Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, explicó nuevamente la decisión de la compañía de no alterar el precio de los combustibles por 45 días, después de los aumentos de más del 20% por el impacto inicial del incremento del precio internacional del petróleo y el gas debido al impacto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un cuarto del comercio internacional de hidrocarburos.

“Cuando ocurre la guerra yo voy al Comité Ejecutivo de YPF y les digo: ‘miren, yo tengo acá una preocupación. YPF es la argentinidad al palo, no tengo duda que lo es. Tenemos 90% de imagen positiva. Nos debemos a los consumidores, porque son nuestros clientes. Gracias a ellos facturamos USD 12.000 millones por año. Esta es una situación transitoria (…) Cuando analizás oferta y demanda, trasladarlo (el aumento del precio internacional) de USD 70 a 120 el barril es sacado, muy grande. Íbamos a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad y la gente no lo iba a aguantar e iba a pensar que YPF está especulando. YPF es una empresa centenaria, es la marca de Argentina y en estos dos años la hemos mejorado fuertemente. Las encuestas nos dicen que somos la empresa de mayor tecnología y de mayor imagen positiva de la Argentina. Nuestras encuestas incluso superan el 90%. Hace dos años y medio tomé un compromiso público y dije que YPF iba a tener una política de precios honesta y moral”.

Valor para los accionistas y cuidado de los clientes

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, Marín reiteró que su tarea en YPF es “generar valor para los accionistas, pero también miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos; no vamos a hacer especulaciones, no vamos a subir y cuando haya que bajar, no bajar, sino cuando sube, sube, cuando baja, baja. Pero esto es un caso diferente; un cisne negro (…) Como es transitorio, no quiero que pienses que especulo con vos. YPF tiene una relación centenaria y seguirá otro centenario y queremos que cuando vayas por la ruta elijas YPF (…) entonces decidimos trasladar al surtidor solamente el impacto real en los costos que tiene YPF. El jet para los aviones ha subido muchísimo más, por la restricción que hay en Medio Oriente, de lo que subieron la nafta y el gasoil. Lo que estamos haciendo es: vos tenés un boleto de avión, si la aerolínea te cobra un extra solamente por combustible y te dice: “No te quiero cobrar mi servicio”; ese es el concepto. Día a día vamos viendo el impacto. Por eso estamos haciendo de buffer (amortiguador)

Martín también habló del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar USD 18.000 millones, incluido intereses, a Burford Capítal, un fondo inglés especializado en grandes litigios. “Fue un fallo histórico para la Argentina, me parece la mejor noticia del año. Es como que te sacaste la mochila de USD 18.000 millones con los intereses, como dijo el presidente. Hicieron una, una defensa excelente”, dijo, mencionando al propio Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, al embajador en EEUU, Alec Oxenford, al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Hay que recordar, dijo, que hasta 2023 la Argentina había perdido el juicio en todas las instancias que transitó, y el equipo del actual gobierno logró revertir esa situación en los últimos dos años.

La opinión sobre Kicillof

Cuando le preguntaron si también había que felicitar al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que como ministro de Economía encabezó la expropiación a Repsol del 51% de YPF, y sostenía que el estatuto de la empresa no podía estar por sobre la ley argentina, Marín respondió: “No estoy de acuerdo: estatizar es legal, obviamente, pero es una violación al derecho de propiedad (…) Y lo que termina pasando y que pasó en Argentina es que las inversiones no llegan y terminás generando inversiones ficticias a través de subsidios. Eso no es bueno para la economía y no genera valor para la gente. Eso generó más pobreza en Argentina, un país que tenía muy pocos pobres. Es lo que viví en mi vida. En las discusiones políticas no me meto. Digo lo que significa económicamente. Creo que (Kicillof y compañía) fueron mal asesorados jurídicamente. Para mí el deber es generar valor para la gente”.

En cuanto a la eventual privatización o cambio de propiedad de YPF; Marín respondió: “la discusión de cómo tiene que ser YPF es de la política, del Ejecutivo, del Legislativo. Mi trabajo no es opinar qué hay que hacer con YPF. No corresponde, soy un empleado de YPF. Si el presidente Milei piensa que hay que privatizar, está en todo su derecho a hacerlo porque el Estado es el accionista. Es una discusión de Estado, no de los empleados de YPF”.

Escándalos, confianza, inversiones y cambio cultural

Además, el CEO de la petrolera prefirió eludir definiciones sobre el impacto de los recientes escándalos políticos y de presunta corrupción gubernamental. Cuando le preguntaron si los casos Andis, Adorni, $Libra, generan desconfianza y alejan inversiones del país, replicó: “a mí nadie me pregunta eso, porque al cambio en Argentina lo consideran extraordinario, el RIGI, el cambio en la forma de ver los negocios. El presidente creo que es una persona íntegramente honesta, que está haciendo un trabajo titánico para cambiar un país que funcionaba con muchas industrias ineficientes pero que con aranceles y subsidios pasan a poder ser competitivas. Es muy difícil cambiar eso porque toda esa gente que tenía zoológicos armados se va a oponer a una apertura y eficiencia. Los países generan valor cuando son eficientes y competitivos. Hay seguramente industrias en que no podemos ser competitivos e industrias que van a serlo. Hacer ese cambio es un gran cambio cultural y que definitivamente a la Argentina va a hacerla muy próspera en los próximos años. Yo valoro infinitamente lo que está haciendo el presidente Milei en ese sentido.

VMOS y GNL

Marín habló también de su reciente participación en la CERAWeek, en Houston (EEUU), un megaevento anual del sector energético. Allí, dijo, la clave de las reuniones bilaterales que tuvo con inversores y CEOs de las grandes petroleras internacionales, fue la necesidad (exacerbada por la Guerra en Medio Oriente) de diversificar las fuentes de suministro energético, en especial petróleo y gas. “Ahí es donde nosotros (por YPF) podemos tomar ventaja. Podés decirme, ‘YPF tiene suerte’. Pero la suerte no existe si no estás preparado, y hoy lo estamos. Estamos haciendo el oleoducto VMOS que va a un puerto de aguas profundas, que puede recibir grandes buques, que generan más rentabilidad por menor costo de transporte y son claves para exportar a Asia.”

En el contexto actual, subrayó, habrá más demanda por el petróleo y gas que la Argentina produce en Vaca Muerta y habrá más competencia. “Va a haber más licitaciones de Asia. ¿Y qué va a redundar en eso? En mejores precios de los que obtendríamos si no hay tanta competencia. El ejecutivo también mencionó los proyectos de GNL Southern Energy, que YPF comparte con PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar y Argentina GNL, que encabeza la petrolera de mayoría estatal. Al respecto, resaltó que el atractivo argentino es que es un lugar “muy seguro” desde el punto de vista del suministro. Y pronosticó que gracias a esos proyectos la Argentina puede llegar a ser el sexto exportador mundial de GNL.

El peronismo dio este fin de semana una muestra de acercamiento entre los distintos sectores cuando gobernadores, legisladores e intendentes de distintos puntos del país coincidieron en la provincia de Tierra del Fuego para participar de los actos por el Día de Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Fue un primer paso para una construcción en vistas al 2027 que por el momento tiene más interrogantes que certezas.

Como contó Infobae un grupo de diputados busca traccionar la construcción de un frente anti Milei de carácter federal. En esa idea también está embarcado el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Tras las actividades en Tierra del Fuego desde su entorno se encargaron de remarcar su rol activo “en la construcción de consensos”. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora, Teresita Madera y la senadora nacional por La Rioja, Florencia López.

Las actividades en Tierra del Fuego dejaron varias fotos. Por un lado la comitiva de La Cámpora que se reunió en la tarde noche del miércoles en Ushuaia mientras Kicillof junto a Quintela y un grupo de legisladores nacionales se preparaban para participar de la vigilia en Río Grande. Ese grupo estuvo con el gobernador fueguino Gustavo Melella. Entre actividad y actividad. Hubo conversaciones sobre la coyuntura y el plan 2027. Kicillof aprovechó para empezar a tejer lazos con los intendentes. Se mostró con los tres jefes comunales de Tierra del Fuego, Martín Pérez de Río Grande; Walter Vuoto de Ushuaia y Daniel Harrington de Tolhuin. Pérez y Vuoto mantienen sus diferencias con el mandatario provincial, Gustavo Melella. De hecho, el camporista Vuoto recurrirá a la justicia por el recorte de fondos al municipio de parte de la administración fueguina.

La construcción de Kicillof por fuera de Buenos Aires está atravesada por diferentes factores y dinámicas territoriales que el mandatario deberá abordar más allá de la discusión interna que mantiene con el kirchnerismo en la provincia que gobierna. Además de Melella, Quintela, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Kicillof también fue recibido por el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez.

En el acto oficial el mismo 2 de abril, hubo presencia de todos los sectores del peronismo. El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por la diputada nacional Cecilia Moreau; La Cámpora, además de Vuoto, también se hizo presente con Mayra Mendoza, una de las voces de CFK y apuesta del cristinismo para la sucesión bonaerense de Kicillof en 2027. A la intendenta en uso de licencia de Quilmes también la escoltó la secretaria general de la organización, Lucía Cámpora; el Subsecretario de Relaciones Municipales durante la presidencia de Alberto Fernández, Pablo “Tato” Giles, entre otros, como el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina.

Mientras sucedía el acto en Ushuaia, en el barrio porteño de La Paternal, el jefe de La Cámpora encabezaba una actividad por Malvinas. Fue la inauguración de un mural en homenaje a los soldados. Allí, sin embargo, dejó una lectura sobre el futuro inmediata del peronismo. “Muchas veces buscan dividirnos bajo falsos antagonismos y lo que tenemos que tener muy en claro de aquí en adelante, es que el parteaguas no es un nombre ni un apellido, sino si se defiende la patria o si no se la defiende”, planteó.

Por el momento, hay una matriz de coincidencia discursiva del peronismo; al menos en la consideración del gobierno de Javier Milei. Lo que aún es incipiente es definir cuál es la mejor estrategia para abordar el proceso electoral. Lo que dejó las elecciones del 2025 aún es materia de debate al interior del peronismo y con énfasis por lo sucedido en Buenos Aires, en donde Kicillof definió desdoblar la elección, ganando con holgura la elección provincial, aunque sin sostener la victoria en la elección a diputados nacionales.

Tampoco hay acuerdos de hasta dónde expandir la construcción de ese frente. Por ejemplo, un sector del radicalismo bonaerense envía señales subterráneas a algunos dirigentes del Ejecutivo bonaerense. “Si Axel decide dar el paso, seguramente vamos a estar”, admite un dirigente del radicalismo bonaerense que se para en la vereda de enfrente del senador nacional por la UCR, Maximilano Abad. Dar el paso significa romper con el kirchnerismo.

Pero eso no sucederá. Aunque la relación entre el gobernador bonaerense y la expresidenta actualmente sea nula; no está en sus planes correr a los ministros provinciales que reportan políticamente a CFK. Pero Kicillof sí busca expandir. La reunión que días atrás mantuvo su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con el exdiputado nacional Emilio Monzó fue en esa sintonía. Fue un acercamiento.

“Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025″, dijo Kicillof este lunes cuando en conferencia de prensa se le consultó por la reforma electoral anunciada por el gobierno nacional, que plantea, por ejemplo, la eliminación de las PASO. “Es difícil plantear el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires sin conocer qué va a hacer Nación en ese y en varios aspectos más. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional”, agregó.

Es que una de las posibilidades es que Buenos Aires también desdoble la elección como suelen hacer el resto de las provincias. Lo que defina Kicillof cobra vital importancia para todo el proceso electoral, ya que Buenos Aires reúne más de 13 millones de personas en condición de votar: el distrito -por lejos- de mayor peso electoral. Buenos Aires también podría abordar temas como boleta única en papel para la elección provincial y allí será Kicillof quien defina la fecha de los comicios bonaerenses. Por el momento todo es cálculo y posibles escenarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y sostuvo que esa decisión “ahuyentó las inversiones que ahora están llegando masivamente”.

La resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló el pago de más de USD 16.000 millones, reavivó el enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, con versiones enfrentadas sobre el impacto económico de la estatización de la petrolera, el desarrollo de Vaca Muerta y el actual escenario de inversiones.

A través de su cuenta de X, Caputo afirmó que “el superávit energético nada tiene que ver con la expropiación de YPF, sino al cambio de política económica y energética llevada a cabo por nuestro gobierno desde el día 1, precisamente para revertir el desastre hecho por su gobierno”.

