La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Geisler “N”, quien lleva por apodo su mismo nombre, debido a su probable responsabilidad en un homicidio perpetrado el municipio de La Paz.

El sujeto fue detenido en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch el pasado 22 de julio en conferencia mañanera. De acuerdo con reportes extraoficiales, también se le conoce bajo el apodo de “El Polar”.

Era considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona norte del Estado de México. Autoridades lo identifican como integrante de la célula autodenominada “Los Vallarta”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en los municipios de La Paz y Ecatepec.

Tras su detención, quedó ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

“El Geisler” habría disparado tras una disputa por dinero

Según las indagatorias oficiales, los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2026 en la avenida El Canal, colonia El Salado, municipio de La Paz. La víctima, de quien no se conoce su nombre, se encontraba con “El Geisler”, una mujer y otro hombre, cuando recibió una cartulina y entregó dinero en efectivo, al parecer producto de una deuda.

En ese momento señaló que “sí la entregaría, pero que ya lo dejaran en paz”.

“El Geisler” presuntamente indicó que el monto no estaba completo. La mujer habría sacado de sus pertenencias un arma de fuego y se la entregó al otro hombre involucrado, quien agredió a la víctima. Cuando esta intentó huir, “El Geisler” presuntamente tomó la pistola y disparó en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte, para después huir del lugar junto con sus acompañantes.

El Ministerio Público de la fiscalía mexiquense inició las averiguaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos, identificó al probable responsable y solicitó una orden de aprehensión por el delito de homicidio. La FGJEM señaló mediante un comunicado que un juez la concedió y fue cumplimentada; sin embargo, la versión de Harfuch indicó que la detención se realizó en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, sin mencionar la orden judicial.

Hasta el momento no se ha aclarado cuál de las dos versiones describe las circunstancias exactas de la captura o si fue una orden cumplimentada en reclusión.

“Los Vallarta”, célula del CJNG investigada por homicidio y narcóticos en Edomex

De acuerdo con autoridades mexiquenses, “Los Vallarta” estarían relacionados con el CJNG y son investigados por homicidios, además de la venta y distribución de narcóticos, con zona de operación en los municipios de La Paz y Ecatepec.

La célula también está vinculada con un atentado registrado el 14 de febrero en los juzgados adscritos al penal estatal Neza-Bordo. Esa madrugada, un artefacto explosivo fue lanzado al interior de las instalaciones y dejó dos personas lesionadas: un guardia de seguridad y una empleada de la FGJEM. La onda expansiva quebró ventanales, puertas de cristal y dañó parte del mobiliario. En el lugar quedó un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”.

“El Geisler” presuntamente se encargaba de ejecutar operaciones fuera del penal para Fernando “N”, alias “El F1”, también identificado como “El Negro” y “Lic. Vallarta”, líder de la célula y principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior. “Lic. Vallarta” se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales.

El Tren Ligero La Paz - Texcoco se convertirá en un proyecto de movilidad de gran importancia para el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) presentó de manera oficial la ruta por donde pasará este servicio ferroviario: el objetivo es conectar con el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y brindar opciones de traslado a quienes se dirigen al municipio de Texcoco.

Recientemente, las autoridades revelaron detalles de cuándo podrían empezar los primeros trabajos de obra civil, y así poner en marchar la construcción de la infraestructura ferroviaria y así ampliar el número de líneas de Tren Ligero que existen en el Valle de México.

Javier Mendoza, presidente municipal de Chicoloapan, adelantó detalles de cuándo se tiene previsto el inicio de las obras civiles que pasarán por su municipio. De acuerdo con la Semov Edomex, el trayecto completo tomará 30 minutos, una reducción de 40 minutos frente al tiempo actual. El servicio operará a una velocidad comercial de 41 km/h, con un máximo de 80 km/h, y tendrá operación mixta al convivir con carga.

¿Cuándo inician las obras del Tren Ligero La Paz - Texcoco?

De acuerdo con las autoridades de Chicoloapan, a finales de este año empezarán los primeros trabajos de la construcción del Tren Ligero La Paz. En coordinación con las autoridades estatales y federales, los primeros trabajos darían inicio antes de que concluya el 2026. Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de obras primarias empezarán, pero se sostuvo que las obras empezarán lo más pronto.

La obra se integra al Plan Colibri, enfocado en transporte masivo, y también forma parte del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, según la secretaría. La ruta irá desde La Paz hasta Texcoco Centro; pasará por puntos como la Central de Abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco, con la intención de construir la terminal en la antigua estación del tren en Texcoco.

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz

La Semov Edomex presentó a inicios de 2026 la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco–La Paz, un proyecto de 21 kilómetros que conectará la terminal La Paz de la Línea A del Metro CDMX con Texcoco Centro para mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México y la capital, según información difundida por la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, el sistema contará con 12 estaciones: diez intermedias y dos terminales, y operaría con infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad. La operación estaría supervisada desde un centro de control que regularía el servicio, según la misma autoridad.

La dependencia detalló que el trazo pasaría por puntos como la Central de abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco; además, se preveía que la terminal en Texcoco se construyera en la antigua estación del tren. La línea, según los estudios citados por Semov Edomex, transportaría 127,000 pasajeros al día y conviviría con el servicio de carga, por lo que la operación sería mixta.

La Semov Edomex estimó un tiempo total de recorrido de 30 minutos, con una reducción de 40 minutos respecto al tiempo actual; además, los trenes operarían a una velocidad comercial de 41 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El proyecto formaba parte del Plan Colibrí y del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se proyectaba su finalización para 2027, de acuerdo con la dependencia.

Estas son las estaciones que componen en Tren Ligero Texcoco - La Paz:

• La Paz
• Los Reyes
• La Magdalena
• Conalep Los Reyes
• Francisco Villa
• Piedras Negras
• Central de Abastos
• Puerta Texcoco
• Centro Cultural Bicentenario
• San Bernardino
• Autónoma Chapingo
• Texcoco

Ocho niños resultaron intoxicados tras ingerir semillas de tempate en el Centro Escolar Juan Pablo Rodríguez Alfaro, ubicado en Rosario de la Paz, La Paz, la mañana de este martes, de acuerdo con reportes de los Comandos de Salvamento Zacatecoluca.

El incidente, que causó alarma entre la comunidad educativa y los familiares, motivó una rápida intervención de los cuerpos de socorro y autoridades de salud.

Según información compartida por Comandos de Salvamento Zacatecoluca, la intoxicación ocurrió poco después del inicio de la jornada escolar, cuando una estudiante llevó las semillas al aula y las ofreció a sus compañeros.

Varios menores accedieron y, minutos después, comenzaron a presentar síntomas asociados con intoxicación, principalmente vómitos y malestar general. El caso se reportó de inmediato al personal docente, que solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

“Al llegar al centro escolar, nuestro personal encontró a los niños con signos evidentes de intoxicación y procedió a brindar atención prehospitalaria en el lugar”, indicó el cuerpo de socorro en redes sociales. La institución movilizó una unidad de emergencia y coordinó el traslado de los ocho afectados al Hospital Nacional Santa Teresa, en la cabecera departamental.

Autoridades refuerzan la prevención tras intoxicación de menores por consumo de semillas

El personal médico del hospital realizó una valoración clínica a los menores, quienes ingresaron bajo observación para monitorear su evolución. Según los reportes brindados por el centro asistencial a los Comandos de Salvamento, los síntomas fueron tratados con medidas de soporte y todos los pacientes recibieron atención oportuna. “La intervención rápida fue clave para evitar complicaciones mayores”, afirmó el equipo de socorristas.

A raíz del incidente, las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que los menores accedieron a las semillas. De igual manera, reiteraron el llamado a padres de familia y maestros para orientar a los estudiantes sobre los peligros asociados al consumo de plantas silvestres o semillas no comestibles, una recomendación que los equipos de Comandos de Salvamento Zacatecoluca enfatizaron durante su intervención.

El hecho generó preocupación en la comunidad de Rosario de la Paz, donde vecinos y familiares acudieron a las instalaciones del centro escolar y del hospital en busca de información sobre el estado de salud de los estudiantes. Voceros de Comandos de Salvamento confirmaron que, hasta el cierre de esta nota, todos los menores permanecen estables y bajo monitoreo médico.

Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la educación sobre los riesgos asociados a la flora local.

Las autoridades educativas y de salud mantienen el caso bajo investigación para prevenir episodios similares con alumnos, maestros y padres de familia en el municipio de Rosario de la Paz y zonas aledañas. El objetivo es reforzar la conciencia sobre los peligros de la ingesta accidental o voluntaria de sustancias tóxicas presentes en plantas y semillas de acceso común en las comunidades.

Al mismo tiempo “reiteraron el llamado a padres de familia y docentes a orientar a los estudiantes sobre los riesgos de consumir plantas o semillas desconocidas”.

Un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna durante la noche del miércoles en La Paz, Entre Ríos, en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona, detalló Uno Entre Ríos.

El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz iniciaron un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas”. La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

En la Argentina, rige la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables. Es decir, un adolescente de 15 años no puede ser sometido a proceso penal ni recibir condena, más allá de la gravedad del hecho. A partir de septiembre de 2026, entra en vigor la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

En el caso de Entre Ríos, la intervención judicial es de tipo tutelar: el juez puede disponer medidas de protección, que pueden incluir la internación en un instituto especializado hasta los 21 años, aunque no con carácter de pena. La inimputabilidad es absoluta y no admite excepciones en la ley vigente.

Voceros policiales señalaron que las primeras actuaciones apuntan a un enfrentamiento que escaló tras una discusión verbal, aunque no se descartan antecedentes previos entre los involucrados. La justicia evalúa las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recaba testimonios de vecinos y testigos presenciales.

La información oficial continúa siendo limitada, ya que la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario. Esta reserva responde a la necesidad de proteger el proceso investigativo, evitar posibles interferencias que puedan entorpecer el esclarecimiento de los hechos, además busca evitar la exposición pública de los adolescentes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la violencia entre adolescentes en la región y la preocupación creciente por la presencia y el uso de armas de fuego por parte de menores de edad. Tanto la justicia como la policía de La Paz mantienen abiertas distintas líneas de investigación y no descartan la adopción de nuevas medidas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, realizaron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, una de las obras hidráulicas más importantes y se busca reducir el riesgo de inundaciones en el oriente de la entidad mexiquense.

El proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, además de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta infraestructura representa una respuesta concreta a una de las principales problemáticas que enfrenta la región durante la temporada de lluvias.

“Quiero expresar mi agradecimiento a nombre del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal a nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses”, señaló Delfina Gómez.

Obra hidráulica fortalecerá el drenaje en el oriente del Estado de México

El nuevo Túnel Churubusco-Xochiaca permitirá conducir el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, evitando la saturación del sistema de drenaje y disminuyendo el riesgo de inundaciones ocasionadas por lluvias intensas.

La infraestructura también reforzará el funcionamiento de los colectores principales que operan en una de las zonas metropolitanas con mayor concentración poblacional y mayor vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.

De acuerdo con la Conagua, la obra incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas, con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que incrementará significativamente la capacidad de respuesta del sistema de drenaje durante precipitaciones extraordinarias.

Inversión superior a 450 millones de pesos

Para la construcción del proyecto se destinó una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, recursos aportados por el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

Además del túnel, las autoridades realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, acciones consideradas estratégicas para enfrentar la temporada de lluvias y reducir las afectaciones por encharcamientos e inundaciones.

Estas obras permitirán contar con un mayor margen de maniobra para controlar los escurrimientos pluviales y proteger tanto viviendas como vialidades e infraestructura urbana.

La obra también impulsó empleo y economía local

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que el proyecto no solo representa un beneficio en materia de protección civil, sino que también tuvo un impacto positivo en la economía regional al generar empleos durante su construcción.

“Esta obra sin duda alguna no solamente va a apoyar la cuestión de las inundaciones en Los Reyes y aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía y de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa”, afirmó.

La mandataria reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para concretar una infraestructura que durante años fue demandada por los habitantes del oriente mexiquense, una región que históricamente ha enfrentado severas afectaciones por las lluvias.

Con la puesta en operación del Túnel Churubusco-Xochiaca, las autoridades buscan fortalecer la infraestructura hidráulica del Valle de México y ofrecer mayor seguridad a las comunidades que cada año enfrentan los efectos de las lluvias intensas, consolidando una de las obras prioritarias para el manejo del agua y la prevención de inundaciones en el oriente del Estado de México.

Un juez de Bolivia otorgó el lunes la detención domiciliaria al ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar un golpe de Estado armado en junio de 2024. La medida fue dispuesta en una audiencia que coincidió con el inicio del juicio oral por este caso, en el que Zúñiga permanecía encarcelado desde hace dos años.

El abogado defensor, Eduardo León, confirmó que “se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”. León precisó que la decisión debe implementarse en las próximas 72 horas, aunque por el momento Zúñiga seguirá en el penal de San Pedro, en La Paz, tras ser trasladado en avión desde Cochabamba para el comienzo del proceso.

El letrado señaló que el ex jefe militar permanecerá en La Paz y trasladará a su familia a esa ciudad para asistir a todas las instancias del juicio, que se desarrolla en la sede de Gobierno y el Legislativo. El proceso oral inició el lunes pero entró en receso tras la primera ronda de las 21 declaraciones previstas, según indicó uno de los abogados de los acusados

El caso se centra en los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares bajo el mando de Zúñiga ocuparon la sede presidencial durante unas horas, episodio que el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) calificó como un intento de “golpe de Estado”. Durante esa jornada, las tropas del Ejército derribaron con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego se replegaron.

Arce destituyó a Zúñiga ese mismo día y, pocas horas después, el militar fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes. Tras su arresto, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado el operativo militar con el objetivo de “levantar su popularidad” ante las protestas derivadas de la crisis económica. Por su parte, la entonces oposición y el ex presidente Evo Morales (2006-2019) coincidieron en calificar el episodio como un “autogolpe”, mientras que el Ejecutivo insistió en la versión de un “golpe de Estado fallido”.

Por su parte, el ex mandatario Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una cárcel de La Paz por un caso de presunta corrupción.

Juan José Zúñiga, quien ejerció como jefe del Estado Mayor antes de asumir la titularidad del Ejército de Bolivia, acumuló numerosas acusaciones por corrupción a lo largo de su carrera militar. Un informe fechado el 28 de noviembre de 2013, atribuido al suboficial Porfirio Quispe, identificó a Zúñiga como principal responsable del robo de más de 2,7 millones de pesos bolivianos. Dichos fondos estaban destinados al Bono Juancito Pinto, un beneficio para estudiantes de primaria, a la Renta Dignidad, pensión dirigida a mayores de 60 años, y a viáticos para personal militar.

El documento, elaborado por Quispe, señaló que, por orden de Zúñiga, entregó todos los saldos correspondientes a esos pagos sin conocer el destino final de los recursos. El informe también denunció amenazas contra Quispe y su familia.

Las sospechas sobre Zúñiga incluyen acusaciones de narcotráfico lanzadas por el general Luis Begazo, quien fue suspendido de sus funciones sin explicaciones. Begazo afirmó que Zúñiga estuvo involucrado en actividades ilícitas transfronterizas desde la gestión de Evo Morales. El ex presidente, por su parte, vinculó a Zúñiga con la ejecución de un supuesto “plan negro” dirigido a desacreditarlo públicamente.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación de oficio por las denuncias de familiares sobre el presunto reclutamiento de dos jóvenes bolivianos por Rusia para llevarlos a la invasión en Ucrania y su posible muerte, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El funcionario confirmó que ya se encuentra activa la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas y convocó a las familias a presentarse ante la Policía o el Ministerio Público para aportar sus testimonios.

De acuerdo con lo señalado por Mariaca, “hay una investigación del Ministerio Público” y el organismo cuenta con la facultad de actuar de oficio en casos de esta naturaleza.

El caso involucra a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes viajaron a Rusia en abril tras recibir promesas de pago por 16.000 dólares, según medios locales. Las familias organizaron un velorio simbólico en Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, después de recibir la noticia sobre el supuesto deceso de ambos jóvenes.

Tania Valdivia, madre de Iván, relató al medio español EFE que los dos jóvenes, que eran primos, partieron a la guerra sin comunicarlo a sus allegados. “Quisiera que sea una broma de mal gusto. Quiero verlo a mi hijo acá con nosotros, tengo la esperanza de que esté vivo (...) Quiero saber si está bien, si está muerto o vivo”, expresó.

La mujer detalló que su hijo trabajaba como albañil y plomero y que probablemente decidió emigrar para ayudar económicamente a su esposa y a su hija de dos años, ya que la familia atraviesa dificultades económicas.

En tanto, Paola Bazán, esposa de Soleto, explicó que mantenía contacto diario con él hasta el 3 de junio, fecha de su última comunicación. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia, no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, indicó.

Bazán también señaló que uno de los supuestos “comandantes” de su esposo le informó sobre la muerte de Soleto el 8 de junio y, posteriormente, recibieron la noticia del fallecimiento de Valdivia.

Las familias solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer la situación y, en caso de confirmarse el fallecimiento, gestionar la repatriación de los cuerpos. En junio, la Embajada de Bolivia en Rusia difundió un comunicado advirtiendo sobre la circulación de ofertas laborales asociadas a conflictos armados que prometen sumas elevadas de dinero.

La representación diplomática alertó acerca del riesgo de estafas por parte de intermediarios y del peligro para la integridad y la vida de quienes acepten esas propuestas. “Exhortamos a los ciudadanos bolivianos a abstenerse de todo contacto con oferentes y a denunciarlos”, expresó la embajada en el texto citado por EFE. En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.

El caso boliviano se conoció luego de que en abril se reportara el reclutamiento de unos 130 peruanos para la invasión en Ucrania por parte de Moscú. En mayo, la embajada de Rusia ubicada en Lima reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

Desde el Kremlin, el pasado 30 de abril de 2026, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, informó que más de 127.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia para incorporarse al Ejército en lo que va del año. El funcionario detalló que, durante el año pasado, 450.000 ciudadanos se sumaron a las filas militares mediante contratos.

Medvédev indicó que, además de los reclutamientos formales, otros 10.000 ciudadanos se integraron en “unidades de voluntarios”. En ese sentido, explicó que esta modalidad, aunque constituye “un servicio por contrato”, mantiene una vinculación menos directa con el Ministerio de Defensa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien ocupó la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó el volumen de los nuevos contratos militares y el papel de las unidades voluntarias en el contexto actual de la defensa nacional.

(Con información de EFE)

En horas de la noche del domingo se registró un fatal accidente de tránsito en el oriente del territorio salvadoreño. Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad en el redondel Hato Nuevo, ubicado sobre el Periférico Gerardo Barrios, en el departamento de San Miguel.

Según el informe preliminar, un conductor de un vehículo particular realizó una maniobra de rebase que provocó una colisión múltiple, alcanzando varios automóviles y posteriormente al motociclista. Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para atender a la víctima, pero debido a la gravedad de las lesiones, el motociclista falleció en el sitio. Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona fallecida.

Tras el percance, la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Fuerza Armada desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona y procedieron a detener al conductor responsable del accidente. Debido a la magnitud del siniestro, se implementó restricción en la circulación vial en el sector. Las autoridades practicaron la prueba de alcotest al detenido, obteniendo un resultado de 113 % de alcohol en la sangre.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2026, el número de conductores detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol registró un incremento significativo en comparación con el mismo lapso del año anterior. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2025 se contabilizaron 1,109 detenciones por conducción peligrosa; sin embargo, en lo que va del año la cifra ascendió a 1,255 casos.

Este aumento representa un crecimiento del 13.2% en la cantidad de personas detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol en el territorio nacional. Actualmente las leyes sancionan manejar en estado de ebriedad en El Salvador, bajo el delito de conducción peligrosa, conlleva penas de 2 a 5 años de prisión para vehículos particulares y de 5 a 10 años para transporte público o de carga. En este caso el siniestro cobró la vida de una persona lo que puede incrementar la pena hasta 15 años.

Dos cabezales se incendiaron en diferentes puntos del territorio

De forma paralela, el Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por el incendio de un cabezal en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de Santo Tomás, en la zona central del territorio. El personal realizó labores para extinguir el fuego y enfriar el vehículo de carga pesada, sin que se registraran personas lesionadas. Las autoridades no han informado las causas que originaron este siniestro.

Con pocas horas de diferencia, otro incendio en un cabezal fue reportado en la colonia Esmeralda, San Miguel Centro. Tras controlar las llamas y enfriar la estructura del vehículo, los equipos de emergencia verificaron la condición del conductor, quien no presentó lesiones.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de revisar el estado de los automotores, sobre todo antes de realizar viajes largos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador mantiene habilitada la línea 913 para atender emergencias relacionadas con incendios vehiculares en cualquier punto del país.

Un desgarrador video grabado desde el interior de un vehículo particular en movimiento, se ha convertido en la pieza central y más sobrecogedora del trágico accidente de tránsito ocurrido día de ayer, 10 de julio en el kilómetro 38.5 de la autopista a Comalapa. La secuencia, captada por ciudadanos que transitaban por la misma arteria vial, muestra la marcha errática y vertiginosa de una rastra cargada con pesados bloques de cemento.

El angustiante metraje documenta cómo el pesado automotor descendía a gran velocidad, evidenciando una inminente pérdida de frenos que obligó a los testigos a tomar una prudente distancia mientras presagiaban el fatal desenlace que sacudiría al departamento de La Paz.

De acuerdo con las versiones preliminares recabadas en el lugar y los testimonios de quienes presenciaron la escena, el conductor del vehículo de carga pesada tomó una decisión desesperada en fracciones de segundo.

Ante la imposibilidad de detener la marcha y con el fin de evitar una tragedia de proporciones aún mayores como embestir de forma directa a una fila de vehículos particulares o arrollar a una multitud de personas que se encontraban esperando el transporte colectivo en la parada de buses aledaña, el motorista realizó una violenta maniobra para estrellar la estructura contra uno de los pilares centrales del puente Comalapa, en el tramo que conduce hacia San Luis Talpa.

El impacto contra la base de concreto fue de una magnitud devastadora. La cabina de la rastra quedó completamente destruida y, debido a la desaceleración abrupta, la masiva carga de bloques de cemento salió suspendida por el aire, esparciéndose a lo largo de la carretera y cayendo directamente sobre la zona baja de la infraestructura vial.

Identidades de los fallecidos y el milagroso rescate de un sobreviviente

Los equipos de emergencia, cuerpos de socorro y agentes de seguridad pública se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro, iniciando una carrera contra el tiempo que se prolongó durante varias horas. Entre el amasijo de hierro y los bloques destruidos, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos sin vida de las víctimas.

Asimismo, en una milagrosa labor de remoción, lograron rescatar a una quinta víctima que aún presentaba signos vitales, trasladándola de máxima urgencia hacia el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca con lesiones considerables.

Las autoridades correspondientes confirmaron de manera oficial la identidad de las cuatro víctimas mortales de este percance. Tres de los fallecidos se conducían a bordo de la rastra:

• Raúl Antonio Monteagudo (conductor de la rastra)
• Byron Ernesto Rojas Ibáñez (acompañante)
• Raúl Valdemar Hernández (acompañante)
• Rafael Adonay Vásquez Hernández, un motociclista que transitaba por el sector

A pesar de las evidencias audiovisuales y los desgarradores testimonios de los testigos presenciales, la Policía Nacional Civil (PNC) y los peritos de tránsito terrestre mantienen abiertas las investigaciones oficiales. Los expertos continúan realizando los análisis técnicos y mecánicos correspondientes en la escena para determinar con absoluta certeza científica si el siniestro se debió de forma exclusiva a una falla mecánica imprevisible en el sistema de frenos o sí el conductor conducía a excesiva velocidad.

Consejos del cuidado de frenos en transporte de carga o vehículo

El mantenimiento del sistema de frenos no es un gasto opcional, sino una obligación legal y moral para salvaguardar vidas humanas en el asfalto. A continuación, se detallan las recomendaciones fundamentales de seguridad:

• Inspección diaria antes de la jornada (Pre-trip): Es vital verificar el recorrido de las balatas, el estado de las mangueras de aire y asegurarse de que no existan fugas de presión en el sistema neumático antes de emprender cualquier viaje.
• Control estricto de temperatura: En descensos prolongados, se debe utilizar el freno de motor o transmisiones auxiliares (retardadores). Abusar del pedal de freno convencional genera el fenómeno de “fading” o fatiga térmica, donde las balatas se cristalizan y pierden total capacidad de fricción.
• Mantenimiento del sistema de aire purgado: El agua y el aceite acumulados en los tanques de aire comprimido pueden corroer las válvulas y entorpecer la respuesta del frenado. Purgar los tanques periódicamente evita fallas catastróficas.

La representación diplomática de El Salvador concretó su segunda participación en la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026, evento internacional que reunió a productores, distribuidores y expertos del sector cafetalero en la ciudad de La Paz.

Según informó la Cancillería de El Salvador, la Embajada nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia asistió a la feria con el objetivo de promover las distintas variedades de café salvadoreño y fortalecer la presencia del país en el mercado sudamericano.

Durante los cuatro días de actividades de la feria, más de 20,000 visitantes recorrieron los estands de 206 marcas de café provenientes de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Perú. De acuerdo con un reporte oficial de la Cancillería de El Salvador, en el estand salvadoreño se ofrecieron degustaciones y catas de café, resaltando las particularidades de variedades como pacamara, pacas, cuscatleco y bourbon.

Esta dinámica permitió a empresarios, distribuidores y público general conocer de primera mano los atributos diferenciadores del grano producido en El Salvador.

La nota difundida el miércoles por la Cancillería precisó que la presencia salvadoreña incluyó la participación de los hermanos Hernández, miembros de la diáspora salvadoreña en Bolivia y responsables del emprendimiento Café Guadalupe.

Según el comunicado, los Hernández avanzan en el proceso para concretar la primera importación formal de café salvadoreño hacia Bolivia. Además, la empresa participó en la Segunda Misión Comercial de Bolivia a El Salvador, celebrada en junio, en la que visitaron diversas fincas cafetaleras nacionales.

El Salvador consolida alianzas estratégicas en la Specialty Coffee Expo Bolivia

La participación salvadoreña en la feria también propició el acercamiento con actores clave del sector. Según la Cancillería de El Salvador, la asociación de empresarios Bolivian Coffee Alliance manifestó su interés en firmar un acuerdo de colaboración con el país centroamericano, con el objetivo de potenciar oportunidades comerciales y promover nuevas alianzas estratégicas.

“Eventos como este permiten concretar el interés de empresarios bolivianos por nuestro café, de conocer nuestras plantaciones y generar nuevas alianzas”, señala la institución en su nota oficial.

De igual manera, el reporte diplomático detalló que la presencia continuada en ferias internacionales forma parte de los esfuerzos de la representación salvadoreña para fortalecer los vínculos con compradores y distribuidores, y para apoyar a los productores nacionales y a la diáspora.

“Se trabaja para fortalecer los vínculos con potenciales compradores y distribuidores, generar nuevas oportunidades de negocio para los productores y exportadores nacionales y apoyar a la diáspora salvadoreña”, añadió la Cancillería de El Salvador.

La asistencia de la representación de El Salvador por segundo año consecutivo a la Specialty Coffee Expo Bolivia también representa una estrategia de posicionamiento en el mercado regional, según subraya la representación diplomática. La feria se consolida como un espacio clave para la promoción de la oferta exportable nacional y para la identificación de nuevas oportunidades de negocio para el sector cafetalero.

También se busca consolidar relaciones con posibles socios, creando de esa manera oportunidades comerciales para los productores y exportadores del país y brindar respaldo a la comunidad salvadoreña en el exterior.

Estados Unidos reafirmó su “respaldo inquebrantable” a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas y bloqueos de rutas impulsados por sectores sindicales y opositores que exigieron la renuncia del mandatario. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Erik Martini, transmitió el mensaje en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense.

“Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano”, declaró Martini. El funcionario subrayó que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, “no se negocia” y remarcó que las diferencias políticas “se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia”.

En su intervención, Erik Martini afirmó que EEUU profundizará su cooperación con Bolivia para fortalecer las instituciones, fomentar la prosperidad y proteger la seguridad de la población de ambos países, así como impulsar el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida: no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia”, agregó el diplomático.

Las protestas comenzaron el 6 de mayo bajo el liderazgo de la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el apoyo de sectores leales al ex presidente Evo Morales. Las acciones incluyeron bloqueos que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, y dejaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica derivada de las interrupciones. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones.

El Gobierno boliviano denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos del narcotráfico. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que Washington no permitirá el derrocamiento del Gobierno boliviano.

El 20 de junio, tras acuerdos con sectores como la COB, Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para restablecer la circulación.

Por su parte, el jefe de Estado solicitó el miércoles pasado a la Policía, la Fiscalía y la Justicia procesar a los responsables de los bloqueos de carreteras. El pedido fue realizado durante el acto por los 200 años de creación de la Policía.

“Tiene que haber responsables por el daño que le hicieron a la sociedad y esos culpables deben estar en la cárcel”, declaró Paz, al instar a las instituciones estatales a “actuar con firmeza” contra quienes participaron en los cortes de vías. El mandatario enfatizó la necesidad de que todas las entidades involucradas procedan con la “mayor de las firmezas” para cumplir con el mandato legal.

Paz detalló que los daños provocados por los manifestantes en las carreteras alcanzan los 90 millones de bolivianos, lo que afectó al comercio internacional y al desarrollo del país. “Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la escusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista que le hizo daño a la patria”, afirmó.

Rodrigo Paz aseguró que su administración recuperará “cada uno de los territorios” del Estado frente a quienes consideran esas zonas como propiedad de “algunas organizaciones” sociales. El presidente hizo referencia a la región cocalera del Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exmandatario Evo Morales, quien permanece allí desde octubre de 2024, protegido por sus seguidores para evitar una orden de captura por un caso de trata agravada de personas.

(Con información de EFE)

La Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a tres hombres en el oriente de El Salvador tras ser acusados de intimidar a vendedores ambulantes con una escopeta y exhibir tatuajes presuntamente alusivos a pandillas. El operativo se realizó en el municipio de Usulután, como parte de las acciones impulsadas bajo el Plan Control Territorial.

Según información de la Policía Nacional Civil, los detenidos fueron identificados como Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M.

Los tres sujetos abordaron a vendedores de teléfonos móviles y les exigieron que abandonaran la zona. Amenazaron con despojarlos de sus productos si no obedecían, utilizando un arma de fuego tipo escopeta como medio de intimidación.

Además, mostraron tatuajes vinculados a estructuras criminales, en un intento de amedrentar a sus víctimas.

La intervención policial se realizó tras un proceso de investigación que permitió identificar a los responsables y ejecutar el operativo de captura sin incidentes mayores.

De acuerdo con la PNC, estos hechos representan una modalidad delictiva que las autoridades asocian a viejas prácticas de grupos criminales que operaban antes de la implementación del Plan Control Territorial.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre el caso y aseguró que las instituciones de seguridad no permitirán la reinstalación de dinámicas de terror entre la población.

“Se confundieron. No vamos a tolerar delitos que cometían los terroristas pandilleros. Estos sujetos vieron salvadoreños que andaban ganándose la vida honradamente y les dijeron que ahí no podían andar y que se fueran”, expresó Villatoro.

El funcionario recalcó que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier intento de limitar la movilidad de los ciudadanos. “No vamos a permitir que nadie limite la movilidad en nuestro gran país que hemos recuperado, el único camino seguro que tienen es tras las rejas”, enfatizó Gustavo Villatoro.

Actualmente, la legislación salvadoreña establece penas de entre 20 y 30 años de cárcel por los delitos vinculados a agrupaciones ilícitas. Las reformas legales aprobadas en los últimos años endurecieron las sanciones para quienes participen, financien o colaboren con estructuras criminales.

Las autoridades subrayan que estas acciones buscan garantizar la seguridad y normalidad en las actividades económicas de la población.

El operativo en Usulután forma parte de la estrategia nacional de seguridad, conocida como Plan Control Territorial, la cual prioriza la desarticulación de grupos delictivos y la protección de los sectores comerciales ante amenazas y extorsiones. Desde su implementación, la PNC y la Fuerza Armada han realizado operativos coordinados en distintos puntos del país, con énfasis en la prevención de delitos y la captura de presuntos responsables.

Captura de dos sujetos por intento de robo de motocicleta en La Paz

En un hecho distinto, la Policía reportó la aprehensión de dos individuos en San Juan Nonualco, departamento de La Paz, tras ser sorprendidos mientras intentaban hurtar una motocicleta. Los detenidos fueron identificados como Jeferson Armando G. G., de 19 años, y Shalom Obed C. G., de 23 años.

La víctima relató que, luego de escuchar ruidos en el exterior de su vivienda, observó a dos personas que intentaban llevarse su motocicleta. Uno de los sospechosos fue arrestado en el lugar, mientras que el segundo fue localizado horas más tarde tras intentar huir. Durante el procedimiento, que contó con apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador, la policía localizó una motocicleta sin placas abandonada sobre la carretera antigua a Zacatecoluca, la cual habría sido utilizada para la movilización de los sospechosos.

Ambos individuos serán remitidos a los tribunales por el delito de hurto agravado.

Durante los últimos dos meses, el Gobierno boliviano centrista y proestadounidense de Rodrigo Paz Pereira ha estado sorteando un campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales y sus aliados que buscan desestabilizar su Gobierno. Es probable que sobreviva a la crisis actual, pero podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica ejercida por quienes, de hecho, tienen sitiada la capital boliviana. En el futuro, al igual que en la crisis de mayo-junio de 2026 —que ahora se está disipando—, una espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército para responder a quienes se enfrentan a su Gobierno. Su dimisión podría tener graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia. Aunque el desenlace es fundamental para el éxito del enfoque de la Administración Trump en el hemisferio occidental, en general pasa desapercibido para la mayoría de los responsables de Washington.

Entre el 20 y el 30 de mayo de 2026, mientras se desarrollaba la crisis política y de seguridad, el autor se encontraba en Bolivia entrevistando a altos cargos políticos, empresariales y gubernamentales. Este informe recoge las reflexiones del autor sobre las condiciones, los dilemas y las dinámicas que se están desarrollando en el país, así como sobre lo que podrían deparar los próximos meses.

Antecedentes

Paz y su Gobierno son un entramado de complejidad y contradicciones. Paz nació en España de madre española. Tanto su padre, Jaime Paz Zamora, como su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fueron presidentes de Bolivia. Su trayectoria política se enmarca en la “izquierda del caviar”, que combina el legado de su padre como fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia con su propia y sólida formación académica y experiencia profesional en el sector financiero estadounidense. Esa orientación, junto con el grupo heterogéneo de personas que llevó al poder como ministros de su gabinete y círculo de asesores, desempeña un papel importante en la crisis actual y en las decisiones que está tomando.

Paz es un “presidente accidental” que llegó al poder como descendiente de una estirpe de presidentes. Sin embargo, también aportó una tradición contemplativa e intelectual que, en opinión de algunas de las personas consultadas para este estudio, le ha impedido tomar medidas decisivas a la hora de definir el rumbo de su nuevo Gobierno y gestionar la crisis actual.

Tras veinte años de gobierno del partido populista de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), una corrupción generalizada y una crisis económica que puso de manifiesto la profunda mala gestión del MAS, los votantes bolivianos estaban preparados para algo nuevo. Mientras tanto, las luchas internas entre el fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales; su sucesor, Luis Arce; y Andrónico Rodríguez, el joven líder cocalero que podría haber heredado el testigo del MAS, acabaron prácticamente con el partido en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025.

Aunque el MAS se retiró de facto de la escena política tras casi veinte años al frente del país, muchos miembros de las comunidades indígenas del Altiplano —principalmente de habla quechua y aimara— miraban con desconfianza a políticos de larga trayectoria y de orientación de derechas, como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esa desconfianza se agravó durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, a quien los grupos indígenas y otros colectivos marginados del Altiplano consideraban que había ido demasiado lejos. Según esta opinión, Áñez intentó reorientar con demasiada rapidez las políticas de Bolivia y su alineación en materia de política exterior hacia una agenda de derechas tras la destitución en 2019 del presidente Morales, un cocalero populista de izquierdas.

En las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Paz, acompañado por su compañero de candidatura de la derecha tradicional, Sebastián Careaga, apenas obtenía apoyo en las encuestas hasta que Careaga abandonó la candidatura, lo que obligó a Paz a sustituirlo por Edmand Lara, un policía destituido conocido por su discurso contundente. Aunque las acusaciones penales previas contra Lara estaban bien fundamentadas según las personas consultadas para este estudio, el estilo machista de Lara y su contundente retórica anticorrupción conectaron bien con los votantes que buscaban una alternativa tanto al desacreditado MAS como a las élites tradicionales de la derecha. El estilo de Lara contrastaba con la postura centrista e inclusiva de Paz, aunque, curiosamente, la complementaba. Paz realizó una famosa campaña por el altiplano andino en moto, visitando innumerables comunidades pequeñas, en su mayoría aimaras, y prometiendo identificarse con ellas y respetarlas. La credibilidad del compromiso de Paz se vio reforzada por las credenciales de su padre, miembro del MIR de izquierdas. Su mensaje se amplificó aún más gracias a una innovadora campaña en redes sociales, que aprovechó aplicaciones como TikTok, muy utilizadas entre la población de las tierras altas. La innovadora campaña en redes sociales que impulsó a Paz a la cima fue, además —y esto es importante—, impulsada por su hija Catalina y su antiguo profesor argentino, Fernando Cerimedo.

La cuestión de quién o qué fue responsable de la inesperada victoria de Paz en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de octubre de 2025 adquirió posteriormente una importancia desmesurada, y el presidente Paz atribuyó públicamente el mérito a la campaña de su hija en las redes sociales. Según las personas consultadas para este análisis, ella podría haber contribuido a la gran confianza que él depositaba en Cerimedo y a la considerable influencia que se consideraba que Cerimedo ejercía en su administración.

Las demás influencias sobre el presidente Paz han sido, según se informa, una mezcla compleja y cambiante. Entre ellas se encuentra su hermano Jaime Paz Pereira, procedente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien, al parecer, ha ayudado al Gobierno a conseguir compromisos de líneas de crédito de la CAF y otras organizaciones. También se incluyen Mauricio Zamora, su pariente de Tarija; miembros de la vieja guardia del MIR vinculados a su padre, como el ministro del Interior, Marco “Tuco” Oviedo, y Óscar Eid Franco; el ex secretario presidencial Doria Medina; y el candidato a la vicepresidencia José Luis Lupo.

En lo que respecta al vicepresidente Lara, la relación se deterioró rápidamente, a raíz de las acusaciones de Lara de que el presidente no había proporcionado asientos adecuados para los miembros de su familia en la toma de posesión. Según muchas de las personas consultadas para este estudio, Lara, que consideraba decisivo su papel en la victoria, se fue amargando cada vez más con Paz por no recibir la influencia, el respeto y los cargos ministeriales que creía merecer tras el papel que había desempeñado en la victoria de Paz. Lara se convirtió cada vez más en un adversario político del presidente Paz, en lugar de formar parte del Gobierno.

