasis que el número real de víctimas es sensiblemente mayor a los confirmados, pero que la prueba necesaria para acreditarlos no pudo producirse por razones ajenas a la instrucción —vinculadas a las prácticas hospitalarias argentinas y a la ausencia de trazabilidad del medicamento—. Las ampollas del lote 31202 llegaron a administrarse en cerca de 40.000 dosis en 43 establecimientos de salud de cinco provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Los trece procesados son:

Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Se encuentra detenido.

Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Está detenido.

Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Con detención domiciliaria.

Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor. Está detenido.

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Está detenido.

Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Procesada como coautora. Detención domiciliaria.

Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.

El 8 de mayo se cumplió un año desde que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por HLB Pharma tras comprobar su contaminación con la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y al confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.

El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.

En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.

La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.

La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. También alertó que:

• Cuando el juzgado le ordenó ejecutar el retiro inmediato del mercado, la ANMAT respondió que una recuperación efectiva requería conocer la cantidad real fabricada y comercializada, y luego señaló que no estaba diseñada para la logística de recuperación masiva de productos.
• El retiro efectivo de las ampollas contaminadas fue ejecutado por el propio juzgado, con intervención de la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad, ante la imposibilidad operativa declarada por la autoridad sanitaria.
• El INAME realizó inspecciones previas al Laboratorio Ramallo y emitió advertencias sobre incumplimientos de Buenas Prácticas de Fabricación que no derivaron en la suspensión de la producción.

Un curioso hecho de inseguridad tuvo lugar este lunes en la ciudad de La Plata, donde un adolescente de 14 años resultó herido de bala tras sufrir un supuesto intento de robo y terminó internado en el Hospital de Niños local. Luego, los investigadores corroboraron que su relato era falso, y que él era el delincuente que había sido baleado mientras pretendía concretar un asalto.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el chico, identificado como L.J.M.P., fue ingresado al centro de salud platense con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo.

Al tomar conocimiento del hecho, personal de la comisaría 8ª de La Plata se trasladó al Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” y entrevistó a la tía de L.J.M.P.

De acuerdo al relato de la mujer, a partir de los dichos de su sobrino, L.J.M.P. había sido interceptado en el cruce de las calles 10 y 82 por dos asaltantes que circulaban a bordo de una moto.

Al descender del rodado, siempre según el relato que el adolescente le compartió a su tía, los motochorros le dispararon sin mediar palabras, pero no concretaron el robo y se fugaron del lugar a toda velocidad.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal del Grupo de Tareas Operativas de la comisaría interviniente, que desde un primer momento dudó del relato del adolescente. Ante las sospechas, los policías chequearon los registros policiales de L.J.M.P. y corroboraron que tenía antecedentes por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma.

El ingreso a la comisaría 8ª platense fue el último 26 de diciembre, pero ese mismo día recuperó la libertad.

Con esta información entre manos, y tras recabar distintos testimonios de interés para la causa, los investigadores lograron verificar que L.J.M.P. era un delincuente y que había sido baleado en un robo que él mismo había intentado cometer.

La causa fue caratulada como averiguación de ilícito y lesiones leves y quedó en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 platense.

El juez Guillermo Atencio dictó la prisión preventiva al joven de 22 años acusado de matar de una puñalada a Luis Alberto Cubilla durante una pelea en Los Hornos, hace más de una semana. El ataque se produjo en medio de una fiesta en donde ambos mantuvieron una discusión minutos antes.

En paralelo a la resolución dictada por el magistrado, se hizo lugar al pedido de elevación a juicio impulsado por la fiscalía contra Pablo Alexis A., quien está acusado de homicidio. Así lo confirmó el portal de noticias 0221. Las pericias judiciales establecieron que Cubilla, de 29 años, murió por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, como resultado de una herida de arma blanca.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1° de mayo, durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143, y a partir de la declaración de los trestigos y de registros fílmicos, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia. Así, la Fiscalía determinó que hubo un un intercambio verbal entre el acusado y la víctima, que se desató porque Pablo Alexis A. mantenía una conducta “cargosa y maleducada” que generó malestar entre los presentes. Esto llevó a que Cubilla le advirtiera: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Tras el cruce de palabras, Cubilla le propinó una cachetada a su oponente y un tercero intervino para separarlos. Minutos después el acusado regresó armado con una cuchilla y atacó a la víctima a la altura de la axila izquierda. Las personas que se encontraban allí identificaron de inmediato al agresor y lo señalaron ante la Policía, que lo detuvo a pocas cuadras del lugar. El sospechoso fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después del hecho y quedó a disposición de la Justicia. La causa pasó a manos de la UFI N° 8 de La Plata, bajo la conducción del fiscal Martín Almirón.

En tanto la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, donde los médicos no lograron salvar su vida.

Tras el crímen, circuló un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchaban gritos, rotura de vidrios y pedidos de auxilio: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. Los registros fílmicos captados por las cámaras de seguridad, incorporadas como prueba, mostraron la secuencia del ataque y reforzaron la situación procesal en contra del acusado. Un agente policial que estuvo en la escena, calificó el ataque como “una pelea de borrachos”.

Frente a las autoridades, el joven habría realizado un reconocimiento espontáneo de su participación en el hecho, aunque al momento de ser indagado por Almirón, optó por guardar silencio.

Zoraida, madre de la víctima, habló sobre el dolor que atravesó su familia tras el crimen y descartó cualquier vínculo de amistad entre su hijo y el acusado. “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”, afirmó. “El asesino ya lo tenía en la mente”, sostuvo. La mujer recordó a su hijo como alguien de carácter alegre: “Le decíamos ‘Boscacha’. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor”.

“La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”, relató sobre la partida de su hijo. “Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Sin embargo, pidió que "la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”, volvió a pedir.

No siempre no se es profeta en su tierra. Así lo marca el caso de César Paternosto, quien tiene en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata su merecida y primera retrospectiva y que, hace unas semanas, fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la prestigiosa casa de estudios.

Tras La mirada excéntrica, retrospectiva del Bellas Artes de 2019, llegó el momento de La imaginación geométrica, curada por la directora del Centro Natalia Giglietti, quien explicó a Infobae Cultura, que la muestra invita a repensar las seis décadas de trayectoria del artista a través de cuatro núcleos temáticos, escapando a lo cronológico, para “entrecruzar épocas y técnicas con una lógica que privilegia las conexiones intelectuales y visuales de la obra”.

La puesta, busca así, proponer un viaje desde sus primeras pinturas-objeto hasta sus piezas de Deconstrucción pictórica, que permiten ingresar en el cuadro: el viaje que hace el ojo frente a las pinturas ahora lo hace el cuerpo, transitando un espacio donde los puntos de percepción van variando.

El recorrido incluye un núcleo reducido dedicado a la formación inicial del artista en La Plata, con documentos del Grupo Sí y referencias al informalismo y la cultura Santamaría, civilización que se desarrolló en el norte de la actual provincia de Catamarca y el sudoeste de la provincia de Salta. Este bloque muestra el vínculo entre los empastes texturales y la iconografía andina, así como la transición hacia una “geometría sensible”, concepto acuñado por Aldo Pellegrini en 1964.

La curadora sostiene que una de sus experiencias formativas se produjo en el Museo de La Plata, donde en la década de 1960 la observación de textiles y cerámicas prehispánicas se sumó a la influencia recibida por Jorge Mieri en sus clases de pintura: “Jugá con las sombras”. Esta consigna —atender a lo periférico y desplazado— atravesó toda la producción de Paternosto y definió su distintivo enfoque perceptivo.

Como integrante del Grupo Sí practicaba la pintura informalista, el movimiento surgido en España durante la dictadura franquista, paralelo al expresionismo abstracto estadounidense, y que tuvo a principios de los 60 una importante e influyente exposición en el Bellas Artes argentino. Para el final de aquella década, ya había dado por finalizada su etapa post-informalista.

Uno de los momentos fundacionales en el trabajo de Paternosto tuvo lugar en 1969 con la intervención del borde de una hoja escolar utilizando ceritas, acto que cristalizó en una “visión oblicua o lateral” que colocó la pintura en los márgenes del bastidor y silenció la zona frontal tradicionalmente central en el arte occidental. “La pintura ocurre en el desplazamiento”, explica la curadora, aludiendo al movimiento corporal necesario para captar plenamente la obra.

Entre 1977 y 1979, en viajes a Cusco, el artista vivió lo que denominó una epifanía, constatando que la abstracción posee raíces más profundas en América de lo que la historia oficial centrada en Europa.

Giglietti comentó que “cuando va a Cusco se produce una ruptura teórica” y “empieza a releer la abstracción desde los antecedentes de América Latina”. Allí cobra particular importancia el concepto de “grado cero de la abstracción”, inspirado en textiles precolombinos y representado en piezas como el tocapú del Museo Provincial y obras creadas en la última década.

Sobre aquel viaje, el artista recordó en una entrevista con Infobae Cultura: “En los 70 viajé a Perú y encontré rocas talladas en forma geométrica. Fue una epifanía: en medio de los Andes di con esculturas extrañas incluso para la tradición precolombina. Me conmovió ver un arte abstracto anterior al de Occidente en el cual me había criado y del que casi no había referencias, porque el antropólogo, el arqueólogo, confrontado con un objeto antiguo, si no ve la representación de una figura reconocible no ve arte, le falta la educación de una evolución abstracta, cree que el arte termina en la representación realista y naturalista”.

Estos estudios lo llevaron a formular una tesis que sostiene que la geometría originada en la estructura textil andina supera la función mimética o figurativa, según desarrolló Paternosto en su libro Piedra abstracta.