Según Kcillof: “Los dólares del superávit energético, son resultado de la estatizacion de YPF”.
Como el gobernador bien sabe, el superávit energético nada tienen que ver con la expropiación de YPF, sino el cambio de politica economica y energética llevada a cabo por nuestro…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 30, 2026

La reacción del titular de Economía se dio luego de que, tras la noticia del fallo judicial estadounidense, Kicillof planteara que “los dólares del superávit energético son resultado de la estatización de YPF”.

El funcionario respondió, en tanto, que la expropiación “atrasó 10 años el desarrollo de Vaca Muerta”, al mismo tiempo que aseguró que “la reversión de déficit a superávit energético se hubiera dado más allá de que YPF fuera estatal o privada”.

En ese sentido, el ministro puntualizó dos medidas principales: la recomposición de tarifas para incentivar inversiones privadas y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como una herramienta para asegurar la seguridad jurídica a los inversores, área en la que acusó al gobernador de “desacreditar con la irresponsabilidad de sus actos”.

Caputo subrayó que “todas las petroleras están invirtiendo ahora miles de millones de dólares, y son todas empresas privadas”. Agregó también que “la mayoría de las exportaciones de petróleo de nuestro país provienen hoy de estas compañías privadas”.

Además, sostuvo que, bajo el modelo anterior, “el kirchnerismo hubiera continuado con tarifas pisadas, generando un mega déficit fiscal, financiado con una mega emisión, generando una mega inflación. Mucho menos se les hubiera ocurrido diseñar un RIGI”.

Kicillof defendió la estatización

El contexto de este cruce se remonta al proceso de expropiación de YPF en 2012, liderado en su momento por Kicillof como ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa decisión motivó la demanda internacional por la que la jueza Loretta Preska había condenado a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que con intereses ascendía a unos USD 18.000 millones.

Tras el fallo favorable, Kicillof respondió a las críticas del presidente Javier Milei —quien lo había calificado de “inútil e incompetente”— y a los señalamientos de Caputo, defendiendo que “la Argentina recuperó el control de un área muy importante de la petrolera, lo que hoy le permite a la gestión de Milei tener superávit fiscal”.

El gobernador argumentó además que la Cámara de Apelaciones “tomó como propios los argumentos de la gestión de CFK para expropiar la compañía”, y aludió al marco legal nacional: “Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico”.

Un costo evitado

El dictamen de la Corte de Apelaciones de Nueva York fue considerado sorpresivo en el ámbito local debido a la magnitud del reclamo y a que la sentencia de primera instancia había ubicado a la Argentina ante una posible erogación que, “de pagarlos, habría representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica”, en términos de riesgo país, tasas de interés y menor crecimiento, en palabras del presidente Javier Milei.

Milei rechazó que la resolución judicial convalidara la lógica de la expropiación. Al respecto, expresó: “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia”.

Esta visión del impacto del fallo se replicó dentro de la cúpula de la propia compañía. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que la decisión judicial despeja un escenario de fuerte incertidumbre para el país y para el desarrollo del sector energético.

“Que la Argentina tuviera que pagar USD 18.000 millones, en un momento en el que el país está despegando y el Gobierno nacional está haciendo un trabajo extraordinario, iba a ser muy complejo. Esto despeja el camino y seguramente habrá más inversiones”, afirmó Marín en una entrevista televisiva.

Consultado además por las críticas de Kicillof al presidente Javier Milei por utilizar el mameluco de YPF en actividades vinculadas al sector energético, el titular de la petrolera defendió el gesto y aseguró que dentro de la compañía fue bien recibido. “La gente de YPF siente orgullo de que un presidente de la Nación se ponga el mameluco, que es justamente la vestimenta del hacer, de los que están en los pozos. Es un gran acto del presidente, es honorable y de una humildad impresionante”, sostuvo.

En esa misma línea, el CEO de YPF remarcó que el desarrollo pleno de Vaca Muerta depende del ingreso de capital internacional. “La única manera de alcanzar el desarrollo pleno de Vaca Muerta es dentro de un entorno de negocios como el que presenta hoy Argentina; la inversión extranjera es indispensable”, afirmó.

Aunque en la Argentina el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo cruzaron acusaciones sobre méritos y deméritos en el juicio de Burford Capital contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, en Estados Unidos tanto el gobierno de Donald Trump como el mundo corporativo estaban firmemente unidos en el rechazo al estudio inglés, cuya práctica como “financiador de litigios” repudian activamente.

Si bien no se conocen aún reacciones específicas al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que ayer anuló el fallo de la jueza Loretta Preska que exigía al Estado argentino pagar más de USD 18.000 millones a Burford y un par de demandantes, una frondosa coalición de cámaras de comercio, asociaciones y grandes empresas norteamericanas ya había señalado su repudio a la práctica del estudio inglés fundado en 2008 por Christopher Bogart, CEO de la empresa, cuya capitalización cayó como un piano al conocerse la sentencia, que consideró “decepcionante”.

Burford sopesa nuevos recursos legales, incluida la posibilidad de llevar el caso al Ciadi, un Tribunal de arbitraje que funciona en el ámbito del Banco Mundial. De todos modos, anticipó que reconocerá una disminución del valor de sus activos al presentar el balance del primer trimestre del año.

Lo cierto es que en 2025, en un comunicado difundido por la US Chamber of Commerce, la más amplia representación corporativa norteamericana, varios centenares de cámaras de comercio de localidades, condados y estados norteamericanos, desde Alaska hasta Wyoming, y de empresas medianas, grandes y muy grandes, desde laboratorios como Abbott, pasando por gigantes de las comunicaciones como AT&T, Comcast y Verizon, farmaceúticas como Bayer y Eli Lilly, petroleras como ExxonMobil y el propio American Petroleum Institute y aseguradoras como Liberty Mutual y Zurich apoyaron expresamente un proyecto de ley de un grupo de legisladores republicanos para “transparentar” la industria de “financiación de litigios por terceros”, especialidad que creó y en la que se destaca Burford.

¿En defensa del chiquitaje?

El bufete inglés dice que lo suyo es defender al chiquitaje (little guys) contra estados, empresas e individuos “abusivos”, pero su práctica es asimilable a lo que en EEUU llaman ambulance chasers (perseguidores de ambulancias, en busca de damnificados en cuyo nombre demandar sumas exorbitantes) y en la Argentina simplemente “caranchos”.

El proyecto de los representantes republicanos Darrell Issa (California), Mike Collins (Georgia), Scott Fitzgerald (Wisconsin), Charles Fleischmann (Tennessee), Claudia Tenney (Nueva York), Jeff Van Drew (Nueva Jersey) y Garland Barr (Kentucky) busca transparentar y controlar la financiación de litigios civiles por terceros como Burford, obligándolos a revelar la existencia de acuerdos y la identidad de cualquier persona o entidad que tenga derecho a recibir pagos condicionados al resultado del litigio.

El objetivo principal es evitar que fondos de inversión, entidades o fondos soberanos extranjeros participen secretamente en demandas a cambio de una parte del fallo. Según los autores del proyecto, la falta de transparencia permite a financiadores como Burford influir indebidamente en las estrategias legales y en la resolución de los casos, promover litigios especulativos y facilitar que actores extranjeros utilicen el sistema judicial de EEUU con fines estratégicos o económicos. En parte, fue esta última preocupación lo que también motivó, semanas atrás, la decidida intervención del Departamento de Justicia de EEUU en la causa, apoyando al gobierno argentino.

Tres “riesgos” de la especialidad

En octubre pasado, además, el Instituto de Reforma Legal de la US Chamber of Commerce publicó una investigación en la que listó tres grandes riesgos de la industria creada y desarrollada por Burford.

En primer lugar, señaló, los financiadores “ejercen control significativo sobre los litigios”, poniendo en riesgo la independencia profesional de los abogados y la lealtad hacia sus clientes. Al respecto, cita el caso de Burford Capital y Sysco Corp, un gran distribuidor de alimentos.

En segundo lugar, afirmó que la práctica entraña “riesgos para la seguridad nacional” y que hay “actores extranjeros que usan esta financiación para perjudicar intereses de EEUU, acceder a información sensible o evadir sanciones”. Al respecto, citó un caso en el que una firma vinculada a oligarcas rusos sancionados financió demandas en EEUU y Reino Unido y otro sobre la participación de firmas chinas en litigios estadounidenses.

Por último, la investigación señaló que la industria creada por Burford para supuestamente defender al chiquitaje se queda con la parte del león de los acuerdos o sentencias, “reduciendo considerablemente lo que reciben los demandantes después de descontar honorarios legales”. Y menciona el caso de los carteros británicos, quienes recibieron menos del 20% del acuerdo por la intervención de financiadores y abogados.

Política y derecho

En definitiva, la intervención de la administración Trump en el caso estuvo en línea con los intereses del mundo corporativo norteamericano, a lo que se sumó en la etapa final un zurcido político, diplomático y jurídico con el gobierno argentino.

Del lado jurídico, la Universidad Austral destacó la “decisiva labor del equipo de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo máximo de abogados del Estado federal, integrado por los Subprocuradores Juan Ignacio Stampalija, Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, bajo la conducción del Procurador Sebastián Amerio“. Los tres, subrayó la alta casa de estudios, ”hicieron su carrera de Abogacía en la Universidad Austral y siguieron vinculados a ella como profesores de grado y posgrado en distintas disciplinas del Derecho".

La Justicia de Tucumán decidió ampliar el procesamiento contra la cantante e influencer santiagueña, Valentina Olguín, acusada de haber utilizado los CUIT y datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras de lujo en el exterior. El caso salió a la luz a medidados del año pasado.

La reciente resolución dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N° 2, señaló a Olguín como responsable de al menos quince hechos de contrabando por simulación, una operación que consistía en el uso indebido de la identidad de los mandatarios para recibir en su domicilio paquetes de indumentaria de una marca estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el procesamiento, inicialmente limitado a maniobras vinculadas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ahora incluye hechos similares perpetrados con los datos del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; y el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Además, el juzgado dispuso aumentar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. En un principio, esta medida alcanzaba los 5 millones de pesos.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que la joven simuló operaciones de importación ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de compras vía courier, evitando así usar su propio cupo anual. Según la investigación, la imputada consignó información falsa ante el organismo recaudador ARCA y gestionó los envíos internacionales a través de la empresa FedEx, recibiendo la mercadería en su domicilio.

En mayo de 2025, Olguín ya había sido procesada por cinco hechos la misma naturaleza con compras internacionales a nombre de Jaldo, uno de los primeros en denunciar los hechos. La resolución rechazó los argumentos de la defensa, que alegaban que los datos utilizados provenían de una “búsqueda al azar” en internet, y destacó que la reiteración de las operaciones, así como el perfil público de los funcionarios involucrados, permitieron descartar la supuesta falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras.

En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del domicilio de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y prendas de vestir en sus envoltorios originales. De comprobarse el delito por el cual se encuentra imputada, podría enfrentar penas de 2 a 8 años de cárcel.

La joven ganó visibilidad como cantante en el grupo Dame 5 y, posteriormente, inició una carrera solista. En su presunto descargo, habría admitido que recurrió a datos fiscales ajenos luego de superar su propio cupo para compras personales en el exterior y el de su familia.

El descargo

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, explicó la joven en aquel entonces, y resaltó: “Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

En este sentido, señaló: “Yo recibía ropa que me mandaban de afuera a modo de colaboración desde Estados Unidos. Se trata de una marca muy importante y me empezó a mandar desde el año 2020 paquetes de ropa. Cada envío se puede usar hasta 5 veces por año. Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT, el de mi familia y el de mis amigas, que se los pedía".

“En un momento dado, comenzaron más restricciones de parte de la Aduana y me empezaron a retener los paquetes”, sostuvo. Luego, se descubrió la maniobra.

El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, confirmó ayer viernes que no adherirá a los cambios que dispuso el gobierno nacional para el trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y mantendrá el esquema de chequeos anuales para autos de más de dos años.

Lo confirmó a través de un posteo en X de la VTV provincial, en oposición a los cambios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para modificar el sistema actual, hacerlo más competitivo y espaciar los controles para los vehículos de menor antigüedad.

“La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”, se publicó en el perfil en X de la VTV bonaerense.

“Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, escribió Sturzenegger al repostear el anuncio sobre la decisión del gobierno de Kicillof.

