Las fuerzas del orden de Bolivia desbloquearon este viernes la ruta que conecta La Paz con la región agrícola de Río Abajo, al sur de la capital, en una operación encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que comenzó de madrugada desde la zona de Lipari y avanzó unos 37 kilómetros hasta Carreras. Policías y militares retiraron piedras, troncos y montículos de tierra con maquinaria pesada mientras vecinos los aplaudían a su paso.

La apertura de esa vía representa un alivio parcial para una ciudad sitiada desde el 6 de mayo por bloqueos que se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. Desde principios de semana, cientos de habitantes de La Paz y de la vecina El Alto debían caminar hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos cuyos precios llegaron a quintuplicarse en los mercados locales.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, se presentó al término del operativo y afirmó que desbloqueará las carreteras “con diálogo y con los instrumentos legales de la Constitución para defender a las mayorías”. Su administración ha evitado desplegar fuerzas con armamento letal para no agravar el conflicto, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza una salida legal que amplíe sus herramientas de respuesta. El miércoles envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción; la norma ya fue aprobada en el Senado y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. Paz calificó esa medida como el “último recurso” que le permite la Constitución y reiteró su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había advertido días atrás que el país atraviesa “un momento de inflexión entre la democracia y la dictadura”, en referencia al cambio de ciclo político tras los 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El viernes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue más directo: “Está en marcha un golpe de Estado”, declaró.

Los cortes de carreteras son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales, quien desde su cuenta en X acusó este viernes a Estados Unidos de recurrir “al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los manifestantes. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno desde hace más de un mes por una salida a lo que describen como la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los resultados de los operativos han sido limitados: tras el paso de las fuerzas del orden, los cortes se reinstalan. Manifestantes reforzaban este viernes el bloqueo en los accesos a una planta estatal en El Alto que abastece de combustible y gas licuado doméstico, ciudad por donde ingresan suministros desde las regiones agrícolas de Santa Cruz y Cochabamba.

El saldo humano del conflicto, que se prolonga por 36 días, asciende a 10 fallecidos según el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien atribuyó las muertes a la falta de auxilio médico por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo precisó que siete de esas personas murieron por falta de atención oportuna y tres en el contexto directo de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

Los hospitales de La Paz reportaron escasez de oxígeno medicinal, y las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí también resienten la falta de alimentos, medicamentos y combustibles. El sector empresario estimó en USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por las protestas.

El gobierno boliviano recibió apoyo explícito de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Paz para reafirmar el compromiso de Washington de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz “en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves en X que su país sigue de cerca la situación y advirtió: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse”.

Paz había firmado en marzo el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales.

(Con información de AFP, EFE y AP)

En mayo de 2026, mientras Bolivia se veía paralizada por las protestas que pretendían derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz, la República Popular China y su embajador en Bolivia, Wang Liang, guardaron un llamativo silencio ante la crisis. En un escenario distópico, elementos antigubernamentales lanzaron dinamita contra la policía y mantuvieron bloqueos de carreteras que impedían la entrada de alimentos, gasolina e incluso suministros médicos a la capital, La Paz, mientras Wang Liang celebraba un foro económico en el departamento sureño de Tarija, irónicamente titulado “Bolivia, al mundo con China”.

Del 20 al 30 de mayo de 2026, el autor viajó a Bolivia, donde mantuvo contactos con personal empresarial, académico y gubernamental sobre la evolución de la relación del país con la República Popular China, entre otros temas. Este trabajo refleja las ideas extraídas de esos contactos y de la investigación complementaria.

Las actividades chinas en Bolivia se han deteriorado notablemente con respecto a su época dorada bajo los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, lo que se refleja en una miríada de proyectos manchados por la corrupción, los malos resultados y la resistencia de las comunidades afectadas. La creciente crisis económica, fiscal y política de Bolivia, así como los esfuerzos del Gobierno de Paz por restablecer relaciones positivas con Estados Unidos y otros países occidentales, también han limitado el avance de China.

Entre 2006 y 2019, el Gobierno de Morales abrió de par en par las puertas de Bolivia a la cooperación económica, militar, técnica y de otro tipo con la República Popular China. Durante ese periodo, la República Popular China vendió a Bolivia 6 aviones de combate K-8, 6 helicópteros militares Z-9, 31 vehículos blindados y un número indeterminado de camiones y lanchas patrulleras, así como el sistema nacional de vigilancia BOL-110, escáneres aduaneros y el satélite Tupac Katari, incluida la construcción y el equipamiento de instalaciones terrestres espaciales en Amachuma (La Paz) y en el distrito de La Guardia de Santa Cruz, además de enviar técnicos chinos para dar soporte a las instalaciones.

Según los empresarios bolivianos entrevistados para este trabajo, más de 60 empresas chinas operaban en el país durante ese periodo, vendiendo equipos de telefonía y construyendo infraestructura digital para la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL, suministrando equipos y realizando trabajos para los sectores minero y petrolero, y participando en proyectos de infraestructura por un valor estimado de 6.000 millones de dólares, que abarcaban desde plantas de procesamiento de asfalto y zinc hasta centrales hidroeléctricas como Rositas, San José e Ivirzu, pasando por grandes proyectos de carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, prácticamente todos ellos consistían en contratos con el Estado boliviano para la adquisición de bienes y servicios chinos, más que en inversiones reales. En la actualidad, menos de 20 empresas con sede en la República Popular China siguen operando en el país. El propio embajador de China, Wang Liang, ha achacado la falta de inversión china a la naturaleza incierta de Bolivia.

En el ámbito de las infraestructuras, prácticamente todos los proyectos de China se encuentran paralizados. Sus principales empresas constructoras en el país, Sinohydro, Vicstar y CAMCE, han cerrado o reducido considerablemente sus oficinas. El Gobierno se ha negado a aceptar una importante autopista entre Santa Cruz y Cochabamba construida por Sinohydro, en la que se han detectado numerosos defectos estructurales. La planta de procesamiento de acero de 460 millones de dólares construida por Sinosteel en El Mutún ha superado con creces la fecha de entrega inicial prometida, presenta cientos de defectos identificados y aún no ha producido ni un gramo de acero. Megaproyectos que en su día se contemplaron, como la línea ferroviaria central de la IIRSA que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través de Bolivia, ya ni siquiera se debaten seriamente.

A nivel local, las empresas chinas se ven obstaculizadas por problemas en gran medida provocados por ellas mismas. Los ejecutivos del sector de la construcción boliviano entrevistados para este trabajo señalaron que pocas empresas locales quieren prestar servicios a las empresas chinas debido, en parte, a prácticas abusivas de pago muy bajo y, a menudo, atrasado, así como a problemas con su cumplimiento de las leyes laborales, medioambientales y de otro tipo locales.

En el sector petrolero, al parecer hubo problemas de calidad con los equipos de perforación y los servicios vendidos por empresas con sede en la República Popular China al anterior gobierno del MAS. Recientemente, ha habido poca actividad de empresas con sede en la República Popular China en el sector.

En el sector minero, según se informa, varias empresas chinas de menor tamaño venden equipos y compran oro y otros metales, principalmente en el sector minero informal, pero apenas ha habido inversiones formales por parte de las grandes empresas mineras chinas.

En el sector del litio, las empresas chinas CATL y CITIC Gouan tienen contratos que aún no han sido ratificados por el Congreso boliviano. En febrero de 2026, según se informa, esas empresas mineras llevaron a una delegación de congresistas bolivianos a la República Popular China para facilitar dicha ratificación, pero hasta ahora sin éxito.

En el sector agrícola, los expertos del sector entrevistados para este trabajo señalan que las empresas chinas de logística agrícola, como COFCO y su filial Nidera, no operan en el país. Señalaron además que pocos productores locales quieren asumir los costes y riesgos que supone enviar sus productos a la República Popular China, tratando con un cliente chino cuando tienen compradores de confianza para sus productos más cerca de casa.

En el sector de las telecomunicaciones, el gigante industrial Huawei ha tenido malos resultados en Bolivia y ha cerrado oficinas, aunque su rival chino ZTE sigue realizando trabajos de infraestructura telefónica para ENTEL. Aun así, las empresas con sede en la República Popular China han construido colectivamente más de la mitad de la infraestructura de telecomunicaciones del país. La marca de lujo china Xiaomi se comercializa a través de un socio boliviano, y la empresa china Honor, que compite principalmente por su bajo coste, se está expandiendo rápidamente en el país.

En el sector minorista, los automóviles y otros productos chinos han logrado una penetración considerable en el país, principalmente a través de empresas bolivianas locales, como el grupo Saavedra en el sector del automóvil. Sin embargo, cabe destacar que las empresas con sede en la República Popular China no han establecido centros comerciales para la venta de productos chinos, como sí han hecho en Nicaragua, Honduras y otros lugares de la región. Los pocos que quedan en Bolivia, como los ya veteranos Chinbol y ChinaCruz, están gestionados por empresarios locales que abastecen las tiendas a través de relaciones a pequeña escala con proveedores individuales de la República Popular China.

En la comunidad empresarial y académica en general, los vínculos con la República Popular China siguen siendo igualmente limitados. El embajador de Bolivia ante la República Popular China durante la era del MAS, Hugo Núñez del Prado, fue llamado a casa por el Gobierno de Arce y aún no ha sido sustituido. Existe una pequeña cámara de comercio y sociedad de amistad entre China y Bolivia dirigida por la sinóloga boliviana Ximena Barrientos, que creció en la República Popular China. Del mismo modo, el país solo cuenta con un Instituto Confucio, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, sede del aliado político Evo Morales y su federación de cultivadores de coca. No hay ninguno ni en la capital ni en Santa Cruz, el centro económico del país. Ese centro estuvo en su día vinculado a profesores “voluntarios de la República Popular China que trabajaban en universidades estatales de otros departamentos, aunque, según se informa, ese personal chino ha sido sustituido por personal boliviano.

Aunque varias universidades bolivianas cuentan con pequeños programas de chino, a los entrevistados para este trabajo les costó mucho nombrar un programa de grado en una universidad boliviana dedicado al estudio de China desde una perspectiva empresarial, política o de seguridad. Del mismo modo, aunque algunos periodistas bolivianos han sido invitados a la República Popular China para participar en programas de formación, a los entrevistados les resultó difícil nombrar a alguno que destacara especialmente por su cobertura de temas relacionados con China.

En materia de seguridad, aunque, según se informa, el ejército boliviano sigue enviando personal a cursos en la República Popular China, según funcionarios de seguridad bolivianos que hablaron de forma confidencial, actualmente ningún miembro del ejército chino participa en cursos en Bolivia. De los seis cazas K-8 vendidos a Bolivia, dos se han estrellado y, según se informa, solo uno sigue operativo, lo que refleja las dificultades para mantener y encontrar piezas de repuesto para la aeronave. Del mismo modo, de los seis helicópteros chinos Z-9 adquiridos por los gobiernos del MAS, solo uno sigue operativo y, según funcionarios de seguridad consultados extraoficialmente, el ejército desconfía de volar en él debido a su estado de mantenimiento. La flota de camiones y vehículos blindados fabricados en la República Popular China se encuentra, según se informa, en un estado similar de deterioro parcial, sin planes actuales de adquirir más.

En el sector espacial, el contrato para el mantenimiento por parte de China de las instalaciones terrestres que controlan el satélite Tupac Katari finalizó hace algún tiempo y, según se informa, el personal chino que visitaba las instalaciones ha dejado de acudir. Actualmente no hay planes para sustituir el satélite cuando expire su vida útil en 2030.

Es importante reconocer que los actuales reveses de China en Bolivia se deben a la desastrosa actuación de las entidades con sede en la República Popular China que han tratado con los antiguos regímenes corruptos del MAS, así como a la incertidumbre derivada de la actual crisis económica y política. Esto solo se traducirá en una oportunidad para Estados Unidos si Washington actúa con decisión para ofrecer alternativas concretas al Gobierno de La Paz y a la comunidad empresarial boliviana.

(*) El autor R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales.

Tras más de un mes de cortes de rutas en Bolivia, las consecuencias ya se reflejan en hospitales, mercados y hogares de distintas regiones del país. La falta de medicamentos, oxígeno, combustibles y alimentos, junto con la muerte de pacientes que no lograron recibir atención a tiempo, ha convertido el impacto humanitario de la crisis en una de las principales preocupaciones de la población.

El caso que generó mayor conmoción en las últimas horas fue el de una niña de 12 años que padecía cáncer y que murió después de no poder llegar a la ciudad de La Paz para recibir quimioterapia.

La menor vivía en Tambo Quemado, una localidad fronteriza con Chile afectada por los cortes de rutas impulsados por organizaciones campesinas y sectores sindicales que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

“Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo”, explicó Ana Carola Torres, presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil. Según relató, los padres intentaron atravesar distintos puntos bloqueados para trasladar a la niña, pero no lograron hacerlo.

“Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa”, señaló.

La menor sufría un linfoma linfoblástico de células B. Tras varias semanas sin recibir el tratamiento programado, presentó una descompensación, fiebre y una hemorragia que derivaron en su fallecimiento. Su muerte elevó a diez el número de víctimas relacionadas con el conflicto. Siete de ellas murieron por no haber recibido atención médica a tiempo.

Entre los fallecidos también figura una joven de 24 años que necesitaba tratamiento oncológico y no pudo llegar a un centro de salud. La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones de pacientes y médicos, que advierten que otros enfermos atraviesan circunstancias similares.

Torres aseguró que al menos una decena de niños con cáncer enfrenta problemas para acceder a sus terapias debido a los bloqueos, especialmente en zonas rurales de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Además, cuestionó que ambulancias y vehículos con pacientes encuentren obstáculos para circular.

“Se está reivindicando el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida”, afirmó.

Mientras tanto, los centros de salud trabajan bajo presión. En La Paz, el Hospital del Niño suspendió alrededor de 50 cirugías programadas debido a la falta de oxígeno medicinal. Su director, Alfredo Mendoza, advirtió que la situación se aproxima a un punto crítico.

“Hoy se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno”, explicó. También alertó que las reservas disponibles alcanzarían apenas para unos pocos días. “Si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos”, sostuvo.

La preocupación también se trasladó a las familias de los pacientes internados. Padres de niños hospitalizados realizaron una protesta frente al centro médico exigiendo el ingreso de oxígeno. Entre ellos estaba Yamilet, madre de un niño de cinco años que espera una biopsia postergada por la falta de insumos.

“Por favor, pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen”, reclamó. “Estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa”, agregó.

Las dificultades para acceder a tratamientos no se limitan a los hospitales pediátricos. Janet Ramallo, una paciente oncológica de 43 años, relató las complicaciones que enfrenta cada vez que necesita acudir a consulta. “La situación está pésima, hago un esfuerzo sobrehumano para llegar acá”, dijo.

Según explicó, los problemas de transporte, la escasez de medicamentos y el aumento de precios están afectando a numerosos pacientes.

“Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte”, afirmó. Luego lanzó una advertencia: “Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes”.

La crisis también se refleja fuera de los hospitales. En La Paz, comerciantes y consumidores enfrentan una oferta cada vez más reducida de productos básicos. Conseguir leche, huevos u otros alimentos requiere largas filas, mientras los precios se multiplican. En Cochabamba, productores de leche, carne porcina y aves protestaron porque no pueden transportar sus mercaderías hacia otras regiones.

Con el abastecimiento comprometido y los centros de salud al límite, la indignación de amplios sectores de la población ya no se concentra únicamente en las demandas políticas que dieron origen a las protestas.

El reclamo que gana espacio es otro: que se restablezca la circulación y que los enfermos, especialmente los niños, puedan acceder a la atención médica que necesitan antes de que la lista de víctimas siga creciendo.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción y sostuvo que parte de las movilizaciones que mantienen bloqueadas amplias zonas del país están siendo alimentadas con recursos vinculados al narcotráfico.

Durante un acto oficial en el que tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que la iniciativa busca otorgar mayor respaldo institucional y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en escenarios de emergencia, especialmente ante la situación que enfrentan ciudades como La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de bloqueos.

“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró Paz. Según explicó, la propuesta tiene como objetivo “fortalecer” la actuación de las fuerzas de seguridad bajo una lógica de asistencia a la población.

El presidente insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. “La gente necesita alimentos, medicina, combustibles. No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos afines al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen bloqueos en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario. La situación ha generado problemas de abastecimiento, restricciones en el transporte y dificultades para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.

Paz sostuvo que el conflicto actual va más allá de las reivindicaciones sociales y aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses vinculados al crimen organizado.

“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, señaló.

El mandatario afirmó que las autoridades cuentan con elementos que respaldan esas acusaciones y aseguró que también existen indicios sobre la participación de personas cercanas al ex presidente Morales en la organización de las protestas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles específicos sobre las investigaciones en curso.

Al mismo tiempo, Paz buscó diferenciar a quienes participan en manifestaciones por reclamos sociales de aquellos sectores que, según dijo, intentan desestabilizar el sistema democrático. Por ese motivo, reiteró su invitación al diálogo.

“Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto”, manifestó. Luego añadió que la posibilidad de avanzar hacia una solución negociada depende ahora de los dirigentes movilizados. “Ya depende de ellos la prontitud de poder estar junto a ese diálogo con el presidente, con los ministros”, afirmó.

El Gobierno también pidió la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos a las zonas más afectadas por los cortes de rutas.

“Dejemos abiertos los corredores humanitarios”, reclamó Paz, quien aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a activar nuevas operaciones para garantizar el tránsito de suministros esenciales.

Las tensiones aumentaron después de que dirigentes reunidos en un cabildo en la ciudad de El Alto rechazaran una convocatoria impulsada por la Iglesia para establecer una mesa de diálogo orientada a pacificar el país.

En ese contexto, el presidente describió la situación actual como uno de los desafíos más importantes que enfrenta su administración. “Esta es la batalla de todas las batallas”, afirmó.

Paz también denunció la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde el exterior y aseguró que las redes sociales están siendo utilizadas para profundizar la polarización política.

“Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia”, sostuvo al referirse a la difusión de contenidos que, según su visión, buscan dividir a la sociedad boliviana.

(Con información de Europa Press)

Bolivia está prácticamente paralizada desde hace cuatro semanas con bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a siete de nueve departamentos, con excepción de la región amazónica de Beni y la sureña Tarija.

Las manifestaciones iniciaron a finales de marzo con reclamos sindicales dispersos que confluyeron en una agenda cargada de conflictos. En medio de denuncias de falta de atención a las demandas, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el 6 de mayo bloqueos en ese departamento con un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De manera progresiva, otros sectores como la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se sumaron a una movilización que hoy parece incontenible.

Los movilizados apuntan una serie de razones por las que piden la cabeza del presidente que van desde contradicciones entre las promesas electorales y los primeros meses de gestión, hasta el rechazo a supuestos intentos de privatización de empresas públicas que el Gobierno ha negado reiteradamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras pasó de reportar un promedio de 20 bloqueos simultáneos en la región andina a más de 90 en todo el país. También se registran barricadas dentro de las ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, además de marchas y manifestaciones en la sede de Gobierno.

En las últimas semanas, otras organizaciones sociales y sectores económicos han subido la presión al Gobierno para poner fin a la medida de presión por el enorme costo social y económico que conlleva. Fuera de las pérdidas que reportan sectores como la industria y el turismo, la población de La Paz, El Alto y Oruro principalmente enfrenta escasez de alimentos y de combustible, además de la interrupción de servicios de salud y de transporte público.

Mientras la administración de Paz ratifica su voluntad de una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo que hasta ahora no ha dado resultados, el Congreso abrogó una ley que limitaba la implementación del estado de excepción y son crecientes los pedidos para recurrir al uso de la fuerza pública para recuperar el orden y el libre tránsito.

En esta nota mostramos los puntos que están bloqueados, las organizaciones que los promueven y los reclamos adicionales a la renuncia del primer mandatario.

LA PAZ

La sede de Gobierno está prácticamente sitiada desde hace cuatro semanas, cuando la Federación de Campesinos Tupac Katari inició los primeros piquetes. Más tarde se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz.

En las últimas horas, los sindicatos de choferes anunciaron un paro para exigir la renuncia del presidente, a quien responsabilizan por la distribución de gasolina de mala calidad y supuestos incumplimientos en el pago del resarcimiento de daños mecánicos.

En la capital administrativa del país la situación es crítica: los medios locales reportan escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos y oxígeno medicinal, lo que ha provocado la suspensión de algunos servicios médicos. También se reportan interrupciones en el servicio de transporte público y la suspensión de las clases escolares presenciales.

ORURO

Al igual que en La Paz, el departamento andino de Oruro empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y el incremento en el costo de la canasta familiar a consecuencia de los piquetes que se han instalado en esa región desde el inicio del conflicto, cuando se interrumpió la transitabilidad hacia La Paz, Cochabamba y Potosí.

Entre los sectores que se movilizaron desde inicios de mayo figuran obreros sincalizados, mineros, campesinos, maestros, transportistas y el Comité Cívico del municipio minero de Huanuni. Además de la renuncia de Rodrigo Paz, hay reclamos por la situación económica, cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles y demandas sectoriales de transporte relacionadas con carreteras.

COCHABAMBA

Cochabamba es actualmente el epicentro de los bloqueos a nivel nacional, registrando más de una treintena de rutas cortadas. Las interrupciones impiden el tránsito tanto hacia el occidente (Oruro y La Paz) como hacia el oriente (Santa Cruz) y los valles (Chuquisaca y Potosí).

Entre las organizaciones que se están manifestando están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Departamental y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que realizaron una marcha hacia La Paz el 12 de mayo.

Si bien hay pedidos de renuncia al presidente Paz en tono con las demandas de otras regiones, en las últimas semanas se reportaron manifestaciones por conflictos locales por el traslado de residuos sólidos, demandas de maestros y en defensa del exmandatario Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de ese departamento ante el riesgo de aprehensión.

CHUQUISACA

Al menos 15 puntos de bloqueo aislaron el departamento de Chuquisaca desde el inicio de los conflictos. Progresivamente, se fueron sumando piquetes en la región; a mediados de mayo se instalaron bloqueos en la localidad de San Lucas (sur) y en otros municipios del área rural.

Una de las organizaciones que impulsa los bloqueos es la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha amenazado con el uso de armas: “Si la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho (…) sabemos manejar las armas, no es que no; tenemos jóvenes valientes”, amenazó Julián Romero, dirigente de la Federación tras una reunión el lunes, según publica el diario Correo del Sur.

SANTA CRUZ

La Gobernación de Santa Cruz, junto a dos ministros de Estado, logró negociar acuerdos con sectores que estaban movilizados. Según los medios locales, se acordó la construcción de una carretera, la implementación de pozos de agua y ampliación del tendido eléctrico, la activación de una Comisión Agraria Departamental y la agilización de los trámites de personerías jurídicas.

Sin embargo, se mantiene un punto de bloqueo en la localidad de San Julián, al noreste del departamento. La medida de presión la impulsan los “interculturales”, una organización social conformada principalmente por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) que se asentaron en regiones de tierras bajas. Su reclamo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Este miércoles, la Policía inició un operativo para liberar un pozo petrolero en la localidad de Santa Rosa del Sara, que había sido tomado por un grupo de personas que exigen la dimisión del primer mandatario.

PANDO

Al norte del país, en el departamento de Pando, recientemente se instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera que conecta las localidades de Cobija y Porvenir. La medida de presión la impulsan campesinos que denuncian supuesto incumplimiento de los acuerdos de titulación de tierras.

Los sectores movilizados habían protagonizado una masiva marcha en abril para reclamar la atención de sus demandas y en rechazo a una ley que autorizaba la recategorización de tierras sobre la cual se articularon las protestas de otros sectores. Si bien el Gobierno atendió la solicitud inicial y abrogó la ley de reforma agraria, la supuesta demora en el cumplimiento de acuerdos reactivó el conflicto al inicio de esta semana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.

El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.

Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.

La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz

A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.

Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.

Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.

El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.

Crisis política en La Paz

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.

La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.

(Con información de EFE)

La prolongada ola de bloqueos que atraviesa Bolivia comenzó a impactar de lleno en el sistema de salud. Hospitales de La Paz, la región más afectada por las protestas promovidas por sectores afines al ex presidente socialista Evo Morales, empezaron a restringir procedimientos médicos debido a la escasez de oxígeno medicinal y a las dificultades para recibir suministros.

Las autoridades sanitarias confirmaron que los centros de salud están concentrando sus recursos en los casos más urgentes mientras intentan administrar las reservas disponibles. La situación afecta especialmente a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que permanecen parcialmente aisladas desde hace más de 30 días por los cortes de carreteras instalados en distintos puntos del país.

“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, informó Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según explicó, entre 50 y 60 intervenciones deberán ser reprogramadas ante la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular de oxígeno y otros insumos médicos.

Los bloqueos surgieron en medio de movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz y que se extendieron progresivamente a varias regiones bolivianas.

Aunque en los últimos días se realizaron operativos para abastecer algunos hospitales, las autoridades reconocen que el margen de maniobra sigue siendo limitado.

Jhanet Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, explicó que los envíos recientes permitieron recuperar temporalmente las reservas.

“Gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno que les alcanzará para dos a tres días”, señaló.

La situación también repercute en los pacientes que necesitan atención especializada. Muchos no logran llegar a los centros médicos debido a los bloqueos en las carreteras o enfrentan largas demoras para ser atendidos.

Carlos Céspedes, un paciente de 42 años que permanecía internado en el Hospital General Público de La Paz tras una intervención quirúrgica, relató que debió esperar casi una semana para ser operado.

“Yo era el 268 la primera vez, pero después en la fila conté solo ciento y algo”, afirmó al describir cómo numerosos pacientes dejaron de concurrir porque no pudieron atravesar los cortes de rutas.

Las consecuencias humanitarias del conflicto comenzaron a reflejarse también en las estadísticas oficiales. El gobierno informó esta semana una nueva muerte vinculada a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos relacionados con la crisis, la mayoría asociados a dificultades para acceder a servicios de salud. El organismo también contabilizó 23 personas heridas y 321 detenidos desde el inicio de las protestas.

El impacto de los bloqueos se extiende mucho más allá del sistema sanitario. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó que los cortes ya alcanzan siete de los nueve departamentos del país. Las regiones de La Paz y Cochabamba figuran entre las más afectadas.

El aislamiento prolongado generó problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos, especialmente en los principales centros urbanos del altiplano. Comerciantes, transportistas y sectores productivos vienen reclamando medidas urgentes para restablecer la circulación.

Las organizaciones empresariales calculan que las pérdidas económicas acumuladas rondan los 2.000 millones de dólares, en un contexto ya marcado por dificultades fiscales, escasez de divisas y desaceleración económica.

En algunas zonas comenzaron a registrarse intentos de negociación para aliviar la emergencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que grupos movilizados permitieron durante algunas horas el paso de camiones que transportaban oxígeno medicinal, combustible y alimentos.

Según explicó, el objetivo es habilitar corredores que permitan abastecer especialmente al norte del departamento de La Paz, donde la situación logística se ha vuelto cada vez más compleja.

Mientras tanto, crecen las presiones políticas para encontrar una salida al conflicto. El ex presidente Jorge Quiroga reclamó una respuesta más contundente del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar una profundización de la crisis. El organismo instó a garantizar tanto el derecho a la protesta como el acceso de la población a servicios esenciales.

(Con información de The Associated Press)

La crisis política y social de Bolivia se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, con un saldo de cinco muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La Administradora Boliviana de Carreteras publicó su mapa de transitabilidad con el registro de esas 103 interrupciones, elevando de seis a siete los departamentos afectados tras la incorporación de Pando. Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, con 32 puntos de conflicto, por encima de los 21 registrados en La Paz.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyecta que las pérdidas superan los USD 1.600 millones desde que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina “Tupac Katari” —ambas afines al expresidente Evo Morales— convocaron a una huelga general indefinida. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), advirtió a la agencia EFE que a esa cifra se suma el “alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas”.

El economista Fernando Romero, citado por EFE, calificó el período como potencialmente “uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019”. Romero alertó que “el daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas”, en una economía que ya acumulaba contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años previos.

El Ministerio de Salud confirmó una quinta víctima mortal atribuida a la imposibilidad de acceder a atención médica. Se trata de una paciente oncológica de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV que debía recibir radioterapia en La Paz. La ambulancia que la trasladaba desde Oruro tuvo que tomar rutas alternativas para eludir los bloqueos y la joven falleció en el trayecto, según informó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.

“Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna”, señaló el Ministerio en un comunicado. Las otras cuatro víctimas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas originaria de Belice.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió el 1 de junio “decisiones inmediatas” al presidente Rodrigo Paz ante la “situación de catástrofe” que atraviesa la economía. “La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”, advirtió la patronal en un comunicado oficial.

La Confederación Nacional de Choferes dio a Paz un plazo de 48 horas —que vence el 4 de junio— para despejar las vías que paralizan su actividad, con amenaza de nuevas medidas en caso de que la demanda no sea atendida. La Federación Boliviana de Fútbol, por su parte, suspendió el torneo de Primera División durante todo junio y parte de julio, decisión que la Comisión Organizadora de Competiciones atribuyó a “los conflictos sociales y bloqueos de las carreteras existentes a nivel nacional”.

Ante el fracaso de una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos —rechazada por la COB y la Federación Campesina—, el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad planteó, a título personal, la convocatoria de un referendo revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y legisladores en un plazo de 90 a 120 días. “Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, declaró Alarcón a EFE.

La Constitución boliviana establece que ese mecanismo solo puede activarse cuando el funcionario ha cumplido la mitad de su mandato de cinco años; Paz lleva apenas seis meses en el cargo. La propuesta fue respaldada por el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Morales dentro del Movimiento al Socialismo, quien la consideró una vía para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”. Los sectores leales al expresidente la rechazaron y reiteraron que la renuncia de Paz es su “única salida”.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, participó el 2 de junio en un cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y reiteró la posición de los sectores movilizados: dejar de lado los reclamos sectoriales para concentrarse en exigir la dimisión de Paz. Un día antes, el mandatario había pedido “generar un momento de tregua” para “pacificar” al país, sin precisar en qué consistiría la solución.

El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su “inacción” al permitir que el conflicto se agravara, y que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia. “El conflicto ya tiene un costo político para Paz, porque ahora el Gobierno es parte del problema”, afirmó Silva.

El senador Leonardo Roca de la alianza Libre, partido del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, acusó a Paz de haber propiciado la crisis mediante un “pacto oscuro” con movimientos sociales afines a Morales para llegar al poder. “Lo que tiene a todos los bolivianos rehenes hoy no es un conflicto social espontáneo. Es la factura de un pacto oscuro que Rodrigo Paz firmó para llegar al poder”, declaró Roca al canal Unitel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis plantea “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”.

La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes.

La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.

Sin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.

El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.

Citada por medios locales, Pérez explicó que la determinación asumida en una audiencia de Acción de Libertad observó aspectos relacionados con la fundamentación de los mandamientos emitidos por el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de reactivar los procesos. “Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso”, afirmó Pérez en declaraciones recogidas por el periódico La Razón.

Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos actos suponen una vulneración del Código de Procedimiento Penal y revelan el sometimiento de la justicia al poder político.

“No existe en este momento la independencia de órganos”, manifestó en diálogo con Infobae y afirmó que “la Justicia no debió aceptar que se exija un fallo judicial y se deje sin efecto un mandamiento de aprehensión (…) es un antecedente para que en el proceso se favorezca a quien ha cometido un delito y es terriblemente dañino para la democracia”, afirmó. Según Santistevan, la anulación de las órdenes de captura y su posible reactivación agravan el conflicto “porque entra un poder más, un poder que debería ser autónomo”.

Los procesos abiertos contra Argollo y Salazar están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los disturbios del 18 de mayo en los que se reportaron daños a instituciones públicas, saqueos a comercios y agresiones a civiles en la sede de Gobierno.

Bolivia cumple este martes 27 días de bloqueos que han paralizado parte del país con cortes de carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran al menos 90 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos. Los movilizados, un grupo heterogéneo conformado por campesinos del altiplano y los valles, obreros sindicalizados y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principalmente, exigen la renuncia de Paz a quien cuestionan por algunas políticas públicas y acusan de gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales.

Pese a los intentos de diálogo del Gobierno, de momento no hay miras de lograr una salida consensuada a la crisis. Mientras el presidente Paz ha manifestado que en “cortos días” se resolverá el conflicto sobre “acuerdos grandes” y “reconciliación”, hay quienes le exigen que dicte estado de excepción para restablecer el orden y el libre tránsito en el país.

Sin diálogo y sin medidas de fuerza pública, en las últimas horas surgió la propuesta de realizar un referéndum revocatorio, pero algunos analistas observan que la medida es inconstitucional porque éste se permite solo a partir de la segunda mitad del mandato de cinco años y Paz lleva menos de siete meses en el cargo.

El diputado centrista de Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, ha planteado una ley de “referéndum revocatorio extraordinario” para poner fin al prolongado conflicto cuyas consecuencias económicas y sociales trascenderán el momento coyuntural.

A más de un mes de conflictos sociales en Bolivia, aumenta la presión para que el presidente Rodrigo Paz restablezca el orden en el país. Lo que comenzó con reclamos sindicales dispersos derivó en pedidos de renuncia del primer mandatario, mediante bloqueos de caminos que han paralizado gran parte del país desde hace casi un mes.

Tras varios intentos de diálogo fallidos y la negativa de los sectores movilizados a buscar una salida consensuada, en las últimas horas surgió la propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la continuidad del mandato de las principales autoridades del país.

“No podemos permitir que la violencia derroque gobiernos (…) la autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, del partido centrista Unidad.

En un texto publicado en sus redes sociales, el legislador planteó aprobar una “ley interpretativa de la Constitución” para convocar a un “referéndum revocatorio extraordinario” dentro de tres meses. “Estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos”, manifestó y justificó su propuesta a fin de evitar la escalada de violencia o un enfrentamiento entre bolivianos.

En esa misma línea se pronunció el exsenador y excandidato presidencial de izquierda Andrónico Rodríguez, quien sugirió hacer la consulta ciudadana porque considera “urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática”.

El tema ha generado debate en Bolivia. Mientras algunos buscan soluciones que vayan más allá del uso de la fuerza y el diálogo, que no ha dado resultado hasta ahora, otras voces han rechazado la posibilidad de acortar el mandato de Paz, que inició hace casi siete meses.

Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descartó impulsar la propuesta porque está fuera del marco constitucional, que establece la realización de revocatorios después de la mitad del mandato. Con las leyes vigentes, la consulta ciudadana podría realizarse recién a partir del 8 de mayo de 2028.

“Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población”, manifestó Del Granado.

La medida de presión se ha tornado insostenible para el país. Fuera de las pérdidas millonarias que representa para sectores estratégicos como la industria y el transporte, la población de La Paz y El Alto padece las consecuencias de un cerco prácticamente total: escasez de alimentos, de medicamentos, interrupción en el transporte público, falta de combustible, encarecimiento de productos básicos y la suspensión de algunos servicios de salud y de las clases escolares presenciales.

Este martes se cumplen 27 días de bloqueos de carreteras con más de 90 piquetes en siete de nueve departamentos del país. Si bien en la víspera se logró un acuerdo con manifestantes de Santa Cruz y se levantaron tres puntos, no hay visos de negociación con las organizaciones que lideran los bloqueos en La Paz y Cochabamba, epicentros del conflicto.

El domingo, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari desistieron de asistir. “La lucha continúa”, manifestó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados . “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, agregó en una rueda de prensa.

En ese escenario también hay reclamos para que el presidente Paz dicte estado de excepción luego de que la semana pasada se abrogara una ley que limitaba la aplicación de esta medida.

“Gobernar es utilizar todas las prerrogativas y no suplicar ni claudicar”, manifestó el jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) en una rueda de prensa. El exmandatario manifestó que su bancada apoyó la abrogación de la norma que regulaba la medida de excepción y expresó su sorpresa por la falta de acción del Ejecutivo tras un “mes atroz” de protestas y bloqueos.

“Gobernar es decidir”, señaló Quiroga. “No es viajar para estar con el rey de España ni ir a visitar a Trump y sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, agregó.

Tras varios días de silencio, el primer mandatario apareció ayer en un acto público en Cochabamba (centro) en el que dio a entender que seguirá intentando establecer consensos. “Tiene que ser sobre acuerdos grandes, tiene que ser sobre reconciliación, sobre cómo vamos a trabajar todos los bolivianos”, afirmó y dijo que confía en que “en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura emitidas contra dirigentes sindicales y campesinos que encabezan las protestas contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de manera definitiva, sino que permanecen suspendidas de forma temporal mientras la Fiscalía corrige observaciones realizadas por un juzgado.

La presidenta del TDJ de La Paz, Margot Pérez, explicó que la decisión judicial respondió a una acción presentada por las defensas de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, líder de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Según la magistrada, los abogados de ambos dirigentes promovieron “una acción de libertad” con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra. “Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Pérez ante los medios.

La autoridad judicial precisó que el juzgado concedió la acción constitucional a favor de los dirigentes, aunque aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de las órdenes de arresto. “La reformulación de las órdenes de aprehensión la tiene que hacer el Ministerio Público”, indicó.