El camino hacia la crisis actual

Podría decirse que Paz heredó de sus predecesores las condiciones que han provocado la crisis actual. No obstante, las personas consultadas para este análisis consideran, en general, que está actuando con lentitud a la hora de aplicar nuevas políticas económicas y de seguridad que aborden estos retos y comuniquen la orientación de su Gobierno. Veinte años de falta de inversión en el sector del gas natural —la principal fuente de divisas del país— y otras políticas que desincentivaron la inversión bajo los gobiernos de Morales y Arce alimentaron el progresivo descenso de la producción y de la generación de dólares asociada a ella. Esta situación provocó problemas a los importadores, escasez de productos importados, inflación y malestar social, lo que no hizo sino agravar el problema.

En los primeros meses del Gobierno de Paz, los problemas que habían contribuido a la destitución del MAS y a su desaparición como partido político dieron lugar a una escalada de reivindicaciones que, dada la situación financiera y fiscal de Bolivia, resultaban casi imposibles de abordar para la nueva administración. Entre ellas figuraban las reivindicaciones de los docentes y otros sectores para obtener aumentos salariales que cubrieran la inflación, así como las demandas de subsidios al combustible debido a los drásticos aumentos en los precios de la gasolina, el gasóleo, el gasóleo de calefacción y el gas de cocina, provocados por la guerra en Irán. En particular, esto afectó al 80 % de los bolivianos que trabajan en el sector informal.

Si bien el Gobierno de Paz tardó en poner en marcha nuevas políticas para abordar los problemas heredados de gobiernos anteriores, la crisis de unas exigencias imposibles de satisfacer se vio agravada por lo que se percibió como un alejamiento de la retórica electoral —que cortejaba a las comunidades marginadas— hacia una selección de ministros, políticas, acciones y un discurso que llevaron a las comunidades marginadas que le habían apoyado a sentirse excluidas e incluso traicionadas. Muchos de los que se sintieron desilusionados habían apoyado anteriormente al MAS, pero votaron por Paz y Lara al considerarlos la opción menos mala en comparación con los políticos más tradicionales de orientación derechista.

Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina. A diferencia de los gabinetes de Morales y Arce, el de Paz contaba con relativamente pocos rostros indígenas o representantes de sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Simbólicamente, Paz se apartó de la práctica de Morales de consultar a los líderes sindicales indígenas, a los mineros y a otros miembros de la antigua coalición del MAS, y de invitarlos al palacio presidencial.

Para agravar aún más el problema, algunas de las primeras leyes de Paz —como la Ley 157, relativa a la reclasificación de terrenos—, aunque lógicas desde el punto de vista económico, no se comunicaron adecuadamente, sobre todo a las comunidades indígenas marginadas en sus lenguas principales, como el quechua y el aimara. Además, podría decirse que los opositores de Paz en la izquierda, como Morales, aprovecharon sus vínculos más estrechos con estos grupos para presentar las políticas de Paz de la forma más negativa y amenazante posible. A juicio de esos grupos, Paz dedicó demasiado tiempo a ganarse el favor de las élites económicas de la llanura de la Media Luna, en lugar de a los colectivos que sustentaban su poder.

A medida que Paz perdía terreno entre los grupos marginados a los que en su día había sabido ganarse, también empezó a tener dificultades con su rival de derechas, Quiroga, y su partido Libre. Antes del ascenso de Paz, Quiroga lideraba las encuestas y albergaba ciertas esperanzas de que Paz se pusiera en contacto con él para formar un gobierno de coalición. Cuando, en cambio, Paz formó una alianza con el candidato que quedó en tercer lugar, Doria Medina, e incorporó a algunos de los colaboradores de este a su gabinete —entre ellos, Lupo como ministro de la Presidencia—, Quiroga y Libre pasaron a ser, de hecho, la oposición, aunque con un interés particular en evitar el regreso de Morales.

El origen de la crisis actual

Un momento decisivo en la crisis actual se produjo cuando el Gobierno de Paz importó un lote de gasolina de mala calidad que dañó los motores de coches, camiones y motocicletas en todo el país. Aunque Paz tomó medidas, quienes sufrieron daños en sus vehículos consideraron que no fue lo suficientemente lejos ni en cuanto a la indemnización ni a la exigencia de responsabilidades a los culpables.

Esta respuesta también fue emblemática de un problema más amplio que se percibía en el Gobierno de Paz. El cuestionable contrato de gasolina lo había firmado el anterior Gobierno de izquierdas de Arce, pero el Gobierno de Paz no actuó con la suficiente rapidez para identificar y erradicar los contratos defectuosos de su predecesor socialista. Esa inacción se inscribía en una percepción más generalizada de que la Administración de Paz era lenta a la hora de actuar, tanto a la hora de impulsar y poner en práctica sus planes como de eliminar a las personas problemáticas vinculadas a Arce que pudieran estar entorpeciendo, saboteando o tergiversando su programa.

Más allá de las cuestiones de aplicación, al inicio de su mandato, Paz se mostró relativamente ineficaz a la hora de comunicar sus políticas, su razonamiento y su visión para el país ante el descontento. En abril de 2026, nombró portavoz presidencial a José Luis Gálvez Vera. Las declaraciones de Gálvez sobre la política gubernamental redujeron el énfasis en la responsabilidad exclusiva de Paz por las políticas que causaban descontento, pero no lograron superar de manera fundamental las percepciones negativas sobre Paz entre parte de la población.

Bloqueos de carreteras, desestabilización y el papel de Morales

A medida que esas decisiones políticas y de estilo agravaban el descontento por la crisis económica, una fuerza clave liderada por el expresidente populista de izquierdas Morales intentó derrocar al Gobierno de Paz. Como líder de la federación de cultivadores de coca del Chapare, su territorio natal, Morales ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en el narcotráfico en Bolivia. La coca cultivada en el Chapare se transforma allí y en otros lugares en cocaína. A continuación, con la ayuda de grupos internacionales de narcotráfico como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil, la cocaína se introduce de contrabando hacia el este a través de Brasil, Argentina y Paraguay, y hacia el oeste a través de Perú y Chile, con destino principalmente a los mercados de Europa y Oceanía.

Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, Morales ha estado buscando una vía para volver al poder. Esa búsqueda cobró una urgencia mucho mayor cuando el Gobierno de Paz invitó a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a volver al país, abriendo cautelosamente las puertas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la reforma de las instituciones de seguridad para controlar la producción ilícita de cocaína en Bolivia.

El intento de Morales de derrocar a Paz cobró especial urgencia cuando el presidente presentó cargos de pedofilia contra él por haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años, Gabriela Zapata, y haberla dejado embarazada. Morales no se presentó a la vista judicial para responder a los cargos y, desde entonces, permanece atrincherado en el Chapare, defendido por sus principales seguidores.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización. La frustración por la mala calidad de la gasolina, los altos precios y una ley del Gobierno de Paz destinada a facilitar el crédito comercial para la adquisición de tierras llevó a los opositores a levantar bloqueos de carreteras, una forma de protesta tradicional, aunque económicamente perjudicial. Sin embargo, las personas consultadas en Bolivia para este análisis consideran que Morales desempeña un papel clave en la expansión, el mantenimiento y la radicalización de las protestas, motivado por el deseo de impedir que la policía lo detenga en el Chapare y, en última instancia, derrocar al Gobierno y recuperar el poder político. Como tal, Morales ha movilizado a miles de seguidores y ha financiado los bloqueos, ampliándolos y manteniéndolos en gran medida al alimentar y pagar a sus seguidores. A su vez, las organizaciones de control social vinculadas a la red de Morales habrían intimidado o multado a quienes, en los barrios, no apoyaban los bloqueos ni las protestas.

Podría decirse que el dinero de los cocaleros ha incrementado el número de personas que participan en los bloqueos y su acceso a instrumentos de violencia, como armas y dinamita, utilizados para hacer frente a la policía y crear la sensación de una insurrección armada. Esta dinámica ha reforzado la sensación de que cualquier intervención de las autoridades podría dar lugar a un derramamiento de sangre considerable, lo cual es, según numerosos líderes políticos y empresariales bolivianos de alto rango entrevistados por el autor de forma extraoficial para este proyecto, precisamente lo que los radicales buscan para facilitar la caída del Gobierno.

A finales de mayo de 2026, tras un mes de bloqueos, la policía informaba de más de 80 cortes puntuales en las vías de comunicación de seis de los nueve departamentos del país, la mayoría de ellos concentrados en La Paz, en el Altiplano. La geografía de la ciudad permitía que, con el cierre de un número relativamente reducido de carreteras, se cortara el suministro de alimentos, gasolina y otros productos básicos a la ciudad. En La Paz, los bloqueos provocaron graves problemas de hambre, la falta de oxígeno en los hospitales, la muerte de pacientes porque las ambulancias no podían llegar a los centros médicos y la escasez de combustible para el transporte, la cocina y la calefacción, entre otros problemas. En las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, un número menor de bloqueos en zonas con concentraciones de seguidores de Morales, como en las carreteras cercanas a San Julián y Yapacani, amenazó con aislar la ciudad de las zonas productivas del este y de los mercados del oeste, aunque la carretera a Tarija, al sur, y la ruta hacia Brasil, al sureste, permanecieron sin obstáculos.

Los bloqueos, mientras estuvieron en vigor, plantearon un dilema extremadamente difícil para Paz, lo que aumentó el descontento con su liderazgo tanto en la derecha como en la izquierda. En lugar de buscar una confrontación temprana que pudiera agravar la violencia, ha optado por esperar a que los manifestantes se retiren y alcanzar acuerdos parciales con diferentes grupos. Por ejemplo, ha derogado la ley de reforma agraria, ha accedido a aumentar los salarios de los docentes y ha hecho ciertas concesiones a los mineros, aunque estos gestos solo han apaciguado a una parte de los grupos y, podría decirse, han envalentonado a otros. Los principales grupos de protesta radicalizados, como la Central de Trabajadores de Bolivia y la Federación Tupac Katari, se han mantenido en las calles, mostrando incluso ambigüedad en su intención de negociar con el Gobierno. Paz ha llegado incluso a solicitar la ayuda del presidente brasileño de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a sus supuestos vínculos con Morales.

Vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad

Los modestos intentos iniciales de Paz de utilizar a la policía para despejar las barricadas a principios de junio han salido mal. En parte, esto se debe a que el Gobierno no se enfrenta únicamente a manifestaciones espontáneas de protesta, sino a personas armadas, tácticas militares y violencia. Por ejemplo, un intento de abrir un «corredor humanitario» para permitir la entrada en La Paz de oxígeno médico y otros suministros vitales, liderado personalmente por el ministro de Obras Públicas y estrecho colaborador de Paz, Mauricio Zamora, sufrió una emboscada y se vio obligado a retirarse. En medio de la confusión, el ministro quedó separado de la caravana y, durante un tiempo, tuvo que eludir a los opositores que intentaban capturarlo y, posiblemente, matarlo. De hecho, en un incidente ocurrido en la misma zona años atrás, otro ministro había sido emboscado y asesinado por manifestantes. Además, durante la crisis actual, una columna de la policía boliviana que intentaba abrir la carretera de Santa Cruz a Cochabamba fue emboscada por opositores que lanzaban dinamita desde posiciones elevadas cuidadosamente seleccionadas, lo que volvió a obligar a la policía a retirarse.

Con el apoyo de las fuerzas aliadas en el Congreso, Paz derogó una ley de la época del MAS que restringía los despliegues militares en «estado de sitio», pero se ha mostrado reacio a declarar dicho estado y a desplegar al ejército para retirar las barricadas. Sin embargo, su vacilación no carece de fundamento. Durante anteriores despliegues militares contra manifestantes en 2003 y 2019, murieron civiles, y los líderes militares y políticos implicados en la acción acabaron encarcelados u obligados a exiliarse en el extranjero. Ese legado se mencionó en prácticamente todas las conversaciones que el autor mantuvo sobre la intervención militar.

Más allá de la responsabilidad de los líderes militares y políticos por tales acciones, el presidente tiene motivos para temer que la situación se salga de control en un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Tanto la policía nacional como el ejército carecen del equipamiento adecuado para despliegues que les pongan en contacto con los manifestantes, como balas de goma, gas lacrimógeno y equipo de protección. Además, una parte significativa del personal, tanto del ejército como de la policía, procede de las mismas comunidades marginadas contra las que las fuerzas de seguridad podrían tener que actuar.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales. Muchos de ellos procedían del Chapare, el centro de la actual resistencia contra Paz. Hoy en día, muchos oficiales que obtuvieron su nombramiento y ascendieron en el escalafón gracias a este programa son ahora comandantes, tenientes coroneles o coroneles y ocupan importantes puestos de mando. Además, muchos militares han asistido a programas de adoctrinamiento ideológico en Cuba durante anteriores gobiernos del MAS o han participado en la «escuela antiimperialista» que el Gobierno cubano ayudó a Morales a crear en Bolivia. Así pues, aunque el personal de seguridad boliviano está compuesto por profesionales responsables, existe el riesgo de que surjan conflictos de lealtad que podrían llevar a algunos a negarse a actuar, a unirse a los manifestantes o a emprender acciones que agraven deliberadamente la situación con fines de sabotaje.

Presión sobre el Gobierno de Paz

Ante el sufrimiento cada vez mayor y las consecuencias económicas adversas, en Bolivia se ha ido acumulando —y sigue acumulándose— una creciente frustración por la falta de medidas decisivas por parte del Gobierno de Paz. Durante la estancia del autor en Santa Cruz, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceña (UJC) de la ciudad, ambos muy bien organizados, se mostraron frustrados con el Gobierno por no desmantelar los bloqueos, que causaban perjuicios económicos al departamento, y estaban a punto de desplazarse a San Julián para desmantelar el bloqueo por su cuenta. Anticipándose a la llegada de los cruceños, los líderes antigubernamentales enviaron a miles de sus seguidores al lugar, muchos de ellos, según se informa, bien armados. Solo la intervención de los líderes de la Iglesia católica y una decisión de última hora del Comité Pro-Santa Cruz —la organización dominante en el departamento que agrupa a organizaciones sociales, empresariales y comunitarias— de suspender temporalmente la acción impidieron lo que probablemente habría sido un enfrentamiento sangriento.

Muchos de los consultados para este estudio consideraban que Morales y sus partidarios buscaban deliberadamente provocar la violencia para impulsar su agenda de forzar un cambio político. La Constitución boliviana no prevé la destitución democrática de un presidente, salvo mediante un referéndum revocatorio en la segunda mitad de su mandato, que en el caso de Paz acaba de comenzar. Es posible que Morales y sus partidarios estén calculando que fomentar un nivel suficiente de violencia, parálisis política y perjuicio económico obligará a Paz a dimitir. Morales ya ha convocado, de forma inconstitucional, nuevas elecciones en un plazo de 90 días como solución a la crisis.

Según la Constitución boliviana, si Paz dimitiera, tal y como hizo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el poder pasaría al vicepresidente. Aunque muchos de los entrevistados para este análisis creen que Lara acogería con agrado la oportunidad de ser presidente, aunque solo fuera por un breve periodo, sostienen que el objetivo de Morales no es aupar a Lara a la presidencia, sino más bien forzar una secuencia de acontecimientos similar a la dimisión en 2003 del vicepresidente y presidente del Senado, lo que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, en presidente interino, pero le obligaría a convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Varias personas consultadas para este estudio argumentaron además que algunos líderes políticos de la derecha podrían estar abiertos a tal escenario porque, aunque desconfían de cualquier caos político que pudiera llevar a Morales al poder, unas nuevas elecciones anticipadas podrían brindarles la oportunidad de hacerse con la presidencia. Para que el Gobierno de Paz evite tales escenarios sin recurrir a una arriesgada represión militar, los entrevistados por el autor mencionaron dos grupos de opciones interrelacionadas: (1) cooptar a la oposición «no morista» y (2) llevar a Morales ante la justicia por narcoterrorismo, presumiblemente extraditándolo a Estados Unidos o a otro país con una solicitud de extradición válida.

Aunque podría decirse que Morales y sus aliados cocaleros del Chapare son los principales financiadores y protagonistas de los bloqueos y las protestas, otros grupos de la oposición de izquierdas y sindicatos, incluso los más radicales, tienen un interés a largo plazo en la salida de Morales. Esto se debe a que su dominio les niega el liderazgo y la influencia dentro de la izquierda boliviana. Al mismo tiempo, los supuestos vínculos de Morales con el narcotráfico manchan y ponen en peligro legalmente a sus organizaciones por asociación. Sin embargo, la cooptación probablemente requeriría que Paz ampliara su acercamiento a los grupos de la oposición para atender sus demandas económicas y políticas, e incluso para incorporarlos al Gobierno de Paz mediante cargos en el Consejo de Ministros. No obstante, tal estrategia podría resultar contraproducente, ya que requiere dinero y poder político de los que Paz quizá no disponga. Probablemente también aumentaría la reacción en contra de Paz entre sus aliados de la derecha, reduciría aún más la coherencia y la eficacia de su Gobierno, perjudicaría su ya desastroso equilibrio fiscal y desalentaría la inversión y la financiación extranjeras, que tanto se necesitan.

Opciones estratégicas y el papel de EEUU

Según algunos de los entrevistados, calificar jurídicamente a la dirección (no a los miembros) de la federación de cocaleros de Morales como organización narcoterrorista, capturar a Morales y extraditarlo a Estados Unidos podría allanar el camino para una colaboración más fructífera entre Paz y los grupos de la oposición en torno a sus reivindicaciones legítimas. Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo. Aunque el ejército boliviano cuenta con varias unidades capacitadas que podrían emplearse, entre ellas los Diablos Rojos, los Diablos Verdes y los Diablos Azules, probablemente sería necesario el apoyo de Estados Unidos en forma de una operación coordinada autorizada por Paz. Cualquier cooperación de este tipo haría imprescindible identificar y abordar los casos de corrupción u otros problemas en las unidades implicadas en la operación, así como en los niveles superiores.

Si Estados Unidos fuera a desempeñar un papel en la captura de Morales, formalizar los cargos penales contra él y otros líderes cocaleros por sus presuntas actividades de narcoterrorismo le proporcionaría más competencias y herramientas para hacerlo, así como una mayor cobertura política para que el Gobierno de Paz pueda actuar. Antes de emprender cualquier acción, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de designar a la dirección del sindicato cocalero como organización terrorista, tal y como hizo recientemente con el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, complementando así su designación previa de más de 18 entidades en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. De este modo, se reforzarían los fundamentos jurídicos y las opciones para cualquier apoyo estadounidense a las medidas contra Morales u otros líderes narcotraficantes en el marco de la pertenencia de Bolivia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles y al Escudo de las Américas.

Aunque algunos sugirieron que detener y extraditar a Morales y a otros líderes cocaleros acusados de narcoterrorismo podría resultar políticamente explosivo, la gran mayoría de los consultados para este análisis consideraba que, siempre que existiera una base jurídica sólida y unos cargos públicos claros, y que Morales no permaneciera en una cárcel boliviana, la situación en el país se calmaría. Sin embargo, tras una operación de este tipo, sería imprescindible que Paz entablara un diálogo significativo con la oposición indígena no cocalera y otros grupos que se sienten excluidos. Los entrevistados también señalaron que sería prudente que Estados Unidos complementara cualquier operación militar contra Morales con iniciativas que aportaran beneficios militares, económicos y sociales a Bolivia, en su calidad de socio comercial y de seguridad proestadounidense. Esto podría incluir inversiones facilitadas a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco de Exportación e Importación de EE. UU. en sectores como el litio, los materiales de tierras raras, el petróleo y las infraestructuras.

Como complemento al apoyo material, el papel constructivo de EE. UU. se vería reforzado por la presencia de un embajador en Bolivia confirmado por el Senado de EE. UU. Aunque Estados Unidos cuenta con un equipo diplomático altamente competente en el país, el simbolismo de un embajador confirmado con estrechos vínculos con el presidente Trump reforzaría, sin duda, la percepción de que la Casa Blanca está comprometida con el éxito y la supervivencia de un gobierno democrático y proestadounidense en Bolivia que tenga bajo control el narcoterrorismo y otras dinámicas delictivas.

Para Bolivia, Estados Unidos y la región, los riesgos de fracaso son considerables. La mayoría de los consultados para este estudio consideraban que Paz probablemente sobreviviría a la crisis actual, con o sin la ayuda de Estados Unidos, aunque podría quedar muy debilitado. La remisión de la crisis a finales de junio de 2026 pareció confirmar la veracidad de ese análisis. Sin embargo, los consultados se mostraron menos optimistas respecto a que Paz logre sobrevivir al año si no aborda el desafío fundamental que plantea Morales y las vulnerabilidades políticas en sus relaciones tanto con la derecha como con la izquierda, además de demostrar avances en cuestiones económicas clave y de otro tipo mediante un liderazgo decisivo y la comunicación adecuada.

El Gobierno proestadounidense de Paz forma parte de la iniciativa «Escudo de las Américas» del presidente Trump. Su caída y el regreso de Morales al poder supondrían, por tanto, un importante revés simbólico para la agenda del presidente Trump. El impacto de ese revés sería aún mayor, ya que Morales es un cocalero con vínculos bien establecidos con Cuba, Irán, China y Rusia. Su reinstauración supondría una derrota simbólica para los esfuerzos de la actual Administración estadounidense por contrarrestar la subversión regional de Cuba y su gobierno comunista, así como por reducir la influencia maligna de Irán, China, Rusia y otros países en la región.

La caída de Paz y el triunfo de Morales en Bolivia probablemente también tendrían repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Las redes criminales vinculadas a las exportaciones de cocaína boliviana ya se extienden por el oeste de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, entre otras cosas a través de vuelos de narcotraficantes y la presencia de representantes de la delincuencia de esos países. Un ejemplo evidente es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente, que vivía en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz. Una Bolivia que pase de ser un escenario conflictivo de actividades de narcotráfico a convertirse en un auténtico «narcoestado» y refugio de grupos criminales socavaría la gobernanza democrática, la prosperidad y la influencia de EEUU en la región, y abriría el país a una mayor influencia de China y otros actores malignos, como ya ha ocurrido en el pasado.

La buena noticia es que Bolivia cuenta con un presidente y unos dirigentes que conocen bien a Estados Unidos gracias a su experiencia profesional y diplomática previa, y que están dispuestos a colaborar con este país. El apoyo de Estados Unidos para ayudar al régimen de Paz a sobrevivir y prosperar proporcionaría un importante argumento que complementaría los aspectos positivos de lo que Estados Unidos ha logrado en Venezuela y de lo que ha comenzado a construir con su «Escudo de las Américas» y otras iniciativas. Para la Administración Trump, se trata de una oportunidad crucial para mostrar a otros países de la región y más allá la propuesta de valor que supone colaborar con Estados Unidos.

Una versión en inglés del artículo fue publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)

La situación económica y social de las mujeres en el departamento de La Paz, El Salvador, muestra desigualdades que afectan su bienestar y el de sus familias. Según datos del Observatorio Seguridad Humana de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), publicados en el boletín de abril a junio de 2026, persisten desafíos estructurales, como la brecha en el acceso al empleo y a servicios básicos.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, citado por ORMUSA, la población en edad de trabajar radicada en La Paz asciende a 174,374 personas. De este total, los hombres representan el 57.2% (99,778 personas) y las mujeres el 42.8% (74,596 personas).

La diferencia en la participación laboral es notoria: por cada 100 mujeres activas en el mercado laboral o en búsqueda de empleo, existen aproximadamente 134 hombres en la misma condición. Esta brecha evidencia una mayor inserción masculina y revela desigualdades estructurales que dificultan el acceso equitativo de las mujeres al empleo.

La tasa de participación específica por sexo refuerza esta desigualdad: solo 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en actividades económicas o buscan empleo, mientras que en el caso de los hombres la proporción asciende a 8 de cada 10. Esta diferencia se atribuye, en parte, a la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, que recae de manera significativa sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de autonomía económica y desarrollo profesional.

Condiciones laborales y precarización

El Censo de Población y Vivienda 2024 indica que, en La Paz, 54,288 mujeres se encuentran ocupadas, de las cuales 16,368 trabajan por cuenta propia. Esto muestra una importante participación femenina en actividades productivas y de generación de ingresos, aunque muchas lo hacen bajo condiciones precarias o informales. La carencia de ingresos y la escasez de empleos de calidad agravan la vulnerabilidad de las mujeres y de sus hogares, quienes deben enfrentar múltiples desafíos para cubrir necesidades básicas.

Las dificultades económicas se ven agravadas por brechas en el acceso a servicios esenciales. En La Paz, 32,800 hogares no cuentan con servicio de agua potable por cañería, 2,831 viviendas carecen de electricidad y 57,541 hogares no disponen de servicio público de recolección de basura. Estas carencias incrementan la carga de trabajo doméstico y de cuidado, que continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.

La falta de servicios básicos no solo afecta la calidad de vida, sino que también perpetúa las desigualdades en el bienestar y desarrollo de las familias.

Factores asociados y consecuencias

Entre los factores que acentúan la desigualdad destacan la limitada disponibilidad de empleos, las restricciones en el acceso a formación y oportunidades laborales, y la persistente distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico. Estas condiciones dificultan la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, impactando directamente en su autonomía económica y en las condiciones de vida personal y familiar.

La organización advierte que estas brechas reflejan desigualdades estructurales de género que requieren respuestas integrales para garantizar condiciones de vida dignas y promover el desarrollo equitativo. La organización destaca la necesidad de fortalecer políticas públicas que amplíen el acceso a servicios esenciales, fomenten la generación de empleo digno para las mujeres y promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

El estado de excepción, declarado por el presidente Rodrigo Paz, en Bolivia quedó plenamente vigente en la madrugada de este domingo tras una votación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de casi 50 días de bloqueos que afectaron a amplios sectores del país.

La aprobación del Decreto Supremo 5636 fue el desenlace de una sesión marcada por tensiones y divisiones internas, en la que varios legisladores expresaron reparos sobre el procedimiento y el impacto de la medida.

A lo largo de la noche, la llegada de parlamentarios provenientes de distintos departamentos fue modificando el quórum inicial. El desarrollo de la sesión estuvo atravesado por cuestionamientos tanto al horario de la convocatoria (23:00 horas del sábado) como al modo de conducir el debate, reclamos especialmente dirigidos a Edmand Lara, vicepresidente y presidente de la Asamblea.

Según recogió El Deber, Lara defendió su accionar al afirmar: “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”. El vicepresidente de Bolivia se mostró en varias ocasiones en discrepancia con la conducción política de Paz y se definió meses atrás como un opositor “constructivo”.

Lara defendió su papel en la convocatoria: recordó que la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción lo obligaba a reunir a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial, y remarcó que, como presidente, no participaba en la votación.

La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Supremo en las primeras horas del domingo, lo que confirmó la instauración del estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, busca responder a la crisis generada por los bloqueos que provocaron desabastecimiento, restringieron la movilidad de la población durante casi dos meses y provocaron la muerte de personas por falta de suministros en hospitales.

El debate, que al inicio se centró en la legalidad del procedimiento, viró rápidamente hacia las consecuencias prácticas de los bloqueos. La correlación de fuerzas se definió pasada la una de la madrugada, cuando la bancada de Libre comunicó su apoyo unánime al decreto. Poco después, APB Súmate sumó su respaldo, consolidando una mayoría parlamentaria a favor del estado de excepción. El clima de la sesión cambió definitivamente cuando Lara abandonó la conducción del debate, en un gesto que marcó uno de los episodios más comentados del día.

A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión y, minutos después, se concretó la votación definitiva. La resolución ratificó la validez de las medidas dictadas por el Ejecutivo y extendió la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

La sesión culminó con un minuto de silencio en recuerdo de las más de 20 personas fallecidas durante las semanas de crisis. El gesto simbolizó el cierre de una jornada que comenzó bajo la sombra de disputas reglamentarias y terminó con la sanción de medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas y restablecer la normalidad en el país.

Luego de la declaración del estado de excepción en Bolivia a primera hora del sábado por parte del presidente Paz, policías y militares retiraron los bloqueos en carreteras del oeste y centro de Bolivia tras semanas de protestas que paralizaron la circulación y generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades.

El operativo permitió reabrir rutas clave como los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas instaladas desde el 6 de mayo. El decreto prohíbe nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos, pero no contempla la suspensión de derechos constitucionales. La medida tendrá una vigencia de 90 días.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales y opositores al Gobierno que provocaron 16 muertes, de las cuales 13 fueron por falta de atención médica oportuna.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz en un discurso televisado.

La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

En su mensaje televisado, Paz informó que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El mandatario justificó que, al inicio de las protestas, priorizó el diálogo antes que la confrontación, con el objetivo de distinguir a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que, según sus palabras, intentaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

Paz caracterizó la situación actual como “una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El presidente reiteró la acusación de que existen “estructuras políticas organizadas” operando desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, territorio identificado como bastión sindical y político de Evo Morales. El jefe de Estado lamentó que este “intento de desestabilización haya causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “pérdidas económicas incalculables”.

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, comunicó el mandatario a través de su perfil en X.

Paz aseguró que el objetivo de la medida no es “quitar la normalidad, sino devolverla”, argumentando que Bolivia necesita “recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”. Añadió además que “las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.

La Presidencia boliviana aclaró que la medida no implica la suspensión de derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para la protección de rutas estratégicas, infraestructura esencial y el abastecimiento en el país.(Con información de EFE)

Según el relevamiento oficial, el viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

El acuerdo entre el presidente de Bolivia, y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, fue suscrito el viernes por la noche en la casa de Gobierno de La Paz tras una reunión privada con líderes sindicales y cinco ministros.

“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al concluir el encuentro, en declaraciones recogidas por medios presentes.

El documento prevé plazos de 90 días para la implementación de los compromisos oficiales y la creación de mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos acordados se destaca la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, uno de los reclamos centrales de la COB para iniciar el diálogo.

Pese al avance logrado con el sector sindical, la situación en La Paz y otras regiones se mantiene tensa. La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones afines a Evo Morales anunciaron que continuarán con los bloqueos iniciados el 6 de mayo y rechazaron la posibilidad de acercamiento con el Gobierno. Estos sectores persisten en la exigencia de renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

La dirigencia de la federación Túpac Katari expresó su sorpresa y rechazo ante la firma del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional, calificando el hecho como "una traición" al pacto suscrito en mayo, al inicio de los bloqueos de caminos.

“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, declaró Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb.

Durante la firma del acuerdo, Paz remarcó la necesidad de promover una “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció que su administración enfrenta desafíos y admitió que existen aspectos que “mejorar”.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para “pacificar” el país tras siete semanas de conflicto social, aunque los sindicatos campesinos y los sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos de rutas y exigen la renuncia del mandatario. Según lo informado tras la reunión, el pacto establece el levantamiento inmediato de medidas de presión a cambio de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

El documento fue suscrito en la casa de Gobierno de La Paz por el mandatario nacional y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, luego de un encuentro privado entre líderes sindicales y cinco ministros. “A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al salir de la reunión, en una cita recogida por los medios presentes.

El acuerdo contempla plazos definidos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos oficiales. Para ello, se conformaron mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos pactados figura la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, una de las principales demandas de la COB para sentarse a dialogar.

La situación sigue tensionada en La Paz y otras regiones, donde la Federación Departamental de Campesinos y agrupaciones afines a Morales aseguran que mantendrán los bloqueos iniciados el 6 de mayo y descartan cualquier acercamiento con el Gobierno. Estos sectores insisten en la renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

Durante el acto de firma, Paz mencionó la necesidad de “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció ante los presentes que su administración enfrenta desafíos y tiene aspectos que “mejorar”.

Cabe mencionar que las protestas, liderada por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz desde principios de mayo, provocó al menos 16 muertes, de las cuales 13 fallecieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas se estiman en 3.000 millones de dólares, y se han reportado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades.

“Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes (los sindicatos campesinos), acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”, expresó Argollo al responder a las críticas de líderes campesinos, quienes lo acusaron de traición por sentarse a negociar con el Gobierno. El dirigente justificó el acuerdo al afirmar que buscó evitar un “derramamiento de sangre” y la eventual declaración de un estado de excepción, reclamada por sectores afectados por los cortes de rutas.

Por el momento, el acercamiento entre el Ejecutivo y la COB no ha logrado poner fin total a los bloqueos, que persisten por parte de los campesinos y los sectores que respaldan a Evo Morales.

Los cortes de ruta en Bolivia superaron el centenar durante el pico del conflicto y actualmente se redujeron a la mitad, aunque desde el Gobierno existe la expectativa de que la cantidad siga descendiendo en las próximas horas. No obstante, las organizaciones indígenas y campesinas del sindicato Túpac Katari en los Andes bolivianos, así como los cocaleros del Chapare, bastión de Evo Morales, mantienen la presión y continúan con las medidas de protesta.

El sindicato Túpac Katari y las organizaciones cocaleras del Chapare consideran que el diálogo con el Ejecutivo no representa sus intereses y anunciaron que seguirán bloqueando las rutas estratégicas hasta obtener respuestas a sus demandas. El Gobierno, por su parte, reiteró que mantiene abierto el canal de diálogo con las organizaciones que aún no se sumaron al acuerdo y confía en que la cantidad de bloqueos se reduzca completamente en las próximas jornadas.

El dirigente minero Mario Argollo mantiene una influencia destacada en Oruro, donde este viernes se registraron 11 puntos de bloqueo. Conforme a la instrucción emitida por Argollo, se espera el levantamiento de todas las medidas de presión en ese departamento. El propio titular de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su expectativa de que el número de bloqueos disminuya en las próximas horas.

Entre los lugares afectados por las protestas en Oruro figuran el Cruce Caihuasi, Tukiña, Confital, Cruce Patacamaya, Curahuara de Carangas, puente Desaguadero, puente río Colorado, Cosapa, Bombeo, cruce Machacamarquita y Colquiri.

Según el relevamiento oficial, este viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

(Con información de EFE)

En una plaza del altiplano de Bolivia, una piedra impacta en un estrado: cientos de campesinos aimaras de poncho rojo pierden la paciencia y exigen a sus líderes endurecer las protestas que buscan la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

“¡Que renuncie, carajo!“, clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz.

“Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (...). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz”, dice a la AFP Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura.

Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.

En la provincia de Ingavi, donde se ubica el poblado, se registran algunas de las tomas de vías más críticas, que impiden el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades del país de 11 millones de habitantes.

“Vamos a radicalizar los puntos de bloqueo. ¡No entra ni sale un producto! Nosotros hacemos comer a la ciudad", dice un dirigente en el escenario, ahora celebrado por los agricultores.

Aunque los campesinos organizan la mayoría de los cortes de ruta, obreros, mineros, transportistas y maestros también se han sumado a protestas callejeras para rechazar el giro neoliberal de Rodrigo Paz, que en noviembre puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

También reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

- “Siempre hemos luchado” -

El cabildo, como llaman a la reunión al aire libre, es resguardado por decenas de indígenas con las mejillas abultadas por las hojas de coca que mascan. Cargan sus látigos en bandolera y sus sombreros llevan papeles que dicen “Policía sindical”.

Este cabildo es solo uno de los 20 que se tienen que hacer por cada provincia de La Paz, antes de que el sindicato departamental tome una decisión final sobre el rumbo de la protesta.

Pero la tendencia por ahora es firme: piden intensificar los bloqueos y no aceptar los llamados al diálogo de Rodrigo Paz.

“El gobierno está buscando cansarnos. Ha habido una respuesta (a las demandas de los campesinos), pero son puras promesas en las que la gente no cree”, dice a la AFP Vicente Salazar, el máximo directivo de todos los campesinos indígenas de La Paz.

“El pueblo se ha levantado y ha pedido, en ultimátum, la renuncia del presidente”, agrega.

Aunque en las últimas dos semanas los puntos de bloqueo cayeron de un centenar a unos 50 en todo el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, la escasez persiste en las ciudades.

En La Paz, sede del gobierno, y en El Alto, muchos alimentos duplicaron sus precios, el oxígeno escasea en los hospitales y los conductores duermen en sus vehículos a la espera de cargar combustible.

En las pistas de Ingavi, hasta la frontera con Perú, los campesinos permanecen desde hace semanas en campamentos.

La gestión de Paz denuncia que quienes piden su renuncia son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, cargo que él rechaza.

“Como indígenas, mujeres de pollera, somos perseguidos por el gobierno (...). Nos dijeron vándalos, terroristas”, reclama Marlen Quiroga, abogada y dirigente campesina de 43 años que viste una pollera verde, la falda tradicional andina.

“No somos evistas (partidarios de Evo Morales, ndlr), somos indígenas. Desde nuestros ancestros, siempre hemos luchado”, dice Quiroga.

AFP

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno de Bolivia una agenda de ocho puntos que exige la no judicialización de la protesta y busca “pacificar” el país tras un mes y medio de movilizaciones y bloqueos de rutas en distintos departamentos, afectando principalmente a la capital La Paz.

El planteo, dirigido al presidente Rodrigo Paz, solicita que sus demandas sean respondidas “de manera inmediata”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó junto a otros dirigentes que “se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”.

El documento remitido a Paz incluye demandas vinculadas a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, y reclama que se respete el “derecho a la movilización” sin sanciones para los impulsores de las protestas.

La agenda presentada por la COB también pide el cumplimiento de compromisos electorales, la protección de la soberanía económica, defensa de empresas públicas para evitar privatizaciones, transparencia en casos de presunta corrupción y narcotráfico, y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Además, exige que toda medida macroeconómica sea consultada de forma “obligatoria”, así como la protección “del bolsillo popular”, soluciones a las demandas salariales de los sindicatos y la defensa de las áreas protegidas y del “principio pacifista” del país.

Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificar las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz”.

A estas protestas se sumaron sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. El líder sindical afirmó que la COB no mantiene vínculos con Morales, quien convocó a sus seguidores a mantener los bloqueos hasta que el presidente dimita y descartó la posibilidad de diálogo.

Tras los puntos presentados por la COB, el Gobierno de Bolivia invitó a la central sindical a una mesa de diálogo este miércoles, para abordar las demandas presentadas por el sindicato con el objetivo de “pacificar” el país, luego de seis semanas de protestas. El encuentro se realizará a las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno de La Paz.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones” ante la crisis social.

Paz recordó anteriormente que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que promulgó la semana pasada lo habilitan a intervenir frente a los conflictos. “El diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, declaró el mandatario, al referirse a la reducción de cortes de ruta en los últimos días. El jefe de Estado reiteró su disposición al diálogo con sectores que planteen “reivindicaciones justas” y aseguró que aplicará la ley contra quienes adopten “una actitud política”.

La aplicación del estado de excepción requiere la emisión de un decreto presidencial y su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

(Con información de EFE)

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Una caravana humanitaria salió este lunes desde La Paz, Bolivia, con destino a la carretera internacional que conecta con Chile, para entregar alimentos, medicamentos y otros insumos a cientos de transportistas retenidos desde hace más de un mes en los puntos de bloqueo. La iniciativa es impulsada por la Defensoría del Pueblo, junto con la Cruz Roja y Cáritas Bolivia.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a quienes mantienen las medidas de presión que permitan el paso de la misión humanitaria. “A los movilizados (les pedimos) ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas que se encuentran en este momento varados en carretera”, afirmó citado por medios locales.