Durante la semana, el Gobierno nacional decidió mantener las reformas aplicadas al sistema de VTV al rechazar el reclamo presentado por representantes del sector de talleres para frenar los cambios. La decisión se oficializó vía el Decreto 139/2026, que se publicó el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El reclamo había sido presentado contra el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI) junto con empresas y particulares del sector.

Uno de los puntos clave en disputa es la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente. Además, los autos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse al control cada dos años, lo que representa una extensión en los intervalos de revisión.

En definitiva, el esquema oficial quedará así,

• Vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años
• Vehículos de entre cinco y diez años, deberán someterse a controles cada dos años
• Vehículos de más de diez años tendrán revisiones más frecuentes.

Uno de los argumentos del Gobierno nacional es que según la evidencia internacional las fallas mecánicas explican una proporción muy baja de los accidentes de tránsito.

Otro aspecto de la iniciativa oficial es introducir competitividad en la provisión de servicios de VTV. Hasta ahora, el control se hace en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, ese servicio podrá también ser prestado por concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Según Sturzenegger, la apertura a una mayor competencia podrá llevar a precios más bajos, en beneficio de los automovilistas.

Desde Provincia en cambio cuestionan los beneficios de esta apertura argumentando, por caso que las verificaciones podrían derivar en la ampliación del mercado negro de repuestos.

“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos (plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio) y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, sostuvo el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, quien también señaló que el sistema que impulsa Sturzenegger podría generar complicaciones para las localidades pequeñas y medianas en territorio bonaerense, con un servicio centralizado en las ciudades más atractivas únicamente.

“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, dijo Marinucci.

El gobierno nacional sostiene en cambio que los cambios que impulsa tienen en cuenta la evolución tecnológica del parque automotor y estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con errores humanos y no con fallas mecánicas.

Otro punto del conflicto es la modificación del régimen de habilitación de talleres. La normativa nacional establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar tarifas obligatorias, lo que apunta a generar mayor competencia dentro del sistema. La Cmapara Argentina de Talleres de Revisión de Auto Transporte Interjurisdiccional” (Catrai) había cuestionado esta apertura alegando la participación de concesionarias, importadores u otros talleres afectará la imparcialidad del control, a lo que el gobierno replicó que la objetividad se garantiza mediante mecanismos de fiscalización del proceso y no restringiendo la actividad de los prestadores.

El gobierno nacional también confirmó la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), medida presentada como parte de una simplificación administrativa. El Ejecutivo concluyó que los argumentos del reclamo no modificaron los fundamentos de la reforma y rechazó la presentación administrativa de Catrai, dejando firmes los cambios implementados en el sistema de revisión técnica vehicular.

Las plantas de verificación particulares

Tanto para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV), denominación que cambia según las distintas jurisdicciones, se podrán registrar nuevos espacios privados donde hacer las inspecciones de vehículos automotores. Esta modificación habilita que no sólo existan plantas oficiales como ocurrió desde la creación de este tipo de controles, sino que también podrán efectuarse en concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Los talleres o concesionarias deberán adaptar sus instalaciones y su equipamiento técnico de acuerdo a las exigencias que determine el gobierno. Originalmente, esa reglamentación estaba a cargo de la disuelta Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Ahora será la Secretaría de Transporte la que deba delegar esa función al organismo competente. Esos talleres tendrán que tener un Director Técnico habilitado que certifique la calidad de las revisiones.

Las RTO, tanto las plantas de autos particulares como las de transporte pesado, de cargas y pasajeros, no tendrán una tarifa única oficial en las jurisdicciones que adhieran a esta reforma de la Ley Nacional de Tránsito. En el futuro, las RTO tendrán una certificación física, tal como es actualmente con una oblea, pero también una certificación digital en la plataforma “Mi Argentina”, del mismo modo que hoy se puede exhibir la cédula verde, la licencia de conducir o la autorización de manejo a un tercero.

Las jurisdicciones que adhieran tendrán la posibilidad de realizar revisiones técnicas a vehículos comerciales, no particulares, de otras jurisdicciones.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a la presentación del Presupuesto 2026 que el Presidente hizo este lunes por la noche a través de cadena nacional. En un escueto discurso, Javier Milei habló de un incremento en el gasto que será destinado a salud, jubilaciones, discapacidad y educación. En este sentido, Axel Kicillof volvió a criticar el rumbo político y económico de la administración actual y aseguró: “Esto es muy insuficiente”.

“Si modificó en algo, yo por lo que escuché, obviamente sin análisis, me pareció mínimo, porque en términos reales (...) dudo que recupere lo que sacó a los jubilados porque él decía que esto le destruía el superávit fiscal”, reflexionó respecto a los números del texto que el Mandatario enviará al Congreso. Según confirmó Milei, en esos 15 minutos que duró el discurso, habrá un aumento del 5% en la partida en jubilaciones, 17% destinado a salud y un 5% que iría a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, y 8% para educación. Pero para el gobernador, los argumentos que viene exponiendo desde el comienzo “son un disco rayado”.

El jefe provincial aseguró que, desde los inicios de la administración libertaria, los haberes jubilatorios “bajaron un 14%” y las pensiones por discapacidad “un 19″. Además, el presupuesto universitario se redujo un 31 por ciento, según sus cálculos. En este sentido, hizo hincapié en los resultados obtenidos en las elecciones legislativas bonaerenses del pasado 7 de septiembre, en donde la lista Frente Patria obtuvo un marcado triunfo sobre La Libertad Avanza, que apenas superó el 30% de los votos a nivel nacional. “Si esto lo llevó a Milei, aunque sea maquillaje, aunque sea mentira y aunque sea un disco rayado, que ya veremos, a tener que plantear que estos temas son de más importancia de lo que estaba haciendo, en vez de gastar a los jubilados o reprimirlos, bueno, el voto sirve”, aseguró. Según sus apreciaciones, la gente votó “para que Milei corrija el rumbo que tiene”.

Más allá de los efectos que pudo haber tenido el resultado electoral, lo que condicionó además al oficialismo para las nacionales del próximo 26 de octubre, Kicillof aseguró que con estos porcentajes sigue siendo “muy insuficiente para el desastre que está haciendo, con estos presupuestos”. Asimismo, insistió con la necesidad de un diálogo entre mandatarios, remarcando que es la “quinta vez” que se lo pide públicamente “sobre todo cuando sus políticas tienen un impacto atroz sobre la provincia de Buenos Aires”. “Yo sé que Milei no es peronista. Pero no puede no dialogar con el Gobernador”, protestó.

En la disertación, el jefe de Estado mencionó el superávit fiscal y subrayó que por haberlo alcanzado, la Argentina tendría una base de crecimiento del 5% anual. “Si al superávit se le suman reformas que queremos llevar adelante, podríamos hablar de un crecimiento del 7% u 8% anual de manera sostenida. Crecer a estas tasas implica parecerse a países de altos ingresos en 10 años, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las tres potencias mundiales”, destacó.

En diálogo con Carlos Pagni en LN+, contó cuáles fueron las reacciones de sus colegas provinciales luego de las elecciones y habló sobre la relación que mantiene con ellos, en especial con los integrantes del armado político “Gobernadores de Provincias Unidas”, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

“Me felicitaron todos después de las elecciones, algunos hablé por teléfono, otros hablé incluso antes y otros lo hicieron por mensaje. Tenemos una relación que llevó a que 23 gobernadores le reclamáramos a Milei que nos devuelva la plata que nos robó. Hasta ese punto llegamos”, aseguró. Aunque, sobre las alianzas políticas, opinó que “hay que terminar de ver cómo se define. Yo la verdad que con los gobernadores lo que diría: ‘Odiar al peronismo, lo voy a decir así, al kirchnerismo, al peronismo, odiarlo y pensar que la única solución es erradicarlo’, me parece que es algo que nos ha llevado a un lío”, insistió.

Sobre una posible candidatura presidencial en 2027, el mandatario provincial optó por correrse de esa especulación a la que calificó como algo de “ultra ciencia ficción”. “Yo estoy gobernando la provincia más grande en población, probablemente la más compleja, no lo sé, hay que ver. Tengo mañana temas de la provincia de Buenos Aires. Me parece todo eso ultra ciencia ficción”, remarcó, con gestos que buscaban un punto final al tema.

Los interrogantes surgieron mientras la militancia aguardaba en el búnker de Fuerza Patria, para recibir al gobernador luego del triunfo en las legislativas. En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: "Es para Axel, la conducción“. “Me parece que lo que hay que hacer después de mi ley, el post-mi ley, exige un ejercicio de una fuerza política robusta, con claridad. No podemos repetir errores del pasado”, remarcó.

Por último, se refirió al juicio contra la firma española Repsol y la recuperación del 51% de las acciones que esta tenía sobre YPF, y el rol que tuvo durante ese procedimiento, hoy muy cuestionado, tras el fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó al país pagar al fondo Burford Capital, 16 millones de dólares. Al respecto, Kicillof aseguró que no tiene ninguna autocrítica sobre sus acciones durante su paso por el Ministerio de Economía. “El problema se ocasiona cuando pasamos de tener un superávit energético a tener un déficit energético en cinco años, más o menos, por responsabilidad de Repsol”, argumentó. “Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción”.

“Se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Entonces, se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la mayoría abogados, la enorme mayoría de abogados. Yo no soy abogado. Entonces, se decidió expropiar usando la ley” explicó. Y concluyó´: “El mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula, ahora le da la razón a otro buitre, que es Burford”. Ante la consulta sobre si revisaría las decisiones tomadas en aquel entonces, aseguró que “No”.

“La gente no está preocupada ni por los audios de Karina Milei, ni si Cristina Kirchner está presa o no. La gente desprecia esos problemas, quiere que termine la puerta giratoria de los delincuentes, que le resuelvan el problema del asfalto, los problemas en la Justicia de Familia", asegura Marcelo D’Alessandro, abogado y referente bonaerense que compite como candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral.

El abogado, que tiene un alto perfil público, fue diputado provincial, concejal y se reivindica como afiliado radical, puso el foco en la necesidad de terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes y reformular el funcionamiento de la Justicia de Familia. “Las penas en la Argentina son durísimas, el problema no es ese, sino las normas de procedimiento, que hacen mucho más simple excarcelar, mucho más que en otros países del mundo”.

Su diagnóstico y propuestas surgen de su experiencia anterior y su actividad como abogado de causas que tienen impacto público: “Un juez que está de turno tiene quince causas, llama a la comisaría para alojar un detenido y le dicen: ‘No tenemos lugar’”. El candidato por la fuerza Nuevos Aires impulsa una ley que impida a los jueces excarcelar a quienes tengan múltiples delitos graves: “Si un delincuente tiene tres causas elevadas a juicio por tres delitos diferentes, cuando comete el cuarto delito, aunque sea leve, tiene que permanecer en la cárcel, por lo menos hasta que se resuelva la causa de ese cuarto delito”.

“Ese proyecto es un proyecto que evita la puerta giratoria, que vuelve loco a todo el mundo en el Conurbano bonaerense”, sostuvo. El control judicial en materia de excarcelaciones debe estar atado por las normas, y no depender de “vientos políticos” o de coyunturas: “Hay que atarles las manos a los jueces para que no haya puerta giratoria”, consideró.

Pero el problema de la seguridad, para D’Alessandro, trasciende el delito callejero. Su otra prioridad es la Justicia de Familia, que vive “una deuda estructural” y es, según él, responsable de muchos de los dramas sociales bonaerenses. “La mitad de los jueces de familia están vacantes. En los juzgados de familia se produce el principal problema del vecino”, consignó. Y enumeró ejemplos concretos: “La mujer que no recibe alimentos, los conflictos por regímenes de visita, y la mayoría de los femicidios que se producen en el ámbito intrafamiliar. Todo se acumula en juzgados vacíos, con sueldos bajísimos y sin carrera profesional”.

Seguridad y justicia bonaerense

El flagelo de la “puerta giratoria” es, para D’Alessandro, más que una consigna de campaña, es la respuesta ante la reincidencia, la falta de consecuencias reales frente al delito. “Cuando hice este proyecto fue después de un famoso caso, en 2014, de un delincuente que tenía once causas elevadas a juicio y le dieron la excarcelación”, recordó. “No podés tener en la calle alguien que tiene tres causas elevadas a juicio, comete un cuarto delito y el juez puede dar la libertad”.

