El Parlamento de Bolivia instaló este miércoles la sesión para decidir si extiende por otros 90 días el estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, ante anuncios de movilizaciones de sectores sociales contra las medidas económicas del Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el debate a las 16:30 hora local, tras la lectura de las normas que regulan el estado de excepción. Luego, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, expusieron las acciones aplicadas desde que la medida entró en vigencia, el 20 de junio.

Oviedo sostuvo que el pedido de prórroga busca “cuidar la vida de los ciudadanos”, proteger la economía y garantizar los derechos a la “educación, comercio, trabajo y libre tránsito”. “Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar”, afirmó el ministro ante los legisladores.

Justiniano señaló que el estado de excepción redujo los conflictos, aunque indicó que no eliminaron por completo los riesgos. “La conflictividad disminuyó considerablemente, pero no desapareció”, declaró. El ministro de Defensa precisó que las autoridades registraron 72 eventos de conflictividad durante los primeros dos meses de la medida. A su vez, señaló que los principales focos de riesgo se localizan en el departamento de Santa Cruz y en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de rutas durante siete semanas, principalmente en el occidente y el centro del país. Las protestas, apoyadas también por sectores afines al ex presidente Evo Morales, exigían la renuncia de Paz.

Los cortes provocaron faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y causó pérdidas superiores a USD 3.000 millones. Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para restablecer la circulación. La norma tiene una vigencia inicial de 90 días y el Gobierno pretende prolongarla por el mismo plazo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió la semana pasada al Gobierno y a los sectores sociales que prioricen el diálogo, eviten los bloqueos y refuercen la convivencia democrática. El dirigente de la COB, Mario Argollo, cuestionó la prórroga. “No habría justificativo legal para ampliar el estado de excepción”, expresó, al señalar que Bolivia atravesó un período de tranquilidad durante los últimos tres meses.

Cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción y el acuerdo por USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de “cacerolas vacías” para rechazar las reformas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron en la Casa Social del Maestro, cerca de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. La Policía custodió la zona, bajo la vigencia del estado de excepción que rige desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, afirmó que las medidas económicas de la administración de Paz “han afectado” a las familias. Mencionó entre ellas el tipo de cambio flexible y el anuncio de una reducción progresiva de la subvención a los combustibles. La dirigente cuestionó el acuerdo con el FMI, al que atribuyó “imposiciones” dirigidas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo también rechazó el decreto aprobado el lunes para extender por otros 90 días el estado de excepción, que el Parlamento debía considerar el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)

La administración del presidente boliviano Rodrigo Paz podrá dictar un estado de sitio en todo el país, en regiones determinadas o en áreas específicas como medida adicional al estado de excepción que rige desde el 20 de junio, según explicó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

La posibilidad figura en el decreto que el Ejecutivo aprobó el lunes, que extendió por otros 90 días el estado de excepción mientras persistan los factores de riesgo, según comunicó el funcionario a la agencia EFE. La norma deberá pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que cuenta con 72 horas para pronunciarse.

Gálvez señaló que el estado de sitio representa una medida de mayor alcance ante circunstancias excepcionales, entre ellas eventuales bloqueos de carreteras. “Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, afirmó. El vocero indicó que la decisión podrá aplicarse en función de los hechos. “A nivel nacional, en determinadas regiones o en áreas específicas”, sostuvo al describir el alcance territorial que podría tener la disposición.

Entre las herramientas previstas figura la imposición de un toque de queda, que impediría la circulación de personas en calles y espacios públicos durante horarios establecidos. Gálvez afirmó que el Ejecutivo también podría adoptar “otras medidas más para garantizar el bienestar de la población”.

La ampliación del estado de excepción recibió antes el respaldo de la Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados. El proyecto de resolución buscó anticiparse a anuncios de movilizaciones de algunos sectores sociales y preservar la “reactivación” económica del país.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal. Además, dejaron al menos 16 muertos y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Morales afirmó el martes que la ampliación por 90 días del estado de excepción dispuesta por el Gobierno de Bolivia “solo servirá para reprimir al pueblo” y no solucionará la crisis económica del país. El ex mandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, cuestionó la decisión del Ejecutivo a través de sus redes sociales. “Solo servirá para seguir reprimiendo al pueblo, mientras roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales”, escribió.

Morales sostuvo que la medida no tendrá efectos sobre los problemas económicos que señaló y afirmó que “de ninguna manera” permitirá resolver la crisis ni reducir “los precios de alimentos, combustibles”. En ese sentido, insistió en que el decreto no contribuirá a “frenar la corrupción”. Sus cuestionamientos se dirigieron contra el uso que, a su juicio, el Gobierno dio al estado de excepción: “El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles”.

En paralelo, cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción por 90 días que decretó la administración de Paz y contra el acuerdo de USD 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pendiente de tratamiento en el Parlamento.

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de las “cacerolas vacías”. La movilización apuntó contra las reformas económicas oficiales y contra la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron frente a la Casa Social del Maestro, situada a pocas cuadras de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y del Legislativo. La Policía custodió la zona, en el contexto del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, sostuvo que las políticas económicas de Paz “han afectado” a las familias. Entre las medidas que mencionó figuran el tipo de cambio flexible y el anuncio de un retiro progresivo de la subvención a los combustibles.

La dirigente también cuestionó el entendimiento con el FMI, que, según afirmó, incluye “imposiciones” orientadas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo rechazó, además, la prórroga del estado de excepción que el Gobierno decretó el lunes y que el Parlamento analizará el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)

El rastreo de su teléfono celular fue una de las pistas que permitió seguir sus movimientos. Mendivil había confirmado a este medio que el dispositivo registró señal en Villazón el jueves por la noche, después de permanecer apagado durante los dos primeros días.

“Se lo había rastreado primero en la ciudad de Tupiza, luego en La Paz”, explicó el funcionario. Según detalló, los investigadores reconstruyeron un recorrido desde La Quiaca hacia Tupiza y luego hasta la capital administrativa de Bolivia, donde finalmente lo encontraron.

El fiscal aclaró que todavía no pudo hablar con Martínez, por lo que aún restaba conocer su relato sobre lo ocurrido durante los días en los que estuvo desaparecido. “Yo no me he podido entrevistar ni vía telefónica todavía con él”, señaló.

En cuanto a su regreso a la Argentina, Mendivil indicó que, según la información con la que cuentan, el agente ingresó de manera irregular a Bolivia. Por ese motivo, estimó que las autoridades de ese país podrían expulsarlo y entregarlo a sus pares argentinos. Esto fue luego confirmado por las autoridades de Bolivia que explicaron que en las próximas horas será trasladado a territorio argentino.

Tras el operativo, el coronel de la Policía Boliviana y el fiscal Mendivil brindaron una conferencia de prensa. En primer lugar, el coronel reveló que Martínez estaba “desorientado” y presentaba un cuadro de “amnesia”. Por lo tanto, fue trasladado a un hospital policial de La Paz, donde le realizaron los estudios correspondientes.

Por su parte, Mendivil sostuvo que el hallazgo del agente fue producto del “trabajo en conjunto entre las autoridades de Bolivia, las autoridades de Argentina, la brigada de la Policía de Bolivia y la brigada de Policía de La Quiaca”. Y aseguró: “No descansaron un minuto desde que se hizo la denuncia”.

“Sin cooperación y sin intercambio de información en la frontera no se puede resolver absolutamente nada”, destacó.

Luego fue el turno de la mamá del policía, quien expresó: “Quiero tener a mi hijo a mi lado en estos momentos. Ya quisiera estar con él, abrazarlo y protegerlo”. Y agregó: “Quiero agradecer a las autoridades y a las personas que me acompañaron”.

Al ser consultado sobre si pudo hablar con su hijo, el papá del efectivo detalló que fueron su esposa y su sobrino quienes se comunicaron con Martínez. “Gracias a dios está con vida”, dijo.

Martínez, quien cumplió 31 años este lunes, había sido visto por última vez el martes 8 de septiembre por la mañana, cuando salió de su casa en bicicleta. Según sus familiares, dijo que iba a Villazón para hacer compras y que regresaría ese mismo día. Ante la falta de noticias, el jueves 10 radicaron la denuncia ante la Policía provincial.

La búsqueda involucró a fuerzas argentinas y bolivianas e incluyó 15 allanamientos en locales nocturnos y domicilios particulares de Villazón, además de rastrillajes y vuelos de drones en la zona fronteriza. También se activó una alerta amarilla de Interpol.

Una denuncia anónima sobre el posible traslado de un cargamento de droga llevó a elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) hasta una camioneta en la delegación de El Centenario, donde localizaron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina distribuidos en 52 bidones.

El conductor, identificado como César “N”, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California Sur, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Una denuncia llevó a los agentes hasta El Centenario

De acuerdo con la información difundida por la FGR, la investigación comenzó luego de que ciudadanos presentaran una denuncia anónima en la que se advertía que una persona acudiría a una empresa de paquetería para recoger lo que posiblemente sería un narcótico.

A partir de esa información, agentes de la PFM realizaron labores de seguimiento al vehículo relacionado con el reporte. Se trataba de una camioneta plateada, en la que viajaba César “N”.

Los elementos federales siguieron la unidad hasta El Centenario, delegación ubicada aproximadamente a 10 kilómetros de la mancha urbana de La Paz, donde finalmente procedieron a interceptarla.

La revisión del vehículo contó con el apoyo de un binomio canino. Durante la inspección fueron localizados 52 bidones que contenían la sustancia, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de fertilizantes, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

En total, las autoridades aseguraron 217 litros 464 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, cantidad que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal junto con el detenido.

Tras la captura, el MPF realizó las diligencias correspondientes y solicitó los dictámenes periciales para determinar las características y el peso de la sustancia asegurada.

El detenido permanecerá en prisión mientras avanza el caso

Con los elementos recabados durante la investigación, la Fiscalía solicitó que César “N” fuera llevado ante un juez. En la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso y mantenerlo bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

El plazo concedido para el cierre de la investigación complementaria permitirá a la Fiscalía realizar nuevas diligencias y reunir mayores elementos antes de que avance la causa penal.

El caso ocurre mientras la FGR mantiene investigaciones y procedimientos contra integrantes o presuntos integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en distintos puntos del país.

En Baja California, por ejemplo, recientemente se dio a conocer la sentencia contra Marco Antonio García Simental y/o Mario Alberto Rivera López, alias “El Cris”, identificado por las autoridades como uno de los primeros “pozoleros” del Cártel de los Arellano Félix.

Un juez federal le impuso 41 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de homicidio simple en grado de tentativa.

“El Cris” también es señalado como hermano mayor de Eduardo Teodoro García Pimentel, “El Teo”, quien fue uno de los principales operadores del grupo criminal en Baja California. Las investigaciones relacionaron a “El Cris” con la desaparición de cuerpos mediante el uso de ácido.

En la misma resolución, la FGR informó que José Barraza Benítez, alias “El Chepe”, recibió una condena de 26 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Mientras ese expediente corresponde a hechos investigados desde años atrás, el caso de César “N” permanece en una etapa inicial. La persona detenida debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.

El Gobierno de Bolivia aprobó el lunes un decreto para ampliar por otros 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, ante el riesgo de nuevas movilizaciones sociales. La medida deberá ser aprobada por el Parlamento para entrar en vigor el 18 de septiembre, cuando concluya el plazo inicial de la disposición.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión del Ejecutivo tras salir de una reunión del gabinete junto al presidente Rodrigo Paz. El funcionario explicó que el decreto será publicado en las próximas horas y que su aplicación quedará sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos aprobado un decreto, que va a ser publicado en las siguientes horas, para la ampliación del estado de excepción tal como se había adelantado ayer y mientras los factores de riesgo permanezcan”, dijo Justiniano a los medios locales.

El ministro manifestó su expectativa de que el Legislativo “apruebe el decreto” para que entre en vigencia el 18 de septiembre, fecha en la que concluyen los primeros 90 días de la medida.

Por su parte, el senador Milton Quispe, de la alianza opositora Unidad, explicó que la norma deberá ser analizada por el pleno de la ALP en un plazo de 72 horas y “por simple mayoría”, según el reglamento vigente.

La decisión del Ejecutivo se produjo un día después de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunciara que el decreto sería presentado ante el Parlamento. El funcionario sostuvo que “hay un gran consenso ciudadano” en torno a la ampliación del estado de excepción.

De forma paralela, la comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción por otros 90 días. La iniciativa se presentó ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la reactivación económica del país.

El ex presidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la principal fuerza de oposición parlamentaria, Jorge Tuto Quiroga, alertó el lunes que una posible ampliación del estado de excepción por otros 90 días atrasará la reforma de la Constitución, cuyo fin es atraer inversión extranjera.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019).

Los sectores movilizados exigían la renuncia del presidente Paz. El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Las protestas también provocaron pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

(Con información de EFE)

A 34 años de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que redefinió parte de la frontera entre Honduras y El Salvador, el Gobierno de Nasry Asfura intenta convertir una victoria territorial histórica en algo más tangible para quienes viven en esas comunidades: presencia efectiva del Estado.

El mandatario llegó a Palo Blanco y Nahuaterique, en La Paz, acompañado por funcionarios de distintas instituciones, con la intención de llevar servicios públicos y anunciar proyectos para municipios fronterizos.

La estrategia parte de una idea sencilla: la soberanía no termina cuando se coloca un límite en un mapa. También requiere que los habitantes tengan carreteras, documentos de identidad, salud, educación, seguridad, comunicaciones y oportunidades productivas.

Nahuaterique, una frontera definida en 1992

La Corte Internacional de Justicia resolvió en septiembre de 1992 una prolongada controversia territorial entre Honduras y El Salvador y adjudicó a Honduras diferentes sectores disputados.

Entre ellos quedó Nahuaterique, una zona cuya historia posterior estuvo marcada por dificultades de integración administrativa y social.

El fallo resolvió jurídicamente a qué país pertenecía el territorio, pero no eliminó automáticamente los problemas derivados de décadas de aislamiento, vínculos familiares a ambos lados de la frontera y limitada presencia institucional.

Ese es precisamente el problema que el Gobierno intenta ahora colocar nuevamente en agenda.

Carreteras para conectar territorios que durante años estuvieron aislados

Asfura anunció la apertura de nuevos tramos carreteros en Cabañas y Santa Elena, además de maquinaria para las municipalidades.

Las obras tienen una dimensión económica, pero también estratégica.

Una carretera permite movilizar productos agrícolas y acceder más rápidamente a hospitales o centros educativos. Pero en una zona fronteriza también facilita que las instituciones hondureñas puedan mantener presencia continua y no únicamente llegar mediante jornadas temporales.

El Ejecutivo también contempla acciones de salud, migración e identificación mediante instituciones como el Registro Nacional de las Personas.

Otro anuncio es la ampliación de la cobertura de telefonía móvil.

En áreas fronterizas aisladas, la conectividad tiene una importancia que va más allá de poder realizar una llamada.

Permite realizar trámites, acceder a información, comunicarse ante emergencias y conectar a productores con mercados.

Por eso, la integración territorial actualmente depende tanto de una carretera como de una señal telefónica.

El Gobierno también deberá enfrentar otro problema inmediato: la sequía.

Muchas comunidades de la zona dependen directamente de la agricultura y cualquier reducción prolongada de las lluvias afecta cultivos, disponibilidad de agua e ingresos familiares.

Asfura aseguró que mantendrá apoyo al sector agrícola y reconoció además que el incremento internacional de los combustibles añade presión sobre transporte y producción.

Eso significa que las inversiones fronterizas tendrán que competir por recursos con otros desafíos nacionales mientras el Ejecutivo prepara el Presupuesto 2027.

De controlar el territorio a integrarlo

Durante décadas, hablar de estas zonas significó principalmente hablar de límites, litigios y soberanía.

El planteamiento gubernamental intenta cambiar el enfoque hacia servicios públicos y desarrollo. Pero allí estará también la prueba.

Una visita presidencial y la entrega de maquinaria pueden iniciar el proceso, pero la integración efectiva dependerá de que las instituciones permanezcan después de que termine el acto oficial.

Porque 34 años después del fallo de La Haya, la principal pregunta ya no es si Nahuaterique pertenece a Honduras.

Eso está jurídicamente definido.

La pregunta es qué tan hondureño se siente un territorio cuando sus habitantes deben recorrer grandes distancias para encontrar los servicios básicos del propio Estado.

El Ejército de Bolivia denunció al ex ministro de Defensa Edmundo Novillo por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, a raíz de las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel de Viacha, que dejaron nueve militares muertos, cinco desaparecidos y 84 heridos.

El comandante del Ejército, Héctor Alarcón, informó que la presentación ante la Fiscalía se apoya en un informe oficial que llegó a manos de Novillo en septiembre de 2025. Ese documento “advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material que se encontraba en depósito” en el predio militar.

“En el informe se calificaba como una amenaza real e inminente, y recomendaba su desactivación, incineración o repliegue de estas instalaciones”, afirmó Alarcón. El jefe militar sostuvo que el entonces funcionario no atendió esas recomendaciones.

Alarcón señaló que Novillo, “por omisión o evitar realizar ciertas acciones, produjo la muerte” de miembros de las Fuerzas Armadas y añadió que la Fiscalía deberá “establecer la relación entre las actuaciones u omisiones denunciadas” y “determinar las responsabilidades”.

El comandante indicó que el Ejército continuará con el “levantamiento de información” sobre lo ocurrido. Edmundo Novillo ocupó el Ministerio de Defensa durante la presidencia de Luis Arce, entre 2020 y 2025, por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Las explosiones ocurrieron en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 ‘Bolívar’, en Viacha, municipio ubicado a unos 35 kilómetros de La Paz. El Gobierno señaló que la segunda detonación tuvo una magnitud “considerablemente mayor” y que su origen todavía no cuenta con una determinación técnica.

La Fiscalía confirmó la muerte de nueve militares. Otros cinco permanecen desaparecidos entre los escombros, mientras que 84 personas sufrieron heridas. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó el jueves que recogió 48 bolsas con restos humanos. Especialistas en genética analizan el material para establecer si corresponde a los militares que aún no fueron localizados.

El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional el lunes por las víctimas mortales y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos de todas las unidades militares del país.

La Fiscalía abrió una causa penal contra los responsables del hecho bajo las figuras de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El Senado aprobó además una resolución de “atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones”, que reclama compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales para civiles y militares afectados.

El Ejército de Bolivia también suspendió de forma temporal la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos en el cuartel de Viacha hasta que especialistas determinen que existen condiciones de seguridad para retomar las tareas.

La institución militar explicó que la medida responde al riesgo que implica el uso de taladros y otros equipos sobre las estructuras afectadas. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, señaló en un comunicado.

En el sector permanecen bienes de la unidad militar, por lo que las autoridades deberán evaluar el estado del área antes de autorizar nuevas intervenciones.

Las labores se reanudarán cuando las instancias especializadas ordenen retirar el material del lugar y concluyan que el terreno reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción de escombros y la localización de posibles víctimas.

(Con información de EFE)

La intervención en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Bolivia detectó el desvío de 22 millones de litros de combustible en un mes y permitió identificar a unas 30 personas que presuntamente vulneraron los sistemas de seguridad de la entidad, informaron este jueves los ministros interventores.

El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, afirmó en una rueda de prensa en La Paz que la cantidad desviada refleja “el grado de desintegración de los controles” dentro de la ANH. Los desvíos se concentraron principalmente en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, este último señalado como el motor económico de Bolivia. Justiniano indicó que esa región requiere “3 millones de litros por día” para cubrir su demanda de carburantes.

El funcionario de la administración del presidente Rodrigo Paz sostuvo que los 22 millones de litros de combustible equivalen a 200 millones de bolivianos, unos USD 15,8 millones. De acuerdo con sus estimaciones, la comercialización de ese volumen en el mercado ilegal supera los 400 millones de bolivianos, cerca de 31,6 millones de dólares.

Justiniano también señaló que, durante la primera semana de intervención, se detectaron “nueve tipos de vulnerabilidades” dentro del sistema informático de control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre las fallas, mencionó la existencia de “puertas traseras” que permitían a “gente externa” intervenir “sin límite” en los despachos de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que los presuntos responsables de modificar los controles de la ANH “van a tener que pagar sus culpas” ante la Justicia.

Blanco precisó que entre las personas identificadas hay funcionarios del actual Gobierno y de administraciones anteriores. También aseguró que el abastecimiento de combustibles está “garantizado” a partir de la optimización de los mecanismos de fiscalización.

Paz intervino la ANH el 3 de septiembre, tras detectar “deficiencias” en los controles, sobre todo en el sistema de distribución de combustibles. La medida quedó formalizada mediante el decreto 5699. La intervención tiene una duración inicial de 180 días. El plazo puede extenderse una sola vez por 90 días más o finalizar antes si desaparecen las causas que motivaron la decisión.

Un día antes, el Ejecutivo también intervino Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 180 días. Una comisión integrada por cuatro ministerios y el Viceministerio de Transparencia supervisa esa medida.

“Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades. Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, sostuvo Paz, quien cumplió diez meses de mandato el pasado 8 de septiembre.

Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, con un gasto semanal cercano a los USD 90 millones. Desde 2024, el abastecimiento irregular provocó filas de vehículos que esperan durante horas o días para cargar combustibles.

“Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó el mandatario.

Desde el inicio del Gobierno de Paz, en noviembre pasado, el suministro registró altibajos. Entre mayo y junio, los bloqueos de carreteras por protestas sociales agravaron el problema. En las últimas semanas volvieron las largas filas en las estaciones de servicio, con el diésel como principal faltante.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia avanzó este miércoles con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la preparación de una misión civil de policías para prevenir nuevos conflictos, después de las protestas y bloqueos que se extendieron entre mayo y junio, dejaron al menos 16 muertos y provocaron desabastecimiento y pérdidas económicas por más de USD 3.000 millones.

La reunión se realizó en La Paz entre el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encabezada por el director del Departamento de Seguridad Pública, Steven Griner, y el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada. También participó un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.

La cita marcó el inicio de una instancia de trabajo orientada a delinear la llegada de efectivos de distintos países para asesorar y acompañar a la Policía boliviana. Oviedo indicó que la iniciativa busca contribuir al resguardo de las garantías ciudadanas y de la convivencia pacífica frente a posibles escenarios de tensión social.

Griner señaló que la visita tiene como objetivo recoger las expectativas que las autoridades bolivianas plantearon al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con vistas a un posible envío de personal. También precisó que la propuesta todavía permanece en elaboración y que contempla la participación de policías sin armas y sin uniformes.

Durante la reunión con la comitiva, Oviedo presentó un saldo de los conflictos registrados entre mayo y junio y planteó la necesidad de avanzar en tareas preventivas conjuntas. Según sostuvo, la cooperación apuntó a preservar el derecho a la manifestación sin afectar el libre tránsito, la atención médica ni el abastecimiento de productos esenciales.

El ministro remarcó que durante la crisis anterior varias ciudades quedaron sin oxígeno, sin alimentos, sin transporte y sin atención médica, una situación que integró la evaluación del organismo. La agenda prevista hasta el viernes también quedó vinculada al proceso de reinstitucionalización de la Policía boliviana.

El conflicto se desarrolló durante siete semanas con cortes de carreteras impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con apoyo de sectores afines al exmandatario Evo Morales. Las protestas exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz y tuvieron mayor impacto en el occidente y el centro de Bolivia.

Frente a ese escenario, el Ejecutivo dispuso el 20 de junio un estado de excepción para levantar las medidas, luego de alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana. La disposición quedó fijada por 90 días, mientras algunas autoridades dejaron abierta la posibilidad de una prórroga ante anuncios de nuevas protestas.

La ronda de contactos surgió a partir del informe presentado la semana pasada por una comisión de la OEA que visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio. Tras ese recorrido, el organismo pidió abrir un diálogo lo más amplio posible entre el Gobierno y los distintos sectores de la sociedad boliviana para reducir la polarización y evitar nuevos enfrentamientos.

Sobre esa base comenzó el intercambio entre especialistas en seguridad pública y justicia y las autoridades locales, con la intención de definir mecanismos concretos de prevención.

Además del eje centrado en los conflictos sociales, Oviedo presentó un panorama de seguridad que incluyó la situación del narcotráfico. En ese repaso, reconoció un incremento de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba y señaló que esa evolución contrastó con los resultados obtenidos en interdicción.

A la vez, sostuvo que bajo el nuevo mando policial aumentaron los decomisos de aeronaves utilizadas para el traslado de cocaína al exterior. Según el detalle oficial, la cifra superan las 80 avionetas incautadas tras pruebas químicas y de microaspirado que, de acuerdo con el Gobierno, confirmaron su uso en operaciones ilegales. También informó sobre la desarticulación de laboratorios y sobre la presencia de redes integradas por ciudadanos extranjeros.

La reunión incluyó una referencia a la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar, en Viacha. Sobre ese caso, el ministro indicó que la investigación avanzó por dos carriles institucionales, uno bajo conducción de las Fuerzas Armadas y otro a cargo del Ministerio Público y de las instancias judiciales.

(Con información de EFE)

El Ejército de Bolivia suspendió de forma temporal la remoción de escombros y la búsqueda de desaparecidos en el cuartel de Viacha donde el viernes pasado se registraron dos explosiones. La institución militar señaló que la medida continuará hasta que especialistas determinen la existencia de condiciones de seguridad para retomar las tareas.

A su vez, el Ejército informó que la decisión tiene carácter preventivo, debido al riesgo que implican los taladros y otros equipos sobre las estructuras afectadas. “La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, indicó en un comunicado. En el sector permanecen bienes de la unidad militar.

Las autoridades deberán verificar el estado del área antes de autorizar nuevas intervenciones. Las labores volverán cuando las instancias especializadas ordenen el retiro del material presente en el lugar y concluyan que el terreno reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción y la localización de posibles víctimas.

El fiscal general, Róger Mariaca, informó el martes que el saldo asciendió a nueve muertos, en su mayoría militares, de los cuales ocho ya fueron identificados. Las autoridades buscan a cuatro uniformados que podrían haber estado en el sitio al momento de las explosiones.

La Fiscalía abrió una causa penal por “homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos”. Mariaca indicó que en el cuartel había material bélico, pólvora negra y otros elementos que pudieron haber contribuido a la tragedia, aunque advirtió que sería “irresponsable” anticipar el origen de las detonaciones.

El Senado aprobó una resolución que reclama atención y reparación integral para las víctimas civiles y militares. El texto solicita compensaciones por daños materiales e inmateriales, recursos extraordinarios para atención médica, cirugías, medicamentos y rehabilitación de los heridos. Los reportes consignaron al menos 84 personas heridas. La resolución legislativa también exigió identificar, retirar, neutralizar y disponer de forma segura de cualquier material peligroso que aún permanezca en la zona.

Las explosiones ocurrieron el viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, a unos 35 kilómetros de La Paz. El Gobierno informó que la segunda detonación tuvo una magnitud considerablemente mayor y que su causa todavía no cuenta con una determinación técnica.

El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional el lunes por las víctimas mortales y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos de todas las unidades militares del país.

El mismo viernes, el jefe de Estado boliviano expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de la doble explosión en el Regimiento Bolívar, y solicitó una investigación “minuciosa, técnica y transparente” para esclarecer el hecho.

“Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha”, escribió el mandatario en la red social X.

Paz afirmó que la prioridad estatal pasó por atender a los afectados y asistir a sus allegados. “Proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre”, sostuvo.

El presidente indicó que el Ministerio de Defensa activó desde el inicio mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, asistencia médica y resguardo de la zona, en coordinación con otras instituciones.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, aseguró Paz.

(Con información de EFE)

El operativo comenzó horas antes: alrededor de las 03:30, Cerimedo fue retirado del penal de Palmasola, bajo fuerte resguardo policial, y conducido hasta la terminal aérea cruceña. Allí permaneció unos minutos en la Estación Presidencial antes de abordar un vuelo de la empresa estatal con destino a La Paz.

El traslado responde a una segunda orden de detención preventiva, dictada en La Paz, que dispuso su reclusión en Chonchocoro por el delito de enriquecimiento ilícito, con una medida cautelar de 180 días.

Hasta entonces, el asesor cumplía otra detención preventiva en Palmasola por el delito de tentativa de femicidio, vinculado al ataque armado contra su ex pareja, Nadia Beller.

Una orden judicial pendiente de ejecución durante dos semanas

El traslado responde a la Resolución Judicial 313/2026, emitida el 29 de agosto por un juzgado de La Paz, que dispuso seis meses de detención preventiva para Cerimedo en Chonchocoro dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La medida fue ratificada posteriormente por una sala penal, que ordenó de manera expresa la ejecución del traslado desde Santa Cruz.

La orden, sin embargo, tardó en concretarse. El comandante general de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, había señalado días antes que la institución aún no había recibido la disposición formal para movilizar al detenido. La demora también obedeció a complicaciones en el estado de salud del imputado, que retrasaron el operativo. Recién tras una evaluación médica y la certificación de su abogado defensor, que confirmó su estabilidad, la Justicia autorizó la ejecución del traslado.

Ante la falta de avances, la Vicepresidencia del Estado solicitó de manera formal el traslado “inmediato” de Cerimedo, con el pedido de que la operación se realizara exclusivamente por vía aérea y bajo un dispositivo de máxima seguridad, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Fuerza Aérea Boliviana. La solicitud fue dirigida al director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama.

El origen del caso, un ataque armado contra su ex pareja

Cerimedo permanecía recluido en Palmasola desde el 18 de agosto, cuando fue aprehendido cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. Su detención se produjo tras ser señalado como presunto autor intelectual del ataque armado contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, quien resultó herida de tres disparos la noche del 17 de agosto, cuando se encontraba frente a un hotel en Santa Cruz.

Beller, quien se encuentra embarazada, sobrevivió al ataque y las autoridades bolivianas la mantienen bajo protección como testigo, en un lugar no revelado.

Tres días después del ataque, el juez cautelar Wilson Espada ordenó la detención preventiva de Cerimedo por 180 días en Palmasola, dentro del proceso abierto por tentativa de feminicidio. Cerimedo cumplió 20 días de reclusión en ese penal antes de que se dispusiera su traslado a Chonchocoro por el segundo proceso en su contra.

Las acusaciones de enriquecimiento y otros procesos abiertos

Fue precisamente Beller quien denunció que Cerimedo actuaba como el “presidente en las sombras” del país y lo acusó de realizar negociados vinculados al combustible y al oro junto al presidente Paz y su entorno, incluida la primera dama, Bibi Urquidi.

A partir de esa denuncia, la Fiscalía realizó allanamientos en inmuebles vinculados al argentino, entre ellos una oficina alquilada por 25.000 bolivianos en la zona sur de La Paz, donde presuntamente pretendía operar como asesor del Gobierno.

“Según la información preliminar y declaraciones testificales, acá iba a funcionar la oficina del señor Cerimedo, donde iban a realizar toda la logística que iban a tener como parte del Gobierno o asesor del Gobierno, que es lo que se está investigando”, declaró en su momento el fiscal Miguel Cardozo.

En otro allanamiento, la Fiscalía encontró más de medio millón de bolivianos en moneda nacional, dólares y euros, además de documentación y lo que las autoridades describieron como una “mini granja de bots”. El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, confirmó el hallazgo y remarcó que la presencia de esa estructura de bots había llamado la atención de los investigadores.

Cerimedo enfrenta, además, otros procesos abiertos: uno por violencia familiar, otro vinculado a una causa en Beni por presunta protección al narcotráfico —relacionada con vuelos irregulares que partirían desde el municipio de Santa Ana con destino a Brasil— y una investigación conocida como “narcoencomiendas”, que involucra el movimiento irregular de 350.000 bolivianos con la participación de un piloto y tres policías.

Autoridades federales aseguraron 208 litros de metanfetamina líquida y detuvieron a un hombre en el municipio de La Paz, Baja California Sur, luego de que la droga fuera hallada oculta en bidones de fertilizante orgánico durante un recorrido de seguridad.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), según informó la dependencia en un comunicado.

Cómo se descubrió la droga en La Paz

Durante recorridos de seguridad en la colonia Centenario, los efectivos federales ubicaron una camioneta de color plateado y le marcaron el alto para realizar una inspección. Para la revisión contaron con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos.

Los elementos de la SSPC y la FGR detectaron 208 litros de metanfetamina líquida escondidos en 52 bidones dentro de 13 cajas de cartón etiquetadas como fertilizante orgánico, en un vehículo detenido en La Paz. El conductor fue arrestado y la droga quedó asegurada.

Al revisar el interior del vehículo, los agentes localizaron las 13 cajas de cartón que, según la etiqueta, contenían fertilizante orgánico. Sin embargo, dentro había 52 bidones con la sustancia ilícita disuelta en estado líquido.

El volumen total decomisado alcanzó los 208 litros de metanfetamina, de acuerdo con el comunicado oficial. El método de transporte, camuflado bajo la apariencia de un producto agrícola legal, buscaba evadir los controles de seguridad en carretera.

Detención y proceso judicial

Como consecuencia del hallazgo, el conductor de la camioneta fue detenido de manera inmediata por los efectivos federales presentes en el operativo.

Las autoridades le informaron sus derechos conforme a la ley y, junto con la droga asegurada, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esa autoridad ministerial la que determine la situación jurídica del detenido y la que integre la carpeta de investigación del caso, precisó el comunicado de la SSPC.

Otros aseguramientos reportados por el Gabinete de Seguridad

El caso de La Paz se dio a conocer dentro del corte informativo del Gabinete de Seguridad correspondiente al 4, 5 y 6 de septiembre de 2026, que incluyó otras acciones contra la producción de drogas en distintos puntos del país.

En ese mismo periodo, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal localizaron en Hidalgo del Parral, Chihuahua, un área de concentración de material diverso.

Ahí se aseguraron también 208 litros de sustancia y 3 mil 160 kilogramos de químicos destinados a la elaboración de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada calculada en 62 millones de pesos, de acuerdo con el mismo reporte.

En Sinaloa, además, se reportó el hallazgo de 16.8 toneladas de metanfetamina, 645 litros de producto en cocimiento y 5 mil litros de precursores, además de 7.6 toneladas de químicos esenciales y sustancias de uso dual, de acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Combate coordinado a la producción de drogas

La SSPC señaló en su comunicado que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de combatir de manera coordinada la producción y distribución de drogas.

Las operaciones, indicó la dependencia, están orientadas a asegurar sustancias ilícitas y precursores químicos, así como a desarticular la infraestructura y los recursos utilizados para su elaboración.

Marco legal: qué penas prevé el transporte de metanfetamina en México

El transporte de metanfetamina está tipificado en el artículo 194 del Código Penal Federal, dentro del Título Séptimo de “Delitos contra la Salud”. La norma establece una pena de 10 a 25 años de prisión y una multa de 100 a 500 días de salario para quien produzca, transporte, trafique o comercie con narcóticos sin autorización de la Ley General de Salud.

La metanfetamina figura de forma expresa como sustancia psicotrópica en el artículo 245 de la Ley General de Salud, por lo que su traslado se encuadra directamente en esta figura penal.

Si la introducción o extracción de narcóticos hacia otro país no llegó a consumarse, pero los actos realizados evidencian esa intención, el artículo 194, fracción II, prevé una pena reducida de hasta dos terceras partes de la sanción original.

De forma complementaria, el artículo 195 sanciona con 5 a 15 años de prisión la posesión de narcóticos cuando se pretenda destinarlos al tráfico o transporte. Si no puede probarse ese fin, la pena baja a un rango de 4 a 7 años y medio.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, exigió este sábado una investigación pronta, transparente e imparcial por las dos explosiones ocurridas en un regimiento militar de Bolivia, que dejó al menos tres muertos, 14 desaparecidos y 81 heridos en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz. Las autoridades mantenían la búsqueda de las personas no localizadas y avanzaban con las primeras actuaciones judiciales y administrativas tras la emergencia.

El reclamo fue formulado un día después de las detonaciones registradas en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 Bolívar, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El funcionario expresó sus condolencias a las familias afectadas y pidió que el esclarecimiento del caso permitiera establecer las causas exactas del suceso, precisar responsabilidades y adoptar medidas para evitar que una tragedia de este tipo volviera a ocurrir.

Callisaya sostuvo que la Defensoría del Pueblo mantenía un seguimiento permanente sobre el estado de los heridos para resguardar su derecho a recibir atención médica oportuna y digna. También reclamó información inmediata y clara para los familiares de las personas desaparecidas, al señalar que la certeza sobre su situación constituía un derecho fundamental en medio de la emergencia.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde dentro de las instalaciones del regimiento Bolívar, donde se registraron dos detonaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que la primera explosión habría estado vinculada con pólvora negra correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar.

Según la explicación oficial, después se produjo una segunda explosión de mayor magnitud. En esa instancia, las autoridades evitaron adelantar una hipótesis definitiva sobre el material involucrado y señalaron que esa determinación quedaba en manos de equipos especializados y de la investigación abierta tras el siniestro. La onda expansiva también alcanzó viviendas cercanas al cuartel y obligó a desplegar medidas de resguardo en la zona.

Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó su solidaridad con los familiares de los fallecidos, con las personas heridas y con los vecinos afectados por las explosiones. Al mismo tiempo, informó que instruyó una investigación minuciosa, técnica y transparente para establecer con claridad lo sucedido, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades correspondientes.

Paz indicó que la prioridad inmediata del Estado era proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atravesaban horas de incertidumbre. En esa misma línea, el Ministerio de Defensa activó mecanismos de emergencia, seguridad, evacuación, atención médica y resguardo del área en coordinación con otras instituciones.

En paralelo a las decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía Departamental de La Paz inició una causa de oficio por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. El fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, confirmó la apertura del expediente para esclarecer la secuencia de los hechos y definir eventuales responsabilidades penales.

(Con información de EFE)

El subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca, informó que el área se encuentra bajo control. “Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, declaró ante los medios.

Roca señaló que las autoridades desarrollan pericias para establecer el origen de la explosión, aunque evitó anticipar hipótesis. “Se realizan actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar”, indicó.

En un primer comunicado, el Ministerio de Defensa atribuyó el episodio a una detonación “accidental” de material pirotécnico que estaba almacenado en el cuartel. La cartera informó daños materiales “de consideración” en las instalaciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, evacuación y atención médica, a la vez que ordenó aislar el sector, mantener los recursos necesarios para atender a los heridos y asistir a familiares y vecinos afectados.

“Se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder”, señaló Justiniano.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz activó un plan de emergencia y contingencia, en coordinación con el Ministerio de Salud, para trasladar y atender a los lesionados. De las 59 personas heridas, ocho presentan lesiones de gravedad y siete son menores de edad, según datos del organismo sanitario. Al menos 52 de los heridos son civiles. Las autoridades todavía no confirmaron la identidad de las dos personas fallecidas.

Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron el impacto de la explosión en Viacha. Las imágenes registraron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas al cuartel, además de la reacción de los habitantes del municipio.

En un primer informe de situación, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que entre los heridos había civiles, militares, premilitares y policías, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de La Paz y El Alto. Carrasco señaló que se dispusieron ambulancias de varios municipios, en coordinación con hospitales paceños y alteños, para atender la emergencia dentro del regimiento.

Además, las detonaciones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha provocaron un corte de electricidad que afectó a todo el municipio, explicó Lizeth Villagómez, ex concejal local. “Alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente se ha escuchado como una explosión y se ha cortado toda la luz en el municipio, era muy fuerte la explosión. Posteriormente a eso hubo más explosiones, no sé si municiones, armamento, no sé, dudo mucho que esa explosión haya sido pirotecnia”, indicó.

Vecinos de Viacha relataron que escucharon dos explosiones separadas por unos 20 minutos y afirmaron que la segunda fue la que provocó los daños más visibles en las viviendas ubicadas frente al cuartel. El estallido causó roturas en ventanas y afectó estructuras de casas situadas en los alrededores del recinto militar.

La situación generó preocupación entre familiares de soldados y premilitares vinculados al regimiento. Varias personas se acercaron al perímetro militar para buscar noticias sobre los jóvenes que cumplían funciones en el recinto o habían sido convocados, pero fueron alejadas por razones de seguridad a más de dos cuadras del lugar.

(Con información de EFE y El Deber)

Un tribunal de Garantías de Santa Cruz, en el este de Bolivia, rechazó el viernes un recurso presentado por la defensa del consultor Fernando Cerimedo para impedir su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde debe cumplir una segunda detención preventiva.

La decisión se dictó en una audiencia virtual dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fin de semana, un tribunal ordenó que Cerimedo permanezca bajo prisión preventiva en Chonchocoro por ese expediente.

El miércoles, una sala penal de La Paz había rechazado otra acción de libertad de la defensa y confirmó la medida cautelar. Cerimedo ya está detenido preventivamente en Santa Cruz por otra investigación, vinculada al ataque armado que sufrió su expareja, la abogada y operadora política Nadia Beller, el 17 de agosto.

El abogado Ernesto Tórrez cuestionó la coexistencia de dos órdenes de prisión en cárceles distintas. “Jurídicamente existen dos procesos”, pero “físicamente existe una sola persona” que “no se la puede partir” para que permanezca recluida en dos establecimientos al mismo tiempo, afirmó a medios locales.

“No hubo un criterio de racionalidad (...) del por qué quieren llevárselo a Chonchocoro, toda vez que la detención preventiva es para cumplir con fines investigativos y se necesita la presencia física de Cerimedo”, agregó.

Tórrez sostuvo además que un traslado a La Paz supondría un riesgo para su defendido. “Ya se ha conocido que quieren atentar” contra su vida, afirmó. Según el letrado, Cerimedo declaró ante el tribunal que recibió advertencias de personas que pretenden silenciarlo.

