El municipio de La Paz, Baja California, avanza en la implementación de una estrategia de seguridad que articula dos frentes: el fortalecimiento de la Policía Municipal y la intervención en el tejido social a través de programas comunitarios. El objetivo, de acuerdo con autoridades locales, es atender no solo los efectos de la violencia, sino sus causas estructurales.

En este contexto, la alcaldesa Milena Quiroga Romero destacó que uno de los pilares del modelo es la prevención, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Como parte de esta política, se han consolidado 128 espacios comunitarios conocidos como “Impulso”, donde más de 26 mil menores participan en actividades deportivas y culturales sin costo.

Estos espacios buscan generar entornos seguros y ofrecer alternativas de desarrollo en zonas donde históricamente han existido condiciones de vulnerabilidad. La lógica detrás de esta intervención es reducir factores de riesgo asociados a la violencia mediante el acceso a actividades formativas y de convivencia.

A la par de estas acciones, el gobierno municipal ha impulsado la recuperación de espacios públicos. Más de 60 parques y áreas recreativas han sido rehabilitados en distintas colonias y delegaciones, con el propósito de devolverlos a la ciudadanía y fomentar la cohesión social.

La recuperación de estos lugares también responde a una estrategia de ocupación del espacio público como mecanismo de prevención del delito.

Incremento de capacidades operativas y atención a violencia de género

En el ámbito operativo, la estrategia contempla un fortalecimiento significativo de la Policía Municipal. Entre las acciones implementadas se encuentra la incorporación de 40 nuevas patrullas, así como 154 elementos adicionales que se integran a las labores de vigilancia.

Asimismo, se han puesto en operación 11 Unidades Violeta, enfocadas en la atención de casos de violencia de género. Estas unidades forman parte de un esquema más amplio que incluye la llamada Mesa Violeta, mediante la cual se ha brindado acompañamiento a más de 4,700 mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Otro componente relevante es la mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad. De acuerdo con datos oficiales, 828 policías han recibido incrementos salariales de hasta 43 por ciento, además de equipamiento, armamento y uniformes. Esta medida busca incidir en la profesionalización del cuerpo policial y en la percepción ciudadana sobre su desempeño.

Coordinación institucional y retos pendientes

Las autoridades municipales han señalado que los avances en materia de seguridad son resultado de la coordinación con instancias estatales y federales, lo que ha permitido fortalecer las capacidades locales.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el impacto de este tipo de estrategias suele observarse a mediano y largo plazo, especialmente en lo relacionado con la prevención social.

El modelo implementado en La Paz, Baja California, se inserta en una tendencia más amplia en políticas de seguridad en México, que apuesta por intervenciones integrales.

No obstante, el reto principal sigue siendo la sostenibilidad de las acciones, la evaluación de resultados y la capacidad de adaptación frente a dinámicas delictivas cambiantes.

En este escenario, La Paz se posiciona como un caso en seguimiento, donde la combinación de más patrullas, fortalecimiento institucional y espacios comunitarios busca sentar las bases de una estrategia de seguridad con enfoque mixto, aún en proceso de consolidación.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) logró la detención de Manuel “N”, alias “El Loquera”, señalado como presunto feminicida de la joven Dayra Michell en la entidad. La captura ocurrió tras un operativo coordinado en la comunidad de San Juan de Los Planes, donde el acusado permanecía oculto.

El aseguramiento ocurrió la mañana de este 15 de abril, seis días después del feminicidio realizado en el poblado de Los Planes.

Manuel “N” fue atrapado mientras huía entre el monte, según el comunicado oficial. Elementos de la Policía Municipal de La Paz y la Dirección General de Seguridad Pública atendieron el reporte, corroboraron la identidad y realizaron el aseguramiento inmediato.

“El Loquera” fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según un comunicado emitido por la procuraduría de la entidad, la carpeta de investigación se integró bajo protocolos de perspectiva de género y con los elementos de prueba recabados.

Manuel “N” será presentado en las próximas horas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso.

Esto se sabe sobre el caso, según reportes previos de este medio

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la víctima, Dayra Michell Geraldo Mendoza tenía 18 años y fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 9 de abril en el poblado Los Planes, perteneciente al municipio de La Paz. Según la ficha oficial de su búsqueda, vestía una falda blanca, blusa color pistache y tenía tatuajes de mariposa y Hello Kitty.

La noche de ese mismo día, alrededor de las 22:25 horas, autoridades estatales recibieron el aviso sobre un cuerpo femenino sin vida dentro de una vivienda en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro.

El cuerpo de la joven presentaba huellas visibles de violencia.

Según la cobertura de Infobae México, Manuel “N” alias “El Lokera” fue identificado como empleador de la la Dayra. Además, los reportes extraoficiales señalaron que el hombre había fallecido, lo cual fue desmentido tras su captura.

La casa donde fue localizado el cuerpo de la víctima pertenecería a Manuel “N”, hecho que las autoridades habrían utilizado para realizar su captura.

En redes sociales ha circulado una supuesta imagen del detenido en la que porta una camisa de cuadros blanca con líneas negras y un sombrero de paja, sin embargo, la veracidad de esa imagen no ha sido confirmada por las autoridades. El material que circula tiene baja calidad y se trataría de una fotografía directa a la pantalla de un celular. Diversos medios de comunicación han utilizado como referencia a “El Lokera” esa misma foto pero retocada con inteligencia artificial.

Fue quemada la casa de El Loquera, reportan medios locales y la PGJE

El pasado 12 de abril, medios locales como El Gato Naranja reportaron un incendio en la vivienda de “El Loquera” en el poblado de Los Planes, mismo lugar donde habría sido asesinada la joven.

Tras los hechos, este 15 de abril el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodrigues, confirmó el hecho en entrevista con medios y señaló que que el siniestro ocurrió alrededor de las tres y media de la madrugada.

El servidor público agregó que cuerpos de auxilio y seguridad acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del domicilio vinculado a la investigación por feminicidio.

López Rodrigues indicó que la autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente.

“Se está trabajando para poder establecer si se trata de un incendio doloso, que alguien pudo haberlo hecho dolosamente con alguna intención o simplemente se trató de un accidente”, señaló.

Por último, el funcionario precisó que el lugar ya había sido procesado por Servicios Periciales, quienes aseguraron los indicios necesarios para la investigación.

Una joven identificada como Dayra Michell Geraldo Mendoza, de 18 años, es localizada sin vida en el municipio de La Paz, Baja California Sur, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur investiga el caso con el protocolo de feminicidio por las señas de violencia halladas en el cuerpo, mientras peritos y agentes ministeriales trabajan en la recolección de pruebas para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo fue hallado con signos de violencia

La noche del jueves 9 de abril, aproximadamente a las 22:25 horas, las autoridades estatales reciben el aviso sobre la presencia de un cuerpo femenino sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la comunidad de San Juan de los Planes, en las afueras de la capital. Elementos de seguridad y peritos de la Dirección de Investigación Criminal llegan al lugar y confirman que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

La escena es inmediatamente asegurada y procesada conforme a los protocolos de investigación de feminicidio, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio. La identificación preliminar establece que se trata de Dayra Michell, quien había sido reportada como desaparecida horas antes y cuya búsqueda ya se había difundido mediante una cédula del Protocolo Alba.

El mismo día que se activa la alerta por desaparición, la joven es localizada sin vida. El cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa de la muerte.

Peritos y agentes ministeriales analizan la evidencia

Personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal realiza el levantamiento de indicios al interior del domicilio. Estas pruebas serán integradas en la carpeta de investigación para esclarecer el crimen con rigor científico. El proceso incluye la coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, en consonancia con una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, como subrayan las autoridades.

La carpeta de investigación queda abierta bajo el protocolo correspondiente a feminicidio. Las autoridades estatales confirmaron la identidad oficial de la víctima y recaban detalles clave para la investigación.

Horas antes, la búsqueda se había activado oficialmente

La tarde del jueves, la Procuraduría difunde la ficha de búsqueda de Dayra Michell Geraldo Mendoza, donde se describe que la joven había sido vista por última vez ese mismo día en Los Planes, una delegación del municipio de La Paz. La ficha detalla que vestía una falda blanca, blusa color pistache, y contaba con un tatuaje de mariposa y otro de Hello Kitty como señas particulares.

La alerta movilizó a familiares y vecinos; sin embargo, hacia el final de esa noche, la noticia de su hallazgo sin vida confirma el temor de quienes participaron en la búsqueda.

Investigación apunta a presunto feminicida; hallarían cuerpo de su empleador

Medios locales han dado versiones extraoficiales de su embarazo, asimismo la posible implicación de un hombre identificado como Manuel “N”, presunto empleador de Dayra Michell, quien habría sido localizado sin vida poco después del hallazgo de la joven. Según reportes iniciales, su cuerpo es encontrado colgado de un árbol, aunque otras versiones señalan un posible involucramiento de un exnovio como agresor. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre estas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur mantiene en reserva los detalles sobre la identidad y el móvil, mientras continúa el análisis de los indicios recogidos en la escena.

Indicios y protocolos activados para esclarecer el feminicidio en Baja California Sur

El caso de Dayra Michell Geraldo Mendoza forma parte de los expedientes investigados bajo protocolo de feminicidio en el estado, un procedimiento que implica la participación de unidades especializadas y el procesamiento científico de la escena, así como la movilización de recursos para esclarecer los hechos y establecer si existen más personas involucradas.

Las autoridades reiteran su compromiso para dar seguimiento a las líneas de investigación y trabajan en la identificación plena de responsables, sin descartar ninguna hipótesis.

Puntos clave:

• Dayra Michell, joven de 18 años desaparecida, es localizada sin vida con signos de violencia en la colonia Centro de Los Planes, La Paz, Baja California Sur.
• La fiscalía estatal activa protocolos de feminicidio y realiza el procesamiento técnico de la escena; el caso queda abierto bajo esta línea de investigación.
• Reportes iniciales refieren la muerte del presunto empleador de la joven, aunque la autoridad aún no confirma oficialmente responsables ni descarta otras hipótesis.

El silencio no es algo que solía acompañar el nombre de Katherine Michelle Rodríguez Borja. Para quienes la conocieron, su presencia siempre estuvo ligada al ritmo de los tambores, al brillo de las lentejuelas y, por encima de todo, a una sonrisa que parecía no agotarse nunca.

Sin embargo, este pasado 10 de abril, el municipio de Cuyultitán, en el departamento de La Paz, se sumergió en un silencio sepulcral, roto únicamente por el llanto de una comunidad que se reunió para darle el último adiós a una joven de apenas 19 años.

Katherine no era solo una ciudadana más; era el alma de la Banda de Música del Bicentenario. Como destacada cachiporrista, su papel iba más allá de ejecutar coreografías; ella personificaba la alegría de la juventud salvadoreña. En cada desfile, bajo el sol ardiente o frente a las multitudes, Michelle, como le decían de cariño, transformaba el esfuerzo físico en arte, contagiando con su carisma a sus compañeros y al público.

Sin embargo, la “tragedia”, esa visitante inesperada que no entiende de sueños ni de juventudes, tocó a su puerta el pasado 8 de abril. Según los reportes que han circulado y conmovido a las redes sociales, la joven se dirigía a cumplir con su jornada laboral, como lo hacía cada mañana con la responsabilidad que la caracterizaba.

Viajaba en su motocicleta, su medio de transporte cotidiano, cuando el destino le tendió una trampa en el camino. Un accidente vial, de esos que enlutan a diario a las familias salvadoreñas, le provocó un trauma craneoencefálico severo. A pesar de su fortaleza, la gravedad de las lesiones en su cabeza apagaron la luz de sus ojos poco después. Aunque las autoridades aún deben ratificar los detalles oficiales del siniestro, para su familia y amigos la causa técnica es lo de menos frente a la magnitud de la pérdida.

Una despedida entre flores y recuerdos

El velorio en su natal Cuyultitán fue un testimonio del impacto que Katherine dejó en su corto paso por la vida. El blanco de las flores se mezclaba con el luto de los asistentes, muchos de ellos jóvenes, compañeros de la banda y amigos de la infancia que no lograban asimilar cómo la energía desbordante de Michelle se había convertido en un recuerdo.

Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotografías y videos donde se le veía bailando, riendo y disfrutando de su pasión por la música. “Katherine era una joven dulce, de buen corazón, siempre dedicada a lo que amaba”, mencionaba una de las publicaciones más compartidas. No era solo retórica de duelo; era el consenso de una comunidad que la vio crecer y convertirse en un ejemplo de disciplina y alegría.

Incluso las esferas oficiales se hicieron eco del dolor. El Alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, expresó públicamente su pésame, uniéndose al duelo de la Banda Bicentenario.

El legado de la “cachiporrista de la eterna sonrisa”

El día de ayer, 10 de abril, el cortejo fúnebre avanzó hacia el cementerio local de Cuyultitán. Fue una caminata lenta, pesada, donde cada paso parecía querer retrasar lo inevitable: la despedida física. Sus familiares la recordaron como una mujer llena de sueños, una joven que no solo vivía para sí misma, sino que buscaba iluminar el entorno de quienes la rodeaban.

Katherine Michelle Rodríguez Borja dejó huellas imborrables; enseñó que la pasión por lo que uno hace es la mejor forma de ser recordado.

Una nueva amenaza de tiroteo alteró el orden de una escuela, esta vez en Entre Ríos. Según informó la policía local, el representante legal del Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10 presentó una denuncia luego de que las autoridades del establecimiento educativo hallaran una pintada en un baño prometiendo un “tiroteo”. Además, el colegio recibió dos correos electrónicos con mensajes intimidatorios. La principal sospechosa de ser la autora es una alumna de 16 años.

Tal como se observa en imágenes difundidas, en el baño femenino del colegio, ubicado en la calle Belgrano al 900 de la localidad de La Paz, alguien escribió “10/04/26 tiroteo!”. Poco después, llegaron mensajes en el mismo tono vía e-mail, enviados desde dos direcciones diferentes.

Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con la División Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones, inició tareas de análisis y rastreo digital. Fue así como se logró vincular uno de esos correos electrónicos con una alumna de 16 años, estudiante de sexto año.

Con intervención de la Unidad Fiscal, se llevó a cabo un operativo preventivo en la escuela, donde se pudo identificar a la menor involucrada. Con las presencias de su madre, la defensora oficial y autoridades escolares, se la requisó. Le secuestraron un teléfono celular, el cual será peritado para intentar demostrar su participación en los hechos, como así también si hubo otras personas intervinientes.

También allanaron la casa de la chica, donde se secuestraron otro teléfono celular y una notebook que también serán peritados.

En el operativo intervinieron además personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, División Operaciones y Seguridad Pública, quienes realizan recorridas preventivas diarias en establecimientos educativos de la zona.

La policía informó que se les solicitó una reunión a la Departamental de Escuelas y a otros organismos “con el objetivo de fortalecer herramientas de detección temprana, prevención de riesgos y generación de canales de comunicación institucional, promoviendo además valores de convivencia en el ámbito escolar”.

Desde el pasado 30 de marzo, cuando un adolescente de 15 años ingresó armado a su escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, se sucedieron varios episodios en distintas escuelas del país, con alumnos que fueron a sus colegios armados y amenazas por distintas vías.

Por ese episodio en Santa Fe, están detenidos el autor del ataque y otro chico, de 16 años, a quien se lo imputó por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, todo en concurso real —es decir, que se le atribuyen varios delitos juntos-. Todo ello, como partícipe secundario del crimen.

Las autoridades confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine y contaron que llegaron a su “cómplice” tras el peritaje del celular del asesino.

Esta semana, un chico de 15 fue allanado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los iba “a matar a todos los del curso, menos a los nuevos”.

El 7 de abril, un estudiante de 17 años fue reducido en San Miguel de Tucumán tras ser hallado en plena clase portando un revólver cargado con seis balas. El incidente, ocurrido durante una lección de Biología, condujo a la activación inmediata de un operativo especial de seguridad en la zona y fortaleció la respuesta del gobierno provincial ante episodios recientes de violencia escolar.

Este viernes también se dio a conocer que un adolescente de 14 años generó un momento de tensión en el Colegio Estación Limay de Cipolletti, Rio Negro, al amenazar con matar a sus compañeros durante una clase. El episodio desencadenó la intervención de la Policía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el establecimiento se llenó de padres intentando retirar a sus hijos.

En La Paz, Baja California, el acceso al agua potable se ha convertido en uno de los problemas más urgentes para la población. Las condiciones climáticas propias de la región, caracterizadas por la baja disponibilidad de recursos hídricos, sumadas al crecimiento urbano acelerado, han generado una presión constante sobre el sistema de abastecimiento.

Ante este escenario, la administración encabezada por Milena Paola Quiroga Romero ha planteado una estrategia que combina infraestructura, monitoreo en tiempo real y planeación técnica, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua.

Tecnología para monitorear el agua: el “C4 hídrico”

Uno de los ejes centrales de esta política pública es la implementación del llamado “C4 del agua”, un centro de monitoreo que permite supervisar en tiempo real la operación de la red hidráulica.

A través de esta herramienta, el gobierno municipal puede detectar fugas, identificar fallas en el sistema e incluso ubicar irregularidades en el consumo. Este modelo busca optimizar la toma de decisiones operativas y reducir pérdidas, uno de los principales problemas en la distribución del agua en zonas urbanas.

El uso de tecnología aplicada al manejo del recurso hídrico representa un cambio en la forma de administrar el sistema, al pasar de esquemas reactivos a una gestión basada en datos.

Sectorización y medición: claves para mejorar el servicio

Además del monitoreo digital, la estrategia contempla la sectorización de la red hidráulica. Este proceso consiste en dividir el sistema en distintas zonas para controlar de manera más eficiente la distribución del agua.

La instalación de medidores también forma parte de este plan, ya que permite conocer con mayor precisión el consumo real y detectar anomalías. Ambas acciones buscan reducir fugas, mejorar la presión del servicio y garantizar una distribución más equitativa.

De manera paralela, se han impulsado trabajos de rehabilitación de infraestructura existente, con el fin de modernizar tuberías y sistemas que, en muchos casos, presentan deterioro por antigüedad.

Presa El Novillo: apuesta a mediano plazo

Dentro de los proyectos estratégicos, destaca la presa El Novillo, concebida como una alternativa para incrementar la disponibilidad de agua en el municipio.

Este tipo de obras busca complementar las acciones operativas con soluciones de mayor alcance, orientadas a garantizar el abastecimiento en el mediano y largo plazo. La construcción de nueva infraestructura resulta clave en un contexto donde la demanda supera la capacidad actual del sistema.

Un enfoque técnico para un problema urbano complejo

El perfil de Milena Paola Quiroga Romero, con formación en ingeniería civil, ha influido en la manera en que se aborda la problemática del agua. Su gestión se caracteriza por priorizar la planeación, el uso de información operativa y la continuidad de proyectos.

En conjunto, las acciones implementadas reflejan un enfoque técnico-administrativo orientado a mejorar la eficiencia del sistema hidráulico en La Paz.

Aunque los resultados dependerán de factores como la disponibilidad natural del recurso y el crecimiento urbano, la estrategia busca sentar bases para enfrentar una crisis que, lejos de ser coyuntural, forma parte de los retos estructurales de la ciudad.

La tensión por la suspensión del balotaje para elegir gobernador de La Paz se mantiene en Bolivia. Este miércoles, sectores sociales realizarán una marcha hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que se realice la segunda vuelta electoral, luego de que uno de los partidos contendientes renunciara a participar en la votación por discrepancias con su candidato.

Los dos aspirantes más votados el pasado 22 de marzo fueron Luis Revilla, de la alianza Patria que lidera el presidente Rodrigo Paz, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP). El primero obtuvo 20% de los votos y el segundo 9,1%, cifras que los llevarían a disputar la segunda vuelta el 19 de abril porque ninguno obtuvo más del 50% ni más del 40% con diez puntos de ventaja sobre el segundo.

Sin embargo, NGP —un partido que obtuvo reconocimiento legal en 2024 y que pertenece a un migrante boliviano en Estados Unidos— presentó un memorial ante el Órgano Electoral declinando su participación en el balotaje por falta de acuerdos con Yahuasi. El TSE aceptó la renuncia y en cumplimiento rígido de la ley electoral anunció que proclamaría ganador a Revilla.

El candidato a gobernador perjudicado por la renuncia del partido sin su consentimiento, anunció acciones legales por lo que considera una violación a sus derechos políticos y a los de la ciudadanía para elegir libremente a su gobernador. “Esperemos que recapaciten y reflexionen para garantizar la segunda vuelta. Esperemos que el Gobierno vele por los derechos de todos los paceños”, manifestó Yahuasi ante los medios locales.

La defensa del aspirante busca dejar sin efecto la declinatoria del partido y restituir el balotaje para la elección de gobernador, al considerar que la determinación asumida por la dirigencia de NGP no cumplió con lo establecido en sus estatutos partidarios.

En paralelo, Yahuasi sostuvo reuniones con sectores sociales y obtuvo el respaldo de distintas organizaciones —como las federaciones de campesinos, mineros y juntas vecinales, entre otras— que se oponen a la decisión del TSE de anular el balotaje. La movilización, a la que han denominado “Marcha por la Democracia”, fue convocada para las 09:00 de este miércoles desde la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, hasta la sede del organismo electoral.

En tanto, el TSE anunció que sancionará a NGP con la anulación de su personería jurídica y se mantiene firme en la posición de suspender el balotaje porque así lo dicta la norma. “En virtud de la declinatoria de la NGP, no puede existir una segunda vuelta en La Paz. Es un problema de la NGP con su candidato, ninguna institución puede intervenir en ese sentido”, afirmó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

Este conflicto, sumado a otros anteriores durante las elecciones nacionales y autonómicas, como inhabilitaciones tardías, cancelaciones polémicas o resoluciones electorales al límite de los plazos, ha abierto el debate sobre el sistema electoral boliviano, su marco normativo y la discrecionalidad con que se aplican las leyes.

“La ley es antidemocrática”, admitió en entrevista con Infobae el presidente del TSE sobre la normativa electoral promulgada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) e informó que hay un proyecto de reforma. Hasta entonces, todas las impugnaciones duermen en un Tribunal Constitucional acéfalo que no puede emitir resoluciones por falta de quórum.

El 19 de abril se realizarán balotajes en Santa Cruz, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Beni, para elegir a los gobernadores.

El nombre de Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz en Baja California Sur, apareció en una narcomanta la mañana de este lunes 6 de abril, donde fue señalada por presunto huachicol de agua y cobro de piso.

De acuerdo con reportes, la manta fue colocada en un puente de la salida norte del municipio, a la altura de Cola de Ballena y frente a la Plaza Galerías.

En el mensaje, la alcaldesa fue señalada por su presunta implicación de dos delitos, además de que lanza una amenaza en su contra para ponerse al “corriente”.

La manta de color blanco, tinta de colores negro y rojo, fue retirada alrededor de las 6:20 horas del mismo día por elementos de la Policía Municipal.

El mensaje decía lo siguiente:

“Milena Quiroga no te agas pend*ja, ni zanta, tu eztas embarradizima en el huachicol de agua y el cobro de piso. Ponte al corriente o zacaremos tus trapitos al sol. BYE BYE (sic)”.

Alcaldesa responde a la colocación de la narcomanta

Luego de que se reportó la presencia del mensaje con señalamientos en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga negó las acusaciones e informó que solicitó que se abriera una carpeta de investigación para dar con los responsables de su colocación.

“Obviamente es falso, ya por ahí platicamos en la Mesa de Seguridad con la representante de la Procuraduría de Justicia del Estado para pedir que se haga la investigación, que se dé con los responsables, porque no se puede estar generando esa desinformación”, detalló a medios de comunicación.

La alcaldesa también dijo que desde antes de tomar su cargo, ha llevado a cabo acciones en favor del agua, por lo que señaló a las mantas como desinformación.

“Por lo que se hace en La Paz sí hay agua, si la cuidamos, sí eliminamos el huachicoleo y estamos monitoreando 24/7 para que no se roben una sola gota de agua a la ciudadanía. Sin decir toda la cantidad de obras que se están haciendo para garantizar el agua de quienes estamos y de quienes van a venir”, afirmó.

¿Quién es Milena Quiroga?

Milena Quiroga fue reelecta como alcaldesa de La Paz el 2 de junio de 2024, lo que la convirtió en la primera mujer en mantenerse en el puesto en dos periodos seguidos.

De manera previa se desempeñó como diputada local en la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur. La funcionaria es Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico de La Paz.

Además de desempeñarse en la política, Quiroga cuenta con experiencia en la docencia y como coordinadora de proyectos en diversas corporaciones, así como en la supervisión de avance de obras de edificación u urbanización.

De acuerdo con su currículum, se desempeñó como calculista de hidrología de febrero de 2008 a marzo de 2009 en HIMEX, donde realizó estudios hidrológicos en campo y oficina, así como en la generación de modelos con programas informáticos.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó la reciente captura de un hombre implicado en un caso de homicidio ocurrido en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este, la noche del sábado 4 de abril. Según comunicado oficial, el incidente tuvo lugar durante un altercado familiar que dejó como saldo a un hombre de 34 años fallecido por lesiones provocadas con un arma blanca.

La Policía identificó al presunto agresor como José Armando Mancia García, de 38 años, detenido tras ser señalado como responsable del ataque. El parte oficial detalló que los hechos iniciaron cuando Mancia García agredió a su esposa, lo que motivó la intervención de la víctima, cuñado del detenido, en auxilio de su hermana. Según la versión policial, en ese momento, el agresor lesionó a su cuñado con un arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades informaron que el arrestado será remitido a disposición de la justicia por el delito de homicidio.

Actualmente las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Los homicidios disminuyeron a mínimos históricos en El Salvador

Los registros oficiales consignados por las autoridades muestran que la violencia letal descendió de forma sostenida desde su punto máximo en 2018 hasta alcanzar, en el periodo 2025-2026, un saldo prácticamente nulo en los primeros días de abril. En ese lapso, la organización policial consignó que la incidencia diaria de homicidios bajó del rango de quince casos a la ausencia total. Esta transformación, según los informes difundidos, se consolidó en forma progresiva: desde 2020, ningún día del mes de abril superó los cinco homicidios, mientras que a partir de 2022 el rango diario se mantuvo entre uno y cero.

Captura de miembro de estructuras criminales acusado de homicidio

En hechos previos a este caso, la Policía Nacional Civil también detalló la captura de Juan Gabriel Láñez Pérez, conocido con los alias Chele, Danger o Popi, identificado como miembro de la estructura criminal MS13. La aprehensión de Láñez Pérez se efectuó en colonia La Confianza, sector de San Miguel Centro, donde se ocultaba tras ser requerido por una orden judicial por homicidio agravado. El detenido cuenta además con antecedentes por hurto y amenazas y, según el comunicado, será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

Imágenes oficiales difundidas por la policía mostraron a Láñez Pérez bajo custodio policial, con el torso desnudo y múltiples tatuajes visibles en el pecho y la espalda relacionados a las estructuras criminales.

Los resultados forman parte del plan “Operación 200: por nuestras familias, Bolivia y nuestro futuro”, que se desarrolló entre el 1 y el 3 de abril en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija y Beni, según un comunicado oficial.

Durante estos operativos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó “más de 176 kilos de marihuana en operativos mayores, alrededor de 100 kilogramos de cocaína base, más de 21 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 980 litros de droga líquida”.

En la región del Trópico de Cochabamba se localizaron cuatro fábricas de cocaína y se incineraron “grandes cantidades de insumos químicos”, incluyendo 2.000 litros de gasolina, ácido sulfúrico, carbonato de sodio y cemento.

Las autoridades detectaron irregularidades en el pesaje e incineración de sustancias controladas, en las que estarían involucrados dos funcionarios policiales de la Felcn, quienes deberán cumplir 180 días de detención preventiva. Los oficiales, con el grado de sargento, fueron sorprendidos alterando droga que iba a ser incinerada en la localidad de Cotoca, en el departamento de Santa Cruz.

Actualmente, en Bolivia existen 40.000 hectáreas de hoja de coca, de las cuales 22.000 hectáreas están amparadas por una ley de 2017 aprobada durante el gobierno de Evo Morales.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró a EFE que Bolivia tiene un potencial de producción de cocaína de 300 toneladas métricas anuales, cifra que supera en cien toneladas a las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas. “Para el 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, señaló Justiniano. El funcionario detalló que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de plantaciones de coca.

La baja erradicación registrada en 2025 corresponde a la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el cargo el 8 de noviembre pasado tras la victoria electoral de Rodrigo Paz.

Justiniano precisó que cada año se cultivan cerca de 10.000 hectáreas de hoja de coca y el Gobierno de Paz plantea erradicar esa misma superficie anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, sino de nada de sirve encontrar uno, dos, tres o varios (Sebastián) Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió el funcionario.

Justiniano informó que en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba existen aproximadamente 15.000 hectáreas, de las cuales la mitad se encuentra fuera del marco legal. Justiniano estimó que un 92% de la hoja producida en esa región —considerada bastión político y sindical del expresidente Evo Morales— termina en “mercados ilegales, ergo, podemos concluir que va a narcotráfico”.

El funcionario recordó que en 2016 un estudio del Gobierno de Morales determinó que se requieren 14.700 hectáreas de hoja de coca para abastecer el consumo legal, que incluye el masticado tradicional, así como usos culturales, productivos y medicinales.

Justiniano anunció que la cooperación internacional respaldará un nuevo estudio para obtener datos actualizados y financiará investigaciones sobre los factores de conversión de hoja de coca a cocaína.

(Con información de EFE)

A un mes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Baja California Sur, la construcción de la presa El Novillo continúa consolidándose como un proyecto prioritario en materia hídrica.

La supervisión realizada por la mandataria federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, representó un punto de inflexión para acelerar los trabajos y reforzar el compromiso institucional con el abastecimiento de agua en la capital sudcaliforniana.

Durante aquel recorrido, el gobierno federal destacó que la obra no se limita a la edificación de la presa, sino que forma parte de un sistema integral que incluye infraestructura complementaria clave:

• Líneas de conducción
• Tanques de almacenamiento
• Sectorización de la red hidráulica

Este enfoque busca no solo captar agua, sino también optimizar su distribución en toda la ciudad.

Inversión histórica para garantizar el abasto de agua

El proyecto contempla una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, destinada a una serie de componentes estratégicos. Entre ellos destaca la construcción de un acueducto de aproximadamente 15 kilómetros, así como una planta potabilizadora que permitirá hacer apto el recurso para el consumo humano.

Se estima que, una vez concluida la obra a mediados de 2027, la presa El Novillo aportará más de 50 litros por segundo a la red de agua potable. Este volumen será fundamental para mejorar el suministro en La Paz, donde el crecimiento poblacional y las condiciones climáticas han intensificado la presión sobre los recursos hídricos.

“Más Agua para La Paz”: estrategia integral del municipio

En el ámbito local, la alcaldesa Milena Quiroga Romero ha mantenido un papel activo en el seguimiento del proyecto. Bajo el programa “Más Agua para La Paz”, su administración impulsa una estrategia que abarca desde la captación hasta la distribución eficiente del agua.

La edil ha reiterado que el acceso al agua es una prioridad para su gobierno y ha subrayado que la presa El Novillo representa un avance tangible en ese objetivo. “Esta obra va a garantizar más agua para La Paz y demuestra que sí estamos avanzando con más agua para todas y todos”, expresó recientemente.

Reducción del estrés hídrico y protección de acuíferos

Más allá del incremento en el suministro, uno de los principales beneficios del proyecto es la disminución de la presión sobre los acuíferos de la región, los cuales han sido históricamente sobreexplotados. Esta situación ha colocado a La Paz entre las ciudades con mayor estrés hídrico en México.

La presa El Novillo busca revertir parcialmente este escenario al diversificar las fuentes de abastecimiento y fortalecer la seguridad hídrica a mediano y largo plazo. Con ello, se pretende garantizar un acceso más equitativo y sostenible al agua, un recurso cada vez más escaso en el norte del país.

Un proyecto clave para el futuro de Baja California Sur

La relevancia de esta obra radica no solo en su magnitud económica, sino en su impacto social y ambiental. Al beneficiar a más de 250 mil habitantes, la presa El Novillo se perfila como una solución estructural a uno de los principales desafíos de Baja California Sur.

En un contexto marcado por el cambio climático, el crecimiento urbano y la escasez de agua, proyectos como este se vuelven indispensables para garantizar la sostenibilidad de las ciudades. La expectativa ahora está puesta en el cumplimiento de los plazos y en la correcta ejecución de una obra que podría transformar el futuro hídrico de la región.

Bolivia y Estados Unidos reanudaron las investigaciones conjuntas contra el narcotráfico. La cooperación, suspendida desde 2008 tras una crisis diplomática, se restableció tras la asunción del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, quien busca acercar la política exterior boliviana a Washington.

Según confirmó el miércoles el responsable antidrogas de Bolivia, Ernesto Justiniano, a la agencia AFP, explicó que el intercambio de información con la DEA es ahora “sostenido, casi diario”. “Existe un trabajo conjunto, investigaciones conjuntas con la DEA estadounidense”, señaló.

EL viceministro de Defensa Social y encargado de la política antidrogas del país, agregó: “Estamos investigando con la DEA, estamos intercambiando información”.

Bolivia es el tercer mayor productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú. Paz asumió el poder en noviembre tras casi veinte años de gobiernos socialistas y desde entonces ha impulsado una mayor cooperación económica y en seguridad con la administración de Donald Trump.

Además, la cooperación se extiende más allá del intercambio de datos: la agencia estadounidense apoya al gobierno boliviano en pruebas de confiabilidad para agentes antinarcóticos mediante el uso de polígrafo. Unos 250 oficiales han sido sometidos a estas pruebas.

Bolivia se incorporó en marzo a la iniciativa de seguridad de Estados Unidos conocida como Escudo de las Américas. Días después, la policía boliviana, en cooperación con inteligencia estadounidense, arrestó en Santa Cruz al uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados del continente, quien fue entregado a la DEA y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado.

El responsable antidrogas también indicó que coordina acciones con la policía de Brasil para enfrentar a bandas armadas como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que operan en el oriente boliviano.

El también conocido como zar antidroga de Bolivia afirmó el miércoles que la efectividad de la lucha contra el narcotráfico en el país es del 10 %. “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”, señaló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas en una entrevista con la agencia EFE.

Justiniano explicó que los valores de interdicción en Bolivia y en la región reflejan ese bajo nivel de efectividad. “¿Qué quiere decir eso? Que si se producen cien toneladas (de cocaína), diez toneladas se agarran. Si hay diez estructuras criminales, una se desbarata. Si hay diez vuelos de avioneta, una o cae o se agarra”, sostuvo el funcionario.

Justiniano señaló que el país andino tiene un potencial de producción de 300 toneladas métricas anuales de cocaína, cien más que las 200 calculadas en 2024 por organismos antidroga de Naciones Unidas.

“Para 2025, probablemente, nosotros hemos subido a unas 300 toneladas de cocaína que se pueden producir al año porque se dejó de erradicar (hoja de coca)”, indicó. El viceministro explicó que el año pasado solo se destruyeron 2.700 hectáreas de cultivos.

La baja erradicación registrada en 2025 correspondió a la gestión del ex presidente Luis Arce (2020-2025), quien dejó el gobierno el 8 de noviembre tras la victoria electoral de Paz.

Actualmente, se estima que existen 40.000 hectáreas de hoja de coca en Bolivia. De ese total, 22.000 hectáreas cuentan con amparo legal bajo una ley aprobada en 2017 por el expresidente Evo Morales, que elevó el límite desde las 12.000 hectáreas fijadas en la normativa anterior.

Justiniano precisó que cada año se cultivan unas 10.000 hectáreas de coca y el gobierno de Paz planea erradicar un volumen equivalente anualmente para “encontrar el equilibrio”. “Porque, si no, de nada sirve encontrar uno, dos, tres o varios Marset si nosotros vamos a seguir teniendo un caldo de cultivo que es una gran cantidad de coca ilegal que se va a la cocaína”, advirtió.

(Con información de AFP y EFE)

Un busto del ex presidente de Bolivia Evo Morales fue retirado del antiguo Palacio Legislativo en La Paz, en cumplimiento de una disposición del Senado que busca “recuperar la institucionalidad” del Parlamento y evitar el “culto a la personalidad”.

La senadora Claudia Mallón, promotora de la resolución en la Cámara alta, declaró en el vestíbulo del Legislativo, donde hasta ahora se encontraba la escultura de Morales (2006-2019), que el retiro marca un precedente para el país.

“La Asamblea Legislativa debe recuperar su institucionalidad, es la casa de la democracia. Nunca más (debe haber) culto a ningún caudillo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Aquí deben estar los símbolos patrios, nuestro escudo nacional, nuestra bandera de Bolivia”, expresó Mallón, de la fuerza APB-Súmate.

El líder del partido es el ex candidato presidencial y actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, detractor de Evo Morales.

Mallón indicó que quienes acrediten con documentos la propiedad del busto “pueden llevárselo” y reiteró que el objetivo es “recuperar la institucionalidad” del Parlamento.

“Los que consideran que ese busto les pertenece pueden reclamarlo, llevarlo al patio de sus casas o al chaco de un prófugo de la justicia como es Evo Morales”, agregó.

Aseguró también que la escultura “no era un activo fijo de la Asamblea Legislativa”, como alegaron simpatizantes de Morales, quienes protestaron hace dos semanas en el Parlamento contra el retiro del busto.

El Senado aprobó el 11 de marzo, con más de dos tercios, una resolución para el retiro “definitivo” del busto del ex mandatario de la antigua sede del Parlamento y dispuso tomar las medidas necesarias para evitar la “posterior colocación o reingreso” de la escultura “a cualquier espacio” del Legislativo.

Según el Senado, el busto de Evo Morales fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo durante el periodo 2011-2012.

Tras conocer la decisión de la Cámara alta, el ex presidente calificó el retiro de su escultura como una “reverencia” al rey Felipe VI, quien se encontraba de visita en Bolivia esos días.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, para evitar ser detenido por un proceso judicial en su contra.

La Fiscalía lo acusa de trata agravada de personas ya que habría mantenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente. La acusación formal fue presentada en octubre pasado y está pendiente que la Justicia fije la fecha de inicio del juicio y que la Policía ejecute la orden de captura vigente.

Durante su gobierno con el Movimiento al Socialismo (MAS), la entonces oposición solicitó en varias ocasiones el retiro del busto de Morales del Legislativo, argumentando que el partido promovía un “culto a la personalidad” del ex mandatario.

El MAS, que llegó a tener mayoría en el Parlamento, actualmente cuenta solo con dos diputados tras las elecciones generales de 2025, ganadas por Rodrigo Paz junto al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El 14 de enero de 2020, las autoridades bolivianas retiraron un busto del ex presidente Evo Morales de un polideportivo en el estado de Cochabamba, antiguo bastión electoral del líder indígena. Además de quitar el busto dorado de policarbonato, el centro deportivo dejó de llevar el nombre de Evo Morales, pasando a llamarse Quillacollo, en referencia a la población donde se ubica.

El ministro de Deportes, Milton Navarro, responsable de la decisión, declaró en una ceremonia pública que Morales es un “delincuente confeso” que debe “someterse a la justicia boliviana”.

“Al señor Evo Morales lo declaramos delincuente confeso; está prófugo y no podemos tener infraestructuras con el nombre de un delincuente, no podemos tener bustos de un delincuente”, señaló el funcionario. En el acto participó el colectivo juvenil Resistencia, organización que Morales suele describir como un “grupo paramilitar”.

(Con información de EFE)

La ciudad de La Paz, sede del gobierno boliviano, y la vecina El Alto amanecieron paralizadas el miércoles debido a una huelga del transporte público en protesta por la mala calidad de la gasolina y el retraso en el pago de resarcimientos a quienes denunciaron daños en sus vehículos.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, en el cargo desde hace cuatro meses, enfrenta este paro contundente tras las protestas de enero por el aumento del precio de los combustibles, una de sus primeras medidas del plan anticrisis.

La protesta se extendió hasta la noche, y los dirigentes del transporte anunciaron que continuará de forma indefinida tras rechazar el llamado al diálogo por parte del Gobierno. Dada la respuesta obtenida, las autoridades señalaron que la medida tiene un trasfondo político.

“Rodrigo Paz, queremos gasolina de calidad”, decía un cartel pegado en un autobús de mediano tamaño que circulaba por La Paz, mientras otros conductores bloqueaban calles en la ciudad, donde también se encuentra el Poder Legislativo. “¡Basta de combustible basura, corruptos!”, escribió otro transportista en el cartel que llevó al paro.

Santos Escalante, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, declaró que continúan las denuncias sobre autobuses dañados. “No hay una garantía donde se pueda decir que la gasolina es de calidad en este momento”.

Escalante sostuvo que el gremio busca una reunión con Paz y reclamó el cumplimiento inmediato de los resarcimientos prometidos por el gobierno.

El transporte público de La Paz es uno de los más importantes del país y lidera la presión por una compensación, aunque el daño se reportó también en vehículos privados. Los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) indicaron que sus automóviles también resultaron afectados por la mala calidad del combustible.

Ante la paralización del transporte público, los bolivianos recurrieron al teleférico como alternativa, lo que generó largas filas en las diferentes estaciones del sistema.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició a principios de marzo el registro digital de vehículos afectados por gasolina de mala calidad, con el objetivo de resarcir a los conductores perjudicados.

La petrolera informó sobre la desvinculación de más de 400 funcionarios, vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS), por perjudicar las operaciones de la compañía.

YPFB anunció el pago de un seguro de aproximadamente 215.000 dólares en beneficio de más de mil personas en una primera etapa. El presidente de la empresa, Yuseff Akly, explicó que otras 4.000 personas complementaron sus solicitudes y 14.000 iniciaron el proceso de compensación.

La compañía, que ha iniciado una investigación, denunció un sabotaje sin identificar a los autores y atribuyó el problema a restos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

El analista y ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señaló a la agencia Associated Press que la petrolera importó gasolina sin cumplir con las especificaciones de calidad requeridas.

Bolivia importa el 86% del diésel y el 54% de la gasolina que consume. Ríos advirtió que el aumento del precio internacional del petróleo, provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, obliga al gobierno a comprar combustible más caro y venderlo a un precio fijo, lo que genera pérdidas para el Estado.

En diciembre, el presidente Rodrigo Paz casi duplicó el precio de la gasolina, una medida que permitió eliminar las largas filas en las gasolineras que se registraban el año pasado. La población aceptó la decisión en el contexto de una campaña del gobierno para enfrentar la peor crisis económica en cuatro décadas.

(Con información de Associated Press)

Las autoridades del Estado de México informaron sobre la sentencia de 40 años de prisión en contra de un hombre que formaba parte de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien fue hallado culpable de homicidio.