Este endurecimiento también toma forma ante los delitos en flagrancia. El ejemplo que utiliza es el de los detenidos con armas de alto calibre: “Un delincuente con tres causas que a las 4 de la mañana es encontrado con un arma de guerra dando vueltas por Virrey del Pino y es detenido en un retén policial, debe permanecer detenido hasta que se resuelva la causa por la tenencia ilegal de arma”.

D’Alessandro no solo fija posición sobre las normas, sino sobre la práctica real, el día a día de jueces y policías apremiados por la saturación y la falta de recursos. “El problema encima es que el juez termine excarcelando porque la orfandad de medios, la falta del lugar donde poner a los detenidos y las circunstancias de la causa.” Estas limitaciones – sumadas, dice, a las señales ambiguas del poder político – alimentan la liberación de acusados incluso por crímenes graves. “Si tenés, además, un gobernador como Kicillof que habla de la pobre gente y que los delincuentes son gente que no tuvo oportunidad en la vida, lo sueltan”.

Según el candidato, la solución no es la discrecionalidad ni la reacción mediática ante cada caso. “Esto tiene que ser política de Estado. Los legisladores tienen que prohibirle a un juez que pueda decidir la excarcelación. En lugar de decir: ‘Podrá conceder la excarcelación’, tiene que decir: ‘No podrá conceder la excarcelación’; simple”, afirma. El principio es que la cárcel es para preservar a la sociedad y no para castigar por castigar: “La cárcel no está como castigo para la gente, no es que se castigue a la gente. En la cárcel estás justamente para preservar a la sociedad de los tipos peligrosos.”

La otra reforma es la de la Justicia de Familia, con un diagnóstico alarmante y, a la vez, urgente: “La mujer en la provincia de Buenos Aires tiene el problema de que el marido no le paga alimento y además la mayoría de los femicidios son intrafamiliares, ocurren adentro de la familia. ¿Por qué? Porque no funciona la Justicia de Familia”, enfatizó. D’Alessandro describió una estructura sin incentivos, sin medios y sometida a la presión política: “Los que son buenos se van a la Capital y ganan tres, cuatro veces más”, lamenta, señalando la fuga permanente de talento y experiencia.

“Hay que darle jerarquización, mayor cantidad de medios, pero básicamente herramientas para que los jueces puedan resolver las cuestiones de derecho de familia, que son importantísimas en la provincia de Buenos Aires, porque hay decenas de divorcios, de conflictos y los reclamos por alimentos. Hay que hacer una carrera judicial en serio”.

La disputa política

“Soy afiliado radical desde el año 82. Fui diputado provincial 2011-2015, luego fui concejal de Tandil, que es mi ciudad natal, 2017-2021. Y luego fui candidato a intendente de San Martín, en el 2023 y ahora candidato a diputado provincial nuevamente”, repasó.

La elección de la Tercera Sección Electoral es estratégica: “Elegimos competir en la Tercera Sección porque iba a ser la de Cristina Kirchner y porque además es un lugar donde se eligen muchos diputados, donde las minorías tienen mayor participación”, explica. “Son diecinueve partidos, cinco millones de electores. Se es diputado con 5,05% de los votos, lo que representa mucho, 250 mil votos”. Según su visión, quien logre un escaño aquí puede perfilarse como referente genuino de una tercera fuerza provincial.

Su campaña -insistió D’Alessandro- no es testimonial: “Camino, doy la cara y me ven todos los días, me conocen y no tengo que responder por nadie encima de mí. No tengo que decir ni que Milei es bueno ni que Cristina es buena. Lo único que tengo que hacer es legislar para la provincia de Buenos Aires, para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, como lo hice en 2011-2015”.

El abogado destacó que por primera vez los bonaerenses tienen que elegir una boleta donde son los diputados provinciales los primeros de cada lista. “Eso es central. Que la gente elija y después pueda pedir cuentas”, dijo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunirá esta tarde con Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador provincial por la Tercera Sección Electoral, en medio de la polémica por el desplazamiento de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense vinculados al excomisario.

El encuentro, confirmaron fuentes a Infobae, será a las 17:15 horas en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado en Av. Gral. Gelly y Obes 2289, Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto estalló tras conocerse que el gobierno bonaerense separó de sus funciones a 24 jefes policiales tras acusaciones de que estos oficiales organizaron acciones internas para respaldar políticamente a Bondarenko y conspirar contra la conducción de la fuerza.

De acuerdo con la comunicación oficial, Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”, precisó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en diálogo con Radio 10. Alonso detalló que el grupo, en el que figuraría también Bondarenko en su calidad de policía retirado, habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar la candidatura y “fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.

El funcionario informó que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales y, tras revisar equipos informáticos, se halló documentación que confirmó la gravedad de las acusaciones. Como resultado, se ordenó la desafectación de los responsables y se inició la investigación correspondiente.

Fuentes oficiales confirmaron que el epicentro de las maniobras detectadas fue la Policía Ecológica, que fue descabezada tras constatarse el contenido de la denuncia, aunque se identificaron ramificaciones en otras áreas de la fuerza. Asuntos Internos recibió pruebas que incluían conversaciones de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

Por ley orgánica, los efectivos de la Policía Bonaerense tienen prohibido realizar actividad político-partidaria y tampoco están autorizados a ejercer participación gremial. “Bondarenko pidió licencia cuando decidió hacer política y fue concejal con autorización de la institución. Acá lo que hubo fue una actuación por fuera de la ley y por eso se le dio intervención a la Justicia, porque es más que una falta grave”, indicaron voceros del área de Seguridad.

Según fuentes de la investigación, el proceso se inició después de la definición de las candidaturas, cuando una persona cercana a los involucrados presentó abundante documentación y pruebas sobre las actividades de los implicados. “Cuando se fueron a las computadoras de la Policía Ecológica de los efectivos acusados, se comprobó que todo lo denunciado era cierto”, señalaron.

Javier Alonso indicó que el accionar de los oficiales constituye “una falta grave al reglamento orgánico de la Policía” y remarcó que los implicados proyectaban medidas orientadas a instaurar una reforma institucional que contemplaba, entre otros aspectos, el pase a retiro obligatorio de varios jefes para que el grupo quede al frente de áreas clave. El ministro insistió en que la decisión de desplazar a los jefes “nada tiene que ver con que esta persona sea candidato de La Libertad Avanza”.

Para las autoridades provinciales, la intervención fue necesaria para evitar un precedente adverso dentro de la fuerza. “Algunos pensaron que el gobierno no iba a actuar. Si no se tomaba una medida, se generaba un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense. Se planeaban purgas, reformas. Fue un acto de insubordinación y una violación de la ley orgánica de la fuerza”, agregaron fuentes consultadas.

“No es menor en un contexto en el que Javier Milei habló de intervenir a la provincia”, advirtió el ministro. A comienzos de año, tras casos de violencia que incluyeron víctimas fatales, el presidente calificó como un “baño de sangre” la situación en el conurbano y criticó la gestión de Kicillof. Milei propuso una intervención federal para aplicar una política de “tolerancia cero”, basada en los lineamientos de Rudolph Giuliani y Gary Becker.

Bondarenko, coordinador de La Libertad Avanza en Florencio Varela, fue propuesto por Karina Milei para liderar en una zona tradicionalmente controlada por el peronismo. Actualmente responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia, aunque antes integró una alianza con Facundo Manes y, hasta 2018, fue parte del bloque de Juntos por el Cambio en ese distrito.La postulación de Bondarenko se confirmó en la noche del sábado. “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”, anunció el concejal en redes sociales.

En su presentación, Bondarenko afirmó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”. Y agregó que el territorio bonaerense supo ser “la cuna del trabajo y el esfuerzo”, aunque en la actualidad atraviesa una crisis marcada por el temor y la impunidad.

El próximo 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El pasado 9 de julio se cumplió el plazo para la inscripción, ante la justicia electoral, de las alianzas entre las diferentes agrupaciones políticas. Finalmente, fueron ocho las que se inscribieron para participar de la referida contienda electoral.

Una de esas alianzas es la que une a La Libertad Avanza con el PRO. Además, están Fuerza Patria, Somos Buenos Aires, Nuevos Aires, Frente de Izquierda, Avanza Libertad, Hechos y Potencia.

El discurso del Gobierno Nacional, apoyado por algún sector del periodismo, se basa en una premisa claramente antojadiza, que es aquella según la cual, votar a cualquier otra agrupación que no sea la propia, resulta ser “funcional al kirchnerismo”. Es necesario terminar con esa falsa apreciación, por varias razones.

En primer lugar, las del próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, son elecciones que no tienen por finalidad renovar cargos ejecutivos (gobernador o intendentes), sino que son pura y exclusivamente legislativas. Esto significa que resulta indistinto si las agrupaciones contrarias al kirchnerismo están agrupadas en un solo bloque o dispersas en varios. En definitiva, si de lo que se trata es de frenar el predominio de Kicillof en la provincia, es suficiente con que, el oficialismo local, reduzca sensiblemente la cantidad de representantes en la Legislatura bonaerense.

Es por tal motivo que, la teoría divulgada por el Gobierno Nacional y la alianza LLA-PRO, podría tener algún asidero en una elección ejecutiva, pero no lo tiene en una legislativa.

En segundo lugar, si en algún órgano está reflejada la democracia en su máximo esplendor, es en el legislativo, pues allí se vuelcan las diferentes variantes y posiciones políticas que existen. Es allí en donde se refleja el cien por ciento de la diversidad ideológica de todo el espectro político, conforme al sistema minoritario de representación proporcional previsto en la ley electoral.

Por lo tanto, cuando la alianza LLA-PRO reclama el favor popular para las referidas elecciones, utilizando el argumento que, elegir otras alternativas favorece al nefasto kicillofismo, no sólo se utiliza una falsa premisa en una elección exclusivamente legislativa, sino que, además, se desconoce el sentido que debe tener un cuerpo parlamentario, como órgano aglutinador de las diferentes vertientes ideológicas.

Por supuesto que cada agrupación política intentará lograr la mayor cantidad de votos, pero el sentido de la búsqueda del favor popular, debe ser el de las propuestas; el del ofrecimiento de una tarea legislativa seria, coherente y decente; y el de la postulación de candidatos adecuados para ello.

Es cierto que, desde hace muchos años, la labor legislativa está sumida en un profundo descrédito popular, por obra y gracia de muchos legisladores que no hacen honor al relevante cargo que ocupan. Actos de corrupción, transfuguismo político y saltos intempestivos de un bloque a otro, han ido erosionando el prestigio de los cuerpos parlamentarios y de sus integrantes, haciendo que la ciudadanía pierda interés en este tipo de elecciones, y que teorías descabelladas como las pregonadas por el espacio político LLA-PRO, calen profundo en una sociedad hastiada de la clase política.

El Congreso de la provincia de Buenos Aires requiere, tal vez como nunca, legisladores formados, capaces de honrar la función para la que son electos, y que fundamentalmente tengan valores institucionales, republicanos, ética en el ejercicio de su labor e integridad personal; y, sobre todo, legisladores que no se adueñen de sus bancas, como si las hubieran recibido por donación popular, o a título de herencia.

En definitiva, en una elección legislativa no puede votarse por descarte, sino por la convicción y la confianza que, a cada elector, le inspiran los candidatos que las diferentes agrupaciones presentan, y los proyectos que proponen. A la luz de esta hipótesis debe desarrollarse la campaña electoral, y no divulgando teorías polarizadoras fundadas en el temor.

Es necesario sanear la democracia, depurando los cuerpos legislativos; la oportunidad para comenzar, es en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron ante la jueza Loretta Preska un escrito para que rechace la suspensión del fallo que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago por la expropiación realizada en 2012, según informó el especialista Sebastián Maril. En septiembre de 2023, la magistrada había condenado al país al pago de más de USD 16.000 millones en concepto de indemnización, en uno de los fallos de mayor impacto económico en la historia judicial argentina.

En su presentación, comentada por Maril en X, los beneficiarios sostuvieron que Argentina no tiene posibilidades serias de revertir la decisión en la instancia de apelación. “La República no es probable que tenga éxito en apelar la orden de transferencia”, manifestaron ante la jueza Preska, desestimando los argumentos del Estado sobre la necesidad de aguardar la resolución del tribunal de segunda instancia, de acuerdo con el medio fuente.