Las autoridades judiciales no informaron cuándo podría concretarse el traslado ni qué expediente prevalecerá para el cumplimiento de la prisión preventiva.

La Fiscalía abrió el caso por presunto enriquecimiento ilícito de oficio, pocas horas después de la detención de Cerimedo por el ataque contra Beller. En esa causa, el consultor está acusado de haber contratado presuntamente a sicarios para asesinar a su ex pareja. El detenido también enfrenta una tercera investigación por presunta violencia familiar y doméstica contra Beller, por hechos que habrían ocurrido en julio.

Las causas reavivaron las referencias a la relación del consultor con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. El ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara sostienen que Cerimedo fue asesor personal del mandatario. Cerimedo reconoció que mantiene una amistad con Paz, aunque aseguró que su colaboración fue “colaborativa”, que nunca suscribió un contrato ni ocupó un cargo dentro del Estado boliviano. También negó haber tenido influencia sobre el Gobierno o sus ministros.

Beller cuestionó esas declaraciones en publicaciones en redes sociales, donde difundió supuestas capturas de pantalla, fotografías y audios que, según afirmó, acreditarían los vínculos de Cerimedo con el Ejecutivo.

En paralelo a la reciente resolución, el Ministerio Público de Chile abrió el jueves una causa penal para investigar posibles delitos informáticos vinculados Cerimedo y a una presunta red de cuentas automatizadas que habría operado durante procesos electorales en el país.

La resolución fue firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, tras una denuncia presentada por el diputado socialista Juan Santana. El legislador pidió indagar las actividades de Cerimedo en Chile y su posible relación con una red de “bots” que habría estado activa desde el plebiscito de 2020.

En la denuncia, Santana mencionó la participación de la empresa Numen en ese proceso electoral y la posterior constitución de Numen SpA en Chile. El documento también alude a dos cuentas de X, “Neuroc” y “Dress”, que habrían operado de forma coordinada para atacar a figuras públicas, entre ellas la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.

Según la presentación, ambas cuentas fueron desactivadas entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, fechas que coinciden con la detención de Cerimedo en Bolivia.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia confirmó el jueves que el acuerdo financiero por USD 1.900 millones alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya fue remitido por el presidente Rodrigo Paz al Parlamento para su análisis y eventual aprobación.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el proyecto de Ley 723, destinado a respaldar el programa de reformas económicas, llegó al Legislativo la semana pasada. En los últimos días, el Ejecutivo envió documentación complementaria para facilitar el inicio del debate parlamentario.

Morales señaló que todos los legisladores tendrán acceso al acuerdo y a sus condiciones. “Las divisas que vayamos a obtener del FMI van a permitir elevar la posición de las reservas internacionales que tiene el país, garantizar el flujo de divisas hacia el mercado y continuar con la estabilización del tipo de cambio”, afirmó.

El proyecto establece una asignación de 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a USD 1.900 millones, para atender los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde los últimos años.

El crédito tendrá un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso y una tasa de interés del 3,47%, sujeta a variaciones según la cotización de los derechos especiales de giro. La amortización comenzará cuatro años y seis meses después de cada entrega, mientras que los desembolsos podrán ejecutarse durante un período máximo de 36 meses.

Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. El Gobierno sostuvo entonces que el programa también permitirá movilizar otros USD 5.000 millones de organismos multilaterales.

Entre los compromisos asumidos figuran la racionalización del gasto público, la preservación del financiamiento monetario cero del déficit fiscal y el fortalecimiento de la gobernanza y de la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB).

El convenio se anunció en medio de una crisis económica que se profundizó desde 2023, con escasez de dólares, caída de las reservas internacionales netas e inflación elevada. Desde que Paz asumió la Presidencia en noviembre de 2025, el país mantuvo dificultades para acceder a divisas. En los últimos meses, el Ejecutivo inició la devolución de ahorros en moneda extranjera, luego de dos años de restricciones a los retiros y las operaciones en dólares.

A fines de junio, Bolivia adoptó un régimen de tipo de cambio flexible y dejó atrás el esquema fijo vigente durante 15 años. El BCB señaló esta semana que la medida permitió reforzar las reservas internacionales netas, que al 14 de agosto alcanzaron USD 4.255 millones.

En paralelo, la administración de Paz presentará una denuncia penal contra siete ex directivos del BCB, incluido su ex presidente Edwin Rojas, por un presunto daño económico vinculado a la compra de un millón de billetes conmemorativos por el Bicentenario. La adquisición se autorizó en abril de 2024. El BCB pagó más de 4,5 millones de bolivianos, unos 378.630 dólares al tipo de cambio vigente, por un millón de piezas que el Gobierno de entonces pretendía comercializar para generar ingresos públicos.

El viceministro de Transparencia, Marcelo García, informó en La Paz que las ex autoridades serán denunciadas ante la Fiscalía por los presuntos delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El funcionario indicó que una auditoría especial determinó que se vendió el 3,8% de los billetes y señaló que el promedio de ventas fue de 270 unidades mensuales durante cinco meses.

El viceministro afirmó que, a ese ritmo, la comercialización del millón de billetes demandaría más de 200 años. La auditoría cuestionó además que la operación se realizara sin estudios previos, análisis técnicos, legales ni de mercado que acreditaran la viabilidad de la venta.

Los billetes formaban parte de una colección especial que el BCB lanzó por los 200 años de la independencia de Bolivia, celebrados el 6 de agosto de 2025. Las piezas, elaboradas en polímero, tenían un valor de 50 bolivianos, equivalentes a 4,12 dólares.

El diseño incluía imágenes de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Túpac Katari y Bartolina Sisa, además de símbolos patrios y referencias a la historia boliviana.

(Con información de EFE)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este jueves su respaldo al orden democrático en Bolivia y pidió al Gobierno y a los distintos sectores sociales que impulsen un diálogo amplio, mientras el país continúa bajo estado de excepción desde junio por las protestas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz.

Una misión de alto nivel del organismo presentó el informe de su visita a La Paz y Santa Cruz de la Sierra, realizada el 29 y 30 de julio. La delegación reunió a representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay.

El grupo instó a respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales y recomendó establecer un mecanismo permanente y plural de conversación entre el Estado y sectores de la sociedad. “El propósito central de esta misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas”, afirmó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en un comunicado.

El informe planteó la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica, sin afectar la circulación de personas ni el acceso de terceros a los servicios esenciales. La OEA pidió además un diálogo “lo más amplio posible” entre el Ejecutivo y todos los sectores sociales, con el objetivo de superar la polarización y evitar nuevos episodios de conflicto.

Organizaciones campesinas, productores, transportistas y sectores vinculados al ex presidente Evo Morales anunciaron movilizaciones en todo el país, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno y ante la persistente escasez de diésel. Las protestas se producen mientras se aproxima el vencimiento del plazo del estado de excepción, de 90 días, dispuesto por el Ejecutivo ante los bloqueos y movilizaciones registrados semanas atrás. Durante esas manifestaciones, hubo problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones de dólares.

El Gobierno de Bolivia amplió el miércoles de 120 a 2.500 litros mensuales el cupo de diésel subvencionado para pequeños productores agropecuarios, con el objetivo de atender los reclamos de campesinos que bloquean rutas en el departamento de Santa Cruz.

El decreto 5698 mantiene el precio de 9,80 bolivianos por litro, equivalentes a 0,79 dólares al tipo de cambio vigente, para los productores que cumplan los requisitos. La decisión modifica el límite anterior de 120 litros por mes.

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, informó que los pequeños productores “seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos” y “podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva”. Justiniano sostuvo que “el pequeño productor (...) no debe ser considerado como un gran consumidor”, categoría para la que el litro de diésel cuesta 18 bolivianos, unos 1,46 dólares. Ese precio rige desde el decreto 5676, emitido el 17 de agosto, que retiró de forma parcial la subvención para industrias, empresas y otras entidades definidas como clientes directos o grandes consumidores.

El funcionario indicó que el acceso al combustible subvencionado figura entre los principales reclamos de productores de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas. Campesinos de esas localidades mantuvieron este miércoles bloqueos de carreteras durante 24 horas para reclamar la derogación de la norma de agosto.

La norma dispone que los productores beneficiados no podrán transferir “bajo ningún título” el diésel adquirido a precio subvencionado. Quienes incumplan esa condición perderán el beneficio.

El esquema vigente conserva el valor de 9,80 bolivianos por litro para el transporte público y para usuarios privados con consumos inferiores a 5.000 litros mensuales. Para los grandes consumidores, el precio referencial de 18 bolivianos por litro puede variar.

Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la eliminación parcial de los subsidios y exigen que el Ejecutivo derogue el decreto. Las organizaciones anunciaron protestas pese al estado de excepción que rige desde junio. El Gobierno sostuvo que la reducción de la subvención al diésel formó parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación de 1.900 millones de dólares anunciado para Bolivia.

Grupos vinculados al ex presidente Evo Morales también advirtieron con avanzar con las movilizaciones y, para este viernes, prevén una marcha en la ciudad de Cochabamba.

(Con información de AFP)

El huracán Marie mantiene bajo vigilancia a las autoridades mexicanas debido a las condiciones que genera en el océano Pacífico, por lo que se determinó el cierre de diversos puertos en Baja California Sur y Colima.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la medida busca reducir riesgos para embarcaciones y población ante los efectos del ciclón, además de recomendar evitar actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

Ante las condiciones generadas por el huracán Marie, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos del océano Pacífico.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la medida contempla cinco zonas de Baja California Sur y una más en Colima.

En Baja California Sur, las restricciones aplican para Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, mientras que en Colima el cierre corresponde al puerto de Manzanillo.

La decisión responde a las condiciones marítimas adversas asociadas con el ciclón, por lo que las autoridades hicieron un llamado a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población en general a atender las indicaciones oficiales.

Protección Civil también pidió evitar riesgos durante actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

Marie ya deja lluvias e inundaciones en Baja California Sur

El cierre de puertos ocurre mientras Marie, que actualmente es huracán categoría 1, mantiene una circulación que está generando lluvias intensas en Baja California Sur.

Durante las últimas horas ya se han registrado inundaciones, deslaves y afectaciones en vialidades de la entidad, principalmente en zonas de Los Cabos.

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó al ciclón a aproximadamente 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Las condiciones podrían intensificarse durante este jueves 3 de septiembre, pues distintos reportes meteorológicos señalan que Marie podría alcanzar la categoría 2 en las próximas horas, antes de comenzar a debilitarse posteriormente.

Para Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, además de vientos y oleaje elevado. También se han reportado corrientes de agua, desbordamientos de arroyos y vehículos afectados por las precipitaciones en Los Cabos.

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cauces, arroyos y costas. La recomendación es evitar ingresar al mar o intentar atravesar zonas inundadas, debido a la fuerza que pueden alcanzar las corrientes.

Por ahora, el huracán Marie continúa avanzando sobre el Pacífico sin que se prevea un impacto directo sobre tierra firme; sin embargo, su circulación seguirá favoreciendo lluvias, viento y oleaje en estados del occidente de México, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

Autoridades refuerzan medidas preventivas ante Marie

Además del cierre de puertos, las autoridades de Baja California Sur implementaron otras medidas preventivas ante las lluvias asociadas al huracán Marie.

Este jueves fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos en Los Cabos y Ciudad Constitución, debido al riesgo generado por las precipitaciones y posibles inundaciones.

El pronóstico contempla lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Baja California Sur, así como vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 km/h y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de la entidad.

En otros puntos del Pacífico, como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, también se prevé oleaje elevado.

Mientras tanto, Marie mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste y se aleja gradualmente del territorio mexicano.

Sin embargo, el SMN prevé que podría fortalecerse a huracán categoría 2 durante este jueves, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia y llaman a la población a seguir únicamente los avisos oficiales.

El incidente ocurrió cuando el conductor trató de atravesar una corriente de agua formada por las lluvias intensas. La fuerza del caudal superó el control de la moto y estuvo a punto de llevárselo por completo junto con el vehículo.

Varias personas que se encontraban en el lugar acudieron a su rescate. Gracias a esa reacción, el motociclista logró ponerse a salvo después de que el agua lo arrastró en medio del arroyo.

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observó el momento exacto en que la corriente alcanzó al conductor y venció la estabilidad de la motocicleta mientras intentaba avanzar por el cauce.

El pronóstico ya advertía riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones

Para ese día se pronosticaron lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en regiones de Baja California Sur, en especial en el centro y sur de la entidad. También se previeron lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico incluyó lluvias fuertes de 25 a 50 mm en Nuevo León, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, se esperaron chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, CDMX, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California.

Las precipitaciones de fuertes a intensas pudieron estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También existía la posibilidad de deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ese contexto explicó el peligro que enfrentó el motociclista en La Paz. Aunque a simple vista el nivel del agua pudo parecer transitable, la velocidad de la corriente bastó para arrastrar a una persona y su vehículo en segundos.

Marie se ubicó a 610 kilómetros de Cabo San Lucas

A las 03:00 horas de ese día, el huracán Marie se localizó a 610 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se mantuvo como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 140 km/h, rachas de 170 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

La amplia circulación del sistema reforzó la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. También generó fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California.

Se pronosticó viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Baja California Sur, el golfo de California, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche se esperaron rachas de 40 a 60 km/h.

En Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, CDMX, Veracruz, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo se previeron rachas de 30 a 50 km/h. En el caso de Baja California Sur, también se contempló oleaje de 3.0 a 4.0 m de altura.

El riesgo no se limitó a la lluvia en La Paz

En la misma cuenca del Pacífico también se mantuvo vigilancia sobre el huracán Karina, categoría 3. Durante la madrugada se ubicó aproximadamente a 2,290 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 2,030 km al este de Hilo, Hawái, mientras seguía su desplazamiento hacia el oeste-noroeste sin representar peligro para México.

Las condiciones meteorológicas del país se atribuyeron al monzón mexicano en el noroeste, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión en distintas regiones, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, además de las ondas tropicales 35 y 36 sobre el occidente, sureste y sur del territorio nacional.

Ese conjunto de fenómenos no solo elevó el potencial de lluvia. También mantuvo ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en estados del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán, con persistencia de onda de calor en regiones de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se pronosticaron temperaturas máximas de 40 a 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. En Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperaron máximas de 35 a 40 °C, mientras que en Zacatecas, Aguascalientes y Estado de México se previeron de 30 a 35 °C.

Cruzar corrientes activas elevó el riesgo de ser arrastrado

El caso del motociclista en La Paz mostró con claridad el peligro de ingresar a arroyos, vados o calles inundadas durante una tormenta. La fuerza del agua pudo parecer menor desde la orilla, pero en el cauce fue suficiente para quitar estabilidad a la moto y poner en riesgo la vida del conductor.

La recomendación de seguridad fue no cruzar corrientes activas durante las lluvias. También se insistió en que ningún vehículo ni bien material justificó exponerse a un flujo que podía arrastrar personas con facilidad.

Para las costas del Pacífico también se previó mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 m en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de olas de 1.5 a 2.5 m en la costa occidental de Baja California. En zonas altas de Estado de México, Puebla y Tlaxcala se pronosticaron temperaturas mínimas de 0 a 5 °C para el amanecer del jueves.

• Un motociclista fue arrastrado por la corriente en un arroyo crecido en La Paz y varias personas lograron rescatarlo.
• En Baja California Sur se pronosticaron lluvias intensas de 75 a 150 mm, con riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones.
• El huracán Marie se ubicó a 610 km de Cabo San Lucas, con vientos de 140 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 m en la entidad.

El Gobierno de Bolivia intervino de forma temporal a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por fallas en la importación y distribución de combustibles, en medio de una crisis de abastecimiento que mantiene largas filas en las estaciones de servicio.

La medida tendrá un plazo máximo de 180 días y no supone el cierre de la compañía. El decreto, publicado el martes en la Gaceta Oficial, establece que la intervención busca “obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis”.

La decisión alcanza a la empresa que controla la comercialización de combustibles, desde la compra en el exterior hasta el reparto dentro del país. En las gasolineras, algunos conductores pasan la noche en sus vehículos mientras esperan para cargar combustible.

La escasez representa uno de los principales desafíos para el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025 con el compromiso de resolver los problemas de suministro. “La intervención estatal extraordinaria de YPFB” apunta a “recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística”, informó la oficina presidencial.

La comisión responsable de la intervención estará integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del viceministro de Transparencia. Ese grupo podrá recomendar auditorías y otras medidas.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, sostuvo que las medidas previas no dieron resultado. “Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, afirmó durante una conferencia de prensa.

Blanco atribuyó la falta de combustible a “deficiencias logísticas en la importación y distribución” de YPFB. Además, anticipó que el Ejecutivo pretende retirar de forma gradual a la compañía estatal de las tareas de comercialización.

“La intención del gobierno nacional es que” YPFB “vuelva a su rol natural” de exploración, explotación y refinación y “no se dedique a comercializar hidrocarburos”, dijo el ministro.

El presidente Rodrigo Paz eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, una política que rigió durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. La medida buscó aliviar la crisis económica y asegurar las importaciones de carburantes, pero las filas en las estaciones de servicio continuaron.

La eliminación de las subvenciones ocurrió después de que el esquema de apoyo estatal agotara las reservas de divisas y complicara la compra externa de los mismos combustibles que recibían subsidios. Paz había prometido que el fin de esa política terminaría con las esperas para cargar gasolina y diésel.

En enero surgieron denuncias contra YPFB por la distribución de gasolina contaminada. Hasta junio, el combustible dañó al menos 36.000 vehículos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció ante la prensa que “la mitad del combustible” importado por el Estado termina en circuitos de contrabando hacia países vecinos, con la complicidad de empleados de YPFB.

Las autoridades atribuyen parte del actual desabastecimiento a ese comercio ilegal. Para limitarlo, el Ejecutivo duplicó el precio del diésel hasta 1,5 dólares por litro, con el objetivo de reducir el incentivo que generaba su menor valor en el mercado interno. La medida provocó protestas intermitentes de campesinos desde la semana pasada. Este miércoles, decenas de manifestantes bloquearon durante 24 horas el paso de una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz.

Los campesinos utilizaron neumáticos y árboles derribados para interrumpir la circulación. Cuatro puntos de bloqueo permanecían activos en Santa Cruz, de acuerdo con el relevamiento realizado en la zona.

Las protestas se desarrollan pese al estado de excepción decretado por el Gobierno para contener las movilizaciones anteriores contra la crisis económica, que paralizaron el país entre mayo y junio.

(Con información de AFP)

Tras años como prófugo, la captura en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, puso fin a una búsqueda internacional que incluía un recorrido por distintos países, el cambio de identidad y una falsa muerte. El hombre, señalado como cabecilla de Los Pulpos, habría mantenido contactos con la organización mientras se ocultaba fuera del Perú.

De acuerdo con un informe de Latina, Cruz Torres llegó a presentarse como agente inmobiliario en Bolivia. Esa fachada formó parte de una etapa en la que, según las autoridades bolivianas, también habría cambiado su apariencia física mediante cirugías para alterar su rostro.

El caso de ‘Jhonsson Pulpo’ se vincula con una organización criminal de origen familiar que, según las investigaciones, operó desde el distrito de El Porvenir, en Trujillo y extendió sus actividades más allá del territorio peruano. A la agrupación se le atribuyen secuestros, extorsiones, cobros de cupos, homicidios, sicariato, tráfico de terrenos y presuntos nexos con la minería ilegal en Pataz.

Una falsa muerte

Uno de los episodios que marcó su condición de prófugo ocurrió en agosto de 2020. ‘Jhonsson Pulpo’ fingió su muerte para evadir a la justicia. La maniobra formó parte de una ruta que después incluyó estadías en Chile y Bolivia, de acuerdo a las investigaciones policiales de ambos países.

Las autoridades lo ubicaron finalmente en territorio boliviano, donde utilizaba otra identidad y llevaba una vida alejada de los escenarios en los que se concentraban las investigaciones sobre Los Pulpos. El programa Punto Final informó que Cruz Torres se presentaba como empresario inmobiliario y que habría ocupado inmuebles en sectores residenciales de La Paz.

Entre los lugares mencionados figuran una vivienda en Achumani y un departamento en Irpavi. Imágenes difundidas por el programa lo mostraron con cabello ondulado y caminando dentro de un condominio de la ciudad boliviana.

La permanencia en Bolivia no solo habría implicado un cambio de residencia. Las autoridades de ese país señalaron que el investigado se sometió a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos. El cambio de apariencia, la identidad distinta y la actividad inmobiliaria integraron la etapa de ocultamiento que mantuvo, según la información difundida.

El origen familiar

La historia de Los Pulpos se remonta a Teófilo Cruz Álvarez, padre de los hermanos Cruz Arce. Una de las figuras de la segunda generación fue John Cruz Arce, conocido como ‘John Pulpo’, padre de Jhonsson Smith Cruz Torres.

John Cruz Arce fue sindicado durante años como uno de los principales cabecillas de la organización. En 2008 recibió una condena por un doble homicidio ocurrido en 2005 y permaneció recluido en distintos establecimientos penitenciarios.

La tercera generación tuvo como uno de sus principales nombres a su hijo. Según el informe de Latina, Jhonsson Smith Cruz Torres comenzó a integrarse a la organización desde la adolescencia y con el tiempo asumió un papel de cabecilla.

Las actividades atribuidas al grupo incluyeron cobros de cupos y extorsiones, delitos que figuraban entre las primeras modalidades asociadas a la organización. Con los años, las investigaciones sumaron hechos de secuestro, tráfico de terrenos, sicariato y presuntos vínculos con la minería ilegal en Pataz.

Los secuestros

Los secuestros ocupan un lugar central en el historial delictivo atribuido a Los Pulpos. En noviembre de 2022, la empresaria Nilda Arrascue Espinoza permaneció 12 días en cautiverio hasta que la Policía la rescató.

En 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado y permaneció retenido durante 11 días. De acuerdo con la información difundida, fue sometido a torturas antes de recuperar la libertad.

El listado también incluye el caso de Luis Alberto Huamanchumo Salvatierra, quien fue secuestrado en enero de 2021 y después asesinado. Otro hecho mencionado es el de Manuel Rodríguez Cruzado, padre de un exalcalde de Julcán.

Rodríguez Cruzado fue secuestrado en junio de 2022. Su cuerpo fue hallado cinco meses después, según el reporte televisivo. Estos casos formaron parte de las investigaciones sobre el radio de acción atribuido a la organización trujillana.

La captura

La caída de ‘Jhonsson Pulpo’ cerró una etapa de fuga que había atravesado Perú, Chile y Bolivia. El recorrido incluyó la falsa versión de su muerte, la adopción de otra identidad y una falsa rutina vinculada con el rubro inmobiliario en La Paz.

Con su captura, las investigaciones sobre Los Pulpos ingresan en una nueva fase. Las autoridades deberán determinar los alcances de sus presuntos contactos con la organización y las actividades que habría mantenido mientras permanecía fuera del Perú.

Las primeras imágenes difundidas por el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior muestran a Cruz Torres con un rostro más alargado, facciones delgadas y una nariz más pronunciada. En registros posteriores, su apariencia presenta diferencias visibles en distintas zonas de la cara, lo que complicó la comparación con las fotografías policiales.

La modificación no se limitó al rostro. El líder de Los Pulpos también cambió su estilo de cabello, que pasó de corto y lacio a más largo y ondulado. A ello se sumaron variaciones en la apariencia de las cejas, los ojos, las orejas, los pómulos y el contorno facial.

La información conocida tras su detención en Bolivia permitió establecer que la transformación física formó parte de una estrategia más amplia para permanecer oculto. Los investigadores también encontraron documentos con identidades distintas y rastrearon los inmuebles donde el prófugo residió bajo una identidad que no correspondía a su nombre real.

Cirugías realizadas bajo una identidad falsa

Según la información expuesta en el reporte de Punto Final, Cruz Torres utilizó la identidad de Santiago Saavedra Quispe para acceder a procedimientos médicos en Bolivia. Los registros señalados en la investigación ubican las intervenciones el 19 de enero, con alta médica al día siguiente.

Entre los procedimientos mencionados figura una blefaroplastia, intervención relacionada con los párpados y la zona que rodea los ojos. También se señala una lipo papada, procedimiento destinado a modificar el contorno situado debajo del mentón.

Los registros médicos, los pagos y la documentación del Centro Médico de Especialidades de La Paz fueron incorporados a la investigación, según el material proporcionado. Estos elementos permitieron vincular los procedimientos estéticos con la identidad falsa utilizada por el prófugo.

La posible intervención en los párpados ya había sido mencionada por la Policía peruana en enero de 2026, aunque en ese momento no existía confirmación mediante un peritaje médico. La blefaroplastia señalada en los registros conocidos posteriormente aporta un elemento adicional a la investigación sobre las modificaciones físicas.

Cambios visibles en el rostro de ‘Jhonsson Pulpo’

La comparación entre las fotografías antiguas y las imágenes más recientes muestra diferencias en la estructura aparente del rostro. Las mejillas presentan mayor volumen, mientras que la nariz luce menos prominente que en las fotografías incluidas en la ficha del Programa de Recompensas.

También existen diferencias en la zona de los ojos y las cejas. A estas modificaciones se suman cambios en la apariencia de las orejas y en el contorno facial. El conjunto de alteraciones modificó elementos que podían ser utilizados por los agentes para reconocerlo a partir de sus fotografías.

En enero de 2026, luego de la captura de su pareja, Keysi Salvatierra Vigo, en La Paz, la Policía peruana ya señalaba que Cruz Torres habría realizado cambios físicos para ocultar su identidad.

El general PNP Franco Moreno Panta declaró en ese momento: “Existen cambios físicos. Es normal que cualquier persona que tiene que rendir cuentas por una cadena perpetua haya tomado todas sus medidas de seguridad”.

Una nueva apariencia mientras permanecía en La Paz

La transformación física coincidió con el uso de identidades ajenas y una vida bajo perfil en Bolivia. Durante su permanencia en La Paz, Cruz Torres se presentó como empresario inmobiliario, según el reporte de Punto Final.

Uno de los inmuebles vinculados con su permanencia en ese país fue una vivienda ubicada en Achumani, en la zona sur de La Paz. De acuerdo con la información proporcionada, el alquiler de propiedades en ese sector podía alcanzar entre US$1.800 y US$2.500 mensuales. También utilizó un departamento situado en Irpavi.

La investigación siguió el rastro de estas propiedades y de las personas que formaban parte de su entorno. Entre los documentos encontrados durante las pesquisas figuraron pasaportes peruanos, un DNI y cédulas bolivianas correspondientes a otras personas.

La explicación de la Policía Boliviana tras la captura

Cruz Torres fue detenido cerca de las 9:45 de la mañana del 1 de septiembre de 2026 en un inmueble de la calle Isaac Tamayo, en La Paz. La intervención contó con participación de agentes peruanos y bolivianos, además de equipos de inteligencia y mecanismos de cooperación internacional.

Durante la conferencia de prensa realizada en Bolivia, el comandante general interino de la Policía Boliviana, coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi, señaló que el líder de Los Pulpos habría recurrido a cirugías plásticas y otras modificaciones de apariencia para dificultar su identificación.

La transformación física formó parte de las medidas atribuidas al prófugo durante su permanencia en Bolivia, junto con el uso de documentación correspondiente a otras personas y la adopción de una identidad vinculada al sector inmobiliario.

Una joven de 22 años fue brutalmente atacada con un corvo hasta quitarle la vida en el Caserío Los Romeros, distrito de Jerusalén, en La Paz. Esta figura como la séptima muerte violenta ocurrida solo en agosto, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) a través de las estadísticas de homicidios diarios.

La víctima fue identificada como Paulina Antonia Muñoz Rosales, quien habría sido atacada por su pareja sentimental, Félix Antonio Zepeda Córdova, de 32 años. La joven presentaba varias lesiones, principalmente en la cabeza.

Vecinos del caserío Los Romeros alertaron a las autoridades después de la agresión. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a Muñoz Rosales sin vida.

De acuerdo con la información inicial, Zepeda Córdova había escapado antes de la llegada de la Policía. La PNC desplegó un amplio operativo en la zona para ubicarlo.

Horas después, el cuerpo de Zepeda Córdova fue encontrado suspendido de un árbol, en un predio baldío de una zona apartada.

Aunque el caso de Paulina no fue clasificado oficialmente como feminicidio, figura como el cuarto hecho cometido con arma blanca y el segundo en el que el presunto agresor se quitó la vida después del ataque, según datos de la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Estas cifras no involucran el hallazgo de osamentas como el caso de un cuerpo encontrado el 11 de agosto en el occidente salvadoreño.

Agosto cerró con siete muertes violentas registradas por la PNC

El homicidio de Muñoz Rosales fue el último caso registrado durante agosto en las estadísticas diarias de la PNC. Con este hecho, el mes cerró con al menos siete muertes violentas reportadas por la institución.

El caso ocurrió en el distrito de Jerusalén, departamento de La Paz, durante las últimas horas de agosto. La investigación quedó bajo responsabilidad de las autoridades, que deberán determinar la clasificación penal del hecho y establecer todos los elementos relacionados con la agresión.

Al menos 18 capturados por homicidios a nivel nacional

Durante agosto de 2026, las publicaciones oficiales de la PNC permitieron identificar a nueve personas capturadas o puestas a disposición de las autoridades por homicidio. Entre esos casos aparece una persona investigada por homicidio culposo.

La institución también informó sobre cinco personas requeridas por homicidio agravado. Entre ellas estaba un hombre señalado por el asesinato de una mujer en San Salvador Centro.

A esos casos se suman cuatro detenidos que registraban antecedentes por homicidio u homicidio agravado, según las publicaciones divulgadas por autoridades de seguridad. Estas detenciones no necesariamente correspondieron a asesinatos cometidos en agosto.

Algunos procedimientos respondieron a órdenes de captura, acusaciones pendientes o antecedentes penales vinculados con ese delito.

Entre los casos divulgados hubo capturas efectuadas en controles dentro de El Salvador. También se incluyó a presuntos integrantes de pandillas entregados a las autoridades tras operativos migratorios y policiales coordinados con México y Guatemala.

Según la información oficial, algunas de esas personas enfrentarían procesos por pertenencia a organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, falsedad u otros delitos, además de los señalamientos o requerimientos relacionados con homicidios.

El recuento reúne 18 personas mencionadas en publicaciones oficiales entre el 1 y el 31 de agosto de 2026. La cifra incluye capturados, requeridos y detenidos con antecedentes por homicidio u homicidio agravado.

El gobierno peruano ratificó el “Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para la Habilitación Permanente del Paso Fronterizo Thola Kollo – Collpa”, estableciendo así la apertura definitiva de esta conexión entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú formalizó la ratificación del acuerdo, adoptado el 29 de septiembre de 2025, según consta en el Decreto Supremo Nº 038-2026-RE.

Este documento, refrendado por la Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear, establece la habilitación permanente del paso fronterizo internacional entre Thola Kollo – Collpa, punto que conecta la región de Tacna en Perú con el departamento de La Paz en Bolivia.

El decreto precisa que el acuerdo bilateral se realizó mediante el intercambio de notas entre ambos países, y quedó excluido del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, conforme a lo estipulado por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Disposiciones del decreto

El texto oficial señala en su primer artículo: “Se ratifica el ‘Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia para la Habilitación Permanente del Paso Fronterizo Thola Kollo – Collpa’, adoptado el 29 de septiembre de 2025”.

Además, ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores la publicación íntegra del acuerdo y la fecha de su entrada en vigor en el Diario Oficial “El Peruano”, cumpliendo con los artículos 4 y 6 de la Ley N.º 26647.

De acuerdo con el decreto, se notificará formalmente al Senado de la República sobre la ratificación del acuerdo, cumpliendo así con el procedimiento constitucional y legal correspondiente.

Procedimiento y contexto legal

El decreto supremo hace referencia al Informe (DGT-TJI) N.º 22-2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cita los artículos 57 y 118, inciso 11, de la Constitución Política del Perú, así como el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N.º 26647, como fundamentos legales para la adopción de la medida.

El documento destaca que la ratificación interna del acuerdo responde a la conveniencia para los intereses del Perú, consolidando la habilitación permanente del paso fronterizo como una política de Estado, en línea con los compromisos internacionales y la mejora de la conectividad regional.

El Decreto Supremo Nº 038-2026-RE fue dado en la casa de Gobierno, en Lima, el 26 de agosto de 2026. Lleva la firma de la Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del Ministro de Relaciones Exteriores, Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear.

La disposición establece que el decreto debe ser refrendado exclusivamente por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de los requisitos formales para su validez.

Entrada en vigor

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad encargada de publicar el texto íntegro del acuerdo y la fecha de su entrada en vigor en el Diario Oficial “El Peruano”. El decreto instruye que, tras la publicación, se proceda a dar cuenta formalmente al Senado, completando el proceso constitucional de aprobación y publicidad de los acuerdos internacionales.

La habilitación permanente del paso fronterizo Thola Kollo – Collpa se formaliza como resultado de un proceso bilateral entre Perú y Bolivia. El nuevo punto de conexión facilita el tránsito entre la región de Tacna y el departamento de La Paz, consolidando la cooperación fronteriza y el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

La medida responde a los intereses nacionales expresados en el decreto y se enmarca en las políticas de integración regional impulsadas por los gobiernos de Perú y Bolivia.

Las calles de La Paz, capital administrativa de Bolivia, permanecen desbordadas de basura tras más de dos semanas de suspensión en el servicio de recolección de residuos, resultado de una disputa contractual entre el gobierno municipal y las empresas encargadas del aseo urbano. La acumulación de desechos afecta a barrios residenciales y comerciales de la ciudad andina, donde vecinos y autoridades sanitarias advierten sobre el peligro para la salud pública.

En las avenidas principales y los alrededores de los mercados más transitados de La Paz, se observan montículos de bolsas, restos sólidos y líquidos esparcidos en aceras y calzadas. El mal olor se ha convertido en una constante para quienes trabajan o viven cerca de los puntos críticos de acumulación.

“Estamos así ya 15 días en medio de la basura, el alcalde ya debería poner una solución”, reclamó Lorena Choque, comerciante del mercado de El Tejar.

“La junta directiva es la que se ha dignado en levantar la basura, aun así está terrible el olor”, agregó.

El conflicto se originó a mediados de agosto, cuando las empresas Trébol y La Paz Limpia, responsables de la limpieza urbana, exigieron a la Alcaldía ajustes en los contratos para enfrentar el aumento en el precio del combustible y los costos operativos. El secretario general del sindicato de La Paz Limpia, Ramiro Maquera, sostuvo que “el contrato se fijó antes de dichas medidas y, para garantizar el servicio, requieren un ajuste tarifario”. Según el dirigente, la protesta comenzó con una suspensión parcial, pero la falta de acuerdo llevó a la paralización total del servicio.

Frente al deterioro de la situación, el alcalde César Dockweiler formalizó un acuerdo con las empresas para modificar los términos contractuales y reactivar la limpieza.

“Voy a hacer cumplir el contrato, porque una de las responsabilidades que tengo es justamente la salud pública, tenemos que cuidar la vida de las personas”, afirmó Dockweiler tras la firma del acuerdo. El funcionario criticó que, pese al compromiso, la recolección no se haya reanudado de inmediato.

“No hay una justificación para que la ciudad esté así. Ellos se han comprometido a hacer la limpieza y tendrían que haber trabajado por tiempo y materia”, dijo.

La empresa La Paz Limpia anunció la implementación de un “plan de contingencia para la recolección sistemática de residuos acumulados, dando prioridad a los puntos más críticos”. Según la compañía, la normalización del servicio requerirá al menos cuatro días, y solicitó a la ciudadanía “paciencia mientras ejecutamos nuestro plan”.

Las autoridades sanitarias han advertido sobre los riesgos que implica la acumulación de basura en una ciudad de más de 800.000 habitantes a 3.600 metros sobre el nivel del mar. José Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, alertó que “esta situación representa un grave riesgo para la salud pública”.

En los alrededores del mercado Rodríguez, uno de los más grandes de la ciudad, la acumulación de desechos es especialmente visible. “El olor es tremendo, esto nos está afectando mucho porque el hedor entra a las oficinas. Se siente el olor que se va acumulando día a día”, relató Brenda Mamani, empleada de limpieza en el centro paceño.

El conflicto se produce en un contexto de crisis económica nacional. El gobierno de Bolivia eliminó en diciembre la subvención a los carburantes y elevó los precios para grandes consumidores, lo que repercutió en los costos de operación de los servicios públicos. Además, en enero se decretó un aumento del salario mínimo, lo que incrementó los gastos de las empresas de limpieza urbana.

“Pedimos el ajuste de precios para estabilizar”, reiteró Maquera.

El suministro irregular de combustible y la recesión económica, considerada la peor en cuatro décadas para Bolivia, amplifican las dificultades de la gestión municipal en La Paz. Mientras tanto, la población convive con la basura y espera la reanudación efectiva del servicio de recolección en toda la ciudad.

La distribuidora eléctrica DELSUR informó este 24 de agosto sobre una serie de interrupciones programadas del servicio en distintas zonas de El Salvador, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica. Los cortes afectarán sectores de los departamentos de La Libertad, La Paz, San Salvador y San Vicente entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

25 de agosto

En La Libertad y La Paz, el suministro será suspendido desde las 08:30 hasta las 16:00 en el sector del caserío Cangrejera.

26 de agosto

Antiguo Cuscatlán, La Libertad: de 08:30 a 17:00, en calle El Pedregal, sector Jardines de La Hacienda. San Salvador: de 08:30 a 16:00, en sectores de colonia Santa Cristina, barrio Santa Anita. Incluye a Telemóvil El Salvador, S.A. de C.V. y CTE Telecom Personal, S.A. de C.V.

Zacatecoluca, La Paz: de 05:30 a 15:30, en caserío Santa María El Coyol, Las Hojas, lotificación Las Hojas, El Fraijule, Las Tres Puertas, parcelación El Pacífico, playa Las Hojas y comunidad San Carlos.

Santo Tomás, San Salvador: de 05:30 a 09:00, en cantón Chaltepe, colonia Retana, comunidad Caña Brava, calle a la bomba y escuela, pasaje Las Brisas.

Olocuilta, La Paz: de 09:30 a 14:00, en carretera de aeropuerto a San Salvador, caserío Cupinco.

Cortes del 27 al 29 de agosto

27 de agosto

Santiago Texacuangos, San Salvador: de 12:30 a 16:00, en comunidad Las Cruces, lotificación Pensilvania, comerciales El Desvío, calle principal, pasajes Las Cruces y Los Huesos.

San Juan Opico, La Libertad: de 08:30 a 14:00, en calle principal de lotificación Brisas de San Andrés y comunidad Bendición de Dios.

28 de agosto

San Vicente, San Vicente: de 09:30 a 11:00, en cantón San Antonio Caminos, calle al volcán.

Santo Domingo, San Vicente: de 09:30 a 14:00, en barrio La Cruz, avenida 5 de Noviembre y callejón a línea férrea.

29 de agosto

Zaragoza, La Libertad: de 09:30 a 17:00, en colonia Los Cedros, pasajes del uno al cuatro y La Fuente.

31 de agosto

San Francisco Chinameca, La Paz: de 07:30 a 17:00.

Fechas de septiembre

1 de septiembre

San Salvador, San Salvador: de 08:00 a 17:00, en sectores de colonia Santa Lucía, pasaje 31 de octubre, residencial San Miguelito y lotificación Prados de Venecia.

Olocuilta, La Paz: de 08:30 a 13:00, en zonas señaladas.

Teotepeque, La Libertad: de 01:00 a 23:00, en cantones El Níspero, El Ángel, Mizata, Aguazulco y lotificaciones y caseríos Texicio Arriba, Texicio Arriba 2, Texicio Rural y playa Bahía Dorada.

2 de septiembre

San Juan Nonualco, La Paz: de 09:30 a 15:00, en barrios, lotificaciones y zonas de San Juan Nonualco.

Zacatecoluca, La Paz: de 06:00 a 16:00, en sectores de la zona urbana y rural.

3 de septiembre

San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo, La Paz: de 06:30 a 16:00, en sectores y comunidades rurales.

4 de septiembre

San Juan Opico, La Libertad: de 08:30 a 16:00, en lotificación Brisas de San Andrés y comunidad Bendición de Dios.

El Rosario, La Paz: de 08:30 a 14:00, en sectores de El Rosario. San Pablo Tacachico, La Libertad: de 10:00 a 16:00, en sectores de San Pablo Tacachico.

Zacatecoluca, La Paz: de 09:30 a 17:00, en zonas señaladas.

DELSUR advirtió que estos cortes pueden afectar antenas repetidoras y bombas de agua en las áreas indicadas y sectores cercanos. Recomienda consultar información detallada en su portal web.

La ciudad de La Paz cumple este lunes 14 días con el servicio de recojo de basura parcialmente paralizado, mientras miles de residuos se acumulan en calles y aumenta la preocupación de las autoridades por un eventual problema sanitario.

El conflicto enfrenta al Gobierno Municipal de La Paz y al consorcio privado La Paz Limpia, empresa encargada del servicio de aseo urbano. La empresa reclama una actualización de las tarifas debido al incremento de sus costos operativos, principalmente por el aumento del precio de los combustibles, mientras que la Alcaldía sostiene que ya se realizaron ajustes y exige el cumplimiento del contrato.

La disputa provocó la reducción del servicio y dejó a la ciudad, sede del Gobierno boliviano, con grandes cantidades de residuos sin recoger. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz advirtió sobre los efectos que puede generar la acumulación y descomposición de los desechos, especialmente si permanecen expuestos durante varios días.