Callisaya indicó que se hicieron los “contactos necesarios” para concretar el paso de la caravana y dijo que espera que “no haya ningún contratiempo”. Según la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, solo entre La Paz y Curahuara de Carangas, una localidad distante a 268 kilómetros de la sede de Gobierno y cerca de la frontera con Chile, hay entre 800 y 1.000 camioneros afectados por los cortes de ruta.

La Cruz Roja informó que la caravana transporta alimentos y otros insumos para asistir inicialmente a unos 600 camioneros. Por su parte, Elizabeth Zabala, representante de Cáritas Bolivia, advirtió que muchos conductores “están pasando hambre, frío y tienen necesidades de salud”, además de que existen personas enfermas entre los afectados.

Según los medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió en los bloqueos luego de permanecer más de un mes varado en una carretera de La Paz y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Bolivia atraviesa desde hace casi seis semanas un bloqueo de caminos que ha paralizado el tránsito terrestre en gran parte del territorio. La medida, impulsada por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados, busca la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los cortes de carretera, concentrados principalmente en la región del altiplano y en el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible, además de escasez de medicamentos y otros insumos básicos, con mayor intensidad en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso están cortadas.

Mientras crecen los reclamos para que el Gobierno intervenga en los piquetes con la fuerza del Estado para restablecer el orden y el libre tránsito, la administración de Paz ha llamado a los sectores, cuyas demandas consideran “legítimas”, a una mesa de diálogo. Sin embargo, a más de 40 días de piquetes no hay acercamientos públicos ni un acuerdo que suponga la suspensión de las protestas.

La semana pasada, dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari —una de las impulsoras de los bloqueos— admitieron que estaban cansados y que algunos dirigentes habían planteado descartar el pedido de renuncia y dialogar con el Gobierno. En ese sentido, pidieron al Ejecutivo una agenda de trabajo sobre la cual se realicen las negociaciones.

En paralelo, la Central Obrera Boliviana aplazó sin fecha definida un encuentro nacional en el que se discutirá sobre la continuidad de las protestas. Según los medios locales, al menos cinco centrales regionales han pedido suspender los bloqueos.

Luego de estos anuncios, los piquetes se redujeron significativamente en comparación con la semana anterior —pasaron de más de 80 a 50 este martes—, pero mantienen interrumpido el tránsito en el eje central del país, lo que supone pérdidas millonarias para sectores estratégicos y una agudización del desabastecimiento.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

Los bloqueos de carreteras continúan pasando factura al sector exportador privado boliviano. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), las pérdidas acumuladas llegaron a 978 millones de dólares hasta el 11 de junio.

El reporte muestra que el impacto económico se agravó durante junio, cuando las pérdidas crecieron un 36% respecto al registro anterior. Sin embargo, más allá de la variación porcentual, el dato que preocupa al sector es que el daño económico está cerca de alcanzar los 1.000 millones de dólares en apenas los primeros meses del año.

El departamento productivo de Santa Cruz, al este del país, concentra la mayor afectación, con pérdidas estimadas en 385,7 millones de dólares, equivalentes a cerca del 40% del total nacional. También se registran perjuicios por encima de los 20 millones de dólares en los departamentos de Oruro, con 89,8 millones de dólares y Cochabamba, con 28,6 millones de dólares.

“Las cifras hablan por sí solas. Los bloqueos están generando pérdidas económicas en todas las ciudades del país, afectando la actividad productiva, el abastecimiento y el empleo”, señaló la Caneb en la publicación en la que detalla los montos perdidos.

La magnitud de las pérdidas muestra una escalada sostenida. A finales de mayo, el mismo sector había reportado daños por alrededor de 718 millones de dólares, por lo que en poco más de dos semanas el perjuicio económico aumentó en aproximadamente 260 millones.

Varios sectores económicos han advertido que los bloqueos afectan de forma directa la logística de transporte, interrumpen la producción y provocan el cumplimiento de contratos internacionales.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Infobae que las pérdidas totales son incalculables porque hay afectaciones de tres tipos. “La primera, mensurable, destacando el caso de la caída de las ventas externas (…) la segunda afectación tiene que ver con el deterioro de la imagen del país en el exterior, que no tiene precio; y lo tercero son los castigos que deben asumir los agentes económicos por incumplimientos en las entregas, pagos de fletes falsos y sobreestadías, demurrage con las navieras, pérdidas de contratos, clientes y mercados”, señaló.

Este lunes se cumplen 40 días consecutivos de bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos campesinos del altiplano, obreros sindicalizados y cocaleros del Chapare afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Las movilizaciones han cortado el tránsito en prácticamente todo el país y han afectado con mayor severidad a La Paz, la sede de Gobierno situada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, que por el cierre de las vías de acceso padece escasez de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos.

Si bien el eje central permanece intransitable con 52 piquetes en todo el país este lunes, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando los bloqueos superaban los 80 puntos simultáneos. El presidente Paz ha manifestado que esta reducción se debe a procesos de diálogo que no se han hecho públicos, mientras que algunas organizaciones sociales lo atribuyen al cansancio de sus afiliados.

Para Rodríguez, gerente del IBCE, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo y provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas y tentativa de homicidio contra una víctima más, hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el ahora detenido habría participado junto con otros tres individuos en un ataque armado perpetrado en contra de varias personas que se encontraban reunidas en la zona. Presuntamente, los agresores accionaron armas de fuego contra las víctimas, provocando la muerte de tres hombres y lesiones a una cuarta persona.

Buscan control territorial

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que esta agresión estaría relacionada con una disputa por el control territorial entre grupos antagónicos dedicados a la comercialización y distribución de narcóticos en la región.

Como parte de la mecánica de los hechos, las autoridades establecieron que, antes de abandonar el lugar, los probables responsables dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio en el que hacían referencia al “Lic. Vallarta” y a una estructura criminal presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el análisis de pruebas y trabajos de inteligencia, agentes del Ministerio Público lograron identificar a los probables responsables y solicitaron ante un juez la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y trasladaron a Fernando “N” al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM precisó que, en caso de ser encontrado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio, así como una sentencia adicional de hasta 46 años por tentativa de homicidio.

Detención de otros presuntos integrantes

No obstante, las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

La Fiscalía estatal también reveló que, derivado de diversas acciones de investigación, hasta el momento han sido detenidos ocho presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada “Los Vallarta”, quienes son investigados por distintos delitos de alto impacto.

Entre los detenidos figura Fernando “N”, alias “El Lic. Vallarta”, identificado por las autoridades como probable líder de esta organización delictiva. Los implicados se encuentran actualmente en diferentes etapas procesales.

De acuerdo con las líneas de investigación, esta agrupación criminal estaría vinculada con actividades ilícitas como homicidios, venta y distribución de narcóticos, principalmente en los municipios de Ecatepec y La Paz.

Las autoridades mexiquenses mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con esta organización y determinar la participación de más personas en la estructura criminal.

El Ministerio de Sanidad de Bolivia logró transportar seis toneladas de oxígeno medicinal líquido mediante un puente aéreo durante la madrugada del viernes para abastecer hospitales de La Paz y El Alto, ciudades sitiadas por bloqueos de carreteras que ya acumulan 38 días y se extienden por seis de las nueve regiones del país.

La ministra de Sanidad, Marcela Flores Zambrana, señaló en un comunicado que el volumen trasladado “permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días”. La funcionaria describió el oxígeno medicinal líquido como “un insumo estratégico e irremplazable” para unidades de terapia intensiva, emergencias, quirófanos, neonatología y medicina interna.

Las protestas, promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica. Las pérdidas económicas se estiman en USD 2.500 millones.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó este viernes 92 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba con 30 cortes, seguido de La Paz con 22, Oruro con 16 y Potosí con 14. Los cierres en el oeste del país afectan las rutas que conectan con las fronteras de Chile y Perú.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas lograron ingresar a El Alto y La Paz con gasolina y diésel por rutas alternas. En el centro de La Paz se registró este viernes una mayor presencia de transporte público respecto a jornadas anteriores, aunque las filas en estaciones de combustible se mantenían, según constató EFE.

Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales de mejoras en las condiciones de vida, en el contexto de una prolongada crisis social y económica, pero con el paso de los días derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido su participación en las protestas debido al impacto económico sufrido por sus propias comunidades.

Revilla expresó confianza en que las movilizaciones cederán incluso sin que se concrete un diálogo formal entre los manifestantes y el Gobierno. El Ministerio de Sanidad indicó que continuará supervisando la situación para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos críticos y asegurar “el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.

El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.

En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.

Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.

Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.

La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.

Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.

El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.

Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.

En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.

A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.

Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia advirtió con rechazar o revocar visas a quienes participen en manifestaciones violentas en el marco de los conflictos sociales que atraviesa el país con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

“Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos”, informó la legación diplomática en una publicación compartida en su cuenta oficial de X bajo el rótulo: “No arriesgues tu visa”

El mensaje incluye imágenes de protestas que se habrían registrado durante las últimas semanas en el país, en las que se observa a grupos de personas portando objetos contundentes y armas.

La publicación se da cuando Bolivia lleva más de 40 días consecutivos de protestas sociales con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario. La medida de presión la impulsa un grupo heterogéneo de organizaciones campesinas, cocaleras y de trabajadores obreros que acusan al presidente por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos tienen como epicentro los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba, y han provocado el desabastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, además del encarecimiento de productos básicos por los cortes en las vías de acceso a la ciudad e interrupciones en servicios como el transporte público y el recojo de basura.

En lo que va del conflicto se han reportado al menos diez fallecimientos en el contexto de los conflictos sociales, de los cuales siete serían por falta de atención médica oportuna debido a los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos policiales.

En este tiempo, el Departamento de Estado de EEUU manifestó reiteradamente su apoyo al presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses y rápidamente impulsó el acercamiento entre los dos países que no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 2008.

Paz participó en el encuentro del Escudo de las Américas —la alianza regional encabezada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado—, anunció el retorno de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y suspendió acuerdos de cooperación con Irán, lo que marcó un giro radical en la política exterior de su país.

El último pronunciamiento estadounidense en favor de su nuevo aliado lo emitió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien manifestó su rechazo a las movilizaciones que buscan acortar el mandato de Paz. A través de la red social X, Hegseth manifestó: “El Departamento de Defensa y la Coalición Americana contra los Cárteles rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia”.

Hegseth también señaló la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región”, aseguró que Estados Unidos “está atento” a la situación social y que Washington seguirá apoyando a sus socios con el objetivo de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” que buscan “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

Este miércoles, la embajada norteamericana también informó el inicio de funciones de Erik Martini como jefe de misión en La Paz, en reemplazo de Debra Hevia, que desempeñó el cargo durante tres años.

Martini llega al país con una trayectoria de varios años en la región. Antes fue cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Ecuador y director para Asuntos Venezolanos en la Oficina del Hemisferio Occidental para Asuntos Andinos.

En esta jornada, una marcha masiva en La Paz reactivó las protestas que continúan desde hace más de un mes en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Sindicatos obreros y campesinos, junto a organizaciones indígenas quechuas de Potosí y grupos de Cochabamba, integraron la movilización, que sumó el apoyo de sectores afines al expresidente Evo Morales.

En ese contexto, la policía detuvo durante algunas horas a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental de los Campesinos “Túpac Katari”, que protagonizó estas manifestaciones durante estos 40 días. La captura se produjo cuando una multitud de campesinos y otros sectores marchaba hacia el centro de la ciudad, según registraron medios locales.

“El pueblo ya ha decidido, hermanos. Ese es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, había dicho el líder antes de su arresto.

Los organizadores sostuvieron que el Ejecutivo ignoró demandas salariales, no garantizó la calidad de la gasolina y denunció la detención de dirigentes como uno de los principales motivos de la protesta. La convocatoria volvió a instalar el conflicto en el centro político del país tras semanas de bloqueos y escasez.

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad reforzaron los accesos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno. Policías antimotines dispersaron a los huelguistas con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a la plaza de armas. El gobierno desplegó un operativo para impedir el ingreso de los manifestantes a zonas estratégicas.

En este escenario, el expresidente Evo Morales confirmó la detención de Vicente Salazar y expresó su respaldo público al líder sindical, asegurando ante sus seguidores que cuenta con el apoyo de miles de personas. Además, respondió a declaraciones recientes del alcalde de La Paz y lanzó una advertencia pública.

“El hermano alcalde hace un momento decía ‘Evo tiene los días contados’,vamos a ver quién tiene los días contados", declaró.

Las protestas cumplieron 40 días desde su inicio y los cortes de ruta afectaron especialmente a La Paz y El Alto, donde se registraron escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos de primera necesidad. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 10 fallecidos desde inicios de mayo hasta el 2 de junio.

Los bloqueos alcanzaron seis de las nueve regiones del país. Aunque el número de puntos bloqueados bajó de 95 a 85, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), el impacto económico se sintió de forma generalizada. Las pérdidas por los bloqueos y protestas superaron USD 2.000 millones, según estimaciones de sectores productivos.

Los principales sindicatos rechazaron los llamados al diálogo y exigieron el cese de las detenciones de sus dirigentes. También denunciaron que el Ejecutivo buscó negociar con representantes no reconocidos por las bases movilizadas.

La situación política se tensó cuando el presidente Rodrigo Paz, con siete meses en el cargo, denunció que las protestas estuvieron impulsadas por “narcoterroristas”. El mandatario promulgó una ley que le permitió declarar estado de excepción, una medida que restringiría las libertades de reunión y movimiento y autorizaría la intervención de las fuerzas armadas para disolver los bloqueos de carreteras.

La posibilidad de aplicar esa medida provocó un rechazo inmediato de los sindicatos, que advirtieron sobre el riesgo de una mayor confrontación social. En paralelo, el presidente firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Elieser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.

Las protestas reflejaron el descontento de sectores de la sociedad boliviana tras el fin de dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce. Muchos manifestantes denunciaron que la gestión de Paz no logró revertir la crisis económica más severa de los últimos 40 años.

En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de carnes y vegetales se duplicaron, mientras combustibles y medicinas escasearon. Además, en la jornada de tensión de ayer, conductores pasaron noches en fila en estaciones de servicio a la espera de un suministro de gasolina limitado.

(Con información de AFP y EFE)

Dos cabildos simultáneos celebrados en las ciudades de La Paz y Sucre coincidieron en exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz dictar estado de excepción en Bolivia para enfrentar la crisis generada por los bloqueos que tienen paralizado el país desde hace más de un mes.

En La Paz, una concentración reunió a ciudadanos que se declaran afectados por las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas. Los participantes aprobaron una serie de resoluciones entre las que destacan, además de la solicitud del uso de la fuerza para levantar los piquetes, el pedido de renuncia de los dirigentes sociales que impulsan las protestas y la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019), que enfrenta una orden de captura por una investigación de trata de personas agravada y a quien el Gobierno responsabiliza por las protestas.

En paralelo, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, otro cabildo impulsado por organizaciones cívicas aprobó resoluciones similares. Los asistentes exigieron el desbloqueo inmediato de las carreteras, la restitución de la libre circulación y la adopción de todas las medidas legales disponibles para restablecer el tránsito.

Cuando se cumplen 35 días de bloqueos, la población está cansada por el costo social que implican: desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible. En La Paz, lugar donde confluyen las protestas y ha sido escenario de enfrentamientos violentos, la afectación es aún mayor: interrupciones en el servicio de transporte público, de recojo de la basura y de algunos servicios médicos por la falta de oxígeno medicinal debido al cerco.

A este escenario se suman las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte, la industria o el turismo. Aunque las cifras varían según las fuentes, la estimación de la pérdida económica ronda los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo solo debe emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional una solución definitiva, son 39 días que estamos en bloqueos en el país; por lo tanto, el departamento le está exigiendo dar soluciones de manera definitiva”, indicó el presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Cliver Pérez, en el cabildo de Sucre. Agregó que “si esto se puede lograr a través del diálogo, que así se realice”, pero “que si es necesario un Estado de excepción, la población le da su respaldo”.

La respuesta del Gobierno ha sido ambigua al respecto. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializa.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

La tensión sube en Bolivia tras el anuncio de una masiva marcha hacia el centro de La Paz este miércoles. A la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari se sumaron campesinos de Potosí, Cochabamba y Oruro que llegaron en la víspera a la ciudad de El Alto, ubicada a seis kilómetros del centro paceño, para participar en la movilización.

Los medios locales reportan que las federaciones de juntas vecinales de El Alto y La Paz, representantes de las 20 provincias del departamento, además de integrantes del transporte y otras organizaciones sociales, también confirmaron su participación.

La marcha se produce cuando el país lleva más de 40 días de manifestaciones con el objetivo de provocar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de incurrir en contradicciones con sus propuestas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

A pocas horas del inicio de la marcha, la Policía reforzó la seguridad de la Plaza Murillo, sede del poder Ejecutivo y Legislativo, y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se tiene una “estrategia de contención” para evitar disturbios.

“De parte del Gobierno, no penalizamos, no criminalizamos las movilizaciones sociales, o el derecho a la protesta que pueden tener diferentes sectores”, afirmó en conferencia de prensa este martes. “Lo que no permitimos es que haya actos vandálicos, delictivos, de gente que está siendo llevada a La Paz desde otros sectores”, añadió.

Desde que iniciaron los conflictos sociales, La Paz ha sido escenario de varias jornadas de tensión y enfrentamientos. La más violenta fue el 18 de mayo cuando confluyeron marchas de mineros, campesinos y cocaleros que intentaron llegar a la Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos durante varias horas con la Policía. Ese día se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y agresiones a civiles.

Los conflictos también se producen fuera de las urbes a través de bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país desde hace 35 días. Lo que inició con piquetes dispersos en La Paz se extendió a seis de los nueve departamentos y este miércoles se registran 80 puntos de bloqueo.

La situación se ha tornado insostenible para sectores estratégicos como el turismo, la industria o el transporte, pero también para la población, particularmente de La Paz, que enfrenta escasez de alimentos, el encarecimiento de los productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible.

La estrategia de la administración de Rodrigo Paz ha fracasado hasta ahora: mientras abogan por un diálogo que nunca se concreta, las manifestaciones se masifican y los costos sociales y económicos se profundizan.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En medio de este escenario, el martes se realizaron cabildos en las ciudades de La Paz y Sucre para exigir que el Gobierno dicte un estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada una ley que regula la medida y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército.

Acorralado por todos los flancos, las respuestas del entorno del presidente han sido ambiguas. Consultado sobre un posible estado de excepción, el ministro Oviedo señaló el martes que la medida “será tratada cuando corresponda”.

Centenares de manifestantes se congregaron el martes en el centro de La Paz para pedir al Gobierno boliviano medidas urgentes que pongan fin a los bloqueos y cortes de ruta que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que provocaron desabastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones del país andino.

Integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros sectores, se reunieron en la histórica plaza San Francisco en el centro de la capital para celebrar una asamblea ciudadana. El objetivo fue aprobar resoluciones que serían presentadas al Gobierno en demanda de soluciones a la crisis.

Tanto artesanos y comerciantes como personas de sectores gremiales portaron pancartas en contra de las protestas lideradas por sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. “Trabajo sí. Bloqueo, no”, fue el lema durante la movilización en la plaza central de La Paz, ciudad que, junto a su vecina El Alto, figura entre las más afectadas.

El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo precedido por intervenciones de distintos oradores que rechazaron los bloqueos como método de protesta y cuestionaron a los dirigentes sindicales promotores de las manifestaciones contra la administración de Rodrigo Paz.

La proclamación exigió la instauración del estado de excepción, la renuncia de “malos dirigentes” como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra Morales y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al actual Gobierno.

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que presentó un recurso de acción popular para que el presidente Paz aplique el estado de excepción en las zonas con mayores conflictos.

A su vez, los participantes de la protesta reclamaron la aprobación de leyes que permitan afrontar los impactos económicos de los bloqueos, en un contexto de una de las crisis más agudas de los últimos años en el país. Horas antes, otra concentración masiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia, exigió al presidente Rodrigo Paz que tome medidas para restablecer la normalidad, incluyendo la posibilidad de decretar un régimen de excepción.

Los gremios de artesanos y comerciantes señalaron que los 39 días de bloqueos ocasionaron escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible. El martes no se reportaron protestas directas cerca de la sede de gobierno en La Paz, aunque la principal dificultad continúa siendo la falta de combustible, que limitó el funcionamiento del transporte público.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes viales se redujeron levemente, pero persisten en 85 puntos del país. Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros demandan la renuncia del mandatario Paz, a quien acusan de no atender a tiempo los reclamos sectoriales.

En este contexto, la escasez de combustibles derivada de los bloqueos generó largas filas de vehículos que serpentean por La Paz, donde los conductores permanecen durante días en sus autos e improvisan carpas, a la espera de la llegada de camiones cisternas a las estaciones de servicio. La situación se desarrolla en un contexto de tensión creciente y agotamiento después de seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Las extensas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas en todos los barrios con gasolineras, además de superar los tres kilómetros sobre la autopista que conecta la capital con El Alto. Centenares de autos, autobuses y camiones se sumaron este martes al cierre de la ruta, donde los conductores quemaron neumáticos para exigir la provisión de combustible que les permita retomar sus actividades laborales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva crisis a causa de los bloqueos de rutas claves para La Paz: la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, detalló que la situación colocó en peligro más de 90.000 empleos turísticos en todo el país, en especial para la capital, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

Los departamentos más afectados por la caída de operaciones turísticas sufren las consecuencias de los bloqueos que superaron el ámbito económico, forzando la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz.

La funcionaria lamentó que “todo esto generó un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable”, en referencia al daño sobre la imagen internacional del país andino.

Desde principios de mayo, sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a grupos afines al ex presidente Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Las protestas dejaron un saldo mortal al menos diez personas fallecidas, incluidas siete que no recibieron atención médica oportuna por los cortes de ruta, y pérdidas económicas que superan los USD 2.340 millones.

El área cultural y folclórica también se vio gravemente afectada. Yáñez precisó que la cancelación de eventos como el festival internacional de cine en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales del país, agrava el panorama para los trabajadores del sector.

El impacto económico inmediato es contundente: las pérdidas en turismo y gastronomía ascienden a USD 1.100 millones, sin contar los daños en actividades culturales, para las que aún no se tienen cifras definitivas.

Los bloqueos y las protestas provocaron desabastecimiento en varias ciudades bolivianas, afectando tanto a la población como a las actividades productivas y comerciales. El escenario llevó al Gobierno a acelerar medidas excepcionales para contener la crisis.

Ante el escenario crítico, la ministra Yáñez presentó un “plan de emergencia” que busca responder de inmediato a la situación. La estrategia, según explicó, no se compone de acciones aisladas ni improvisadas, sino de un conjunto de respuestas “inmediatas” y estructurales.

El plan contempla el registro sistemático de los daños y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para recuperar la actividad turística, proteger las cadenas productivas y preservar los empleos amenazados.

Además, la propuesta oficial incluye un enfoque de reconstrucción y fortalecimiento del sector, mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación, con el objetivo de restaurar la confianza y la estabilidad del turismo en Bolivia.

El presidente Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas. Sin embargo, la promulgación de la norma no implica su entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto y la validación posterior del Legislativo.

Por su parte, el pasado 21 de mayo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas del sector industrial superan los USD 600 millones debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI, durante una rueda de prensa.

El representante empresarial advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores están en la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

(Con información de EFE)

Filas de varios kilómetros y esperas de hasta cinco días rodearon las estaciones de servicio en La Paz y otras ciudades de Bolivia durante la sexta semana consecutiva de bloqueos. Conductores de autobuses, camiones y vehículos particulares ocuparon avenidas y autopistas y convirtieron los alrededores de las gasolineras en campamentos improvisados, en medio del cansancio y la tensión por la falta de certezas sobre el abastecimiento.

En la autopista que conecta La Paz y El Alto, centenares de vehículos bloquearon la ruta y quemaron neumáticos para exigir la llegada de cisternas. Las filas se extendieron por más de tres kilómetros y se multiplicaron en distintos barrios.

La situación también golpeó a quienes dependen del vehículo para trabajar. Fabiola Coyo, encargada de repartir mercadería, instaló una carpa para resistir el frío nocturno mientras aguardó turno para cargar gasolina. María René Mita, otra vecina de La Paz, esperó dos jornadas para conseguir cinco litros, destinados a la motocicleta de su esposo, repartidor a domicilio. “Cada día nos dicen que va a llegar”, señaló a EFE, al recordar que la semana previa también pasó la noche a la intemperie sin lograr abastecerse.

El conflicto se originó tras el inicio de bloqueos de ruta impulsados por sectores sindicales, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas del altiplano, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes se extendieron a rutas estratégicas y generaron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible.

Las protestas comenzaron con reclamos salariales y mejoras en las condiciones de vida, y luego sumaron la exigencia de salida del mandatario. Se intensificaron tras la promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción y habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control interno.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en un acto público que la respuesta estatal sería “institucional, democrática y de Estado”, y que las Fuerzas Armadas actuarían con “legalidad, disciplina y serenidad”. Justiniano atribuyó parte de las protestas a intereses criminales y estructuras asociadas al narcotráfico, y sostuvo que el conflicto superó el marco de una disputa política interna. “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito”, afirmó, y remarcó la prioridad de resguardar la vida y la Constitución.

La ola de bloqueos y protestas derivó en episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos y a enfrentamientos directos en el contexto de la crisis. Ambulancias quedaron varadas en las rutas, pacientes en estado crítico no recibieron atención oportuna y se interrumpieron tratamientos médicos esenciales. El Ministerio de Salud reclamó el cese inmediato de los bloqueos.

Las pérdidas acumuladas en diversos sectores productivos superaron los USD 2.340 millones desde el inicio de las movilizaciones, según estimaciones oficiales. A nivel político, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley sobre estados de excepción y advirtió que los manifestantes “tienen los días contados”, sin precisar plazos ni estrategias.

En paralelo, el ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno identificó como impulsor de las movilizaciones, desafió públicamente a las autoridades y acusó al Ejecutivo de seguir directrices extranjeras.

El conflicto en Bolivia no muestra señales de resolución inmediata. Los piquetes se distribuyeron en al menos seis departamentos y el número de bloqueos superó los 80. Mientras el gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, la población continúa enfrentando largas esperas, desabastecimiento y un clima de incertidumbre.

(Con información de EFE)

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las competencias del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción y habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que mantienen bloqueada desde hace más de un mes la región de La Paz para exigir la dimisión del mandatario. La norma, que ya contaba con el visto bueno del Senado, fue sancionada a las 5.52 horas, tras una sesión de casi 14 horas, por dos tercios de los diputados y enviada al presidente para su promulgación.

La ley establece que la declaración del estado de excepción debe realizarse mediante decreto supremo fundamentado, especificando el alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su aplicación. La vigencia máxima será de 90 días y solo podrá ser ampliada con autorización de la Asamblea Legislativa. El proyecto regula los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías para la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.

El presidente Paz afirmó en redes sociales que, aunque “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, empiezan a registrarse “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia”. Destacó la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas a la región, lo que, según el mandatario, contribuye a aliviar la situación de las familias bolivianas. El presidente reconoció que “aún queda mucho por hacer” y agradeció “la resistencia y la fortaleza” del pueblo. Más tarde, compartió una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder democráticamente tras la dictadura en 1982 y cuyo gobierno, encabezado por Hernán Siles Zuazo, enfrentó una grave crisis económica y movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), contexto que el propio Paz evocó como antecedente de la situación actual.

Persistencia y consecuencias de los bloqueos en Bolivia

Las movilizaciones contra el presidente Paz comenzaron hace cinco semanas y han dejado hasta el momento diez personas fallecidas, 37 heridos y más de un centenar de procesados, según informó la Defensoría del Pueblo. De las muertes registradas, siete corresponden a personas que no pudieron acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos, o sufrieron retrasos en su traslado a centros de salud.

La protesta, inicialmente motivada por demandas sectoriales, evolucionó hasta reclamar como única exigencia la renuncia del presidente. La medida de presión, liderada por campesinos y la Central Obrera Boliviana, se ha extendido a ocho de las nueve regiones del país, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para hospitales y centros de salud.

En la madrugada del sábado, la Policía de Bolivia reportó que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, durante un operativo de desbloqueo en una carretera del este del país. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el caso más grave fue el de un agente que recibió un proyectil en la cabeza y permanece en terapia intensiva. Otros tres policías sufrieron impactos en las piernas y dos más resultaron lesionados por golpes de objetos arrojados por los manifestantes.

Cinco personas fueron arrestadas por su participación en la movilización, y se espera un informe final para determinar si se registraron heridos entre los manifestantes. La acción conjunta de Policía, Ejército y activistas en la localidad de San Julián, a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz, permitió liberar brevemente la ruta, pero los bloqueos se restablecieron poco después. El enfrentamiento se prolongó durante más de cuatro horas, tras lo cual las fuerzas de seguridad ordenaron el repliegue para resguardar la seguridad de civiles, incluidos dos ministros, periodistas y activistas.

Trámite y debate legislativo

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se instaló a las 16:30 del sábado en modalidad mixta, presencial y virtual. El tratamiento del proyecto comenzó después de aprobarse la dispensación de trámite con el respaldo de más de dos tercios de los votos. En la votación, participaron 21 diputados de forma presencial y 65 de manera virtual. El texto ya había sido aprobado el jueves previo en el Senado.

El proyecto de ley se encuentra ahora en su estación en detalle, donde será analizado por la Asamblea Legislativa antes de su promulgación. La norma surge en medio de una crisis política y social que mantiene bloqueadas las principales rutas del país y una demanda invariable: la salida del presidente Rodrigo Paz.

Las fuerzas del orden de Bolivia desbloquearon este viernes la ruta que conecta La Paz con la región agrícola de Río Abajo, al sur de la capital, en una operación encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que comenzó de madrugada desde la zona de Lipari y avanzó unos 37 kilómetros hasta Carreras. Policías y militares retiraron piedras, troncos y montículos de tierra con maquinaria pesada mientras vecinos los aplaudían a su paso.

La apertura de esa vía representa un alivio parcial para una ciudad sitiada desde el 6 de mayo por bloqueos que se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. Desde principios de semana, cientos de habitantes de La Paz y de la vecina El Alto debían caminar hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos cuyos precios llegaron a quintuplicarse en los mercados locales.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, se presentó al término del operativo y afirmó que desbloqueará las carreteras “con diálogo y con los instrumentos legales de la Constitución para defender a las mayorías”. Su administración ha evitado desplegar fuerzas con armamento letal para no agravar el conflicto, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza una salida legal que amplíe sus herramientas de respuesta. El miércoles envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción; la norma ya fue aprobada en el Senado y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. Paz calificó esa medida como el “último recurso” que le permite la Constitución y reiteró su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había advertido días atrás que el país atraviesa “un momento de inflexión entre la democracia y la dictadura”, en referencia al cambio de ciclo político tras los 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El viernes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue más directo: “Está en marcha un golpe de Estado”, declaró.

Los cortes de carreteras son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales, quien desde su cuenta en X acusó este viernes a Estados Unidos de recurrir “al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los manifestantes. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno desde hace más de un mes por una salida a lo que describen como la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los resultados de los operativos han sido limitados: tras el paso de las fuerzas del orden, los cortes se reinstalan. Manifestantes reforzaban este viernes el bloqueo en los accesos a una planta estatal en El Alto que abastece de combustible y gas licuado doméstico, ciudad por donde ingresan suministros desde las regiones agrícolas de Santa Cruz y Cochabamba.

El saldo humano del conflicto, que se prolonga por 36 días, asciende a 10 fallecidos según el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien atribuyó las muertes a la falta de auxilio médico por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo precisó que siete de esas personas murieron por falta de atención oportuna y tres en el contexto directo de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

Los hospitales de La Paz reportaron escasez de oxígeno medicinal, y las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí también resienten la falta de alimentos, medicamentos y combustibles. El sector empresario estimó en USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por las protestas.

El gobierno boliviano recibió apoyo explícito de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Paz para reafirmar el compromiso de Washington de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz “en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves en X que su país sigue de cerca la situación y advirtió: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse”.

Paz había firmado en marzo el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales.

(Con información de AFP, EFE y AP)

En mayo de 2026, mientras Bolivia se veía paralizada por las protestas que pretendían derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz, la República Popular China y su embajador en Bolivia, Wang Liang, guardaron un llamativo silencio ante la crisis. En un escenario distópico, elementos antigubernamentales lanzaron dinamita contra la policía y mantuvieron bloqueos de carreteras que impedían la entrada de alimentos, gasolina e incluso suministros médicos a la capital, La Paz, mientras Wang Liang celebraba un foro económico en el departamento sureño de Tarija, irónicamente titulado “Bolivia, al mundo con China”.

Del 20 al 30 de mayo de 2026, el autor viajó a Bolivia, donde mantuvo contactos con personal empresarial, académico y gubernamental sobre la evolución de la relación del país con la República Popular China, entre otros temas. Este trabajo refleja las ideas extraídas de esos contactos y de la investigación complementaria.

Las actividades chinas en Bolivia se han deteriorado notablemente con respecto a su época dorada bajo los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, lo que se refleja en una miríada de proyectos manchados por la corrupción, los malos resultados y la resistencia de las comunidades afectadas. La creciente crisis económica, fiscal y política de Bolivia, así como los esfuerzos del Gobierno de Paz por restablecer relaciones positivas con Estados Unidos y otros países occidentales, también han limitado el avance de China.

Entre 2006 y 2019, el Gobierno de Morales abrió de par en par las puertas de Bolivia a la cooperación económica, militar, técnica y de otro tipo con la República Popular China. Durante ese periodo, la República Popular China vendió a Bolivia 6 aviones de combate K-8, 6 helicópteros militares Z-9, 31 vehículos blindados y un número indeterminado de camiones y lanchas patrulleras, así como el sistema nacional de vigilancia BOL-110, escáneres aduaneros y el satélite Tupac Katari, incluida la construcción y el equipamiento de instalaciones terrestres espaciales en Amachuma (La Paz) y en el distrito de La Guardia de Santa Cruz, además de enviar técnicos chinos para dar soporte a las instalaciones.

Según los empresarios bolivianos entrevistados para este trabajo, más de 60 empresas chinas operaban en el país durante ese periodo, vendiendo equipos de telefonía y construyendo infraestructura digital para la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL, suministrando equipos y realizando trabajos para los sectores minero y petrolero, y participando en proyectos de infraestructura por un valor estimado de 6.000 millones de dólares, que abarcaban desde plantas de procesamiento de asfalto y zinc hasta centrales hidroeléctricas como Rositas, San José e Ivirzu, pasando por grandes proyectos de carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, prácticamente todos ellos consistían en contratos con el Estado boliviano para la adquisición de bienes y servicios chinos, más que en inversiones reales. En la actualidad, menos de 20 empresas con sede en la República Popular China siguen operando en el país. El propio embajador de China, Wang Liang, ha achacado la falta de inversión china a la naturaleza incierta de Bolivia.

En el ámbito de las infraestructuras, prácticamente todos los proyectos de China se encuentran paralizados. Sus principales empresas constructoras en el país, Sinohydro, Vicstar y CAMCE, han cerrado o reducido considerablemente sus oficinas. El Gobierno se ha negado a aceptar una importante autopista entre Santa Cruz y Cochabamba construida por Sinohydro, en la que se han detectado numerosos defectos estructurales. La planta de procesamiento de acero de 460 millones de dólares construida por Sinosteel en El Mutún ha superado con creces la fecha de entrega inicial prometida, presenta cientos de defectos identificados y aún no ha producido ni un gramo de acero. Megaproyectos que en su día se contemplaron, como la línea ferroviaria central de la IIRSA que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través de Bolivia, ya ni siquiera se debaten seriamente.

A nivel local, las empresas chinas se ven obstaculizadas por problemas en gran medida provocados por ellas mismas. Los ejecutivos del sector de la construcción boliviano entrevistados para este trabajo señalaron que pocas empresas locales quieren prestar servicios a las empresas chinas debido, en parte, a prácticas abusivas de pago muy bajo y, a menudo, atrasado, así como a problemas con su cumplimiento de las leyes laborales, medioambientales y de otro tipo locales.

En el sector petrolero, al parecer hubo problemas de calidad con los equipos de perforación y los servicios vendidos por empresas con sede en la República Popular China al anterior gobierno del MAS. Recientemente, ha habido poca actividad de empresas con sede en la República Popular China en el sector.

En el sector minero, según se informa, varias empresas chinas de menor tamaño venden equipos y compran oro y otros metales, principalmente en el sector minero informal, pero apenas ha habido inversiones formales por parte de las grandes empresas mineras chinas.

En el sector del litio, las empresas chinas CATL y CITIC Gouan tienen contratos que aún no han sido ratificados por el Congreso boliviano. En febrero de 2026, según se informa, esas empresas mineras llevaron a una delegación de congresistas bolivianos a la República Popular China para facilitar dicha ratificación, pero hasta ahora sin éxito.

En el sector agrícola, los expertos del sector entrevistados para este trabajo señalan que las empresas chinas de logística agrícola, como COFCO y su filial Nidera, no operan en el país. Señalaron además que pocos productores locales quieren asumir los costes y riesgos que supone enviar sus productos a la República Popular China, tratando con un cliente chino cuando tienen compradores de confianza para sus productos más cerca de casa.

En el sector de las telecomunicaciones, el gigante industrial Huawei ha tenido malos resultados en Bolivia y ha cerrado oficinas, aunque su rival chino ZTE sigue realizando trabajos de infraestructura telefónica para ENTEL. Aun así, las empresas con sede en la República Popular China han construido colectivamente más de la mitad de la infraestructura de telecomunicaciones del país. La marca de lujo china Xiaomi se comercializa a través de un socio boliviano, y la empresa china Honor, que compite principalmente por su bajo coste, se está expandiendo rápidamente en el país.

En el sector minorista, los automóviles y otros productos chinos han logrado una penetración considerable en el país, principalmente a través de empresas bolivianas locales, como el grupo Saavedra en el sector del automóvil. Sin embargo, cabe destacar que las empresas con sede en la República Popular China no han establecido centros comerciales para la venta de productos chinos, como sí han hecho en Nicaragua, Honduras y otros lugares de la región. Los pocos que quedan en Bolivia, como los ya veteranos Chinbol y ChinaCruz, están gestionados por empresarios locales que abastecen las tiendas a través de relaciones a pequeña escala con proveedores individuales de la República Popular China.

En la comunidad empresarial y académica en general, los vínculos con la República Popular China siguen siendo igualmente limitados. El embajador de Bolivia ante la República Popular China durante la era del MAS, Hugo Núñez del Prado, fue llamado a casa por el Gobierno de Arce y aún no ha sido sustituido. Existe una pequeña cámara de comercio y sociedad de amistad entre China y Bolivia dirigida por la sinóloga boliviana Ximena Barrientos, que creció en la República Popular China. Del mismo modo, el país solo cuenta con un Instituto Confucio, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, sede del aliado político Evo Morales y su federación de cultivadores de coca. No hay ninguno ni en la capital ni en Santa Cruz, el centro económico del país. Ese centro estuvo en su día vinculado a profesores “voluntarios de la República Popular China que trabajaban en universidades estatales de otros departamentos, aunque, según se informa, ese personal chino ha sido sustituido por personal boliviano.