Pérez remarcó además que la resolución judicial únicamente buscó restituir derechos que, según el criterio del tribunal, fueron vulnerados durante la emisión de los mandamientos de captura. “Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, explicó.

La magistrada agregó que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si reformula los requerimientos observados por la Justicia para reactivar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales.

Las aclaraciones del TDJ surgieron luego de que el viernes un juzgado de La Paz dispusiera dejar “sin efecto legal” y suspender “los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” contra Argollo y Salazar, una decisión que fue interpretada por algunos sectores como una anulación definitiva de las medidas.

Los dos dirigentes forman parte de las organizaciones que lideran las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari y otros movimientos sociales, junto con seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

Los manifestantes sostienen que el Gobierno incumplió promesas realizadas durante la campaña y acusan a la administración de Paz de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Las autoridades rechazan esas acusaciones.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales enfrentan procesos por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales vinculadas a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Las investigaciones se iniciaron después de una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, disturbios callejeros y saqueos contra oficinas públicas y privadas en la ciudad de La Paz.

La situación política continúa sin señales de distensión. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes.

Sin embargo, el domingo las organizaciones anunciaron que no participarán en negociaciones y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras mantienen bajo presión a varias regiones del país. Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las medidas de fuerza iniciadas el 6 de mayo.

Los cortes de rutas provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos y generaron aumentos de precios en distintos productos de consumo básico. También se registraron faltantes de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Las interrupciones del tránsito ya no se limitan al área metropolitana de La Paz. Durante las últimas dos semanas, los bloqueos se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, en un conflicto que mantiene elevada la tensión política y social en Bolivia.

(Con información de EFE)

Después de una semana en la que se intentó acercar a los protagonistas de los bloqueos a las mesas de diálogo, las negociaciones para poner fin a los piquetes en Bolivia están en punto muerto, luego de que los dirigentes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones desistieran de asistir y ratificaran la continuidad de las protestas.

Este lunes, cuando se cumplen 26 días de bloqueos y más de un mes de protestas sociales, la Administradora Boliviana de Carreteras registra 90 cortes en carreteras de seis de los nueve departamentos del país.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados. “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó en una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Horas más tarde, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari informó que tampoco asistirían a las convocatorias del Gobierno. “Hemos determinado continuar con el paro general indefinido”, informó el dirigente David Mamani en el canal Unitel. “La base social ha decidido que no haya traición y no asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, agregó.

Los grupos movilizados, principalmente integrados por obreros sindicalistas y campesinos del altiplano y los valles, piden la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de gobernar de manera excluyente y en favor de las élites empresariales, y cuestionan la administración de la crisis económica y del suministro de los combustibles.

Como método de presión, los manifestantes mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La posición de ambas organizaciones empina aún más la ruta hacia una salida negociada a la crisis. La anterior semana, el presidente Paz planteó la creación de un Consejo Económico y Social como instancia para incluir a las organizaciones sociales en el debate de políticas públicas, pero no asistieron los representantes de las movilizaciones. En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara impulsó espacios de diálogo con mediadores y representantes de la oposición, pero los movilizados tampoco acudieron.

La crisis ha reactivado la polarización política y social en Bolivia. “Se han despertado los demonios de un país partido”, afirmó en entrevista con Infobae el analista político Carlos Saavedra. Según el experto, hay al menos cuatro clivajes de polarización efervescentes: racial, regional, de clase y una polarización política entre sistema político y movimientos sociales.

En medio de esa fractura surge también otra que busca respuestas a la crisis: mientras unos se inclinan por seguir insistiendo en el diálogo pese a los cero resultados logrados hasta ahora, otros reclaman al gobierno poner “mano dura” para restablecer el orden en el país.

La anterior semana, el Gobierno promulgó la abrogación de una ley que regulaba y ponía límites al estado de excepción en el país. Sin esta norma en medio, Paz queda con la vía libre para dictar medidas de fuerza. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió el miércoles. Desde entonces muchos se preguntan cuánto tiempo queda.

La asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, acordó este domingo rechazar la convocatoria al diálogo planteada por el Gobierno de Rodrigo Paz y mantener los bloqueos de carreteras que aíslan a La Paz desde hace exactamente un mes. Las organizaciones exigen la renuncia inmediata del mandatario.

Tras varias horas de debate a puerta cerrada, los delegados de los diferentes sectores productivos y sociales determinaron que no existen las garantías políticas mínimas para instalar una mesa de negociación. Los manifestantes acusan a la actual administración de priorizar la represión policial antes que el consenso.

La postura de las bases fue ratificada por los principales portavoces del movimiento civil. José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, confirmó tras la asamblea que las medidas de presión continuarán de forma indefinida en las rutas interdepartamentales. “Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró el dirigente sindical a los medios locales al término del encuentro.

El descontento entre los huelguistas aumentó en los últimos días debido a la estrategia gubernamental para disolver los focos de protesta. Los sindicatos consideran que el Palacio Quemado ha optado por una vía puramente policial y de control territorial para intentar levantar los cortes de ruta de forma forzosa. Esta postura oficial ha cerrado los canales de interlocución que se intentaban trazar a través de mediadores independientes.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerza clave en la movilización rural, respaldó el mandato de la asamblea de la COB. Severo Marca, directivo de la confederación, subrayó que los mandos intermedios no tienen margen para desarticular las protestas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, enfatizó Marca para explicar la rigidez de la postura campesina.

El prolongado asedio a la sede de Gobierno ha generado un escenario crítico de desabastecimiento de insumos básicos, hidrocarburos y alimentos en la región metropolitana paceña. Ante el agravamiento de la situación sanitaria, el dirigente Jaime Solares anunció que el ampliado de la COB autorizó la habilitación excepcional de corredores humanitarios. La medida busca permitir de forma exclusiva el paso de medicinas, provisiones hospitalarias, ambulancias y personal de emergencia.

A la par de las deliberaciones de la Central Obrera, la combativa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari sesionó este domingo para coordinar el reforzamiento de los bloqueos en las rutas provinciales. El control de las vías de acceso a los valles y al altiplano por parte de las comunidades originarias constituye el principal factor de asfixia logística para el suministro logístico de La Paz.

La respuesta de las autoridades ante el portazo sindical fue inmediata. La Vicepresidencia del Estado comunicó oficialmente la suspensión por tiempo indefinido de la mesa de concertación nacional programada para este domingo. El Gobierno argumentó que la incomparecencia de las organizaciones convocantes de las movilizaciones invalida cualquier intento de acuerdo institucional, dejando al país en un peligroso vacío de resolución política.

El origen de la actual crisis se remonta a la acumulación de demandas económicas insatisfechas y reformas de carácter estructural impulsadas por el Ejecutivo. La oposición de los sectores gremiales y agrarios a la gestión del presidente Rodrigo Paz escaló paulatinamente desde huelgas sectoriales hasta un paro generalizado. La falta de respuestas efectivas transformó un reclamo sectorial en una impugnación total a la continuidad del mandato presidencial.

El panorama boliviano ingresa así en una fase de desgaste de desenlace incierto. Con la vía institucional suspendida y el desabastecimiento al límite en los centros urbanos, la persistencia del bloqueo forzará previsiblemente nuevos posicionamientos de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo. El conflicto amenaza con desbordarse hacia los departamentos del oriente del país si no se restituyen los canales de mediación internacional.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un cafetal, en el cantón El Paste, de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo la tarde del sábado 30 de mayo a través de sus plataformas oficiales. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, según información oficial difundida por la PNC.

El hallazgo se produjo a aproximadamente 10 metros de la calle que conecta hacia el Valle Nuevo, en la jurisdicción de estación El Coco, Chalchuapa, en el sector oeste de Santa Ana. El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó que el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición y las autoridades, en un inicio, catalogaron el hecho como “muerte por sobre averiguar y determinar en autopsia”.

La víctima de la cual no se ha difundido su nombre tenía 34 años de edad.

Pocas horas después del hallazgo, a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado, la Policía Nacional Civil anunció la captura de Armando Adelio García Martínez, de 40 años, señalado como el presunto responsable del crimen y pareja de la mujer. De acuerdo con el informe policial, la mujer habría sido “lesionada en la cabeza con un objeto contundente”. Las autoridades procedieron a remitir a García Martínez por el delito de homicidio, mientras se investigan las circunstancias que rodean el caso.

La PNC indicó que las pesquisas continúan para determinar el motivo detrás del ataque y establecer si existieron antecedentes de violencia entre la pareja.

El caso en Santa Ana se suma a una serie de hechos violentos recientes en el país, en un contexto donde los reportes oficiales muestran una disminución en los homicidios, aunque persisten episodios de especial gravedad que involucran a mujeres y situaciones de violencia intrafamiliar.

Hombre encontrado sin vida en un río de Olocuilta

En el barrio El Calvario, dentro del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, se registró otro hecho violento el sábado 30 de mayo. A las 2:29 de la tarde, una ciudadana alertó al sistema de emergencias 911 tras observar un cuerpo flotando en una poza ubicada sobre la calle principal que conduce al cantón El Chilamate.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron la presencia del cadáver, que fue identificado como Francisco Ismael Aranda Guzmán, de aproximadamente 53 años. Testigos relataron que al mediodía hubo un altercado entre varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sitio. Tras el conflicto, los involucrados abandonaron el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento de Aranda Guzmán está relacionado con el altercado reportado, ni si se trata de una muerte accidental o provocada. La PNC mantiene las investigaciones abiertas y no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el avance del caso.

Al menos seis homicidios en el último mes

Según datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil, el mes de mayo registra al menos seis homicidios en todo El Salvador. Estas cifras corresponden únicamente a los reportes formales presentados por la autoridad policial. El análisis comparativo muestra una marcada reducción en los homicidios si se compara con años anteriores. En 2018, el promedio diario superaba los 10 casos, mientras que en 2025 y 2026 la tendencia se mantiene baja, con días en los que no se reportan homicidios y solo algunos picos aislados que, en el caso de 2026, suman seis homicidios durante todo mayo.

El departamento boliviano de Pando declaró la emergencia por la reducción crítica de reservas de combustible a causa de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace semanas. La gobernadora Gabriela de Paiva advirtió que la situación es “especialmente preocupante” por la dependencia de sistemas energéticos aislados, que requieren diesel para operar y garantizar servicios básicos.

De Paiva señaló que el combustible disponible solo alcanzará para dos días. Explicó que la emergencia se declaró por la ubicación de la región y la necesidad de diesel para los sistemas aislados. Solicitó a los sectores movilizados que permitan el paso del combustible y alertó que la prolongación de los bloqueos agravará la crisis local. La administración regional coordina con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo. Indicó que el diesel ingresará en los próximos días, siempre que las vías estén expeditas, y destacó las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.

El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, quienes exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días. Estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos y combustible. La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se espera la participación del presidente, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones.

Los campesinos de La Paz, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de incumplimiento de promesas y de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades. El dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros sindicalistas fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir tras las protestas que derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió con dos ministros, sin la presencia de representantes de la COB ni de sindicatos campesinos, quienes exigieron la anulación de órdenes de captura contra sus dirigentes. Esta medida fue dispuesta por un juzgado de La Paz el viernes. La COB anunció la suspensión de su asistencia al diálogo por razones de seguridad, sin nueva fecha. Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus bases. Sectores seguidores de Morales rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El Ministerio de Salud distribuyó 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de ambas ciudades y advirtió que es una medida paliativa. Los cortes de rutas se extendieron a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, y este sábado superan los 90 en todo el país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La convocatoria a un nuevo diálogo en Bolivia entre los sectores movilizados y el Gobierno, promovida por el Legislativo y la Iglesia católica, surge tras 25 días de bloqueos de carreteras que han generado una crisis de abastecimiento y profundizado la tensión política en el país.

El llamado tiene lugar en un contexto de desabastecimiento de alimentos y combustibles, repunte de protestas sindicales y campesinas, y crecientes demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los mediadores buscan frenar la escalada del conflicto social y encontrar una salida negociada que evite un mayor deterioro de la estabilidad nacional.

El vicepresidente Edmand Lara -titular de la Asamblea Legislativa-, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo formalizaron la invitación a una mesa de diálogo para este domingo en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Convocaron al presidente Rodrigo Paz, a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, junto a otras organizaciones movilizadas, describiendo la situación como un momento crítico para el país.

En la convocatoria, los organizadores destacaron que Bolivia atraviesa circunstancias excepcionales que exigen responsabilidad y búsqueda de consensos. Subrayaron que la ausencia de diálogo ahonda las divisiones políticas y aplaza las soluciones necesarias para la sociedad.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este sábado los bloqueos superaban los 90 cortes viales en todo el país, tras más de veinte días de conflicto desde el 6 de mayo. La Paz y El Alto han sido las ciudades más afectadas, padeciendo el mayor desabastecimiento de productos básicos, así como aumentos en precios de alimentos y escasez de oxígeno medicinal, combustibles y medicamentos.

El Ministerio de Salud reportó que el viernes entregó 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales en la zona afectada, aunque advirtió que apenas se trata de una solución temporal y solicitó a los manifestantes que permitan el paso de suministros esenciales.

Las protestas han dejado hasta ahora cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos durante las últimas semanas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el saqueo de instalaciones públicas y privadas han incrementado la presión en las calles.

Los bloqueos se extendieron también a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, intensificando las dificultades de abastecimiento en toda Bolivia y agudizando el clima de crisis entre la población.

Las organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana y sectores relacionados con el expresidente Evo Morales exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, señalando presunto incumplimiento de compromisos y acusaciones de intentos de privatización, negadas por las autoridades.

El diálogo propuesto estuvo condicionado a la anulación de órdenes de detención contra dirigentes sindicales. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, quedaron libres de estas medidas tras la decisión de un juzgado de La Paz.

Aun así, la participación de la COB y organizaciones campesinas en el diálogo sigue sin definirse. Argollo declaró a EFE: “Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”.

Algunos grupos más radicales afines a Morales insisten en exigir la dimisión presidencial y rechazan cualquier negociación.

El gobierno implementó medidas de emergencia en respuesta a la magnitud del conflicto. El presidente Paz anunció la reducción a la mitad del salario propio y de los miembros del gabinete como gesto de austeridad. Además, defendió los recientes cambios en el gabinete como una reorganización puntual, no como resultado de una crisis interna.

El Ejecutivo intensificó la distribución de productos básicos y oxígeno, mantuvo canales abiertos de diálogo con los sectores movilizados y desplegó a las fuerzas de seguridad para reabrir rutas bloqueadas, recurriendo en ocasiones a gases lacrimógenos.

La convocatoria de los mediadores se produce ante una crisis de abastecimiento y una polarización política que amenaza la estabilidad nacional. El objetivo central es reunir al gobierno y a los movimientos sociales para encarar demandas fundamentales y avanzar hacia soluciones negociadas.

Bolivia enfrenta actualmente el reto de optar por el camino del consenso para superar las divisiones y abordar las prioridades del país en medio de una compleja coyuntura social.

Lo que inició como una serie de disputas dispersas, impulsadas por reclamos sectoriales y demandas económicas, terminó alimentando una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses de gobierno, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social.

La estrategia del Gobierno ha sido resistir a la presión con llamados al diálogo que han funcionado con algunos sectores que tenían demandas específicas, pero no ha logrado mitigar los conflictos que piden su renuncia. Al contrario, se han extendido territorialmente y se han sumado otras organizaciones.

La administración de Paz ha sido clara al afirmar que no está dispuesta a negociar con quienes buscan desestabilizar el gobierno y los ha acusado de estar financiados por el narcotráfico.

Para los que no entran en esa categoría, se conformó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en la toma de decisiones, pero al que no asistieron los sectores movilizados. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal formaron una comisión de diálogo a la que los movilizados condicionaron su presencia: piden que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que ponen en evidencia la falta de articulación interna y las fronteras de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que ponía restricciones al estado de excepción. Sin esa norma en vigencia, Paz queda facultado constitucionalmente para dictar la medida sin límites ni más condiciones que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.

Esta cronología reconstruye los principales hitos de la escalada de un conflicto que sigue en ebullición por la falta de consensos políticos y sociales.

Decreto, combustible y elecciones

Enero, febrero y marzo de 2026

No se puede marcar en el calendario el inicio del conflicto porque al principio las protestas no estaban articuladas. Sin embargo, analistas apuntan que el descontento social empezó en enero, con protestas contra un decreto que establecía medidas económicas que se terminarían derogando.

Luego surgió el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno no tardó en admitir la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo dificultades para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a las cabezas del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las intermitentes protestas de los transportistas.

Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente contra el Ejecutivo, le terminó salpicando: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que benefició al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y tomaron las calles en protesta.

La demanda de la Central Obrera Boliviana

31 de marzo de 2026.

Con un clima de malestar creciente por lo anterior, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente el pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa Plurinacional desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió infinitas veces a no privatizar empresas y la Asamblea Legislativa no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.

Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía

Partió el 8 de abril de 2026

Comunarios de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720 que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios.

Sus críticos consideraban que podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Si bien al inicio parecía un reclamo de poca trascendencia, terminó convertido en el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, al calor de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.

Cabildo de la COB

1 de mayo de 2026

La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo el magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con varias demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el pedido de aumento salarial.

Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos

6 de mayo de 2026

La Federación de Campesinos Túpac Katari inició el 6 de mayo un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones de la protesta respondían a un conjunto de reclamos acumulados contra el Gobierno, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.

Paro del magisterio urbano y rural

10 y 11 de mayo de 2026

Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que más tarde serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Al paro se sumaron marchas en la sede de Gobierno.

Marcha de los seguidores de Evo Morales

Partió el 12 de mayo

Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha que partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz en un recorrido de 190 kilómetros. Aunque inicialmente algunos manifestantes señalaban que exigían “respeto a la constitución” y que se levanten los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno, el pedido unánime era la renuncia del primer mandatario.

En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz llame a elecciones. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.

Violencia de mineros y maestros rurales

14 de mayo de 2026

La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro de la ciudad.

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras para su explotación. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.

Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación causando daños en el edificio, donde lanzaron piedras y derribaron una pared.

Tres marchas confluyen en La Paz

18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, afiliados a la COB, y los seguidores del expresidente Morales.

Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.

Enfrentamientos en “corredor humanitario”

23 de mayo

El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.

En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años que fue herido de bala. Si bien el Ministerio Público está investigando el deceso para establecer de dónde provino el disparo, el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.

Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y tiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, fuera del enorme costo social y económico de las protestas.

En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.

La crisis de abastecimiento en Bolivia se agudiza tras 29 días de bloqueos de rutas que cercan La Paz y paralizan el suministro de alimentos, combustible y medicamentos en todo el país, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El pollo, el alimento más consumido por su precio accesible, se vende al doble de su valor habitual en la capital. Los huevos y la carne vacuna registran alzas similares, mientras que frutas y verduras escasean. Familias de clase media han recurrido al arroz con huevo como base de su dieta. “Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha”, declaró Adela Gutiérrez, ama de casa y madre de una niña.

La jubilada María Helena Rodríguez señaló que come arroz con huevo día por medio para racionar “el poco pollo que llega”. “Tengo cinco perros y ellos también están a dieta”, agregó.

En el municipio de Pocona, departamento de Cochabamba, más de 100.000 pollos murieron en granjas por falta de alimento balanceado, gas licuado e insumos veterinarios. Wilson Mazala, presidente de la Federación Avícola de Pocona, cifró las pérdidas en entre 600.000 y 700.000 bolivianos diarios (entre USD 87.500 y USD 102.100) y advirtió que “alguien debe hacerse responsable de las pérdidas”.

Mazala señaló que más de 300.000 aves listas para el matadero no pueden ser trasladadas porque las rutas están cortadas. Alertó además que las consecuencias se sentirán en los próximos 35 a 40 días ante la falta de abastecimiento de pollo en los mercados, ya que las granjas no están siendo repobladas con pollos bebés. En Santa Cruz, el pollo se remata a mitad de precio porque tampoco logra llegar a los mercados.

La Paz cuenta con cuatro rutas de acceso al resto del país y los puertos del Pacífico. Solo una permanece parcialmente abierta; las otras tres están tomadas por manifestantes. El Ejecutivo organizó puentes aéreos con apoyo internacional para llevar productos básicos a la ciudad sede del gobierno.

Los dos corredores humanitarios habilitados con presencia policial y militar no prosperaron, ya que los bloqueadores volvieron a cerrar las rutas. La escasez de combustible derivó además en el racionamiento de oxígeno y alimentos en hospitales. Más de 500 cisternas con combustible permanecen varadas en las carreteras, según las autoridades.

Las negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), principal líder de las protestas, no llegaron a concretarse. La COB exigió como condición previa que la justicia derogue las órdenes de detención contra sus dirigentes por las movilizaciones en La Paz.

El presidente Paz lleva apenas seis meses en el poder y enfrenta la peor crisis económica del país en 40 años. Ha denunciado una conspiración y atribuye la situación a dos décadas de gobiernos socialistas. “Todo lo que sea de utilidad para el pueblo tiene que generar a través del diálogo y eso estamos haciendo. Los bloqueos solo castigan a las familias”, afirmó hace dos días.

Su gobierno descartó el uso de las fuerzas del orden para despejar las rutas por el riesgo de posibles bajas que agraven el conflicto. Empresarios y organizaciones civiles de Santa Cruz presionan para que se declare el estado de excepción.

(Con información de AP y Los Tiempos)

El Gobierno brasileño despachó este viernes 21 toneladas de alimentos —16 de arroz y cinco de leche en polvo— a bordo de un carguero militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que despegó desde la Base Aérea de Canoas, en el sur del país, con destino a La Paz. La operación se concretó a petición del propio Paz y tras los acuerdos alcanzados en una llamada telefónica que sostuvo el lunes con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la cancillería de Brasil en un comunicado.

En esa conversación, Lula expresó la solidaridad de su gobierno con Bolivia e instó tanto a las autoridades como a los movimientos sociales a “evitar recurrir a la violencia” y a “privilegiar el diálogo” para superar las diferencias y garantizar la paz social.

Bolivia atraviesa una ola de protestas desde hace 24 días, impulsada por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Las movilizaciones, que comenzaron con demandas sectoriales, escalaron hasta exigir la dimisión de Paz, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Los cortes afectan principalmente una carretera estratégica entre La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile, y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este viernes se registraron 85 cortes de ruta, casi una veintena más que el día anterior, con mayor concentración en el departamento de La Paz.

La escasez de alimentos y combustibles —a los que se suman la falta de medicamentos y oxígeno medicinal— obligó al Gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas. Ante el desabastecimiento, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a familiares en La Paz, cuyos precios se han disparado.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia recibió este viernes las primeras dos toneladas de alimentos no perecederos enviados por Paraguay, en el primero de tres vuelos militares que transportarán en total siete toneladas de asistencia destinadas a La Paz y El Alto. Así lo informó a la agencia EFE el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique Guerrero, desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde aterrizó la nave, un modelo CASA 212 que partió desde la base Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, autorizó los tres viajes “ante la difícil situación de desabastecimiento” que atraviesan ambas ciudades, según detalló Guerrero. El segundo vuelo estaba previsto para las horas siguientes, y el tercero para este sábado.

Perú y Chile enviaron asistencia humanitaria directa, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz. Estados Unidos, por su parte, anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz.

Un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso el jueves, luego de que los manifestantes condicionaron su participación a la anulación de las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios registrados durante las protestas.

Médicos, enfermeros y trabajadores de salud marcharon este jueves en La Paz para reclamar una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras que desde hace 23 días afectan el ingreso de oxígeno, medicamentos y alimentos a hospitales de Bolivia.

La protesta se produjo en medio del agravamiento de la crisis social y económica que mantiene cercadas a La Paz y El Alto, mientras distintos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La movilización comenzó en el Hospital de Clínicas, principal complejo médico de la capital boliviana, y avanzó por el centro paceño hasta llegar al Ministerio de Salud. Durante la marcha, los trabajadores sanitarios llevaron guardapolvos blancos y reclamaron el desbloqueo de rutas para garantizar la atención de pacientes internados.

“Oxígeno y comida para los pacientes” y “respeto por la salud y la vida” fueron algunas de las consignas repetidas por los manifestantes, acompañados por ambulancias con sirenas encendidas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que la situación dentro de los hospitales se volvió crítica por la falta de suministros básicos.

“Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos”, afirmó. También explicó que muchos camiones que lograron ingresar con oxígeno medicinal no pueden abandonar la ciudad para recargar nuevos suministros debido a los bloqueos.

Larrea alertó que “puede pasar cualquier desgracia” con los pacientes más delicados si continúa interrumpido el abastecimiento. Según explicó, varios hospitales comenzaron a compartir reservas de oxígeno entre centros de salud para sostener la atención de emergencias.

La crisis también impacta sobre la alimentación hospitalaria. El dirigente médico indicó que algunos establecimientos redujeron la cantidad de proteína animal en las comidas de los pacientes debido a la escasez de productos. Además, numerosos hospitales suspendieron cirugías programadas para priorizar únicamente intervenciones urgentes.

Los problemas alcanzan también a tratamientos especializados. Larrea señaló que existen dificultades para acceder a medicamentos destinados a pacientes oncológicos y pidió una solución inmediata para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario.

Mónica Reyes, médica de 48 años que participó de la movilización, aseguró que la situación empeora día tras día.

“No tenemos suficiente para cinco días más”, afirmó. “Las provisiones de alimentos se están acabando y los productos están siendo racionados”, agregó.

La profesional sostuvo además que los pacientes enfrentan una doble crisis: “Ya están sufriendo por su enfermedad y ahora se suma el sufrimiento del país”.

El Ministerio de Salud reconoció esta semana que la escasez de alimentos e insumos puede afectar especialmente a pacientes vulnerables y complicar procesos de recuperación en hospitales públicos. Según datos oficiales, en La Paz y El Alto funcionan 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unas 1.000 personas internadas.

A eso se suman 15 centros destinados a poblaciones vulnerables que también enfrentan dificultades para recibir suministros básicos.

La Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia informó que alrededor de 50 toneladas de medicamentos y oxígeno permanecen retenidas por los bloqueos en diferentes rutas del país.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y sectores obreros que reclamaban mejoras salariales, estabilidad en el suministro de combustible y respuestas frente a la crisis económica. Con el paso de las semanas, las movilizaciones se radicalizaron y pasaron a exigir directamente la salida de Paz.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó más de 60 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país. Las interrupciones afectan especialmente a La Paz, El Alto y otras ciudades del altiplano boliviano.

La Defensoría del Pueblo informó además que al menos cuatro personas murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las restricciones de circulación.

En paralelo, el Gobierno insiste en buscar una salida negociada. “El país necesita orden”, declaró Paz el miércoles, cuando aseguró que Bolivia se encuentra cerca de un “punto límite”.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la crisis política y social que atraviesa el país “está llegando al límite” y advirtió que podría recurrir a mecanismos extraordinarios para contener las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones y exigen su renuncia.

“El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante un acto realizado en La Paz, donde presentó un espacio de discusión sobre medidas económicas y sociales.

Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores del transporte que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.

Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.

La tensión política aumentó después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban la posibilidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción. La modificación habilita al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aplicar restricciones sobre reuniones y circulación.

“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó el mandatario boliviano.

Pese a las amenazas de mayores controles, las movilizaciones continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro paceño en coincidencia con el Día de la Madre en Bolivia. Muchas portaban banderas indígenas y cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica.

“No tenemos miedo morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (...) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, dijo la dirigente campesina Marta Poma Luque durante la manifestación.

La protesta se unió además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el servicio de transporte público en varias zonas de la capital boliviana.

En medio de las marchas, algunos dirigentes pidieron evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades”, declaró el manifestante Froylán Choque.

Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz, intentó impulsar una instancia paralela de diálogo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, el encuentro tuvo escasa participación y solo contó con representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.

Escasez, inflación y pérdidas millonarias

El conflicto comenzó a afectar seriamente el abastecimiento en varias regiones del país. En hospitales de La Paz ya se registran problemas para conseguir medicamentos e insumos médicos.

“Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando”, declaró Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe tratamiento en un hospital paceño.

El Gobierno calcula que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos alcanzan los 600 millones de dólares. Bolivia atraviesa además una profunda crisis financiera desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.

Paz comparó el impacto de la crisis actual con la pandemia. “Es peor que el covid”, sostuvo al referirse al desabastecimiento y al aumento de precios que afectan especialmente a La Paz y El Alto.

En un intento por reducir la tensión social, el mandatario anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. La medida, sin embargo, no logró frenar las protestas.

“Estamos hartos con este presidente (...) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, dijo la manifestante Delta Salinas.

El gobierno acusa al ex presidente socialista Evo Morales de impulsar los disturbios desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor. Morales exige que el Ejecutivo convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

(Con información de AFP)

Bolivia continúa sumida en una crisis marcada por bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno intenta abrir negociaciones para frenar un conflicto que ya lleva 22 días y afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y grupos vinculados al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen interrumpidas decenas de carreteras y continúan presionando por la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en el poder.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Los principales focos de conflicto se concentran en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

En paralelo al aumento de la tensión social, el oficialismo y sectores opositores intentan impulsar conversaciones para desactivar el conflicto. Uno de los espacios de negociación fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias políticas con el Ejecutivo.

A ese encuentro asistieron representantes parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno nacional.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo. “Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, expresó.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz encabezó otra mesa de trabajo junto a representantes económicos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación interna y las consecuencias económicas de las protestas.

Pese a esos intentos, las movilizaciones continuaron en las calles de La Paz. Durante esta jornada, organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político de Bolivia encabezadas por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.

Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de marginar a los sectores sociales tradicionales. “Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que el presidente incumplió compromisos asumidos con las organizaciones campesinas durante la campaña electoral, motivo por el cual exigen su salida del poder.

A las protestas campesinas se sumó también el paro indefinido impulsado por sindicatos de transportistas de La Paz. Los conductores instalaron bloqueos urbanos para denunciar la falta de combustible, una situación agravada precisamente por el cierre de rutas en distintas regiones del país.

La combinación de cortes de carreteras y protestas urbanas alteró seriamente la movilidad en La Paz y El Alto. Miles de personas debieron trasladarse caminando o permanecer durante horas en filas para acceder al sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.

El conflicto ya lleva 22 días y comenzó a extenderse hacia otras regiones bolivianas durante la última semana. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales debido a las interrupciones del transporte terrestre.

La escasez también afecta mercados y estaciones de servicio, especialmente en el altiplano boliviano, donde comerciantes y consumidores enfrentan problemas crecientes para acceder a productos básicos.

En medio de ese escenario, el Gobierno promulgó durante la madrugada una nueva ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida incrementó la preocupación de sectores opositores y organizaciones civiles ante la posibilidad de una escalada represiva.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo “la última opción” y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.

(Con información de EFE)

Pequeños comerciantes, transportistas y productores bolivianos salen a las calles por los bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva poco más de seis meses en el cargo. Las protestas acumulan 21 días y se extienden a seis departamentos del país, sin que el Gobierno haya dado señales de resolución.

En rechazo a estas movilizaciones, decenas de ellos marcharon este martes con banderas blancas por el centro histórico de La Paz con consignas como “queremos trabajar” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”. Los manifestantes, entre ellos varias mujeres aimaras, recorrieron las calles aledañas a la plaza Murillo, custodiada por agentes antidisturbios, aunque ninguno se dirigió hacia ella.

La dirigente gremialista Miriam Hernández señaló que “varios negocios han cerrado” por las movilizaciones y por el desabastecimiento de alimentos derivado de los cortes de vías. “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”, afirmó.

Sindicatos de transportistas realizaron también este martes bloqueos callejeros en La Paz ante la escasez de combustible, agravada porque los cortes de carreteras impiden el abastecimiento desde las distribuidoras. Algunos gremios de choferes amenazaron con sumarse a las protestas si no se agilizan las compensaciones por daños causados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida en los primeros meses del año.

Las movilizaciones son protagonizadas por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019). La Paz, El Alto y Oruro registran falta de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados en rutas nacionales e internacionales, incluidas las que conducen a los puertos de Chile y Perú.

En Cochabamba, Jhasmani Medrano, presidente de la Fundación de Productores Lecheros (Fundaprolec), informó que el sector acumula pérdidas superiores a 10 millones de bolivianos (unos USD 1,44 millones), con 2 millones adicionales (unos USD 289.000) por cada día de bloqueo. Más de 300 camiones con maíz, afrecho y cascarilla de soya permanecen retenidos en carreteras cortadas, sin poder abastecer a los productores.

Al no poder almacenarse, la leche “sí o sí tiene que venderse en el día”, según explicó Medrano. Ante esa situación, la Alcaldía de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la comercialización de leche, huevos y flores en tres plazas públicas de la ciudad. El intendente municipal Enrique Navia precisó que los productores estarán habilitados desde las 8.30 horas.

El presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Marlon Álvarez, advirtió sobre un posible desabastecimiento de pollo en las próximas semanas. Cochabamba mueve 1,2 millones de pollos por semana, pero varias granjas comienzan a quedarse sin insumos y el traslado de pollitos bebé acumula retrasos.

En el sector textil, Gladys Nieto, presidenta de Bolivia Produce Regional Cochabamba, informó que la imposibilidad de cumplir entregas y trasladar mercadería durante tres semanas de cortes generó pérdidas de USD 100.000.

(Con información de EFE y Los Tiempos)

Cuando se cumplen 20 días de bloqueos en Bolivia, se perfilan dos escenarios para resolver los conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente: por un lado, el gobierno llamó al diálogo a los sectores movilizados y por otro, avanza la abrogación de una ley que regula el estado de excepción y faculta a la Asamblea Legislativa a rechazar su aplicación.

Este lunes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por no haber podido “atender” a tiempo las demandas de algunos sectores sociales y convocó al diálogo para este miércoles en el marco del Consejo Económico y Social, cuya creación fue anunciada la semana pasada.

“Si el presidente tiene que decir disculpas por no tener el tiempo o el momento para atender (a los sectores sociales), lo hago porque el mayor orgullo de un servidor público es atender”, manifestó en un acto cívico en la ciudad de Sucre. “Si uno se equivoca, vuelve y rectifica, y con eso no pierde, gana”, agregó.

El mandatario convocó para el miércoles 27 a las 10:00, hora local, a los sectores sociales del país al primer Consejo Económico y Social, en el que se analizarán más de 2.000 proyectos “garantizados” por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“El diálogo será siempre el instrumento para resolver los problemas”, señaló el mandatario y advirtió que quienes no quieran resolver las diferencias por esa vía “están fuera de la constitución y la Constitución tiene límites que se tienen que aplicar.”

Ante los crecientes pedidos para dictar un estado de excepción, el Senado abrogó el domingo la ley que reglamenta esta medida —a iniciativa precisamente del presidente de la Cámara, Diego Ávila, uno de los aliados de larga data del presidente— y este martes la tratará la Cámara de Diputados.

La norma básicamente establece el procedimiento detallado de una medida de excepción, sus límites y las responsabilidades penales en torno a ella, pero también complejiza su implementación al incorporar la aprobación del Órgano Legislativo.

De anularse esta ley, el país entraría en una zona gris del marco jurídico: si bien la Constitución Política del Estado le da al Ejecutivo la atribución de dictar un estado de excepción, señala que éste debe estar regulado por ley.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó en entrevista con Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”.

El llamado presidente Paz se da cuando el país cumple 20 días de bloqueos de carreteras para exigir su renuncia. La medida de presión, que inició con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.

Fuera de los reclamos sindicales, los sectores movilizados protestan por la falta de inclusión en el gobierno y por algunas políticas que han sido consideradas en favor de las élites empresariales, como la anulación de un impuesto a las grandes fortunas o la promulgación de una ley que consideraban que promovería la concentración de tierras.

“Hoy (ayer) lo ha planteado el presidente: uno de los problemas centrales ha sido no entender la amplitud de representación que tenía que tener el gobierno”, afirmó Saavedra. Sin embargo, remarcó que eso, bajo ningún punto de vista, “justifica que los sectores ultraradicalizados busquen la ruptura del orden democrático o generen escenarios de violencia”.

Este martes se registran al menos 50 puntos de bloqueo en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.

El Gobierno de Bolivia reconoció el lunes la muerte de una persona durante los enfrentamientos ocurridos en el fallido operativo militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país, bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió el fallecimiento y ofreció disculpas por una primera versión oficial difundida el sábado por la noche, cuando había afirmado que no se registraban víctimas fatales. Según explicó, esa declaración respondió a información que, según sostuvo, era contradictoria en medio del operativo desplegado para habilitar el denominado “corredor humanitario” destinado al paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por el desabastecimiento provocado por los bloqueos.

“Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, dijo Gálvez ante los medios.

El operativo se desarrolló el sábado sobre la carretera troncal que conecta las ciudades de La Paz y Oruro, separadas por 227 kilómetros, con el objetivo de restablecer el tránsito de suministros hacia la sede de Gobierno y hacia El Alto, dos de las ciudades más afectadas por el corte de rutas y el desabastecimiento de productos básicos.

Sin embargo, la intervención fue suspendida tras los enfrentamientos registrados en distintos tramos de la ruta. Los choques derivaron además en la quema de oficinas estatales y en destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy oficial.