El Sedes señaló que la situación puede favorecer la aparición de problemas respiratorios y gastrointestinales, además de la proliferación de animales transmisores de enfermedades. “Puede haber irritación en los ojos, conjuntivitis, diarreas por la proliferación de bacterias; puede haber proliferación de roedores y de cucarachas que son transmisores de enfermedades”, alertó el epidemiólogo de la institución, Marcelo Parra, citado por el periódico La Razón.

El riesgo es mayor en el caso de los residuos provenientes de hospitales y centros de salud, que requieren un tratamiento diferenciado por la posibilidad de contener materiales infecciosos o contaminantes.

Disputa por las tarifas

La Paz Limpia sostiene que el incremento de los costos de operación ha llevado a la empresa a un límite financiero y reclama la actualización de las tarifas del servicio. La Alcaldía, en cambio, afirma que el contrato ya contempla ajustes y que no corresponde aceptar nuevas exigencias sin una justificación técnica y legal.

Las negociaciones entre las partes no han logrado destrabar el conflicto. La Alcaldía reclama que La Paz Limpia vuelva a prestar el servicio antes de retomar el diálogo, mientras los trabajadores movilizados han pedido que se convoque nuevamente a una mesa con participación de todas las partes.

“El daño a la salud pública no es un instrumento de protesta”, afirmó el alcalde César Dockweiler, según el portal de noticias Visión 360, al exigir que la empresa retome el servicio.

Ante la paralización del recojo de basura, el municipio puso en marcha mecanismos de emergencia para reducir la acumulación. El viernes pasado activó el denominado plan PEGA y la “Operación Escoba”, con participación de funcionarios municipales, empresas especializadas y propietarios de volquetas y otros vehículos que puedan apoyar en el traslado de residuos.

La Alcaldía también habilitó puntos de acopio y desplegó maquinaria y personal de distintas unidades municipales.

Sin embargo, el operativo no es suficiente para levantar los desechos acumulados. El alcalde explicó que una de las dificultades es la limitada capacidad de los vehículos municipales. “Un camión de esos lleva 20 toneladas, nuestras volquetas solo llevan 3 toneladas”, señaló al explicar que el operativo requiere varios viajes para trasladar el mismo volumen.

Mientras el conflicto permanece sin una solución definitiva, la Defensoría del Pueblo presentó una Acción Popular contra el municipio y La Paz Limpia para exigir la restitución y continuidad del servicio.

Un niño de dos años falleció este viernes en la ciudad de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, tras caer a un pozo ciego en una vivienda.

El accidente ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio Puerto Márquez, en la intersección de las calles Justo Medina y El Ceibo, según informó la Policía.

La víctima fue rescatada del pozo y trasladada de urgencia al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por la gravedad de las lesiones. Tras el ingreso del menor de edad al centro asistencial, un guardia de seguridad del hospital dio aviso a las autoridades policiales, que acudieron de inmediato.

Personal de la Comisaría Primera se presentó en el hospital para recabar información preliminar sobre el hecho. Los efectivos intentaron reconstruir la secuencia del accidente, y conocer cómo se produjo la caída del niño al pozo ciego.

Sin embargo, el estado de conmoción de los padres dificultó obtener detalles precisos en ese momento, según se informó en el reporte policial.

La Policía realiza las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Entre los puntos a investigar, se destacan las condiciones del sector de la vivienda donde ocurrió el hecho y el modo en el que el chico accedió al pozo.

El caso permanecía por estas horas en etapa investigativa, con la participación de personal policial y judicial, que analiza los elementos recogidos en el lugar y los testimonios de los familiares.

Según se informó al medio La Sexta, desde la Departamental de Policía, la fiscal Giuliana Giovanini ordenó la realización de la autopsia.

Otros casos similares en Córdoba y Salta

Dos episodios recientes con características similares ocurrieron este año. Un bebé de un año murió al caer en mayo en una casa de Canals, localidad del sudeste de la provincia de Córdoba. Los familiares del niño, ante la desesperación optaron por trasladarlo de urgencia por sus propios medios a un centro de salud local.

A pesar de las maniobras de reanimación que el personal médico de guardia practicó al momento del ingreso, los facultativos debieron constatar el fallecimiento del pequeño. Los esfuerzos no alcanzaron para revertir el cuadro.

En marzo, en la ciudad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta. Otro niño de dos años falleció entonces tras caer a un pozo en el interior de una vivienda, situada en el barrio Francisco Arias, lo que generó un profundo impacto entre los vecinos y allegados.

Aquella alerta se activó cuando se notificó la caída. El menor fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital Oscar H. Costas, pero llegó sin signos vitales. Los médicos intentaron maniobras de reanimación, pero el niño ya había fallecido al ingresar.

La investigación del caso en Salta había quedado a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien actúa a través de la delegación local.

Las nevadas extremas registradas en el oeste de Bolivia provocaron afectaciones a más de 26.000 familias y 323 comunidades, con la región andina de Potosí como el área más golpeada, informó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero. Según el funcionario, en la localidad de Uyuni, donde se encuentra el salar homónimo y la principal reserva de litio del país, se contabilizan 8.364 familias perjudicadas y 2.350 damnificadas, además de 78.755 camélidos afectados y 750 animales muertos.

De acuerdo con el reporte oficial, las nevadas afectan el circuito turístico de Uyuni y las comunidades cercanas, así como la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (RNFA-EA), ubicada a más de 4.200 metros de altitud y fronteriza con Chile. El impacto se extiende al municipio de Atocha, con 7.433 familias damnificadas, y a Llallagua, donde se reportan 73 comunidades afectadas.

La semana pasada, equipos de la Policía y bomberos rescataron a tres ciudadanos estadounidenses que permanecieron atrapados más de 30 horas por la nieve en la Laguna Colorada, dentro de la RNFA-EA. El domingo, el Ejército auxilió a dos franceses en Quetena, en el mismo circuito turístico. En la zona de Villazón, al sur de Potosí y en la frontera con Argentina, el viceministerio estimó 85.000 cabezas de ganado en riesgo y 55.000 hectáreas de pastoreo perjudicadas.

Defensa Civil identificó como prioridades la provisión de forraje, vitaminas, insumos veterinarios, alimentos básicos, maquinaria pesada para rehabilitar caminos, frazadas y apoyo para la recuperación productiva. La Gobernación de Potosí declaró la emergencia regional, lo que habilita mecanismos extraordinarios para asistir a los sectores dañados.

A su vez, el Gobierno nacional investiga el fallecimiento de una mujer en la región andina de Oruro, a raíz de la caída de un árbol debido a la acumulación de nieve. Las nevadas también provocaron la interrupción temporal de viajes terrestres en varias rutas por motivos de seguridad desde el martes.

En la capital, permanecía cerrada la carretera desde La Paz hacia La Cumbre, un paso a 4.200 metros sobre el nivel del mar que conecta con la zona subtropical de Los Yungas y el norte amazónico. Por la tarde, el tránsito se restableció parcialmente y algunas familias visitaron el sitio para disfrutar la nieve.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó mediante un comunicado la “pérdida de plataforma” en el tramo Unduavi-Chulumani, en Sur Yungas, lo que forzó el cierre total de esa vía. “Se recomienda a los usuarios respetar las restricciones, reducir la velocidad y tomar todas las medidas de precaución al circular por los sectores afectados”, solicitó la institución en el documento.

Las intensas nevadas en Bolivia impactan actualmente a cinco de las nueve regiones del país, lo que llevó derivó cierre de varias rutas, principalmente en la zona andina. Más de 360 personas quedaron varadas y recibieron auxilio en las últimas horas, entre ellas cerca de 60 turistas italianos.

El coronel Pompeo Sánchez, comandante departamental de la Policía de Potosí, relató a The Associated Press que cientos de personas, incluidos los turistas italianos que regresaban en autobús del Salar de Uyuni, recibieron asistencia durante la jornada del martes. “Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz”, manifestó Sánchez.

Desde Italia, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que, mediante la Unidad de Crisis y en colaboración con la Embajada de Italia en La Paz, asistió a un centenar de ciudadanos italianos que permanecieron bloqueados en la alta montaña por las condiciones meteorológicas extremas que afectan a Bolivia.

Medios locales difundieron imágenes de llamas, alpacas y vicuñas cubiertas de nieve buscando alimento en áreas próximas, mientras que en zonas remotas los conductores colaboran para despejar las carreteras. El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero Zimmermann, detalló que “con municipios, la ABC, bomberos y las Fuerzas Armadas para atender a las comunidades y rehabilitar caminos”.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que no se esperan nuevas nevadas en el altiplano boliviano por la llegada de una masa de aire seco que mejorará las condiciones meteorológicas. No obstante, advirtió que se mantendrán temperaturas bajas ante el ingreso de un nuevo frente frío.

(Con información de Associated Press y EFE)

La FGJEM detuvo a dos hombres por el asesinato de Erandy Daylin, una niña de 10 años que murió el 9 de agosto durante un ataque armado contra una combi estacionada en una base de transporte público de La Paz, Estado de México; ambos quedaron presos en Nezahualcóyotl y, si son declarados culpables, podrían recibir hasta 70 años de prisión.

El caso desató protestas de transportistas en el oriente mexiquense. Operadores de más de 20 rutas bloquearon la carretera federal México-Puebla y también la México-Texcoco para exigir seguridad, vigilancia permanente y atención a las denuncias por extorsiones y ataques.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los detenidos fueron identificados como Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N”. De acuerdo con la indagatoria, el primero habría ayudado en la huida y el segundo habría participado de manera directa en la agresión junto con otro hombre.

La dependencia mexiquense precisó que obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos y después las cumplimentó. Los dos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez.

El ataque ocurrió dentro de una unidad estacionada en Ancón de los Reyes

La agresión ocurrió en una base de combis de la colonia Ancón de los Reyes, en el municipio de La Paz. Erandy Daylin estaba dentro de una unidad de transporte público junto con su madre y su padrastro cuando llegaron dos hombres en motocicleta.

Según la información oficial, uno de ellos fue identificado como Miguel Ángel “N”. La investigación estableció que el acompañante habría disparado varias veces contra las personas que se encontraban dentro del vehículo.

Los disparos alcanzaron a la menor y a los dos adultos. La niña murió en el lugar por las heridas de bala, mientras su madre y su padrastro resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La respuesta central del caso fue esta: la menor no viajaba en movimiento ni quedó atrapada en un hecho ajeno al transporte, sino que estaba dentro de una combi detenida en su base cuando ocurrió el ataque. Esa secuencia colocó la atención en la seguridad de las rutas y en las condiciones en que trabajan los operadores en la zona oriente del Estado de México.

La Fiscalía mantuvo abierta la búsqueda de más implicados

La Fiscalía sostuvo que la investigación siguió abierta porque más personas habrían intervenido tanto en la agresión como en la fuga. Por esa razón, las indagatorias continuaron para identificar, localizar y detener a los demás posibles participantes.

La carpeta también perfiló el papel que habría tenido Jostin Daniel “N”. De acuerdo con la acusación, después del ataque él presuntamente ayudó a escapar a Miguel Ángel “N” y a su acompañante.

La autoridad mexiquense aclaró que ambos debían ser considerados inocentes mientras no existiera una sentencia condenatoria en su contra. Su situación jurídica quedó en manos del Órgano Jurisdiccional.

En caso de una condena, la pena posible alcanzaría hasta 70 años de cárcel. Ese es el castigo máximo mencionado por la autoridad para los dos detenidos por su probable participación en el homicidio de la menor.

Transportistas denunciaron una década de extorsiones y ataques

Después del crimen, trabajadores de la Ruta 69 y de otras líneas denunciaron que la agresión estaría relacionada con el cobro de piso que, según sus señalamientos, habrían padecido durante años para poder trabajar. Esa versión no quedó acreditada judicialmente y la FGJEM no señaló hasta ahora ese móvil como probado.

Los operadores afirmaron que las exigencias económicas y las amenazas se habían mantenido durante aproximadamente 10 años. También sostuvieron que la violencia no solo iba dirigida contra choferes, sino contra sus familias.

En sus testimonios, los transportistas aseguraron que durante ese periodo 20 unidades habrían sido incendiadas y tres operadores habrían sido asesinados. Esos hechos fueron atribuidos por ellos al entorno de extorsiones que denunciaron en la región.

La movilización del 10 de agosto reunió a operadores de más de 20 rutas, que usaron sus unidades para bloquear vialidades y exigir seguridad en sus derroteros. También pidieron presencia permanente de vigilancia en las zonas donde circulaban y se concentraban las combis.

La presión de los transportistas se explicó por el tamaño de la red de transporte del Estado de México y por la conexión cotidiana de la zona oriente con la CDMX. Una reducción en el número de unidades podía afectar directamente los traslados de personas hacia escuelas, empleos y otros puntos de la región.

• La FGJEM detuvo a Jostin Daniel “N” y Miguel Ángel “N” por su probable participación en el asesinato de Erandy Daylin, ocurrido el 9 de agosto en La Paz.
• La menor murió dentro de una combi estacionada; su madre y su padrastro quedaron heridos y fueron llevados a un hospital.
• Transportistas denunciaron presuntas extorsiones durante 10 años, con 20 unidades incendiadas y tres operadores asesinados, aunque ese móvil no quedó acreditado por la Fiscalía.

La violencia intrafamiliar continúa golpeando a la población salvadoreña, en el más reciente caso las autoridades policiales informaron sobre la captura de un sujeto tras vapulear a su compañera de vida por presuntos “celos” tras iniciar una discusión al interior de su vivienda en la zona central del territorio nacional.

El hecho ocurrió en Zacatecoluca, municipio de La Paz Este, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió a la detención de Cristian Iván Cañas Cerna, de 30 años, acusado de atacar físicamente a su compañera de vida.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió cuando la víctima intentó salir de la vivienda, tras una disputa motivada por celos, momento en el que Cañas Cerna la golpeó con los puños y le provocó una lesión en el tabique nasal al impactarle la cabeza, lo que requirió atención médica en un hospital.

Las autoridades arribaron a la vivienda tras recibir llamadas de alerta por parte de los vecinos de la pareja.

Las investigaciones de la PNC señalan que la pareja mantenía antecedentes de conflictos constantes por celos. El informe policial indica que la intervención inmediata se dio debido a la gravedad de las lesiones y a la reiteración de incidentes similares en el domicilio. El detenido será remitido a las autoridades judiciales para enfrentar cargos por lesiones y violencia intrafamiliar.

Este nuevo caso se suma a un contexto nacional en el que la violencia intrafamiliar sigue representando un desafío para las instituciones y la sociedad. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables reportó cerca de 16,000 denuncias oficiales por violencia de género en El Salvador.

De estas, más de 2,000 corresponden a hechos de violencia física, como el ocurrido en Zacatecoluca. La violencia sexual sigue siendo la más reportada, con 7,271 casos en el mismo periodo, seguida de la violencia psicológica, que acumuló 5,518 denuncias.

En el último año, la Fiscalía General de la República reportó la judicialización de más de 30,000 casos de violencia de género y la emisión de 13,703 sentencias condenatorias, resultado de la movilización de recursos y la realización de más de 750,000 diligencias de investigación y procedimientos judiciales.

Los efectos de la violencia intrafamiliar impactan tanto la integridad física y emocional de las víctimas como la estabilidad económica de sus hogares.

Muchas mujeres afectadas enfrentan gastos médicos inesperados, pérdida de ingresos y dificultades para el sustento familiar. Además, la violencia patrimonial, con 957 denuncias en el último año, pone de relieve el uso de recursos económicos como instrumento de control y agresión dentro del núcleo familiar.

El caso registrado en Zacatecoluca expone la persistencia de la violencia doméstica en municipios de la zona central y su repercusión en la economía y la vida cotidiana de las familias.

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia y la atención oportuna para frenar la escalada de estos hechos, subrayando que la violencia intrafamiliar exige una respuesta integral de la sociedad y el Estado.

El Túnel Churubusco-Xochiaca ya se encuentra en operación, una obra hidráulica que busca reducir de manera significativa el riesgo de inundaciones en municipios del oriente del Estado de México y en zonas de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La infraestructura beneficiará a más de un millón de personas de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, así como de Iztapalapa, al mejorar la capacidad de desalojo de agua durante la temporada de lluvias y evitar la saturación del sistema de drenaje.

La obra forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

Túnel podrá desalojar 16 mil litros de agua por segundo

Uno de los principales objetivos del Túnel Churubusco-Xochiaca es atender los problemas de inundaciones que durante años han afectado a diversas comunidades del oriente del Valle de México.

La infraestructura cuenta con un túnel de cinco metros de diámetro, además de un colector de 2.44 metros y un cárcamo equipado con ocho bombas.

En conjunto, el sistema tiene capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que permitirá disminuir la presión sobre la red de drenaje cuando se registren lluvias intensas.

De acuerdo con la información proporcionada, esta infraestructura también permitirá reducir el tiempo durante el cual permanece acumulada el agua en zonas que históricamente han presentado afectaciones durante las precipitaciones.

La construcción representó una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, aportada por los gobiernos de México, del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

Rehabilitan vaso regulador El Salado en Iztapalapa

Como parte de las acciones para reforzar la infraestructura hidráulica de la región, también se rehabilitó el vaso regulador El Salado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los trabajos permitieron duplicar su capacidad de almacenamiento, al pasar de 200 a 400 millones de litros de agua.

Con esta ampliación se busca contar con una mayor capacidad para almacenar agua durante las lluvias y reducir la presión sobre el sistema de drenaje.

La estrategia también permitirá disminuir el riesgo de inundaciones en zonas de La Paz, Nezahualcóyotl y áreas cercanas de la Ciudad de México, particularmente durante episodios de precipitaciones intensas.

Plan Oriente busca atender una deuda histórica

El Plan Integral de la Zona Oriente contempla acciones en distintos puntos de municipios mexiquenses que históricamente han enfrentado problemas de inundaciones.

Entre las demarcaciones contempladas se encuentran Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco y Tlalnepantla.

El objetivo es fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar la capacidad de conducción y almacenamiento de agua y disminuir los riesgos para la población durante la temporada de lluvias.

Con la entrada en operación del Túnel Churubusco-Xochiaca y la rehabilitación del vaso regulador El Salado, las autoridades buscan avanzar en la atención de una problemática que durante años ha generado afectaciones a viviendas, vialidades y actividades cotidianas de millones de habitantes del oriente del Valle de México.

Las nuevas obras forman parte de una estrategia de infraestructura hidráulica orientada a prevenir inundaciones y mejorar la respuesta ante lluvias intensas, con énfasis en las zonas que históricamente han registrado mayores niveles de riesgo.

El episodio comenzó cuando la menor entró al mar junto con su padre sobre una tabla de paddle o SUP en la zona paceña de Playa Punta Arena, en Baja California Sur. Ambos cayeron al agua y el hombre alcanzó a subir de nuevo a la niña a la tabla, pero para no arriesgar volver a voltear la tabla no subió y prefirió regresar nadando a tierra para pedir ayuda para su hija.

Las condiciones del mar cambiaron de forma repentina durante la tarde. Ráfagas de viento y las corrientes arrastraron la tabla mar adentro, mientras el padre intentó acercarla a la playa pero no pudo sostenerla debido que corría peligro su propia vida.

Ante esa situación, el hombre dejó a su hija sobre la tabla para mantenerla a flote y nadó hacia tierra firme en busca de ayuda. También se indicó que él trató de alcanzar a la menor mientras nadaba, pero la corriente y el viento hicieron imposible que la alcanzara.

El rescate ocurrió cuando pescadores vieron a la menor en medio de la bahía

La niña permaneció sola sobre la tabla mientras se alejaba cada vez más de la costa. Una embarcación de pescadores que transitaba por el área se percató de la emergencia y comenzó la maniobra de auxilio.

Uno de los rescatistas, Cristhian Flores Ramírez, relató que primero vio al padre en el agua. Según su testimonio, escuchó los gritos de auxilio del hombre a varios metros de la playa y entendió de inmediato que la menor seguía más adentro.

“Me encontré al señor nadando, tratando de llegar a la niña. La corriente y el viento hacían inevitable que la alcanzara. Yo pasé de casualidad en ese momento y solo escuché el grito desesperado del señor a varios metros de la playa”, dijo.

Después de acercarse al adulto, los tripulantes alcanzaron a ver a la distancia la silueta de la tabla. Entonces confirmaron que la pequeña seguía arriba, completamente sola y a la deriva.

La embarcación rescató primero al padre y luego aceleró para llegar hasta la menor. Los pescadores lograron subirla a bordo y la trasladaron a un punto seguro, donde pudo reunirse con sus familiares.

El testimonio del rescatista también incluyó una frase sobre lo ocurrido antes del auxilio. “Solo el papá sabe la situación que pasó”, señaló, y añadió: “Gracias a Dios están bien el papá y la niña”.

El video mostró a la menor mientras flotaba lejos de la orilla

El rescate quedó grabado en video. En las imágenes se observó a la niña sobre la tabla en medio del mar y después la llegada de la embarcación que intervino para ponerla a salvo. La niña no portaba chaleco salvavidas, lo que sería obligatoria pese a que supiera nadar bien ya que las corrientes marinas suelen ser violentas y cambiantes.

La grabación también reforzó la dimensión del riesgo, porque mostró a la menor aislada en la bahía mientras la tabla seguía separándose de la playa. El auxilio llegó antes de que la deriva la llevara todavía más lejos.

Hasta el momento no se habían precisado con detalle todas las circunstancias que explicaran cómo la menor terminó a esa distancia de la costa. Lo que sí quedó establecido en los distintos recuentos fue que el cambio repentino en el viento y la fuerza de las corrientes impidieron el regreso.

El hecho encendió alertas entre usuarios de equipo recreativo en el mar de La Paz, en especial entre quienes usan kayaks y tablas de paddle. La recomendación difundida después del incidente fue extremar precauciones porque los vientos locales pueden alejar a una persona de la orilla en cuestión de minutos.

Entre las medidas de seguridad mencionadas estuvieron el uso permanente de chaleco salvavidas, la correa de seguridad amarrada al tobillo para no perder la tabla en una caída, la revisión previa del pronóstico de vientos y corrientes, y la supervisión constante de menores. También se insistió en no permitir que niñas y niños navegaran solos cerca de zonas con corrientes profundas.

La menor fue entregada a sus padres sin ningún tipo de lesión, después de una operación de auxilio que evitó que la emergencia terminara en una tragedia.

• La niña quedó a la deriva sobre una tabla de paddle en Playa Punta Arena, en La Paz, tras caer al mar junto con su padre.
• Pescadores localizaron a la menor a varios cientos de metros, e incluso a más de 1 kilómetro de la costa, y la rescataron sana y salva.
• El caso dejó un llamado a usar chaleco salvavidas, correa de seguridad y revisar vientos y corrientes antes de entrar al mar.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y atraer capitales extranjeros, en el marco del primer paquete de iniciativas para enfrentar la crisis económica nacional. La propuesta responde a demandas de sectores productivos que solicitaron reformas estructurales para modificar la imagen del país tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por los ex presidentes Luis Arce y Evo Morales.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que la iniciativa busca otorgar seguridad y previsibilidad a los inversionistas, además de organizar los incentivos y normas jurídicas existentes. El proyecto, según detalló Espinoza, se apoya en tres pilares que orientarán la política económica durante los próximos 20 años, con prioridad en sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas —incluyendo hidrógeno y energía solar—, junto a aquellos donde Bolivia ya cuenta con capacidades productivas desarrolladas.

El objetivo de esta nueva estrategia es dejar atrás el modelo de los gobiernos anteriores, que privilegiaron la inversión estatal y nacionalizaron sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. Espinoza sostuvo que “desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”.

La iniciativa contempla la creación de un sistema de incentivos y regulación para ofrecer previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza tanto a inversores nacionales como extranjeros, respetando la Constitución Política del Estado.

Además, se prevé la conformación de una Agencia Nacional de Inversiones, que coordinará con instituciones, alcaldes y gobernadores para institucionalizar la regulación, promoción y estrategia de atracción de inversiones, detalló el ministro.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, afirmó a al canal Red Uno que, para que Bolivia recupere la confianza de los inversionistas, resulta fundamental garantizar “seguridad jurídica y previsibilidad normativa”. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país recibió en 2025 una inversión extranjera directa de USD 620 millones, cifra equivalente al 0,3% del total regional.

El presidente Rodrigo Paz enfrenta el reto de negociar con una Asamblea Legislativa fragmentada. El mandatario se distanció recientemente de su principal aliado, el empresario Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad. Varios parlamentarios de la alianza no acompañaron la ruptura, aunque anticiparon que ejercerán funciones de fiscalización sobre las nuevas medidas del Ejecutivo.

Doria Medina criticó la demora en la respuesta ante la crisis económica que afecta al país, agravada por bloqueos y protestas antigubernamentales que se extendieron durante más de 50 días entre mayo y junio. La crisis se manifiesta especialmente en el sostenido problema de abastecimiento de combustible, en particular de diésel. En medio de este panorama, Paz consiguió respaldo internacional y créditos de organismos multilaterales por un monto superior a USD 5.000 millones.

El costo de los conflictos en Bolivia

Bolivia atravesó una etapa crítica durante los bloqueos del mes pasado, manifestaciones que pedían la renuncia de Paz al Ejecutivo. Por este motivo, la coyuntura actual amenaza con agravar la crisis económica: la Cámara Nacional de Industria calculó pérdidas de al menos USD 2.000 millones y una caída de USD 500 millones en exportaciones.

El corte de carreteras también afectó el abastecimiento de alimentos y combustible en la capital boliviana, La Paz. La situación encareció los precios de productos básicos, generó interrupciones en el transporte público y obligó a las autoridades a adoptar medidas excepcionales, para enfrentar las consecuencias de la crisis social que derivó en una crisis económica.

(Con información de Associated Press)

Lo que parecía un secuestro pasó a ser investigado como un presunto autosecuestro en La Paz, Honduras, después de que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones localizaran con vida y sin lesiones a un hombre de 27 años que, según la Policía, habría enviado pedidos de dinero a personas de su entorno laboral.

El hombre fue hallado en una finca cafetalera del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, después de un operativo de especialistas de la Unidad Nacional Antisecuestros.

Según la información, el trabajador habría solicitado un millón de lempiras (L 1.000.000) es decir, más de 37 mil dólares a su jefe inmediato y a dos compañeros de trabajo como condición para su supuesta liberación.

El caso comenzó el viernes 7 de agosto, cuando el hombre, que trabaja como albañil para una empresa constructora, pidió autorización para salir a comprar en una pulpería cercana al lugar donde se encontraba alojado junto con otros empleados.

La compañía desarrolla un proyecto de bacheo en Marcala. Según la Policía, alrededor de 20 trabajadores permanecen hospedados en un apartamento ubicado en ese municipio. Después de salir del alojamiento, el trabajador no regresó.

Al día siguiente tampoco se presentó a sus labores, lo que llamó la atención de su jefe inmediato. El responsable de la empresa decidió comunicarse con el por mensajería para conocer los motivos de su ausencia. La respuesta elevó la preocupación: a través de un mensaje se informó que el trabajador supuestamente había sido secuestrado.

Revelan autosecuestro y fraude

Los mensajes establecían que debían entregar una fuerte suma de dinero para conseguir su liberación. Las mismas solicitudes de dinero fueron dirigidas también a dos compañeros de trabajo del hombre. Ante la posibilidad de que se tratara de un secuestro real, se activaron los protocolos de investigación.

La unidad investiga movilizó desde Tegucigalpa un equipo especializado en el departamento de La Paz para comenzar las labores de inteligencia y búsqueda. Los investigadores desarrollaron distintas diligencias para establecer qué había ocurrido con el trabajador y determinar su ubicación.

El hombre fue encontrado sano y salvo, lo que llevó a los investigadores a profundizar en las circunstancias de su supuesta desaparición y en los mensajes con los que se había solicitado el dinero. Durante las diligencias, según la Policía, el propio hombre reconoció ante los investigadores haber realizado las exigencias económicas.

La explicación que habría dado fue que pretendía ausentarse de su trabajo durante ese día y conseguir dinero para resolver obligaciones económicas personales. Con los elementos recabados durante las primeras diligencias, la Policía considera que no se trató de un secuestro cometido por terceros, sino de una desaparición simulada.

La modalidad consiste en hacer creer a familiares, amigos, compañeros de trabajo u otras personas cercanas que alguien ha sido privado de su libertad para luego solicitar dinero a cambio de una supuesta liberación.

La Policía informó que, de acuerdo con el Código Penal de Honduras, los hechos estarían relacionados con el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en el artículo 529.

Ocho casos de autosecuestro

La Policía Nacional señaló que este caso eleva a ocho autosecuestros o secuestros fingidos el número de hechos registrados por la Unidad Nacional Antisecuestros en Honduras durante 2026.

A diferencia de un secuestro convencional, en estos casos la persona que aparentemente es víctima participa en la creación de la situación ficticia y, en algunos casos, interviene directamente en las comunicaciones destinadas a obtener dinero.

Las motivaciones pueden estar relacionadas con problemas económicos, deudas u otras necesidades personales, según los casos investigados por las autoridades.

Ante una denuncia por un posible secuestro, la Policía Nacional recomienda a la población mantener la calma y comunicarse de inmediato con las autoridades especializadas. La recomendación incluye evitar realizar pagos o tomar decisiones precipitadas antes de recibir orientación de los investigadores.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que “una nueva Bolivia está naciendo”, al conmemorar los 201 años de la independencia del país. Durante un mensaje desde la Casa de la Libertad en Sucre, sede constitucional y judicial del Estado, el mandatario destacó que, tras las elecciones generales de 2025, el país “decidió iniciar un nuevo ciclo que está marcado con la verdad como base de la transformación moral de la patria”.

El jefe de Estado señaló que su gestión, iniciada hace casi nueve meses, se distingue por al menos seis decisiones clave alejadas del centralismo. Paz sostuvo que los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales y Luis Arce, dejaron a Bolivia “arrasada y moribunda”, en referencia a la situación económica.

“Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro”, afirmó Paz.

Desde la casa donde en 1825 Bolivia nació a la vida republicana tras alcanzar su independencia de España, Paz destacó como uno de los principales logros de su gestión la “recuperación de la confianza”, reflejada en la estabilización de la economía y la disminución del riesgo país de 2.200 a 421 puntos. En ese sentido, resaltó la implementación de un nuevo régimen cambiario flexible que permitió normalizar gradualmente el mercado de divisas y agradeció la disposición del pueblo para enfrentar cambios, como el reordenamiento del gasto público y el retiro de la subvención a los combustibles, calificando esta última medida como insostenible en el tiempo.

Paz subrayó la modernización del Estado, con acciones para eliminar la burocracia en los trámites, el fortalecimiento de la ciudadanía digital y la intervención en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectada por problemas de calidad en el combustible.

El mandatario indicó que la protección a las familias durante el proceso de ordenamiento incluyó el incremento de bonos para adultos mayores y menores de edad, alivio financiero para microempresas, así como la incorporación de más personal e internet en los sectores de salud y educación.

Como cuarta medida clave, resaltó la apertura internacional de Bolivia, que permitió restablecer relaciones diplomáticas, profundizar vínculos con otros países y gestionar apoyo ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Paz afirmó que su administración implementa “una nueva gobernabilidad” en coordinación con autoridades departamentales y municipales, y remarcó que los acuerdos se realizarán “con instituciones, no con políticos”. Señaló como sexta decisión priorizar el diálogo, en referencia al reciente conflicto social que paralizó varias regiones durante siete semanas entre mayo y junio.

La administración de Paz atravesó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades experimentaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos debido a bloqueos de rutas contra el Ejecutivo. Las autoridades acusaron a Morales de haber orquestado estas protestas, por lo que enfrenta una orden de aprehensión por su presunto papel en las manifestaciones.

“Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, sostuvo Paz.

El político elegido el 19 de octubre de 2025 por el electorado boliviano reconoció que en nueve meses “no se puede cambiar” lo hecho en dos décadas de gobiernos anteriores y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, con el objetivo de combatir la corrupción en la administración pública. “Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno”, concluyó.

(Con información de EFE)

El Gobierno boliviano vinculó los recientes hechos de violencia en Santa Cruz de la Sierra con personas cercanas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en marzo en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “esta línea de narcoterrorismo estaba operada por gente cercana al narcotraficante que fue detenido por la Policía y expulsada a los Estados Unidos, Sebastián Marset”.

Oviedo hizo referencia al asesinato de cuatro personas por un grupo de sicarios que el miércoles pasado irrumpió en una hacienda en San Matías, localidad fronteriza con Brasil. Un día después, agentes de inteligencia que se dirigían a la zona para investigar el caso fueron emboscados por personas armadas, resultando muerto un policía cuyo cuerpo fue trasladado y abandonado en una pista clandestina.

El ministro señaló que en esa pista “se encuentran muchas de las evidencias” y que era utilizada por la red vinculada a Marset para despachar droga hacia Brasil. Siete personas fueron detenidas por el asesinato del agente de inteligencia, cinco de nacionalidad brasileña y dos bolivianos, según informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez. El jefe policial agregó que en la pista clandestina se hallaron dos camionetas presuntamente utilizadas durante la emboscada contra los policías.

A su vez, la administración del presidente Rodrigo Paz señaló el lunes que los hechos de violencia están relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que disputan el control de las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil. Esta disputa generó una ola de violencia en la región.

Un nuevo ataque armado se registró este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En una zona céntrica y universitaria, un ciudadano brasileño fue abatido a tiros por dos personas que luego huyeron en un vehículo blanco. La identidad de la víctima no ha sido difundida. Con este hecho, la cifra de asesinatos por sicariato en la región ascendió a diez en una semana.

Según reportes policiales y grabaciones de cámaras de seguridad, los atacantes interceptaron a la víctima cuando salía de un restaurante y abrieron fuego antes de darse a la fuga. Tras el ataque, una mujer, presuntamente pareja del fallecido, se acercó al cuerpo y retiró su teléfono celular, llaves y otras pertenencias. La mujer fue aprehendida y permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones.

La administración de Santa Cruz de la Sierra propuso al Gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de una “intervención militar conjunta” en respuesta a una “ola de violencia extrema” que afecta al departamento, luego de varios asesinatos, emboscadas a policías y la reciente fuga de presos, hechos relacionados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Jorge Santistevan, señaló que los acontecimientos recientes “revelan la presencia de organizaciones criminales con altas capacidades que están por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado”. Santistevan recomendó al Gobierno nacional que, en el marco del Estado de excepción, disponga “la inmediata intervención militar conjunta, el apoyo a las fuerzas del orden para contrarrestar y desarticular, si fuera necesario, a grupos criminales de gran escala”.

Además, solicitó que se autorice a la fuerza militar “hacer uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada”.

El homicidio se suma al reciente asesinato de un ciudadano brasileño de 36 años, identificado como Dennis F. de O., quien fue acribillado con siete disparos en un local nocturno de la avenida Cristo Redentor. Ese mismo día, un veterinario murió a tiros en San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, tras un ataque perpetrado por dos hombres en motocicleta.

Durante la última semana, la región registró otros siete homicidios, cinco de ellos en zonas fronterizas con Brasil —San Matías y Ascensión de la Frontera—, incluida la muerte del subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba crímenes previos. Además, se reportó el hallazgo de dos personas decapitadas en Yapacaní, a 300 kilómetros de la capital cruceña, en la carretera hacia Cochabamba.

(Con información de EFE)

Bolivia desplegó más de 200 agentes policiales en el municipio de San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil, en respuesta a una ola de violencia que dejó nueve muertos en menos de una semana, incluido un teniente de Policía.

El subcomandante de la Policía en Santa Cruz, Juan Carlos Rebollo, confirmó el martes a la cadena Unitel que el contingente llegó a la localidad la noche del lunes y ya opera en la zona, realizando labores de rastreo, registros y controles preventivos.

La medida se implementa tras una serie de homicidios ocurridos en el departamento de Santa Cruz, que las autoridades atribuyen a una disputa de poder entre los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC).

Con dos asesinatos ocurridos el domingo pasado, la cifra de víctimas por ataques armados en Bolivia subió a nueve en menos de una semana.

El primer episodio reciente se registró en la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos. El ataque dejó además dos personas heridas. El segundo caso involucró al veterinario Dagner P., de 40 años, quien murió acribillado fuera de su domicilio en San Ignacio de Velasco; los atacantes regresaron al lugar tras los primeros disparos y luego huyeron en motocicletas.

La ola de violencia incluye hechos ocurridos la semana pasada: cuatro personas murieron en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, dos fueron decapitadas en Yapacaní y otras dos murieron en Ascensión de la Frontera, entre ellos el subteniente de la Policía Yerson Salazar, quien investigaba los asesinatos en San Matías. El cuerpo de Salazar permaneció desaparecido durante dos días y fue hallado tras la incineración del vehículo en el que se transportaba.

La Policía Boliviana arrestó el martes a dos nuevos sospechosos por el asesinato de Yerson Salazar, ocurrido durante la emboscada armada. Investigadores informaron que en los teléfonos celulares de los detenidos se hallaron evidencias que serán sometidas a pericias para determinar su posible implicación en el crimen.

Las detenciones se realizaron en la comunidad de Ascención de la Frontera, cerca de la ciudad brasileña de Cáceres, donde la Policía mantiene un amplio despliegue tras la reciente escalada de violencia. Los dos sospechosos serían presuntos integrantes del grupo involucrado en el ataque armado contra la camioneta en la que viajaban cinco policías. Los agresores se desplazaban en motocicleta y fueron identificados gracias a tatuajes en el cuerpo, lo que facilitó su localización y captura.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado, subrayando la necesidad de incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, expresó Álvarez. El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

El alcalde de San Matías, Agustín López, solicitó mayor presencia estatal ya que su municipio, de más de 19.000 habitantes, cuenta solo con 30 a 40 policías.

(Con información de Europa Press)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el lunes la reducción de la estructura del Gobierno central, que pasó de catorce a doce ministerios, tras eliminar las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, una medida que, según sostuvo, busca construir un Estado “eficiente” y reducir la “burocracia”. El anuncio ocurrió durante el acto de juramento de los nuevos ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, y de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Durante la ceremonia, el mandatario también informó que el hasta ahora ministro de la Presidencia, José Lupo, fue propuesto como nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Paz defendió la decisión de reducir la cantidad de ministerios y afirmó que forma parte de un proceso de reorganización del aparato estatal. “Recibimos un Gobierno que venía con 21 ministerios (...) Nosotros generamos otra instancia de catorce ministerios y hoy día, reduciendo la burocracia estamos pasando a doce ministerios. O sea que el Gobierno central está dando señales claras de buscar un Estado no ausente, sino presente, eficiente”, expresó.

El mandatario explicó que parte de las funciones del Ministerio de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía permanecerán dentro del Poder Ejecutivo, mientras que otra parte quedará bajo la órbita de una nueva agencia nacional.

Según indicó, ese organismo permitirá “darle agilidad” al vínculo entre “lo público y privado” y entre “lo nacional e internacional”, con el objetivo de generar un mayor impacto económico a partir de las actividades vinculadas al turismo, la cultura, el folclore y la gastronomía.

Respecto al Ministerio de Planificación del Desarrollo, Paz confirmó su eliminación y precisó que las funciones que consideró necesarias pasarán a otras instituciones del Estado. Además, informó que el actual titular de esa cartera, José Fernando Romero, continuará dentro del Gobierno con nuevas responsabilidades.

El presidente destacó la labor del funcionario durante esta etapa de reorganización administrativa. “Tuvo una labor extraordinaria para ir generando menos burocracia y mayor eficiencia en la capacidad de atención de los ciudadanos”, afirmó al referirse a Romero.

Paz también sostuvo que la modificación de la estructura ministerial marca una nueva etapa para su administración, que el próximo 8 de agosto cumplirá nueve meses desde su inicio.

Según señaló, las decisiones anunciadas representan el cierre de un “tiempo de transición” y el comienzo de las “transformaciones profundas” que prometió durante la campaña electoral.

El mandatario recordó que uno de sus principales compromisos antes de asumir el cargo consistía en “ordenar la casa” antes de avanzar en una agenda de reformas con organismos internacionales y socios externos.

En ese sentido, ratificó que ese proceso de “ordenamiento” constituye ahora “un punto de partida de las transformaciones” que pretende impulsar su administración.

La reforma ministerial se conoció casi una semana después del anuncio del acuerdo alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa técnico por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno con el objetivo de estabilizar una economía que atraviesa una crisis.

Entre los compromisos contemplados en ese entendimiento figuran la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la reducción gradual del déficit fiscal, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit y la promoción de reformas orientadas a mejorar el clima de negocios y favorecer el crecimiento económico con protección social, según informó el organismo internacional.

Los anuncios del Ejecutivo también llegaron un día después de que el empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina comunicara el retiro de su respaldo político al Gobierno.

Doria Medina argumentó que le “preocupa la corrupción” y cuestionó la ausencia de un cambio “integral” en distintas áreas del Estado, según expresó al anunciar el fin de su apoyo a la administración de Rodrigo Paz.

La reducción del gabinete constituye una de las principales modificaciones institucionales impulsadas por el Gobierno boliviano desde el inicio de la gestión y se produce en un contexto marcado por el programa de reformas económicas acordado con el FMI y por movimientos dentro del escenario político nacional.

(Con información de EFE)

El preste mayor y otros devotos trasladaron la imagen del Señor Jesús del Gran Poder desde su altar a la calle de un populoso barrio y, tras la bendición del cura, una atronadora banda dio inicio a la fiesta mayor de los Andes en Bolivia. Miles de músicos y danzarines tomaban las calles de La Paz en la celebración cultural y religiosa más emblemática de la ciudad.

El alcalde César Docweiler encabezó la procesión junto a los pasantes y otras autoridades. Hasta la madrugada del domingo, 74 fraternidades con hasta un centenar de integrantes cada una llenarán de sonidos, colores y danzas la rica cultura y religiosidad andina, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural.