La curadora resaltó el protagonismo de los documentos y bocetos conservados: “Está el primer boceto que hizo con ceritas que pintó al costado y dobló la hoja. Son piezas muy clave de se proceso”. Dichos elementos, explicó, se yuxtaponen a las fotografías originales de la serie Cusco de 1977–1979, en las que el artista reformula la abstracción desde América Latina y la estructura de la retícula textil andina.

Paternosto residió en Nueva York entre 1967 y 2004, y actualmente vive y trabaja en Segovia, donde su carrera volvió a tomar giros geométricos, escapando al plano del lienzo hacia los márgenes.

“Cuando no tenía ideas para desarrollar en la pintura o sentía que había cumplido un ciclo, de repente aparecían estas ideas que eran para plasmar directamente en el papel. Las primeras surgieron durante mi estancia en Nueva York, aunque allí le daba primacía a la pintura”, comentó Paternosto.

Y agregó: “La diferencia es que esas obras en papel de NY eran láminas planas, en cambio en España empecé a darles cierto volumen, respondiendo a su naturaleza, con pliegues, cortes, provocando siempre al espectador para que lo vea de forma dinámica. Los acentos de las obras en papel están siempre en los costados, lo que de alguna manera es trasladar mi propuesta pictórica desde hace 50 años de la visión lateral del cuadro”.

El segmento final de la exposición presenta la investigación escultórica contemporánea, anclada en los “vacíos y huecos” y referenciada tanto en la tradición incaica como en la Bauhaus y el arte Madí. “La zona de la vidriera es muy espacial, muy plana, con estos vacíos. También remontando a las arquiesculturas en piedra abstracta de los incas”, relató la curadora, marcando el modo en que la muestra permite observar la persistencia de una “imaginación geométrica” inconsciente y las reapropiaciones sucesivas de motivos andinos.

Los homenajes al artistas también se visualizaron con una instalación site specific en el patio del Rectorado de la UNLP y en el Museo de La Plata.

Las obras de Paternosto tienen presencia en colecciones nacionales y extranjeras de instituciones como el Museum of Modern Art y el Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Kunstmuseum Bern en Suiza y el Museo Esteban Vicente de Segovia, además de su inclusión en relevantes acervos latinoamericanos y europeos.

En Argentina, su producción integra colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) y otras instituciones como el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson en San Juan, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti en La Plata.

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*La imaginación geométrica en la Vidriera 48 y la sala B del Centro de Arte de la UNLP, calle 48 entre 6 y 7. De miércoles a viernes de 11:00 a 18:00h y sábados de 15:00 a 20:00h, hasta el 11 de julio. Entrada libre y gratuita.

Dos jóvenes fueron detenidos este lunes en las afueras de La Plata tras protagonizar un violento ingreso a una vivienda particular, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró en una finca situada sobre la calle 142 entre 33 y 34, donde los delincuentes sorprendieron al propietario bajo amenazas y lo sometieron con un arma blanca.

La secuencia comenzó cuando los sujetos, de 25 y 18 años, forzaron la puerta principal de la casa y accedieron al interior de manera abrupta. Una vez adentro, redujeron a un hombre de 53 años, utilizando una cuchilla de gran tamaño.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Día, bajo intimidación constante, los individuos obligaron a la víctima a desbloquear su teléfono móvil y lo mantuvieron en el suelo mientras revisaban las habitaciones y sustraían diversos objetos de valor.

Tras el llamado de alerta al 911, los efectivos del Comando de Patrullas se trasladaron rápidamente al lugar del hecho. Allí, la víctima pudo describir a los asaltantes y brindar detalles relevantes sobre la vestimenta y las características físicas de los individuos. Los sospechosos, según la reconstrucción, habían escapado a pie por las calles de la zona.

A solo 400 metros de la vivienda, en la intersección de 142 y 528, los uniformados interceptaron a dos jóvenes que coincidían con la descripción aportada por la víctima. Durante la requisa, los agentes hallaron una mochila en poder de los detenidos que contenía una computadora notebook de alta gama y la cuchilla de 35 centímetros utilizada en el ataque.

El propietario reconoció de inmediato tanto a los individuos como los elementos secuestrados durante el procedimiento policial. Los detenidos quedaron bajo custodia a disposición de la justicia, en tanto los objetos recuperados fueron devueltos a la víctima.

A pesar del arresto de los dos sospechosos y la recuperación de parte de los bienes robados, los investigadores constataron que aún faltaban otros elementos sustraídos durante el episodio. Entre los objetos que no fueron hallados se encuentran un televisor LED de 42 pulgadas, una guitarra criolla y dos teléfonos celulares.

Para encontrar los elementos restantes, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó adelante el registro de una vivienda ubicada sobre la calle 143, señalada como posible escondite o refugio de los autores del hecho. Tras la inspección, no se encontraron rastros de los artículos faltantes ni indicios de su ubicación.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3 de La Plata, desde donde se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la permanencia de los detenidos bajo custodia hasta su comparecencia en sede judicial durante la jornada.

De acuerdo a lo mencionado por el mismo portal, los jóvenes involucrados enfrentarán una audiencia en el transcurso de este martes.

Le robaron mientras intentaba guardar el auto en la cochera

A fines del mes pasado, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata, una vecina fue interceptada por tres personas mientras intentaba guardar su vehículo durante la madrugada. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue relatado por la propia víctima.

El episodio ocurrió pasada la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada. “Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando el momento de desesperación.

La secuencia se agravó cuando la víctima intentaba escapar y, luego de varios segundos de forcejeo, lo consiguió. La mujer denunció que, tras el intento de robo, realizó un llamado inmediato al 911 solicitando auxilio, pero el patrullero nunca llegó al lugar. “Es inaceptable que situaciones de gravedad ocurran sin respuesta inmediata”, sostuvo la mujer.

El domingo por la noche, un operativo policial en la calle 160 bis entre 43 y 44, en la ciudad de La Plata, culminó con la detención de un hombre buscado por la justicia.

La intervención de los oficiales del Comando de Patrullas comenzó luego de que observaran a un individuo zamarreando a una mujer en la vía pública, en un aparente episodio de violencia de género. El hecho, registrado en una zona residencial, movilizó a las fuerzas de seguridad.

Los agentes policiales decidieron intervenir inmediatamente, priorizando la protección de la víctima y el esclarecimiento de la situación. Al intentar identificar al sospechoso, este proporcionó datos falsos sobre su identidad. La mujer que lo acompañaba, sin embargo, señaló que era su pareja y reveló el nombre verdadero del involucrado. Inmediatamente se dio a la fuga, iniciando una persecución que se extendió por varias viviendas cercanas.

Durante la huida, el individuo escaló muros de las casas vecinas e ingresó en distintos domicilios con el objetivo de evadir a los efectivos policiales. La persecución policial generó momentos de tensión tanto para los residentes como para los uniformados, quienes desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Finalmente, el acusado fue reducido dentro de una propiedad privada y trasladado a la comisaría zonal para su identificación y detención.

De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, el hombre aprehendido fue identificado como G.B.C.L., de 51 años. Al efectuar la consulta de antecedentes, los oficiales constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activa emitido por el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata desde el 8 de octubre de 2025.

Esta solicitud judicial respondía a una causa caratulada como “tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma, tenencia de arma de fuego de uso civil, lesiones leves, sustracción, retención y ocultamiento de persona”.

Según la información policial que constató dicho medio, el detenido también registraba un pedido de paradero activo relacionado con otra causa por “amenazas agravadas”, bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de La Plata. La verificación del prontuario reforzó la decisión de mantenerlo bajo custodia y ponerlo a disposición de la justicia para los procedimientos correspondientes.

El operativo, que involucró a varias unidades del Comando de Patrullas, se desarrolló en el marco de los protocolos de actuación ante presuntos casos de violencia de género y detención de personas con requerimientos judiciales pendientes. El accionar policial fue seguido de cerca por vecinos, quienes se vieron sorprendidos por la presencia de patrulleros y uniformados recorriendo los techos y patios de las viviendas de la cuadra.

La investigación que condujo a la detención del agresor está vinculada con un hecho grave ocurrido el 26 de septiembre de 2025. En esa oportunidad, una mujer identificada como N.A.A. resultó baleada en el hombro izquierdo durante una discusión con el acusado. El episodio, que fue caratulado como tentativa de homicidio, derivó en la internación de la víctima y una intervención quirúrgica de urgencia.

De acuerdo con los registros judiciales, la víctima logró recuperarse tras la cirugía, aunque el hecho llevó a la apertura de una causa penal de alto impacto en la jurisdicción. El pedido de captura se mantuvo vigente desde entonces, intensificándose la búsqueda en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad locales.

La investigación en curso se centra en la reconstrucción de los hechos que derivaron en el pedido de captura, la evaluación de los antecedentes penales del detenido y la protección de posibles víctimas asociadas a los delitos investigados.

La jueza laboral de Maldonado que había ordenado la subasta de la mansión “El Gran Chaparral” del ex sindicalista argentino Marcelo Balcedo dio marcha atrás y suspendió el remate sin nueva fecha, tras recibir un exhorto del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por vía de Cancillería. La medida desató una apelación inmediata de los trece ex empleados que esperaban cobrar casi dos millones de dólares en deudas laborales acumuladas desde 2018.

La magistrada en lo Civil de 7° Turno de Maldonado, Ecatherina Cardozo, que ella misma había ordenado la subasta del padrón N° 31.251 —la fracción de campo de seis hectáreas y 514 metros cuadrados sobre el Cerro de los Burros, en Playa Hermosa, donde se asienta la propiedad—, emitió una resolución interlocutoria que paralizó el remate previsto para el 8 de mayo y elevó la disputa al Tribunal de Apelaciones. La decisión llegó a días de la subasta, cuando ya se habían publicado los edictos legales y el martillero Gabriel Etcheverry había solventado los gastos de publicidad.