El domingo, medios locales difundieron un reporte forense que certificó la muerte de un civil identificado como Víctor Cruz Quispe. El informe indicó que el fallecimiento ocurrió por un “proyectil de arma de fuego”, según el examen practicado en el Hospital de Clínicas de La Paz, donde el cuerpo fue trasladado el sábado por la noche desde la región del altiplano.

El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, escenario de los enfrentamientos entre agentes policiales y militares y los manifestantes que mantenían el bloqueo.

Tras conocerse el fallecimiento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto reclamaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos” el sábado. En su pronunciamiento, las instituciones pidieron una investigación sobre lo sucedido, “en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.

Desde el Gobierno, Gálvez defendió el accionar de las fuerzas desplegadas en el operativo y sostuvo que “ninguno de los efectivos” militares y policiales que participaron “portaba un arma de ningún calibre”. Según afirmó, los agentes llevaban gases lacrimógenos con fines disuasivos.

El vocero aseguró además que el Ejecutivo impulsará una investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades. “Y el que haya asesinado tiene que pagar”, afirmó. También sostuvo que “la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley”.

La operación del sábado formó parte de un intento oficial por romper los bloqueos instalados desde hace 20 días por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la renuncia del presidente Paz, quien asumió el Gobierno hace seis meses.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar por teléfono con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas y los bloqueos que afectan al país, informaron el lunes fuentes oficiales.

Según el comunicado de la Presidencia brasileña, durante la conversación Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y subrayó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.

Asimismo, el mandatario brasileño llamó a que el gobierno y los movimientos sociales “eviten recurrir a la violencia” y “privilegien el diálogo” como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social.

Bolivia entró el lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva seis meses como jefe de Estado.

Los bloqueos han aislado durante 20 días al departamento de La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

En medio de esa situación, Bolivia recibió el domingo una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos instalados desde hace 19 días en distintas zonas del país.

La ayuda humanitaria llegó en un avión militar peruano, en respuesta a una solicitud presentada por el gobierno boliviano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que la cooperación fue enviada luego de que el gobierno de Lima respondiera “de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano”.

En un comunicado, la cartera diplomática boliviana agradeció “la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, en referencia al envío de alimentos destinados a familias afectadas por el impacto de los cortes de rutas.

La crisis de movilidad en Bolivia se profundizó en las últimas semanas por los bloqueos impulsados principalmente por campesinos aimaras en la zona andina, que mantienen tomadas rutas estratégicas y exigen la salida del presidente Paz.

Las protestas afectan especialmente una carretera clave entre La Paz y El Alto, además de conexiones con las fronteras de Perú y Chile y corredores que unen el occidente con el sur y el centro del territorio boliviano.

De acuerdo con el reporte oficial, las carreteras bolivianas amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en el área andina, luego del fracaso de un segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal ocupada desde hace 19 días.

El conflicto también obligó al gobierno boliviano a solicitar apoyo internacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros insumos esenciales en las zonas más afectadas.

En ese marco, Bolivia ya había recibido días atrás cooperación del gobierno de Argentina, que facilitó dos aviones militares para trasladar carne desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Paz y El Alto, en un intento por mitigar los problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas.

Chile también envió ayuda humanitaria la semana pasada, equivalente a 480 cajas de alimentos, como parte de la asistencia regional destinada a enfrentar las consecuencias de la crisis logística generada por las protestas.

A esa cooperación se sumó Estados Unidos, que anunció el sábado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico en respaldo al gobierno de Paz.

(Con información de EFE)

Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba, y en la oriental de Santa Cruz, con mayor concentración en las dos primeras. Los únicos departamentos sin bloqueos son los amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija.

El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro, pero fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas. Tras el paso de la caravana, los campesinos volvieron a bloquear la vía con piedras, tierra y troncos. Es el segundo intento fallido de militares y policías para despejar esa ruta, tras no lograrlo el sábado 16.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana lanzando dinamita y piedras. Su comitiva usó caminos alternos para volver a La Paz, tras sufrir tres “emboscadas”, en una de las cuales su vehículo fue atacado y el vidrio trasero quedó destrozado, según un comunicado de su despacho. Zamora indicó que llegó a la ciudad cerca de las 2 de la madrugada y reiteró su disposición a dialogar en todos los puntos de bloqueo.

Zamora buscaba facilitar el paso de los cientos de camiones varados y el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos para hospitales estatales de La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios se han incrementado por la escasez.

El presidente Rodrigo Paz afirmó el sábado que “extremará” los esfuerzos para buscar una solución mediante el diálogo, pero advirtió que “todo tiene un límite” y que la Constitución respalda posibles medidas como un estado de excepción. Paz explicó que los conflictos están centrados en la zona andina, en la carretera entre La Paz y Oruro, por donde ingresa combustible importado desde el Pacífico para la sede de Gobierno. Aseguró que “no está el resto del país en conflicto” y que aplicará todas las decisiones amparadas por la Constitución, priorizando el respeto a la vida y el diálogo.

Las protestas están impulsadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia de Paz. El operativo para abrir un corredor humanitario incluyó enfrentamientos violentos, vandalismo contra instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta. Manifestantes emplearon cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, dañando vehículos, mientras los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Los bloqueos de carreteras se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

En medio de la grave crisis que atraviesa Bolivia, Evo Morales no cede y aumenta la tensión. El ex presidente volvió a exigir este domingo la convocatoria a elecciones en 90 días para evitar muertos, instando al gobierno de Rodrigo Paz a optar por un proceso electoral urgente en lugar de “la militarización” para terminar con los bloqueos.

El ex mandatario, sobre quien pesa un pedido de captura, considera que la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno de transición son la única garantía de pacificación, en un escenario marcado por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras tres semanas de bloqueos.

Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, Morales advirtió: “Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, agregó.

Pese a las reiteradas amenazas de Morales, el gobierno de Bolivia insiste en el diálogo con los sectores movilizados. El presidente Paz aseguró que hará “todos los esfuerzos” por dialogar, pero afirmó que existe un límite ante las manifestaciones, a las que atribuye la intención del líder cocalero de instigar la crisis. Las autoridades denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático”.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, reiteraron la invitación al diálogo, pero también acusaron a Morales de alentar la desestabilización. El Ejecutivo sostiene que Morales es prófugo de la justicia por un caso vinculado a trata de menores, con lo que procura restar legitimidad a su figura como referente de las protestas.

Mientras tanto, sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, campesinos del altiplano y seguidores de Morales mantienen bloqueos y enfrentamientos exigiendo la salida del presidente. El Comité pro Santa Cruz, liderado por Stello Cochamanidis, rechaza la estrategia de diálogo e insiste en el desbloqueo inmediato de las carreteras hacia centros logísticos cruciales.

La situación en las rutas ha escalado la violencia. Desde hace 18 días, fuerzas de seguridad intentaron liberar una carretera nacional, pero fueron emboscadas en Copata, en el corredor entre La Paz y Oruro. El convoy de militares y policías, al mando de Zamora, fue atacado con dinamita e imposibilitado de avanzar.

Según Zamora, tuvieron que buscar una ruta alterna para proteger la vida del personal y de ciudadanos atrapados. Permanecieron varias horas sin comunicación, hasta que lograron regresar a un lugar seguro. También se informó que equipos de prensa, presentes en la operación, se retiraron por caminos alternativos debido al ataque.

Los bloqueos persisten desde hace más de tres semanas, interrumpiendo el traslado de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia La Paz y El Alto. Esta situación ha elevado la inflación interanual al 14 %. El gobierno denunció la difusión de “noticias falsas” sobre supuestas muertes durante los operativos, atribuyendo dicha campaña a sitios no radicados en el país y a intereses que buscan desestabilizar.

Frente a la gravedad de la crisis, el Ejecutivo mantiene su llamado al diálogo. La administración Paz convocó a líderes campesinos y organizaciones sociales a una sesión del Consejo Económico y Social, pautada para el 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

Oscar Mario Justiniano confirmó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari fue invitada a participar en este encuentro, con el objetivo de destrabar los bloqueos. Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz sostuvo su desconfianza, señalando que el gobierno busca únicamente ganar tiempo.

En este contexto de creciente incertidumbre, varias voces dentro del gobierno lamentaron el nivel de violencia alcanzado y el profundo quiebre social, señalando la preocupación por los ataques que impiden recuperar el abastecimiento esencial para las ciudades más afectadas.

El gobierno boliviano insiste en el diálogo con sectores movilizados tras casi 20 días de bloqueos que han profundizado la crisis política, económica y social en el país. El Ejecutivo convocó para este domingo a líderes campesinos y organizaciones sociales a una próxima reunión del Consejo Económico y Social, en un esfuerzo por hallar consensos que permitan superar las protestas nacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la convocatoria formal a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión clave este domingo. Además, la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social fue fijada para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

Justiniano recalcó que el diálogo ha sido permanente y forma parte del compromiso democrático asumido por el Ejecutivo, de acuerdo a lo reportado este domingo por el diario El Deber. El ministro detalló la realización de múltiples reuniones en las últimas semanas, así como el envío de invitaciones formales a organizaciones sociales para renovar el acercamiento oficial. Subrayó, además, que las demandas campesinas son “legítimas”, y advirtió que los bloqueos han generado un serio impacto sobre la producción agrícola, provocando la pérdida de meses de trabajo en pocos días.

Por otra parte, recientemente tuvo lugar una reunión de más de cinco horas entre el gobierno y la Confederación de Mujeres Interculturales, donde se acordó una agenda de trabajo. El Consejo Económico y Social, previsto en la Constitución, se perfila como un foro para abordar el desarrollo económico y la estabilidad social.

Las movilizaciones continúan en varias regiones de Bolivia, con bloqueos organizados por campesinos aimaras, sindicatos y simpatizantes de Evo Morales. Estos sectores exigen tanto respuestas a demandas económicas y sociales como la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Comité pro Santa Cruz, cuyo presidente es Stello Cochamanidis, reiteró su ultimátum para este domingo, reclamando el desbloqueo de San Julián y expresando escepticismo ante la estrategia gubernamental. Desde ese sector sostienen que la intención principal es forzar la salida del presidente y no negociar acuerdos.

Dirigentes cívicos han solicitado también la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, denunciando la existencia de grupos “delincuenciales” y señalando ataques contra periodistas y la utilización de armas en los enfrentamientos. Estos incidentes han incrementado el riesgo de nuevas víctimas y mantienen la tensión en el país.

La extensión de los bloqueos ha alcanzado lugares como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, generando preocupaciones y trastornos en la vida cotidiana de la población.

El gobierno desplegó este sábado un operativo combinado de fuerzas militares y policiales para despejar una arteria vital en la zona andina. El avance del convoy generó nuevamente enfrentamientos con manifestantes, que respondieron con cargas de dinamita y lanzamientos de piedras.

El objetivo del denominado operativo humanitario con banderas blancas era restablecer el flujo de alimentos y suministros médicos hacia La Paz y El Alto, ciudades severamente afectadas por los bloqueos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó una caravana integrada por más de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y maquinaria pesada, para remover obstáculos en la ruta.

Durante la operación, los manifestantes dañaron varios vehículos y, en un incidente en El Alto, retuvieron a un policía vestido de civil, quien fue presentado como “rehén” en un video y posteriormente rescatado por agentes de inteligencia. Los disturbios incluyeron la quema de un autobús y el saqueo de instalaciones estatales, lo que contribuyó a agudizar la tensión social en la zona.

Las autoridades constataron que tras cada avance del operativo, los bloqueos eran reinstalados. A pesar de los intentos de diálogo en los puntos de conflicto, la situación no se ha resuelto.

En el ámbito político, el llamamiento al diálogo divide opiniones en la Asamblea Legislativa. La diputada Ximena Arispe considera indispensable recurrir a mesas de diálogo para encauzar las demandas y discutir eventuales reformas en el gabinete.

Por otro lado, la diputada Eliana Condori ha defendido el derecho a la protesta y apunta que la crisis política y económica se ha profundizado debido a los bloqueos. Otros parlamentarios, como Claudia Bilbao, insisten en distinguir entre reclamos sociales legítimos y hechos considerados delictivos, subrayando la necesidad de una respuesta policial ajustada a la ley.

Los bloqueos han generado pérdidas económicas de consideración, el desabastecimiento de insumos y un daño tangible en el bienestar de la población, que espera la solución del conflicto.

Para numerosos sectores productivos del país, los días de protesta han puesto en riesgo el trabajo y los logros obtenidos en los últimos meses, reflejando la urgencia de consensos que permitan reconstruir la normalidad para millones de bolivianos.

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el viernes una nueva operación “humanitaria” destinada a levantar los bloqueos en la principal carretera del país e invitó a dialogar a la federación de campesinos del departamento de La Paz, que mantiene la medida de presión desde hace 17 días para exigir la renuncia del mandatario nacional.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindaron detalles sobre la iniciativa en una rueda de prensa conjunta.

Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, llevará el nombre de “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tiene como objetivo “despejar” la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía clave hacia el centro y este del país.

“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, afirmó e indicó que estas zonas son las más afectadas por los bloqueos. A su vez, señaló que la misión será “normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y alimentos”.

La operación estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que utilizará maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes en los cortes de ruta.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la operación contará con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica, y aseguró que la intervención “no está yendo a buscar ningún enfrentamiento”.

El pasado sábado, una primera operación policial y militar intentó despejar las principales carreteras de La Paz, pero encontró resistencia de los manifestantes en el sur de la ciudad y en una zona de El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita ante los gases lacrimógenos utilizados por los uniformados.

Por lo tanto, el desbloqueo fue parcial y transitorio, ya que posteriormente se ordenó el repliegue de fuerzas para evitar un “derramamiento de sangre”, lo que permitió que los manifestantes retomaran las protestas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, invitó a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ a dialogar y negociar el domingo para buscar “soluciones a los problemas que son legítimos”.

Justiniano también anunció que el Consejo Económico y Social, presentado días atrás por Rodrigo Paz, tendrá una sesión constitutiva el próximo miércoles para definir su metodología de trabajo y una agenda inicial con las principales prioridades nacionales. Las invitaciones para esa reunión se están enviando a distintos sectores y organizaciones sociales.

“Yo personalmente, como productor, sé cuánto se sufre cuando su producción de uno termina fregada en el camino, sé cuánto se sufre y también nuestros hermanos lo saben en el campo, meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar, porque al final del día todos somos productores”, sostuvo el funcionario.

Las protestas, iniciadas en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, reúnen a campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz. En los últimos días, los bloqueos se extendieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

En paralelo, Gálvez enalteció las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país en respaldo al sistema democrático, el orden constitucional y el Gobierno de Paz. “Hemos sido testigos de manifestaciones en todos los departamentos, incluidos La Paz, que muestran que la inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia y apuesta por el ejercicio pleno de la democracia”,

El viernes, Bolivia vivió una nueva jornada de protestas masivas en La Paz, marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines, con uso de gases lacrimógenos, piedras y cartuchos de dinamita.

Las protestas congregaron a campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros, muchos de ellos portando cascos, ponchos y banderas indígenas.

Los manifestantes partieron desde El Alto hacia el centro de la capital, donde los accesos a la Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, sede de gobierno, permanecen resguardados con rejas y un fuerte despliegue policial. La agencia AFP reportó al menos tres detenidos durante las jornadas.

El país atraviesa una de sus peores crisis económicas en cuatro décadas, con una inflación interanual del 14% en abril, según cifras oficiales. Los reclamos iniciales, enfocados en aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios, se radicalizaron hasta transformarse en una exigencia de dimisión.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, expresó Melina Apaza, de 50 años, residente de la región minera de Oruro.

(Con información de EFE y AFP)

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros —muchos de ellos con cascos, ponchos y banderas indígenas— partieron desde El Alto hacia el centro de la capital política, donde los accesos a la plaza de armas permanecen resguardados con rejas y cientos de efectivos. AFP registró al menos tres detenidos durante las jornadas.

La ciudad lleva tres semanas aislada por bloqueos de carreteras que han generado escasez de alimentos, combustibles y medicinas. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta lo que los sectores movilizados describen como la peor crisis económica del país andino en cuatro décadas. La inflación interanual llegó al 14% en abril, según datos oficiales.

Los reclamos iniciales —aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios— se radicalizaron hasta convertirse en una demanda de renuncia. “Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dijo a AFP Melina Apaza, de 50 años, oriunda de la región minera de Oruro.

Omar Sandor, minero de 47 años, sumó otra acusación: “Está queriendo privatizar las empresas estatales y nuestros recursos naturales, como el litio”, según recogió la agencia.

Ante la convulsión social, el gobierno anunció esta semana una reorganización del gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. El jueves nombró a un nuevo ministro de Trabajo como primer movimiento de esa reestructuración.

La medida no detuvo las movilizaciones. Los bloqueos de vías rozaban el medio centenar en todo el país, de acuerdo con datos oficiales, y las marchas continuaron el viernes con la misma intensidad que el jueves.

El gobierno asegura que grupos radicales buscan alterar el orden democrático y acusa al expresidente Evo Morales —prófugo por un caso de presunta trata de una menor— de orquestar las protestas.

La politóloga Ana Lucía Velasco advirtió a la agencia que la negociación se volvió estructuralmente difícil: “No puedes renunciar un poquito o renunciar por unos días. Una vez que las demandas escalaron a eso, ya la negociación se complica. Ahora es una guerra de desgaste”.

Paz llegó al poder tras el colapso electoral del socialismo en las presidenciales de 2025, en las que Morales estuvo impedido de candidatearse. Recogió la mayoría de los votos de sectores rurales y populares, poniendo fin a 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Los manifestantes dicen sentirse defraudados y sin representación. En un parlamento de 130 diputados, la izquierda apenas cuenta con 10 representantes.

(Con información de AFP)

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas económicas para el sector industrial superan los USD 600 millones como consecuencia de los bloqueos de carreteras y protestas que sindicalistas, seguidores del ex presidente Evo Morales y campesinos del altiplano mantienen desde más de dos semanas para exigir la renuncia del mandatario nacional Rodrigo Paz.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los USD 600 millones. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, expresó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en conferencia de prensa.

El dirigente advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores” se encuentran en incertidumbre “sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

Morales enfatizó que “los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas y el incremento de los costos, más la incertidumbre permanente están asfixiando al aparato productivo nacional”.

Además, señaló que la paralización industrial pone en riesgo los empleos y el abastecimiento interno de alimentos, medicamentos y otros “productos esenciales”. Morales remarcó que la situación impide que las empresas exportadoras cumplan con sus compromisos de ventas al exterior, lo que genera un “deterioro progresivo de la confianza en Bolivia como país productor, como país previsible y como destino para venir a invertir”.

“Desde la Cámara Nacional de Industrias queremos expresar nuestra profunda preocupación y nuestro estado de alerta frente a esta gravísima situación. No podemos seguir normalizando que el país esté bloqueado mientras la economía se debilita y mientras las industrias luchan por sobrevivir”, sostuvo.

Las protestas se concentran en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales reclaman la salida del actual mandatario, quien lleva seis meses en el cargo. En los últimos días, los bloqueos alcanzaron también a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. El jueves, la COB y los campesinos del altiplano marcharon nuevamente hacia el centro de La Paz.

Como efecto de los bloqueos, comenzaron a escasear alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal. Un niño de 12 años murió al no recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras, según informó el Ministerio de Salud. Con este caso, ascienden a cuatro las muertes vinculadas a la imposibilidad de traslado por los cortes de rutas en el país.

El Ministerio de Salud comunicó que “el fallecimiento de un niño de 12 años fue debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia” desde el hospital de Llallagua, en el norte de Potosí, hacia la ciudad de Potosí. Debido a las carreteras cerradas, el vehículo sanitario debió cambiar de ruta hacia Oruro, donde el menor murió durante el trayecto, según detalló la cartera.

El ministerio expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “la vida está por encima de todo conflicto” y solicitó: “Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.

De acuerdo con la radio Pío XII, el niño residía en Pocoata, en el norte de Potosí, y llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía y tratamiento en terapia intensiva.

El fallecimiento del menor se suma a otros tres decesos, incluida una ciudadana de Belice, que no lograron recibir atención médica a tiempo por los bloqueos de sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, solicitó un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde se encuentran 29 bebés y las reservas disponibles alcanzan para solo siete días. Además, en la unidad de terapia intensiva, cinco mujeres dependen de ese suministro para su evolución.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, expresó Aliaga.

(Con información de EFE)

Bolivia enfrenta una crisis sanitaria en sus hospitales públicos donde los centros médicos de La Paz racionan oxígeno medicinal, postergan cirugías y recortan la alimentación de sus pacientes tras 16 días de bloqueos de carreteras que aíslan la capital del país.

Los cortes de ruta, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y un aumento salarial del 20% que el mandatario considera inviable. La presión se intensificó tras las violentas protestas del lunes, que derivaron en batalla campal frente al Palacio de Gobierno y dejaron al menos 11 policías heridos, con más de 100 detenidos.

En el Hospital de la Mujer, su directora, Janett Aliaga, exigió un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde hay 29 bebés, con reservas disponibles para apenas siete días. En su unidad de terapia intensiva hay cinco mujeres cuya evolución depende de ese suministro.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, manifestó Aliaga.

El Hospital del Niño tiene garantizadas 36 horas de oxígeno para 57 niños internados. La escasez también afecta a quienes ya recibieron el alta. Magaly Quispe, de 38 años, llegó al consultorio con su bebé Arón, operado del corazón al nacer, cargándolo en un brazo mientras con el otro sostenía un tubo de oxígeno personal que le dura ocho horas. Debió atravesar varios puntos de bloqueo desde El Alto en la madrugada para llegar a la cita médica.

La Sociedad Boliviana de Cancerología informó en un comunicado que los pacientes oncológicos de La Paz, Oruro y Potosí enfrentan interrupciones en sus tratamientos de quimioterapia.

La situación en el Hospital del Tórax llevó a una decena de jefes de servicio a conformar un comité de emergencia. Su director, Marco García, explicó que el establecimiento requiere 25 cilindros diarios de 6 metros cúbicos y que la última dotación recibida alcanza para solo dos días. El jefe de Cardiología, Enrique Oropeza, advirtió que la atención en consulta externa se redujo en un 80% y que pacientes con enfermedades graves que requieren controles semanales dejaron de presentarse.

“Estamos seguros que vamos a perder muchas vidas por este tipo de conflicto social”, advirtió Oropeza. En el complejo médico de Clínicas, autoridades y médicos reclamaron este jueves un “corredor humanitario” para normalizar las provisiones.

El desabastecimiento no se limita al oxígeno. El Hospital del Tórax lleva días sin carne de res y solo dispone de pollo para dos jornadas. El Hospital de la Mujer, por su parte, redujo las raciones a sus pacientes ante la imposibilidad de recibir carne y huevos desde las zonas productoras.

En el mercado de Villa Fátima, al norte de La Paz, los puestos de carne estaban en su mayoría cerrados y las verduras escaseaban. Rosario Yujra, ama de casa de 73 años, pagó 23 bolivianos —unos tres dólares— por un cuarto de kilo de carne con hueso, un precio que antes de los bloqueos rondaba un dólar.

La Cruz Roja, organización humanitaria internacional, facilitó el paso de dos camiones con cilindros de oxígeno desde El Alto y anunció que gestionará el ingreso de un camión cisterna varado en Guaqui, en la frontera con Perú, con capacidad para abastecer a los centros médicos por aproximadamente diez días.

El gobierno, por su parte, organizó vuelos con provisiones de alimentos mediante dos aviones Hércules enviados por Argentina y desplegó camiones cisterna de combustible para garantizar el funcionamiento de las ambulancias.

Las autoridades señalan al expresidente Evo Morales —en el poder entre 2006 y 2019— como instigador de las movilizaciones. La politóloga Verónica Rocha matizó esa lectura: “Las cosas se fueron acumulando y han explotado: el tema salarial, la crisis económica permanente, la gasolina basura”, y calificó a Morales como “solamente una pieza más”.

Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau manifestó en la red social X su apoyo al “gobierno constitucional legítimo” de Paz y rechazó los bloqueos como un intento de quienes “perdieron abrumadoramente en las urnas” de derrocar al mandatario.

(Con información de EFE y AP)

El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, enfrenta una situación de máxima tensión tras más de dos semanas de protestas que pusieron en jaque tanto la estabilidad interna como sus relaciones diplomáticas, especialmente con Colombia.

El conflicto comenzó con reclamos salariales ante la crisis económica que atraviesa el país, escasez de recursos y la mala calidad de combustibles, última problemática a la cual la administración oficial culpó a mafia internacional que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

El rechazo a reformas oficiales también se incrementó al malestar de sindicalistas e indígenas que amenazaron con dejar sin alimentos a hogares estatales para niños y buscan aislar a las grandes ciudades de La Paz y El Alto con cortes de rutas.

Los precios en los mercados populares se duplicaron o triplicaron, mientras las filas para conseguir productos básicos se extienden durante horas. Ante esta situación. el Gobierno boliviano implementó un “puente aéreo” con ayuda de aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.

Ocho países latinoamericanos firmaron el viernes pasado una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en el país andino, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que mantienen paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú en el comunicado conjunto.

Durante los últimos días, la presión política se intensificó contra el titular del Ejecutivo. Sectores afines al ex presidente Evo Morales, junto a sindicatos y campesinos aimaras, protagonizaron bloqueos y marchas que confluyeron en La Paz.

El lunes se registró el episodio más violento hasta la fecha, por el cruce de los manifestantes y las fuerzas del orden, con enfrentamientos, saqueos y ataques a periodistas y ciudadanos. El mandatario nacional atribuyó la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una “ruptura constitucional” y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico.

Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un “reordenamiento” ministerial para lograr un gabinete “más ágil” y receptivo a las demandas sociales. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, expresó.

A la vez, dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización. “El gabinete debe responder con mayor eficiencia y cercanía”, explicó el mandatario.

La postura internacional marcó líneas divisorias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante: “Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre la existencia de “un golpe de Estado en marcha” por quienes impulsan las protestas.

En cambio, la relación con Colombia se quebró. La expulsión de la embajadora Elizabeth García respondió a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y denunció que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

No obstante, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente a Petro a colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia, en relación con un proceso de trata agravada de personas. El ex presidente permanece en el Chapare, su histórico bastión político, rodeado de seguidores.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país enfrenta hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo al inicio de su intervención. El funcionario explicó que Bolivia asistió al Consejo Permanente porque consideró que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro requieren la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana.

Las protestas y bloqueos en Bolivia, liderados por sectores disidentes y sindicales, derivaron en una crisis humanitaria que involucra a actores nacionales y extranjeros. La presión interna se agudiza por la escasez, el alza de precios y los bloqueos en La Paz y El Alto. El conflicto escaló a expulsiones diplomáticas y a llamados internacionales a mantener el orden democrático y evitar una mayor confrontación.

Incluso, la Unión Europea (UE) instó el martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas contra el gobierno boliviano. En una declaración conjunta, el bloqueo europeo y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia.

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el comunicado.

(Con información de EFE)

A dos semanas de iniciados los bloqueos en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la protesta se extiende territorialmente: este miércoles, el país amaneció con 47 piquetes en seis regiones. Según reportes de medios locales, los bloqueos se concentran en los departamentos de La Paz y Oruro —donde inició esta medida de presión—, pero también hay nuevos puntos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Las manifestaciones exigen la renuncia del presidente Paz, tras una acumulación de reclamos sectoriales, entre ellos de incremento salarial, de mejoras en la calidad del combustible, y contra una ley de tierras que permitía modificar la categorización de las propiedades agrarias. Pese a que el Gobierno logró desactivar algunos focos de conflicto y negociar acuerdos con ciertos sectores, la protesta se mantiene y los pedidos (y las formas) se radicalizan.

El lunes fue la jornada de mayor violencia en La Paz con la confluencia de tres marchas que se enfrentaron con la Policía; los medios bolivianos reportaron ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, además del uso de material explosivo, la quema de un vehículo policial y agresiones físicas a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto.

“Hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, manifestó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en una entrevista con radio El Deber. “No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social”, agregó.

La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los bloqueos, están prácticamente cercadas y con escasez de algunos alimentos de la canasta básica. También hay interrupciones en el servicio del transporte público, oficinas cerradas y algunos colegios han decidido pasar a modalidad virtual hasta que se recupere la normalidad.

La Policía boliviana anunció que este miércoles se habilitará un “corredor humanitario” para permitir el paso de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos a La Paz.

En declaraciones anteriores, algunas autoridades acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas con el objetivo de “romper el orden constitucional” y señalaron que las movilizaciones son financiadas por el narcotráfico. “Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (…) Nuestra lucha es contra esos poderes, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.

El evismo es uno de los diez frentes de protesta contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente realizaron una marcha de 190 kilómetros a la sede de Gobierno para exigir la renuncia del presidente y en rechazo a sus políticas de gestión. “No hay ‘planes macabros’. Hay un país cansado de que le mientan. El gobierno protege a empresarios, banqueros y agroindustriales mientras la gente vuelve a hacer filas, endeudarse y aguantar hambre. Ningún discurso va a borrar esa realidad”, escribió Morales en X.

Para algunos analistas, el “común denominador” de las protestas sectoriales es el reclamo de los campesinos y las clases trabajadoras de sentirse excluidos del Gobierno. “Si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir. El reclamo de fondo es: nos tienen que tomar en cuenta”, señala el analista político Pablo Deheza.

A pesar de la masificación de los bloqueos, el Gobierno ha señalado en las últimas horas que está realizando negociaciones a puertas cerradas para desactivar los conflictos. “Lo estamos haciendo (el diálogo) con la discreción que corresponde hasta llegar a una solución. Les puedo asegurar, y con eso dar tranquilidad a la población, que estamos trabajando las 24 horas del día con todos estos sectores”, aseguró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista con la Radio Activa.

Desde el inicio del conflicto, varios países han expresado su preocupación por la situación en Bolivia. En un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú- rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano.

También hubo pronunciamientos de la Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de la Unión Europea y de figuras del ámbito político, como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.

En ese marco, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este miércoles para evaluar la crítica “situación política interna” de Bolivia.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó este martes que las protestas que sacuden al país representan “una sublevación del pueblo” contra las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz y defendió las movilizaciones encabezadas por sectores indígenas, campesinos y sindicales que reclaman la renuncia del mandatario.

Morales acusó al gobierno de promover reformas “neoliberales” y de intentar privatizar recursos naturales y servicios públicos.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, declaró Morales durante una entrevista radial. El ex mandatario sostuvo además que las protestas responden al rechazo social frente al programa económico presentado por la administración de Paz.

“Una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”, agregó.

Morales aseguró que el movimiento indígena se encuentra al frente de las movilizaciones para defender la actual Constitución boliviana y frenar cambios impulsados por el gobierno.

“El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, que es defender los recursos naturales y los servicios básicos”, afirmó.

Las declaraciones del ex mandatario se producen mientras continúan las protestas y bloqueos en distintas regiones del país, especialmente en La Paz, donde miles de personas se movilizaron durante los últimos días.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos, saqueos y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal.

El conflicto se intensificó después de que Paz anunciara el pasado 9 de mayo la creación de una comisión destinada a impulsar una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Según explicó el gobierno, el objetivo es facilitar inversiones y promover cambios legales vinculados a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde.

Morales cuestionó abiertamente ese proyecto y denunció que detrás de las reformas existe un intento de privatización más amplio. Según afirmó, los cambios podrían afectar también áreas como salud y educación pública. El ex mandatario sostiene que las medidas forman parte de una política económica orientada a desmontar el modelo estatal implementado durante sus gobiernos.

Aviones Hércules enviados por Argentina

Morales también acusó a Argentina de colaborar con la represión de las protestas en Bolivia. El ex presidente se refirió a los dos aviones Hércules enviados recientemente hacia territorio boliviano para asistir con el traslado de alimentos a ciudades afectadas por los bloqueos.

“Llevaban gases lacrimógenos y balines”, afirmó Morales al cuestionar el operativo. También aseguró que las aeronaves eran utilizadas “para trasladar militares y policías a La Paz”. En ese contexto, expresó su rechazo a que “Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

Las movilizaciones cuentan con participación de organizaciones sociales, sindicatos y sectores afines a Morales. El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del ex mandatario que caminó durante varios días desde la región de Oruro para sumarse a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y agrupaciones sociales de El Alto.

Además de exigir la salida de Paz, los manifestantes reclaman medidas frente a la crisis económica, aumentos salariales y soluciones a los problemas de abastecimiento de combustibles. Bolivia enfrenta una compleja situación financiera marcada por la escasez de dólares y dificultades para sostener subsidios energéticos.

El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Morales por promover las protestas y sostiene que detrás de las movilizaciones existe un intento de desestabilización política para recuperar poder. Mientras tanto, continúan los bloqueos de carreteras y crece la tensión en distintas regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad para intentar restablecer la circulación y contener nuevos disturbios.

(Con información de EFE)

Más de 127 personas fueron detenidas en Bolivia tras las violentas protestas registradas en la La Paz contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en una jornada marcada por saqueos, incendios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la Policía.

Las manifestaciones, impulsadas por sindicatos, campesinos y seguidores del ex presidente Evo Morales, dejaron además varios policías heridos.

El comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, confirmó este martes el número de detenidos y advirtió que las autoridades continuarán actuando contra quienes participaron en los disturbios.

“No vamos a permitir más este tipo de abusos en contra de la población. Han visto ustedes saqueos, ataques a gente inocente en vehículos que se estaban trasladando a cumplir sus actividades y estos criminales han excedido todos los límites”, declaró el jefe policial.

Las protestas se concentraron el lunes en el centro de La Paz, especialmente en las inmediaciones de la plaza Murillo, donde funcionan la sede del Ejecutivo y el Congreso boliviano.

Miles de manifestantes intentaron avanzar hacia el corazón político del país utilizando piedras, petardos, explosivos artesanales y cargas de dinamita contra los agentes de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Durante varias horas se registraron choques entre manifestantes y policías antidisturbios. En medio del caos, grupos violentos atacaron oficinas públicas y comercios privados, saquearon mobiliario, destruyeron instalaciones y prendieron fuego a diferentes objetos en plena vía pública. También fue incendiado un vehículo policial.

Las autoridades denunciaron además agresiones contra pequeños comerciantes y periodistas que cubrían las movilizaciones. Imágenes difundidas por organismos oficiales mostraron daños en edificios estatales y personas retirando computadoras, muebles y otros elementos antes de incendiarlos en las calles paceñas.

Uno de los hechos más graves ocurrió en una estación del teleférico ubicada en el centro de La Paz. Según la Policía, un suboficial que custodiaba el lugar fue golpeado violentamente por un grupo de manifestantes hasta quedar inconsciente.

“Existe una alta probabilidad de que pierda la visión en uno de sus ojos a raíz de los golpes”, afirmó Sokol al informar sobre el estado del agente, que debió ser sometido a cirugía. Dos personas fueron capturadas por este caso y serán procesadas por tentativa de asesinato.

La Policía confirmó además que once efectivos resultaron heridos durante los enfrentamientos, dos de ellos en estado grave. Paralelamente, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra dirigentes sindicales acusados de promover los disturbios. Entre ellos figura Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), investigado por delitos como “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”, según informó el gobierno.

Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas, mineros y grupos vinculados al ex presidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz. El gobierno sostiene que las protestas forman parte de una estrategia de presión política para desestabilizar a la actual administración.

La crisis ocurre en un contexto económico delicado para Bolivia. El país enfrenta inflación, escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustibles. La situación empeoró tras la eliminación de subsidios estatales impulsada por el gobierno, medida que provocó aumentos en los precios del diésel y la gasolina.

Además de las protestas en La Paz, organizaciones campesinas mantienen bloqueos de carreteras desde hace más de dos semanas en distintos puntos del departamento paceño. Los cortes comenzaron a afectar el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal hacia la capital. Según datos oficiales, actualmente existen al menos 32 bloqueos activos en todo el país.

Ante el deterioro de la situación, el gobierno anunció nuevos operativos policiales y militares para despejar rutas y habilitar un “corredor humanitario” destinado al ingreso de productos básicos. Mientras continúan las protestas y los enfrentamientos, aumenta la tensión política en Bolivia y crece la preocupación por una posible profundización del conflicto social en los próximos días.

(Con información de EFE y AFP)

Bolivia está inmersa en una espiral de violentas protestas sociales que iniciaron hace más de un mes con demandas sindicales, pero se radicalizaron en las últimas dos semanas con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz y bloqueos de caminos que tienen cercada la ciudad de La Paz.

A seis meses del nuevo gobierno, los conflictos iniciaron con el reclamo de todos los años: incremento salarial para obreros y maestros. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno. Estos reclamos, sumados a las protestas por la “gasolina desestabilizada” que ha dañado miles de vehículos desde mediados de enero, confluyeron en una agenda política que la administración de Paz todavía no consigue encauzar.

El Gobierno en este tiempo se reunió con algunos sectores y logró apagar ciertos focos de conflicto cediendo a demandas, como con la entrega de bonos y la suspensión “temporal” de fiscalización de deudas de algunos sectores. Sin embargo, con los ánimos crispados como caldo de cultivo, en el altiplano surgió la idea de presionar al límite al gobierno y exigir la renuncia del presidente.