Los demandantes también advirtieron sobre la existencia de iniciativas legislativas tendientes a impedir el cumplimiento de la sentencia, aun si se concediera la suspensión solicitada por Argentina. El escrito destaca que “la semana pasada se presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso Nacional argentino, identificando a Su Señoría por su nombre y buscando prohibir el cumplimiento de la orden de transferencia”. Para los abogados de Burford Capital y Eton Park, este proyecto parlamentario revela la intención explícita de eludir el pago dispuesto por la Justicia de Estados Unidos, aun si la Corte de Apelaciones no revierte el fallo.

El escrito presentado ante Preska también se detuvo en declaraciones públicas del gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía Axel Kicillof, a quien los acreedores mencionaron como uno de los principales responsables políticos de la expropiación de YPF en 2012. Según el texto entregado, Kicillof calificó los fallos judiciales en Estados Unidos como “un sinsentido legal” y “absolutamente absurdos”, y cuestionó en términos enfáticos la legitimidad del proceso judicial. “Estas manifestaciones confirman la voluntad de las autoridades argentinas de desacatar las órdenes judiciales e impedir su cumplimiento efectivo”, argumentaron Burford Capital y Eton Park en el documento presentado al juzgado.

La postura de los acreedores contrasta con el pedido realizado la semana pasada por el Gobierno argentino ante la jueza Preska. Argentina solicitó suspender la ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. En su presentación, el Estado argumentó que no puede vender ni transferir las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso, ya que se trata de un activo estratégico sujeto a una ley específica para su desprendimiento. También sostuvo que no hay riesgo en cuanto a la disipación de activos durante la apelación, porque la propiedad accionaria está regulada por la legislación interna y bajo control estatal.

En la Casa Rosada, fuentes oficiales indicaron que no establecerán negociaciones con el fondo Burford Capital hasta contar con una resolución judicial definitiva y consideran que entregar la mayoría accionaria de YPF representaría “un daño irreparable” para el patrimonio nacional. Además, aseguran que aún disputarán el monto final del laudo, calculado en más de $16.000 millones, argumentando que existen razones legales para reducirlo incluso a “algunos cientos de millones de dólares”.

El conflicto por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la estatización del 51% de la petrolera mediante una ley sancionada por el Congreso. Los fondos Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigar de los accionistas minoritarios en YPF y reclamaron compensaciones por el modo en que se ejecutó la estatización. Argumentaban que el Estado incumplió las condiciones previstas en el estatuto de la petrolera para la compra forzosa de acciones.

La sentencia de septiembre de 2023 de la jueza Preska estableció la obligación para Argentina de pagar más de $16.000 millones por daños y perjuicios, ubicando el litigio entre los reclamos judiciales más importantes contra el Estado argentino. La orden actual dispone que el país entregue el 51% de las acciones de YPF como parte del pago si no transfiere el dinero, detalló el medio fuente.

Por otra parte, el escrito de Burford Capital y Eton Park no fue el único pedido presentado contra la suspensión de la sentencia. El fondo Bainbridge también había solicitado previamente a la jueza Preska que no conceda la suspensión del fallo, en su propio litigio contra Argentina. En su caso, la demanda apunta al cobro de bonos en default desde 2001, por un monto aproximado de $95 millones. Brainbridge argumentó que el Estado argentino no ha demostrado voluntad de pago y que otorgarle más tiempo solo prolongaría el incumplimiento de sus obligaciones.

Hasta el momento, el futuro del caso depende de la decisión que adopte la jueza Preska en las próximas semanas acerca de si concede o no la suspensión del fallo mientras se tramita la apelación. El desenlace tendrá consecuencias directas sobre la estrategia del Gobierno para evitar la ejecución inmediata de la sentencia y sobre la posibilidad de negociar el monto de la indemnización por la expropiación de YPF.

El exministro de Economía y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha presentado de forma oficial en un mitin frente a decenas de personas su plataforma electoral Movimiento Derecho al Futuro (MDF), agrupación política con la que aspira a revalidar su cargo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el 7 de septiembre de 2025.

"Hoy nace el MDF, y como decía el General, el movimiento jamás fue excluyente ni sectario, es una forma modesta de contribuir, de organizarnos, abrirnos y de volver a escuchar y conectar con las necesidades de nuestra gente", ha destacado Kicillof en declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'.

El político argentino ha apostado por tender la mano a la expresidenta Cristina Kirchner para hacer frente al actual Gobierno central y ha criticado la "persecución judicial" contra la exmandataria argentina. "El único adversario que tenemos es Javier Milei. Y está afuera, no adentro", ha sostenido.

Kicillof se alejó de la exmandataria con la creación de esta nueva agrupación política hace unos meses, cuyo nacimiento buscaba agrupar al peronismo y hacerle frente al sector kirchnerista.

Aún apostando por la unidad, el gobernador de Buenos Aires ha matizado que el debate no debe ser "por un lugar en las listas". "El Gobierno provincial es un instrumento de la gente y hay que defenderlo con el voto; no se trata de defenderme a mí, sino a las obras y la inversión que venimos llevando adelante", ha afirmado en un mensaje de la red social X.

El objetivo de esta unidad sería vencer a la oposición que está valorando también la unión entre Propuesta Republicana (PRO), agrupación liderada por el expresidente Mauricio Macri, y el partido del oficialismo del actual mandatario Javier Milei, La Libertad Avanza.

"Tenemos una misión que empieza hoy: Ir a buscar a todos, a los que militan, a los que dudan, a los que se enojaron y votaron con bronca, a los que perdieron el entusiasmo, a los que se sienten ofendidos por Milei", ha resaltado Kicillof.

Explicar la decadencia económica argentina no parece tan difícil. Luego de haber crecido generando un gran flujo de inversiones en el sector real de la economía de y haber sido uno de los países más prósperos del mundo, Argentina entró en una larga decadencia a partir de la década del 40.

Los políticos que se conocen como la generación del 80 (Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, inspirados en las ideas de Juan Bautista Alberdi) lograron el milagro argentino, que no fue ningún milagro, sino tener un país con orden, previsibilidad en las reglas de juego e incorporación de la economía argentina al mundo. Eso generó un tsunami de inversiones que hicieron de Argentina la potencia a la que todos queremos volver.

Luego aparecieron los populistas con sus políticas distributivas, el proteccionismo, el aumento de la burocracia estatal, el incremento de la carga tributaria, los controles de precios y salarios y otras medidas demagógicas que generaron un fenomenal gasto público y trabas a la producción, que hubo y jay que financiar con impuestos, endeudamientos que terminaban en default y emisión monetaria con los correspondientes procesos inflacionarios.

Sencillamente se pasó de reglas de juego que permitían sostener una senda de crecimiento de largo plazo a reglas de juego que desestimulan la inversión y la producción.

Se pasó de reglas de juego que permitían sostener una senda de crecimiento de largo plazo a reglas de juego que desestimulan la inversión y la producción

La pregunta a formularse es: ¿por qué muchos votan populismo? ¿Por qué durante décadas sigue votando un populismo u otro? Con diferentes modales, pero populismo al fin.

En principio uno tiende a pensar que la contrapartida de tanto gasto público es la carga tributaria que tiene que soportar la población, la cual podría llevar a rechazar las propuestas populistas, sin embargo, los populistas son populistas, pero no estúpidos, saben qué hacer para sostenerse en el poder.

En primer lugar, es importante resaltar que la democracia se convirtió en una carrera populista en la que cada partido político trata de llegar al poder prometiendo la mayor cantidad de redistribución posible o de aplicar medidas incumplibles. Cuantas más promesas de “repartir” riqueza, más votos. Sin embargo, si a todos los votantes se les tuvieran que cobrar más impuestos para redistribuir, el político populista perdería su carrera.

¿Cómo resuelve el problema el populista? Simplemente aplica la mayor carga tributaria sobre los sectores más pequeños de la población para transferírselos a sectores más amplios. Así, el populista pierde el voto de un sector de la sociedad, pero gana una mayor porción de votos del electorado que es al que beneficia con lo que le “roba” a los sectores de mayores ingresos.

Es solo explotar a sectores de ingresos altos y medios para dárselos a sectores de ingresos más bajos.

El balance del aumento de la presión tributaria versus los votos ganados por el populismo es lo que hace la diferencia a favor de esos políticos

El balance del aumento de la presión tributaria versus los votos ganados por el populismo es lo que hace la diferencia a favor de esos políticos.

Renta agropecuaria compartida

¿Por qué el campo tiene que entregar el 67% de la renta de la soja al Estado? Por la sencilla razón de que los votos de los productores de soja son infinitamente menores a los votos de los que reciben, en forma de subsidios, los impuestos que el Estado les confisca a los productores.

Pierden el voto de los productores de soja, pero ganan muchos votos más de los que reciben gracias a lo que el Estado le quita a los productores.

Claro que a mayor redistribución mayor carga tributaria. Por lo tanto, el populista tiene que buscar sectores más amplios de la sociedad para ampliar la base imponible, lo cual lo lleva a generar descontento en sectores de la población que antes no expoliaba, perdiendo caudal de votos. Por ejemplo, cuando se aumenta el IVA, el Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría u otros impuestos.

El punto es muy evidente. En su carrera populista los políticos primero aplican una feroz carga impositiva sobre los sectores que generan puestos de trabajo. Esto desestimula la inversión, baja la productividad y disminuye la riqueza disponible a distribuir.

La trampa original de cobrarle mucho a pocos para distribuir entre muchos se desvanece y tienen que cobrarle mucho, a muchos

Cuánto menor riqueza hay, menos para repartir y se buscan otros sectores a los que castigar con impuestos hasta que la carga tributaria abarca a tantos sectores que, finalmente, la trampa original de cobrarle mucho a pocos para distribuir entre muchos se desvanece y tienen que cobrarle mucho, a muchos. Eso marca el fin del proceso populista más feroz. En algún punto comienza un proceso más prudente o se desemboca en una terrible dictadura que tiene que reprimir el descontento popular, como en Venezuela.

Plan Marshall

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. implementó el Plan Marshall para ayudar a sus aliados e incluso a sus enemigos a reconstruir sus economías. Para eso, contó con USD 13.000 millones, que a serían unos USD 120.000 millones actuales, y fue dividido entre varios países. Uno de ellos fue Alemania que recibió el 11% del total.

Esto quiere decir que adjudicarle el milagro alemán al Plan Marshall es un error. Fue la firmeza con la que Ludwig Erhard, ministro de Economía de Konrad Adenauer a partir de 1949, llevó adelante su política de liberación de la economía. La llamada economía social de mercado.

Entre 2003 y 2015, los K, que llevaron el populismo a su máxima expresión, recaudaron USD 1,2 billones, es decir, 10 veces más que lo que fue el plan Marshall.

Lo dramático es que Europa se reconstruyó. Los caminos, puentes, sistema energético, agua potable, etc. que habían quedado sepultados bajo los escombros de la guerra fueron reconstruidos y la economía europea creció entre 1948 y 1951 al 2,2% anual (datos de Nicolás Cachanosky).

¿Qué dejaron los K con 10 veces más de ingresos que el Plan Marshall? El sistema energético destruido, al igual que las rutas, el acceso al agua potable, los trenes, etc. y encima el país en recesión, con cepo cambiario y una pobreza del 30% según, estimaciones privadas, porque para no mostrar los datos reales, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof se le ocurrió discontinuar la publicación de los datos para no “estigmatizar” a los pobres.

Si bien antes de los K hubo gobiernos populistas, ninguno llegó a tal grado de destrucción institucional y, sobre todo, a sembrar un profundo resentimiento dentro de la sociedad

Cito al kirchnerismo, porque si bien antes de ellos hubo gobiernos populistas, ninguno llegó a tal grado de destrucción institucional y, sobre todo, a sembrar un profundo resentimiento dentro de la sociedad haciéndole creer a los pobres que ellos eran pobres porque otros eran ricos, mientras los kirchneristas llenaban sus bolsos con millones de euros para su propio bienestar en base a la corrupción de la obra pública.

En síntesis, el populismo lleva dentro el virus de su autodestrucción o de las dictaduras más violentas que se conocieron en la historia para poder dominar el descontento popular. Se sabe cómo comienza el populismo, lo que no se sabe es cómo termina: si en una dictadura asesina al estilo chavismo o perdiendo el poder en las urnas. La única certeza es que sabemos cómo deja el país: destruido.

“Milei, de la nada, sin consultar a la Provincia, cambió el sistema. Si se vota el mismo día, por primera vez en la historia de la Provincia, va a haber dos urnas con dos sistemas distintos”, cuestionó, en diálogo con el medio bahiense La Nueva.