Kevin Geovanni Bernabé Torres, un sujeto apodado El Chaval fue condenado a 40 años de prisión por sus responsabilidad en la muerte de un hombre en el municipio de La Paz. Asimismo, se le impuso una multa de 79 mil 198 pesos, así como una reparación del daño integral de 247 mil 776 pesos.

“El sujeto pertenecía a una célula delictiva con orígenes en el estado de Jalisco además de haber participado en un enfrentamiento en contra de policías municipales de Chimalhuacán”, destaca el reporte de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 24 de marzo.

Así fue su participación en el ataque armado

Los hechos por los que fue condenado sucedieron el 25 de febrero del año pasado, fecha en la que dos personas estaban a las afueras de un inmueble.

Un vehículo de color negro sin placas llegó al sitio y de él descendieron algunos de los tripulantes, quienes accionaron sus armas contra las personas. En la unidad viajaban:

• Un sujeto apodado El Sobrino (conductor)
• Un hombre con el alias El Vini (copiloto)
• José Arturo “N”, alias El Negro
• Kevin Geovanni, el hombre ahora sentenciado
• Un individuo conocido con el sobrenombre El Diablo

Los tres últimos sujetos son los iban armados y dispararon contra las víctimas, lo que derivó en la muerte de un hombre. Tras las detonaciones huyeron del sitio.

Posterior a dichas acciones, las investigaciones permitieron identificar a Bernabé Torres como uno de los participantes en el ataque armado.

Detenidos siete presuntos miembros del CJNG

Cabe recordar que el pasado 10 de marzo la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó sobre la detención de siete individuos, supuestos integrantes del CJNG, y la liberación de una persona que estaba retenida en un inmueble contra su voluntad.

La madre de la víctima contactó con las autoridades, quienes acudieron al sitio de interés y escucharon gritos desde el interior de un inmueble un inmueble, lo que motivó a que irrumpieran en el lugar y encontraran a un hombre que estaba sentado en una cama y con las manos amarradas con una cinta color negro.

Jesús “N” de 32 año;Ulises “N”de 20 años; Ricardo “N” de 19 años; Carlos “N” de 39 años; Hugo “N” de 20 años; Fermín “N” de 30 años y Harumy “N” de 26 años fueron las personas arrestadas y se les identificó como posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco, además de que en lugar había una tabla con la siglas CJNG.

Varios liderazgos emergentes se impusieron este domingo en las elecciones regionales en Bolivia, en un escenario en el que las alianzas respaldadas por el presidente Rodrigo Paz lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba y Santa Cruz.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (Sirepre) para la elección de nueve gobernadores y de alcaldes de las diez principales capitales del país. Entre los candidatos que sorprendieron en estos comicios aparecen Juan Pablo Velasco en Santa Cruz, Leonardo Loza en Cochabamba y Luis Ayllón en Chuquisaca.

Según la normativa vigente, los aspirantes ganan una gobernación si suman el 50% de los votos más uno, o si alcanzan al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En caso de no cumplir estas condiciones, los candidatos deberán ir a una segunda vuelta a mediados de abril.

Con relación a las gobernaciones, en el departamento de La Paz, con el 60% del cómputo, se impone Luis Revilla, de la Alianza Patria Sol, con el 21,18% del apoyo. Mantiene ventaja frente a la segunda fuerza, Innovación Humana, y el escenario apunta a una segunda vuelta. En Tarija, con el 94% del cómputo, el candidato Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, obtiene el 35,54%, mientras que la segunda fuerza, Cambio Democrático por el Cambio, que postula a María René Soruco, alcanza el 28,81%.

En el departamento amazónico de Beni, con el 96% del conteo, Tito Egüez, candidato de Alianza Patria Unidos, suma el 36,81%, con una amplia ventaja sobre el segundo. En Santa Cruz, con el 93% del cómputo, el resultado marca una de las principales sorpresas: el candidato de la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, obtiene el 28,55%, seguido de cerca por el abogado Otto Ritter, con el 26,69%. El actual gobernador, Luis Fernando Camacho, queda en tercer lugar con el 21,94%.

En Cochabamba, con el 92% del cómputo, Leonardo Loza, ex senador y seguidor del ex presidente Evo Morales, se ubica en primer lugar con el 38,46%. En Potosí, el postulante de Alianza Social, René Joaquino, alcanza el 42,76%, un porcentaje que lo perfila como gobernador electo. En Oruro lidera Edgar Sánchez, de la fuerza emergente Jacha, con el 35,15%, mientras que en Pando la candidata Gabriela de Paiva, de Libre Pando, encabeza el conteo con el 46,53%.

En Chuquisaca, el escenario también apunta a una segunda vuelta entre Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva, con el 34,91%, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, con el 33,97%.

En cuanto a la elección de alcaldes, que se define por mayoría simple, en la ciudad de La Paz, con el 56,2% de las actas computadas, César Dockweiler, de Innovación Humana, se impone con el 23,25% de los votos. En Santa Cruz, con el 71,28 % del cómputo, el candidato Manuel Saavedra, de la alianza VOS, logra el 71,38%, con amplia diferencia sobre los demás postulantes.

En Cochabamba, el actual alcalde y excandidato presidencial Manfred Reyes Villa, de la alianza APB Súmate, obtiene el 47,58% con el 74,18% de las actas computadas. En la ciudad de El Alto, el candidato Eliser Roca, de Unidos por el Cambio, lidera con el 17,84%, seguido de cerca por Gabriel Mamani, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliado del vicepresidente Edmand Lara, con el 90,12 % del cómputo.

En ciudades capitales como Sucre, Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad y Tarija, la diferencia entre los dos primeros candidatos es estrecha, por lo que el órgano electoral indicó que se debe esperar los resultados oficiales.

(Con información de EFE)

Durante su recorrido, Díaz documentó el funcionamiento interno de un penal donde los presos ejercen un control casi absoluto, gestionando desde la economía hasta la seguridad y la vida cotidiana. “Esto no es una cárcel tradicional. Por fuera, la seguridad es del Estado, pero dentro, todo lo controlan los privados de la libertad”, relató frente a los muros del complejo penitenciario.

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Al cruzar el portón principal, Díaz describe la transformación del ambiente: “Atravesando estos muros, no solo vamos a conocer una prisión, vamos a conocer lo que durante décadas se ha descrito como una ciudad dentro de la ciudad”.

El penal presenta una estructura de autogobierno, donde los propios internos eligen de manera democrática a sus representantes, gestionan talleres, tiendas, restaurantes y hasta áreas recreativas. “Aquí tienen economía interna, reglas internas y familias enteras entrando y saliendo como si estuvieran en su casa”, apuntó el youtuber.

Un sistema de clases y arriendo para las celdas

Uno de los aspectos más llamativos que revela Díaz es el mercado inmobiliario carcelario. Las celdas se compran, se venden y se arriendan según la ubicación y el confort: “Aquí se paga alquiler, por ende, hay clases sociales, celdas más cómodas y unas más caras que otras. Inclusive, usted puede traer a vivir a su mujer e hijos cuando la vida afuera no perdona”.

El derecho a una celda puede adquirirse como si fuera un apartamento, con un documento interno que avala la propiedad, mientras que los nuevos internos deben negociar su lugar, pagando incluso hasta 20 dólares mensuales por una cama.

El recorrido exhibió zonas como La Posta, donde Díaz notó que “es muy difícil saber quién es interno y quién no, porque hay gente comiendo, recibiendo visitas, caminando libremente; yo tengo este sello que me permite salir, pero por lo demás, es como una ciudad”. Las actividades comerciales pululan: “Aquí puede comprar helados, café, ver deportes, ir al gimnasio. Es literal como estar en una ciudad dentro de la ciudad”, destacó.

Vida productiva, talleres y negocios propios

En la sala multifuncional, el equipo de Planeta Juan observó cómo un espacio puede ser taller, aula y dormitorio para veinte personas. “De día funciona como taller de producción, en la noche es dormitorio. Aquí cocinan, producen ropa, aprenden oficios. Todo con recursos gestionados por los propios internos”, explicó. Los talleres generan ingresos para la manutención individual y el mantenimiento de máquinas, y hasta se ofrecen cursos de corte y confección, carpintería y computación.

El sistema económico interno es tan robusto que cada sección tiene su delegado, elegido por votación. “Cada sección vota por su vocero principal. Hay una verdadera democracia interna”, relató Díaz. La moneda es indispensable para sobrevivir: “Aquí usted paga por todo: por la comida, por la computadora, por el arriendo, por la peluqueada. El dinero define la calidad de vida aquí”.

Negocios, restaurantes y vida social

Dentro de San Pedro, Díaz visitó restaurantes gestionados por los isnternos, con menús diarios y precios asequibles. “Un almuerzo aquí cuesta un dólar y se ve bastante bien. Todo es al contado”, describió. Las celdas se configuran como apartamentos, muchas con su propia cocina, televisor y refrigerador. “Si tiene presupuesto, puede comprar insumos y vivir dentro de su celda como en una vivienda independiente”, dijo tras ser invitado a compartir un almuerzo preparado por un interno.

El penal cuenta con barberías, tiendas, consultorios dentales y hasta una capilla de grandes dimensiones. “Nunca había visto una iglesia así dentro de una cárcel, con su virgen y hasta pinturas antiguas”, compartió. También hay zonas de castigo donde los internos deben cocinar para todos como sanción, además de espacios para el deporte, como canchas de fútbol y básquetbol, con ligas internas y trofeos.

Seguridad y justicia interna

La seguridad interna es responsabilidad de una policía conformada por los mismos privados de la libertad, que reciben un salario colectivo y ejercen control sobre el orden y las normas propias del penal. “Aquí existe una policía interna, pagada por los internos. El Estado solo vigila los muros externos”, subrayó Díaz. La vida nocturna y el acceso a las celdas están reglamentados por normas internas, con restricciones después de las once de la noche.

Un sistema complejo y autogobernado

San Pedro se asemeja a un barrio autogobernado, donde la justicia lenta y la saturación penal han convertido el encierro preventivo en una rutina. “Hay celdas con mejores condiciones, y otras más precarias. Todo depende del dinero, del tiempo que lleve aquí y de su capacidad para adaptarse”, reflexionó Díaz.

La cárcel de San Pedro ilustra la capacidad de autogestión y resiliencia de su población, pero para Díaz también pone en evidencia las fisuras de un sistema judicial saturado y los retos de la reinserción. “Esta cárcel es un termómetro de la sociedad boliviana. Aquí, más que encierro, se vive una versión distinta de la vida en comunidad”, concluyó el youtuber, tras recorrer uno de los sistemas penitenciarios más singulares del continente.

El sonido de los martillos, las amoladoras, los destellos de la soldadura y la fricción en la madera de las sierras se escuchan de nuevo en un recinto que dotó la Alcaldía, cerca del centro histórico de La Paz, para que casi medio centenar de jóvenes se forjen como restauradores con el apoyo de la cooperación española.

“Este programa está dirigido a proteger y revalorizar el patrimonio cultural”, explicó para esta nota Ximena Auza, arquitecta y técnica de la ETRLP, sobre la capacitación que ya inició y que creará una nueva generación de restauradores tras 16 años continuos de labor.

Auza mencionó que la mirada hacia el patrimonio cultural, que abarca los edificios antiguos, el mobiliario o las esculturas, “está sufriendo nuevas dinámicas”, ya que es un factor de identificación de la población con sus raíces y, por lo tanto, de carácter “social” en el que se tiene que intervenir.

La experta señaló que en La Paz, como en otras ciudades de Bolivia, hay un “desconocimiento” sobre el valor del patrimonio, lo que ocasiona que muchos bienes, como las casonas antiguas, colapsen y su legado desaparezca por la “falta de apropiación” y el “desinterés” en preservar la historia común.

Por lo que acá aparece el valor de espacios como la ETRLP y otras que funcionan en las ciudades de Potosí, Sucre y la región oriental del país, para contar con “mano de obra cualificada para hacer esos procesos”.

“Disposición para aprender”

La Escuela Taller en La Paz tiene las especialidades de construcción civil, para la conservación de cimientos, fachadas, techos y cielos falsos; carpintería para la restauración, para la preservación de muebles; el tallado y la policromía, para el trabajo en madera o imágenes religiosas o retablos a los que también se debe devolver el color; y la carpintería metálica.

“Lo que yo valoro son las ganas que puedan tener (los estudiantes) para asimilar y aprovechar la oportunidad de estar acá (...) también su disposición de tiempo para aprender”, dijo Javier Gutiérrez, maestro de tallado en madera y policromía.

La Escuela Taller de La Paz ha estructurado el proceso de formación mediante un currículo que dura dos años y que es 80% práctica y 20% teórica, bajo la filosofía de “aprender haciendo”, y en la que se forma a hombres y mujeres bajo las mismas exigencias.

El programa es para jóvenes de 18 a 30 años, con varias horas a la semana que se deben cumplir para concluir con el máximo conocimiento de la técnica.

Uno de los casos más importantes es el de Olga Quispe, maestra de construcción civil para la restauración, que estudió en la primera generación de la ETRLP, en 2009, y que encontró en esta actividad su “vocación” y las puertas a nuevas experiencias, según relató.

Quispe heredó su interés por la construcción civil de su padre, a quien veía de niña cómo construía la casa familiar, a lo que se sumó el deseo de transmitir el conocimiento que adquirió, lo que calificó como “lo que más” le ha llenado de orgullo hasta ahora.

El conocimiento en la Escuela Taller también incorpora técnicas actuales para la realización de mobiliario, así como técnicas extranjeras como el kumiko japonés, que es una técnica de unión de madera sin la utilización de clavos para formar figuras geométricas, además del arte hispánico mudéjar.

Las Escuelas Taller de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) son parte de alrededor de 340 proyectos en 74 ciudades de 24 países de América, África y Asia, además que han formado a decenas de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Fuente y video: EFE.

Fotos: EFE/ Gabriel Márquez.

La expresión “Baro Drom” procede del romaní y hace referencia al prolongado tránsito del pueblo gitano a lo largo de la historia, una idea que Antonio Carmona ha seleccionado como eje conceptual para su nuevo trabajo discográfico. El músico, según consignó el medio fuente, ha optado por resumir en este álbum cuatro décadas de carrera, brindando una perspectiva de la memoria gitana y el mestizaje musical que ha caracterizado su evolución artística.

De acuerdo con el medio, Carmona regresa a la escena musical con el lanzamiento de ‘Baro Drom (Éxodo)’, su primer álbum de la década. El proyecto consiste en diez canciones que llevan la marca característica del artista, situándose como un repaso a las raíces y la tradición familiar, sin excluir las nuevas corrientes musicales que ha incorporado a su trayectoria. Tal como publicó la fuente, la iniciativa coincide con el ascenso de sus hijas, Marina y Lucía Fernanda, en el panorama musical español, lo que refuerza la continuidad de la saga familiar.

‘Baro Drom (Éxodo)’ pretende rendir homenaje al pueblo gitano, que históricamente ha experimentado la movilidad como condición permanente. La presencia de la expresión romaní en el título simboliza este movimiento y se convierte en hilo conductor del repertorio, según informó el medio fuente. El álbum incluye temas como ‘La Paz’, ‘Cómo voy a acabar’, ‘Se me encoge el pecho’ y ‘Los colores’, seleccionados para posicionarse entre los futuros elementos centrales del repertorio del artista.

El nuevo trabajo de Carmona cuenta con colaboraciones relevantes que aportan variedad de estilos y sonoridades, según detalló el medio. En primer término, ha incorporado a sus hijas, reafirmando el legado musical familiar. Participan también músicos como su tío Pepe Habichuela y artistas de diferentes ámbitos como Lin Cortés, Chus Santana, Antonio Rayo (‘Rayito’), Andy Clay, Javier ‘Harto’ Rodríguez, Chabuco, Juan Ernesto Laya y Jorge Glen. Además, el álbum se enriquece con las intervenciones del guitarrista Vicente Amigo y el dúo francés Biglo & Oli.

El álbum ‘Baro Drom (Éxodo)’ también forma parte del repertorio que compondrá la gira del veinte aniversario de Carmona, que, según reportó el medio, arranca el 10 de abril en Valencia. Durante esta serie de presentaciones, el artista repasará lo más destacado de su trayectoria desde su inicio en solitario en 2006, tras su salida del grupo Ketama y su debut con el disco ‘Vengo Venenoso’. En el desarrollo del tour, el repertorio incorpora colaboraciones ampliamente reconocidas junto a artistas como C. Tangana y Alejandro Sanz, ampliando el alcance y la diversidad del espectáculo.

El medio destacó que este álbum representa, para Carmona, un punto de encuentro entre la tradición y la experimentación, reflejado tanto en la selección de los colaboradores como en el repertorio. Su regreso ofrece una oportunidad para revisitar tanto las composiciones emblemáticas de su carrera como estas nuevas piezas que buscan consolidarse en el cancionero del artista. A través de ‘Baro Drom (Éxodo)’, el músico plantea una propuesta que combina pasado y presente; un enfoque que busca acercar el legado gitano al público actual y, al mismo tiempo, abrirlo a nuevas formas y colaboraciones internacionales.

‘La Paz’ ha sido elegido como focus track, sumándose a otras canciones del álbum que aspiran a posicionarse en la preferencia del público. Tanto la producción como el planteamiento conceptual integran nuevas influencias musicales y letras que remiten a vivencias y escenarios propios de la comunidad gitana, reportó la fuente. El proceso de creación ha reunido a distintos compositores e intérpretes, nutriendo así el proyecto con una variedad de matices sonoros.

El programa de la gira permitirá a Carmona celebrar dos décadas de carrera en solitario y compartir escenario con músicos que han marcado diferentes etapas de su trayectoria. Según detalló el medio fuente, la propuesta busca ofrecer una visión integral de su desarrollo artístico y recalcar el carácter abierto de su música. El objetivo de este lanzamiento y la gira es consolidar el nuevo repertorio y poner en valor el recorrido del artista, incluyendo tanto temas inéditos como colaboraciones recientes y producciones que remiten a sus orígenes familiares y culturales.

El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, La Paz ordenó la apertura de juicio contra Óscar Armando Zepeda Pérez, Marcos Emilio Hernández, Brayan Alexander Cornejo Pérez y Juan Antonio López por su presunta participación en el hurto y daño agravado de imágenes religiosas en diversos templos del departamento de La Paz.

En agosto de 2025, los acusados habrían sustraído una imagen histórica de la Virgen del Rosario, valorada en USD3.000, de la iglesia católica del cantón La Carbonera, ubicada en el distrito de San Pedro Nonualco, municipio de La Paz Centro.

Según la causa judicial, los imputados habrían aprovechado momentos en los que los recintos religiosos se encontraban vacíos, actuando principalmente durante la noche para ingresar a las iglesias y sustraer objetos de valor, tal como informó Centros Judiciales de El Salvador, este jueves.

Entre las pruebas recabadas, consta el robo en el municipio de La Paz Centro, donde la imagen de la Virgen del Rosario fue retirada de su sitio habitual.

Según datos de la Fiscalía General de la República de 2025, hubo un segundo robo que logró investigarse y al que también se adjudica a los detenidos: habría ocurrido en el templo del cantón San Antonio, en el distrito de Santiago Nonualco, donde desaparecieron dos imágenes del Santo Niño de Atocha, con un valor aproximado de $1,000.

El tribunal determinó que existen suficientes elementos probatorios para que el caso avance hacia un Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción, por lo que los cuatro acusados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Acorde al Código Penal de El Salvador, el delito de hurto puede ser castigado con mayores penas cuando se comete bajo circunstancias agravantes establecidas por la ley. Entre los factores que elevan la sanción figuran el aprovechamiento de calamidad pública o desgracia particular, la ocurrencia en casa habitada, en un edificio público o en un lugar religioso, así como la intervención de dos o más personas en el hecho.

El castigo también se incrementa si el hurto afecta equipaje de viajeros o bienes de valor científico o artístico, o si se utilizan llaves falsas o instrumentos equivalentes para perpetrarlo. En estos supuestos, la normativa prevé una prisión de cinco a ocho años.

Casos similares

La Diócesis de San Vicente denunció nuevos daños a la imagen de la Virgen María Auxiliadora ubicada en el monumento de acceso a la ciudad, hechos ocurridos en diciembre de 2025. Mediante un comunicado difundido por monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, la diócesis expresó su rechazo y solicitó a las autoridades una investigación inmediata para evitar reincidencias y proteger los signos religiosos que forman parte de la identidad católica local, según la posición oficial.

El obispo remarcó que esta es la segunda ocasión en que la imagen resulta profanada, y calificó el suceso como “un acto de irrespeto que hiere profundamente el patrimonio espiritual del pueblo”. La declaración se difundió en pleno tiempo de Adviento, contexto litúrgico que —de acuerdo con la diócesis— acentúa la gravedad del hecho al tratarse de un periodo dedicado a la esperanza, preparación y paz previas a la Navidad.

La diócesis afirmó su “firme rechazo a cualquier acto que vulnere las creencias religiosas” y exhortó a la población a actuar con dignidad y valores cristianos, promoviendo la paz y la concordia, en vez de responder con odio. Como medida adicional, se invitó a los fieles a realizar oraciones de desagravio y a solicitar la conversión de los responsables, confiando la protección de la diócesis a la Virgen María Auxiliadora.

Durante su primer almuerzo oficial en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz compartió con el Rey Felipe VI el cierre de una serie de actividades protocolarias y diplomáticas en La Paz. Ambos mandatarios resaltaron la importancia de una nueva etapa bilateral caracterizada por la apertura internacional de Bolivia y una firme intención de promover cooperación en áreas clave. Según consignó Europa Press, este encuentro reunió por primera vez de forma oficial al jefe de Estado español y al presidente boliviano, después de que la asistencia de Felipe VI a la investidura de Paz el pasado noviembre no fuera posible.

De acuerdo con Europa Press, la reunión entre Felipe VI y Rodrigo Paz tuvo lugar en el Palacio Quemado, la sede presidencial boliviana. El monarca español viajó acompañado por Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, y su agenda incluyó reuniones con representantes empresariales y de la comunidad española radicada en Bolivia, estimada en más de 16.500 personas. La visita se produjo tras la escala previa en Chile, donde el rey asistió a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast.

Europa Press detalló que en un video publicado en redes sociales, Felipe VI expresó su satisfacción por la “nueva etapa de Bolivia, abierta al mundo”, y ofreció su apoyo para que Bolivia incremente su presencia global. El presidente Paz agradeció la visita y describió al rey como “un gran amigo de Bolivia”, además de destacar el impacto de su presencia en los esfuerzos internacionales del país. "Mucha fuerza Bolivia, estamos saliendo al mundo y el mundo está viniendo a Bolivia (...). Tengan fe que estamos yendo por buen camino", declaró Paz durante la reunión, según Europa Press.

En el marco de la visita, el rey inauguró su agenda con un desayuno de trabajo junto a empresarios españoles y organizaciones gremiales, según reportó Europa Press. Entre los asistentes figuraron representantes de Air Europa, Maxam-Fanexa, Santillana Ediciones, Repsol, TSK Electrónica y Electricidad, Grupo Urbas, Eptisa, Sacyr y BBVA. También acudieron delegados de la Cámara de Comercio de España en Bolivia, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL).

Durante este encuentro, Felipe VI subrayó la voluntad del gobierno boliviano de promover una mayor integración internacional y reiteró el compromiso de España de respaldar a las empresas españolas y al desarrollo bilateral. El monarca destacó que existen amplias oportunidades para que España incremente su presencia en varios sectores de la economía boliviana, y escuchó de primera mano las perspectivas y necesidades de los inversionistas españoles en el país. Este intercambio fue confirmado por la información proporcionada por fuentes de Zarzuela, citadas por Europa Press.

Más adelante, el Rey fue recibido oficialmente en el Palacio Quemado por el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo. Allí, autoridades militares y familiares del presidente, incluida la Primera Dama Marielena Urquidi y la hija del mandatario, Catalina Paz, participaron en la ceremonia protocolaria y la tradicional fotografía oficial, según publicó Europa Press.

Parte de las actividades culturales de la visita incluyeron una caminata por el centro histórico de La Paz y un recorrido por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), instalado en el Palacio de los Marqueses de Villaverde. En la visita, Felipe VI y Rodrigo Paz exploraron colecciones textiles y de máscaras rituales representativas de las culturas indígenas bolivianas, y conocieron las iniciativas del museo para la investigación y preservación patrimonial.

El almuerzo de trabajo en el Palacio Quemado marcó el final de la agenda de Felipe VI en La Paz. Representantes de ambas delegaciones participaron en este encuentro, que consolidó el compromiso de ambos países para fortalecer la proyección internacional de Bolivia y fomentar la cooperación bilateral en ámbitos políticos, empresariales y culturales, según el registro de Europa Press.

Rodrigo Paz asumió la presidencia boliviana tras ganar la segunda vuelta electoral con un 54,95 por ciento del voto ante su contendiente Jorge "Tito" Quiroga, de la Alianza Libre, que obtuvo el 45,04 por ciento, según informó Europa Press. Tras estos comicios, se registró por primera vez en la historia del país una mayoría de mujeres en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa, con un 52 por ciento de participación femenina entre los asambleístas electos.

La visita de Felipe VI constituyó el primer recibimiento de un jefe de Estado extranjero por parte del nuevo presidente boliviano y simbolizó el regreso de Bolivia al escenario internacional tras el relevo presidencial. Europa Press detalló que el encuentro y las actividades conexas buscaron no sólo consolidar los lazos políticos y económicos, sino también impulsar opciones de colaboración cultural y académica para próximas etapas de la relación bilateral.

El grupo de pop noventero Kabah anunció que tendrá un concierto en La Paz, Baja California Sur, para el mes de mayo de este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación integrada por Federica, Sergio, Daniela, René y Apio dieron a conocer una presentación que tendrán antes de finalizar el primer semestre de este año.

Revelaron la fecha exacta y sede donde darán el espectáculo musical.

Kabah precisó que su concierto será en una feria gastronómica, por lo que dieron a conocer todos los detalles de esta presentación.

Concierto de Kabah en La Paz, Baja California Sur: sede y fecha

Kabah dará concierto en el evento gastronómico La Pazión por el Sabor en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La fecha será el viernes 29 de mayo de este 2026. Su presentación será de las 19:00 a 20:00 horas, señalan los organizadores de este evento que reúne a cientos de personas de la entidad del norte del país.

Al lugar también asisten personas de otros estados de la República Mexicana.

La Pazión por el Sabor es un festival gastronómico celebrado en La Paz, Baja California Sur, donde chefs, productores y restaurantes locales presentan platillos y sabores regionales.

El evento promueve la cultura culinaria y el turismo gastronómico mexicano.

Kabah ha conservado su éxito desde la década de los noventas, época cuando se formó

Kabah es un grupo mexicano de pop formado en 1992 en la Ciudad de México. Los miembros fundadores son María José, Federica Quijano, Apio Quijano, René Ortiz, Sergio O’Farrill y Daniela Magún.

El nombre Kabah proviene de una zona arqueológica maya, reflejando el interés por la cultura nacional. El grupo debutó en 1994 con su álbum homónimo, que incluyó éxitos como “Al pasar” y “Encontré el amor”.

En 1996, alcanzaron fama nacional con el disco “La calle de las sirenas”, cuyo sencillo titular se convirtió en uno de los más emblemáticos del pop latinoamericano.

A lo largo de su carrera, Kabah se caracterizó por su estilo juvenil, coreografías llamativas y letras que abordan temas de amor, amistad y superación.

El grupo lanzó álbumes como “Esperanto” y “XNE”, consolidando su presencia en la música mexicana.

En 2005, Kabah anunció su separación tras una gira de despedida. Sin embargo, en 2015 regresaron a los escenarios para participar en la gira con OV7 y posteriormente se incorporaron en el “90’s Pop Tour”, junto a otros exponentes de la época, logrando gran aceptación de sus seguidores.

María José inició una exitosa carrera como solista, mientras que el resto de los integrantes continuó en proyectos musicales y televisivos.

Kabah es considerado uno de los grupos más influyentes del pop en español, dejando una huella importante en la historia musical de México.

Durante una ceremonia fúnebre en el Cementerio de San José Arriba, en San Pedro Nonualco, departamento de La Paz, más de una docena de personas resultaron afectadas tras ser picadas por abejas, según información divulgada por la Cruz Verde Salvadoreña en sus redes sociales.

El incidente ocurrió cuando un enjambre atacó a los asistentes del sepelio, provocando múltiples picaduras y generando una operación de emergencia para estabilizar a los lesionados.

De acuerdo con la comunicación oficial de la Cruz Verde Zacatecoluca, al menos 12 personas sufrieron picaduras de abeja en la zona donde se desarrollaba el acto funerario. Los socorristas lograron estabilizar a las víctimas en el lugar y posteriormente trasladaron a varias de ellas hacia un centro asistencial. Otras personas heridas recibieron atención y fueron llevadas a un hospital por otra entidad de socorro.

El ataque de abejas obligó a una intervención coordinada entre diferentes cuerpos de emergencia del departamento de La Paz. El riesgo por ataques de estos insectos polinizadores no es un hecho aislado en el país. En mayo de 2025 en Aguilares, al norte de San Salvador. Dos personas murieron tras ser atacadas por un enjambre en las afueras de un establecimiento de la colonia Las Pampitas, según información suministrada por la Cruz Verde Salvadoreña.

Una de las víctimas falleció en el lugar y la otra perdió la vida poco después en un hospital. Varios familiares de los afectados recibieron atención por crisis nerviosa y desmayos como consecuencia del ataque masivo.

Recomendaciones médicas ante picaduras de abejas

Ante la persistencia de estos episodios, especialistas en salud recomiendan actuar con rapidez y seguir una serie de pasos frente a una picadura de abeja.

1. Alejarse inmediatamente del área donde ocurrió el ataque contribuye a evitar nuevas picaduras.
2. Proteger la cabeza y el rostro
3. Buscar refugio en un lugar cerrado como un vehículo o un edificio, es fundamental para reducir el riesgo de más agresiones.

Una vez a salvo, los expertos sugieren retirar el aguijón lo antes posible. Puede hacerse con la uña o con el borde de una tarjeta plástica, siempre evitando apretar el saco de veneno.

Es importante lavar la zona afectada con agua y jabón. Aplicar frío local mediante un paño húmedo o hielo durante lapsos de 10 a 20 minutos ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Si es posible, se recomienda elevar la zona afectada para reducir la hinchazón y utilizar antihistamínicos o analgésicos en caso de picazón o dolor. Mayo Clinic señala que no debe rascarse ni frotarse la herida para evitar complicaciones en la piel.

Actuar ante reacciones alérgicas graves y recomendaciones de las autoridades

En situaciones donde la persona muestra signos de reacción alérgica grave, como dificultad para respirar, hinchazón en la lengua o garganta, opresión en el pecho o mareo, la sugerencia médica es aplicar un autoinyector de epinefrina, si se dispone, y dirigirse de inmediato a un servicio de emergencias. Esta reacción puede poner en peligro la vida y requiere atención profesional sin demora.

Las autoridades y organismos de emergencia insisten en no intervenir ni retirar panales por cuenta propia. Ante la presencia de enjambres en áreas urbanas, rurales o durante actividades colectivas, lo recomendable es alertar a los cuerpos de socorro, como la Cruz Verde Salvadoreña o la Cruz Roja Salvadoreña, que cuentan con personal entrenado y equipos adecuados para gestionar este tipo de incidentes.

Los recientes ataques de abejas en El Salvador han puesto en alerta a la población y a los cuerpos de emergencia, que reiteran la importancia de seguir protocolos preventivos y de actuación inmediata ante cualquier evento relacionado con enjambres.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó la tarde de este martes a Santiago de Chile para participar en el acto de posesión del mandatario electo, José Antonio Kast, previsto para este miércoles al mediodía.

Cerca de las 16:20, Paz, junto a su esposa, ‘Bibi’ Urquidi; y el canciller Fernando Aramayo arribaron al aeropuerto internacional Arturo Merino, donde recibieron el saludo protocolar de las autoridades chilenas.

En esta visita se producirá el tercer encuentro entre Paz y Kast. La primera reunión fue en enero durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF en Panamá, y la segunda fue el pasado fin de semana en el marco de la cumbre organizada por el presidente Donald Trump, en Miami, para conformar el bloque denominado “Escudo de las Américas”.

Las reuniones entre ambos líderes políticos se producen en un contexto de cambio en la política exterior boliviana y generan expectativa, debido a que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde hace casi medio siglo a pesar de compartir más de 800 kilómetros de frontera y una infinidad de asuntos de interés común.

“Nuestras naciones tienen como destino el llevarse bien entre ellas y construir un futuro entre todos”, manifestó el presidente Paz tras su arribo a la capital chilena. El mandatario adelantó que las cancillerías de ambos países tienen planificado trabajar temas de agenda común enfocados en el desarrollo económico y otros puntos.

De igual forma, antes de ganar las elecciones presidenciales, Kast había hecho pública su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo. En declaraciones recogidas por medios chilenos, el entonces candidato manifestó: “Desde el primer día, en un eventual gobierno, vamos a impulsar el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas con Bolivia en la búsqueda de una mayor integración económica, social y fundamentalmente, de cooperación para el control fronterizo que nos permita cerrar la puerta a la inmigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico”.

La Paz y Santiago rompieron relaciones a finales de la década de los 70 en medio de tensiones por el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884. El distanciamiento se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019), que concluyó que las autoridades chilenas no están obligadas a negociar una salida soberana al mar. Años más tarde, en 2016, Chile retrucó en la corte con una demanda sobre la controversia por las aguas del Silala.

A pesar de que no se han hecho anuncios concretos sobre la posible reposición de embajadores, en días pasados hubo avances en el acercamiento bilateral. Bolivia y Chile firmaron un acuerdo sobre exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Este requisito fue una exigencia chilena tras la visita en 2016 del entonces canciller David Choquehuanca a puertos de Antofagasta y Arica.

Para el analista en asuntos internacionales, Andrés Guzmán Escobari, La Moneda y el Palacio Quemado están ante una oportunidad histórica para retomar las relaciones diplomáticas plenas. “Bolivia y Chile se encuentran ante una oportunidad que no deberían desperdiciar. El restablecimiento de relaciones diplomáticas, más que un acto simbólico, debe ser el punto de partida de un nuevo pacto de convivencia, donde la historia sirva de lección, no de trinchera”, escribió el analista.

En este contexto, la presencia de Paz en la investidura de Kast no solo tiene un carácter protocolar, sino que también se perfila como un gesto político que podría marcar el inicio de una nueva etapa de diálogo y cooperación entre Bolivia y Chile tras décadas de distanciamiento diplomático.

Al cambio de mando asistirán el rey Felipe de España y otros mandatarios de la región, entre ellos el argentino, Javier Milei; el ecuatoriano, Daniel Noboa; y el paraguayo, Santiago Peña; entre otros.

La reciente firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) y el Servicio Estatal de Autonomías marca una nueva etapa en la colaboración interinstitucional entre Bolivia y entidades españolas, orientada al fortalecimiento de la gestión ambiental municipal en los nueve departamentos bolivianos y a la potenciación de los convenios intergubernativos que apuntan a servicios públicos más eficientes. Este acuerdo se llevó a cabo en el marco de una agenda de trabajo que reunió en La Paz a representantes de la cooperación descentralizada andaluza y extremeña, donde, según consignó la Diputación de Jaén, uno de los puntos destacados fue la clausura de un programa de capacitación técnica orientado a mejorar la gestión municipal de residuos.

De acuerdo con la información publicada por la Diputación, más de cien técnicos municipales de distintos municipios bolivianos completaron esta formación, la cual se centró en impulsar la profesionalización en el ámbito de los residuos como un componente esencial para el desarrollo sostenible en el país. Este programa se hizo posible gracias a la colaboración entre la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y Famsi, en alianza con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), reafirmando el compromiso de instituciones españolas y bolivianas por el fortalecimiento de capacidades locales.

Durante el acto de clausura, Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén y de Famsi, enfatizó que el progreso alcanzado en Andalucía y otras regiones de España respecto a la gestión de residuos y los servicios públicos puede servir como ejemplo para los municipios bolivianos. Reyes mencionó que en España, décadas atrás, muchos municipios enfrentaban desafíos semejantes a los de Bolivia, pero el trabajo coordinado entre administraciones, la profesionalización de los equipos técnicos y la adecuada planificación transformaron esos problemas en oportunidades, tanto desde el punto de vista sanitario como de generación de empleo y desarrollo territorial. Según reportó la Diputación, Reyes sostuvo que "cuando los municipios avanzan, avanza la calidad de vida de la gente", reforzando la idea de que los resultados positivos surgen al no imponer modelos y al compartir aprendizajes que eviten replicar errores.

Durante el evento participaron otras personalidades como Rafael García, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Bolivia; Miguel Ángel Morales, presidente de Felcode; José Ignacio García, rector de la UNIA; Francisco Toajas, diputado de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla; y Flavio Merlo, presidente de FAM Bolivia. El medio Diputación de Jaén detalló que la entrega de certificados a los participantes de las dos ediciones del diplomado y el intercambio de presentes entre delegaciones bolivianas y españolas figuraron entre los momentos centrales de la jornada, consolidando los vínculos institucionales y la voluntad de cooperación.

El impulso de este tipo de iniciativas responde a la necesidad de profesionalizar la gestión municipal de residuos en Bolivia, sector clave para la sostenibilidad y la salud pública. Según ha recordado la Diputación de Jaén, la experiencia española demuestra que los cambios en este ámbito requieren de una cooperación fluida, la adopción de buenas prácticas y una planificación adaptada a las realidades locales. Además, Reyes subrayó el compromiso permanente de Famsi, junto con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y la cooperación española, para seguir acompañando y reforzando nuevas propuestas formativas que contribuyan al avance de las comunidades.

Esta capacitación forma parte de una estrategia más amplia promovida por la cooperación española, la cual persigue la transferencia de conocimientos y la consolidación de redes entre municipios. La agenda desarrollada durante estos días en La Paz por la delegación andaluza y extremeña incluyó el intercambio de experiencias, la presentación de buenas prácticas y la identificación de áreas de mejora comunes para el sector ambiental boliviano. Según publicó la Diputación de Jaén, estas actividades buscan respaldar el trabajo de los gobiernos locales y promover soluciones sostenibles, siempre sobre la base del respeto a las especificidades y necesidades propias de las comunidades receptoras.

El convenio ahora suscrito entre Famsi y el Servicio Estatal de Autonomías permitirá avanzar en proyectos conjuntos orientados a garantizar la eficacia de los servicios públicos municipales, mejorando tanto la gestión ambiental como la articulación entre diferentes niveles de gobierno. La ceremonia de clausura, desarrollada en la sede de la FAM en la ciudad de La Paz, coronó así una serie de encuentros que buscan establecer mecanismos de colaboración duraderos, orientados al beneficio directo de la población boliviana y la consolidación de estructuras municipales más resilientes y profesionalizadas.

Según indicaron medios locales, la detención se produjo luego de que la menor, durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis, relatara que el empleado había cometido el abuso dentro del ámbito escolar.

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador, ordenada por la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado, en el que cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.

Fue durante este abordaje que surgió la existencia de un posible abuso y la identidad del presunto responsable. A partir de estos datos, la Fiscalía resolvió la detención el viernes pasado y ahora avanzará con las medidas periciales. En ese sentido, se ordenará que la menor declare en Cámara Gesell para corroborar la información preliminar.

En las primeras entrevistas con el ETI, la menor mencionó un un posible abuso, aunque su testimonio inicial no era concluyente. En paralelo, se barajaba la hipótesis de que había sido víctima de grooming, ya que se detectaron mensajes dirigidos a un número extranjero.

Con el transcurso de los meses y luego de nuevas intervenciones del área de salud mental, la adolescente reiteró su acusación contra el celador. Fuentes judiciales citadas por el canal Televida informaron que el día en que la menor ingresó armada al colegio, habría buscado específicamente al trabajador que presuntamente la abusó, aunque en ese momento no se encontraba en el lugar porque estaba de franco.

Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal penal de menores Griselda Digier, bajo la supervisión del jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Posteriormente, la causa pasó a manos de la fiscal Nieto, quien espera resolver en si formaliza la imputación contra el detenido.

El caso

La menor se atrincheró en su escuela el pasado 10 de septiembre, con una pistola 9 milímetros que había tomado de su padre, excomisario de la Policía de San Luis. Desde las 9 de la mañana, la menor deambuló por el establecimiento durante más de cinco horas y realizó dos disparos al aire, lo que obligó a evacuar a los alumnos y a desplegar un gran operativo policial.

Según el relato de los testigos, tras el primer estruendo muchos creyeron que la chica había arrojado un “chasquibum”, la pirotecnia hecha con papel de seda que produce una pequeña explosión al ser arrojada contra el suelo. Sin embargo, antes de disparar por segunda vez, la estudiante mostró su arma frente a todos y dejó en claro que la amenaza era de verdad.

Durante el incidente, varios estudiantes fueron asistidos por haber sufrido crisis nerviosas y cuadros de shock. Cerca de las 11 comenzó la negociación con ella para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida.

A las 15, después de cinco horas y media desde que el inicio del conflicto, los especialistas lograron que la chica entregue el arma.

En horas de la mañana de este martes, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Luis Remberto Peña Ortiz, de 19 años, acusado de agredir a su madre y a su padrastro en Zacatecoluca, La Paz Este.

Según el reporte oficial difundido en redes sociales, el joven, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y la atacó con un corvo, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, el padrastro intervino y también resultó lesionado en la cabeza. Ambos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen estables. Peña Ortiz será remitido a las instancias judiciales correspondientes, conforme a lo señalado por la PNC.

La agresión registrada en Zacatecoluca se suma a una serie de eventos recientes que reflejan el repunte de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2026, en Sesori, San Miguel Norte, un hombre en estado de ebriedad disparó contra sus hijos, con saldo de un joven de 23 años fallecido y una menor herida que logró sobrevivir.

La PNC localizó al agresor, identificado como Héctor Mario Lara, quien murió tras enfrentarse a los agentes. Las autoridades indicaron que la menor se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica especializada.

Otra situación de alto impacto ocurrió el 18 de febrero de 2026 en Uluazapa, San Miguel, donde Ever Antonio Gómez Benítez agredió a su esposa e hijos. Durante el intento de huida, Gómez Benítez atacó a la policía con un arma blanca y perdió la vida cuando los agentes respondieron al ataque.

En el occidente del país, Samuel Asael Flores Acuña, de 23 años, fue arrestado en Teotepeque, La Libertad Costa, tras rociar gasolina y prender fuego a su padrastro tras presenciar una agresión contra su madre.

La víctima sufrió quemaduras graves. Sin embargo, Flores Acuña enfrenta cargos por intento de homicidio. Este caso ha sido destacado por la PNC y por organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes alertan sobre el riesgo de escalamiento de los conflictos familiares en contextos de violencia reiterada.

¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo está tipificada en El Salvador?

La violencia intrafamiliar se refiere a cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o patrimonial a los integrantes de una familia, ya sea dentro o fuera del hogar. Este tipo de violencia puede estar dirigida hacia cónyuges, hijos, padres, hermanos u otros parientes, y suele involucrar agresiones recurrentes que afectan la integridad y bienestar de las víctimas.

En El Salvador, la violencia intrafamiliar está regulada principalmente por la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y el Código Penal.

La ley salvadoreña reconoce la violencia intrafamiliar como un delito que puede manifestarse en distintas formas, incluyendo agresiones físicas, amenazas, maltrato psicológico, abuso sexual y violencia económica. Las sanciones varían según la gravedad del caso y pueden incluir medidas de protección, asistencia legal y penas de prisión para los agresores.

Además, el marco legal establece la obligación de las autoridades de brindar protección inmediata a las víctimas y de investigar diligentemente las denuncias.

De igual manera, la legislación promueve la atención integral, asesoría psicológica y acompañamiento social para quienes sufren este tipo de violencia. Las instituciones responsables, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, coordinan acciones para prevenir, detectar y sancionar los hechos de violencia en el ámbito familiar.

Bajo los restos de la aeronave accidentada se encontró un vehículo adicional, lo que permitió a las autoridades ajustar la cifra de víctimas mortales tras el siniestro registrado cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia. Según informó la prensa local, la tragedia ya ha dejado un saldo de 24 personas fallecidas, conforme a los datos actualizados ofrecidos este lunes por el comandante regional de la Policía, Heriberto Valencia.

De acuerdo con lo publicado por los medios bolivianos, durante los trabajos de remoción de escombros y parte de la estructura de la aeronave militar que sufrió el accidente, los equipos de rescate hallaron bajo los restos del avión un vehículo más, con lo que aumentó el número inicial de víctimas. La cifra manejada por las autoridades hasta el fin de semana era de 22 muertos, pero el hallazgo reciente forzó una actualización, detalló el comandante Valencia en declaraciones recogidas por la prensa.

El medio local explicó que el accidente ocurrió el viernes pasado, cuando un avión militar modelo Hércules, empleado para transportar dinero, se desvió de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de El Alto. El aparato recorrió casi un kilómetro tras salirse de la vía de aterrizaje, colisionando contra varios vehículos en las zonas inmediatas. Las autoridades detallaron que entre los vehículos alcanzados se encontraban furgonetas, minibuses, automóviles particulares y un tráiler, todos impactados violentamente durante la trayectoria incontrolada del Hércules.

La situación derivada del siniestro provocó altercados en el área del accidente. Según consignó la prensa boliviana, al menos 51 personas fueron detenidas por disturbios luego de que una multitud acudiera a intentar recoger billetes esparcidos en el lugar de los hechos. La seguridad aeroportuaria recurrió al uso de agentes químicos para dispersar a las personas, en medio de un ambiente de desorden generalizado.

En cuanto a la investigación de las causas del incidente, el ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, confirmó que se han iniciado procedimientos formales para esclarecer lo sucedido. Tal como reportó la prensa nacional, la Junta de Investigaciones de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) asumió la recolección y resguardo de la caja negra de la aeronave, con la obligación de analizar factores operativos, mecánicos y de vuelo que pudieran haber influido en el accidente. Paralelamente, el fabricante del avión y la compañía aseguradora realizarán sus propias pesquisas, según indicó Salinas, lo que permitirá abordar el análisis del caso desde diversos enfoques técnicos y administrativos.

Las autoridades continúan desplegando tareas en la zona, tanto en operaciones de remoción de escombros como en la asistencia a las familias de las víctimas. La Policía y equipos de rescate mantienen presencia en el lugar mientras avanzan las investigaciones destinadas a determinar las circunstancias exactas que provocaron el accidente y el elevado número de víctimas asociadas al siniestro.

Bolivia inicia la recta final hacia las elecciones regionales del 22 de marzo próximo con las que se terminará de conformar el mapa político para el próximo quinquenio.

Dentro de tres semanas, los bolivianos elegirán a más de 5.000 autoridades locales —entre gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales y otras funciones públicas—, en un proceso que logró un récord histórico de candidatos inscritos: hay más de 34.000 postulantes en todo el país.

Estas elecciones autonómicas son las primeras desde la implosión del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó durante los últimos 20 años. Para el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, el “derrumbe de esa hegemonía” marca un escenario fragmentado, con multiplicidad de candidaturas y sin proyectos políticos de perspectiva nacional.

“Antes en las regiones había la postura oficialista masista contra la antimasista, y eso definía el escenario político local”, explica Saavedra. “Ahora hay una absoluta dispersión y caos electoral sin un orden político y con más liderazgos locales”, subraya.

Además de la dispersión y la sobredosis de candidaturas, esta elección está caracterizada por la expectativa autonómica de las regiones. Durante la campaña electoral, el presidente Rodrigo Paz planteó como uno de los ejes de su gobierno un modelo de redistribución de recursos bajo un concepto “50/50” que, aunque no se explicó técnicamente de manera pública, supondría una mayor descentralización administrativa y financiera.

El modelo autonómico se aplica en Bolivia desde 2009 después de una larga lucha regional encabezada por Santa Cruz, la región más próspera del país. Sin embargo, algunos analistas sostienen que este modelo nunca terminó de implementarse por falta de recursos y ajustes normativos. Saavedra sostiene que la visión del MAS siempre fue “centralista” y de “concentración del poder”. “Hubo transferencia de competencias, pero no hubo transferencia de plata”, señala el experto.

Con ese antecedente y la promesa de Paz de descentralizar los recursos públicos, uno de los principales desafíos políticos del Gobierno es lograr acuerdos territoriales y materializar su propuesta.

El poder local en Bolivia en las últimas décadas ha sido un contrapeso al nacional. Las plazas más disputadas son las que integran el denominado “eje central”: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que concentran tanto recursos como población.

En Santa Cruz, los candidatos que disputan con mayor ventaja la Gobernación según las encuestas son el exlíder cívico y actual gobernador Luis Fernando Camacho y el emprendedor tech y excandidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco. La definición de esta votación tiene implicancias importantes por el peso demográfico, político y económico de Santa Cruz, pero también por la relación de los principales candidatos con el Gobierno: Camacho postula en alianza con el presidente Paz; mientras que Velasco fue candidato con Jorge Quiroga, líder de la oposición a nivel nacional.

Otro cargo relevante en el contexto político actual es el de la gobernación de Cochabamba, donde se perfila como ganador uno de los sucesores políticos del expresidente Evo Morales: el dirigente cocalero Leonardo Loza. Después de haber desaparecido de la escena pública durante 46 días por una enfermedad viral, el exmandatario apareció en un mitin para darle su respaldo a quien ha sido uno de sus colaboradores más leales y ha asumido el rol de vocero del evismo en los últimos años.

“El verdadero candidato ahí es Evo; es su imagen y su habilidad política las que están en juego en esta elección”, sostiene Saavedra y afirma que la fuerza del evismo se va a canalizar en la figura de Loza, porque, aunque tiene otros candidatos para otras instancias, “ninguna es tan preponderante y significativa como la de Loza”.

El Gobierno también es un actor transversal en esta contienda electoral. Tras llegar al Gobierno, Rodrigo Paz articuló una alianza de partidos regionales y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que resucitó después de más de dos décadas sin personería jurídica y que pertenece a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

Esta alianza, denominada Patria, ha inscrito candidatos en algunas plazas regionales, pero ninguno consigue imponerse en las encuestas con números que entusiasmen. Algunos analistas creen que el haberse involucrado en la campaña electoral es un error estratégico y que puede significar un revés para el gobierno. “El presidente arriesga su legitimidad en una contienda innecesaria, debilitando la transición democrática y confirmando que prefirió lanzarse en una aventura electoral antes que la unidad del país”, manifestó la diputada y analista política Cecilia Solís en un análisis sobre las elecciones autonómicas.

Ciertamente, en algunos espacios, la elección regional podría significar una muestra de aprobación o rechazo al naciente gobierno y sus aliados. Pero la votación está abierta en casi todas las instancias y las encuestas muestran, ante todo, un alto nivel de indecisión sobre los liderazgos locales.

De acuerdo con ABI, el incidente se registró cuando la aeronave realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje en la terminal aérea de El Alto. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) precisó que el impacto no solo afectó a los ocupantes de la nave, sino también a varios vehículos civiles, incluidas furgonetas, minibuses y un tráiler, que fueron alcanzados por el aparato al precipitarse. El Ejecutivo boliviano activó protocolos de emergencia y ordenó el monitoreo continúo por parte de brigadas sanitarias y de rescate.

Según consignó ABI, el Sistema Único de Salud coordinó junto a cuerpos de bomberos y policía el operativo de rescate y traslado de los heridos, distribuyéndolos en múltiples centros médicos de diversas zonas de La Paz y El Alto. Los pacientes recibieron atención en el Hospital Korea, Clínica Litoral, Divino Señor, Centro de Salud Calama, Corazón de Jesús Kenko, Hospital El Alto Sur, Hospital del Norte, COSSMIL, Hospital Los Andes y la sanidad de las Fuerzas Armadas. Un niño sufrió la amputación de sus miembros inferiores y permanece internado en cuidados intensivos en el Hospital del Norte, sin que hasta el momento se haya presentado algún familiar.

El medio oficial detalló que la FAB estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), siguiendo expresas disposiciones del Comando General y lo estipulado en el Manual MAPO-3, con la finalidad de esclarecer las causas del siniestro. La institución castrense anunció, como parte de su proceder, el compromiso de difundir información verificada a través de canales oficiales conforme se avance en las pesquisas.

Entre las particularidades del accidente, la ministra Flores reportó en rueda de prensa que el avión siniestrado transportaba una suma de dinero destinada al Banco Central de Bolivia. El suceso provocó la concentración de decenas de personas en la zona del accidente, quienes intentaron recolectar los billetes dispersos. Fuerzas de seguridad del aeropuerto intervinieron utilizando agentes químicos para disuadir a la multitud. Las autoridades lamentaron que este hecho haya desencadenado agresiones contra ambulancias y personal médico, dificultando los trabajos de rescate y traslado. “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”, declaró la ministra, según publicó ABI.

El Ministerio de Salud enfatizó que los billetes que transportaba el Hércules carecen de validez legal en su actual condición y exhortó a la ciudadanía a evitar la zona afectada, respetando el acceso de los equipos de emergencia y el luto de las familias. La institución subrayó que la atención a las víctimas y la protección de los equipos de rescate constituyen las prioridades en este contexto.

ABI precisó que para la atención en la zona fueron desplegadas cinco ambulancias del sistema nacional de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud, y nueve ambulancias de refuerzo, según información consolidada por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, que mantiene un monitoreo permanente de los equipos de emergencia.

El primer reporte acerca del impacto provino del Cuerpo Nacional de Bomberos, que comunicó la existencia de personas heridas sin detallar cantidades iniciales. Posteriormente, la ministra Flores actualizó el número de víctimas y brindó información sobre la operación conjunta de policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud y el Ministerio correspondiente.

El siniestro involucró no solo la aeronave militar, sino también a vehículos particulares y de transporte, evidenciando el impacto ampliado sobre la población civil y la infraestructura en el área aledaña al aeropuerto de El Alto, según detalló ABI en su cobertura sobre el desarrollo de la emergencia.

La presencia de dinero disperso en la zona del accidente causó la concentración de multitud de personas en las inmediaciones del lugar, lo que interfirió en las labores de rescate y atención médica tras la caída del avión militar tipo Hércules cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, en la ciudad boliviana de La Paz. De acuerdo con medios oficiales citados por la agencia boliviana de noticias ABI, las personas se acercaron con la intención de recoger billetes, mientras la policía y personal del aeropuerto utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud y restablecer el orden. El incidente, que involucró a una aeronave perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) y ocurrió este viernes por la tarde, provocó al menos 15 fallecidos, 28 heridos y daños materiales considerables, según confirmaron autoridades de salud y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

Según informó la FAB en un comunicado divulgado en redes sociales, la aeronave accidentada realizaba maniobras de aproximación y aterrizaje cuando perdió el control y terminó precipitándose sobre el Puente Bolivia, impactando no solo contra el suelo sino también contra varios vehículos particulares, entre los que se contaban furgonetas, minibuses e incluso un tráiler. El medio detalló que hasta la noche del mismo día las autoridades no habían podido confirmar las causas del siniestro, y que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse conforme avanzaban las labores de rescate y verificación.

Las tareas de emergencia se activaron de inmediato, movilizando a policías, bomberos y personal de salud bajo la coordinación del Sistema Único de Salud (SUS) y el Ministerio de Salud. La ministra de Salud de Bolivia, Marcela Flores, precisó que los 28 heridos se encontraban distribuidos en distintos hospitales de La Paz y que el traslado a los centros asistenciales se realizó bajo estrictos protocolos, aunque algunos equipos de ambulancias sufrieron ataques y agresiones mientras intentaban acceder a la zona afectada. Según publicó ABI, Flores criticó la actitud de algunas personas, subrayando: “No es posible que mientras se intenta salvar vidas, algunas personas actúen violentamente. La prioridad es la atención de los pacientes”.

La situación en el área del accidente complicó las labores de los rescatistas, tal como consignó ABI, no solo debido al número de víctimas, sino también por la presencia de curiosos y personas deseosas de recuperar dinero entre los restos de la aeronave. El Ministerio de Salud y la institución liderada por Flores advirtieron que los valores transportados por el avión, cuyo destino era el Banco Central de Bolivia, han perdido validez legal en su estado actual e instaron a la población a evitar acercarse al lugar para recogerlos, subrayando la importancia de respetar tanto a las víctimas como la labor de los equipos de emergencia.

La información oficial indica que se desplegaron cinco ambulancias del sistema público de salud, dos unidades de la Caja Nacional de Salud, dos de la Caja Petrolera de Salud y un total de nueve ambulancias en servicio para el traslado de los heridos, según el Ejecutivo boliviano. Los datos fueron recopilados por el viceministerio de Gestión del Sistema Nacional de Salud, responsable del monitoreo permanente de las brigadas de emergencia en el perímetro afectado.

En el ámbito de la investigación, la FAB anunció la conformación de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) acorde a lo estipulado en el ‘Manual MAPO-3’, por instrucción directa del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. El objetivo de este organismo es esclarecer con precisión las causas que desencadenaron el accidente y mantener informada a la ciudadanía a través de canales oficiales, sostuvo la FAB en su comunicado.

A lo largo de la jornada, la ministra de Salud recalcó en una rueda de prensa la importancia de no obstruir las tareas de atención y resguardo sanitario, destacando el compromiso de médicos, policías y bomberos involucrados en el operativo. Según reportó ABI, la cantidad de heridos confirmados por las autoridades fue mayor a la estimada previamente por el cuerpo nacional de Bomberos, que no había proporcionado cifras concretas tras el siniestro.

El accidente, que ocurrió durante la tarde, generó un clima de tensión e incertidumbre en la zona aledaña al aeropuerto, donde equipos de emergencia y seguridad permanecieron trabajando bajo la supervisión de múltiples instancias gubernamentales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar los perímetros de seguridad y priorizar la integridad de los equipos de rescate y salud antes de cualquier interés material, planteando que la afectación a las vidas humanas y el luto familiar son los aspectos centrales de atención ante este trágico suceso, detalló ABI.

Decenas de personas se han acercado al lugar del accidente luego de que corriera el rumor de que el avión siniestrado transportaba dinero, lo que generó una situación caótica entre los presentes. Según reportó la agencia boliviana de noticias ABI, este hecho hizo que los servicios de seguridad desplegaran agentes químicos para dispersar a la multitud, mientras la escena permanecía resguardada por las autoridades.

De acuerdo con ABI, la tarde de este viernes ocurrió la caída de una aeronave militar modelo Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), que durante maniobras de aproximación y aterrizaje se desplomó sobre el Puente Bolivia, próximo al Aeropuerto Internacional de El Alto, en La Paz. Tal como informó la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a través de un comunicado, hasta el momento se ha confirmado el fallecimiento de al menos 15 personas y se han registrado varios vehículos destrozados. Entre los automóviles afectados figuran furgonetas privadas, minibuses y un tráiler, que se encontraban en la zona al momento del impacto.

El cuerpo nacional de Bomberos detalló la existencia de heridos, aunque las cifras exactas aún no han sido actualizadas. Las víctimas mortales podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate y se esclarezca la situación. Según consignó el medio ABI, las autoridades han implementado los protocolos de emergencia y coordinado la atención de los afectados en el área, que resultó seriamente comprometida tras el accidente.

La Fuerza Aérea Boliviana comunicó que, por expresa disposición del Comando General, se estableció la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA), encargada de esclarecer las causas del siniestro, de acuerdo con lo establecido en el ‘Manual MAPO-3’. “La Institución mantendrá informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales, conforme se cuente con información verificada”, señaló la FAB en su informe. Como parte del procedimiento, se recopilan datos técnicos y testimonios de quienes se encontraban en las inmediaciones, mientras las labores de investigación avanzan bajo estricta vigilancia.

El accidente ocurrió en una zona concurrida por el tráfico vehicular y peatones, lo que incrementó el número de víctimas y daños materiales. El medio ABI reportó que la caída de la aeronave militar provocó la destrucción de varios vehículos civiles y comerciales que transitaban por el Puente Bolivia al momento del impacto. Además, el accidente generó caos entre la población local, lo que dificultó en un primer momento el acceso de las autoridades y los equipos de emergencia al sitio del siniestro.

Información preliminar recogida por ABI apunta a que, debido a la creencia de que la aeronave transportaba sumas de dinero, personas se aglomeraron alrededor del lugar del accidente. Esta afluencia masiva llevó a que las fuerzas de seguridad recurrieran al uso de agentes químicos para controlar la cantidad de ciudadanos que pretendían recoger billetes esparcidos en el área.

El suceso fue atendido por bomberos, policías y personal de emergencia, quienes trabajaron en la remoción de escombros y la atención de heridos. El operativo incluyó el cierre de varias vías cercanas al aeropuerto para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos especializados. Mientras tanto, las autoridades aeroportuarias, en coordinación con instancias nacionales, mantienen la zona resguardada y han intensificado la investigación sobre la secuencia de eventos que desembocó en el accidente.

La FAB reiteró que continuará actualizando a la opinión pública a medida que se disponga de datos verificados sobre las víctimas, el estado de los heridos, la naturaleza de la carga transportada y los factores que podrían haber contribuido a la tragedia aérea. De acuerdo con la información recabada por ABI, los familiares de las víctimas comenzaron a concentrarse en las proximidades del aeropuerto y centros médicos para recabar información sobre sus allegados.

El accidente del Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos representa uno de los incidentes aéreos de mayor gravedad reciente en la región. Las autoridades intensifican el análisis de los restos del avión y las grabaciones de control aéreo, considerando a la vez los testimonios de pilotos y testigos que presenciaron la aproximación y posterior caída de la aeronave.

El despliegue de recursos y la intervención de la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos reflejan la prioridad institucional de esclarecer los hechos y prevenir sucesos similares en el futuro, según manifestó la Fuerza Aérea Boliviana en su comunicado oficial. Por el momento, la zona permanece acordonada, mientras los especialistas recopilan elementos probatorios y dictaminan el estado de los equipos afectados.

La decisión del gobierno boliviano surge tras una conversación entre Fernando Aramayo, titular de la Cancillería boliviana, y Naser Burita, ministro de Exteriores de Marruecos, en la que ambas partes consensuaron abrir una nueva etapa de colaboración bilateral guiada por los principios de igualdad soberana, cooperación constructiva y respeto mutuo. Según informó Europa Press, Bolivia determinó suspender toda comunicación oficial y los lazos diplomáticos con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad que no figura como Estado miembro de Naciones Unidas.

De acuerdo con el comunicado conjunto difundido por las carteras de Exteriores de Bolivia y Marruecos, la revisión de la política internacional boliviana responde a una apuesta por refundar los vínculos estratégicos con el gobierno marroquí. Esta nueva hoja de ruta contempla el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas con Marruecos, la apertura de misiones diplomáticas residentes tanto en La Paz como en Rabat y el fortalecimiento del diálogo político, comercial y técnico.

El Ministerio de Exteriores de Bolivia expresó que el país andino mantiene su compromiso con el multilateralismo y los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como la resolución pacífica de disputas y la autodeterminación de los pueblos, respetando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Al suspender los vínculos diplomáticos con la RASD, Bolivia alegó actuar en estricto apego a los marcos del Derecho Internacional y subrayó su derecho soberano a diversificar asociaciones técnicas, tecnológicas, comerciales y económicas bajo criterios de complementariedad, siempre que estos sean compatibles con la integridad territorial e igualdad soberana del Estado.

Según publicó Europa Press, Bolivia y Marruecos acordaron avanzar en la estructuración de una agenda bilateral dirigida a promover el intercambio político y el comercio, junto con una cooperación ampliada en sectores como agricultura, seguridad alimentaria, suministro de fertilizantes, materias relacionadas con la seguridad y otros ámbitos técnicos que ambas naciones consideran prioritarios.

Europa Press destacó que Bolivia otorgó su reconocimiento formal a la República Árabe Saharaui Democrática el 14 de diciembre de 1982, poco después del inicio del mandato presidencial de Hernán Siles Zuazo, quien asumió tras el retorno de la democracia en ese país. Este reconocimiento ocurrió en un contexto político marcado por la recuperación democrática tras la dictadura presidida por Luis García Meza en 1980.

Durante las últimas décadas, el Frente Polisario, administración de la RASD, sufrió retrocesos diplomáticos ligados al cambio de postura de varios países que pasaron a respaldar el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental. Según consigna Europa Press, España se encuentra entre las naciones que apoyan esta iniciativa, opuesta frontalmente por el Frente Polisario, que exige la descolonización del territorio y sostiene el derecho a la independencia saharaui.

El territorio del Sáhara Occidental, antigua colonia africana bajo administración española, fue objeto de ocupación marroquí en 1975. Marruecos instaló entonces su presencia militar y administrativa tras la retirada española, acción resistida militarmente por el Frente Polisario. El conflicto armado entre Marruecos y el Polisario persistió hasta 1991, momento en que las partes firmaron un alto el fuego bajo auspicio de la ONU y convinieron la organización de un referéndum de autodeterminación, referéndum que nunca se llegó a celebrar debido a desacuerdos sobre el proceso de censo y la posible participación de los colonos de origen marroquí en ese escrutinio, apuntó Europa Press.

La ruptura de relaciones oficiales entre Bolivia y la RASD se suma a un contexto internacional donde el tema del Sáhara Occidental mantiene vigencia en foros multilaterales y motiva decisiones diplomáticas en varios países latinoamericanos y europeos. Según detalló Europa Press, Bolivia reiteró en su comunicado la prerrogativa soberana de estructurar reglamentos y alianzas estratégicas conforme a sus intereses nacionales y el contexto internacional, agregando que toda nueva asociación deberá ajustarse a los principios constitucionales del Estado boliviano y el respeto a la legalidad internacional.

El desarrollo de una nueva fase de colaboración con el gobierno de Rabat implica la puesta en marcha de canales de coordinación permanente para impulsar proyectos conjuntos, incluido el intercambio de información técnica en ámbitos agrícolas y de seguridad, el fomento de la inversión y el comercio bilateral, así como la intensificación del diálogo político a alto nivel. Bolivia y Marruecos manifestaron la disposición de avanzar en el establecimiento de agendas de cooperación en sectores estratégicos compartidos.

La reciente iniciativa diplomática boliviana representa un nuevo posicionamiento dentro del debate internacional sobre el Sáhara Occidental y recalca la voluntad del gobierno del país sudamericano de reformular activos vínculos geoestratégicos y comerciales en la región del norte de África, según remarcó Europa Press.

Algunas tiendas de conveniencia en el Estado de México han sido atacadas la tarde de este domingo 22 de febrero, como lo es el caso de dos establecimientos en Los Reyes, en La Paz en la entidad mexiquense.

En redes sociales oficiales reportaron que dos establecimientos fueron incendiados.

Cabe destacar que esto sucede posterior a haberse reportado y confirmado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder de El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior ha provocado diferentes hechos de violencia en el país, como bloqueos por parte de grupos delictivos, quema de vehículos, así como de establecimientos, principalmente en Jalisco, lugar donde se llevó a cabo el operativo contra el CJNG la mañana de este domingo 22 de febrero y donde su líder murió al ser trasladado para recibir atención médica a la Ciudad de México vía aérea.

Los actos de violencia como la quema de establecimientos, mencionada anteriormente, han llegado hasta el Estado de México, donde se reportaron dos incendios en tiendas de autoservicio.

Movilización de servicios de emergencia por incendio a dos tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Servicios de emergencia y seguridad locales y municipales se trasladaron a las tiendas de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México.

Testigos indicaron que un grupo de sujetos, cuya identidad no ha sido revelada, provocó los incendios.

Autoridades locales reportaron que ninguna persona resultó lesionada o murió tras los ataques a ambos establecimientos.

Hechos ocurridos en tiendas de conveniencia en Los Reyes, La Paz en el Edomex

Medios de comunicación reportaron que el primer incendio ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia Magdalena de los Reyes, en la esquina de Avenida Texcoco y Calle Vicente Guerrero.

Vecinos señalaron que no hay reporte de daños en el inmueble tras el ataque ocurrido, ya que los cuerpos de emergencia llegaron rápido al lugar.

Posteriormente, minutos después se dio el aviso del segundo ataque contra una tienda en Avenida Texcoco, entre las calles Trinidad y De las Casas, de la misma colonia.

A comparación de la otra tienda, el fuego tuvo un mayor impacto, pero los bomberos locales evitaron su propagación antes de que se extendiera.

Hasta el momento se desconoce el motivo principal del ataque, aunque testimonios y vecinos señalaron que podrían ser estos actos violentos como una respuesta por la detención de ‘El Mencho’ ocurrida la tarde de este domingo 22 de febrero.

¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos.

Su nombre se asoció con altos niveles de violencia y crimen organizado.

• Lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más poderosas del país.
• Bajo su mando, el cártel expandió operaciones de tráfico de drogas y extorsión.
• Su captura fue prioritaria para las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“La gente está apática. Le hablás de política y te miran como si fueras un testigo de Jehová”, describió uno de los candidatos que competirá en la elección de este domingo en Mendoza. Sólo seis departamentos renovarán sus Concejos Deliberantes en un contexto complejo para el peronismo, que competirá dividido, pero con expectativas en el oficialismo provincial, donde el gobernador Alfredo Cornejo tendrá la posibilidad de revalidar su alianza con La Libertad Avanza. En paralelo, hay controversia por el avance de la autonomía municipal en San Rafael: allí se elegirán convencionales para redactar la Carta Orgánica, aunque un fallo de la Corte estableció que su implementación podrá concretarse recién dentro de los próximos dos años. “No tiene sentido”, protestan algunos dirigentes.

Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael son los departamentos que tendrán elecciones este domingo. En el entorno de Cornejo adelantaron a Infobae que existe “una alta expectativa” en Luján de Cuyo, luego de que el intendente del PRO, Esteban Allasino, anunciara su incorporación a la coalición Cambia Mendoza junto a La Libertad Avanza. Se trata de la alianza que impulsó el gobernador en 2025, que le garantizó un triunfo provincial y consolidó su vínculo con la Casa Rosada.

En la Gobernación buscan bajarle el tono a las repercusiones que puedan tener los resultados. “Son elecciones municipales”, repiten y evitan cualquier intento de nacionalización. También remarcan que el desdoblamiento decidido por los intendentes responde a “la clásica estrategia” para hacer valer las estructuras oficialistas. No es un dato menor que se espera una baja participación en medio de un clima de apatía política.

En San Rafael anticipan una competencia ajustada frente al histórico peronismo de los hermanos Félix. En el oficialismo provincial aseguran que el escenario en Maipú también aparece favorable. Aunque la elección no define cargos ejecutivos ni provinciales, el resultado será leído en clave 2027. Mendoza es la única provincia que no permite la reelección del gobernador y Cornejo muestra intención de participar en las discusiones estratégicas de la UCR a nivel nacional.

De hecho, Cornejo tiene una pata puesta en el armado de Córdoba donde, además de su aliada Soledad Carrizo, apoya a Rodrigo de Loredo como candidato a gobernador dentro de una alianza con La Libertad Avanza. Tal es la influencia del radical mendocino en el armado nacional que el propio De Loredo lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo.

El peronismo, en cambio, atraviesa una fuerte interna entre el sector referenciado en La Cámpora y los alineados con los intendentes del PJ. Como consecuencia, en San Rafael, Rivadavia y Luján de Cuyo irán en listas separadas, lo que podría favorecer a los armados opositores. “Se la pasan diciendo que los votos son de ellos”, dijo desafiante a este medio un dirigente cercano a Anabel Fernández Sagasti, molesto por la postura de los jefes comunales.

La autonomía de San Rafael

Además de concejales, este domingo San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El movimiento autonomista responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. También aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas —como la remoción de un árbol en malas condiciones— hasta obras menores requieren trámites en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo.

A la resistencia opositora se sumó una denuncia del legislador José Luis Ramón, quien presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en ese departamento por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.

La decisión del máximo tribunal generó confusión y extendió el proceso: la elección de convencionales se realizará y los elegidos redactarán la nueva Carta Orgánica, pero el texto recién entrará en vigencia si es aprobado en un referéndum que se realizará dentro de dos años. “Es un papelón”, sostienen quienes se oponen a la autonomía municipal.

“Los Félix acuerdan con Ramón una nueva elección y más gasto político para los sanrafaelinos, por la farsa de la autonomía municipal”, denunció Leonardo Yapur, concejal de la UCR. También señaló que se trató de una estrategia del intendente para ubicar a su hermano como cabeza de lista y conformar una nómina más competitiva.

El evento, iniciado al mediodía, congregó más de sesenta fraternidades que interpretaron ritmos tradicionales ataviados con trajes multicolores, junto a bandas de músicos que acompañaron el recorrido. Tal como informó EFE, la muestra musical integró bailes originarios de las comunidades andinas, como el tinku, ch’utas, cueca paceña y llamerada, sumados a propuestas propias de los valles bolivianos, representadas por la moseñada y la chacarera, y también de las tierras bajas, con la presencia del taquirari.

La diversidad quedó evidenciada en la variedad de estilos y orígenes de las danzas. El tinku, característico de la región norte del departamento de Potosí y cuyo nombre significa “encuentro” en quechua, se distinguió por la simulación de combates entre bailarines. Entre las danzas de más reciente incorporación destacó el salay, de los valles bolivianos, que, de acuerdo con EFE, se reconoció por los ágiles movimientos y saltos realizados por mujeres y hombres. En contraste, la tradicional tarqueada de las provincias aimaras hizo uso de instrumentos de viento tallados en madera.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, explicó a EFE que en esta edición del Jisk’a Anata participaron más de 65 fraternidades, presentando una amplia gama de expresiones dancísticas que abarcan desde manifestaciones ancestrales hasta creaciones actuales propias de distintas regiones bolivianas. La integración de pasado y presente constituyó uno de los principales atractivos del evento, al igual que la presencia de figuras emblemáticas como el pepino, arlequín andino conocido por su vestimenta bicolor y máscara puntiaguda, quien interpreta un papel juguetón brincando y cantando con falsete agudo.

La figura del ch’uta, relacionada con los orígenes de las haciendas en la fundación del país en el siglo XIX, apareció tanto en su versión urbana, con ropa amplia y sombrero, como en su manifestación rural, caracterizada por gorro tejido y vestimenta ajustada parecida a la del torero español. EFE consignó que la tradicional chola paceña acompañó este despliegue, vestida con polleras largas y enaguas, adornada con joyas y el clásico sombrero bombín, mientras que las mujeres, en la interpretación de la chacarera, utilizaron faldas hasta el tobillo y los hombres lucieron chaquetas, sombreros de ala ancha y pañuelos, elementos distintivos de los antiguos carnavales del siglo XIX.

María Antonieta Toro manifestó a EFE su motivación de mantener vivas las tradiciones: “Queremos representar y reanimar el (carnaval de) antaño para que no se pierda (…) tenemos que ir cultivando en la juventud que nuestras tradiciones jamás se pierdan”. Toro expresó que desde niña quiso vestir los trajes de época y finalmente pudo cumplir ese deseo participando en el festejo.

La celebración del Jisk’a Anata se inscribe dentro del ciclo de carnavales que cada año se repiten en diversas regiones de Bolivia, distinguiéndose en La Paz por su énfasis en la integración de expresiones urbanas y rurales. No obstante, el Carnaval de Oruro, realizado el sábado y declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco en 2001, figura como la máxima expresión del folclore boliviano, según reportó EFE. El ciclo festivo continúa el martes con la tradicional Ch’alla, un ritual en el que los bolivianos agradecen a la Madre Tierra esparciendo bebidas alcohólicas sobre la tierra y adornando viviendas y automóviles con serpentinas y globos.

La conjunción de tradiciones antiguas y tendencias actuales, reflejada en la participación de fraternidades con propuestas coreográficas y musicales diversas, se reitera año con año en el Jisk’a Anata, reafirmando la permanencia de costumbres que conforman la identidad cultural del país, reportó la agencia EFE.

Dos agentes de la División de Tránsito del departamento de La Paz fueron destituidos tras protagonizar un procedimiento violento durante la intervención a un conductor que trasladaba pasajeros sin los permisos requeridos.

De acuerdo con la información oficial, los policías identificados como Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante participaron en el operativo y, al percatarse de que un hombre registraba la escena con su dispositivo móvil, actuaron contra él con uso de la fuerza.

Testigos del incidente señalaron que ambos agentes derribaron al ciudadano, lo que desencadenó un forcejeo que terminó con una lesión para la víctima. El afectado fue hospitalizado y permanece estable bajo atención médica. Según la denuncia formal presentada ante las autoridades, el procedimiento policial incluyó el retiro de las placas del vehículo intervenido y una reacción violenta hacia quien grababa la actuación.

La Policía Nacional Civil (PNC) comunicó que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de la población ni el incumplimiento de los protocolos institucionales. En un mensaje institucional, la PNC confirmó que los agentes implicados fueron separados de sus cargos y enfrentarán un proceso disciplinario y judicial conforme a la normativa vigente.

En palabras del posteo en X: “No vamos a permitir que miembros de esta Policía Nacional Civil atenten contra la dignidad de los salvadoreños, ni mucho menos que no respeten los protocolos de actuación establecidos”.

La intervención y posterior destitución de los agentes en La Paz son casos en los que la Policía Nacional Civil se ha visto obligada a actuar ante denuncias de excesos en procedimientos operativos. La víctima recibe atención médica y la institución asegura el cumplimiento de los debidos procesos administrativos y judiciales.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 327 del código penal establece que el abuso de autoridad en El Salvador constituye un delito atribuido a funcionarios o empleados públicos que utilizan su cargo para realizar actos arbitrarios. Las sanciones varían según la gravedad de la conducta y pueden incluir penas de prisión superiores a dos años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Cuando el abuso de autoridad se relaciona con cohecho, es decir, cuando el funcionario exige dinero u otros beneficios ilícitos, las penas de prisión se sitúan entre 6 y 9 años, además de la inhabilitación especial. En casos de fraude en contrataciones, como facilitar el ingreso de familiares o terceros mediante procedimientos irregulares, las penas oscilan entre 12 y 15 años de prisión.

Las personas condenadas por estos delitos también enfrentan la pérdida del cargo, la inhabilitación para obtener empleos públicos y la suspensión de derechos profesionales. Las reformas recientes en la legislación salvadoreña han endurecido las penas para delitos de corrupción y abuso de funciones con el objetivo de fortalecer la integridad en la administración pública.

Otros casos

Otro caso que, aunque no es reciente, en el que las autoridades salvadoreñas reportaron la detención de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) implicados en abusos de autoridad, extorsión y delitos patrimoniales, fue el ocurrido en julio de 2025 en Usulután Este.

El sargento Esaú Robles y el cabo Jeremías Trejo, asignados a ese distrito, fueron detenidos por presuntamente solicitar pagos ilegales a taxistas a cambio de permitirles trabajar sin los permisos requeridos.

El caso fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), que inició un proceso penal por extorsión.

También, entre agosto de 2024 y 2025, las autoridades desarticularon una red dentro de la PNC dedicada al hurto de piezas y repuestos de vehículos institucionales.

El operativo culminó con la detención de un subinspector y otros cinco individuos vinculados a la sustracción y venta de autopartes destinadas a patrullas policiales. Las investigaciones siguen abiertas para establecer el destino de los bienes sustraídos.

La AVCCI y la Embajada de España en Bolivia ratificaron su cooperación para impulsar la Tapatón, una campaña de recolección y venta de tapas plásticas que busca recaudar fondos para asistir a familias de niños y jóvenes con diagnóstico oncológico en el país sudamericano, según consignó EFE. Esta alianza, afirmaron los organizadores, se consolidó con miras al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, programado para el 15 de febrero.

En declaraciones recogidas por la agencia, el embajador de España en Bolivia, Fernando García Casas, relató que tuvo conocimiento de la campaña a poco de su llegada al país en 2024 y desde entonces mantuvo el respaldo institucional a la iniciativa. “Es una iniciativa tan solidaria, tan humana y con tan buenos resultados que nos sentimos muy honrados de colaborar con ella”, expresó García Casas a EFE. El embajador enfatizó la importancia de que la sociedad boliviana esté informada sobre el inicio de la nueva edición de la Tapatón y de la necesidad de recolectar la mayor cantidad posible de tapas para colaborar en el proyecto.

Ana Carola Torres, fundadora y presidenta de AVCCI, comunicó a EFE su satisfacción por el respaldo recibido de diversas instituciones y representantes diplomáticos en la lucha contra el cáncer infantil. Señaló especialmente la implicación personal del embajador al sumarse a la campaña. Torres detalló que la asociación apoya a un importante número de menores, entre quienes figura un grupo de sobrevivientes. Uno de ellos, Leonel Nicolás López, narró a EFE que le diagnosticaron leucemia y logró superarla gracias al apoyo de su familia, el equipo médico y la AVCCI. En sus palabras, “a los niños que me estén viendo les digo que siempre tengan fe en Dios y que nunca se rindan. La leucemia se vence teniendo voluntad, el apoyo de tus papás, de toda tu familia, se puede vencer el cáncer”.

Durante el evento en La Paz, los asistentes encendieron velas como símbolo de esperanza para quienes viven con cáncer, particularmente los menores, y entregaron reconocimientos a las instituciones y empresas aliadas de la campaña. EFE precisó que la AVCCI, creada en 2012 como organización sin fines de lucro, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, proporcionando apoyo en la compra de medicamentos, la realización de estudios médicos y la contribución al cumplimiento de sueños de pacientes terminales.

La campaña Tapatón constituye una de las principales estrategias de recaudación de la entidad. EFE detalló que la iniciativa opera mediante la recolección de tapas plásticas en cajas identificadas con el logotipo de la campaña, ubicadas en puntos estratégicos de acopio. Posteriormente, las tapas se comercializan a través de un convenio con la empresa recicladora Empacar, permitiendo a la AVCCI obtener fondos para sus diversas líneas de apoyo.

Según datos suministrados por la organización y reportados por EFE, la edición Tapatón del Bicentenario, llevada a cabo en 2025, permitió recolectar 26,5 toneladas de tapas plásticas en cinco de las nueve regiones de Bolivia. Estos recursos se destinaron íntegramente a la compra de insumos médicos y la cobertura de necesidades de niños y jóvenes pacientes oncológicos.

La campaña, que cuenta con el respaldo oficial de la Embajada de España y de otras instituciones, continuará en el país para favorecer a más familias y fortalecer los mecanismos de ayuda a menores que enfrentan el cáncer. EFE destacó la relevancia de la colaboración internacional en la lucha contra la enfermedad y el esfuerzo colectivo demostrado en el acto de lanzamiento de la nueva edición de la Tapatón.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, llevó a cabo una investigación que culminó con la vinculación a proceso de un hombre identificado como Francisco “N”, por un caso de fraude relacionado con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por el representante legal de INFONAVIT en Baja California Sur.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia detalla que una persona empleó documentos falsos y accedió al crédito de un derechohabiente, suplantando su identidad.

Este señalamiento dio origen a la integración de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público Federal (MPF), que se enfocó en esclarecer los hechos y reunir pruebas sobre la supuesta usurpación.

Detalles del supuesto delito

El presunto fraude atribuido a Francisco “N” involucra un monto de 2 millones 320 mil pesos.

Según la carpeta de investigación, esta cantidad corresponde al crédito presuntamente ejercido para la compra de una vivienda ubicada en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur.

La mecánica del delito consistió en el uso de documentos falsos y la usurpación de identidad de un derechohabiente, lo que permitió acceder y utilizar el crédito otorgado por el INFONAVIT para formalizar la adquisición del inmueble.

Proceso judicial en contra de Francisco “N”

El MPF presentó los elementos de prueba contra Francisco “N”, logrando que el juez federal emitiera una orden de aprehensión.

Tras su cumplimiento, se realizó la audiencia inicial, donde la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso.

Como parte de las medidas cautelares, se estableció la presentación mensual del imputado ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Además, la FGR confirmó que el juez le prohibió a Francisco “N” salir del estado de Sinaloa sin autorización judicial y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

A pesar de la vinculación, las autoridades especificaron que a Francisco “N” se le reconoce la presunción de inocencia durante todo el proceso, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Este principio garantiza que, hasta que concluya el juicio y se determine su responsabilidad penal, el imputado no puede ser considerado culpable.

Datos destacados de la noticia

• FGR obtuvo la proceso a Francisco “N” por presunto fraude contra el INFONAVIT en Baja California Sur.
• La denuncia fue presentada por el representante legal del INFONAVIT por uso de documentos falsos y suplantación de identidad.
• El fraude alcanzó los 2 millones 320 mil pesos para la compra de una vivienda en La Paz, Baja California Sur.
• Se dictaron medidas cautelares: presentación mensual en el Centro de Justicia Penal Federal de Los Mochis y prohibición de salir de Sinaloa.
• Francisco “N” conserva la presunción de inocencia hasta que exista sentencia condenatoria.

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, Margot Ayala, presentó su renuncia este miércoles tras las denuncias por la mala calidad del combustible y el alza de precios que generaron protestas y reclamos de distintos sectores sociales.

Ayala, quien asumió el cargo en noviembre junto con el presidente Rodrigo Paz, anunció su decisión durante una conferencia de prensa donde aseguró que su salida responde a la necesidad de preservar su integridad personal y profesional.

“Considero responsable conmigo misma dar un paso al costado. Desde esa convicción y siendo coherente con mis valores personales y profesionales, hoy he decidido renunciar a mi cargo”, declaró. Justificó su dimisión en medio de lo que calificó como “un ataque sistemático” proveniente de una “red de corrupción” interna en la entidad.

