El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni atribuyó a su ahorro en dólares que guardó en su casa sin declarar, préstamos y sueldos el nivel de vida que mostró desde que llegó a la función pública, en el gobierno de Javier Milei, hasta su renuncia el 27 de junio pasado.

“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó la defensa.

Sobre el origen de los dólares no declarados producto de la inversión en criptomonedas, el abogado Matías Ledesma encontró explicación “en el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años: la costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina”.

Problemas con vecinos y altercados

El abogado contó en el escrito que el matrimonio había optado por no usar ese dinero y destinarlo al futuro de sus hijos y el suyo propio, a la hora de la jubilación. Pero la llegada de Adorni a la vida pública cambió el plan.

Esa decisión, “debió ser forzosamente modificada una vez que mi asistido ingresó a la función pública. En primer lugar, por razones de seguridad: el departamento de la calle Asamblea en el que residía el matrimonio no contaba con cochera y, al encontrarse en primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio, circunstancia que motivó la mudanza al inmueble de Miró 550″.

Luego y en segundo lugar, y a raíz de un altercado que Adorni protagonizó en la vía pública, “el matrimonio entendió que, como familia, y a fin de preservar a sus hijos menores de edad, lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños del aire libre”. Por eso se resolvió usar ese dinero que guardaban para las compras inmobiliarias, refirió.

Las inconsistencias

El fiscal federal Gerardo Pollicita exigió aclarar inconsistencias en 20 puntos de su evolución patrimonial, entre los principales figuran la compra y refacción de su casa en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito y gastos que hizo con tarjetas de crédito de sus empleados en la Casa de Gobierno.

Sobre este último punto, dijo que las compras y pagos que hizo con la tarjeta de crédito de su por entonces secretaria Gisela Kocsis, como un lavarropas, formaban parte de las tareas de asistencia personal y laboral de esta última y que le reintegraba esos gastos en efectivo. Lo mismo argumentó de la compra de otra empleada, Laura Schiuma: que le prestó una tarjeta para una compra puntual y que le devolvió el dinero cuando llegó el resumen. En relación a la compra de colchones y ropa blanca por 8 millones de pesos dijo que Kocsis organizó el pedido y que fue pagado por su esposa Bettina Angeletti en el local, en efectivo.

Sobre las consolas y proyectores de videojuegos que se le atribuyen haber adquirido en su cuenta de Mercado Libre con la tarjeta de otro amigo, Luis Aluju, dijo que eran para este último.

También justificó con la ganancia de las criptomonedas viajes a Aruba y al hotel Llao Llao en Bariloche, entre otros gastos.

Las propiedades

En relación a los pagos a la escribana Adriana Nechevenko por las escrituras de compraventa de sus propiedades explicó que abonó todo en efectivo y se facturó a nombre de su esposa Bettina Angeletti porque ella hizo los trámites.

Sobre el departamento de Miró 550 en Caballito atribuyó los USD 30.000 en efectivo abonados en la escritura a los mismos ahorros en dólares de las criptomonedas. El valor restante se solventó con un mutuo. Sobre los muebles adquiridos a Matías Tabar, también dijo que se pagaron con esos fondos y que las refacciones fueron valuadas a partir de la estimación de Pablo Feijoo, dueño anterior del departamento, quien las habría calculado entre USD 30.000 y USD 40.000. La diferencia declarada se atribuyó a una obligación de pago de USD 62.500 con Feijoo.

Compra del lote 380 del Country Indio Cuá y tasa de ingreso. Según la defensa, el lote costó USD 120.000: USD 100.000 provinieron de un mutuo con garantía hipotecaria sobre el departamento de los Adorni en Asamblea 1132 y los otros USD 20.000 fueron pagados en efectivo con dinero de su esposa. Sobre la falta de inclusión inicial del bien en las declaraciones juradas, explicó que fue rectificada el 10 de junio de 2026 para asignar el 50% del activo y el 50% de la deuda hipotecaria a cada cónyuge, conforme al régimen de comunidad de bienes. La tasa de ingreso de USD 5.000 al country fue imputada a los ahorros en dólares.