Aunque varias universidades bolivianas cuentan con pequeños programas de chino, a los entrevistados para este trabajo les costó mucho nombrar un programa de grado en una universidad boliviana dedicado al estudio de China desde una perspectiva empresarial, política o de seguridad. Del mismo modo, aunque algunos periodistas bolivianos han sido invitados a la República Popular China para participar en programas de formación, a los entrevistados les resultó difícil nombrar a alguno que destacara especialmente por su cobertura de temas relacionados con China.

En materia de seguridad, aunque, según se informa, el ejército boliviano sigue enviando personal a cursos en la República Popular China, según funcionarios de seguridad bolivianos que hablaron de forma confidencial, actualmente ningún miembro del ejército chino participa en cursos en Bolivia. De los seis cazas K-8 vendidos a Bolivia, dos se han estrellado y, según se informa, solo uno sigue operativo, lo que refleja las dificultades para mantener y encontrar piezas de repuesto para la aeronave. Del mismo modo, de los seis helicópteros chinos Z-9 adquiridos por los gobiernos del MAS, solo uno sigue operativo y, según funcionarios de seguridad consultados extraoficialmente, el ejército desconfía de volar en él debido a su estado de mantenimiento. La flota de camiones y vehículos blindados fabricados en la República Popular China se encuentra, según se informa, en un estado similar de deterioro parcial, sin planes actuales de adquirir más.

En el sector espacial, el contrato para el mantenimiento por parte de China de las instalaciones terrestres que controlan el satélite Tupac Katari finalizó hace algún tiempo y, según se informa, el personal chino que visitaba las instalaciones ha dejado de acudir. Actualmente no hay planes para sustituir el satélite cuando expire su vida útil en 2030.

Es importante reconocer que los actuales reveses de China en Bolivia se deben a la desastrosa actuación de las entidades con sede en la República Popular China que han tratado con los antiguos regímenes corruptos del MAS, así como a la incertidumbre derivada de la actual crisis económica y política. Esto solo se traducirá en una oportunidad para Estados Unidos si Washington actúa con decisión para ofrecer alternativas concretas al Gobierno de La Paz y a la comunidad empresarial boliviana.

(*) El autor R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales.

Tras más de un mes de cortes de rutas en Bolivia, las consecuencias ya se reflejan en hospitales, mercados y hogares de distintas regiones del país. La falta de medicamentos, oxígeno, combustibles y alimentos, junto con la muerte de pacientes que no lograron recibir atención a tiempo, ha convertido el impacto humanitario de la crisis en una de las principales preocupaciones de la población.

El caso que generó mayor conmoción en las últimas horas fue el de una niña de 12 años que padecía cáncer y que murió después de no poder llegar a la ciudad de La Paz para recibir quimioterapia.

La menor vivía en Tambo Quemado, una localidad fronteriza con Chile afectada por los cortes de rutas impulsados por organizaciones campesinas y sectores sindicales que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

“Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo”, explicó Ana Carola Torres, presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil. Según relató, los padres intentaron atravesar distintos puntos bloqueados para trasladar a la niña, pero no lograron hacerlo.

“Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa”, señaló.

La menor sufría un linfoma linfoblástico de células B. Tras varias semanas sin recibir el tratamiento programado, presentó una descompensación, fiebre y una hemorragia que derivaron en su fallecimiento. Su muerte elevó a diez el número de víctimas relacionadas con el conflicto. Siete de ellas murieron por no haber recibido atención médica a tiempo.

Entre los fallecidos también figura una joven de 24 años que necesitaba tratamiento oncológico y no pudo llegar a un centro de salud. La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones de pacientes y médicos, que advierten que otros enfermos atraviesan circunstancias similares.

Torres aseguró que al menos una decena de niños con cáncer enfrenta problemas para acceder a sus terapias debido a los bloqueos, especialmente en zonas rurales de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Además, cuestionó que ambulancias y vehículos con pacientes encuentren obstáculos para circular.

“Se está reivindicando el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida”, afirmó.

Mientras tanto, los centros de salud trabajan bajo presión. En La Paz, el Hospital del Niño suspendió alrededor de 50 cirugías programadas debido a la falta de oxígeno medicinal. Su director, Alfredo Mendoza, advirtió que la situación se aproxima a un punto crítico.

“Hoy se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno”, explicó. También alertó que las reservas disponibles alcanzarían apenas para unos pocos días. “Si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos”, sostuvo.

La preocupación también se trasladó a las familias de los pacientes internados. Padres de niños hospitalizados realizaron una protesta frente al centro médico exigiendo el ingreso de oxígeno. Entre ellos estaba Yamilet, madre de un niño de cinco años que espera una biopsia postergada por la falta de insumos.

“Por favor, pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen”, reclamó. “Estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa”, agregó.

Las dificultades para acceder a tratamientos no se limitan a los hospitales pediátricos. Janet Ramallo, una paciente oncológica de 43 años, relató las complicaciones que enfrenta cada vez que necesita acudir a consulta. “La situación está pésima, hago un esfuerzo sobrehumano para llegar acá”, dijo.

Según explicó, los problemas de transporte, la escasez de medicamentos y el aumento de precios están afectando a numerosos pacientes.

“Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte”, afirmó. Luego lanzó una advertencia: “Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes”.

La crisis también se refleja fuera de los hospitales. En La Paz, comerciantes y consumidores enfrentan una oferta cada vez más reducida de productos básicos. Conseguir leche, huevos u otros alimentos requiere largas filas, mientras los precios se multiplican. En Cochabamba, productores de leche, carne porcina y aves protestaron porque no pueden transportar sus mercaderías hacia otras regiones.

Con el abastecimiento comprometido y los centros de salud al límite, la indignación de amplios sectores de la población ya no se concentra únicamente en las demandas políticas que dieron origen a las protestas.

El reclamo que gana espacio es otro: que se restablezca la circulación y que los enfermos, especialmente los niños, puedan acceder a la atención médica que necesitan antes de que la lista de víctimas siga creciendo.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción y sostuvo que parte de las movilizaciones que mantienen bloqueadas amplias zonas del país están siendo alimentadas con recursos vinculados al narcotráfico.

Durante un acto oficial en el que tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que la iniciativa busca otorgar mayor respaldo institucional y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en escenarios de emergencia, especialmente ante la situación que enfrentan ciudades como La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de bloqueos.

“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró Paz. Según explicó, la propuesta tiene como objetivo “fortalecer” la actuación de las fuerzas de seguridad bajo una lógica de asistencia a la población.

El presidente insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. “La gente necesita alimentos, medicina, combustibles. No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos afines al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen bloqueos en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario. La situación ha generado problemas de abastecimiento, restricciones en el transporte y dificultades para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.

Paz sostuvo que el conflicto actual va más allá de las reivindicaciones sociales y aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses vinculados al crimen organizado.

“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, señaló.

El mandatario afirmó que las autoridades cuentan con elementos que respaldan esas acusaciones y aseguró que también existen indicios sobre la participación de personas cercanas al ex presidente Morales en la organización de las protestas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles específicos sobre las investigaciones en curso.

Al mismo tiempo, Paz buscó diferenciar a quienes participan en manifestaciones por reclamos sociales de aquellos sectores que, según dijo, intentan desestabilizar el sistema democrático. Por ese motivo, reiteró su invitación al diálogo.

“Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto”, manifestó. Luego añadió que la posibilidad de avanzar hacia una solución negociada depende ahora de los dirigentes movilizados. “Ya depende de ellos la prontitud de poder estar junto a ese diálogo con el presidente, con los ministros”, afirmó.

El Gobierno también pidió la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos a las zonas más afectadas por los cortes de rutas.

“Dejemos abiertos los corredores humanitarios”, reclamó Paz, quien aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a activar nuevas operaciones para garantizar el tránsito de suministros esenciales.

Las tensiones aumentaron después de que dirigentes reunidos en un cabildo en la ciudad de El Alto rechazaran una convocatoria impulsada por la Iglesia para establecer una mesa de diálogo orientada a pacificar el país.

En ese contexto, el presidente describió la situación actual como uno de los desafíos más importantes que enfrenta su administración. “Esta es la batalla de todas las batallas”, afirmó.

Paz también denunció la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde el exterior y aseguró que las redes sociales están siendo utilizadas para profundizar la polarización política.

“Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia”, sostuvo al referirse a la difusión de contenidos que, según su visión, buscan dividir a la sociedad boliviana.

(Con información de Europa Press)

Bolivia está prácticamente paralizada desde hace cuatro semanas con bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a siete de nueve departamentos, con excepción de la región amazónica de Beni y la sureña Tarija.

Las manifestaciones iniciaron a finales de marzo con reclamos sindicales dispersos que confluyeron en una agenda cargada de conflictos. En medio de denuncias de falta de atención a las demandas, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el 6 de mayo bloqueos en ese departamento con un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De manera progresiva, otros sectores como la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se sumaron a una movilización que hoy parece incontenible.

Los movilizados apuntan una serie de razones por las que piden la cabeza del presidente que van desde contradicciones entre las promesas electorales y los primeros meses de gestión, hasta el rechazo a supuestos intentos de privatización de empresas públicas que el Gobierno ha negado reiteradamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras pasó de reportar un promedio de 20 bloqueos simultáneos en la región andina a más de 90 en todo el país. También se registran barricadas dentro de las ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, además de marchas y manifestaciones en la sede de Gobierno.

En las últimas semanas, otras organizaciones sociales y sectores económicos han subido la presión al Gobierno para poner fin a la medida de presión por el enorme costo social y económico que conlleva. Fuera de las pérdidas que reportan sectores como la industria y el turismo, la población de La Paz, El Alto y Oruro principalmente enfrenta escasez de alimentos y de combustible, además de la interrupción de servicios de salud y de transporte público.

Mientras la administración de Paz ratifica su voluntad de una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo que hasta ahora no ha dado resultados, el Congreso abrogó una ley que limitaba la implementación del estado de excepción y son crecientes los pedidos para recurrir al uso de la fuerza pública para recuperar el orden y el libre tránsito.

En esta nota mostramos los puntos que están bloqueados, las organizaciones que los promueven y los reclamos adicionales a la renuncia del primer mandatario.

LA PAZ

La sede de Gobierno está prácticamente sitiada desde hace cuatro semanas, cuando la Federación de Campesinos Tupac Katari inició los primeros piquetes. Más tarde se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz.

En las últimas horas, los sindicatos de choferes anunciaron un paro para exigir la renuncia del presidente, a quien responsabilizan por la distribución de gasolina de mala calidad y supuestos incumplimientos en el pago del resarcimiento de daños mecánicos.

En la capital administrativa del país la situación es crítica: los medios locales reportan escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos y oxígeno medicinal, lo que ha provocado la suspensión de algunos servicios médicos. También se reportan interrupciones en el servicio de transporte público y la suspensión de las clases escolares presenciales.

ORURO

Al igual que en La Paz, el departamento andino de Oruro empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y el incremento en el costo de la canasta familiar a consecuencia de los piquetes que se han instalado en esa región desde el inicio del conflicto, cuando se interrumpió la transitabilidad hacia La Paz, Cochabamba y Potosí.

Entre los sectores que se movilizaron desde inicios de mayo figuran obreros sincalizados, mineros, campesinos, maestros, transportistas y el Comité Cívico del municipio minero de Huanuni. Además de la renuncia de Rodrigo Paz, hay reclamos por la situación económica, cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles y demandas sectoriales de transporte relacionadas con carreteras.

COCHABAMBA

Cochabamba es actualmente el epicentro de los bloqueos a nivel nacional, registrando más de una treintena de rutas cortadas. Las interrupciones impiden el tránsito tanto hacia el occidente (Oruro y La Paz) como hacia el oriente (Santa Cruz) y los valles (Chuquisaca y Potosí).

Entre las organizaciones que se están manifestando están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Departamental y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que realizaron una marcha hacia La Paz el 12 de mayo.

Si bien hay pedidos de renuncia al presidente Paz en tono con las demandas de otras regiones, en las últimas semanas se reportaron manifestaciones por conflictos locales por el traslado de residuos sólidos, demandas de maestros y en defensa del exmandatario Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de ese departamento ante el riesgo de aprehensión.

CHUQUISACA

Al menos 15 puntos de bloqueo aislaron el departamento de Chuquisaca desde el inicio de los conflictos. Progresivamente, se fueron sumando piquetes en la región; a mediados de mayo se instalaron bloqueos en la localidad de San Lucas (sur) y en otros municipios del área rural.

Una de las organizaciones que impulsa los bloqueos es la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha amenazado con el uso de armas: “Si la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho (…) sabemos manejar las armas, no es que no; tenemos jóvenes valientes”, amenazó Julián Romero, dirigente de la Federación tras una reunión el lunes, según publica el diario Correo del Sur.

SANTA CRUZ

La Gobernación de Santa Cruz, junto a dos ministros de Estado, logró negociar acuerdos con sectores que estaban movilizados. Según los medios locales, se acordó la construcción de una carretera, la implementación de pozos de agua y ampliación del tendido eléctrico, la activación de una Comisión Agraria Departamental y la agilización de los trámites de personerías jurídicas.

Sin embargo, se mantiene un punto de bloqueo en la localidad de San Julián, al noreste del departamento. La medida de presión la impulsan los “interculturales”, una organización social conformada principalmente por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) que se asentaron en regiones de tierras bajas. Su reclamo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Este miércoles, la Policía inició un operativo para liberar un pozo petrolero en la localidad de Santa Rosa del Sara, que había sido tomado por un grupo de personas que exigen la dimisión del primer mandatario.

PANDO

Al norte del país, en el departamento de Pando, recientemente se instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera que conecta las localidades de Cobija y Porvenir. La medida de presión la impulsan campesinos que denuncian supuesto incumplimiento de los acuerdos de titulación de tierras.

Los sectores movilizados habían protagonizado una masiva marcha en abril para reclamar la atención de sus demandas y en rechazo a una ley que autorizaba la recategorización de tierras sobre la cual se articularon las protestas de otros sectores. Si bien el Gobierno atendió la solicitud inicial y abrogó la ley de reforma agraria, la supuesta demora en el cumplimiento de acuerdos reactivó el conflicto al inicio de esta semana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.

El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.

Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.

La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz

A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.

Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.

Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.

El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.

Crisis política en La Paz

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.

La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.

(Con información de EFE)

La prolongada ola de bloqueos que atraviesa Bolivia comenzó a impactar de lleno en el sistema de salud. Hospitales de La Paz, la región más afectada por las protestas promovidas por sectores afines al ex presidente socialista Evo Morales, empezaron a restringir procedimientos médicos debido a la escasez de oxígeno medicinal y a las dificultades para recibir suministros.

Las autoridades sanitarias confirmaron que los centros de salud están concentrando sus recursos en los casos más urgentes mientras intentan administrar las reservas disponibles. La situación afecta especialmente a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que permanecen parcialmente aisladas desde hace más de 30 días por los cortes de carreteras instalados en distintos puntos del país.

“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, informó Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según explicó, entre 50 y 60 intervenciones deberán ser reprogramadas ante la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular de oxígeno y otros insumos médicos.

Los bloqueos surgieron en medio de movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz y que se extendieron progresivamente a varias regiones bolivianas.

Aunque en los últimos días se realizaron operativos para abastecer algunos hospitales, las autoridades reconocen que el margen de maniobra sigue siendo limitado.

Jhanet Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, explicó que los envíos recientes permitieron recuperar temporalmente las reservas.

“Gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno que les alcanzará para dos a tres días”, señaló.

La situación también repercute en los pacientes que necesitan atención especializada. Muchos no logran llegar a los centros médicos debido a los bloqueos en las carreteras o enfrentan largas demoras para ser atendidos.

Carlos Céspedes, un paciente de 42 años que permanecía internado en el Hospital General Público de La Paz tras una intervención quirúrgica, relató que debió esperar casi una semana para ser operado.

“Yo era el 268 la primera vez, pero después en la fila conté solo ciento y algo”, afirmó al describir cómo numerosos pacientes dejaron de concurrir porque no pudieron atravesar los cortes de rutas.

Las consecuencias humanitarias del conflicto comenzaron a reflejarse también en las estadísticas oficiales. El gobierno informó esta semana una nueva muerte vinculada a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos relacionados con la crisis, la mayoría asociados a dificultades para acceder a servicios de salud. El organismo también contabilizó 23 personas heridas y 321 detenidos desde el inicio de las protestas.

El impacto de los bloqueos se extiende mucho más allá del sistema sanitario. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó que los cortes ya alcanzan siete de los nueve departamentos del país. Las regiones de La Paz y Cochabamba figuran entre las más afectadas.

El aislamiento prolongado generó problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos, especialmente en los principales centros urbanos del altiplano. Comerciantes, transportistas y sectores productivos vienen reclamando medidas urgentes para restablecer la circulación.

Las organizaciones empresariales calculan que las pérdidas económicas acumuladas rondan los 2.000 millones de dólares, en un contexto ya marcado por dificultades fiscales, escasez de divisas y desaceleración económica.

En algunas zonas comenzaron a registrarse intentos de negociación para aliviar la emergencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que grupos movilizados permitieron durante algunas horas el paso de camiones que transportaban oxígeno medicinal, combustible y alimentos.

Según explicó, el objetivo es habilitar corredores que permitan abastecer especialmente al norte del departamento de La Paz, donde la situación logística se ha vuelto cada vez más compleja.

Mientras tanto, crecen las presiones políticas para encontrar una salida al conflicto. El ex presidente Jorge Quiroga reclamó una respuesta más contundente del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar una profundización de la crisis. El organismo instó a garantizar tanto el derecho a la protesta como el acceso de la población a servicios esenciales.

(Con información de The Associated Press)

La crisis política y social de Bolivia se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, con un saldo de cinco muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La Administradora Boliviana de Carreteras publicó su mapa de transitabilidad con el registro de esas 103 interrupciones, elevando de seis a siete los departamentos afectados tras la incorporación de Pando. Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, con 32 puntos de conflicto, por encima de los 21 registrados en La Paz.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyecta que las pérdidas superan los USD 1.600 millones desde que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina “Tupac Katari” —ambas afines al expresidente Evo Morales— convocaron a una huelga general indefinida. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), advirtió a la agencia EFE que a esa cifra se suma el “alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas”.

El economista Fernando Romero, citado por EFE, calificó el período como potencialmente “uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019”. Romero alertó que “el daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas”, en una economía que ya acumulaba contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años previos.

El Ministerio de Salud confirmó una quinta víctima mortal atribuida a la imposibilidad de acceder a atención médica. Se trata de una paciente oncológica de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV que debía recibir radioterapia en La Paz. La ambulancia que la trasladaba desde Oruro tuvo que tomar rutas alternativas para eludir los bloqueos y la joven falleció en el trayecto, según informó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.

“Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna”, señaló el Ministerio en un comunicado. Las otras cuatro víctimas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas originaria de Belice.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió el 1 de junio “decisiones inmediatas” al presidente Rodrigo Paz ante la “situación de catástrofe” que atraviesa la economía. “La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”, advirtió la patronal en un comunicado oficial.

La Confederación Nacional de Choferes dio a Paz un plazo de 48 horas —que vence el 4 de junio— para despejar las vías que paralizan su actividad, con amenaza de nuevas medidas en caso de que la demanda no sea atendida. La Federación Boliviana de Fútbol, por su parte, suspendió el torneo de Primera División durante todo junio y parte de julio, decisión que la Comisión Organizadora de Competiciones atribuyó a “los conflictos sociales y bloqueos de las carreteras existentes a nivel nacional”.

Ante el fracaso de una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos —rechazada por la COB y la Federación Campesina—, el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad planteó, a título personal, la convocatoria de un referendo revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y legisladores en un plazo de 90 a 120 días. “Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, declaró Alarcón a EFE.

La Constitución boliviana establece que ese mecanismo solo puede activarse cuando el funcionario ha cumplido la mitad de su mandato de cinco años; Paz lleva apenas seis meses en el cargo. La propuesta fue respaldada por el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Morales dentro del Movimiento al Socialismo, quien la consideró una vía para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”. Los sectores leales al expresidente la rechazaron y reiteraron que la renuncia de Paz es su “única salida”.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, participó el 2 de junio en un cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y reiteró la posición de los sectores movilizados: dejar de lado los reclamos sectoriales para concentrarse en exigir la dimisión de Paz. Un día antes, el mandatario había pedido “generar un momento de tregua” para “pacificar” al país, sin precisar en qué consistiría la solución.

El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su “inacción” al permitir que el conflicto se agravara, y que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia. “El conflicto ya tiene un costo político para Paz, porque ahora el Gobierno es parte del problema”, afirmó Silva.

El senador Leonardo Roca de la alianza Libre, partido del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, acusó a Paz de haber propiciado la crisis mediante un “pacto oscuro” con movimientos sociales afines a Morales para llegar al poder. “Lo que tiene a todos los bolivianos rehenes hoy no es un conflicto social espontáneo. Es la factura de un pacto oscuro que Rodrigo Paz firmó para llegar al poder”, declaró Roca al canal Unitel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis plantea “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”.

La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes.

La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.

Sin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.

El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.

Citada por medios locales, Pérez explicó que la determinación asumida en una audiencia de Acción de Libertad observó aspectos relacionados con la fundamentación de los mandamientos emitidos por el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de reactivar los procesos. “Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso”, afirmó Pérez en declaraciones recogidas por el periódico La Razón.

Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos actos suponen una vulneración del Código de Procedimiento Penal y revelan el sometimiento de la justicia al poder político.

“No existe en este momento la independencia de órganos”, manifestó en diálogo con Infobae y afirmó que “la Justicia no debió aceptar que se exija un fallo judicial y se deje sin efecto un mandamiento de aprehensión (…) es un antecedente para que en el proceso se favorezca a quien ha cometido un delito y es terriblemente dañino para la democracia”, afirmó. Según Santistevan, la anulación de las órdenes de captura y su posible reactivación agravan el conflicto “porque entra un poder más, un poder que debería ser autónomo”.

Los procesos abiertos contra Argollo y Salazar están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los disturbios del 18 de mayo en los que se reportaron daños a instituciones públicas, saqueos a comercios y agresiones a civiles en la sede de Gobierno.

Bolivia cumple este martes 27 días de bloqueos que han paralizado parte del país con cortes de carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran al menos 90 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos. Los movilizados, un grupo heterogéneo conformado por campesinos del altiplano y los valles, obreros sindicalizados y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principalmente, exigen la renuncia de Paz a quien cuestionan por algunas políticas públicas y acusan de gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales.

Pese a los intentos de diálogo del Gobierno, de momento no hay miras de lograr una salida consensuada a la crisis. Mientras el presidente Paz ha manifestado que en “cortos días” se resolverá el conflicto sobre “acuerdos grandes” y “reconciliación”, hay quienes le exigen que dicte estado de excepción para restablecer el orden y el libre tránsito en el país.

Sin diálogo y sin medidas de fuerza pública, en las últimas horas surgió la propuesta de realizar un referéndum revocatorio, pero algunos analistas observan que la medida es inconstitucional porque éste se permite solo a partir de la segunda mitad del mandato de cinco años y Paz lleva menos de siete meses en el cargo.

El diputado centrista de Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, ha planteado una ley de “referéndum revocatorio extraordinario” para poner fin al prolongado conflicto cuyas consecuencias económicas y sociales trascenderán el momento coyuntural.

A más de un mes de conflictos sociales en Bolivia, aumenta la presión para que el presidente Rodrigo Paz restablezca el orden en el país. Lo que comenzó con reclamos sindicales dispersos derivó en pedidos de renuncia del primer mandatario, mediante bloqueos de caminos que han paralizado gran parte del país desde hace casi un mes.

Tras varios intentos de diálogo fallidos y la negativa de los sectores movilizados a buscar una salida consensuada, en las últimas horas surgió la propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la continuidad del mandato de las principales autoridades del país.

“No podemos permitir que la violencia derroque gobiernos (…) la autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, del partido centrista Unidad.

En un texto publicado en sus redes sociales, el legislador planteó aprobar una “ley interpretativa de la Constitución” para convocar a un “referéndum revocatorio extraordinario” dentro de tres meses. “Estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos”, manifestó y justificó su propuesta a fin de evitar la escalada de violencia o un enfrentamiento entre bolivianos.

En esa misma línea se pronunció el exsenador y excandidato presidencial de izquierda Andrónico Rodríguez, quien sugirió hacer la consulta ciudadana porque considera “urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática”.

El tema ha generado debate en Bolivia. Mientras algunos buscan soluciones que vayan más allá del uso de la fuerza y el diálogo, que no ha dado resultado hasta ahora, otras voces han rechazado la posibilidad de acortar el mandato de Paz, que inició hace casi siete meses.

Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descartó impulsar la propuesta porque está fuera del marco constitucional, que establece la realización de revocatorios después de la mitad del mandato. Con las leyes vigentes, la consulta ciudadana podría realizarse recién a partir del 8 de mayo de 2028.

“Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población”, manifestó Del Granado.

La medida de presión se ha tornado insostenible para el país. Fuera de las pérdidas millonarias que representa para sectores estratégicos como la industria y el transporte, la población de La Paz y El Alto padece las consecuencias de un cerco prácticamente total: escasez de alimentos, de medicamentos, interrupción en el transporte público, falta de combustible, encarecimiento de productos básicos y la suspensión de algunos servicios de salud y de las clases escolares presenciales.

Este martes se cumplen 27 días de bloqueos de carreteras con más de 90 piquetes en siete de nueve departamentos del país. Si bien en la víspera se logró un acuerdo con manifestantes de Santa Cruz y se levantaron tres puntos, no hay visos de negociación con las organizaciones que lideran los bloqueos en La Paz y Cochabamba, epicentros del conflicto.

El domingo, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari desistieron de asistir. “La lucha continúa”, manifestó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados . “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, agregó en una rueda de prensa.

En ese escenario también hay reclamos para que el presidente Paz dicte estado de excepción luego de que la semana pasada se abrogara una ley que limitaba la aplicación de esta medida.

“Gobernar es utilizar todas las prerrogativas y no suplicar ni claudicar”, manifestó el jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) en una rueda de prensa. El exmandatario manifestó que su bancada apoyó la abrogación de la norma que regulaba la medida de excepción y expresó su sorpresa por la falta de acción del Ejecutivo tras un “mes atroz” de protestas y bloqueos.

“Gobernar es decidir”, señaló Quiroga. “No es viajar para estar con el rey de España ni ir a visitar a Trump y sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, agregó.

Tras varios días de silencio, el primer mandatario apareció ayer en un acto público en Cochabamba (centro) en el que dio a entender que seguirá intentando establecer consensos. “Tiene que ser sobre acuerdos grandes, tiene que ser sobre reconciliación, sobre cómo vamos a trabajar todos los bolivianos”, afirmó y dijo que confía en que “en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura emitidas contra dirigentes sindicales y campesinos que encabezan las protestas contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de manera definitiva, sino que permanecen suspendidas de forma temporal mientras la Fiscalía corrige observaciones realizadas por un juzgado.

La presidenta del TDJ de La Paz, Margot Pérez, explicó que la decisión judicial respondió a una acción presentada por las defensas de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, líder de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Según la magistrada, los abogados de ambos dirigentes promovieron “una acción de libertad” con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra. “Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Pérez ante los medios.

La autoridad judicial precisó que el juzgado concedió la acción constitucional a favor de los dirigentes, aunque aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de las órdenes de arresto. “La reformulación de las órdenes de aprehensión la tiene que hacer el Ministerio Público”, indicó.

Pérez remarcó además que la resolución judicial únicamente buscó restituir derechos que, según el criterio del tribunal, fueron vulnerados durante la emisión de los mandamientos de captura. “Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, explicó.

La magistrada agregó que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si reformula los requerimientos observados por la Justicia para reactivar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales.

Las aclaraciones del TDJ surgieron luego de que el viernes un juzgado de La Paz dispusiera dejar “sin efecto legal” y suspender “los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” contra Argollo y Salazar, una decisión que fue interpretada por algunos sectores como una anulación definitiva de las medidas.

Los dos dirigentes forman parte de las organizaciones que lideran las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari y otros movimientos sociales, junto con seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

Los manifestantes sostienen que el Gobierno incumplió promesas realizadas durante la campaña y acusan a la administración de Paz de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Las autoridades rechazan esas acusaciones.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales enfrentan procesos por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales vinculadas a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Las investigaciones se iniciaron después de una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, disturbios callejeros y saqueos contra oficinas públicas y privadas en la ciudad de La Paz.

La situación política continúa sin señales de distensión. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes.

Sin embargo, el domingo las organizaciones anunciaron que no participarán en negociaciones y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras mantienen bajo presión a varias regiones del país. Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las medidas de fuerza iniciadas el 6 de mayo.

Los cortes de rutas provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos y generaron aumentos de precios en distintos productos de consumo básico. También se registraron faltantes de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Las interrupciones del tránsito ya no se limitan al área metropolitana de La Paz. Durante las últimas dos semanas, los bloqueos se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, en un conflicto que mantiene elevada la tensión política y social en Bolivia.

(Con información de EFE)

Después de una semana en la que se intentó acercar a los protagonistas de los bloqueos a las mesas de diálogo, las negociaciones para poner fin a los piquetes en Bolivia están en punto muerto, luego de que los dirigentes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones desistieran de asistir y ratificaran la continuidad de las protestas.

Este lunes, cuando se cumplen 26 días de bloqueos y más de un mes de protestas sociales, la Administradora Boliviana de Carreteras registra 90 cortes en carreteras de seis de los nueve departamentos del país.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados. “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó en una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Horas más tarde, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari informó que tampoco asistirían a las convocatorias del Gobierno. “Hemos determinado continuar con el paro general indefinido”, informó el dirigente David Mamani en el canal Unitel. “La base social ha decidido que no haya traición y no asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, agregó.

Los grupos movilizados, principalmente integrados por obreros sindicalistas y campesinos del altiplano y los valles, piden la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de gobernar de manera excluyente y en favor de las élites empresariales, y cuestionan la administración de la crisis económica y del suministro de los combustibles.

Como método de presión, los manifestantes mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La posición de ambas organizaciones empina aún más la ruta hacia una salida negociada a la crisis. La anterior semana, el presidente Paz planteó la creación de un Consejo Económico y Social como instancia para incluir a las organizaciones sociales en el debate de políticas públicas, pero no asistieron los representantes de las movilizaciones. En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara impulsó espacios de diálogo con mediadores y representantes de la oposición, pero los movilizados tampoco acudieron.

La crisis ha reactivado la polarización política y social en Bolivia. “Se han despertado los demonios de un país partido”, afirmó en entrevista con Infobae el analista político Carlos Saavedra. Según el experto, hay al menos cuatro clivajes de polarización efervescentes: racial, regional, de clase y una polarización política entre sistema político y movimientos sociales.

En medio de esa fractura surge también otra que busca respuestas a la crisis: mientras unos se inclinan por seguir insistiendo en el diálogo pese a los cero resultados logrados hasta ahora, otros reclaman al gobierno poner “mano dura” para restablecer el orden en el país.

La anterior semana, el Gobierno promulgó la abrogación de una ley que regulaba y ponía límites al estado de excepción en el país. Sin esta norma en medio, Paz queda con la vía libre para dictar medidas de fuerza. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió el miércoles. Desde entonces muchos se preguntan cuánto tiempo queda.

La asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, acordó este domingo rechazar la convocatoria al diálogo planteada por el Gobierno de Rodrigo Paz y mantener los bloqueos de carreteras que aíslan a La Paz desde hace exactamente un mes. Las organizaciones exigen la renuncia inmediata del mandatario.

Tras varias horas de debate a puerta cerrada, los delegados de los diferentes sectores productivos y sociales determinaron que no existen las garantías políticas mínimas para instalar una mesa de negociación. Los manifestantes acusan a la actual administración de priorizar la represión policial antes que el consenso.

La postura de las bases fue ratificada por los principales portavoces del movimiento civil. José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, confirmó tras la asamblea que las medidas de presión continuarán de forma indefinida en las rutas interdepartamentales. “Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró el dirigente sindical a los medios locales al término del encuentro.

El descontento entre los huelguistas aumentó en los últimos días debido a la estrategia gubernamental para disolver los focos de protesta. Los sindicatos consideran que el Palacio Quemado ha optado por una vía puramente policial y de control territorial para intentar levantar los cortes de ruta de forma forzosa. Esta postura oficial ha cerrado los canales de interlocución que se intentaban trazar a través de mediadores independientes.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerza clave en la movilización rural, respaldó el mandato de la asamblea de la COB. Severo Marca, directivo de la confederación, subrayó que los mandos intermedios no tienen margen para desarticular las protestas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, enfatizó Marca para explicar la rigidez de la postura campesina.

El prolongado asedio a la sede de Gobierno ha generado un escenario crítico de desabastecimiento de insumos básicos, hidrocarburos y alimentos en la región metropolitana paceña. Ante el agravamiento de la situación sanitaria, el dirigente Jaime Solares anunció que el ampliado de la COB autorizó la habilitación excepcional de corredores humanitarios. La medida busca permitir de forma exclusiva el paso de medicinas, provisiones hospitalarias, ambulancias y personal de emergencia.

A la par de las deliberaciones de la Central Obrera, la combativa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari sesionó este domingo para coordinar el reforzamiento de los bloqueos en las rutas provinciales. El control de las vías de acceso a los valles y al altiplano por parte de las comunidades originarias constituye el principal factor de asfixia logística para el suministro logístico de La Paz.

La respuesta de las autoridades ante el portazo sindical fue inmediata. La Vicepresidencia del Estado comunicó oficialmente la suspensión por tiempo indefinido de la mesa de concertación nacional programada para este domingo. El Gobierno argumentó que la incomparecencia de las organizaciones convocantes de las movilizaciones invalida cualquier intento de acuerdo institucional, dejando al país en un peligroso vacío de resolución política.

El origen de la actual crisis se remonta a la acumulación de demandas económicas insatisfechas y reformas de carácter estructural impulsadas por el Ejecutivo. La oposición de los sectores gremiales y agrarios a la gestión del presidente Rodrigo Paz escaló paulatinamente desde huelgas sectoriales hasta un paro generalizado. La falta de respuestas efectivas transformó un reclamo sectorial en una impugnación total a la continuidad del mandato presidencial.

El panorama boliviano ingresa así en una fase de desgaste de desenlace incierto. Con la vía institucional suspendida y el desabastecimiento al límite en los centros urbanos, la persistencia del bloqueo forzará previsiblemente nuevos posicionamientos de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo. El conflicto amenaza con desbordarse hacia los departamentos del oriente del país si no se restituyen los canales de mediación internacional.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un cafetal, en el cantón El Paste, de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo la tarde del sábado 30 de mayo a través de sus plataformas oficiales. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, según información oficial difundida por la PNC.

El hallazgo se produjo a aproximadamente 10 metros de la calle que conecta hacia el Valle Nuevo, en la jurisdicción de estación El Coco, Chalchuapa, en el sector oeste de Santa Ana. El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó que el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición y las autoridades, en un inicio, catalogaron el hecho como “muerte por sobre averiguar y determinar en autopsia”.

La víctima de la cual no se ha difundido su nombre tenía 34 años de edad.

Pocas horas después del hallazgo, a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado, la Policía Nacional Civil anunció la captura de Armando Adelio García Martínez, de 40 años, señalado como el presunto responsable del crimen y pareja de la mujer. De acuerdo con el informe policial, la mujer habría sido “lesionada en la cabeza con un objeto contundente”. Las autoridades procedieron a remitir a García Martínez por el delito de homicidio, mientras se investigan las circunstancias que rodean el caso.

La PNC indicó que las pesquisas continúan para determinar el motivo detrás del ataque y establecer si existieron antecedentes de violencia entre la pareja.

El caso en Santa Ana se suma a una serie de hechos violentos recientes en el país, en un contexto donde los reportes oficiales muestran una disminución en los homicidios, aunque persisten episodios de especial gravedad que involucran a mujeres y situaciones de violencia intrafamiliar.

Hombre encontrado sin vida en un río de Olocuilta

En el barrio El Calvario, dentro del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, se registró otro hecho violento el sábado 30 de mayo. A las 2:29 de la tarde, una ciudadana alertó al sistema de emergencias 911 tras observar un cuerpo flotando en una poza ubicada sobre la calle principal que conduce al cantón El Chilamate.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron la presencia del cadáver, que fue identificado como Francisco Ismael Aranda Guzmán, de aproximadamente 53 años. Testigos relataron que al mediodía hubo un altercado entre varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sitio. Tras el conflicto, los involucrados abandonaron el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento de Aranda Guzmán está relacionado con el altercado reportado, ni si se trata de una muerte accidental o provocada. La PNC mantiene las investigaciones abiertas y no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el avance del caso.

Al menos seis homicidios en el último mes

Según datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil, el mes de mayo registra al menos seis homicidios en todo El Salvador. Estas cifras corresponden únicamente a los reportes formales presentados por la autoridad policial. El análisis comparativo muestra una marcada reducción en los homicidios si se compara con años anteriores. En 2018, el promedio diario superaba los 10 casos, mientras que en 2025 y 2026 la tendencia se mantiene baja, con días en los que no se reportan homicidios y solo algunos picos aislados que, en el caso de 2026, suman seis homicidios durante todo mayo.

El departamento boliviano de Pando declaró la emergencia por la reducción crítica de reservas de combustible a causa de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace semanas. La gobernadora Gabriela de Paiva advirtió que la situación es “especialmente preocupante” por la dependencia de sistemas energéticos aislados, que requieren diesel para operar y garantizar servicios básicos.

De Paiva señaló que el combustible disponible solo alcanzará para dos días. Explicó que la emergencia se declaró por la ubicación de la región y la necesidad de diesel para los sistemas aislados. Solicitó a los sectores movilizados que permitan el paso del combustible y alertó que la prolongación de los bloqueos agravará la crisis local. La administración regional coordina con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo. Indicó que el diesel ingresará en los próximos días, siempre que las vías estén expeditas, y destacó las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.

El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, quienes exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días. Estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos y combustible. La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se espera la participación del presidente, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones.

Los campesinos de La Paz, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de incumplimiento de promesas y de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades. El dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros sindicalistas fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir tras las protestas que derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió con dos ministros, sin la presencia de representantes de la COB ni de sindicatos campesinos, quienes exigieron la anulación de órdenes de captura contra sus dirigentes. Esta medida fue dispuesta por un juzgado de La Paz el viernes. La COB anunció la suspensión de su asistencia al diálogo por razones de seguridad, sin nueva fecha. Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus bases. Sectores seguidores de Morales rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El Ministerio de Salud distribuyó 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de ambas ciudades y advirtió que es una medida paliativa. Los cortes de rutas se extendieron a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, y este sábado superan los 90 en todo el país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La convocatoria a un nuevo diálogo en Bolivia entre los sectores movilizados y el Gobierno, promovida por el Legislativo y la Iglesia católica, surge tras 25 días de bloqueos de carreteras que han generado una crisis de abastecimiento y profundizado la tensión política en el país.

El llamado tiene lugar en un contexto de desabastecimiento de alimentos y combustibles, repunte de protestas sindicales y campesinas, y crecientes demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los mediadores buscan frenar la escalada del conflicto social y encontrar una salida negociada que evite un mayor deterioro de la estabilidad nacional.

El vicepresidente Edmand Lara -titular de la Asamblea Legislativa-, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo formalizaron la invitación a una mesa de diálogo para este domingo en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Convocaron al presidente Rodrigo Paz, a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, junto a otras organizaciones movilizadas, describiendo la situación como un momento crítico para el país.