La funcionaria explicó que, durante su gestión, impulsó investigaciones sobre irregularidades y trabajó en la limpieza de procesos dentro de la entidad, lo que —según sostuvo— provocó reacciones en su contra tanto desde el interior de la agencia como de sectores externos.

“Han articulado incluso con periodistas y otros voceros que se dedican a denigrarme como persona, no solo como profesional”, afirmó, señalando que la presión fue creciendo en las últimas semanas.

La renuncia de Ayala ocurre en medio de una fuerte tensión social tras la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, una de las primeras medidas del gobierno de Rodrigo Paz para enfrentar la crisis económica más grave en cuarenta años.

El ajuste duplicó el precio de la gasolina y otros derivados, generando protestas de sindicatos y organizaciones sociales en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni.

En paralelo, la petrolera estatal informó la semana pasada que parte de la gasolina distribuida presentaba contaminación con goma y manganeso, residuos presentes en tanques de almacenamiento heredados de la administración anterior. El gobierno boliviano reconoció que este combustible defectuoso afectó a unos 2.000 vehículos en distintas regiones. Según las autoridades, la gasolina contaminada fue retirada del mercado y se iniciaron investigaciones para aclarar responsabilidades.

El presidente Rodrigo Paz atribuyó el incidente a un “boicot” interno impulsado por personal de la petrolera estatal vinculado a la gestión anterior.

“En el tema de la gasolina ha habido un boicot. Ojalá podamos llegar hasta el fondo de esto”, expresó Paz. El mandatario anunció además el despido de 360 trabajadores de la empresa estatal como parte de un proceso de depuración.

Los sindicatos de transportistas exigieron la renuncia de los responsables y la implementación de medidas de compensación para los propietarios de vehículos afectados. El gobierno inició conversaciones con representantes del sector para acordar mecanismos de reparación.

Mientras tanto, el Ministerio Público ha abierto una investigación sobre la venta de combustible en mal estado, citando a Margot Ayala para que comparezca y brinde su declaración. La ahora ex directora enfrenta cuestionamientos sobre posibles irregularidades y dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales.

Ayala, quien trabajó previamente en el área de hidrocarburos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo, aseguró que nunca militó en ningún partido político ni formó parte de la cúpula de ninguna administración.

“Ingresé al servicio público desde funciones técnicas y, cuando asumí cargos jerárquicos, lo hice por periodos limitados y con responsabilidades concretas. Nunca fui cómplice de irregularidades”, enfatizó.

La crisis por el combustible y la renuncia de Ayala se producen en medio de tensiones políticas en el gobierno de Paz. El vicepresidente Edmand Lara presentó el mismo día una denuncia penal contra el presidente de la petrolera estatal por supuestos contratos con sobreprecio y acusó al ejecutivo de corrupción, lo que profundiza las fracturas en la actual administración.

En su despedida, Ayala pidió a la ciudadanía defender la institucionalidad y no caer en enfrentamientos, asegurando que deja una agencia “limpia, transparente y lista para trabajar por su país”.

El gobierno deberá ahora designar a un nuevo titular para la entidad y enfrentar los retos inmediatos de la crisis energética y la presión social creciente.

(Con información de The Associated Press, EFE y EP)

Las tareas de socorro y la investigación de las causas del accidente tomaron un giro inesperado cuando, según informó Unitel, las autoridades no lograron localizar al conductor del autobús durante más de 20 horas después del siniestro en el municipio de Mocomoco, en el departamento boliviano de La Paz. Esta ausencia prolongada abrió dos líneas de pesquisa: la posibilidad de una huida premeditada tras el incidente, o bien que el chofer, gravemente herido, hubiese alcanzado por sus propios medios algún hospital de la zona sin identificarse de inmediato. El accidente, ocurrido en la madrugada del jueves, dejó al menos 14 fallecidos y un lesionado, en un tramo vial que conecta Mocomoco con la capital boliviana, a 220 kilómetros de distancia.

De acuerdo con lo consignado por Unitel y reportado también por el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Freddy Valda, entre las víctimas confirmadas se identificaron ocho mujeres y seis hombres. Valda detalló que se verificaron estos decesos tras los trabajos ejecutados por los equipos de emergencia, sumando además una persona con heridas que fue rescatada tras la caída. El dato de posibles más lesionados no fue descartado, ya que las labores de búsqueda y rescate continuaban en la zona debido a la magnitud del percance.

El medio boliviano Unitel detalló que el vehículo, destinado al transporte público, cayó por un barranco de aproximadamente 150 metros. Las imágenes y descripciones del lugar dan cuenta de que quedó completamente destrozado. Las primeras evaluaciones de la policía apuntan a un posible exceso de velocidad como hipótesis principal de lo sucedido, ya que el autobús abandonó la vía en una curva, lo que habría provocado la caída fatal por el precipicio.

Las autoridades, según reportó Unitel, desplegaron equipos policiales y sanitarios para realizar el rescate de víctimas y el aseguramiento del área. Debido a la geografía accidentada y a la profundidad del barranco, las operaciones se dificultaron y requirieron varias horas para acceder a todos los puntos donde quedaron dispersos los restos del vehículo y los pasajeros.

El comandante Valda, citado por los medios locales, subrayó la gravedad del impacto tras la caída. "Hemos verificado el fallecimiento de 14 personas, ocho de sexo femenino y seis de sexo masculino. Además, se reportó una persona herida y se presume que existen más lesionados", comunicó Valda a la cadena Unitel. A medida que avanzaron las horas, se continuó buscando entre los restos del autobús y en las inmediaciones del barranco, a fin de descartar la presencia de víctimas adicionales.

La incertidumbre sobre el paradero del conductor generó interrogantes entre las fuerzas de seguridad y las autoridades administrativas. Según informó Unitel, no se halló rastro alguno del chofer en el lugar del siniestro e inclusive en hospitales cercanos durante las primeras horas. Esta situación aumentó la conjetura de una posible evasión para evitar responsabilidades legales, aunque tampoco se descartaba la opción de que el conductor hubiera resultado tan gravemente herido que requiriera atención inmediata y no pudiera ser identificado en la confusión posterior al accidente.

Unitel añadió que las investigaciones policiales continuaron en la zona, solicitando testigos y realizando pericias técnicas sobre la trayectoria del vehículo, las condiciones mecánicas y la vía en la que ocurrió el accidente. Los agentes policiales centraron su atención en la curva donde se produjo la salida de carretera, un punto considerado de alto riesgo en ese tramo montañoso del departamento de La Paz.

Los familiares de los fallecidos y heridos buscaron información y asistencia de las autoridades locales y de los especialistas desplegados tras el accidente. Organismos gubernamentales y autoridades municipales ofrecieron apoyo logístico para la identificación de cadáveres y la atención a la persona rescatada con vida.

El transporte público en Bolivia, particularmente en áreas rurales y de difícil acceso, ha enfrentado desafíos de seguridad recurrentes, como señalaron diversas fuentes involucradas en tareas de fiscalización. Los operativos de control sobre el estado de los vehículos, la capacitación de los conductores y las condiciones de las carreteras han sido motivo de debate en los últimos años, aunque Unitel no especificó si este autobús había tenido revisiones recientes o si se registraron alertas sobre su funcionamiento previo al accidente.

Por último, los reportes de Unitel indicaron que las autoridades continuaron trabajando para esclarecer el contexto exacto del hecho, mientras el país esperaba información más precisa sobre la suerte del conductor y la identificación de las víctimas que aún restaban ser reconocidas por sus familiares tras el accidente de Mocomoco.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este viernes la existencia de un “boicot” y “sabotaje” contra su Gobierno, en medio de protestas de sindicatos de transportistas que aseguran haber sufrido daños en sus vehículos por la mala calidad de la gasolina comercializada en el país.

“Hay un sabotaje en todo esto, porque un Estado de 20 años no se resuelve en tan corto plazo”, declaró el mandatario tras participar en un acto de la Cámara Nacional de Comercio en La Paz, al borde de cumplir sus primeros tres meses de gestión.

Paz recordó el “anuncio muy duro” realizado por el presidente de YPFB, Yussef Akly, quien comunicó el despido de 360 funcionarios como parte de la reestructuración en la empresa estatal, y la apertura de una investigación interna ante la posible existencia de una “mano negra” que estuvo afectando intencionalmente la distribución de combustible.

En ese sentido, anticipó que “habrá más anuncios” sobre la lucha contra la “lacra”, la “corrupción” y algunas “mafias internas” en empresas estatales. “Hay gente que le está haciendo daño al país”, insistió.

El presidente se comprometió a “relanzar” la capacidad estatal para evitar estos problemas y remarcó en que lo que ocurre “es un boicot”.

Por otra parte, el mandatario expresó además su preocupación por una supuesta alianza entre sectores de izquierda y derecha que, según él, “no quieren dejar el pasado y no le están queriendo dar la oportunidad a Bolivia para salir adelante”.

“No le quieren dar futuro, porque saben que si Bolivia avanza en ese futuro, no hay retorno al pasado ni de los viejos políticos, ni de la vieja casta que ha gobernado en los últimos años Bolivia”, agregó.

Líderes sindicalistas y transportistas protestaron desde el jueves en regiones como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni, y pidieron al Gobierno una compensación por los daños causados por la gasolina, que denuncian tiene mala calidad.

Las autoridades han asegurado que el problema no es nacional, sino que se identificaron “casos específicos de gasolina residual localizada en algunos tanques con parámetros inferiores”, correspondientes a adquisiciones anteriores, además de concentraciones anómalas de gomas y manganeso.

El Ejecutivo afirmó que la gasolina “desestabilizada” ya no está en circulación y que se trabaja con un sistema heredado que está siendo corregido. A su vez, mencionaron que darán respaldo al combustible mediante “verificaciones rigurosas”.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó que los casos de gasolina en mal estado se originaron por fallas en “dos o tres” plantas de almacenamiento y descartó que se trate de un problema que afecte a todo el sistema nacional de distribución.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó: “No es un efecto a nivel nacional, no está pasando a nivel nacional, esto se ha dado en dos o tres plantas específicas donde se ha desestabilizado el producto”. Precisó que los inconvenientes se detectaron en las plantas de Trinidad, Montero y Oruro, debido a la presencia anómala de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

Akly añadió que en Bolivia operan actualmente 16 plantas dependientes de YPFB y otras seis de carácter privado.

Cabe mencionar que en diciembre, el gobierno boliviano eliminó la subvención a los combustibles vigente por más de dos décadas, lo que llevó a que el precio del litro de gasolina especial subiera de 0,53 dólares a 1 dólar, y el de la gasolina premium de 1 a 1,58 dólares. Dicha decisión generó huelgas y negociaciones entre sindicatos y la administración de Paz.

(Con información de EFE)

Transportistas protagonizaron bloqueos de rutas y vías en tres ciudades de Bolivia en protesta por “la mala calidad” de la gasolina, que, según denunciaron, causó daños en sus vehículos y por lo que exigen al gobierno presidido por Rodrigo Paz una compensación económica.

En una advertencia hacia el Ejecutivo, mencionaron que en caso de no obtener respuesta, intensificarán las medidas de presión. La principal ciudad afectada fue La Paz, en la que conductores cortaron las calles del centro para exigir un diálogo con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y demandar soluciones ante lo que describen como al menos 400 vehículos afectados por el combustible en mal estado.

Las calles de Santa Cruz también vivieron una jornada atípica, con diversos transportistas que bloquearon la principal carretera al norte, mientras que en Oruro se concentraron fuera de las oficinas de YPFB y obstruyeron las vías adyacentes.

“Hemos dado 24 horas al Gobierno para que se manifieste sobre la reposición de daños y perjuicios por la mala gasolina que se ha distribuido, lamentablemente no hay una respuesta de alguna autoridad de Gobierno”, declaró el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara a la agencia EFE.

El gremio advirtió que, si hasta el domingo no hay un llamado al diálogo, la protesta se masificará con una huelga indefinida. Sindicatos de transporte público y libre afirman que al menos 2.000 vehículos presentan daños por el uso de la gasolina distribuido en las últimas semanas.

Por su parte, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respondió a los reclamos y determinó que los recientes casos de venta de gasolina en mal estado se originaron debido a fallas en “dos o tres” plantas de almacenamiento y no constituyen un problema generalizado en el sistema nacional de distribución.

El presidente de YPFB, Yussef Akly, explicó que la situación no afecta a todo el país, sino que se concentra en plantas específicas donde se desestabilizó el producto. Los problemas se detectaron en instalaciones ubicadas en Trinidad, Montero y Oruro, donde se identificó una concentración anómala de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.

Akly detalló que en Bolivia funcionan 16 plantas bajo dependencia de YPFB y seis privadas. Además, informó que la empresa desarrolla una investigación ante la posibilidad de que exista una “mano negra” detrás de la generación intencional de este problema. “Vamos a actuar con todo el peso de la ley si es que identificamos a estos actores que han afectado la operación de algunas plantas”, advirtió el Ejecutivo.

El presidente de YPFB señaló que, aunque los incidentes se concentran en ciertas plantas, no se descarta la posibilidad de que puedan presentarse en otras instalaciones, por lo que se implementarán controles exhaustivos en todas las etapas de la cadena de distribución: desde la importación y refinación hasta el transporte y la venta en estaciones.

Según Akly, en base a reportes de prensa y redes sociales, cerca de 2.000 vehículos podrían haber experimentado problemas asociados a la “gasolina desestabilizada”, aunque reconoció que no es posible establecer con certeza si esta situación es la causa directa de las fallas reportadas por conductores y usuarios del servicio.

(Con información de EFE)

Estados Unidos y Bolivia coordinan el retorno de sus embajadores “lo antes posible”, tras casi veinte años sin altos representantes diplomáticos en ambos países, según lo confirmó el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

En diálogo con la agencia AFP, el canciller afirmó que en su última reunión en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el miércoles pasado, se abordó “el tema de la restitución de embajadores”.

"La idea es finalizar esta tarea lo antes posible”, agregó el funcionario del gobierno presidido por Rodrigo Paz.

Desde 2008, Bolivia y Estados Unidos no han recibido embajadores, luego de que el entonces presidente Evo Morales expulsara al diplomático estadounidense tras acusarlo de conspirar contra su gobierno de izquierda. En represalia, la Casa Blanca expulsó también al embajador boliviano.

Con la llegada al poder en noviembre del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, Bolivia ha buscado acercar posiciones con Estados Unidos. Durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, que gobernaron la mayor parte de las últimas dos décadas, el país experimentó un distanciamiento con los países occidentales, en particular con Washington.

Cabe mencionar que Aramayo mantuvo una reunión oficial con Rubio como parte de los esfuerzos para fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países. El encuentro, calificado como cordial por ambas partes, se enfocó en temas clave de la agenda común, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica y el dinamismo del diálogo político.

Según informó un comunicado de la Cancillería boliviana, se abordaron también áreas de interés compartido como agricultura, minería, tecnología y seguridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró la reunión como un “hito relevante para la agenda diplomática” de Bolivia, destacando el compromiso con una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de los vínculos internacionales bajo principios de respeto mutuo y entendimiento recíproco.

Aramayo subrayó el tono positivo de la reunión y señaló que ambas naciones avanzan hacia “una nueva etapa de generación de confianza y de una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia”. En un mensaje en la red social X, agradeció la disposición de Rubio y consideró a Estados Unidos “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.

Por su parte, Rubio valoró el intercambio y reafirmó el respaldo de la administración Trump a Bolivia en su camino hacia “una nueva vía de reformas promercado”. El secretario de Estado calificó la conversación como productiva.

El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo Rodrigo Paz también se reunió con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos, donde resaltó que “Bolivia se abre al mundo” tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

En aquella oportunidad, Rubio felicitó a Paz por su victoria electoral, calificando el resultado como una oportunidad transformadora y señalando el cierre de un ciclo de “mala gestión” durante los 20 años del MAS. Según portavoz adjunto del Departamento de Estado, la reunión sirvió para demostrar “el compromiso de Estados Unidos con una alianza sólida con Bolivia basada en la prosperidad mutua”.

(Con información de AFP)

La misión de la Unión Europea (UE) concluyó el jueves su visita a Bolivia con avances concretos en áreas como conservación ambiental y lucha antidroga e impulso a las energías verdes y la definición de una hoja de ruta para la colaboración del bloque en el sector de materiales críticas y litio.

Durante una conferencia en La Paz, el director del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, Pelayo Castro, resaltó los “resultados tangibles” de la misión, que, según afirmó, tendrán impacto directo en la población boliviana.

Entre los compromisos alcanzados se encuentra el desembolso de 11 millones de euros desde la UE para conservación ambiental, lucha contra el cambio climático y promoción de cultivos alternativos a la coca.

La delegación europea también celebró la firma de un convenio por 3 millones de euros con el Ministerio de Gobierno de Bolivia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), enfocado en el combate al tráfico de sustancias controladas. En el campo de las energías renovables, la UE y la cooperación alemana financiarán con 9 millones de euros un programa conjunto.

Castro detalló además la apertura de un “diálogo estructurado” sobre comercio e inversión, y la presentación de proyectos para la construcción de plantas solares en Oruro, con financiamiento de Francia y el Banco Europeo de Inversiones por un total de 187 millones de euros.

El representante europeo destacó la ampliación de la cooperación en gobernanza, democracia, seguridad, justicia, materias primas, energía y financiación climática, en el marco de la estrategia Global Gateway.

El tema del litio ocupa un lugar central en la cooperación futura. La UE evalúa su posible aporte a la estrategia boliviana, principalmente en la industrialización y en la integración del país en cadenas de valor internacionales a través de tecnología europea.

La misión, compuesta por 70 personas y representantes de 40 empresas, visitó las plantas industriales de sales de potasio y carbonato de litio en Llipi, junto al salar de Uyuni, la mayor reserva boliviana de este recurso. La visita del Equipo Europa, iniciada el lunes, buscó impulsar inversiones, fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación entre Bolivia y la Unión Europea en sectores clave para el desarrollo.

La llegada de las autoridades europeas a Bolivia se da en el contexto de la nueva política de apertura comercial y diplomática impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre y marcó el fin de dos décadas de administraciones socialistas en el país.

Durante los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), Bolivia mantuvo como principales aliados internacionales a China, Rusia, Cuba y Venezuela. El actual gobierno apuesta por diversificar los vínculos y fortalecer la relación con la Unión Europea y otros socios estratégicos.

El miércoles, el Equipo Europa visitó el complejo industrial de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en la región andina de Potosí, con el objetivo de explorar posibles alianzas y mecanismos de cooperación para el desarrollo de la industria del litio en el país.

La misión estuvo encabezada por Pelayo Castro, y fue acompañado por Félix Fernández-Shaw, director de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, y Jaume Segura, jefe de la delegación de la UE en Bolivia.

El viceministro de Energías Alternativas, Luis Osorio, explicó que el propósito de la visita es “que se vea el potencial real que existe en Bolivia para el desarrollo del litio y los recursos evaporíticos”.

(Con información de EFE)

Al menos ocho personas sufrieron quemaduras la noche del lunes durante celebraciones religiosas en los departamentos de La Paz y Cuscatlán en El Salvador, en el marco de la tradicional quema de pólvora conocida como “Torito Pinto”.

Según Comandos de Salvamento, seis víctimas se registraron en Zacatecoluca, mientras que otras dos recibieron atención en el municipio de Candelaria, ambas localidades ubicadas en la zona central del país.

Emergencias atendidas

Comandos de Salvamento, seccional Zacatecoluca confirmó que entre los heridos en La Paz figuran Ronald Adonay, Ezequiel Ayala, Anderson Antonio, Gerson Gonzales, Josué David Osorio y José ángel Rivas Gámez. La institución no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones específicas, aunque precisó que correspondieron principalmente a quemaduras leves.

De forma paralela en el municipio de Candelaria, en Cuscatlán, se registraron dos personas con quemaduras de primer grado tras la manipulación o cercanía con pólvora encendida.

Ambas víctimas recibieron atención inmediata en el lugar por parte de los equipos del Cuerpo de Salvamento y Rescate. Los hechos ocurrieron durante las actividades principales de las fiestas patronales, que movilizaron a fieles y espectadores.

El pasado 25 de enero, se registró una emergencia similar en Zacatecoluca: al menos 30 personas resultaron con quemaduras durante la tradicional quema en honor a Jesús Cautivo, ratificando el carácter recurrente de estos incidentes durante festividades religiosas en el país.

Las festividades del “Torito Pinto” y otras actividades similares tienen profundas raíces en la cultura salvadoreña y el calendario religioso de la iglesia católica.

Estas celebraciones, que incluyen la manipulación de grandes cantidades de material pirotécnico, constituyen una tradición de más de un siglo en honor a figuras religiosas como la Virgen de Candelaria.

Los “Toritos” son armazones metalicos cargados de fuegos artificiales a través de las calles por jovenes de la comunidad, mientras multitudes acompañan la procesión entre música y rezos, como símbolo de agradecimiento por favores concedidos.

Estas representaciones, aunque forman parte de la identidad cultural de las comunidades y atraen a cientos de participantes, implican riesgos considerables año tras año.

El uso de material pirotécnico en espacios concurridos exige la presencia constante de cuerpos de socorro y equipos de primera respuesta, una medida implementada por las autoridades locales para mitigar los efectos de posibles accidentes.

Panorama nacional y emergencias recientes

Datos del Ministerio de Salud (Minsal) publicados hasta la segunda semana de enero reflejan que 135 personas han requerido atención de emergencia por quemaduras en lo que va de año a nivel nacional. Desde el boletín epidemiológico oficial se destacó que el 55% de estos casos están ligados a la manipulación de fuegos artificiales. Alrededor de 47% de las heridas corresponden a quemaduras de primer nivel, es decir, afectan únicamente la capa superficial de la piel.

Un reporte reciente señaló que 56 casos involucraron a personas entre 10 y 29 años, lo que resalta la alta exposición de los grupos jóvenes frente a este tipo de riesgos asociados a celebraciones religiosas y populares.

El último sismo registrado en El Salvador se produjo el 31 de enero de 2026 a las 16:42, con un epicentro situado a 72 kilómetros al sur de playa El Espino, frente a la costa de Usulután.

La magnitud alcanzó 4.1 y la profundidad fue de 36 kilómetros, según datos aportados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia y el monitoreo sísmico nacional. El temblor se sintió con intensidad II en Usulután.

La región experimentó en la semana previa varios movimientos sísmicos adicionales, incluyendo uno el 28 de enero frente a la costa de Nicaragua que alcanzó 4.2 de magnitud y se registró a una profundidad de 24,15 kilómetros. Ese mismo día, un temblor de 3.9 se localizó cerca de la costa de La Paz, a 51 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Lempa, con un foco a 39,17 kilómetros de profundidad.

Entre el 22 y el 27 de enero, se notificaron sismos adicionales en San Vicente, El Carmen y Conchagua, con magnitudes que oscilaron entre 2.6 y 4.1, y profundidades que variaron de 4,41 a 67,97 kilómetros.

Desde 2011, las autoridades mantienen el reporte de todos los movimientos telúricos que, por su intensidad o localización, hayan podido ser percibidos por la población.

La Policía de Entre Ríos realizó el jueves por la mañana un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de La Paz. El operativo, que comenzó a las 9:15, se hizo en el marco de una causa que investiga posibles desvíos de recursos destinados a atender merenderos y comedores locales.

La pesquisa comenzó por una denuncia presentada por concejales de Unión por la Patria contra funcionarios del gobierno radical de la ciudad. Está caratulada “Camino, Matías Alejandro y otros S/incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Camino es el secretario de Gobierno del municipio. La demanda también alcanzó al intendente Walter Martín y al secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier.

Al momento del allanamiento, el presidente municipal estaba de vacaciones. El Gobierno local había quedado en manos de su vice, Stella Wensel.

Cómo sería el modus operandi

Los ediles opositores indicaron en la presentación judicial que habría establecimientos que reciben partidas a pesar de que ya no funcionan o tienen domicilios inexistentes. En las respuestas a los pedidos de informes que realizaron, Garnier indicó que eran 18 los comedores y merenderos asistidos por el Municipio.

Los legisladores opositores señalaron que en el documento que remitió el funcionario faltaban datos. “La compra se hace con el procedimiento administrativo que corresponde. Se realiza el cotejo de precios, se adquieren y llegan a Desarrollo Social. Nuestros pedidos de informes se centraban en saber dónde se entregaron, a quién, en qué lugar y cómo se seleccionan los beneficiarios”, explicó a Infobae la edil Ileana Fonseca.

“Garnier nos detalló 14 merenderos y 4 comedores. Pero en ninguna parte se indica quién es el responsable de cada lugar. En algunos casos figuran direcciones y en otras no. Tampoco se especificó cuánta mercadería se entrega ni qué cantidad de gente asiste”, agregó.

Esto llevó a los ediles a hacer una recorrida junto a un escribano público que levantó actas de todo. En esa constatación encontraron que, de los 14 merenderos, en diez habría irregularidades. Eran lugares en los que “nunca existió un merendero, antes hubo uno o le dan de comer cada tanto a algunas personas”, manifestó la concejal.

Esta información y los dichos de los vecinos contenidas en las actas notariales fueron presentadas en la Justicia. Para abastecer los comedores y merenderos, el Municipio compra harina, aceite, grasa y tomate triturado, puntualizó.

La sospecha es que estos alimentos se utilizaron en la campaña. ”La mercadería se compró y se entregó a la Municipalidad. Pero el Municipio no puede comprobar que se asingó a los lugares que ellos aducen”, consignó Fonseca.

Al respecto, destacó que para evitar que este tema quede salpicado por la puja electoral del año pasado, esperaron que concluya la campaña y los comicios para radicar la denuncia. El edil José Esquivel (UP) fue el encargado de elaborar y presentar el escrito judicial que dio inicio a la causa.

Cuánto es el dinero comprometido

El período en el que está puesto el foco es el primer trimestre de 2024. En ese lapso se gastaron $90 millones. Sin embargo, la proyección de todo ese año y tramo enero/septiembre de 2025 elevaría la cifra a más de $300 millones.

Una vez que se concretó la demanda en los Tribunales locales, los funcionarios municipales se presentaron de forma espontánea ante la Justicia. Se pusieron a disposición y ofrecieron toda la documentación que haga falta.

A través de un comunicado, la gestión municipal reafirmó “su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el trabajo responsable y honesto al servicio de la comunidad”.

Qué resultados arrojó el procedimiento

Durante el procedimiento concretado el jueves, se secuestró abundante documentación. Debieron ocuparse varias cajas para trasladarla. Ahora comenzará el análisis. El fiscal que interviene es Facundo Barboza. En el estudio de los expedientes que recogió la Justicia participarán profesionales técnicos del Ministerio Público Fiscal. Del relevamiento surgirá si la documentación es o no de interés.

Fuentes con acceso al expediente adelantaron a este medio que, a partir de ahora, habrá más medidas. Con base en la información que aparezca en los archivos sacados del Municipio podrían surgir llamados a declarar y a designar abogados defensores a las personas vinculadas con la operatoria.

La Policía y el personal judicial que realizó el procedimiento trabajó gran parte del tiempo en el área de Contaduría. Durante la tarea, se restringió el acceso del personal.

Un peatón murió y varios lesionados resultaron tras múltiples accidentes viales ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en El Salvador. Según informaron Comandos de Salvamentos y el Cuerpo de Bomberos, los incidentes se registraron en los departamentos de La Paz, La Libertad y San Salvador.

Múltiples accidentes en diferentes puntos

En la autopista Comalapa, en dirección a Zacatecoluca a la altura del kilómetro 59 y medio, en el cantón Los Zacatillos (San Juan Nonualco, La Paz Este), un hombre que no pudo ser identificado perdió la vida. Los socorristas llegaron tras una llamada de alerta, pero constataron que la víctima ya no tenía signos vitales.

El aumento de siniestros viales se enmarca en un contexto preocupante para la seguridad vial en el país. Datos recientes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que el 42 % de las personas fallecidas en percances de tráfico fueron atropelladas. La mayoría de estas víctimas (21) pertenecían a edades productivas, además de 20 adultos mayores y al menos un menor.

Los peatones encabezan la lista de usuarios vulnerables que han perdido la vida en carreteras, seguidos por los motociclistas con un total de 38 fallecidos y ciclistas solo en las primeras semanas de enero.

En horas de la madrugada de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos asistió un accidente grave en el bulevar Monseñor Romero, cerca del parque El Principito en La Libertad. El conductor de una camioneta impactó contra la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada, la víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlo y tras estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.

El uso de equipo pesado fue clave para extraer al conductor atrapado entre los hierros de la camioneta accidentada, según confirmaron los socorristas.

De forma paralela el Viceministerio de Transporte (VMT) retiró dos vehículos involucrados en una colisión en el bulevar del Ejército y el desvío de Apulo. Según reportes, un autobús de la ruta 112 y un sedán estuvieron implicados; en este caso, solo se registraron daños materiales.

Hasta el 27 de este mes las autoridades del VMT y la Policía Nacional Civil (PNC) han registrado un total de 1,712 accidentes viales, manteniendo un promedio de 63 accidentes en las diferentes carreteras del territorio salvadoreño.

Estos datos reflejan un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando las autoridades atendían un promedio de 43 siniestros viales diarios.

Operativos y prevención de nuevos accidentes

También el Cuerpo de Bomberos ejecutó trabajos de limpieza sobre el bulevar Venezuela y la 49ª avenida Sur, en San Salvador, tras detectarse un derrame de aceites que aumentaba el riesgo vial en la zona.

Las autoridades del VMT han implementando dispositivos de control en los principales accesos a San Salvador y puntos turísticos para reducir la cantidad de conductores que se trasladan a excesiva velocidad, bajo los efectos del alcohol, entre otros.

Estos dispositivos se incrementan entre los días viernes, sábado y domingo que han sido identificados por la frecuencia de accidentes.

Al menos 30 personas sufrieron quemaduras por pirotecnia durante una actividad religiosa celebrada la noche del sábado en el distrito de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, El Salvador.

El incidente ocurrió en el marco de la tradicional quema de pólvora en honor a Jesús Cautivo, una tradición que se ha mantenido por más de 130 años como símbolo de agradecimiento por los favores recibidos y que congrega multitudes en la zona central del país.

La celebración de Jesús Cautivo en Zacatecoluca en la Parroquia de El Calvario, se caracteriza por la quema de estructuras denominadas “Toritos” y un “castillo” de pólvora.

Los “Toritos” son armazones con forma del referido animal, cargados de pirotecnia, que jóvenes de la comunidad transportan por las calles, mientras que el “castillo” corresponde a una gran estructura fija decorada también con fuegos artificiales frente a una iglesia local.

Estas tradiciones tienen profundas raíces culturales y forman parte del calendario religioso de la iglesia católica, pero implican riesgos considerables para la seguridad de los asistentes.

Equipos de emergencia auxiliaron a las víctimas

Según informes de la Cruz Verde Salvadoreña, la mayor parte de los lesionados recibió atención prehospitalaria en el lugar de los hechos. Al menos 27 personas fueron estabilizadas por los equipos médicos, mientras que tres requirieron traslado urgente al Hospital Nacional Santa Teresa, de la misma localidad, por la gravedad de sus heridas.

Comandos de Salvamento también asistió a numerosos afectados, y voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña brindaron ayuda a una decena de individuos con lesiones más leves, según información compartida en cuentas oficiales.

Entre los casos atendidos destacó el de una joven de 23 años quien resultó lesionada en el ojo izquierdo por el impacto de un artefacto conocido localmente como “buscanigua”, utilizado en los festejos.

Estadísticas nacionales y tipos de quemaduras

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal), el 17.39% de las emergencias por quemaduras en El Salvador son provocadas específicamente por la manipulación de pirotécnicos.

Al cierre de 2025, el Minsal registró 1,673 atenciones por quemaduras a nivel nacional, con una prevalencia significativa en menores de cinco años afectados principalmente por sustancias calientes.

Además, 291 personas resultaron quemadas por pirotecnia a lo largo del año, aunque el mayor número de casos se registra durante la temporada navideña.

El 56% de las víctimas atendidas presentan quemaduras en varias regiones del cuerpo, aunque la mayoría corresponde a lesiones de primer grado, limitadas a la capa superficial de la piel.

Por otro lado, el 38% de los casos involucró quemaduras de segundo grado, con síntomas que incluyen enrojecimiento, inflamación, dolor severo y formación de ampollas, siendo las muñecas y las manos zonas especialmente vulnerables. Solo el 6% se clasificó como quemaduras de tercer grado, las cuales afectan tejidos profundos como grasa, músculo o hueso.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, perdió protagonismo y se encuentra actualmente aislado del presidente Rodrigo Paz en medio de disputas de poder que surgieron apenas diez semanas después de la asunción del nuevo gobierno.

Lara no consiguió reunir una convocatoria significativa el jueves para conmemorar los 17 años del Estado Plurinacional de Bolivia, fecha instaurada durante el mandato de Evo Morales (2006-2019) y tradicionalmente celebrada con actos masivos.

Los analistas interpretaron la iniciativa como un intento de mostrar fortaleza política. En contraste, Paz minimizó la efeméride y trasladó el feriado al viernes para fomentar el turismo.

De perfil popular en redes sociales por su lucha contra la corrupción y con pasado como capitán de policía, Lara se distanció públicamente de Paz y se declaró opositor “constructivo”, asegurando que no forma parte del Gobierno.

El quiebre más notorio ocurrió el pasado fin de semana, cuando Paz viajó de forma sorpresiva a Paraguay sin delegar sus funciones a Lara, pese a lo dispuesto por la Constitución.

En su lugar, el mandatario emitió un decreto para gobernar a distancia utilizando medios digitales, decisión que fue cuestionada por diversos sectores y está bajo revisión de la Corte Constitucional.

Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa, rechazó la medida y la calificó de “inconstitucional”. Durante su discurso del jueves, cuestionó al titular del Ejecutivo y las decisiones de su administración.

“El poder no es eterno. Rodrigo Paz, el poder no es para siempre. Así como el pueblo te subió el pueblo también te puede bajar”, expresó en referencia a la jornada que recuerda la inclusión de las 36 naciones indígenas en la Carta Magna.

En contraposición y de regreso en Bolivia, Paz defendió su labor como presidente en el exterior: “No estamos generando ningún proceso ilegal. A mí lo que me corresponde es representar al país y las nuevas tecnologías permiten esa representación”.

La falta de coordinación entre ambos mandatarios genera preocupación sobre la gobernabilidad. El ex presidente y líder de la fuerza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, expresó su parecer sobre la puja entre Paz y Lara: “Si te casaste con el diablo, administra el infierno y entiéndanse”.

El analista político Gustavo Pedrazas advirtió que estas disputas impactan en el funcionamiento del Legislativo, ya que Lara no está dedicando tiempo a sus funciones como presidente de la Asamblea. Pedrazas afirmó que el vicepresidente quedó con una posición política “disminuida”.

“Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, pues hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar”, sostuvo Lara dando por oficializada su decisión de fiscalizar la gestión del presidente a lo largo de todo su mandato en Bolivia.

En ese sentido, Lara formalizó su postura el 24 de diciembre, autodefiniéndose como “oposición, pero oposición constructiva”. Anteriormente, el vicepresidente acusó a Paz de “gobernar para los ricos” y de “juntarse con corruptos”.

(Con información de Associated Press)

Un juez en Bolivia emitió el jueves una orden de arresto contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del ex presidente Luis Arce, tras su incomparecencia ante el tribunal que evaluaba la imposición de medidas cautelares por un presunto delito de enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de varios inmuebles.

Arce Mosqueira no acudió a la audiencia prevista, motivo por el cual fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención, tal como había solicitado la Fiscalía. Las autoridades señalaron que, de haber salido del país, lo habría hecho de manera irregular.

El hijo menor del ex mandatario boliviano permanece en prisión preventiva desde el 12 de diciembre, enfrentando cargos por fraude. Además, es investigado por la adquisición de inmuebles y vehículos de alto valor, así como por el ingreso de grandes sumas de dinero, según reportan medios locales.

El fiscal Miguel Cardozo afirmó: “No se tiene ningún registro de que haya tenido una fuente laboral u otra empresa donde genere estos recursos económicos, para la compra de estos bienes inmuebles de esa magnitud”.

Las primeras investigaciones contra Rafael Arce Mosqueira se iniciaron tras hacerse pública la adquisición de un terreno en Santa Cruz valuado en USD 3 millones. Posteriormente, en 2025, se detectaron movimientos de dinero considerados sospechosos, incluyendo compras de bienes de alto valor, anticipos de herencia a su hijo y retiros significativos de efectivo entre enero y agosto de ese año.

Las autoridades determinaron que los bienes y operaciones económicas de Arce Mosqueira no son compatibles con sus ingresos declarados. Entre sus propiedades figuran un departamento tipo penthouse en La Paz valuado en USD 499.000, dos vehículos de lujo, otros inmuebles en Santa Cruz y un predio productivo.

Como parte de las diligencias, se procedió al allanamiento de un departamento de lujo en Santa Cruz y, hasta el 15 de enero de este año, se congelaron las cuentas bancarias de Arce Mosqueira y se han registrado preventivamente sus bienes, mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

“Lo que la población espera es que podamos recuperar esos bienes y estamos activando todos los procedimientos para las medidas cautelares, también, de carácter real. Esos bienes tienen que ser anotados a favor del Estado; esos bienes, que han sido objeto o consecuencia de la corrupción, tienen que volver al patrimonio de los bolivianos”, señaló el viceministro de Transparencia, Yamil García, según reportó Brújula Digital.

Por su parte, el ex presidente Luis Arce permanece en prisión preventiva desde el pasado 12 de diciembre, un mes después de la asunción de Rodrigo Paz, quien puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que sufrió una contundente derrota en las últimas elecciones.

Arce enfrenta una investigación por su presunta implicación en el desfalco millonario ocurrido entre 2010 y 2014 en el Fondo Indígena, un programa creado para destinar el 5% de la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos a proyectos de desarrollo rural y áreas indígenas.

(Con información de Europa Press)

La provincia de Mendoza tendrá elecciones el próximo domingo 22 de febrero en seis departamentos que renuevan sus Concejos Deliberantes. Pero lo que aparece como una campaña de bajo perfil tomó relevancia en las últimas semanas por lo que ocurre en San Rafael, donde avanza el proceso para lograr la autonomía municipal en medio de denuncias cruzadas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia local. En paralelo, hay expectativa por el desempeño del peronismo, un espacio que pone en juego algunos de sus bastiones en un contexto de divisiones internas.

El movimiento autonomista en San Rafael responde a reclamos históricos vinculados a las diferencias entre el norte y el sur de la provincia. En el departamento señalan una identidad propia, más cercana a ciudades como Río Cuarto, en Córdoba, por su relación tirante con la capital provincial. “Acá nunca decimos que somos mendocinos. Somos sanrafaelinos”, ejemplificaron ante Infobae. Tensiones similares se replican en otros puntos del país, como la relación entre Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Más allá del componente simbólico, el reclamo por la autonomía aparece asociado a problemas de gestión cotidiana que hoy dependen de autorizaciones provinciales. Desde intervenciones urbanas, como la remoción de un árbol en malas condiciones, hasta obras menores requieren trámites extensos en la capital mendocina. San Rafael tampoco cuenta con policía local, hospital propio ni consejo educativo. Según denuncian dirigentes locales, el trasfondo es la falta de una reforma de la Constitución provincial, que concentra competencias en el Ejecutivo y mantiene a los municipios en una situación de dependencia.

En concreto, además de concejales, el domingo 22 de febrero San Rafael elegirá convencionales constituyentes que se encargarán de redactar una Carta Orgánica municipal. El departamento es gobernado desde hace más de 20 años por los hermanos Omar y Emir Félix, referentes del peronismo. Desde la oposición local sostienen que el intendente impulsó el proceso autonomista para generar una épica entre los vecinos y estimular la participación electoral en una sociedad desencantada con la representación política.

El problema, según describen los opositores, es que la ordenanza que declaró autónoma a San Rafael fue aprobada por el Concejo Deliberante el 24 de septiembre y, un mes después, el actual diputado Emir Félix perdió en su propio territorio ampliamente contra Luis Petri en las elecciones legislativas. “Ahora no les conviene para nada esta elección porque pueden perder y la nueva Carta Orgánica quedaría en manos de la voluntad de los opositores”, alertan. En ese contexto apareció una denuncia de un legislador ante la Corte Suprema para frenar la reforma que levantó sospechas.

Se trata de José Luis Ramón, a quien definen como un “extravagante” por su paso por el Congreso con cambios de postura y fuertes cruces políticos. También se lo concoce como el “loco de la frazada” porque en 2015, cuando Cambiemos empezó a alentar la suba de tarifas, convocó a una marcha de frazadas en la legislatura de su provincia. Esta semana presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y pidió suspender la elección prevista para el 22 de febrero en San Rafael por presuntas violaciones a la Constitución provincial y nacional.

Algunos sectores apuntan al gobernador Alfredo Cornejo como el impulsor de la estrategia judicial para frenar la reforma. Otros, en cambio, sostienen que es el propio intendente quien busca suspender la elección ante una eventual derrota. Los señalados rechazan esas versiones. La presentación ante la Corte generó suspicacias porque la ordenanza que declaró la autonomía rige desde hace más de tres meses y hasta ahora no recibió objeciones formales.

El intendente Félix y su hermano, que a su vez es presidente del PJ mendocino, deberán encarar la elección en San Rafael, como el resto de los departamentos que eligen concejales, entre ellos, Maipú, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Luján de Cuyo, con un peronismo dividido. La fragmentación del Partido Justicialista se formalizó de manera irreversible tras el quiebre entre el sector de los intendentes y el kirchnerismo más duro, que finalmente decidió romper la unidad y competir bajo el sello “Frente Patria”.

Cornejo, pese a que no pone en juego el poder en ninguno de los territorios, se presentará nuevamente con la alianza que forgó con La Libertad Avanza pero con la incorporación del PRO que en octubre se había resistido a integrarse, lo que representará una nueva medición del vínculo de gobernador con la Casa Rosada de cara al 2027.

Durante el reciente encuentro celebrado en Santiago de Chile, ambos gobiernos valoraron la instalación de una "sustantiva agenda de nueve puntos" que incluye asuntos como recursos hídricos, fronteras y comercio, lo cual representa un giro en la dinámica bilateral tras largos años de relaciones restringidas. De acuerdo con la información publicada por el medio que sirve de base, las delegaciones lideradas por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, y su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, firmaron un memorando de entendimiento que busca abrir nuevas vías de cooperación en diferentes áreas, luego de cerca de medio siglo de distanciamiento.