Durante su paso por la localidad de Mayor Buratovich, antes de visitar Bahía Blanca, el gobernador afirmó que el presidente “armó un caos con el sistema electoral”. En esa línea, precisó que hay zonas donde “se acumula gente para votar”, por lo que se generó un problema logístico y operativo. “Es todo responsabilidad de Milei”, sentenció.

Sin embargo, al hablar sobre un posible desdoblamiento, afirmó que eso implica algunos desafíos. “La Provincia tendría que encarar una elección. Para colmo, Milei -por primera vez en la historia democrática argentina- mandó una ley de cambio de las PASO en un año electoral. Entonces, estamos cambiando el sistema electoral en año electoral. Tampoco nos da tiempo”, cuestionó.

Y concluyó: “Nosotros necesitamos que la gente pueda expresarse tranquilamente, en paz y según su deseo y voluntad. Hoy, como estaría la cosa con las dos urnas, sería complicado”.

El gobierno logró darle media sanción este jueves a la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la Cámara Baja. Con 162 votos afirmativos, 55 negativos y 28 abstenciones, el proyecto obtuvo el respaldo mayoritario del oficialismo y de sectores aliados, mientras que la oposición se dividió entre el rechazo y la abstención.

La decisión modifica el calendario electoral de este año, eliminando la instancia de selección de candidatos en elecciones primarias. Esta medida viene generando controversia, ya que algunos sectores consideran que su eliminación afecta la democratización de los partidos políticos, mientras que otros la defienden como una forma de reducir el gasto público y simplificar el proceso electoral.

El debate por el desdoblamiento

El pasado 29 de enero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó un simulacro de elecciones concurrentes. Según un informe al que accedió Infobae, las conclusiones estiman que, por el tiempo que demora un elector en votar en las dos elecciones (diputados nacionales mediante boleta única y cargos provinciales y locales con boleta tradicional), quedarían afuera alrededor de 90 electores por mesa. Pareciera ser un argumento para impulsar un desdoblamiento. Pero la decisión aún no está tomada.

El simulacro que hizo el Ejecutivo bonaerense incomodó al kirchnerismo. Advierten que la cuenta realizada está mal, porque toman como referencia el 100% del electorado cuando en los comicios del 2021 concurrió el 70% y en 2023 el 75,9%. Más allá de esa cuestión técnica, políticamente en el Instituto Patria y en las terminales de La Cámpora advierten que en realidad lo que hay que hacer es “poner una agenda en común” entre todos los sectores del peronismo en pos de la confrontación contra Javier Milei; más allá de los nombres propios. Toman como ejemplo la marcha del colectivo LGBTQ+ contra el fascismo de la semana pasada. Allí hubo columna del Frente Renovador de Sergio Massa y participaron tanto Máximo Kirchner como Axel Kicillof, aunque por separado.

El sector que trabaja por la construcción política del mandatario pide el desdoblamiento. Se lo plantearon enfáticamente a Kicillof semanas atrás durante un encuentro en el municipio de Villa Gesell. Este viernes, el intendente de ese municipio costero, Gustavo Barrera, mantuvo un encuentro con su par de Balcarce, Esteban Reino. Ambos coincidieron que es necesario desdoblar la elección provincial. ¿La particularidad? Reino es uno de los intendentes con los que cuenta la Unión Cívica Radical (UCR). “Estamos a favor del desdoblamiento, así como de discutir los problemas y las soluciones que necesita la Provincia”, planteó el jefe comunal de Balcarce.

La foto entre el intendente axelista y el radical sostiene la posición que días atrás planteó el presidente del comité UCR en la provincia, Miguel Fernández: “Va a llegar el momento y lo vamos a plantear en este ámbito que, de una buena vez, se discuta en la provincia de Buenos Aires el desdoblamiento de las elecciones para poder discutir los temas de la Provincia y no, a través de los problemas de la Nación evitar la discusión de los problemas que nos aquejan diariamente”, aseguró el titular del partido centenario y ex intendente de Trenque Lauquen.

“Milei está generando un caos. Todas las provincias están desdoblando, estoy en consulta con todos los sectores y mi respuesta sería ‘tenemos que garantizar que la gente pueda votar’”, dijo Kicillof esta semana durante una entrevista en C5N.

En medio de la disputa por los impuestos provinciales y municipales, el Gobierno Nacional le recomendó a la provincia de Buenos Aires la libre elección bancaria de los municipios para pagar sueldos estatales y así “asegurar la libertad de elección y la competencia”. La sugerencia nació de una acción ante Defensa de la Competencia iniciada por Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero.

“Los 135 municipios bonaerenses están obligados a operar con el Bapro en sus cuentas sueldo. Eso no ocurre en ninguna otra provincia. En otros lados licitan, obtienen un pago y consiguen beneficios para trabajadores”, dijo Valenzuela a Infobae.

“Esto es un fundamento para una acción legal. Vamos a buscar conseguir. O que dé libertad o licite su nómina”, agregó el intendente recientemente incorporado a La Libertad Avanza.

Puntualmente, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC), instó al gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, a revisar dos leyes que obligan a los municipios a pagar sueldos sólo a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“La medida busca mejorar las condiciones para municipios y empleados, fomentando la libre elección bancaria y la competencia”, indican fuentes oficiales.

Se trata de un servicio que solo puede brindar el banco de la provincia por un decreto de 1979 y la Ley provincial 14.881. Estas normas impiden que los municipios puedan licitar el servicio y elegir la entidad bancaria.

“La CNDC, al revisar las normativas, concluyó que el actual sistema beneficia a un solo banco al imponer a los municipios y otros organismos públicos el uso exclusivo de sus servicios para el pago de sueldos. Esta regulación limita la competencia al desincentivar la libre elección y favorece de manera indebida a una entidad en detrimento de otros actores del sistema financiero, tanto públicos como privados. También se recomienda informar al Banco Central de la República Argentina sobre esta Resolución y el dictamen de la CNDC”, comunicó la cartera de Comercio.

“Esta acción forma parte de las medidas que el gobierno nacional implementa para simplificar procesos, normalizar la economía y mejorar la competitividad, promoviendo un entorno justo donde no se otorguen ventajas indebidas, sino que se fomente la libre competencia y la eficiencia en el mercado”, agregó.

Esto surge en un marco en que el Ejecutivo busca también privatizar el Banco Nación. Su titular, Daniel Tillard, ya había confirmado la intención a principios de 2024: “La transformación en Sociedad Anónima es central para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión del BNA. Un comienzo será reemplazar la sindicatura unipersonal actual a favor de una sindicatura colegiada de tres miembros como en todas las sociedades”. Asimismo, la entidad indicó en un comunicado recientemente: “La transformación en SA es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias”.

El conflicto por las tasas municipales

Además, cabe recordar los sucesivos cruces entre el Ministerio de Economía y el gobierno bonaerense por las tasas municipales. Por caso, el Palacio de Hacienda ya inició acciones legales contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora por la tasa vial, un cargo aplicado al precio del litro de combustible que, según las autoridades, sería ilegal.

El argumento principal del Gobierno nacional se basa en que la Ley de Coparticipación establece que los organismos subnacionales no pueden gravar actividades ya gravadas por el Gobierno nacional, como en este caso el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que aplica un porcentaje sobre el expendio de combustibles, igual que la tasa vial.

Previamente, se había prohibido también que los proveedores de servicios públicos cobren en sus boletas tasas que no correspondan con el respectivo servicio, con el fin de desalentar a los municipios a seguir creando tasas y cobrarlas de forma indirecta.

Pero no es solo un reclamo hacia la jurisdicción de Kicillof sino que se extendió al resto de las provincias y la cartera económica pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable. El principal motivo detrás del conflicto es el impacto en la inflación que pueden generar esos cargos.

Una última decisión de la Corte Suprema completó para Cristina Fernández de Kirchner el panorama áspero que enfrenta en materia judicial: reabrió el camino del juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces. Se trata de un caso especialmente sensible, entre otras razones, porque involucra también a su hijo, Máximo. Y además, no constituye un hecho aislado, sino que agrega un renglón a su lista de malas noticias judiciales y se produce en un contexto que vuelve a colocar el foco sobre el vínculo entre política y corrupción. Alimenta y a la vez potencia el impacto.

CFK combina así una etapa que desde su entorno buscan simplificar como una afirmación de poder en el peronismo/kirchnerismo y también en carácter de principal figura opositora a Javier Milei. Es una lectura de mínima incompleta. Toda la movida para coronarse como presidente del PJ expuso la necesidad de ir por un cargo formal que no aprecia. Y en ese tránsito, quedaron a la vista de todos y por primera vez los conflictos internos en las propias filas K, con el agregado del temor por el juego de los jefes provinciales. Ese conjunto, además, ya había quedado reducido después de las últimas elecciones y se achica ahora en el recuento de los más alineados.

La ex presidente aprovechó los primeros encuentros del Consejo Nacional del PJ para afirmar un discurso cerrado contra el Gobierno, apuntado sin vueltas a consolidar su jefatura y achicar márgenes para manejos diferenciados, especialmente de legisladores atados a gobernadores. Pero además, insistió con un planteo específico sobre las causas que enfrenta. Reiteró que antes que una cuestión personal, expresan un “ataque” contra el peronismo. En otras palabras, el argumento para demandar alineamiento en su defensa.

Efecto no buscado, la escalada en torno del caso de Edgardo Kueider terminó de reponer el tema de la corrupción y amplificó las noticias que se vinculan a casos previos, hasta en la construcción de imágenes: enriquecimientos turbios, traducidos en mochilas, bolsos, valijas con miles o millones de dólares.

La ofensiva kirchnerista sobre el senador entrerriano y la discusión sobre su origen político y su más reciente juego en el Senado añadieron señales claras de cálculo menor, entre los intentos de adjudicar costos y ganar una banca. El posterior capítulo de la disputa interna con Victoria Villarruel -por la validez o no de la sesión que votó la expulsión de Kueider- agregó un ingrediente tan inesperado como grave por parte del oficialismo.

Apenas unos días después, y con ese ruido de fondo, llegó la noticia sobre la decisión de la Corte que allana el camino al juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces. Formalmente, el máximo escalón de la Justicia rechazó recursos de la defensa de la ex presidente. El efecto práctico y también político es más profundo.

Esa causa, por lavado de dinero, está centrada básicamente en lo que aparece como un dibujo de alquileres para vestir flujos de dinero vinculados con coimas en obras públicas. Y eso mismo traza líneas en común con la investigación de la Causa Vialidad. Hace poco más de un mes, la Cámara de Casación ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación para cargos públicos de la ex presidente. El tema -que aún tiene por delante la instancia de la Corte- quedó asociado a la frustrada sesión por el proyecto de Ficha Limpia en Diputados. Más allá de la polémica, difícil suponer un impacto positivo.

Para salir al cruce de la confirmación de esa sentencia, el kirchnerismo repitió la letra de la “persecución” a la ex presidente. Logró cierto respaldo discursivo, pero no entusiasmo práctico en la estructura del PJ. El frente judicial incluye a largo plazo el inicio del juicio por los Cuadernos de las Coimas, además del camino a juicio oral de la causa por el memorándum con Irán.

CFK tiene ese y otros motivos de inquietud para tratar de “ordenar” al peronismo: en primera línea, un mapa de poder territorial que debería recomponer, con el añadido, otra vez, del juego de desenganche de elecciones provinciales y nacionales.

El repaso que hace el círculo K es a la baja frente a cualquier punto de partida. La última sucesión de elecciones provinciales anotó siete distritos perdidos: Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Chubut y Santa Cruz. El peronismo dejó de ser así el espacio político dominante en ese tablero. Pero además, resulta complicada la cuenta de actuales gobernadores del PJ si se mide en función del grado de alineamiento partidario.

Está claro que están tachados de la lista disciplinada los gobiernos de Catamarca, Tucumán y Salta, de juego directo con los operadores formales e informales de Olivos. Nadie cuenta a Córdoba, hay dudas sobre la experiencia K en Tierra del Fuego y recelos con provincias “aliadas” como Santiago del Estero. El recuento de oposición dura se reduce entonces a Formosa, La Pampa, La Rioja y -dato central, naturalmente- Buenos Aires.

El punto es que, precisamente en el principal distrito electoral del país, quedó al descubierto el primer quiebre serio en las propias filas del kirchnerismo. Dejó de ser una cuestión de matices o un problema de celos políticos entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Eso mismo se ha extendido a las apuestas y alineamientos de intendentes.