El pedido de suspensión llegó desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, que instruye la causa FLP 2436/2015/22 caratulada "Balcedo, Marcelo Antonio y otros s/Infracción art. 303, Asociación Ilícita y Defraudación por Administración Fraudulenta“. El magistrado actuó a instancias de la fiscal federal María Laura Roteta, de la Fiscalía N° 1 de La Plata, y del fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quienes se enteraron del remate a través de medios periodísticos —entre ellos, una nota publicada por este medio el 16 de abril— y verificaron el edicto en el Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay.

En el dictamen de cinco fojas que motivó el exhorto urgente, Roteta y Velasco sostuvieron que la convocatoria al remate era “a todas luces, improcedente” porque sobre el inmueble pesan medidas cautelares vigentes solicitadas por la República Argentina desde 2018. El Estado argentino había pedido el embargo de ese bien mediante exhorto librado el 15 de junio de 2018, reiterado en septiembre de 2019 y ampliado en diciembre de 2022 con una reinscripción de todos los embargos específicos y genéricos por un monto total de US$ 26.000.000. Los fiscales también citaron un informe del Equipo Multidisciplinario uruguayo creado por Decreto N° 1786/2024, que en mayo de 2025 reconoció expresamente la preferencia del Estado argentino sobre ese inmueble.

Kreplak, en su resolución del 17 de abril, que este medio publicó de manera exclusiva, ordenó librar exhortos internacionales urgentes y fue categórico: requirió “con carácter urgente” al Juzgado Letrado de Maldonado de 7° Turno para que dejara sin efecto “de manera INMEDIATA” el remate, “en pos de resguardar los bienes que sistemáticamente reclama la Nación desde los albores del expediente y que debieran encontrarse cautelados motivo de la extradición pendiente desde el año 2018 y de las múltiples rogatorias exhortadas a tales fines desde hace más de 8 años”. Al mismo tiempo, advirtió al juzgado que tiene a cargo la extradición de Balcedo y su esposa Paola Fiege para que adoptara medidas que mantuvieran el estado actual de los bienes cautelados, en cumplimiento de una “promesa internacional de restitución” que data de 2018. La postura del magistrado no es solo preservar los activos: su criterio es que, de producirse eventualmente un remate, el producido —o lo que reste tras el pago de las indemnizaciones— sea girado a su juzgado para resarcir a las víctimas argentinas del vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) del que el ex gremialista era su secretario general.

La apelación de los ex empleados

El mismo 8 de mayo (día del remate), los abogados Guillermo Ahlers y María Eugenia Nocetti, representantes de los trece exempleados, presentaron un escrito de apelación de 30 páginas ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los trabajadores figuran niñeras, guardias de seguridad, personal de cocina y jardineros que no cobran sus acreencias desde la detención de la pareja en enero de 2018, y en algunos casos desde antes.

Los letrados argumentaron que la decisión de Cardozo fue “inoportuna” porque se adoptó a siete días hábiles de la fecha fijada para el remate, cuando ya se había cumplido con toda la publicidad legal. Cuestionaron además que la jueza laboral haya dado curso al exhorto argentino: a su entender, ese tipo de cooperación internacional en materia penal solo puede ser recibida por un juez penal, no por un tribunal laboral. “El juez penal es el natural para recibir ese tipo de cooperación y no un juez laboral”, remarcó Ahlers el defensor de las víctimas uruguayas .

El argumento de fondo es más amplio. Los abogados sostienen que “la Justicia uruguaya no debe paralizar un remate por el pedido de un juez argentino cuando ni siquiera hay sentencia en ese país”, a diferencia de sus representados, que sí tienen fallos firmes a su favor. Señalaron que el embargo de los trabajadores en el registro es anterior al de la causa argentina —anotado como “Camacho, Luis y otros. Ejecución de sentencia. N° 17.734, 26/10/2022”— y que los tratados de cooperación internacional siempre preservan los derechos de terceros de buena fe, categoría que encuadra a los trabajadores.

Ahlers fue más directo al resumir el impacto práctico: la suspensión “solo beneficia a Balcedo y Fiege, quienes no perderán su residencia en El Gran Chaparral mientras se sigue discutiendo el tema en Argentina”. El abogado advirtió que permitir que un pedido extranjero paralice sentencias firmes uruguayas generaría “un precedente muy perjudicial para los trabajadores que logran tener sentencias que no se cumplen en Uruguay“.

La apelación también recordó que la propia jueza Cardozo había resuelto años atrás seguir adelante con los embargos contra los bienes de Balcedo cuando el juzgado penal sostenía que no podía afectarlos por el pedido de Argentina, en una contienda de competencia resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, señalan, dio marcha atrás.

Que el cuestionado ex secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación no haya sido condenado en la Argentina tiene peso específico propio. El juez federal de La Plata reclama desde 2018 su extradición para ser juzgado y hasta ahora la República Oriental del Uruguay no hizo lugar a esa petición por recursos impuestos por el gremialista.

Ocho años de reclamos sin respuesta

El trasfondo del conflicto es una causa que el juez Kreplak instruye desde 2018 sin haber podido indagar a Balcedo ni presencialmente ni por videoconferencia. En la causa FLP 2436/2015/22, el ex secretario general del SOEME está acusado de liderar una organización destinada a cometer delitos, lavar activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio. La hipótesis judicial sostiene que el sindicato funcionaba como base de esa estructura y que parte del dinero habría provenido del vaciamiento de las arcas gremiales.

La causa ya tiene condenas parciales: el 18 de diciembre de 2024, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata sentenció a la mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra, y a varios ex funcionarios del SOEME por haber desviado más de 2.500 millones de pesos de los afiliados.

Yebra ingresó al directorio del sindicato en 2012, actuó como testaferro de la pareja y realizó 18 vuelos privados a Uruguay entre 2014 y 2018, en los que se sospecha que se trasladó dinero en efectivo. Decenas de inmuebles y vehículos fueron decomisados y entregados al propio gremio.

El también ex empresario de medios, en tanto, fue detenido el 4 de enero de 2018 en el Gran Chaparral en un operativo coordinado entre ambas justicias. En ese allanamiento se secuestraron 500.000 dólares en efectivo, cerca de 4,5 millones de pesos argentinos, euros, armas largas y cortas con municiones, una flota de vehículos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz— y animales exóticos. La fiscalía uruguaya calificó el procedimiento como la mayor incautación de dinero en efectivo registrada en ese país. Juzgado en Uruguay en un proceso abreviado, Balcedo y Fiege admitieron su responsabilidad por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas. La condena del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno quedó firme el 1 de octubre de 2020.

Tras cumplir el régimen de libertad vigilada, la pareja volvió a residir en la mansión. En Argentina, la extradición solicitada en 2018 permanece sin resolución. La Cámara Federal de Casación de La Plata rechazó en marzo de 2026 el pedido de Balcedo de garantías de no detención en caso de regresar al país.

La disputa por el Gran Chaparral enfrenta ahora dos lógicas judiciales: la de los trabajadores uruguayos con sentencias firmes que esperan cobrar desde hace ocho años, y la del Estado argentino, que reclama bienes que considera producto del lavado de fondos sindicales y exige su restitución en el marco de una extradición que no termina de concretarse.

Todo comenzó cuando un Toyota Corolla, al mando de un joven de 23 años, colisionó con un Suzuki Swift conducido por un hombre de 69 años. Ambos circulaban en la misma dirección —desde 610 hacia 609— cuando se produjo el golpe.

El conductor del Swift perdió el control del rodado, subió a la vereda y terminó chocando de frente contra el comercio Nueva Farmacia Aerobel, donde el vehículo quedó incrustado en la parte frontal del local, indicó el medio local El Día.

Como se pudo apreciar en una de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo sin control salió directo hacia la farmacia, entró derecho y quedó allí adentro detenido.

Luego, en las fotos que tomaron finalizado el accidente, mostraron al auto detenido dentro del comercio, con parte de la estructura dañada por el impacto. Entre quienes presenciaron la escena, la palabra que más se repitió fue una: “milagro”, aseguró otro portal de la zona como 0221. Además, una pareja que se encontraba en las inmediaciones logró evitar ser atropellada por apenas centímetros.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y revisó a los involucrados. Si bien ambos conductores estaban conmocionados, ninguno presentó lesiones. Tampoco hubo víctimas dentro del comercio, a pesar de los importantes daños materiales que sufrió el local.

Tras el siniestro, efectivos de la Policía Bonaerense trabajaron en la zona junto a peritos y personal municipal para determinar la mecánica del choque. El tránsito sobre avenida 7 quedó parcialmente afectado durante varios minutos, en medio del movimiento generado por la presencia de curiosos y del personal que intervenía en el lugar. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y tomó intervención la UFI N°10 de La Plata.

El antecedente de otro choque violento en La Plata

Un grave accidente de tránsito generó alarma en la ciudad de La Plata en la esquina de avenida 13 y calle 40, muy cerca de Plaza Belgrano. Un automovilista ignoró el semáforo en rojo, chocó contra otro coche y provocó grandes destrozos en el vehículo impactado. Testigos captaron el hecho en video, lo que derivó en la interrupción del tránsito y una fuerte discusión en plena calle.

El episodio sucedió semanas atrás, cuando un Peugeot blanco fue chocado por otro vehículo que, según relataron los presentes, cruzó con el semáforo en rojo. Instantes después del choque, la conductora del coche dañado bajó rápidamente y, visiblemente alterada, se dirigió hacia quien consideraba responsable. “Mirá cómo me rompiste el auto”, reclamó la mujer entre insultos y gestos de indignación, señalando los daños.