Según consignó dicho medio, la reunión entre ambos cancilleres marcó un hecho poco habitual, dado el prolongado alejamiento entre los dos países. Van Klaveren definió la presencia de Aramayo como un "hito" en el vínculo bilateral, resaltando el carácter infrecuente de encuentros a este nivel. A través de una intervención en redes sociales, el canciller chileno señaló que los memorandos firmados contemplan una agenda amplia que integra aspectos como política arancelaria, promoción turística, y la mejora de conexiones aéreas, junto con el fortalecimiento de los lazos sociales. En sus palabras, la expectativa es "un futuro muy prometedor" para la relación entre ambas naciones, y consideró que la cita ministerial representa un avance hacia ese objetivo.

Por su parte, Aramayo expresó una valoración positiva sobre la repuesta del Gobierno chileno, definiéndola como "muy ágil, muy efectiva, muy eficiente, a muy corto plazo". El ministro boliviano detalló que la nutrida agenda consensuada aborda temas clave como el manejo de recursos hídricos, cuestiones fronterizas y el comercio binacional, entre otros. Destacó la voluntad común de trabajar en la restauración de relaciones diplomáticas plenas en un plazo reducido y manifestó su agradecimiento a su par chileno, junto con una mención especial al expresidente Gabriel Boric, atribuyéndole el impulso político necesario para materializar "este conjunto de contenidos que dan cuenta de un buen camino por el que estamos transitando".

El medio, al detallar el contexto de la visita, indicó que este viaje representó la primera vez que una autoridad boliviana de este rango pisó suelo chileno desde que Rodrigo Paz asumiera la presidencia boliviana en noviembre de 2025. En aquella ocasión, la toma de posesión contó con la presencia del entonces mandatario chileno, un hecho que marcó el primer cara a cara entre jefes de Estado de ambos países en casi veinte años.

La historia reciente entre La Paz y Santiago ha estado marcada por un enfriamiento diplomático notable: Bolivia rompió relaciones formales con Chile en marzo de 1978, manteniendo desde entonces un contacto reducido a nivel consular. Tal como subrayó la cobertura del medio, la reanudación de reuniones al más alto nivel político apunta a establecer un diálogo más fluido, que permita avanzar en temas de interés común y minimizar las tensiones heredadas del pasado. La firma del acuerdo y la elaboración de una agenda de trabajo específica sugieren la intención de ambos gobiernos de buscar mecanismos de colaboración que beneficien a sus respectivas sociedades.

El proceso de acercamiento, tal como reportó el citado medio, se consolida sobre la base del compromiso de evaluar y discutir temas sensibles, adoptando una perspectiva práctica y orientada a resultados. Entre los desafíos abordados en la mesa bilateral figuran la gestión compartida de los recursos hídricos, los procedimientos arancelarios, la facilitación del transporte aéreo y nuevas estrategias para favorecer el flujo turístico. Paralelamente, el contacto diplomático avanza hacia la exploración de nuevas fórmulas para la resolución de cuestiones fronterizas y para fomentar el comercio transfronterizo.

A lo largo de los próximos meses, según quedó reflejado en el memorando, ambos países esperan sostener un canal de consulta permanente que permita hacer un seguimiento cercano al cumplimiento de los compromisos adquiridos y facilite la pronta materialización de objetivos conjuntos.

Infobae Colombia conoció información exclusiva sobre los enfrentamientos registrados en el municipio de El Retorno, más específicamente en la conexión entre las veredas de La Paz y La Libertad, en donde frentes de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” e “Iván Mordisco” están combatiendo.

De manera preliminar, se conoció que, entre los más de 27 guerrilleros que han muerto en los combates, los mismos que han aparecido en diferentes fotografías difundidas en redes sociales, estaría alias “Jimmy”, conocido en la región como “el Terror”.

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Precisamente, en audios de pobladores de las veredas, estos mencionan algunos aspectos de lo que se ha registrado en la zona desde tempranas horas del 17 de enero.

“Papito, eso fue acá en Guaviare, entre La Paz, están agarrados los calarcá y los mordiscos, ahí cayó “Jimmy”, el que era “el Terror” del frente 44 de los mordisco”.

En otra comunicación entre pobladores, un residente afirmó que los enfrentamientos se registraron en poco tiempo y de manera sorpresiva, puesto que era de conocimiento público que los frentes de ambos bandos estaban en una zona cercana. “Eso fue en un momentico, un fogonazo rápido. Es que, como ahí están los dos bandos, los de “Calarcá” y los de “Mordisco”, los dos están”.

Sobre “Jimmy” cuyo nombre real es Jhon Wilmer Ulcué Tróchez, es el cabecilla del frente 44 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, cargo que ocupa desde que se registró la caída de “Dumar”, tras una traición que fue mencionada en los informes de las Fuerzas Militares.

En diciembre de 2025 fue noticia nacional por los audios que se filtraron en los que ordenaba a las poblaciones en el Guaviare participar en paros contra la fuerza pública y evitar que el ejército ingresara a zonas de poder de las disidencias.

“Quiero ver toda esa gente… brotando pa allá pa afuera a apoyar… y a pelear, no irse de maniquiur ni patiquiurni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso”, fueron las palabras de “Jimmy Parra en esa ocasión”.

En otro audio, el cabecilla del frente 44 se mostró molesto porque algunos locales no siguieron sus órdenes, por lo que amenazó con represalias contra los pobladores si no se sumaban a los bloqueos.

“Los que no hagan las cosas, incumplan, y ya saben cómo les toca, pa que se pongan buenos, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas, allá vamos… porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno, cómo los atropellan, como que si fueran perros”.

¿Por qué hay enfrentamientos entre ‘Calarcá e ‘Iván Mordisco’?

Aunque los dos máximos cabecillas del Estado Mayor Central trabajaron juntos durante varios meses, las diferencias por las negociaciones de paz que adelantó “Calarcá” con el Gobierno Petro terminaron de fracturar su relación.

Desde que “Iván Mordisco” se alejó de las intenciones de negociar, las disidencias se dividieron entre los que apoyan al desertor del proceso de paz y los que buscan seguir ligados a conversaciones con el Estado.

En un principio anunciaron en un comunicado que sus diferencias no terminarían en enfrentamientos entre sus frentes, asegurando que el “objetivo” y los “ideales” eran similares; sin embargo, esa tregua terminó con el pasar de los meses.

En la actualidad, las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco” se enfrentan en varias zonas del territorio nacional, principalmente con el objetivo de controlar zonas cruciales para el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica.

El Decreto Supremo 5516, publicado en la Gaceta Oficial del Estado boliviano, establece la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas por un año. Esta medida tiene como finalidad facilitar la importación de hidrocarburos y asegurar la provisión continua para el sector del transporte, la producción y la agroindustria, según consignó el medio que difundió la información. El Ejecutivo boliviano busca así reforzar el abastecimiento interno en un contexto de restricciones y dificultades económicas.

Según informó el documento oficial, el Gobierno de Bolivia declaró la "emergencia energética y social" en todo el país ante la creciente inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustible. Tal como publicó el medio de referencia, el decreto reconoce una crisis económica, financiera y social con raíces estructurales que impacta a la población desde hace varios años, aunque las autoridades actuales atribuyen esta situación a gestiones presidenciales anteriores.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, la inflación en Bolivia cerró el año 2025 en un 24,73%. Este dato ofrece contexto al entorno en el que se aprobó el paquete de medidas de emergencia. El decreto habilita de manera temporal y excepcional que personas naturales y empresas privadas puedan importar, vender y comercializar combustibles a precios de importación, con el objetivo de asegurar la cobertura en todo el territorio nacional. Esta apertura al sector privado responde a la urgencia de normalizar el flujo de hidrocarburos tras jornadas de protestas y desabastecimiento.

La decisión gubernamental, detalló el documento, fue ratificada poco después de que el Ejecutivo y las organizaciones sociales lograran un acuerdo para restablecer la estabilidad laboral y social. El pacto —en el que la Central Obrera Boliviana (COB) jugó un papel central, según reportó la fuente original— resultó clave para suspender las recientes movilizaciones en contra de la eliminación parcial del subsidio a los combustibles. Este subsidio, vigente durante años, representó uno de los instrumentos principales utilizados por diferentes administraciones para contener precios internos, pero su eliminación respondió a las limitaciones fiscales y a la presión ejercida por la inflación y la depreciación de la moneda.

El alcance de la crisis también se refleja en la escasez de dólares, un fenómeno que afecta tanto la importación de bienes indispensables como el normal funcionamiento del mercado cambiario. Esto ha dificultado el acceso a productos importados, entre ellos los carburantes, y agravó los problemas logísticos en áreas fundamentales para la economía nacional, añadió el texto del decreto.

En lo inmediato, la importación directa de combustibles por parte de privados busca cubrir la brecha que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no ha logrado suplir por las restricciones financieras y los obstáculos operativos. La suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas aspira a agilizar los trámites para su ingreso desde el exterior, lo que responde a la demanda urgente de los transportistas y sectores productivos que dependen de este energético.

Las protestas que motivaron la declaración de la emergencia incluyeron bloqueos de carreteras y movilizaciones en varias ciudades del país, acciones impulsadas principalmente por gremios laborales y organizaciones sociales afectadas por el incremento de los precios y las dificultades de acceso al combustible. El acuerdo alcanzado con la COB permitió descomprimir la situación, aunque el decreto mantiene la vigencia de medidas excepcionales para asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas y sociales.

En el marco del nuevo régimen temporal, las personas o empresas interesadas en importar combustibles deberán ajustarse a los precios establecidos por los mercados internacionales, lo que puede derivar en cambios en el costo final para el consumidor boliviano, según lo estipulado por el Ejecutivo en el texto legal. La apertura a nuevos operadores para la importación de hidrocarburos representa un giro respecto de las prácticas previas centradas en el monopolio estatal, una respuesta a la coyuntura marcada por rigideces presupuestarias y fluctuaciones internacionales de los precios energéticos.

El impacto de la medida también se percibe en los diferentes sectores económicos que dependen de la provisión de combustibles, en particular el transporte, la industria y el agro, que ven en la importación directa una posible vía de solución para el desabastecimiento que han experimentado en los últimos meses. Conforme a lo publicado en la Gaceta Oficial, la emergencia energética y social permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan normalizar el suministro y estabilizar los precios internos.

El Gobierno insistió, según comunicó el texto difundido, que las dificultades actuales derivan de decisiones adoptadas por anteriores administraciones y de factores económicos globales, subrayando la necesidad de adoptar medidas temporales que permitan encauzar la crisis sin comprometer la estabilidad de los sectores más vulnerables.

Las autoridades bolivianas, de acuerdo con el contenido del decreto y reportes de prensa, mantendrán la supervisión del proceso de importación de combustibles por parte de privados, con el objetivo de evitar prácticas irregulares y garantizar que el beneficio alcance a toda la población. La implementación de estas medidas excepcionales se revisará periódicamente, considerando la evolución de la economía y el balance entre la oferta y la demanda de hidrocarburos en el país.

“Estos recursos son para todos los bolivianos”, enfatizó el presidente Rodrigo Paz al explicar el alcance de los fondos comprometidos, destacando que la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se orientará hacia sectores productivos, trabajadores independientes y comunidades agrícolas del país andino. Según publicó el diario El Deber, el anuncio sobre esta asistencia se realizó durante una comparecencia conjunta en La Paz, donde se detalló que el paquete financiero asciende a 4.500 millones de dólares (algo más de 3.800 millones de euros) y prevé su desembolso en el periodo 2026-2028. El presidente del BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión”, y especificó que los recursos serán destinados a proyectos en energía, minería, medio ambiente, turismo y refuerzo de la seguridad jurídica, con el objetivo de atraer inversión y promover la digitalización de los pagos.

De acuerdo con lo expuesto en El Deber, la suma aproximada representa casi seis veces más que el total que Bolivia recibió del organismo multilateral durante los últimos tres años, un dato que Goldfajn resaltó durante la rueda de prensa: “Este monto es casi seis veces mayor que el del período anterior”, señaló. La visita de Goldfajn marcó la primera presencia de un alto representante del BID en Bolivia en los últimos 15 años, y fue calificada por el propio titular del banco como un “momento histórico”.

Goldfajn indicó que el paquete financiero busca servir como puente entre Bolivia y el mundo, así como facilitar la llegada de inversión extranjera y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos. “El BID está aquí para ser el puente que ayuda a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia”, manifestó el presidente del organismo, quien subrayó que la estrategia será desarrollada de manera coordinada junto al Ejecutivo boliviano. Un ejemplo destacado de esta colaboración será la digitalización de los sistemas de pago, para favorecer la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos asignados.

El compromiso del gobierno boliviano de administrar los recursos de manera transparente fue otro de los temas centrales planteados en la comparecencia conjunta, según recogió El Deber. Paz aseguró que cada dólar y cada esfuerzo estarán sujetos a control y rendición de cuentas. “El BID va a ir de la mano con cada inversión que se haga en la patria, por lo tanto, cada dólar y esfuerzo irá transparentado”, detalló el mandatario.

En relación con la distribución de los recursos, el presidente boliviano hizo hincapié en que estos no estarán a disposición exclusiva del Gobierno central, sino que beneficiarán a diversos sectores sociales y económicos. Entre los destinatarios mencionó en la comparecencia a los productores, trabajadores gremiales, transportistas, artesanos, comunidades campesinas, colectivos interculturales y emprendedores, extendiendo el alcance del apoyo a un espectro amplio de la sociedad.

El plan contempla asignaciones específicas para proyectos energéticos, propuestas de explotación y diversificación minera, proyectos ambientales enfocados en la sostenibilidad y la preservación, el impulso al turismo y la consolidación de condiciones propicias para la seguridad jurídica, tal como detalló el medio El Deber. Este último punto se considera clave para fomentar flujos de inversión y desarrollar nuevas oportunidades tecnológicas, en particular mediante sistemas digitales que mejoren la trazabilidad y el control de las operaciones estatales y privadas.

Durante la visita de Goldfajn, la cooperación entre el BID y el Gobierno boliviano se presentó como un paso estratégico para la promoción del desarrollo y la integración del país en actividades productivas globales. Además, el titular del organismo financiero remarcó que la presencia del BID y el paquete pactado constituyen un mensaje claro de apoyo en una etapa considerada decisiva para Bolivia.

La decisión de incrementar el respaldo financiero responde, según consignó El Deber, al objetivo de crear un entorno favorable a la inversión y fortalecer la confianza en la economía boliviana, en momentos en que el país busca ampliar su base tecnológica, diversificar su economía y mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión pública. El medio señaló que tanto Goldfajn como Paz insistieron en la importancia de trabajar de forma conjunta para garantizar que la totalidad de los fondos se utilice en beneficio de todos los sectores de la sociedad.

El paquete anunciado representa uno de los mayores programas de financiamiento internacional para Bolivia en la historia reciente y, según ha hecho público el propio BID, sus lineamientos responden a un análisis sobre las necesidades principales del país en materia de infraestructura, tecnología y sostenibilidad ambiental. Las prioridades también incluyen la creación de incentivos para la inversión privada y el desarrollo de marcos legales que refuercen la certidumbre y la seguridad jurídica, elementos considerados esenciales para el clima de negocios y el crecimiento económico sostenible, detalla El Deber.

Las autoridades del país adelantaron que los proyectos a ejecutarse en el marco de este apoyo internacional seguirán parámetros estrictos de rendición de cuentas y control, en línea con criterios globales de buena gobernanza. Según lo reportado por El Deber, los desembolsos se realizarán en etapas, tras la presentación y aprobación de planes específicos en cada área prioritaria, y contarán con acompañamiento técnico del BID para su implementación.

Asimismo, el plan prevé estrategias de inclusión enfocadas en comunidades rurales, productores a pequeña escala y actores independientes, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades y servicios básicos. Estas líneas de acción buscan integrar a los sectores históricamente rezagados del país en el proceso de desarrollo, como parte del enfoque que impulsa el banco regional, señaló el diario El Deber.

En cuanto al turismo, una de las áreas mencionadas como receptoras de fondos, el enfoque estará puesto en la modernización de infraestructura y la promoción de destinos nacionales, para mejorar la competitividad del sector y su contribución a la economía boliviana. En materia ambiental, los planes financiados con fondos del BID priorizarán iniciativas de protección y recuperación de áreas naturales, gestión sostenible de recursos y disminución del impacto ecológico, de acuerdo con la hoja de ruta definida entre las autoridades nacionales y el organismo multilateral.

El seguimiento y la evaluación periódica de los proyectos quedarán bajo la supervisión conjunta del BID y las instituciones bolivianas responsables de cada sector, con el fin de asegurar un uso adecuado de los 4.500 millones de dólares comprometidos. Los responsables del organismo y el gobierno manifestaron que los mecanismos adoptados permitirán ajustar el rumbo y mejorar la eficiencia de los programas, en la medida que avancen las distintas fases de ejecución.

Las declaraciones y compromisos asumidos por ambos líderes apuntan a consolidar una alianza estratégica orientada al desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y la promoción de una economía más diversificada y competitiva a escala internacional, conforme a lo divulgado por El Deber. Los fondos del BID, según la documentación oficial citada por el medio, serán utilizados en consonancia con políticas nacionales y en coordinación con los intereses de la ciudadanía, bajo esquemas de transparencia y control requeridos tanto por el banco como por las autoridades bolivianas.

La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México (Semov Edomex) presentó de manera oficial la obra del Tren Ligero Texcoco - La Paz. A través de sus canales en redes sociales compartieron detalles de cómo será la ruta, las estaciones que tendrá y los beneficios del nuevo servicio de transporte ferroviario.

Uno de los puntos importantes de esta obra es que permitirá la conexión con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, la terminal La Paz llegará a la Línea A del Metro CDMX, lo que facilitará la movilidad en el oriente de la capital y el Edomex.

La construcción del Tren Ligero Texcoco está dentro del Plan Colibri, enfocado en incorporar transporte masivo, además, la obra también forma parte del Plan Integral de la zona oriente del Estado de México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz

De acuerdo con la Semov Edomex, la ruta del Tren Texcoco - La Paz comprenderá 21 kilómetros desde la terminal La Paz de la Línea A del Metro CDMX hasta Texcoco Centro, zona en donde terminará el recorrido. Pasará por puntos importantes como la Central de abastos, Universidad de Chapingo, la carretera Lechería -Texcoco; se pretende que la terminal se construya en la antigua estación del tren en Texcoco.

De acuerdo con los estudios realizados, la línea transportará ciento 27 mil pasajeros al día y el servicio convivirá con el de carga, por lo que la operación será mixta.

Por otra parte, las autoridades agregaron que: "El sistema contará con doce estaciones: diez intermedias y dos terminales, y operará con infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad, supervisada desde un centro de control que regula su operación".

Estaciones del Tren Ligero Texcoco - Paz

Las autoridades calcularon que el tiempo de recorrido total será de 30 minutos, lo que representa una reducción de cuarenta minutos contra el tiempo actual. Además, los trenes operarán a una velocidad comercial de 41 kilómetros/hora, con una velocidad máxima de 80 kilómetros/hora.

En total serán 10 estaciones y dos terminales, las cuales son:

• La Paz
• Los Reyes
• La Magdalena
• Conalep Los Reyes
• Francisco Villa
• Piedras Negras
• Central de Abastos
• Puerta Texcoco
• Centro Cultural Bicentenario
• San Bernardino
• Autónoma Chapingo
• Texcoco

La confirmación de la construcción del Tren Ligero entre Texcoco y La Paz marca un avance significativo en la movilidad regional. El proyecto, delineado por la Semov, forma parte de la Estrategia de Movilidad Eléctrica del Estado de México (EMEEM) y cuenta con una proyección de finalización para 2027, cuando se espera que el nuevo sistema comience a operar y beneficie a miles de usuarios del oriente mexiquense.

El Gobierno peruano repatrió a 38 ciudadanos nacionales que permanecían varados en Bolivia a causa de los bloqueos de carreteras registrados en ese país. El retorno se realizó mediante una operación humanitaria coordinada por la Cancillería, que permitió el traslado del grupo a Lima en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Entre los repatriados se encontraban 14 hombres, 20 mujeres y cuatro menores de edad, quienes no podían desplazarse por vía terrestre debido a los cortes de rutas en distintas regiones del territorio boliviano.

La aeronave partió desde la capital boliviana y realizó una escala técnica en el aeródromo de La Joya, en Arequipa, antes de continuar su trayecto hacia Lima. Finalmente, el vuelo aterrizó en la Base Aérea del Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, donde los connacionales fueron recibidos por representantes de la Cancillería y altos mandos de la FAP, en una jornada marcada por el reencuentro con familiares y el alivio tras días de tensión.

Asistencia consular y segunda repatriación desde Bolivia

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta operación corresponde a la segunda repatriación de peruanos desde Bolivia en el marco de la actual crisis social que atraviesa el país vecino. Un día antes, el 12 de enero, otro grupo de 34 ciudadanos peruanos había logrado retornar al Perú mediante un traslado terrestre, tras coordinar su salida por pasos fronterizos habilitados.

Previo al vuelo humanitario, los peruanos que permanecían en La Paz recibieron asistencia consular directa, que incluyó alojamiento y alimentación, gracias a las gestiones realizadas por la Embajada del Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz. Estas acciones se activaron luego de identificarse que los connacionales no contaban con medios seguros para continuar su viaje, debido a la paralización del transporte interurbano y los riesgos asociados a los bloqueos.

La Cancillería precisó que un grupo reducido de peruanos aún permanece en territorio boliviano, recibiendo apoyo permanente del personal diplomático. Las autoridades peruanas mantienen un monitoreo constante de la situación para evaluar las condiciones de seguridad y definir nuevas alternativas de retorno, ya sea por vía aérea o terrestre, según la evolución del conflicto.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de proteger a los peruanos en el exterior, especialmente en escenarios de crisis que ponen en riesgo su integridad. Asimismo, destacó la coordinación con la Cancillería boliviana, cuya colaboración permitió agilizar las gestiones necesarias para concretar la salida del grupo repatriado.

Casi 80 peruanos afectados por bloqueos en Bolivia

De acuerdo con información confirmada por el Consulado del Perú en La Paz, cerca de 80 ciudadanos peruanos resultaron afectados por el conflicto social en Bolivia, caracterizado por bloqueos de carreteras y protestas sindicales que paralizaron el transporte terrestre en distintas regiones del país. La situación se originó tras el rechazo a una norma emitida por el gobierno boliviano, lo que impidió el desplazamiento regular de buses y vehículos particulares, dejando a los connacionales sin posibilidad de retornar en las fechas previstas.

La mayoría de los peruanos varados se encontraba en territorio boliviano de manera temporal, principalmente por viajes turísticos o trámites puntuales. La interrupción del tránsito agravó su situación debido a que muchos no contaban con recursos suficientes para prolongar su estadía ni con una red de apoyo local. Según el registro consular, esta condición generó dificultades económicas, problemas laborales y complicaciones de salud, lo que motivó la activación de protocolos de asistencia por parte del Estado peruano.

Ante este escenario, la Cancillería, en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Ejército Peruano, ejecutó operativos de repatriación en dos modalidades. El primero se realizó por vía terrestre y permitió el retorno de 34 peruanos hacia Juliaca, mientras que el segundo se concretó mediante un vuelo humanitario que trasladó a 38 ciudadanos a Lima, completando así el regreso de 72 connacionales. Las evacuaciones se efectuaron priorizando casos de mayor vulnerabilidad, como familias con menores de edad, personas con enfermedades y ciudadanos que permanecieron varios días expuestos a los efectos del conflicto.

Mientras sigue la crisis política y social en Bolivia producto de reformas impulsadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, los ciudadanos peruanos varados en La Paz siguen a la espera de un vuelo humanitario que los ayude a regresar a sus hogares.

Pese a la promesa de la Cancillería del Perú de facilitarles vuelos humanitarios con destino a las ciudades de Juliaca (Puno) y Lima, desde el domingo 11 de enero, hasta el momento no se ha enviado ningún avión para ayudar a los ciudadanos peruanos.

Según Lisbeth Flores, una ciudadana peruana que estuvo varada en Bolivia, un primer grupo de compatriotas no pudo subir al vuelo humanitario programado para el lunes 12 de enero porque se les indicó que el avión presidencial “se ha malogrado”, por lo que tuvieron que hacer el viaje hacia Juliaca por vía terrestre en buses.

En conversación con RPP el lunes 12 de enero, Flores afirmó que “nos ofrecieron un vuelo humanitario, sacarnos un grupo hacia Juliaca. El segundo grupo ya se iba para Lima, pero ahora nos acaban de confirmar que el vuelo humanitario que se utilizaba, el FAP356 (avión presidencial), se ha malogrado. Aparentemente se ha quedado en Arequipa y de ahí ha tenido que regresarse a Lima”.

Primer grupo de repatriados ya está en Perú

El primer grupo de repatriados estuvo conformado por 34 ciudadanos peruanos, que llegaron a la zona fronteriza de Desaguadero en horas de la tarde del lunes 12 de enero y estuvieron acompañados por un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, con el objetivo de garantizar su seguridad durante todo el trayecto.

En la ciudad ya los esperaban representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno. Una vez en territorio nacional, el Ministerio de Defensa dispuso un vehículo del Ejército del Perú para completar el traslado hasta la ciudad de Juliaca, a donde llegaron horas después.

Avión del Ejército fue enviado a Bolivia

Una norma publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, indica que el Perú enviará un Boeing 737-500 FAP Nº 356 asignada al Grupo Aéreo Nº 8 de la Fuerza Aérea para asegurar el retorno de un grupo aproximado de hasta 60 personas en lugar de las 70 anunciadas por la cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva, la mañana del domingo 11 de enero.

Aunque hasta el momento no se ha indicado la fecha exacta en la que la aeronave será enviada, la norma del Ministerio de Defensa establece que el operativo de repatriación se llevará a cabo entre el 12 y 13 de enero de este año, por lo que de no ocurrir inconvenientes con el avión, los ciudadanos peruanos que quedan en La Paz deberían llegar al Perú en las próximas horas.

¿Por qué hay protestas en Bolivia?

La situación de crisis en Bolivia se generó desde el mes de diciembre del 2025, cuando el gobierno del presidente Rodrigo Paz decidió eliminar el subsidio a los combustibles, lo que causó un incremento en los precios de la gasolina y el diésel aproximadamente al doble de su valor.

Mientras que el nuevo gobierno afirma que esta reforma busca “sincerar la economía” y defiende su decisión, la reacción de sindicatos, organizaciones campesinas, maestros y centrales obreras ha sido iniciar bloqueos en las vías. Hasta el momento más de 30 rutas en su territorio han sido interrumpidas mientras se exige la derogación del decreto emitido por el gobierno.

En medio de un periodo de crisis política en Bolivia durante el gobierno de Rodrigo Paz, el Ministerio de Defensa del Perú aprobó el envío de un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea con destino a La Paz para repatriar a un grupo de peruanos que se mantienen varados y desean retornar al país de manera segura.

Según la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano la mañana del 13 de enero, indica que la aeronave enviada será un Boeing 737-500 FAP Nº 356 asignada al Grupo Aéreo Nº 8 y permitirá el retorno al Perú de un grupo de 60 personas en lugar de las 70 anunciadas por la cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva, la mañana del domingo 11 de enero.

El documento también indica que la nave también llevará a una tripulación de 14 personas, las cuales recibirán un monto de US$ 370 por concepto de viáticos por un día, lo que genera un costo total de US$ 5,180 solo por un día de misión humanitaria.

Peruanos llegan en buses pese a promesa de vuelo humanitario

Aunque la norma publicada en el Diario El Peruano indica que los vuelos humanitarios se realizarán los días 12 y 13 de enero, tal como indicó la cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva, la promesa de la Cancillería a los peruanos varados en Bolivia no se habría cumplido.

Según Lisbeth Flores, una de las peruanas que estuvieron varadas en Bolivia, el grupo de compatriotas no pudo subir al vuelo programado para el lunes 12 porque se indicó que el avión presidencial “se ha malogrado” y debieron hacer el viaje hacia Juliaca por vía terrestre.

En conversación con RPP el lunes 12 de enero, Flores afirmó que “nos ofrecieron un vuelo humanitario, sacarnos un grupo hacia Juliaca. El segundo grupo ya se iba para Lima, pero ahora nos acaban de confirmar que el vuelo humanitario que se utilizaba, el FAP356 (avión presidencial), se ha malogrado. Aparentemente se ha quedado en Arequipa y de ahí ha tenido que regresarse a Lima”.

Según su versión, la cónsul se acercó al grupo de peruanos en Bolivia para indicarles que su retorno al país sería por tierra y no por el vuelo humanitario que se prometió. “A mí me pareció una mala organización”, dijo al medio radial.

¿Por qué hay protestas en Bolivia?

La situación de crisis en Bolivia se generó desde el mes de diciembre del 2025, cuando el gobierno del presidente Rodrigo Paz decidió eliminar el subsidio a los combustibles, lo que causó un incremento en los precios de la gasolina y el diésel aproximadamente al doble de su valor.

Mientras que el nuevo gobierno afirma que esta reforma busca “sincerar la economía” y defiende su decisión, la reacción de sindicatos, organizaciones campesinas, maestros y centrales obreras ha sido iniciar bloqueos en las vías. Hasta el momento más de 30 rutas en su territorio han sido interrumpidas mientras se exige la derogación del decreto emitido por el gobierno.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha detallado que los bloqueos en las rutas nacionales causaron un costo diario de 20 millones de dólares para el Estado, lo que afectó áreas como obra pública y generación de empleo, según la información publicada por El Deber. En contraste, según el mandatario, la supresión del subsidio a los combustibles ha permitido un ahorro diario de 10 millones de dólares en menos de dos meses, impactando de manera directa las finanzas estatales tras la implementación del Decreto 5503.

El acuerdo alcanzado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) implica el levantamiento de las protestas y bloqueos que tenían lugar desde principios de enero. De acuerdo con El Deber, la modificación del decreto fue anunciada tras una reunión en El Alto, donde participó el presidente Paz junto con representantes sindicales y diversos miembros del gabinete de gobierno. A pesar del acuerdo, el Ejecutivo boliviano mantendrá la eliminación del subsidio estatal al diésel y la gasolina, una medida que había generado las movilizaciones en seis de los nueve departamentos del país. El medio indicó que, aunque este punto clave del decreto permanecerá vigente, el nuevo texto también contempla un aumento del 20 por ciento en el salario mínimo y la ratificación de los apoyos sociales dirigidos a adultos mayores y al sector estudiantil.

Paz afirmó que la economía nacional ha logrado una estabilidad palpable, reflejada en el abastecimiento de gasolina y diésel, el equilibrio en el sistema financiero y la estabilidad de la moneda y el tipo de cambio. Según lo reportado en las redes oficiales del presidente y recogido por El Deber, el gobierno considera irreversible la eliminación de los subsidios a los combustibles y la asocia a una conquista económica.

El dirigente Mario Argollo, representante sindical, solicitó a los trabajadores y participantes en los bloqueos que suspendan las medidas de presión, argumentando que “su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer”, según recogió El Deber. Pese a este llamado, el medio detalló que alrededor de 30 bloqueos continuaban activos durante las horas posteriores al anuncio, aunque la cifra llegó a setenta en el momento de mayor tensión, dificultando el tránsito terrestre entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, zonas clave para la conectividad y abastecimiento nacional.

El balance gubernamental y sindical sobre las repercusiones económicas ha coincidido en señalar la gravedad de los daños, con pérdidas significativas ligadas a la interrupción del transporte y al desabastecimiento de productos básicos, combustibles y alimentos en las principales ciudades y regiones del país, según la información publicada por El Deber.

Durante el anuncio público, el presidente Paz hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad al orden y la estabilidad alcanzadas mediante la promulgación inminente de un nuevo decreto, que consolidará la política de crecimiento económico y la ampliación de beneficios sociales. “Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel”, declaró, de acuerdo con El Deber.

La mediación y el diálogo con las organizaciones sociales y sindicales fueron aspectos subrayados por las autoridades como elementos centrales para la resolución del conflicto, al tiempo que el presidente se comprometió a promulgar el nuevo decreto en un plazo no superior a 48 horas. “Esto es gobernar con responsabilidad”, manifestó Paz en su intervención, citado por El Deber, subrayando que el Ejecutivo no planea negociar bajo presión de grupos que, según el gobierno, buscaron favorecer la conflictividad.

El acuerdo contempla medidas económicas y sociales que, junto con la eliminación del subsidio a los carburantes, buscan consolidar las conquistas económicas alcanzadas. Según detalló El Deber, entre los compromisos asumidos aparecen el incremento del salario mínimo y el mantenimiento de programas sociales para sectores vulnerables como los adultos mayores y los estudiantes.

Las protestas motivadas por el Decreto 5503 provocaron dificultades sustanciales para el transporte de mercancías y personas en los corredores estratégicos del país, así como carencias en el mercado interno, específicamente en productos de la canasta básica y carburantes. El reporte de El Deber indica que las pérdidas económicas y los problemas de abastecimiento afectaron de forma transversal a diversos sectores productivos y de servicios.

El proceso de negociación, según la cobertura de El Deber, estuvo marcado por la presión de las bases sindicales en las carreteras y la determinación gubernamental de sostener la reforma del subsidio, argumentando una urgencia en estabilizar la economía nacional y redirigir recursos públicos a inversiones estatales y mejoras sustantivas en la distribución del ingreso.

Finalmente, tras casi un mes de conflicto desde el 6 de enero, la administración de Paz y la COB dieron a conocer el nuevo marco normativo bajo el compromiso de mantener la gobernabilidad y la paz social. El gobierno dará paso a la promulgación del decreto en las próximas horas, según el cronograma anunciado por el Ejecutivo y publicado por El Deber, con la expectativa de retornar a la normalidad y dar por concluida la etapa de enfrentamiento social y bloqueo de rutas en el país.

Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), solicitó a sus afiliados y a quienes participaron en los bloqueos carreteros durante varias semanas que depusieran las medidas de presión, destacando que la movilización había producido resultados concretos. La principal noticia, según detalló el medio El Deber, es el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la COB respecto al controvertido Decreto 5503: las protestas se suspenden, pero se mantiene la eliminación del subsidio al combustible dispuesta en la normativa oficial.

De acuerdo con El Deber, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la noche del domingo la firma del nuevo acuerdo nacional tras reunirse en la ciudad de El Alto con representantes de la COB y varios miembros de su gabinete. La Central Obrera Boliviana, que había impulsado desde el 6 de enero bloqueos indefinidos en carreteras de seis de los nueve departamentos del país, expresó su conformidad tras semanas de conflictividad social en rechazo a la supresión del subsidio al diésel y la gasolina.

El Gobierno, según publicó El Deber, defendió que la mantención del fin del subsidio a los carburantes es central para asegurar la estabilidad económica. Rodrigo Paz aseguró que la economía boliviana logró estabilizarse tras la implementación del decreto, motivo por el cual, indicó, inicia una nueva etapa con medidas adicionales. Entre los puntos acordados figuran el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y la incorporación de ayudas sociales para adultos mayores y estudiantes, incluidos en un próximo decreto que será promulgado, según subrayó Paz, en un plazo de 48 horas.

El mandatario enfatizó, además, que el proceso de negociación con las organizaciones sociales y sindicatos fue determinante para alcanzar el consenso. "Necesitamos un nuevo decreto. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer, por ese motivo comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para consolidar el crecimiento de la patria", declaró públicamente, con el respaldo de los ministros.

En sus declaraciones, Paz relacionó el contexto del conflicto con organizaciones que, en palabras del presidente, "promueven el conflicto". Señaló la disposición del Ejecutivo de no ceder "ante las mafias" y reiteró que "Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel", según recogió El Deber. Estas afirmaciones fueron parte del mensaje dirigido a la población tras la negociación, presentando la resolución como parte de una estrategia de gobierno basada en el diálogo y la responsabilidad.

El dirigente sindical Mario Argollo, de acuerdo con El Deber, llamó a cesar los bloqueos y expresó que los trabajadores podían considerarse satisfechos con el desenlace: "Hoy puede sentirse alegre, su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer". Tras el anuncio, una treintena de los 70 bloqueos establecidos durante la protesta permanecían activos, dificultando el transporte por carretera entre las principales ciudades del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de otras regiones, según detalló el medio boliviano.

Las movilizaciones, según consignó El Deber, ocasionaron problemas significativos en la circulación de productos y personas. Las autoridades señalaron que los bloqueos generaron interrupciones graves en el suministro de alimentos, combustibles y otros bienes esenciales dentro del mercado interno. Los operadores logísticos y transportistas experimentaron complicaciones en la distribución a los principales centros urbanos y rurales, lo que derivó en el desabastecimiento de productos básicos y pérdidas económicas cuantiosas.

Las jornadas de protesta se extendieron casi un mes y representaron uno de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y el principal sindicato del país. El detonante fue la publicación del Decreto 5503, que dispuso la eliminación de los subsidios a los carburantes, una política considerada clave para la economía nacional durante años previos. El rechazo de sectores sindicales y sociales a esta medida motivó la convocatoria a paros y bloqueos desde la primera semana de enero, afectando seis departamentos.

El Deber informó que la resolución de la crisis incluyó el compromiso de las autoridades de sostener, junto con la COB, mesas de diálogo permanentes para monitorear el impacto de las nuevas políticas y salvaguardar los derechos laborales y sociales. De igual manera, el gobierno manifestó su intención de mantener la coordinación con sectores productivos y sindicales para facilitar la implementación de los compromisos asumidos en el nuevo decreto.

Durante el periodo de bloqueos, los gremios transportistas documentaron dificultades severas en el acceso a combustible, con colas en estaciones de servicio de varias ciudades. Paralelamente, comerciantes y consumidores reportaron una disminución en el suministro de productos esenciales y alza de precios en mercados de abasto, de acuerdo con testimonios recopilados por El Deber.

La medida gubernamental de poner fin al subsidio al diésel y la gasolina responde, según el discurso oficial, a la necesidad de sanear las finanzas públicas y promover el crecimiento económico. La respuesta inmediata de la COB y otros sindicatos consistió en exigir la revocación del decreto, alegando el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores vulnerables.

El pacto alcanzado tras la reunión en El Alto medió la suspensión de los bloqueos sin revertir la decisión económica, sino acompañando la transición con incrementos salariales y políticas de asistencia social. El Gobierno confirmó la inminente promulgación del nuevo marco regulatorio, en el que se integran las medidas negociadas cuya ejecución quedará bajo vigilancia de las partes firmantes.

A lo largo de las semanas de crisis, tanto líderes sindicales como miembros del Ejecutivo intercambiaron declaraciones públicas sobre posibles escenarios y consecuencias de una prolongación del conflicto, advirtiendo sobre mayores daños económicos y sociales. El levantamiento progresivo de los bloqueos y la normalización del tráfico terrestre se presentan ahora como resultado del pacto alcanzado, según puntualizó El Deber en su cobertura.

Un vuelo humanitario aterrizará este martes 13 de enero en La Paz para llevar a cabo la repatriación de decenas de ciudadanos peruanos atrapados en el vecino país, en el marco de la crisis social que se intensificó tras la eliminación de los subsidios a los combustibles.

La medida, confirmada por la Cancillería de Perú, busca dar respuesta a la compleja situación que enfrentan quienes no han podido regresar por los bloqueos y protestas que mantienen interrumpidas más de 30 rutas en Bolivia.

La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de suprimir los subsidios al combustible provocó un aumento inmediato en los precios de la gasolina y el diésel, lo que derivó en el rechazo de sindicatos, organizaciones sociales y gremios de transporte.

Desde diciembre de 2025, la tensión fue en aumento, hasta que las protestas derivaron en bloqueos masivos que interrumpieron la circulación en distintos puntos del país. La Central Obrera Boliviana rompió el diálogo con el Ejecutivo y exigió la restitución de los beneficios eliminados, argumentando el impacto directo en la economía familiar, el transporte y el acceso a alimentos.

Ayuda humanitaria

En ese contexto, la Cancillería de Perú comunicó el despliegue de dos vuelos humanitarios para evacuar a los compatriotas varados. La cónsul adjunta del Perú en La Paz, Carmen Silva, informó a RPP que “cerca de 78 compatriotas que estarían varados en Bolivia, en todo el territorio boliviano, ya están registrados” y que la mayoría mantiene contacto directo con las autoridades peruanas a través de un grupo de WhatsApp habilitado por el consulado.

Según Silva, “proveemos alojamiento y alimentos básicos a cada uno, porque se trata de una situación imprevista para ellos”.

El primer vuelo, con destino a Juliaca, sale el 12 de enero, mientras que el segundo rumbo a Lima llega el martes 13 a La Paz, según la información brindada por la funcionaria diplomática.

Ambos vuelos, coordinados con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior del Perú, cuentan con capacidad limitada para 70 personas. Por este motivo, el consulado priorizó el traslado de quienes se encontraron en carreteras o en zonas más expuestas a riesgos, especialmente en áreas como Oruro, El Tolar y Conani.

La situación de los peruanos afectados es delicada. De acuerdo con los testimonios recogidos por Latina Noticias, muchos han debido caminar largas distancias hasta lograr contactar con las autoridades o llegar a puntos de encuentro seguros.

“Hay muchos que se han quedado sin recursos, porque no tenían previsto permanecer tanto tiempo en Bolivia. Han perdido vuelos y eso impacta en su economía, trabajo y salud”, relató Silva Vargas.

Además, se reportaron problemas de salud entre los afectados, como asma, trombosis y enfermedades infecciosas. “Estamos atendiendo esas necesidades de emergencia en el momento y garantizando acceso a agua y alimentos para todos, sin excepción”, señaló la cónsul.

Mayor vulnerabilidad

Las restricciones de cupo obligaron a las autoridades a priorizar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. “Los vuelos humanitarios que la Presidencia del Perú, junto con Cancillería, han dispuesto, nos daría cupo para cubrir a 70 personas, a 70 compatriotas”, precisó Silva Vargas. La funcionaria agregó que si la cantidad de ciudadanos supera la capacidad disponible, se elaborarán nuevas listas para gestionar más vuelos en caso de que la crisis persista.

El consulado del Perú en La Paz mantiene canales de emergencia abiertos las 24 horas, con el número telefónico (+591) 701 64 657, para quienes no se hayan registrado o requieran asistencia adicional. La colaboración permanente con las autoridades bolivianas ha permitido mantener la asistencia y el monitoreo de la situación, aunque las limitaciones derivadas de la violencia en los bloqueos complican el operativo.

La crisis en Bolivia se originó a raíz de la eliminación de subsidios y la consiguiente duplicación del precio de los combustibles, medida que el gobierno de Rodrigo Paz justificó como parte de un proceso para “sincerar la economía”.