La movida de CFK para consagrarse al frente de la conducción nacional del PJ, lejos de ser un proceso automático, terminó por exponer abiertamente el conflicto con el proyecto presidencial del gobernador bonaerense. Es un elemento que pone en crisis un eje central del plan de la ex presidente: ser la figura opositora única en la grieta con Milei y blindar la interna en un esquema de polarización extrema.

Kicillof, de hecho, no se diferencia en la posición cerradamente opositora. Pero el imaginario de la competencia por la Presidencia, en el lejano 2027, lo coloca en disputa por la representación del peronismo/kirchnerismo y, antes, lo obliga a cuidar su distrito. Eso mismo alimenta las especulaciones sobre un desenganche de las próximas elecciones provinciales, para disgusto del núcleo K.

CFK, en cambio, necesita apostar todo a los comicios nacionales, tanto que está en el análisis su propia candidatura en Buenos Aires. Se trata de la principal ficha. Y la ex presidente transmite su señal al resto de los gobernadores peronistas. Es la prueba para los alineamientos, más allá del discurso.

La educación es la base de cualquier sociedad civilizada y de nuestro futuro. Es uno de los factores fundamentales en el desarrollo de cada persona y de un país. Es, básicamente, la herramienta para ser libres.

Por eso, la divulgación de los contenidos pornográficos que se les enseñan a los chicos en la ESI de la provincia de Buenos Aires es quizás la gota que rebalsó un vaso de hartazgo y una verdadera muestra de dónde tiene focalizadas las prioridades el gobierno de Axel Kicillof que distribuye pornografía a menores de edad.

Es también la muestra de hasta dónde son capaces de llegar con sus ideologías perversas. Porque hay que ser muy retorcido para esconder detrás de una política pública educativa la corrupción de miles de menores sometiéndolos a leer pornografía.

A esta aberración la enmarcan con el título de “Identidades Bonaerenses”. Una colección de libros que se distribuyen en escuelas y otros establecimientos educativos, como una política pública: los libros se distribuyeron entre 2350 escuelas y muchos más establecimientos educativos, promovidos con recursos del gobierno bonaerense como un contenido formativo.

Nada parece casual en la lógica del kirchnerismo que ha promovido y sostenido un Estado adoctrinador que le ha sido funcional para sostenerse en el poder. Es así que en su lógica tiene bastante sentido que no solo no se escandalicen por la viralización de estos contenidos sino que defiendan y militen la perversión de los niños.

Nada es casual ni inocente. La ideologización de la educación, y en particular, la sexualización de los niños con la puesta en práctica de la educación sexual integral nos deja a entrever que es muy fácil que el aparato del Estado adoctrinador ponga en funcionamiento prácticas educativas que lejos de ayudar al desarrollo de nuestros niños los pervierten, los confunden y los vulneran en su derecho a educarse libres de ideologías.

Agustín Laje ha definido claramente lo que significa que a un niño le enseñen que “hay niños con vulva y niñas con pene”: la ideología de género, ese conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Excluir a la evidencia científica de la educación de nuestros niños trae consecuencias aberrantes para su psiquis, su salud física, su desarrollo.

En el mismo sentido, el gasto de más de mil millones de pesos que destinaron a la perversión de nuestros niños refleja lo alejados que están de la realidad educativa: 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee; 7 de cada 10 estudiantes argentinos no logra niveles básicos de matemáticas; cada ocho minutos un estudiante abandona la escuela secundaria; y cuesta mucho que los chicos puedan ir a la escuela y que, si pueden ir, tengan aseguradas las clases.

Tenemos numerosos desafíos educativos. Una educación sexual que no esté basada en la evidencia científica, que excluya el fortalecimiento de las familias como primeras educadoras, y que pervierta a los chicos, es el flagelo del futuro de nuestros niños y la peor depravación de su presente.

Hay una necesidad imperiosa de auditar, revisar y eliminar todo tipo de contenido pornográfico y adoctrinador en la provincia. Los niños no pueden esperar. Kicillof, con los chicos no.

“En la misma nota yo digo que no creo que sea ese el camino. Lo que estoy planteando es que, entre los debates que debemos tener, está el de la coparticipación. Claramente dejé a salvo que no me quería convertir en un vasco bonaerense”, aclaró D’Onofrio en diálogo con Radio Rivadavia. Para fundamentar su análisis, explicó que la jurisdicción aporta casi el 45% del PBI del país y recibe solo el 22 por ciento.

El funcionario bonaerense generó sorpresa ayer cuando planteó la idea. Al ser consultado sobre la intención de Cristina Kirchner de presidir el PJ, indicó que existen discusiones más importantes y habló de una posible reforma constitucional para que la provincia de Buenos Aires saliera del Estado Nacional.

Hoy justificó su respuesta: “No es una amenaza, es un planteo que algunos se lo hacen”.

“Yo no lo creo, lo que afirmo es que hay que discutir el tema de la coparticipación. Es más horroroso lo que plantea el presidente, que es el topo que viene a destruir el Estado, que negar una posibilidad de que realmente nos ponga al borde de la disolución de los argentinos”, desarrolló.

Al ser consultado por el periodista Marcelo Longobardi sobre si Javier Milei lleva a la Argentina al límite de la disolución, afirmó: “Si es el que viene a destruir el Estado, es un peligro”.

Por otro lado, desmintió que Sergio Massa le haya pedido la renuncia, tras la polémica generada por sus dichos: “Mi relación con Sergio, de toda la vida, es, fue y será la mejor. Militamos en el mismo espacio, somos amigos y está muy lejos esa versión que ha corrido en algún momento”.

El funcionario de Kicillof también apuntó contra el Gobierno Nacional y las medidas que van “en contra” de su jurisdicción, como la desregulación de transporte de media y larga distancia dispuesta: “Si se aplicara a raja tabla en la Provincia, más del 70% de las localidades pequeñas de menos de 15 mil habitantes, quedarían aisladas, porque no son rentables”.

El anuncio implica que se desregulará buena parte de las exigencias que tienen las empresas que operan en el sector, entre ellas para la determinación de rutas, recorridos y precios. También se liberarán otras restricciones que permitirán el ingreso de nuevas compañías que operen combis en lugar de micros, y se les habilitará el ingreso a aeropuertos para levantar pasajeros.

El antecedente de la “autonomía” en el 2001

Un mes antes del estallido de la crisis, en noviembre, el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf había hecho pública su intención de profundizar la autonomía bonaerense.

En agosto de ese año ya había los bonos bonaerenses Patacón. Se emitieron formato de billete, con la imagen del fundador de La Plata, Dardo Rocha, y denominaciones de 1, 2, 5, 10, 50 y 100, con una equivalencia de 1 a 1 con el peso.

El Gobierno los usó para pagar el medio aguinaldo del sector público, en un acuerdo al que había llegado el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Aníbal Fernández, con los gremios estatales.

En paralelo, con el correr de las semanas, comenzó a crecer la tensión con el Ejecutivo nacional por los fondos coparticipables que reclamaban la Provincia y otros gobernadores peronistas.

En este sentido, Ruckauf amenazó con pedir ante la Justicia el embargo de bienes nacionales que se encuentren en territorio provincial para que se cumpla el pago de deudas por coparticipación.

Y, al igual que hizo ahora el ministro D’Onofrio, el entonces gobernador puso en agenda el Pacto de San José de Flores, que abre la puerta para que sea la Provincia la que se quede con el cobro de impuestos aduaneros a las exportaciones que ocurran en territorio bonaerense.

Finalmente el destino político del país llevó a la renuncia a Ruckauf -para asumir como canciller de Eduardo Duhalde-, y le entregó la gobernación a Felipe Solá el 4 de enero de 2002.

Este sábado comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires un aumento del 60% del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), en función de la resolución 220 del pasado 13 de septiembre firmada por el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio.

En adelante, el costo de la VTV para vehículos de hasta 2.500 kilogramos, considerado la “tarifa básica”) será de 44.175,21 pesos.

El de vehículos de más de 2.500 kgs pasa a a 79.515,38 pesos.

El de Remolques, Semiremolques y Acoplados de hasta 2.500 kgs a 26.505,13 pesos.

El de Remolques, Semiremolques y Acoplados de más de 2.500 kgs, a 39.757,69 pesos.

El de Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc, a 17.670,09 pesos.

El de Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc a 26.505,13 pesos

Y el de Motovehículos de más de 600cc a 35.340,17 pesos.

Por la misma resolución, el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof dispuso también que el próximo 1 de diciembre los valores de la VTV volverán a aumentar un 21,8% en la misma proporción que la tarifa básica, que pasará a costar 53.819,26 pesos, manteniendo la proporcionalidad en todos los casos, y volverán a hacerlo otro 17,9% a partir del 1 de febrero de 2025, cuando el precio se elevará a 63.463,30 pesos.

De este modo, desde hoy la “tarifa básica” será 76,1% superior al que rigió hasta el 4 de abril pasado y dentro de cuatro meses, más precisamente a partir del 1 de febrero de 2025 el costo de la verificación para los diferentes tipos de vehículos registrados en territorio bonaerense habrá aumentado un 296,7% en diez meses, teniendo en cuenta que hasta el 4 de abril de este año el valor de la “tarifa básica” fue de 15.997,86 pesos.

La Verificación Técnica Vehicular es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. En todo el mundo, millones de vehículos la realizan obligatoriamente como requisito para circular, aunque hay excepciones, entre ellas la de los vehículos de Uso Municipal y de Bomberos y la de los vehículos de discapacitados, cuya verificación es gratuita.

Es obligatorio circular con la verificación al día, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal.

Cómo se tramita la VTV en PBA y en CABA

En este caso, el control es obligatorio para vehículos de al menos dos años de antigüedad. Para sacar el turno se deben tener a mano: cédula (verde, azul, marrón o rosa, según corresponda), certificado de la verificación anterior, documento del conductor o su registro de conducir, cédula de GNC para vehículos que funcionan con ese combustible, inscripción en la AFIP, título de propiedad original o copia y para discapacitados, copia del certificado del Ministerio de Salud (provincial o nacional). Si el titular no es la persona con discapacidad, se debe presentar una documentación que verifique el parentesco.

Los pasos para realizar el turno son: ingresar en el sitio web oficial de la VTV en PBA, hacer click en “reservá tu turno” e ingresar los datos de la patente y tipo de vehículo. Luego se debe completar el formulario con información de contacto de la persona que busca hacer el trámite, rellenar el otro formulario con datos del titular del auto, completar la solicitud de información del turno (partido, localidad, planta y día del control) y confirmar el turno.

La VTV en Ciudad de Buenos Aires

En Capital Federal, los vehículos deben realizar su primera revisión a partir del cuarto año de antigüedad -desde el mes de patentamiento- o a los 64 mil km recorridos. La primera verificación tiene una vigencia de hasta 2 años, mientras que a partir de los siete años o 84 mil km recorridos, el control es válido por un año.

Los documentos necesarios para sacar turno son menos que en PBA: DNI, licencia de conducir y seguro del vehículo vigentes, constancia de pago de la reserva del turno y cédula. Luego se puede pedir el turno en el siguiente sitio web, ingresando los datos del vehículo del contacto.

El método de pago puede ser tanto online como presencial: los costos son de 21.477 pesos para autos y 8.075,34 para motos. En tanto, quedan exentos de abonar jubilados, pensionados y mayores de 65 años (titulares de un vehículo y con hasta 2 jubilaciones mínimas) y discapacitados (sean titulares o no).

En la página del GCBA también se debe elegir en cuál de las siete plantas realizar la VTV, ubicadas en Av. Vélez Sarsfield 566, Santa María del Buen Aire 1001, Herrera 1995, Tronador 115/151, Av. Osvaldo Cruz 1711, Av. 27 de febrero 5483 y Donado 973.

En las últimas horas han “llovido” críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su presunta intención de crear una empresa provincial de granos.

La inquietud nació a partir de la no renovación de la concesión del Puerto de Quequén, que hoy es administrado por Terminal Quequén S.A., una empresa conformada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCB), junto a entidades de productores, cámaras comerciales y compañías de primera línea del sector exportador. La firma ha gestionado el elevador ex JNG durante 30 años de concesión.

El presidente de la BCB, José Martins, señaló a Chacra TV que la actividad en el Puerto de Quequén podría verse afectada por “un dogma ideológico que se antepone al bien común”. En concreto, se refirió a la posible creación de la empresa provincial de comercialización de granos.