A este pedido se fueron sumando, como arrastrados por la dinámica del momento, otras organizaciones y se activaron sectores que hasta entonces estaban fuera del debate político.

Aunque lo coyuntural son las demandas sindicales, muchos analistas ven una herida abierta: el malestar de los sectores populares que se sienten excluidos de la toma de decisiones, luego de haber estado en la mesa del poder —con espacios en el gobierno y prebendas de por medio— por casi 20 años con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esta nota te contamos qué organizaciones están (o estuvieron) detrás de las protestas y cuáles son sus principales reclamos.

Federación de Campesinos Túpac Katari

El movimiento de campesinos indígenas de La Paz convocó al bloqueo indefinido de caminos del 6 de mayo. Su reclamo es básicamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz por desacuerdos con la política de su Gobierno. A casi tres semanas del inicio de su medida de presión, tuvieron adhesiones de otros sectores y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó un promedio de 15 piquetes diarios en ese departamento.

Sin una agenda clara de demandas, esta organización protagoniza los bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz. El representante de esa organización,

Vicente Condori manifestó en un video que ya “no es momento de estar dialogando y negociando” con un gobierno que no los “representa”. “El pueblo los ha elegido y el pueblo los puede sacar”, amenazó.

Central Obrera Boliviana (COB)

Es una de las organizaciones que históricamente ha ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales, que tiene afiliados a prácticamente todos los gremios obreros y que cada año, en abril, presenta una demanda de incremento salarial que habitualmente se anunciaba el 1 de mayo, en el Día del Trabajo.

Este conflicto es el segundo que la COB protagoniza contra el Gobierno de Paz: el primero fue entre diciembre y enero para exigir la abrogación de un decreto que establecía medidas económicas y que fue abrogado en medio de la presión social.

Meses más tarde, en abril, presentaron una demanda de incremento salarial adicional al 20% que habían recibido en enero y, ante la negativa del gobierno, decidieron realizar un “paro indefinido” con movilizaciones con esta y otras demandas, como la repatriación obligatoria de divisas de las exportaciones. El 14 de mayo, su principal dirigente, Mario Argollo, denunció falta de atención a sus pedidos e informó que los dejaron de lado para centrarse en exigir la renuncia del presidente Paz.

Magisterio urbano y rural

Los maestros exigían aumento salarial, ítems laborales y algunas reformas administrativas del ámbito educativo. Para presionar al gobierno realizaron bloqueos en varias regiones del país y paros con la suspensión de clases escolares por hasta 48 horas.

En negociaciones con el Ministerio de Educación, acordaron la semana pasada la suspensión de las medidas de presión al obtener el compromiso de mayor presupuesto para educación, la asignación de ítems, equipamiento tecnológico, elaboración de una nueva ley educativa y un bono anual de 2.400 bolivianos, entre otros beneficios.

Sin embargo, algunos sectores afiliados aún continúan con protestas en La Paz por disconformidad con este acuerdo.

Campesinos de las tierras bajas

Pocos temas son históricamente tan sensibles en Bolivia como los relacionados con la propiedad y el uso de la tierra. En abril, campesinos de las regiones amazónicas de Pando y Beni se movilizaron contra la Ley 1720 que autorizaba reformas en la clasificación de las propiedades agrarias.

Esta norma, promulgada por Paz el 8 de abril en una feria agroindustrial, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las pequeñas propiedades en medianas, sin más trámite que una solicitud escrita, para poder ofrecerlas como garantía para obtener créditos bancarios.

Luego de una caminata de más de 20 días por un conflicto que inicialmente parecía menor, el Gobierno terminó abrogando la norma que se había convertido en el eje articulador de las protestas, luego de que varias organizaciones expresaron su rechazo por considerar que podía propiciar la concentración de la tierra, dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores y poner en riesgo territorios indígenas y comunitarios.

Seguidores del expresidente Evo Morales

En medio de los múltiples conflictos, el evismo se activó como frente de protestas contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), principalmente productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, al centro del país, iniciaron una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir respeto a la Constitución Política del Estado ante la propuesta presidencial de hacer reformas parciales para viabilizar su estrategia de desarrollo económico. También exigieron el cese de procesos judiciales contra su líder, que está acorralado en su bastión para evitar su captura, y contra quien la semana pasada se emitió la cuarta orden de aprehensión.

Sin embargo, durante la marcha, que llegó a la sede de Gobierno el lunes, los manifestantes también pedían la renuncia del presidente Paz y expresaban razones dispersas: por la mala calidad de la gasolina, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y porque “no piensa en los pobres”.

Mineros cooperativistas

Radicales por el uso de dinamita en las protestas, los mineros cooperativistas aprovecharon que el río estaba revuelto para plantear sus demandas. El jueves protagonizaron una jornada de violencia y enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes negociaban a puertas cerradas con el gobierno.

Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco en favor de los cooperativistas: el Gobierno suspendió temporalmente la fiscalización de deudas a la Caja Nacional de Salud.

Movimiento Indígena Ponchos Rojos

Una de las organizaciones más numerosas y con mayor influencia en las protestas sociales del altiplano se manifiesta desde hace varios días con bloqueos instalados principalmente en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno. Sin una agenda clara de demandas, exigen la renuncia del presidente Paz por un rechazo generalizado al rumbo que tomó su gobierno.

A inicios de mes firmaron un pacto de “no traición” con algunos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera, y decidieron no llegar a ningún acuerdo con el gobierno mientras no se concrete la renuncia de Paz.

Federación de Juntas Vecinales de La Paz y El Alto

Aunque posiblemente no tengan el consenso de todas las organizaciones afiliadas, las federaciones vecinales también piden la renuncia del presidente por los problemas con el combustible y la supuesta ausencia de una política de austeridad.

Curiosamente, una de las organizaciones que protagoniza las protestas es la Federación Sur de El Alto, que apenas semanas atrás había recibido 66 antenas de internet satelital y un vehículo de regalo por parte del Gobierno.

El dirigente Policarpio Acarapi, quien recibió públicamente las llaves de la camioneta, manifestó en una entrevista con el canal Tele Estrella que “la gente se ha molestado” por la mala calidad de la gasolina, porque la administración de Paz “trata de gobernar a través de decretos” y cuestionó “la falta de austeridad en los salarios de las autoridades y la renta vitalicia de los expresidentes”.

Transportistas

Es uno de los sectores que se manifestó más temprano en reclamo por la “gasolina desestabilizada” que el Gobierno admitió que había distribuido y que dañó miles de vehículos. Si bien hubo acuerdos con algunas federaciones, porque pocas organizaciones en Bolivia tienen tantas ramificaciones internas como el transporte, ningún pacto parece definitivo.

De hecho, el lunes choferes de El Alto anunciaron un paro indefinido y este martes las radios locales reportan que no hay servicio de transporte público. En la víspera, el dirigente Reynaldo Luna manifestó que están contra “la privatización de empresas estratégicas” y de “recursos naturales”. “Ya en este caso, la renuncia del presidente”, informó Luna, citado por el medio Erbol.

Este lunes se vivió una jornada marcada por la violencia en La Paz, donde confluyeron manifestaciones de varios sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a seis meses de haber asumido el Gobierno. La Plaza Murillo, epicentro del poder político, fue asediada por grupos violentos que intentaron romper el cerco policial con enfrentamientos y explosiones de dinamita durante más de cinco horas.

Los medios locales reportan que hubo saqueos y ataques a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. También se quemó un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se atacó una estación del teleférico en El Alto y hubo agresiones a periodistas y ciudadanos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran agresiones contra vendedores ambulantes y pasajeros del transporte público. En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer denuncia entre lágrimas que los manifestantes robaron su mercadería y que había perdido todo lo que tenía.

Con el caos desatado, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y evacuó espacios públicos, como la Universidad y el edificio del Órgano Legislativo, para evitar el aumento de disturbios.

Según los reportes de la prensa local, entre los manifestantes había cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, gremiales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de 190 kilómetros.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción y ha determinado reforzar controles policiales y militares. “En una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas se determinó que se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, manifestó ante los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El ministro aseguró que se van a tomar “medidas duras y estrictas”, pero afirmó que “no hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a dictar”.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, categorizó las protestas entre las que tienen demandas legítimas y los grupos que buscan desestabilizar el Gobierno con violencia. En una entrevista con la radio El Deber, Justiniano señaló que “hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, y agregó que no van a permitir que la violencia “se disfrace de demanda social”.

Según informó el viceministro, las manifestaciones de ayer dejaron al menos diez heridos, entre policías y civiles, y 69 personas detenidas.

Si bien hay intentos de mediación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, entre otras, los conflictos parecen estar lejos de encontrar solución.

Este martes, se registran 32 puntos de bloqueo, concentrados en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba, y hay más sectores sociales que se están sumando a las protestas, como los transportistas de El Alto que iniciaron un paro “indefinido” a partir de hoy.

Según reportes locales, en las primeras horas del martes, las ciudades de La Paz y El Alto se mantenían con algunos puntos de bloqueo, con transporte público interrumpido y con la suspensión de clases escolares en algunos colegios. Adicionalmente, se registra escasez y encarecimiento de alimentos básicos.

En esta espiral de manifestaciones, algunos analistas ven que fuera de las demandas sindicales hay un conflicto de fondo: el reclamo de algunas organizaciones sociales de ser incluidas en la toma de decisiones. Pablo Deheza, columnista y analista político, señaló en entrevista con Infobae que “si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir”.

En medio de este escenario, al menos nueve países expresaron su respaldo al gobierno de Paz -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú-, al igual que 31 expresidentes del grupo Idea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para este miércoles una sesión extraordinaria para evaluar la situación política y social que atraviesa el país.

La situación política y social en Bolivia se agravó en las últimas semanas. Con protestas masivas en distintas ciudades, manifestantes se movilizan en rechazo a las políticas del presidente Rodrigo Paz, líder de la derecha boliviana. La crisis involucra reclamos sectoriales y macroeconómicos. Asimismo, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La Paz es epicentro de estos conflictos, en un contexto de bloqueo de vías de acceso que derivó en desabastecimiento de alimentos y combustibles.

La presencia policial se intensificó y el clima político muestra una polarización inédita desde el retorno de la democracia en los años ‘80. Diversos sectores sociales denuncian la falta de representación y el incumplimiento de promesas electorales. El Parlamento, dominado por una alianza de centro-derecha, respaldó al gobierno y dejó sin espacio a otras fuerzas sociales y políticas. La ausencia de oposición institucional promovió la transferencia de demandas a las calles.

Orígenes y desarrollo del conflicto político

Nadia Guevara, politóloga de Bolivia, analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer el origen de la crisis: “Hay una diferencia entre las raíces del conflicto, que parten desde el primer momento en el que Rodrigo Paz asume la presidencia, y el segundo momento, que ya es en el que se evidencia realmente este conflicto. El momento en el que se evidencia parte aproximadamente desde hace seis semanas, primero con la movilización del sector indígena campesino del oriente boliviano, desde Beni y Pando".

Las protestas actuales comenzaron con una marcha desde Beni y Pando hacia La Paz, motivada por la exigencia de la derogación de la Ley 1720, norma que impulsa la monetización de tierras comunitarias y que afecta a pequeños productores.

Otros sectores sociales se sumaron poco después, con diferentes reclamos. “Todas estas reivindicaciones y esta movilización tiene un origen desde el momento en el que Rodrigo Paz asume la presidencia y básicamente rompe con el mismo electorado que lo lleva al lugar que ocupa en este momento”, sostuvo Guevara.

De acuerdo con la politóloga, el diálogo entre los movimientos sociales y el Parlamento es inexistente. La legislatura respalda al gobierno y, en palabras de Nadia Guevara, “el Parlamento está dominado por esta centro derecha hasta una derecha. Prácticamente no existe una oposición. Por eso es que en los últimos días hemos visto que el apoyo de los otros dos líderes, de los otros dos partidos, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, han dado un apoyo absoluto al presidente. Entonces, en el Parlamento vemos una ausencia de un movimiento popular o de izquierda o más de centro”.

Fragmentación política y falta de representación social

El escenario electoral fue altamente polarizado. Rodrigo Paz accedió a la presidencia con el 32% de los votos, mientras el segundo obtuvo el 28%. “En las encuestas previas a la elección se daba como ganadores y, bueno, quienes tendrían que haber ido supuestamente a una segunda vuelta era otro candidato. No se contaba con que Rodrigo Paz llegue al segundo lugar”, explicó la especialista.

La fragmentación del voto fue consecuencia, en parte, de la exclusión efectiva del Movimiento al Socialismo (MAS), partido tradicionalmente fuerte entre sectores campesinos y populares. “El desbarajuste que ocasiona la ausencia del movimiento al socialismo, que si bien estaba en la papeleta, no van con un candidato que era representante realmente de estas bases sociales”, indicó Guevara.

En ese contexto, los líderes históricos del MAS, como Evo Morales, mantuvieron el control de regiones emblemáticas, especialmente en Cochabamba y el Chapare, aunque la mayoría de las organizaciones sociales se siente huérfana de representación política real.

“Es esta orfandad política en la que quedan estos sectores sociales, que son muy múltiples. O sea, vienen desde movimientos indígenas, el movimiento campesino, movimientos populares, incluso lugares muy localizados como la ciudad de El Alto, quedan precisamente absolutamente sin una representación por la ausencia de estos otros partidos”, sostuvo la politóloga. Ante la falta de canales institucionales para canalizar sus demandas, los sectores movilizados volvieron a tomar las calles.

Crisis de abastecimiento y escalada de la violencia

En las protestas masivas, los manifestantes denuncian represión policial y restricciones crecientes. Grupos de choque de tendencias derechistas reaparecieron en la ciudad. “El nivel de violencia y el nivel de conflictividad que estamos presenciando en la ciudad de La Paz va en aumento. También desde hace algunos días se reactivan algunos grupos que ya se habían visto en 2019, que son grupos de choque más cercanos a una derecha”, describió Guevara.

El impacto directo en la población civil es evidente. Uno de los problemas más graves es el desabastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en La Paz. “Se calcula que hay aproximadamente 67 puntos de bloqueo en todo el país y la mayoría de estos puntos de bloqueo se encuentran alrededor de la ciudad de La Paz”.

Continuamente, la politóloga indicó que “los puntos de abastecimiento de alimentos se cortaron y también el abastecimiento de combustible. Ya en la ciudad de La Paz empieza a faltar tanto alimento como combustible para movilizarse”, remarcó Guevara.

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Las escenas, registradas en videos difundidos este lunes desde la capital boliviana, muestran una nueva escalada de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, cercado por una crisis económica que golpea al país apenas seis meses después de haber asumido el poder.

En las imágenes se observa a grupos de mineros, campesinos y trabajadores avanzando hacia el centro político de Bolivia mientras hacen estallar petardos frente a los cordones policiales. Los agentes antidisturbios, protegidos con cascos, escudos y chalecos, responden lanzando gases para impedir el avance hacia el Palacio de Gobierno.

El humo cubre varias cuadras del centro paceño. Algunos manifestantes corren para escapar; otros patean y arrojan las latas de gas de regreso hacia las filas policiales. En medio del caos también aparecen barricadas incendiadas y grupos de personas gritando consignas contra el gobierno.

En otra secuencia, los petardos explotan frente a una barricada policial mientras manifestantes avanzan agitando banderas bolivianas. Entre la multitud destacan grupos de mineros con cascos y ropa de trabajo, protagonistas de una protesta que comenzó con reclamos por combustible, acceso a explosivos y cambios en contratos del sector.

Uno de los momentos más tensos del material ocurre cuando un manifestante herido se detiene frente a un periodista mientras detrás suyo continúa el enfrentamiento.

“El presidente Paz debería gobernar, no enfrentarnos entre nosotros como hermanos. Nuestros hermanos están aquí; incluso mi hijo está allá atrás, enfrentándose a mí”, afirma el hombre, señalando hacia la línea policial. “Eso no es lo que queremos los pueblos indígenas”.

Las protestas se producen en medio de la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en décadas. La escasez de combustible, la falta de dólares y la inflación alimentaron el malestar social contra el gobierno de Paz, aunque el dirigente de centroderecha llegó al poder hace apenas seis meses y tiene como tarea obligada encarar reformas económicas tras dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce, de izquierda, con un breve paso de Jeanine Añez en medio.

Otro de los videos difundidos este lunes muestra largas columnas de manifestantes descendiendo desde El Alto hacia La Paz. Las imágenes, tomadas desde el sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades, muestran avenidas parcialmente vacías y comercios cerrados mientras la movilización avanza hacia el centro.

La tensión también quedó reflejada en el despliegue militar alrededor del Palacio Presidencial. Varias tomas muestran soldados y vehículos blindados custodiando los accesos a la sede de gobierno mientras continúan los disturbios en distintos puntos de la capital.

En medio de la crisis, el portavoz presidencial José Luis Gálvez lanzó una advertencia pública a quienes participaban en las protestas.

“No hay razón para usar armas. No hay razón para incitar a ese nivel de confrontación”, afirmó el funcionario. “Cualquiera que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto será arrestado y castigado”.

Mientras las protestas y bloqueos continúan afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles, otro video mostró la llegada de ayuda humanitaria desde Argentina. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia con provisiones y artículos de primera necesidad, mientras operarios descargaban contenedores con alimentos en la pista.

El embajador argentino en Bolivia, Marcelo Adrián Massoni, confirmó que el puente aéreo continuará en los próximos días. Poco después, Paz agradeció públicamente el apoyo del presidente argentino Javier Milei y calificó la asistencia como “un gesto de solidaridad”.

Al caer la tarde, las columnas de gas comenzaban a disiparse sobre el centro de La Paz. Pero las filas policiales seguían apostadas alrededor de la Plaza Murillo y los bloqueos continuaban activos en distintas rutas del país, reflejo de una crisis política y social que el gobierno boliviano todavía no logra contener.

Las protestas realizadas este lunes en la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, daños en estaciones del sistema estatal Mi Teleférico y destrozos en edificios privados y pequeños comercios, en una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines en las inmediaciones de la plaza Murillo.

Las movilizaciones reunieron a sectores vinculados al ex presidente Evo Morales, organizaciones sociales de El Alto, campesinos aimaras y la Central Obrera Boliviana (COB), todos con la consigna de exigir la salida del mandatario boliviano, que lleva tan solo seis meses en el poder.

La tensión se concentró en las calles cercanas a la plaza Murillo, donde se encuentran la sede del Gobierno y el Parlamento. Los manifestantes intentaron avanzar hacia el área protegida por efectivos antimotines y lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita contra los agentes policiales, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

En medio de los enfrentamientos, grupos de manifestantes arrancaron puertas de un edificio privado para utilizarlas como escudos frente a la acción policial. También retiraron papeles, maderas y otros objetos del inmueble para encender fogatas en la vía pública y disminuir el efecto de los gases lacrimógenos.

Otro de los episodios más graves ocurrió en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Funcionarios registraron en videos el momento en que manifestantes ingresaron a las instalaciones, destruyeron mobiliario y sustrajeron algunos objetos. Otro grupo atacó con piedras uno de los accesos al complejo judicial.

Las protestas también afectaron al sistema de transporte por cable que conecta La Paz con la ciudad vecina de El Alto. Varias estaciones sufrieron daños por piedras arrojadas por los movilizados, especialmente una parada ubicada en el centro histórico paceño, donde además se registraron destrozos dentro de las oficinas.

Durante esos incidentes, un policía que custodiaba la estación fue golpeado por manifestantes. A raíz de los ataques, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió de forma temporal el funcionamiento de una línea y otras tres rutas que atraviesan sectores donde se desarrollaron las movilizaciones.

Vecinos y medios de comunicación también registraron la quema de un vehículo policial estacionado cerca de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Comerciantes callejeras denunciaron además saqueos y destrucción de pequeños puestos instalados en zonas próximas a las protestas.

La crisis social y política en Bolivia se agravó durante las últimas dos semanas. El departamento de La Paz permanece aislado del resto del país desde hace 13 días debido a bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con respaldo de la COB.

Las organizaciones movilizadas mantienen protestas callejeras desde principios de mayo y reclaman la salida del presidente Paz en medio de un escenario de creciente conflictividad. Además de La Paz, se reportaron cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el aumento de hechos de violencia durante la cobertura periodística de las protestas. En un comunicado, el organismo informó que entre el 12 y el 18 de mayo se registraron “15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa” mientras cubrían los conflictos en distintas regiones del país.

El Gobierno boliviano responsabilizó al ex presidente Evo Morales de impulsar las movilizaciones y aseguró que existe un “intento” de retornar al poder mediante la presión social y los bloqueos. Hasta el momento, Morales no respondió públicamente a esas acusaciones.

La jornada concluyó con fuertes operativos policiales en el centro de La Paz, calles cubiertas por restos de piedras, vidrios y materiales incendiados, y un escenario de alta tensión política en la capital boliviana.

(Con información de EFE)

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del dirigente sindical Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de una investigación por su presunta participación en las protestas que mantienen bloqueadas las principales rutas hacia La Paz y derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó la medida durante una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se basa en una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno y en distintos elementos reunidos durante la investigación. Según la autoridad, el caso incluye cargos por instigación pública a delinquir y presunto terrorismo.

Mariaca indicó que la orden fue remitida a la Policía Boliviana para su ejecución.

“El Ministerio de Gobierno, el pasado fin de semana, ha realizado una denuncia contra diferentes personas y nosotros somos responsables de la investigación que llevamos adelante como Ministerio Público”, declaró el fiscal.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se apoya en informes policiales, reportes de inteligencia y análisis de material audiovisual. Las autoridades señalaron que equipos especializados revisaron imágenes, videos y otros registros vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos.

“Ante la valoración que ha realizado el Ministerio Público, en su momento, teniendo las facultades establecidas en la Constitución Política del Estado, mediante una resolución fundamentada, el Ministerio Público ha emitido una resolución de aprehensión”, sostuvo Mariaca.

El fiscal también precisó que la resolución ya fue enviada al Comando General de la Policía, que tiene a su cargo la ejecución de la orden y la posterior entrega del detenido a la Fiscalía para su procesamiento.

La decisión judicial se produce en medio de un escenario de alta tensión social en Bolivia, donde distintas organizaciones sindicales, campesinas y mineras sostienen protestas que han derivado en el bloqueo de rutas estratégicas. Estas medidas han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en La Paz y otras ciudades.

Según el reporte oficial, las movilizaciones han incluido enfrentamientos con fuerzas de seguridad, uso de explosivos artesanales y episodios de saqueos en instalaciones públicas. En algunos casos, se registraron incendios de vehículos policiales y daños a dependencias estatales, mientras la Policía respondió con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

En paralelo, el conflicto ha tenido un fuerte impacto político. Las protestas incluyen demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta un clima de creciente presión a pocos meses de haber asumido el cargo. Los sectores movilizados atribuyen la crisis a la situación económica y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de combustibles y subsidios.

Durante las jornadas de protesta, miles de personas se concentraron en el centro de La Paz, mientras rutas de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas desde hace más de dos semanas. Las autoridades informaron que al menos 33 puntos del país siguen interrumpidos, lo que complica la circulación de bienes esenciales.

En este contexto, la detención del principal dirigente de la COB agrega un nuevo elemento al conflicto. Las autoridades sostienen que las acciones investigadas están relacionadas con la organización y promoción de las protestas, mientras que los sectores movilizados denuncian persecución política.

La Fiscalía remarcó que la investigación continúa abierta y que podrían sumarse nuevos implicados conforme avancen las pericias sobre el material recopilado. Por el momento, la Policía tiene la instrucción de proceder con la captura de Argollo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para su declaración y eventual imputación formal.

(Con información de AFP)

El portavoz presidencial José Luis Gálvez confirmó el deceso del dirigente campesino Alberto Cruz Chinche, identificado como mallku —término aimara para líder comunitario— de los llamados Ponchos Rojos. Según Gálvez, Cruz Chinche cayó en una zanja que los propios bloqueadores habían excavado en la zona. “Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden”, declaró el vocero.

Cruz Chinche es la cuarta víctima desde que comenzaron los cortes de ruta. Las anteriores fueron Anna Enss, ciudadana de Belice de 56 años que murió por problemas de salud al no poder ser trasladada a un hospital; Nelly Villanueva, fallecida en circunstancias similares; y una joven de 20 años cuya muerte se informó el 14 de mayo en El Alto.

Gálvez mostró ante los medios un video difundido en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos integrantes de los Ponchos Rojos en una carretera andina exhibiendo armas y gritando “ahora sí, guerra civil”. El vocero señaló a Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión anterior, como “presidente del comité de conflicto” de esa facción y lo acusó de haber instado a los manifestantes a unirse a la marcha “con todas las armas posibles”.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, advirtió que quienes porten armas o dinamita serán detenidos por las fuerzas de seguridad. En ese marco, informó que la noche del domingo fue arrestado un excandidato que llevaba en su mochila dinamitas y mechas. Por disposición del Código Penal, las autoridades se negaron a revelar su identidad, aunque Paredes precisó que fue capturado en flagrancia.

El viceministro también señaló que en las zonas de bloqueo circulan grandes sumas de dinero procedentes del Chapare —feudo cocalero de Morales— y que ya se investiga su origen. Paredes calificó la movilización como “una conspiración en el límite de la legalidad” y sostuvo que constituye “un intento de Evo Morales de volver a ser Gobierno de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

La columna principal, que según Paredes superaba las diez mil personas, descendió desde distintos barrios de El Alto tras seis días de caminata desde el altiplano. Está integrada por cocaleros, campesinos, integrantes de los Ponchos Rojos y contingentes convocados por la Central Obrera Boliviana (COB). A su paso, habitantes de El Alto se sumaban a la marcha al grito de “¡Que renuncie!”, en referencia a Paz. Otras dos columnas, de juntas vecinales y de campesinos, también convergían hacia el centro paceño.

La plaza Murillo —donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento— amaneció resguardada con varios cordones policiales, barricadas y carros antidisturbios. Gálvez confirmó que el presidente Paz se encontraba en la Casa Grande del Pueblo y que el operativo de seguridad incluye un fuerte contingente policial y militar en el perímetro.

Paz llegó al poder en noviembre pasado, poniendo fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin partido propio ni mayoría en el Legislativo, heredó lo que él mismo describió como “un país quebrado”. Entre sus primeras medidas eliminó los subsidios a los combustibles, lo que encareció el costo de vida, y según expertos citados por los cables lleva retraso en los ajustes necesarios para revertir la peor crisis económica de los últimos 40 años.

El gobierno optó por el diálogo y cerró acuerdos con varios sectores —entre ellos mineros cooperativistas, maestros y organizaciones laborales regionales de El Alto—, pero rechazó negociar con los seguidores de Morales. Paz ordenó que policías y militares actúen como fuerzas “disuasivas, sin armamento”. Las organizaciones empresariales, en cambio, le exigieron mayor firmeza: estiman que los bloqueos generan pérdidas superiores a USD 50 millones diarios y que unos 5.000 vehículos permanecen varados en las carreteras.

Morales alienta las protestas desde su bastión cocalero del Chapare, donde desde 2024 evade una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El lunes pasado se sumó un segundo pedido de arresto por la misma causa. Sus seguidores tomaron el control de una pista de aterrizaje en la región —que no opera vuelos comerciales— para resguardarlo ante el temor de que sea capturado.

En el plano internacional, el gobierno de Paz recibió el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos. Rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la situación boliviana como una “insurrección popular”. Los cortes de ruta, concentrados principalmente en el departamento de La Paz pero con afectaciones también en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, han dejado mercados desabastecidos, combustible escaso y hospitales sin suministros en la capital.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)

El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la administración del presidente Rodrigo Paz que enfrenta una serie de manifestaciones sociales por demandas sindicales y pedidos de renuncia. A través de una publicación en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, este domingo la Casa Blanca condenó lo que considera “acciones destinadas a desestabilizar” la gestión de Paz, que lleva seis meses en el gobierno.

“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, se lee en el documento difundido.

En esa línea, el gobierno estadounidense expresó su apoyo al gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”.

Este es el segundo pronunciamiento internacional en lo que va del conflicto iniciado hace tres semanas. El viernes, ocho países —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno.

Bolivia atraviesa un tiempo de tensión tras varios días de protestas convocadas por diversos sectores para presentar reclamos sindicales —por incremento salarial y la abrogación de una ley que autorizaba cambios en la propiedad agraria, principalmente—, pero luego surgieron pedidos de renuncia contra el presidente por un descontento general con su gestión.

Desde hace 12 días que la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz realiza bloqueos indefinidos en la zona andina del país con el respaldo de algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos.

Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, desde entonces se registra un promedio de 20 piquetes simultáneos, lo que ha provocado la escasez de algunos alimentos básicos en la sede de Gobierno, la imposibilidad de viajar por vías terrestres y pérdidas económicas para sectores estratégicos como la industria y el transporte pesado.

Adicionalmente, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha desde la localidad de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz, que tiene previsto ingresar a la ciudad este lunes para exigir respeto a la Constitución Política del Estado, ante propuestas de modificación parcial, y el cese de procesos judiciales contra el exmandatario.

La semana pasada se vivió una jornada de violencia con la protesta de mineros cooperativistas que se enfrentaron a la Policía con dinamita en el centro paceño mientras sus dirigentes negociaban un pliego de demandas con el Gobierno. Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco para desactivar el conflicto: la administración de Paz suspendió temporalmente la fiscalización de los aportes y deudas de las cooperativas mineras a la Caja Nacional de Salud, entre otros beneficios para el sector.

Pese al levantamiento de las medidas de presión de este sector, uno de los más violentos por el uso de material explosivo en sus protestas, la calma está lejos de retornar a La Paz, que se mantiene prácticamente cercada por los bloqueos y espera la llegada de los marchistas afines a Morales.

En ese marco de conflictividad, el Gobierno ha hecho llamados al diálogo a los diversos sectores, pero a la vez ha criminalizado la protesta al señalar que está financiada por el narcotráfico. También ha responsabilizado a Evo Morales de ser una especie de autor intelectual de los múltiples frentes de conflicto y ha amenazado con procesos judiciales a los manifestantes.

En medio de la disputa política, la ciudadanía enfrenta horas de tensión con la escasez de algunos alimentos, el alza de los precios y la suspensión parcial del transporte público y de las clases escolares en algunos colegios, que han pasado a modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto.

El fin de semana, operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron en piquetes para permitir el paso de alimentos e insumos médicos, pero tras la habilitación de lo que denominaron “corredores humanitarios”, los bloqueos se volvieron a instalar en varios puntos. La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que los operativos policiales dejaron al menos 57 personas detenidas y cinco heridas.

La llegada de sectores afines a Evo Morales a las inmediaciones de La Paz este domingo ha incrementado la tensión en un ambiente ya marcado por protestas y bloqueos. El avance de los manifestantes procedentes del altiplano ha motivado el despliegue de militares y policías en los accesos a la sede del Gobierno.

Grupos leales al ex presidente marchan hacia la ciudad para sumarse a los reclamos de renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Estos sectores, integrados por sindicatos campesinos, organizaciones indígenas y obreras, rechazan medidas económicas del Ejecutivo y buscan reforzar la presión a través de la movilización directa.

La conocida “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” partió el lunes desde Caracollo y recorrió unos 188 kilómetros, acercándose este domingo a El Alto. Tras una última etapa de 40 kilómetros desde Calamarca, los manifestantes planean ingresar a la plaza Murillo —corazón político del país— este lunes, de acuerdo con declaraciones del dirigente sindical Juan Yupari recogidas por EFE. “Vamos a llegar hasta el kilómetro cero para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista”, aseguró Yupari.

Sectores movilizados como la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Regional (COR) y el grupo campesino conocido como los ‘ponchos rojos’ prevén su arribo coordinado a las afueras de La Paz. El Gobierno ha acusado a Morales de promover las protestas con recursos ilícitos.

Bolivia cumple 14 días de bloqueos indefinidos en carreteras nacionales, con fuerte impacto en los accesos a La Paz y El Alto. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el sábado permanecían 22 puntos de bloqueo activos, cifra reducida a 15 este domingo. Esta situación dificulta la llegada de alimentos, combustibles y oxígeno a hospitales.

Las vías más afectadas incluyen la carretera Achica Arriba a Oruro, el camino a Yungas y otras rutas en el altiplano. El desabastecimiento ha derivado en un aumento de precios en productos básicos y alertas en el sector de la salud ante la escasez de oxígeno. Un portavoz de la ‘Túpac Katari’ denunció dos muertes durante el operativo de desbloqueo en Ingavi y El Alto, pero las autoridades han desmentido que estos decesos se hayan producido.

La Cámara Nacional de Comercio estima que las pérdidas económicas superan los USD 500 millones, dado que el Producto Interno Bruto diario se reduce a la mitad debido a los bloqueos. El fiscal general investiga un atentado con explosivos en Bermejo, ocurrido en el contexto de pesquisas por narcotráfico y crimen organizado.

El Gobierno desplegó el sábado a las Fuerzas Armadas y la Policía para habilitar un corredor humanitario, consiguiendo el paso de combustible y suministros hacia la capital y permitiendo la circulación de vehículos. El operativo resultó en 47 detenidos y al menos cinco heridos.

Poco después, el Ejecutivo ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad con el objetivo de evitar enfrentamientos y reiteró su convocatoria al diálogo. A la reunión del domingo asistieron organizaciones campesinas, la Confederación de Mujeres ‘Bartolina Sisa’ y representantes vecinales de El Alto, pero no estuvieron presentes los principales líderes campesinos. La ‘Túpac Katari’ y otros actores han rechazado el llamado, acusando al Gobierno de anteponer acuerdos con otros sectores, como expresó su dirigente Javier Alejo.

En paralelo, las autoridades lanzaron una plataforma digital orientada a registrar pruebas y denuncias relacionadas con daños materiales o irregularidades ocurridas durante las movilizaciones. Así lo explicó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabián Espinoza Valencia.

Las manifestaciones han generado respuestas divergentes en el plano nacional e internacional. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, se expresó preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia y se manifestó respaldo a las iniciativas del presidente Paz para restaurar el orden y la estabilidad.

En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las protestas de “insurrección popular” y manifestó su disposición a contribuir a una salida pacífica si es invitado. Morales, cercano al mandatario colombia, le agradeció públicamente: “Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

Mientras tanto, algunos sectores como mineros, maestros y la COR de El Alto alcanzaron acuerdos con el Gobierno y suspendieron sus medidas de presión. Sin embargo, la mayoría de organizaciones campesinas mantiene su movilización por la renuncia de Paz.

En un escenario polarizado, el Gobierno insiste en que el diálogo ha dado resultados y plantea que la mediación es la única vía para avanzar hacia la recuperación de la convivencia política.

El portavoz de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, informó el sábado que el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras el “éxito” del operativo ‘Corredor Humanitario’, el cual permitió el ingreso de oxígeno, combustible y medicamentos a la capital, en medio de bloqueos y enfrentamientos derivados de las protestas civiles y sindicales.

Gálvez aseguró que la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas no buscaba confrontar a los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de insumos esenciales para hospitales y servicios básicos.

“El objetivo humanitario era que los insumos críticos pudieran llegar inmediatamente a la ciudad y se ha conseguido. Queremos cuidar la vida de los enfermos y de los paceños”, afirmó el portavoz en conferencia de prensa.

El vocero destacó la labor de los efectivos policiales y militares desplegados en las carreteras estratégicas bloqueadas. En ese sentido, señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y en todo momento sin uso de armamento letal.

A su vez, Gálvez convocó a dialogar a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’, tres sectores que aún mantienen protestas y bloqueos de caminos con el objetivo de consensuar un “plan de trabajo” y frenar la tensión social que afecta al país.

“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó Gálvez.

El operativo ‘Corredor Humanitario’ se inició por la madrugada del sábado y, según la administración del presidente Rodrigo Paz, levantó varios puntos de bloqueo en rutas estratégicas y habilitó el paso de convoyes con alimentos, combustible y otros suministros hacia La Paz y El Alto.

Sin embargo, los movilizados se reorganizaron y retomaron las medidas de presión.

En Huajchilla, activistas apostados en cerros y en torno a la carretera arrojaron piedras y usaron cartuchos de dinamita para frenar el avance de los efectivos de seguridad, además de encender fogatas en la vía para dificultar la circulación. En La Ceja de El Alto, manifestantes superaron la presencia policial y avanzaron sobre vías de alta circulación, lanzando piedras contra vehículos del transporte público, patrullas policiales y equipos de prensa.

La Policía respondió en ambos sectores con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y recuperar el control de estas vías, tras más de dos semanas de bloqueos.

El convoy de vehículos militares y policiales que este sábado despejó parcialmente una de las rutas principales del altiplano boliviano regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo. Durante el operativo, se retiraron decenas de montículos de tierra, troncos, piedras y neumáticos quemados utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera durante once días en demanda de la renuncia de Paz.

“Hemos llegado hasta acá evadiendo o rompiendo varios obstáculos”, declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, quien encabezó el convoy hasta la localidad de Calamarca, a 54 kilómetros de La Paz, desde donde inició el retorno para despejar una carretera paralela.