Las organizaciones sociales y sindicales, en cambio, sostienen que la reforma perjudica gravemente a la población y exigen la derogación del decreto. De acuerdo con reportes de Latina Noticias y RPP, los bloqueos continúan en todo el territorio boliviano, mientras la comunidad peruana aguarda la llegada del vuelo humanitario que permitirá su retorno a casa.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este domingo que el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles, “cumplió su función” y se mantendrá como una “conquista económica”, al tiempo que anunció la elaboración de un nuevo decreto tras un acuerdo entre sus ministros y los sindicatos que rechazaban la norma.

En un mensaje televisado, Paz destacó el diálogo desarrollado durante los últimos diez días entre sus ministros y distintos sectores sociales, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), que mantenía protestas callejeras desde diciembre y bloqueos de carreteras desde el pasado martes para exigir la abrogación del decreto.

“Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto”, afirmó el mandatario.

El anuncio se produjo después de que los ministros acordaran con la COB la abrogación del decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, y la elaboración de una nueva norma. Según lo informado, el nuevo decreto mantendrá el retiro de la subvención a los combustibles, pero anulará otras disposiciones que generaron rechazo entre los sectores movilizados.

Paz señaló que “Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer”, por lo que, según indicó, “comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar” las “conquistas económicas y sociales” establecidas durante sus poco más de dos meses de gestión.

El presidente ratificó que el retiro de la subvención permitió un ahorro diario de 10 millones de dólares, recursos que, según expresó, “significan obras y empleos”. En contraste, sostuvo que por cada día de bloqueos de carreteras se perdieron “20 millones de dólares en obras, empleos y producción”.

“La subvención se eliminó y eso es una conquista económica y eso no va a cambiar”, insistió el jefe de Estado.

Paz también afirmó que el “futuro” que su Gobierno busca construir “está en riesgo cuando algunos prefieren el caos antes que un país que funcione” y sostuvo que los bloqueos de carreteras “impiden que Bolivia se cure” de la crisis que, según dijo, el país arrastra desde años anteriores.

En su mensaje, el mandatario diferenció entre dirigentes sindicales. Señaló que en Bolivia existen “muy buenos dirigentes” que son “honestos y transparentes”, pero también otros “que mienten y que se ocultan detrás del bloqueo” y que, según afirmó, “promueven el conflicto mientras protegen sus privilegios”.

En ese contexto, anunció que en los próximos meses dialogará de manera personal “con las bases” de sindicatos y organizaciones sociales “para que no haya esos malos dirigentes que les mienten”.

La COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron protestas que escalaron desde movilizaciones urbanas hasta bloqueos de carreteras en rechazo al decreto 5503.

Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros valores, lo que representó incrementos de 86 % y de 162 % frente a los precios subvencionados que rigieron durante más de 20 años.

Los sindicatos también cuestionaron el decreto al considerar que abría la posibilidad de la venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, una interpretación que el Gobierno negó.

El decreto incluyó medidas complementarias como el aumento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos, y subas de un bono escolar y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social, beneficios que, según lo acordado entre el Gobierno y la COB, se mantendrán en la nueva norma.

Tras el acuerdo firmado este domingo por la tarde, la COB dispuso el cese de todas las medidas de presión.

(Con información de EFE)

El llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) a movilizaciones y bloqueos en carreteras tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno ha provocado que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informe sobre 52 puntos de bloqueo en todo el país. Prácticamente la mitad de estos bloqueos se concentran en el departamento de La Paz, lo que evidencia un aumento en la tensión social y en los desafíos para la circulación de personas y mercancías. Según detalló el medio Unitel, la ruptura del diálogo está vinculada principalmente al rechazo gubernamental a derogar el Decreto 5503, el cual suspende los subsidios al diésel, además de modificar un centenar de disposiciones relacionadas con las ayudas estatales al combustible.

La COB, sindicato que lidera la oposición contra esta medida, decidió levantarse de la mesa de diálogo tras recibir una respuesta negativa del Ejecutivo presidido por Rodrigo Paz. De acuerdo con la cobertura de Unitel, Mario Argollo, referente de la organización sindical, señaló: "Todo tiene un final, lastimosamente hemos recibido la negativa del Gobierno de que se abrogue este maldito decreto 5503, y hemos recibido un 'no' como respuesta". Para Argollo, la suspensión del subsidio anticipa un escenario de escasez y dificultades económicas que afectará especialmente a las nuevas generaciones, por lo que insistió en la convocatoria a todo el pueblo boliviano para que se sume a una amplia protesta social.

El decreto en disputa, según la información recabada por Unitel, forma parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Paz destinadas a modificar el sistema de subsidios a los combustibles, concretamente el diésel. El Ejecutivo sostiene que estos cambios resultan necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país y hacer frente a una coyuntura económica marcada por la disminución de ingresos estatales y el aumento de la demanda de combustibles. Sin embargo, varios sectores sindicales y sociales consideran que tales medidas elevarán los costos de producción y transporte, con un impacto directo en los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.

Las autoridades gubernamentales han criticado la postura de la COB, a la que acusan de mantener posiciones contradictorias y obstaculizar el avance de los acuerdos. Según reportó Unitel, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que "Hace dos días parecía que teníamos un acuerdo porque la COB, la dirigencia nos ha mostrado una posición de que había artículos buenos y otros que son malos, que merecían observación y avanzamos en ese trabajo y había un principio de acuerdo". Espinoza afirmó también que solicitó a la COB precisar y formalizar su postura por escrito para clarificar ante la ciudadanía cuáles son sus demandas exactas. Según su versión, esta solicitud habría motivado la salida de los representantes sindicales del espacio de diálogo.

Mientras la COB refuerza su llamado a la acción colectiva para revertir el decreto, el Ejecutivo boliviano insiste en que mantiene las puertas abiertas para el diálogo pero advierte que responderá con acciones para contener cualquier escalada del conflicto. Unitel informó que las autoridades han señalado la necesidad de actuar frente a los bloqueos ya activos y evitar que los desórdenes se amplíen en el resto del territorio nacional.

El contexto inmediato muestra que el clima de protesta comenzó a intensificarse desde el mes anterior, periodo en el que al menos ocho personas resultaron detenidas durante manifestaciones acaecidas en la ciudad de La Paz, destinadas a rechazar las políticas económicas del presidente Paz. El conflicto actual se suma a la serie de tensiones recurrentes entre el Gobierno y los sindicatos bolivianos en torno a las políticas de subsidios y ajustes económicos, reiteró la cadena Unitel.

La situación permanece en desarrollo, con la COB movilizando a sus bases y otros grupos afines, mientras el Gobierno monitorea el avance de los bloqueos y refuerza su mensaje de disposición al diálogo bajo condiciones de control social. La presión sobre el Ejecutivo no sólo proviene de las calles, sino que impacta en sectores económicos que dependen de la libre circulación y del acceso a combustibles. El país se enfrenta así a un escenario de alta volatilidad, agravado por la incertidumbre sobre si las partes retomarán una negociación efectiva en los próximos días, conforme informó Unitel.

Las autoridades bolivianas han indicado que el exministro Edgar Montaño podría haber causado un daño económico cercano a los 2,5 millones de dólares al Estado a través de su gestión en la construcción de una carretera, según informó Bolivia TV. El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, confirmó que Montaño permanece bajo custodia policial y enfrentará cargos por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Según reportó la cadena estatal, el arresto se concretó en Santa Cruz y el exfuncionario fue trasladado al aeropuerto de la ciudad para su posterior traslado a La Paz, donde se desarrollarán las acciones judiciales correspondientes.

Según detalló Bolivia TV, la detención se fundamenta en la existencia de indicios suficientes que involucran a Montaño en el uso de un tipo de cambio superior al oficial durante los pagos a la compañía contratista encargada de la obra, lo que provocó un sobreprecio considerable en la ejecución del proyecto vial. Las autoridades consideran que este acuerdo contractual entre el exministro y la empresa habría generado un perjuicio económico cifrado en 2,49 millones de dólares, como precisó Oviedo a través del medio estatal boliviano.

El procedimiento policial realizado en Santa Cruz contó con la participación de varias unidades de la fuerza pública, y según informó Bolivia TV, tras su detención, Montaño fue conducido bajo resguardo al aeropuerto cruceño con destino a la sede del Gobierno en La Paz. El objetivo es presentar al exministro ante la jurisdicción competente para que rinda cuentas respecto a las acusaciones en su contra. De acuerdo con lo expresado por Marco Antonio Oviedo en declaraciones transmitidas por Bolivia TV, Montaño podrá ejercer su derecho a la defensa durante el proceso judicial.

La Fiscalía de Bolivia, en tanto, ha solicitado la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el exfuncionario. Fuentes del Ministerio Público informaron a Bolivia TV que la investigación abierta no se limita únicamente a Montaño; al menos nueve personas adicionales han sido incluidas en el mismo proceso por presuntas responsabilidades en el caso. Las pesquisas buscan esclarecer el grado de participación de cada involucrado y determinar si existieron concertaciones adicionales para concretar el desembolso irregular de fondos públicos.

Bolivia TV destacó que las investigaciones sobre el proyecto vial señalan la existencia de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato. Además del presunto uso de un tipo de cambio inflado, las autoridades mencionan posibles incumplimientos en los procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la normativa estatal. El Ministerio Público sostiene que este conjunto de decisiones habría dado lugar al significativo desfalco estatal, afectando los recursos asignados para infraestructura.

Durante su gestión como ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño fue responsable de proyectos estratégicos en el ámbito de las comunicaciones y la infraestructura en Bolivia, particularmente durante el gobierno de Luis Arce, iniciado en 2020 y con vigencia hasta 2025. Según consignó Bolivia TV, las actuaciones bajo investigación forman parte de las principales partidas presupuestarias administradas por el organismo durante ese periodo.

Bolivia TV recogió también declaraciones del ministro de Gobierno, quien señaló: "Lo que se acordó con la empresa es un sobreprecio, que hoy queda esclarecido, y será en la instancia jurisdiccional competente donde el exministro establecerá su defensa". El funcionario subrayó que, tras la detención, corresponde ahora avanzar con el proceso judicial para delimitar responsabilidades y sanciones si así lo determina la autoridad competente.

Hasta el momento, la identidad de las demás personas investigadas no ha sido revelada oficialmente. No obstante, Bolivia TV informó que la Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la toma de declaraciones, con el propósito de dilucidar si existió una red de complicidades o si las irregularidades se circunscribieron al ámbito de las funciones del exministro. Según informó la cadena estatal, el caso permanece abierto y bajo seguimiento de las autoridades judiciales y policiales.

Varios ciudadanos peruanos se encuentran atrapados en carreteras de Bolivia debido a los bloqueos de manifestantes que protestan contra la eliminación del subsidio a los combustibles en el país andino. Entre ellos, Jean Carlo Venero Campana denunció la difícil situación que atraviesa junto a su esposa y su suegra, una persona de la tercera edad, en el poblado de Viacha, provincia de Ingavi, departamento de La Paz.

En comunicación con RPP, Venero Campana explicó que permanecen varados desde el 8 de diciembre y que no pueden avanzar debido a los piquetes instalados por los huelguistas. “Estamos bastante preocupados porque hasta la fecha no nos podemos movilizar, no hay forma de movilizarse hacia Copacabana ni tampoco hacia Desaguadero”, señaló.

El ciudadano peruano detalló que él y su familia viajaban desde Cusco con destino a Uyuni, pero tuvieron que detener su viaje en La Paz por las protestas. Al intentar regresar a Perú por la ruta hacia Desaguadero, se encontraron con carreteras principales y trochas bloqueadas con piedras y por manifestantes.

Venero Campana destacó la dificultad de conseguir alojamiento en Viacha, especialmente por las bajas temperaturas de la zona, y aseguró que aunque han logrado adquirir algunos alimentos, la situación sigue siendo crítica. Además, alertó que muchos compatriotas en otras zonas de Bolivia, como Oruro, Tambillo y Laja, enfrentan circunstancias similares, tomando riesgos al intentar viajar por vías informales.

El ciudadano peruano solicitó la intervención inmediata de las autoridades peruanas. “Pedimos al señor ministro de Relaciones Exteriores que por favor nos pueda brindar ayuda, que se converse con las autoridades bolivianas para que nos puedan asistir, especialmente porque estamos con personas de la tercera edad”, manifestó.

El Consulado peruano en Bolivia y la Defensoría del Pueblo han contactado a Venero Campana, pero aún no se han concretado acciones efectivas para permitir el retorno seguro de los afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su titular Hugo de Zela, ha sido llamado a coordinar medidas de asistencia para garantizar el regreso seguro de los peruanos varados en las carreteras bolivianas, en el marco de un conflicto social que ha paralizado el tránsito en diversas rutas del país.

¿Qué ocurre en Bolivia?

En Bolivia se vive una crisis social y económica marcada por protestas masivas tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a los combustibles. El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5503, que implicó un fuerte aumento en el precio de la gasolina y el diésel: la gasolina subió un 86% y el diésel un 162%. Esta medida, justificada por la grave situación fiscal del país, desató el rechazo de la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos y organizaciones sociales, que consideran que el ajuste impacta directamente en el costo de vida y la economía familiar.

Desde mediados de diciembre de 2025, miles de personas se han movilizado en las principales ciudades y en zonas rurales. Se registraron bloqueos de rutas estratégicas, marchas multitudinarias y paralizaciones de actividades, lo que complicó el abastecimiento de alimentos y combustibles en varias regiones. Las protestas se intensificaron en enero de 2026, con la consigna “Bolivia No Se Vende”, mientras el gobierno intentaba abrir canales de diálogo y ofrecía suspender temporalmente el decreto.

El trasfondo de la crisis es la debilidad de las finanzas públicas bolivianas. El país enfrenta un déficit fiscal elevado, reservas internacionales en mínimos históricos y una caída de los ingresos por exportación de gas. El subsidio a los combustibles, que costaba al Estado boliviano más de USD 2.000 millones por año, se volvió insostenible. Sin embargo, la eliminación abrupta de la ayuda estatal generó una reacción social inmediata y una profunda tensión política.

No todos los almacenes de campo fueron iguales, ni cumplieron el mismo rol. Algunos sobrevivieron como postales; otros, como negocios reconvertidos. El Almacén de Ramos Generales La Paz fue durante décadas algo distinto: el único punto de abastecimiento entre Lobos y Saladillo, un paso obligado en la pampa cuando todavía no había rutas asfaltadas ni compras semanales planificadas.

Para entender qué fue —y qué sigue siendo— ese edificio de ladrillos altos en medio del campo, hace falta algo más que una fecha de fundación: hace falta reconstruir cómo funcionaba el territorio.

La historia del Almacén La Paz hoy se cuenta a través de Julián Gómez, tercera generación al frente del negocio familiar. No llegó al mostrador por herencia simbólica sino por continuidad: se crio entre estantes, aprendió a caminar sobre el piso de baldosas y creció escuchando las mismas conversaciones que durante décadas ordenaron la vida social del paraje.

“El almacén se fundó en 1859”, precisa Julián cuando empieza a ordenar la historia. En ese momento, en la zona no había otra cosa: un verdadero almacén de ramos generales donde se acopiaba cereal y se vendía desde herramientas y armas hasta carruajes.

Su función excedía largamente la lógica comercial actual. “Era como un minishopping en el medio del campo”, resume, sin exageración anacrónica. El edificio, alto y de grandes dimensiones, introdujo una ruptura en el paisaje: frente a los ranchos de adobe, la construcción de ladrillo marcó una novedad arquitectónica y social.

Antes del almacén existió una pulpería, fundada en 1832, que todavía permanece en pie, aunque muy deteriorada. Allí se gestó el núcleo original del negocio, que más tarde se consolidó con la apertura formal del almacén.

La primera firma fue Blanco, Sasali y Compañía; luego se sucedieron distintos propietarios hasta que llegó la familia Gómez. El abuelo de Julián, Justo, había emigrado desde Burgos, España con apenas 13 años, trabajó como peón en una chacra cercana y, con el tiempo, logró alquilar el local. Más adelante, junto a su esposa, compró el almacén y continuó con una actividad que ya llevaba décadas articulando la vida del lugar.

Aunque el nombre formal es Almacén de Ramos Generales La Paz, en la zona casi nadie lo llama así. Desde mediados del siglo XX pasó a ser, simplemente, ‘el de la Chola’. Valentina Gómez —conocida por todos con ese apodo— atendió el mostrador durante casi ochenta años, desde la adolescencia hasta pocos meses antes de su muerte, en 2019.

Su presencia fue tan constante que terminó desplazando al nombre original del edificio: no se iba al almacén, se iba a lo de la Chola. El uso cotidiano fijó una identidad que no responde al marketing ni a la nostalgia, sino a una práctica sostenida en el tiempo.

El Almacén en el corazón de la Pampa Húmeda

La centralidad del almacén no fue una casualidad ni un mérito arquitectónico. La Paz quedaba sobre un eje de circulación rural que conectaba estancias, chacras y puestos dispersos en una llanura sin centros urbanos cercanos.

Antes de la llegada del ferrocarril y mucho antes del automóvil, el tránsito era lento y planificado en función del agua, el descanso de los animales y la posibilidad de reabastecerse. En ese contexto, el almacén cumplía una función múltiple: concentraba mercadería, oficios, noticias y vínculos sociales.

“En 1932 mi familia se hizo cargo del negocio como dueños”, dice Julián, y vuelve sobre esa fecha como quien fija un punto de apoyo. Hasta entonces habían trabajado allí como empleados y en distintas sociedades, pero ese año marcó un quiebre. El almacén ya tenía una estructura consolidada y un nombre en la zona. “Ahí ya estaba todo armado”, resume. Para entonces, el paraje La Paz formaba parte de un entramado rural activo.

El cambio de manos coincidió con una etapa de expansión del partido de Roque Pérez, que desde fines del siglo XIX había comenzado a organizarse alrededor del ferrocarril, las casas de comercio y las instituciones culturales.

La estación, inaugurada en 1884 sobre la traza del Ferrocarril Sud, había consolidado un polo comercial que en las primeras décadas del siglo XX llegó a concentrar decenas de negocios, hoteles y fábricas. En uno de los estantes de la antigua oficina hay fotocopia de la autorización firmada a mano por Juan Manuel de Rosas en 1832 con el permiso para abrir una pulpería. Parte de la historia de la provincia en un papel.

Es que el almacén funcionaba como extensión natural de ese crecimiento hacia el campo. “Esto no era un lugar aislado”, aclara Julián. “Había movimiento, había gente, había producción, y todo pasaba por acá”. El almacén no competía con el pueblo: lo complementaba.

Los clientes y la vida social

Los clientes habituales eran las chacras de la zona, cuando el campo todavía empujaba fuerte. Julián señala el paisaje actual y marca el contraste: “Hoy recorrés esto y ves taperas; en cada monte había un rancho y una familia”. Eran explotaciones chicas, de quince, veinte o cuarenta hectáreas, donde la producción se entregaba en el almacén y la mercadería se retiraba a cuenta.

Una vez por año se hacía el balance: si quedaba plata a favor o si se seguía debiendo. El sistema funcionaba porque había confianza y cercanía.

Antes del mediodía, además, el almacén se convertía en punto de encuentro: el vermú, una charla sin apuro, el cruce de noticias. “Si no te veían acá, no te veían en ningún lado”, resume. En un territorio disperso y sin otros espacios de socialización, el almacén cumplía un rol que iba mucho más allá del intercambio comercial.

Ese rol se hacía visible más allá del mostrador. “No era solo venir a comprar”, dice Julián. En el predio había dos canchas de fútbol, dos de bochas y una cancha de paleta que todavía se conserva, aunque con el piso gastado por el uso y el paso del tiempo.

Las migraciones del campo a la ciudad y el impacto en el almacén

“Mi papá y mi tía fueron los que llevaron adelante el almacén, pero ya con menos movimiento”, cuenta Julián. El cambio no fue abrupto, fue lento y persistente. Las familias del campo comenzaron a irse, los chicos se iban a estudiar y no volvían, y las chacras pequeñas dejaron de ser sostenibles.

“Antes con quince o veinte hectáreas una familia vivía perfectamente; después lo económico ya no servía”. Las tierras se concentraron, las estancias crecieron y el paisaje se vació. A eso se sumaron los supermercados y el auto propio: la compra semanal en el pueblo reemplazó al fiado del almacén.

“El almacén quedó para la urgencia”, resume, y con esa palabra alcanza para explicar por qué tantos boliches rurales desaparecieron.

La historia familiar corre en paralelo a ese proceso. “Mi abuelo vino de España con un baúl nada más”, dice Julián. Acá conoció a Isolina Zampelungue, y tuvieron ocho hijos. Dos de ellos quedaron ligados para siempre al almacén: su padre, Justo Agustín Gómez, y su tía Valentina, conocida por todos como la Chola. Ella nunca se fue, vivió siempre en la casa paterna.

Su padre formó familia con Amelia Camerusi y tuvieron dos hijos: Julián Andrés y Agustina Anabela. “Somos nosotros los que estamos la tercera generación al frente del almacén”.

La cuarta ya está nombrada: Genaro Agustín, su hijo; Justo y Mateo, los hijos de su hermana. Los nombres, las iniciales, la continuidad como una forma de herencia.

Hoy, Julián y su hermana sostienen el lugar entre trabajos, obligaciones y una decisión que no es menor: restaurarlo. “Yo me crié en el almacén, aprendí a caminar acá adentro. Para mí es todo”.

Están cambiando el techo completo, respetando la estructura original, con un costo alto que afrontan con esfuerzo, eventos y actividades. La idea es clara: que no se venga abajo, que siga en pie, que vuelva a abrir.

El almacén funciona también como museo: objetos guardados durante décadas por una familia que nunca tiró nada. “Hay cosas superviejas, superañejas, muy dignas de ver”. No es solo un edificio: es una forma de vida que insiste, aun cuando el campo alrededor ya no es el mismo.

Presente y futuro de los almacenes y una fiesta regional

Julián mira hacia adelante sin grandilocuencia. “Yo el almacén me lo imagino en un futuro siempre trabajando, haciendo algo, y está la cuarta generación”. Habla mientras su hijo de tres años se mueve cerca.

También están los sobrinos, de cuatro y de doce. “Van a ser ellos los responsables de seguir con esto”. No lo dice como una carga sino como una continuidad natural: los chicos crecen jugando en el almacén, respirando ese amor heredado.

“Maman el amor que nosotros sentimos por este lugar”, dice, convencido de que la tradición no se impone, se transmite. “Yo lo veo a mi hijo y a mis sobrinos siguiendo con esta historia”.

Cada primera semana de enero, Roque Pérez organiza su fiesta anual más importante: La Noche de los Almacenes. El distrito bonaerense, que concentra la mayor cantidad de almacenes y restaurantes de campo del país, convierte esa singularidad en un recorrido nocturno que reactiva pueblos, caminos rurales y edificios históricos.

Este sábado 3 de enero se realizará la 12ª edición de esta celebración nacida con el objetivo de revalorizar los antiguos almacenes de ramos generales y pulperías. Bajo el cielo abierto y entre caminos de tierra, cada espacio abre sus puertas para compartir historia, comida y una identidad ligada al mundo rural.

En ese marco, para Julián la festividad tiene un sentido particular. “Es como retroceder en el tiempo”, dice. Para él no es solo una fiesta, sino la recreación de los fines de semana de mayor auge del almacén, aquellos que su padre le describía, cuando la gente ocupaba cada rincón y no había lugar ni para jugar a la paleta.

La vive desde un lugar distinto: “Yo soy dueño de este espacio, la fiesta la hago en mi casa”. Ser anfitrión implica otra responsabilidad. Conoce cada historia, cada marca del tiempo. “Yo tomaba la leche arriba del mostrador cuando era chico”, recuerda, y ese vínculo íntimo le da a la celebración un valor difícil de trasladar a otros escenarios.

La fiesta también modificó el destino material del edificio. Gracias a los eventos y a esta celebración anual, el almacén empezó a recuperar lo que el tiempo había deteriorado. “Se nos venía abajo”, dice sin rodeos.

El techo se llovía, el agua entraba por todos lados. Hoy avanzan con una restauración compleja, hecha como era originalmente, con mayor costo y más mano de obra.

“Lo vivimos con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad, para que la gente la pase bien y se lleve un buen recuerdo de este lugar”. No es solo una mejora edilicia: es la posibilidad concreta de que el almacén siga en pie.

El interior permanece intacto desde su fundación. El mostrador amurado, los estantes incorporados a la pared, la tienda en su lugar, el escritorio contable con sus libros pesados escritos a pluma.

Nada fue reemplazado. La decisión es conservar sin alterar, mantener abierta una escena que permite entender por qué estos almacenes fueron, durante décadas, centros económicos, sociales y culturales del campo bonaerense.

En ese cruce entre memoria familiar y vida comunitaria, el almacén sigue en pie no como una reliquia, sino como un espacio vivo. Porque el pasado del campo bonaerense todavía encuentra forma de futuro.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este lunes que las movilizaciones sindicales contra el retiro de la subvención a los combustibles buscan “atacar la democracia” y pidió a la Justicia que “garantice la paz social”, mientras miles de manifestantes avanzan hacia La Paz en rechazo al decreto 5503.

El mandatario formuló esas declaraciones durante el acto de inauguración del Año Judicial en Sucre, capital constitucional de Bolivia, en una jornada marcada por la continuidad de las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que desde el sábado marcha por el altiplano con destino a La Paz, sede del Ejecutivo. El mismo lunes, el Gobierno convocó a los dirigentes sindicales a una instancia de diálogo.

En su discurso ante autoridades judiciales, Paz afirmó que “es fundamental” que la Justicia “garantice la paz social a través de sus acciones puntuales contra aquellos que atacan esa paz social” y que además “genere las garantías para la seguridad jurídica contra aquellos que no quieren que Bolivia se abra al mundo”.

Las protestas sindicales se mantienen desde hace dos semanas y cuestionan el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención estatal a los combustibles vigente durante más de 20 años. Los sindicatos sostienen que la medida debió aplicarse de manera gradual y denuncian que la norma permite la venta de recursos naturales y empresas públicas a capitales extranjeros.

La movilización encabezada por la COB, el principal sindicato del país, se denomina “Bolivia no se vende”. Al referirse a esa consigna, el jefe de Estado señaló: “¿De qué hablan de vender Bolivia si ya la vendieron?”, en alusión a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según Paz, durante esos 20 años de administraciones del MAS “vendieron todo el gas” y sostuvo que “ni siquiera hicieron inversión”, además de señalar que se actuó “sin reinvertir, sin explorar”. El mandatario también cuestionó la gestión de los proyectos de industrialización del litio y afirmó que se repitieron los mismos criterios.

“Yo no acepto eso de ‘Bolivia no se vende’, ya la vendieron. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer una Bolivia productiva, una Bolivia que quiera crecer con reglas claras (…) ¿Acaso hay algo malo en ello?”, expresó el presidente durante su intervención.

En otro tramo de su discurso, Paz afirmó que “50 dirigentes sindicales (que) están marchando” perciben anualmente “18 millones de dólares” como parte de las “ventajas” vinculadas a sus fueros sindicales. Según el mandatario, ese monto “supera el presupuesto de 213 municipios de Bolivia”.

“Eso es injusticia, eso es lo que se pagó durante 20 años para que haya organizaciones sociales en Bolivia que bajo la lógica de la representación social no hagan más que secuestrar el Estado, tenemos que liberar el Estado. Yo por mi parte no pienso dar un paso atrás ni para el impulso”, sostuvo.

El presidente también señaló que los recursos que los dirigentes sindicales recaudan de sus afiliados “se usan para atacar la democracia, para atacar las instituciones, para atacar la estabilidad”, por lo que planteó que esas cuotas pasen a ser “voluntarias”.

El decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, fijó nuevos precios para los combustibles: 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros valores.

Estos precios representan incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto al costo subvencionado que rigió durante más de dos décadas.

La decisión se acompañó de otras medidas anunciadas por el Gobierno, como el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos (de 395 a 474 dólares), el incremento de bonos para estudiantes del sistema público y el aumento de la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

(Con información de EFE)

Este lunes está previsto el arribo a La Paz de una marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503 que establece una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país. La movilización, denominada “Bolivia no se vende”, está integrada por al menos 2.500 personas, según una estimación de la Defensoría del Pueblo.

La marcha partió el sábado de la localidad de Calamarca, distante a 70 kilómetros de la sede de Gobierno, con representación de sectores mineros, campesinos y maestros, entre otros. Según reportes de la prensa local, el domingo hubo disputas entre los marchistas por la presencia de cocaleros del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quienes un grupo de manifestantes intentó expulsar.

Al concluir la caminata este lunes, la administración de Rodrigo Paz convocó a los dirigentes a una reunión en la Casa de Gobierno para explicar en detalle el decreto e instalar mesas técnicas para “escuchar sus sugerencias”, informó el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, en entrevista con el canal estatal. Si bien el funcionario aseguró que se escucharán propuestas porque todas las medidas “son perfectibles”, descartó la derogación del decreto.

Los principales puntos en discusión tienen que ver con la eliminación del subsidio de los combustibles, que se traduce en un aumento del 86% y 163% en el precio de la gasolina y el diésel, y la implementación de un mecanismo de aprobación exprés de contratos relacionados con recursos naturales mediante decreto supremo.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió este domingo la norma, aseguró que no entrega recursos naturales a inversionistas extranjeros y afirmó que las protestas están impulsadas por una “aristocracia sindical minera” que no quiere perder sus privilegios.

Tras la promulgación del decreto, el 17 de diciembre, sectores afiliados a la COB iniciaron una serie de medidas de presión y los dirigentes tuvieron una reunión con el Gobierno en la que no se alcanzaron acuerdos.

“No estamos pidiendo nada inconstitucional, nada ilegal, porque este decreto maldito, por donde quiera que se lo vea es inconstitucional y en ese sentido tenemos que ser fuertes y perseverantes”, manifestó Mario Argollo, máximo dirigente sindical de los trabajadores durante la marcha.

Los manifestantes también protestan contra el Decreto Supremo 5515, promulgado el 29 de diciembre, que autoriza al presidente a gobernar a distancia mediante el uso de medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país. La medida busca evitar que el vicepresidente Edmand Lara asuma el mando en ausencia de Rodrigo Paz, quien confirmó su asistencia al Foro Económico Mundial que se realizará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza.

La medida, que contradice la Constitución Política del Estado, que establece que ante la ausencia del presidente asume el mando el vicepresidente y a falta de éste el presidente del Senado y luego de Diputados; ha generado polémica y el rechazo de varios sectores, incluido el Comité Cívico de Santa Cruz que se ofreció como mediador entre el presidente y vicepresidente para superar sus diferencias.

El inicio del año en La Paz, Baja California Sur, estuvo marcado por un episodio inusual que sorprendió tanto a habitantes como a visitantes: el varamiento de decenas de delfines en el malecón de la ciudad, uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de la capital sudcaliforniana.

El hecho ocurrió el pasado jueves 1 de enero y provocó una movilización inmediata de ciudadanos, comerciantes y turistas, quienes no dudaron en ingresar al mar para auxiliar a los mamíferos y ayudarlos a regresar a aguas profundas.

El fenómeno fue captado en numerosos videos que rápidamente se difundieron a través de redes sociales, donde generaron asombro, preocupación y reconocimiento hacia la solidaridad mostrada por las personas presentes. En las grabaciones se observa a grupos de personas orientando cuidadosamente a los delfines mar adentro, mientras decenas de curiosos observaban la escena desde el malecón.

Las imágenes permiten constatar que el evento se desarrolló en una de las zonas más transitadas de La Paz, lo que facilitó una respuesta rápida y espontánea. Durante los momentos más críticos, tanto turistas como trabajadores del malecón participaron activamente en las labores de rescate, formando una especie de barrera humana para evitar que los animales regresaran a la orilla.

La emoción entre los presentes aumentó cuando se detectó la presencia de una cría entre el grupo de delfines. En uno de los videos difundidos se escucha a una persona exclamar: “Mira, aquí está un bebé”, mientras varios individuos empujan con cuidado al pequeño ejemplar hacia el mar.

Otro comentario que quedó registrado reflejó la naturaleza social de estos animales, cuando quien grababa señaló: “Como que no se quieren ir unos sin los otros”, al observar que los delfines permanecían agrupados durante el rescate.

De acuerdo con información publicada por El Universal, al menos 40 delfines fueron auxiliados por los ciudadanos reunidos en el malecón. Gracias a este esfuerzo colectivo, los animales lograron reincorporarse a su hábitat natural sin que se reportaran mayores incidentes, lo que evidenció la eficacia de la acción coordinada y la disposición de la comunidad para actuar ante una situación de riesgo.

Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no ha emitido un informe oficial que explique las causas específicas del varamiento. Sin embargo, autoridades ambientales, citadas por El Universal, han señalado que no se han detectado indicios de floración algal nociva, derrames u otras formas de contaminación asociadas al evento. Aun así, reconocieron que este tipo de fenómenos, aunque poco comunes, han ocurrido anteriormente en la región.

El acontecimiento ha generado una amplia conversación entre usuarios de redes sociales y visitantes, quienes destacan tanto la rareza del fenómeno como la respuesta empática y solidaria de la población local y los turistas. Las imágenes continúan circulando y mantienen el interés público en un inicio de año atípico para La Paz, donde la colaboración espontánea permitió revertir una situación de peligro para varias decenas de delfines.

El gobierno de Bolivia aprobó un decreto que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer el poder mediante “medios tecnológicos” cuando se encuentre fuera del país. La norma también redefine el papel del vicepresidente, quien deberá gestionar y colaborar en la implementación de la política general del Ejecutivo.

La medida, contenida en el decreto 5512, se produce tras la invitación a Paz para participar en el Foro Económico Mundial (WEF) en Suiza, entre el 19 y el 23 de enero, y en un contexto de tensiones con el vicepresidente Edmand Lara, quien se autodefinió como una “oposición constructiva” al gobierno.

De acuerdo al documento oficial, el presidente deberá ejercer sus atribuciones constitucionales “a través de medios tecnológicos de comunicación” durante sus ausencias temporales del territorio nacional. Si no cuenta con acceso a esas herramientas, deberá informar por escrito y con precisión de fechas al vicepresidente sobre las acciones a realizar mientras dure su suplencia.

El decreto también estipula que el vicepresidente tiene como función “gestionar y coadyuvar acciones en el marco de la dirección de la política general del Gobierno”. Además, ajusta una norma anterior de 2023 que no especificaba cómo debía ejercer el presidente sus funciones durante ausencias temporales y permitía al vicepresidente “planificar, gestionar, apoyar y ejecutar acciones” en el Gobierno.

Rodrigo Paz, que asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre, realizaría así su primer viaje internacional como mandatario tras recibir la invitación al Foro Económico Mundial (WEF), lo que implicaría delegar temporalmente el mando en el vicepresidente, Edmand Lara, quien quedaría como presidente en ejercicio durante la ausencia.

La relación entre Paz y Lara ha sido tensa desde su triunfo en la segunda vuelta electoral en octubre de 2025. Ya en el gobierno, Lara —muy activo en TikTok— ha cuestionado públicamente decisiones de Paz, como la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa y la eliminación del Ministerio de Justicia.

En noviembre, en uno de los momentos más críticos, Lara declaró a través de TikTok que “ya no forma parte” del Gobierno y calificó a Paz de “mentiroso”.

Lara mantuvo una postura crítica hacia las decisiones del presidente Rodrigo Paz, extendiendo sus cuestionamientos a ministros, parlamentarios y otros funcionarios del Gobierno. La tensión se intensificó tras la promulgación del decreto supremo 5503, el 17 de diciembre, que puso fin al subsidio de los combustibles después de más de dos décadas. La medida, acompañada de aumentos a bonos estudiantiles, para adultos mayores y del salario mínimo, generó un amplio debate social.

Antes de Navidad, Lara expresó que tras ser marginado por Paz, se propuso “combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal”. En otro video, calificó a Paz de “corrupto” y “hábil para engañar”, y criticó a los ministros por “causar una convulsión social” al eliminar la subvención a los combustibles, refiriéndose a ellos con términos despectivos.

Esta semana, Lara acusó al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, de supuestamente recibir dinero del narcotráfico, luego de que Justiniano lo señalara por presionar para obtener cargos en la Policía, desatando una polémica aún vigente.

Por su parte, Paz ha señalado que su función es tomar decisiones y no hacer videos en TikTok, mientras que sus ministros anunciaron que responderán institucionalmente a los cuestionamientos del segundo del Ejecutivo.

(Con información de EFE)

El 2025 fue uno de los años más caóticos y conflictivos para la operación de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), esto debido al número de ocasiones que el personal del Metro CDMX tuvo que suspender el servicio en la ruta que va de Pantitlán a La Paz.

Miles de usuarios diarios que se trasladan a diario en esta ruta se vieron directamente afectados por la cancelación del servicio; la causa principal de este problema fue la lluvia. Y es que, este año la capital registró una temporada histórica al registrar hasta 91 milímetros, equivalentes a más de 28 millones metros cúbicos de agua, según la Secretaría de Gestión Integral del Agua CDMX (Segiagua).

A finales de julio, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la CDMX, explicó que la Línea A tuvo que cerrar estaciones en cinco ocasiones, esto entre junio y julio, pero a lo largo del año se registraron más imprevistos.

“Tenemos un plan de contingencia, en los meses de lluvia hemos aplicado este plan de contingencia en la Línea A cuatro veces, uno el 3 de junio, el otro el26 de junio, el otro el 26 de julio y el día de ayer (30 de julio)”, informó Ulises García.

¿Cuántas veces suspendió el servicio la Línea A del Metro CDMX en 2025?

Entre inundaciones, fallas en el sistema eléctrico y demás percances secundarios por las condiciones en las que opera la Línea A del Metro, la línea morada suspendió operaciones en al menos 18 ocasiones. De acuerdo con un recuento que realizó Infobae México, el primer incidente que obligó a cancelar el servicio fue el 2 de junio de 2025 por lluvias, y el último percance registrado fue el 3 de diciembre por fallas eléctricas, es decir que superó la última cifra de afectaciones registradas en 2024, que fue de 9 incidentes que obligaron a suspender la operación de la línea.

Una de las zonas más afectadas por el desgaste y la filtración de agua es el cajón estructural de la Línea A en el tramo entre Los Reyes - La Paz, el cual enfrenta un deterioro severo, con fracturas y hundimientos agravados por las recientes inundaciones, lo que ha obligado a mantener el servicio en estado de alerta y a suspender operaciones en varias ocasiones

La magnitud de los daños, confirmada por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, compromete la seguridad y la continuidad del servicio, mientras la modernización integral de la línea depende de la aprobación y diseño del proyecto para modernizar la línea morada.

Rubalcava explicó a finales de septiembre que, tras una reunión con locatarios, detectaron el tramo más afectado, donde la combinación de condiciones geográficas adversas y la ausencia de un drenaje municipal eficiente ha propiciado el hundimiento del terreno.

En cuanto a la estructura, Rubalcava advirtió que el cajón de la Línea A, que sostiene la infraestructura en la parte baja, presenta fracturas considerables y ya no cumple con los requerimientos de solidez. El funcionario enfatizó la urgencia de una renovación integral de este elemento. En sus palabras: “Ya está demasiado fracturado, hay que renovar el cajón. Hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”.

Estas fueron las veces que suspendieron el servicio en la Línea A en 2025

1. 2 de junio - afectaciones por lluvias
2. 3 de junio - afectaciones por lluvias
3. 11 de junio - falla en el sistema de catenarias
4. 25 de junio - inundaciones por lluvias
5. 26 de junio - inundaciones por lluvias
6. 9 de julio - suspensión provisional por invasión a las vías
7. 26 de julio - afectaciones por lluvias
8. 28 de julio - inundaciones en zona de vías
9. 29 de julio - inundaciones en zona de vías
10. 30 de julio - afectaciones por lluvias
11. 4 de agosto - afectaciones por lluvias de Pantitlán - Santa Marta
12. 10 de agosto - suspensión por obras eléctricas
13. 2 de septiembre - afectaciones por lluvias
14. 14 de septiembre - afectaciones por inundaciones en la zona de vías
15. 15 de septiembre - inundaciones en la zona de vías
16. 27 de septiembre - inundaciones en la zona de vías
17. 10 de octubre - inundación de vías en el tramo Guelatao - La Paz
18. 3 de diciembre - revisión en el sistema eléctrico Guelatao - La Paz

Las movilizaciones incluyeron detonaciones de dinamita y petardos por parte de los manifestantes, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y gas pimienta para contener el avance hacia la sede del poder político.

Las protestas se concentraron en los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Según reportes oficiales y testimonios de prensa local, los manifestantes intentaron ingresar por distintos puntos, bloqueados con vallas metálicas y resguardados por unidades antidisturbios.

En varias esquinas del casco histórico, grupos de mineros detonaron pequeñas cargas de dinamita para forzar el repliegue policial, una práctica habitual en las protestas del sector minero boliviano desde hace décadas.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, encabezó las movilizaciones junto a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb). A las marchas se sumaron trabajadores fabriles, maestros y otros gremios urbanos.

Andrés Paye, máximo dirigente de la Fstmb, declaró a los medios que “cualquier medida gubernamental tiene que beneficiar al pueblo” y reiteró la exigencia de que se anule el decreto 5503, que puso fin a la subvención estatal a los carburantes. Paye afirmó que los mineros se mantendrán “firmes” en las protestas, incluso durante las festividades de Año Nuevo.

El detonante del conflicto fue el retiro de un subsidio que había mantenido congelados los precios de la gasolina y el diésel por más de 20 años. Con el nuevo esquema, el precio de la gasolina aumentó un 86 %, mientras que el diésel registró un alza de hasta 162 %.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre, sostiene que la medida era inevitable para garantizar el abastecimiento y aliviar la presión sobre las finanzas públicas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el subsidio se había convertido en una “sangría económica” y en una de las principales causas del déficit fiscal, que este año rondaría el 13 % del producto interno bruto.

Bolivia importa gran parte del combustible que consume debido a la baja producción local, un factor que agravó la escasez registrada durante casi un año y medio, con largas filas en estaciones de servicio y efectos directos sobre el transporte y la producción de alimentos.

Desde el Ejecutivo aseguran que la eliminación del subsidio permitió normalizar el suministro de gasolina y diésel y generar un ahorro diario estimado en 10 millones de dólares. La decisión fue acompañada por otras medidas económicas, como el aumento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos y el incremento de bonos para estudiantes del sistema público y adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan el alcance del ajuste. Mario Argollo, dirigente de la COB, sostuvo que “nuestra protesta no es solo contra la eliminación del subsidio a los carburantes, sino contra este decreto maldito que busca hipotecar el país y a las futuras generaciones”.

Argollo también criticó las disposiciones que autorizan al Banco Central de Bolivia a gestionar el financiamiento externo sin aval legislativo, lo que, según dijo, “viola la Constitución”.