En la convocatoria, los organizadores destacaron que Bolivia atraviesa circunstancias excepcionales que exigen responsabilidad y búsqueda de consensos. Subrayaron que la ausencia de diálogo ahonda las divisiones políticas y aplaza las soluciones necesarias para la sociedad.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este sábado los bloqueos superaban los 90 cortes viales en todo el país, tras más de veinte días de conflicto desde el 6 de mayo. La Paz y El Alto han sido las ciudades más afectadas, padeciendo el mayor desabastecimiento de productos básicos, así como aumentos en precios de alimentos y escasez de oxígeno medicinal, combustibles y medicamentos.

El Ministerio de Salud reportó que el viernes entregó 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales en la zona afectada, aunque advirtió que apenas se trata de una solución temporal y solicitó a los manifestantes que permitan el paso de suministros esenciales.

Las protestas han dejado hasta ahora cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos durante las últimas semanas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el saqueo de instalaciones públicas y privadas han incrementado la presión en las calles.

Los bloqueos se extendieron también a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, intensificando las dificultades de abastecimiento en toda Bolivia y agudizando el clima de crisis entre la población.

Las organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana y sectores relacionados con el expresidente Evo Morales exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, señalando presunto incumplimiento de compromisos y acusaciones de intentos de privatización, negadas por las autoridades.

El diálogo propuesto estuvo condicionado a la anulación de órdenes de detención contra dirigentes sindicales. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, quedaron libres de estas medidas tras la decisión de un juzgado de La Paz.

Aun así, la participación de la COB y organizaciones campesinas en el diálogo sigue sin definirse. Argollo declaró a EFE: “Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”.

Algunos grupos más radicales afines a Morales insisten en exigir la dimisión presidencial y rechazan cualquier negociación.

El gobierno implementó medidas de emergencia en respuesta a la magnitud del conflicto. El presidente Paz anunció la reducción a la mitad del salario propio y de los miembros del gabinete como gesto de austeridad. Además, defendió los recientes cambios en el gabinete como una reorganización puntual, no como resultado de una crisis interna.

El Ejecutivo intensificó la distribución de productos básicos y oxígeno, mantuvo canales abiertos de diálogo con los sectores movilizados y desplegó a las fuerzas de seguridad para reabrir rutas bloqueadas, recurriendo en ocasiones a gases lacrimógenos.

La convocatoria de los mediadores se produce ante una crisis de abastecimiento y una polarización política que amenaza la estabilidad nacional. El objetivo central es reunir al gobierno y a los movimientos sociales para encarar demandas fundamentales y avanzar hacia soluciones negociadas.

Bolivia enfrenta actualmente el reto de optar por el camino del consenso para superar las divisiones y abordar las prioridades del país en medio de una compleja coyuntura social.

Lo que inició como una serie de disputas dispersas, impulsadas por reclamos sectoriales y demandas económicas, terminó alimentando una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses de gobierno, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social.

La estrategia del Gobierno ha sido resistir a la presión con llamados al diálogo que han funcionado con algunos sectores que tenían demandas específicas, pero no ha logrado mitigar los conflictos que piden su renuncia. Al contrario, se han extendido territorialmente y se han sumado otras organizaciones.

La administración de Paz ha sido clara al afirmar que no está dispuesta a negociar con quienes buscan desestabilizar el gobierno y los ha acusado de estar financiados por el narcotráfico.

Para los que no entran en esa categoría, se conformó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en la toma de decisiones, pero al que no asistieron los sectores movilizados. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal formaron una comisión de diálogo a la que los movilizados condicionaron su presencia: piden que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que ponen en evidencia la falta de articulación interna y las fronteras de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que ponía restricciones al estado de excepción. Sin esa norma en vigencia, Paz queda facultado constitucionalmente para dictar la medida sin límites ni más condiciones que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.

Esta cronología reconstruye los principales hitos de la escalada de un conflicto que sigue en ebullición por la falta de consensos políticos y sociales.

Decreto, combustible y elecciones

Enero, febrero y marzo de 2026

No se puede marcar en el calendario el inicio del conflicto porque al principio las protestas no estaban articuladas. Sin embargo, analistas apuntan que el descontento social empezó en enero, con protestas contra un decreto que establecía medidas económicas que se terminarían derogando.

Luego surgió el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno no tardó en admitir la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo dificultades para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a las cabezas del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las intermitentes protestas de los transportistas.

Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente contra el Ejecutivo, le terminó salpicando: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que benefició al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y tomaron las calles en protesta.

La demanda de la Central Obrera Boliviana

31 de marzo de 2026.

Con un clima de malestar creciente por lo anterior, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente el pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa Plurinacional desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió infinitas veces a no privatizar empresas y la Asamblea Legislativa no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.

Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía

Partió el 8 de abril de 2026

Comunarios de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720 que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios.

Sus críticos consideraban que podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Si bien al inicio parecía un reclamo de poca trascendencia, terminó convertido en el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, al calor de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.

Cabildo de la COB

1 de mayo de 2026

La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo el magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con varias demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el pedido de aumento salarial.

Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos

6 de mayo de 2026

La Federación de Campesinos Túpac Katari inició el 6 de mayo un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones de la protesta respondían a un conjunto de reclamos acumulados contra el Gobierno, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.

Paro del magisterio urbano y rural

10 y 11 de mayo de 2026

Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que más tarde serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Al paro se sumaron marchas en la sede de Gobierno.

Marcha de los seguidores de Evo Morales

Partió el 12 de mayo

Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha que partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz en un recorrido de 190 kilómetros. Aunque inicialmente algunos manifestantes señalaban que exigían “respeto a la constitución” y que se levanten los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno, el pedido unánime era la renuncia del primer mandatario.

En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz llame a elecciones. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.

Violencia de mineros y maestros rurales

14 de mayo de 2026

La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro de la ciudad.

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras para su explotación. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.

Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación causando daños en el edificio, donde lanzaron piedras y derribaron una pared.

Tres marchas confluyen en La Paz

18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, afiliados a la COB, y los seguidores del expresidente Morales.

Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.

Enfrentamientos en “corredor humanitario”

23 de mayo

El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.

En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años que fue herido de bala. Si bien el Ministerio Público está investigando el deceso para establecer de dónde provino el disparo, el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.

Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y tiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, fuera del enorme costo social y económico de las protestas.

En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.

La crisis de abastecimiento en Bolivia se agudiza tras 29 días de bloqueos de rutas que cercan La Paz y paralizan el suministro de alimentos, combustible y medicamentos en todo el país, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El pollo, el alimento más consumido por su precio accesible, se vende al doble de su valor habitual en la capital. Los huevos y la carne vacuna registran alzas similares, mientras que frutas y verduras escasean. Familias de clase media han recurrido al arroz con huevo como base de su dieta. “Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha”, declaró Adela Gutiérrez, ama de casa y madre de una niña.

La jubilada María Helena Rodríguez señaló que come arroz con huevo día por medio para racionar “el poco pollo que llega”. “Tengo cinco perros y ellos también están a dieta”, agregó.

En el municipio de Pocona, departamento de Cochabamba, más de 100.000 pollos murieron en granjas por falta de alimento balanceado, gas licuado e insumos veterinarios. Wilson Mazala, presidente de la Federación Avícola de Pocona, cifró las pérdidas en entre 600.000 y 700.000 bolivianos diarios (entre USD 87.500 y USD 102.100) y advirtió que “alguien debe hacerse responsable de las pérdidas”.

Mazala señaló que más de 300.000 aves listas para el matadero no pueden ser trasladadas porque las rutas están cortadas. Alertó además que las consecuencias se sentirán en los próximos 35 a 40 días ante la falta de abastecimiento de pollo en los mercados, ya que las granjas no están siendo repobladas con pollos bebés. En Santa Cruz, el pollo se remata a mitad de precio porque tampoco logra llegar a los mercados.

La Paz cuenta con cuatro rutas de acceso al resto del país y los puertos del Pacífico. Solo una permanece parcialmente abierta; las otras tres están tomadas por manifestantes. El Ejecutivo organizó puentes aéreos con apoyo internacional para llevar productos básicos a la ciudad sede del gobierno.

Los dos corredores humanitarios habilitados con presencia policial y militar no prosperaron, ya que los bloqueadores volvieron a cerrar las rutas. La escasez de combustible derivó además en el racionamiento de oxígeno y alimentos en hospitales. Más de 500 cisternas con combustible permanecen varadas en las carreteras, según las autoridades.

Las negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), principal líder de las protestas, no llegaron a concretarse. La COB exigió como condición previa que la justicia derogue las órdenes de detención contra sus dirigentes por las movilizaciones en La Paz.

El presidente Paz lleva apenas seis meses en el poder y enfrenta la peor crisis económica del país en 40 años. Ha denunciado una conspiración y atribuye la situación a dos décadas de gobiernos socialistas. “Todo lo que sea de utilidad para el pueblo tiene que generar a través del diálogo y eso estamos haciendo. Los bloqueos solo castigan a las familias”, afirmó hace dos días.

Su gobierno descartó el uso de las fuerzas del orden para despejar las rutas por el riesgo de posibles bajas que agraven el conflicto. Empresarios y organizaciones civiles de Santa Cruz presionan para que se declare el estado de excepción.

(Con información de AP y Los Tiempos)

El Gobierno brasileño despachó este viernes 21 toneladas de alimentos —16 de arroz y cinco de leche en polvo— a bordo de un carguero militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que despegó desde la Base Aérea de Canoas, en el sur del país, con destino a La Paz. La operación se concretó a petición del propio Paz y tras los acuerdos alcanzados en una llamada telefónica que sostuvo el lunes con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la cancillería de Brasil en un comunicado.

En esa conversación, Lula expresó la solidaridad de su gobierno con Bolivia e instó tanto a las autoridades como a los movimientos sociales a “evitar recurrir a la violencia” y a “privilegiar el diálogo” para superar las diferencias y garantizar la paz social.

Bolivia atraviesa una ola de protestas desde hace 24 días, impulsada por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Las movilizaciones, que comenzaron con demandas sectoriales, escalaron hasta exigir la dimisión de Paz, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Los cortes afectan principalmente una carretera estratégica entre La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile, y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este viernes se registraron 85 cortes de ruta, casi una veintena más que el día anterior, con mayor concentración en el departamento de La Paz.

La escasez de alimentos y combustibles —a los que se suman la falta de medicamentos y oxígeno medicinal— obligó al Gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas. Ante el desabastecimiento, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a familiares en La Paz, cuyos precios se han disparado.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia recibió este viernes las primeras dos toneladas de alimentos no perecederos enviados por Paraguay, en el primero de tres vuelos militares que transportarán en total siete toneladas de asistencia destinadas a La Paz y El Alto. Así lo informó a la agencia EFE el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique Guerrero, desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde aterrizó la nave, un modelo CASA 212 que partió desde la base Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, autorizó los tres viajes “ante la difícil situación de desabastecimiento” que atraviesan ambas ciudades, según detalló Guerrero. El segundo vuelo estaba previsto para las horas siguientes, y el tercero para este sábado.

Perú y Chile enviaron asistencia humanitaria directa, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz. Estados Unidos, por su parte, anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz.

Un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso el jueves, luego de que los manifestantes condicionaron su participación a la anulación de las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios registrados durante las protestas.

Médicos, enfermeros y trabajadores de salud marcharon este jueves en La Paz para reclamar una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras que desde hace 23 días afectan el ingreso de oxígeno, medicamentos y alimentos a hospitales de Bolivia.

La protesta se produjo en medio del agravamiento de la crisis social y económica que mantiene cercadas a La Paz y El Alto, mientras distintos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La movilización comenzó en el Hospital de Clínicas, principal complejo médico de la capital boliviana, y avanzó por el centro paceño hasta llegar al Ministerio de Salud. Durante la marcha, los trabajadores sanitarios llevaron guardapolvos blancos y reclamaron el desbloqueo de rutas para garantizar la atención de pacientes internados.

“Oxígeno y comida para los pacientes” y “respeto por la salud y la vida” fueron algunas de las consignas repetidas por los manifestantes, acompañados por ambulancias con sirenas encendidas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que la situación dentro de los hospitales se volvió crítica por la falta de suministros básicos.

“Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos”, afirmó. También explicó que muchos camiones que lograron ingresar con oxígeno medicinal no pueden abandonar la ciudad para recargar nuevos suministros debido a los bloqueos.

Larrea alertó que “puede pasar cualquier desgracia” con los pacientes más delicados si continúa interrumpido el abastecimiento. Según explicó, varios hospitales comenzaron a compartir reservas de oxígeno entre centros de salud para sostener la atención de emergencias.

La crisis también impacta sobre la alimentación hospitalaria. El dirigente médico indicó que algunos establecimientos redujeron la cantidad de proteína animal en las comidas de los pacientes debido a la escasez de productos. Además, numerosos hospitales suspendieron cirugías programadas para priorizar únicamente intervenciones urgentes.

Los problemas alcanzan también a tratamientos especializados. Larrea señaló que existen dificultades para acceder a medicamentos destinados a pacientes oncológicos y pidió una solución inmediata para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario.

Mónica Reyes, médica de 48 años que participó de la movilización, aseguró que la situación empeora día tras día.

“No tenemos suficiente para cinco días más”, afirmó. “Las provisiones de alimentos se están acabando y los productos están siendo racionados”, agregó.

La profesional sostuvo además que los pacientes enfrentan una doble crisis: “Ya están sufriendo por su enfermedad y ahora se suma el sufrimiento del país”.

El Ministerio de Salud reconoció esta semana que la escasez de alimentos e insumos puede afectar especialmente a pacientes vulnerables y complicar procesos de recuperación en hospitales públicos. Según datos oficiales, en La Paz y El Alto funcionan 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unas 1.000 personas internadas.

A eso se suman 15 centros destinados a poblaciones vulnerables que también enfrentan dificultades para recibir suministros básicos.

La Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia informó que alrededor de 50 toneladas de medicamentos y oxígeno permanecen retenidas por los bloqueos en diferentes rutas del país.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y sectores obreros que reclamaban mejoras salariales, estabilidad en el suministro de combustible y respuestas frente a la crisis económica. Con el paso de las semanas, las movilizaciones se radicalizaron y pasaron a exigir directamente la salida de Paz.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó más de 60 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país. Las interrupciones afectan especialmente a La Paz, El Alto y otras ciudades del altiplano boliviano.

La Defensoría del Pueblo informó además que al menos cuatro personas murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las restricciones de circulación.

En paralelo, el Gobierno insiste en buscar una salida negociada. “El país necesita orden”, declaró Paz el miércoles, cuando aseguró que Bolivia se encuentra cerca de un “punto límite”.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la crisis política y social que atraviesa el país “está llegando al límite” y advirtió que podría recurrir a mecanismos extraordinarios para contener las protestas que desde hace semanas paralizan distintas regiones y exigen su renuncia.

“El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante un acto realizado en La Paz, donde presentó un espacio de discusión sobre medidas económicas y sociales.

Bolivia enfrenta desde hace casi un mes una ola de bloqueos y movilizaciones impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores del transporte que inicialmente reclamaban respuestas frente a la crisis económica y que luego pasaron a exigir la salida del presidente.

Las protestas se concentran principalmente en La Paz y El Alto, donde el desabastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos comenzó a impactar de forma severa sobre la población.

La tensión política aumentó después de que el Congreso eliminara las restricciones legales que limitaban la posibilidad del Ejecutivo de declarar estados de excepción. La modificación habilita al gobierno a utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos y aplicar restricciones sobre reuniones y circulación.

“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, afirmó el mandatario boliviano.

Pese a las amenazas de mayores controles, las movilizaciones continuaron durante toda la jornada. Miles de mujeres campesinas indígenas marcharon por el centro paceño en coincidencia con el Día de la Madre en Bolivia. Muchas portaban banderas indígenas y cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica.

“No tenemos miedo morir. Vamos a dar nuestras vidas por defender (...) ya le hemos dicho al gobierno que alisten sus maletas y que se vaya”, dijo la dirigente campesina Marta Poma Luque durante la manifestación.

La protesta se unió además con una huelga de transportistas que mantiene parcialmente paralizado el servicio de transporte público en varias zonas de la capital boliviana.

En medio de las marchas, algunos dirigentes pidieron evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. “La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades”, declaró el manifestante Froylán Choque.

Mientras tanto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado políticamente con Paz, intentó impulsar una instancia paralela de diálogo con representantes de los sectores movilizados. Sin embargo, el encuentro tuvo escasa participación y solo contó con representantes de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo.

Escasez, inflación y pérdidas millonarias

El conflicto comenzó a afectar seriamente el abastecimiento en varias regiones del país. En hospitales de La Paz ya se registran problemas para conseguir medicamentos e insumos médicos.

“Los medicamentos están subiendo o hay otros que se están acabando”, declaró Zulma Hinojosa, madre de un niño con problemas cardíacos y respiratorios que recibe tratamiento en un hospital paceño.

El Gobierno calcula que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos alcanzan los 600 millones de dólares. Bolivia atraviesa además una profunda crisis financiera desde 2023, marcada por la escasez de divisas, el deterioro de las reservas internacionales y una inflación cercana al 15%.

Paz comparó el impacto de la crisis actual con la pandemia. “Es peor que el covid”, sostuvo al referirse al desabastecimiento y al aumento de precios que afectan especialmente a La Paz y El Alto.

En un intento por reducir la tensión social, el mandatario anunció días atrás que reducirá a la mitad su salario mensual. La medida, sin embargo, no logró frenar las protestas.

“Estamos hartos con este presidente (...) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana”, dijo la manifestante Delta Salinas.

El gobierno acusa al ex presidente socialista Evo Morales de impulsar los disturbios desde la región del Chapare, donde permanece refugiado mientras enfrenta una causa judicial por presunta trata de una menor. Morales exige que el Ejecutivo convoque nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

(Con información de AFP)

Bolivia continúa sumida en una crisis marcada por bloqueos de carreteras, marchas y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno intenta abrir negociaciones para frenar un conflicto que ya lleva 22 días y afecta el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en varias regiones del país.

Las movilizaciones, lideradas por sindicatos campesinos, organizaciones obreras y grupos vinculados al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen interrumpidas decenas de carreteras y continúan presionando por la renuncia del mandatario, que lleva poco más de seis meses en el poder.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras informó que existen al menos 70 puntos de bloqueo distribuidos en seis de los nueve departamentos del país. Los principales focos de conflicto se concentran en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.

En paralelo al aumento de la tensión social, el oficialismo y sectores opositores intentan impulsar conversaciones para desactivar el conflicto. Uno de los espacios de negociación fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara, quien también preside la Asamblea Legislativa y mantiene diferencias políticas con el Ejecutivo.

A ese encuentro asistieron representantes parlamentarios, dirigentes sociales, miembros de la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Gobierno nacional.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo. “Llegamos a este espacio con la esperanza y la convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, expresó.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz encabezó otra mesa de trabajo junto a representantes económicos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación interna y las consecuencias económicas de las protestas.

Pese a esos intentos, las movilizaciones continuaron en las calles de La Paz. Durante esta jornada, organizaciones campesinas volvieron a marchar por el centro político de Bolivia encabezadas por mujeres aimaras que llevaban cacerolas vacías como símbolo de la crisis económica y del descontento social.

Virginia Antiñapa, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, acusó al Gobierno de marginar a los sectores sociales tradicionales. “Cada Gobierno siempre ha coordinado con las organizaciones sociales para su gobernabilidad, pero este Gobierno no nos ha hecho caso, nos ha discriminado”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que el presidente incumplió compromisos asumidos con las organizaciones campesinas durante la campaña electoral, motivo por el cual exigen su salida del poder.

A las protestas campesinas se sumó también el paro indefinido impulsado por sindicatos de transportistas de La Paz. Los conductores instalaron bloqueos urbanos para denunciar la falta de combustible, una situación agravada precisamente por el cierre de rutas en distintas regiones del país.

La combinación de cortes de carreteras y protestas urbanas alteró seriamente la movilidad en La Paz y El Alto. Miles de personas debieron trasladarse caminando o permanecer durante horas en filas para acceder al sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades.

El conflicto ya lleva 22 días y comenzó a extenderse hacia otras regiones bolivianas durante la última semana. Hospitales y centros médicos reportaron dificultades para recibir oxígeno medicinal y otros suministros esenciales debido a las interrupciones del transporte terrestre.

La escasez también afecta mercados y estaciones de servicio, especialmente en el altiplano boliviano, donde comerciantes y consumidores enfrentan problemas crecientes para acceder a productos básicos.

En medio de ese escenario, el Gobierno promulgó durante la madrugada una nueva ley que elimina restricciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. La medida incrementó la preocupación de sectores opositores y organizaciones civiles ante la posibilidad de una escalada represiva.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró que declarar un estado de excepción continúa siendo “la última opción” y sostuvo que priorizará las negociaciones políticas antes de recurrir a medidas extraordinarias.

(Con información de EFE)

Pequeños comerciantes, transportistas y productores bolivianos salen a las calles por los bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva poco más de seis meses en el cargo. Las protestas acumulan 21 días y se extienden a seis departamentos del país, sin que el Gobierno haya dado señales de resolución.

En rechazo a estas movilizaciones, decenas de ellos marcharon este martes con banderas blancas por el centro histórico de La Paz con consignas como “queremos trabajar” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”. Los manifestantes, entre ellos varias mujeres aimaras, recorrieron las calles aledañas a la plaza Murillo, custodiada por agentes antidisturbios, aunque ninguno se dirigió hacia ella.

La dirigente gremialista Miriam Hernández señaló que “varios negocios han cerrado” por las movilizaciones y por el desabastecimiento de alimentos derivado de los cortes de vías. “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”, afirmó.

Sindicatos de transportistas realizaron también este martes bloqueos callejeros en La Paz ante la escasez de combustible, agravada porque los cortes de carreteras impiden el abastecimiento desde las distribuidoras. Algunos gremios de choferes amenazaron con sumarse a las protestas si no se agilizan las compensaciones por daños causados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida en los primeros meses del año.

Las movilizaciones son protagonizadas por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019). La Paz, El Alto y Oruro registran falta de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados en rutas nacionales e internacionales, incluidas las que conducen a los puertos de Chile y Perú.

En Cochabamba, Jhasmani Medrano, presidente de la Fundación de Productores Lecheros (Fundaprolec), informó que el sector acumula pérdidas superiores a 10 millones de bolivianos (unos USD 1,44 millones), con 2 millones adicionales (unos USD 289.000) por cada día de bloqueo. Más de 300 camiones con maíz, afrecho y cascarilla de soya permanecen retenidos en carreteras cortadas, sin poder abastecer a los productores.

Al no poder almacenarse, la leche “sí o sí tiene que venderse en el día”, según explicó Medrano. Ante esa situación, la Alcaldía de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la comercialización de leche, huevos y flores en tres plazas públicas de la ciudad. El intendente municipal Enrique Navia precisó que los productores estarán habilitados desde las 8.30 horas.

El presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Marlon Álvarez, advirtió sobre un posible desabastecimiento de pollo en las próximas semanas. Cochabamba mueve 1,2 millones de pollos por semana, pero varias granjas comienzan a quedarse sin insumos y el traslado de pollitos bebé acumula retrasos.

En el sector textil, Gladys Nieto, presidenta de Bolivia Produce Regional Cochabamba, informó que la imposibilidad de cumplir entregas y trasladar mercadería durante tres semanas de cortes generó pérdidas de USD 100.000.

(Con información de EFE y Los Tiempos)

Cuando se cumplen 20 días de bloqueos en Bolivia, se perfilan dos escenarios para resolver los conflictos sociales que exigen la renuncia del presidente: por un lado, el gobierno llamó al diálogo a los sectores movilizados y por otro, avanza la abrogación de una ley que regula el estado de excepción y faculta a la Asamblea Legislativa a rechazar su aplicación.

Este lunes, el presidente Rodrigo Paz pidió disculpas por no haber podido “atender” a tiempo las demandas de algunos sectores sociales y convocó al diálogo para este miércoles en el marco del Consejo Económico y Social, cuya creación fue anunciada la semana pasada.

“Si el presidente tiene que decir disculpas por no tener el tiempo o el momento para atender (a los sectores sociales), lo hago porque el mayor orgullo de un servidor público es atender”, manifestó en un acto cívico en la ciudad de Sucre. “Si uno se equivoca, vuelve y rectifica, y con eso no pierde, gana”, agregó.

El mandatario convocó para el miércoles 27 a las 10:00, hora local, a los sectores sociales del país al primer Consejo Económico y Social, en el que se analizarán más de 2.000 proyectos “garantizados” por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“El diálogo será siempre el instrumento para resolver los problemas”, señaló el mandatario y advirtió que quienes no quieran resolver las diferencias por esa vía “están fuera de la constitución y la Constitución tiene límites que se tienen que aplicar.”

Ante los crecientes pedidos para dictar un estado de excepción, el Senado abrogó el domingo la ley que reglamenta esta medida —a iniciativa precisamente del presidente de la Cámara, Diego Ávila, uno de los aliados de larga data del presidente— y este martes la tratará la Cámara de Diputados.

La norma básicamente establece el procedimiento detallado de una medida de excepción, sus límites y las responsabilidades penales en torno a ella, pero también complejiza su implementación al incorporar la aprobación del Órgano Legislativo.

De anularse esta ley, el país entraría en una zona gris del marco jurídico: si bien la Constitución Política del Estado le da al Ejecutivo la atribución de dictar un estado de excepción, señala que éste debe estar regulado por ley.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó en entrevista con Infobae el analista y consultor político Carlos Saavedra. “Siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”.

El llamado presidente Paz se da cuando el país cumple 20 días de bloqueos de carreteras para exigir su renuncia. La medida de presión, que inició con demandas sindicales de aumento salarial y en rechazo a una ley que permitía modificar la categorización de las tierras, derivó rápidamente en pedidos de dimisión.

La Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz cortó carreteras de la región andina del país y progresivamente sumó el apoyo de otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que masificaron las protestas y subieron la presión contra el gobierno.

Fuera de los reclamos sindicales, los sectores movilizados protestan por la falta de inclusión en el gobierno y por algunas políticas que han sido consideradas en favor de las élites empresariales, como la anulación de un impuesto a las grandes fortunas o la promulgación de una ley que consideraban que promovería la concentración de tierras.

“Hoy (ayer) lo ha planteado el presidente: uno de los problemas centrales ha sido no entender la amplitud de representación que tenía que tener el gobierno”, afirmó Saavedra. Sin embargo, remarcó que eso, bajo ningún punto de vista, “justifica que los sectores ultraradicalizados busquen la ruptura del orden democrático o generen escenarios de violencia”.

Este martes se registran al menos 50 puntos de bloqueo en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, cuya capital lleva varias semanas cercada y enfrenta desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible y encarecimiento de productos básicos.

El Gobierno de Bolivia reconoció el lunes la muerte de una persona durante los enfrentamientos ocurridos en el fallido operativo militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país, bloqueada por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió el fallecimiento y ofreció disculpas por una primera versión oficial difundida el sábado por la noche, cuando había afirmado que no se registraban víctimas fatales. Según explicó, esa declaración respondió a información que, según sostuvo, era contradictoria en medio del operativo desplegado para habilitar el denominado “corredor humanitario” destinado al paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por el desabastecimiento provocado por los bloqueos.

“Lamentablemente, en el transcurso de las horas, ya en la madrugada (del domingo), tuvimos conocimiento del fallecimiento de un ciudadano y hemos expresado a través de distintos medios nuestro pesar porque ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, dijo Gálvez ante los medios.

El operativo se desarrolló el sábado sobre la carretera troncal que conecta las ciudades de La Paz y Oruro, separadas por 227 kilómetros, con el objetivo de restablecer el tránsito de suministros hacia la sede de Gobierno y hacia El Alto, dos de las ciudades más afectadas por el corte de rutas y el desabastecimiento de productos básicos.

Sin embargo, la intervención fue suspendida tras los enfrentamientos registrados en distintos tramos de la ruta. Los choques derivaron además en la quema de oficinas estatales y en destrozos contra vehículos que acompañaban el convoy oficial.

El domingo, medios locales difundieron un reporte forense que certificó la muerte de un civil identificado como Víctor Cruz Quispe. El informe indicó que el fallecimiento ocurrió por un “proyectil de arma de fuego”, según el examen practicado en el Hospital de Clínicas de La Paz, donde el cuerpo fue trasladado el sábado por la noche desde la región del altiplano.

El hecho ocurrió cerca de la localidad de Vilaque, escenario de los enfrentamientos entre agentes policiales y militares y los manifestantes que mantenían el bloqueo.

Tras conocerse el fallecimiento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto reclamaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos” el sábado. En su pronunciamiento, las instituciones pidieron una investigación sobre lo sucedido, “en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.

Desde el Gobierno, Gálvez defendió el accionar de las fuerzas desplegadas en el operativo y sostuvo que “ninguno de los efectivos” militares y policiales que participaron “portaba un arma de ningún calibre”. Según afirmó, los agentes llevaban gases lacrimógenos con fines disuasivos.

El vocero aseguró además que el Ejecutivo impulsará una investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades. “Y el que haya asesinado tiene que pagar”, afirmó. También sostuvo que “la ley no está para ser rota y nadie está por encima de la ley”.

La operación del sábado formó parte de un intento oficial por romper los bloqueos instalados desde hace 20 días por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la renuncia del presidente Paz, quien asumió el Gobierno hace seis meses.

(Con información de EFE)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar por teléfono con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, quien solicitó apoyo ante el desabastecimiento provocado por las protestas y los bloqueos que afectan al país, informaron el lunes fuentes oficiales.

Según el comunicado de la Presidencia brasileña, durante la conversación Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y subrayó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho.

Asimismo, el mandatario brasileño llamó a que el gobierno y los movimientos sociales “eviten recurrir a la violencia” y “privilegien el diálogo” como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social.

Bolivia entró el lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva seis meses como jefe de Estado.

Los bloqueos han aislado durante 20 días al departamento de La Paz, donde se encuentra la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

En medio de esa situación, Bolivia recibió el domingo una donación de cuatro toneladas de alimentos enviada por Perú para asistir a familias afectadas por los bloqueos instalados desde hace 19 días en distintas zonas del país.

La ayuda humanitaria llegó en un avión militar peruano, en respuesta a una solicitud presentada por el gobierno boliviano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que la cooperación fue enviada luego de que el gobierno de Lima respondiera “de manera inmediata y solidaria a la solicitud formulada por el Estado boliviano”.

En un comunicado, la cartera diplomática boliviana agradeció “la voluntad de cooperación demostrada en este operativo, que refleja los principios de solidaridad, integración regional y apoyo mutuo entre ambos Estados”, en referencia al envío de alimentos destinados a familias afectadas por el impacto de los cortes de rutas.

La crisis de movilidad en Bolivia se profundizó en las últimas semanas por los bloqueos impulsados principalmente por campesinos aimaras en la zona andina, que mantienen tomadas rutas estratégicas y exigen la salida del presidente Paz.

Las protestas afectan especialmente una carretera clave entre La Paz y El Alto, además de conexiones con las fronteras de Perú y Chile y corredores que unen el occidente con el sur y el centro del territorio boliviano.

De acuerdo con el reporte oficial, las carreteras bolivianas amanecieron este domingo con 59 bloqueos instalados en seis de las nueve regiones del país, principalmente en el área andina, luego del fracaso de un segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal ocupada desde hace 19 días.

El conflicto también obligó al gobierno boliviano a solicitar apoyo internacional para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros insumos esenciales en las zonas más afectadas.

En ese marco, Bolivia ya había recibido días atrás cooperación del gobierno de Argentina, que facilitó dos aviones militares para trasladar carne desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Paz y El Alto, en un intento por mitigar los problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas.

Chile también envió ayuda humanitaria la semana pasada, equivalente a 480 cajas de alimentos, como parte de la asistencia regional destinada a enfrentar las consecuencias de la crisis logística generada por las protestas.

A esa cooperación se sumó Estados Unidos, que anunció el sábado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico en respaldo al gobierno de Paz.

(Con información de EFE)

Las carreteras de Bolivia amanecieron este domingo con 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que intentó el sábado despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días por campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó cortes de ruta en las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, en las centrales de Chuquisaca y Cochabamba, y en la oriental de Santa Cruz, con mayor concentración en las dos primeras. Los únicos departamentos sin bloqueos son los amazónicos de Beni y Pando y el sureño de Tarija.

El operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas” intentó abrir el paso en la carretera de 227 kilómetros entre La Paz y Oruro, pero fue resistido por los manifestantes con cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas. Tras el paso de la caravana, los campesinos volvieron a bloquear la vía con piedras, tierra y troncos. Es el segundo intento fallido de militares y policías para despejar esa ruta, tras no lograrlo el sábado 16.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que el operativo se detuvo a mitad de camino cuando los manifestantes emboscaron la caravana lanzando dinamita y piedras. Su comitiva usó caminos alternos para volver a La Paz, tras sufrir tres “emboscadas”, en una de las cuales su vehículo fue atacado y el vidrio trasero quedó destrozado, según un comunicado de su despacho. Zamora indicó que llegó a la ciudad cerca de las 2 de la madrugada y reiteró su disposición a dialogar en todos los puntos de bloqueo.

Zamora buscaba facilitar el paso de los cientos de camiones varados y el transporte de alimentos, combustible e insumos médicos para hospitales estatales de La Paz, El Alto y Oruro, donde los precios se han incrementado por la escasez.

El presidente Rodrigo Paz afirmó el sábado que “extremará” los esfuerzos para buscar una solución mediante el diálogo, pero advirtió que “todo tiene un límite” y que la Constitución respalda posibles medidas como un estado de excepción. Paz explicó que los conflictos están centrados en la zona andina, en la carretera entre La Paz y Oruro, por donde ingresa combustible importado desde el Pacífico para la sede de Gobierno. Aseguró que “no está el resto del país en conflicto” y que aplicará todas las decisiones amparadas por la Constitución, priorizando el respeto a la vida y el diálogo.

Las protestas están impulsadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia de Paz. El operativo para abrir un corredor humanitario incluyó enfrentamientos violentos, vandalismo contra instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta. Manifestantes emplearon cargas de dinamita y piedras lanzadas con hondas, dañando vehículos, mientras los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Los bloqueos de carreteras se extendieron a Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

En medio de la grave crisis que atraviesa Bolivia, Evo Morales no cede y aumenta la tensión. El ex presidente volvió a exigir este domingo la convocatoria a elecciones en 90 días para evitar muertos, instando al gobierno de Rodrigo Paz a optar por un proceso electoral urgente en lugar de “la militarización” para terminar con los bloqueos.

El ex mandatario, sobre quien pesa un pedido de captura, considera que la renuncia de Paz y la conformación de un gobierno de transición son la única garantía de pacificación, en un escenario marcado por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles tras tres semanas de bloqueos.

Durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca, Morales advirtió: “Paz tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, agregó.

Pese a las reiteradas amenazas de Morales, el gobierno de Bolivia insiste en el diálogo con los sectores movilizados. El presidente Paz aseguró que hará “todos los esfuerzos” por dialogar, pero afirmó que existe un límite ante las manifestaciones, a las que atribuye la intención del líder cocalero de instigar la crisis. Las autoridades denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático”.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, reiteraron la invitación al diálogo, pero también acusaron a Morales de alentar la desestabilización. El Ejecutivo sostiene que Morales es prófugo de la justicia por un caso vinculado a trata de menores, con lo que procura restar legitimidad a su figura como referente de las protestas.

Mientras tanto, sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, campesinos del altiplano y seguidores de Morales mantienen bloqueos y enfrentamientos exigiendo la salida del presidente. El Comité pro Santa Cruz, liderado por Stello Cochamanidis, rechaza la estrategia de diálogo e insiste en el desbloqueo inmediato de las carreteras hacia centros logísticos cruciales.

La situación en las rutas ha escalado la violencia. Desde hace 18 días, fuerzas de seguridad intentaron liberar una carretera nacional, pero fueron emboscadas en Copata, en el corredor entre La Paz y Oruro. El convoy de militares y policías, al mando de Zamora, fue atacado con dinamita e imposibilitado de avanzar.

Según Zamora, tuvieron que buscar una ruta alterna para proteger la vida del personal y de ciudadanos atrapados. Permanecieron varias horas sin comunicación, hasta que lograron regresar a un lugar seguro. También se informó que equipos de prensa, presentes en la operación, se retiraron por caminos alternativos debido al ataque.

Los bloqueos persisten desde hace más de tres semanas, interrumpiendo el traslado de alimentos, combustibles e insumos médicos hacia La Paz y El Alto. Esta situación ha elevado la inflación interanual al 14 %. El gobierno denunció la difusión de “noticias falsas” sobre supuestas muertes durante los operativos, atribuyendo dicha campaña a sitios no radicados en el país y a intereses que buscan desestabilizar.

Frente a la gravedad de la crisis, el Ejecutivo mantiene su llamado al diálogo. La administración Paz convocó a líderes campesinos y organizaciones sociales a una sesión del Consejo Económico y Social, pautada para el 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

Oscar Mario Justiniano confirmó que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari fue invitada a participar en este encuentro, con el objetivo de destrabar los bloqueos. Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz sostuvo su desconfianza, señalando que el gobierno busca únicamente ganar tiempo.

En este contexto de creciente incertidumbre, varias voces dentro del gobierno lamentaron el nivel de violencia alcanzado y el profundo quiebre social, señalando la preocupación por los ataques que impiden recuperar el abastecimiento esencial para las ciudades más afectadas.

El gobierno boliviano insiste en el diálogo con sectores movilizados tras casi 20 días de bloqueos que han profundizado la crisis política, económica y social en el país. El Ejecutivo convocó para este domingo a líderes campesinos y organizaciones sociales a una próxima reunión del Consejo Económico y Social, en un esfuerzo por hallar consensos que permitan superar las protestas nacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, confirmó la convocatoria formal a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión clave este domingo. Además, la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social fue fijada para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo.

Justiniano recalcó que el diálogo ha sido permanente y forma parte del compromiso democrático asumido por el Ejecutivo, de acuerdo a lo reportado este domingo por el diario El Deber. El ministro detalló la realización de múltiples reuniones en las últimas semanas, así como el envío de invitaciones formales a organizaciones sociales para renovar el acercamiento oficial. Subrayó, además, que las demandas campesinas son “legítimas”, y advirtió que los bloqueos han generado un serio impacto sobre la producción agrícola, provocando la pérdida de meses de trabajo en pocos días.

Por otra parte, recientemente tuvo lugar una reunión de más de cinco horas entre el gobierno y la Confederación de Mujeres Interculturales, donde se acordó una agenda de trabajo. El Consejo Económico y Social, previsto en la Constitución, se perfila como un foro para abordar el desarrollo económico y la estabilidad social.

Las movilizaciones continúan en varias regiones de Bolivia, con bloqueos organizados por campesinos aimaras, sindicatos y simpatizantes de Evo Morales. Estos sectores exigen tanto respuestas a demandas económicas y sociales como la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Comité pro Santa Cruz, cuyo presidente es Stello Cochamanidis, reiteró su ultimátum para este domingo, reclamando el desbloqueo de San Julián y expresando escepticismo ante la estrategia gubernamental. Desde ese sector sostienen que la intención principal es forzar la salida del presidente y no negociar acuerdos.