La festividad también es un motor económico que mueve millones de dólares en una economía en crisis, según las autoridades. Gran parte de los danzarines son comerciantes informales.

“Es cultura viva, es energía que renueva a la ciudad”, afirmó Andrés Zaratti, viceministro de Culturas.

Los danzantes participan por devoción al santo patrón.

“La única forma de agradecerle al tata es bailarle”, dice un danzarín de la danza morenos mientras exhibe una hermosa careta hecha por artesanos locales.

La festividad es una muestra del sincretismo religioso entre antiguas creencias de pueblos precolombinos y los ritos católicos, y tiene fuerte presencia en ciudades del occidente boliviano. Nació hace un siglo en un barrio humilde y fue conquistando a la ciudad hasta convertirse en la principal identidad cultural. Surgió como una expresión de resistencia y de afirmación de sectores populares, mestizos y aymaras, según los expertos.

Las coloridas danzas andinas son también un orgullo de la diáspora boliviana en todo el mundo.

Los danzarines y músicos descienden por empinadas y estrechas calles hasta el centro de la ciudad, a lo largo de cinco kilómetros atestados de espectadores.

Este año la festividad coincide con el inicio del mes de ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra). Cada 1 de agosto al amanecer, centenares de personas se dirigen hasta los cerros cercanos a la ciudad para hacer ofrendas a la Madre Tierra en agradecimiento por las cosechas y para pedir buenos augurios para los negocios y la salud.

Los rituales se realizan en altares de piedra, bajo una cruz, donde arden fetos de llama, dulces caseros en forma de botellas, lanas multicolores, pétalos de flores blancas, hierbas aromáticas e incienso, mientras un sacerdote aymara llamado “yatiri” murmura oraciones a la Madre Tierra.

Según la cosmovisión andina, la Pachamama despierta con sed y hambre tras el período seco, y las ofrendas buscan saciarla antes de comenzar un nuevo ciclo agrícola. La costumbre arraigó en las ciudades, donde se pide por la salud y los negocios. Los rituales se extenderán hasta el 31 de agosto.

Fuente: AP

Un adolescente de 14 años fue requerido por las autoridades de Honduras por su presunta participación en el abuso sexual de un niño de 5 años, un hecho ocurrido en 2025 en una comunidad del departamento de La Paz, informaron fuentes oficiales.

Según la información preliminar, la orden de aprehensión fue ejecutada tras una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por la madre de la víctima, quien conoció lo ocurrido a través del relato del menor.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes en materia de niñez y adolescencia, que continuarán con el proceso conforme al marco legal aplicable para personas menores de edad en conflicto con la ley.

De acuerdo con la investigación, el presunto hecho ocurrió en las instalaciones en construcción de un edificio destinado a la catequesis de la comunidad de San Miguel, en el departamento de La Paz.

Las diligencias establecen que el adolescente habría interceptado al niño mientras este jugaba en el lugar y posteriormente lo condujo hacia una habitación deshabitada dentro del inmueble.

Según el relato incorporado al expediente, el menor habría sido llevado mediante el uso de la fuerza hasta ese sitio, donde presuntamente ocurrieron los hechos investigados.

La presencia de otros niños interrumpió el hecho

Las autoridades indicaron que la presunta agresión fue interrumpida debido a la presencia de otros niños que se encontraban en las cercanías del inmueble.

Esa circunstancia habría provocado que el adolescente abandonara el lugar antes de que el hecho continuara, según la información preliminar recopilada durante la investigación.

Los investigadores realizaron diversas diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en que se desarrollaron los hechos denunciados.

Tras lo sucedido, el niño informó a su madre sobre lo ocurrido, lo que permitió que la familia acudiera ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

A partir de ese momento se inició el proceso investigativo, durante el cual se recopilaron los elementos considerados necesarios para solicitar la orden de aprehensión contra el adolescente.

Las diligencias concluyeron con la ejecución del requerimiento por parte de las autoridades competentes, quienes ahora continuarán con el procedimiento establecido por la legislación hondureña para menores infractores.

El caso seguirá bajo reserva legal

Debido a que tanto la presunta víctima como el adolescente requerido son menores de edad, las autoridades mantienen bajo reserva diversos aspectos del expediente para proteger sus derechos e identidad, conforme a la legislación nacional.

En Honduras, los procesos judiciales que involucran a menores de edad son tramitados bajo normas especiales que priorizan la protección integral de niños y adolescentes, así como las garantías del debido proceso.

El adolescente permanecerá a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad dentro del proceso.

Como ocurre en toda investigación penal, la persona requerida mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme que establezca su culpabilidad.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el jueves que el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) debe comparecer ante la Justicia para aclarar sus presuntas “responsabilidades” en las protestas y bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio en el país. La declaración se produjo tras la emisión el miércoles de una orden de detención contra el ex líder del MAS (Movimiento al Socialismo) por delitos como terrorismo y alzamiento armado, en el marco de una investigación sobre su supuesta implicación en las movilizaciones que exigieron la renuncia del actual jefe de Estado.

“Aquí se respetan los derechos y que se presente donde lo convoquen para que aclare sus responsabilidades si así se diera el caso”, sostuvo Paz ante preguntas de los medios. En ese sentido, recordó que él mismo tuvo que comparecer ante la Justicia “16 veces” durante el Gobierno de Morales y otras cinco en la administración de Luis Arce (2020-2025), por lo que consideró que el ex mandatario “tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso” por los conflictos recientes.

La Fiscalía investiga a Morales junto a otros dos dirigentes sindicales a partir de una denuncia presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, región clave en la economía boliviana, a la que luego se sumó el Ministerio de Gobierno. Entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cortes de carreteras principalmente en el este y centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la salida de Paz.

Las protestas ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por falta de atención médica debido a los bloqueos— y provocaron pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones. El conflicto se resolvió tras acuerdos con sectores como la COB y la declaración del estado de excepción el 20 de junio, lo que permitió levantar los bloqueos.

Morales negó haber promovido la renuncia de Paz, aunque el 24 de mayo escribió en la red social X que el presidente tenía solo “dos caminos” ante los conflictos: “militarizar” el país o llamar a elecciones en un plazo de 90 días.

Actualmente, el ex referente del MAS permanece en el Trópico de Cochabamba, protegido por centenares de seguidores para evitar cumplir otra orden de captura relacionada con una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, el ex mandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016. En mayo, un tribunal de la región de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura por no presentarse al inicio del juicio.

Paz sostuvo a principios de mes que el país fue “atacado por ideología y por políticos conspiradores” durante los más de 50 días de protestas y bloqueo. Durante la clausura de un curso militar especializado en la región de Tarija, el jefe de Estado sostuvo que la declaración del estado de excepción permitió restablecer la “normalidad” en Bolivia gracias al “esfuerzo” de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin que se derramara “sangre de ningún boliviano”.

El mandatario indicó que, mediante esa medida y el diálogo, se logró “retomar el estado de normalidad de un país que estaba siendo atacado por ideología y por políticos conspiradores que no les importa qué puede pasar con la patria, sino dónde llegar ellos primero”.

Paz dirigió un mensaje a los “conspiradores”, señalando que “tienen que ir a pagar sus culpas porque no le pueden hacer daño al futuro de la patria” y expresó su deseo de que “Dios ilumine” a la Justicia y la Fiscalía “cuando se entregue a los culpables” para que “sufran lo que han hecho sufrir al pueblo boliviano”.

Además, aseguró que está garantizado el derecho a la protesta “de aquellas organizaciones que tienen justos pedidos”, aunque no para quienes “por ideología e intereses nacionales y de orden internacional, vinculados al narcoterrorismo”, busquen desestabilizar el país.

(Con información de EFE)

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó el jueves que Bolivia requiere “grandes reformas” surgidas de “un gran diálogo”, al finalizar la visita de una misión del organismo que investigó las protestas ocurridas entre mayo y junio en el país andino.

Durante una conferencia en Santa Cruz, Ramdin estuvo acompañado por el presidente boliviano Rodrigo Paz, el canciller de Panamá Javier Martínez-Acha, y altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay que integraron la Misión de Alto Nivel iniciada el miércoles en La Paz.

El secretario general reconoció que, dadas las circunstancias sociales y económicas actuales, “no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo”, aunque subrayó que Bolivia “tiene oportunidades únicas” para avanzar.

“Las grandes reformas en favor de todo el pueblo de Bolivia son tan necesarias como posibles. Y una gran reforma necesita un gran diálogo. Por ejemplo, si se requiere acordar nuevas leyes, será necesario construir consensos entre tantas miradas distintas que hemos podido escuchar”, expresó.

Entre mayo y junio, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupaj Katari” y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezaron bloqueos de carreteras, principalmente en el este y centro del país, con el apoyo de grupos afines al ex presidente Evo Morales. Las protestas exigían la renuncia de Paz y provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, con un saldo de 16 muertes—13 de ellos por falta de atención médica— y pérdidas económicas superiores a USD 3.000 millones.

Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para garantizar la circulación.

“Lamentamos lo que vivieron en mayo y junio. Hemos visto las imágenes de los bloqueos, amenazas a la infraestructura y disrupción a servicios esenciales, pero esa no es la Bolivia que conocemos”, manifestó Ramdin. En ese sentido, destacó que, luego de reunirse con autoridades y representantes de distintos sectores, la misión concluyó que “nadie quiere que esas imágenes se repitan, porque el costo social, económico, financiero, personal y reputacional para Bolivia ha sido muy alto, y tomará tiempo repararlo”.

El secretario general instó a los actores institucionales a “abrir puertas a todos los sectores y posiciones políticas para construir juntos los caminos hacia el desarrollo” y confió en que “cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones”. Además, ratificó el respaldo de la OEA al Gobierno de Paz y al pueblo boliviano, además de anunciar la presentación de un informe escrito sobre la visita ante el Consejo Permanente del organismo.

Por su parte, Paz advirtió que lo sucedido en Bolivia podría repetirse en otros países y alertó que la “democracia hemisférica está en peligro”, señalando que “no a todos les gusta que los países tengan democracias”. El mandatario agradeció a la OEA por su labor en defensa de la democracia.

La Misión de Alto Nivel que visitó Bolivia destacó el miércoles el “diálogo franco y abierto” mantenido con autoridades y representantes de diversos sectores. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado en el que la misión destacó “el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia”.

El texto subrayó que las conversaciones “fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe”, y adelantó que las propuestas concretas planteadas por los actores sociales “serán recogidas en el informe de esta Misión”.

La delegación incluyó altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, así como con representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos obreros, sectores empresariales, transportistas y medios de comunicación.

(Con información de EFE)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que detuvo a José Enrique G. S., de 29 años, tras la difusión en redes sociales de un video en el que aparece haciendo señas alusivas a la pandilla MS13, según informó la institución.

Según la institución, el hombre será remitido por pertenencia a una organización terrorista conocida como pandilla. La captura se realizó en la colonia San José, en Santa Ana Centro.

“No toleraremos ningún intento de intimidación contra la población honrada”, sostuvo la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó el martes, mismo día en que se aprobó la prórroga 53° al régimen de excepción, que persigue y procesa judicialmente a quienes cometieron o cometen actos pandilleriles como extorsiones, intimidación social, asesinatos, entre otros delitos.

Estudiante fue capturado con droga en su institución educativa

Un estudiante de 18 años del Instituto Nacional José Simeón Cañas, del distrito de Zacatecoluca, fue arrestado este miércoles por la Policía Nacional Civil (PNC) en las inmediaciones del centro educativo del municipio de La Paz Este, donde, según la institución, le encontraron siete porciones de marihuana antes de que ingresara a clases.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta oficial de X que el joven fue remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas. Según la publicación, durante el arresto se incautaron siete envoltorios con la sustancia, que fueron exhibidos en fotografías. La institución publicó el siguiente mensaje: “Si te encontramos ilícitos, serás capturado y llevado ante la justicia”.

El operativo en el centro educativo

El procedimiento se realizó durante un operativo de seguridad que la PNC ejecuta en centros educativos de la zona. El joven, identificado como Josué Arturo, enfrentará cargos ante las autoridades judiciales de La Paz Este.

El caso sigue bajo investigación para determinar si existen vínculos con otras personas o posibles redes de distribución en el entorno escolar. La Policía Nacional Civil indicó que estas acciones responden a su política de combate a la posesión y tenencia de drogas.

Por otra parte, la institución educativa no se ha pronunciado sobre el incidente.

En el país, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a Drogas fija penas de prisión para quien posea o tenga sin autorización legal semillas, hojas, florescencias, plantas o partes de ellas, así como drogas ilícitas, con sanciones que varían según la cantidad y el propósito de la tenencia.

En su artículo 34 establece que la posesión o tenencia en cantidades menores de dos gramos se castiga con prisión de uno a tres años y multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Si la cantidad es de dos gramos o superior, la pena sube a prisión de tres a seis años, con la misma multa.

La norma agrega que, sin importar la cantidad, si la posesión o tenencia tiene como objetivo realizar las actividades señaladas en el artículo anterior, la sanción es de seis a diez años de prisión y multa de diez a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. El texto aclara que este precepto fue declarado inconstitucional en lo relativo a la consecuencia jurídico-penal de multa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Geisler “N”, quien lleva por apodo su mismo nombre, debido a su probable responsabilidad en un homicidio perpetrado el municipio de La Paz.

El sujeto fue detenido en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, según informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch el pasado 22 de julio en conferencia mañanera. De acuerdo con reportes extraoficiales, también se le conoce bajo el apodo de “El Polar”.

Era considerado un objetivo prioritario y generador de violencia en la zona norte del Estado de México. Autoridades lo identifican como integrante de la célula autodenominada “Los Vallarta”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en los municipios de La Paz y Ecatepec.

Tras su detención, quedó ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde un juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

“El Geisler” habría disparado tras una disputa por dinero

Según las indagatorias oficiales, los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2026 en la avenida El Canal, colonia El Salado, municipio de La Paz. La víctima, de quien no se conoce su nombre, se encontraba con “El Geisler”, una mujer y otro hombre, cuando recibió una cartulina y entregó dinero en efectivo, al parecer producto de una deuda.

En ese momento señaló que “sí la entregaría, pero que ya lo dejaran en paz”.

“El Geisler” presuntamente indicó que el monto no estaba completo. La mujer habría sacado de sus pertenencias un arma de fuego y se la entregó al otro hombre involucrado, quien agredió a la víctima. Cuando esta intentó huir, “El Geisler” presuntamente tomó la pistola y disparó en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte, para después huir del lugar junto con sus acompañantes.

El Ministerio Público de la fiscalía mexiquense inició las averiguaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos, identificó al probable responsable y solicitó una orden de aprehensión por el delito de homicidio. La FGJEM señaló mediante un comunicado que un juez la concedió y fue cumplimentada; sin embargo, la versión de Harfuch indicó que la detención se realizó en el municipio de Los Reyes tras un reporte ciudadano al 911, sin mencionar la orden judicial.

Hasta el momento no se ha aclarado cuál de las dos versiones describe las circunstancias exactas de la captura o si fue una orden cumplimentada en reclusión.

“Los Vallarta”, célula del CJNG investigada por homicidio y narcóticos en Edomex

De acuerdo con autoridades mexiquenses, “Los Vallarta” estarían relacionados con el CJNG y son investigados por homicidios, además de la venta y distribución de narcóticos, con zona de operación en los municipios de La Paz y Ecatepec.

La célula también está vinculada con un atentado registrado el 14 de febrero en los juzgados adscritos al penal estatal Neza-Bordo. Esa madrugada, un artefacto explosivo fue lanzado al interior de las instalaciones y dejó dos personas lesionadas: un guardia de seguridad y una empleada de la FGJEM. La onda expansiva quebró ventanales, puertas de cristal y dañó parte del mobiliario. En el lugar quedó un mensaje intimidatorio firmado por “Lic. Vallarta”.

“El Geisler” presuntamente se encargaba de ejecutar operaciones fuera del penal para Fernando “N”, alias “El F1”, también identificado como “El Negro” y “Lic. Vallarta”, líder de la célula y principal enlace entre los centros penitenciarios y el exterior. “Lic. Vallarta” se encuentra recluido en el Penal de Nezahualcóyotl, vinculado a proceso por el homicidio de dos policías municipales.

El Tren Ligero La Paz - Texcoco se convertirá en un proyecto de movilidad de gran importancia para el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México, la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) presentó de manera oficial la ruta por donde pasará este servicio ferroviario: el objetivo es conectar con el servicio de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y brindar opciones de traslado a quienes se dirigen al municipio de Texcoco.

Recientemente, las autoridades revelaron detalles de cuándo podrían empezar los primeros trabajos de obra civil, y así poner en marchar la construcción de la infraestructura ferroviaria y así ampliar el número de líneas de Tren Ligero que existen en el Valle de México.

Javier Mendoza, presidente municipal de Chicoloapan, adelantó detalles de cuándo se tiene previsto el inicio de las obras civiles que pasarán por su municipio. De acuerdo con la Semov Edomex, el trayecto completo tomará 30 minutos, una reducción de 40 minutos frente al tiempo actual. El servicio operará a una velocidad comercial de 41 km/h, con un máximo de 80 km/h, y tendrá operación mixta al convivir con carga.

¿Cuándo inician las obras del Tren Ligero La Paz - Texcoco?

De acuerdo con las autoridades de Chicoloapan, a finales de este año empezarán los primeros trabajos de la construcción del Tren Ligero La Paz. En coordinación con las autoridades estatales y federales, los primeros trabajos darían inicio antes de que concluya el 2026. Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de obras primarias empezarán, pero se sostuvo que las obras empezarán lo más pronto.

La obra se integra al Plan Colibri, enfocado en transporte masivo, y también forma parte del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, según la secretaría. La ruta irá desde La Paz hasta Texcoco Centro; pasará por puntos como la Central de Abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco, con la intención de construir la terminal en la antigua estación del tren en Texcoco.

Así será el Tren Ligero Texcoco - La Paz

La Semov Edomex presentó a inicios de 2026 la ruta oficial del Tren Ligero Texcoco–La Paz, un proyecto de 21 kilómetros que conectará la terminal La Paz de la Línea A del Metro CDMX con Texcoco Centro para mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México y la capital, según información difundida por la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, el sistema contará con 12 estaciones: diez intermedias y dos terminales, y operaría con infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización, comunicaciones y seguridad. La operación estaría supervisada desde un centro de control que regularía el servicio, según la misma autoridad.

La dependencia detalló que el trazo pasaría por puntos como la Central de abastos, la Universidad de Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco; además, se preveía que la terminal en Texcoco se construyera en la antigua estación del tren. La línea, según los estudios citados por Semov Edomex, transportaría 127,000 pasajeros al día y conviviría con el servicio de carga, por lo que la operación sería mixta.

La Semov Edomex estimó un tiempo total de recorrido de 30 minutos, con una reducción de 40 minutos respecto al tiempo actual; además, los trenes operarían a una velocidad comercial de 41 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El proyecto formaba parte del Plan Colibrí y del Plan Integral para la zona oriente del Estado de México, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se proyectaba su finalización para 2027, de acuerdo con la dependencia.

Estas son las estaciones que componen en Tren Ligero Texcoco - La Paz:

• La Paz
• Los Reyes
• La Magdalena
• Conalep Los Reyes
• Francisco Villa
• Piedras Negras
• Central de Abastos
• Puerta Texcoco
• Centro Cultural Bicentenario
• San Bernardino
• Autónoma Chapingo
• Texcoco

Ocho niños resultaron intoxicados tras ingerir semillas de tempate en el Centro Escolar Juan Pablo Rodríguez Alfaro, ubicado en Rosario de la Paz, La Paz, la mañana de este martes, de acuerdo con reportes de los Comandos de Salvamento Zacatecoluca.

El incidente, que causó alarma entre la comunidad educativa y los familiares, motivó una rápida intervención de los cuerpos de socorro y autoridades de salud.

Según información compartida por Comandos de Salvamento Zacatecoluca, la intoxicación ocurrió poco después del inicio de la jornada escolar, cuando una estudiante llevó las semillas al aula y las ofreció a sus compañeros.

Varios menores accedieron y, minutos después, comenzaron a presentar síntomas asociados con intoxicación, principalmente vómitos y malestar general. El caso se reportó de inmediato al personal docente, que solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

“Al llegar al centro escolar, nuestro personal encontró a los niños con signos evidentes de intoxicación y procedió a brindar atención prehospitalaria en el lugar”, indicó el cuerpo de socorro en redes sociales. La institución movilizó una unidad de emergencia y coordinó el traslado de los ocho afectados al Hospital Nacional Santa Teresa, en la cabecera departamental.

Autoridades refuerzan la prevención tras intoxicación de menores por consumo de semillas

El personal médico del hospital realizó una valoración clínica a los menores, quienes ingresaron bajo observación para monitorear su evolución. Según los reportes brindados por el centro asistencial a los Comandos de Salvamento, los síntomas fueron tratados con medidas de soporte y todos los pacientes recibieron atención oportuna. “La intervención rápida fue clave para evitar complicaciones mayores”, afirmó el equipo de socorristas.

A raíz del incidente, las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que los menores accedieron a las semillas. De igual manera, reiteraron el llamado a padres de familia y maestros para orientar a los estudiantes sobre los peligros asociados al consumo de plantas silvestres o semillas no comestibles, una recomendación que los equipos de Comandos de Salvamento Zacatecoluca enfatizaron durante su intervención.

El hecho generó preocupación en la comunidad de Rosario de la Paz, donde vecinos y familiares acudieron a las instalaciones del centro escolar y del hospital en busca de información sobre el estado de salud de los estudiantes. Voceros de Comandos de Salvamento confirmaron que, hasta el cierre de esta nota, todos los menores permanecen estables y bajo monitoreo médico.

Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y la educación sobre los riesgos asociados a la flora local.

Las autoridades educativas y de salud mantienen el caso bajo investigación para prevenir episodios similares con alumnos, maestros y padres de familia en el municipio de Rosario de la Paz y zonas aledañas. El objetivo es reforzar la conciencia sobre los peligros de la ingesta accidental o voluntaria de sustancias tóxicas presentes en plantas y semillas de acceso común en las comunidades.

Al mismo tiempo “reiteraron el llamado a padres de familia y docentes a orientar a los estudiantes sobre los riesgos de consumir plantas o semillas desconocidas”.

Un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna durante la noche del miércoles en La Paz, Entre Ríos, en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona, detalló Uno Entre Ríos.

El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz iniciaron un operativo para dar con el paradero del presunto autor, quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas”. La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

En la Argentina, rige la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años son inimputables. Es decir, un adolescente de 15 años no puede ser sometido a proceso penal ni recibir condena, más allá de la gravedad del hecho. A partir de septiembre de 2026, entra en vigor la Ley 27.801, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

En el caso de Entre Ríos, la intervención judicial es de tipo tutelar: el juez puede disponer medidas de protección, que pueden incluir la internación en un instituto especializado hasta los 21 años, aunque no con carácter de pena. La inimputabilidad es absoluta y no admite excepciones en la ley vigente.

Voceros policiales señalaron que las primeras actuaciones apuntan a un enfrentamiento que escaló tras una discusión verbal, aunque no se descartan antecedentes previos entre los involucrados. La justicia evalúa las imágenes de cámaras de seguridad cercanas y recaba testimonios de vecinos y testigos presenciales.

La información oficial continúa siendo limitada, ya que la causa judicial se encuentra en etapa de instrucción y bajo secreto de sumario. Esta reserva responde a la necesidad de proteger el proceso investigativo, evitar posibles interferencias que puedan entorpecer el esclarecimiento de los hechos, además busca evitar la exposición pública de los adolescentes.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la violencia entre adolescentes en la región y la preocupación creciente por la presencia y el uso de armas de fuego por parte de menores de edad. Tanto la justicia como la policía de La Paz mantienen abiertas distintas líneas de investigación y no descartan la adopción de nuevas medidas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, realizaron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, una de las obras hidráulicas más importantes y se busca reducir el riesgo de inundaciones en el oriente de la entidad mexiquense.

El proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y beneficiará directamente a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, además de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que esta infraestructura representa una respuesta concreta a una de las principales problemáticas que enfrenta la región durante la temporada de lluvias.

“Quiero expresar mi agradecimiento a nombre del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal a nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses”, señaló Delfina Gómez.

Obra hidráulica fortalecerá el drenaje en el oriente del Estado de México

El nuevo Túnel Churubusco-Xochiaca permitirá conducir el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, evitando la saturación del sistema de drenaje y disminuyendo el riesgo de inundaciones ocasionadas por lluvias intensas.

La infraestructura también reforzará el funcionamiento de los colectores principales que operan en una de las zonas metropolitanas con mayor concentración poblacional y mayor vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos.

De acuerdo con la Conagua, la obra incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas, con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que incrementará significativamente la capacidad de respuesta del sistema de drenaje durante precipitaciones extraordinarias.

Inversión superior a 450 millones de pesos

Para la construcción del proyecto se destinó una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, recursos aportados por el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

Además del túnel, las autoridades realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, acciones consideradas estratégicas para enfrentar la temporada de lluvias y reducir las afectaciones por encharcamientos e inundaciones.

Estas obras permitirán contar con un mayor margen de maniobra para controlar los escurrimientos pluviales y proteger tanto viviendas como vialidades e infraestructura urbana.

La obra también impulsó empleo y economía local

La gobernadora Delfina Gómez subrayó que el proyecto no solo representa un beneficio en materia de protección civil, sino que también tuvo un impacto positivo en la economía regional al generar empleos durante su construcción.

“Esta obra sin duda alguna no solamente va a apoyar la cuestión de las inundaciones en Los Reyes y aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía y de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa”, afirmó.

La mandataria reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para concretar una infraestructura que durante años fue demandada por los habitantes del oriente mexiquense, una región que históricamente ha enfrentado severas afectaciones por las lluvias.

Con la puesta en operación del Túnel Churubusco-Xochiaca, las autoridades buscan fortalecer la infraestructura hidráulica del Valle de México y ofrecer mayor seguridad a las comunidades que cada año enfrentan los efectos de las lluvias intensas, consolidando una de las obras prioritarias para el manejo del agua y la prevención de inundaciones en el oriente del Estado de México.

Un juez de Bolivia otorgó el lunes la detención domiciliaria al ex comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar un golpe de Estado armado en junio de 2024. La medida fue dispuesta en una audiencia que coincidió con el inicio del juicio oral por este caso, en el que Zúñiga permanecía encarcelado desde hace dos años.

El abogado defensor, Eduardo León, confirmó que “se ha determinado otorgar la libertad al señor Juan José Zúñiga, mediante la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva”. León precisó que la decisión debe implementarse en las próximas 72 horas, aunque por el momento Zúñiga seguirá en el penal de San Pedro, en La Paz, tras ser trasladado en avión desde Cochabamba para el comienzo del proceso.

El letrado señaló que el ex jefe militar permanecerá en La Paz y trasladará a su familia a esa ciudad para asistir a todas las instancias del juicio, que se desarrolla en la sede de Gobierno y el Legislativo. El proceso oral inició el lunes pero entró en receso tras la primera ronda de las 21 declaraciones previstas, según indicó uno de los abogados de los acusados

El caso se centra en los hechos del 26 de junio de 2024, cuando militares bajo el mando de Zúñiga ocuparon la sede presidencial durante unas horas, episodio que el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) calificó como un intento de “golpe de Estado”. Durante esa jornada, las tropas del Ejército derribaron con un tanque la puerta del antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, aunque luego se replegaron.

Arce destituyó a Zúñiga ese mismo día y, pocas horas después, el militar fue detenido e imputado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e incumplimiento de deberes. Tras su arresto, Zúñiga acusó a Arce de haber ordenado el operativo militar con el objetivo de “levantar su popularidad” ante las protestas derivadas de la crisis económica. Por su parte, la entonces oposición y el ex presidente Evo Morales (2006-2019) coincidieron en calificar el episodio como un “autogolpe”, mientras que el Ejecutivo insistió en la versión de un “golpe de Estado fallido”.

Por su parte, el ex mandatario Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre en una cárcel de La Paz por un caso de presunta corrupción.

Juan José Zúñiga, quien ejerció como jefe del Estado Mayor antes de asumir la titularidad del Ejército de Bolivia, acumuló numerosas acusaciones por corrupción a lo largo de su carrera militar. Un informe fechado el 28 de noviembre de 2013, atribuido al suboficial Porfirio Quispe, identificó a Zúñiga como principal responsable del robo de más de 2,7 millones de pesos bolivianos. Dichos fondos estaban destinados al Bono Juancito Pinto, un beneficio para estudiantes de primaria, a la Renta Dignidad, pensión dirigida a mayores de 60 años, y a viáticos para personal militar.

El documento, elaborado por Quispe, señaló que, por orden de Zúñiga, entregó todos los saldos correspondientes a esos pagos sin conocer el destino final de los recursos. El informe también denunció amenazas contra Quispe y su familia.

Las sospechas sobre Zúñiga incluyen acusaciones de narcotráfico lanzadas por el general Luis Begazo, quien fue suspendido de sus funciones sin explicaciones. Begazo afirmó que Zúñiga estuvo involucrado en actividades ilícitas transfronterizas desde la gestión de Evo Morales. El ex presidente, por su parte, vinculó a Zúñiga con la ejecución de un supuesto “plan negro” dirigido a desacreditarlo públicamente.

(Con información de EFE)

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación de oficio por las denuncias de familiares sobre el presunto reclutamiento de dos jóvenes bolivianos por Rusia para llevarlos a la invasión en Ucrania y su posible muerte, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El funcionario confirmó que ya se encuentra activa la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas y convocó a las familias a presentarse ante la Policía o el Ministerio Público para aportar sus testimonios.

De acuerdo con lo señalado por Mariaca, “hay una investigación del Ministerio Público” y el organismo cuenta con la facultad de actuar de oficio en casos de esta naturaleza.

El caso involucra a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes viajaron a Rusia en abril tras recibir promesas de pago por 16.000 dólares, según medios locales. Las familias organizaron un velorio simbólico en Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, después de recibir la noticia sobre el supuesto deceso de ambos jóvenes.

Tania Valdivia, madre de Iván, relató al medio español EFE que los dos jóvenes, que eran primos, partieron a la guerra sin comunicarlo a sus allegados. “Quisiera que sea una broma de mal gusto. Quiero verlo a mi hijo acá con nosotros, tengo la esperanza de que esté vivo (...) Quiero saber si está bien, si está muerto o vivo”, expresó.

La mujer detalló que su hijo trabajaba como albañil y plomero y que probablemente decidió emigrar para ayudar económicamente a su esposa y a su hija de dos años, ya que la familia atraviesa dificultades económicas.

En tanto, Paola Bazán, esposa de Soleto, explicó que mantenía contacto diario con él hasta el 3 de junio, fecha de su última comunicación. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia, no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, indicó.

Bazán también señaló que uno de los supuestos “comandantes” de su esposo le informó sobre la muerte de Soleto el 8 de junio y, posteriormente, recibieron la noticia del fallecimiento de Valdivia.

Las familias solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer la situación y, en caso de confirmarse el fallecimiento, gestionar la repatriación de los cuerpos. En junio, la Embajada de Bolivia en Rusia difundió un comunicado advirtiendo sobre la circulación de ofertas laborales asociadas a conflictos armados que prometen sumas elevadas de dinero.

La representación diplomática alertó acerca del riesgo de estafas por parte de intermediarios y del peligro para la integridad y la vida de quienes acepten esas propuestas. “Exhortamos a los ciudadanos bolivianos a abstenerse de todo contacto con oferentes y a denunciarlos”, expresó la embajada en el texto citado por EFE. En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.

El caso boliviano se conoció luego de que en abril se reportara el reclutamiento de unos 130 peruanos para la invasión en Ucrania por parte de Moscú. En mayo, la embajada de Rusia ubicada en Lima reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

Desde el Kremlin, el pasado 30 de abril de 2026, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, informó que más de 127.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia para incorporarse al Ejército en lo que va del año. El funcionario detalló que, durante el año pasado, 450.000 ciudadanos se sumaron a las filas militares mediante contratos.

Medvédev indicó que, además de los reclutamientos formales, otros 10.000 ciudadanos se integraron en “unidades de voluntarios”. En ese sentido, explicó que esta modalidad, aunque constituye “un servicio por contrato”, mantiene una vinculación menos directa con el Ministerio de Defensa.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien ocupó la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó el volumen de los nuevos contratos militares y el papel de las unidades voluntarias en el contexto actual de la defensa nacional.

(Con información de EFE)

En horas de la noche del domingo se registró un fatal accidente de tránsito en el oriente del territorio salvadoreño. Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad en el redondel Hato Nuevo, ubicado sobre el Periférico Gerardo Barrios, en el departamento de San Miguel.

Según el informe preliminar, un conductor de un vehículo particular realizó una maniobra de rebase que provocó una colisión múltiple, alcanzando varios automóviles y posteriormente al motociclista. Al lugar acudieron socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para atender a la víctima, pero debido a la gravedad de las lesiones, el motociclista falleció en el sitio. Las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona fallecida.

Tras el percance, la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Fuerza Armada desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona y procedieron a detener al conductor responsable del accidente. Debido a la magnitud del siniestro, se implementó restricción en la circulación vial en el sector. Las autoridades practicaron la prueba de alcotest al detenido, obteniendo un resultado de 113 % de alcohol en la sangre.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2026, el número de conductores detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol registró un incremento significativo en comparación con el mismo lapso del año anterior. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial en coordinación con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2025 se contabilizaron 1,109 detenciones por conducción peligrosa; sin embargo, en lo que va del año la cifra ascendió a 1,255 casos.

Este aumento representa un crecimiento del 13.2% en la cantidad de personas detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol en el territorio nacional. Actualmente las leyes sancionan manejar en estado de ebriedad en El Salvador, bajo el delito de conducción peligrosa, conlleva penas de 2 a 5 años de prisión para vehículos particulares y de 5 a 10 años para transporte público o de carga. En este caso el siniestro cobró la vida de una persona lo que puede incrementar la pena hasta 15 años.

Dos cabezales se incendiaron en diferentes puntos del territorio

De forma paralela, el Cuerpo de Bomberos atendió una emergencia por el incendio de un cabezal en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, en la jurisdicción de Santo Tomás, en la zona central del territorio. El personal realizó labores para extinguir el fuego y enfriar el vehículo de carga pesada, sin que se registraran personas lesionadas. Las autoridades no han informado las causas que originaron este siniestro.

Con pocas horas de diferencia, otro incendio en un cabezal fue reportado en la colonia Esmeralda, San Miguel Centro. Tras controlar las llamas y enfriar la estructura del vehículo, los equipos de emergencia verificaron la condición del conductor, quien no presentó lesiones.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de revisar el estado de los automotores, sobre todo antes de realizar viajes largos. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador mantiene habilitada la línea 913 para atender emergencias relacionadas con incendios vehiculares en cualquier punto del país.

Un desgarrador video grabado desde el interior de un vehículo particular en movimiento, se ha convertido en la pieza central y más sobrecogedora del trágico accidente de tránsito ocurrido día de ayer, 10 de julio en el kilómetro 38.5 de la autopista a Comalapa. La secuencia, captada por ciudadanos que transitaban por la misma arteria vial, muestra la marcha errática y vertiginosa de una rastra cargada con pesados bloques de cemento.

El angustiante metraje documenta cómo el pesado automotor descendía a gran velocidad, evidenciando una inminente pérdida de frenos que obligó a los testigos a tomar una prudente distancia mientras presagiaban el fatal desenlace que sacudiría al departamento de La Paz.

De acuerdo con las versiones preliminares recabadas en el lugar y los testimonios de quienes presenciaron la escena, el conductor del vehículo de carga pesada tomó una decisión desesperada en fracciones de segundo.

Ante la imposibilidad de detener la marcha y con el fin de evitar una tragedia de proporciones aún mayores como embestir de forma directa a una fila de vehículos particulares o arrollar a una multitud de personas que se encontraban esperando el transporte colectivo en la parada de buses aledaña, el motorista realizó una violenta maniobra para estrellar la estructura contra uno de los pilares centrales del puente Comalapa, en el tramo que conduce hacia San Luis Talpa.

El impacto contra la base de concreto fue de una magnitud devastadora. La cabina de la rastra quedó completamente destruida y, debido a la desaceleración abrupta, la masiva carga de bloques de cemento salió suspendida por el aire, esparciéndose a lo largo de la carretera y cayendo directamente sobre la zona baja de la infraestructura vial.

Identidades de los fallecidos y el milagroso rescate de un sobreviviente

Los equipos de emergencia, cuerpos de socorro y agentes de seguridad pública se desplazaron de inmediato al lugar del siniestro, iniciando una carrera contra el tiempo que se prolongó durante varias horas. Entre el amasijo de hierro y los bloques destruidos, los rescatistas lograron recuperar los cuerpos sin vida de las víctimas.

Asimismo, en una milagrosa labor de remoción, lograron rescatar a una quinta víctima que aún presentaba signos vitales, trasladándola de máxima urgencia hacia el hospital Santa Teresa de Zacatecoluca con lesiones considerables.

Las autoridades correspondientes confirmaron de manera oficial la identidad de las cuatro víctimas mortales de este percance. Tres de los fallecidos se conducían a bordo de la rastra:

• Raúl Antonio Monteagudo (conductor de la rastra)
• Byron Ernesto Rojas Ibáñez (acompañante)
• Raúl Valdemar Hernández (acompañante)
• Rafael Adonay Vásquez Hernández, un motociclista que transitaba por el sector

A pesar de las evidencias audiovisuales y los desgarradores testimonios de los testigos presenciales, la Policía Nacional Civil (PNC) y los peritos de tránsito terrestre mantienen abiertas las investigaciones oficiales. Los expertos continúan realizando los análisis técnicos y mecánicos correspondientes en la escena para determinar con absoluta certeza científica si el siniestro se debió de forma exclusiva a una falla mecánica imprevisible en el sistema de frenos o sí el conductor conducía a excesiva velocidad.

Consejos del cuidado de frenos en transporte de carga o vehículo

El mantenimiento del sistema de frenos no es un gasto opcional, sino una obligación legal y moral para salvaguardar vidas humanas en el asfalto. A continuación, se detallan las recomendaciones fundamentales de seguridad:

• Inspección diaria antes de la jornada (Pre-trip): Es vital verificar el recorrido de las balatas, el estado de las mangueras de aire y asegurarse de que no existan fugas de presión en el sistema neumático antes de emprender cualquier viaje.
• Control estricto de temperatura: En descensos prolongados, se debe utilizar el freno de motor o transmisiones auxiliares (retardadores). Abusar del pedal de freno convencional genera el fenómeno de “fading” o fatiga térmica, donde las balatas se cristalizan y pierden total capacidad de fricción.
• Mantenimiento del sistema de aire purgado: El agua y el aceite acumulados en los tanques de aire comprimido pueden corroer las válvulas y entorpecer la respuesta del frenado. Purgar los tanques periódicamente evita fallas catastróficas.

La representación diplomática de El Salvador concretó su segunda participación en la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026, evento internacional que reunió a productores, distribuidores y expertos del sector cafetalero en la ciudad de La Paz.

Según informó la Cancillería de El Salvador, la Embajada nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia asistió a la feria con el objetivo de promover las distintas variedades de café salvadoreño y fortalecer la presencia del país en el mercado sudamericano.

Durante los cuatro días de actividades de la feria, más de 20,000 visitantes recorrieron los estands de 206 marcas de café provenientes de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Perú. De acuerdo con un reporte oficial de la Cancillería de El Salvador, en el estand salvadoreño se ofrecieron degustaciones y catas de café, resaltando las particularidades de variedades como pacamara, pacas, cuscatleco y bourbon.

Esta dinámica permitió a empresarios, distribuidores y público general conocer de primera mano los atributos diferenciadores del grano producido en El Salvador.

La nota difundida el miércoles por la Cancillería precisó que la presencia salvadoreña incluyó la participación de los hermanos Hernández, miembros de la diáspora salvadoreña en Bolivia y responsables del emprendimiento Café Guadalupe.

Según el comunicado, los Hernández avanzan en el proceso para concretar la primera importación formal de café salvadoreño hacia Bolivia. Además, la empresa participó en la Segunda Misión Comercial de Bolivia a El Salvador, celebrada en junio, en la que visitaron diversas fincas cafetaleras nacionales.

El Salvador consolida alianzas estratégicas en la Specialty Coffee Expo Bolivia

La participación salvadoreña en la feria también propició el acercamiento con actores clave del sector. Según la Cancillería de El Salvador, la asociación de empresarios Bolivian Coffee Alliance manifestó su interés en firmar un acuerdo de colaboración con el país centroamericano, con el objetivo de potenciar oportunidades comerciales y promover nuevas alianzas estratégicas.

“Eventos como este permiten concretar el interés de empresarios bolivianos por nuestro café, de conocer nuestras plantaciones y generar nuevas alianzas”, señala la institución en su nota oficial.

De igual manera, el reporte diplomático detalló que la presencia continuada en ferias internacionales forma parte de los esfuerzos de la representación salvadoreña para fortalecer los vínculos con compradores y distribuidores, y para apoyar a los productores nacionales y a la diáspora.

“Se trabaja para fortalecer los vínculos con potenciales compradores y distribuidores, generar nuevas oportunidades de negocio para los productores y exportadores nacionales y apoyar a la diáspora salvadoreña”, añadió la Cancillería de El Salvador.

La asistencia de la representación de El Salvador por segundo año consecutivo a la Specialty Coffee Expo Bolivia también representa una estrategia de posicionamiento en el mercado regional, según subraya la representación diplomática. La feria se consolida como un espacio clave para la promoción de la oferta exportable nacional y para la identificación de nuevas oportunidades de negocio para el sector cafetalero.