Aunque la COB convocó a una huelga general indefinida desde el 22 de diciembre, el impacto ha sido desigual. Los mineros estatales son el núcleo más activo de la protesta, mientras que transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas suspendieron sus medidas tras alcanzar acuerdos parciales con el Gobierno.

En paralelo, un grupo de mujeres mineras inició huelgas de hambre para aumentar la presión.

Las protestas generaron rechazo entre algunos transeúntes de La Paz, que cuestionaron los daños y el uso de dinamita en zonas urbanas.

La Policía no ha informado de heridos ni detenidos, mientras el Gobierno reiteró que no dará marcha atrás con el decreto y que mantiene abierta la vía del diálogo sin condicionamientos.

(Con información de EFE y The Associated Press)

La movilización coincide con un feriado nacional, declarado por el Gobierno de Rodrigo Paz con la finalidad de promover el turismo en las últimas semanas del año. La multitud recorrió calles céntricas de La Paz, localidad que alberga tanto la sede del Ejecutivo como la del Legislativo. Según detalló EFECOM, la protesta forma parte de una huelga general indefinida, convocada el pasado lunes por la COB, aunque hasta ahora solo los mineros bajo contrato estatal han seguido plenamente la medida.

La vigencia del decreto 5503 introdujo cambios significativos en los precios de combustibles. EFECOM reportó que la gasolina subió un 86 % respecto al valor subsidiado y el diésel un 162 %, terminando abruptamente con una política de subsidio que se mantuvo durante más de veinte años. Este incremento ha sido acompañado por contramedidas anunciadas por el Gobierno, entre ellas el aumento del salario mínimo nacional, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares). Además, se incrementaron bonos estudiantiles y pensiones dirigidas a personas mayores sin cobertura de seguridad social.

El Ejecutivo justificó la eliminación de la subvención alegando que la medida permite restablecer el abastecimiento regular de diésel y gasolina, que según el Gobierno había mostrado deficiencias durante alrededor de un año y medio. EFECOM consignó que el retiro del subsidio traería consigo un ahorro estatal diario de 10 millones de dólares, recursos cuyo destino específico no se detalló en las declaraciones oficiales.

La protesta de la COB, según expuso Argollo a EFECOM, no obedece a intereses sectoriales ni partidistas. El dirigente subrayó que la movilización sigue una “reivindicación justa”, destinada a “concientizar y llegar hasta el último rincón del país”. Argollo expresó que cuando la ciudadanía comprenda la finalidad del decreto, la central obrera encontrará respaldo en la opinión pública. Insistió en que las manifestaciones se han mantenido pacíficas.

El conflicto ya produjo instancias de diálogo. El martes, los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con el presidente Paz. Según EFECOM, en ese encuentro la organización sindical condicionó la continuación de las negociaciones a la derogación previa del decreto, exigencia que el Gobierno rechazó explícitamente y declaró inaceptable.

Otros sectores laborales y productivos, como los transportistas, comerciantes y mineros que actúan en cooperativas, aceptaron acuerdos con el Ejecutivo y suspendieron sus propias protestas. Así, la huelga indefinida de la COB se sostiene solo entre los mineros estatales, mientras las marchas sindicales han enfrentado rechazo de parte de la población de La Paz, según registró EFECOM.

En cuanto a la situación política, EFECOM recordó que la COB ha mantenido históricamente una relación de alianza con los anteriores Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). No obstante, el contexto actual revela un quiebre con la administración de Rodrigo Paz, marcado por la demanda de la derogación del decreto y la decisión de endurecer las acciones sindicales.

Frente a la negativa oficial para revertir la medida, Argollo explicó que la organización minero-sindical prevé el desarrollo de nuevas estrategias de protesta. “Vamos a pensar en nuevas estrategias de lucha, no vamos a dejar este camino”, expresó el dirigente a EFECOM. Añadió que las acciones continuarán hasta lograr respuestas a sus demandas.

EFECOM indicó que el Gobierno sostiene que la eliminación del subsidio era inviable financieramente y subrayó los supuestos beneficios para la economía nacional al asegurar el suministro de combustibles y liberar recursos significativos para el erario público. Hasta el momento, el panorama sigue marcado por la firme postura sindical y la decisión oficial de mantener el decreto vigente.

La Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, decidió este jueves mantener las protestas contra el decreto que retiró la subvención a los combustibles, incluida una huelga general indefinida que, por el momento, solo cumplen los mineros que trabajan para el Estado, tras una reunión realizada en La Paz.

“Seguir con la movilización, con el paro general indefinido escalonado”, afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, al término del encuentro de los sindicatos afiliados a la entidad. La dirigencia resolvió sostener las medidas de presión pese a la disminución de participantes en las marchas registradas en los últimos días.

Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año, según indicó Argollo. El dirigente señaló que las manifestaciones seguirán de forma permanente mientras el decreto continúe vigente.

Durante la reunión también se definió impulsar marchas en las nueve regiones del país y profundizar la difusión del contenido de la norma. “Se ha determinado socializar aún más este decreto”, sostuvo Argollo, al señalar que el objetivo es que la población comprenda que la medida resulta “dañina” para los trabajadores y “para la economía del país”. Según el dirigente, la decisión del Ejecutivo permitirá “enajenar” los recursos naturales de Bolivia.

Antes del encuentro, los afiliados a la COB volvieron a marchar por el centro de La Paz en rechazo al decreto, aunque con una participación menor respecto de los primeros días de protestas. Las movilizaciones comenzaron el lunes, cuando la entidad sindical convocó a una huelga general e indefinida contra la eliminación de la subvención a los combustibles.

La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), mantiene la convocatoria a la huelga, aunque la medida solo es acatada por los mineros estatales. Otros sectores que inicialmente se sumaron a las protestas, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, levantaron las medidas tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo.

En La Paz, las marchas impulsadas por la COB recibieron cuestionamientos de parte de sectores de la población, que expresaron rechazo a los bloqueos y a la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad. Las autoridades municipales informaron afectaciones al tránsito y a las actividades comerciales durante las jornadas de movilización.

Los dirigentes de la COB se reunieron el martes con el presidente Rodrigo Paz, en un intento de abrir un canal de diálogo. Sin embargo, el encuentro finalizó sin acuerdos, debido a que la entidad sindical condicionó cualquier negociación a la derogación previa del decreto, una posibilidad que el Gobierno descartó de manera pública.

En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara, ex policía, expresó su respaldo a los sectores movilizados mediante un video difundido en TikTok. En el mensaje, Lara pidió a los manifestantes que sean “fuertes” y aseguró que “los tiranos van a caer” y que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos”, afirmó Lara en el video. El vicepresidente se declaró días atrás en “oposición constructiva” al presidente Paz, lo que generó reacciones dentro del oficialismo.

El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, fijó nuevos precios para los combustibles, con incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel en relación con los valores subvencionados que rigieron durante más de 20 años. La medida formó parte de un paquete económico anunciado por el Ejecutivo.

El retiro de la subvención estuvo acompañado por otras decisiones, como el aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y la suba de beneficios sociales, entre ellos el bono para estudiantes del sistema público y la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno defendió el decreto al sostener que la subvención a los combustibles ya no resultaba sostenible y afirmó que su eliminación permitió garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, que fue irregular durante casi un año y medio. Según el Ejecutivo, la medida genera un ahorro diario de 10 millones de dólares para el Estado.

(Con información de EFE)

Después de una reunión infructuosa entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno liderado por Rodrigo Paz, la organización sindical anunció la continuación de las movilizaciones en protesta por el Decreto 5503, que pone fin a las ayudas al diésel junto a un centenar de disposiciones adicionales. Según informó el medio, representantes de la COB salieron de la reunión con el Ejecutivo señalando que no hubo ningún progreso en lo referente a su principal exigencia: la derogación de la normativa mencionada.

De acuerdo con lo publicado, las protestas en La Paz tuvieron su momento más crítico cuando manifestantes intentaron irrumpir en los alrededores de la Plaza Murillo, zona sede del Gobierno boliviano. Durante ese episodio, los participantes detonaron artefactos de dinamita, lo que provocó lesiones en varios miembros de la policía que custodiaban el perímetro de seguridad. El avance sobre la plaza se produjo en el marco de un rechazo abierto a las nuevas medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo, centradas principalmente en la supresión del subsidio al diésel.

El medio detalló que la jornada de protestas resultó en la detención de al menos ocho personas. Las fuerzas de seguridad recurrieron al empleo de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y evitar una escalada mayor en los incidentes, que incluyeron enfrentamientos directos entre los congregados y la policía. Según consignó el medio, el principal sindicato del país lideró la protesta y, tras los disturbios, confirmó que las acciones de presión proseguirán en tanto no exista respuesta favorable por parte del gobierno.

Horas después de los enfrentamientos, delegados de la COB mantuvieron un encuentro con el presidente Paz y otros funcionarios, aunque la reunión no cambió la posición oficial sobre el Decreto 5503. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, aseguró tras el cónclave que el gobierno no mostró disposición alguna de aceptar la derogación del decreto. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, el sindicato tildó la nueva regulación de “totalmente neoliberal” y advirtió de efectos negativos a futuro para distintos sectores.

Tal como informó el medio, el Decreto 5503 no solo elimina el subsidio al diésel, sino que forma parte de un paquete que involucra más de cien medidas económicas. Las autoridades justifican la decisión como necesaria para el ajuste fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, mientras que organizaciones sindicales y sociales argumentan que el costo recaerá en la población, especialmente en los trabajadores y sectores más vulnerables.

La Central Obrera Boliviana, posicionada como el principal sindicato del país, expresó su rechazo a las medidas mediante protestas que, según el medio, concentraron a numerosos manifestantes frente a la sede del gobierno. Tras los incidentes, la organización sindical reiteró su intención de mantener la presión en las calles y buscar la reversión del decreto.

Los disturbios registrados incluyeron detonaciones de pequeños explosivos y lanzamientos de objetos, lo que obligó a un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. El medio reportó que los incidentes dejaron como saldo varios heridos entre los agentes policiales y la detención de ocho personas vinculadas con las acciones más violentas.

En las declaraciones públicas recogidas tras la reunión con el Ejecutivo, los líderes sindicales insistieron en caracterizar el conjunto de medidas como una imposición sin consulta que, a su juicio, responde a intereses ajenos al bienestar general. La COB, por medio de su secretaria ejecutiva y otros portavoces, enfatizó que el decreto persistirá como objeto de disputa hasta que el gobierno modifique su postura.

Dentro de la agenda sindical se contempla la organización de nuevas marchas y actos de protesta para los próximos días, con el propósito de forzar una revisión de las recientes decisiones económicas. El medio resaltó la tensión creciente en la capital boliviana y la persistencia del conflicto social como resultado del desacuerdo entre el Ejecutivo y los representantes laborales.

Al cierre de la jornada, las posturas no mostraban indicios de acercamiento y tanto las autoridades como las organizaciones sindicales manifestaron su determinación de sostener sus respectivas posiciones. Según consigna el medio, la dinámica de movilizaciones podría continuar en el futuro inmediato, con la COB manteniendo su llamado a acciones de presión y el Gobierno reafirmando la vigencia del Decreto 5503 y su paquete económico.

La eliminación del subsidio estatal a los combustibles en Bolivia provocó este martes una escalada de violencia en el corazón político del país. Una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) terminó en enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz, donde funcionan el Palacio de Gobierno y el Congreso. Al menos cuatro agentes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos.

La movilización reunió a cientos de trabajadores, en su mayoría mineros estatales y privados, además de maestros rurales y obreros fabriles. Los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza a la plaza Murillo desde varios accesos, retirando vallas de seguridad y presionando los cordones policiales desplegados para resguardar el kilómetro cero del poder político boliviano.

Durante los incidentes se escucharon detonaciones de petardos y cargas de dinamita, un recurso habitual en protestas mineras en Bolivia, lo que elevó el nivel de riesgo en una zona densamente transitada.

La Policía respondió con gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a los manifestantes y evitar el ingreso al perímetro oficial. Un efectivo policial confirmó que “han hecho explotar dinamita; se realizará la evaluación médica para determinar las causas de las heridas y ya se activó el traslado en ambulancia”.

El intercambio se concentró en calles clave del centro histórico, como Yanacocha, Comercio, Socabaya y Potosí, y se extendió durante unos 25 minutos. Tras la dispersión, los manifestantes se replegaron hacia la avenida Mariscal Santa Cruz, una de las principales arterias de La Paz, que quedó bloqueada durante varias horas, afectando el tránsito y la actividad comercial.

El máximo representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye, sostuvo que la movilización tenía carácter pacífico y responsabilizó a las fuerzas de seguridad por la violencia. “Le decimos al Gobierno y a la Policía que no estén gasificando. Nosotros estamos aquí y ellos provocan”, afirmó, al justificar el uso de explosivos como una reacción defensiva.

La protesta se enmarca en el rechazo al Decreto Supremo 5503, que dispuso el retiro total del subsidio a la gasolina y al diésel, vigente durante más de dos décadas. La medida implicó aumentos del 86 % en el precio de la gasolina y del 162 % en el diésel.

El Gobierno de Rodrigo Paz argumenta que mantener la subvención sería fiscalmente inviable y que en 2026 demandaría un gasto equivalente al 6,4 % del producto interno bruto.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, defendió la decisión y llamó a la desescalada.

“Respetamos toda movilización que respete los derechos de otros”, señaló, al tiempo que expresó su expectativa de que “esto no pase de una gasificación” y se retome el diálogo. Sin embargo, cuestionó la postura de la COB de exigir la anulación del decreto como condición previa. “Eso no es diálogo”, afirmó.

Las protestas no se limitaron a La Paz. En El Alto, ciudad vecina y bastión sindical, grupos de vecinos bloquearon la salida hacia Oruro, mientras que en el departamento de Chuquisaca se reportaron cortes de ruta protagonizados por sectores campesinos. La COB convocó además a una huelga general indefinida, aunque su acatamiento ha sido dispar.

El conflicto representa el primer gran desafío social para el presidente Paz desde su asunción el 8 de noviembre. La Defensoría del Pueblo desplegó personal para mediar en la zona de los enfrentamientos, mientras comerciantes del centro expresaron su preocupación por las pérdidas económicas en un período de alta actividad previo a las fiestas.

(Con información de EFE)

Una multitudinaria marcha de mineros paralizó este lunes el centro de La Paz, en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida de fuerza incluyó además protestas en otras ciudades del país.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, dijo Andrés Paye, dirigente minero, a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

En la sede de gobierno, la policía cercó los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. La marcha de mineros congestionó las principales calles del centro paceño, mientras que en la vecina ciudad de El Alto juntas vecinales mantenían cortadas varias avenidas. Además, se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia, según la Administradora de Carreteras.

En Cochabamba, la tercera ciudad del país, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha y bloquearon dos rutas troncales que conectan con el oriente boliviano.

El paro general fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque su impacto fue parcial. El gobierno logró desactivar la protesta del sector transporte tras cerrar acuerdos durante el fin de semana con la mayoría de sus sindicatos y abrió negociaciones con otros sectores.

En La Paz, el transporte público funcionó con normalidad, mientras que en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, el servicio urbano fue escaso. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio, tras la reunión con autoridades. Otro dirigente sindical, Luis Paco, reconoció que el retiro del subsidio era previsible: “Sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”, señaló.

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio a los combustibles que se había mantenido durante más de 20 años por los gobiernos de izquierda, con un precio de 0,53 dólares por litro. Según el Ejecutivo, las importaciones de gasolina y diésel —que alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales— agotaron las reservas de divisas y profundizaron la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas, tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén de la economía boliviana.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, afirmó el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, remarcó que la eliminación del subsidio implica “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

Como medidas complementarias, Paz decretó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, Paz busca atraer inversiones externas para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados”, analizó el politólogo Carlos Cordero. “En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.

(Con información de AP)

De acuerdo con lo difundido por EFECOM, el presidente Paz explicó que el marco normativo y económico que regulaba la política de subsidios ya no se ajustaba a la realidad que enfrenta Bolivia, lo que motivó la adopción inmediata de la nueva medida. La retirada del subsidio a la gasolina y el diésel implica, según consignó el medio, una transformación sustancial en la estructura de precios de estos insumos, con consecuencias directas sobre el costo de vida, la economía doméstica y el funcionamiento general de diversos sectores productivos y sociales.

En su anuncio, el mandatario subrayó la urgencia de realizar ajustes profundos en la política nacional ante la imposibilidad de continuar bajo normas “de los últimos veinte años”. EFECOM detalló que la declaración de emergencia abarca los ámbitos económico, financiero, energético y social, extendiéndose más allá del mero aspecto presupuestario del subsidio, al reconocer que el impacto alcanza a las esferas más amplias de la realidad nacional.

El medio EFECOM indicó que la decisión presidencial responde a la necesidad de reorientar los esfuerzos estatales en un contexto de recursos limitados y demandas crecientes de eficiencia financiera. El subsidio a los combustibles, implementado hace dos décadas para estabilizar precios y proteger el poder adquisitivo de la población, representaba una carga significativa para el erario público en circunstancias de alza de costos internacionales y menores ingresos estatales.

El presidente Paz atribuyó la actual coyuntura a la urgencia de reformas que permitan al país encarar con mayores garantías sus desafíos futuros, según remarcó EFECOM. Las declaraciones oficiales advierten sobre una transición que impactará tanto en el mercado de los hidrocarburos como en la economía familiar, los sistemas de transporte, la producción agrícola y la industria en general, sectores que han sido históricamente beneficiados por el subsidio a los combustibles.

Según publicó EFECOM, la decisión marca el final de una era de políticas estatales orientadas a la subvención masiva, y anticipa la aplicación de nuevos esquemas de precios y distribución. Las autoridades aseguran que el Gobierno explorará mecanismos de compensación o apoyo focalizado para los sectores más vulnerables a las fluctuaciones de precios, aunque no se han detallado medidas específicas en esta primera comunicación oficial.

El anuncio realizado desde La Paz generó reacciones inmediatas en distintos sectores sociales y económicos, que evalúan los posibles efectos de la eliminación del subsidio en sus operaciones y en el costo general de los productos y servicios. EFECOM reportó que la oposición y diversas organizaciones sociales han pedido mayor claridad sobre los alcances de la “emergencia” y exigieron transparencia en la implementación de los nuevos lineamientos políticos y económicos.

La medida, considerada de alto impacto estructural, constituye un hito en la política económica contemporánea de Bolivia, según expuso el medio, al cerrar un ciclo de intervención estatal que buscaba garantizar la accesibilidad de los combustibles mediante la reducción artificial de los precios. El retiro del subsidio plantea así un escenario de ajustes para todos los sectores involucrados y abre una etapa de redefinición de prioridades y estrategias nacionales, en un contexto de restricciones y transformaciones globales de los mercados energéticos.

De acuerdo con el reporte de EFECOM, la medida se dio a conocer este miércoles en La Paz y representa una de las primeras acciones adoptadas por el nuevo gobierno frente a los desafíos que enfrenta el país en diferentes ámbitos. Rodrigo Paz enfatizó que Bolivia no podrá avanzar si persisten las reglas vigentes durante los últimos veinte años. Para el mandatario, la situación obliga a implementar políticas y lineamientos distintos de aquellos que han regido la vida económica y social de la nación.

El ajuste salarial supone un aumento significativo para los trabajadores bolivianos, dado el contexto de emergencia señalado por el presidente. EFECOM detalló que la nueva remuneración mínima mensual pretende responder a las necesidades emergentes del entorno nacional e incentivar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de vida.

Durante el anuncio, Paz subrayó que la emergencia va más allá de la esfera económica, ya que incluye componentes financieros, energéticos y sociales, lo que señala una crisis multidimensional en el país. Según consignó EFECOM, esa declaración abre la puerta a la aplicación de medidas extraordinarias para intentar estabilizar la economía, asegurar el suministro de energía y responder a las demandas sociales acumuladas.

El incremento del salario mínimo nacional, reportó EFECOM, se inscribe en una agenda gubernamental que, a decir del propio presidente, busca romper con esquemas pasados y afrontar los desafíos con nuevos lineamientos. Las autoridades aseguran que la actualización salarial se traducirá en beneficios directos para los empleados que actualmente perciben el mínimo permitido, y generará impactos en el resto de la estructura salarial, aunque no se anunciaron cambios específicos para otros rangos de remuneración.

El portal EFECOM indicó que este ajuste salarial ha sido recibido bajo la declaración de emergencia, que establece un marco legal que facilitará la toma de decisiones en otros campos relacionados, como la administración de recursos estatales, la política energética y la respuesta a problemáticas sociales. La posición de Rodrigo Paz, según lo publicado por el medio, incluye el mensaje de que las instituciones bolivianas precisan un cambio de orientación para capacitarse frente a los retos actuales, y la revisión del salario mínimo es una señal en esa dirección.

El aumento anunciado representa el primer incremento de este alcance bajo el mandato de Paz. De acuerdo con EFECOM, la decisión fue adoptada en respuesta a la situación que afecta a varios sectores de la sociedad boliviana, resaltando que el país necesita adoptar enfoques distintos a los que regularon los años recientes. Con la declaración de emergencia, se prevé la posibilidad de futuras medidas excepcionales en el corto plazo, bajo el mismo paraguas normativo.

Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz resolvió este jueves mantener en prisión preventiva al ex presidente boliviano Luis Arce, investigado por presunta corrupción en el manejo de fondos para proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía.

La Fiscalía sostuvo que persiste el riesgo de fuga y de interferencia en el proceso porque Arce habría declarado un domicilio en el que no reside y no tiene actualmente un puesto de trabajo estable.

En una carta manuscrita difundida en redes sociales, Arce denunció que la ratificación de la prisión preventiva confirma “la vulneración al debido proceso” y el “carácter político” de su encarcelamiento, lamentando la presunción de culpabilidad y su “absoluta indefensión”.

Además, el ex mandatario afirmó que la medida era previsible por el contexto político: “Ante las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo, necesitan chivos expiatorios y cortinas de humo”.

El viernes pasado, un juez ordenó la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro por cinco meses mientras se lo investiga por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La Fiscalía lo acusa de haber autorizado, como ministro de Economía bajo el gobierno de Evo Morales, desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se concluyeron o se realizaron solo parcialmente.

El Ministerio Público asegura que más de 3.500 proyectos financiados no fueron completados y que también se detectaron pagos a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. El proceso contra Arce es ordinario porque los hechos habrían ocurrido antes de su mandato como presidente.

Desde que dejó la presidencia en noviembre pasado, Arce se dedicó a la docencia en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Permanece detenido en el sector ‘Posta’ de la cárcel de San Pedro, considerado uno de los espacios menos conflictivos, donde comparte celda con otro interno.

Cabe recordar que en medio de un estricto operativo de seguridad, el mandatario boliviano entre 2020 y 2025 fue trasladado el viernes pasado desde las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde permanecía detenido desde el miércoles, hacia el penal de San Pedro, ubicado en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad.

El traslado se realizó en un vehículo con vidrios polarizados. A su ingreso al penal, Arce hizo una breve declaración a los medios presentes: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia ha declarado la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social en todo el país, adoptando un paquete de medidas excepcionales para enfrentar la crisis estructural que atraviesa la nación. El Decreto Supremo N° 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, establece acciones inmediatas para estabilizar la macroeconomía, recuperar la liquidez interna, fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, con el objetivo de reactivar la producción, la inversión y el empleo, así como modernizar y transparentar la administración pública.

Entre las disposiciones más relevantes del decreto, se destaca la fijación del Salario Mínimo Nacional en 3.300 pesos bolivianos (Bs), lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025, y la implementación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias monetarias de Bs 150 mensuales a los sectores más vulnerables durante un periodo de hasta doce meses. Además, se incrementa la Renta Dignidad en Bs 150 para quienes no perciben jubilaciones contributivas y se establece el Bono Juancito Pinto en Bs 300 por estudiante para la gestión 2026.

El decreto atribuye la crisis actual a la gestión anterior, señalando que el país enfrenta el mayor desabastecimiento de combustibles de su historia, con filas de más de una semana, paralización productiva, inflación y un déficit fiscal acumulado de más de USD 30 mil millones en cinco años. Según el texto, la corrupción y la mala administración provocaron el agotamiento de las reservas internacionales, que pasaron de USD 15.100 millones en 2014 a USD 2.300 millones en 2023, y la reducción del oro monetario del Banco Central de Bolivia de 42 a 22 toneladas, de las cuales seis ya están comprometidas.

En el ámbito técnico, el decreto denuncia que el modelo de subsidio a los combustibles resultó insostenible, incentivando el contrabando de aproximadamente el 30% de la producción nacional hacia países vecinos, según estudios de YPFB y organismos internacionales. La infraestructura energética fue descuidada, con inversiones inferiores al 40% de lo necesario para el mantenimiento básico, lo que generó cuellos de botella logísticos y justificó importaciones sobrefacturadas. Además, se señala que la política de precios administrados creó un diferencial de hasta el 60% con países limítrofes, favoreciendo redes de contrabando con complicidad de funcionarios públicos.

En materia de inversiones, el decreto crea un Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones para nacionales y extranjeros, garantizando estabilidad jurídica y tributaria por hasta quince años y trato no discriminatorio. Se priorizan sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura exportadora. Para agilizar la aprobación de proyectos, se implementa un procedimiento FAST TRACK con un plazo máximo de treinta días calendario y la creación de una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el plano fiscal y tributario, se establecen incentivos para la producción nacional, como la imputación adicional del 20% del IVA en compras de productos hechos en Bolivia hasta 2027, la posibilidad de depreciación acelerada de activos fijos adquiridos entre 2025 y 2026, y deducciones excepcionales para créditos incobrables y aportes patronales. Se introduce el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), un monotributo del 5% sobre ventas brutas para empresas unipersonales y profesionales independientes con ingresos anuales de hasta Bs 250.000.

En cuanto al comercio exterior, se eliminan las autorizaciones previas de importación emitidas por el SENAVEX para agilizar el abastecimiento interno y se suprime la exigencia del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para la exportación de productos agropecuarios e industriales, restableciendo la libertad de exportación de maíz, sorgo, azúcar y carne. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua será responsable de reglamentar mecanismos de monitoreo del abastecimiento interno sin fijación de precios.

El decreto también contempla un Régimen Extraordinario de Regularización y Repatriación de Capitales, permitiendo la declaración voluntaria de activos no registrados, con incentivos tributarios como una alícuota del 0% si los fondos permanecen veinticuatro meses en el sistema financiero nacional o se destinan a inversiones productivas, y del 5% si se retiran antes de ese plazo. La información proporcionada será confidencial y no podrá ser utilizada en otros procesos administrativos o judiciales.

En el sector energético, se fijan precios transitorios para los combustibles: gasolina especial a 6,96 Bs/litro, diésel oil a 9,80 Bs/litro, gasolina premium a 11,00 Bs/litro, gasolina de aviación a 10,57 Bs/litro, kerosene a 5,64 Bs/litro, jet fuel a 10,74 Bs/litro, gasoil a 5,69 Bs/litro y GLP a 2,25 Bs/kg.

Estos valores se mantendrán durante seis meses, tras los cuales se aplicará una nueva metodología de ajuste. El precio del Gas Natural Vehicular (GNV) se establece en 2,73 Bs/m³ por el mismo periodo. Además, se retira temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas para garantizar el abastecimiento, suspendiendo la exigencia de autorización previa para su importación durante un año.

En el ámbito financiero, se habilita el diferimiento automático de créditos para vivienda de interés social y para micro y pequeñas empresas por hasta seis meses, a solicitud de los prestatarios, sin que ello implique penalizaciones, incremento de tasas de interés ni afectación de la calificación crediticia. Las entidades financieras y aseguradoras deberán ajustar sus sistemas para implementar estas medidas y reportar a la ASFI el número y monto de créditos diferidos.

El decreto faculta a la Administración Tributaria a declarar de oficio la prescripción de intereses y sanciones administrativas sobre obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de octubre de 2025, con exclusión de casos judicializados, retenciones no enteradas o delitos tributarios. La baja automática deberá formalizarse en un plazo de ciento ochenta días.

En materia de control gubernamental, se introduce la figura de las Auditorías de Cumplimiento Exprés, que permitirán evaluar el uso de recursos públicos en plazos extraordinariamente reducidos, con el fin de detectar desviaciones, responsabilidades civiles o penales y evitar demoras en la recuperación de fondos estatales. Estas auditorías podrán ser realizadas por la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de todas las entidades públicas.

El decreto establece la prelación normativa de sus disposiciones sobre cualquier otra norma incompatible mientras dure la emergencia económica y ordena la coordinación interinstitucional entre los ministerios, el Banco Central de Bolivia, gobiernos autónomos y entidades reguladoras para su ejecución. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar informes técnicos bimestrales al Consejo de Ministros sobre el avance e impacto de las medidas adoptadas.

Finalmente, se instruye al Banco Central de Bolivia a transitar hacia un nuevo régimen cambiario para fortalecer la estabilidad macroeconómica y la competitividad externa, en coordinación con la ASFI, la Aduana Nacional y otras entidades, asegurando la transparencia y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior y flujos de divisas.

Una misión económica del Gobierno de Estados Unidos visita Bolivia esta semana para explorar oportunidades de cooperación e inversión.

“La visita refleja el renovado interés de Washington en fortalecer los vínculos económicos y comerciales con Bolivia, así como en explorar nuevos espacios de colaboración técnica”, señala la nota de prensa difundida por la Embajada de Estados Unidos en La Paz.

Los representantes de las agencias de financiamiento y desarrollo sostendrán reuniones con miembros del sector empresarial privado en Santa Cruz, con el objetivo de conocer las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión. En La Paz, la delegación mantendrá encuentros con autoridades del gobierno del área económica y con el sector privado.

“El Gobierno del presidente Rodrigo Paz abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos preparados para conectar a los exportadores estadounidenses con oportunidades en todos los sectores de la economía boliviana, desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones”, declaró Mark Teubl, representante del Banco de Exportación e Importación (EXIM) que integra la delegación.

La visita se da en el marco del acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos tras la posesión del presidente Rodrigo Paz, electo en el balotaje del 19 de octubre. Luego de su victoria, Paz y un equipo de asesores económicos viajaron a Washington para sostener reuniones y gestionar créditos de financiamiento para afrontar la crisis económica que atraviesa el país sudamericano desde hace más de dos años.

El vínculo continuó con la presencia del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, en el acto de investidura del nuevo gobernante y reuniones posteriores en las que manifestaron su interés en restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Washington y La Paz no tienen relaciones a nivel de embajadores desde 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, en medio de acusaciones de conspiración contra el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

En las últimas semanas, los ministros de Economía y Relaciones Internacionales, José Gabriel Espinoza y Fernando Aramayo, viajaron a Estados Unidos para “consolidar nuevas fuentes de financiamiento, atraer inversiones, diversificar mercados y fortalecer alianzas económicas que generan beneficios para Bolivia y para las familias bolivianas”, según un comunicado del Ministerio de Economía.

Si bien no se anunciaron públicamente nuevos acuerdos, el presidente Paz señaló que sus ministros estaban gestionando “washingtones” (dólares) en el país del norte. “Sin washingtones, parte de nuestra economía no funciona, es una realidad que no la hemos inventado nosotros, y eso hay que resolver. Por eso estamos haciendo una suerte de colchoncito para que Bolivia pueda ser autosustentable, sostenible en su economía, no depender de créditos, no depender de recursos externos”, manifestó Paz.

Hasta la fecha, la nueva administración gubernamental concretó un crédito de 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de los cuales 550 millones serán desembolsados una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el préstamo en una sesión que fue aplazada para esta semana.

La misión que visita actualmente el país está integrada por representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado.

“El propósito central de la misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas”, finaliza el comunicado de la Embajada.

El Gobierno de Bolivia denunció este lunes un presunto daño económico de 2.595 millones de dólares, con afectación directa a las reservas internacionales netas (RIN), como consecuencia del desempeño de empresas y plantas industriales estatales que no resultaron sustentables durante casi 20 años de las administraciones de Evo Morales y Luis Arce, según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

En una exposición ante la prensa, Lupo afirmó que “el costo total de la corrupción” asciende a 1.463 millones de dólares, destinados a empresas que calificó como “inviables”, la mayoría creadas durante la gestión de Morales (2006-2019), y otros 1.132 millones de dólares utilizados en la construcción de plantas industriales impulsadas durante el Gobierno de Arce (2020-2025) dentro de la política de sustitución de importaciones.

“Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables”, sostuvo el ministro, quien remarcó la necesidad de “hacer una investigación y una auditoría” para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos.

De acuerdo con los datos oficiales presentados por Lupo, entre 2006 y 2024 el Estado boliviano creó 67 empresas, con una inversión total de 7.550 millones de dólares. Sin embargo, indicó que “solamente se ha recuperado el 18%” de ese monto, mientras que el resto corresponde a recursos que no podrán ser recobrados.

El ministro precisó además que el 28% de los créditos provenientes de las RIN “fueron para crear 14 empresas inviables”, las cuales se convirtieron en un “instrumento de corrupción”. Según detalló, de ese grupo cuatro empresas cerraron y cinco se encuentran en quiebra técnica.

Entre las entidades observadas por el Ejecutivo figuran dos empresas de producción de alimentos, una cementera, una azucarera, la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), además de otras compañías estatales.

Lupo explicó que, de las 67 empresas analizadas, nueve existían antes de 2006, 45 se crearon como nuevas y 22 se constituyeron como subsidiarias de empresas estratégicas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Otra parte del presunto daño económico corresponde a las plantas industriales impulsadas durante el Gobierno de Arce bajo la política de “industrialización con sustitución de importaciones”. En ese marco, el Estado planificó la construcción de 174 plantas, con una inversión proyectada de 3.164 millones de dólares.

Según el informe presentado, 40 plantas fueron entregadas, 134 permanecen en construcción, 19 se encuentran en funcionamiento, 41 están en una situación no ejecutable y 60 fueron calificadas como inviables. Lupo indicó que esos proyectos abarcan sectores como biocombustibles, manufactura, fertilizantes, agroinsumos, farmacéutica, litio, minería, alimentos y química básica.

“Son áreas que el sector privado puede realizar”, afirmó el ministro, al referirse a la pertinencia del rol estatal en ese tipo de inversiones.

Lupo sostuvo además que el “desfalco” total supera los 7.750 millones de dólares, o incluso “casi el doble”, si se incorporan recursos adicionales provenientes de créditos internacionales que no se encuentran cuantificados dentro de las RIN.

Ante este escenario, el funcionario adelantó las líneas de acción del Ejecutivo. “¿Qué vamos a hacer? Lo primero es cerrar el grifo y auditar cada centavo que se ha gastado; para esto es necesaria una reingeniería fiscal, parar el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas y garantizar la viabilidad fiscal”, señaló.

La presentación del informe sobre el presunto daño económico coincidió con el anuncio de la conformación de la denominada Comisión de la Verdad, instancia que investigará supuestos hechos de corrupción en el sector de los hidrocarburos durante los Gobiernos de Morales y Arce.

(Con información de EFE)

Aunque el director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, manifestó que Luis Arce permanece estable tras una valoración médica en el penal de San Pedro de La Paz, la situación del exmandatario boliviano mantiene la atención tanto de las autoridades como de sus seguidores. Esta vigilancia médica se produce después de que Arce pasara su primera noche bajo aislamiento preventivo en prisión, luego de la decisión judicial que ordenó su detención mientras avanza una investigación sobre presunto desvío de fondos destinados al Fondo Indígena. El medio boliviano ‘El Deber’ reportó que Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, está bajo supervisión constante, sin muestras de privilegios especiales y recibiendo apoyo psicológico y legal.

El viernes por la noche, el exmandatario ingresó en el centro penitenciario bajo fuertes medidas de seguridad. Esta detención responde a una orden dictada por el juez anticorrupción Elmer Laura, quien estableció cinco meses de prisión preventiva tras el pedido de la Fiscalía. Según informó el diario ‘El Deber’, el argumento de la Fiscalía se basa en el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación que involucra a Arce debido a su papel como exministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, etapa en la que habrían tenido lugar los presuntos movimientos irregulares de capitales en el caso conocido como Fondo Indígena.

Durante una comparecencia ante la prensa, Bryan López detalló que se ha asignado a Arce un espacio en el sector Posta del penal, donde equipos multidisciplinarios han garantizado su atención integral. “Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable”, indicó López al explicar el protocolo aplicado. Además, aclaró que la privación de libertad de Arce no contempla condiciones especiales y que las medidas de aislamiento nocturno buscan proteger su integridad física, a diferencia de lo que ocurre en las horas diurnas, cuando se integrará al régimen penitenciario regular.

En la audiencia cautelar, la defensa del exmandatario expuso que Arce enfrenta una patología oncológica que amerita controles periódicos. Bryan López señaló al respecto que la última revisión médica realizada a Arce data de octubre y que, en caso de emergencia, el centro dispone de personal sanitario para actuar inmediatamente. ‘El Deber’ consignó también que las autoridades penitenciarias mantienen bajo observación el estado de salud del exgobernante y que atenderán cualquier requerimiento médico necesario.

En declaraciones a los medios a su ingreso en el penal, Arce se declaró inocente y expresó: “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, palabras que el medio ‘El Deber’ recogió entre la expectación generada por su detención. Paralelamente, la defensa del exmandatario anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión del juez, argumentando que no existen pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva.

El caso Fondo Indígena ha implicado a varias figuras políticas de Bolivia, y la detención de Arce genera repercusiones en el escenario político nacional. El proceso judicial continuará mientras la situación de salud y legalidad de Arce permanece bajo evaluación constante por las autoridades, sin que se hayan reportado incidentes durante su estadía inicial en el penal, según la información reunida por ‘El Deber’.

Al menos ocho personas murieron este lunes en Bolivia después de que un autobús de transporte público cayera unos 150 metros por un barranco en una carretera de los Yungas, en el departamento de La Paz. El accidente se produjo de madrugada en el sector conocido como Velo de la Novia, una zona con cascadas y curvas pronunciadas situada a unos 65 kilómetros de la sede de Gobierno, informó el director departamental de Bomberos, Pavel Tovar.

Según la información preliminar recogida por EFE, las malas condiciones de la vía —marcadas por la poca visibilidad, la densa neblina y un terreno resbaladizo debido al inicio de la temporada de lluvias— habrían contribuido al siniestro. El autobús cayó en una zona de difícil acceso.

Tovar explicó que el vehículo estaba “lleno de pasajeros” y que 14 personas resultaron afectadas: ocho fallecieron, entre ellas una niña de tres años, y seis quedaron heridas. Las labores de rescate se extendieron durante cinco horas debido a la oscuridad y a lo escarpado del terreno, lo que complicó el acceso al lugar donde quedaron los cuerpos y los sobrevivientes.

Los heridos fueron trasladados al hospital Arco Iris, en La Paz, donde dos permanecen en estado delicado, según informó el jefe de Bomberos. Los fallecidos fueron llevados posteriormente a la morgue del Hospital de Clínicas para su identificación por parte de sus familiares.

La Policía abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente, una tarea que suele requerir la revisión del estado del vehículo, las condiciones de la vía y los testimonios de los sobrevivientes. Este tipo de pesquisas suelen prolongarse varios días, especialmente en zonas rurales del occidente boliviano, donde la geografía dificulta el levantamiento de evidencias.

La carretera entre La Paz y los Yungas, conocida por sus tramos con precipicios, humedad constante y curvas estrechas, figura entre las más peligrosas del país. Aunque existen rutas alternativas más modernas, buena parte del transporte local continúa utilizando estos caminos tradicionales, que combinan asfalto, ripio y sectores expuestos a derrumbes.

El inicio de la temporada de lluvias —que va de noviembre a marzo— agrava los riesgos en esta región subtropical, donde los deslizamientos y la neblina reducen la visibilidad y deterioran la estabilidad del terreno. Cada año, las autoridades emiten advertencias sobre la necesidad de extremar precauciones en estas rutas, especialmente para el transporte público y de carga.

Los accidentes de tránsito representan uno de los principales problemas de seguridad vial en Bolivia. Según datos oficiales, estos siniestros causan alrededor de 1.400 muertes y unos 40.000 heridos anuales, en su mayoría asociados a fallas humanas prevenibles.

Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud han advertido que Bolivia mantiene tasas de mortalidad vial superiores al promedio regional. Entre los factores señalados con mayor frecuencia se encuentran el exceso de velocidad, el cansancio de los conductores, el mantenimiento deficiente de los vehículos y la vulnerabilidad estructural de carreteras rurales.

El accidente en Velo de la Novia vuelve a evidenciar la fragilidad de la infraestructura vial en zonas donde confluyen topografía extrema y clima adverso, un desafío que Bolivia arrastra desde hace décadas y que se intensifica cada temporada de lluvias.

El señalamiento del vicepresidente Edman Lara incluyó a destacados exfuncionarios, como el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y los excomandantes de la Policía, Johnny Aguilera y Augusto Russo, quienes figuran entre los presuntos responsables por actos de corrupción y daños al Estado boliviano. Según reportó Europa Press, la lista de investigados se extiende a ministros, antiguos mandos policiales y otros allegados del expresidente Luis Arce. Lara aseveró a través de un comunicado que todas aquellas personas involucradas en delitos contra la administración pública enfrentarán procesos judiciales, recalcando que “nadie, pero absolutamente nadie, va a quedar impune”. Este pronunciamiento se produce en un momento en que la presión social exige respuestas frente a hechos ilícitos del pasado y el Ejecutivo enfrenta divisiones internas.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio del vicepresidente Lara confirma el inicio de procesos penales contra Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia entre 2020 y noviembre de 2025, y quien fue sucedido en la jefatura de Estado por Rodrigo Paz. El Departamento Jurídico del Estado recibió la instrucción de preparar los expedientes judiciales en función de las investigaciones en curso, que abarcan áreas como la administración de recursos públicos, episodios de represión y supuestas deficiencias en la gestión financiera del país.

La iniciativa de Lara no se limita al procesamiento ordinario, sino que contempla el uso del juicio de responsabilidades, un instrumento legal establecido desde 2010 en la normativa boliviana. Europa Press detalló que este mecanismo habilita a la justicia para juzgar a expresidentes, vicepresidentes y altos funcionarios por delitos perpetrados durante su mandato. Lara señaló la relevancia del juicio de responsabilidades como vía institucional, recordando que responde al imperativo de garantizar equidad ante la ley y que atraviesa toda la cadena jerárquica, sin restringirse a figuras con afinidad política cercana al anterior gobierno.

El medio Europa Press informó que durante la exposición pública, el vicepresidente boliviano reafirmó el compromiso gubernamental de impulsar estas medidas en respuesta a las demandas sociales de justicia frente a episodios recientes de corrupción, mala gestión económica y represión de opositores. Citando las palabras de Lara: “No se van a salvar todos los corruptos que le han hecho daño a este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata de los bolivianos y que nos han dejado económicamente mal”. Subrayó además que la motivación detrás de la ofensiva judicial es la búsqueda de justicia, no la revancha, y recalcó: “No tengo sed de venganza, tengo sed de justicia, al igual que todos ustedes”.