La situación se volvió aún más dramática por los gritos de la afectada y por la cantidad de restos de plástico y piezas esparcidas en el asfalto.

Uno de los testigos, mientras filmaba, opinó: “¡Se lo voló! Encima, todo de plástico... Se mandó en rojo, al pedo. Tenía el paso la señora, cómo se va a mandar así, es una locura”, y señaló al auto detenido sobre la senda peatonal como el responsable. También advirtió: “Si venía con criaturas, volaban por el parabrisas”.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños materiales, las autoridades informaron que no hubo heridos graves. La escena generó momentos de tensión y obligó a cortar el tránsito sobre avenida 13 y calle 40 durante varios minutos.

Una pareja fue grabada mientras sustraía caños de cobre de medidores de gas en la calle 528 entre 118 y 119, en la localidad bonaerense de Tolosa, ciudad de La Plata durante la noche del viernes. Las imágenes, obtenidas a través de una cámara de seguridad de la zona, muestran a los involucrados desplazándose con un cochecito para bebé y deteniéndose en plena vía pública para retirar piezas de los gabinetes ubicados sobre la línea municipal.

La mayor inquietud de los vecinos surge por el riesgo de fuga de gas que generan estos robos, ya que al sustraer los caños pueden producirse pérdidas que, si no se detectan con rapidez, podrían provocar accidentes graves, según el medio 0221. Las denuncias por sustracción de cobre en La Plata presentan un claro aumento, especialmente por la tendencia de los delincuentes a atacar varias viviendas en una sola noche y así acumular una cantidad considerable del material, el cual es luego vendido en el mercado negro de metales.

El alto valor del cobre se presenta como el principal incentivo detrás del aumento de robos de cables y cañerías en La Plata. A partir de esto, episodios similares se han repetido en distintos barrios platenses. Los vecinos insisten en la necesidad de una mayor presencia policial y acciones preventivas para disuadir una modalidad delictiva que compromete la seguridad de la comunidad.

Un grupo de vecinos de Tolosa convocó a una asamblea durante la jornada del miércoles a las 18 en el Club El Cruce (calle 522 entre 14 y 15) para discutir medidas frente a la ola de robos que afecta a diferentes sectores de este barrio de La Plata.

El motivo principal del encuentro responde al incremento de delitos como robos callejeros, entraderas, “escruches” y fraudes conocidos como el cuento del tío. La preocupación creció tras hechos recientes que involucraron principalmente a jóvenes que iban a la escuela, así como a adultos mayores afectados por robos de autopartes y metales como picaportes, caños de gas y porteros eléctricos.

Los organizadores recordaron que seis meses atrás firmaron un acta compromiso con el Ministerio de Seguridad bonaerense durante una reunión con autoridades provinciales, pero denunciaron que las medidas acordadas no se han implementado plenamente. En esta nueva asamblea, los participantes planean evaluar el grado de cumplimiento del documento firmado y definir próximas acciones frente a un escenario que, advirtieron, se agrava cada semana.

Operativo policial en Tolosa termina en incidentes

Un operativo de la Policía Bonaerense en Tolosa, asociado a estos hechos, derivó en disturbios. Los residentes quedaron resguardados en sus domicilios, protegiéndose de disparos y lanzamientos de piedras. Una cámara de vigilancia instalada en un comercio documentó además el intento fallido de robo cerca de Plaza Rocha.

Durante la noche del miércoles, un operativo de la Policía Bonaerense en el barrio La Bajada de Tolosa desencadenó enfrentamientos con balas de goma y pedradas, según registros audiovisuales captados por vecinos y difundidos por 0221. La acción policial se concentró en la intersección de 121 y 527, donde los agentes buscaban identificar un vehículo sospechoso.

El conflicto escaló cuando un grupo de residentes respondió arrojando piedras a los efectivos, quienes repelieron el ataque utilizando disparos de balas de goma, de acuerdo a las imágenes y testimonios recogidos por el medio local. Cámaras de seguridad y teléfonos particulares documentaron el caos: en los videos se observa a varias personas huyendo por la vía pública mientras se escuchan fuertes detonaciones.

Las consecuencias incluyeron daños a una garita de vigilancia, que fue blanco de ataques durante la confrontación. Los incidentes ocurrieron pocas horas después de una reunión vecinal convocada para expresar la inquietud por la inseguridad en la zona, problemática que los habitantes vienen denunciando en las últimas semanas.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle 5, entre 42 y 43, a metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Según relató la propietaria, el individuo ingresó al departamento el lunes alrededor de las 13:45 horas, tras abonar la estadía en efectivo y justificar su viaje alegando la muerte de su padre.

Posteriormente, solicitó extender la reserva una noche más. Sin embargo, el miércoles por la mañana, la mujer descubrió el robo al acudir para recibir las llaves. “Cuando fui a recibir las llaves a las 09:00 horas, me encontré con el departamento vacío”, afirmó la denunciante.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, el inventario de lo robado incluye dos televisores de 50 pulgadas marca BGH, dos mesas de centro, ocho sillas —seis de tipo Pampa con tapizado color cian y dos de exterior—, cortinas, dos veladores y un juego de sábanas.

Además, en la denuncia también se detalló la ausencia de una pava eléctrica, una sandwichera, un juego de ollas y un set de cubiertos, ambos de la marca Tramontina.

Todo el accionar del acusado quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio, lo que permitió a la propietaria constatar el saqueo. Según la mujer, la denuncia fue realizada ante la aplicación, pero la plataforma respondió que “lo único que te pueden reconocer es si alguien se llega a accidentar adentro del departamento, si te llegan a robar, no se hacen cargo de eso”.

De esta manera, la denunciante destacó que la empresa no exige datos como domicilio o DNI a los inquilinos, lo que, según su testimonio, facilitó el engaño. “Yo tendría que haberle pedido. Me dijo que había venido por la muerte de su papá y terminé confiando”, relató.

Mientras tanto, la propietaria debía preparar el departamento para el siguiente inquilino, previsto para el sábado. Al limpiar el lugar, notó indicios del reciente robo, como una botella de agua y pelos en la cama. A raíz de este hallazgo, la Comisaría Segunda de La Plata le indicó que convocaría a la Policía Científica para intentar levantar huellas del sospechoso.

Arrestaron en Avellaneda a un hombre acusado de robar $7.000.000 frente a un banco en La Plata

Un hombre de 41 años fue arrestado en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000 ocurrido el 24 de abril frente a una sucursal bancaria en La Plata. El acusado fue identificado a través del análisis de imágenes de cámaras de seguridad municipales, lo que permitió a la Policía localizar el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Max negro, y proceder a su detención.

El hecho investigado se produjo cuando un hombre de 35 años estacionó su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 horas en la calle 44 entre 29 y 30 de La Plata. Al regresar, descubrió que habían sustraído un morral negro con alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Durante el procedimiento de captura, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, además del vehículo utilizado en el hecho y varios teléfonos celulares. Estos elementos fueron incautados como parte de la investigación en curso, según se informó oficialmente.

La detención y el secuestro de pruebas forman parte de una causa que permanece bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. Finalmente, el acusado quedó alojado en una dependencia policial y se confirmó que cuenta con antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible implicancia de otras personas en el robo y para intentar recuperar el monto total sustraído. El aprehendido permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer el hecho y dar con los eventuales cómplices.

El nuevo testimonio pertenece a un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata, uno de los primeros en llegar al lugar del hecho, según confiaron fuentes del caso a Infobae. Se presentó este jueves ante el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación.

El testigo contó que Rocío estaba en el suelo, con vida, respirando con dificultad. En ese contexto, describió que M.A.G., su pareja y principal acusado, tenía sangre en la ropa, se encontraba nervioso y buscaba las llaves porque quería irse a trabajar.

También afirmó que el imputado estaba buscando insistentemente el celular de la víctima mientras ella seguía con signos vitales.

La declaración se suma a una causa que ya tiene otras pruebas relevantes. Entre ellas, dos videos grabados por la propia víctima poco antes de caer, en los que se la ve angustiada discutiendo con M.A.G.

En una de esas filmaciones, Rocío muestra marcas en sus brazos y señala la violencia que habría sufrido dentro del departamento, mientras acusa a su pareja de maltrato y registra el desorden del lugar. “Mirá cómo me marcó toda”, dice mientras muestra su brazo en las cámaras. De fondo, se ve al hombre que apenas la mira.

En el otro video, le repite mientras él se le acerca: “Ahí está el violento”.

El acusado negó haber tenido responsabilidad directa en la muerte de Rocío y dijo que trató de evitar que cayera del segundo piso. “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, declaró.

Declaró que la noche anterior discutieron y durmieron separados, y que al día siguiente él había decidido terminar la relación. Según su versión, Rocío reaccionó de manera agresiva: “Lo tomó muy mal, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento” donde convivían, ubicado en la calle 47 y Diagonal 76.

Frente a esa situación, dijo que llamó al padre de Rocío para que fuera a buscarla, pero que este no pudo ir.

M.A.G. relató que, durante la pelea, Rocío tiró su llave por el balcón y luego intentó salir por la baranda. Explicó que trató de sostenerla de los brazos para evitar que cayera, pero no pudo y, al ver la situación, pidió ayuda a los vecinos y bajó corriendo para intentar auxiliarla.

“Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda“, afirmó.

El hombre permanece detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. La defensa solicitó una morigeración de la detención, que todavía no fue resuelta. El juez de Garantías ordenó la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar si corresponde otorgarle prisión domiciliaria.