También se busca consolidar relaciones con posibles socios, creando de esa manera oportunidades comerciales para los productores y exportadores del país y brindar respaldo a la comunidad salvadoreña en el exterior.

Estados Unidos reafirmó su “respaldo inquebrantable” a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, tras siete semanas de protestas y bloqueos de rutas impulsados por sectores sindicales y opositores que exigieron la renuncia del mandatario. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en La Paz, Erik Martini, transmitió el mensaje en el marco de los 250 años de la independencia estadounidense.

“Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano”, declaró Martini. El funcionario subrayó que la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, “no se negocia” y remarcó que las diferencias políticas “se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional, nunca con violencia”.

En su intervención, Erik Martini afirmó que EEUU profundizará su cooperación con Bolivia para fortalecer las instituciones, fomentar la prosperidad y proteger la seguridad de la población de ambos países, así como impulsar el combate conjunto contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Nuestra alianza se funda en el respeto mutuo y en una convicción compartida: no hay desarrollo sin seguridad, no hay prosperidad sin democracia”, agregó el diplomático.

Las protestas comenzaron el 6 de mayo bajo el liderazgo de la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el apoyo de sectores leales al ex presidente Evo Morales. Las acciones incluyeron bloqueos que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, y dejaron al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica derivada de las interrupciones. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones.

El Gobierno boliviano denunció un intento de ruptura del orden constitucional y acusó a Morales de financiar el conflicto con recursos del narcotráfico. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que Washington no permitirá el derrocamiento del Gobierno boliviano.

El 20 de junio, tras acuerdos con sectores como la COB, Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para restablecer la circulación.

Por su parte, el jefe de Estado solicitó el miércoles pasado a la Policía, la Fiscalía y la Justicia procesar a los responsables de los bloqueos de carreteras. El pedido fue realizado durante el acto por los 200 años de creación de la Policía.

“Tiene que haber responsables por el daño que le hicieron a la sociedad y esos culpables deben estar en la cárcel”, declaró Paz, al instar a las instituciones estatales a “actuar con firmeza” contra quienes participaron en los cortes de vías. El mandatario enfatizó la necesidad de que todas las entidades involucradas procedan con la “mayor de las firmezas” para cumplir con el mandato legal.

Paz detalló que los daños provocados por los manifestantes en las carreteras alcanzan los 90 millones de bolivianos, lo que afectó al comercio internacional y al desarrollo del país. “Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la escusa de una visión de pedidos que fueron infiltrados con una lógica política, narcoterrorista que le hizo daño a la patria”, afirmó.

Rodrigo Paz aseguró que su administración recuperará “cada uno de los territorios” del Estado frente a quienes consideran esas zonas como propiedad de “algunas organizaciones” sociales. El presidente hizo referencia a la región cocalera del Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exmandatario Evo Morales, quien permanece allí desde octubre de 2024, protegido por sus seguidores para evitar una orden de captura por un caso de trata agravada de personas.

(Con información de EFE)

La Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a tres hombres en el oriente de El Salvador tras ser acusados de intimidar a vendedores ambulantes con una escopeta y exhibir tatuajes presuntamente alusivos a pandillas. El operativo se realizó en el municipio de Usulután, como parte de las acciones impulsadas bajo el Plan Control Territorial.

Según información de la Policía Nacional Civil, los detenidos fueron identificados como Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M.

Los tres sujetos abordaron a vendedores de teléfonos móviles y les exigieron que abandonaran la zona. Amenazaron con despojarlos de sus productos si no obedecían, utilizando un arma de fuego tipo escopeta como medio de intimidación.

Además, mostraron tatuajes vinculados a estructuras criminales, en un intento de amedrentar a sus víctimas.

La intervención policial se realizó tras un proceso de investigación que permitió identificar a los responsables y ejecutar el operativo de captura sin incidentes mayores.

De acuerdo con la PNC, estos hechos representan una modalidad delictiva que las autoridades asocian a viejas prácticas de grupos criminales que operaban antes de la implementación del Plan Control Territorial.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre el caso y aseguró que las instituciones de seguridad no permitirán la reinstalación de dinámicas de terror entre la población.

“Se confundieron. No vamos a tolerar delitos que cometían los terroristas pandilleros. Estos sujetos vieron salvadoreños que andaban ganándose la vida honradamente y les dijeron que ahí no podían andar y que se fueran”, expresó Villatoro.

El funcionario recalcó que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier intento de limitar la movilidad de los ciudadanos. “No vamos a permitir que nadie limite la movilidad en nuestro gran país que hemos recuperado, el único camino seguro que tienen es tras las rejas”, enfatizó Gustavo Villatoro.

Actualmente, la legislación salvadoreña establece penas de entre 20 y 30 años de cárcel por los delitos vinculados a agrupaciones ilícitas. Las reformas legales aprobadas en los últimos años endurecieron las sanciones para quienes participen, financien o colaboren con estructuras criminales.

Las autoridades subrayan que estas acciones buscan garantizar la seguridad y normalidad en las actividades económicas de la población.

El operativo en Usulután forma parte de la estrategia nacional de seguridad, conocida como Plan Control Territorial, la cual prioriza la desarticulación de grupos delictivos y la protección de los sectores comerciales ante amenazas y extorsiones. Desde su implementación, la PNC y la Fuerza Armada han realizado operativos coordinados en distintos puntos del país, con énfasis en la prevención de delitos y la captura de presuntos responsables.

Captura de dos sujetos por intento de robo de motocicleta en La Paz

En un hecho distinto, la Policía reportó la aprehensión de dos individuos en San Juan Nonualco, departamento de La Paz, tras ser sorprendidos mientras intentaban hurtar una motocicleta. Los detenidos fueron identificados como Jeferson Armando G. G., de 19 años, y Shalom Obed C. G., de 23 años.

La víctima relató que, luego de escuchar ruidos en el exterior de su vivienda, observó a dos personas que intentaban llevarse su motocicleta. Uno de los sospechosos fue arrestado en el lugar, mientras que el segundo fue localizado horas más tarde tras intentar huir. Durante el procedimiento, que contó con apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador, la policía localizó una motocicleta sin placas abandonada sobre la carretera antigua a Zacatecoluca, la cual habría sido utilizada para la movilización de los sospechosos.

Ambos individuos serán remitidos a los tribunales por el delito de hurto agravado.

Durante los últimos dos meses, el Gobierno boliviano centrista y proestadounidense de Rodrigo Paz Pereira ha estado sorteando un campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales y sus aliados que buscan desestabilizar su Gobierno. Es probable que sobreviva a la crisis actual, pero podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica ejercida por quienes, de hecho, tienen sitiada la capital boliviana. En el futuro, al igual que en la crisis de mayo-junio de 2026 —que ahora se está disipando—, una espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército para responder a quienes se enfrentan a su Gobierno. Su dimisión podría tener graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia. Aunque el desenlace es fundamental para el éxito del enfoque de la Administración Trump en el hemisferio occidental, en general pasa desapercibido para la mayoría de los responsables de Washington.

Entre el 20 y el 30 de mayo de 2026, mientras se desarrollaba la crisis política y de seguridad, el autor se encontraba en Bolivia entrevistando a altos cargos políticos, empresariales y gubernamentales. Este informe recoge las reflexiones del autor sobre las condiciones, los dilemas y las dinámicas que se están desarrollando en el país, así como sobre lo que podrían deparar los próximos meses.

Antecedentes

Paz y su Gobierno son un entramado de complejidad y contradicciones. Paz nació en España de madre española. Tanto su padre, Jaime Paz Zamora, como su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fueron presidentes de Bolivia. Su trayectoria política se enmarca en la “izquierda del caviar”, que combina el legado de su padre como fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia con su propia y sólida formación académica y experiencia profesional en el sector financiero estadounidense. Esa orientación, junto con el grupo heterogéneo de personas que llevó al poder como ministros de su gabinete y círculo de asesores, desempeña un papel importante en la crisis actual y en las decisiones que está tomando.

Paz es un “presidente accidental” que llegó al poder como descendiente de una estirpe de presidentes. Sin embargo, también aportó una tradición contemplativa e intelectual que, en opinión de algunas de las personas consultadas para este estudio, le ha impedido tomar medidas decisivas a la hora de definir el rumbo de su nuevo Gobierno y gestionar la crisis actual.

Tras veinte años de gobierno del partido populista de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), una corrupción generalizada y una crisis económica que puso de manifiesto la profunda mala gestión del MAS, los votantes bolivianos estaban preparados para algo nuevo. Mientras tanto, las luchas internas entre el fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales; su sucesor, Luis Arce; y Andrónico Rodríguez, el joven líder cocalero que podría haber heredado el testigo del MAS, acabaron prácticamente con el partido en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025.

Aunque el MAS se retiró de facto de la escena política tras casi veinte años al frente del país, muchos miembros de las comunidades indígenas del Altiplano —principalmente de habla quechua y aimara— miraban con desconfianza a políticos de larga trayectoria y de orientación de derechas, como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esa desconfianza se agravó durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, a quien los grupos indígenas y otros colectivos marginados del Altiplano consideraban que había ido demasiado lejos. Según esta opinión, Áñez intentó reorientar con demasiada rapidez las políticas de Bolivia y su alineación en materia de política exterior hacia una agenda de derechas tras la destitución en 2019 del presidente Morales, un cocalero populista de izquierdas.

En las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Paz, acompañado por su compañero de candidatura de la derecha tradicional, Sebastián Careaga, apenas obtenía apoyo en las encuestas hasta que Careaga abandonó la candidatura, lo que obligó a Paz a sustituirlo por Edmand Lara, un policía destituido conocido por su discurso contundente. Aunque las acusaciones penales previas contra Lara estaban bien fundamentadas según las personas consultadas para este estudio, el estilo machista de Lara y su contundente retórica anticorrupción conectaron bien con los votantes que buscaban una alternativa tanto al desacreditado MAS como a las élites tradicionales de la derecha. El estilo de Lara contrastaba con la postura centrista e inclusiva de Paz, aunque, curiosamente, la complementaba. Paz realizó una famosa campaña por el altiplano andino en moto, visitando innumerables comunidades pequeñas, en su mayoría aimaras, y prometiendo identificarse con ellas y respetarlas. La credibilidad del compromiso de Paz se vio reforzada por las credenciales de su padre, miembro del MIR de izquierdas. Su mensaje se amplificó aún más gracias a una innovadora campaña en redes sociales, que aprovechó aplicaciones como TikTok, muy utilizadas entre la población de las tierras altas. La innovadora campaña en redes sociales que impulsó a Paz a la cima fue, además —y esto es importante—, impulsada por su hija Catalina y su antiguo profesor argentino, Fernando Cerimedo.

La cuestión de quién o qué fue responsable de la inesperada victoria de Paz en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de octubre de 2025 adquirió posteriormente una importancia desmesurada, y el presidente Paz atribuyó públicamente el mérito a la campaña de su hija en las redes sociales. Según las personas consultadas para este análisis, ella podría haber contribuido a la gran confianza que él depositaba en Cerimedo y a la considerable influencia que se consideraba que Cerimedo ejercía en su administración.

Las demás influencias sobre el presidente Paz han sido, según se informa, una mezcla compleja y cambiante. Entre ellas se encuentra su hermano Jaime Paz Pereira, procedente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien, al parecer, ha ayudado al Gobierno a conseguir compromisos de líneas de crédito de la CAF y otras organizaciones. También se incluyen Mauricio Zamora, su pariente de Tarija; miembros de la vieja guardia del MIR vinculados a su padre, como el ministro del Interior, Marco “Tuco” Oviedo, y Óscar Eid Franco; el ex secretario presidencial Doria Medina; y el candidato a la vicepresidencia José Luis Lupo.

En lo que respecta al vicepresidente Lara, la relación se deterioró rápidamente, a raíz de las acusaciones de Lara de que el presidente no había proporcionado asientos adecuados para los miembros de su familia en la toma de posesión. Según muchas de las personas consultadas para este estudio, Lara, que consideraba decisivo su papel en la victoria, se fue amargando cada vez más con Paz por no recibir la influencia, el respeto y los cargos ministeriales que creía merecer tras el papel que había desempeñado en la victoria de Paz. Lara se convirtió cada vez más en un adversario político del presidente Paz, en lugar de formar parte del Gobierno.

El camino hacia la crisis actual

Podría decirse que Paz heredó de sus predecesores las condiciones que han provocado la crisis actual. No obstante, las personas consultadas para este análisis consideran, en general, que está actuando con lentitud a la hora de aplicar nuevas políticas económicas y de seguridad que aborden estos retos y comuniquen la orientación de su Gobierno. Veinte años de falta de inversión en el sector del gas natural —la principal fuente de divisas del país— y otras políticas que desincentivaron la inversión bajo los gobiernos de Morales y Arce alimentaron el progresivo descenso de la producción y de la generación de dólares asociada a ella. Esta situación provocó problemas a los importadores, escasez de productos importados, inflación y malestar social, lo que no hizo sino agravar el problema.

En los primeros meses del Gobierno de Paz, los problemas que habían contribuido a la destitución del MAS y a su desaparición como partido político dieron lugar a una escalada de reivindicaciones que, dada la situación financiera y fiscal de Bolivia, resultaban casi imposibles de abordar para la nueva administración. Entre ellas figuraban las reivindicaciones de los docentes y otros sectores para obtener aumentos salariales que cubrieran la inflación, así como las demandas de subsidios al combustible debido a los drásticos aumentos en los precios de la gasolina, el gasóleo, el gasóleo de calefacción y el gas de cocina, provocados por la guerra en Irán. En particular, esto afectó al 80 % de los bolivianos que trabajan en el sector informal.

Si bien el Gobierno de Paz tardó en poner en marcha nuevas políticas para abordar los problemas heredados de gobiernos anteriores, la crisis de unas exigencias imposibles de satisfacer se vio agravada por lo que se percibió como un alejamiento de la retórica electoral —que cortejaba a las comunidades marginadas— hacia una selección de ministros, políticas, acciones y un discurso que llevaron a las comunidades marginadas que le habían apoyado a sentirse excluidas e incluso traicionadas. Muchos de los que se sintieron desilusionados habían apoyado anteriormente al MAS, pero votaron por Paz y Lara al considerarlos la opción menos mala en comparación con los políticos más tradicionales de orientación derechista.

Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina. A diferencia de los gabinetes de Morales y Arce, el de Paz contaba con relativamente pocos rostros indígenas o representantes de sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Simbólicamente, Paz se apartó de la práctica de Morales de consultar a los líderes sindicales indígenas, a los mineros y a otros miembros de la antigua coalición del MAS, y de invitarlos al palacio presidencial.

Para agravar aún más el problema, algunas de las primeras leyes de Paz —como la Ley 157, relativa a la reclasificación de terrenos—, aunque lógicas desde el punto de vista económico, no se comunicaron adecuadamente, sobre todo a las comunidades indígenas marginadas en sus lenguas principales, como el quechua y el aimara. Además, podría decirse que los opositores de Paz en la izquierda, como Morales, aprovecharon sus vínculos más estrechos con estos grupos para presentar las políticas de Paz de la forma más negativa y amenazante posible. A juicio de esos grupos, Paz dedicó demasiado tiempo a ganarse el favor de las élites económicas de la llanura de la Media Luna, en lugar de a los colectivos que sustentaban su poder.

A medida que Paz perdía terreno entre los grupos marginados a los que en su día había sabido ganarse, también empezó a tener dificultades con su rival de derechas, Quiroga, y su partido Libre. Antes del ascenso de Paz, Quiroga lideraba las encuestas y albergaba ciertas esperanzas de que Paz se pusiera en contacto con él para formar un gobierno de coalición. Cuando, en cambio, Paz formó una alianza con el candidato que quedó en tercer lugar, Doria Medina, e incorporó a algunos de los colaboradores de este a su gabinete —entre ellos, Lupo como ministro de la Presidencia—, Quiroga y Libre pasaron a ser, de hecho, la oposición, aunque con un interés particular en evitar el regreso de Morales.

El origen de la crisis actual

Un momento decisivo en la crisis actual se produjo cuando el Gobierno de Paz importó un lote de gasolina de mala calidad que dañó los motores de coches, camiones y motocicletas en todo el país. Aunque Paz tomó medidas, quienes sufrieron daños en sus vehículos consideraron que no fue lo suficientemente lejos ni en cuanto a la indemnización ni a la exigencia de responsabilidades a los culpables.

Esta respuesta también fue emblemática de un problema más amplio que se percibía en el Gobierno de Paz. El cuestionable contrato de gasolina lo había firmado el anterior Gobierno de izquierdas de Arce, pero el Gobierno de Paz no actuó con la suficiente rapidez para identificar y erradicar los contratos defectuosos de su predecesor socialista. Esa inacción se inscribía en una percepción más generalizada de que la Administración de Paz era lenta a la hora de actuar, tanto a la hora de impulsar y poner en práctica sus planes como de eliminar a las personas problemáticas vinculadas a Arce que pudieran estar entorpeciendo, saboteando o tergiversando su programa.

Más allá de las cuestiones de aplicación, al inicio de su mandato, Paz se mostró relativamente ineficaz a la hora de comunicar sus políticas, su razonamiento y su visión para el país ante el descontento. En abril de 2026, nombró portavoz presidencial a José Luis Gálvez Vera. Las declaraciones de Gálvez sobre la política gubernamental redujeron el énfasis en la responsabilidad exclusiva de Paz por las políticas que causaban descontento, pero no lograron superar de manera fundamental las percepciones negativas sobre Paz entre parte de la población.

Bloqueos de carreteras, desestabilización y el papel de Morales

A medida que esas decisiones políticas y de estilo agravaban el descontento por la crisis económica, una fuerza clave liderada por el expresidente populista de izquierdas Morales intentó derrocar al Gobierno de Paz. Como líder de la federación de cultivadores de coca del Chapare, su territorio natal, Morales ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en el narcotráfico en Bolivia. La coca cultivada en el Chapare se transforma allí y en otros lugares en cocaína. A continuación, con la ayuda de grupos internacionales de narcotráfico como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil, la cocaína se introduce de contrabando hacia el este a través de Brasil, Argentina y Paraguay, y hacia el oeste a través de Perú y Chile, con destino principalmente a los mercados de Europa y Oceanía.

Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, Morales ha estado buscando una vía para volver al poder. Esa búsqueda cobró una urgencia mucho mayor cuando el Gobierno de Paz invitó a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a volver al país, abriendo cautelosamente las puertas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la reforma de las instituciones de seguridad para controlar la producción ilícita de cocaína en Bolivia.

El intento de Morales de derrocar a Paz cobró especial urgencia cuando el presidente presentó cargos de pedofilia contra él por haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años, Gabriela Zapata, y haberla dejado embarazada. Morales no se presentó a la vista judicial para responder a los cargos y, desde entonces, permanece atrincherado en el Chapare, defendido por sus principales seguidores.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización. La frustración por la mala calidad de la gasolina, los altos precios y una ley del Gobierno de Paz destinada a facilitar el crédito comercial para la adquisición de tierras llevó a los opositores a levantar bloqueos de carreteras, una forma de protesta tradicional, aunque económicamente perjudicial. Sin embargo, las personas consultadas en Bolivia para este análisis consideran que Morales desempeña un papel clave en la expansión, el mantenimiento y la radicalización de las protestas, motivado por el deseo de impedir que la policía lo detenga en el Chapare y, en última instancia, derrocar al Gobierno y recuperar el poder político. Como tal, Morales ha movilizado a miles de seguidores y ha financiado los bloqueos, ampliándolos y manteniéndolos en gran medida al alimentar y pagar a sus seguidores. A su vez, las organizaciones de control social vinculadas a la red de Morales habrían intimidado o multado a quienes, en los barrios, no apoyaban los bloqueos ni las protestas.

Podría decirse que el dinero de los cocaleros ha incrementado el número de personas que participan en los bloqueos y su acceso a instrumentos de violencia, como armas y dinamita, utilizados para hacer frente a la policía y crear la sensación de una insurrección armada. Esta dinámica ha reforzado la sensación de que cualquier intervención de las autoridades podría dar lugar a un derramamiento de sangre considerable, lo cual es, según numerosos líderes políticos y empresariales bolivianos de alto rango entrevistados por el autor de forma extraoficial para este proyecto, precisamente lo que los radicales buscan para facilitar la caída del Gobierno.

A finales de mayo de 2026, tras un mes de bloqueos, la policía informaba de más de 80 cortes puntuales en las vías de comunicación de seis de los nueve departamentos del país, la mayoría de ellos concentrados en La Paz, en el Altiplano. La geografía de la ciudad permitía que, con el cierre de un número relativamente reducido de carreteras, se cortara el suministro de alimentos, gasolina y otros productos básicos a la ciudad. En La Paz, los bloqueos provocaron graves problemas de hambre, la falta de oxígeno en los hospitales, la muerte de pacientes porque las ambulancias no podían llegar a los centros médicos y la escasez de combustible para el transporte, la cocina y la calefacción, entre otros problemas. En las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, un número menor de bloqueos en zonas con concentraciones de seguidores de Morales, como en las carreteras cercanas a San Julián y Yapacani, amenazó con aislar la ciudad de las zonas productivas del este y de los mercados del oeste, aunque la carretera a Tarija, al sur, y la ruta hacia Brasil, al sureste, permanecieron sin obstáculos.

Los bloqueos, mientras estuvieron en vigor, plantearon un dilema extremadamente difícil para Paz, lo que aumentó el descontento con su liderazgo tanto en la derecha como en la izquierda. En lugar de buscar una confrontación temprana que pudiera agravar la violencia, ha optado por esperar a que los manifestantes se retiren y alcanzar acuerdos parciales con diferentes grupos. Por ejemplo, ha derogado la ley de reforma agraria, ha accedido a aumentar los salarios de los docentes y ha hecho ciertas concesiones a los mineros, aunque estos gestos solo han apaciguado a una parte de los grupos y, podría decirse, han envalentonado a otros. Los principales grupos de protesta radicalizados, como la Central de Trabajadores de Bolivia y la Federación Tupac Katari, se han mantenido en las calles, mostrando incluso ambigüedad en su intención de negociar con el Gobierno. Paz ha llegado incluso a solicitar la ayuda del presidente brasileño de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a sus supuestos vínculos con Morales.

Vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad

Los modestos intentos iniciales de Paz de utilizar a la policía para despejar las barricadas a principios de junio han salido mal. En parte, esto se debe a que el Gobierno no se enfrenta únicamente a manifestaciones espontáneas de protesta, sino a personas armadas, tácticas militares y violencia. Por ejemplo, un intento de abrir un «corredor humanitario» para permitir la entrada en La Paz de oxígeno médico y otros suministros vitales, liderado personalmente por el ministro de Obras Públicas y estrecho colaborador de Paz, Mauricio Zamora, sufrió una emboscada y se vio obligado a retirarse. En medio de la confusión, el ministro quedó separado de la caravana y, durante un tiempo, tuvo que eludir a los opositores que intentaban capturarlo y, posiblemente, matarlo. De hecho, en un incidente ocurrido en la misma zona años atrás, otro ministro había sido emboscado y asesinado por manifestantes. Además, durante la crisis actual, una columna de la policía boliviana que intentaba abrir la carretera de Santa Cruz a Cochabamba fue emboscada por opositores que lanzaban dinamita desde posiciones elevadas cuidadosamente seleccionadas, lo que volvió a obligar a la policía a retirarse.

Con el apoyo de las fuerzas aliadas en el Congreso, Paz derogó una ley de la época del MAS que restringía los despliegues militares en «estado de sitio», pero se ha mostrado reacio a declarar dicho estado y a desplegar al ejército para retirar las barricadas. Sin embargo, su vacilación no carece de fundamento. Durante anteriores despliegues militares contra manifestantes en 2003 y 2019, murieron civiles, y los líderes militares y políticos implicados en la acción acabaron encarcelados u obligados a exiliarse en el extranjero. Ese legado se mencionó en prácticamente todas las conversaciones que el autor mantuvo sobre la intervención militar.

Más allá de la responsabilidad de los líderes militares y políticos por tales acciones, el presidente tiene motivos para temer que la situación se salga de control en un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Tanto la policía nacional como el ejército carecen del equipamiento adecuado para despliegues que les pongan en contacto con los manifestantes, como balas de goma, gas lacrimógeno y equipo de protección. Además, una parte significativa del personal, tanto del ejército como de la policía, procede de las mismas comunidades marginadas contra las que las fuerzas de seguridad podrían tener que actuar.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales. Muchos de ellos procedían del Chapare, el centro de la actual resistencia contra Paz. Hoy en día, muchos oficiales que obtuvieron su nombramiento y ascendieron en el escalafón gracias a este programa son ahora comandantes, tenientes coroneles o coroneles y ocupan importantes puestos de mando. Además, muchos militares han asistido a programas de adoctrinamiento ideológico en Cuba durante anteriores gobiernos del MAS o han participado en la «escuela antiimperialista» que el Gobierno cubano ayudó a Morales a crear en Bolivia. Así pues, aunque el personal de seguridad boliviano está compuesto por profesionales responsables, existe el riesgo de que surjan conflictos de lealtad que podrían llevar a algunos a negarse a actuar, a unirse a los manifestantes o a emprender acciones que agraven deliberadamente la situación con fines de sabotaje.

Presión sobre el Gobierno de Paz

Ante el sufrimiento cada vez mayor y las consecuencias económicas adversas, en Bolivia se ha ido acumulando —y sigue acumulándose— una creciente frustración por la falta de medidas decisivas por parte del Gobierno de Paz. Durante la estancia del autor en Santa Cruz, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceña (UJC) de la ciudad, ambos muy bien organizados, se mostraron frustrados con el Gobierno por no desmantelar los bloqueos, que causaban perjuicios económicos al departamento, y estaban a punto de desplazarse a San Julián para desmantelar el bloqueo por su cuenta. Anticipándose a la llegada de los cruceños, los líderes antigubernamentales enviaron a miles de sus seguidores al lugar, muchos de ellos, según se informa, bien armados. Solo la intervención de los líderes de la Iglesia católica y una decisión de última hora del Comité Pro-Santa Cruz —la organización dominante en el departamento que agrupa a organizaciones sociales, empresariales y comunitarias— de suspender temporalmente la acción impidieron lo que probablemente habría sido un enfrentamiento sangriento.

Muchos de los consultados para este estudio consideraban que Morales y sus partidarios buscaban deliberadamente provocar la violencia para impulsar su agenda de forzar un cambio político. La Constitución boliviana no prevé la destitución democrática de un presidente, salvo mediante un referéndum revocatorio en la segunda mitad de su mandato, que en el caso de Paz acaba de comenzar. Es posible que Morales y sus partidarios estén calculando que fomentar un nivel suficiente de violencia, parálisis política y perjuicio económico obligará a Paz a dimitir. Morales ya ha convocado, de forma inconstitucional, nuevas elecciones en un plazo de 90 días como solución a la crisis.

Según la Constitución boliviana, si Paz dimitiera, tal y como hizo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el poder pasaría al vicepresidente. Aunque muchos de los entrevistados para este análisis creen que Lara acogería con agrado la oportunidad de ser presidente, aunque solo fuera por un breve periodo, sostienen que el objetivo de Morales no es aupar a Lara a la presidencia, sino más bien forzar una secuencia de acontecimientos similar a la dimisión en 2003 del vicepresidente y presidente del Senado, lo que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, en presidente interino, pero le obligaría a convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Varias personas consultadas para este estudio argumentaron además que algunos líderes políticos de la derecha podrían estar abiertos a tal escenario porque, aunque desconfían de cualquier caos político que pudiera llevar a Morales al poder, unas nuevas elecciones anticipadas podrían brindarles la oportunidad de hacerse con la presidencia. Para que el Gobierno de Paz evite tales escenarios sin recurrir a una arriesgada represión militar, los entrevistados por el autor mencionaron dos grupos de opciones interrelacionadas: (1) cooptar a la oposición «no morista» y (2) llevar a Morales ante la justicia por narcoterrorismo, presumiblemente extraditándolo a Estados Unidos o a otro país con una solicitud de extradición válida.

Aunque podría decirse que Morales y sus aliados cocaleros del Chapare son los principales financiadores y protagonistas de los bloqueos y las protestas, otros grupos de la oposición de izquierdas y sindicatos, incluso los más radicales, tienen un interés a largo plazo en la salida de Morales. Esto se debe a que su dominio les niega el liderazgo y la influencia dentro de la izquierda boliviana. Al mismo tiempo, los supuestos vínculos de Morales con el narcotráfico manchan y ponen en peligro legalmente a sus organizaciones por asociación. Sin embargo, la cooptación probablemente requeriría que Paz ampliara su acercamiento a los grupos de la oposición para atender sus demandas económicas y políticas, e incluso para incorporarlos al Gobierno de Paz mediante cargos en el Consejo de Ministros. No obstante, tal estrategia podría resultar contraproducente, ya que requiere dinero y poder político de los que Paz quizá no disponga. Probablemente también aumentaría la reacción en contra de Paz entre sus aliados de la derecha, reduciría aún más la coherencia y la eficacia de su Gobierno, perjudicaría su ya desastroso equilibrio fiscal y desalentaría la inversión y la financiación extranjeras, que tanto se necesitan.

Opciones estratégicas y el papel de EEUU

Según algunos de los entrevistados, calificar jurídicamente a la dirección (no a los miembros) de la federación de cocaleros de Morales como organización narcoterrorista, capturar a Morales y extraditarlo a Estados Unidos podría allanar el camino para una colaboración más fructífera entre Paz y los grupos de la oposición en torno a sus reivindicaciones legítimas. Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo. Aunque el ejército boliviano cuenta con varias unidades capacitadas que podrían emplearse, entre ellas los Diablos Rojos, los Diablos Verdes y los Diablos Azules, probablemente sería necesario el apoyo de Estados Unidos en forma de una operación coordinada autorizada por Paz. Cualquier cooperación de este tipo haría imprescindible identificar y abordar los casos de corrupción u otros problemas en las unidades implicadas en la operación, así como en los niveles superiores.

Si Estados Unidos fuera a desempeñar un papel en la captura de Morales, formalizar los cargos penales contra él y otros líderes cocaleros por sus presuntas actividades de narcoterrorismo le proporcionaría más competencias y herramientas para hacerlo, así como una mayor cobertura política para que el Gobierno de Paz pueda actuar. Antes de emprender cualquier acción, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de designar a la dirección del sindicato cocalero como organización terrorista, tal y como hizo recientemente con el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, complementando así su designación previa de más de 18 entidades en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. De este modo, se reforzarían los fundamentos jurídicos y las opciones para cualquier apoyo estadounidense a las medidas contra Morales u otros líderes narcotraficantes en el marco de la pertenencia de Bolivia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles y al Escudo de las Américas.

Aunque algunos sugirieron que detener y extraditar a Morales y a otros líderes cocaleros acusados de narcoterrorismo podría resultar políticamente explosivo, la gran mayoría de los consultados para este análisis consideraba que, siempre que existiera una base jurídica sólida y unos cargos públicos claros, y que Morales no permaneciera en una cárcel boliviana, la situación en el país se calmaría. Sin embargo, tras una operación de este tipo, sería imprescindible que Paz entablara un diálogo significativo con la oposición indígena no cocalera y otros grupos que se sienten excluidos. Los entrevistados también señalaron que sería prudente que Estados Unidos complementara cualquier operación militar contra Morales con iniciativas que aportaran beneficios militares, económicos y sociales a Bolivia, en su calidad de socio comercial y de seguridad proestadounidense. Esto podría incluir inversiones facilitadas a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco de Exportación e Importación de EE. UU. en sectores como el litio, los materiales de tierras raras, el petróleo y las infraestructuras.

Como complemento al apoyo material, el papel constructivo de EE. UU. se vería reforzado por la presencia de un embajador en Bolivia confirmado por el Senado de EE. UU. Aunque Estados Unidos cuenta con un equipo diplomático altamente competente en el país, el simbolismo de un embajador confirmado con estrechos vínculos con el presidente Trump reforzaría, sin duda, la percepción de que la Casa Blanca está comprometida con el éxito y la supervivencia de un gobierno democrático y proestadounidense en Bolivia que tenga bajo control el narcoterrorismo y otras dinámicas delictivas.

Para Bolivia, Estados Unidos y la región, los riesgos de fracaso son considerables. La mayoría de los consultados para este estudio consideraban que Paz probablemente sobreviviría a la crisis actual, con o sin la ayuda de Estados Unidos, aunque podría quedar muy debilitado. La remisión de la crisis a finales de junio de 2026 pareció confirmar la veracidad de ese análisis. Sin embargo, los consultados se mostraron menos optimistas respecto a que Paz logre sobrevivir al año si no aborda el desafío fundamental que plantea Morales y las vulnerabilidades políticas en sus relaciones tanto con la derecha como con la izquierda, además de demostrar avances en cuestiones económicas clave y de otro tipo mediante un liderazgo decisivo y la comunicación adecuada.

El Gobierno proestadounidense de Paz forma parte de la iniciativa «Escudo de las Américas» del presidente Trump. Su caída y el regreso de Morales al poder supondrían, por tanto, un importante revés simbólico para la agenda del presidente Trump. El impacto de ese revés sería aún mayor, ya que Morales es un cocalero con vínculos bien establecidos con Cuba, Irán, China y Rusia. Su reinstauración supondría una derrota simbólica para los esfuerzos de la actual Administración estadounidense por contrarrestar la subversión regional de Cuba y su gobierno comunista, así como por reducir la influencia maligna de Irán, China, Rusia y otros países en la región.

La caída de Paz y el triunfo de Morales en Bolivia probablemente también tendrían repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Las redes criminales vinculadas a las exportaciones de cocaína boliviana ya se extienden por el oeste de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, entre otras cosas a través de vuelos de narcotraficantes y la presencia de representantes de la delincuencia de esos países. Un ejemplo evidente es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente, que vivía en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz. Una Bolivia que pase de ser un escenario conflictivo de actividades de narcotráfico a convertirse en un auténtico «narcoestado» y refugio de grupos criminales socavaría la gobernanza democrática, la prosperidad y la influencia de EEUU en la región, y abriría el país a una mayor influencia de China y otros actores malignos, como ya ha ocurrido en el pasado.

La buena noticia es que Bolivia cuenta con un presidente y unos dirigentes que conocen bien a Estados Unidos gracias a su experiencia profesional y diplomática previa, y que están dispuestos a colaborar con este país. El apoyo de Estados Unidos para ayudar al régimen de Paz a sobrevivir y prosperar proporcionaría un importante argumento que complementaría los aspectos positivos de lo que Estados Unidos ha logrado en Venezuela y de lo que ha comenzado a construir con su «Escudo de las Américas» y otras iniciativas. Para la Administración Trump, se trata de una oportunidad crucial para mostrar a otros países de la región y más allá la propuesta de valor que supone colaborar con Estados Unidos.

Una versión en inglés del artículo fue publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)

La situación económica y social de las mujeres en el departamento de La Paz, El Salvador, muestra desigualdades que afectan su bienestar y el de sus familias. Según datos del Observatorio Seguridad Humana de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), publicados en el boletín de abril a junio de 2026, persisten desafíos estructurales, como la brecha en el acceso al empleo y a servicios básicos.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, citado por ORMUSA, la población en edad de trabajar radicada en La Paz asciende a 174,374 personas. De este total, los hombres representan el 57.2% (99,778 personas) y las mujeres el 42.8% (74,596 personas).

La diferencia en la participación laboral es notoria: por cada 100 mujeres activas en el mercado laboral o en búsqueda de empleo, existen aproximadamente 134 hombres en la misma condición. Esta brecha evidencia una mayor inserción masculina y revela desigualdades estructurales que dificultan el acceso equitativo de las mujeres al empleo.

La tasa de participación específica por sexo refuerza esta desigualdad: solo 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en actividades económicas o buscan empleo, mientras que en el caso de los hombres la proporción asciende a 8 de cada 10. Esta diferencia se atribuye, en parte, a la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas, que recae de manera significativa sobre las mujeres, limitando sus oportunidades de autonomía económica y desarrollo profesional.

Condiciones laborales y precarización

El Censo de Población y Vivienda 2024 indica que, en La Paz, 54,288 mujeres se encuentran ocupadas, de las cuales 16,368 trabajan por cuenta propia. Esto muestra una importante participación femenina en actividades productivas y de generación de ingresos, aunque muchas lo hacen bajo condiciones precarias o informales. La carencia de ingresos y la escasez de empleos de calidad agravan la vulnerabilidad de las mujeres y de sus hogares, quienes deben enfrentar múltiples desafíos para cubrir necesidades básicas.

Las dificultades económicas se ven agravadas por brechas en el acceso a servicios esenciales. En La Paz, 32,800 hogares no cuentan con servicio de agua potable por cañería, 2,831 viviendas carecen de electricidad y 57,541 hogares no disponen de servicio público de recolección de basura. Estas carencias incrementan la carga de trabajo doméstico y de cuidado, que continúa recayendo principalmente sobre las mujeres.

La falta de servicios básicos no solo afecta la calidad de vida, sino que también perpetúa las desigualdades en el bienestar y desarrollo de las familias.

Factores asociados y consecuencias

Entre los factores que acentúan la desigualdad destacan la limitada disponibilidad de empleos, las restricciones en el acceso a formación y oportunidades laborales, y la persistente distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico. Estas condiciones dificultan la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, impactando directamente en su autonomía económica y en las condiciones de vida personal y familiar.

La organización advierte que estas brechas reflejan desigualdades estructurales de género que requieren respuestas integrales para garantizar condiciones de vida dignas y promover el desarrollo equitativo. La organización destaca la necesidad de fortalecer políticas públicas que amplíen el acceso a servicios esenciales, fomenten la generación de empleo digno para las mujeres y promuevan la corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

El estado de excepción, declarado por el presidente Rodrigo Paz, en Bolivia quedó plenamente vigente en la madrugada de este domingo tras una votación mayoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de casi 50 días de bloqueos que afectaron a amplios sectores del país.

La aprobación del Decreto Supremo 5636 fue el desenlace de una sesión marcada por tensiones y divisiones internas, en la que varios legisladores expresaron reparos sobre el procedimiento y el impacto de la medida.

A lo largo de la noche, la llegada de parlamentarios provenientes de distintos departamentos fue modificando el quórum inicial. El desarrollo de la sesión estuvo atravesado por cuestionamientos tanto al horario de la convocatoria (23:00 horas del sábado) como al modo de conducir el debate, reclamos especialmente dirigidos a Edmand Lara, vicepresidente y presidente de la Asamblea.

Según recogió El Deber, Lara defendió su accionar al afirmar: “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”. El vicepresidente de Bolivia se mostró en varias ocasiones en discrepancia con la conducción política de Paz y se definió meses atrás como un opositor “constructivo”.

Lara defendió su papel en la convocatoria: recordó que la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción lo obligaba a reunir a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial, y remarcó que, como presidente, no participaba en la votación.

La Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Supremo en las primeras horas del domingo, lo que confirmó la instauración del estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida, respaldada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, busca responder a la crisis generada por los bloqueos que provocaron desabastecimiento, restringieron la movilidad de la población durante casi dos meses y provocaron la muerte de personas por falta de suministros en hospitales.

El debate, que al inicio se centró en la legalidad del procedimiento, viró rápidamente hacia las consecuencias prácticas de los bloqueos. La correlación de fuerzas se definió pasada la una de la madrugada, cuando la bancada de Libre comunicó su apoyo unánime al decreto. Poco después, APB Súmate sumó su respaldo, consolidando una mayoría parlamentaria a favor del estado de excepción. El clima de la sesión cambió definitivamente cuando Lara abandonó la conducción del debate, en un gesto que marcó uno de los episodios más comentados del día.

A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión y, minutos después, se concretó la votación definitiva. La resolución ratificó la validez de las medidas dictadas por el Ejecutivo y extendió la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

La sesión culminó con un minuto de silencio en recuerdo de las más de 20 personas fallecidas durante las semanas de crisis. El gesto simbolizó el cierre de una jornada que comenzó bajo la sombra de disputas reglamentarias y terminó con la sanción de medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas y restablecer la normalidad en el país.

Luego de la declaración del estado de excepción en Bolivia a primera hora del sábado por parte del presidente Paz, policías y militares retiraron los bloqueos en carreteras del oeste y centro de Bolivia tras semanas de protestas que paralizaron la circulación y generaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno en varias ciudades.

El operativo permitió reabrir rutas clave como los tramos El Alto-Oruro y Cochabamba-Oruro, mediante el retiro de escombros y barricadas instaladas desde el 6 de mayo. El decreto prohíbe nuevos bloqueos y el uso de armas y explosivos, pero no contempla la suspensión de derechos constitucionales. La medida tendrá una vigencia de 90 días.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró este sábado el estado de excepción en todo el país tras más de seis semanas de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales y opositores al Gobierno que provocaron 16 muertes, de las cuales 13 fueron por falta de atención médica oportuna.

“Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos la decisión de declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional”, afirmó Paz en un discurso televisado.

La medida llegó luego de un extenso período de movilizaciones y tras el anuncio de acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB). Sin embargo, aún persisten focos de tensión y demandas insatisfechas, según los opositores, en distintas regiones.

En su mensaje televisado, Paz informó que ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”. El mandatario justificó que, al inicio de las protestas, priorizó el diálogo antes que la confrontación, con el objetivo de distinguir a los sectores con demandas “legítimas” de aquellos que, según sus palabras, intentaron “transformar una protesta social en una estrategia de ruptura democrática constitucional”.