Balderrama explicó que la decisión de no avanzar respondió a la presencia de la marcha de centenares de seguidores del ex presidente Evo Morales en la misma ruta hacia La Paz, también para exigir la dimisión de Paz.

El jefe militar señaló a los medios que, según información disponible, más adelante hay “grupos más revoltosos” y las Fuerzas Armadas buscan evitar enfrentamientos, cumpliendo su misión “en el marco del respeto a la población”.

La caravana regresó a La Paz sin lograr el objetivo de abrir completamente el paso hasta Oruro, a 227 kilómetros de la sede de Gobierno. El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amílcar Sotopeña, indicó que se cumplió con el propósito de liberar el paso de cisternas con combustibles, camiones de carga y otros vehículos particulares hasta Calamarca.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó el sábado que la operación militar y policial destinada a desbloquear carreteras en el departamento de La Paz, así como los enfrentamientos posteriores entre manifestantes y agentes, dejaron un saldo de 47 personas detenidas y cinco heridas.

(Con información de Europa Press y EFE)

Rodrigo Paz atraviesa las horas más difíciles de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando pedidos de renuncia con bloqueos de carreteras y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de su gobierno.

Las protestas surgieron en múltiples flancos: maestros con demandas de aumento salarial, transportistas que reclamaban por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Estos grupos orbitaban con sus demandas alrededor de una organización que históricamente ha ejercido presión en las decisiones gubernamentales: la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento salarial adicional al del 20% que hubo a inicios de año.

Mientras el Gobierno lograba acuerdos sectoriales y mitigaba algunos conflictos, en el altiplano se iba gestando la protesta de la Federación de Campesinos Túpac Katari que, sin una agenda de demandas específicas, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la renuncia del presidente en rechazo a su gestión. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión tiene prácticamente cercada la sede de Gobierno.

A los campesinos se sumaron más tarde dirigentes de la COB, que abandonaron su demanda salarial para exigir la renuncia de Paz, y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves se vivió una jornada de violencia con los mineros afiliados al sindicato obrero que, a punta de dinamitazos, se enfrentaron con la Policía en el centro paceño.

Entre tanto, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros a La Paz en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que ha planteado Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político, que se encuentra acorralado en su bastión para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra.

En el medio, y con la crisis económica como telón de fondo, hay una ciudadanía hastiada de marchas y bloqueos que exige “mano dura” al Gobierno para poner orden en un país habituado a que los desacuerdos políticos se diriman en las calles.

Más allá de las negociaciones sectoriales con las que el Gobierno ha logrado desactivar algunos focos de conflicto, analistas advierten una estrategia contradictoria: mientras por un lado convoca al diálogo a los sectores movilizados, por otro criminaliza la protesta, amenaza con procesos judiciales a los manifestantes y los acusa de estar financiados por el narcotráfico.

En esa línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves la existencia de un plan macabro contra el Gobierno y dijo que hay “dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro”.

Adicionalmente, más de un actor político —incluidos ministros y el vocero de Paz— ha responsabilizado a Evo Morales de estar detrás de las protestas para derrocar al gobierno y recuperar el poder. Sin embargo, analistas coinciden en que el evismo es solo una de las múltiples corrientes del conflicto y que ya no tiene poder de irradiación, aunque, según la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, todavía funciona narrativamente como “un fantasma que moviliza los miedos de las clases medias tradicionales”.

En el fondo de los problemas coyunturales, los analistas ven que hay un agotamiento social y legítimo por la crisis económica heredada de las gestiones pasadas, pero también tensiones históricas irresueltas entre dos bloques —los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales— que pugnan por hacer prevalecer sus visiones de país tras el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó las últimas dos décadas.

“Los grandes periodos de estabilidad en Bolivia se han producido cuando se llegó a un equilibrio de poder”, explica Jáuregui y señala que cuando ese pacto se quiebra “se abren procesos conflictivos”.

En el momento actual, la experta ve que la irrupción de los sectores populares en las calles es una respuesta a la ausencia de representación dentro del Estado, donde hay una “recomposición de las élites tradicionales y de las clases medias urbanas”.

Para el analista político Pablo Deheza, la grieta entre ambos bloques tiene una dimensión adicional, ya que fueron los sectores populares los que llevaron a Paz al poder con su voto. Sin embargo, sostiene que, una vez en el Gobierno, el presidente “dio un giro y emitió señales de que no va a gobernar con quienes votaron por él”. En ese contexto, el analista afirma que “hay una sensación de reclamo, enfado y molestia”.

El futuro en el corto plazo es incierto. Los analistas temen que el Gobierno logre capear la tormenta pero sin resolver el problema de fondo y que los conflictos actuales sean solo la antesala de otros episodios que no podrá resistir. Ambos consideran necesario plantear un “mapa de reparto de poder” en el que se reconozcan las legitimidades mutuas y se logren consensos básicos.

“En este momento Rodrigo Paz está ante un punto de inflexión y tiene dos vías: generar un nuevo pacto social con la incorporación de todos los sectores o mantener un gobierno sin posibilidad de acción política”, apunta Jáuregui. Sin embargo, donde subyace una crisis económica y social profunda, el tiempo se agota más temprano.

El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz que estaría financiado por el narcotráfico. Según el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, las protestas sociales estarían promovidas por el expresidente Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical de Morales en Cochabamba, al centro del país.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa en la que manifestó la predisposición de la administración de Paz para dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.

Morales no hizo referencia a las acusaciones del vocero, pero horas antes había manifestado en X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria” y que los “miles” de manifestantes no obedecen a “una sola persona”.

Este jueves se vivió una jornada de violencia en la que cooperativistas mineros se enfrentaron con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes se reunían con el Gobierno para negociar pedidos sindicales. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la madrugada se llegó a un acuerdo para suspender las medidas de presión sobre el que hasta la publicación de esta nota no se ha dado más información.

Sin embargo, el de los mineros es solo uno de los frentes de múltiples conflictos que enfrenta el Ejecutivo. En las últimas semanas hubo una escalada de protestas que inició con demandas de varios sectores —como maestros y transportistas— que derivó en crecientes pedidos de renuncia al presidente.

Hace diez días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz inició un bloqueo de caminos “indefinido” que ha provocado un cerco a la sede de Gobierno, con un promedio de 20 piquetes simultáneos, para exigir la dimisión de Paz. Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las protestas por un rechazo general a las políticas gubernamentales, luego de que no fuera aceptada su demanda de incremento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ante los medios que “el pedido único” que tiene el sindicato de trabajadores es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”.

Por otro lado, los seguidores del expresidente Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en rechazo a la propuesta presidencial de hacer reformas parciales a la Constitución Política del Estado y para exigir el cese de los procesos judiciales que tienen acorralado a su líder en su bastión. Se estima que la marcha arribe a la sede de Gobierno el martes de la próxima semana.

Ante la escalada de conflictos, la administración de Paz ha llamado al diálogo a los sectores para negociar las demandas sindicales y ha firmado un decreto para entregar un bono “por única vez” a la Policía.

El pago, denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía”, se entregará en reconocimiento a “la noble labor cumplida en defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el Decreto Supremo 5620. Si bien el documento no menciona el monto, fuentes policiales señalaron que es casi equivalente a un salario mínimo.

En este escenario de conflictividad, el vocero del evismo, Christian Velasco, denunció que el Gobierno apunta a dictar estado de sitio en dos departamentos y detener al líder cocalero. “Por información de militares patriotas, en las próximas horas se estaría dictando estado de sitio en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la excusa de las protestas sociales”, afirmó Velasco en un video difundido en redes sociales y dijo que la intervención militar tendría como fin “detener al presidente Evo Morales o quitarle la vida”.

El vocero Gálvez no descartó la implementación de medidas de excepción y manifestó que se hará uso de las herramientas constitucionales para preservar el orden democrático. “El gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que hará el gobierno es usar esas prerrogativas cuando sea pertinente para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.

Mineros artesanales se enfrentaron este jueves con la policía boliviana en el centro de La Paz durante una protesta que derivó en violentos disturbios cerca de la sede del Gobierno de Rodrigo Paz.

Los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos. En medio de los choques, se registraron explosiones de dinamita en varias calles de la capital.

La movilización reunió a miles de trabajadores mineros que llegaron a La Paz para reclamar mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios en las regulaciones de su sector. Con el correr de las horas, la protesta sumó consignas políticas y algunos grupos comenzaron a exigir la salida del mandatario boliviano.

Las detonaciones se escucharon en distintos puntos del casco histórico paceño. Testigos reportaron escenas de tensión y corridas mientras columnas de manifestantes intentaban romper el cordón policial que protegía el acceso a la plaza donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso.

La protesta de los mineros se produjo en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Bolivia. El país enfrenta escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que impactan sobre distintos sectores productivos y sobre la población.

Las movilizaciones también incluyen bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos. Los cortes comenzaron a provocar demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales, mientras miles de camiones permanecen detenidos en carreteras de distintas regiones.

Antes de los enfrentamientos, una delegación minera ingresó al Palacio de Gobierno para mantener conversaciones con autoridades nacionales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo” y dispuesto a escuchar los reclamos de los manifestantes.

Sin embargo, las negociaciones no lograron frenar el aumento de la tensión en las calles. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y reclamó directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace apenas seis meses tras prometer reformas económicas para estabilizar el país.

Las protestas comenzaron días atrás con reclamos de organizaciones rurales contra una ley que habilitaba hipotecar tierras agrícolas. Ante el rechazo social, el Gobierno decidió anular esa normativa, aunque la medida no alcanzó para desactivar las movilizaciones.

A las demandas rurales se sumaron luego pedidos de aumentos salariales, cuestionamientos a la inflación y reclamos por la falta de combustible. La Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más importantes del país, también incrementó sus críticas contra el Ejecutivo y se incorporó a los pedidos de cambios en la conducción política.

En paralelo, campesinos aymaras conocidos como los “Ponchos Rojos” mantienen bloqueos en distintos caminos y encabezaron marchas hacia El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El Gobierno atribuyó parte de las protestas al ex presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que “este es un bloqueo político... con fines de desestabilización”.

Morales rechazó esas acusaciones y respaldó públicamente las movilizaciones. En un mensaje publicado en X, sostuvo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

El ex mandatario agregó que “los indignados están motivados por su conciencia social y por la rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores y a la nación”.

La crisis política también se agravó luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha hacia La Paz tras conocerse una nueva orden judicial para que el ex presidente comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso de una menor durante su mandato.

Bolivia atraviesa así una nueva escalada de conflictividad social, con protestas simultáneas, enfrentamientos callejeros y crecientes cuestionamientos contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

(Con información de AP y Reuters)

Una mujer de 42 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar. El hecho se registró durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en las instalaciones ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Durante el procedimiento, una patrullera notó comportamientos sospechosos en la visitante y decidió inspeccionar cuidadosamente su calzado. En su interior, hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, según informaron las autoridades, tenían como destino a un detenido recluido en esa sede policial.

Estrategias de control y procedimientos institucionales

La Policía Metropolitana de Valledupar señaló el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles forman parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estaciones y centros de detención, teniendo en cuenta que la presencia de estupefacientes suele generar conflictos, riñas y problemas de convivencia interna.

Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, que explicó que los operativos de verificación son permanentes y se desarrollan bajo estrictos protocolos institucionales para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familiares.

Consecuencias legales y acciones posteriores

Tras el hallazgo de los estupefacientes, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados se encargaron de leerle sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial en las próximas horas.

En cuanto a las sustancias incautadas, las autoridades locales informaron que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio para la investigación que se abrió en contra de la mujer involucrada y el interno para verificar el objetivo de este hecho que fue ampliamente rechazado por la institución.

Debido a la gravedad del caso, la Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los controles en estaciones y centros de detención en todo el área metropolitana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y preservar la seguridad institucional.

Cabe mencionar que este no es el único avance relacionado con el tráfico de drogas en el norte del país, puesto que los uniformados continúan trabajando para evitar que las organizaciones dedicadas a su elaboración y distribución continúen afectando la salud de los consumidores e incrementando la inseguridad.

En la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba logró la judicialización de Sindy María Hurtado Arango por su presunta implicación en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes afectando la seguridad en varios municipios de Córdoba.

Desde septiembre de 2024, según determinó la investigación de las EDA, la mujer señalada como responsable por este delito habría coordinado la distribución de marihuana y cocaína en puntos fijos y a domicilio. Del mismo modo, el reporte oficial indica que los hechos ocurrieron en los barrios Juan Carlos y Villa Helia de San Andrés de Sotavento, así como en Belén de Tuchín y Villa Fátima de Chinú.

La información entregada por el ente judicial confirmó que las interceptaciones de comunicaciones, seguimientos a personas y objetos, además de entrevistas y testimonios, fueron algunas de las diligencias de policía judicial que sustentaron la imputación de cargos.

Según el Código Penal, el ingreso, tránsito, transporte, almacenamiento, elaboración, venta, adquisición o suministro de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas, sin el permiso de la autoridad competente conlleva una pena de prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que los primeros seis meses de su gestión “han sido muy duros”, tras constatar “la cloaca” que dejaron las administraciones anteriores en el Estado, gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo, se refirió a un contexto marcado por protestas de sectores sindicalistas y campesinos.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, sostuvo Paz.

El jefe de Estado destacó la importancia del esfuerzo conjunto de la ciudadanía, representantes parlamentarios, fuerzas políticas, organizaciones sociales, organismos multilaterales y países aliados para que Bolivia salga adelante.

Paz remarcó la necesidad de establecer “alianzas” y “acuerdos” entre diferentes sectores y advirtió que sin ese esfuerzo será “extremadamente difícil” superar la crisis económica. El mandatario alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado.

“Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

Por otra parte, reiteró que 2026 será un año para “ordenar la casa” y expresó su confianza en que el próximo año será de crecimiento, tras el “esfuerzo y sacrificio” realizados actualmente en el país.

Paz mencionó entre los momentos “difíciles” de sus primeros meses de gestión los problemas con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la calidad de los combustibles vendidos en el mercado interno, aunque aseguró que ya se está “triunfando sobre casos” como estos.

Sobre YPFB, sostuvo que los bolivianos pagaron “un alto precio” por el accionar de una empresa que “era supuestamente el orgullo del país”, pero que en realidad era “un antro de corrupción”, tras atribuir esta situación a las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mandatario respondió el domingo pasado a los comentarios de Morales sobre la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la petrolera estatal. A través de una publicación en X, Paz afirmó que el ex presidente “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera, que, según el actual mandatario, fue “quebrada” junto a Arce.

“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió Paz en un mensaje.

El presidente también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de la nacionalización de los recursos en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”, apuntó.

Paz defendió su gestión ante las críticas y subrayó que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”. Asimismo, descartó los rumores sobre una eventual privatización de YPFB: “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”.

Morales había señalado en un programa radial la existencia de una campaña de desprestigio contra YPFB con la supuesta intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, sostuvo.

El mandatario actual abordó el análisis de gestión durante la presentación de una plataforma para denunciar la burocracia estatal, acto al que asistieron el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz.

El Gobierno enfrenta en los últimos días una serie de conflictos por reclamos salariales y territoriales de sectores obreros y campesinos, además de la amenaza de huelga de transportistas ante el problema de los combustibles y otras demandas sectoriales.

(Con información de EFE)

La inauguración de una moderna sala de emergencia en el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz, Honduras, marca un nuevo capítulo para la atención sanitaria en la región central del país. Estados Unidos destinó más de 50 millones de lempiras (alrededor de 1.9 millones de dólares) a la construcción de esta infraestructura hospitalaria, como parte de una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y mejorar la calidad del sistema de salud hondureño.

De acuerdo con información oficial, la obra se ejecutó mediante el Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con la coordinación de la Secretaría de Salud de Honduras. El acto de inauguración contó con la participación de funcionarios hondureños, representantes diplomáticos estadounidenses y miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Según la Secretaría de Salud, esta sala está equipada con áreas de triage, salas de espera y observación, además de espacios funcionales orientados a brindar atención oportuna y de calidad.

La nueva sala de emergencia beneficiará a más de 450 mil habitantes de la zona central de Honduras. Se prevé que podrá atender entre 2,000 y 3,000 emergencias mensuales, así como aproximadamente 250 partos al mes, según datos divulgados por la Secretaría de Salud. Estos servicios se extenderán a pacientes de los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara, zonas caracterizadas por una alta demanda de atención médica de urgencia.

Durante el evento, el vice ministro de Proyecto e Inversiones, José Miguel Castillo, subrayó que la inversión representa un avance en el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional. Castillo afirmó que la infraestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta y elevar la calidad de atención para la población más vulnerable. Además, señaló que la Secretaría de Salud ha asignado personal médico y administrativo, junto con los insumos necesarios, para garantizar el funcionamiento adecuado de la sala.

El coronel Alan Knt, del Comando Sur de Estados Unidos, destacó que este tipo de cooperación forma parte de una estrategia regional. Según Knt, la iniciativa busca mejorar la seguridad sanitaria, fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar la respuesta efectiva ante emergencias de salud pública. El funcionario norteamericano consideró que, a través de estos proyectos, se promueve la estabilidad regional y la capacidad de ambos países para enfrentar desafíos sanitarios que puedan trascender fronteras.

La Secretaría de Salud reiteró que el proyecto responde a una política de cooperación sólida entre Honduras y Estados Unidos, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud y contribuir al bienestar de la población. En su mensaje institucional, la entidad hondureña enfatizó que ambas naciones mantienen el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer los sistemas públicos y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Este esfuerzo se inscribe en una relación bilateral que ha priorizado la atención a emergencias y el desarrollo de capacidades hospitalarias, especialmente en regiones con alta demanda y limitado acceso a servicios médicos. Las autoridades esperan que la nueva sala de emergencias no solo atienda las necesidades inmediatas de la población local, sino que también sirva como modelo de cooperación internacional y refuerzo para el sistema sanitario en futuras contingencias.

La inversión de Estados Unidos, canalizada a través de su programa humanitario, constituye una de las aportaciones más significativas en infraestructura médica ejecutadas en la zona central hondureña en los últimos años. Según datos oficiales, la obra permitirá enfrentar con mayor eficacia los picos de demanda ocasionados por brotes epidémicos, accidentes masivos y otras situaciones críticas que requieren respuesta especializada y oportuna.

Con la apertura de esta sala, el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova se consolida como un referente regional en la atención de emergencias, reforzando la red hospitalaria y garantizando el acceso a servicios médicos esenciales para cientos de miles de hondureños.

El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, realiza esta semana una visita oficial a Bolivia para reunirse con autoridades y militares del país, en el marco de una nueva etapa de acercamiento entre ambas naciones, según informó la embajada estadounidense en La Paz.

En un comunicado de prensa, la embajada destacó que “autoridades del Ministerio de Defensa de Bolivia dieron la bienvenida” a Ryan, quien se convierte en el primer alto representante militar estadounidense en visitar Bolivia desde 2006. El gesto señala la intención de ambos países de fortalecer sus relaciones bilaterales.

Durante su estadía, Ryan mantendrá encuentros con homólogos bolivianos, visitará la sede diplomática de Estados Unidos en La Paz y dialogará con cadetes del Colegio Militar del Ejército.

“Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos, defender a nuestras naciones y actuar con profesionalismo e integridad”, expresó Ryan, según el comunicado.

El general, que asumió el mando del Ejército Sur en junio de 2024, subrayó que estos valores compartidos permiten alianzas bilaterales. El comunicado explica que el Ejército Sur de EEUU realiza actividades de cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en apoyo al Comando Sur estadounidense.

En este marco de aumento de relaciones bilaterales, Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para impulsar la cooperación bilateral en este sector, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.

El acuerdo fue suscrito por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, según informó la sede diplomática estadounidense en Bolivia.

Estados Unidos manifestó su compromiso de trabajar con Bolivia para atraer inversiones que beneficien a ambos países y aseguren el suministro de minerales críticos, como litio, cobalto, níquel y cobre, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y la transición energética.

El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con aproximadamente 23 millones de toneladas, ubicadas principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL), aunque dichos acuerdos no recibieron la aprobación del Poder Legislativo.

El pasado 17 de abril, La Paz y Washington también firmaron un memorando de entendimiento por medio del cual EEUU se comprometía a donar 10 millones de dólares y asistencia técnica para el sistema de salud pública de Bolivia. La ministra boliviana de Salud y Deportes, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, fueron las respectivas representantes que signaron el documento.

Desde la asunción de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en noviembre pasado, su gobierno inició gestiones para restablecer las relaciones con Washington.

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a agencias de cooperación y antidrogas de EEUU, acusándolas de conspirar contra su gobierno, acusaciones que la Casa Blanca siempre negó.

(Con información de EFE)

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles en la calle antigua a Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, dejó varias personas lesionadas y motivó la rápida intervención de servicios de emergencia.

La colisión, captada por una cámara de videovigilancia, involucró a dos vehículos particulares y una motocicleta, en un tramo conocido por el flujo de automóviles hacia la carretera principal. Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, subrayaron la gravedad del suceso.

En el momento del accidente, los conductores circulaban aparentemente a excesiva velocidad, según apreciaciones iniciales, mientras se desplazaban por esta vía de alto tránsito.

A pesar de que el motociclista afectado logró frenar para evitar el choque directo, la maniobra ocasionó que perdiera el control, cayera sobre el pavimento y sufriera lesiones. La identidad de esta persona no fue suministrada en el reporte oficial.

Minutos después del incidente, socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata. Cinco personas que se encontraban en el área del accidente recibieron atención prehospitalaria y tras ser estabilizadas en el sitio tres de ellos fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa.

Hasta el cierre del informe, no se han detallado las condiciones específicas de los afectados ni se han dado a conocer sus identidades.

La investigación del suceso quedó a cargo de las autoridades locales, quienes han confirmado que el video del accidente facilitará el esclarecimiento de la cadena de eventos.

El caso ha generado un llamado entre la población y los organismos de tránsito ante la persistencia de conductas de riesgo, especialmente el exceso de velocidad en arterias secundarias conectadas a rutas principales.

Este accidente ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente siniestralidad vial, reflejada en las cifras oficiales recientemente publicadas.

Aumento de la siniestralidad vial en El Salvador durante 2026

Entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), con base en datos de la Policía Nacional Civil (PNC), documentaron 7,770 accidentes de tránsito en El Salvador. Este volumen representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo el año anterior, cuando se reportaron 6,481 incidentes viales.

Durante los primeros meses del año, 5,205 personas resultaron lesionadas y 482 fallecieron a causa de siniestros viales. Estos indicadores muestran un incremento del 28% en lesionados y del 27% en fallecidos, si se compara con los 4,056 heridos y 379 decesos registrados entre enero y abril de 2025.

Además, los reportes señalan que en 2026 hubo 714 detenidos por conducción peligrosa, un 3% más que los 693 casos contabilizados en el mismo lapso del año previo. Este patrón de incremento en todos los principales indicadores de seguridad vial constituye una tendencia al alza que sigue preocupando a las autoridades y a los organismos de emergencias.

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la irrupción de este tipo de accidentes, pese a los controles intensificados, evidencia el desafío que implica para el país reducir la imprudencia al volante y las graves consecuencias derivadas de exceder los límites de velocidad y evadir las medidas preventivas básicas.

El libro, presentado en San Salvador, forma parte de Manos que Alimentan, una iniciativa financiada desde 2023 por la agencia de cooperación internacional española Cooperación Española y encabezada por Asamblea de Cooperación por la Paz junto a organizaciones locales de mujeres. La publicación agrupa al menos 40 recetas elaboradas y propuestas desde las propias comunidades, como estrategia para diversificar la dieta familiar e incorporar pescado, cangrejo y camarones a la canasta básica.

Según la coordinadora del proyecto, Laura Cadenas, la confección del recetario fue el resultado de un proceso formativo con talleres dirigidos a cientos de participantes. “Tiene detrás un trabajo importante de capacitación y formación en el cual se desarrollaron una serie de talleres que han llegado a muchas mujeres”, expresó Cadenas a la agencia EFE.

A nivel sectorial, el recetario representa una experiencia documentada de cocreación y transferencia de conocimiento culinario desde la base comunitaria rural al público general, consolidando puentes entre la economía pesquera tradicional y nuevas formas de consumo local.

El documento se posiciona como un caso de estudio relevante para la alimentación nacional: históricamente, la canasta salvadoreña ha dependido de importaciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso en zonas con acceso directo a recursos marinos. En respuesta a esta paradoja, el proyecto no solo promueve el consumo de productos hidrobiológicos frescos, sino que también integra la producción agrícola de huertos familiares gestionados por otras beneficiarias del mismo programa. Cada receta ha contado con el asesoramiento especializado de una nutricionista, un factor que favorece su posible escalabilidad a políticas de alimentación.

Formación, producción y transmisión: la estrategia del recetario colaborativo

La coordinadora del programa subrayó que el recetario no solo responde a necesidades nutricionales, sino que “viene desde las propias comunidades de intervención y las personas involucradas han propuesto estas recetas desde el rescate cultural y ancestral de las propias comunidades”.

La propuesta fomenta el uso sostenible de recursos locales a través de la educación alimentaria directa. Dentro de los contenidos, se describen métodos de cocción, beneficios de los productos del mar y sugerencias para integrarlos en preparaciones como tortillas y frijoles.

El proceso ha propiciado una reconexión entre la pesca tradicional y la transformación doméstica de los productos en poblaciones con acceso directo al mar, experiencia que la pescadora e integrante activa del proyecto, Lupita Galvez, compartió en diálogo con la agencia de noticias, donde explicó que la llevó a revalorizar los productos de su entorno inmediato.

“Antes de saber un montón de cosas que ahora conocemos, preferíamos comerciar los productos que pescábamos y no consumirlos”, contó Galvez. Más de cuarenta y cinco años de experiencia en la pesca artesanal respaldan su testimonio.

Impacto y disponibilidad

El recetario ya se encuentra disponible para descarga en las redes sociales de las entidades impulsoras y se promociona en cuñas radiales dirigidas al público general. Con su distribución ampliada, la iniciativa busca convertirse en referencia para programas de seguridad alimentaria tanto en el sector público como en la cooperación internacional.

El modelo documenta la capacidad de articulación entre agentes de desarrollo, organizaciones de base y mujeres líderes rurales, generando herramientas concretas para afrontar un problema estructural. En un contexto donde la mayoría de los productos básicos llegan del exterior, la publicación se instala como evidencia verificable de iniciativas locales orientadas a modificar matrices de consumo y producción desde una perspectiva de género.

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

Los cancilleres de Bolivia y Chile mantuvieron el jueves un diálogo centrado en el fortalecimiento del control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, al tiempo que reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países al más alto nivel tras 16 años.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, tras un encuentro previo en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, afirmó Pérez Mackenna durante una declaración conjunta con Aramayo.

Ambos gobiernos deberán coordinar los mecanismos correspondientes respetando los acuerdos bilaterales para garantizar los derechos de la población de ambas naciones, según informó la cancillería boliviana.

Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento” en la relación bilateral.

“Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”, indicó el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó “iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial” entre Bolivia y Chile.

Previo a la reunión, Aramayo calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones. Pérez Mackenna añadió: “Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada del centroderechista Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente chileno José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

El reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

(Con información de Assosciated Press)

Más de 900salvadoreños mejorarán su acceso al agua potable gracias a la segunda fase de un ambicioso proyecto impulsado en Concepción Los Planes, San Francisco Chinameca, bajo la coordinación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en el departamento de La Paz. Esta iniciativa busca garantizar el suministro eficiente a familias de la zona central del país.

Según informaron autoridades de la DOM al inicio de la segunda etapa, el beneficio directo alcanzará a 929 residentes mediante la instalación de un moderno sistema integrado por un pozo, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y una compleja red de distribución domiciliaria.

En concreto, el proyecto contempla la colocación de una bomba sumergible en el tanque ya existente y la aplicación de un esquema integral de purificación a través de una nueva planta. La infraestructura adicional incorpora una caseta de control, una subestación eléctrica y una tubería de 400 metros que conecta el pozo con el depósito. La red de distribución totalizará 3.5 kilómetros, incluyendo acometidas directas a los hogares de la localidad, según datos oficiales.

La perforación inicial y los alcances nacionales

Los trabajos del sistema hidráulico comenzaron en agosto de 2024 según datos oficiales, cuando la DOM ejecutó la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad y 18 pulgadas de diámetro, revestido con acero al carbón de 12 pulgadas. Este antecedente técnico fue destacado por las autoridades para subrayar el diseño especializado del proyecto y la magnitud de la solución planteada para el abastecimiento sostenido.

Este avance en San Francisco Chinameca es parte de un plan más amplio de la DOM, que actualmente impulsa más de 50 proyectos de agua potable en todo El Salvador. Dieciséis de ellos han sido terminados en beneficio de comunidades como San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán, Guaymango en Ahuachapán, Sociedad en Morazán, cantón El Cerrito en Nahuizalco, Sonsonate, y Teotepeque en La Libertad, entre otros municipios, de acuerdo con los informes actualizados.

DOM expande la red de obras sociales en La Paz

En el departamento de La Paz, la DOM mantiene en ejecución más de 55 proyectos de infraestructura, con 25 finalizados hasta la fecha. De estos, 15 corresponden a proyectos viales que representan más de 58 kilómetros de calles en áreas urbanas y rurales. El portafolio local incluye también dos centros escolares en los caseríos Santo Tomás y Santa Clara, situados en el distrito de San Luis Talpa; dos proyectos de electrificación en San Rafael Obrajuelo y Jerusalén; la habilitación de una unidad de salud en San Emigdio; la remodelación de la cancha de fútbol en Cuyultitán, y la modernización del mercado municipal de Tapalhuaca.

En San Francisco Chinameca, la DOM concluyó recientemente el mejoramiento de la calle principal hacia el caserío El Copinol, en el cantón San Antonio Panchimilama, logrando un impacto directo en la calidad de vida de 2,700 habitantes.

La IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador se celebró el 16 de abril en la ciudad de La Paz, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, y la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre una agenda que incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización del Estado, el impulso al comercio y la promoción de inversiones en sectores estratégicos.

También trataron temas relacionados con la cultura, el turismo, el transporte ferroviario, la conectividad y la cooperación espacial con fines pacíficos.

Entre los acuerdos alcanzados, los representantes de ambos países resaltaron la decisión de explorar el intercambio de experiencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional. Además, se comprometieron a diversificar el intercambio comercial y a fomentar la inversión, reconociendo la creación de la Cámara Empresarial Binacional Bolivia – El Salvador como un mecanismo fundamental para la articulación de los sectores empresariales de ambas naciones.

Las autoridades destacaron la importancia de profundizar la cooperación técnica y científica, para lo cual se acordó realizar la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. En este marco, se anunció la suscripción del Programa de Cooperación 2026-2028, que integrará proyectos destinados a promover el desarrollo de ambos países.

El encuentro permitió también la firma de un Convenio entre la Agencia Boliviana Espacial y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de El Salvador, enfocado en la cooperación espacial con fines pacíficos, y la concreción de un Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos. Las delegaciones expresaron además su intención de avanzar hacia un Acuerdo sobre Transporte Aéreo que potencie la conectividad, el comercio, el turismo y la inversión.

A nivel académico, el Instituto Diplomático ‘Doctor José Gustavo Guerrero’ de El Salvador y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia suscribieron un memorándum orientado a la cooperación en formación diplomática y consular.

Tanto Paz Ide como Mira reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener una agenda conjunta que genere beneficios concretos para ambos pueblos, reconociendo el valor de la cooperación entre gobiernos locales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

En el terreno económico, la relación comercial entre Bolivia y El Salvador ha experimentado un impulso en 2026. El 16 de abril se anunció la fundación de la primera Cámara Binacional de Comercio e Inversiones, creada para dinamizar los negocios privados y las inversiones bilaterales. Funcionarios salvadoreños indicaron que la entidad promoverá oportunidades en sectores estratégicos y reducirá barreras burocráticas.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa de El Salvador inició la ratificación de un acuerdo comercial que otorgará preferencias arancelarias a 259 productos salvadoreños para su ingreso al mercado boliviano. La embajada salvadoreña en Bolivia informó que impulsa activamente la promoción de sectores como la agroindustria, especialmente la carne boliviana, y la tecnología. Voceros diplomáticos aseguraron que estos pasos buscan diversificar el intercambio y atraer nuevas inversiones.

El municipio de La Paz, Baja California, avanza en la implementación de una estrategia de seguridad que articula dos frentes: el fortalecimiento de la Policía Municipal y la intervención en el tejido social a través de programas comunitarios. El objetivo, de acuerdo con autoridades locales, es atender no solo los efectos de la violencia, sino sus causas estructurales.

En este contexto, la alcaldesa Milena Quiroga Romero destacó que uno de los pilares del modelo es la prevención, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Como parte de esta política, se han consolidado 128 espacios comunitarios conocidos como “Impulso”, donde más de 26 mil menores participan en actividades deportivas y culturales sin costo.

Estos espacios buscan generar entornos seguros y ofrecer alternativas de desarrollo en zonas donde históricamente han existido condiciones de vulnerabilidad. La lógica detrás de esta intervención es reducir factores de riesgo asociados a la violencia mediante el acceso a actividades formativas y de convivencia.

A la par de estas acciones, el gobierno municipal ha impulsado la recuperación de espacios públicos. Más de 60 parques y áreas recreativas han sido rehabilitados en distintas colonias y delegaciones, con el propósito de devolverlos a la ciudadanía y fomentar la cohesión social.

La recuperación de estos lugares también responde a una estrategia de ocupación del espacio público como mecanismo de prevención del delito.

Incremento de capacidades operativas y atención a violencia de género

En el ámbito operativo, la estrategia contempla un fortalecimiento significativo de la Policía Municipal. Entre las acciones implementadas se encuentra la incorporación de 40 nuevas patrullas, así como 154 elementos adicionales que se integran a las labores de vigilancia.

Asimismo, se han puesto en operación 11 Unidades Violeta, enfocadas en la atención de casos de violencia de género. Estas unidades forman parte de un esquema más amplio que incluye la llamada Mesa Violeta, mediante la cual se ha brindado acompañamiento a más de 4,700 mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Otro componente relevante es la mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad. De acuerdo con datos oficiales, 828 policías han recibido incrementos salariales de hasta 43 por ciento, además de equipamiento, armamento y uniformes. Esta medida busca incidir en la profesionalización del cuerpo policial y en la percepción ciudadana sobre su desempeño.

Coordinación institucional y retos pendientes

Las autoridades municipales han señalado que los avances en materia de seguridad son resultado de la coordinación con instancias estatales y federales, lo que ha permitido fortalecer las capacidades locales.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el impacto de este tipo de estrategias suele observarse a mediano y largo plazo, especialmente en lo relacionado con la prevención social.

El modelo implementado en La Paz, Baja California, se inserta en una tendencia más amplia en políticas de seguridad en México, que apuesta por intervenciones integrales.

No obstante, el reto principal sigue siendo la sostenibilidad de las acciones, la evaluación de resultados y la capacidad de adaptación frente a dinámicas delictivas cambiantes.

En este escenario, La Paz se posiciona como un caso en seguimiento, donde la combinación de más patrullas, fortalecimiento institucional y espacios comunitarios busca sentar las bases de una estrategia de seguridad con enfoque mixto, aún en proceso de consolidación.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) logró la detención de Manuel “N”, alias “El Loquera”, señalado como presunto feminicida de la joven Dayra Michell en la entidad. La captura ocurrió tras un operativo coordinado en la comunidad de San Juan de Los Planes, donde el acusado permanecía oculto.

El aseguramiento ocurrió la mañana de este 15 de abril, seis días después del feminicidio realizado en el poblado de Los Planes.

Manuel “N” fue atrapado mientras huía entre el monte, según el comunicado oficial. Elementos de la Policía Municipal de La Paz y la Dirección General de Seguridad Pública atendieron el reporte, corroboraron la identidad y realizaron el aseguramiento inmediato.

“El Loquera” fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según un comunicado emitido por la procuraduría de la entidad, la carpeta de investigación se integró bajo protocolos de perspectiva de género y con los elementos de prueba recabados.

Manuel “N” será presentado en las próximas horas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso.

Esto se sabe sobre el caso, según reportes previos de este medio

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la víctima, Dayra Michell Geraldo Mendoza tenía 18 años y fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 9 de abril en el poblado Los Planes, perteneciente al municipio de La Paz. Según la ficha oficial de su búsqueda, vestía una falda blanca, blusa color pistache y tenía tatuajes de mariposa y Hello Kitty.

La noche de ese mismo día, alrededor de las 22:25 horas, autoridades estatales recibieron el aviso sobre un cuerpo femenino sin vida dentro de una vivienda en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro.

El cuerpo de la joven presentaba huellas visibles de violencia.

Según la cobertura de Infobae México, Manuel “N” alias “El Lokera” fue identificado como empleador de la la Dayra. Además, los reportes extraoficiales señalaron que el hombre había fallecido, lo cual fue desmentido tras su captura.