Dirigentes cívicos han solicitado también la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, denunciando la existencia de grupos “delincuenciales” y señalando ataques contra periodistas y la utilización de armas en los enfrentamientos. Estos incidentes han incrementado el riesgo de nuevas víctimas y mantienen la tensión en el país.

La extensión de los bloqueos ha alcanzado lugares como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, generando preocupaciones y trastornos en la vida cotidiana de la población.

El gobierno desplegó este sábado un operativo combinado de fuerzas militares y policiales para despejar una arteria vital en la zona andina. El avance del convoy generó nuevamente enfrentamientos con manifestantes, que respondieron con cargas de dinamita y lanzamientos de piedras.

El objetivo del denominado operativo humanitario con banderas blancas era restablecer el flujo de alimentos y suministros médicos hacia La Paz y El Alto, ciudades severamente afectadas por los bloqueos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó una caravana integrada por más de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y maquinaria pesada, para remover obstáculos en la ruta.

Durante la operación, los manifestantes dañaron varios vehículos y, en un incidente en El Alto, retuvieron a un policía vestido de civil, quien fue presentado como “rehén” en un video y posteriormente rescatado por agentes de inteligencia. Los disturbios incluyeron la quema de un autobús y el saqueo de instalaciones estatales, lo que contribuyó a agudizar la tensión social en la zona.

Las autoridades constataron que tras cada avance del operativo, los bloqueos eran reinstalados. A pesar de los intentos de diálogo en los puntos de conflicto, la situación no se ha resuelto.

En el ámbito político, el llamamiento al diálogo divide opiniones en la Asamblea Legislativa. La diputada Ximena Arispe considera indispensable recurrir a mesas de diálogo para encauzar las demandas y discutir eventuales reformas en el gabinete.

Por otro lado, la diputada Eliana Condori ha defendido el derecho a la protesta y apunta que la crisis política y económica se ha profundizado debido a los bloqueos. Otros parlamentarios, como Claudia Bilbao, insisten en distinguir entre reclamos sociales legítimos y hechos considerados delictivos, subrayando la necesidad de una respuesta policial ajustada a la ley.

Los bloqueos han generado pérdidas económicas de consideración, el desabastecimiento de insumos y un daño tangible en el bienestar de la población, que espera la solución del conflicto.

Para numerosos sectores productivos del país, los días de protesta han puesto en riesgo el trabajo y los logros obtenidos en los últimos meses, reflejando la urgencia de consensos que permitan reconstruir la normalidad para millones de bolivianos.

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el viernes una nueva operación “humanitaria” destinada a levantar los bloqueos en la principal carretera del país e invitó a dialogar a la federación de campesinos del departamento de La Paz, que mantiene la medida de presión desde hace 17 días para exigir la renuncia del mandatario nacional.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindaron detalles sobre la iniciativa en una rueda de prensa conjunta.

Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, llevará el nombre de “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tiene como objetivo “despejar” la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía clave hacia el centro y este del país.

“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, afirmó e indicó que estas zonas son las más afectadas por los bloqueos. A su vez, señaló que la misión será “normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y alimentos”.

La operación estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que utilizará maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes en los cortes de ruta.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la operación contará con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica, y aseguró que la intervención “no está yendo a buscar ningún enfrentamiento”.

El pasado sábado, una primera operación policial y militar intentó despejar las principales carreteras de La Paz, pero encontró resistencia de los manifestantes en el sur de la ciudad y en una zona de El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita ante los gases lacrimógenos utilizados por los uniformados.

Por lo tanto, el desbloqueo fue parcial y transitorio, ya que posteriormente se ordenó el repliegue de fuerzas para evitar un “derramamiento de sangre”, lo que permitió que los manifestantes retomaran las protestas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, invitó a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ a dialogar y negociar el domingo para buscar “soluciones a los problemas que son legítimos”.

Justiniano también anunció que el Consejo Económico y Social, presentado días atrás por Rodrigo Paz, tendrá una sesión constitutiva el próximo miércoles para definir su metodología de trabajo y una agenda inicial con las principales prioridades nacionales. Las invitaciones para esa reunión se están enviando a distintos sectores y organizaciones sociales.

“Yo personalmente, como productor, sé cuánto se sufre cuando su producción de uno termina fregada en el camino, sé cuánto se sufre y también nuestros hermanos lo saben en el campo, meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar, porque al final del día todos somos productores”, sostuvo el funcionario.

Las protestas, iniciadas en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, reúnen a campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz. En los últimos días, los bloqueos se extendieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

En paralelo, Gálvez enalteció las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país en respaldo al sistema democrático, el orden constitucional y el Gobierno de Paz. “Hemos sido testigos de manifestaciones en todos los departamentos, incluidos La Paz, que muestran que la inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia y apuesta por el ejercicio pleno de la democracia”,

El viernes, Bolivia vivió una nueva jornada de protestas masivas en La Paz, marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines, con uso de gases lacrimógenos, piedras y cartuchos de dinamita.

Las protestas congregaron a campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros, muchos de ellos portando cascos, ponchos y banderas indígenas.

Los manifestantes partieron desde El Alto hacia el centro de la capital, donde los accesos a la Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, sede de gobierno, permanecen resguardados con rejas y un fuerte despliegue policial. La agencia AFP reportó al menos tres detenidos durante las jornadas.

El país atraviesa una de sus peores crisis económicas en cuatro décadas, con una inflación interanual del 14% en abril, según cifras oficiales. Los reclamos iniciales, enfocados en aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios, se radicalizaron hasta transformarse en una exigencia de dimisión.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, expresó Melina Apaza, de 50 años, residente de la región minera de Oruro.

(Con información de EFE y AFP)

Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros —muchos de ellos con cascos, ponchos y banderas indígenas— partieron desde El Alto hacia el centro de la capital política, donde los accesos a la plaza de armas permanecen resguardados con rejas y cientos de efectivos. AFP registró al menos tres detenidos durante las jornadas.

La ciudad lleva tres semanas aislada por bloqueos de carreteras que han generado escasez de alimentos, combustibles y medicinas. El gobierno reportó que cuatro personas murieron al no poder llegar de emergencia a centros médicos.

Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta lo que los sectores movilizados describen como la peor crisis económica del país andino en cuatro décadas. La inflación interanual llegó al 14% en abril, según datos oficiales.

Los reclamos iniciales —aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios— se radicalizaron hasta convertirse en una demanda de renuncia. “Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dijo a AFP Melina Apaza, de 50 años, oriunda de la región minera de Oruro.

Omar Sandor, minero de 47 años, sumó otra acusación: “Está queriendo privatizar las empresas estatales y nuestros recursos naturales, como el litio”, según recogió la agencia.

Ante la convulsión social, el gobierno anunció esta semana una reorganización del gabinete con funcionarios con “capacidad de escucha”. El jueves nombró a un nuevo ministro de Trabajo como primer movimiento de esa reestructuración.

La medida no detuvo las movilizaciones. Los bloqueos de vías rozaban el medio centenar en todo el país, de acuerdo con datos oficiales, y las marchas continuaron el viernes con la misma intensidad que el jueves.

El gobierno asegura que grupos radicales buscan alterar el orden democrático y acusa al expresidente Evo Morales —prófugo por un caso de presunta trata de una menor— de orquestar las protestas.

La politóloga Ana Lucía Velasco advirtió a la agencia que la negociación se volvió estructuralmente difícil: “No puedes renunciar un poquito o renunciar por unos días. Una vez que las demandas escalaron a eso, ya la negociación se complica. Ahora es una guerra de desgaste”.

Paz llegó al poder tras el colapso electoral del socialismo en las presidenciales de 2025, en las que Morales estuvo impedido de candidatearse. Recogió la mayoría de los votos de sectores rurales y populares, poniendo fin a 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Los manifestantes dicen sentirse defraudados y sin representación. En un parlamento de 130 diputados, la izquierda apenas cuenta con 10 representantes.

(Con información de AFP)

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas económicas para el sector industrial superan los USD 600 millones como consecuencia de los bloqueos de carreteras y protestas que sindicalistas, seguidores del ex presidente Evo Morales y campesinos del altiplano mantienen desde más de dos semanas para exigir la renuncia del mandatario nacional Rodrigo Paz.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los USD 600 millones. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, expresó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en conferencia de prensa.

El dirigente advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores” se encuentran en incertidumbre “sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

Morales enfatizó que “los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas y el incremento de los costos, más la incertidumbre permanente están asfixiando al aparato productivo nacional”.

Además, señaló que la paralización industrial pone en riesgo los empleos y el abastecimiento interno de alimentos, medicamentos y otros “productos esenciales”. Morales remarcó que la situación impide que las empresas exportadoras cumplan con sus compromisos de ventas al exterior, lo que genera un “deterioro progresivo de la confianza en Bolivia como país productor, como país previsible y como destino para venir a invertir”.

“Desde la Cámara Nacional de Industrias queremos expresar nuestra profunda preocupación y nuestro estado de alerta frente a esta gravísima situación. No podemos seguir normalizando que el país esté bloqueado mientras la economía se debilita y mientras las industrias luchan por sobrevivir”, sostuvo.

Las protestas se concentran en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales reclaman la salida del actual mandatario, quien lleva seis meses en el cargo. En los últimos días, los bloqueos alcanzaron también a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. El jueves, la COB y los campesinos del altiplano marcharon nuevamente hacia el centro de La Paz.

Como efecto de los bloqueos, comenzaron a escasear alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal. Un niño de 12 años murió al no recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras, según informó el Ministerio de Salud. Con este caso, ascienden a cuatro las muertes vinculadas a la imposibilidad de traslado por los cortes de rutas en el país.

El Ministerio de Salud comunicó que “el fallecimiento de un niño de 12 años fue debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia” desde el hospital de Llallagua, en el norte de Potosí, hacia la ciudad de Potosí. Debido a las carreteras cerradas, el vehículo sanitario debió cambiar de ruta hacia Oruro, donde el menor murió durante el trayecto, según detalló la cartera.

El ministerio expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “la vida está por encima de todo conflicto” y solicitó: “Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.

De acuerdo con la radio Pío XII, el niño residía en Pocoata, en el norte de Potosí, y llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía y tratamiento en terapia intensiva.

El fallecimiento del menor se suma a otros tres decesos, incluida una ciudadana de Belice, que no lograron recibir atención médica a tiempo por los bloqueos de sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, solicitó un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde se encuentran 29 bebés y las reservas disponibles alcanzan para solo siete días. Además, en la unidad de terapia intensiva, cinco mujeres dependen de ese suministro para su evolución.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, expresó Aliaga.

(Con información de EFE)

Bolivia enfrenta una crisis sanitaria en sus hospitales públicos donde los centros médicos de La Paz racionan oxígeno medicinal, postergan cirugías y recortan la alimentación de sus pacientes tras 16 días de bloqueos de carreteras que aíslan la capital del país.

Los cortes de ruta, impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y un aumento salarial del 20% que el mandatario considera inviable. La presión se intensificó tras las violentas protestas del lunes, que derivaron en batalla campal frente al Palacio de Gobierno y dejaron al menos 11 policías heridos, con más de 100 detenidos.

En el Hospital de la Mujer, su directora, Janett Aliaga, exigió un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde hay 29 bebés, con reservas disponibles para apenas siete días. En su unidad de terapia intensiva hay cinco mujeres cuya evolución depende de ese suministro.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, manifestó Aliaga.

El Hospital del Niño tiene garantizadas 36 horas de oxígeno para 57 niños internados. La escasez también afecta a quienes ya recibieron el alta. Magaly Quispe, de 38 años, llegó al consultorio con su bebé Arón, operado del corazón al nacer, cargándolo en un brazo mientras con el otro sostenía un tubo de oxígeno personal que le dura ocho horas. Debió atravesar varios puntos de bloqueo desde El Alto en la madrugada para llegar a la cita médica.

La Sociedad Boliviana de Cancerología informó en un comunicado que los pacientes oncológicos de La Paz, Oruro y Potosí enfrentan interrupciones en sus tratamientos de quimioterapia.

La situación en el Hospital del Tórax llevó a una decena de jefes de servicio a conformar un comité de emergencia. Su director, Marco García, explicó que el establecimiento requiere 25 cilindros diarios de 6 metros cúbicos y que la última dotación recibida alcanza para solo dos días. El jefe de Cardiología, Enrique Oropeza, advirtió que la atención en consulta externa se redujo en un 80% y que pacientes con enfermedades graves que requieren controles semanales dejaron de presentarse.

“Estamos seguros que vamos a perder muchas vidas por este tipo de conflicto social”, advirtió Oropeza. En el complejo médico de Clínicas, autoridades y médicos reclamaron este jueves un “corredor humanitario” para normalizar las provisiones.

El desabastecimiento no se limita al oxígeno. El Hospital del Tórax lleva días sin carne de res y solo dispone de pollo para dos jornadas. El Hospital de la Mujer, por su parte, redujo las raciones a sus pacientes ante la imposibilidad de recibir carne y huevos desde las zonas productoras.

En el mercado de Villa Fátima, al norte de La Paz, los puestos de carne estaban en su mayoría cerrados y las verduras escaseaban. Rosario Yujra, ama de casa de 73 años, pagó 23 bolivianos —unos tres dólares— por un cuarto de kilo de carne con hueso, un precio que antes de los bloqueos rondaba un dólar.

La Cruz Roja, organización humanitaria internacional, facilitó el paso de dos camiones con cilindros de oxígeno desde El Alto y anunció que gestionará el ingreso de un camión cisterna varado en Guaqui, en la frontera con Perú, con capacidad para abastecer a los centros médicos por aproximadamente diez días.

El gobierno, por su parte, organizó vuelos con provisiones de alimentos mediante dos aviones Hércules enviados por Argentina y desplegó camiones cisterna de combustible para garantizar el funcionamiento de las ambulancias.

Las autoridades señalan al expresidente Evo Morales —en el poder entre 2006 y 2019— como instigador de las movilizaciones. La politóloga Verónica Rocha matizó esa lectura: “Las cosas se fueron acumulando y han explotado: el tema salarial, la crisis económica permanente, la gasolina basura”, y calificó a Morales como “solamente una pieza más”.

Desde Washington, el subsecretario de Estado Christopher Landau manifestó en la red social X su apoyo al “gobierno constitucional legítimo” de Paz y rechazó los bloqueos como un intento de quienes “perdieron abrumadoramente en las urnas” de derrocar al mandatario.

(Con información de EFE y AP)

El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, enfrenta una situación de máxima tensión tras más de dos semanas de protestas que pusieron en jaque tanto la estabilidad interna como sus relaciones diplomáticas, especialmente con Colombia.

El conflicto comenzó con reclamos salariales ante la crisis económica que atraviesa el país, escasez de recursos y la mala calidad de combustibles, última problemática a la cual la administración oficial culpó a mafia internacional que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

El rechazo a reformas oficiales también se incrementó al malestar de sindicalistas e indígenas que amenazaron con dejar sin alimentos a hogares estatales para niños y buscan aislar a las grandes ciudades de La Paz y El Alto con cortes de rutas.

Los precios en los mercados populares se duplicaron o triplicaron, mientras las filas para conseguir productos básicos se extienden durante horas. Ante esta situación. el Gobierno boliviano implementó un “puente aéreo” con ayuda de aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.

Ocho países latinoamericanos firmaron el viernes pasado una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en el país andino, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que mantienen paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú en el comunicado conjunto.

Durante los últimos días, la presión política se intensificó contra el titular del Ejecutivo. Sectores afines al ex presidente Evo Morales, junto a sindicatos y campesinos aimaras, protagonizaron bloqueos y marchas que confluyeron en La Paz.

El lunes se registró el episodio más violento hasta la fecha, por el cruce de los manifestantes y las fuerzas del orden, con enfrentamientos, saqueos y ataques a periodistas y ciudadanos. El mandatario nacional atribuyó la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una “ruptura constitucional” y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico.

Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un “reordenamiento” ministerial para lograr un gabinete “más ágil” y receptivo a las demandas sociales. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, expresó.

A la vez, dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización. “El gabinete debe responder con mayor eficiencia y cercanía”, explicó el mandatario.

La postura internacional marcó líneas divisorias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante: “Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre la existencia de “un golpe de Estado en marcha” por quienes impulsan las protestas.

En cambio, la relación con Colombia se quebró. La expulsión de la embajadora Elizabeth García respondió a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y denunció que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

No obstante, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente a Petro a colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia, en relación con un proceso de trata agravada de personas. El ex presidente permanece en el Chapare, su histórico bastión político, rodeado de seguidores.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país enfrenta hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo al inicio de su intervención. El funcionario explicó que Bolivia asistió al Consejo Permanente porque consideró que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro requieren la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana.

Las protestas y bloqueos en Bolivia, liderados por sectores disidentes y sindicales, derivaron en una crisis humanitaria que involucra a actores nacionales y extranjeros. La presión interna se agudiza por la escasez, el alza de precios y los bloqueos en La Paz y El Alto. El conflicto escaló a expulsiones diplomáticas y a llamados internacionales a mantener el orden democrático y evitar una mayor confrontación.

Incluso, la Unión Europea (UE) instó el martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas contra el gobierno boliviano. En una declaración conjunta, el bloqueo europeo y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia.

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el comunicado.

(Con información de EFE)

A dos semanas de iniciados los bloqueos en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la protesta se extiende territorialmente: este miércoles, el país amaneció con 47 piquetes en seis regiones. Según reportes de medios locales, los bloqueos se concentran en los departamentos de La Paz y Oruro —donde inició esta medida de presión—, pero también hay nuevos puntos en Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.

Las manifestaciones exigen la renuncia del presidente Paz, tras una acumulación de reclamos sectoriales, entre ellos de incremento salarial, de mejoras en la calidad del combustible, y contra una ley de tierras que permitía modificar la categorización de las propiedades agrarias. Pese a que el Gobierno logró desactivar algunos focos de conflicto y negociar acuerdos con ciertos sectores, la protesta se mantiene y los pedidos (y las formas) se radicalizan.

El lunes fue la jornada de mayor violencia en La Paz con la confluencia de tres marchas que se enfrentaron con la Policía; los medios bolivianos reportaron ataques a oficinas públicas y a una estación del teleférico, además del uso de material explosivo, la quema de un vehículo policial y agresiones físicas a ciudadanos que no tenían nada que ver con el conflicto.

“Hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, manifestó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, en una entrevista con radio El Deber. “No vamos a permitir que la violencia se disfrace de demanda social”, agregó.

La Paz y El Alto, las dos ciudades más afectadas por los bloqueos, están prácticamente cercadas y con escasez de algunos alimentos de la canasta básica. También hay interrupciones en el servicio del transporte público, oficinas cerradas y algunos colegios han decidido pasar a modalidad virtual hasta que se recupere la normalidad.

La Policía boliviana anunció que este miércoles se habilitará un “corredor humanitario” para permitir el paso de alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos a La Paz.

En declaraciones anteriores, algunas autoridades acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas con el objetivo de “romper el orden constitucional” y señalaron que las movilizaciones son financiadas por el narcotráfico. “Hay en marcha un plan macabro que va a fracasar (…) Nuestra lucha es contra esos poderes, que reciben dinero del narcotráfico y usan herramientas del terrorismo que buscan generar movilizaciones, bloqueos y métodos violentos para hacerse del poder a la fuerza”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una conferencia de prensa.

El evismo es uno de los diez frentes de protesta contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente realizaron una marcha de 190 kilómetros a la sede de Gobierno para exigir la renuncia del presidente y en rechazo a sus políticas de gestión. “No hay ‘planes macabros’. Hay un país cansado de que le mientan. El gobierno protege a empresarios, banqueros y agroindustriales mientras la gente vuelve a hacer filas, endeudarse y aguantar hambre. Ningún discurso va a borrar esa realidad”, escribió Morales en X.

Para algunos analistas, el “común denominador” de las protestas sectoriales es el reclamo de los campesinos y las clases trabajadoras de sentirse excluidos del Gobierno. “Si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir. El reclamo de fondo es: nos tienen que tomar en cuenta”, señala el analista político Pablo Deheza.

A pesar de la masificación de los bloqueos, el Gobierno ha señalado en las últimas horas que está realizando negociaciones a puertas cerradas para desactivar los conflictos. “Lo estamos haciendo (el diálogo) con la discreción que corresponde hasta llegar a una solución. Les puedo asegurar, y con eso dar tranquilidad a la población, que estamos trabajando las 24 horas del día con todos estos sectores”, aseguró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en una entrevista con la Radio Activa.

Desde el inicio del conflicto, varios países han expresado su preocupación por la situación en Bolivia. En un comunicado conjunto, ocho países latinoamericanos -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú- rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano.

También hubo pronunciamientos de la Casa Blanca, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, de la Unión Europea y de figuras del ámbito político, como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.

En ese marco, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este miércoles para evaluar la crítica “situación política interna” de Bolivia.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó este martes que las protestas que sacuden al país representan “una sublevación del pueblo” contra las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz y defendió las movilizaciones encabezadas por sectores indígenas, campesinos y sindicales que reclaman la renuncia del mandatario.

Morales acusó al gobierno de promover reformas “neoliberales” y de intentar privatizar recursos naturales y servicios públicos.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, declaró Morales durante una entrevista radial. El ex mandatario sostuvo además que las protestas responden al rechazo social frente al programa económico presentado por la administración de Paz.

“Una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”, agregó.

Morales aseguró que el movimiento indígena se encuentra al frente de las movilizaciones para defender la actual Constitución boliviana y frenar cambios impulsados por el gobierno.

“El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, que es defender los recursos naturales y los servicios básicos”, afirmó.

Las declaraciones del ex mandatario se producen mientras continúan las protestas y bloqueos en distintas regiones del país, especialmente en La Paz, donde miles de personas se movilizaron durante los últimos días.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos, saqueos y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal.

El conflicto se intensificó después de que Paz anunciara el pasado 9 de mayo la creación de una comisión destinada a impulsar una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Según explicó el gobierno, el objetivo es facilitar inversiones y promover cambios legales vinculados a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde.

Morales cuestionó abiertamente ese proyecto y denunció que detrás de las reformas existe un intento de privatización más amplio. Según afirmó, los cambios podrían afectar también áreas como salud y educación pública. El ex mandatario sostiene que las medidas forman parte de una política económica orientada a desmontar el modelo estatal implementado durante sus gobiernos.

Aviones Hércules enviados por Argentina

Morales también acusó a Argentina de colaborar con la represión de las protestas en Bolivia. El ex presidente se refirió a los dos aviones Hércules enviados recientemente hacia territorio boliviano para asistir con el traslado de alimentos a ciudades afectadas por los bloqueos.

“Llevaban gases lacrimógenos y balines”, afirmó Morales al cuestionar el operativo. También aseguró que las aeronaves eran utilizadas “para trasladar militares y policías a La Paz”. En ese contexto, expresó su rechazo a que “Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

Las movilizaciones cuentan con participación de organizaciones sociales, sindicatos y sectores afines a Morales. El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del ex mandatario que caminó durante varios días desde la región de Oruro para sumarse a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y agrupaciones sociales de El Alto.

Además de exigir la salida de Paz, los manifestantes reclaman medidas frente a la crisis económica, aumentos salariales y soluciones a los problemas de abastecimiento de combustibles. Bolivia enfrenta una compleja situación financiera marcada por la escasez de dólares y dificultades para sostener subsidios energéticos.

El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Morales por promover las protestas y sostiene que detrás de las movilizaciones existe un intento de desestabilización política para recuperar poder. Mientras tanto, continúan los bloqueos de carreteras y crece la tensión en distintas regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad para intentar restablecer la circulación y contener nuevos disturbios.

(Con información de EFE)

Más de 127 personas fueron detenidas en Bolivia tras las violentas protestas registradas en la La Paz contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en una jornada marcada por saqueos, incendios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con la Policía.

Las manifestaciones, impulsadas por sindicatos, campesinos y seguidores del ex presidente Evo Morales, dejaron además varios policías heridos.

El comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, confirmó este martes el número de detenidos y advirtió que las autoridades continuarán actuando contra quienes participaron en los disturbios.

“No vamos a permitir más este tipo de abusos en contra de la población. Han visto ustedes saqueos, ataques a gente inocente en vehículos que se estaban trasladando a cumplir sus actividades y estos criminales han excedido todos los límites”, declaró el jefe policial.

Las protestas se concentraron el lunes en el centro de La Paz, especialmente en las inmediaciones de la plaza Murillo, donde funcionan la sede del Ejecutivo y el Congreso boliviano.

Miles de manifestantes intentaron avanzar hacia el corazón político del país utilizando piedras, petardos, explosivos artesanales y cargas de dinamita contra los agentes de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

Durante varias horas se registraron choques entre manifestantes y policías antidisturbios. En medio del caos, grupos violentos atacaron oficinas públicas y comercios privados, saquearon mobiliario, destruyeron instalaciones y prendieron fuego a diferentes objetos en plena vía pública. También fue incendiado un vehículo policial.

Las autoridades denunciaron además agresiones contra pequeños comerciantes y periodistas que cubrían las movilizaciones. Imágenes difundidas por organismos oficiales mostraron daños en edificios estatales y personas retirando computadoras, muebles y otros elementos antes de incendiarlos en las calles paceñas.

Uno de los hechos más graves ocurrió en una estación del teleférico ubicada en el centro de La Paz. Según la Policía, un suboficial que custodiaba el lugar fue golpeado violentamente por un grupo de manifestantes hasta quedar inconsciente.

“Existe una alta probabilidad de que pierda la visión en uno de sus ojos a raíz de los golpes”, afirmó Sokol al informar sobre el estado del agente, que debió ser sometido a cirugía. Dos personas fueron capturadas por este caso y serán procesadas por tentativa de asesinato.

La Policía confirmó además que once efectivos resultaron heridos durante los enfrentamientos, dos de ellos en estado grave. Paralelamente, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra dirigentes sindicales acusados de promover los disturbios. Entre ellos figura Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), investigado por delitos como “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”, según informó el gobierno.

Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas, mineros y grupos vinculados al ex presidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Rodrigo Paz. El gobierno sostiene que las protestas forman parte de una estrategia de presión política para desestabilizar a la actual administración.

La crisis ocurre en un contexto económico delicado para Bolivia. El país enfrenta inflación, escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustibles. La situación empeoró tras la eliminación de subsidios estatales impulsada por el gobierno, medida que provocó aumentos en los precios del diésel y la gasolina.

Además de las protestas en La Paz, organizaciones campesinas mantienen bloqueos de carreteras desde hace más de dos semanas en distintos puntos del departamento paceño. Los cortes comenzaron a afectar el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal hacia la capital. Según datos oficiales, actualmente existen al menos 32 bloqueos activos en todo el país.

Ante el deterioro de la situación, el gobierno anunció nuevos operativos policiales y militares para despejar rutas y habilitar un “corredor humanitario” destinado al ingreso de productos básicos. Mientras continúan las protestas y los enfrentamientos, aumenta la tensión política en Bolivia y crece la preocupación por una posible profundización del conflicto social en los próximos días.

(Con información de EFE y AFP)

Bolivia está inmersa en una espiral de violentas protestas sociales que iniciaron hace más de un mes con demandas sindicales, pero se radicalizaron en las últimas dos semanas con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz y bloqueos de caminos que tienen cercada la ciudad de La Paz.

A seis meses del nuevo gobierno, los conflictos iniciaron con el reclamo de todos los años: incremento salarial para obreros y maestros. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno. Estos reclamos, sumados a las protestas por la “gasolina desestabilizada” que ha dañado miles de vehículos desde mediados de enero, confluyeron en una agenda política que la administración de Paz todavía no consigue encauzar.

El Gobierno en este tiempo se reunió con algunos sectores y logró apagar ciertos focos de conflicto cediendo a demandas, como con la entrega de bonos y la suspensión “temporal” de fiscalización de deudas de algunos sectores. Sin embargo, con los ánimos crispados como caldo de cultivo, en el altiplano surgió la idea de presionar al límite al gobierno y exigir la renuncia del presidente.

A este pedido se fueron sumando, como arrastrados por la dinámica del momento, otras organizaciones y se activaron sectores que hasta entonces estaban fuera del debate político.

Aunque lo coyuntural son las demandas sindicales, muchos analistas ven una herida abierta: el malestar de los sectores populares que se sienten excluidos de la toma de decisiones, luego de haber estado en la mesa del poder —con espacios en el gobierno y prebendas de por medio— por casi 20 años con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esta nota te contamos qué organizaciones están (o estuvieron) detrás de las protestas y cuáles son sus principales reclamos.

Federación de Campesinos Túpac Katari

El movimiento de campesinos indígenas de La Paz convocó al bloqueo indefinido de caminos del 6 de mayo. Su reclamo es básicamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz por desacuerdos con la política de su Gobierno. A casi tres semanas del inicio de su medida de presión, tuvieron adhesiones de otros sectores y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó un promedio de 15 piquetes diarios en ese departamento.

Sin una agenda clara de demandas, esta organización protagoniza los bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz. El representante de esa organización,

Vicente Condori manifestó en un video que ya “no es momento de estar dialogando y negociando” con un gobierno que no los “representa”. “El pueblo los ha elegido y el pueblo los puede sacar”, amenazó.

Central Obrera Boliviana (COB)

Es una de las organizaciones que históricamente ha ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales, que tiene afiliados a prácticamente todos los gremios obreros y que cada año, en abril, presenta una demanda de incremento salarial que habitualmente se anunciaba el 1 de mayo, en el Día del Trabajo.

Este conflicto es el segundo que la COB protagoniza contra el Gobierno de Paz: el primero fue entre diciembre y enero para exigir la abrogación de un decreto que establecía medidas económicas y que fue abrogado en medio de la presión social.

Meses más tarde, en abril, presentaron una demanda de incremento salarial adicional al 20% que habían recibido en enero y, ante la negativa del gobierno, decidieron realizar un “paro indefinido” con movilizaciones con esta y otras demandas, como la repatriación obligatoria de divisas de las exportaciones. El 14 de mayo, su principal dirigente, Mario Argollo, denunció falta de atención a sus pedidos e informó que los dejaron de lado para centrarse en exigir la renuncia del presidente Paz.

Magisterio urbano y rural

Los maestros exigían aumento salarial, ítems laborales y algunas reformas administrativas del ámbito educativo. Para presionar al gobierno realizaron bloqueos en varias regiones del país y paros con la suspensión de clases escolares por hasta 48 horas.

En negociaciones con el Ministerio de Educación, acordaron la semana pasada la suspensión de las medidas de presión al obtener el compromiso de mayor presupuesto para educación, la asignación de ítems, equipamiento tecnológico, elaboración de una nueva ley educativa y un bono anual de 2.400 bolivianos, entre otros beneficios.

Sin embargo, algunos sectores afiliados aún continúan con protestas en La Paz por disconformidad con este acuerdo.

Campesinos de las tierras bajas

Pocos temas son históricamente tan sensibles en Bolivia como los relacionados con la propiedad y el uso de la tierra. En abril, campesinos de las regiones amazónicas de Pando y Beni se movilizaron contra la Ley 1720 que autorizaba reformas en la clasificación de las propiedades agrarias.

Esta norma, promulgada por Paz el 8 de abril en una feria agroindustrial, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las pequeñas propiedades en medianas, sin más trámite que una solicitud escrita, para poder ofrecerlas como garantía para obtener créditos bancarios.

Luego de una caminata de más de 20 días por un conflicto que inicialmente parecía menor, el Gobierno terminó abrogando la norma que se había convertido en el eje articulador de las protestas, luego de que varias organizaciones expresaron su rechazo por considerar que podía propiciar la concentración de la tierra, dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores y poner en riesgo territorios indígenas y comunitarios.

Seguidores del expresidente Evo Morales

En medio de los múltiples conflictos, el evismo se activó como frente de protestas contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), principalmente productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, al centro del país, iniciaron una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir respeto a la Constitución Política del Estado ante la propuesta presidencial de hacer reformas parciales para viabilizar su estrategia de desarrollo económico. También exigieron el cese de procesos judiciales contra su líder, que está acorralado en su bastión para evitar su captura, y contra quien la semana pasada se emitió la cuarta orden de aprehensión.

Sin embargo, durante la marcha, que llegó a la sede de Gobierno el lunes, los manifestantes también pedían la renuncia del presidente Paz y expresaban razones dispersas: por la mala calidad de la gasolina, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y porque “no piensa en los pobres”.

Mineros cooperativistas

Radicales por el uso de dinamita en las protestas, los mineros cooperativistas aprovecharon que el río estaba revuelto para plantear sus demandas. El jueves protagonizaron una jornada de violencia y enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes negociaban a puertas cerradas con el gobierno.

Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco en favor de los cooperativistas: el Gobierno suspendió temporalmente la fiscalización de deudas a la Caja Nacional de Salud.

Movimiento Indígena Ponchos Rojos

Una de las organizaciones más numerosas y con mayor influencia en las protestas sociales del altiplano se manifiesta desde hace varios días con bloqueos instalados principalmente en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno. Sin una agenda clara de demandas, exigen la renuncia del presidente Paz por un rechazo generalizado al rumbo que tomó su gobierno.

A inicios de mes firmaron un pacto de “no traición” con algunos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera, y decidieron no llegar a ningún acuerdo con el gobierno mientras no se concrete la renuncia de Paz.

Federación de Juntas Vecinales de La Paz y El Alto

Aunque posiblemente no tengan el consenso de todas las organizaciones afiliadas, las federaciones vecinales también piden la renuncia del presidente por los problemas con el combustible y la supuesta ausencia de una política de austeridad.

Curiosamente, una de las organizaciones que protagoniza las protestas es la Federación Sur de El Alto, que apenas semanas atrás había recibido 66 antenas de internet satelital y un vehículo de regalo por parte del Gobierno.

El dirigente Policarpio Acarapi, quien recibió públicamente las llaves de la camioneta, manifestó en una entrevista con el canal Tele Estrella que “la gente se ha molestado” por la mala calidad de la gasolina, porque la administración de Paz “trata de gobernar a través de decretos” y cuestionó “la falta de austeridad en los salarios de las autoridades y la renta vitalicia de los expresidentes”.

Transportistas

Es uno de los sectores que se manifestó más temprano en reclamo por la “gasolina desestabilizada” que el Gobierno admitió que había distribuido y que dañó miles de vehículos. Si bien hubo acuerdos con algunas federaciones, porque pocas organizaciones en Bolivia tienen tantas ramificaciones internas como el transporte, ningún pacto parece definitivo.

De hecho, el lunes choferes de El Alto anunciaron un paro indefinido y este martes las radios locales reportan que no hay servicio de transporte público. En la víspera, el dirigente Reynaldo Luna manifestó que están contra “la privatización de empresas estratégicas” y de “recursos naturales”. “Ya en este caso, la renuncia del presidente”, informó Luna, citado por el medio Erbol.

Este lunes se vivió una jornada marcada por la violencia en La Paz, donde confluyeron manifestaciones de varios sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a seis meses de haber asumido el Gobierno. La Plaza Murillo, epicentro del poder político, fue asediada por grupos violentos que intentaron romper el cerco policial con enfrentamientos y explosiones de dinamita durante más de cinco horas.

Los medios locales reportan que hubo saqueos y ataques a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. También se quemó un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se atacó una estación del teleférico en El Alto y hubo agresiones a periodistas y ciudadanos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran agresiones contra vendedores ambulantes y pasajeros del transporte público. En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer denuncia entre lágrimas que los manifestantes robaron su mercadería y que había perdido todo lo que tenía.

Con el caos desatado, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y evacuó espacios públicos, como la Universidad y el edificio del Órgano Legislativo, para evitar el aumento de disturbios.

Según los reportes de la prensa local, entre los manifestantes había cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, gremiales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de 190 kilómetros.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción y ha determinado reforzar controles policiales y militares. “En una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas se determinó que se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, manifestó ante los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El ministro aseguró que se van a tomar “medidas duras y estrictas”, pero afirmó que “no hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a dictar”.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, categorizó las protestas entre las que tienen demandas legítimas y los grupos que buscan desestabilizar el Gobierno con violencia. En una entrevista con la radio El Deber, Justiniano señaló que “hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, y agregó que no van a permitir que la violencia “se disfrace de demanda social”.

Según informó el viceministro, las manifestaciones de ayer dejaron al menos diez heridos, entre policías y civiles, y 69 personas detenidas.

Si bien hay intentos de mediación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, entre otras, los conflictos parecen estar lejos de encontrar solución.

Este martes, se registran 32 puntos de bloqueo, concentrados en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba, y hay más sectores sociales que se están sumando a las protestas, como los transportistas de El Alto que iniciaron un paro “indefinido” a partir de hoy.

Según reportes locales, en las primeras horas del martes, las ciudades de La Paz y El Alto se mantenían con algunos puntos de bloqueo, con transporte público interrumpido y con la suspensión de clases escolares en algunos colegios. Adicionalmente, se registra escasez y encarecimiento de alimentos básicos.

En esta espiral de manifestaciones, algunos analistas ven que fuera de las demandas sindicales hay un conflicto de fondo: el reclamo de algunas organizaciones sociales de ser incluidas en la toma de decisiones. Pablo Deheza, columnista y analista político, señaló en entrevista con Infobae que “si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir”.

En medio de este escenario, al menos nueve países expresaron su respaldo al gobierno de Paz -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú-, al igual que 31 expresidentes del grupo Idea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para este miércoles una sesión extraordinaria para evaluar la situación política y social que atraviesa el país.

La situación política y social en Bolivia se agravó en las últimas semanas. Con protestas masivas en distintas ciudades, manifestantes se movilizan en rechazo a las políticas del presidente Rodrigo Paz, líder de la derecha boliviana. La crisis involucra reclamos sectoriales y macroeconómicos. Asimismo, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La Paz es epicentro de estos conflictos, en un contexto de bloqueo de vías de acceso que derivó en desabastecimiento de alimentos y combustibles.

La presencia policial se intensificó y el clima político muestra una polarización inédita desde el retorno de la democracia en los años ‘80. Diversos sectores sociales denuncian la falta de representación y el incumplimiento de promesas electorales. El Parlamento, dominado por una alianza de centro-derecha, respaldó al gobierno y dejó sin espacio a otras fuerzas sociales y políticas. La ausencia de oposición institucional promovió la transferencia de demandas a las calles.

Orígenes y desarrollo del conflicto político

Nadia Guevara, politóloga de Bolivia, analizó en Infobae en Vivo Al Amanecer el origen de la crisis: “Hay una diferencia entre las raíces del conflicto, que parten desde el primer momento en el que Rodrigo Paz asume la presidencia, y el segundo momento, que ya es en el que se evidencia realmente este conflicto. El momento en el que se evidencia parte aproximadamente desde hace seis semanas, primero con la movilización del sector indígena campesino del oriente boliviano, desde Beni y Pando".

Las protestas actuales comenzaron con una marcha desde Beni y Pando hacia La Paz, motivada por la exigencia de la derogación de la Ley 1720, norma que impulsa la monetización de tierras comunitarias y que afecta a pequeños productores.