El temor de Martins va más allá de un simple rumor. “La titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena López, expresó las intenciones del Gobernador Axel Kicillof de crear una empresa provincial con fines de comercialización de granos a través de una licitación exprés. Desde la producción entendemos esto como políticas intervencionistas y distorsivas”, por lo que “sugerimos al Señor Gobernador que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, aseguraron desde la Mesa de Enlace bonaerense.

También se sumó a las críticas el senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, quien expresó su descontento a través de su cuenta de X. “En el día que conmemoramos la muerte de nuestro GRAN libertador, el gobernador @Kicillofok insiste con sus ideas comunistas e intervencionistas”, señaló.

“En lugar de achicar el estado, busca todo el tiempo agrandarlo creando empresas y buscando destruir la economía de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno cree que ya no puede hacer peor las cosas se vuelve a superar, no adhiere al RIGI nacional y sigue perdiendo inversiones, quiere crear una empresa de emergencias para beneficiar a sus amigos, quiere aumentar 7 veces las indemnizaciones decretando la muerte de la generación de empleo formal. Y ahora, como si fuera poco, quiere crear una empresa estatal de granos para también impedir que el campo crezca, quedándose con el 30% de las operaciones. En lugar de darse cuenta que todo lo que toca lo rompe, lo destruye como hace siempre, sigue insistiendo en perjudicar a los bonaerenses y su futuro. Por favor gobernador honre a San Martín y deje libres a los bonaerenses, se tiene que dar cuenta que está haciendo todo mal”, publicó el legislador.

En respuesta a las críticas, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén emitió un comunicado en defensa de la propuesta del gobierno provincial, argumentando que las entidades rurales “protegen los intereses de grandes corporaciones”, y que “se pagaron tarifas en pesos devaluados en lugar de dólares, lo que redujo los ingresos provinciales”. Asimismo, propusieron que la provincia asuma un rol más activo en la gestión del elevador de granos mediante la creación de una Sociedad del Estado, lo que le permitiría al Estado operar la terminal directamente, asegurando un control total sobre la capacidad de carga y no solo el 30% propuesto.

Terminal Quequén S.A quiere la renovación

“Anticipándonos al vencimiento de la concesión y tomando el ejemplo de terminales colegas en otros puertos, que prorrogaron la vigencia mediante inversiones de capital, hace más de 4 años que le venimos ofreciendo a las autoridades locales y de la Provincia de Buenos Aires inversiones por USD 25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender la concesión”, explicó José Martins.

Y enfatizo: “hasta el momento, sólo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”. Por eso, explicó Martins, “hoy nos encontramos con la concesión vencida y con una prórroga que está a punto de expirar”.

En ese contexto, Martins advirtió que, ante la falta de definición concreta sobre el futuro de la Terminal por parte del Consorcio de Gestión, no podrán ofrecer servicios de elevación para la cosecha fina que este año es auspiciosa, y que llegará a partir de diciembre”.

Tras la decisión de las petroleras YPF y Petronas de instalar en la provincia de Río Negro la ambiciosa planta de GNL, lo que recalentó la disputa entre el presidente de Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la firma malaya confirmó que Sierra Grande es la locación elegida para avanzar con el proyecto por ser el más adecuado, tras una serie de exhaustivas evaluaciones técnicas y comerciales en conjunto con YPF.

“Petronas confirma que Sierra Grande, en la Provincia de Río Negro, fue identificada como la locación más adecuada para el proyecto integrado de GNL. La decisión sobre la ubicación del proyecto es el primer paso hacia varias condiciones que deben cumplirse para tomar la decisión final de inversión”, dice un comunicado dado a conocer por la petrolera asiática. Esta iniciativa, que las empresas pondrán en marcha de la mano del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) demandará una inversión de unos U$S 30.000 millones.

Hacia adelante, agrega el paper, “Petronas e YPF colaborarán para iniciar los trabajos de ingeniería de la primera fase del proyecto y determinar la capacidad total de producción de la planta a medida que el proyecto avance y desarrolle las tres etapas planificadas”. La decisión de la gigante petrolera de fortalecer su presencia en la Argentina está alineada con una estrategia de expansión y diversificación de su portafolio global, centrándose en soluciones energéticas sustentables y de menores emisiones de carbono, enfatizó en el comunicado.

La decisión de elegir la provincia gobernada por Alberto Weretilneck generó un importante revuelo político, ya que tras la confirmación de esa decisión, Milei dijo que Kicillof perdió la planta para poder exportar el gas desde Vaca Muerta por no sumarse a los beneficios del RIGI. El Gobernador, en tanto, respondió que “fue un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”.

Según había informado YPF, para darle más transparencia al proceso, las empresas contrataron a la consultora internacional Arthur D. Little - tercero calificado e independiente- quien llegó a la conclusión de que para el proyecto resulta más ventajoso hacer la inversión en Río Negro. En su informe concluyeron que “Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales”, dice el comunicado de la petrolera estatal.

El proyecto se llama “Argentina LNG”, contempla una inversión de más de USD 30.000 millones y podría permitir a la Argentina convertirse en el quinto productor mundial de LNG. La iniciativa abarca desde la producción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la terminal de procesamiento y su industrialización, con una capacidad de producción final de 30 millones de toneladas anuales. Los próximos pasos incluirán la búsqueda de posibles compradores de gas a nivel mundial y la obtención del financiamiento necesario con inversores y la banca internacional.

La planta tiene por objetivo transformar el gas producido en Vaca Muerta y hacerlo exportable hacia todo el mundo por medio de barcos, los mismos que hoy sirven para que el país importe gas, lo que generó un fuerte gasto de subsidios del Tesoro y dólares del Banco Central a lo largo de los últimos años. La intención de ambas empresas es que también se sumen al proyecto otros jugadores locales.

El presidente YPF, Horacio Marín, había mantenido reuniones con Kicillof y Weretilneck, a quienes también había enviado una carta con siete puntos (tres económicos y cuatro con permisos y ayudas al proyecto), para que cada provincia respondiera sobre su locación para instalar la planta de GNL. Buenos Aires ofrecía Bahía Blanca y Río Negro, Punta Colorada, donde se encuentran ambos puertos.

Luego de meses de incertidumbre, YPF y la malaya Petronas decidieron que construirán su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, en Río Negro, provincia gobernada por Alberto Weretilneck. De esa forma, el directorio de la petrolera estatal descartó de forma unánime la posibilidad de llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, lo que implica un duro golpe para el gobernador Axel Kicillof, quien se mantiene enfrentado con el presidente Javier Milei.

La planta tiene por objetivo transformar el gas producido en Vaca Muerta y hacerlo exportable hacia todo el mundo por medio de barcos, los mismos que hoy sirven para que el país importe gas, lo que generó un fuerte gasto de subsidios del Tesoro y dólares del Banco Central a lo largo de los últimos años. La intención de ambas empresas es que también se sumen al proyecto otros jugadores locales.

La primera reacción en el gobierno bonaerense fue muy dura hacia la decisión de inclinarse por Río Negro y analizan brindar a primera hora de este miércoles una conferencia de prensa. “Es una decisión política e improvisada”, señalaron fuentes cercanas al gobernador Kicillof. Sin ocultar su bronca, explicaron que Bahía Blanca “cumple con todas las especificaciones técnicas”. Además, aseguraron, “YPF tiene know how en el puerto de Bahía y varias empresas funcionando allí”.

De todos modos, la planta de GNL se ubicará en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande. Allí deberá ponerse en valor y modernizarse un viejo puerto que tiene salida al Atlántico, pero que se encuentra en desuso. Un punto a favor de esta locación es la cercanía con los yacimientos de Vaca Muerta.

“No solo representa una oportunidad enorme de crecimiento económico y generación de empleo para nuestra región, sino también un acto de justicia con nuestra Patagonia que tanto le ha dado a nuestro país. La historia nos enseñó que las decisiones deben ser tomadas en beneficio de todos, y esta es una oportunidad enorme para que por fin la Patagonia lidere un proyecto que traerá prosperidad y progreso para nuestros pueblos”, había publicado en su cuenta de X Weretilneck horas antes de que se conociera la decisión de YPF.

Claro está, que no se trata de una inversión más. Será la obra más grande jamás realizada en el rubro dentro del país y una vez finalizada tendrá un impacto económico enorme. Para entender exactamente de qué se trata, sirve repasar algunos aspectos claves:

• Dónde se hará: La planta de GNL se ubicará en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande. Allí deberá ponerse en valor y modernizarse un viejo puerto que tiene salida al Atlántico, pero que se encuentra en desuso. Un punto a favor de esta locación es la cercanía con los yacimientos de Vaca Muerta.
• Inversión: La construcción de la obra de infraestructura es la más ambiciosa que se haya realizado en el país, demandará entre USD 30.000 y USD 50.000 millones, según cálculos preliminares, y había generado una disputa entre ambas provincias, que ofrecían su territorio para emplazarla.
• Impacto económico: La planta de GNL permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo). Esa misma cifra demandaría como mínimo la construcción de la planta, que se haría en varias etapas (al principio con “barcos fábricas” y luego con la planta propiamente dicha).
• Beneficios: Un punto clave al respecto es que el gobierno rionegrino se había adelantado para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el sistema de ventajas impositivas y cambiarias incluido en la Ley Bases, impulsado por el gobierno de Milei. Esa adhesión había sido rechazada por parte de Kicillof, quien prometió, sin éxito, una normativa provincial para quedarse con el proyecto, la cual ni siquiera ingresó a la legislatura bonarense

En medio de los rumores por supuestas preferencias políticas, YPF anunció que contrató a la consultora Arthur D. Little para auditar el proceso para elegir dónde se ubicaría la planta de licuefacción de gas. “Se contrató a esta empresa vendedora para darle transparencia al proceso”, habían explicado desde la petrolera estatal.

En busca de despejar versiones sobre una elección política, la petrolera está preparando un anuncio oficial conjunto con Petronas, con los detalles técnicos del proyecto y algunos puntos que expliquen los factores que decidieron la elección de la provincia patagónica, que se emitirá en las próximas horas, según pudo saber este medio.

Sin embargo, a últimas horas de este martes, Milei apuntó contra Kicillof y dio a entender que sus decisiones políticas, como la de no adherir al RIGI, le quitaron a Buenos Aires la posibilidad de tener la planta de GNL. “Y un día la incompetencia y la ceguera ideológica le hicieron perder a los bonaerenses inversiones por 30.000 millones de dólares. La ves, o no la ves. Fin”, decía una publicación en X del vocero presidencial Manuel Adorni que fue reposteada por el Presidente.

La disputa política

La duda sobre el lugar donde se localizaría el proyecto duró varios meses. De hecho, el proyecto nació durante el gobierno de Alberto Fernández. Temas de impuestos, infraestructura, condiciones naturales de ambos lugares y, sobre todo, la adhesión al RIGI terminaron de inclinar la balanza a favor de Río Negro.

En ese marco es que Milei había tomado partido respecto a la locación del proyecto: “En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”, dijo en una entrevista con Alejandro Fantino.

Consultado si la inversión va a irse finalmente a Río Negro, sostuvo: “Obvio que se va a ir a otro lado. ¿Vas a invertir donde está Kicillof? ¿Para qué quiere un RIGI distinto, para hacerlo con sus ideas comunistas?”.

En respuesta, el mandatario bonaerense había publicado en su cuenta de X: “Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad. Porque mientras Javier Milei despliega este espectáculo tragicómico, el desempleo sigue creciendo y la producción sigue cayendo”.

“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”, sostuvo Kicillof.

El presidente YPF, Horacio Marín, había mantenido reuniones con Kicillof y Weretilneck, a quienes además envió una carta con siete puntos (tres económicos y cuatro con permisos y ayudas al proyecto), para que cada provincia respondiera sobre su locación para instalar la planta de GNL. Buenos Aires ofrecía Bahía Blanca y Río Negro, Punta Colorada, donde se encuentran ambos puertos.

En su momento, desde la empresa estatal habían asegurado a Infobae que el Presidente había dicho “algo lógico y de sentido común y es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo. ‘Sin RIGI no hay GNL’, es la primera condición que está escrita en las cartas que le enviamos a ambos gobernadores, luego están las evaluaciones técnico/económicas que van a terminar de definir el destino del proyecto. Pero el RIGI es un contexto y marco normativo necesario para que el proyecto se desarrolle, hasta ahora solo adhirió formalmente Río Negro”.