Refacción de la vivienda de Indio Cuá y pagos a Matías Tabar. Adorni afirmó que los desembolsos provinieron de los mismos ahorros en dólares obtenidos con las inversiones en cripto. La defensa cuestionó que la obra hubiera costado USD 245.000 —o USD 245.929, según distintas referencias—, como declaró el contratista Tabar. Enumeró presuntas inconsistencias en planillas, facturas, remitos y presupuestos: errores aritméticos; montos diferentes en documentos sucesivos; gastos sin respaldo; entregas de materiales a domicilios distintos; facturas emitidas a nombre del contratista; y falta de planos, dirección técnica o presupuesto integral. La presentación sostuvo que los pagos efectivamente identificados ascendieron a USD 175.000 y que un informe de un arquitecto de parte estimó el valor técnico de mercado de la obra en USD 174.954,58.

Nivel de vida, préstamos y autos

Sobre los gastos cotidianos, viajes, educación y alquileres varios sostuvo que se pagaron con sus ingresos salariales y la facturación de su esposa, rendimientos financieros y los ahorros en dólares. “No se verifica, en ningún semestre del período examinado, un nivel de consumo o inversión que exceda los recursos lícitos disponibles del matrimonio”, advirtió la defensa. En el escrito se detallaron pagos de decoración, tratamientos odontológicos, servicios de telecomunicaciones, viajes y seguridad. En algunos casos dijo que se abonaron en efectivo; en otros, con tarjetas o transferencias.

La defensa presentó cuadros para 2024, 2025 y el primer semestre de 2026 con los ingresos, gastos, compras de dólares, tarjetas, transferencias internas, saldos bancarios, billeteras virtuales, efectivo y fondos al cierre de cada período. Sostuvo que los gastos se explicaban por el sueldo de Adorni, los ingresos de Angeletti, la facturación vinculada a Agropecuaria Las Helenas, rendimientos financieros y ahorros previos en dólares.

Mutuos con Silvia Pais y Norma Zuccolo

Adorni argumentó que se trató de préstamos privados —incluido uno con su madre, Silvia Pais—, cuya validez no exigiría escritura pública, registración ni pacto de intereses. Señaló que esas obligaciones figuraban en sus declaraciones juradas impositivas y que la falta de documentación adicional es habitual en préstamos intrafamiliares. La defensa citó jurisprudencia comercial para sostener que la ausencia de un contrato formal no demostraría mala fe cuando el préstamo se celebra entre familiares.

Compra de la Jeep Compass por $21,5 millones

La defensa negó que $18,3 millones hubieran sido abonados en efectivo. Dijo que la operación fue una permuta: entregaron una Renault Captur que el matrimonio había comprado en 2021. Informó como pagos adicionales: dos transferencias de $1 millón —una desde una cuenta de Adorni y otra desde la de su esposa— y un pago con tarjeta Visa en seis cuotas de $200.000. Indicó que esas operaciones están respaldadas por resúmenes bancarios y de tarjeta de crédito.

Las Elecciones Generales 2026 dejaron un escenario en el que miles de ciudadanos no acudieron a las urnas o no cumplieron funciones como miembros de mesa. Las razones varían y responden a situaciones personales, laborales y de seguridad que se presentaron el mismo día del proceso electoral. Frente a ello, las autoridades electorales activaron un mecanismo para atender estos casos.

Desde el 14 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) permite iniciar el trámite de dispensa o justificación, dirigido a quienes no participaron en la jornada electoral. El procedimiento contempla causales específicas y exige documentación que respalde cada solicitud, dentro de plazos definidos por la normativa vigente.

En distintos puntos del país, ciudadanos acudieron a gestionar este trámite. Las historias muestran contextos diversos, pero coinciden en un mismo resultado: la imposibilidad de votar. Las dificultades incluyen problemas de salud, errores administrativos, robos y obligaciones laborales que impidieron cumplir con el deber electoral.

Motivos que impidieron acudir a votar

Entre los testimonios recogidos, aparecen casos vinculados a situaciones personales que surgieron en el mismo momento de la votación. Una ciudadana explicó: “No me recibieron mis documentos en la ONPE. Cuando quise presentar mis papeles me dieron una información equivocada. De lactancia. Tengo un bebé de cuatro meses”.

También se registraron casos relacionados con la salud mental. Otro ciudadano indicó: “Soy paciente de psiquiatría. No me permiten estar en un lugar cerrado. Estoy exponiendo documentos”. Estas condiciones forman parte de las causales que pueden ser evaluadas por la autoridad electoral.