Paz caracterizó la situación actual como “una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El presidente reiteró la acusación de que existen “estructuras políticas organizadas” operando desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, territorio identificado como bastión sindical y político de Evo Morales. El jefe de Estado lamentó que este “intento de desestabilización haya causado dolor, muerte y sufrimiento” y generado “pérdidas económicas incalculables”.

“He dispuesto la aplicación del Estado de Excepción para liberar las carreteras del país. Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, comunicó el mandatario a través de su perfil en X.

Paz aseguró que el objetivo de la medida no es “quitar la normalidad, sino devolverla”, argumentando que Bolivia necesita “recuperar sus caminos, garantizar el abastecimiento y volver a la normalidad”. Añadió además que “las puertas del Gobierno seguirán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe”.

La Presidencia boliviana aclaró que la medida no implica la suspensión de derechos, pero prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el “apoyo temporal” de las Fuerzas Armadas a la Policía para la protección de rutas estratégicas, infraestructura esencial y el abastecimiento en el país.(Con información de EFE)

Según el relevamiento oficial, el viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

El acuerdo entre el presidente de Bolivia, y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, fue suscrito el viernes por la noche en la casa de Gobierno de La Paz tras una reunión privada con líderes sindicales y cinco ministros.

“A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al concluir el encuentro, en declaraciones recogidas por medios presentes.

El documento prevé plazos de 90 días para la implementación de los compromisos oficiales y la creación de mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos acordados se destaca la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, uno de los reclamos centrales de la COB para iniciar el diálogo.

Pese al avance logrado con el sector sindical, la situación en La Paz y otras regiones se mantiene tensa. La Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari y agrupaciones afines a Evo Morales anunciaron que continuarán con los bloqueos iniciados el 6 de mayo y rechazaron la posibilidad de acercamiento con el Gobierno. Estos sectores persisten en la exigencia de renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

La dirigencia de la federación Túpac Katari expresó su sorpresa y rechazo ante la firma del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional, calificando el hecho como "una traición" al pacto suscrito en mayo, al inicio de los bloqueos de caminos.

“Hace dos días por lo menos había reuniones con el compañero Argollo, porque se había firmado una alianza de no traicionarse, siempre estar en la lucha juntos. Pero desde que ha habido esa reunión donde ha acudido la Central Obrera Boliviana, ya más no hemos participado y se presenta esta traición”, declaró Severo Marca, representante de la Túpac Katari ante la Csutcb.

Durante la firma del acuerdo, Paz remarcó la necesidad de promover una “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció que su administración enfrenta desafíos y admitió que existen aspectos que “mejorar”.

(Con información de EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este viernes un acuerdo para “pacificar” el país tras siete semanas de conflicto social, aunque los sindicatos campesinos y los sectores vinculados al expresidente Evo Morales mantienen bloqueos de rutas y exigen la renuncia del mandatario. Según lo informado tras la reunión, el pacto establece el levantamiento inmediato de medidas de presión a cambio de compromisos concretos por parte del Ejecutivo.

El documento fue suscrito en la casa de Gobierno de La Paz por el mandatario nacional y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, luego de un encuentro privado entre líderes sindicales y cinco ministros. “A partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del Gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito”, declaró Argollo al salir de la reunión, en una cita recogida por los medios presentes.

El acuerdo contempla plazos definidos de 90 días para el cumplimiento de los compromisos oficiales. Para ello, se conformaron mesas de trabajo que comenzarán a operar desde el próximo miércoles. Entre los puntos pactados figura la gestión para la liberación de manifestantes detenidos durante las protestas, una de las principales demandas de la COB para sentarse a dialogar.

La situación sigue tensionada en La Paz y otras regiones, donde la Federación Departamental de Campesinos y agrupaciones afines a Morales aseguran que mantendrán los bloqueos iniciados el 6 de mayo y descartan cualquier acercamiento con el Gobierno. Estos sectores insisten en la renuncia de Paz y rechazan la vía del diálogo.

Durante el acto de firma, Paz mencionó la necesidad de “reconciliación” y de impulsar “un proyecto conjunto que sea popular, que tenga un sentido de progreso amplio y que tenga a la patria por encima de todo”. El mandatario reconoció ante los presentes que su administración enfrenta desafíos y tiene aspectos que “mejorar”.

Cabe mencionar que las protestas, liderada por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz desde principios de mayo, provocó al menos 16 muertes, de las cuales 13 fallecieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas se estiman en 3.000 millones de dólares, y se han reportado problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades.

“Les digo de manera muy fraterna a todos ustedes (los sindicatos campesinos), acudamos al diálogo, no permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”, expresó Argollo al responder a las críticas de líderes campesinos, quienes lo acusaron de traición por sentarse a negociar con el Gobierno. El dirigente justificó el acuerdo al afirmar que buscó evitar un “derramamiento de sangre” y la eventual declaración de un estado de excepción, reclamada por sectores afectados por los cortes de rutas.

Por el momento, el acercamiento entre el Ejecutivo y la COB no ha logrado poner fin total a los bloqueos, que persisten por parte de los campesinos y los sectores que respaldan a Evo Morales.

Los cortes de ruta en Bolivia superaron el centenar durante el pico del conflicto y actualmente se redujeron a la mitad, aunque desde el Gobierno existe la expectativa de que la cantidad siga descendiendo en las próximas horas. No obstante, las organizaciones indígenas y campesinas del sindicato Túpac Katari en los Andes bolivianos, así como los cocaleros del Chapare, bastión de Evo Morales, mantienen la presión y continúan con las medidas de protesta.

El sindicato Túpac Katari y las organizaciones cocaleras del Chapare consideran que el diálogo con el Ejecutivo no representa sus intereses y anunciaron que seguirán bloqueando las rutas estratégicas hasta obtener respuestas a sus demandas. El Gobierno, por su parte, reiteró que mantiene abierto el canal de diálogo con las organizaciones que aún no se sumaron al acuerdo y confía en que la cantidad de bloqueos se reduzca completamente en las próximas jornadas.

El dirigente minero Mario Argollo mantiene una influencia destacada en Oruro, donde este viernes se registraron 11 puntos de bloqueo. Conforme a la instrucción emitida por Argollo, se espera el levantamiento de todas las medidas de presión en ese departamento. El propio titular de la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su expectativa de que el número de bloqueos disminuya en las próximas horas.

Entre los lugares afectados por las protestas en Oruro figuran el Cruce Caihuasi, Tukiña, Confital, Cruce Patacamaya, Curahuara de Carangas, puente Desaguadero, puente río Colorado, Cosapa, Bombeo, cruce Machacamarquita y Colquiri.

Según el relevamiento oficial, este viernes el país contabilizaba 46 bloqueos distribuidos en cinco departamentos, una cifra considerablemente menor respecto a los 102 puntos activos a principios de mayo, lo que representa una reducción drástica de las interrupciones lideradas principalmente por sectores campesinos.

(Con información de EFE)

En una plaza del altiplano de Bolivia, una piedra impacta en un estrado: cientos de campesinos aimaras de poncho rojo pierden la paciencia y exigen a sus líderes endurecer las protestas que buscan la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

“¡Que renuncie, carajo!“, clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz.

“Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (...). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz”, dice a la AFP Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura.

Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.

En la provincia de Ingavi, donde se ubica el poblado, se registran algunas de las tomas de vías más críticas, que impiden el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades del país de 11 millones de habitantes.

“Vamos a radicalizar los puntos de bloqueo. ¡No entra ni sale un producto! Nosotros hacemos comer a la ciudad", dice un dirigente en el escenario, ahora celebrado por los agricultores.

Aunque los campesinos organizan la mayoría de los cortes de ruta, obreros, mineros, transportistas y maestros también se han sumado a protestas callejeras para rechazar el giro neoliberal de Rodrigo Paz, que en noviembre puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

También reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

- “Siempre hemos luchado” -

El cabildo, como llaman a la reunión al aire libre, es resguardado por decenas de indígenas con las mejillas abultadas por las hojas de coca que mascan. Cargan sus látigos en bandolera y sus sombreros llevan papeles que dicen “Policía sindical”.

Este cabildo es solo uno de los 20 que se tienen que hacer por cada provincia de La Paz, antes de que el sindicato departamental tome una decisión final sobre el rumbo de la protesta.

Pero la tendencia por ahora es firme: piden intensificar los bloqueos y no aceptar los llamados al diálogo de Rodrigo Paz.

“El gobierno está buscando cansarnos. Ha habido una respuesta (a las demandas de los campesinos), pero son puras promesas en las que la gente no cree”, dice a la AFP Vicente Salazar, el máximo directivo de todos los campesinos indígenas de La Paz.

“El pueblo se ha levantado y ha pedido, en ultimátum, la renuncia del presidente”, agrega.

Aunque en las últimas dos semanas los puntos de bloqueo cayeron de un centenar a unos 50 en todo el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, la escasez persiste en las ciudades.

En La Paz, sede del gobierno, y en El Alto, muchos alimentos duplicaron sus precios, el oxígeno escasea en los hospitales y los conductores duermen en sus vehículos a la espera de cargar combustible.

En las pistas de Ingavi, hasta la frontera con Perú, los campesinos permanecen desde hace semanas en campamentos.

La gestión de Paz denuncia que quienes piden su renuncia son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, cargo que él rechaza.

“Como indígenas, mujeres de pollera, somos perseguidos por el gobierno (...). Nos dijeron vándalos, terroristas”, reclama Marlen Quiroga, abogada y dirigente campesina de 43 años que viste una pollera verde, la falda tradicional andina.

“No somos evistas (partidarios de Evo Morales, ndlr), somos indígenas. Desde nuestros ancestros, siempre hemos luchado”, dice Quiroga.

AFP

La Central Obrera Boliviana (COB) entregó al Gobierno de Bolivia una agenda de ocho puntos que exige la no judicialización de la protesta y busca “pacificar” el país tras un mes y medio de movilizaciones y bloqueos de rutas en distintos departamentos, afectando principalmente a la capital La Paz.

El planteo, dirigido al presidente Rodrigo Paz, solicita que sus demandas sean respondidas “de manera inmediata”. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó junto a otros dirigentes que “se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”.

El documento remitido a Paz incluye demandas vinculadas a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, y reclama que se respete el “derecho a la movilización” sin sanciones para los impulsores de las protestas.

La agenda presentada por la COB también pide el cumplimiento de compromisos electorales, la protección de la soberanía económica, defensa de empresas públicas para evitar privatizaciones, transparencia en casos de presunta corrupción y narcotráfico, y el mantenimiento de los precios de los combustibles. Además, exige que toda medida macroeconómica sea consultada de forma “obligatoria”, así como la protección “del bolsillo popular”, soluciones a las demandas salariales de los sindicatos y la defensa de las áreas protegidas y del “principio pacifista” del país.

Argollo advirtió que “si el Gobierno no atiende esta agenda, van a masificar las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz”.

A estas protestas se sumaron sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. El líder sindical afirmó que la COB no mantiene vínculos con Morales, quien convocó a sus seguidores a mantener los bloqueos hasta que el presidente dimita y descartó la posibilidad de diálogo.

Tras los puntos presentados por la COB, el Gobierno de Bolivia invitó a la central sindical a una mesa de diálogo este miércoles, para abordar las demandas presentadas por el sindicato con el objetivo de “pacificar” el país, luego de seis semanas de protestas. El encuentro se realizará a las 9:00 hora local (13:00 GMT) en la casa de Gobierno de La Paz.

El anuncio estuvo a cargo del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien declaró ante la prensa: “Es en el diálogo, es en la mesa, donde se construyen las soluciones y es ahí donde podremos debatir y construir mutuamente las soluciones que el pueblo boliviano espera”. Según el funcionario, la invitación busca iniciar una etapa de “concertación” y “construcción de soluciones” ante la crisis social.

Paz recordó anteriormente que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que promulgó la semana pasada lo habilitan a intervenir frente a los conflictos. “El diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, declaró el mandatario, al referirse a la reducción de cortes de ruta en los últimos días. El jefe de Estado reiteró su disposición al diálogo con sectores que planteen “reivindicaciones justas” y aseguró que aplicará la ley contra quienes adopten “una actitud política”.

La aplicación del estado de excepción requiere la emisión de un decreto presidencial y su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los bloqueos, iniciados el 6 de mayo, provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de acceso oportuno a atención médica debido a los bloqueos, y generó pérdidas económicas estimadas en USD 2.760 millones.

(Con información de EFE)

Estados Unidos anunció que proporcionará a Bolivia capacitación y equipamiento para combatir el narcotráfico, en el marco de un acuerdo bilateral que restableció la cooperación tras casi veinte años de interrupción. La embajada estadounidense confirmó el martes una ayuda de USD 20 millones, destinada a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas mediante una operación liderada por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado norteamericano.

La cooperación se reanudó después de que en 2008, el entonces presidente boliviano Evo Morales rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó a la Agencia Antidrogas (DEA) del país. El actual mandatario, Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), busca reconstruir los lazos con Washington.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el gobierno boliviano para proporcionar capacitación, equipo y otras formas de apoyo” con el objetivo de investigar y desmantelar redes de narcotráfico, detalló la embajada en un comunicado. El apoyo también se dirigirá a la persecución de delitos financieros y al fortalecimiento de la transparencia policial y judicial, según el mismo texto.

La DEA no restableció formalmente sus oficinas en Bolivia, aunque La Paz reconoció que personal de la agencia colabora en la nueva operación. Tanto La Paz como Washington manifestaron su intención de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aunque ninguno de los dos países restituyó a su embajador.

Datos de las Naciones Unidas indican que el país andino ocupa el tercer puesto mundial en producción de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El país sudamericano integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado internacional. Otros miembros de la coalición expresaron su respaldo a Paz ante las protestas antigubernamentales que afectan a Bolivia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Bolivia comunicó la concreción del acuerdo de cooperación con Estados Unidos: “Bolivia y Estados Unidos han suscrito una Carta de Acuerdo que permitirá canalizar hasta 20 millones de dólares en cooperación técnica, capacitación y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

El acuerdo se dio a conocer días después de que la coalición Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump, expresó su apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. La coalición señaló la preocupación por la posible presencia de “dinero sucio proveniente del narcotráfico y el crimen transnacional” en la financiación de las protestas y bloqueos de carreteras contra el gobierno boliviano.

En medio de la frágil situación que se vive en La Paz y El Alto por los bloqueos a carreteras y rutas estratégicas del país realizados por sindicalistas y miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló que Washington intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos, según sostuvo su cartera.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

La decisión de fortalecer la cooperación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump aumentará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico orientado a asistir a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio transmitió a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y reiteró el apoyo de Estados Unidos a las instituciones bolivianas.

(Con información de AFP)

Una caravana humanitaria salió este lunes desde La Paz, Bolivia, con destino a la carretera internacional que conecta con Chile, para entregar alimentos, medicamentos y otros insumos a cientos de transportistas retenidos desde hace más de un mes en los puntos de bloqueo. La iniciativa es impulsada por la Defensoría del Pueblo, junto con la Cruz Roja y Cáritas Bolivia.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a quienes mantienen las medidas de presión que permitan el paso de la misión humanitaria. “A los movilizados (les pedimos) ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas que se encuentran en este momento varados en carretera”, afirmó citado por medios locales.

Callisaya indicó que se hicieron los “contactos necesarios” para concretar el paso de la caravana y dijo que espera que “no haya ningún contratiempo”. Según la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, solo entre La Paz y Curahuara de Carangas, una localidad distante a 268 kilómetros de la sede de Gobierno y cerca de la frontera con Chile, hay entre 800 y 1.000 camioneros afectados por los cortes de ruta.

La Cruz Roja informó que la caravana transporta alimentos y otros insumos para asistir inicialmente a unos 600 camioneros. Por su parte, Elizabeth Zabala, representante de Cáritas Bolivia, advirtió que muchos conductores “están pasando hambre, frío y tienen necesidades de salud”, además de que existen personas enfermas entre los afectados.

Según los medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió en los bloqueos luego de permanecer más de un mes varado en una carretera de La Paz y los choferes han denunciado dos casos adicionales.

Bolivia atraviesa desde hace casi seis semanas un bloqueo de caminos que ha paralizado el tránsito terrestre en gran parte del territorio. La medida, impulsada por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados, busca la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de campaña y gobernar en contra de sus intereses.

Los cortes de carretera, concentrados principalmente en la región del altiplano y en el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos y combustible, además de escasez de medicamentos y otros insumos básicos, con mayor intensidad en la ciudad de La Paz, cuyas vías de acceso están cortadas.

Mientras crecen los reclamos para que el Gobierno intervenga en los piquetes con la fuerza del Estado para restablecer el orden y el libre tránsito, la administración de Paz ha llamado a los sectores, cuyas demandas consideran “legítimas”, a una mesa de diálogo. Sin embargo, a más de 40 días de piquetes no hay acercamientos públicos ni un acuerdo que suponga la suspensión de las protestas.

La semana pasada, dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari —una de las impulsoras de los bloqueos— admitieron que estaban cansados y que algunos dirigentes habían planteado descartar el pedido de renuncia y dialogar con el Gobierno. En ese sentido, pidieron al Ejecutivo una agenda de trabajo sobre la cual se realicen las negociaciones.

En paralelo, la Central Obrera Boliviana aplazó sin fecha definida un encuentro nacional en el que se discutirá sobre la continuidad de las protestas. Según los medios locales, al menos cinco centrales regionales han pedido suspender los bloqueos.

Luego de estos anuncios, los piquetes se redujeron significativamente en comparación con la semana anterior —pasaron de más de 80 a 50 este martes—, pero mantienen interrumpido el tránsito en el eje central del país, lo que supone pérdidas millonarias para sectores estratégicos y una agudización del desabastecimiento.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

Los bloqueos de carreteras continúan pasando factura al sector exportador privado boliviano. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), las pérdidas acumuladas llegaron a 978 millones de dólares hasta el 11 de junio.

El reporte muestra que el impacto económico se agravó durante junio, cuando las pérdidas crecieron un 36% respecto al registro anterior. Sin embargo, más allá de la variación porcentual, el dato que preocupa al sector es que el daño económico está cerca de alcanzar los 1.000 millones de dólares en apenas los primeros meses del año.

El departamento productivo de Santa Cruz, al este del país, concentra la mayor afectación, con pérdidas estimadas en 385,7 millones de dólares, equivalentes a cerca del 40% del total nacional. También se registran perjuicios por encima de los 20 millones de dólares en los departamentos de Oruro, con 89,8 millones de dólares y Cochabamba, con 28,6 millones de dólares.

“Las cifras hablan por sí solas. Los bloqueos están generando pérdidas económicas en todas las ciudades del país, afectando la actividad productiva, el abastecimiento y el empleo”, señaló la Caneb en la publicación en la que detalla los montos perdidos.

La magnitud de las pérdidas muestra una escalada sostenida. A finales de mayo, el mismo sector había reportado daños por alrededor de 718 millones de dólares, por lo que en poco más de dos semanas el perjuicio económico aumentó en aproximadamente 260 millones.

Varios sectores económicos han advertido que los bloqueos afectan de forma directa la logística de transporte, interrumpen la producción y provocan el cumplimiento de contratos internacionales.

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, explicó a Infobae que las pérdidas totales son incalculables porque hay afectaciones de tres tipos. “La primera, mensurable, destacando el caso de la caída de las ventas externas (…) la segunda afectación tiene que ver con el deterioro de la imagen del país en el exterior, que no tiene precio; y lo tercero son los castigos que deben asumir los agentes económicos por incumplimientos en las entregas, pagos de fletes falsos y sobreestadías, demurrage con las navieras, pérdidas de contratos, clientes y mercados”, señaló.

Este lunes se cumplen 40 días consecutivos de bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos campesinos del altiplano, obreros sindicalizados y cocaleros del Chapare afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Las movilizaciones han cortado el tránsito en prácticamente todo el país y han afectado con mayor severidad a La Paz, la sede de Gobierno situada a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, que por el cierre de las vías de acceso padece escasez de alimentos y de combustible, además del encarecimiento de productos básicos.

Si bien el eje central permanece intransitable con 52 piquetes en todo el país este lunes, el número es significativamente menor al de las semanas anteriores cuando los bloqueos superaban los 80 puntos simultáneos. El presidente Paz ha manifestado que esta reducción se debe a procesos de diálogo que no se han hecho públicos, mientras que algunas organizaciones sociales lo atribuyen al cansancio de sus afiliados.

Para Rodríguez, gerente del IBCE, las secuelas de los bloqueos serán de largo plazo y provocarán una contracción de la economía mayor a la que han previsto organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estiman una contracción del 3% para este año. “Habrá que sumar por lo menos dos puntos de caída a raíz de los bloqueos”, estimó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas y tentativa de homicidio contra una víctima más, hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía mexiquense, el ahora detenido habría participado junto con otros tres individuos en un ataque armado perpetrado en contra de varias personas que se encontraban reunidas en la zona. Presuntamente, los agresores accionaron armas de fuego contra las víctimas, provocando la muerte de tres hombres y lesiones a una cuarta persona.

Buscan control territorial

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que esta agresión estaría relacionada con una disputa por el control territorial entre grupos antagónicos dedicados a la comercialización y distribución de narcóticos en la región.

Como parte de la mecánica de los hechos, las autoridades establecieron que, antes de abandonar el lugar, los probables responsables dejaron una cartulina con un mensaje intimidatorio en el que hacían referencia al “Lic. Vallarta” y a una estructura criminal presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras el análisis de pruebas y trabajos de inteligencia, agentes del Ministerio Público lograron identificar a los probables responsables y solicitaron ante un juez la correspondiente orden de aprehensión.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía estatal cumplimentaron la orden y trasladaron a Fernando “N” al Centro Preventivo y de Readaptación Social correspondiente, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial, instancia que determinará su situación jurídica en los próximos días.

La FGJEM precisó que, en caso de ser encontrado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio, así como una sentencia adicional de hasta 46 años por tentativa de homicidio.

Detención de otros presuntos integrantes

No obstante, las autoridades recordaron que, conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

La Fiscalía estatal también reveló que, derivado de diversas acciones de investigación, hasta el momento han sido detenidos ocho presuntos integrantes de la estructura criminal autodenominada “Los Vallarta”, quienes son investigados por distintos delitos de alto impacto.

Entre los detenidos figura Fernando “N”, alias “El Lic. Vallarta”, identificado por las autoridades como probable líder de esta organización delictiva. Los implicados se encuentran actualmente en diferentes etapas procesales.

De acuerdo con las líneas de investigación, esta agrupación criminal estaría vinculada con actividades ilícitas como homicidios, venta y distribución de narcóticos, principalmente en los municipios de Ecatepec y La Paz.

Las autoridades mexiquenses mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer otros posibles hechos delictivos relacionados con esta organización y determinar la participación de más personas en la estructura criminal.

El Ministerio de Sanidad de Bolivia logró transportar seis toneladas de oxígeno medicinal líquido mediante un puente aéreo durante la madrugada del viernes para abastecer hospitales de La Paz y El Alto, ciudades sitiadas por bloqueos de carreteras que ya acumulan 38 días y se extienden por seis de las nueve regiones del país.

La ministra de Sanidad, Marcela Flores Zambrana, señaló en un comunicado que el volumen trasladado “permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días”. La funcionaria describió el oxígeno medicinal líquido como “un insumo estratégico e irremplazable” para unidades de terapia intensiva, emergencias, quirófanos, neonatología y medicina interna.

Las protestas, promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales, han dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica. Las pérdidas económicas se estiman en USD 2.500 millones.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contabilizó este viernes 92 puntos de bloqueo activos, concentrados principalmente en el departamento de Cochabamba con 30 cortes, seguido de La Paz con 22, Oruro con 16 y Potosí con 14. Los cierres en el oeste del país afectan las rutas que conectan con las fronteras de Chile y Perú.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas lograron ingresar a El Alto y La Paz con gasolina y diésel por rutas alternas. En el centro de La Paz se registró este viernes una mayor presencia de transporte público respecto a jornadas anteriores, aunque las filas en estaciones de combustible se mantenían, según constató EFE.

Las movilizaciones comenzaron con demandas sectoriales de mejoras en las condiciones de vida, en el contexto de una prolongada crisis social y económica, pero con el paso de los días derivaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, informó que campesinos de 12 de las 20 provincias andinas habían suspendido su participación en las protestas debido al impacto económico sufrido por sus propias comunidades.

Revilla expresó confianza en que las movilizaciones cederán incluso sin que se concrete un diálogo formal entre los manifestantes y el Gobierno. El Ministerio de Sanidad indicó que continuará supervisando la situación para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos críticos y asegurar “el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Tras más de un mes de tensión y bloqueos que afectan a distintas regiones del país, organizaciones de obreros y campesinos de La Paz admitieron el agotamiento de la población y exhortaron al Gobierno a instalar una agenda de negociación que permita encaminar soluciones a la crisis política y social que enfrenta el país.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari —dos de las organizaciones que impulsan las protestas—pasaron de exigir la renuncia del presidente a pedir una agenda de trabajo que será puesta a consideración de sus afiliados.

El dirigente campesino David Mamani informó que, tras recibir el documento, las bases decidirán si aceptan participar en una mesa de negociación o continuar con las medidas de presión.

“Las organizaciones sociales sentimos ese debilitamiento y cansancio, puede que haya un dirigente que diga: ‘vamos al diálogo’”, afirmó Mamani en entrevista con el medio digital Urgente.Bo. Sin embargo, el dirigente condicionó el acercamiento con el Gobierno a una agenda nacional de trabajo “para no cometer más errores de carácter institucional, jurídico y político”.

En esa línea, el secretario de la COB, Claudio Choque, afirmó que “hasta los países en guerra han llegado a un diálogo y pacificación” y remarcó que el diálogo tiene que ser “sincero, con condiciones claras y propuestas claras”.

En una entrevista con la radio Erbol, Choque señaló que para avanzar en una negociación el Gobierno debe considerar las resoluciones de los cabildos realizados por los sectores sociales y cesar “la persecución” y los procesos contra manifestantes que fueron detenidos.

Las declaraciones de ambos dirigentes se dan cuando el país cumple 36 días consecutivos de bloqueos de carreteras para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de gobernar en contra de sus intereses y de haber hecho lo contrario a lo que prometió en la campaña electoral.

Las protestas iniciaron en la región andina del país y se extendieron a seis de nueve departamentos, pero afectaron particularmente a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, cuyas vías de acceso fueron tomadas por los manifestantes.

La población enfrenta más de un mes de desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de los productos básicos e interrupciones en el servicio de transporte público por falta de combustible. La ciudad también fue escenario de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la Policía, donde se reportaron daños a instituciones públicas, agresiones a civiles y personas heridas.

Esta situación, insostenible para la población afectada, se suma a las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte y la industria. Si bien no hay una cifra consolidada, diversas fuentes estiman el costo económico de la protesta entre 1.600 y 2.000 millones de dólares.

El gobernador de La Paz y aliado del Ejecutivo, Luis Revila, aseguró que este finde semana los bloqueos terminarán hasta este fin de semana “con o sin diálogo” por la necesidad que tiene la población de regresar a la normalidad. “Si el diálogo no se instala en el curso del día de hoy, yo les aseguro que a partir de mañana o el fin de semana esta situación se va a normalizar por fuerza de las circunstancias y la necesidad que tiene la gente de retomar sus actividades”, afirmó, citado por medios locales.

Hasta la publicación de esta nota, nadie en el gobierno hizo referencia de manera pública a la solicitud de una agenda de trabajo por parte de las organizaciones sociales. Sin embargo, en lo que va del conflicto, la administración de Paz ha manifestado su intención de dialogar con quienes tienen demandas que consideran “legítimas” y han descartado acercamientos con quienes piden su renuncia acusándolos de “narcoterristas”.

En paralelo, ha promovido la aprobación de una ley de regulación de estados de excepción para contar con el marco legal que le permita ordenar al Ejército su intervención en los conflictos.

A más de un mes de bloqueos de caminos también surgieron movilizaciones ciudadanas para exigir la aplicación del estado de excepción y permitir la liberación de las vías y el restablecimiento del orden público.

Con la flexibilización de la posición en las organizaciones sociales, crecen las expectativas de que el conflicto se encamine hacia una solución concertada. Las próximas horas son decisivas.

La embajada de Estados Unidos en Bolivia advirtió con rechazar o revocar visas a quienes participen en manifestaciones violentas en el marco de los conflictos sociales que atraviesa el país con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

“Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos”, informó la legación diplomática en una publicación compartida en su cuenta oficial de X bajo el rótulo: “No arriesgues tu visa”

El mensaje incluye imágenes de protestas que se habrían registrado durante las últimas semanas en el país, en las que se observa a grupos de personas portando objetos contundentes y armas.

La publicación se da cuando Bolivia lleva más de 40 días consecutivos de protestas sociales con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario. La medida de presión la impulsa un grupo heterogéneo de organizaciones campesinas, cocaleras y de trabajadores obreros que acusan al presidente por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

Los bloqueos tienen como epicentro los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba, y han provocado el desabastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, además del encarecimiento de productos básicos por los cortes en las vías de acceso a la ciudad e interrupciones en servicios como el transporte público y el recojo de basura.

En lo que va del conflicto se han reportado al menos diez fallecimientos en el contexto de los conflictos sociales, de los cuales siete serían por falta de atención médica oportuna debido a los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos policiales.

En este tiempo, el Departamento de Estado de EEUU manifestó reiteradamente su apoyo al presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses y rápidamente impulsó el acercamiento entre los dos países que no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 2008.

Paz participó en el encuentro del Escudo de las Américas —la alianza regional encabezada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado—, anunció el retorno de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y suspendió acuerdos de cooperación con Irán, lo que marcó un giro radical en la política exterior de su país.

El último pronunciamiento estadounidense en favor de su nuevo aliado lo emitió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien manifestó su rechazo a las movilizaciones que buscan acortar el mandato de Paz. A través de la red social X, Hegseth manifestó: “El Departamento de Defensa y la Coalición Americana contra los Cárteles rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia”.

Hegseth también señaló la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región”, aseguró que Estados Unidos “está atento” a la situación social y que Washington seguirá apoyando a sus socios con el objetivo de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” que buscan “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

Este miércoles, la embajada norteamericana también informó el inicio de funciones de Erik Martini como jefe de misión en La Paz, en reemplazo de Debra Hevia, que desempeñó el cargo durante tres años.

Martini llega al país con una trayectoria de varios años en la región. Antes fue cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Ecuador y director para Asuntos Venezolanos en la Oficina del Hemisferio Occidental para Asuntos Andinos.

En esta jornada, una marcha masiva en La Paz reactivó las protestas que continúan desde hace más de un mes en Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Sindicatos obreros y campesinos, junto a organizaciones indígenas quechuas de Potosí y grupos de Cochabamba, integraron la movilización, que sumó el apoyo de sectores afines al expresidente Evo Morales.

En ese contexto, la policía detuvo durante algunas horas a Vicente Salazar, principal dirigente de la Federación Departamental de los Campesinos “Túpac Katari”, que protagonizó estas manifestaciones durante estos 40 días. La captura se produjo cuando una multitud de campesinos y otros sectores marchaba hacia el centro de la ciudad, según registraron medios locales.

“El pueblo ya ha decidido, hermanos. Ese es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión”, había dicho el líder antes de su arresto.

Los organizadores sostuvieron que el Ejecutivo ignoró demandas salariales, no garantizó la calidad de la gasolina y denunció la detención de dirigentes como uno de los principales motivos de la protesta. La convocatoria volvió a instalar el conflicto en el centro político del país tras semanas de bloqueos y escasez.

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad reforzaron los accesos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno. Policías antimotines dispersaron a los huelguistas con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a la plaza de armas. El gobierno desplegó un operativo para impedir el ingreso de los manifestantes a zonas estratégicas.

En este escenario, el expresidente Evo Morales confirmó la detención de Vicente Salazar y expresó su respaldo público al líder sindical, asegurando ante sus seguidores que cuenta con el apoyo de miles de personas. Además, respondió a declaraciones recientes del alcalde de La Paz y lanzó una advertencia pública.

“El hermano alcalde hace un momento decía ‘Evo tiene los días contados’,vamos a ver quién tiene los días contados", declaró.

Las protestas cumplieron 40 días desde su inicio y los cortes de ruta afectaron especialmente a La Paz y El Alto, donde se registraron escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos de primera necesidad. La Defensoría del Pueblo reportó al menos 10 fallecidos desde inicios de mayo hasta el 2 de junio.

Los bloqueos alcanzaron seis de las nueve regiones del país. Aunque el número de puntos bloqueados bajó de 95 a 85, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC), el impacto económico se sintió de forma generalizada. Las pérdidas por los bloqueos y protestas superaron USD 2.000 millones, según estimaciones de sectores productivos.

Los principales sindicatos rechazaron los llamados al diálogo y exigieron el cese de las detenciones de sus dirigentes. También denunciaron que el Ejecutivo buscó negociar con representantes no reconocidos por las bases movilizadas.

La situación política se tensó cuando el presidente Rodrigo Paz, con siete meses en el cargo, denunció que las protestas estuvieron impulsadas por “narcoterroristas”. El mandatario promulgó una ley que le permitió declarar estado de excepción, una medida que restringiría las libertades de reunión y movimiento y autorizaría la intervención de las fuerzas armadas para disolver los bloqueos de carreteras.

La posibilidad de aplicar esa medida provocó un rechazo inmediato de los sindicatos, que advirtieron sobre el riesgo de una mayor confrontación social. En paralelo, el presidente firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Elieser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura.

Las protestas reflejaron el descontento de sectores de la sociedad boliviana tras el fin de dos décadas de gobiernos socialistas encabezados por Evo Morales y Luis Arce. Muchos manifestantes denunciaron que la gestión de Paz no logró revertir la crisis económica más severa de los últimos 40 años.

En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de carnes y vegetales se duplicaron, mientras combustibles y medicinas escasearon. Además, en la jornada de tensión de ayer, conductores pasaron noches en fila en estaciones de servicio a la espera de un suministro de gasolina limitado.

(Con información de AFP y EFE)

Dos cabildos simultáneos celebrados en las ciudades de La Paz y Sucre coincidieron en exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz dictar estado de excepción en Bolivia para enfrentar la crisis generada por los bloqueos que tienen paralizado el país desde hace más de un mes.

En La Paz, una concentración reunió a ciudadanos que se declaran afectados por las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas. Los participantes aprobaron una serie de resoluciones entre las que destacan, además de la solicitud del uso de la fuerza para levantar los piquetes, el pedido de renuncia de los dirigentes sociales que impulsan las protestas y la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019), que enfrenta una orden de captura por una investigación de trata de personas agravada y a quien el Gobierno responsabiliza por las protestas.

En paralelo, en la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia, otro cabildo impulsado por organizaciones cívicas aprobó resoluciones similares. Los asistentes exigieron el desbloqueo inmediato de las carreteras, la restitución de la libre circulación y la adopción de todas las medidas legales disponibles para restablecer el tránsito.

Cuando se cumplen 35 días de bloqueos, la población está cansada por el costo social que implican: desabastecimiento de alimentos, encarecimiento de productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible. En La Paz, lugar donde confluyen las protestas y ha sido escenario de enfrentamientos violentos, la afectación es aún mayor: interrupciones en el servicio de transporte público, de recojo de la basura y de algunos servicios médicos por la falta de oxígeno medicinal debido al cerco.

A este escenario se suman las pérdidas económicas de sectores estratégicos como el transporte, la industria o el turismo. Aunque las cifras varían según las fuentes, la estimación de la pérdida económica ronda los 2.000 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que regula los estados de excepción y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército. Con esta norma, el Ejecutivo solo debe emitir un decreto y esperar la aprobación de la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.

Aunque muchos temen que la medida suponga un baño de sangre o que sea insostenible debido a las limitaciones de las fuerzas del Estado, los pedidos para implementar un estado de excepción son crecientes.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional una solución definitiva, son 39 días que estamos en bloqueos en el país; por lo tanto, el departamento le está exigiendo dar soluciones de manera definitiva”, indicó el presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Cliver Pérez, en el cabildo de Sucre. Agregó que “si esto se puede lograr a través del diálogo, que así se realice”, pero “que si es necesario un Estado de excepción, la población le da su respaldo”.

La respuesta del Gobierno ha sido ambigua al respecto. El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, ha manifestado que la medida “será tratada cuando corresponda” y ha seguido la línea del presidente, que aboga por un diálogo que hasta ahora no se materializa.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

La tensión sube en Bolivia tras el anuncio de una masiva marcha hacia el centro de La Paz este miércoles. A la convocatoria realizada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari se sumaron campesinos de Potosí, Cochabamba y Oruro que llegaron en la víspera a la ciudad de El Alto, ubicada a seis kilómetros del centro paceño, para participar en la movilización.

Los medios locales reportan que las federaciones de juntas vecinales de El Alto y La Paz, representantes de las 20 provincias del departamento, además de integrantes del transporte y otras organizaciones sociales, también confirmaron su participación.

La marcha se produce cuando el país lleva más de 40 días de manifestaciones con el objetivo de provocar la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace siete meses y a quien acusan de incurrir en contradicciones con sus propuestas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

A pocas horas del inicio de la marcha, la Policía reforzó la seguridad de la Plaza Murillo, sede del poder Ejecutivo y Legislativo, y el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó que se tiene una “estrategia de contención” para evitar disturbios.

“De parte del Gobierno, no penalizamos, no criminalizamos las movilizaciones sociales, o el derecho a la protesta que pueden tener diferentes sectores”, afirmó en conferencia de prensa este martes. “Lo que no permitimos es que haya actos vandálicos, delictivos, de gente que está siendo llevada a La Paz desde otros sectores”, añadió.

Desde que iniciaron los conflictos sociales, La Paz ha sido escenario de varias jornadas de tensión y enfrentamientos. La más violenta fue el 18 de mayo cuando confluyeron marchas de mineros, campesinos y cocaleros que intentaron llegar a la Plaza Murillo y se produjeron enfrentamientos durante varias horas con la Policía. Ese día se reportaron saqueos, daños a infraestructura pública y agresiones a civiles.

Los conflictos también se producen fuera de las urbes a través de bloqueos de carreteras que han paralizado gran parte del país desde hace 35 días. Lo que inició con piquetes dispersos en La Paz se extendió a seis de los nueve departamentos y este miércoles se registran 80 puntos de bloqueo.

La situación se ha tornado insostenible para sectores estratégicos como el turismo, la industria o el transporte, pero también para la población, particularmente de La Paz, que enfrenta escasez de alimentos, el encarecimiento de los productos básicos e irregularidades en el suministro de combustible.

La estrategia de la administración de Rodrigo Paz ha fracasado hasta ahora: mientras abogan por un diálogo que nunca se concreta, las manifestaciones se masifican y los costos sociales y económicos se profundizan.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido por falta de atención médica oportuna o a causa de los bloqueos y otras tres han muerto en episodios de violencia relacionados al conflicto. También se han reportado al menos 37 heridos y más de 350 arrestados.

En medio de este escenario, el martes se realizaron cabildos en las ciudades de La Paz y Sucre para exigir que el Gobierno dicte un estado de excepción, luego de que el Congreso aprobara la semana pasada una ley que regula la medida y da al presidente el marco legal para suspender temporalmente ciertos derechos y ordenar la intervención del Ejército.

Acorralado por todos los flancos, las respuestas del entorno del presidente han sido ambiguas. Consultado sobre un posible estado de excepción, el ministro Oviedo señaló el martes que la medida “será tratada cuando corresponda”.

Centenares de manifestantes se congregaron el martes en el centro de La Paz para pedir al Gobierno boliviano medidas urgentes que pongan fin a los bloqueos y cortes de ruta que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que provocaron desabastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones del país andino.

Integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros sectores, se reunieron en la histórica plaza San Francisco en el centro de la capital para celebrar una asamblea ciudadana. El objetivo fue aprobar resoluciones que serían presentadas al Gobierno en demanda de soluciones a la crisis.

Tanto artesanos y comerciantes como personas de sectores gremiales portaron pancartas en contra de las protestas lideradas por sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. “Trabajo sí. Bloqueo, no”, fue el lema durante la movilización en la plaza central de La Paz, ciudad que, junto a su vecina El Alto, figura entre las más afectadas.

El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo precedido por intervenciones de distintos oradores que rechazaron los bloqueos como método de protesta y cuestionaron a los dirigentes sindicales promotores de las manifestaciones contra la administración de Rodrigo Paz.

La proclamación exigió la instauración del estado de excepción, la renuncia de “malos dirigentes” como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra Morales y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al actual Gobierno.

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que presentó un recurso de acción popular para que el presidente Paz aplique el estado de excepción en las zonas con mayores conflictos.

A su vez, los participantes de la protesta reclamaron la aprobación de leyes que permitan afrontar los impactos económicos de los bloqueos, en un contexto de una de las crisis más agudas de los últimos años en el país. Horas antes, otra concentración masiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia, exigió al presidente Rodrigo Paz que tome medidas para restablecer la normalidad, incluyendo la posibilidad de decretar un régimen de excepción.

Los gremios de artesanos y comerciantes señalaron que los 39 días de bloqueos ocasionaron escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible. El martes no se reportaron protestas directas cerca de la sede de gobierno en La Paz, aunque la principal dificultad continúa siendo la falta de combustible, que limitó el funcionamiento del transporte público.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes viales se redujeron levemente, pero persisten en 85 puntos del país. Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros demandan la renuncia del mandatario Paz, a quien acusan de no atender a tiempo los reclamos sectoriales.