El informe ambiental en el domicilio propuesto ya está hecho, pero falta la evaluación clínica del imputado.

M.A.G. está imputado por privación ilegal de la libertad agravada, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte. Los abogados que representan al padre de Rocío, Cristian González, Gastón Jesser y Sebastián Iturria, afirman que, con los nuevos elementos, creen más firmemente en la figura del femicidio.

Un adolescente de 17 años fue detenido tras un ataque armado contra la vivienda de su ex novia en la localidad de Tolosa, partido de La Plata.

Los hechos ocurrieron este último miércoles por la noche, cuando el joven disparó varias veces contra el domicilio de la víctima, una mujer de 24 años, sin que se registraran personas heridas.

La secuencia comenzó en la calle 528, entre 121 bis y 122, donde se escucharon las detonaciones que impactaron en la fachada de una vivienda particular. Vecinos alertaron a la víctima, quien rápidamente se resguardó y dio aviso a la Policía Bonaerense. Por fortuna, ninguno de los disparos traspasó las paredes ni alcanzó a quienes se encontraban en el interior del inmueble.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el hecho provocó una rápida movilización de fuerzas policiales y personal de investigación. El trabajo en la escena incluyó la recolección de vainas servidas y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. De acuerdo con el reporte de la Policía Bonaerense, la víctima había presentado denuncias previas contra el agresor por amenazas, advirtiendo sobre una posible escalada en la violencia que finalmente se concretó en el ataque armado.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, los investigadores iniciaron una búsqueda intensiva para dar con el paradero del adolescente. El operativo incluyó la recolección de testimonios de vecinos y familiares, así como el análisis de registros fílmicos que permitieron identificar al presunto agresor.

En respuesta a la denuncia, la Policía Bonaerense desplegó un operativo en el Barrio San José de Ensenada, donde se sospechaba que el joven se ocultaba tras el ataque. La detención se produjo en una vivienda ubicada en 127, entre 39 y 40. El adolescente fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.

La joven de 24 años había denunciado con anterioridad a su ex pareja por amenazas, lo que había motivado la intervención de organismos de protección y la apertura de una causa judicial. Fuentes policiales confirmaron que la víctima había manifestado temor por su integridad física, señalando episodios previos de hostigamiento y acoso por parte del adolescente.

El caso fue caratulado como abuso de arma de fuego y amenazas calificadas, y quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en delitos vinculados a violencia de género. Las autoridades judiciales evalúan ahora la situación procesal del menor y la aplicación de eventuales medidas de restricción o protección para la víctima.

En el marco de la causa, los investigadores continúan con la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de elementos balísticos recogidos en la escena. Además, se espera la realización de pericias psicológicas y sociales para determinar el contexto y las motivaciones del agresor.

La causa permanece en etapa de instrucción y la situación procesal del adolescente será evaluada en las próximas horas por la Justicia. El hecho de que la víctima haya realizado denuncias previas por amenazas será un elemento central en la investigación, que buscará establecer si existieron omisiones o falencias en los mecanismos de protección.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Diagonal 73 y Boulevard 84, una intersección de tránsito frecuente en el barrio platense. El repartidor circulaba por la circunvalación con una cámara integrada a su moto cuando se detuvo ante el semáforo de ese cruce. Fue en ese instante cuando el impacto se produjo frente a su lente.

Las imágenes registran que la moto implicada en el choque también transitaba por la traza de la circunvalación cuando fue colisionada de lleno por un auto que avanzaba por la diagonal. La fuerza del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y cayó contra el asfalto.

A pesar de la violencia del impacto, el motociclista accidentado logró reponerse. El repartidor que había filmado la escena descendió de su vehículo de inmediato y asistió al hombre caído, a quien ayudó a ponerse de pie. Según lo que se desprende del video y de la descripción del propio testigo, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad.

Tras difundir las imágenes, el joven que portaba la cámara publicó un mensaje dirigido a otros conductores. “Hoy me tocó vivir esta situación horrible, sean conscientes y usen casco, por favor”, escribió en sus redes sociales.

Una moto perdió el control y atropelló a tres personas en el centro de La Plata

Un siniestro vial en el corazón de La Plata dejó este miércoles a dos personas con heridas y a una zona de alto tránsito paralizada por varios minutos. Una motociclista arrolló a tres personas que cruzaban la calle en plena zona céntrica, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en lo que las autoridades caratulan como lesiones culposas.

El hecho ocurrió este miércoles en calle 7, entre 47 y 48. Testigos del lugar describieron el impacto como violento: una de las personas alcanzadas por la moto golpeó su cabeza contra la rambla central y sufrió cortes tanto en la cabeza como en el cuello. Las otras dos que la acompañaban no presentaron heridas de gravedad, aunque quedaron en estado de shock tras el choque.

La víctima identificada por la Estación de Policía de Seguridad Departamental (EPSD) es una mujer de 49 años. De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la damnificada se encontraba al cruzar la calle 7 cuando fue embestida por un motovehículo, y quedó tendida sobre el asfalto con un corte en la zona de la frente, aunque en estado de conciencia. Al momento de la intervención policial, respondió a las preguntas de rigor.

A escasos metros, sobre la acera, quedaron la conductora de la moto y el vehículo. La motociclista —de 43 años— sufrió un golpe en una de sus rodillas y quedó tendida boca abajo sobre el asfalto mientras aguardaba la llegada del SAME. A pesar de permanecer inmovilizada, la mujer realizó un gesto con el pulgar hacia arriba cuando fue consultada por quienes la asistían.

A las 15:33, se hizo presente el móvil 35 a cargo de la doctora Corbeta, quien asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado al Policlínico San Martín. Mientras tanto, personal de Control Urbano intervino para ordenar la situación en el sector.

La causa quedó a cargo de la UFI en turno de La Plata, con intervención de la Comisaría 9na. Al cierre del operativo, se aguardaba la llegada de peritos al lugar.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictará en los próximos días una nueva resolución que ampliará los procesamientos de los 13 imputados por la mayor tragedia sanitaria de la Argentina, elevando el número de muertes atribuidas al fentanilo contaminado de HLB Pharma de 20 a 114 pacientes fallecidos, con 49 víctimas sobrevivientes que quedaron con secuelas. El viernes 8 de mayo se cumple un año de que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por el laboratorio tras comprobar que contenía la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y tras confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación. En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios -y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo, propiedad de Ariel García Furfaro- que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

Si bien el 8 de mayo de 2025 es una fecha clave por la decisión que tomó la ANMAT, como se verá en este recorrido, la tragedia, como la mayoría de ellas, llámese Once o Cromañón, comenzó antes.

Por ejemplo, el Hospital Italiano de La Plata detectó la infección en el primer paciente el 21 de abril de 2025. Después de realizar análisis y controles internos, las autoridades del establecimiento privado denunciaron la contaminación del anestésico de HLB Pharma ante la ANMAT el 2 de mayo de 2025. Tres días después, la autoridad de control hizo la denuncia ante la Policía Federal Argentina y estos lo elevaron a la justicia federal de La Plata.

Valentía de madre

En la causa judicial, Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de la Plata, es considerado el “caso número 1”. Desconsolada, su mamá, la enfermera Soledad Francese recordó ante este cronista: “El 5 de mayo hizo un año que falleció Renato”. En ese sentido, opinó desde su pesar: “Lo que la mayoría de los familiares vemos es que la justicia, el juez Kreplak y la fiscal Roteta son los únicos que están haciendo algo y trabajando como corresponde. El Gobierno hace como que están ciegos, sordos y mudos no hacen absolutamente nada. Pasó un año y realmente no hacen ni dicen nada”.

El 15 de agosto del año pasado, la valiente madre se enfrentó públicamente a Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron las ampollas del potente anestésico y principal imputado en la causa.

Cinco días después del duro cruce que tuvieron al aire de la señal TN el empresario fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tras entregarse luego de que el juez Kreplak emitiera una orden de captura en su contra.

El intercambio de palabras ocurrió en el programa “Solo una vuelta más”. Soledad había sido invitada al piso del programa conducido por Diego Sehinkman, para exponer el caso de su hijo: “Si yo tengo algo que ver e hice algo mal a propósito, señora, pongo mi cabeza y me la vuelo delante suyo. Soy gente de trabajo", dijo con voz exaltada el empresario farmacéutico.

La doliente, mirando a cámara, respondió serena: “Primero, decirle que no le creo nada de lo que está diciendo. Si decís que vas a poner la cabeza, bueno, tráela, porque es así. Sos responsable de todas las muertes. En el lote 31202 había dos bacterias, no era una sola; la segunda bacteria que se encuentra es propia del laboratorio. Vos sabés, el lote 31202 tiene un período de fabricación de 8 horas y se tardó 16 en fabricarlo; tenía una diferencia de temperatura, que eso también hace que proliferen las bacterias. Hay un montón de fallas (en los laboratorios) y vos sos responsable″.

- ¿Y qué piensa a un año de la causa fentanilo?, le preguntó este medio a “Sol”, como la llaman sus amigos.

-No me entra en la cabeza como puede ser que las autoridades estén tan así como si nada cuando murieron más de 100 personas. Fue la pero tragedia sanitaria en Argentina y El gobierno no dice nada. Eso me genera mucha impotencia, es despreciable, respondió.

Habla el expediente

La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.

Las fuentes de las querellas consultadas por Infobae describen la investigación como “exhaustiva, rigurosa y muy profesional”. Funcionarios judiciales vinculados a la causa agregan que: “Resistió intentos de desestabilización y campañas de desinformación sin que el curso de la causa se viera afectado”.

La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.

El auto de procesamiento dictado el 25 de septiembre de 2025, un tiempo récord por el volumen de información, documentación para procesar y pruebas científicas que debían ser realizadas; identificó a 13 personas como coautoras o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.

Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Fue embargado por $1.000.000.000.000 (un billón de pesos) y se encuentra detenido.

Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.

Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria, embargada por $500.000.000.000, con detención domiciliaria.

Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor, embargado por $500.000.000.000, detenido.

José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor, embargado por $100.000.000.000, detenido.

Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Optó por no declarar en la ampliación de indagatoria. Procesada como coautora, embargada por $100.000.000.000, con detención domiciliaria.

Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva, con embargos que van de $10.000.000.000 a $50.000.000.000. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.

Las irregularidades en los laboratorios

La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva. Entre las principales irregularidades detectadas en Laboratorios Ramallo:

Producción de medicamentos en áreas no habilitadas y con envases no autorizados por la ANMAT —deficiencia calificada como crítica—.

• Falta del libro de producción que permitiera trazar los lotes elaborados.
• Ausencia de organigrama y puestos clave sin personal a tiempo completo.
• Ensayos de esterilidad realizados con una metodología que mezclaba hasta ocho lotes distintos en una sola membrana de filtración, lo que invalidaba los resultados y generaba falsos negativos.
• Falta de limpieza entre lotes consecutivos, con intervalos de sanitización de entre 2 y 3 horas, cuando el estándar exige procedimientos validados.
• Agua para inyectables con valores de arsénico que superaban entre seis y siete veces el límite permitido por el Código Alimentario Argentino.
• Registros de lote (batch records) confeccionados a posteriori de la fabricación, con datos inexistentes o copiados de otros medicamentos.
• El personal reconoció en chats internos que “dibujaba” documentación para presentar ante la ANMAT.
• Liberación de los lotes 31202 y 31244 antes de contar con los resultados del ensayo de simulación del proceso aséptico (media fill).

En HLB Pharma Group, entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia referidos a desvíos de calidad, de los cuales el 86% fueron confirmados como válidos. En al menos 38 casos se ordenó el retiro del mercado del lote cuestionado. El director técnico anterior, Ariel Cons, renunció en octubre de 2024 expresando estar "cansado de la cantidad de retiros que había" y de “poner la cara ante ANMAT por lo que ocurría en Ramallo”. Además, en septiembre de 2023 se registró un antecedente de contaminación con Ralstonia mannitolilytica en ampollas de dexametasona HLB en un establecimiento de Entre Ríos, que no derivó en medidas correctivas por parte del organismo regulador.

ANMAT e INAME, bajo la lupa

La próxima etapa de la investigación apunta a los organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. El juzgado tiene muy avanzado el análisis de la conducta de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica y del Instituto Nacional de Medicamentos, y la causa apunta a sus máximos responsables.

La fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya cuestionó en su dictamen del 14 de mayo de 2025 la actuación de ambos organismos. La resolución judicial recoge y amplía esos cuestionamientos:

• La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica tardó tres días en acusar recibo de la alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la contaminación.
• El Instituto Nacional de Medicamentos realizó los ensayos de esterilidad de las muestras en el laboratorio Gobbi Novag, un establecimiento que —según señaló el propio imputado Ariel García en su indagatoria, sin que la fiscalía lo rebatiera— “estuvo procesado en el penal económico por mentirle a la ANMAT”.

La resolución también señala que el fentanilo no estaba incluido en la Disposición N° 10564/2016 de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, lo que impedía su trazabilidad individual. Ese vacío normativo fue identificado como “el primer obstáculo” de la investigación. El sistema de formularios en papel establecido por la Ley N° 17.818 fue calificado como “a todas luces obsoleto e insuficiente”. El propio juzgado debió asumir la tarea de recupero de casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país, ante la inactividad del laboratorio y la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica.

Tras inspecciones realizadas en 2022 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024, la ANMAT detectó deficiencias críticas en Laboratorios Ramallo, pero "no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto" por el laboratorio. Ante el antecedente de contaminación por Ralstonia en dexametasona HLB en 2023, el Instituto Nacional de Medicamentos analizó solo una ampolla de las 23 remitidas y no detectó bacteria, por lo que no ordenó medidas correctivas.

El estado de la causa y la Cámara

La Cámara Federal de La Plata analiza desde octubre de 2025 la resolución de procesamiento apelada por las defensas de los imputados. Hasta la fecha, no se pronunció sobre el fondo del expediente: resolvió múltiples planteos de excarcelación y de detención domiciliaria, pero la apelación al auto de procesamiento sigue pendiente.

Por estas horas, los investigadores trabajan en la nueva resolución que se dictará, un hecho que genera expectativa entre los defensores de los 13 procesados.

En el juzgado son herméticos sobre el imperio que tomará el magistrado. Expresan, sí el profesionalismo, valentía y compromiso que el equipo demostró a los largo de los pasados 12 meses para hacer cumplir “los derechos de las partes” y la “humanidad para comprender el dolor de las personas afectadas”. Dos hechos que, según la opinión generalizada de los funcionarios judiciales “son tanto o más importante que saber derecho para resolver en tiempo y forma una causa de estas características”.

La investigación continúa abierta hacia posibles nuevos involucrados, entre ellos personal de líneas inferiores de los laboratorios y eventuales dueños ocultos no identificados aún y de los organismos de control.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en la zona sur cuando hombre de 41 años fue arrestado por un robo millonario que ocurrió en La Plata el 24 abril frente a una sucursal de un banco. Finalmente, fue detenido en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000. Durante el procedimiento, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, un Ford Fiesta Max negro y varios teléfonos celulares.

Las autoridades lograron dar con el sospechoso gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir de las imagenes, se logró identificar el vehículo utilizado, lo que llevó a solicitar las órdenes de allanamiento y, finalmente, a la captura del sospechoso en Avellaneda, según 0221.

El hecho se desencadenó cuando un hombre de 35 años, quien había estacionado su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 en la calle 44 entre 29 y 30, fue victima de un robo. Al regresar a su vehículo, advirtió la sustracción de un morral negro que contenía alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. El detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confrmó que tiene antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Mientras el aprehendido queda a disposición de la Justicia, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible participación de más personas en el robo. Además, continúa la investigación para recuperar el total del dinero sustraído.

Robos en La Plata preocupan a los vecinos

Hace dos días en el centro de La Plata, sucedió un nuevo robo en un conocido supermercado de la zona, ubicado en calle 4 entre 49 y 50. El episodio fue denunciado la noche del domingo por los propios vecinos, quienes expresaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos y por el aumento de la inseguridad en el área. Según 0221, este comercio había sido blanco de otro ataque apenas una semana antes.

Entre otros de los delitos recientes en La Plata, las cámaras de seguridad de una vivienda particular registraron un asalto en el que un joven fue despojado de su motocicleta por dos motochorros, quienes permanecen prófugos. Además, tras un incidente en el que un menor fue interceptado por un ladrón mientras se dirigía a la escuela, los residentes aseguran haber identificado al agresor y estar abocados a su búsqueda.

En el mismo contexto, denunciaron la presencia permanente de cuidacoches o trapitos en la cuadra, afirmando que, en algunos casos, solicitan dinero de forma intimidante y actúan con violencia. Uno de estos trapitos, según relataron, permanece instalado en el estacionamiento de la esquina, donde habría provocado un basural y protagoniza conductas extremas: “se desnuda y defeca a plena luz del día en la vía pública”.

La situación, definida como “desesperante” por los residentes, ha motivado un reclamo por medidas urgentes para garantizar la seguridad en el centro platense. La sucesión de robos en La Plata refleja un escenario de inseguridad que afecta tanto a comercios como a vecinos.

Un siniestro vial en el corazón de La Plata dejó este miércoles a dos personas con heridas y a una zona de alto tránsito paralizada por varios minutos. Una motociclista arrolló a tres personas que cruzaban la calle en plena zona céntrica, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en lo que las autoridades caratulan como lesiones culposas.

El hecho ocurrió este miércoles en calle 7, entre 47 y 48. Testigos del lugar describieron el impacto como violento: una de las personas alcanzadas por la moto golpeó su cabeza contra la rambla central y sufrió cortes tanto en la cabeza como en el cuello. Las otras dos que la acompañaban no presentaron heridas de gravedad, aunque quedaron en estado de shock tras el choque.

La víctima identificada por la Estación de Policía de Seguridad Departamental (EPSD) es una mujer de 49 años. De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la damnificada se encontraba al cruzar la calle 7 cuando fue embestida por un motovehículo, y quedó tendida sobre el asfalto con un corte en la zona de la frente, aunque en estado de conciencia. Al momento de la intervención policial, respondió a las preguntas de rigor.

A escasos metros, sobre la acera, quedaron la conductora de la moto y el vehículo. La motociclista —de 43 años— sufrió un golpe en una de sus rodillas y quedó tendida boca abajo sobre el asfalto mientras aguardaba la llegada del SAME. A pesar de permanecer inmovilizada, la mujer realizó un gesto con el pulgar hacia arriba cuando fue consultada por quienes la asistían.

El motovehículo involucrado es una moto marca Keller, color rojo. La unidad interviniente fue el Comando de Patrullas LP quienes detectaron el siniestro en recorrida por las arterias del lugar.

A las 15:33, se hizo presente el móvil 35 a cargo de la doctora Corbeta, quien asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado al Policlínico San Martín. Mientras tanto, personal de Control Urbano intervino para ordenar la situación en el sector.

El accidente obligó a interrumpir la circulación vehicular en esa zona del centro platense, con demoras que se extendieron por varios minutos hasta que los equipos de emergencia despejaron la escena.

La causa quedó a cargo de la UFI en turno de La Plata, con intervención de la Comisaría 9na. Al cierre del operativo, se aguardaba la llegada de peritos al lugar.