El anuncio motivó reacciones inmediatas en el entorno político nacional y coincidió con tensiones internas en el actual gabinete. Según publicó Europa Press, la vocera gubernamental Carla Faval cuestionó abiertamente al vicepresidente Lara por su manejo institucional, al señalar que había dedicado tiempo considerable a desplazamientos y al uso de la plataforma TikTok como canal oficial de comunicación al asumir el cargo. Faval planteó reparos respecto a la seriedad de este enfoque, reflejando un escenario de desacuerdo y enfrentamiento dentro del Ejecutivo.

Europa Press también consignó situaciones conflictivas previas en la actual administración, como la destitución de Freddy Vidovic, quien antes se desempeñó como titular del Ministerio de Justicia con el apoyo explícito del vicepresidente Lara. La decisión de remover a Vidovic surgió tras conocerse una sentencia suspendida de tres años relacionada con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde el año 2015. Este hecho contribuyó a la atmósfera de discordia y disputas en los niveles más altos del poder político boliviano.

La ofensiva institucional anunciada por el vicepresidente Lara coincide con un contexto nacional en el que la sociedad exige procedimientos judiciales rigurosos y reparación ante posibles delitos de la gestión anterior. Europa Press indicó que se incrementa la atención pública sobre la implementación y alcance de los juicios contra exfuncionarios, así como sobre el impacto de estas acciones en la credibilidad y el compromiso de transparencia del gobierno entrante.

La coyuntura política se mantiene marcada tanto por la presión social por justicia como por las fracturas visibles en el propio Ejecutivo. Europa Press destacó que el debate se centra ahora en las capacidades de las autoridades para concretar los procesamientos y materializar las promesas asumidas ante la comunidad boliviana, en un ambiente en que crecen las expectativas y la vigilancia sobre los procedimientos en curso y los eventuales resultados de la nueva estrategia judicial.

Descubrir un destino donde se encuentran relax, aventura y escenarios sorprendentes es algo que muchos buscan al planear sus vacaciones. Cuando ese lugar, además, ofrece un mar claro, sin presencia de sargazo y rodeado de naturaleza bien conservada, la decisión de visitarlo resulta aún más tentadora.

Así se presenta Los Cabos, enclave privilegiado en la punta sur de Baja California Sur, donde confluyen el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Allí, playas de personalidades distintas conviven rodeadas por una biodiversidad impactante.

Quienes llegan a este rincón encuentran aguas claras, sin barreras para el disfrute. Muchas de estas costas ostentan certificación internacional blue flag, garantía de limpieza y protección ambiental. Desde acantilados escénicos hasta calas serenas, la propuesta resulta tan diversa como atractiva para quienes valoran el bienestar y desean experiencias exclusivas.

Playas de postal y vida marina a cada paso

La dualidad de Los Cabos se descubre al recorrer su geografía. Por un lado, el Pacífico ofrece panoramas imponentes, mientras el Mar de Cortés dispone bahías tranquilas ideales para nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar largas horas bajo el sol. A escasa distancia del icónico Arco de Cabo San Lucas, surge la Playa del Amor, donde el entorno natural invita al relax total en un paraíso de arenas limpias y aguas calmas.

La observación de fauna es uno de los grandes diferenciales del destino. El mar cristalino permite avistar cardúmenes de peces, mantarrayas, tortugas, delfines y ballenas, algo muy valorado tanto por quienes se animan al buceo como por los aficionados al snorkel. El Parque Nacional Cabo Pulmo, ejemplo de ecoturismo responsable, destaca por albergar el arrecife de coral duro más importante del Golfo de California, con más de 300 especies y un entorno marino abundante y protegido.

Actividades náuticas y un entorno sofisticado

El atractivo de Los Cabos se sostiene en la combinación de naturaleza y servicios de alta gama. Las marinas y clubes de playa permiten vivir el mar con mayor confort. La Marina de Cabo San Lucas concentra restaurantes, bares y tiendas de primer nivel, siendo punto de partida para cruceros al atardecer, paseos al Arco y excursiones especiales en temporada de ballenas.

Entre diciembre y abril, coincidiendo con la migración de estos gigantes marinos, las salidas en barco se convierten en una experiencia inolvidable. Los avistamientos de ballenas y los encuentros con tortugas marinas en peligro de extinción refuerzan la promesa de un entorno marino único.

Las opciones para moverse sobre el agua son múltiples. Kayak y paddleboard permiten explorar la costa desde otra perspectiva. Quienes prefieren la velocidad pueden elegir motos de agua, jet ski y opciones como flyboard.

A su vez, el snuba y el buceo guiado ofrecen la posibilidad de sumergirse sin requisitos complejos y descubrir los secretos del fondo marino en sitios célebres como el Dedo de Neptuno o El Vencedor. Así, toda la familia puede participar y encontrar su propia aventura, sin importar la edad o experiencia previa.

Cultura, escapadas y el sabor de Los Cabos

Más allá del agua, el destino apuesta por la cultura y su innovadora gastronomía. El centro histórico de San José del Cabo despliega galerías de arte, ferias y arquitectura colonial. Durante la temporada alta, el distrito de arte se vuelve cita obligada para quienes buscan creatividad y ambiente distendido.

En dirección opuesta, Todos Santos, seleccionado como Pueblo Mágico, ofrece encanto bohemio, edificios patrimoniales y una gastronomía regional que seduce a quienes exploran la península.

Mención aparte merece la cocina local, que fusiona frescura y sofisticación. Los restaurantes destacados renuevan ingredientes del mar y productos autóctonos, creando una escena farm to table (de la granja a la mesa, en español) de renombre internacional. La experiencia culinaria, junto al entorno natural, suma valor a la estadía y explica el crecimiento sostenido del destino entre quienes buscan exclusividad y bienestar.

Para extender el viaje, nada mejor que una escapada a Playa Balandra, en La Paz. Su mar turquesa, poco profundo y bordeado de formaciones rocosas, invita a sumar otro día de disfrute en un entorno protegido y seguro, ideal para quienes desean mantener el mismo espíritu de Los Cabos a solo unas horas de distancia.

A la hora de planificar, un dato para tener en cuenta: para aquellos interesados en descubrir nuevas experiencias mucho más allá del Caribe habitual, desde el 4 de diciembre de 2025 Copa Airlines, cuenta con tres vuelos semanales, los lunes, jueves y sábados.

Para conocer más sobre Los Cabos y toda su propuesta, hacer clic acá.

El gobierno de Bolivia anunció este lunes la eliminación del requisito de visa para visitantes procedentes de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, una medida destinada a dinamizar el turismo y generar nuevas fuentes de ingreso para la economía nacional.

“Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, explicó el canciller Fernando Aramayo en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz.

Acompañado por el presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, Aramayo subrayó que el turismo será tratado a partir de ahora como un eje transversal de la gestión pública y una “prioridad” de todos los ministerios.

El canciller detalló que se espera un incremento sustancial en el arribo de visitantes y proyectó ingresos no menores a 320 millones de dólares entre 2026 y 2029, como resultado de la flexibilización migratoria.

La decisión revierte una política de visado adoptada en 2008 que, según las autoridades, respondió a razones “ideológicas y antieconómicas”. Aramayo afirmó que esa restricción migratoria concluyó siendo “un daño para el país” al frenar el flujo de viajeros y afectar la generación de oportunidades de negocios y empleo.

“Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar”, sostuvo el canciller. También manifestó que el gobierno trabaja para lograr, en el mediano plazo, que ciudadanos bolivianos no requieran visa Schengen para viajar a Europa.

“Queremos mostrar que los bolivianos, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio respetando las normas”, agregó.

El presidente Paz destacó que el cierre migratorio impidió ingresos estimados en más de 80 millones de dólares durante los últimos años y reconoció la necesidad de modernizar las políticas públicas para competir con los vecinos regionales.

Comparó las cifras de los años 90, cuando Bolivia y Perú recibían entre 340.000 y 390.000 turistas anuales, con los datos actuales: en 2023 Bolivia recibió 650.000 turistas mientras que Perú superó los 3,5 millones, lo que demuestra el potencial de crecimiento y la urgencia de facilitar el acceso.

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, puntualizó que desde 2007, año en que se impuso el visado para ciudadanos estadounidenses y posteriormente para otros países, Bolivia perdió cerca de 900 millones de dólares en ingresos potenciales.

Según Yañez, la experiencia internacional y latinoamericana evidencia que la exención de visados implica más ingresos para sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías turísticos.

Como parte de la nueva estrategia, Bolivia presentó la semana pasada un programa para potenciar su marca país, basado en cinco pilares: fortalecimiento institucional del turismo, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta del sector.

Según el ejecutivo, la coordinación entre organismos públicos y privados permitirá avanzar hacia la meta de posicionar a Bolivia como destino principal en Sudamérica, captando los beneficios del crecimiento global de la actividad turística.

El gobierno reiteró su compromiso de mantener vigilancia sobre la seguridad fronteriza y asegurar la transparencia de los registros migratorios. Las autoridades prometieron complementar la exención de visado con campañas de promoción internacional y el desarrollo de infraestructuras acordes a las nuevas demandas, buscando así convertir al turismo en uno de los pilares para la recuperación y diversificación de la economía boliviana.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, instó este jueves al ex mandatario Evo Morales a abandonar el Chapare y dirigirse a La Paz si desea mantener un encuentro para discutir los reclamos de los cocaleros de esa región.

Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, su principal feudo sindical y político, desde hace más de un año, periodo en el que enfrenta una orden judicial de detención en su contra y no ha acudido a declarar ante la justicia por una acusación de abuso a una menor.

“Que venga a La Paz. Lo atenderá un ministro, lo recibirá la instancia que corresponda, pero que no haga de esto política”, expresó Paz en declaraciones recogidas tras un acto público en Cochabamba.

El mandatario remarcó que la figura de Morales ahora es la de un dirigente y le sugirió “humildad” y “volver a lo terrenal”.

La situación se originó luego de que dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, sindicato que lidera Morales, entregaran en la sede de Gobierno una carta dirigida a Paz, solicitando una reunión para abordar las afectaciones provocadas por inundaciones y otras necesidades locales.

“Respetuosamente le estamos pidiendo que nos convoque a Rodrigo Paz para reunirnos mucho mejor en el Trópico (Chapare) para que vea la crecida de los ríos y sus afectaciones”, afirmó Vilma Colque, dirigente cocalera.

La preferencia del sector es que la reunión se celebre en el propio Chapare, tanto por “seguridad” de Morales como para exponer directamente la situación en el terreno.

Actualmente, Morales permanece en la zona bajo resguardo de sus seguidores, quienes mantienen una vigilia permanente e impiden su salida por temor a que sea arrestado, luego de bloqueos que se extendieron 24 días tras el inicio de la investigación penal. Desde octubre de 2024, tras conocerse la causa por trata agravada de personas, el ex mandatario quedó confinado en la región.

Paz, que asumió el poder el 8 de noviembre tras una victoria electoral que puso fin a los gobiernos consecutivos del Movimiento al Socialismo (MAS), acusó a Morales de buscar una “trampa política” con la solicitud reciente. El actual presidente recordó que años atrás tuvo que esperar hasta siete meses para lograr un encuentro con Morales cuando era alcalde de Tarija y solicitó atención por temas educativos y de salud.

“Cuando yo fui alcalde nos hacía esperar hasta siete meses”, ironizó Paz.

El presidente boliviano ha promovido un giro diplomático desde su llegada al poder. Bajo su administración, Bolivia normalizó relaciones con Estados Unidos, readmitió la cooperación de la DEA y nombró una nueva embajadora norteamericana, aspectos que habían generado el rechazo de los cocaleros del Chapare, tradicionalmente enfrentados a políticas de erradicación de cultivos y control antinarcóticos promovidas por Washington.

Fuentes del Gobierno indicaron que el canal formal para dirigentes sindicales suele ser a través de instancias ministeriales u otras dependencias, y que la disposición para el diálogo se mantiene, aunque bajo condiciones formales y en la capital administrativa del país.

Paz enfatizó, además, que la situación económica y social que enfrenta Bolivia es consecuencia de las gestiones previas tanto de Morales como del ex presidente Luis Arce.

“Si él quiere venir como dirigente, lo espero en La Paz... para atender sus problemas con un país quebrado por culpa de él y de Arce”, expresó el mandatario.

Mientras tanto, los cocaleros señalaron que aguardan una respuesta y que, de no ser convocados, solicitarán la intervención del vicepresidente, Edmand Lara, quien mantiene diferencias abiertas con Paz sobre el tratamiento de demandas sociales y la gestión política.

Colque destacó que esperarán por lo menos dos semanas antes de buscar un canal alternativo para ser recibidos.

La nota presentada por los cocaleros no aludió directamente a la situación judicial de Morales, pero sí incluyó entre los puntos a tratar la política sobre la hoja de coca y el retorno de la cooperación internacional.

La dirigencia del Chapare ya expresó su rechazo previo al regreso de la DEA tras el cambio en la política exterior bajo Paz.

Morales, mientras tanto, no ha respondido públicamente a la invitación ni aclarado si considerará dejar el refugio político donde permanece desde el inicio de las investigaciones. La tensión entre el Ejecutivo y el movimiento cocalero se mantiene abierta, a la espera de una señal concreta para avanzar en un eventual diálogo político.

(Con información de EFE y The Associated Press)

Mientras la opinión pública debate el alcance de las leyes que prohíben la interpretación de canciones que hacen apología a la violencia en eventos público, Grupo Firme, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, ha vuelto a pronunciarse en favor de los llamados “narcocorridos” bajo el argumento de que son un reflejo de la cultura.

Quince días después de que un asistente les pidiera un narcocorrido en Ciudad Juárez, el grupo liderado por Eduin Caz volvió a desatar polémica al interpretar "Se fue la Pantera" durante su concierto en La Paz, Baja California Sur.

Extraoficialmente, la canción hace referencia a Jesús Esteban Espinoza Velázquez, conocido como ‘El Pantera’, presunto operador del Cártel de Sinaloa, lo que reactivó el debate sobre la apología del delito en espectáculos públicos.

Eduin Caz: “Si nos apagan el concierto a ¡chin*** a su madre!”

Según asistentes, Eduin Caz abordó brevemente el tema antes de cantar el corrido. Primero señaló de forma irónica que eran “respetuosos de las leyes”, pero finalmente cedió a la solicitud del público y lo interpretó. En redes sociales circula un video donde el vocalista pregunta: “¿Oficial se puede cantar la Pantera aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso”, seguido de una frase que desató aún más controversia: “¡Ya ni modo! Pues si nos apagan el concierto a ¡chin*** a su madre!”.

Una mujer del público incluso mostró una cartulina con el mensaje: “Aquí traigo pa la pantera”, lo que reforzó la tensión entre espectáculo, audiencia y marco legal.

¿En Baja California Sur están prohibidos los narcocorridos?

Pese al revuelo, Baja California Sur no prohíbe la interpretación pública de narcocorridos, por lo que en este caso Grupo Firme no se expone a sanciones locales. La entidad forma parte de la lista de estados —como Sonora, Veracruz, Tabasco, Campeche, Durango o Guerrero— donde no existe regulación específica contra canciones que puedan considerarse apología del delito.

Sin embargo, otras regiones del país aplican criterios más estrictos. Michoacán, Nayarit y Aguascalientes los prohíben en eventos públicos; mientras que municipios como Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez y Cancún han impuesto multas significativas a artistas por interpretar este género. Casos recientes incluyen sanciones a Los Alegres del Barranco, Junior H y Luis R. Conríquez.

El debate persiste porque, a nivel federal, los narcocorridos podrían encuadrar en el artículo 208 del Código Penal, que establece: “Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad…”.

Aunque la aplicación de esta norma varía ampliamente, sigue siendo un punto de discusión cada vez que un artista interpreta canciones alusivas al crimen organizado.

El trasfondo del personaje mencionado en la canción

“Se fue la Pantera” alude a Esteban Espinoza Velázquez, presunto operador de alto rango de las Fuerzas Especiales Dámaso, una célula del Cártel de Sinaloa. Fue ejecutado en La Paz el 1 de agosto de 2014, en un hecho que detonó una guerra interna por el control de la plaza entre 2014 y 2019, con más de mil homicidios relacionados.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la inspiración real del corrido, su interpretación pública vuelve a unir tres elementos que generan fricción social: música popular, violencia organizada y marcos legales ambiguos.

Entre quienes defienden los narcocorridos como un reflejo cultural y quienes los consideran una glorificación del delito, Grupo Firme vuelve a colocarse en el centro de un debate que México no ha logrado resolver.

A pesar de la destitución de Freddy Vidovic, el vicepresidente Edman Lara decidió asignarlo inmediatamente a una nueva función dentro de una oficina de transparencia y lucha contra la corrupción bajo la órbita de la Vicepresidencia, según detalló el medio original. Lara justificó este movimiento al calificar a Vidovic como “un profesional idóneo” y comunicó la decisión a través de la red social TikTok, repitiendo el formato mediático que había utilizado previamente durante su campaña electoral. Esta designación se produjo tras la reciente salida de Vidovic del Ministerio de Justicia, apenas once días después de haber asumido ese cargo y de que trascendiera que enfrentaba una condena suspendida de tres años de prisión, confirmaron los reportes de la prensa.

La información publicada por los medios indica que la condena en cuestión se remonta a 2015 e involucra a Vidovic en un caso ligado a la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, quien era su cliente cuando cumplía arresto domiciliario en la ciudad de La Paz y aguardaba la extradición a Perú. Tras hacerse pública esta situación, el presidente Rodrigo Paz optó por retirarlo del gabinete de ministros y eliminar la cartera de Justicia, en una medida en línea con sus promesas de campaña, reflejó el medio. No obstante, antes de concretar dicha eliminación, el mandatario había nombrado como sucesor a Jorge Franz García, aunque poco después se vio obligado a revertir esa designación luego de que el propio Lara señalara que García enfrentaba procesos judiciales abiertos, precisó la fuente.

El episodio se produce en un contexto de notorias fricciones entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, disputas que se han evidenciado incluso antes de la asunción de gobierno, la cual tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas. El medio consignó que, en vísperas de la investidura presidencial, Lara lamentó públicamente la falta de comunicación frecuente con Paz desde que este resultó electo en segunda vuelta. “Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder”, declaró Lara a fines de octubre, lo que según los medios reflejaba el distanciamiento entre ambos líderes.

Vidovic, tras quedar excluido del gabinete, remarcó junto a Lara que nunca ha enfrentado acusaciones por delitos de corrupción y sostuvo que el proceso judicial que derivó en su condena se trató de una persecución “política, ilegal y llena de irregularidades”, reportó la fuente original. Agregó que durante el procedimiento legal nunca se le comunicó formalmente una sentencia y que se considera “totalmente limpio”. Esta defensa llegó poco después de su retiro del Ministerio de Justicia, cargo al que había accedido como único integrante propuesto por Lara que fue aceptado en la composición del nuevo gobierno.

El desarrollo de estos hechos refleja las complejas dinámicas al interior de la actual administración boliviana, donde los desacuerdos en la cúpula estatal han derivado tanto en la rápida salida de funcionarios como en la reconfiguración de carteras estratégicas. La decisión de eliminar el Ministerio de Justicia fue corroborada por el medio como parte del cumplimiento de la agenda electoral del presidente, y evidenció las diferencias con su vicepresidente, que no solo se manifestó en contra de la reestructuración sino que optó por permanecer cerca de Vidovic a través de una nueva posición dentro del aparato estatal.

El historial de Vidovic se remite a su rol como abogado de Martín Belaúnde mientras este permanecía bajo arresto domiciliario. El caso, originado en 2015, se centró en acusaciones vinculadas a la fuga del empresario, lo que resultó en sentencias judiciales y procesos penales para los involucrados. Tal como lo han reseñado los medios nacionales, este episodio fue uno de los factores que contribuyeron a la inestabilidad en el gabinete apenas días después del inicio del mandato presidencial.

Además de estos acontecimientos, la controversia sobre el intento de nombramiento de Jorge Franz García terminó por generar cuestionamientos internos, pues el vicepresidente Lara acusó al propuesto de mantener causas judiciales pendientes, lo que forzó al presidente Paz a retractarse públicamente, detalló la fuente. Esta secuencia de incidentes ha puesto de manifiesto los equilibrios y tensiones que persisten en las altas esferas del gobierno boliviano, los cuales inciden en la designación y remoción de figuras clave al frente de áreas estatales de relevancia.

La creación de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos en Bolivia incluye representantes de todas las fuerzas políticas, actores institucionales y miembros del sistema judicial, con el fin de garantizar pluralidad y transparencia en la investigación de una red de corrupción que, según denunció el presidente boliviano Rodrigo Paz, ha involucrado el robo y el desvío sistemático de combustibles. Según detalló Bolivia TV, esta comisión surge en respuesta a la identificación de un esquema delictivo que no solo ha afectado los niveles de abastecimiento, generando escasez en distintas regiones del país, sino que también ha impactado directamente en la vida de las familias más vulnerables y en la economía nacional. La gravedad del asunto y la magnitud de la estructura corrupta han colocado el tema en el centro de la agenda social y política, enfatizó el mandatario durante su discurso.

De acuerdo con lo publicado por Bolivia TV, Paz atribuyó la actual crisis de suministro de hidrocarburos a prácticas irregulares detectadas durante los apenas doce días que lleva su administración. Afirmó que los hechos de corrupción, robo y desfalco no son incidentes aislados, ni atribuibles únicamente a un puñado de funcionarios, sino resultado de una red “armada de manera infame” a lo largo de varias gestiones anteriores. Según el jefe de Estado, la existencia de una “estructura paralela” dedicada al desvío ilícito de combustibles sostiene el doble discurso de autoridades pasadas, quienes proclamaban la defensa de los intereses nacionales a la vez que beneficiaban a grupos particulares. “Se llenaban la boca hablando de una supuesta nacionalización pero se llenaban sus bolsillos, porque esto es lo que hace la corrupción: llena los bolsillos de unos pocos, de unos ladrones, y deja vacíos los bolsillos de las miles y miles de familias bolivianas”, expresó Paz, citado por el medio estatal.

Bolivia TV reportó que el mandatario subrayó la importancia de esclarecer la totalidad de los hechos, deslindar responsabilidades y judicializar a quienes resulten implicados, bajo la consigna de que “la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la justicia, caiga quien caiga, sea quien sea” marcará la labor de la comisión. La intervención presidencial enfatizó la profundidad y amplitud de las prácticas corruptas, descartando que la crisis actual pueda explicarse por fallas técnicas o administrativas puntuales.

El contexto político en el que se producen estas revelaciones está dominado por el debate público sobre el manejo de los recursos energéticos, situación que, según recogió Bolivia TV, adquirió protagonismo durante la reciente contienda electoral y elevó las demandas sociales de transparencia y castigo a los responsables. El presidente Paz calificó el saqueo del sector y el debilitamiento institucional como actos que constituyen una traición grave hacia la sociedad y una vulneración de la dignidad nacional.

El medio estatal también indicó que el discurso de Paz incluyó un llamado a transformar de raíz las prácticas dentro del sector energético y a erradicar la impunidad. El mandatario anunció que la nueva administración trabajará para que “los corruptos irán a la cárcel” y para impedir que episodios similares se repitan. En palabras transmitidas por Bolivia TV, Paz aseguró que su gobierno impulsará una limpieza institucional sin concesiones, pese a las dificultades inherentes a la magnitud del caso.

La respuesta estatal contempla tanto el fortalecimiento de los mecanismos legales como el restablecimiento de la confianza ciudadana en el manejo de los hidrocarburos. Bolivia TV consignó que el Ejecutivo apuesta por un enfoque centrado en la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa activa de los recursos y derechos de los bolivianos. La nueva comisión, al ser de carácter multipartidario y abierta a la participación de diversas instituciones, persigue que el esclarecimiento de responsabilidades no se vea condicionado por intereses particulares ni por disputas políticas coyunturales.

Además, la intervención de Paz remarcó que las investigaciones buscarán exponer el origen y el alcance de la red delictiva y trazar una línea de responsabilidad clara, tanto en el nivel operativo como en el de toma de decisiones. Según el reporte de Bolivia TV, el Ejecutivo observó que lo descubierto hasta la fecha representa solo una parte del entramado y que los esfuerzos continuarán hasta abarcar la totalidad de los hechos relacionados.

Finalmente, la exposición pública del presidente planteó que el proceso liderado por la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos pretende devolver la integridad institucional al sector energético y dar respuesta a una sociedad que, según el propio Paz, reclama acciones eficaces y justicia frente a una crisis que ha golpeado a las poblaciones más humildes. Según Bolivia TV, el Ejecutivo seguirá avanzando en las investigaciones y en la implementación de medidas legales para impedir futuras vulneraciones y para reafirmar el compromiso de respeto y gestión honesta de los recursos nacionales.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de exigir personalidad jurídica registrada antes del 20 de agosto de 2023 como requisito para competir en las próximas elecciones subnacionales representa un cambio fundamental en el proceso político del país, según consignó El Deber. Esta disposición, establecida tras la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales Regionales y Municipales, deja fuera de la contienda a nuevas agrupaciones, plataformas y alianzas que no hayan completado los trámites legales previos a la fecha límite, incluyendo a figuras de perfil alto como el expresidente Evo Morales, impulsor de la plataforma Evo Pueblo, y Jorge Tuto Quiroga, quien promovía Alianza Libre. De acuerdo con El Deber, esta normativa modifica las reglas existentes en procesos previos, donde nuevas corrientes políticas podían ingresar a la contienda a escasos meses del proceso electoral.

La fecha fijada para las elecciones municipales y regionales es el 22 de marzo de 2026, y el calendario oficial prevé que las nuevas autoridades subnacionales asuman funciones el 3 de mayo del mismo año. El cronograma electoral, detallado por El Deber, contempla la elección simultánea de gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores departamentales en los nueve departamentos de Bolivia, con más de 5.000 autoridades en juego y la participación de millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La promulgación de la ley especial respondió a los plazos exigidos por el parlamento para activar el proceso electoral subnacional, obligando a las autoridades a definir rápidamente los criterios y la estructura organizativa de los comicios, informó El Deber. El Tribunal Supremo Electoral formalizó la convocatoria a la ciudadanía apenas horas después de la aprobación de la norma, y anunció que el proceso se regirá íntegramente por lo estipulado en la nueva ley y las disposiciones previas de la institución.

El alcance de la restricción sobre la personalidad jurídica afecta directamente a la configuración del escenario político nacional y regional, restringiendo la competencia a partidos y alianzas que hayan obtenido reconocimiento legal antes de la fecha límite. Según publicó El Deber, esto implica que cualquier iniciativa ciudadana, movimiento o agrupación originada después del 20 de agosto de 2023 queda excluida automáticamente, sin margen para excepciones ni para el ingreso de nuevas figuras, no obstante su relevancia pública o electoral.

La norma establece que la verificación y habilitación de alianzas y candidaturas estará sujeta a un control legal estricto. Cada partido o alianza deberá demostrar la autenticidad y vigencia de su reconocimiento jurídico ante el TSE, que llevará a cabo una revisión minuciosa hasta definir el listado final de postulantes autorizados para competir. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, declaró que la personalidad jurídica no constituye únicamente un trámite administrativo, sino que representa la garantía básica de transparencia y legitimidad para el proceso electoral, consignó El Deber. El funcionario argumentó que limitar la competencia a organizaciones con trayectoria y validez reconocida aporta claridad y certeza a la ciudadanía respecto a los actores que pueden ser elegidos.

El procedimiento para la integración de los candidatos seguirá los lineamientos y reglamentos surgidos de la entrada en vigor de la nueva ley. Este marco normativo regula cada etapa del proceso desde la inscripción de aspirantes hasta el desenvolvimiento de la jornada electoral, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta en caso de que no se alcance la mayoría absoluta requerida en los cargos ejecutivos departamentales, informaron fuentes del tribunal y reportó El Deber.

A diferencia de elecciones anteriores, la actual regulación impide el acceso de plataformas políticas que surjan en respuesta a coyunturas inmediatas, aun cuando cuenten con proyección nacional, regional o respaldo de liderazgos de peso. El Deber subrayó que esta barrera refuerza la composición del sistema político boliviano en torno a fuerzas preexistentes y consolidadas desde el punto de vista legal. De este modo, la renovación de autoridades subnacionales para el periodo 2026-2030 queda reservada únicamente a partidos y alianzas que hayan cumplido con los requisitos de inscripción y registro antes de la fecha señalada por la ley.

La organización y logística de la elección despliega un esfuerzo coordinado a nivel nacional entre el TSE y las autoridades regionales y locales. Participarán millones de votantes, que elegirán a representantes en nueve gobernaciones, 342 alcaldías, concejos municipales y organismos legislativos departamentales, según constató El Deber. La magnitud del padrón y el diseño simultáneo de los comicios refuerzan el carácter centralizado y normado del ejercicio electoral.

Esta exclusividad en la habilitación de participantes responde, según fuentes judiciales del tribunal citadas por El Deber, a la intención de fortalecer el control legal y la previsibilidad política de todo el proceso, brindando certidumbre no solo a los partidos y alianzas en competencia sino también al electorado. Las autoridades insisten en que las condiciones serán iguales para todas las agrupaciones habilitadas y que no habrá espacio para excepciones, reiterando que la finalidad de la normativa se sitúa en blindar la transparencia y la certidumbre ciudadana respecto a los comicios.

La aplicación de la cláusula de personalidad jurídica emerge así como el factor determinante de la configuración del mapa electoral boliviano para 2026. Su impacto delimita el acceso a la contienda y excluye movimientos recientes o plataformas impulsadas por líderes reconocidos, lo que marca una diferencia notoria respecto a reglas y prácticas anteriores, concluyentes en la consolidación del listado definitivo de partidos capaces de presentar candidatos en las urnas del 22 de marzo de 2026, según detalló El Deber.

Durante los 52 días que Amparo Carvajal, activista de 86 años, permaneció en la azotea del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) como forma de protesta, el funcionamiento de la institución se paralizó completamente y el acceso tanto a sus oficinas como a archivos clave quedó interrumpido. Según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI), la devolución formal de la sede marcó el final de este largo periodo de conflicto y abrió la puerta a la reactivación de labores de apoyo y defensa de derechos humanos en Bolivia, después de más de un año.

Desde junio de 2023, la sede de la APDHB estuvo bajo control de un grupo de aproximadamente cincuenta personas encabezadas por Édgar Salazar, vinculado al Movimiento al Socialismo (MAS), de acuerdo con la ABI. La ocupación impidió a Carvajal y su equipo desarrollar el trabajo habitual en defensa de las víctimas de violaciones de derechos, gestionando denuncias y prestando asistencia legal. El retorno del acceso al inmueble estuvo encabezado por el presidente Rodrigo Paz, rodeado por su gabinete, autoridades y representantes de organizaciones civiles, otorgando un alto valor institucional al acto.

El jefe de Estado, citado por la Agencia Boliviana de Información, subrayó que el suceso no se limitó a una restitución física sino que representó la reactivación de funciones esenciales para la APDHB y el fortalecimiento del sistema democrático boliviano. Paz aludió a la brevedad de su mandato —doce días, equivalentes a 288 horas— y lo contrapusó con más de 7.300 días en los que, según indicó, se restringieron derechos y libertades civiles bajo gestiones previas. Esta comparación buscó enfatizar el carácter simbólico y político del hecho, así como una intención de instaurar un ciclo centrado en la apertura y la autonomía institucional.

Durante el acto, la entrega de llaves formalizó la recuperación del espacio para la APDHB. Amparo Carvajal, en silla de ruedas, recibió el acceso y remarcó ante los asistentes: “Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes”, recogió la ABI. Carvajal atribuyó el significado de la sede recuperada al esfuerzo colectivo de la sociedad civil y a la relación histórica de la Asamblea con familias y activistas comprometidos a lo largo de las décadas en Bolivia.

El conflicto se había traducido en la suspensión total de los servicios que la organización ofrecía, lo que incrementó los riesgos para quienes buscaban protección o denunciaban persecuciones en el contexto político y social boliviano. ABI reportó que la ocupación generó especial preocupación entre la comunidad internacional y diversas entidades, ante el destino incierto de documentos y archivos almacenados en el edificio, considerados de valor para la memoria histórica y la investigación de procesos sociales y políticos en el país. Durante el periodo de protesta, Carvajal solo pudo acceder en contadas ocasiones al edificio, como la vez en que el cónsul de España, Guillermo Gil, la acompañó brevemente por la entrada principal.

La ceremonia contó con la participación de integrantes de la sociedad civil y del gobierno. Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, puso en relieve la trayectoria de la APDHB, una institución con más de cincuenta años dedicados a auxiliar perseguidos políticos y a actuar en momentos críticos para Bolivia. En declaraciones citadas por la Agencia Boliviana de Información, Oviedo destacó la perseverancia y el compromiso de Carvajal hacia la protección de derechos fundamentales, manifestando además el propósito del gobierno de consolidar mecanismos que aseguren la transparencia y la independencia de las organizaciones defensoras de libertades civiles.

La Agencia Boliviana de Información explicó que la restitución del edificio fue posible tras la asunción de Paz, quien impulsó negociaciones que destrabaron el conflicto y posibilitaron el acuerdo definitivo para la devolución del inmueble. Las autoridades en funciones interpretaron el respaldo estatal al proceso como una vía para afianzar la institucionalidad democrática y el funcionamiento legal de los organismos independientes. Tras la entrega, la APDHB anunció que reanudará sus servicios a víctimas y la observación de condiciones de riesgo para los derechos humanos en Bolivia, funciones que habían quedado interrumpidas durante la etapa de ocupación.

Otro de los aspectos destacados por la ABI fue el compromiso del gobierno de Paz de respaldar a la APDHB y al conjunto de instituciones dedicadas a la defensa de derechos fundamentales, insistiendo en la importancia de instalaciones accesibles y autónomas para el desarrollo de la sociedad civil. Las autoridades presentes hicieron énfasis en que la vigencia de la democracia depende directamente de que estas organizaciones funcionen con garantías y bajo el respeto al marco legal correspondiente tanto en propiedad como en ejercicio institucional.

La jornada de entrega motivó manifestaciones de reconocimiento a la trayectoria de figuras como Amparo Carvajal y a la labor de la APDHB en la consolidación de espacios donde las víctimas puedan recurrir a la justicia y la protección. ABI reportó que asistentes y representantes de asociaciones destacaron el significado del evento como emblema de la recuperación de la legalidad y del acceso universal y equitativo a la justicia para la ciudadanía boliviana.

Cientos de seguidores del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, marcharon por el centro de La Paz para exigir que el presidente Rodrigo Paz lo incluya plenamente en las decisiones del Gobierno.

Los manifestantes, que portaban banderas azul y amarilla representando a la agrupación Nuevas Ideas con Libertad (NUIL), solicitaron respeto para el liderazgo de Lara, a pesar de que la organización no cuenta con reconocimiento formal ante el Tribunal Supremo Electoral.

La movilización se realizó en respuesta a la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, instancia que los allegados a Lara consideran una maniobra para desplazar competencias propias de la Vicepresidencia.

“La creación de este viceministerio es para marginar a Lara”, afirmó Katherine Fernández, una de las manifestantes consultadas por la agencia EFE. El nuevo organismo quedó a cargo de Wilson Santamaía, exlegislador asociado con Samuel Doria Medina, empresario que apoya al Ejecutivo de Paz.

Entre los cánticos que se escucharon destacaron frases como “¡Lara no está solo!”, y “¡El voto se respeta!”, en rechazo al protagonismo de funcionarios externos a la Vicepresidencia.

Durante la protesta, personas como Kelly Paredes manifestaron molestias hacia los ministros cercanos a Paz, remarcando los vínculos con Doria Medina.

A la vez, transeúntes acusaron a los movilizados de buscar cargos dentro del Gobierno y responder únicamente a intereses del vicepresidente. Esta situación evidenció una creciente polarización en el oficialismo.

Simultáneamente, Paz enfrentó una crisis interna por la salida de Freddy Vidovic del Ministerio de Justicia. La destitución se produjo tras confirmarse una sentencia en su contra por cohecho activo y favorecimiento a la evasión, motivo que, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, le inhabilita para ejercer funciones públicas. Vidovic argumentó que admitió culpabilidad bajo presión en un proceso judicial abreviado.

La designación de Vidovic en Justicia fue una recomendación de Lara. El vicepresidente defendió públicamente esa elección, asegurando su confianza en el abogado y denunciando, a través de redes sociales, la existencia de grupos interesados en controlar el aparato judicial. Tras su salida, Paz optó por Jorge García Pinto, ya parte del Ejecutivo, como nuevo ministro.

Las diferencias entre Paz y Lara se acentuaron después de estas decisiones. Lara alegó en TikTok que el presidente intenta relegarlo mediante la creación de nuevas estructuras administrativas y declaró que el Viceministerio de Coordinación Legislativa es inconstitucional por invadir atribuciones propias.

La vocera Carla Faval defendió la reorganización administrativa, argumentando que busca aumentar la eficiencia estatal y prevenir el uso de cargos como recompensa política.

Faval recalcó que el nuevo viceministerio no reduce las atribuciones constitucionales de la Vicepresidencia y recordó que instituciones similares funcionaron en gestiones anteriores con otras denominaciones. La reforma fue presentada como un intento de profesionalizar la estructura pública, uno de los puntales del proyecto oficialista.

(Con información de EFE)

Un fuerte accidente ocurrido la mañana de este viernes en la autopista México–Puebla dejó un saldo de dos personas sin vida y ocho más lesionadas, luego de que una unidad de transporte público saliera proyectada y terminara incrustada entre una vivienda y un poste de energía eléctrica en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo involucrado era una Urvan de pasajeros que provenía de Chalco y que circulaba con dirección a la Ciudad de México. Por causas que aún se investigan, la unidad perdió el control al pasar el Eje 6, a la altura de las calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, y terminó impactándose con gran fuerza contra una estructura habitacional.

El choque dejó una escena impactante: la unidad quedó prácticamente incrustada entre la casa y un poste de luz, con daños visibles en su carrocería y vidrios destrozados. Vecinos de la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes llegaron en cuestión de minutos para iniciar las labores de rescate.

Paramédicos y personal de Protección Civil lograron estabilizar y trasladar a ocho personas lesionadas a la Clínica 53 del municipio de La Paz, donde reciben atención médica. Los heridos presentaban desde golpes contusos hasta posibles fracturas, según informaron los socorristas en el lugar.

Mientras tanto, dos personas fueron encontradas sin signos vitales entre los restos del vehículo y la zona de impacto, por lo que se procedió a acordonar el área en espera del arribo de las autoridades correspondientes.

La circulación en la zona fue fuertemente afectada, ya que los cuerpos de emergencia cerraron el carril lateral y parte de la vialidad principal mientras realizaban maniobras para retirar la unidad siniestrada y asegurar la estructura de la vivienda afectada.

Hasta el lugar llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y abrieron la carpeta de investigación para determinar las causas del accidente. Entre las líneas que se analizarán están una posible falla mecánica, exceso de velocidad o pérdida de control del conductor.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas mortales, y las autoridades recomiendan evitar la zona mientras continúan las labores de rescate, peritaje y retiro del vehículo afectado.

Un camión con semirremolque que transportaba cerca de 83 motos de la marca Corven se incendió en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 912, en jurisdicción del departamento de La Paz, provincia de Mendoza, y el fuego convirtió la carga en pérdidas totales.

La secuencia comenzó instantes después de las 6. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de carga incendiándose en esa transitada vía. Sin demora, agentes de la Comisaría 22° de La Paz y bomberos voluntarios llegaron al lugar, donde constataron la gravedad del escenario. El fuego alcanzó cada rincón del semirremolque, afectando en su totalidad a las motocicletas que transportaba.

El cargamento representaba una pérdida millonaria, ya que el fuego consumió casi todas las unidades antes de la llegada de los equipos de emergencia. En tanto, el conductor, identificado como A. A. L., logró abandonar el camión a tiempo y resultó ileso, un dato relevante considerando la rápida propagación del incendio.

El medio mendocino El Sol confirmó que el siniestro no dejó personas heridas, aunque la circulación sobre la Ruta Nacional 7 experimentó complicaciones mientras se desarrollaban las tareas de extinción y remoción. La dimensión del operativo sumó esfuerzos del personal policial y de los bomberos de La Paz, quienes trabajaron para apagar las llamas y evitar que el incidente se extendiera.

Las llamas no solo destruyeron el valioso lote de motocicletas, sino que generaron tareas de contención durante varias horas.

Por su parte, la Oficina Fiscal de La Paz intervino en las actuaciones posteriores, relevando el estado del vehículo, entrevistando testigos y asegurando el perímetro. La Comisaría 22° lideró la investigación sobre el origen del siniestro, que —hasta el momento— no presenta indicios de participación de terceros ni afectación a otros automotores.

La presencia de los bomberos voluntarios fue determinante para controlar el avance del incendio y permitir la posterior liberación del tráfico en la ruta.

El operativo desarrollado en el kilómetro 912 incluyó también el retiro de restos calcinados y la asistencia logística para restablecer la normalidad en la Ruta Nacional 7, considerada clave para el corredor vial entre distintas provincias.

La investigación sobre las verdaderas causas del incendio permanece abierta bajo la órbita de la Oficina Fiscal de La Paz, que lidera las actuaciones vinculadas al episodio.

Un camión perdió el control, chocó contra cuatro vehículos y atropelló a una mujer en Flores

Un camión protagonizó ayer un fuerte accidente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), luego de chocar contra cuatro autos estacionados y atropellar a una transeúnte, quien resultó gravemente herida.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo de Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, en sentido hacia la avenida Gaona, en el barrio porteño de Flores. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el chofer realizó una maniobra fallida, perdió el control del vehículo y a partir de allí se desencadenó la serie de choques.

En la misma secuencia, impactó contra cuatro autos estacionados sobre la avenida y atropelló a una mujer que cruzaba la calle, dejándola inconsciente por el golpe.

Tras el impacto, oficiales de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos asistieron a la víctima, una mujer de 42 años, y dispusieron su traslado al hospital Álvarez, donde posteriormente fue operada por un traumatismo de cráneo. La intervención quirúrgica fue exitosa, de acuerdo con lo que pudo saber este medio.

En tanto, el test de alcoholemia realizado al conductor del camión arrojó un resultado negativo. Pese a ello, el hombre de 35 años quedó detenido y alojado en la Alcaidía policial, a disposición de la magistratura.

Los vehículos dañados por el impacto fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208. La zona permaneció con consigna policial hasta hoy, ya que por disposición judicial los autos debieron quedar en el lugar para la realización de las pericias correspondientes, antes de ser retirados por una grúa.