Los hechos delictivos también afectaron la participación. Un votante relató: “Ah, que me robaron el mismo día mi DNI”. Ante la consulta sobre el momento del robo, precisó: “Sí, antes de ir a votar. Lo que pasa que nos fuimos a tomar desayuno en un mercado y en el mercado, pues se robaron”.

Procedimiento habilitado por el JNE

El JNE informó que el trámite de dispensa y justificación se encuentra disponible desde las cero horas posteriores a la elección. Según la entidad, el proceso puede realizarse de manera virtual a través de su portal institucional o de forma presencial en sus oficinas.

Un representante explicó el funcionamiento del sistema: “Pues el trámite de dispensa y de justificación ya está habilitado desde las cero cero horas. Lo que podemos hacer es ingresar a la, la página web del Jurado Nacional de Elecciones: www.jne.gob.pe. Vamos a encontrar el ícono de justificación y dispensa y, una vez que ingresamos, vamos a loguearnos y el mismo sistema te va a solicitar que, y señales, indiques qué proceso electoral quieres dispensar o justificar”.

El procedimiento distingue entre dispensa, que corresponde a la omisión del voto, y justificación, que se aplica a la inasistencia como miembro de mesa. En ambos casos, la evaluación depende de la documentación presentada por el solicitante.

Causales aceptadas y documentación requerida

El organismo electoral establece que las solicitudes deben sustentarse con documentos válidos. Entre las causales consideradas figuran problemas de salud, pérdida o robo del documento de identidad, permanencia en el extranjero por estudios o tratamiento médico, y obligaciones laborales, como el caso del personal de salud.

El mismo vocero detalló: “Por ejemplo, por un tema de salud. Hay muchas personas que perdieron o a quienes les robaron sus pertenencias, entre ellas su documento nacional de identidad. También están quienes se encuentran en el exterior realizando estudios o recibiendo tratamiento médico, o quienes debieron trabajar, como el personal de salud. Son distintas circunstancias, ajenas a su control y voluntad, que han impedido su participación en el proceso electoral”.

Para completar el trámite, el ciudadano debe presentar copia del Documento Nacional de Identidad, o una copia en caso de pérdida o robo, junto con documentos que acrediten la causal invocada. Además, se exige el comprobante de pago del derecho de trámite, según el monto establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

Plazos y condiciones del proceso

El JNE precisó que el plazo para presentar la solicitud inicia al día siguiente de la elección y se extiende hasta la emisión de la Resolución de Medida Cautelar de Embargo dentro del procedimiento de ejecución coactiva. La entidad advirtió que las solicitudes fuera de este periodo no serán admitidas.

El proceso busca atender situaciones en las que la ausencia no responde a una decisión voluntaria, sino a factores externos. Cada caso se evalúa de manera individual, con base en la documentación presentada por el ciudadano.

Según explicó el acusado en su declaración durante la primera jornada del juicio, el ahora fallecido le exigió entonces conocer la receta de una droga y amenazó con matar a su familia en Colombia, de donde ambos eran naturales.

El acusado, que tenía 19 años cuando sucedieron los hechos, relató que aquel día tanto él como la víctima, de 49 años y con el que convivía desde hacía "menos de una semana", volvieron a casa tras haber estado cinco días de fiesta y haber ingerido distintos estupefacientes y éste le exigió los "conocimientos" que tenía sobre la elaboración de una droga.

A la mañana siguiente continuó la disputa y la víctima le amenazó con matar a su familia en Colombia, ante lo cual le entraron "mucho miedo y muchos nervios" porque consideraba que era capaz de llevar a cabo sus amenazas.

Además, sostuvo que el acusado iba armado con un cuchillo, por lo que él cogió también otro.

El abogado defensor explicó, en declaraciones a los medios tras la primera sesión, que tratarán de demostrar con las pruebas practicadas que no existió ni ensañamiento ni alevosía en la muerte como sostiene la Fiscalía, que pide para el encausado 25 años de cárcel.

Asimismo, indicó que su defendido "reconoce que lo hizo" y da "una justificación del porqué y es básicamente porque tenía miedo".

El ministerio fiscal, por su parte, pidió al jurado que contemple los hechos "desde la lógica" y explicó que el acusado propinó hasta 28 puñaladas a la víctima cuando éste no se podía defender y que el informe forense recoge hasta 50 heridas en la víctima, por lo que sí considera que hubo ensañamiento y alevosía.

El jurado popular está compuesto por seis hombres y tres mujeres, en un juicio que está previsto que termine este viernes. EFE

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