Otros sectores sociales se sumaron poco después, con diferentes reclamos. “Todas estas reivindicaciones y esta movilización tiene un origen desde el momento en el que Rodrigo Paz asume la presidencia y básicamente rompe con el mismo electorado que lo lleva al lugar que ocupa en este momento”, sostuvo Guevara.

De acuerdo con la politóloga, el diálogo entre los movimientos sociales y el Parlamento es inexistente. La legislatura respalda al gobierno y, en palabras de Nadia Guevara, “el Parlamento está dominado por esta centro derecha hasta una derecha. Prácticamente no existe una oposición. Por eso es que en los últimos días hemos visto que el apoyo de los otros dos líderes, de los otros dos partidos, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, han dado un apoyo absoluto al presidente. Entonces, en el Parlamento vemos una ausencia de un movimiento popular o de izquierda o más de centro”.

Fragmentación política y falta de representación social

El escenario electoral fue altamente polarizado. Rodrigo Paz accedió a la presidencia con el 32% de los votos, mientras el segundo obtuvo el 28%. “En las encuestas previas a la elección se daba como ganadores y, bueno, quienes tendrían que haber ido supuestamente a una segunda vuelta era otro candidato. No se contaba con que Rodrigo Paz llegue al segundo lugar”, explicó la especialista.

La fragmentación del voto fue consecuencia, en parte, de la exclusión efectiva del Movimiento al Socialismo (MAS), partido tradicionalmente fuerte entre sectores campesinos y populares. “El desbarajuste que ocasiona la ausencia del movimiento al socialismo, que si bien estaba en la papeleta, no van con un candidato que era representante realmente de estas bases sociales”, indicó Guevara.

En ese contexto, los líderes históricos del MAS, como Evo Morales, mantuvieron el control de regiones emblemáticas, especialmente en Cochabamba y el Chapare, aunque la mayoría de las organizaciones sociales se siente huérfana de representación política real.

“Es esta orfandad política en la que quedan estos sectores sociales, que son muy múltiples. O sea, vienen desde movimientos indígenas, el movimiento campesino, movimientos populares, incluso lugares muy localizados como la ciudad de El Alto, quedan precisamente absolutamente sin una representación por la ausencia de estos otros partidos”, sostuvo la politóloga. Ante la falta de canales institucionales para canalizar sus demandas, los sectores movilizados volvieron a tomar las calles.

Crisis de abastecimiento y escalada de la violencia

En las protestas masivas, los manifestantes denuncian represión policial y restricciones crecientes. Grupos de choque de tendencias derechistas reaparecieron en la ciudad. “El nivel de violencia y el nivel de conflictividad que estamos presenciando en la ciudad de La Paz va en aumento. También desde hace algunos días se reactivan algunos grupos que ya se habían visto en 2019, que son grupos de choque más cercanos a una derecha”, describió Guevara.

El impacto directo en la población civil es evidente. Uno de los problemas más graves es el desabastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en La Paz. “Se calcula que hay aproximadamente 67 puntos de bloqueo en todo el país y la mayoría de estos puntos de bloqueo se encuentran alrededor de la ciudad de La Paz”.

Continuamente, la politóloga indicó que “los puntos de abastecimiento de alimentos se cortaron y también el abastecimiento de combustible. Ya en la ciudad de La Paz empieza a faltar tanto alimento como combustible para movilizarse”, remarcó Guevara.

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Las escenas, registradas en videos difundidos este lunes desde la capital boliviana, muestran una nueva escalada de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, cercado por una crisis económica que golpea al país apenas seis meses después de haber asumido el poder.

En las imágenes se observa a grupos de mineros, campesinos y trabajadores avanzando hacia el centro político de Bolivia mientras hacen estallar petardos frente a los cordones policiales. Los agentes antidisturbios, protegidos con cascos, escudos y chalecos, responden lanzando gases para impedir el avance hacia el Palacio de Gobierno.

El humo cubre varias cuadras del centro paceño. Algunos manifestantes corren para escapar; otros patean y arrojan las latas de gas de regreso hacia las filas policiales. En medio del caos también aparecen barricadas incendiadas y grupos de personas gritando consignas contra el gobierno.

En otra secuencia, los petardos explotan frente a una barricada policial mientras manifestantes avanzan agitando banderas bolivianas. Entre la multitud destacan grupos de mineros con cascos y ropa de trabajo, protagonistas de una protesta que comenzó con reclamos por combustible, acceso a explosivos y cambios en contratos del sector.

Uno de los momentos más tensos del material ocurre cuando un manifestante herido se detiene frente a un periodista mientras detrás suyo continúa el enfrentamiento.

“El presidente Paz debería gobernar, no enfrentarnos entre nosotros como hermanos. Nuestros hermanos están aquí; incluso mi hijo está allá atrás, enfrentándose a mí”, afirma el hombre, señalando hacia la línea policial. “Eso no es lo que queremos los pueblos indígenas”.

Las protestas se producen en medio de la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en décadas. La escasez de combustible, la falta de dólares y la inflación alimentaron el malestar social contra el gobierno de Paz, aunque el dirigente de centroderecha llegó al poder hace apenas seis meses y tiene como tarea obligada encarar reformas económicas tras dos décadas de gobiernos encabezados por Evo Morales y Luis Arce, de izquierda, con un breve paso de Jeanine Añez en medio.

Otro de los videos difundidos este lunes muestra largas columnas de manifestantes descendiendo desde El Alto hacia La Paz. Las imágenes, tomadas desde el sistema de teleféricos que conecta ambas ciudades, muestran avenidas parcialmente vacías y comercios cerrados mientras la movilización avanza hacia el centro.

La tensión también quedó reflejada en el despliegue militar alrededor del Palacio Presidencial. Varias tomas muestran soldados y vehículos blindados custodiando los accesos a la sede de gobierno mientras continúan los disturbios en distintos puntos de la capital.

En medio de la crisis, el portavoz presidencial José Luis Gálvez lanzó una advertencia pública a quienes participaban en las protestas.

“No hay razón para usar armas. No hay razón para incitar a ese nivel de confrontación”, afirmó el funcionario. “Cualquiera que porte armas, dinamita o cualquier otro artefacto será arrestado y castigado”.

Mientras las protestas y bloqueos continúan afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles, otro video mostró la llegada de ayuda humanitaria desde Argentina. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en Bolivia con provisiones y artículos de primera necesidad, mientras operarios descargaban contenedores con alimentos en la pista.

El embajador argentino en Bolivia, Marcelo Adrián Massoni, confirmó que el puente aéreo continuará en los próximos días. Poco después, Paz agradeció públicamente el apoyo del presidente argentino Javier Milei y calificó la asistencia como “un gesto de solidaridad”.

Al caer la tarde, las columnas de gas comenzaban a disiparse sobre el centro de La Paz. Pero las filas policiales seguían apostadas alrededor de la Plaza Murillo y los bloqueos continuaban activos en distintas rutas del país, reflejo de una crisis política y social que el gobierno boliviano todavía no logra contener.

Las protestas realizadas este lunes en la ciudad de La Paz para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, daños en estaciones del sistema estatal Mi Teleférico y destrozos en edificios privados y pequeños comercios, en una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines en las inmediaciones de la plaza Murillo.

Las movilizaciones reunieron a sectores vinculados al ex presidente Evo Morales, organizaciones sociales de El Alto, campesinos aimaras y la Central Obrera Boliviana (COB), todos con la consigna de exigir la salida del mandatario boliviano, que lleva tan solo seis meses en el poder.

La tensión se concentró en las calles cercanas a la plaza Murillo, donde se encuentran la sede del Gobierno y el Parlamento. Los manifestantes intentaron avanzar hacia el área protegida por efectivos antimotines y lanzaron piedras, petardos y cargas de dinamita contra los agentes policiales, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar la protesta.

En medio de los enfrentamientos, grupos de manifestantes arrancaron puertas de un edificio privado para utilizarlas como escudos frente a la acción policial. También retiraron papeles, maderas y otros objetos del inmueble para encender fogatas en la vía pública y disminuir el efecto de los gases lacrimógenos.

Otro de los episodios más graves ocurrió en el edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Funcionarios registraron en videos el momento en que manifestantes ingresaron a las instalaciones, destruyeron mobiliario y sustrajeron algunos objetos. Otro grupo atacó con piedras uno de los accesos al complejo judicial.

Las protestas también afectaron al sistema de transporte por cable que conecta La Paz con la ciudad vecina de El Alto. Varias estaciones sufrieron daños por piedras arrojadas por los movilizados, especialmente una parada ubicada en el centro histórico paceño, donde además se registraron destrozos dentro de las oficinas.

Durante esos incidentes, un policía que custodiaba la estación fue golpeado por manifestantes. A raíz de los ataques, la empresa estatal Mi Teleférico suspendió de forma temporal el funcionamiento de una línea y otras tres rutas que atraviesan sectores donde se desarrollaron las movilizaciones.

Vecinos y medios de comunicación también registraron la quema de un vehículo policial estacionado cerca de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). Comerciantes callejeras denunciaron además saqueos y destrucción de pequeños puestos instalados en zonas próximas a las protestas.

La crisis social y política en Bolivia se agravó durante las últimas dos semanas. El departamento de La Paz permanece aislado del resto del país desde hace 13 días debido a bloqueos de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos Tupac Katari con respaldo de la COB.

Las organizaciones movilizadas mantienen protestas callejeras desde principios de mayo y reclaman la salida del presidente Paz en medio de un escenario de creciente conflictividad. Además de La Paz, se reportaron cortes de ruta en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por el aumento de hechos de violencia durante la cobertura periodística de las protestas. En un comunicado, el organismo informó que entre el 12 y el 18 de mayo se registraron “15 casos de agresiones contra periodistas y cuatro contra equipos de prensa” mientras cubrían los conflictos en distintas regiones del país.

El Gobierno boliviano responsabilizó al ex presidente Evo Morales de impulsar las movilizaciones y aseguró que existe un “intento” de retornar al poder mediante la presión social y los bloqueos. Hasta el momento, Morales no respondió públicamente a esas acusaciones.

La jornada concluyó con fuertes operativos policiales en el centro de La Paz, calles cubiertas por restos de piedras, vidrios y materiales incendiados, y un escenario de alta tensión política en la capital boliviana.

(Con información de EFE)

La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del dirigente sindical Mario Argollo, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), en el marco de una investigación por su presunta participación en las protestas que mantienen bloqueadas las principales rutas hacia La Paz y derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país.

El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó la medida durante una conferencia de prensa en la que explicó que la decisión se basa en una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno y en distintos elementos reunidos durante la investigación. Según la autoridad, el caso incluye cargos por instigación pública a delinquir y presunto terrorismo.

Mariaca indicó que la orden fue remitida a la Policía Boliviana para su ejecución.

“El Ministerio de Gobierno, el pasado fin de semana, ha realizado una denuncia contra diferentes personas y nosotros somos responsables de la investigación que llevamos adelante como Ministerio Público”, declaró el fiscal.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se apoya en informes policiales, reportes de inteligencia y análisis de material audiovisual. Las autoridades señalaron que equipos especializados revisaron imágenes, videos y otros registros vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras, con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos.

“Ante la valoración que ha realizado el Ministerio Público, en su momento, teniendo las facultades establecidas en la Constitución Política del Estado, mediante una resolución fundamentada, el Ministerio Público ha emitido una resolución de aprehensión”, sostuvo Mariaca.

El fiscal también precisó que la resolución ya fue enviada al Comando General de la Policía, que tiene a su cargo la ejecución de la orden y la posterior entrega del detenido a la Fiscalía para su procesamiento.

La decisión judicial se produce en medio de un escenario de alta tensión social en Bolivia, donde distintas organizaciones sindicales, campesinas y mineras sostienen protestas que han derivado en el bloqueo de rutas estratégicas. Estas medidas han generado dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en La Paz y otras ciudades.

Según el reporte oficial, las movilizaciones han incluido enfrentamientos con fuerzas de seguridad, uso de explosivos artesanales y episodios de saqueos en instalaciones públicas. En algunos casos, se registraron incendios de vehículos policiales y daños a dependencias estatales, mientras la Policía respondió con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes.

En paralelo, el conflicto ha tenido un fuerte impacto político. Las protestas incluyen demandas de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta un clima de creciente presión a pocos meses de haber asumido el cargo. Los sectores movilizados atribuyen la crisis a la situación económica y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de combustibles y subsidios.

Durante las jornadas de protesta, miles de personas se concentraron en el centro de La Paz, mientras rutas de acceso a la ciudad permanecen bloqueadas desde hace más de dos semanas. Las autoridades informaron que al menos 33 puntos del país siguen interrumpidos, lo que complica la circulación de bienes esenciales.

En este contexto, la detención del principal dirigente de la COB agrega un nuevo elemento al conflicto. Las autoridades sostienen que las acciones investigadas están relacionadas con la organización y promoción de las protestas, mientras que los sectores movilizados denuncian persecución política.

La Fiscalía remarcó que la investigación continúa abierta y que podrían sumarse nuevos implicados conforme avancen las pericias sobre el material recopilado. Por el momento, la Policía tiene la instrucción de proceder con la captura de Argollo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para su declaración y eventual imputación formal.

(Con información de AFP)

El portavoz presidencial José Luis Gálvez confirmó el deceso del dirigente campesino Alberto Cruz Chinche, identificado como mallku —término aimara para líder comunitario— de los llamados Ponchos Rojos. Según Gálvez, Cruz Chinche cayó en una zanja que los propios bloqueadores habían excavado en la zona. “Queremos ser enfáticos en que su deceso no fue por uso de arma letal o asfixia por gases. Ni siquiera tuvo contacto con ningún miembro de las fuerzas del orden”, declaró el vocero.

Cruz Chinche es la cuarta víctima desde que comenzaron los cortes de ruta. Las anteriores fueron Anna Enss, ciudadana de Belice de 56 años que murió por problemas de salud al no poder ser trasladada a un hospital; Nelly Villanueva, fallecida en circunstancias similares; y una joven de 20 años cuya muerte se informó el 14 de mayo en El Alto.

Gálvez mostró ante los medios un video difundido en redes sociales en el que aparece una veintena de supuestos integrantes de los Ponchos Rojos en una carretera andina exhibiendo armas y gritando “ahora sí, guerra civil”. El vocero señaló a Bernabé Gutiérrez Paucara, exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa durante la gestión anterior, como “presidente del comité de conflicto” de esa facción y lo acusó de haber instado a los manifestantes a unirse a la marcha “con todas las armas posibles”.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, advirtió que quienes porten armas o dinamita serán detenidos por las fuerzas de seguridad. En ese marco, informó que la noche del domingo fue arrestado un excandidato que llevaba en su mochila dinamitas y mechas. Por disposición del Código Penal, las autoridades se negaron a revelar su identidad, aunque Paredes precisó que fue capturado en flagrancia.

El viceministro también señaló que en las zonas de bloqueo circulan grandes sumas de dinero procedentes del Chapare —feudo cocalero de Morales— y que ya se investiga su origen. Paredes calificó la movilización como “una conspiración en el límite de la legalidad” y sostuvo que constituye “un intento de Evo Morales de volver a ser Gobierno de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.

La columna principal, que según Paredes superaba las diez mil personas, descendió desde distintos barrios de El Alto tras seis días de caminata desde el altiplano. Está integrada por cocaleros, campesinos, integrantes de los Ponchos Rojos y contingentes convocados por la Central Obrera Boliviana (COB). A su paso, habitantes de El Alto se sumaban a la marcha al grito de “¡Que renuncie!”, en referencia a Paz. Otras dos columnas, de juntas vecinales y de campesinos, también convergían hacia el centro paceño.

La plaza Murillo —donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Parlamento— amaneció resguardada con varios cordones policiales, barricadas y carros antidisturbios. Gálvez confirmó que el presidente Paz se encontraba en la Casa Grande del Pueblo y que el operativo de seguridad incluye un fuerte contingente policial y militar en el perímetro.

Paz llegó al poder en noviembre pasado, poniendo fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin partido propio ni mayoría en el Legislativo, heredó lo que él mismo describió como “un país quebrado”. Entre sus primeras medidas eliminó los subsidios a los combustibles, lo que encareció el costo de vida, y según expertos citados por los cables lleva retraso en los ajustes necesarios para revertir la peor crisis económica de los últimos 40 años.

El gobierno optó por el diálogo y cerró acuerdos con varios sectores —entre ellos mineros cooperativistas, maestros y organizaciones laborales regionales de El Alto—, pero rechazó negociar con los seguidores de Morales. Paz ordenó que policías y militares actúen como fuerzas “disuasivas, sin armamento”. Las organizaciones empresariales, en cambio, le exigieron mayor firmeza: estiman que los bloqueos generan pérdidas superiores a USD 50 millones diarios y que unos 5.000 vehículos permanecen varados en las carreteras.

Morales alienta las protestas desde su bastión cocalero del Chapare, donde desde 2024 evade una orden de detención por no presentarse ante la justicia para responder por el presunto abuso de una menor en 2016. El lunes pasado se sumó un segundo pedido de arresto por la misma causa. Sus seguidores tomaron el control de una pista de aterrizaje en la región —que no opera vuelos comerciales— para resguardarlo ante el temor de que sea capturado.

En el plano internacional, el gobierno de Paz recibió el respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos. Rechazó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó la situación boliviana como una “insurrección popular”. Los cortes de ruta, concentrados principalmente en el departamento de La Paz pero con afectaciones también en Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, han dejado mercados desabastecidos, combustible escaso y hospitales sin suministros en la capital.

(Con información de EFE, Europa Press y AP)

El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo a la administración del presidente Rodrigo Paz que enfrenta una serie de manifestaciones sociales por demandas sindicales y pedidos de renuncia. A través de una publicación en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, este domingo la Casa Blanca condenó lo que considera “acciones destinadas a desestabilizar” la gestión de Paz, que lleva seis meses en el gobierno.

“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, se lee en el documento difundido.

En esa línea, el gobierno estadounidense expresó su apoyo al gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”.

Este es el segundo pronunciamiento internacional en lo que va del conflicto iniciado hace tres semanas. El viernes, ocho países —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno.

Bolivia atraviesa un tiempo de tensión tras varios días de protestas convocadas por diversos sectores para presentar reclamos sindicales —por incremento salarial y la abrogación de una ley que autorizaba cambios en la propiedad agraria, principalmente—, pero luego surgieron pedidos de renuncia contra el presidente por un descontento general con su gestión.

Desde hace 12 días que la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz realiza bloqueos indefinidos en la zona andina del país con el respaldo de algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos.

Según los reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras, desde entonces se registra un promedio de 20 piquetes simultáneos, lo que ha provocado la escasez de algunos alimentos básicos en la sede de Gobierno, la imposibilidad de viajar por vías terrestres y pérdidas económicas para sectores estratégicos como la industria y el transporte pesado.

Adicionalmente, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha desde la localidad de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz, que tiene previsto ingresar a la ciudad este lunes para exigir respeto a la Constitución Política del Estado, ante propuestas de modificación parcial, y el cese de procesos judiciales contra el exmandatario.

La semana pasada se vivió una jornada de violencia con la protesta de mineros cooperativistas que se enfrentaron a la Policía con dinamita en el centro paceño mientras sus dirigentes negociaban un pliego de demandas con el Gobierno. Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco para desactivar el conflicto: la administración de Paz suspendió temporalmente la fiscalización de los aportes y deudas de las cooperativas mineras a la Caja Nacional de Salud, entre otros beneficios para el sector.

Pese al levantamiento de las medidas de presión de este sector, uno de los más violentos por el uso de material explosivo en sus protestas, la calma está lejos de retornar a La Paz, que se mantiene prácticamente cercada por los bloqueos y espera la llegada de los marchistas afines a Morales.

En ese marco de conflictividad, el Gobierno ha hecho llamados al diálogo a los diversos sectores, pero a la vez ha criminalizado la protesta al señalar que está financiada por el narcotráfico. También ha responsabilizado a Evo Morales de ser una especie de autor intelectual de los múltiples frentes de conflicto y ha amenazado con procesos judiciales a los manifestantes.

En medio de la disputa política, la ciudadanía enfrenta horas de tensión con la escasez de algunos alimentos, el alza de los precios y la suspensión parcial del transporte público y de las clases escolares en algunos colegios, que han pasado a modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto.

El fin de semana, operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron en piquetes para permitir el paso de alimentos e insumos médicos, pero tras la habilitación de lo que denominaron “corredores humanitarios”, los bloqueos se volvieron a instalar en varios puntos. La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó que los operativos policiales dejaron al menos 57 personas detenidas y cinco heridas.

La llegada de sectores afines a Evo Morales a las inmediaciones de La Paz este domingo ha incrementado la tensión en un ambiente ya marcado por protestas y bloqueos. El avance de los manifestantes procedentes del altiplano ha motivado el despliegue de militares y policías en los accesos a la sede del Gobierno.

Grupos leales al ex presidente marchan hacia la ciudad para sumarse a los reclamos de renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Estos sectores, integrados por sindicatos campesinos, organizaciones indígenas y obreras, rechazan medidas económicas del Ejecutivo y buscan reforzar la presión a través de la movilización directa.

La conocida “Marcha por la Vida para salvar Bolivia” partió el lunes desde Caracollo y recorrió unos 188 kilómetros, acercándose este domingo a El Alto. Tras una última etapa de 40 kilómetros desde Calamarca, los manifestantes planean ingresar a la plaza Murillo —corazón político del país— este lunes, de acuerdo con declaraciones del dirigente sindical Juan Yupari recogidas por EFE. “Vamos a llegar hasta el kilómetro cero para sumarnos a la movilización hasta la renuncia de este presidente incapaz, fascista”, aseguró Yupari.

Sectores movilizados como la Federación de Campesinos ‘Túpac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), la Central Obrera Regional (COR) y el grupo campesino conocido como los ‘ponchos rojos’ prevén su arribo coordinado a las afueras de La Paz. El Gobierno ha acusado a Morales de promover las protestas con recursos ilícitos.

Bolivia cumple 14 días de bloqueos indefinidos en carreteras nacionales, con fuerte impacto en los accesos a La Paz y El Alto. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el sábado permanecían 22 puntos de bloqueo activos, cifra reducida a 15 este domingo. Esta situación dificulta la llegada de alimentos, combustibles y oxígeno a hospitales.

Las vías más afectadas incluyen la carretera Achica Arriba a Oruro, el camino a Yungas y otras rutas en el altiplano. El desabastecimiento ha derivado en un aumento de precios en productos básicos y alertas en el sector de la salud ante la escasez de oxígeno. Un portavoz de la ‘Túpac Katari’ denunció dos muertes durante el operativo de desbloqueo en Ingavi y El Alto, pero las autoridades han desmentido que estos decesos se hayan producido.

La Cámara Nacional de Comercio estima que las pérdidas económicas superan los USD 500 millones, dado que el Producto Interno Bruto diario se reduce a la mitad debido a los bloqueos. El fiscal general investiga un atentado con explosivos en Bermejo, ocurrido en el contexto de pesquisas por narcotráfico y crimen organizado.

El Gobierno desplegó el sábado a las Fuerzas Armadas y la Policía para habilitar un corredor humanitario, consiguiendo el paso de combustible y suministros hacia la capital y permitiendo la circulación de vehículos. El operativo resultó en 47 detenidos y al menos cinco heridos.

Poco después, el Ejecutivo ordenó el repliegue de las fuerzas de seguridad con el objetivo de evitar enfrentamientos y reiteró su convocatoria al diálogo. A la reunión del domingo asistieron organizaciones campesinas, la Confederación de Mujeres ‘Bartolina Sisa’ y representantes vecinales de El Alto, pero no estuvieron presentes los principales líderes campesinos. La ‘Túpac Katari’ y otros actores han rechazado el llamado, acusando al Gobierno de anteponer acuerdos con otros sectores, como expresó su dirigente Javier Alejo.

En paralelo, las autoridades lanzaron una plataforma digital orientada a registrar pruebas y denuncias relacionadas con daños materiales o irregularidades ocurridas durante las movilizaciones. Así lo explicó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabián Espinoza Valencia.

Las manifestaciones han generado respuestas divergentes en el plano nacional e internacional. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, se expresó preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia y se manifestó respaldo a las iniciativas del presidente Paz para restaurar el orden y la estabilidad.

En contraste, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las protestas de “insurrección popular” y manifestó su disposición a contribuir a una salida pacífica si es invitado. Morales, cercano al mandatario colombia, le agradeció públicamente: “Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”.

Mientras tanto, algunos sectores como mineros, maestros y la COR de El Alto alcanzaron acuerdos con el Gobierno y suspendieron sus medidas de presión. Sin embargo, la mayoría de organizaciones campesinas mantiene su movilización por la renuncia de Paz.

En un escenario polarizado, el Gobierno insiste en que el diálogo ha dado resultados y plantea que la mediación es la única vía para avanzar hacia la recuperación de la convivencia política.

El portavoz de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, informó el sábado que el Gobierno ordenó el repliegue de las fuerzas del orden tras el “éxito” del operativo ‘Corredor Humanitario’, el cual permitió el ingreso de oxígeno, combustible y medicamentos a la capital, en medio de bloqueos y enfrentamientos derivados de las protestas civiles y sindicales.

Gálvez aseguró que la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas no buscaba confrontar a los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de insumos esenciales para hospitales y servicios básicos.

“El objetivo humanitario era que los insumos críticos pudieran llegar inmediatamente a la ciudad y se ha conseguido. Queremos cuidar la vida de los enfermos y de los paceños”, afirmó el portavoz en conferencia de prensa.

El vocero destacó la labor de los efectivos policiales y militares desplegados en las carreteras estratégicas bloqueadas. En ese sentido, señaló que las fuerzas del orden actuaron bajo criterios de contención y en todo momento sin uso de armamento letal.

A su vez, Gálvez convocó a dialogar a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’, tres sectores que aún mantienen protestas y bloqueos de caminos con el objetivo de consensuar un “plan de trabajo” y frenar la tensión social que afecta al país.

“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó Gálvez.

El operativo ‘Corredor Humanitario’ se inició por la madrugada del sábado y, según la administración del presidente Rodrigo Paz, levantó varios puntos de bloqueo en rutas estratégicas y habilitó el paso de convoyes con alimentos, combustible y otros suministros hacia La Paz y El Alto.

Sin embargo, los movilizados se reorganizaron y retomaron las medidas de presión.

En Huajchilla, activistas apostados en cerros y en torno a la carretera arrojaron piedras y usaron cartuchos de dinamita para frenar el avance de los efectivos de seguridad, además de encender fogatas en la vía para dificultar la circulación. En La Ceja de El Alto, manifestantes superaron la presencia policial y avanzaron sobre vías de alta circulación, lanzando piedras contra vehículos del transporte público, patrullas policiales y equipos de prensa.

La Policía respondió en ambos sectores con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y recuperar el control de estas vías, tras más de dos semanas de bloqueos.

El convoy de vehículos militares y policiales que este sábado despejó parcialmente una de las rutas principales del altiplano boliviano regresó a La Paz tras más de 13 horas de trabajo. Durante el operativo, se retiraron decenas de montículos de tierra, troncos, piedras y neumáticos quemados utilizados por campesinos aimaras para bloquear la carretera durante once días en demanda de la renuncia de Paz.

“Hemos llegado hasta acá evadiendo o rompiendo varios obstáculos”, declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, quien encabezó el convoy hasta la localidad de Calamarca, a 54 kilómetros de La Paz, desde donde inició el retorno para despejar una carretera paralela.

Balderrama explicó que la decisión de no avanzar respondió a la presencia de la marcha de centenares de seguidores del ex presidente Evo Morales en la misma ruta hacia La Paz, también para exigir la dimisión de Paz.

El jefe militar señaló a los medios que, según información disponible, más adelante hay “grupos más revoltosos” y las Fuerzas Armadas buscan evitar enfrentamientos, cumpliendo su misión “en el marco del respeto a la población”.

La caravana regresó a La Paz sin lograr el objetivo de abrir completamente el paso hasta Oruro, a 227 kilómetros de la sede de Gobierno. El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Amílcar Sotopeña, indicó que se cumplió con el propósito de liberar el paso de cisternas con combustibles, camiones de carga y otros vehículos particulares hasta Calamarca.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó el sábado que la operación militar y policial destinada a desbloquear carreteras en el departamento de La Paz, así como los enfrentamientos posteriores entre manifestantes y agentes, dejaron un saldo de 47 personas detenidas y cinco heridas.

(Con información de Europa Press y EFE)

Rodrigo Paz atraviesa las horas más difíciles de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando pedidos de renuncia con bloqueos de carreteras y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de su gobierno.

Las protestas surgieron en múltiples flancos: maestros con demandas de aumento salarial, transportistas que reclamaban por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Estos grupos orbitaban con sus demandas alrededor de una organización que históricamente ha ejercido presión en las decisiones gubernamentales: la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento salarial adicional al del 20% que hubo a inicios de año.

Mientras el Gobierno lograba acuerdos sectoriales y mitigaba algunos conflictos, en el altiplano se iba gestando la protesta de la Federación de Campesinos Túpac Katari que, sin una agenda de demandas específicas, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la renuncia del presidente en rechazo a su gestión. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión tiene prácticamente cercada la sede de Gobierno.

A los campesinos se sumaron más tarde dirigentes de la COB, que abandonaron su demanda salarial para exigir la renuncia de Paz, y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves se vivió una jornada de violencia con los mineros afiliados al sindicato obrero que, a punta de dinamitazos, se enfrentaron con la Policía en el centro paceño.

Entre tanto, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros a La Paz en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que ha planteado Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político, que se encuentra acorralado en su bastión para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra.

En el medio, y con la crisis económica como telón de fondo, hay una ciudadanía hastiada de marchas y bloqueos que exige “mano dura” al Gobierno para poner orden en un país habituado a que los desacuerdos políticos se diriman en las calles.

Más allá de las negociaciones sectoriales con las que el Gobierno ha logrado desactivar algunos focos de conflicto, analistas advierten una estrategia contradictoria: mientras por un lado convoca al diálogo a los sectores movilizados, por otro criminaliza la protesta, amenaza con procesos judiciales a los manifestantes y los acusa de estar financiados por el narcotráfico.

En esa línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves la existencia de un plan macabro contra el Gobierno y dijo que hay “dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro”.

Adicionalmente, más de un actor político —incluidos ministros y el vocero de Paz— ha responsabilizado a Evo Morales de estar detrás de las protestas para derrocar al gobierno y recuperar el poder. Sin embargo, analistas coinciden en que el evismo es solo una de las múltiples corrientes del conflicto y que ya no tiene poder de irradiación, aunque, según la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, todavía funciona narrativamente como “un fantasma que moviliza los miedos de las clases medias tradicionales”.

En el fondo de los problemas coyunturales, los analistas ven que hay un agotamiento social y legítimo por la crisis económica heredada de las gestiones pasadas, pero también tensiones históricas irresueltas entre dos bloques —los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales— que pugnan por hacer prevalecer sus visiones de país tras el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobernó las últimas dos décadas.

“Los grandes periodos de estabilidad en Bolivia se han producido cuando se llegó a un equilibrio de poder”, explica Jáuregui y señala que cuando ese pacto se quiebra “se abren procesos conflictivos”.

En el momento actual, la experta ve que la irrupción de los sectores populares en las calles es una respuesta a la ausencia de representación dentro del Estado, donde hay una “recomposición de las élites tradicionales y de las clases medias urbanas”.

Para el analista político Pablo Deheza, la grieta entre ambos bloques tiene una dimensión adicional, ya que fueron los sectores populares los que llevaron a Paz al poder con su voto. Sin embargo, sostiene que, una vez en el Gobierno, el presidente “dio un giro y emitió señales de que no va a gobernar con quienes votaron por él”. En ese contexto, el analista afirma que “hay una sensación de reclamo, enfado y molestia”.

El futuro en el corto plazo es incierto. Los analistas temen que el Gobierno logre capear la tormenta pero sin resolver el problema de fondo y que los conflictos actuales sean solo la antesala de otros episodios que no podrá resistir. Ambos consideran necesario plantear un “mapa de reparto de poder” en el que se reconozcan las legitimidades mutuas y se logren consensos básicos.

“En este momento Rodrigo Paz está ante un punto de inflexión y tiene dos vías: generar un nuevo pacto social con la incorporación de todos los sectores o mantener un gobierno sin posibilidad de acción política”, apunta Jáuregui. Sin embargo, donde subyace una crisis económica y social profunda, el tiempo se agota más temprano.

El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz que estaría financiado por el narcotráfico. Según el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, las protestas sociales estarían promovidas por el expresidente Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical de Morales en Cochabamba, al centro del país.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa en la que manifestó la predisposición de la administración de Paz para dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.

Morales no hizo referencia a las acusaciones del vocero, pero horas antes había manifestado en X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria” y que los “miles” de manifestantes no obedecen a “una sola persona”.

Este jueves se vivió una jornada de violencia en la que cooperativistas mineros se enfrentaron con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes se reunían con el Gobierno para negociar pedidos sindicales. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la madrugada se llegó a un acuerdo para suspender las medidas de presión sobre el que hasta la publicación de esta nota no se ha dado más información.

Sin embargo, el de los mineros es solo uno de los frentes de múltiples conflictos que enfrenta el Ejecutivo. En las últimas semanas hubo una escalada de protestas que inició con demandas de varios sectores —como maestros y transportistas— que derivó en crecientes pedidos de renuncia al presidente.

Hace diez días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz inició un bloqueo de caminos “indefinido” que ha provocado un cerco a la sede de Gobierno, con un promedio de 20 piquetes simultáneos, para exigir la dimisión de Paz. Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las protestas por un rechazo general a las políticas gubernamentales, luego de que no fuera aceptada su demanda de incremento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ante los medios que “el pedido único” que tiene el sindicato de trabajadores es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”.

Por otro lado, los seguidores del expresidente Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en rechazo a la propuesta presidencial de hacer reformas parciales a la Constitución Política del Estado y para exigir el cese de los procesos judiciales que tienen acorralado a su líder en su bastión. Se estima que la marcha arribe a la sede de Gobierno el martes de la próxima semana.

Ante la escalada de conflictos, la administración de Paz ha llamado al diálogo a los sectores para negociar las demandas sindicales y ha firmado un decreto para entregar un bono “por única vez” a la Policía.

El pago, denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía”, se entregará en reconocimiento a “la noble labor cumplida en defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el Decreto Supremo 5620. Si bien el documento no menciona el monto, fuentes policiales señalaron que es casi equivalente a un salario mínimo.

En este escenario de conflictividad, el vocero del evismo, Christian Velasco, denunció que el Gobierno apunta a dictar estado de sitio en dos departamentos y detener al líder cocalero. “Por información de militares patriotas, en las próximas horas se estaría dictando estado de sitio en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la excusa de las protestas sociales”, afirmó Velasco en un video difundido en redes sociales y dijo que la intervención militar tendría como fin “detener al presidente Evo Morales o quitarle la vida”.

El vocero Gálvez no descartó la implementación de medidas de excepción y manifestó que se hará uso de las herramientas constitucionales para preservar el orden democrático. “El gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que hará el gobierno es usar esas prerrogativas cuando sea pertinente para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.

Mineros artesanales se enfrentaron este jueves con la policía boliviana en el centro de La Paz durante una protesta que derivó en violentos disturbios cerca de la sede del Gobierno de Rodrigo Paz.

Los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, mientras las fuerzas de seguridad respondían con gases lacrimógenos. En medio de los choques, se registraron explosiones de dinamita en varias calles de la capital.

La movilización reunió a miles de trabajadores mineros que llegaron a La Paz para reclamar mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios en las regulaciones de su sector. Con el correr de las horas, la protesta sumó consignas políticas y algunos grupos comenzaron a exigir la salida del mandatario boliviano.

Las detonaciones se escucharon en distintos puntos del casco histórico paceño. Testigos reportaron escenas de tensión y corridas mientras columnas de manifestantes intentaban romper el cordón policial que protegía el acceso a la plaza donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso.

La protesta de los mineros se produjo en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Bolivia. El país enfrenta escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que impactan sobre distintos sectores productivos y sobre la población.

Las movilizaciones también incluyen bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos. Los cortes comenzaron a provocar demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno para hospitales, mientras miles de camiones permanecen detenidos en carreteras de distintas regiones.

Antes de los enfrentamientos, una delegación minera ingresó al Palacio de Gobierno para mantener conversaciones con autoridades nacionales. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo” y dispuesto a escuchar los reclamos de los manifestantes.

Sin embargo, las negociaciones no lograron frenar el aumento de la tensión en las calles. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y reclamó directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien llegó al poder hace apenas seis meses tras prometer reformas económicas para estabilizar el país.

Las protestas comenzaron días atrás con reclamos de organizaciones rurales contra una ley que habilitaba hipotecar tierras agrícolas. Ante el rechazo social, el Gobierno decidió anular esa normativa, aunque la medida no alcanzó para desactivar las movilizaciones.

A las demandas rurales se sumaron luego pedidos de aumentos salariales, cuestionamientos a la inflación y reclamos por la falta de combustible. La Central Obrera Boliviana (COB), una de las organizaciones sindicales más importantes del país, también incrementó sus críticas contra el Ejecutivo y se incorporó a los pedidos de cambios en la conducción política.

En paralelo, campesinos aymaras conocidos como los “Ponchos Rojos” mantienen bloqueos en distintos caminos y encabezaron marchas hacia El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El Gobierno atribuyó parte de las protestas al ex presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que “este es un bloqueo político... con fines de desestabilización”.

Morales rechazó esas acusaciones y respaldó públicamente las movilizaciones. En un mensaje publicado en X, sostuvo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

El ex mandatario agregó que “los indignados están motivados por su conciencia social y por la rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores y a la nación”.

La crisis política también se agravó luego de que seguidores de Morales iniciaran una marcha hacia La Paz tras conocerse una nueva orden judicial para que el ex presidente comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso de una menor durante su mandato.

Bolivia atraviesa así una nueva escalada de conflictividad social, con protestas simultáneas, enfrentamientos callejeros y crecientes cuestionamientos contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

(Con información de AP y Reuters)

Una mujer de 42 años fue capturada por la Policía Nacional cuando intentaba ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía del municipio de La Paz, Cesar. El hecho se registró durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en las instalaciones ubicadas en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

Durante el procedimiento, una patrullera notó comportamientos sospechosos en la visitante y decidió inspeccionar cuidadosamente su calzado. En su interior, hallaron varias dosis de sustancias ilícitas que, según informaron las autoridades, tenían como destino a un detenido recluido en esa sede policial.

Estrategias de control y procedimientos institucionales

La Policía Metropolitana de Valledupar señaló el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles forman parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estaciones y centros de detención, teniendo en cuenta que la presencia de estupefacientes suele generar conflictos, riñas y problemas de convivencia interna.

Ante esta situación se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, que explicó que los operativos de verificación son permanentes y se desarrollan bajo estrictos protocolos institucionales para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad como de sus familiares.

Consecuencias legales y acciones posteriores

Tras el hallazgo de los estupefacientes, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados se encargaron de leerle sus derechos y fue puesta a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación judicial en las próximas horas.

En cuanto a las sustancias incautadas, las autoridades locales informaron que quedaron bajo cadena de custodia como material probatorio para la investigación que se abrió en contra de la mujer involucrada y el interno para verificar el objetivo de este hecho que fue ampliamente rechazado por la institución.