La casa donde fue localizado el cuerpo de la víctima pertenecería a Manuel “N”, hecho que las autoridades habrían utilizado para realizar su captura.

En redes sociales ha circulado una supuesta imagen del detenido en la que porta una camisa de cuadros blanca con líneas negras y un sombrero de paja, sin embargo, la veracidad de esa imagen no ha sido confirmada por las autoridades. El material que circula tiene baja calidad y se trataría de una fotografía directa a la pantalla de un celular. Diversos medios de comunicación han utilizado como referencia a “El Lokera” esa misma foto pero retocada con inteligencia artificial.

Fue quemada la casa de El Loquera, reportan medios locales y la PGJE

El pasado 12 de abril, medios locales como El Gato Naranja reportaron un incendio en la vivienda de “El Loquera” en el poblado de Los Planes, mismo lugar donde habría sido asesinada la joven.

Tras los hechos, este 15 de abril el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodrigues, confirmó el hecho en entrevista con medios y señaló que que el siniestro ocurrió alrededor de las tres y media de la madrugada.

El servidor público agregó que cuerpos de auxilio y seguridad acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del domicilio vinculado a la investigación por feminicidio.

López Rodrigues indicó que la autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente.

“Se está trabajando para poder establecer si se trata de un incendio doloso, que alguien pudo haberlo hecho dolosamente con alguna intención o simplemente se trató de un accidente”, señaló.

Por último, el funcionario precisó que el lugar ya había sido procesado por Servicios Periciales, quienes aseguraron los indicios necesarios para la investigación.

Una joven identificada como Dayra Michell Geraldo Mendoza, de 18 años, es localizada sin vida en el municipio de La Paz, Baja California Sur, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur investiga el caso con el protocolo de feminicidio por las señas de violencia halladas en el cuerpo, mientras peritos y agentes ministeriales trabajan en la recolección de pruebas para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo fue hallado con signos de violencia

La noche del jueves 9 de abril, aproximadamente a las 22:25 horas, las autoridades estatales reciben el aviso sobre la presencia de un cuerpo femenino sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la comunidad de San Juan de los Planes, en las afueras de la capital. Elementos de seguridad y peritos de la Dirección de Investigación Criminal llegan al lugar y confirman que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

La escena es inmediatamente asegurada y procesada conforme a los protocolos de investigación de feminicidio, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio. La identificación preliminar establece que se trata de Dayra Michell, quien había sido reportada como desaparecida horas antes y cuya búsqueda ya se había difundido mediante una cédula del Protocolo Alba.

El mismo día que se activa la alerta por desaparición, la joven es localizada sin vida. El cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa de la muerte.

Peritos y agentes ministeriales analizan la evidencia

Personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal realiza el levantamiento de indicios al interior del domicilio. Estas pruebas serán integradas en la carpeta de investigación para esclarecer el crimen con rigor científico. El proceso incluye la coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, en consonancia con una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, como subrayan las autoridades.

La carpeta de investigación queda abierta bajo el protocolo correspondiente a feminicidio. Las autoridades estatales confirmaron la identidad oficial de la víctima y recaban detalles clave para la investigación.

Horas antes, la búsqueda se había activado oficialmente

La tarde del jueves, la Procuraduría difunde la ficha de búsqueda de Dayra Michell Geraldo Mendoza, donde se describe que la joven había sido vista por última vez ese mismo día en Los Planes, una delegación del municipio de La Paz. La ficha detalla que vestía una falda blanca, blusa color pistache, y contaba con un tatuaje de mariposa y otro de Hello Kitty como señas particulares.

La alerta movilizó a familiares y vecinos; sin embargo, hacia el final de esa noche, la noticia de su hallazgo sin vida confirma el temor de quienes participaron en la búsqueda.

Investigación apunta a presunto feminicida; hallarían cuerpo de su empleador

Medios locales han dado versiones extraoficiales de su embarazo, asimismo la posible implicación de un hombre identificado como Manuel “N”, presunto empleador de Dayra Michell, quien habría sido localizado sin vida poco después del hallazgo de la joven. Según reportes iniciales, su cuerpo es encontrado colgado de un árbol, aunque otras versiones señalan un posible involucramiento de un exnovio como agresor. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre estas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur mantiene en reserva los detalles sobre la identidad y el móvil, mientras continúa el análisis de los indicios recogidos en la escena.

Indicios y protocolos activados para esclarecer el feminicidio en Baja California Sur

El caso de Dayra Michell Geraldo Mendoza forma parte de los expedientes investigados bajo protocolo de feminicidio en el estado, un procedimiento que implica la participación de unidades especializadas y el procesamiento científico de la escena, así como la movilización de recursos para esclarecer los hechos y establecer si existen más personas involucradas.

Las autoridades reiteran su compromiso para dar seguimiento a las líneas de investigación y trabajan en la identificación plena de responsables, sin descartar ninguna hipótesis.

Puntos clave:

• Dayra Michell, joven de 18 años desaparecida, es localizada sin vida con signos de violencia en la colonia Centro de Los Planes, La Paz, Baja California Sur.
• La fiscalía estatal activa protocolos de feminicidio y realiza el procesamiento técnico de la escena; el caso queda abierto bajo esta línea de investigación.
• Reportes iniciales refieren la muerte del presunto empleador de la joven, aunque la autoridad aún no confirma oficialmente responsables ni descarta otras hipótesis.

El silencio no es algo que solía acompañar el nombre de Katherine Michelle Rodríguez Borja. Para quienes la conocieron, su presencia siempre estuvo ligada al ritmo de los tambores, al brillo de las lentejuelas y, por encima de todo, a una sonrisa que parecía no agotarse nunca.

Sin embargo, este pasado 10 de abril, el municipio de Cuyultitán, en el departamento de La Paz, se sumergió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el llanto de una comunidad que se reunió para darle el último adiós a una joven de apenas 19 años.

Katherine no era solo una ciudadana más; era el alma de la Banda de Música del Bicentenario. Como destacada cachiporrista, su papel iba más allá de ejecutar coreografías; ella personificaba la alegría de la juventud salvadoreña. En cada desfile, bajo el sol ardiente o frente a las multitudes, Michelle, como le decían de cariño, transformaba el esfuerzo físico en arte, contagiando con su carisma a sus compañeros y al público.

Sin embargo, la “tragedia”, esa visitante inesperada que no entiende de sueños ni de juventudes, tocó a su puerta el pasado 8 de abril. Según los reportes que han circulado y conmovido a las redes sociales, la joven se dirigía a cumplir con su jornada laboral, como lo hacía cada mañana con la responsabilidad que la caracterizaba.

Viajaba en su motocicleta, su medio de transporte cotidiano, cuando el destino le tendió una trampa en el camino. Un accidente vial, de esos que enlutan a diario a las familias salvadoreñas, le provocó un trauma craneoencefálico severo. A pesar de su fortaleza, la gravedad de las lesiones en su cabeza apagaron la luz de sus ojos poco después. Aunque las autoridades aún deben ratificar los detalles oficiales del siniestro, para su familia y amigos la causa técnica es lo de menos frente a la magnitud de la pérdida.

Una despedida entre flores y recuerdos

El velorio en su natal Cuyultitán fue un testimonio del impacto que Katherine dejó en su corto paso por la vida. El blanco de las flores se mezclaba con el luto de los asistentes, muchos de ellos jóvenes, compañeros de la banda y amigos de la infancia que no lograban asimilar cómo la energía desbordante de Michelle se había convertido en un recuerdo.

Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotografías y videos donde se le veía bailando, riendo y disfrutando de su pasión por la música. “Katherine era una joven dulce, de buen corazón, siempre dedicada a lo que amaba”, mencionaba una de las publicaciones más compartidas. No era solo retórica de duelo; era el consenso de una comunidad que la vio crecer y convertirse en un ejemplo de disciplina y alegría.

Incluso las esferas oficiales se hicieron eco del dolor. El Alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, expresó públicamente su pésame, uniéndose al duelo de la Banda Bicentenario.

El legado de la “cachiporrista de la eterna sonrisa”

El día de ayer, 10 de abril, el cortejo fúnebre avanzó hacia el cementerio local de Cuyultitán. Fue una caminata lenta, pesada, donde cada paso parecía querer retrasar lo inevitable: la despedida física. Sus familiares la recordaron como una mujer llena de sueños, una joven que no solo vivía para sí misma, sino que buscaba iluminar el entorno de quienes la rodeaban.

Katherine Michelle Rodríguez Borja dejó huellas imborrables; enseñó que la pasión por lo que uno hace es la mejor forma de ser recordado.

Una nueva amenaza de tiroteo alteró el orden de una escuela, esta vez en Entre Ríos. Según informó la policía local, el representante legal del Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10 presentó una denuncia luego de que las autoridades del establecimiento educativo hallaran una pintada en un baño prometiendo un “tiroteo”. Además, el colegio recibió dos correos electrónicos con mensajes intimidatorios. La principal sospechosa de ser la autora es una alumna de 16 años.

Tal como se observa en imágenes difundidas, en el baño femenino del colegio, ubicado en la calle Belgrano al 900 de la localidad de La Paz, alguien escribió “10/04/26 tiroteo!”. Poco después, llegaron mensajes en el mismo tono vía e-mail, enviados desde dos direcciones diferentes.

Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones, inició tareas de análisis y rastreo digital. Fue así como se logró vincular uno de esos correos electrónicos con una alumna de 16 años, estudiante de sexto año.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se llevó a cabo un operativo preventivo en la escuela, donde se pudo identificar a la menor involucrada. Con las presencias de su madre, la defensora oficial y autoridades escolares, se la requisó. Le secuestraron un teléfono celular, el cual será peritado para intentar demostrar su participación en los hechos, como así también si hubo otras personas intervinientes.

También allanaron la casa de la chica, donde se secuestraron otro teléfono celular y una notebook que también serán peritados.

En el operativo intervinieron además personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, División Operaciones y Seguridad Pública, quienes realizan recorridas preventivas diarias en establecimientos educativos de la zona.

La policía informó que se les solicitó una reunión a la Departamental de Escuelas y a otros organismos “con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, prevención de riesgos y generación de canales de comunicación institucional, promoviendo además valores de convivencia en el ámbito escolar”.

Desde el pasado 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, se sucedieron varios episodios en distintas escuelas del país, con alumnos que fueron a sus colegios armados y amenazas por distintas vías.

Por ese episodio en Santa Fe, están detenidos el autor del ataque y otro chico, de 16 años, a quien se lo imputó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, todo en concurso real —es decir, que se le atribuyen varios delitos juntos-. Todo ello, como partícipe secundario del crimen.

Las autoridades confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine y contaron que llegaron a su “cómplice” tras el peritaje del celular del asesino.

Esta semana, un chico de 15 fue allanado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los iba “a matar a todos los del curso, menos a los nuevos”.

El 7 de abril, un estudiante de 17 años fue reducido en San Miguel de Tucumán tras ser hallado en plena clase portando un revólver cargado con seis balas. El incidente, ocurrido durante una lección de Biología, condujo a la activación inmediata de un operativo especial de seguridad en la zona y fortaleció la respuesta del gobierno provincial ante episodios recientes de violencia escolar.

Este viernes también se dio a conocer que un adolescente de 14 años generó un momento de tensión en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, Rio Negro, al amenazar con matar a sus compañeros durante una clase. El episodio desencadenó la intervención de la Policía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el establecimiento se llenó de padres intentando retirar a sus hijos.

En La Paz, Baja California, el acceso al agua potable se ha convertido en uno de los problemas más urgentes para la población. Las condiciones climáticas propias de la región, caracterizadas por la baja disponibilidad de recursos hídricos, sumadas al crecimiento urbano acelerado, han generado una presión constante sobre el sistema de abastecimiento.

Ante este escenario, la administración encabezada por Milena Paola Quiroga Romero ha planteado una estrategia que combina infraestructura, monitoreo en tiempo real y planeación técnica, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua.

Tecnología para monitorear el agua: el “C4 hídrico”

Uno de los ejes centrales de esta política pública es la implementación del llamado “C4 del agua”, un centro de monitoreo que permite supervisar en tiempo real la operación de la red hidráulica.

A través de esta herramienta, el gobierno municipal puede detectar fugas, identificar fallas en el sistema e incluso ubicar irregularidades en el consumo. Este modelo busca optimizar la toma de decisiones operativas y reducir pérdidas, uno de los principales problemas en la distribución del agua en zonas urbanas.

El uso de tecnología aplicada al manejo del recurso hídrico representa un cambio en la forma de administrar el sistema, al pasar de esquemas reactivos a una gestión basada en datos.

Sectorización y medición: claves para mejorar el servicio

Además del monitoreo digital, la estrategia contempla la sectorización de la red hidráulica. Este proceso consiste en dividir el sistema en distintas zonas para controlar de manera más eficiente la distribución del agua.

La instalación de medidores también forma parte de este plan, ya que permite conocer con mayor precisión el consumo real y detectar anomalías. Ambas acciones buscan reducir fugas, mejorar la presión del servicio y garantizar una distribución más equitativa.

De manera paralela, se han impulsado trabajos de rehabilitación de infraestructura existente, con el fin de modernizar tuberías y sistemas que, en muchos casos, presentan deterioro por antigüedad.

Presa El Novillo: apuesta a mediano plazo

Dentro de los proyectos estratégicos, destaca la presa El Novillo, concebida como una alternativa para incrementar la disponibilidad de agua en el municipio.

Este tipo de obras busca complementar las acciones operativas con soluciones de mayor alcance, orientadas a garantizar el abastecimiento en el mediano y largo plazo. La construcción de nueva infraestructura resulta clave en un contexto donde la demanda supera la capacidad actual del sistema.

Un enfoque técnico para un problema urbano complejo

El perfil de Milena Paola Quiroga Romero, con formación en ingeniería civil, ha influido en la manera en que se aborda la problemática del agua. Su gestión se caracteriza por priorizar la planeación, el uso de información operativa y la continuidad de proyectos.

En conjunto, las acciones implementadas reflejan un enfoque técnico-administrativo orientado a mejorar la eficiencia del sistema hidráulico en La Paz.

Aunque los resultados dependerán de factores como la disponibilidad natural del recurso y el crecimiento urbano, la estrategia busca sentar bases para enfrentar una crisis que, lejos de ser coyuntural, forma parte de los retos estructurales de la ciudad.

La tensión por la suspensión del balotaje para elegir gobernador de La Paz se mantiene en Bolivia. Este miércoles, sectores sociales realizarán una marcha hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que se realice la segunda vuelta electoral, luego de que uno de los partidos contendientes renunciara a participar en la votación por discrepancias con su candidato.

Los dos aspirantes más votados el pasado 22 de marzo fueron Luis Revilla, de la alianza Patria que lidera el presidente Rodrigo Paz, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). El primero obtuvo 20% de los votos y el segundo 9,1%, cifras que los llevarían a disputar la segunda vuelta el 19 de abril porque ninguno obtuvo más del 50% ni más del 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Sin embargo, NGP —un partido que obtuvo reconocimiento legal en 2024 y que pertenece a un migrante boliviano en Estados Unidos— presentó un memorial ante el Órgano Electoral declinando su participación en el balotaje por falta de acuerdos con Yahuasi. El TSE aceptó la renuncia y en cumplimiento rígido de la ley electoral anunció que proclamaría ganador a Revilla.

El candidato a gobernador perjudicado por la renuncia del partido sin su consentimiento, anunció acciones legales por lo que considera una violación a sus derechos políticos y a los de la ciudadanía para elegir libremente a su gobernador. “Esperemos que recapaciten y reflexionen para garantizar la segunda vuelta. Esperemos que el Gobierno vele por los derechos de todos los paceños”, manifestó Yahuasi ante los medios locales.

La defensa del aspirante busca dejar sin efecto la declinatoria del partido y restituir el balotaje para la elección de gobernador, al considerar que la determinación asumida por la dirigencia de NGP no cumplió con lo establecido en sus estatutos partidarios.

En paralelo, Yahuasi sostuvo reuniones con sectores sociales y obtuvo el respaldo de distintas organizaciones —como las federaciones de campesinos, mineros y juntas vecinales, entre otras— que se oponen a la decisión del TSE de anular el balotaje. La movilización, a la que han denominado “Marcha por la Democracia”, fue convocada para las 09:00 de este miércoles desde la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, hasta la sede del organismo electoral.

En tanto, el TSE anunció que sancionará a NGP con la anulación de su personería jurídica y se mantiene firme en la posición de suspender el balotaje porque así lo dicta la norma. “En virtud de la declinatoria de la NGP, no puede existir una segunda vuelta en La Paz. Es un problema de la NGP con su candidato, ninguna institución puede intervenir en ese sentido”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

Este conflicto, sumado a otros anteriores durante las elecciones nacionales y autonómicas, como inhabilitaciones tardías, cancelaciones polémicas o resoluciones electorales al límite de los plazos, ha abierto el debate sobre el sistema electoral boliviano, su marco normativo y la discrecionalidad con que se aplican las leyes.

“La ley es antidemocrática”, admitió en entrevista con Infobae el presidente del TSE sobre la normativa electoral promulgada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) e informó que hay un proyecto de reforma. Hasta entonces, todas las impugnaciones duermen en un Tribunal Constitucional acéfalo que no puede emitir resoluciones por falta de quórum.

El 19 de abril se realizarán balotajes en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, para elegir a los gobernadores.

El nombre de Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz en Baja California Sur, apareció en una narcomanta la mañana de este lunes 6 de abril, donde fue señalada por presunto huachicol de agua y cobro de piso.

De acuerdo con reportes, la manta fue colocada en un puente de la salida norte del municipio, a la altura de Cola de Ballena y frente a la Plaza Galerías.

En el mensaje, la alcaldesa fue señalada por su presunta implicación de dos delitos, además de que lanza una amenaza en su contra para ponerse al “corriente”.

La manta de color blanco, tinta de colores negro y rojo, fue retirada alrededor de las 6:20 horas del mismo día por elementos de la Policía Municipal.

El mensaje decía lo siguiente:

“Milena Quiroga no te agas pend*ja, ni zanta, tu eztas embarradizima en el huachicol de agua y el cobro de piso. Ponte al corriente o zacaremos tus trapitos al sol. BYE BYE (sic)”.

Alcaldesa responde a la colocación de la narcomanta

Luego de que se reportó la presencia del mensaje con señalamientos en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga negó las acusaciones e informó que solicitó que se abriera una carpeta de investigación para dar con los responsables de su colocación.

“Obviamente es falso, ya por ahí platicamos en la Mesa de Seguridad con la representante de la Procuraduría de Justicia del Estado para pedir que se haga la investigación, que se dé con los responsables, porque no se puede estar generando esa desinformación”, detalló a medios de comunicación.

La alcaldesa también dijo que desde antes de tomar su cargo, ha llevado a cabo acciones en favor del agua, por lo que señaló a las mantas como desinformación.

“Por lo que se hace en La Paz sí hay agua, si la cuidamos, sí eliminamos el huachicoleo y estamos monitoreando 24/7 para que no se roben una sola gota de agua a la ciudadanía. Sin decir toda la cantidad de obras que se están haciendo para garantizar el agua de quienes estamos y de quienes van a venir”, afirmó.

¿Quién es Milena Quiroga?

Milena Quiroga fue reelecta como alcaldesa de La Paz el 2 de junio de 2024, lo que la convirtió en la primera mujer en mantenerse en el puesto en dos periodos seguidos.

De manera previa se desempeñó como diputada local en la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur. La funcionaria es Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico de La Paz.

Además de desempeñarse en la política, Quiroga cuenta con experiencia en la docencia y como coordinadora de proyectos en diversas corporaciones, así como en la supervisión de avance de obras de edificación u urbanización.

De acuerdo con su currículum, se desempeñó como calculista de hidrología de febrero de 2008 a marzo de 2009 en HIMEX, donde realizó estudios hidrológicos en campo y oficina, así como en la generación de modelos con programas informáticos.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó la reciente captura de un hombre implicado en un caso de homicidio ocurrido en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este, la noche del sábado 4 de abril. Según comunicado oficial, el incidente tuvo lugar durante un altercado familiar que dejó como saldo a un hombre de 34 años fallecido por lesiones provocadas con un arma blanca.

La Policía identificó al presunto agresor como José Armando Mancia García, de 38 años, detenido tras ser señalado como responsable del ataque. El parte oficial detalló que los hechos iniciaron cuando Mancia García agredió a su esposa, lo que motivó la intervención de la víctima, cuñado del detenido, en auxilio de su hermana. Según la versión policial, en ese momento, el agresor lesionó a su cuñado con un arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades informaron que el arrestado será remitido a disposición de la justicia por el delito de homicidio.

Actualmente las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Los homicidios disminuyeron a mínimos históricos en El Salvador

Los registros oficiales consignados por las autoridades muestran que la violencia letal descendió de forma sostenida desde su punto máximo en 2018 hasta alcanzar, en el periodo 2025-2026, un saldo prácticamente nulo en los primeros días de abril. En ese lapso, la organización policial consignó que la incidencia diaria de homicidios bajó del rango de quince casos a la ausencia total. Esta transformación, según los informes difundidos, se consolidó en forma progresiva: desde 2020, ningún día del mes de abril superó los cinco homicidios, mientras que a partir de 2022 el rango diario se mantuvo entre uno y cero.

Captura de miembro de estructuras criminales acusado de homicidio

En hechos previos a este caso, la Policía Nacional Civil también detalló la captura de Juan Gabriel Láñez Pérez, conocido con los alias Chele, Danger o Popi, identificado como miembro de la estructura criminal MS13. La aprehensión de Láñez Pérez se efectuó en colonia La Confianza, sector de San Miguel Centro, donde se ocultaba tras ser requerido por una orden judicial por homicidio agravado. El detenido cuenta además con antecedentes por hurto y amenazas y, según el comunicado, será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

Imágenes oficiales difundidas por la policía mostraron a Láñez Pérez bajo custodio policial, con el torso desnudo y múltiples tatuajes visibles en el pecho y la espalda relacionados a las estructuras criminales.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

A un mes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Baja California Sur, la construcción de la presa El Novillo continúa consolidándose como un proyecto prioritario en materia hídrica.

La supervisión realizada por la mandataria federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, representó un punto de inflexión para acelerar los trabajos y reforzar el compromiso institucional con el abastecimiento de agua en la capital sudcaliforniana.

Durante aquel recorrido, el gobierno federal destacó que la obra no se limita a la edificación de la presa, sino que forma parte de un sistema integral que incluye infraestructura complementaria clave:

• Líneas de conducción
• Tanques de almacenamiento
• Sectorización de la red hidráulica

Este enfoque busca no solo captar agua, sino también optimizar su distribución en toda la ciudad.

Inversión histórica para garantizar el abasto de agua

El proyecto contempla una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, destinada a una serie de componentes estratégicos. Entre ellos destaca la construcción de un acueducto de aproximadamente 15 kilómetros, así como una planta potabilizadora que permitirá hacer apto el recurso para el consumo humano.

Se estima que, una vez concluida la obra a mediados de 2027, la presa El Novillo aportará más de 50 litros por segundo a la red de agua potable. Este volumen será fundamental para mejorar el suministro en La Paz, donde el crecimiento poblacional y las condiciones climáticas han intensificado la presión sobre los recursos hídricos.

“Más Agua para La Paz”: estrategia integral del municipio

En el ámbito local, la alcaldesa Milena Quiroga Romero ha mantenido un papel activo en el seguimiento del proyecto. Bajo el programa “Más Agua para La Paz”, su administración impulsa una estrategia que abarca desde la captación hasta la distribución eficiente del agua.

La edil ha reiterado que el acceso al agua es una prioridad para su gobierno y ha subrayado que la presa El Novillo representa un avance tangible en ese objetivo. “Esta obra va a garantizar más agua para La Paz y demuestra que sí estamos avanzando con más agua para todas y todos”, expresó recientemente.

Reducción del estrés hídrico y protección de acuíferos

Más allá del incremento en el suministro, uno de los principales beneficios del proyecto es la disminución de la presión sobre los acuíferos de la región, los cuales han sido históricamente sobreexplotados. Esta situación ha colocado a La Paz entre las ciudades con mayor estrés hídrico en México.

La presa El Novillo busca revertir parcialmente este escenario al diversificar las fuentes de abastecimiento y fortalecer la seguridad hídrica a mediano y largo plazo. Con ello, se pretende garantizar un acceso más equitativo y sostenible al agua, un recurso cada vez más escaso en el norte del país.

Un proyecto clave para el futuro de Baja California Sur

La relevancia de esta obra radica no solo en su magnitud económica, sino en su impacto social y ambiental. Al beneficiar a más de 250 mil habitantes, la presa El Novillo se perfila como una solución estructural a uno de los principales desafíos de Baja California Sur.

En un contexto marcado por el cambio climático, el crecimiento urbano y la escasez de agua, proyectos como este se vuelven indispensables para garantizar la sostenibilidad de las ciudades. La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento de los plazos y en la correcta ejecución de una obra que podría transformar el futuro hídrico de la región.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

Un busto del ex presidente de Bolivia Evo Morales fue retirado del antiguo Palacio Legislativo en La Paz, en cumplimiento de una disposición del Senado que busca “recuperar la institucionalidad” del Parlamento y evitar el “culto a la personalidad”.

La senadora Claudia Mallón, promotora de la resolución en la Cámara alta, declaró en el vestíbulo del Legislativo, donde hasta ahora se encontraba la escultura de Morales (2006-2019), que el retiro marca un precedente para el país.

“La Asamblea Legislativa debe recuperar su institucionalidad, es la casa de la democracia. Nunca más (debe haber) culto a ningún caudillo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Aquí deben estar los símbolos patrios, nuestro escudo nacional, nuestra bandera de Bolivia”, expresó Mallón, de la fuerza APB-Súmate.

El líder del partido es el ex candidato presidencial y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, detractor de Evo Morales.

Mallón indicó que quienes acrediten con documentos la propiedad del busto “pueden llevárselo” y reiteró que el objetivo es “recuperar la institucionalidad” del Parlamento.

“Los que consideran que ese busto les pertenece pueden reclamarlo, llevarlo al patio de sus casas o al chaco de un prófugo de la justicia como es Evo Morales”, agregó.

Aseguró también que la escultura “no era un activo fijo de la Asamblea Legislativa”, como alegaron simpatizantes de Morales, quienes protestaron hace dos semanas en el Parlamento contra el retiro del busto.

El Senado aprobó el 11 de marzo, con más de dos tercios, una resolución para el retiro “definitivo” del busto del ex mandatario de la antigua sede del Parlamento y dispuso tomar las medidas necesarias para evitar la “posterior colocación o reingreso” de la escultura “a cualquier espacio” del Legislativo.

Según el Senado, el busto de Evo Morales fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo durante el periodo 2011-2012.

Tras conocer la decisión de la Cámara alta, el ex presidente calificó el retiro de su escultura como una “reverencia” al rey Felipe VI, quien se encontraba de visita en Bolivia esos días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, para evitar ser detenido por un proceso judicial en su contra.

La Fiscalía lo acusa de trata agravada de personas ya que habría mantenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente. La acusación formal fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha de inicio del juicio y que la Policía ejecute la orden de captura vigente.

Durante su gobierno con el Movimiento al Socialismo (MAS), la entonces oposición solicitó en varias ocasiones el retiro del busto de Morales del Legislativo, argumentando que el partido promovía un “culto a la personalidad” del ex mandatario.

El MAS, que llegó a tener mayoría en el Parlamento, actualmente cuenta solo con dos diputados tras las elecciones generales de 2025, ganadas por Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El 14 de enero de 2020, las autoridades bolivianas retiraron un busto del ex presidente Evo Morales de un polideportivo en el estado de Cochabamba, antiguo bastión electoral del líder indígena. Además de quitar el busto dorado de policarbonato, el centro deportivo dejó de llevar el nombre de Evo Morales, pasando a llamarse Quillacollo, en referencia a la población donde se ubica.

El ministro de Deportes, Milton Navarro, responsable de la decisión, declaró en una ceremonia pública que Morales es un “delincuente confeso” que debe “someterse a la justicia boliviana”.

“Al señor Evo Morales lo declaramos delincuente confeso; está prófugo y no podemos tener infraestructuras con el nombre de un delincuente, no podemos tener bustos de un delincuente”, señaló el funcionario. En el acto participó el colectivo juvenil Resistencia, organización que Morales suele describir como un “grupo paramilitar”.

(Con información de EFE)

La ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, y la vecina El Alto amanecieron paralizadas el miércoles debido a una huelga del transporte público en protesta por la mala calidad de la gasolina y el retraso en el pago de resarcimientos a quienes denunciaron daños en sus vehículos.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, en el cargo desde hace cuatro meses, enfrenta este paro contundente tras las protestas de enero por el aumento del precio de los combustibles, una de sus primeras medidas del plan anticrisis.

La protesta se extendió hasta la noche, y los dirigentes del transporte anunciaron que continuará de forma indefinida tras rechazar el llamado al diálogo por parte del Gobierno. Dada la respuesta obtenida, las autoridades señalaron que la medida tiene un trasfondo político.

“Rodrigo Paz, queremos gasolina de calidad”, decía un cartel pegado en un autobús de mediano tamaño que circulaba por La Paz, mientras otros conductores bloqueaban calles en la ciudad, donde también se encuentra el Poder Legislativo. “¡Basta de combustible basura, corruptos!”, escribió otro transportista en el cartel que llevó al paro.

Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, declaró que continúan las denuncias sobre autobuses dañados. “No hay una garantía donde se pueda decir que la gasolina es de calidad en este momento”.

Escalante sostuvo que el gremio busca una reunión con Paz y reclamó el cumplimiento inmediato de los resarcimientos prometidos por el gobierno.

El transporte público de La Paz es uno de los más importantes del país y lidera la presión por una compensación, aunque el daño se reportó también en vehículos privados. Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) indicaron que sus automóviles también resultaron afectados por la mala calidad del combustible.

Ante la paralización del transporte público, los bolivianos recurrieron al teleférico como alternativa, lo que generó largas filas en las diferentes estaciones del sistema.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició a principios de marzo el registro digital de vehículos afectados por gasolina de mala calidad, con el objetivo de resarcir a los conductores perjudicados.

La petrolera informó sobre la desvinculación de más de 400 funcionarios, vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), por perjudicar las operaciones de la compañía.

YPFB anunció el pago de un seguro de aproximadamente 215.000 dólares en beneficio de más de mil personas en una primera etapa. El presidente de la empresa, Yuseff Akly, explicó que otras 4.000 personas complementaron sus solicitudes y 14.000 iniciaron el proceso de compensación.

La compañía, que ha iniciado una investigación, denunció un sabotaje sin identificar a los autores y atribuyó el problema a restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

El analista y ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló a la agencia Associated Press que la petrolera importó gasolina sin cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.

Bolivia importa el 86% del diésel y el 54% de la gasolina que consume. Ríos advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo, provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, obliga al gobierno a comprar combustible más caro y venderlo a un precio fijo, lo que genera pérdidas para el Estado.

En diciembre, el presidente Rodrigo Paz casi duplicó el precio de la gasolina, una medida que permitió eliminar las largas filas en las gasolineras que se registraban el año pasado. La población aceptó la decisión en el contexto de una campaña del gobierno para enfrentar la peor crisis económica en cuatro décadas.

(Con información de Associated Press)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 40 años de prisión en contra de un hombre que formaba parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue hallado culpable de homicidio.

Kevin Geovanni Bernabé Torres, un sujeto apodado El Chaval fue condenado a 40 años de prisión por sus responsabilidad en la muerte de un hombre en el municipio de La Paz. Asimismo, se le impuso una multa de 79 mil 198 pesos, así como una reparación del daño integral de 247 mil 776 pesos.

“El sujeto pertenecía a una célula delictiva con orígenes en el estado de Jalisco además de haber participado en un enfrentamiento en contra de policías municipales de Chimalhuacán”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 24 de marzo.

Así fue su participación en el ataque armado

Los hechos por los que fue condenado sucedieron el 25 de febrero del año pasado, fecha en la que dos personas estaban a las afueras de un inmueble.

Un vehículo de color negro sin placas llegó al sitio y de él descendieron algunos de los tripulantes, quienes accionaron sus armas contra las personas. En la unidad viajaban:

• Un sujeto apodado El Sobrino (conductor)
• Un hombre con el alias El Vini (copiloto)
• José Arturo “N”, alias El Negro
• Kevin Geovanni, el hombre ahora sentenciado
• Un individuo conocido con el sobrenombre El Diablo

Los tres últimos sujetos son los iban armados y dispararon contra las víctimas, lo que derivó en la muerte de un hombre. Tras las detonaciones huyeron del sitio.

Posterior a dichas acciones, las investigaciones permitieron identificar a Bernabé Torres como uno de los participantes en el ataque armado.

Detenidos siete presuntos miembros del CJNG

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó sobre la detención de siete individuos, supuestos integrantes del CJNG, y la liberación de una persona que estaba retenida en un inmueble contra su voluntad.

La madre de la víctima contactó con las autoridades, quienes acudieron al sitio de interés y escucharon gritos desde el interior de un inmueble un inmueble, lo que motivó a que irrumpieran en el lugar y encontraran a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Jesús “N” de 32 año;Ulises “N”de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años fueron las personas arrestadas y se les identificó como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, además de que en lugar había una tabla con la siglas CJNG.

Varios liderazgos emergentes se impusieron este domingo en las elecciones regionales en Bolivia, en un escenario en el que las alianzas respaldadas por el presidente Rodrigo Paz lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba y Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (Sirepre) para la elección de nueve gobernadores y de alcaldes de las diez principales capitales del país. Entre los candidatos que sorprendieron en estos comicios aparecen Juan Pablo Velasco en Santa Cruz, Leonardo Loza en Cochabamba y Luis Ayllón en Chuquisaca.

Según la normativa vigente, los aspirantes ganan una gobernación si suman el 50% de los votos más uno, o si alcanzan al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En caso de no cumplir estas condiciones, los candidatos deberán ir a una segunda vuelta a mediados de abril.

Con relación a las gobernaciones, en el departamento de La Paz, con el 60% del cómputo, se impone Luis Revilla, de la Alianza Patria Sol, con el 21,18% del apoyo. Mantiene ventaja frente a la segunda fuerza, Innovación Humana, y el escenario apunta a una segunda vuelta. En Tarija, con el 94% del cómputo, el candidato Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, obtiene el 35,54%, mientras que la segunda fuerza, Cambio Democrático por el Cambio, que postula a María René Soruco, alcanza el 28,81%.

En el departamento amazónico de Beni, con el 96% del conteo, Tito Egüez, candidato de Alianza Patria Unidos, suma el 36,81%, con una amplia ventaja sobre el segundo. En Santa Cruz, con el 93% del cómputo, el resultado marca una de las principales sorpresas: el candidato de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, obtiene el 28,55%, seguido de cerca por el abogado Otto Ritter, con el 26,69%. El actual gobernador, Luis Fernando Camacho, queda en tercer lugar con el 21,94%.

En Cochabamba, con el 92% del cómputo, Leonardo Loza, ex senador y seguidor del ex presidente Evo Morales, se ubica en primer lugar con el 38,46%. En Potosí, el postulante de Alianza Social, René Joaquino, alcanza el 42,76%, un porcentaje que lo perfila como gobernador electo. En Oruro lidera Edgar Sánchez, de la fuerza emergente Jacha, con el 35,15%, mientras que en Pando la candidata Gabriela de Paiva, de Libre Pando, encabeza el conteo con el 46,53%.

En Chuquisaca, el escenario también apunta a una segunda vuelta entre Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva, con el 34,91%, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, con el 33,97%.

En cuanto a la elección de alcaldes, que se define por mayoría simple, en la ciudad de La Paz, con el 56,2% de las actas computadas, César Dockweiler, de Innovación Humana, se impone con el 23,25% de los votos. En Santa Cruz, con el 71,28 % del cómputo, el candidato Manuel Saavedra, de la alianza VOS, logra el 71,38%, con amplia diferencia sobre los demás postulantes.

En Cochabamba, el actual alcalde y excandidato presidencial Manfred Reyes Villa, de la alianza APB Súmate, obtiene el 47,58% con el 74,18% de las actas computadas. En la ciudad de El Alto, el candidato Eliser Roca, de Unidos por el Cambio, lidera con el 17,84%, seguido de cerca por Gabriel Mamani, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliado del vicepresidente Edmand Lara, con el 90,12 % del cómputo.

En ciudades capitales como Sucre, Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad y Tarija, la diferencia entre los dos primeros candidatos es estrecha, por lo que el órgano electoral indicó que se debe esperar los resultados oficiales.

(Con información de EFE)

Durante su recorrido, Díaz documentó el funcionamiento interno de un penal donde los presos ejercen un control casi absoluto, gestionando desde la economía hasta la seguridad y la vida cotidiana. “Esto no es una cárcel tradicional. Por fuera, la seguridad es del Estado, pero dentro, todo lo controlan los privados de la libertad”, relató frente a los muros del complejo penitenciario.

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Al cruzar el portón principal, Díaz describe la transformación del ambiente: “Atravesando estos muros, no solo vamos a conocer una prisión, vamos a conocer lo que durante décadas se ha descrito como una ciudad dentro de la ciudad”.