En este contexto, la escasez de combustibles derivada de los bloqueos generó largas filas de vehículos que serpentean por La Paz, donde los conductores permanecen durante días en sus autos e improvisan carpas, a la espera de la llegada de camiones cisternas a las estaciones de servicio. La situación se desarrolla en un contexto de tensión creciente y agotamiento después de seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Las extensas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas en todos los barrios con gasolineras, además de superar los tres kilómetros sobre la autopista que conecta la capital con El Alto. Centenares de autos, autobuses y camiones se sumaron este martes al cierre de la ruta, donde los conductores quemaron neumáticos para exigir la provisión de combustible que les permita retomar sus actividades laborales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva crisis a causa de los bloqueos de rutas claves para La Paz: la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, detalló que la situación colocó en peligro más de 90.000 empleos turísticos en todo el país, en especial para la capital, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

Los departamentos más afectados por la caída de operaciones turísticas sufren las consecuencias de los bloqueos que superaron el ámbito económico, forzando la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz.

La funcionaria lamentó que “todo esto generó un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable”, en referencia al daño sobre la imagen internacional del país andino.

Desde principios de mayo, sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a grupos afines al ex presidente Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Las protestas dejaron un saldo mortal al menos diez personas fallecidas, incluidas siete que no recibieron atención médica oportuna por los cortes de ruta, y pérdidas económicas que superan los USD 2.340 millones.

El área cultural y folclórica también se vio gravemente afectada. Yáñez precisó que la cancelación de eventos como el festival internacional de cine en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales del país, agrava el panorama para los trabajadores del sector.

El impacto económico inmediato es contundente: las pérdidas en turismo y gastronomía ascienden a USD 1.100 millones, sin contar los daños en actividades culturales, para las que aún no se tienen cifras definitivas.

Los bloqueos y las protestas provocaron desabastecimiento en varias ciudades bolivianas, afectando tanto a la población como a las actividades productivas y comerciales. El escenario llevó al Gobierno a acelerar medidas excepcionales para contener la crisis.

Ante el escenario crítico, la ministra Yáñez presentó un “plan de emergencia” que busca responder de inmediato a la situación. La estrategia, según explicó, no se compone de acciones aisladas ni improvisadas, sino de un conjunto de respuestas “inmediatas” y estructurales.

El plan contempla el registro sistemático de los daños y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para recuperar la actividad turística, proteger las cadenas productivas y preservar los empleos amenazados.

Además, la propuesta oficial incluye un enfoque de reconstrucción y fortalecimiento del sector, mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación, con el objetivo de restaurar la confianza y la estabilidad del turismo en Bolivia.

El presidente Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas. Sin embargo, la promulgación de la norma no implica su entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto y la validación posterior del Legislativo.

Por su parte, el pasado 21 de mayo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas del sector industrial superan los USD 600 millones debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI, durante una rueda de prensa.

El representante empresarial advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores están en la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

(Con información de EFE)

Filas de varios kilómetros y esperas de hasta cinco días rodearon las estaciones de servicio en La Paz y otras ciudades de Bolivia durante la sexta semana consecutiva de bloqueos. Conductores de autobuses, camiones y vehículos particulares ocuparon avenidas y autopistas y convirtieron los alrededores de las gasolineras en campamentos improvisados, en medio del cansancio y la tensión por la falta de certezas sobre el abastecimiento.

En la autopista que conecta La Paz y El Alto, centenares de vehículos bloquearon la ruta y quemaron neumáticos para exigir la llegada de cisternas. Las filas se extendieron por más de tres kilómetros y se multiplicaron en distintos barrios.

La situación también golpeó a quienes dependen del vehículo para trabajar. Fabiola Coyo, encargada de repartir mercadería, instaló una carpa para resistir el frío nocturno mientras aguardó turno para cargar gasolina. María René Mita, otra vecina de La Paz, esperó dos jornadas para conseguir cinco litros, destinados a la motocicleta de su esposo, repartidor a domicilio. “Cada día nos dicen que va a llegar”, señaló a EFE, al recordar que la semana previa también pasó la noche a la intemperie sin lograr abastecerse.

El conflicto se originó tras el inicio de bloqueos de ruta impulsados por sectores sindicales, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas del altiplano, que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes se extendieron a rutas estratégicas y generaron desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustible.

Las protestas comenzaron con reclamos salariales y mejoras en las condiciones de vida, y luego sumaron la exigencia de salida del mandatario. Se intensificaron tras la promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción y habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control interno.

Bajo este contexto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló en un acto público que la respuesta estatal sería “institucional, democrática y de Estado”, y que las Fuerzas Armadas actuarían con “legalidad, disciplina y serenidad”. Justiniano atribuyó parte de las protestas a intereses criminales y estructuras asociadas al narcotráfico, y sostuvo que el conflicto superó el marco de una disputa política interna. “La protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito”, afirmó, y remarcó la prioridad de resguardar la vida y la Constitución.

La ola de bloqueos y protestas derivó en episodios de violencia. En San Julián, seis policías resultaron heridos por armas de fuego. El gobierno reportó 13 fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a servicios médicos y a enfrentamientos directos en el contexto de la crisis. Ambulancias quedaron varadas en las rutas, pacientes en estado crítico no recibieron atención oportuna y se interrumpieron tratamientos médicos esenciales. El Ministerio de Salud reclamó el cese inmediato de los bloqueos.

Las pérdidas acumuladas en diversos sectores productivos superaron los USD 2.340 millones desde el inicio de las movilizaciones, según estimaciones oficiales. A nivel político, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley sobre estados de excepción y advirtió que los manifestantes “tienen los días contados”, sin precisar plazos ni estrategias.

En paralelo, el ex presidente Evo Morales, a quien el gobierno identificó como impulsor de las movilizaciones, desafió públicamente a las autoridades y acusó al Ejecutivo de seguir directrices extranjeras.

El conflicto en Bolivia no muestra señales de resolución inmediata. Los piquetes se distribuyeron en al menos seis departamentos y el número de bloqueos superó los 80. Mientras el gobierno insiste en mantener abiertos los canales de diálogo, la población continúa enfrentando largas esperas, desabastecimiento y un clima de incertidumbre.

(Con información de EFE)

La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las competencias del presidente Rodrigo Paz para declarar el estado de excepción y habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que mantienen bloqueada desde hace más de un mes la región de La Paz para exigir la dimisión del mandatario. La norma, que ya contaba con el visto bueno del Senado, fue sancionada a las 5.52 horas, tras una sesión de casi 14 horas, por dos tercios de los diputados y enviada al presidente para su promulgación.

La ley establece que la declaración del estado de excepción debe realizarse mediante decreto supremo fundamentado, especificando el alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su aplicación. La vigencia máxima será de 90 días y solo podrá ser ampliada con autorización de la Asamblea Legislativa. El proyecto regula los procedimientos, alcances, controles institucionales y garantías para la aplicación de los estados de excepción en Bolivia.

El presidente Paz afirmó en redes sociales que, aunque “La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles”, empiezan a registrarse “avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia”. Destacó la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas a la región, lo que, según el mandatario, contribuye a aliviar la situación de las familias bolivianas. El presidente reconoció que “aún queda mucho por hacer” y agradeció “la resistencia y la fortaleza” del pueblo. Más tarde, compartió una fotografía histórica de la coalición Unidad Democrática y Popular (UDP), que asumió el poder democráticamente tras la dictadura en 1982 y cuyo gobierno, encabezado por Hernán Siles Zuazo, enfrentó una grave crisis económica y movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), contexto que el propio Paz evocó como antecedente de la situación actual.

Persistencia y consecuencias de los bloqueos en Bolivia

Las movilizaciones contra el presidente Paz comenzaron hace cinco semanas y han dejado hasta el momento diez personas fallecidas, 37 heridos y más de un centenar de procesados, según informó la Defensoría del Pueblo. De las muertes registradas, siete corresponden a personas que no pudieron acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos, o sufrieron retrasos en su traslado a centros de salud.

La protesta, inicialmente motivada por demandas sectoriales, evolucionó hasta reclamar como única exigencia la renuncia del presidente. La medida de presión, liderada por campesinos y la Central Obrera Boliviana, se ha extendido a ocho de las nueve regiones del país, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal para hospitales y centros de salud.

En la madrugada del sábado, la Policía de Bolivia reportó que seis agentes antidisturbios resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de bala, durante un operativo de desbloqueo en una carretera del este del país. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que el caso más grave fue el de un agente que recibió un proyectil en la cabeza y permanece en terapia intensiva. Otros tres policías sufrieron impactos en las piernas y dos más resultaron lesionados por golpes de objetos arrojados por los manifestantes.

Cinco personas fueron arrestadas por su participación en la movilización, y se espera un informe final para determinar si se registraron heridos entre los manifestantes. La acción conjunta de Policía, Ejército y activistas en la localidad de San Julián, a 117 kilómetros al noreste de Santa Cruz, permitió liberar brevemente la ruta, pero los bloqueos se restablecieron poco después. El enfrentamiento se prolongó durante más de cuatro horas, tras lo cual las fuerzas de seguridad ordenaron el repliegue para resguardar la seguridad de civiles, incluidos dos ministros, periodistas y activistas.

Trámite y debate legislativo

La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se instaló a las 16:30 del sábado en modalidad mixta, presencial y virtual. El tratamiento del proyecto comenzó después de aprobarse la dispensación de trámite con el respaldo de más de dos tercios de los votos. En la votación, participaron 21 diputados de forma presencial y 65 de manera virtual. El texto ya había sido aprobado el jueves previo en el Senado.

El proyecto de ley se encuentra ahora en su estación en detalle, donde será analizado por la Asamblea Legislativa antes de su promulgación. La norma surge en medio de una crisis política y social que mantiene bloqueadas las principales rutas del país y una demanda invariable: la salida del presidente Rodrigo Paz.

Las fuerzas del orden de Bolivia desbloquearon este viernes la ruta que conecta La Paz con la región agrícola de Río Abajo, al sur de la capital, en una operación encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que comenzó de madrugada desde la zona de Lipari y avanzó unos 37 kilómetros hasta Carreras. Policías y militares retiraron piedras, troncos y montículos de tierra con maquinaria pesada mientras vecinos los aplaudían a su paso.

La apertura de esa vía representa un alivio parcial para una ciudad sitiada desde el 6 de mayo por bloqueos que se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. Desde principios de semana, cientos de habitantes de La Paz y de la vecina El Alto debían caminar hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos cuyos precios llegaron a quintuplicarse en los mercados locales.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, se presentó al término del operativo y afirmó que desbloqueará las carreteras “con diálogo y con los instrumentos legales de la Constitución para defender a las mayorías”. Su administración ha evitado desplegar fuerzas con armamento letal para no agravar el conflicto, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza una salida legal que amplíe sus herramientas de respuesta. El miércoles envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción; la norma ya fue aprobada en el Senado y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. Paz calificó esa medida como el “último recurso” que le permite la Constitución y reiteró su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había advertido días atrás que el país atraviesa “un momento de inflexión entre la democracia y la dictadura”, en referencia al cambio de ciclo político tras los 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El viernes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue más directo: “Está en marcha un golpe de Estado”, declaró.

Los cortes de carreteras son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales, quien desde su cuenta en X acusó este viernes a Estados Unidos de recurrir “al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los manifestantes. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno desde hace más de un mes por una salida a lo que describen como la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los resultados de los operativos han sido limitados: tras el paso de las fuerzas del orden, los cortes se reinstalan. Manifestantes reforzaban este viernes el bloqueo en los accesos a una planta estatal en El Alto que abastece de combustible y gas licuado doméstico, ciudad por donde ingresan suministros desde las regiones agrícolas de Santa Cruz y Cochabamba.

El saldo humano del conflicto, que se prolonga por 36 días, asciende a 10 fallecidos según el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien atribuyó las muertes a la falta de auxilio médico por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo precisó que siete de esas personas murieron por falta de atención oportuna y tres en el contexto directo de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

Los hospitales de La Paz reportaron escasez de oxígeno medicinal, y las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí también resienten la falta de alimentos, medicamentos y combustibles. El sector empresario estimó en USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por las protestas.

El gobierno boliviano recibió apoyo explícito de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Paz para reafirmar el compromiso de Washington de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz “en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves en X que su país sigue de cerca la situación y advirtió: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse”.

Paz había firmado en marzo el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales.

(Con información de AFP, EFE y AP)

En mayo de 2026, mientras Bolivia se veía paralizada por las protestas que pretendían derrocar al Gobierno de Rodrigo Paz, la República Popular China y su embajador en Bolivia, Wang Liang, guardaron un llamativo silencio ante la crisis. En un escenario distópico, elementos antigubernamentales lanzaron dinamita contra la policía y mantuvieron bloqueos de carreteras que impedían la entrada de alimentos, gasolina e incluso suministros médicos a la capital, La Paz, mientras Wang Liang celebraba un foro económico en el departamento sureño de Tarija, irónicamente titulado “Bolivia, al mundo con China”.

Del 20 al 30 de mayo de 2026, el autor viajó a Bolivia, donde mantuvo contactos con personal empresarial, académico y gubernamental sobre la evolución de la relación del país con la República Popular China, entre otros temas. Este trabajo refleja las ideas extraídas de esos contactos y de la investigación complementaria.

Las actividades chinas en Bolivia se han deteriorado notablemente con respecto a su época dorada bajo los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales y Luis Arce, lo que se refleja en una miríada de proyectos manchados por la corrupción, los malos resultados y la resistencia de las comunidades afectadas. La creciente crisis económica, fiscal y política de Bolivia, así como los esfuerzos del Gobierno de Paz por restablecer relaciones positivas con Estados Unidos y otros países occidentales, también han limitado el avance de China.

Entre 2006 y 2019, el Gobierno de Morales abrió de par en par las puertas de Bolivia a la cooperación económica, militar, técnica y de otro tipo con la República Popular China. Durante ese periodo, la República Popular China vendió a Bolivia 6 aviones de combate K-8, 6 helicópteros militares Z-9, 31 vehículos blindados y un número indeterminado de camiones y lanchas patrulleras, así como el sistema nacional de vigilancia BOL-110, escáneres aduaneros y el satélite Tupac Katari, incluida la construcción y el equipamiento de instalaciones terrestres espaciales en Amachuma (La Paz) y en el distrito de La Guardia de Santa Cruz, además de enviar técnicos chinos para dar soporte a las instalaciones.

Según los empresarios bolivianos entrevistados para este trabajo, más de 60 empresas chinas operaban en el país durante ese periodo, vendiendo equipos de telefonía y construyendo infraestructura digital para la empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL, suministrando equipos y realizando trabajos para los sectores minero y petrolero, y participando en proyectos de infraestructura por un valor estimado de 6.000 millones de dólares, que abarcaban desde plantas de procesamiento de asfalto y zinc hasta centrales hidroeléctricas como Rositas, San José e Ivirzu, pasando por grandes proyectos de carreteras y ferrocarriles. Sin embargo, prácticamente todos ellos consistían en contratos con el Estado boliviano para la adquisición de bienes y servicios chinos, más que en inversiones reales. En la actualidad, menos de 20 empresas con sede en la República Popular China siguen operando en el país. El propio embajador de China, Wang Liang, ha achacado la falta de inversión china a la naturaleza incierta de Bolivia.

En el ámbito de las infraestructuras, prácticamente todos los proyectos de China se encuentran paralizados. Sus principales empresas constructoras en el país, Sinohydro, Vicstar y CAMCE, han cerrado o reducido considerablemente sus oficinas. El Gobierno se ha negado a aceptar una importante autopista entre Santa Cruz y Cochabamba construida por Sinohydro, en la que se han detectado numerosos defectos estructurales. La planta de procesamiento de acero de 460 millones de dólares construida por Sinosteel en El Mutún ha superado con creces la fecha de entrega inicial prometida, presenta cientos de defectos identificados y aún no ha producido ni un gramo de acero. Megaproyectos que en su día se contemplaron, como la línea ferroviaria central de la IIRSA que conectaría el Atlántico y el Pacífico a través de Bolivia, ya ni siquiera se debaten seriamente.

A nivel local, las empresas chinas se ven obstaculizadas por problemas en gran medida provocados por ellas mismas. Los ejecutivos del sector de la construcción boliviano entrevistados para este trabajo señalaron que pocas empresas locales quieren prestar servicios a las empresas chinas debido, en parte, a prácticas abusivas de pago muy bajo y, a menudo, atrasado, así como a problemas con su cumplimiento de las leyes laborales, medioambientales y de otro tipo locales.

En el sector petrolero, al parecer hubo problemas de calidad con los equipos de perforación y los servicios vendidos por empresas con sede en la República Popular China al anterior gobierno del MAS. Recientemente, ha habido poca actividad de empresas con sede en la República Popular China en el sector.

En el sector minero, según se informa, varias empresas chinas de menor tamaño venden equipos y compran oro y otros metales, principalmente en el sector minero informal, pero apenas ha habido inversiones formales por parte de las grandes empresas mineras chinas.

En el sector del litio, las empresas chinas CATL y CITIC Gouan tienen contratos que aún no han sido ratificados por el Congreso boliviano. En febrero de 2026, según se informa, esas empresas mineras llevaron a una delegación de congresistas bolivianos a la República Popular China para facilitar dicha ratificación, pero hasta ahora sin éxito.

En el sector agrícola, los expertos del sector entrevistados para este trabajo señalan que las empresas chinas de logística agrícola, como COFCO y su filial Nidera, no operan en el país. Señalaron además que pocos productores locales quieren asumir los costes y riesgos que supone enviar sus productos a la República Popular China, tratando con un cliente chino cuando tienen compradores de confianza para sus productos más cerca de casa.

En el sector de las telecomunicaciones, el gigante industrial Huawei ha tenido malos resultados en Bolivia y ha cerrado oficinas, aunque su rival chino ZTE sigue realizando trabajos de infraestructura telefónica para ENTEL. Aun así, las empresas con sede en la República Popular China han construido colectivamente más de la mitad de la infraestructura de telecomunicaciones del país. La marca de lujo china Xiaomi se comercializa a través de un socio boliviano, y la empresa china Honor, que compite principalmente por su bajo coste, se está expandiendo rápidamente en el país.

En el sector minorista, los automóviles y otros productos chinos han logrado una penetración considerable en el país, principalmente a través de empresas bolivianas locales, como el grupo Saavedra en el sector del automóvil. Sin embargo, cabe destacar que las empresas con sede en la República Popular China no han establecido centros comerciales para la venta de productos chinos, como sí han hecho en Nicaragua, Honduras y otros lugares de la región. Los pocos que quedan en Bolivia, como los ya veteranos Chinbol y ChinaCruz, están gestionados por empresarios locales que abastecen las tiendas a través de relaciones a pequeña escala con proveedores individuales de la República Popular China.

En la comunidad empresarial y académica en general, los vínculos con la República Popular China siguen siendo igualmente limitados. El embajador de Bolivia ante la República Popular China durante la era del MAS, Hugo Núñez del Prado, fue llamado a casa por el Gobierno de Arce y aún no ha sido sustituido. Existe una pequeña cámara de comercio y sociedad de amistad entre China y Bolivia dirigida por la sinóloga boliviana Ximena Barrientos, que creció en la República Popular China. Del mismo modo, el país solo cuenta con un Instituto Confucio, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, sede del aliado político Evo Morales y su federación de cultivadores de coca. No hay ninguno ni en la capital ni en Santa Cruz, el centro económico del país. Ese centro estuvo en su día vinculado a profesores “voluntarios de la República Popular China que trabajaban en universidades estatales de otros departamentos, aunque, según se informa, ese personal chino ha sido sustituido por personal boliviano.

Aunque varias universidades bolivianas cuentan con pequeños programas de chino, a los entrevistados para este trabajo les costó mucho nombrar un programa de grado en una universidad boliviana dedicado al estudio de China desde una perspectiva empresarial, política o de seguridad. Del mismo modo, aunque algunos periodistas bolivianos han sido invitados a la República Popular China para participar en programas de formación, a los entrevistados les resultó difícil nombrar a alguno que destacara especialmente por su cobertura de temas relacionados con China.

En materia de seguridad, aunque, según se informa, el ejército boliviano sigue enviando personal a cursos en la República Popular China, según funcionarios de seguridad bolivianos que hablaron de forma confidencial, actualmente ningún miembro del ejército chino participa en cursos en Bolivia. De los seis cazas K-8 vendidos a Bolivia, dos se han estrellado y, según se informa, solo uno sigue operativo, lo que refleja las dificultades para mantener y encontrar piezas de repuesto para la aeronave. Del mismo modo, de los seis helicópteros chinos Z-9 adquiridos por los gobiernos del MAS, solo uno sigue operativo y, según funcionarios de seguridad consultados extraoficialmente, el ejército desconfía de volar en él debido a su estado de mantenimiento. La flota de camiones y vehículos blindados fabricados en la República Popular China se encuentra, según se informa, en un estado similar de deterioro parcial, sin planes actuales de adquirir más.

En el sector espacial, el contrato para el mantenimiento por parte de China de las instalaciones terrestres que controlan el satélite Tupac Katari finalizó hace algún tiempo y, según se informa, el personal chino que visitaba las instalaciones ha dejado de acudir. Actualmente no hay planes para sustituir el satélite cuando expire su vida útil en 2030.

Es importante reconocer que los actuales reveses de China en Bolivia se deben a la desastrosa actuación de las entidades con sede en la República Popular China que han tratado con los antiguos regímenes corruptos del MAS, así como a la incertidumbre derivada de la actual crisis económica y política. Esto solo se traducirá en una oportunidad para Estados Unidos si Washington actúa con decisión para ofrecer alternativas concretas al Gobierno de La Paz y a la comunidad empresarial boliviana.

(*) El autor R. Evan Ellis es profesor de investigación sobre América Latina en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales.

Tras más de un mes de cortes de rutas en Bolivia, las consecuencias ya se reflejan en hospitales, mercados y hogares de distintas regiones del país. La falta de medicamentos, oxígeno, combustibles y alimentos, junto con la muerte de pacientes que no lograron recibir atención a tiempo, ha convertido el impacto humanitario de la crisis en una de las principales preocupaciones de la población.

El caso que generó mayor conmoción en las últimas horas fue el de una niña de 12 años que padecía cáncer y que murió después de no poder llegar a la ciudad de La Paz para recibir quimioterapia.

La menor vivía en Tambo Quemado, una localidad fronteriza con Chile afectada por los cortes de rutas impulsados por organizaciones campesinas y sectores sindicales que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz.

“Lamentablemente no pudo llegar a su quimioterapia que era el 18 de mayo”, explicó Ana Carola Torres, presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil. Según relató, los padres intentaron atravesar distintos puntos bloqueados para trasladar a la niña, pero no lograron hacerlo.

“Han estado los papás intentando cruzar por diferentes lugares, pero lamentablemente no tuvieron la suerte de hacerlo y tuvieron que retornar con la pequeña a su casa”, señaló.

La menor sufría un linfoma linfoblástico de células B. Tras varias semanas sin recibir el tratamiento programado, presentó una descompensación, fiebre y una hemorragia que derivaron en su fallecimiento. Su muerte elevó a diez el número de víctimas relacionadas con el conflicto. Siete de ellas murieron por no haber recibido atención médica a tiempo.

Entre los fallecidos también figura una joven de 24 años que necesitaba tratamiento oncológico y no pudo llegar a un centro de salud. La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones de pacientes y médicos, que advierten que otros enfermos atraviesan circunstancias similares.

Torres aseguró que al menos una decena de niños con cáncer enfrenta problemas para acceder a sus terapias debido a los bloqueos, especialmente en zonas rurales de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Además, cuestionó que ambulancias y vehículos con pacientes encuentren obstáculos para circular.

“Se está reivindicando el derecho a la protesta por encima del derecho a la vida”, afirmó.

Mientras tanto, los centros de salud trabajan bajo presión. En La Paz, el Hospital del Niño suspendió alrededor de 50 cirugías programadas debido a la falta de oxígeno medicinal. Su director, Alfredo Mendoza, advirtió que la situación se aproxima a un punto crítico.

“Hoy se nos acaba el oxígeno criogénico y vamos a utilizar solamente cilindros de oxígeno”, explicó. También alertó que las reservas disponibles alcanzarían apenas para unos pocos días. “Si en tres días no tenemos solución, va a tener estos resultados catastróficos”, sostuvo.

La preocupación también se trasladó a las familias de los pacientes internados. Padres de niños hospitalizados realizaron una protesta frente al centro médico exigiendo el ingreso de oxígeno. Entre ellos estaba Yamilet, madre de un niño de cinco años que espera una biopsia postergada por la falta de insumos.

“Por favor, pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen”, reclamó. “Estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa”, agregó.

Las dificultades para acceder a tratamientos no se limitan a los hospitales pediátricos. Janet Ramallo, una paciente oncológica de 43 años, relató las complicaciones que enfrenta cada vez que necesita acudir a consulta. “La situación está pésima, hago un esfuerzo sobrehumano para llegar acá”, dijo.

Según explicó, los problemas de transporte, la escasez de medicamentos y el aumento de precios están afectando a numerosos pacientes.

“Hay personas que ya decidieron dejar su tratamiento y usted comprenderá que el cáncer es una cuestión de vida o muerte”, afirmó. Luego lanzó una advertencia: “Nosotros queremos vivir, pero si el Gobierno no pone de su parte y no pone orden, yo creo que vamos a tener que contar más muertes”.

La crisis también se refleja fuera de los hospitales. En La Paz, comerciantes y consumidores enfrentan una oferta cada vez más reducida de productos básicos. Conseguir leche, huevos u otros alimentos requiere largas filas, mientras los precios se multiplican. En Cochabamba, productores de leche, carne porcina y aves protestaron porque no pueden transportar sus mercaderías hacia otras regiones.

Con el abastecimiento comprometido y los centros de salud al límite, la indignación de amplios sectores de la población ya no se concentra únicamente en las demandas políticas que dieron origen a las protestas.

El reclamo que gana espacio es otro: que se restablezca la circulación y que los enfermos, especialmente los niños, puedan acceder a la atención médica que necesitan antes de que la lista de víctimas siga creciendo.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el envío al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción y sostuvo que parte de las movilizaciones que mantienen bloqueadas amplias zonas del país están siendo alimentadas con recursos vinculados al narcotráfico.

Durante un acto oficial en el que tomó juramento al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario afirmó que la iniciativa busca otorgar mayor respaldo institucional y seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar en escenarios de emergencia, especialmente ante la situación que enfrentan ciudades como La Paz y El Alto, afectadas por más de un mes de bloqueos.

“Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, declaró Paz. Según explicó, la propuesta tiene como objetivo “fortalecer” la actuación de las fuerzas de seguridad bajo una lógica de asistencia a la población.

El presidente insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar el abastecimiento de bienes esenciales. “La gente necesita alimentos, medicina, combustibles. No vamos a dudar en aplicar el programa de acción humanitaria junto a la Policía y nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales, organizaciones campesinas y grupos afines al ex presidente socialista Evo Morales, mantienen bloqueos en distintos puntos del país y exigen la renuncia del mandatario. La situación ha generado problemas de abastecimiento, restricciones en el transporte y dificultades para el funcionamiento de hospitales y servicios básicos.

Paz sostuvo que el conflicto actual va más allá de las reivindicaciones sociales y aseguró que detrás de algunas movilizaciones existen intereses vinculados al crimen organizado.

“No es de extrañar que desde las regiones de producción de narcóticos se haya capturado a portadores de recursos económicos que, en algunos casos, han ido a alimentar movilizaciones y acciones en contra de nuestra democracia, nuestra Constitución y el bienestar de los bolivianos”, señaló.

El mandatario afirmó que las autoridades cuentan con elementos que respaldan esas acusaciones y aseguró que también existen indicios sobre la participación de personas cercanas al ex presidente Morales en la organización de las protestas. Sin embargo, evitó ofrecer detalles específicos sobre las investigaciones en curso.

Al mismo tiempo, Paz buscó diferenciar a quienes participan en manifestaciones por reclamos sociales de aquellos sectores que, según dijo, intentan desestabilizar el sistema democrático. Por ese motivo, reiteró su invitación al diálogo.

“Hemos dado respuesta inmediata y los hemos convocado para tener un diálogo franco abierto”, manifestó. Luego añadió que la posibilidad de avanzar hacia una solución negociada depende ahora de los dirigentes movilizados. “Ya depende de ellos la prontitud de poder estar junto a ese diálogo con el presidente, con los ministros”, afirmó.

El Gobierno también pidió la apertura de corredores humanitarios para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y alimentos a las zonas más afectadas por los cortes de rutas.

“Dejemos abiertos los corredores humanitarios”, reclamó Paz, quien aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a activar nuevas operaciones para garantizar el tránsito de suministros esenciales.

Las tensiones aumentaron después de que dirigentes reunidos en un cabildo en la ciudad de El Alto rechazaran una convocatoria impulsada por la Iglesia para establecer una mesa de diálogo orientada a pacificar el país.

En ese contexto, el presidente describió la situación actual como uno de los desafíos más importantes que enfrenta su administración. “Esta es la batalla de todas las batallas”, afirmó.

Paz también denunció la existencia de campañas de desinformación impulsadas desde el exterior y aseguró que las redes sociales están siendo utilizadas para profundizar la polarización política.

“Esta es una guerra, esta es una invasión contra Bolivia”, sostuvo al referirse a la difusión de contenidos que, según su visión, buscan dividir a la sociedad boliviana.

(Con información de Europa Press)

Bolivia está prácticamente paralizada desde hace cuatro semanas con bloqueos que iniciaron en la región andina del país y se extendieron a siete de nueve departamentos, con excepción de la región amazónica de Beni y la sureña Tarija.

Las manifestaciones iniciaron a finales de marzo con reclamos sindicales dispersos que confluyeron en una agenda cargada de conflictos. En medio de denuncias de falta de atención a las demandas, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari inició el 6 de mayo bloqueos en ese departamento con un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

De manera progresiva, otros sectores como la Central Obrera Boliviana, el movimiento indígena Ponchos Rojos y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) se sumaron a una movilización que hoy parece incontenible.

Los movilizados apuntan una serie de razones por las que piden la cabeza del presidente que van desde contradicciones entre las promesas electorales y los primeros meses de gestión, hasta el rechazo a supuestos intentos de privatización de empresas públicas que el Gobierno ha negado reiteradamente.

La Administradora Boliviana de Carreteras pasó de reportar un promedio de 20 bloqueos simultáneos en la región andina a más de 90 en todo el país. También se registran barricadas dentro de las ciudades, principalmente en La Paz y El Alto, además de marchas y manifestaciones en la sede de Gobierno.

En las últimas semanas, otras organizaciones sociales y sectores económicos han subido la presión al Gobierno para poner fin a la medida de presión por el enorme costo social y económico que conlleva. Fuera de las pérdidas que reportan sectores como la industria y el turismo, la población de La Paz, El Alto y Oruro principalmente enfrenta escasez de alimentos y de combustible, además de la interrupción de servicios de salud y de transporte público.

Mientras la administración de Paz ratifica su voluntad de una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo que hasta ahora no ha dado resultados, el Congreso abrogó una ley que limitaba la implementación del estado de excepción y son crecientes los pedidos para recurrir al uso de la fuerza pública para recuperar el orden y el libre tránsito.

En esta nota mostramos los puntos que están bloqueados, las organizaciones que los promueven y los reclamos adicionales a la renuncia del primer mandatario.

LA PAZ

La sede de Gobierno está prácticamente sitiada desde hace cuatro semanas, cuando la Federación de Campesinos Tupac Katari inició los primeros piquetes. Más tarde se sumaron otras organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la populosa ciudad que colinda con La Paz.

En las últimas horas, los sindicatos de choferes anunciaron un paro para exigir la renuncia del presidente, a quien responsabilizan por la distribución de gasolina de mala calidad y supuestos incumplimientos en el pago del resarcimiento de daños mecánicos.

En la capital administrativa del país la situación es crítica: los medios locales reportan escasez de alimentos, de combustible y de medicamentos y oxígeno medicinal, lo que ha provocado la suspensión de algunos servicios médicos. También se reportan interrupciones en el servicio de transporte público y la suspensión de las clases escolares presenciales.

ORURO

Al igual que en La Paz, el departamento andino de Oruro empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y el incremento en el costo de la canasta familiar a consecuencia de los piquetes que se han instalado en esa región desde el inicio del conflicto, cuando se interrumpió la transitabilidad hacia La Paz, Cochabamba y Potosí.

Entre los sectores que se movilizaron desde inicios de mayo figuran obreros sincalizados, mineros, campesinos, maestros, transportistas y el Comité Cívico del municipio minero de Huanuni. Además de la renuncia de Rodrigo Paz, hay reclamos por la situación económica, cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles y demandas sectoriales de transporte relacionadas con carreteras.

COCHABAMBA

Cochabamba es actualmente el epicentro de los bloqueos a nivel nacional, registrando más de una treintena de rutas cortadas. Las interrupciones impiden el tránsito tanto hacia el occidente (Oruro y La Paz) como hacia el oriente (Santa Cruz) y los valles (Chuquisaca y Potosí).

Entre las organizaciones que se están manifestando están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Central Obrera Departamental y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que realizaron una marcha hacia La Paz el 12 de mayo.

Si bien hay pedidos de renuncia al presidente Paz en tono con las demandas de otras regiones, en las últimas semanas se reportaron manifestaciones por conflictos locales por el traslado de residuos sólidos, demandas de maestros y en defensa del exmandatario Morales, que se encuentra refugiado en la región cocalera de ese departamento ante el riesgo de aprehensión.

CHUQUISACA

Al menos 15 puntos de bloqueo aislaron el departamento de Chuquisaca desde el inicio de los conflictos. Progresivamente, se fueron sumando piquetes en la región; a mediados de mayo se instalaron bloqueos en la localidad de San Lucas (sur) y en otros municipios del área rural.

Una de las organizaciones que impulsa los bloqueos es la Federación Única de Trabajadores de los Pueblos Originarios de Chuquisaca que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que ha amenazado con el uso de armas: “Si la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho (…) sabemos manejar las armas, no es que no; tenemos jóvenes valientes”, amenazó Julián Romero, dirigente de la Federación tras una reunión el lunes, según publica el diario Correo del Sur.

SANTA CRUZ

La Gobernación de Santa Cruz, junto a dos ministros de Estado, logró negociar acuerdos con sectores que estaban movilizados. Según los medios locales, se acordó la construcción de una carretera, la implementación de pozos de agua y ampliación del tendido eléctrico, la activación de una Comisión Agraria Departamental y la agilización de los trámites de personerías jurídicas.

Sin embargo, se mantiene un punto de bloqueo en la localidad de San Julián, al noreste del departamento. La medida de presión la impulsan los “interculturales”, una organización social conformada principalmente por campesinos migrantes de tierras altas (aymaras y quechuas) que se asentaron en regiones de tierras bajas. Su reclamo es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Este miércoles, la Policía inició un operativo para liberar un pozo petrolero en la localidad de Santa Rosa del Sara, que había sido tomado por un grupo de personas que exigen la dimisión del primer mandatario.

PANDO

Al norte del país, en el departamento de Pando, recientemente se instalaron dos puntos de bloqueo en la carretera que conecta las localidades de Cobija y Porvenir. La medida de presión la impulsan campesinos que denuncian supuesto incumplimiento de los acuerdos de titulación de tierras.

Los sectores movilizados habían protagonizado una masiva marcha en abril para reclamar la atención de sus demandas y en rechazo a una ley que autorizaba la recategorización de tierras sobre la cual se articularon las protestas de otros sectores. Si bien el Gobierno atendió la solicitud inicial y abrogó la ley de reforma agraria, la supuesta demora en el cumplimiento de acuerdos reactivó el conflicto al inicio de esta semana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.

El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.

Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.

La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz

A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.

Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.

Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.

El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.

Crisis política en La Paz

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.

La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.

(Con información de EFE)

La prolongada ola de bloqueos que atraviesa Bolivia comenzó a impactar de lleno en el sistema de salud. Hospitales de La Paz, la región más afectada por las protestas promovidas por sectores afines al ex presidente socialista Evo Morales, empezaron a restringir procedimientos médicos debido a la escasez de oxígeno medicinal y a las dificultades para recibir suministros.

Las autoridades sanitarias confirmaron que los centros de salud están concentrando sus recursos en los casos más urgentes mientras intentan administrar las reservas disponibles. La situación afecta especialmente a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, que permanecen parcialmente aisladas desde hace más de 30 días por los cortes de carreteras instalados en distintos puntos del país.

“Solamente se atenderán cirugías de emergencia”, informó Martín Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Según explicó, entre 50 y 60 intervenciones deberán ser reprogramadas ante la imposibilidad de garantizar el abastecimiento regular de oxígeno y otros insumos médicos.

Los bloqueos surgieron en medio de movilizaciones que reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz y que se extendieron progresivamente a varias regiones bolivianas.

Aunque en los últimos días se realizaron operativos para abastecer algunos hospitales, las autoridades reconocen que el margen de maniobra sigue siendo limitado.

Jhanet Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, explicó que los envíos recientes permitieron recuperar temporalmente las reservas.

“Gracias a esfuerzos recientes los hospitales fueron abastecidos con oxígeno que les alcanzará para dos a tres días”, señaló.

La situación también repercute en los pacientes que necesitan atención especializada. Muchos no logran llegar a los centros médicos debido a los bloqueos en las carreteras o enfrentan largas demoras para ser atendidos.

Carlos Céspedes, un paciente de 42 años que permanecía internado en el Hospital General Público de La Paz tras una intervención quirúrgica, relató que debió esperar casi una semana para ser operado.

“Yo era el 268 la primera vez, pero después en la fila conté solo ciento y algo”, afirmó al describir cómo numerosos pacientes dejaron de concurrir porque no pudieron atravesar los cortes de rutas.

Las consecuencias humanitarias del conflicto comenzaron a reflejarse también en las estadísticas oficiales. El gobierno informó esta semana una nueva muerte vinculada a la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a las interrupciones en las vías de comunicación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró hasta la semana pasada siete fallecidos relacionados con la crisis, la mayoría asociados a dificultades para acceder a servicios de salud. El organismo también contabilizó 23 personas heridas y 321 detenidos desde el inicio de las protestas.

El impacto de los bloqueos se extiende mucho más allá del sistema sanitario. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó que los cortes ya alcanzan siete de los nueve departamentos del país. Las regiones de La Paz y Cochabamba figuran entre las más afectadas.

El aislamiento prolongado generó problemas de abastecimiento de combustibles y alimentos, especialmente en los principales centros urbanos del altiplano. Comerciantes, transportistas y sectores productivos vienen reclamando medidas urgentes para restablecer la circulación.

Las organizaciones empresariales calculan que las pérdidas económicas acumuladas rondan los 2.000 millones de dólares, en un contexto ya marcado por dificultades fiscales, escasez de divisas y desaceleración económica.

En algunas zonas comenzaron a registrarse intentos de negociación para aliviar la emergencia. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que grupos movilizados permitieron durante algunas horas el paso de camiones que transportaban oxígeno medicinal, combustible y alimentos.

Según explicó, el objetivo es habilitar corredores que permitan abastecer especialmente al norte del departamento de La Paz, donde la situación logística se ha vuelto cada vez más compleja.

Mientras tanto, crecen las presiones políticas para encontrar una salida al conflicto. El ex presidente Jorge Quiroga reclamó una respuesta más contundente del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno tiene que tomar una decisión muy clara: gobernar es decidir”.

En paralelo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades y a los sectores movilizados priorizar el diálogo para evitar una profundización de la crisis. El organismo instó a garantizar tanto el derecho a la protesta como el acceso de la población a servicios esenciales.

(Con información de The Associated Press)

La crisis política y social de Bolivia se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, con un saldo de cinco muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La Administradora Boliviana de Carreteras publicó su mapa de transitabilidad con el registro de esas 103 interrupciones, elevando de seis a siete los departamentos afectados tras la incorporación de Pando. Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, con 32 puntos de conflicto, por encima de los 21 registrados en La Paz.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyecta que las pérdidas superan los USD 1.600 millones desde que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina “Tupac Katari” —ambas afines al expresidente Evo Morales— convocaron a una huelga general indefinida. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), advirtió a la agencia EFE que a esa cifra se suma el “alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas”.

El economista Fernando Romero, citado por EFE, calificó el período como potencialmente “uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019”. Romero alertó que “el daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas”, en una economía que ya acumulaba contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años previos.

El Ministerio de Salud confirmó una quinta víctima mortal atribuida a la imposibilidad de acceder a atención médica. Se trata de una paciente oncológica de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV que debía recibir radioterapia en La Paz. La ambulancia que la trasladaba desde Oruro tuvo que tomar rutas alternativas para eludir los bloqueos y la joven falleció en el trayecto, según informó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.

“Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna”, señaló el Ministerio en un comunicado. Las otras cuatro víctimas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas originaria de Belice.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exigió el 1 de junio “decisiones inmediatas” al presidente Rodrigo Paz ante la “situación de catástrofe” que atraviesa la economía. “La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe”, advirtió la patronal en un comunicado oficial.

La Confederación Nacional de Choferes dio a Paz un plazo de 48 horas —que vence el 4 de junio— para despejar las vías que paralizan su actividad, con amenaza de nuevas medidas en caso de que la demanda no sea atendida. La Federación Boliviana de Fútbol, por su parte, suspendió el torneo de Primera División durante todo junio y parte de julio, decisión que la Comisión Organizadora de Competiciones atribuyó a “los conflictos sociales y bloqueos de las carreteras existentes a nivel nacional”.

Ante el fracaso de una iniciativa de diálogo impulsada por el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos —rechazada por la COB y la Federación Campesina—, el diputado Carlos Alarcón de la alianza Unidad planteó, a título personal, la convocatoria de un referendo revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y legisladores en un plazo de 90 a 120 días. “Los movilizados quieren elecciones y el camino no es romper la Constitución y la democracia, sino acudir al voto”, declaró Alarcón a EFE.