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

Un impactante choque triple se produjo esta mañana en el barrio porteño de Retiro, donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo. Como producto del impacto, el SAME asistió a cinco pacientes en el lugar, cuatro hombres y una mujer. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Rivadavia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1A, quienes determinaron que el conductor de un auto de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia.

Al descender hacia la 9 de Julio, chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo, lo que provocó el impacto múltiple.

Sobre la misma avenida, pero en el extremo sur también se produjo otro accidente vial: fue un choque y vuelco ocurrido entre la avenida Iriarte y Río Cuarto, pasando la subida del Puente Pueyrredón, sentido a Capital, con asistencia del SAME, aéreo y terrestre.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de las calles 29 y 529, donde el niño fue sorprendido por un hombre que lo abordó de manera repentina para arrebatarle sus pertenencias. La denuncia fue radicada poco después del ataque, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable.

La secuencia del robo quedó registrada en imágenes captadas por cámaras de vigilancia de la zona. Estos registros audiovisuales resultaron determinantes para avanzar en la investigación, ya que permitieron observar con claridad el accionar del agresor y su vestimenta al momento del hecho. Tras el análisis de las grabaciones, los investigadores lograron identificar a un sospechoso.

De acuerdo con lo informado por el portal LaBuenaInfo, el allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de 524 y 136, donde los agentes secuestraron varias prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por el atacante durante el robo. El operativo fue llevado a cabo este martes.

El sospechoso, identificado como P. N. A., de 27 años, fue detenido en el lugar sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento. Las prendas secuestradas serán sometidas a peritajes para determinar si efectivamente corresponden a las que se observan en las imágenes de video, que registró el asalto.

El detenido quedó a disposición de la fiscal Eugenia Di Lorenzo y, según se comunicó, será indagado en las próximas horas en sede judicial por el delito de robo agravado.

El robo fue veloz: se concretó en apenas 25 segundos y la víctima no logró defenderse. Tras el hecho, el asaltante escapó rápidamente del lugar y el niño pidió ayuda en las inmediaciones de la zona, donde los vecinos lo asistieron.

Fueron ellos quienes luego revisaron las cámaras de seguridad y vieron la agresividad del robo al menor. La grabación luego circuló en redes sociales junto a insistentes pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Días antes, el barrio La Loma en la ciudad de La Plata experimentó una madrugada marcada por la violencia e impotencia, cuando una vecina fue interceptada por una banda de tres delincuentes en plena maniobra para guardar su vehículo.

Según la información del portal del diario El Día, el episodio ocurrió en la medianoche, en la calle 45 entre 21 y 22, momento en que la mujer se disponía a ingresar su auto a una cochera. Según reconstruyó la víctima, fue sorprendida por tres hombres con el rostro cubierto que actuaron de manera coordinada.

“Fue una situación de absoluta desigualdad: tres hombres contra una mujer sola”, narró la mujer en su denuncia pública, detallando los instantes de gritos, forcejeos y pánico que se sucedieron en apenas segundos.

La secuencia se agravó por la desesperación de la víctima, quien, tras varios segundos de forcejeo, logró escapar. “Logré escapar corriendo luego de varios segundos de tensión”, manifestó al hacer pública su experiencia. El suceso no solo puso en riesgo su integridad física, sino que también dejó al descubierto la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad en la zona, que ahora vuelven a reclamar los vecinos.

El viernes pasado durante la madrugada, ocurrió una fatal pelea en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata, donde falleció un hombre tras ser apuñalado. La víctima fue identificado como Luis Alberto Cardozo Cubilla, de 29 años y luego de días de conmoción, la mamá relató un crudo testimonio. Zoraida, madre de Cubilla, habló sobre el dolor que sufrió su familia tras el asesinato del joven durante el 1° de mayo. “Ya tenía algo en la mente”, dijo la mujer al hablar sobre el asesino.

La investigación, que incorporó pruebas centrales en las últimas horas, permitió que el único detenido, Pablo Alexis A. de 22 años, quedara imputado formalmente. La intensidad emocional del caso crece a medida que los detalles del ataque salen a la luz y marcan un antes y un después en el entorno cercano de la víctima. En este marco, la mamá del jóven expresó: “La verdad que nos cambió la vida a nosotros, pero vamos a tratar de seguir porque la vida continúa”.

“Yo no guardo rencor contra el muchacho. No siento ese odio en mi corazón”, afirmó Zoraida. Aclaró los rumores del vínculo entre la víctima y el imputado: “No fue amigo de nadie, porque no podés llamar amigo a un asesino. Ya tenía algo en la mente, en su corazón, por eso vino con un arma a una fiesta”.

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”, resultado de una herida de arma blanca. Este hallazgo forense, difundido por 0221, proporciona el marco clínico y decisivo para entender la gravedad del episodio. El desenlace del caso fue inmediato tras la agresión ocurrida durante una reunión en la zona de 72 bis entre 142 y 143.

En el transcurso de la causa, la Fiscalía incorporó declaraciones de testigos presenciales y registros fílmicos, elementos que resultaron determinantes para reconstruir el momento exacto en el que Pablo Alexis A. atacó a Cubilla. El acusado manifestó una conducta que, de acuerdo al relato de Zoraida, era “cargosa y maleducada” hacia varias asistentes a la fiesta. Por este motivo es que la víctima intervino y le habría reprochado: “No le faltes el respeto a la gente. Si venís a divertirte, divertite bien”.

Este intercambio verbal derivó en una confrontación física. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Cubilla le dio una cachetada y otra persona logró separar a ambos, tras lo cual el hombre se retiró momentáneamente solo para regresar segundos después. Apoyado en los registros, el informe señala que el acusado regresó armado y atacó a Cubilla con una cuchilla, hiriéndolo a la altura de la axila izquierda.

Los presentes identificaron al agresor y lo señalaron ante la policía, que logró detenerlo a pocas cuadras del lugar. Mientras tanto, la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, pero los médicos no lograron salvar su vida.

Al habla de su hijo, Zoraida lo recordó con mucho cariño: “Le decíamos ‘Boscacha‘. Tenía una sonrisa divina, de oreja a oreja. Nunca lo ibas a ver triste ni de mal humor. Era el que te subía el autoestima en todo”. Cerró con un mensaje final: “Que la Justicia se encargue. Yo tengo un corazón de madre. No siento odio. Que Dios lo ayude”.

El acusado fue indagado por el fiscal Martín Almirón, sin embargo, el joven se negó a declarar. En esta línea, la causa podría avanzar hacía el dictado de la prisión preventiva y luego a un juicio oral. Mientras tanto, la investigación busca esclarecer el motivo exacto que desencadenó el brutal enfrentamiento. Los elementos probatorios recogidos, en particular el video incorporado al expediente, refuerzan la hipótesis de una pelea espontánea sin antecedentes de conflicto previo.

Un hombre perdió la vida tras ser apuñalado en la zona de Los Hornos, ciudad de La Plata. El fatal episodio ocurrió luego de una pelea registrada alrededor de las 4:00 de este viernes, sobre la calle 72 bis, entre 142 bis y 143. El caso ha generado conmoción en el barrio, al surgir en el contexto de una pelea asociada al consumo de alcohol y durante la celebración del Día del Trabajador.

La victima fue identificada como Luis Alberto Cardozo Cubilla, un hombre de 29 años. Según informaron las fuentes policiales, Cubilla se encontraba en la vereda junto a un grupo de hombres donde varias personas consumían alcohol. Aunque aún no se esclarecieron las razones, en el lugar se desató una pelea que escaló con rapidez cuando uno de los presentes apuntó con un arma blanca.

Luego, lo apuñaló a Cubilla en la zona abdominal, dejandole una herida que le costaría la vida. El presunto agresor, un joven de 22 años, intentó huir tras herir a Cardozo Cubilla, pero fue capturado por la Policía poco después, de acuerdo a la reconstrucción inicial del caso. La víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde falleció debido a la gravedad de la herida, confirmó el medio 0221.

El sospechoso, identificado con las iniciales P.A.A., fue llevado a la Comisaría Tercera minutos después y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 de La Plata, bajo la órbita del fiscal Martín Almirón. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para recabar pruebas. El detenido prevé tomar declaración indagatoria en las próximas horas en la causa que se caratuló como homicidio. Los investigadores también precisaron que no existía vínculo familiar entre la víctima y el victimario.

Las primeras hipótesis del crimen

Tras el crímen, trascendió un video que fue grabado por los vecinos del barrio donde se escuchan gritos, rotura de vidrios y pedidos de socorro: “Sacalo afuera, apuñalaron a un amigo”. En medio de las investigaciones policiales, las imágenes también donde también se registran corridas e insultos podrían ser clave. Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para relevar pruebas, en tanto la causa se encuentra en manos de la Fiscalía N° 8 de La Plata, dirigida por Martín Almirón.

De acuerdo a un jefe policial citado por Diario Hoy: “Se trató de una pelea de borrachos, se desconocieron y uno atacó al otro”. En las próximas horas, será indagado bajo el cargo de “homicidio”.

Este es el segundo asesinato en tres días en La Plata. El miércoles, una mujer fue asesinada tras una violenta discusión dentro de un comercio. El episodio, que ocurrió durante la tarde, involucró un altercado que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión fatal. Testigos relataron que la víctima y otra persona discutieron acaloradamente, lo que derivó en una agresión física que terminó con la vida de la mujer en el mismo lugar.

La investigación, a cargo de la fiscalía local, evalúa varias hipótesis, entre ellas un posible intento de robo, un ajuste de cuentas o un femicidio. Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue difundida y los responsables del ataque continúan prófugos, aunque la policía cuenta con descripciones físicas de los sospechosos y analiza las cámaras de seguridad del comercio y la zona para reconstruir lo sucedido.