El penal presenta una estructura de autogobierno, donde los propios internos eligen de manera democrática a sus representantes, gestionan talleres, tiendas, restaurantes y hasta áreas recreativas. “Aquí tienen economía interna, reglas internas y familias enteras entrando y saliendo como si estuvieran en su casa”, apuntó el youtuber.

Un sistema de clases y arriendo para las celdas

Uno de los aspectos más llamativos que revela Díaz es el mercado inmobiliario carcelario. Las celdas se compran, se venden y se arriendan según la ubicación y el confort: “Aquí se paga alquiler, por ende, hay clases sociales, celdas más cómodas y unas más caras que otras. Inclusive, usted puede traer a vivir a su mujer e hijos cuando la vida afuera no perdona”.

El derecho a una celda puede adquirirse como si fuera un apartamento, con un documento interno que avala la propiedad, mientras que los nuevos internos deben negociar su lugar, pagando incluso hasta 20 dólares mensuales por una cama.

El recorrido exhibió zonas como La Posta, donde Díaz notó que “es muy difícil saber quién es interno y quién no, porque hay gente comiendo, recibiendo visitas, caminando libremente; yo tengo este sello que me permite salir, pero por lo demás, es como una ciudad”. Las actividades comerciales pululan: “Aquí puede comprar helados, café, ver deportes, ir al gimnasio. Es literal como estar en una ciudad dentro de la ciudad”, destacó.

Vida productiva, talleres y negocios propios

En la sala multifuncional, el equipo de Planeta Juan observó cómo un espacio puede ser taller, aula y dormitorio para veinte personas. “De día funciona como taller de producción, en la noche es dormitorio. Aquí cocinan, producen ropa, aprenden oficios. Todo con recursos gestionados por los propios internos”, explicó. Los talleres generan ingresos para la manutención individual y el mantenimiento de máquinas, y hasta se ofrecen cursos de corte y confección, carpintería y computación.

El sistema económico interno es tan robusto que cada sección tiene su delegado, elegido por votación. “Cada sección vota por su vocero principal. Hay una verdadera democracia interna”, relató Díaz. La moneda es indispensable para sobrevivir: “Aquí usted paga por todo: por la comida, por la computadora, por el arriendo, por la peluqueada. El dinero define la calidad de vida aquí”.

Negocios, restaurantes y vida social

Dentro de San Pedro, Díaz visitó restaurantes gestionados por los isnternos, con menús diarios y precios asequibles. “Un almuerzo aquí cuesta un dólar y se ve bastante bien. Todo es al contado”, describió. Las celdas se configuran como apartamentos, muchas con su propia cocina, televisor y refrigerador. “Si tiene presupuesto, puede comprar insumos y vivir dentro de su celda como en una vivienda independiente”, dijo tras ser invitado a compartir un almuerzo preparado por un interno.

El penal cuenta con barberías, tiendas, consultorios dentales y hasta una capilla de grandes dimensiones. “Nunca había visto una iglesia así dentro de una cárcel, con su virgen y hasta pinturas antiguas”, compartió. También hay zonas de castigo donde los internos deben cocinar para todos como sanción, además de espacios para el deporte, como canchas de fútbol y básquetbol, con ligas internas y trofeos.

Seguridad y justicia interna

La seguridad interna es responsabilidad de una policía conformada por los mismos privados de la libertad, que reciben un salario colectivo y ejercen control sobre el orden y las normas propias del penal. “Aquí existe una policía interna, pagada por los internos. El Estado solo vigila los muros externos”, subrayó Díaz. La vida nocturna y el acceso a las celdas están reglamentados por normas internas, con restricciones después de las once de la noche.

Un sistema complejo y autogobernado

San Pedro se asemeja a un barrio autogobernado, donde la justicia lenta y la saturación penal han convertido el encierro preventivo en una rutina. “Hay celdas con mejores condiciones, y otras más precarias. Todo depende del dinero, del tiempo que lleve aquí y de su capacidad para adaptarse”, reflexionó Díaz.

La cárcel de San Pedro ilustra la capacidad de autogestión y resiliencia de su población, pero para Díaz también pone en evidencia las fisuras de un sistema judicial saturado y los retos de la reinserción. “Esta cárcel es un termómetro de la sociedad boliviana. Aquí, más que encierro, se vive una versión distinta de la vida en comunidad”, concluyó el youtuber, tras recorrer uno de los sistemas penitenciarios más singulares del continente.

El sonido de los martillos, las amoladoras, los destellos de la soldadura y la fricción en la madera de las sierras se escuchan de nuevo en un recinto que dotó la Alcaldía, cerca del centro histórico de La Paz, para que casi medio centenar de jóvenes se forjen como restauradores con el apoyo de la cooperación española.

“Este programa está dirigido a proteger y revalorizar el patrimonio cultural”, explicó para esta nota Ximena Auza, arquitecta y técnica de la ETRLP, sobre la capacitación que ya inició y que creará una nueva generación de restauradores tras 16 años continuos de labor.

Auza mencionó que la mirada hacia el patrimonio cultural, que abarca los edificios antiguos, el mobiliario o las esculturas, “está sufriendo nuevas dinámicas”, ya que es un factor de identificación de la población con sus raíces y, por lo tanto, de carácter “social” en el que se tiene que intervenir.

La experta señaló que en La Paz, como en otras ciudades de Bolivia, hay un “desconocimiento” sobre el valor del patrimonio, lo que ocasiona que muchos bienes, como las casonas antiguas, colapsen y su legado desaparezca por la “falta de apropiación” y el “desinterés” en preservar la historia común.

Por lo que acá aparece el valor de espacios como la ETRLP y otras que funcionan en las ciudades de Potosí, Sucre y la región oriental del país, para contar con “mano de obra cualificada para hacer esos procesos”.

“Disposición para aprender”

La Escuela Taller en La Paz tiene las especialidades de construcción civil, para la conservación de cimientos, fachadas, techos y cielos falsos; carpintería para la restauración, para la preservación de muebles; el tallado y la policromía, para el trabajo en madera o imágenes religiosas o retablos a los que también se debe devolver el color; y la carpintería metálica.

“Lo que yo valoro son las ganas que puedan tener (los estudiantes) para asimilar y aprovechar la oportunidad de estar acá (...) también su disposición de tiempo para aprender”, dijo Javier Gutiérrez, maestro de tallado en madera y policromía.

La Escuela Taller de La Paz ha estructurado el proceso de formación mediante un currículo que dura dos años y que es 80% práctica y 20% teórica, bajo la filosofía de “aprender haciendo”, y en la que se forma a hombres y mujeres bajo las mismas exigencias.

El programa es para jóvenes de 18 a 30 años, con varias horas a la semana que se deben cumplir para concluir con el máximo conocimiento de la técnica.

Uno de los casos más importantes es el de Olga Quispe, maestra de construcción civil para la restauración, que estudió en la primera generación de la ETRLP, en 2009, y que encontró en esta actividad su “vocación” y las puertas a nuevas experiencias, según relató.

Quispe heredó su interés por la construcción civil de su padre, a quien veía de niña cómo construía la casa familiar, a lo que se sumó el deseo de transmitir el conocimiento que adquirió, lo que calificó como “lo que más” le ha llenado de orgullo hasta ahora.

El conocimiento en la Escuela Taller también incorpora técnicas actuales para la realización de mobiliario, así como técnicas extranjeras como el kumiko japonés, que es una técnica de unión de madera sin la utilización de clavos para formar figuras geométricas, además del arte hispánico mudéjar.

Las Escuelas Taller de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) son parte de alrededor de 340 proyectos en 74 ciudades de 24 países de América, África y Asia, además que han formado a decenas de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fuente y video: EFE.

Fotos: EFE/ Gabriel Márquez.

La expresión “Baro Drom” procede del romaní y hace referencia al prolongado tránsito del pueblo gitano a lo largo de la historia, una idea que Antonio Carmona ha seleccionado como eje conceptual para su nuevo trabajo discográfico. El músico, según consignó el medio fuente, ha optado por resumir en este álbum cuatro décadas de carrera, brindando una perspectiva de la memoria gitana y el mestizaje musical que ha caracterizado su evolución artística.

De acuerdo con el medio, Carmona regresa a la escena musical con el lanzamiento de ‘Baro Drom (Éxodo)’, su primer álbum de la década. El proyecto consiste en diez canciones que llevan la marca característica del artista, situándose como un repaso a las raíces y la tradición familiar, sin excluir las nuevas corrientes musicales que ha incorporado a su trayectoria. Tal como publicó la fuente, la iniciativa coincide con el ascenso de sus hijas, Marina y Lucía Fernanda, en el panorama musical español, lo que refuerza la continuidad de la saga familiar.

‘Baro Drom (Éxodo)’ pretende rendir homenaje al pueblo gitano, que históricamente ha experimentado la movilidad como condición permanente. La presencia de la expresión romaní en el título simboliza este movimiento y se convierte en hilo conductor del repertorio, según informó el medio fuente. El álbum incluye temas como ‘La Paz’, ‘Cómo voy a acabar’, ‘Se me encoge el pecho’ y ‘Los colores’, seleccionados para posicionarse entre los futuros elementos centrales del repertorio del artista.

El nuevo trabajo de Carmona cuenta con colaboraciones relevantes que aportan variedad de estilos y sonoridades, según detalló el medio. En primer término, ha incorporado a sus hijas, reafirmando el legado musical familiar. Participan también músicos como su tío Pepe Habichuela y artistas de diferentes ámbitos como Lin Cortés, Chus Santana, Antonio Rayo (‘Rayito’), Andy Clay, Javier ‘Harto’ Rodríguez, Chabuco, Juan Ernesto Laya y Jorge Glen. Además, el álbum se enriquece con las intervenciones del guitarrista Vicente Amigo y el dúo francés Biglo & Oli.

El álbum ‘Baro Drom (Éxodo)’ también forma parte del repertorio que compondrá la gira del veinte aniversario de Carmona, que, según reportó el medio, arranca el 10 de abril en Valencia. Durante esta serie de presentaciones, el artista repasará lo más destacado de su trayectoria desde su inicio en solitario en 2006, tras su salida del grupo Ketama y su debut con el disco ‘Vengo Venenoso’. En el desarrollo del tour, el repertorio incorpora colaboraciones ampliamente reconocidas junto a artistas como C. Tangana y Alejandro Sanz, ampliando el alcance y la diversidad del espectáculo.

El medio destacó que este álbum representa, para Carmona, un punto de encuentro entre la tradición y la experimentación, reflejado tanto en la selección de los colaboradores como en el repertorio. Su regreso ofrece una oportunidad para revisitar tanto las composiciones emblemáticas de su carrera como estas nuevas piezas que buscan consolidarse en el cancionero del artista. A través de ‘Baro Drom (Éxodo)’, el músico plantea una propuesta que combina pasado y presente; un enfoque que busca acercar el legado gitano al público actual y, al mismo tiempo, abrirlo a nuevas formas y colaboraciones internacionales.

‘La Paz’ ha sido elegido como focus track, sumándose a otras canciones del álbum que aspiran a posicionarse en la preferencia del público. Tanto la producción como el planteamiento conceptual integran nuevas influencias musicales y letras que remiten a vivencias y escenarios propios de la comunidad gitana, reportó la fuente. El proceso de creación ha reunido a distintos compositores e intérpretes, nutriendo así el proyecto con una variedad de matices sonoros.

El programa de la gira permitirá a Carmona celebrar dos décadas de carrera en solitario y compartir escenario con músicos que han marcado diferentes etapas de su trayectoria. Según detalló el medio fuente, la propuesta busca ofrecer una visión integral de su desarrollo artístico y recalcar el carácter abierto de su música. El objetivo de este lanzamiento y la gira es consolidar el nuevo repertorio y poner en valor el recorrido del artista, incluyendo tanto temas inéditos como colaboraciones recientes y producciones que remiten a sus orígenes familiares y culturales.

El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, La Paz ordenó la apertura de juicio contra Óscar Armando Zepeda Pérez, Marcos Emilio Hernández, Brayan Alexander Cornejo Pérez y Juan Antonio López por su presunta participación en el hurto y daño agravado de imágenes religiosas en diversos templos del departamento de La Paz.

En agosto de 2025, los acusados habrían sustraído una imagen histórica de la Virgen del Rosario, valorada en USD3.000, de la iglesia católica del cantón La Carbonera, ubicada en el distrito de San Pedro Nonualco, municipio de La Paz Centro.

Según la causa judicial, los imputados habrían aprovechado momentos en los que los recintos religiosos se encontraban vacíos, actuando principalmente durante la noche para ingresar a las iglesias y sustraer objetos de valor, tal como informó Centros Judiciales de El Salvador, este jueves.

Entre las pruebas recabadas, consta el robo en el municipio de La Paz Centro, donde la imagen de la Virgen del Rosario fue retirada de su sitio habitual.

Según datos de la Fiscalía General de la República de 2025, hubo un segundo robo que logró investigarse y al que también se adjudica a los detenidos: habría ocurrido en el templo del cantón San Antonio, en el distrito de Santiago Nonualco, donde desaparecieron dos imágenes del Santo Niño de Atocha, con un valor aproximado de $1,000.

El tribunal determinó que existen suficientes elementos probatorios para que el caso avance hacia un Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción, por lo que los cuatro acusados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Acorde al Código Penal de El Salvador, el delito de hurto puede ser castigado con mayores penas cuando se comete bajo circunstancias agravantes establecidas por la ley. Entre los factores que elevan la sanción figuran el aprovechamiento de calamidad pública o desgracia particular, la ocurrencia en casa habitada, en un edificio público o en un lugar religioso, así como la intervención de dos o más personas en el hecho.

El castigo también se incrementa si el hurto afecta equipaje de viajeros o bienes de valor científico o artístico, o si se utilizan llaves falsas o instrumentos equivalentes para perpetrarlo. En estos supuestos, la normativa prevé una prisión de cinco a ocho años.

Casos similares

La Diócesis de San Vicente denunció nuevos daños a la imagen de la Virgen María Auxiliadora ubicada en el monumento de acceso a la ciudad, hechos ocurridos en diciembre de 2025. Mediante un comunicado difundido por monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, la diócesis expresó su rechazo y solicitó a las autoridades una investigación inmediata para evitar reincidencias y proteger los signos religiosos que forman parte de la identidad católica local, según la posición oficial.

El obispo remarcó que esta es la segunda ocasión en que la imagen resulta profanada, y calificó el suceso como “un acto de irrespeto que hiere profundamente el patrimonio espiritual del pueblo”. La declaración se difundió en pleno tiempo de Adviento, contexto litúrgico que —de acuerdo con la diócesis— acentúa la gravedad del hecho al tratarse de un periodo dedicado a la esperanza, preparación y paz previas a la Navidad.

La diócesis afirmó su “firme rechazo a cualquier acto que vulnere las creencias religiosas” y exhortó a la población a actuar con dignidad y valores cristianos, promoviendo la paz y la concordia, en vez de responder con odio. Como medida adicional, se invitó a los fieles a realizar oraciones de desagravio y a solicitar la conversión de los responsables, confiando la protección de la diócesis a la Virgen María Auxiliadora.

Durante su primer almuerzo oficial en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz compartió con el Rey Felipe VI el cierre de una serie de actividades protocolarias y diplomáticas en La Paz. Ambos mandatarios resaltaron la importancia de una nueva etapa bilateral caracterizada por la apertura internacional de Bolivia y una firme intención de promover cooperación en áreas clave. Según consignó Europa Press, este encuentro reunió por primera vez de forma oficial al jefe de Estado español y al presidente boliviano, después de que la asistencia de Felipe VI a la investidura de Paz el pasado noviembre no fuera posible.

De acuerdo con Europa Press, la reunión entre Felipe VI y Rodrigo Paz tuvo lugar en el Palacio Quemado, la sede presidencial boliviana. El monarca español viajó acompañado por Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, y su agenda incluyó reuniones con representantes empresariales y de la comunidad española radicada en Bolivia, estimada en más de 16.500 personas. La visita se produjo tras la escala previa en Chile, donde el rey asistió a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

Europa Press detalló que en un video publicado en redes sociales, Felipe VI expresó su satisfacción por la “nueva etapa de Bolivia, abierta al mundo”, y ofreció su apoyo para que Bolivia incremente su presencia global. El presidente Paz agradeció la visita y describió al rey como “un gran amigo de Bolivia”, además de destacar el impacto de su presencia en los esfuerzos internacionales del país. "Mucha fuerza Bolivia, estamos saliendo al mundo y el mundo está viniendo a Bolivia (...). Tengan fe que estamos yendo por buen camino", declaró Paz durante la reunión, según Europa Press.

En el marco de la visita, el rey inauguró su agenda con un desayuno de trabajo junto a empresarios españoles y organizaciones gremiales, según reportó Europa Press. Entre los asistentes figuraron representantes de Air Europa, Maxam-Fanexa, Santillana Ediciones, Repsol, TSK Electrónica y Electricidad, Grupo Urbas, Eptisa, Sacyr y BBVA. También acudieron delegados de la Cámara de Comercio de España en Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL).

Durante este encuentro, Felipe VI subrayó la voluntad del gobierno boliviano de promover una mayor integración internacional y reiteró el compromiso de España de respaldar a las empresas españolas y al desarrollo bilateral. El monarca destacó que existen amplias oportunidades para que España incremente su presencia en varios sectores de la economía boliviana, y escuchó de primera mano las perspectivas y necesidades de los inversionistas españoles en el país. Este intercambio fue confirmado por la información proporcionada por fuentes de Zarzuela, citadas por Europa Press.

Más adelante, el Rey fue recibido oficialmente en el Palacio Quemado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo. Allí, autoridades militares y familiares del presidente, incluida la Primera Dama Marielena Urquidi y la hija del mandatario, Catalina Paz, participaron en la ceremonia protocolaria y la tradicional fotografía oficial, según publicó Europa Press.

Parte de las actividades culturales de la visita incluyeron una caminata por el centro histórico de La Paz y un recorrido por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), instalado en el Palacio de los Marqueses de Villaverde. En la visita, Felipe VI y Rodrigo Paz exploraron colecciones textiles y de máscaras rituales representativas de las culturas indígenas bolivianas, y conocieron las iniciativas del museo para la investigación y preservación patrimonial.

El almuerzo de trabajo en el Palacio Quemado marcó el final de la agenda de Felipe VI en La Paz. Representantes de ambas delegaciones participaron en este encuentro, que consolidó el compromiso de ambos países para fortalecer la proyección internacional de Bolivia y fomentar la cooperación bilateral en ámbitos políticos, empresariales y culturales, según el registro de Europa Press.

Rodrigo Paz asumió la presidencia boliviana tras ganar la segunda vuelta electoral con un 54,95 por ciento del voto ante su contendiente Jorge "Tito" Quiroga, de la Alianza Libre, que obtuvo el 45,04 por ciento, según informó Europa Press. Tras estos comicios, se registró por primera vez en la historia del país una mayoría de mujeres en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, con un 52 por ciento de participación femenina entre los asambleístas electos.

La visita de Felipe VI constituyó el primer recibimiento de un jefe de Estado extranjero por parte del nuevo presidente boliviano y simbolizó el regreso de Bolivia al escenario internacional tras el relevo presidencial. Europa Press detalló que el encuentro y las actividades conexas buscaron no sólo consolidar los lazos políticos y económicos, sino también impulsar opciones de colaboración cultural y académica para próximas etapas de la relación bilateral.

El grupo de pop noventero Kabah anunció que tendrá un concierto en La Paz, Baja California Sur, para el mes de mayo de este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación integrada por Federica, Sergio, Daniela, René y Apio dieron a conocer una presentación que tendrán antes de finalizar el primer semestre de este año.

Revelaron la fecha exacta y sede donde darán el espectáculo musical.

Kabah precisó que su concierto será en una feria gastronómica, por lo que dieron a conocer todos los detalles de esta presentación.

Concierto de Kabah en La Paz, Baja California Sur: sede y fecha

Kabah dará concierto en el evento gastronómico La Pazión por el Sabor en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La fecha será el viernes 29 de mayo de este 2026. Su presentación será de las 19:00 a 20:00 horas, señalan los organizadores de este evento que reúne a cientos de personas de la entidad del norte del país.

Al lugar también asisten personas de otros estados de la República Mexicana.

La Pazión por el Sabor es un festival gastronómico celebrado en La Paz, Baja California Sur, donde chefs, productores y restaurantes locales presentan platillos y sabores regionales.

El evento promueve la cultura culinaria y el turismo gastronómico mexicano.

Kabah ha conservado su éxito desde la década de los noventas, época cuando se formó

Kabah es un grupo mexicano de pop formado en 1992 en la Ciudad de México. Los miembros fundadores son María José, Federica Quijano, Apio Quijano, René Ortiz, Sergio O’Farrill y Daniela Magún.

El nombre Kabah proviene de una zona arqueológica maya, reflejando el interés por la cultura nacional. El grupo debutó en 1994 con su álbum homónimo, que incluyó éxitos como “Al pasar” y “Encontré el amor”.

En 1996, alcanzaron fama nacional con el disco “La calle de las sirenas”, cuyo sencillo titular se convirtió en uno de los más emblemáticos del pop latinoamericano.

A lo largo de su carrera, Kabah se caracterizó por su estilo juvenil, coreografías llamativas y letras que abordan temas de amor, amistad y superación.

El grupo lanzó álbumes como “Esperanto” y “XNE”, consolidando su presencia en la música mexicana.

En 2005, Kabah anunció su separación tras una gira de despedida. Sin embargo, en 2015 regresaron a los escenarios para participar en la gira con OV7 y posteriormente se incorporaron en el “90’s Pop Tour”, junto a otros exponentes de la época, logrando gran aceptación de sus seguidores.

María José inició una exitosa carrera como solista, mientras que el resto de los integrantes continuó en proyectos musicales y televisivos.

Kabah es considerado uno de los grupos más influyentes del pop en español, dejando una huella importante en la historia musical de México.

Durante una ceremonia fúnebre en el Cementerio de San José Arriba, en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, más de una docena de personas resultaron afectadas tras ser picadas por abejas, según información divulgada por la Cruz Verde Salvadoreña en sus redes sociales.

El incidente ocurrió cuando un enjambre atacó a los asistentes del sepelio, provocando múltiples picaduras y generando una operación de emergencia para estabilizar a los lesionados.

De acuerdo con la comunicación oficial de la Cruz Verde Zacatecoluca, al menos 12 personas sufrieron picaduras de abeja en la zona donde se desarrollaba el acto funerario. Los socorristas lograron estabilizar a las víctimas en el lugar y posteriormente trasladaron a varias de ellas hacia un centro asistencial. Otras personas heridas recibieron atención y fueron llevadas a un hospital por otra entidad de socorro.

El ataque de abejas obligó a una intervención coordinada entre diferentes cuerpos de emergencia del departamento de La Paz. El riesgo por ataques de estos insectos polinizadores no es un hecho aislado en el país. En mayo de 2025 en Aguilares, al norte de San Salvador. Dos personas murieron tras ser atacadas por un enjambre en las afueras de un establecimiento de la colonia Las Pampitas, según información suministrada por la Cruz Verde Salvadoreña.

Una de las víctimas falleció en el lugar y la otra perdió la vida poco después en un hospital. Varios familiares de los afectados recibieron atención por crisis nerviosa y desmayos como consecuencia del ataque masivo.

Recomendaciones médicas ante picaduras de abejas

Ante la persistencia de estos episodios, especialistas en salud recomiendan actuar con rapidez y seguir una serie de pasos frente a una picadura de abeja.

1. Alejarse inmediatamente del área donde ocurrió el ataque contribuye a evitar nuevas picaduras.
2. Proteger la cabeza y el rostro
3. Buscar refugio en un lugar cerrado como un vehículo o un edificio, es fundamental para reducir el riesgo de más agresiones.

Una vez a salvo, los expertos sugieren retirar el aguijón lo antes posible. Puede hacerse con la uña o con el borde de una tarjeta plástica, siempre evitando apretar el saco de veneno.

Es importante lavar la zona afectada con agua y jabón. Aplicar frío local mediante un paño húmedo o hielo durante lapsos de 10 a 20 minutos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Si es posible, se recomienda elevar la zona afectada para reducir la hinchazón y utilizar antihistamínicos o analgésicos en caso de picazón o dolor. Mayo Clinic señala que no debe rascarse ni frotarse la herida para evitar complicaciones en la piel.

Actuar ante reacciones alérgicas graves y recomendaciones de las autoridades

En situaciones donde la persona muestra signos de reacción alérgica grave, como dificultad para respirar, hinchazón en la lengua o garganta, opresión en el pecho o mareo, la sugerencia médica es aplicar un autoinyector de epinefrina, si se dispone, y dirigirse de inmediato a un servicio de emergencias. Esta reacción puede poner en peligro la vida y requiere atención profesional sin demora.

Las autoridades y organismos de emergencia insisten en no intervenir ni retirar panales por cuenta propia. Ante la presencia de enjambres en áreas urbanas, rurales o durante actividades colectivas, lo recomendable es alertar a los cuerpos de socorro, como la Cruz Verde Salvadoreña o la Cruz Roja Salvadoreña, que cuentan con personal entrenado y equipos adecuados para gestionar este tipo de incidentes.

Los recientes ataques de abejas en El Salvador han puesto en alerta a la población y a los cuerpos de emergencia, que reiteran la importancia de seguir protocolos preventivos y de actuación inmediata ante cualquier evento relacionado con enjambres.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó la tarde de este martes a Santiago de Chile para participar en el acto de posesión del mandatario electo, José Antonio Kast, previsto para este miércoles al mediodía.

Cerca de las 16:20, Paz, junto a su esposa, ‘Bibi’ Urquidi; y el canciller Fernando Aramayo arribaron al aeropuerto internacional Arturo Merino, donde recibieron el saludo protocolar de las autoridades chilenas.

En esta visita se producirá el tercer encuentro entre Paz y Kast. La primera reunión fue en enero durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF en Panamá, y la segunda fue el pasado fin de semana en el marco de la cumbre organizada por el presidente Donald Trump, en Miami, para conformar el bloque denominado “Escudo de las Américas”.

Las reuniones entre ambos líderes políticos se producen en un contexto de cambio en la política exterior boliviana y generan expectativa, debido a que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde hace casi medio siglo a pesar de compartir más de 800 kilómetros de frontera y una infinidad de asuntos de interés común.

“Nuestras naciones tienen como destino el llevarse bien entre ellas y construir un futuro entre todos”, manifestó el presidente Paz tras su arribo a la capital chilena. El mandatario adelantó que las cancillerías de ambos países tienen planificado trabajar temas de agenda común enfocados en el desarrollo económico y otros puntos.

De igual forma, antes de ganar las elecciones presidenciales, Kast había hecho pública su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo. En declaraciones recogidas por medios chilenos, el entonces candidato manifestó: “Desde el primer día, en un eventual gobierno, vamos a impulsar el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas con Bolivia en la búsqueda de una mayor integración económica, social y fundamentalmente, de cooperación para el control fronterizo que nos permita cerrar la puerta a la inmigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico”.

La Paz y Santiago rompieron relaciones a finales de la década de los 70 en medio de tensiones por el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884. El distanciamiento se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019), que concluyó que las autoridades chilenas no están obligadas a negociar una salida soberana al mar. Años más tarde, en 2016, Chile retrucó en la corte con una demanda sobre la controversia por las aguas del Silala.

A pesar de que no se han hecho anuncios concretos sobre la posible reposición de embajadores, en días pasados hubo avances en el acercamiento bilateral. Bolivia y Chile firmaron un acuerdo sobre exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Este requisito fue una exigencia chilena tras la visita en 2016 del entonces canciller David Choquehuanca a puertos de Antofagasta y Arica.

Para el analista en asuntos internacionales, Andrés Guzmán Escobari, La Moneda y el Palacio Quemado están ante una oportunidad histórica para retomar las relaciones diplomáticas plenas. “Bolivia y Chile se encuentran ante una oportunidad que no deberían desperdiciar. El restablecimiento de relaciones diplomáticas, más que un acto simbólico, debe ser el punto de partida de un nuevo pacto de convivencia, donde la historia sirva de lección, no de trinchera”, escribió el analista.

En este contexto, la presencia de Paz en la investidura de Kast no solo tiene un carácter protocolar, sino que también se perfila como un gesto político que podría marcar el inicio de una nueva etapa de diálogo y cooperación entre Bolivia y Chile tras décadas de distanciamiento diplomático.

Al cambio de mando asistirán el rey Felipe de España y otros mandatarios de la región, entre ellos el argentino, Javier Milei; el ecuatoriano, Daniel Noboa; y el paraguayo, Santiago Peña; entre otros.

La reciente firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) y el Servicio Estatal de Autonomías marca una nueva etapa en la colaboración interinstitucional entre Bolivia y entidades españolas, orientada al fortalecimiento de la gestión ambiental municipal en los nueve departamentos bolivianos y a la potenciación de los convenios intergubernativos que apuntan a servicios públicos más eficientes. Este acuerdo se llevó a cabo en el marco de una agenda de trabajo que reunió en La Paz a representantes de la cooperación descentralizada andaluza y extremeña, donde, según consignó la Diputación de Jaén, uno de los puntos destacados fue la clausura de un programa de capacitación técnica orientado a mejorar la gestión municipal de residuos.

De acuerdo con la información publicada por la Diputación, más de cien técnicos municipales de distintos municipios bolivianos completaron esta formación, la cual se centró en impulsar la profesionalización en el ámbito de los residuos como un componente esencial para el desarrollo sostenible en el país. Este programa se hizo posible gracias a la colaboración entre la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y Famsi, en alianza con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), reafirmando el compromiso de instituciones españolas y bolivianas por el fortalecimiento de capacidades locales.

Durante el acto de clausura, Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y de Famsi, enfatizó que el progreso alcanzado en Andalucía y otras regiones de España respecto a la gestión de residuos y los servicios públicos puede servir como ejemplo para los municipios bolivianos. Reyes mencionó que en España, décadas atrás, muchos municipios enfrentaban desafíos semejantes a los de Bolivia, pero el trabajo coordinado entre administraciones, la profesionalización de los equipos técnicos y la adecuada planificación transformaron esos problemas en oportunidades, tanto desde el punto de vista sanitario como de generación de empleo y desarrollo territorial. Según reportó la Diputación, Reyes sostuvo que "cuando los municipios avanzan, avanza la calidad de vida de la gente", reforzando la idea de que los resultados positivos surgen al no imponer modelos y al compartir aprendizajes que eviten replicar errores.

Durante el evento participaron otras personalidades como Rafael García, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia; Miguel Ángel Morales, presidente de Felcode; José Ignacio García, rector de la UNIA; Francisco Toajas, diputado de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla; y Flavio Merlo, presidente de FAM Bolivia. El medio Diputación de Jaén detalló que la entrega de certificados a los participantes de las dos ediciones del diplomado y el intercambio de presentes entre delegaciones bolivianas y españolas figuraron entre los momentos centrales de la jornada, consolidando los vínculos institucionales y la voluntad de cooperación.

El impulso de este tipo de iniciativas responde a la necesidad de profesionalizar la gestión municipal de residuos en Bolivia, sector clave para la sostenibilidad y la salud pública. Según ha recordado la Diputación de Jaén, la experiencia española demuestra que los cambios en este ámbito requieren de una cooperación fluida, la adopción de buenas prácticas y una planificación adaptada a las realidades locales. Además, Reyes subrayó el compromiso permanente de Famsi, junto con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y la cooperación española, para seguir acompañando y reforzando nuevas propuestas formativas que contribuyan al avance de las comunidades.

Esta capacitación forma parte de una estrategia más amplia promovida por la cooperación española, la cual persigue la transferencia de conocimientos y la consolidación de redes entre municipios. La agenda desarrollada durante estos días en La Paz por la delegación andaluza y extremeña incluyó el intercambio de experiencias, la presentación de buenas prácticas y la identificación de áreas de mejora comunes para el sector ambiental boliviano. Según publicó la Diputación de Jaén, estas actividades buscan respaldar el trabajo de los gobiernos locales y promover soluciones sostenibles, siempre sobre la base del respeto a las especificidades y necesidades propias de las comunidades receptoras.

El convenio ahora suscrito entre Famsi y el Servicio Estatal de Autonomías permitirá avanzar en proyectos conjuntos orientados a garantizar la eficacia de los servicios públicos municipales, mejorando tanto la gestión ambiental como la articulación entre diferentes niveles de gobierno. La ceremonia de clausura, desarrollada en la sede de la FAM en la ciudad de La Paz, coronó así una serie de encuentros que buscan establecer mecanismos de colaboración duraderos, orientados al beneficio directo de la población boliviana y la consolidación de estructuras municipales más resilientes y profesionalizadas.

Según indicaron medios locales, la detención se produjo luego de que la menor, durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis, relatara que el empleado había cometido el abuso dentro del ámbito escolar.

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador, ordenada por la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado, en el que cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.

Fue durante este abordaje que surgió la existencia de un posible abuso y la identidad del presunto responsable. A partir de estos datos, la Fiscalía resolvió la detención el viernes pasado y ahora avanzará con las medidas periciales. En ese sentido, se ordenará que la menor declare en Cámara Gesell para corroborar la información preliminar.

En las primeras entrevistas con el ETI, la menor mencionó un un posible abuso, aunque su testimonio inicial no era concluyente. En paralelo, se barajaba la hipótesis de que había sido víctima de grooming, ya que se detectaron mensajes dirigidos a un número extranjero.

Con el transcurso de los meses y luego de nuevas intervenciones del área de salud mental, la adolescente reiteró su acusación contra el celador. Fuentes judiciales citadas por el canal Televida informaron que el día en que la menor ingresó armada al colegio, habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el lugar porque estaba de franco.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal penal de menores Griselda Digier, bajo la supervisión del jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Posteriormente, la causa pasó a manos de la fiscal Nieto, quien espera resolver en si formaliza la imputación contra el detenido.

El caso

La menor se atrincheró en su escuela el pasado 10 de septiembre, con una pistola 9 milímetros que había tomado de su padre, excomisario de la Policía de San Luis. Desde las 9 de la mañana, la menor deambuló por el establecimiento durante más de cinco horas y realizó dos disparos al aire, lo que obligó a evacuar a los alumnos y a desplegar un gran operativo policial.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo. Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

Durante el incidente, varios estudiantes fueron asistidos por haber sufrido crisis nerviosas y cuadros de shock. Cerca de las 11 comenzó la negociación con ella para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

A las 15, después de cinco horas y media desde que el inicio del conflicto, los especialistas lograron que la chica entregue el arma.

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años, acusado de agredir a su madre y a su padrastro en Zacatecoluca, La Paz Este.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, el joven, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y la atacó con un corvo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, el padrastro intervino y también resultó lesionado en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables. Peña Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes, conforme a lo señalado por la PNC.

La agresión registrada en Zacatecoluca se suma a una serie de eventos recientes que reflejan el repunte de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2026, en Sesori, San Miguel Norte, un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus hijos, con saldo de un joven de 23 años fallecido y una menor herida que logró sobrevivir.

La PNC localizó al agresor, identificado como Héctor Mario Lara, quien murió tras enfrentarse a los agentes. Las autoridades indicaron que la menor se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.

Otra situación de alto impacto ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez agredió a su esposa e hijos. Durante el intento de huida, Gómez Benítez atacó a la policía con un arma blanca y perdió la vida cuando los agentes respondieron al ataque.

En el occidente del país, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro tras presenciar una agresión contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras graves. Sin embargo, Flores Acuña enfrenta cargos por intento de homicidio. Este caso ha sido destacado por la PNC y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de escalamiento de los conflictos familiares en contextos de violencia reiterada.

¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo está tipificada en El Salvador?

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a los integrantes de una familia, ya sea dentro o fuera del hogar. Este tipo de violencia puede estar dirigida hacia cónyuges, hijos, padres, hermanos u otros parientes, y suele involucrar agresiones recurrentes que afectan la integridad y bienestar de las víctimas.

En El Salvador, la violencia intrafamiliar está regulada principalmente por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal.

La ley salvadoreña reconoce la violencia intrafamiliar como un delito que puede manifestarse en distintas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, maltrato psicológico, abuso sexual y violencia económica. Las sanciones varían según la gravedad del caso y pueden incluir medidas de protección, asistencia legal y penas de prisión para los agresores.

Además, el marco legal establece la obligación de las autoridades de brindar protección inmediata a las víctimas y de investigar diligentemente las denuncias.

De igual manera, la legislación promueve la atención integral, asesoría psicológica y acompañamiento social para quienes sufren este tipo de violencia. Las instituciones responsables, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, coordinan acciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar.

Bajo los restos de la aeronave accidentada se encontró un vehículo adicional, lo que permitió a las autoridades ajustar la cifra de víctimas mortales tras el siniestro registrado cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia. Según informó la prensa local, la tragedia ya ha dejado un saldo de 24 personas fallecidas, conforme a los datos actualizados ofrecidos este lunes por el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia.