Debido a la gravedad del caso, la Policía Nacional reiteró que continuará reforzando los controles en estaciones y centros de detención en todo el área metropolitana, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y preservar la seguridad institucional.

Cabe mencionar que este no es el único avance relacionado con el tráfico de drogas en el norte del país, puesto que los uniformados continúan trabajando para evitar que las organizaciones dedicadas a su elaboración y distribución continúen afectando la salud de los consumidores e incrementando la inseguridad.

En la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación confirmó que una fiscal de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Seccional Córdoba logró la judicialización de Sindy María Hurtado Arango por su presunta implicación en tráfico, fabricación o porte de estupefacientes afectando la seguridad en varios municipios de Córdoba.

Desde septiembre de 2024, según determinó la investigación de las EDA, la mujer señalada como responsable por este delito habría coordinado la distribución de marihuana y cocaína en puntos fijos y a domicilio. Del mismo modo, el reporte oficial indica que los hechos ocurrieron en los barrios Juan Carlos y Villa Helia de San Andrés de Sotavento, así como en Belén de Tuchín y Villa Fátima de Chinú.

La información entregada por el ente judicial confirmó que las interceptaciones de comunicaciones, seguimientos a personas y objetos, además de entrevistas y testimonios, fueron algunas de las diligencias de policía judicial que sustentaron la imputación de cargos.

Según el Código Penal, el ingreso, tránsito, transporte, almacenamiento, elaboración, venta, adquisición o suministro de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas, sin el permiso de la autoridad competente conlleva una pena de prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que los primeros seis meses de su gestión “han sido muy duros”, tras constatar “la cloaca” que dejaron las administraciones anteriores en el Estado, gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS). El mandatario, que cumplirá medio año en el cargo el 8 de mayo, se refirió a un contexto marcado por protestas de sectores sindicalistas y campesinos.

“Estos seis meses han sido muy duros en función de ver la realidad de lo que dije en algún momento, la cloaca que nos dejaron”, sostuvo Paz.

El jefe de Estado destacó la importancia del esfuerzo conjunto de la ciudadanía, representantes parlamentarios, fuerzas políticas, organizaciones sociales, organismos multilaterales y países aliados para que Bolivia salga adelante.

Paz remarcó la necesidad de establecer “alianzas” y “acuerdos” entre diferentes sectores y advirtió que sin ese esfuerzo será “extremadamente difícil” superar la crisis económica. El mandatario alertó sobre la existencia de grupos que buscan “frenar” las transformaciones para “retornar” al pasado.

“Si retornamos a ese pasado, va a significar de tres a cuatro años de atraso en las transformaciones en nuestra economía. No estamos para aguantar tres o cuatro años en el retraso de las reformas que tarde o temprano se tienen que hacer (...) Nosotros las estamos encarando”, aseguró.

Por otra parte, reiteró que 2026 será un año para “ordenar la casa” y expresó su confianza en que el próximo año será de crecimiento, tras el “esfuerzo y sacrificio” realizados actualmente en el país.

Paz mencionó entre los momentos “difíciles” de sus primeros meses de gestión los problemas con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la calidad de los combustibles vendidos en el mercado interno, aunque aseguró que ya se está “triunfando sobre casos” como estos.

Sobre YPFB, sostuvo que los bolivianos pagaron “un alto precio” por el accionar de una empresa que “era supuestamente el orgullo del país”, pero que en realidad era “un antro de corrupción”, tras atribuir esta situación a las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El mandatario respondió el domingo pasado a los comentarios de Morales sobre la crisis de combustibles y la supuesta intención de privatizar la petrolera estatal. A través de una publicación en X, Paz afirmó que el ex presidente “no tiene autoridad moral” para referirse a la compañía petrolera, que, según el actual mandatario, fue “quebrada” junto a Arce.

“Cuando entraste, YPFB era la empresa con más recursos, con reservas petrolíferas y gasíferas del país. Durante 20 años, tú y tu ministro Arce de Economía no hicieron más que usarla para intereses políticos, gastar el gas y no asegurar el futuro de la patria”, escribió Paz en un mensaje.

El presidente también responsabilizó a Morales por haber dejado al país “sin gas y sin futuro hidrocarburífico”, a pesar de la nacionalización de los recursos en 2006. “La soberanía energética que nos prometieron hoy es un fracaso porque la negociaste y la vendiste”, apuntó.

Paz defendió su gestión ante las críticas y subrayó que “no pueden pretender que resolvamos en meses lo que destruyeron con corrupción en 20 años”. Asimismo, descartó los rumores sobre una eventual privatización de YPFB: “Nadie va a privatizar YPFB, la haremos eficiente”.

Morales había señalado en un programa radial la existencia de una campaña de desprestigio contra YPFB con la supuesta intención de privatizar la compañía. “De manera intencionada, están haciendo campaña de la mala imagen. Dicen ‘YPFB ya no sirve, entonces hay que privatizar’”, sostuvo.

El mandatario actual abordó el análisis de gestión durante la presentación de una plataforma para denunciar la burocracia estatal, acto al que asistieron el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Jordan Schwartz.

El Gobierno enfrenta en los últimos días una serie de conflictos por reclamos salariales y territoriales de sectores obreros y campesinos, además de la amenaza de huelga de transportistas ante el problema de los combustibles y otras demandas sectoriales.

(Con información de EFE)

La inauguración de una moderna sala de emergencia en el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova de La Paz, Honduras, marca un nuevo capítulo para la atención sanitaria en la región central del país. Estados Unidos destinó más de 50 millones de lempiras (alrededor de 1.9 millones de dólares) a la construcción de esta infraestructura hospitalaria, como parte de una iniciativa conjunta orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y mejorar la calidad del sistema de salud hondureño.

De acuerdo con información oficial, la obra se ejecutó mediante el Programa de Asistencia Humanitaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con la coordinación de la Secretaría de Salud de Honduras. El acto de inauguración contó con la participación de funcionarios hondureños, representantes diplomáticos estadounidenses y miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Según la Secretaría de Salud, esta sala está equipada con áreas de triage, salas de espera y observación, además de espacios funcionales orientados a brindar atención oportuna y de calidad.

La nueva sala de emergencia beneficiará a más de 450 mil habitantes de la zona central de Honduras. Se prevé que podrá atender entre 2,000 y 3,000 emergencias mensuales, así como aproximadamente 250 partos al mes, según datos divulgados por la Secretaría de Salud. Estos servicios se extenderán a pacientes de los departamentos de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara, zonas caracterizadas por una alta demanda de atención médica de urgencia.

Durante el evento, el vice ministro de Proyecto e Inversiones, José Miguel Castillo, subrayó que la inversión representa un avance en el fortalecimiento de la red hospitalaria nacional. Castillo afirmó que la infraestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta y elevar la calidad de atención para la población más vulnerable. Además, señaló que la Secretaría de Salud ha asignado personal médico y administrativo, junto con los insumos necesarios, para garantizar el funcionamiento adecuado de la sala.

El coronel Alan Knt, del Comando Sur de Estados Unidos, destacó que este tipo de cooperación forma parte de una estrategia regional. Según Knt, la iniciativa busca mejorar la seguridad sanitaria, fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar la respuesta efectiva ante emergencias de salud pública. El funcionario norteamericano consideró que, a través de estos proyectos, se promueve la estabilidad regional y la capacidad de ambos países para enfrentar desafíos sanitarios que puedan trascender fronteras.

La Secretaría de Salud reiteró que el proyecto responde a una política de cooperación sólida entre Honduras y Estados Unidos, con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud y contribuir al bienestar de la población. En su mensaje institucional, la entidad hondureña enfatizó que ambas naciones mantienen el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer los sistemas públicos y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Este esfuerzo se inscribe en una relación bilateral que ha priorizado la atención a emergencias y el desarrollo de capacidades hospitalarias, especialmente en regiones con alta demanda y limitado acceso a servicios médicos. Las autoridades esperan que la nueva sala de emergencias no solo atienda las necesidades inmediatas de la población local, sino que también sirva como modelo de cooperación internacional y refuerzo para el sistema sanitario en futuras contingencias.

La inversión de Estados Unidos, canalizada a través de su programa humanitario, constituye una de las aportaciones más significativas en infraestructura médica ejecutadas en la zona central hondureña en los últimos años. Según datos oficiales, la obra permitirá enfrentar con mayor eficacia los picos de demanda ocasionados por brotes epidémicos, accidentes masivos y otras situaciones críticas que requieren respuesta especializada y oportuna.

Con la apertura de esta sala, el Hospital Dr. Roberto Suazo Córdova se consolida como un referente regional en la atención de emergencias, reforzando la red hospitalaria y garantizando el acceso a servicios médicos esenciales para cientos de miles de hondureños.

El mayor general Philip J. Ryan, comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, realiza esta semana una visita oficial a Bolivia para reunirse con autoridades y militares del país, en el marco de una nueva etapa de acercamiento entre ambas naciones, según informó la embajada estadounidense en La Paz.

En un comunicado de prensa, la embajada destacó que “autoridades del Ministerio de Defensa de Bolivia dieron la bienvenida” a Ryan, quien se convierte en el primer alto representante militar estadounidense en visitar Bolivia desde 2006. El gesto señala la intención de ambos países de fortalecer sus relaciones bilaterales.

Durante su estadía, Ryan mantendrá encuentros con homólogos bolivianos, visitará la sede diplomática de Estados Unidos en La Paz y dialogará con cadetes del Colegio Militar del Ejército.

“Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos, defender a nuestras naciones y actuar con profesionalismo e integridad”, expresó Ryan, según el comunicado.

El general, que asumió el mando del Ejército Sur en junio de 2024, subrayó que estos valores compartidos permiten alianzas bilaterales. El comunicado explica que el Ejército Sur de EEUU realiza actividades de cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe en apoyo al Comando Sur estadounidense.

En este marco de aumento de relaciones bilaterales, Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos para impulsar la cooperación bilateral en este sector, con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer las cadenas de suministro de estos recursos estratégicos.

El acuerdo fue suscrito por el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, según informó la sede diplomática estadounidense en Bolivia.

Estados Unidos manifestó su compromiso de trabajar con Bolivia para atraer inversiones que beneficien a ambos países y aseguren el suministro de minerales críticos, como litio, cobalto, níquel y cobre, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y la transición energética.

El Gobierno boliviano sostiene que el país posee la mayor reserva mundial de litio, con aproximadamente 23 millones de toneladas, ubicadas principalmente en el salar de Uyuni, el mayor y más alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados a 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Durante la administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas de China, Rusia e India para implementar tecnología de extracción directa de litio (EDL), aunque dichos acuerdos no recibieron la aprobación del Poder Legislativo.

El pasado 17 de abril, La Paz y Washington también firmaron un memorando de entendimiento por medio del cual EEUU se comprometía a donar 10 millones de dólares y asistencia técnica para el sistema de salud pública de Bolivia. La ministra boliviana de Salud y Deportes, Marcela Flores, y la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Debra Hevia, fueron las respectivas representantes que signaron el documento.

Desde la asunción de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia en noviembre pasado, su gobierno inició gestiones para restablecer las relaciones con Washington.

En 2008, el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg y a agencias de cooperación y antidrogas de EEUU, acusándolas de conspirar contra su gobierno, acusaciones que la Casa Blanca siempre negó.

(Con información de EFE)

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles en la calle antigua a Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, dejó varias personas lesionadas y motivó la rápida intervención de servicios de emergencia.

La colisión, captada por una cámara de videovigilancia, involucró a dos vehículos particulares y una motocicleta, en un tramo conocido por el flujo de automóviles hacia la carretera principal. Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, subrayaron la gravedad del suceso.

En el momento del accidente, los conductores circulaban aparentemente a excesiva velocidad, según apreciaciones iniciales, mientras se desplazaban por esta vía de alto tránsito.

A pesar de que el motociclista afectado logró frenar para evitar el choque directo, la maniobra ocasionó que perdiera el control, cayera sobre el pavimento y sufriera lesiones. La identidad de esta persona no fue suministrada en el reporte oficial.

Minutos después del incidente, socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata. Cinco personas que se encontraban en el área del accidente recibieron atención prehospitalaria y tras ser estabilizadas en el sitio tres de ellos fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa.

Hasta el cierre del informe, no se han detallado las condiciones específicas de los afectados ni se han dado a conocer sus identidades.

La investigación del suceso quedó a cargo de las autoridades locales, quienes han confirmado que el video del accidente facilitará el esclarecimiento de la cadena de eventos.

El caso ha generado un llamado entre la población y los organismos de tránsito ante la persistencia de conductas de riesgo, especialmente el exceso de velocidad en arterias secundarias conectadas a rutas principales.

Este accidente ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente siniestralidad vial, reflejada en las cifras oficiales recientemente publicadas.

Aumento de la siniestralidad vial en El Salvador durante 2026

Entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), con base en datos de la Policía Nacional Civil (PNC), documentaron 7,770 accidentes de tránsito en El Salvador. Este volumen representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo el año anterior, cuando se reportaron 6,481 incidentes viales.

Durante los primeros meses del año, 5,205 personas resultaron lesionadas y 482 fallecieron a causa de siniestros viales. Estos indicadores muestran un incremento del 28% en lesionados y del 27% en fallecidos, si se compara con los 4,056 heridos y 379 decesos registrados entre enero y abril de 2025.

Además, los reportes señalan que en 2026 hubo 714 detenidos por conducción peligrosa, un 3% más que los 693 casos contabilizados en el mismo lapso del año previo. Este patrón de incremento en todos los principales indicadores de seguridad vial constituye una tendencia al alza que sigue preocupando a las autoridades y a los organismos de emergencias.

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la irrupción de este tipo de accidentes, pese a los controles intensificados, evidencia el desafío que implica para el país reducir la imprudencia al volante y las graves consecuencias derivadas de exceder los límites de velocidad y evadir las medidas preventivas básicas.

El libro, presentado en San Salvador, forma parte de Manos que Alimentan, una iniciativa financiada desde 2023 por la agencia de cooperación internacional española Cooperación Española y encabezada por Asamblea de Cooperación por la Paz junto a organizaciones locales de mujeres. La publicación agrupa al menos 40 recetas elaboradas y propuestas desde las propias comunidades, como estrategia para diversificar la dieta familiar e incorporar pescado, cangrejo y camarones a la canasta básica.

Según la coordinadora del proyecto, Laura Cadenas, la confección del recetario fue el resultado de un proceso formativo con talleres dirigidos a cientos de participantes. “Tiene detrás un trabajo importante de capacitación y formación en el cual se desarrollaron una serie de talleres que han llegado a muchas mujeres”, expresó Cadenas a la agencia EFE.

A nivel sectorial, el recetario representa una experiencia documentada de cocreación y transferencia de conocimiento culinario desde la base comunitaria rural al público general, consolidando puentes entre la economía pesquera tradicional y nuevas formas de consumo local.

El documento se posiciona como un caso de estudio relevante para la alimentación nacional: históricamente, la canasta salvadoreña ha dependido de importaciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluso en zonas con acceso directo a recursos marinos. En respuesta a esta paradoja, el proyecto no solo promueve el consumo de productos hidrobiológicos frescos, sino que también integra la producción agrícola de huertos familiares gestionados por otras beneficiarias del mismo programa. Cada receta ha contado con el asesoramiento especializado de una nutricionista, un factor que favorece su posible escalabilidad a políticas de alimentación.

Formación, producción y transmisión: la estrategia del recetario colaborativo

La coordinadora del programa subrayó que el recetario no solo responde a necesidades nutricionales, sino que “viene desde las propias comunidades de intervención y las personas involucradas han propuesto estas recetas desde el rescate cultural y ancestral de las propias comunidades”.

La propuesta fomenta el uso sostenible de recursos locales a través de la educación alimentaria directa. Dentro de los contenidos, se describen métodos de cocción, beneficios de los productos del mar y sugerencias para integrarlos en preparaciones como tortillas y frijoles.

El proceso ha propiciado una reconexión entre la pesca tradicional y la transformación doméstica de los productos en poblaciones con acceso directo al mar, experiencia que la pescadora e integrante activa del proyecto, Lupita Galvez, compartió en diálogo con la agencia de noticias, donde explicó que la llevó a revalorizar los productos de su entorno inmediato.

“Antes de saber un montón de cosas que ahora conocemos, preferíamos comerciar los productos que pescábamos y no consumirlos”, contó Galvez. Más de cuarenta y cinco años de experiencia en la pesca artesanal respaldan su testimonio.

Impacto y disponibilidad

El recetario ya se encuentra disponible para descarga en las redes sociales de las entidades impulsoras y se promociona en cuñas radiales dirigidas al público general. Con su distribución ampliada, la iniciativa busca convertirse en referencia para programas de seguridad alimentaria tanto en el sector público como en la cooperación internacional.

El modelo documenta la capacidad de articulación entre agentes de desarrollo, organizaciones de base y mujeres líderes rurales, generando herramientas concretas para afrontar un problema estructural. En un contexto donde la mayoría de los productos básicos llegan del exterior, la publicación se instala como evidencia verificable de iniciativas locales orientadas a modificar matrices de consumo y producción desde una perspectiva de género.

La semana inicia con el anuncio de movilizaciones de varios sectores en Bolivia y el arribo a la sede de Gobierno de una marcha campesina que inició hace más de dos semanas en la región amazónica de Pando, al norte del país, en rechazo principalmente a una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

A la movilización se sumó una columna de 150 campesinos de San Ignacio de Moxos, en Beni, y organizaciones de otras regiones han anunciado que se integrarán progresivamente, entre ellos la Federación de Trabajadores Mineros, lo que sube la presión contra el Gobierno al tratarse de uno de los sectores de mayor influencia en la agenda política nacional. La marcha arribó este domingo a la localidad de Caranavi y se estima que llegue a La Paz el viernes 1 de mayo luego de recorrer 160 kilómetros.

Los marchistas consideran que la Ley 1720, que fue promulgada el 8 de abril y que establece la reconversión voluntaria de la tierra de pequeña a mediana propiedad, pone en riesgo a los pequeños productores y amenaza los territorios indígenas.

El sistema anterior, vigente desde 1953, prohíbe la comercialización de las pequeñas propiedades y fue diseñado con el objetivo de evitar la concentración de la tierra en pocas manos y el desplazamiento progresivo de campesinos y productores. Con la nueva ley —denominada Conversión de la Pequeña Propiedad Agraria a Mediana o Empresarial—, las pequeñas propiedades, de hasta 500 hectáreas, quedan abiertas al mercado al poder ofrecerse como garantía para préstamos bancarios.

El Gobierno y algunos legisladores defienden la ley en nombre de la libertad individual, del desarrollo de los campesinos y del derecho a la propiedad, y han subrayado que el cambio de clasificación es voluntario.

En tanto, algunos críticos y analistas observan que pone en peligro a la población más vulnerable al permitir que pequeños propietarios hipotequen y pierdan sus parcelas y puede fomentar la concentración de la tierra. También observan que el trámite se realice a simple solicitud del propietario y sin ningún criterio técnico.

En paralelo a este conflicto está el otro dolor de cabeza del Gobierno: el problema del combustible. Tras más de tres meses de reclamos por la mala calidad de la gasolina —que el gobierno admitió pero sin responsabilizarse por su origen ni resolver de fondo el problema—, en la última semana hubo un suministro irregular de diésel, lo que provocó el reclamo de sectores estratégicos, como el transporte pesado y la agroindustria, para normalizar su distribución.

En ese marco, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz convocó a una marcha sectorial este lunes por la supuesta falta de respuestas de la administración de Rodrigo Paz a sus demandas.

“El sector ha coadyuvado con el incremento del precio del combustible, por lo que no existe justificativo para la actual escasez”, señala el comunicado del sector en referencia al aumento en el precio de los carburantes tras el levantamiento del subsidio en diciembre pasado.

Los reclamos de los transportistas —que básicamente son la regularización del abastecimiento de combustible y la garantía de su calidad— se dan una semana después de los ajustes que hizo el presidente en el sector de hidrocarburos. Posesionó a un nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tras la renuncia de su antecesora y cambió al ministro de Hidrocarburos, en busca de soluciones a un conflicto que no ha parado de escalar y que supone una prueba de fuego para su gestión.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, atribuyó la escasez a la sobredemanda por actividades agrícolas y afirmó que se incrementaron los despachos de diésel, por lo que en los próximos días tendría que regularizarse el suministro.

En este escenario, el presidente manifestó que no teme al aumento de las protestas sociales. “Bolivia quiere cambio y yo no le tengo miedo a las movilizaciones; soy un constructor de la democracia que creció entre marchas y liderazgos históricos”, afirmó el jefe de Estado el viernes tras un encuentro con las nuevas autoridades departamentales. “A lo que le tengo miedo es no tener soluciones al futuro de nuestra patria”, agregó.

Los cancilleres de Bolivia y Chile mantuvieron el jueves un diálogo centrado en el fortalecimiento del control fronterizo para combatir la migración irregular y el crimen organizado, al tiempo que reactivaron el Mecanismo de Consultas Políticas entre ambos países al más alto nivel tras 16 años.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, y su homólogo chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, tras un encuentro previo en la frontera binacional, escenario de años de distanciamiento por la cuestión marítima y demandas ante la Corte Internacional de Justicia.

“Queremos fortalecer la coordinación bilateral en materia de control migratorio y modernización de la infraestructura fronteriza en el marco de la lucha contra la migración irregular, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico”, afirmó Pérez Mackenna durante una declaración conjunta con Aramayo.

Ambos gobiernos deberán coordinar los mecanismos correspondientes respetando los acuerdos bilaterales para garantizar los derechos de la población de ambas naciones, según informó la cancillería boliviana.

Aramayo destacó la importancia de retomar las consultas a más alto nivel, señalando que esto “refleja la voluntad compartida de institucionalizar este nuevo momento” en la relación bilateral.

“Un momento marcado por la voluntad política, el respeto mutuo y la convicción de que es posible avanzar en el entendimiento y la cooperación incluso considerando las diferencias históricas que han caracterizado nuestro vínculo”, indicó el ministro boliviano.

Por su parte, el canciller Pérez Mackenna mencionó que, además de los temas políticos, se acordó “iniciar la negociación de un nuevo acuerdo comercial” entre Bolivia y Chile.

Previo a la reunión, Aramayo calificó la visita de su par chileno como “un hito fundamental” en el proceso de restablecimiento de relaciones. Pérez Mackenna añadió: “Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”.

El viernes, la delegación de Chile estará en la ciudad oriental de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada y el motor económico de Bolivia, para participar en otro encuentro empresarial.

Bolivia y Chile mantienen una relación marcada por el conflicto histórico surgido tras la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su litoral y quedó sin salida al mar. En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negociara una salida soberana al océano Pacífico para Bolivia. Chile, por su parte, respondió con una demanda por aguas fronterizas en disputa.

En 2018, la CIJ rechazó la solicitud boliviana de obligar a Chile a negociar un acceso marítimo, lo que representó un revés para el país y para Morales. Cuatro años después, la misma corte desestimó la demanda de Bolivia por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, la llegada del centroderechista Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia en noviembre marcó un acercamiento hacia Chile, aunque el mandatario aclaró que el país no renunciará a su aspiración de recuperar una salida al mar. En marzo, Paz asistió a la toma de juramento del presidente chileno José Antonio Kast, de tendencia ultraderechista.

Al asumir el poder, Kast ordenó la construcción de zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su estrategia para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

El mandatario boliviano manifestó su desacuerdo y, durante el Día del Mar, fecha en la que Bolivia reivindica su reclamo marítimo, señaló: “Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica”.

El reciente encuentro entre los cancilleres de ambos países se produce pocos días después de la expulsión de Chile de 12 ciudadanos bolivianos con antecedentes penales.

(Con información de Assosciated Press)

Más de 900salvadoreños mejorarán su acceso al agua potable gracias a la segunda fase de un ambicioso proyecto impulsado en Concepción Los Planes, San Francisco Chinameca, bajo la coordinación de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en el departamento de La Paz. Esta iniciativa busca garantizar el suministro eficiente a familias de la zona central del país.

Según informaron autoridades de la DOM al inicio de la segunda etapa, el beneficio directo alcanzará a 929 residentes mediante la instalación de un moderno sistema integrado por un pozo, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento y una compleja red de distribución domiciliaria.

En concreto, el proyecto contempla la colocación de una bomba sumergible en el tanque ya existente y la aplicación de un esquema integral de purificación a través de una nueva planta. La infraestructura adicional incorpora una caseta de control, una subestación eléctrica y una tubería de 400 metros que conecta el pozo con el depósito. La red de distribución totalizará 3.5 kilómetros, incluyendo acometidas directas a los hogares de la localidad, según datos oficiales.

La perforación inicial y los alcances nacionales

Los trabajos del sistema hidráulico comenzaron en agosto de 2024 según datos oficiales, cuando la DOM ejecutó la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad y 18 pulgadas de diámetro, revestido con acero al carbón de 12 pulgadas. Este antecedente técnico fue destacado por las autoridades para subrayar el diseño especializado del proyecto y la magnitud de la solución planteada para el abastecimiento sostenido.

Este avance en San Francisco Chinameca es parte de un plan más amplio de la DOM, que actualmente impulsa más de 50 proyectos de agua potable en todo El Salvador. Dieciséis de ellos han sido terminados en beneficio de comunidades como San Bartolomé Perulapía en Cuscatlán, Guaymango en Ahuachapán, Sociedad en Morazán, cantón El Cerrito en Nahuizalco, Sonsonate, y Teotepeque en La Libertad, entre otros municipios, de acuerdo con los informes actualizados.

DOM expande la red de obras sociales en La Paz

En el departamento de La Paz, la DOM mantiene en ejecución más de 55 proyectos de infraestructura, con 25 finalizados hasta la fecha. De estos, 15 corresponden a proyectos viales que representan más de 58 kilómetros de calles en áreas urbanas y rurales. El portafolio local incluye también dos centros escolares en los caseríos Santo Tomás y Santa Clara, situados en el distrito de San Luis Talpa; dos proyectos de electrificación en San Rafael Obrajuelo y Jerusalén; la habilitación de una unidad de salud en San Emigdio; la remodelación de la cancha de fútbol en Cuyultitán, y la modernización del mercado municipal de Tapalhuaca.

En San Francisco Chinameca, la DOM concluyó recientemente el mejoramiento de la calle principal hacia el caserío El Copinol, en el cantón San Antonio Panchimilama, logrando un impacto directo en la calidad de vida de 2,700 habitantes.

La IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y Coordinación Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de El Salvador se celebró el 16 de abril en la ciudad de La Paz, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.

El encuentro estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, y la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.

Durante la reunión, ambas delegaciones dialogaron sobre una agenda que incluyó la lucha contra el crimen organizado transnacional, la modernización del Estado, el impulso al comercio y la promoción de inversiones en sectores estratégicos.

También trataron temas relacionados con la cultura, el turismo, el transporte ferroviario, la conectividad y la cooperación espacial con fines pacíficos.

Entre los acuerdos alcanzados, los representantes de ambos países resaltaron la decisión de explorar el intercambio de experiencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional. Además, se comprometieron a diversificar el intercambio comercial y a fomentar la inversión, reconociendo la creación de la Cámara Empresarial Binacional Bolivia – El Salvador como un mecanismo fundamental para la articulación de los sectores empresariales de ambas naciones.

Las autoridades destacaron la importancia de profundizar la cooperación técnica y científica, para lo cual se acordó realizar la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica. En este marco, se anunció la suscripción del Programa de Cooperación 2026-2028, que integrará proyectos destinados a promover el desarrollo de ambos países.

El encuentro permitió también la firma de un Convenio entre la Agencia Boliviana Espacial y la Secretaría de Innovación de la Presidencia de El Salvador, enfocado en la cooperación espacial con fines pacíficos, y la concreción de un Memorándum de Entendimiento sobre Servicios Aéreos. Las delegaciones expresaron además su intención de avanzar hacia un Acuerdo sobre Transporte Aéreo que potencie la conectividad, el comercio, el turismo y la inversión.

A nivel académico, el Instituto Diplomático ‘Doctor José Gustavo Guerrero’ de El Salvador y la Academia Diplomática Plurinacional de Bolivia suscribieron un memorándum orientado a la cooperación en formación diplomática y consular.

Tanto Paz Ide como Mira reafirmaron el interés de sus gobiernos en mantener una agenda conjunta que genere beneficios concretos para ambos pueblos, reconociendo el valor de la cooperación entre gobiernos locales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

En el terreno económico, la relación comercial entre Bolivia y El Salvador ha experimentado un impulso en 2026. El 16 de abril se anunció la fundación de la primera Cámara Binacional de Comercio e Inversiones, creada para dinamizar los negocios privados y las inversiones bilaterales. Funcionarios salvadoreños indicaron que la entidad promoverá oportunidades en sectores estratégicos y reducirá barreras burocráticas.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa de El Salvador inició la ratificación de un acuerdo comercial que otorgará preferencias arancelarias a 259 productos salvadoreños para su ingreso al mercado boliviano. La embajada salvadoreña en Bolivia informó que impulsa activamente la promoción de sectores como la agroindustria, especialmente la carne boliviana, y la tecnología. Voceros diplomáticos aseguraron que estos pasos buscan diversificar el intercambio y atraer nuevas inversiones.

El municipio de La Paz, Baja California, avanza en la implementación de una estrategia de seguridad que articula dos frentes: el fortalecimiento de la Policía Municipal y la intervención en el tejido social a través de programas comunitarios. El objetivo, de acuerdo con autoridades locales, es atender no solo los efectos de la violencia, sino sus causas estructurales.

En este contexto, la alcaldesa Milena Quiroga Romero destacó que uno de los pilares del modelo es la prevención, particularmente entre niñas, niños y jóvenes. Como parte de esta política, se han consolidado 128 espacios comunitarios conocidos como “Impulso”, donde más de 26 mil menores participan en actividades deportivas y culturales sin costo.

Estos espacios buscan generar entornos seguros y ofrecer alternativas de desarrollo en zonas donde históricamente han existido condiciones de vulnerabilidad. La lógica detrás de esta intervención es reducir factores de riesgo asociados a la violencia mediante el acceso a actividades formativas y de convivencia.

A la par de estas acciones, el gobierno municipal ha impulsado la recuperación de espacios públicos. Más de 60 parques y áreas recreativas han sido rehabilitados en distintas colonias y delegaciones, con el propósito de devolverlos a la ciudadanía y fomentar la cohesión social.

La recuperación de estos lugares también responde a una estrategia de ocupación del espacio público como mecanismo de prevención del delito.

Incremento de capacidades operativas y atención a violencia de género

En el ámbito operativo, la estrategia contempla un fortalecimiento significativo de la Policía Municipal. Entre las acciones implementadas se encuentra la incorporación de 40 nuevas patrullas, así como 154 elementos adicionales que se integran a las labores de vigilancia.

Asimismo, se han puesto en operación 11 Unidades Violeta, enfocadas en la atención de casos de violencia de género. Estas unidades forman parte de un esquema más amplio que incluye la llamada Mesa Violeta, mediante la cual se ha brindado acompañamiento a más de 4,700 mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Otro componente relevante es la mejora de las condiciones laborales de los elementos de seguridad. De acuerdo con datos oficiales, 828 policías han recibido incrementos salariales de hasta 43 por ciento, además de equipamiento, armamento y uniformes. Esta medida busca incidir en la profesionalización del cuerpo policial y en la percepción ciudadana sobre su desempeño.

Coordinación institucional y retos pendientes

Las autoridades municipales han señalado que los avances en materia de seguridad son resultado de la coordinación con instancias estatales y federales, lo que ha permitido fortalecer las capacidades locales.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el impacto de este tipo de estrategias suele observarse a mediano y largo plazo, especialmente en lo relacionado con la prevención social.

El modelo implementado en La Paz, Baja California, se inserta en una tendencia más amplia en políticas de seguridad en México, que apuesta por intervenciones integrales.

No obstante, el reto principal sigue siendo la sostenibilidad de las acciones, la evaluación de resultados y la capacidad de adaptación frente a dinámicas delictivas cambiantes.

En este escenario, La Paz se posiciona como un caso en seguimiento, donde la combinación de más patrullas, fortalecimiento institucional y espacios comunitarios busca sentar las bases de una estrategia de seguridad con enfoque mixto, aún en proceso de consolidación.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) logró la detención de Manuel “N”, alias “El Loquera”, señalado como presunto feminicida de la joven Dayra Michell en la entidad. La captura ocurrió tras un operativo coordinado en la comunidad de San Juan de Los Planes, donde el acusado permanecía oculto.

El aseguramiento ocurrió la mañana de este 15 de abril, seis días después del feminicidio realizado en el poblado de Los Planes.

Manuel “N” fue atrapado mientras huía entre el monte, según el comunicado oficial. Elementos de la Policía Municipal de La Paz y la Dirección General de Seguridad Pública atendieron el reporte, corroboraron la identidad y realizaron el aseguramiento inmediato.

“El Loquera” fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según un comunicado emitido por la procuraduría de la entidad, la carpeta de investigación se integró bajo protocolos de perspectiva de género y con los elementos de prueba recabados.

Manuel “N” será presentado en las próximas horas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso.

Esto se sabe sobre el caso, según reportes previos de este medio

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la víctima, Dayra Michell Geraldo Mendoza tenía 18 años y fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 9 de abril en el poblado Los Planes, perteneciente al municipio de La Paz. Según la ficha oficial de su búsqueda, vestía una falda blanca, blusa color pistache y tenía tatuajes de mariposa y Hello Kitty.

La noche de ese mismo día, alrededor de las 22:25 horas, autoridades estatales recibieron el aviso sobre un cuerpo femenino sin vida dentro de una vivienda en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro.

El cuerpo de la joven presentaba huellas visibles de violencia.

Según la cobertura de Infobae México, Manuel “N” alias “El Lokera” fue identificado como empleador de la la Dayra. Además, los reportes extraoficiales señalaron que el hombre había fallecido, lo cual fue desmentido tras su captura.

La casa donde fue localizado el cuerpo de la víctima pertenecería a Manuel “N”, hecho que las autoridades habrían utilizado para realizar su captura.

En redes sociales ha circulado una supuesta imagen del detenido en la que porta una camisa de cuadros blanca con líneas negras y un sombrero de paja, sin embargo, la veracidad de esa imagen no ha sido confirmada por las autoridades. El material que circula tiene baja calidad y se trataría de una fotografía directa a la pantalla de un celular. Diversos medios de comunicación han utilizado como referencia a “El Lokera” esa misma foto pero retocada con inteligencia artificial.

Fue quemada la casa de El Loquera, reportan medios locales y la PGJE

El pasado 12 de abril, medios locales como El Gato Naranja reportaron un incendio en la vivienda de “El Loquera” en el poblado de Los Planes, mismo lugar donde habría sido asesinada la joven.

Tras los hechos, este 15 de abril el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodrigues, confirmó el hecho en entrevista con medios y señaló que que el siniestro ocurrió alrededor de las tres y media de la madrugada.

El servidor público agregó que cuerpos de auxilio y seguridad acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del domicilio vinculado a la investigación por feminicidio.

López Rodrigues indicó que la autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente.

“Se está trabajando para poder establecer si se trata de un incendio doloso, que alguien pudo haberlo hecho dolosamente con alguna intención o simplemente se trató de un accidente”, señaló.

Por último, el funcionario precisó que el lugar ya había sido procesado por Servicios Periciales, quienes aseguraron los indicios necesarios para la investigación.

Una joven identificada como Dayra Michell Geraldo Mendoza, de 18 años, es localizada sin vida en el municipio de La Paz, Baja California Sur, pocas horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur investiga el caso con el protocolo de feminicidio por las señas de violencia halladas en el cuerpo, mientras peritos y agentes ministeriales trabajan en la recolección de pruebas para el esclarecimiento de los hechos.

El cuerpo fue hallado con signos de violencia

La noche del jueves 9 de abril, aproximadamente a las 22:25 horas, las autoridades estatales reciben el aviso sobre la presencia de un cuerpo femenino sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro de la comunidad de San Juan de los Planes, en las afueras de la capital. Elementos de seguridad y peritos de la Dirección de Investigación Criminal llegan al lugar y confirman que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

La escena es inmediatamente asegurada y procesada conforme a los protocolos de investigación de feminicidio, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio. La identificación preliminar establece que se trata de Dayra Michell, quien había sido reportada como desaparecida horas antes y cuya búsqueda ya se había difundido mediante una cédula del Protocolo Alba.

El mismo día que se activa la alerta por desaparición, la joven es localizada sin vida. El cuerpo es trasladado al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa de la muerte.

Peritos y agentes ministeriales analizan la evidencia

Personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal realiza el levantamiento de indicios al interior del domicilio. Estas pruebas serán integradas en la carpeta de investigación para esclarecer el crimen con rigor científico. El proceso incluye la coordinación con la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, en consonancia con una perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, como subrayan las autoridades.

La carpeta de investigación queda abierta bajo el protocolo correspondiente a feminicidio. Las autoridades estatales confirmaron la identidad oficial de la víctima y recaban detalles clave para la investigación.

Horas antes, la búsqueda se había activado oficialmente

La tarde del jueves, la Procuraduría difunde la ficha de búsqueda de Dayra Michell Geraldo Mendoza, donde se describe que la joven había sido vista por última vez ese mismo día en Los Planes, una delegación del municipio de La Paz. La ficha detalla que vestía una falda blanca, blusa color pistache, y contaba con un tatuaje de mariposa y otro de Hello Kitty como señas particulares.

La alerta movilizó a familiares y vecinos; sin embargo, hacia el final de esa noche, la noticia de su hallazgo sin vida confirma el temor de quienes participaron en la búsqueda.

Investigación apunta a presunto feminicida; hallarían cuerpo de su empleador

Medios locales han dado versiones extraoficiales de su embarazo, asimismo la posible implicación de un hombre identificado como Manuel “N”, presunto empleador de Dayra Michell, quien habría sido localizado sin vida poco después del hallazgo de la joven. Según reportes iniciales, su cuerpo es encontrado colgado de un árbol, aunque otras versiones señalan un posible involucramiento de un exnovio como agresor. Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre estas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur mantiene en reserva los detalles sobre la identidad y el móvil, mientras continúa el análisis de los indicios recogidos en la escena.

Indicios y protocolos activados para esclarecer el feminicidio en Baja California Sur

El caso de Dayra Michell Geraldo Mendoza forma parte de los expedientes investigados bajo protocolo de feminicidio en el estado, un procedimiento que implica la participación de unidades especializadas y el procesamiento científico de la escena, así como la movilización de recursos para esclarecer los hechos y establecer si existen más personas involucradas.

Las autoridades reiteran su compromiso para dar seguimiento a las líneas de investigación y trabajan en la identificación plena de responsables, sin descartar ninguna hipótesis.

Puntos clave:

• Dayra Michell, joven de 18 años desaparecida, es localizada sin vida con signos de violencia en la colonia Centro de Los Planes, La Paz, Baja California Sur.
• La fiscalía estatal activa protocolos de feminicidio y realiza el procesamiento técnico de la escena; el caso queda abierto bajo esta línea de investigación.
• Reportes iniciales refieren la muerte del presunto empleador de la joven, aunque la autoridad aún no confirma oficialmente responsables ni descarta otras hipótesis.