Los hechos intensificaron el clima de preocupación en la ciudad, donde los reclamos por mayor seguridad y respuestas de las autoridades se multiplicaron en los últimos días. Los vecinos señalaron que hechos como estos se han vuelto recurrentes, generando un estado de alerta y desconfianza en torno a la respuesta estatal ante la inseguridad.

La historia de Luz Lombardi, de 28 años, comenzó en 2024 cuando conoció a su pareja de aquel entonces a través de redes sociales. Hoy, a más de un año, la ciudad de La Plata fue escenario de una denuncia de violencia de género. La joven contó en Infobae en Vivo Al Mediodía que su expareja la agredió física, psicológica y sexualmente durante el embarazo de su hija. El agresor, un hombre de 29 años que practica kickboxing, sigue en libertad, pese a la causa penal iniciada en noviembre de 2024. El caso continúa bajo investigación en la justicia provincial.

“Yo conocí a esta persona en redes sociales y a los meses empezó todo despacio”, dijo Lombardi. En sus palabras, al principio la relación parecía normal, pero poco a poco cambiaron las actitudes del agresor. “Fue entrando en mi cabeza con celos, enojos. Cuando empecé a quedarme en su casa más días, me di cuenta que él tomaba alcohol y las noches eran muy violentas”, explicó.

El inicio de la violencia

En su testimonio, Luz detalló cómo se fueron agravando los episodios de violencia: “Dormía en un colchón en el piso y ya me levantaba violentada a la mitad de la noche”, contó. Durante su embarazo, la situación empeoró. “Esta persona estuvo en contra de que yo tenga a mi hija, y ahí comenzaron las agresiones físicas más fuertes, los golpes, como si yo fuera una bolsa de boxeo”, denunció.

La primera agresión física fue particularmente traumática. “La primera vez que me pegó fue una patada muy fuerte. Quedé en shock, no sabía si realmente estaba pasando eso”, aseguró. El hombre ejercía violencia principalmente en su casa de Berisso, aunque trabaja a seis cuadras de la vivienda donde Luz reside con su hija.

La víctima indicó que el agresor intentó aislarla de su familia y amigos. “Me fue aislando de mi propia familia, mis amigos, que igualmente el día de hoy me han ayudado muchísimo”, expresó.

Aislamiento, abandono laboral y violencia económica

Lombardi tenía empleo en una blanquería, pero la hostilidad y los celos del agresor la obligaron a renunciar. “Yo trabajaba diez horas por día, de lunes a sábados. Tenía un buen sueldo, obra social. Me iba muy bien, pero cuando empezaron los hostigamientos, llegué a presentar la renuncia”, recordó. Tras dejar ese puesto, empezó a vender sándwiches y empanadas en las paradas de taxis, actividad que conserva.

La violencia incluyó episodios psicológicos y económicos. “Mientras trabajaba, él me decía: ‘Ya vi que entró un cliente varón’, y si me tocaba trabajar con otro hombre eran todo el tiempo los reclamos”, relató. Luz intentó cambiar de trabajo, pero el control y las amenazas del agresor la perseguían: “Él recorría todos los kioscos para ver a qué kiosco iba, si había un hombre atendiendo”.

Embarazo bajo violencia y el momento de la denuncia

Durante los siete meses de embarazo, Luz sufrió golpes directos en el abdomen y en otras partes del cuerpo. “Caí en una guardia toda golpeada y fue ahí donde me enteré que mi bebé era una nena. Fui a la guardia para ver si mi hija estaba viva todavía”, afirmó. En el hospital, los médicos supieron de la situación: “Me subieron a maternidad con un ecógrafo portátil para ver si todavía seguía latiendo mi hija, porque yo estaba muy golpeada”.

Uno de los ataques más graves ocurrió en noviembre de 2024 y motivó la denuncia penal. “Él me vino a buscar, empezó a interrogarme y a pegarme mientras manejaba. En un momento me pude bajar y salir corriendo hasta la casa de mi mamá. Al otro día me desperté toda golpeada y ahí dije: ‘Es hora de denunciar’”, relató.

En ese hecho, las lesiones quedaron registradas en un expediente judicial y en fotografías. La investigación penal por violencia de género se inició con esa denuncia.

Medidas judiciales y situación actual

Tras la denuncia, Luz recibió una medida perimetral, que luego se venció y nunca fue renovada. “Solo recibí una perimetral que se venció y jamás me la quisieron renovar. Sigue en el despacho de la jueza hasta el día de hoy”, detalló. La causa permanece a cargo de la Fiscalía y de la Justicia familiar, pero hasta el momento no hubo avances que garanticen la protección de la denunciante.

A pesar de la denuncia, el acusado se mantiene en libertad y nunca buscó vincularse con su hija. “Jamás quiso ejercer la paternidad, jamás me pasó una cuota, jamás me pidió verla”, subrayó Luz Lombardi.

La ausencia de respuestas judiciales y asistenciales la llevó a expresar: “La justicia a la mujer que está maltratada, vulnerada, sin recursos económicos, ¿para qué vas a denunciar si no vas a recibir ningún tipo de ayuda ni de solución? Lo único que puede llegar a generar es que se enoje más la persona que te está violentando”. Y agregó: “Sigo trabajando en la calle, vendiendo sándwiches día y noche, con esta persona libre, impune”, sostuvo.

El caso de Luz Lombardi permanece abierto en el sistema judicial de La Plata y evidencia la falta de respuestas rápidas y contundentes en situaciones de violencia de género graves. “A mí me arruinaron la vida, con golpes, con abusos. Me dejaron vulnerable de todas las maneras. Solo quiero justicia, que la fiscal me escuche, que actúe de manera urgente”, concluyó.

Si sufrís violencia podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas de los 365 días a través de un llamado a la línea 144.

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Las imágenes, a las que accedió Infobae y que ya forman parte de la causa, muestran cómo Rocío asegura haber sufrido violencia por parte de su pareja, en los instantes previos a caer del balcón del segundo piso de la propiedad de la calle 47 y Diagonal 76.

“Ahí está el violento, ahí está el violento”, repite la joven mientras lo filma por el departamento. “Mirá lo que hiciste”, le dice entre lágrimas, con la voz quebrada y claramente nerviosa. “Mirá cómo me marcó toda”, dice la víctima mientras muestra su brazo en las cámaras. De fondo, se ve al hombre que apenas la mira.

“Ahí lo tenés, mirá, al que te llama que rompí todo, mirá“, señala mientras registra la puerta del dormitorio en el suelo, derribada. El lugar -tal como se ve en el video- refleja la violencia aparente que marcó el ritmo de la discusión que ambos tuvieron antes de la caída de Alvarito por el balcón.

“Igual que el padre, violento, maltratador, igualito”, manifiesta la joven antes de cortar la filmación. En los videos obtenidos por este medio se ve también cuando M.A.G., en medio del desorden y del momento en que Rocío lo seguía con su celular por la vivienda, fuma un cigarrillo y llama a Julio, el papá de la joven. De fondo, se escucha el llanto de la víctima.

El novio niega la acusación

En su declaración, el acusado negó haberla asesinado y dijo que trató de evitar que cayera del segundo piso. “Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, declaró.

Aseguró que la noche anterior a la tragedia habían discutido por un tema de tránsito y durmieron en ambientes separados. Cuando se despertaron, él ya había tomado la decisión de separarse.

“Cuando le digo que había decidido terminar la relación, Rocío lo tomó muy mal y se puso agresiva, empezó a empacar sus cosas en una bolsa y comenzó a romper cosas del departamento”, dijo M.A.G..

Y comentó que fue, en ese contexto, que llamó a Julio, el papá de Rocío, para que fuera a buscar a su hija: “Me dijo que no podía ir en ese momento”. El propio padre de Alvarito admitió en sede judicial que su yerno se había comunicado con él, el día de la muerte.

“Cuando Rocío se colgó de la baranda del balcón, quise subirla, tomándola de sus brazos, pero no pude y le pedí que aguantara... Había vecinos que se acercaron a la puerta del departamento y les pedí que llamaran a la Policía, a modo de pedido de ayuda“.

En marzo, tras haber rechazado dos pedidos de excarcelación, la Justicia hizo lugar a una nueva solicitud para modificar el régimen de detención por parte de la defensa y ordenó nuevas pericias. Según se dio a conocer, el juez de Garantías Pablo Reale dispuso la realización de una serie de exámenes al imputado para determinar si le otorga la prisión domiciliaria.

El magistrado ordenó la realización de una evaluación psicológica para determinar los rasgos de personalidad y una pericia psiquiátrica con el objetivo de establecer si el acusado representa un riesgo para sí mismo o para terceros, si presenta consumo de sustancias tóxicas o si existen otros aspectos clínicos a tener en cuenta en el marco de la investigación.

Según explicaron fuentes con acceso a la causa a Infobae, M.A.G. está detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. “La domiciliaria todavía no se ha resuelto, se realizó un informe ambiental en el domicilio que pidió la defensa, pero falta que se realicen las pericias psiquiátricas y psicológicas para que el juez resuelva”, indicaron.

En principio, el fiscal Álvaro Garganta intentó imputar al sospechoso por abandono de persona seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad agravada, basándose en un hecho que incluyó “una descompensación psicológica” que llevó a la víctima a “intentar huir colgándose del balcón que posee la vivienda, sin que su pareja se lo impidiera ni arbitrara los medios para resguardar la integridad física”. Pero desde el Juzgado de Garantías N°3 sólo avalaron el segundo cargo.