La Constitución boliviana establece que ese mecanismo solo puede activarse cuando el funcionario ha cumplido la mitad de su mandato de cinco años; Paz lleva apenas seis meses en el cargo. La propuesta fue respaldada por el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, disidente del bloque de Morales dentro del Movimiento al Socialismo, quien la consideró una vía para “evitar una mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica”. Los sectores leales al expresidente la rechazaron y reiteraron que la renuncia de Paz es su “única salida”.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, participó el 2 de junio en un cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz y reiteró la posición de los sectores movilizados: dejar de lado los reclamos sectoriales para concentrarse en exigir la dimisión de Paz. Un día antes, el mandatario había pedido “generar un momento de tregua” para “pacificar” al país, sin precisar en qué consistiría la solución.

El analista Marcelo Silva señaló a EFE que el principal error del Gobierno fue su “inacción” al permitir que el conflicto se agravara, y que el presidente podría verse obligado en el corto plazo a evaluar su renuncia. “El conflicto ya tiene un costo político para Paz, porque ahora el Gobierno es parte del problema”, afirmó Silva.

El senador Leonardo Roca de la alianza Libre, partido del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, acusó a Paz de haber propiciado la crisis mediante un “pacto oscuro” con movimientos sociales afines a Morales para llegar al poder. “Lo que tiene a todos los bolivianos rehenes hoy no es un conflicto social espontáneo. Es la factura de un pacto oscuro que Rodrigo Paz firmó para llegar al poder”, declaró Roca al canal Unitel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis plantea “serias afectaciones a los derechos humanos” y un “alto impacto humanitario”, e instó “al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo”.

La Justicia boliviana está en una ida y vuelta con la situación jurídica de los dirigentes de las protestas sociales que han paralizado el país con bloqueos desde hace casi un mes.

La semana pasada, se anularon órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente de la Federación de Campesinos Tupac Katari, Vicente Salazar, quienes habían condicionado su asistencia a una mesa de diálogo a que quedaran sin efecto los mandamientos de captura en su contra.

Sin embargo, pese a que se aceptó esa demanda, ninguno de los dos dirigentes se presentó al espacio convocado el domingo por el vicepresidente Edmand Lara con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.

El lunes, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, afirmó que la decisión judicial que anuló las órdenes de aprehensión no es “definitiva” y que el proceso puede seguir su curso.

Citada por medios locales, Pérez explicó que la determinación asumida en una audiencia de Acción de Libertad observó aspectos relacionados con la fundamentación de los mandamientos emitidos por el Ministerio Público, por lo que la Fiscalía aún tiene la posibilidad de reactivar los procesos. “Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso”, afirmó Pérez en declaraciones recogidas por el periódico La Razón.

Según explicó, una vez que la Fiscalía cumpla con las observaciones realizadas por el tribunal constitucional, podrá volver a solicitar la ejecución de las medidas. “En cualquier momento el Ministerio Público, cuando cumpla lo que la acción de libertad ha determinado, puede hacerlo directamente”, afirmó.

Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, estos actos suponen una vulneración del Código de Procedimiento Penal y revelan el sometimiento de la justicia al poder político.

“No existe en este momento la independencia de órganos”, manifestó en diálogo con Infobae y afirmó que “la Justicia no debió aceptar que se exija un fallo judicial y se deje sin efecto un mandamiento de aprehensión (…) es un antecedente para que en el proceso se favorezca a quien ha cometido un delito y es terriblemente dañino para la democracia”, afirmó. Según Santistevan, la anulación de las órdenes de captura y su posible reactivación agravan el conflicto “porque entra un poder más, un poder que debería ser autónomo”.

Los procesos abiertos contra Argollo y Salazar están relacionados con los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, entre ellos los disturbios del 18 de mayo en los que se reportaron daños a instituciones públicas, saqueos a comercios y agresiones a civiles en la sede de Gobierno.

Bolivia cumple este martes 27 días de bloqueos que han paralizado parte del país con cortes de carreteras. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran al menos 90 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos. Los movilizados, un grupo heterogéneo conformado por campesinos del altiplano y los valles, obreros sindicalizados y cocaleros del Trópico de Cochabamba, principalmente, exigen la renuncia de Paz a quien cuestionan por algunas políticas públicas y acusan de gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales.

Pese a los intentos de diálogo del Gobierno, de momento no hay miras de lograr una salida consensuada a la crisis. Mientras el presidente Paz ha manifestado que en “cortos días” se resolverá el conflicto sobre “acuerdos grandes” y “reconciliación”, hay quienes le exigen que dicte estado de excepción para restablecer el orden y el libre tránsito en el país.

Sin diálogo y sin medidas de fuerza pública, en las últimas horas surgió la propuesta de realizar un referéndum revocatorio, pero algunos analistas observan que la medida es inconstitucional porque éste se permite solo a partir de la segunda mitad del mandato de cinco años y Paz lleva menos de siete meses en el cargo.

El diputado centrista de Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la propuesta, ha planteado una ley de “referéndum revocatorio extraordinario” para poner fin al prolongado conflicto cuyas consecuencias económicas y sociales trascenderán el momento coyuntural.

A más de un mes de conflictos sociales en Bolivia, aumenta la presión para que el presidente Rodrigo Paz restablezca el orden en el país. Lo que comenzó con reclamos sindicales dispersos derivó en pedidos de renuncia del primer mandatario, mediante bloqueos de caminos que han paralizado gran parte del país desde hace casi un mes.

Tras varios intentos de diálogo fallidos y la negativa de los sectores movilizados a buscar una salida consensuada, en las últimas horas surgió la propuesta de convocar a un referéndum para consultar a la población sobre la continuidad del mandato de las principales autoridades del país.

“No podemos permitir que la violencia derroque gobiernos (…) la autoridad investida por el voto sólo por el voto debería ser revocada”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, del partido centrista Unidad.

En un texto publicado en sus redes sociales, el legislador planteó aprobar una “ley interpretativa de la Constitución” para convocar a un “referéndum revocatorio extraordinario” dentro de tres meses. “Estamos en un callejón sin salida por los bloqueos indefinidos”, manifestó y justificó su propuesta a fin de evitar la escalada de violencia o un enfrentamiento entre bolivianos.

En esa misma línea se pronunció el exsenador y excandidato presidencial de izquierda Andrónico Rodríguez, quien sugirió hacer la consulta ciudadana porque considera “urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática”.

El tema ha generado debate en Bolivia. Mientras algunos buscan soluciones que vayan más allá del uso de la fuerza y el diálogo, que no ha dado resultado hasta ahora, otras voces han rechazado la posibilidad de acortar el mandato de Paz, que inició hace casi siete meses.

Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, descartó impulsar la propuesta porque está fuera del marco constitucional, que establece la realización de revocatorios después de la mitad del mandato. Con las leyes vigentes, la consulta ciudadana podría realizarse recién a partir del 8 de mayo de 2028.

“Estamos en absoluto desacuerdo con pedidos que vayan en contra de lo que manda la Constitución. Pero, al mismo tiempo, existe una situación en la que el Gobierno tiene que resolver los problemas que conflictúan a la población”, manifestó Del Granado.

La medida de presión se ha tornado insostenible para el país. Fuera de las pérdidas millonarias que representa para sectores estratégicos como la industria y el transporte, la población de La Paz y El Alto padece las consecuencias de un cerco prácticamente total: escasez de alimentos, de medicamentos, interrupción en el transporte público, falta de combustible, encarecimiento de productos básicos y la suspensión de algunos servicios de salud y de las clases escolares presenciales.

Este martes se cumplen 27 días de bloqueos de carreteras con más de 90 piquetes en siete de nueve departamentos del país. Si bien en la víspera se logró un acuerdo con manifestantes de Santa Cruz y se levantaron tres puntos, no hay visos de negociación con las organizaciones que lideran los bloqueos en La Paz y Cochabamba, epicentros del conflicto.

El domingo, el vicepresidente Edmand Lara convocó a una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos, pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari desistieron de asistir. “La lucha continúa”, manifestó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados . “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, agregó en una rueda de prensa.

En ese escenario también hay reclamos para que el presidente Paz dicte estado de excepción luego de que la semana pasada se abrogara una ley que limitaba la aplicación de esta medida.

“Gobernar es utilizar todas las prerrogativas y no suplicar ni claudicar”, manifestó el jefe de la oposición y expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) en una rueda de prensa. El exmandatario manifestó que su bancada apoyó la abrogación de la norma que regulaba la medida de excepción y expresó su sorpresa por la falta de acción del Ejecutivo tras un “mes atroz” de protestas y bloqueos.

“Gobernar es decidir”, señaló Quiroga. “No es viajar para estar con el rey de España ni ir a visitar a Trump y sacarse fotos; gobernar es manejar y administrar esta crisis”, agregó.

Tras varios días de silencio, el primer mandatario apareció ayer en un acto público en Cochabamba (centro) en el que dio a entender que seguirá intentando establecer consensos. “Tiene que ser sobre acuerdos grandes, tiene que ser sobre reconciliación, sobre cómo vamos a trabajar todos los bolivianos”, afirmó y dijo que confía en que “en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura emitidas contra dirigentes sindicales y campesinos que encabezan las protestas contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de manera definitiva, sino que permanecen suspendidas de forma temporal mientras la Fiscalía corrige observaciones realizadas por un juzgado.

La presidenta del TDJ de La Paz, Margot Pérez, explicó que la decisión judicial respondió a una acción presentada por las defensas de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, líder de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Según la magistrada, los abogados de ambos dirigentes promovieron “una acción de libertad” con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra. “Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Pérez ante los medios.

La autoridad judicial precisó que el juzgado concedió la acción constitucional a favor de los dirigentes, aunque aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de las órdenes de arresto. “La reformulación de las órdenes de aprehensión la tiene que hacer el Ministerio Público”, indicó.

Pérez remarcó además que la resolución judicial únicamente buscó restituir derechos que, según el criterio del tribunal, fueron vulnerados durante la emisión de los mandamientos de captura. “Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, explicó.

La magistrada agregó que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si reformula los requerimientos observados por la Justicia para reactivar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales.

Las aclaraciones del TDJ surgieron luego de que el viernes un juzgado de La Paz dispusiera dejar “sin efecto legal” y suspender “los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” contra Argollo y Salazar, una decisión que fue interpretada por algunos sectores como una anulación definitiva de las medidas.

Los dos dirigentes forman parte de las organizaciones que lideran las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari y otros movimientos sociales, junto con seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

Los manifestantes sostienen que el Gobierno incumplió promesas realizadas durante la campaña y acusan a la administración de Paz de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Las autoridades rechazan esas acusaciones.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales enfrentan procesos por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales vinculadas a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Las investigaciones se iniciaron después de una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, disturbios callejeros y saqueos contra oficinas públicas y privadas en la ciudad de La Paz.

La situación política continúa sin señales de distensión. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes.

Sin embargo, el domingo las organizaciones anunciaron que no participarán en negociaciones y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras mantienen bajo presión a varias regiones del país. Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las medidas de fuerza iniciadas el 6 de mayo.

Los cortes de rutas provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos y generaron aumentos de precios en distintos productos de consumo básico. También se registraron faltantes de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Las interrupciones del tránsito ya no se limitan al área metropolitana de La Paz. Durante las últimas dos semanas, los bloqueos se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, en un conflicto que mantiene elevada la tensión política y social en Bolivia.

(Con información de EFE)

Después de una semana en la que se intentó acercar a los protagonistas de los bloqueos a las mesas de diálogo, las negociaciones para poner fin a los piquetes en Bolivia están en punto muerto, luego de que los dirigentes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones desistieran de asistir y ratificaran la continuidad de las protestas.

Este lunes, cuando se cumplen 26 días de bloqueos y más de un mes de protestas sociales, la Administradora Boliviana de Carreteras registra 90 cortes en carreteras de seis de los nueve departamentos del país.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados. “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó en una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Horas más tarde, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari informó que tampoco asistirían a las convocatorias del Gobierno. “Hemos determinado continuar con el paro general indefinido”, informó el dirigente David Mamani en el canal Unitel. “La base social ha decidido que no haya traición y no asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, agregó.

Los grupos movilizados, principalmente integrados por obreros sindicalistas y campesinos del altiplano y los valles, piden la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de gobernar de manera excluyente y en favor de las élites empresariales, y cuestionan la administración de la crisis económica y del suministro de los combustibles.

Como método de presión, los manifestantes mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La posición de ambas organizaciones empina aún más la ruta hacia una salida negociada a la crisis. La anterior semana, el presidente Paz planteó la creación de un Consejo Económico y Social como instancia para incluir a las organizaciones sociales en el debate de políticas públicas, pero no asistieron los representantes de las movilizaciones. En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara impulsó espacios de diálogo con mediadores y representantes de la oposición, pero los movilizados tampoco acudieron.

La crisis ha reactivado la polarización política y social en Bolivia. “Se han despertado los demonios de un país partido”, afirmó en entrevista con Infobae el analista político Carlos Saavedra. Según el experto, hay al menos cuatro clivajes de polarización efervescentes: racial, regional, de clase y una polarización política entre sistema político y movimientos sociales.

En medio de esa fractura surge también otra que busca respuestas a la crisis: mientras unos se inclinan por seguir insistiendo en el diálogo pese a los cero resultados logrados hasta ahora, otros reclaman al gobierno poner “mano dura” para restablecer el orden en el país.

La anterior semana, el Gobierno promulgó la abrogación de una ley que regulaba y ponía límites al estado de excepción en el país. Sin esta norma en medio, Paz queda con la vía libre para dictar medidas de fuerza. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió el miércoles. Desde entonces muchos se preguntan cuánto tiempo queda.

La asamblea general de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, acordó este domingo rechazar la convocatoria al diálogo planteada por el Gobierno de Rodrigo Paz y mantener los bloqueos de carreteras que aíslan a La Paz desde hace exactamente un mes. Las organizaciones exigen la renuncia inmediata del mandatario.

Tras varias horas de debate a puerta cerrada, los delegados de los diferentes sectores productivos y sociales determinaron que no existen las garantías políticas mínimas para instalar una mesa de negociación. Los manifestantes acusan a la actual administración de priorizar la represión policial antes que el consenso.

La postura de las bases fue ratificada por los principales portavoces del movimiento civil. José Luis Álvarez, responsable de Magisterio Urbano de La Paz, confirmó tras la asamblea que las medidas de presión continuarán de forma indefinida en las rutas interdepartamentales. “Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad. Se ha descartado el diálogo”, declaró el dirigente sindical a los medios locales al término del encuentro.

El descontento entre los huelguistas aumentó en los últimos días debido a la estrategia gubernamental para disolver los focos de protesta. Los sindicatos consideran que el Palacio Quemado ha optado por una vía puramente policial y de control territorial para intentar levantar los cortes de ruta de forma forzosa. Esta postura oficial ha cerrado los canales de interlocución que se intentaban trazar a través de mediadores independientes.

Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerza clave en la movilización rural, respaldó el mandato de la asamblea de la COB. Severo Marca, directivo de la confederación, subrayó que los mandos intermedios no tienen margen para desarticular las protestas sin el aval de las asambleas locales. “Nosotros sólo representamos a nuestros hermanos de base”, enfatizó Marca para explicar la rigidez de la postura campesina.

El prolongado asedio a la sede de Gobierno ha generado un escenario crítico de desabastecimiento de insumos básicos, hidrocarburos y alimentos en la región metropolitana paceña. Ante el agravamiento de la situación sanitaria, el dirigente Jaime Solares anunció que el ampliado de la COB autorizó la habilitación excepcional de corredores humanitarios. La medida busca permitir de forma exclusiva el paso de medicinas, provisiones hospitalarias, ambulancias y personal de emergencia.

A la par de las deliberaciones de la Central Obrera, la combativa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari sesionó este domingo para coordinar el reforzamiento de los bloqueos en las rutas provinciales. El control de las vías de acceso a los valles y al altiplano por parte de las comunidades originarias constituye el principal factor de asfixia logística para el suministro logístico de La Paz.

La respuesta de las autoridades ante el portazo sindical fue inmediata. La Vicepresidencia del Estado comunicó oficialmente la suspensión por tiempo indefinido de la mesa de concertación nacional programada para este domingo. El Gobierno argumentó que la incomparecencia de las organizaciones convocantes de las movilizaciones invalida cualquier intento de acuerdo institucional, dejando al país en un peligroso vacío de resolución política.

El origen de la actual crisis se remonta a la acumulación de demandas económicas insatisfechas y reformas de carácter estructural impulsadas por el Ejecutivo. La oposición de los sectores gremiales y agrarios a la gestión del presidente Rodrigo Paz escaló paulatinamente desde huelgas sectoriales hasta un paro generalizado. La falta de respuestas efectivas transformó un reclamo sectorial en una impugnación total a la continuidad del mandato presidencial.

El panorama boliviano ingresa así en una fase de desgaste de desenlace incierto. Con la vía institucional suspendida y el desabastecimiento al límite en los centros urbanos, la persistencia del bloqueo forzará previsiblemente nuevos posicionamientos de las Fuerzas Armadas y de la Defensoría del Pueblo. El conflicto amenaza con desbordarse hacia los departamentos del oriente del país si no se restituyen los canales de mediación internacional.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un cafetal, en el cantón El Paste, de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron el hallazgo la tarde del sábado 30 de mayo a través de sus plataformas oficiales. La víctima presentaba un golpe en la cabeza, según información oficial difundida por la PNC.

El hallazgo se produjo a aproximadamente 10 metros de la calle que conecta hacia el Valle Nuevo, en la jurisdicción de estación El Coco, Chalchuapa, en el sector oeste de Santa Ana. El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó que el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición y las autoridades, en un inicio, catalogaron el hecho como “muerte por sobre averiguar y determinar en autopsia”.

La víctima de la cual no se ha difundido su nombre tenía 34 años de edad.

Pocas horas después del hallazgo, a las 8:00 de la noche de ese mismo sábado, la Policía Nacional Civil anunció la captura de Armando Adelio García Martínez, de 40 años, señalado como el presunto responsable del crimen y pareja de la mujer. De acuerdo con el informe policial, la mujer habría sido “lesionada en la cabeza con un objeto contundente”. Las autoridades procedieron a remitir a García Martínez por el delito de homicidio, mientras se investigan las circunstancias que rodean el caso.

La PNC indicó que las pesquisas continúan para determinar el motivo detrás del ataque y establecer si existieron antecedentes de violencia entre la pareja.

El caso en Santa Ana se suma a una serie de hechos violentos recientes en el país, en un contexto donde los reportes oficiales muestran una disminución en los homicidios, aunque persisten episodios de especial gravedad que involucran a mujeres y situaciones de violencia intrafamiliar.

Hombre encontrado sin vida en un río de Olocuilta

En el barrio El Calvario, dentro del distrito de Olocuilta, municipio de La Paz Oeste, se registró otro hecho violento el sábado 30 de mayo. A las 2:29 de la tarde, una ciudadana alertó al sistema de emergencias 911 tras observar un cuerpo flotando en una poza ubicada sobre la calle principal que conduce al cantón El Chilamate.

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional Civil confirmaron la presencia del cadáver, que fue identificado como Francisco Ismael Aranda Guzmán, de aproximadamente 53 años. Testigos relataron que al mediodía hubo un altercado entre varias personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el sitio. Tras el conflicto, los involucrados abandonaron el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el fallecimiento de Aranda Guzmán está relacionado con el altercado reportado, ni si se trata de una muerte accidental o provocada. La PNC mantiene las investigaciones abiertas y no ha ofrecido nuevas declaraciones sobre el avance del caso.

Al menos seis homicidios en el último mes

Según datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil, el mes de mayo registra al menos seis homicidios en todo El Salvador. Estas cifras corresponden únicamente a los reportes formales presentados por la autoridad policial. El análisis comparativo muestra una marcada reducción en los homicidios si se compara con años anteriores. En 2018, el promedio diario superaba los 10 casos, mientras que en 2025 y 2026 la tendencia se mantiene baja, con días en los que no se reportan homicidios y solo algunos picos aislados que, en el caso de 2026, suman seis homicidios durante todo mayo.

El departamento boliviano de Pando declaró la emergencia por la reducción crítica de reservas de combustible a causa de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace semanas. La gobernadora Gabriela de Paiva advirtió que la situación es “especialmente preocupante” por la dependencia de sistemas energéticos aislados, que requieren diesel para operar y garantizar servicios básicos.

De Paiva señaló que el combustible disponible solo alcanzará para dos días. Explicó que la emergencia se declaró por la ubicación de la región y la necesidad de diesel para los sistemas aislados. Solicitó a los sectores movilizados que permitan el paso del combustible y alertó que la prolongación de los bloqueos agravará la crisis local. La administración regional coordina con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo. Indicó que el diesel ingresará en los próximos días, siempre que las vías estén expeditas, y destacó las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.

El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, quienes exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días. Estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos y combustible. La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se espera la participación del presidente, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones.

Los campesinos de La Paz, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de incumplimiento de promesas y de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades. El dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros sindicalistas fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir tras las protestas que derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió con dos ministros, sin la presencia de representantes de la COB ni de sindicatos campesinos, quienes exigieron la anulación de órdenes de captura contra sus dirigentes. Esta medida fue dispuesta por un juzgado de La Paz el viernes. La COB anunció la suspensión de su asistencia al diálogo por razones de seguridad, sin nueva fecha. Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus bases. Sectores seguidores de Morales rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El Ministerio de Salud distribuyó 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de ambas ciudades y advirtió que es una medida paliativa. Los cortes de rutas se extendieron a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, y este sábado superan los 90 en todo el país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La convocatoria a un nuevo diálogo en Bolivia entre los sectores movilizados y el Gobierno, promovida por el Legislativo y la Iglesia católica, surge tras 25 días de bloqueos de carreteras que han generado una crisis de abastecimiento y profundizado la tensión política en el país.

El llamado tiene lugar en un contexto de desabastecimiento de alimentos y combustibles, repunte de protestas sindicales y campesinas, y crecientes demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Los mediadores buscan frenar la escalada del conflicto social y encontrar una salida negociada que evite un mayor deterioro de la estabilidad nacional.

El vicepresidente Edmand Lara -titular de la Asamblea Legislativa-, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo formalizaron la invitación a una mesa de diálogo para este domingo en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Convocaron al presidente Rodrigo Paz, a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, junto a otras organizaciones movilizadas, describiendo la situación como un momento crítico para el país.

En la convocatoria, los organizadores destacaron que Bolivia atraviesa circunstancias excepcionales que exigen responsabilidad y búsqueda de consensos. Subrayaron que la ausencia de diálogo ahonda las divisiones políticas y aplaza las soluciones necesarias para la sociedad.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este sábado los bloqueos superaban los 90 cortes viales en todo el país, tras más de veinte días de conflicto desde el 6 de mayo. La Paz y El Alto han sido las ciudades más afectadas, padeciendo el mayor desabastecimiento de productos básicos, así como aumentos en precios de alimentos y escasez de oxígeno medicinal, combustibles y medicamentos.

El Ministerio de Salud reportó que el viernes entregó 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales en la zona afectada, aunque advirtió que apenas se trata de una solución temporal y solicitó a los manifestantes que permitan el paso de suministros esenciales.

Las protestas han dejado hasta ahora cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos durante las últimas semanas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y el saqueo de instalaciones públicas y privadas han incrementado la presión en las calles.

Los bloqueos se extendieron también a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, intensificando las dificultades de abastecimiento en toda Bolivia y agudizando el clima de crisis entre la población.

Las organizaciones campesinas de La Paz, la Central Obrera Boliviana y sectores relacionados con el expresidente Evo Morales exigen la renuncia inmediata de Rodrigo Paz, señalando presunto incumplimiento de compromisos y acusaciones de intentos de privatización, negadas por las autoridades.

El diálogo propuesto estuvo condicionado a la anulación de órdenes de detención contra dirigentes sindicales. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el líder de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’, Vicente Salazar, quedaron libres de estas medidas tras la decisión de un juzgado de La Paz.

Aun así, la participación de la COB y organizaciones campesinas en el diálogo sigue sin definirse. Argollo declaró a EFE: “Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria”.

Algunos grupos más radicales afines a Morales insisten en exigir la dimisión presidencial y rechazan cualquier negociación.

El gobierno implementó medidas de emergencia en respuesta a la magnitud del conflicto. El presidente Paz anunció la reducción a la mitad del salario propio y de los miembros del gabinete como gesto de austeridad. Además, defendió los recientes cambios en el gabinete como una reorganización puntual, no como resultado de una crisis interna.

El Ejecutivo intensificó la distribución de productos básicos y oxígeno, mantuvo canales abiertos de diálogo con los sectores movilizados y desplegó a las fuerzas de seguridad para reabrir rutas bloqueadas, recurriendo en ocasiones a gases lacrimógenos.

La convocatoria de los mediadores se produce ante una crisis de abastecimiento y una polarización política que amenaza la estabilidad nacional. El objetivo central es reunir al gobierno y a los movimientos sociales para encarar demandas fundamentales y avanzar hacia soluciones negociadas.

Bolivia enfrenta actualmente el reto de optar por el camino del consenso para superar las divisiones y abordar las prioridades del país en medio de una compleja coyuntura social.

Lo que inició como una serie de disputas dispersas, impulsadas por reclamos sectoriales y demandas económicas, terminó alimentando una crisis de alcance nacional en Bolivia. Con menos de siete meses de gobierno, la administración de Rodrigo Paz enfrenta pedidos de renuncia, bloqueos de carreteras y una fuerte presión política y social.

La estrategia del Gobierno ha sido resistir a la presión con llamados al diálogo que han funcionado con algunos sectores que tenían demandas específicas, pero no ha logrado mitigar los conflictos que piden su renuncia. Al contrario, se han extendido territorialmente y se han sumado otras organizaciones.

La administración de Paz ha sido clara al afirmar que no está dispuesta a negociar con quienes buscan desestabilizar el gobierno y los ha acusado de estar financiados por el narcotráfico.

Para los que no entran en esa categoría, se conformó un Consejo Económico y Social que busca incluir sectores sociales en la toma de decisiones, pero al que no asistieron los sectores movilizados. En paralelo, la Vicepresidencia y la Confederación Episcopal formaron una comisión de diálogo a la que los movilizados condicionaron su presencia: piden que se anulen las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

En medio de estos espacios de diálogo paralelos —que ponen en evidencia la falta de articulación interna y las fronteras de las negociaciones sin los protagonistas de la movilización—, el parlamento abrogó una ley que ponía restricciones al estado de excepción. Sin esa norma en vigencia, Paz queda facultado constitucionalmente para dictar la medida sin límites ni más condiciones que la aprobación legislativa en un plazo de 72 horas.

Esta cronología reconstruye los principales hitos de la escalada de un conflicto que sigue en ebullición por la falta de consensos políticos y sociales.

Decreto, combustible y elecciones

Enero, febrero y marzo de 2026

No se puede marcar en el calendario el inicio del conflicto porque al principio las protestas no estaban articuladas. Sin embargo, analistas apuntan que el descontento social empezó en enero, con protestas contra un decreto que establecía medidas económicas que se terminarían derogando.

Luego surgió el escándalo del combustible de mala calidad que dañó a miles de vehículos. El Gobierno no tardó en admitir la “desestabilización” de la gasolina, pero tuvo dificultades para justificar las fallas y dio al menos tres versiones distintas. Tras cambiar a las cabezas del sector y crear un seguro de resarcimiento, lograron neutralizar las intermitentes protestas de los transportistas.

Poco después surgió un reclamo político que, si bien no apuntaba directamente contra el Ejecutivo, le terminó salpicando: la anulación de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz, que benefició al candidato oficialista Luis Revilla. En un país acostumbrado a desconfiar de la independencia de las instituciones, muchos sintieron una “elección robada” y tomaron las calles en protesta.

La demanda de la Central Obrera Boliviana

31 de marzo de 2026.

Con un clima de malestar creciente por lo anterior, la COB realizó una marcha masiva en La Paz para entregar al presidente el pliego de 211 demandas sindicales, que incluía un aumento del 20% del salario mínimo, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que la Asamblea Legislativa Plurinacional desistiera de considerar una ley contra los bloqueos. El Gobierno rechazó el pedido salarial porque ya había hecho un incremento a inicios de año, se comprometió infinitas veces a no privatizar empresas y la Asamblea Legislativa no trató el proyecto de ley contra los bloqueos.

Marcha de comunidades indígenas de la Amazonía

Partió el 8 de abril de 2026

Comunarios de pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron una marcha hacia La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720 que autorizaba al Estado a convertir la pequeña propiedad en mediana para poder ofrecerla como garantía para préstamos bancarios.

Sus críticos consideraban que podía favorecer la concentración de tierra y dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores. Si bien al inicio parecía un reclamo de poca trascendencia, terminó convertido en el eje articulador de las protestas de otros sectores. El 13 de mayo, al calor de los conflictos sociales, la ley fue abrogada.

Cabildo de la COB

1 de mayo de 2026

La COB convocó a un cabildo en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz, en el marco del Día del Trabajador. Participaron organizaciones sociales de los nueve departamentos, incluyendo el magisterio, fabriles, gremiales y organizaciones campesinas. El texto aprobado en el cabildo incluyó 16 puntos con varias demandas políticas y económicas, y ya no se mencionó el pedido de aumento salarial.

Campesinos de La Paz inician bloqueos de caminos

6 de mayo de 2026

La Federación de Campesinos Túpac Katari inició el 6 de mayo un bloqueo de caminos “indefinido” en el departamento de La Paz para exigir la renuncia del presidente. Las razones de la protesta respondían a un conjunto de reclamos acumulados contra el Gobierno, la supuesta falta de respuesta a sus demandas laborales y económicas y en respaldo a la marcha indígena que había llegado días antes a La Paz.

Paro del magisterio urbano y rural

10 y 11 de mayo de 2026

Los maestros urbanos y rurales también se manifestaron contra el Gobierno por demandas que más tarde serían atendidas por el Ministerio de Educación. Los sindicatos de maestros urbanos hicieron un paro de 24 horas el 10 de mayo, mientras que en el área rural la medida se extendió hasta el 11. Al paro se sumaron marchas en la sede de Gobierno.

Marcha de los seguidores de Evo Morales

Partió el 12 de mayo

Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha que partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz en un recorrido de 190 kilómetros. Aunque inicialmente algunos manifestantes señalaban que exigían “respeto a la constitución” y que se levanten los procesos judiciales contra su líder, al llegar a la sede de Gobierno, el pedido unánime era la renuncia del primer mandatario.

En esa línea, el líder cocalero pidió en su programa de radio que el presidente Paz llame a elecciones. “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, afirmó.

Violencia de mineros y maestros rurales

14 de mayo de 2026

La Paz vivió una jornada de violencia extrema protagonizada por los cooperativistas mineros de La Paz, quienes causaron daños en infraestructura pública con la explosión de cachorros de dinamita; además, golpearon a civiles y periodistas en su ingreso por las calles del centro de la ciudad.

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) exigía la adquisición de explosivos por encima del límite permitido, mayor dotación de combustible y la liberación de nuevas áreas mineras para su explotación. Según medios locales, el Gobierno cedió a sus demandas para levantar las protestas.

Ese mismo día, maestros rurales intentaron tomar el Ministerio de Educación causando daños en el edificio, donde lanzaron piedras y derribaron una pared.

Tres marchas confluyen en La Paz

18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente y que llegaron al centro de La Paz en tres marchas: una de campesinos del altiplano, afiliados a la COB, y los seguidores del expresidente Morales.

Las movilizaciones convergieron en el centro paceño e intentaron romper los cordones policiales alrededor de Plaza Murillo. Se registraron enfrentamientos con la Policía, uso de gases lacrimógenos, detonación de dinamita y más de 100 aprehendidos.

Enfrentamientos en “corredor humanitario”

23 de mayo

El gobierno anunció la apertura de “corredores humanitarios” para trasladar alimentos, medicinas y combustible hacia La Paz. En los operativos hubo enfrentamientos con la Policía y se impidió el paso de los vehículos oficiales.

En medio del conflicto, se registró la muerte de un manifestante de 23 años que fue herido de bala. Si bien el Ministerio Público está investigando el deceso para establecer de dónde provino el disparo, el Gobierno ha descartado el uso de armas letales durante los operativos.

Mientras el Gobierno apuesta por contener la crisis mediante el diálogo y tiene el estado de excepción como alternativa viable, las protestas prolongadas profundizan la incertidumbre política en el país. La Defensoría del Pueblo contabilizó siete fallecidos y 23 heridos en los conflictos, fuera del enorme costo social y económico de las protestas.

En la cuarta semana de bloqueos, la posibilidad de una salida consensuada parece lejana en un país donde las partes en conflicto aún no encuentran un cauce común.

La crisis de abastecimiento en Bolivia se agudiza tras 29 días de bloqueos de rutas que cercan La Paz y paralizan el suministro de alimentos, combustible y medicamentos en todo el país, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El pollo, el alimento más consumido por su precio accesible, se vende al doble de su valor habitual en la capital. Los huevos y la carne vacuna registran alzas similares, mientras que frutas y verduras escasean. Familias de clase media han recurrido al arroz con huevo como base de su dieta. “Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha”, declaró Adela Gutiérrez, ama de casa y madre de una niña.

La jubilada María Helena Rodríguez señaló que come arroz con huevo día por medio para racionar “el poco pollo que llega”. “Tengo cinco perros y ellos también están a dieta”, agregó.

En el municipio de Pocona, departamento de Cochabamba, más de 100.000 pollos murieron en granjas por falta de alimento balanceado, gas licuado e insumos veterinarios. Wilson Mazala, presidente de la Federación Avícola de Pocona, cifró las pérdidas en entre 600.000 y 700.000 bolivianos diarios (entre USD 87.500 y USD 102.100) y advirtió que “alguien debe hacerse responsable de las pérdidas”.

Mazala señaló que más de 300.000 aves listas para el matadero no pueden ser trasladadas porque las rutas están cortadas. Alertó además que las consecuencias se sentirán en los próximos 35 a 40 días ante la falta de abastecimiento de pollo en los mercados, ya que las granjas no están siendo repobladas con pollos bebés. En Santa Cruz, el pollo se remata a mitad de precio porque tampoco logra llegar a los mercados.

La Paz cuenta con cuatro rutas de acceso al resto del país y los puertos del Pacífico. Solo una permanece parcialmente abierta; las otras tres están tomadas por manifestantes. El Ejecutivo organizó puentes aéreos con apoyo internacional para llevar productos básicos a la ciudad sede del gobierno.

Los dos corredores humanitarios habilitados con presencia policial y militar no prosperaron, ya que los bloqueadores volvieron a cerrar las rutas. La escasez de combustible derivó además en el racionamiento de oxígeno y alimentos en hospitales. Más de 500 cisternas con combustible permanecen varadas en las carreteras, según las autoridades.

Las negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), principal líder de las protestas, no llegaron a concretarse. La COB exigió como condición previa que la justicia derogue las órdenes de detención contra sus dirigentes por las movilizaciones en La Paz.

El presidente Paz lleva apenas seis meses en el poder y enfrenta la peor crisis económica del país en 40 años. Ha denunciado una conspiración y atribuye la situación a dos décadas de gobiernos socialistas. “Todo lo que sea de utilidad para el pueblo tiene que generar a través del diálogo y eso estamos haciendo. Los bloqueos solo castigan a las familias”, afirmó hace dos días.

Su gobierno descartó el uso de las fuerzas del orden para despejar las rutas por el riesgo de posibles bajas que agraven el conflicto. Empresarios y organizaciones civiles de Santa Cruz presionan para que se declare el estado de excepción.

(Con información de AP y Los Tiempos)

El Gobierno brasileño despachó este viernes 21 toneladas de alimentos —16 de arroz y cinco de leche en polvo— a bordo de un carguero militar de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) que despegó desde la Base Aérea de Canoas, en el sur del país, con destino a La Paz. La operación se concretó a petición del propio Paz y tras los acuerdos alcanzados en una llamada telefónica que sostuvo el lunes con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la cancillería de Brasil en un comunicado.

En esa conversación, Lula expresó la solidaridad de su gobierno con Bolivia e instó tanto a las autoridades como a los movimientos sociales a “evitar recurrir a la violencia” y a “privilegiar el diálogo” para superar las diferencias y garantizar la paz social.

Bolivia atraviesa una ola de protestas desde hace 24 días, impulsada por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Las movilizaciones, que comenzaron con demandas sectoriales, escalaron hasta exigir la dimisión de Paz, quien asumió la presidencia en noviembre pasado.

Los cortes afectan principalmente una carretera estratégica entre La Paz y El Alto, las fronteras con Perú y Chile, y las conexiones con el sur y el centro del territorio boliviano. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este viernes se registraron 85 cortes de ruta, casi una veintena más que el día anterior, con mayor concentración en el departamento de La Paz.

La escasez de alimentos y combustibles —a los que se suman la falta de medicamentos y oxígeno medicinal— obligó al Gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas. Ante el desabastecimiento, algunas personas hacen filas a diario en el aeropuerto de Santa Cruz para enviar alimentos a familiares en La Paz, cuyos precios se han disparado.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia recibió este viernes las primeras dos toneladas de alimentos no perecederos enviados por Paraguay, en el primero de tres vuelos militares que transportarán en total siete toneladas de asistencia destinadas a La Paz y El Alto. Así lo informó a la agencia EFE el embajador paraguayo en Bolivia, Enrique Guerrero, desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde aterrizó la nave, un modelo CASA 212 que partió desde la base Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, autorizó los tres viajes “ante la difícil situación de desabastecimiento” que atraviesan ambas ciudades, según detalló Guerrero. El segundo vuelo estaba previsto para las horas siguientes, y el tercero para este sábado.

Perú y Chile enviaron asistencia humanitaria directa, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde Santa Cruz hasta La Paz. Estados Unidos, por su parte, anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz.

Un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno y los sectores en conflicto quedó en suspenso el jueves, luego de que los manifestantes condicionaron su participación a la anulación de las órdenes de detención contra líderes como el minero Mario Argollo, de la COB, acusado de terrorismo e instigación pública a delinquir por los disturbios registrados durante las protestas.

Médicos, enfermeros y trabajadores de salud marcharon este jueves en La Paz para reclamar una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras que desde hace 23 días afectan el ingreso de oxígeno, medicamentos y alimentos a hospitales de Bolivia.

La protesta se produjo en medio del agravamiento de la crisis social y económica que mantiene cercadas a La Paz y El Alto, mientras distintos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La movilización comenzó en el Hospital de Clínicas, principal complejo médico de la capital boliviana, y avanzó por el centro paceño hasta llegar al Ministerio de Salud. Durante la marcha, los trabajadores sanitarios llevaron guardapolvos blancos y reclamaron el desbloqueo de rutas para garantizar la atención de pacientes internados.

“Oxígeno y comida para los pacientes” y “respeto por la salud y la vida” fueron algunas de las consignas repetidas por los manifestantes, acompañados por ambulancias con sirenas encendidas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que la situación dentro de los hospitales se volvió crítica por la falta de suministros básicos.

“Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos”, afirmó. También explicó que muchos camiones que lograron ingresar con oxígeno medicinal no pueden abandonar la ciudad para recargar nuevos suministros debido a los bloqueos.

Larrea alertó que “puede pasar cualquier desgracia” con los pacientes más delicados si continúa interrumpido el abastecimiento. Según explicó, varios hospitales comenzaron a compartir reservas de oxígeno entre centros de salud para sostener la atención de emergencias.

La crisis también impacta sobre la alimentación hospitalaria. El dirigente médico indicó que algunos establecimientos redujeron la cantidad de proteína animal en las comidas de los pacientes debido a la escasez de productos. Además, numerosos hospitales suspendieron cirugías programadas para priorizar únicamente intervenciones urgentes.

Los problemas alcanzan también a tratamientos especializados. Larrea señaló que existen dificultades para acceder a medicamentos destinados a pacientes oncológicos y pidió una solución inmediata para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario.

Mónica Reyes, médica de 48 años que participó de la movilización, aseguró que la situación empeora día tras día.

“No tenemos suficiente para cinco días más”, afirmó. “Las provisiones de alimentos se están acabando y los productos están siendo racionados”, agregó.

La profesional sostuvo además que los pacientes enfrentan una doble crisis: “Ya están sufriendo por su enfermedad y ahora se suma el sufrimiento del país”.

El Ministerio de Salud reconoció esta semana que la escasez de alimentos e insumos puede afectar especialmente a pacientes vulnerables y complicar procesos de recuperación en hospitales públicos. Según datos oficiales, en La Paz y El Alto funcionan 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unas 1.000 personas internadas.

A eso se suman 15 centros destinados a poblaciones vulnerables que también enfrentan dificultades para recibir suministros básicos.

La Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia informó que alrededor de 50 toneladas de medicamentos y oxígeno permanecen retenidas por los bloqueos en diferentes rutas del país.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y sectores obreros que reclamaban mejoras salariales, estabilidad en el suministro de combustible y respuestas frente a la crisis económica. Con el paso de las semanas, las movilizaciones se radicalizaron y pasaron a exigir directamente la salida de Paz.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó más de 60 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país. Las interrupciones afectan especialmente a La Paz, El Alto y otras ciudades del altiplano boliviano.

La Defensoría del Pueblo informó además que al menos cuatro personas murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las restricciones de circulación.

En paralelo, el Gobierno insiste en buscar una salida negociada. “El país necesita orden”, declaró Paz el miércoles, cuando aseguró que Bolivia se encuentra cerca de un “punto límite”.

(Con información de EFE y AFP)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)