De acuerdo con lo publicado por los medios bolivianos, durante los trabajos de remoción de escombros y parte de la estructura de la aeronave militar que sufrió el accidente, los equipos de rescate hallaron bajo los restos del avión un vehículo más, con lo que aumentó el número inicial de víctimas. La cifra manejada por las autoridades hasta el fin de semana era de 22 muertos, pero el hallazgo reciente forzó una actualización, detalló el comandante Valencia en declaraciones recogidas por la prensa.

El medio local explicó que el accidente ocurrió el viernes pasado, cuando un avión militar modelo Hércules, empleado para transportar dinero, se desvió de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de El Alto. El aparato recorrió casi un kilómetro tras salirse de la vía de aterrizaje, colisionando contra varios vehículos en las zonas inmediatas. Las autoridades detallaron que entre los vehículos alcanzados se encontraban furgonetas, minibuses, automóviles particulares y un tráiler, todos impactados violentamente durante la trayectoria incontrolada del Hércules.

La situación derivada del siniestro provocó altercados en el área del accidente. Según consignó la prensa boliviana, al menos 51 personas fueron detenidas por disturbios luego de que una multitud acudiera a intentar recoger billetes esparcidos en el lugar de los hechos. La seguridad aeroportuaria recurrió al uso de agentes químicos para dispersar a las personas, en medio de un ambiente de desorden generalizado.

En cuanto a la investigación de las causas del incidente, el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, confirmó que se han iniciado procedimientos formales para esclarecer lo sucedido. Tal como reportó la prensa nacional, la Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) asumió la recolección y resguardo de la caja negra de la aeronave, con la obligación de analizar factores operativos, mecánicos y de vuelo que pudieran haber influido en el accidente. Paralelamente, el fabricante del avión y la compañía aseguradora realizarán sus propias pesquisas, según indicó Salinas, lo que permitirá abordar el análisis del caso desde diversos enfoques técnicos y administrativos.

Las autoridades continúan desplegando tareas en la zona, tanto en operaciones de remoción de escombros como en la asistencia a las familias de las víctimas. La Policía y equipos de rescate mantienen presencia en el lugar mientras avanzan las investigaciones destinadas a determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente y el elevado número de víctimas asociadas al siniestro.

Bolivia inicia la recta final hacia las elecciones regionales del 22 de marzo próximo con las que se terminará de conformar el mapa político para el próximo quinquenio.

Dentro de tres semanas, los bolivianos elegirán a más de 5.000 autoridades locales —entre gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y otras funciones públicas—, en un proceso que logró un récord histórico de candidatos inscritos: hay más de 34.000 postulantes en todo el país.

Estas elecciones autonómicas son las primeras desde la implosión del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó durante los últimos 20 años. Para el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, el “derrumbe de esa hegemonía” marca un escenario fragmentado, con multiplicidad de candidaturas y sin proyectos políticos de perspectiva nacional.

“Antes en las regiones había la postura oficialista masista contra la antimasista, y eso definía el escenario político local”, explica Saavedra. “Ahora hay una absoluta dispersión y caos electoral sin un orden político y con más liderazgos locales”, subraya.

Además de la dispersión y la sobredosis de candidaturas, esta elección está caracterizada por la expectativa autonómica de las regiones. Durante la campaña electoral, el presidente Rodrigo Paz planteó como uno de los ejes de su gobierno un modelo de redistribución de recursos bajo un concepto “50/50” que, aunque no se explicó técnicamente de manera pública, supondría una mayor descentralización administrativa y financiera.

El modelo autonómico se aplica en Bolivia desde 2009 después de una larga lucha regional encabezada por Santa Cruz, la región más próspera del país. Sin embargo, algunos analistas sostienen que este modelo nunca terminó de implementarse por falta de recursos y ajustes normativos. Saavedra sostiene que la visión del MAS siempre fue “centralista” y de “concentración del poder”. “Hubo transferencia de competencias, pero no hubo transferencia de plata”, señala el experto.

Con ese antecedente y la promesa de Paz de descentralizar los recursos públicos, uno de los principales desafíos políticos del Gobierno es lograr acuerdos territoriales y materializar su propuesta.

El poder local en Bolivia en las últimas décadas ha sido un contrapeso al nacional. Las plazas más disputadas son las que integran el denominado “eje central”: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran tanto recursos como población.

En Santa Cruz, los candidatos que disputan con mayor ventaja la Gobernación según las encuestas son el exlíder cívico y actual gobernador Luis Fernando Camacho y el emprendedor tech y excandidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco. La definición de esta votación tiene implicancias importantes por el peso demográfico, político y económico de Santa Cruz, pero también por la relación de los principales candidatos con el Gobierno: Camacho postula en alianza con el presidente Paz; mientras que Velasco fue candidato con Jorge Quiroga, líder de la oposición a nivel nacional.

Otro cargo relevante en el contexto político actual es el de la gobernación de Cochabamba, donde se perfila como ganador uno de los sucesores políticos del expresidente Evo Morales: el dirigente cocalero Leonardo Loza. Después de haber desaparecido de la escena pública durante 46 días por una enfermedad viral, el exmandatario apareció en un mitin para darle su respaldo a quien ha sido uno de sus colaboradores más leales y ha asumido el rol de vocero del evismo en los últimos años.

“El verdadero candidato ahí es Evo; es su imagen y su habilidad política las que están en juego en esta elección”, sostiene Saavedra y afirma que la fuerza del evismo se va a canalizar en la figura de Loza, porque, aunque tiene otros candidatos para otras instancias, “ninguna es tan preponderante y significativa como la de Loza”.

El Gobierno también es un actor transversal en esta contienda electoral. Tras llegar al Gobierno, Rodrigo Paz articuló una alianza de partidos regionales y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que resucitó después de más de dos décadas sin personería jurídica y que pertenece a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Esta alianza, denominada Patria, ha inscrito candidatos en algunas plazas regionales, pero ninguno consigue imponerse en las encuestas con números que entusiasmen. Algunos analistas creen que el haberse involucrado en la campaña electoral es un error estratégico y que puede significar un revés para el gobierno. “El presidente arriesga su legitimidad en una contienda innecesaria, debilitando la transición democrática y confirmando que prefirió lanzarse en una aventura electoral antes que la unidad del país”, manifestó la diputada y analista política Cecilia Solís en un análisis sobre las elecciones autonómicas.

Ciertamente, en algunos espacios, la elección regional podría significar una muestra de aprobación o rechazo al naciente gobierno y sus aliados. Pero la votación está abierta en casi todas las instancias y las encuestas muestran, ante todo, un alto nivel de indecisión sobre los liderazgos locales.

De acuerdo con ABI, el incidente se registró cuando la aeronave realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje en la terminal aérea de El Alto. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) precisó que el impacto no solo afectó a los ocupantes de la nave, sino también a varios vehículos civiles, incluidas furgonetas, minibuses y un tráiler, que fueron alcanzados por el aparato al precipitarse. El Ejecutivo boliviano activó protocolos de emergencia y ordenó el monitoreo continúo por parte de brigadas sanitarias y de rescate.

Según consignó ABI, el Sistema Único de Salud coordinó junto a cuerpos de bomberos y policía el operativo de rescate y traslado de los heridos, distribuyéndolos en múltiples centros médicos de diversas zonas de La Paz y El Alto. Los pacientes recibieron atención en el Hospital Korea, Clínica Litoral, Divino Señor, Centro de Salud Calama, Corazón de Jesús Kenko, Hospital El Alto Sur, Hospital del Norte, COSSMIL, Hospital Los Andes y la sanidad de las Fuerzas Armadas. Un niño sufrió la amputación de sus miembros inferiores y permanece internado en cuidados intensivos en el Hospital del Norte, sin que hasta el momento se haya presentado algún familiar.

El medio oficial detalló que la FAB estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), siguiendo expresas disposiciones del Comando General y lo estipulado en el Manual MAPO-3, con la finalidad de esclarecer las causas del siniestro. La institución castrense anunció, como parte de su proceder, el compromiso de difundir información verificada a través de canales oficiales conforme se avance en las pesquisas.

Entre las particularidades del accidente, la ministra Flores reportó en rueda de prensa que el avión siniestrado transportaba una suma de dinero destinada al Banco Central de Bolivia. El suceso provocó la concentración de decenas de personas en la zona del accidente, quienes intentaron recolectar los billetes dispersos. Fuerzas de seguridad del aeropuerto intervinieron utilizando agentes químicos para disuadir a la multitud. Las autoridades lamentaron que este hecho haya desencadenado agresiones contra ambulancias y personal médico, dificultando los trabajos de rescate y traslado. “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”, declaró la ministra, según publicó ABI.

El Ministerio de Salud enfatizó que los billetes que transportaba el Hércules carecen de validez legal en su actual condición y exhortó a la ciudadanía a evitar la zona afectada, respetando el acceso de los equipos de emergencia y el luto de las familias. La institución subrayó que la atención a las víctimas y la protección de los equipos de rescate constituyen las prioridades en este contexto.

ABI precisó que para la atención en la zona fueron desplegadas cinco ambulancias del sistema nacional de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud, y nueve ambulancias de refuerzo, según información consolidada por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que mantiene un monitoreo permanente de los equipos de emergencia.

El primer reporte acerca del impacto provino del Cuerpo Nacional de Bomberos, que comunicó la existencia de personas heridas sin detallar cantidades iniciales. Posteriormente, la ministra Flores actualizó el número de víctimas y brindó información sobre la operación conjunta de policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud y el Ministerio correspondiente.

El siniestro involucró no solo la aeronave militar, sino también a vehículos particulares y de transporte, evidenciando el impacto ampliado sobre la población civil y la infraestructura en el área aledaña al aeropuerto de El Alto, según detalló ABI en su cobertura sobre el desarrollo de la emergencia.

La presencia de dinero disperso en la zona del accidente causó la concentración de multitud de personas en las inmediaciones del lugar, lo que interfirió en las labores de rescate y atención médica tras la caída del avión militar tipo Hércules cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad boliviana de La Paz. De acuerdo con medios oficiales citados por la agencia boliviana de noticias ABI, las personas se acercaron con la intención de recoger billetes, mientras la policía y personal del aeropuerto utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud y restablecer el orden. El incidente, que involucró a una aeronave perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y ocurrió este viernes por la tarde, provocó al menos 15 fallecidos, 28 heridos y daños materiales considerables, según confirmaron autoridades de salud y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Según informó la FAB en un comunicado divulgado en redes sociales, la aeronave accidentada realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje cuando perdió el control y terminó precipitándose sobre el Puente Bolivia, impactando no solo contra el suelo sino también contra varios vehículos particulares, entre los que se contaban furgonetas, minibuses e incluso un tráiler. El medio detalló que hasta la noche del mismo día las autoridades no habían podido confirmar las causas del siniestro, y que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse conforme avanzaban las labores de rescate y verificación.

Las tareas de emergencia se activaron de inmediato, movilizando a policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud (SUS) y el Ministerio de Salud. La ministra de Salud de Bolivia, Marcela Flores, precisó que los 28 heridos se encontraban distribuidos en distintos hospitales de La Paz y que el traslado a los centros asistenciales se realizó bajo estrictos protocolos, aunque algunos equipos de ambulancias sufrieron ataques y agresiones mientras intentaban acceder a la zona afectada. Según publicó ABI, Flores criticó la actitud de algunas personas, subrayando: “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”.

La situación en el área del accidente complicó las labores de los rescatistas, tal como consignó ABI, no solo debido al número de víctimas, sino también por la presencia de curiosos y personas deseosas de recuperar dinero entre los restos de la aeronave. El Ministerio de Salud y la institución liderada por Flores advirtieron que los valores transportados por el avión, cuyo destino era el Banco Central de Bolivia, han perdido validez legal en su estado actual e instaron a la población a evitar acercarse al lugar para recogerlos, subrayando la importancia de respetar tanto a las víctimas como la labor de los equipos de emergencia.

La información oficial indica que se desplegaron cinco ambulancias del sistema público de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud y un total de nueve ambulancias en servicio para el traslado de los heridos, según el Ejecutivo boliviano. Los datos fueron recopilados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, responsable del monitoreo permanente de las brigadas de emergencia en el perímetro afectado.

En el ámbito de la investigación, la FAB anunció la conformación de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) acorde a lo estipulado en el ‘Manual MAPO-3’, por instrucción directa del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. El objetivo de este organismo es esclarecer con precisión las causas que desencadenaron el accidente y mantener informada a la ciudadanía a través de canales oficiales, sostuvo la FAB en su comunicado.

A lo largo de la jornada, la ministra de Salud recalcó en una rueda de prensa la importancia de no obstruir las tareas de atención y resguardo sanitario, destacando el compromiso de médicos, policías y bomberos involucrados en el operativo. Según reportó ABI, la cantidad de heridos confirmados por las autoridades fue mayor a la estimada previamente por el cuerpo nacional de Bomberos, que no había proporcionado cifras concretas tras el siniestro.

El accidente, que ocurrió durante la tarde, generó un clima de tensión e incertidumbre en la zona aledaña al aeropuerto, donde equipos de emergencia y seguridad permanecieron trabajando bajo la supervisión de múltiples instancias gubernamentales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar los perímetros de seguridad y priorizar la integridad de los equipos de rescate y salud antes de cualquier interés material, planteando que la afectación a las vidas humanas y el luto familiar son los aspectos centrales de atención ante este trágico suceso, detalló ABI.

Decenas de personas se han acercado al lugar del accidente luego de que corriera el rumor de que el avión siniestrado transportaba dinero, lo que generó una situación caótica entre los presentes. Según reportó la agencia boliviana de noticias ABI, este hecho hizo que los servicios de seguridad desplegaran agentes químicos para dispersar a la multitud, mientras la escena permanecía resguardada por las autoridades.

De acuerdo con ABI, la tarde de este viernes ocurrió la caída de una aeronave militar modelo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que durante maniobras de aproximación y aterrizaje se desplomó sobre el Puente Bolivia, próximo al Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Tal como informó la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a través de un comunicado, hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de al menos 15 personas y se han registrado varios vehículos destrozados. Entre los automóviles afectados figuran furgonetas privadas, minibuses y un tráiler, que se encontraban en la zona al momento del impacto.

El cuerpo nacional de Bomberos detalló la existencia de heridos, aunque las cifras exactas aún no han sido actualizadas. Las víctimas mortales podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate y se esclarezca la situación. Según consignó el medio ABI, las autoridades han implementado los protocolos de emergencia y coordinado la atención de los afectados en el área, que resultó seriamente comprometida tras el accidente.

La Fuerza Aérea Boliviana comunicó que, por expresa disposición del Comando General, se estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), encargada de esclarecer las causas del siniestro, de acuerdo con lo establecido en el ‘Manual MAPO-3’. “La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada”, señaló la FAB en su informe. Como parte del procedimiento, se recopilan datos técnicos y testimonios de quienes se encontraban en las inmediaciones, mientras las labores de investigación avanzan bajo estricta vigilancia.

El accidente ocurrió en una zona concurrida por el tráfico vehicular y peatones, lo que incrementó el número de víctimas y daños materiales. El medio ABI reportó que la caída de la aeronave militar provocó la destrucción de varios vehículos civiles y comerciales que transitaban por el Puente Bolivia al momento del impacto. Además, el accidente generó caos entre la población local, lo que dificultó en un primer momento el acceso de las autoridades y los equipos de emergencia al sitio del siniestro.

Información preliminar recogida por ABI apunta a que, debido a la creencia de que la aeronave transportaba sumas de dinero, personas se aglomeraron alrededor del lugar del accidente. Esta afluencia masiva llevó a que las fuerzas de seguridad recurrieran al uso de agentes químicos para controlar la cantidad de ciudadanos que pretendían recoger billetes esparcidos en el área.

El suceso fue atendido por bomberos, policías y personal de emergencia, quienes trabajaron en la remoción de escombros y la atención de heridos. El operativo incluyó el cierre de varias vías cercanas al aeropuerto para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos especializados. Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias, en coordinación con instancias nacionales, mantienen la zona resguardada y han intensificado la investigación sobre la secuencia de eventos que desembocó en el accidente.

La FAB reiteró que continuará actualizando a la opinión pública a medida que se disponga de datos verificados sobre las víctimas, el estado de los heridos, la naturaleza de la carga transportada y los factores que podrían haber contribuido a la tragedia aérea. De acuerdo con la información recabada por ABI, los familiares de las víctimas comenzaron a concentrarse en las proximidades del aeropuerto y centros médicos para recabar información sobre sus allegados.

El accidente del Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos representa uno de los incidentes aéreos de mayor gravedad reciente en la región. Las autoridades intensifican el análisis de los restos del avión y las grabaciones de control aéreo, considerando a la vez los testimonios de pilotos y testigos que presenciaron la aproximación y posterior caída de la aeronave.

El despliegue de recursos y la intervención de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos reflejan la prioridad institucional de esclarecer los hechos y prevenir sucesos similares en el futuro, según manifestó la Fuerza Aérea Boliviana en su comunicado oficial. Por el momento, la zona permanece acordonada, mientras los especialistas recopilan elementos probatorios y dictaminan el estado de los equipos afectados.

La decisión del gobierno boliviano surge tras una conversación entre Fernando Aramayo, titular de la Cancillería boliviana, y Naser Burita, ministro de Exteriores de Marruecos, en la que ambas partes consensuaron abrir una nueva etapa de colaboración bilateral guiada por los principios de igualdad soberana, cooperación constructiva y respeto mutuo. Según informó Europa Press, Bolivia determinó suspender toda comunicación oficial y los lazos diplomáticos con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad que no figura como Estado miembro de Naciones Unidas.

De acuerdo con el comunicado conjunto difundido por las carteras de Exteriores de Bolivia y Marruecos, la revisión de la política internacional boliviana responde a una apuesta por refundar los vínculos estratégicos con el gobierno marroquí. Esta nueva hoja de ruta contempla el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas con Marruecos, la apertura de misiones diplomáticas residentes tanto en La Paz como en Rabat y el fortalecimiento del diálogo político, comercial y técnico.

El Ministerio de Exteriores de Bolivia expresó que el país andino mantiene su compromiso con el multilateralismo y los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como la resolución pacífica de disputas y la autodeterminación de los pueblos, respetando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Al suspender los vínculos diplomáticos con la RASD, Bolivia alegó actuar en estricto apego a los marcos del Derecho Internacional y subrayó su derecho soberano a diversificar asociaciones técnicas, tecnológicas, comerciales y económicas bajo criterios de complementariedad, siempre que estos sean compatibles con la integridad territorial e igualdad soberana del Estado.

Según publicó Europa Press, Bolivia y Marruecos acordaron avanzar en la estructuración de una agenda bilateral dirigida a promover el intercambio político y el comercio, junto con una cooperación ampliada en sectores como agricultura, seguridad alimentaria, suministro de fertilizantes, materias relacionadas con la seguridad y otros ámbitos técnicos que ambas naciones consideran prioritarios.

Europa Press destacó que Bolivia otorgó su reconocimiento formal a la República Árabe Saharaui Democrática el 14 de diciembre de 1982, poco después del inicio del mandato presidencial de Hernán Siles Zuazo, quien asumió tras el retorno de la democracia en ese país. Este reconocimiento ocurrió en un contexto político marcado por la recuperación democrática tras la dictadura presidida por Luis García Meza en 1980.

Durante las últimas décadas, el Frente Polisario, administración de la RASD, sufrió retrocesos diplomáticos ligados al cambio de postura de varios países que pasaron a respaldar el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. Según consigna Europa Press, España se encuentra entre las naciones que apoyan esta iniciativa, opuesta frontalmente por el Frente Polisario, que exige la descolonización del territorio y sostiene el derecho a la independencia saharaui.

El territorio del Sáhara Occidental, antigua colonia africana bajo administración española, fue objeto de ocupación marroquí en 1975. Marruecos instaló entonces su presencia militar y administrativa tras la retirada española, acción resistida militarmente por el Frente Polisario. El conflicto armado entre Marruecos y el Polisario persistió hasta 1991, momento en que las partes firmaron un alto el fuego bajo auspicio de la ONU y convinieron la organización de un referéndum de autodeterminación, referéndum que nunca se llegó a celebrar debido a desacuerdos sobre el proceso de censo y la posible participación de los colonos de origen marroquí en ese escrutinio, apuntó Europa Press.

La ruptura de relaciones oficiales entre Bolivia y la RASD se suma a un contexto internacional donde el tema del Sáhara Occidental mantiene vigencia en foros multilaterales y motiva decisiones diplomáticas en varios países latinoamericanos y europeos. Según detalló Europa Press, Bolivia reiteró en su comunicado la prerrogativa soberana de estructurar reglamentos y alianzas estratégicas conforme a sus intereses nacionales y el contexto internacional, agregando que toda nueva asociación deberá ajustarse a los principios constitucionales del Estado boliviano y el respeto a la legalidad internacional.

El desarrollo de una nueva fase de colaboración con el gobierno de Rabat implica la puesta en marcha de canales de coordinación permanente para impulsar proyectos conjuntos, incluido el intercambio de información técnica en ámbitos agrícolas y de seguridad, el fomento de la inversión y el comercio bilateral, así como la intensificación del diálogo político a alto nivel. Bolivia y Marruecos manifestaron la disposición de avanzar en el establecimiento de agendas de cooperación en sectores estratégicos compartidos.

La reciente iniciativa diplomática boliviana representa un nuevo posicionamiento dentro del debate internacional sobre el Sáhara Occidental y recalca la voluntad del gobierno del país sudamericano de reformular activos vínculos geoestratégicos y comerciales en la región del norte de África, según remarcó Europa Press.

Algunas tiendas de conveniencia en el Estado de México han sido atacadas la tarde de este domingo 22 de febrero, como lo es el caso de dos establecimientos en Los Reyes, en La Paz en la entidad mexiquense.

En redes sociales oficiales reportaron que dos establecimientos fueron incendiados.

Cabe destacar que esto sucede posterior a haberse reportado y confirmado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder de El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior ha provocado diferentes hechos de violencia en el país, como bloqueos por parte de grupos delictivos, quema de vehículos, así como de establecimientos, principalmente en Jalisco, lugar donde se llevó a cabo el operativo contra el CJNG la mañana de este domingo 22 de febrero y donde su líder murió al ser trasladado para recibir atención médica a la Ciudad de México vía aérea.

Los actos de violencia como la quema de establecimientos, mencionada anteriormente, han llegado hasta el Estado de México, donde se reportaron dos incendios en tiendas de autoservicio.

Movilización de servicios de emergencia por incendio a dos tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Servicios de emergencia y seguridad locales y municipales se trasladaron a las tiendas de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México.

Testigos indicaron que un grupo de sujetos, cuya identidad no ha sido revelada, provocó los incendios.

Autoridades locales reportaron que ninguna persona resultó lesionada o murió tras los ataques a ambos establecimientos.

Hechos ocurridos en tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Medios de comunicación reportaron que el primer incendio ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia Magdalena de los Reyes, en la esquina de Avenida Texcoco y Calle Vicente Guerrero.

Vecinos señalaron que no hay reporte de daños en el inmueble tras el ataque ocurrido, ya que los cuerpos de emergencia llegaron rápido al lugar.

Posteriormente, minutos después se dio el aviso del segundo ataque contra una tienda en Avenida Texcoco, entre las calles Trinidad y De las Casas, de la misma colonia.

A comparación de la otra tienda, el fuego tuvo un mayor impacto, pero los bomberos locales evitaron su propagación antes de que se extendiera.

Hasta el momento se desconoce el motivo principal del ataque, aunque testimonios y vecinos señalaron que podrían ser estos actos violentos como una respuesta por la detención de ‘El Mencho’ ocurrida la tarde de este domingo 22 de febrero.

¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos.

Su nombre se asoció con altos niveles de violencia y crimen organizado.

• Lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más poderosas del país.
• Bajo su mando, el cártel expandió operaciones de tráfico de drogas y extorsión.
• Su captura fue prioritaria para las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“La gente está apática. Le hablás de política y te miran como si fueras un testigo de Jehová”, describió uno de los candidatos que competirá en la elección de este domingo en Mendoza. Sólo seis departamentos renovarán sus Concejos Deliberantes en un contexto complejo para el peronismo, que competirá dividido, pero con expectativas en el oficialismo provincial, donde el gobernador Alfredo Cornejo tendrá la posibilidad de revalidar su alianza con La Libertad Avanza. En paralelo, hay controversia por el avance de la autonomía municipal en San Rafael: allí se elegirán convencionales para redactar la Carta Orgánica, aunque un fallo de la Corte estableció que su implementación podrá concretarse recién dentro de los próximos dos años. “No tiene sentido”, protestan algunos dirigentes.

Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael son los departamentos que tendrán elecciones este domingo. En el entorno de Cornejo adelantaron a Infobae que existe “una alta expectativa” en Luján de Cuyo, luego de que el intendente del PRO, Esteban Allasino, anunciara su incorporación a la coalición Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza. Se trata de la alianza que impulsó el gobernador en 2025, que le garantizó un triunfo provincial y consolidó su vínculo con la Casa Rosada.

En la Gobernación buscan bajarle el tono a las repercusiones que puedan tener los resultados. “Son elecciones municipales”, repiten y evitan cualquier intento de nacionalización. También remarcan que el desdoblamiento decidido por los intendentes responde a “la clásica estrategia” para hacer valer las estructuras oficialistas. No es un dato menor que se espera una baja participación en medio de un clima de apatía política.

En San Rafael anticipan una competencia ajustada frente al histórico peronismo de los hermanos Félix. En el oficialismo provincial aseguran que el escenario en Maipú también aparece favorable. Aunque la elección no define cargos ejecutivos ni provinciales, el resultado será leído en clave 2027. Mendoza es la única provincia que no permite la reelección del gobernador y Cornejo muestra intención de participar en las discusiones estratégicas de la UCR a nivel nacional.

De hecho, Cornejo tiene una pata puesta en el armado de Córdoba donde, además de su aliada Soledad Carrizo, apoya a Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador dentro de una alianza con La Libertad Avanza. Tal es la influencia del radical mendocino en el armado nacional que el propio De Loredo lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo.

El peronismo, en cambio, atraviesa una fuerte interna entre el sector referenciado en La Cámpora y los alineados con los intendentes del PJ. Como consecuencia, en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo irán en listas separadas, lo que podría favorecer a los armados opositores. “Se la pasan diciendo que los votos son de ellos”, dijo desafiante a este medio un dirigente cercano a Anabel Fernández Sagasti, molesto por la postura de los jefes comunales.

La autonomía de San Rafael

Además de concejales, este domingo San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El movimiento autonomista responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. También aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas —como la remoción de un árbol en malas condiciones— hasta obras menores requieren trámites en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo.

A la resistencia opositora se sumó una denuncia del legislador José Luis Ramón, quien presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en ese departamento por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.

La decisión del máximo tribunal generó confusión y extendió el proceso: la elección de convencionales se realizará y los elegidos redactarán la nueva Carta Orgánica, pero el texto recién entrará en vigencia si es aprobado en un referéndum que se realizará dentro de dos años. “Es un papelón”, sostienen quienes se oponen a la autonomía municipal.

“Los Félix acuerdan con Ramón una nueva elección y más gasto político para los sanrafaelinos, por la farsa de la autonomía municipal”, denunció Leonardo Yapur, concejal de la UCR. También señaló que se trató de una estrategia del intendente para ubicar a su hermano como cabeza de lista y conformar una nómina más competitiva.

El evento, iniciado al mediodía, congregó más de sesenta fraternidades que interpretaron ritmos tradicionales ataviados con trajes multicolores, junto a bandas de músicos que acompañaron el recorrido. Tal como informó EFE, la muestra musical integró bailes originarios de las comunidades andinas, como el tinku, ch’utas, cueca paceña y llamerada, sumados a propuestas propias de los valles bolivianos, representadas por la moseñada y la chacarera, y también de las tierras bajas, con la presencia del taquirari.

La diversidad quedó evidenciada en la variedad de estilos y orígenes de las danzas. El tinku, característico de la región norte del departamento de Potosí y cuyo nombre significa “encuentro” en quechua, se distinguió por la simulación de combates entre bailarines. Entre las danzas de más reciente incorporación destacó el salay, de los valles bolivianos, que, de acuerdo con EFE, se reconoció por los ágiles movimientos y saltos realizados por mujeres y hombres. En contraste, la tradicional tarqueada de las provincias aimaras hizo uso de instrumentos de viento tallados en madera.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, explicó a EFE que en esta edición del Jisk’a Anata participaron más de 65 fraternidades, presentando una amplia gama de expresiones dancísticas que abarcan desde manifestaciones ancestrales hasta creaciones actuales propias de distintas regiones bolivianas. La integración de pasado y presente constituyó uno de los principales atractivos del evento, al igual que la presencia de figuras emblemáticas como el pepino, arlequín andino conocido por su vestimenta bicolor y máscara puntiaguda, quien interpreta un papel juguetón brincando y cantando con falsete agudo.

La figura del ch’uta, relacionada con los orígenes de las haciendas en la fundación del país en el siglo XIX, apareció tanto en su versión urbana, con ropa amplia y sombrero, como en su manifestación rural, caracterizada por gorro tejido y vestimenta ajustada parecida a la del torero español. EFE consignó que la tradicional chola paceña acompañó este despliegue, vestida con polleras largas y enaguas, adornada con joyas y el clásico sombrero bombín, mientras que las mujeres, en la interpretación de la chacarera, utilizaron faldas hasta el tobillo y los hombres lucieron chaquetas, sombreros de ala ancha y pañuelos, elementos distintivos de los antiguos carnavales del siglo XIX.

María Antonieta Toro manifestó a EFE su motivación de mantener vivas las tradiciones: “Queremos representar y reanimar el (carnaval de) antaño para que no se pierda (…) tenemos que ir cultivando en la juventud que nuestras tradiciones jamás se pierdan”. Toro expresó que desde niña quiso vestir los trajes de época y finalmente pudo cumplir ese deseo participando en el festejo.

La celebración del Jisk’a Anata se inscribe dentro del ciclo de carnavales que cada año se repiten en diversas regiones de Bolivia, distinguiéndose en La Paz por su énfasis en la integración de expresiones urbanas y rurales. No obstante, el Carnaval de Oruro, realizado el sábado y declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2001, figura como la máxima expresión del folclore boliviano, según reportó EFE. El ciclo festivo continúa el martes con la tradicional Ch’alla, un ritual en el que los bolivianos agradecen a la Madre Tierra esparciendo bebidas alcohólicas sobre la tierra y adornando viviendas y automóviles con serpentinas y globos.

La conjunción de tradiciones antiguas y tendencias actuales, reflejada en la participación de fraternidades con propuestas coreográficas y musicales diversas, se reitera año con año en el Jisk’a Anata, reafirmando la permanencia de costumbres que conforman la identidad cultural del país, reportó la agencia EFE.

Dos agentes de la División de Tránsito del departamento de La Paz fueron destituidos tras protagonizar un procedimiento violento durante la intervención a un conductor que trasladaba pasajeros sin los permisos requeridos.

De acuerdo con la información oficial, los policías identificados como Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante participaron en el operativo y, al percatarse de que un hombre registraba la escena con su dispositivo móvil, actuaron contra él con uso de la fuerza.

Testigos del incidente señalaron que ambos agentes derribaron al ciudadano, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con una lesión para la víctima. El afectado fue hospitalizado y permanece estable bajo atención médica. Según la denuncia formal presentada ante las autoridades, el procedimiento policial incluyó el retiro de las placas del vehículo intervenido y una reacción violenta hacia quien grababa la actuación.

La Policía Nacional Civil (PNC) comunicó que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de la población ni el incumplimiento de los protocolos institucionales. En un mensaje institucional, la PNC confirmó que los agentes implicados fueron separados de sus cargos y enfrentarán un proceso disciplinario y judicial conforme a la normativa vigente.

En palabras del posteo en X: “No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos”.

La intervención y posterior destitución de los agentes en La Paz son casos en los que la Policía Nacional Civil se ha visto obligada a actuar ante denuncias de excesos en procedimientos operativos. La víctima recibe atención médica y la institución asegura el cumplimiento de los debidos procesos administrativos y judiciales.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 327 del código penal establece que el abuso de autoridad en El Salvador constituye un delito atribuido a funcionarios o empleados públicos que utilizan su cargo para realizar actos arbitrarios. Las sanciones varían según la gravedad de la conducta y pueden incluir penas de prisión superiores a dos años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Cuando el abuso de autoridad se relaciona con cohecho, es decir, cuando el funcionario exige dinero u otros beneficios ilícitos, las penas de prisión se sitúan entre 6 y 9 años, además de la inhabilitación especial. En casos de fraude en contrataciones, como facilitar el ingreso de familiares o terceros mediante procedimientos irregulares, las penas oscilan entre 12 y 15 años de prisión.

Las personas condenadas por estos delitos también enfrentan la pérdida del cargo, la inhabilitación para obtener empleos públicos y la suspensión de derechos profesionales. Las reformas recientes en la legislación salvadoreña han endurecido las penas para delitos de corrupción y abuso de funciones con el objetivo de fortalecer la integridad en la administración pública.

Otros casos

Otro caso que, aunque no es reciente, en el que las autoridades salvadoreñas reportaron la detención de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) implicados en abusos de autoridad, extorsión y delitos patrimoniales, fue el ocurrido en julio de 2025 en Usulután Este.

El sargento Esaú Robles y el cabo Jeremías Trejo, asignados a ese distrito, fueron detenidos por presuntamente solicitar pagos ilegales a taxistas a cambio de permitirles trabajar sin los permisos requeridos.

El caso fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), que inició un proceso penal por extorsión.

También, entre agosto de 2024 y 2025, las autoridades desarticularon una red dentro de la PNC dedicada al hurto de piezas y repuestos de vehículos institucionales.

El operativo culminó con la detención de un subinspector y otros cinco individuos vinculados a la sustracción y venta de autopartes destinadas a patrullas policiales. Las investigaciones siguen abiertas para establecer el destino de los bienes sustraídos.

La AVCCI y la Embajada de España en Bolivia ratificaron su cooperación para impulsar la Tapatón, una campaña de recolección y venta de tapas plásticas que busca recaudar fondos para asistir a familias de niños y jóvenes con diagnóstico oncológico en el país sudamericano, según consignó EFE. Esta alianza, afirmaron los organizadores, se consolidó con miras al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, programado para el 15 de febrero.

En declaraciones recogidas por la agencia, el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, relató que tuvo conocimiento de la campaña a poco de su llegada al país en 2024 y desde entonces mantuvo el respaldo institucional a la iniciativa. “Es una iniciativa tan solidaria, tan humana y con tan buenos resultados que nos sentimos muy honrados de colaborar con ella”, expresó García Casas a EFE. El embajador enfatizó la importancia de que la sociedad boliviana esté informada sobre el inicio de la nueva edición de la Tapatón y de la necesidad de recolectar la mayor cantidad posible de tapas para colaborar en el proyecto.

Ana Carola Torres, fundadora y presidenta de AVCCI, comunicó a EFE su satisfacción por el respaldo recibido de diversas instituciones y representantes diplomáticos en la lucha contra el cáncer infantil. Señaló especialmente la implicación personal del embajador al sumarse a la campaña. Torres detalló que la asociación apoya a un importante número de menores, entre quienes figura un grupo de sobrevivientes. Uno de ellos, Leonel Nicolás López, narró a EFE que le diagnosticaron leucemia y logró superarla gracias al apoyo de su familia, el equipo médico y la AVCCI. En sus palabras, “a los niños que me estén viendo les digo que siempre tengan fe en Dios y que nunca se rindan. La leucemia se vence teniendo voluntad, el apoyo de tus papás, de toda tu familia, se puede vencer el cáncer”.

Durante el evento en La Paz, los asistentes encendieron velas como símbolo de esperanza para quienes viven con cáncer, particularmente los menores, y entregaron reconocimientos a las instituciones y empresas aliadas de la campaña. EFE precisó que la AVCCI, creada en 2012 como organización sin fines de lucro, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, proporcionando apoyo en la compra de medicamentos, la realización de estudios médicos y la contribución al cumplimiento de sueños de pacientes terminales.

La campaña Tapatón constituye una de las principales estrategias de recaudación de la entidad. EFE detalló que la iniciativa opera mediante la recolección de tapas plásticas en cajas identificadas con el logotipo de la campaña, ubicadas en puntos estratégicos de acopio. Posteriormente, las tapas se comercializan a través de un convenio con la empresa recicladora Empacar, permitiendo a la AVCCI obtener fondos para sus diversas líneas de apoyo.

Según datos suministrados por la organización y reportados por EFE, la edición Tapatón del Bicentenario, llevada a cabo en 2025, permitió recolectar 26,5 toneladas de tapas plásticas en cinco de las nueve regiones de Bolivia. Estos recursos se destinaron íntegramente a la compra de insumos médicos y la cobertura de necesidades de niños y jóvenes pacientes oncológicos.

La campaña, que cuenta con el respaldo oficial de la Embajada de España y de otras instituciones, continuará en el país para favorecer a más familias y fortalecer los mecanismos de ayuda a menores que enfrentan el cáncer. EFE destacó la relevancia de la colaboración internacional en la lucha contra la enfermedad y el esfuerzo colectivo demostrado en el acto de lanzamiento de la nueva edición de la Tapatón.